Con centro en el ‘Mercado’ global y
la IIRSA vs.
Con centro en la vida frenando terricidios.

Observamos que apuntan a sistemas sociales en antagonismo irreconciliable. Averigüemos porqué.

Conciliación de clases/ Concentración y centralización capitalista/ Alternativas emancipatorias

Conciliación de clases

Necesitamos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, que una creciente mayoría de les oprimides (por el sistema mundo capitalista y su local) rompa con la conciliación de clase implícita en que practiquen la lógica mercantil del Capital. Como es exigir la estatización de la hidrovía Paraná en nombre de poder financiar distribución equitativa. Es el objetivo del Frente por la Soberanía Nacional que como la Otra Campaña (tergiversación del zapatismo) no se convence que el capitalismo si continua avanzando va a exterminar la vida planetaria. No asumen que sus dirigencias son burócratas o con vidas en acuerdo con el sistema opresor y tampoco asumen la actual inflexión histórica de la humanidad que interpela a erradicar el Capitaloceno desde todos los territorios. Reflexionemos sobre:

Declaración política del Frente por la Soberanía Nacional
18 de marzo de 2021

¿Por qué se sigue entregando la soberanía de los ríos y no se controlan los puertos? Según el decreto 949/20 y el próximo llamado a licitación internacional al Redragado y Señalización de la red troncal -de la mal llamada “Hidrovía Paraná-Paraguay”- el gobierno nacional propone la continuidad de la política de entrega de puertos, tareas, astilleros, talleres, dragado, balizamiento, control de exportaciones y medios, concesionados en 1995 por un plazo de 25 años y que vence el próximo mes de abril del corriente año.

Es un gran interrogante y un enorme desafío que tenemos las organizaciones populares, que estamos dispuestas a enfrentar esta nueva entrega de nuestra red fluvial más importante: el Río Paraná y el Río de la Plata.

Denunciamos el Decreto 949/20 y lo acordado en Montevideo porque privilegia, como entrada y salida, al Paraná Bravo por el Puerto de Nueva Palmira (Uruguay) y al Canal Punta Indio por el Puerto de Montevideo (Uruguay), favoreciendo la navegación de buques que se llevan nuestra riqueza sin aportar lo que corresponde al Estado argentino.

Queremos revertir la entrega del control de las vías navegables, la cesión de empresas energéticas, de servicios públicos, de recursos naturales, de la banca pública, y más. Tenemos que entender, de una vez por todas, que acá lo que realmente está afectando al desarrollo del país es este modelo agroextractivista que garantiza el libre manejo de nuestros recursos, permitiendo que nuestra producción agraria fugue hacia Paraguay y Brasil, siendo de dominio público que esto se realiza por camiones y buques vía Asunción, evadiendo controles e impuestos.

¿Y la Argentina? ¡Bien, gracias! Mientras mantenga el dragado, la señalización y los estudios correspondientes a un río para que pueda ser navegable. Los argentinos y las argentinas hemos comprendido que el control de nuestras exportaciones es una práctica soberana, enfrentada al interés de las multinacionales. El fallido proyecto de intervención y estatización de Vicentin demostró que el poder real no admite intervenciones a su saqueo.

Quienes integramos el Frente por la Soberanía Nacional sostenemos que el Dragado, Señalización y Mantenimiento de las Vías Navegables debe hacerlo una empresa del Estado, para que sus beneficios económicos lleguen al pueblo argentino, que es a quién pertenecen.

El Frente por la Soberanía Nacional considera que esta concesión ha sido un terrible desfalco a la Nación, porque se inició favorecida con subsidios, para luego recibir el privilegio de seguir cobrando sus beneficios en dólares.

A esta situación colonial a la que nos quieren someter hay que enfrentarla con las acciones que nos piden la Patria y el Pueblo, como hoy enfrentan la megaminería los y las compatriotas de Chubut, los mendocinos y las mendocinas y tantos otros y otras compatriotas, poniéndole el pecho a las balas.

Lamentablemente, algunos gobernadores y funcionarios, para vergüenza de nuestro pueblo, elogian la ecuación económica sin decir adónde fueron las riquezas y las ganancias obtenidas -celebrando el manejo de la Hidrovía desde su concesión- de manera tal que se encuentran festejando la contradicción producida entre la riqueza que fluye por la Hidrovía y la contrastante pobreza de nuestro pueblo, que ha crecido enormemente, arrastrando a muchos y muchas compatriotas a la indigencia.

De continuar con este modelo extractivista y agroexportador, Argentina seguirá deforestando, expulsando a los pueblos originarios y destruyendo las economías regionales. Esta política agropecuaria exportadora es la causante del aumento de la inflación y la desocupación y la baja de los salarios.

No podemos seguir con un modelo que atenta contra el medioambiente, sin estudios suficientes y sin que importe nada, solamente para beneficiar a las multinacionales, porque de todo eso se benefician unos pocos, mientras que al país y al pueblo les queda el efecto devastador de esas acciones deleznables.

La Soberanía es de gran importancia para el desarrollo de la libertad plena del Pueblo, basada en los principios de igualdad, solidaridad y respeto.

Este Frente tiene el compromiso de realizar todas las acciones necesarias para contrarrestar esta política, que es absolutamente culpable del hambre y la miseria de nuestra gente; de reducirnos a un nivel de esclavitud, sin posibilidad de acceder a la salud, a la educación, a la dignidad.

Debemos recuperar la soberanía sobre nuestras vías navegables y puertos.

● Entendemos que NO podemos ni debemos permitir una nueva Licitación del Dragado y Balizamiento de las Vías Navegables, así como los proyectos que promueven la profundización de los Ríos Paraná y de la Plata.

● Exigimos la derogación del Decreto 949/20 sancionado el 26/11/2020, porque profundiza la entrega, acrecienta las ganancias de las Multinacionales y plantea el gravísimo problema geopolítico de las vías navegables que instala la internacionalización de nuestros puertos y donde Argentina ya ni siquiera tiene la facultad de fijar reglamentos y regulaciones.

● Manifestamos nuestra negativa al dragado del Paraná Bravo que lleva barcazas y barcos al puerto de Nueva Palmira (Uruguay) y del Canal Punta Indio, por ser una exigencia neocolonial surgida del Consenso de Washington que regula el control de la salida y entrada al puerto de Montevideo (Uruguay), sin participación argentina y consolida el control del Atlántico Sur al Reino Unido, el agresor que usurpa una enorme porción de nuestro territorio al ocupar ilegítimamente nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur con sus aguas circundantes.

● Apoyamos y exigimos la construcción y el dragado del Canal Magdalena, de doble circulación con control nacional y salida soberana al Mar Argentino y a nuestros puertos del Sur, para que desde toda Argentina se pueda entrar y salir por puertos y canales argentinos. Esta obra impedirá que nos internacionalicen los ríos como pretende el Decreto 949/20 y permitirá fortalecer nuestro  comercio con los puertos del Sur, sin pasar por Nueva Palmira (Uruguay) ni por Montevideo (Uruguay). Tenemos que impedir que nos saquen nuestros ríos.

● Requerimos el funcionamiento bajo control estatal de todos los puertos a través de profesionales, técnicos y obreros argentinos. Recuperar esta herramienta soberana permitirá al Estado promover las exportaciones. En la actualidad existen 70 puertos en Argentina, más de la mitad de los cuales son privados.

● Planteamos la creación de una Empresa Estatal, para que no solamente se haga cargo del dragado de las vías navegables (mal llamadas hidrovías), sino que también lo realice en los accesos e interiores de los puertos, para que el desarrollo de las Regiones sea una realidad.

● Proponemos la creación de la Flota Mercante Nacional y Estatal, con plena reactivación en sus tareas específicas de los Astilleros y Talleres Nacionales. Ese será otro hecho concreto para la recuperación de la soberanía en los mares y de nuestro comercio, por donde hoy se van miles de millones de divisas en las manos ávidas de las multinacionales navieras. Convocamos a todos y todas; a las organizaciones sociales; gremiales; políticas y culturales a concentrarnos, el jueves 18/03/21, frente al Ministerio de Transporte de la Nación para luego movilizar hasta la Isla Demarchi, lugar donde empalmaremos con la caravana náutica que se dirigirá a colocar una boya simbólica donde inicia su trayecto el Canal Magdalena.

Lo que estamos proponiendo y por lo que luchamos es por la soberanía, por generar trabajo genuino para miles de argentinas y argentinos, para el Pueblo. Con el único fin de una Patria Grande y soberana es que hacemos este llamamiento y convocamos a todas las expresiones populares. Asumimos con plena conciencia el desafío que tenemos por delante: defender y recuperar la soberanía frente a los intereses de los grandes grupos económicos. Lo hacemos con profunda confianza en la capacidad transformadora de la realidad que tiene el campo popular cuando está unido detrás de un destino común. Instamos a unirnos y a luchar hasta concretar estos objetivos, que son por y para el pueblo

Este posicionamiento nacional popular que declara: Lo que estamos proponiendo y por lo que luchamos es por la soberanía, por generar trabajo genuino para miles de argentinas y argentinos, para el Pueblo. Con el único fin de una Patria Grande y soberana es que hacemos este llamamiento y convocamos a todas las expresiones populares. Asumimos con plena conciencia el desafío que tenemos por delante: defender y recuperar la soberanía frente a los intereses de los grandes grupos económicos. Lo hacemos con profunda confianza en la capacidad transformadora de la realidad que tiene el campo popular cuando está unido detrás de un destino común. Instamos a unirnos y a luchar hasta concretar estos objetivos, que son por y para el pueblo. Cautiva a las mayorías por tradicional y por apariencias menos utópicas que el de mirar por ríos libres de su mercantilización y por frenar (para luego erradicar) el modo capitalista de producción e hipermercadismo.

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2021/03/18/declaracion-politica-del-frente-por-la-soberania-nacional/

En consecuencia, abajo y a la izquierda, necesitamos generalizar la percepción o toma de conocimiento y de partido respecto a que:

Concentración y centralización capitalista

El debate por la hidrovía: una cuestión de soberanía
20 de marzo de 2021

La decisión del gobierno nacional de llamar a licitación para la administración de la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay desató fuertes controversias tanto por fuera como dentro del gobierno. Es que en este cauce navegable se ponen en juego definiciones estratégicas que hacen a una soberanía nacional efectiva y no meramente declarativa.

Por Eduardo Lucita

Desde nuestros orígenes como país la Cuenca del Plata y sus afluentes navegables fueron motivos de disputas. Estas adquieren hoy particular relevancia en el caso del Sistema de Navegación Troncal (SNT) (denominación técnica) que nace en Brasil (Puerto Cáceres) sirviendo a cinco países de la región llegando hasta Montevideo (Puerto Palmira). La mitad de su recorrido corre por territorio nacional.

Economía y política

Este cauce navegable tiene un valor estratégico para nuestro comercio internacional. Lo transitan unos 6.000 barcos al año que transportan el 95% de las importaciones y el 80 de las exportaciones (80% de las granarías y sus derivados, el 100% de las de vehículos que salen por vías navegables, el 90% de los conteiner), también tiene un fuerte valor geopolítico. Así, la historia da cuenta de las reiteradas disputas entre las clases dominantes (la burguesía comercial porteña, los terratenientes y los agentes de los imperialismos, inglés, francés y luego norteamericano). Es que quien controla el cauce de estos ríos, sus afluentes y sus puertos controla buena parte de la actividad del país. Desde la privatización, el Estado nacional dejó el control de esta vía en manos de las grandes multinacionales exportadoras.

Antecedentes inmediatos

Con el paso del tiempo y en la medida que crecían nuestras exportaciones, este curso fluvial fue requiriendo dragados de mayor profundidad para permitir operar buques cargueros de cada vez mayor calado. En el transporte a granel, el costo del flete pesa mucho sobre el valor final y la mayor profundidad del dragado permite mayor carga transportable, menos viajes y menor tiempo de espera de los barcos. Así se abarata el costo del producto en destino y se gana en competitividad. Esto se complementó con que las grandes multinacionales exportadoras fueron construyendo más puertos administrados en forma privada que aceleraban los tiempos de carga y descarga.

En los años ’90 del siglo pasado, el gobierno encabezado por Carlos Menem, bajo los designios del Consenso de Washington, lanzó un vasto proceso de privatizaciones (empresas ferroviarias y aeronáuticas, energéticas y petrolera, servicios portuarios y nuestra flota de bandera…) que alcanzó también a esta cuenca navegable. Todo se hizo en tiempo récord.

En este contexto de auge de la globalización neoliberal es que en 1995 se llamó a licitación para la administración (dragado, balizamiento y mantenimiento) del SNT, concurso que ganó Hidrovía SA, consorcio integrado por las empresas Jan de Nul (belga) y Emepa (nacional). El contrato (que no estuvo exento de irregularidades) se extendía por 10 años, pero fue renovándose hasta que en 2009 se lo prorrogó con vencimiento el 30 de abril de este año.

Otra vez sopa

En agosto pasado, el gobierno anunció la creación de la Administradora Federal de la Hidrovía Sociedad del Estado. Abría así la posibilidad de que la administración estatal lograra retomar el control de nuestras exportaciones por vía marítima. Sin embargo, en noviembre se dio a conocer el Decreto 949/20 que habilita a un nuevo llamado internacional para administrar la hidrovía. La conclusión es obvia: nuevamente se entregaría al capital privado internacional el control de la ruta que va desde la Confluencia Paraná-Paraguay hasta el Río de la Plata. Según distintos cálculos, en concepto de peaje la hidrovía recauda 750 millones de dólares al año, mientras que su mantenimiento y operación cuesta unos 325. La diferencia la embolsa el concesionario que además tiene subsidiado el gas oil.

Ahora es cuando

Este año no solo vence la concesión de la hidrovía, también la de algunos puertos y la de ramales ferroviarios estratégicos para el transporte de granos. Hay que derogar el Decreto 949/20 y aprovechar esta oportunidad única para retomar el control del transporte del principal producto de exportación y de nuestro comercio exterior (que debiera complementarse con una flota de bandera) y con la puesta en operaciones del Canal Magdalena. No se trata como en el caso Vicentín de expropiar nada, simplemente de hacer valer el derecho del Estado nacional de, al vencimiento de las concesiones, recuperar el control de recursos que hacen a una efectiva soberanía nacional. Un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas ha lanzado el Frente por la Soberanía con el objetivo concreto de derogar el mencionado decreto e impulsar que el Estado recupere el control de nuestros ríos y salida marítima que nunca debiera haber cedido.

Dejar pasar esta oportunidad será revitalizar la lógica privatizadora y sus consecuencias.

* Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).

Fuente: https://www.anred.org/2021/03/20/el-debate-por-la-hidrovia-una-cuestion-de-soberania/

Sigamos la crítica a la fundamentación de Eduardo Lucita a favor del Frente por la Soberanía Nacional. Señala: Dejar pasar esta oportunidad será revitalizar la lógica privatizadora y sus consecuencias. No tiene en cuenta en qué resultó YPF. Lo peor es que menosprecia e ignora la actual intensificación de la ocupación privada de tierras y economía que se agravó con incendios intencionales y con los planes del gobierno de les Fernández: el 2020-2030 que expande al Estratégico Agroalimentario 2010-2020, el de megafactorías de cerdos en todo el país, el de desarrollo de la minería de Argentina, el de fracking en Vaca Muerta, el de proyectos de la IIRSA…Es un posicionamiento de espaldas a subsidios directos e indirectos y al disciplinamiento social de amplio espectro que el gobierno de les Fernández lleva a cabo para el clima de negocios de los grandes capitales transnacionales y transnacionalizados que está arruinando las condiciones de vida y trabajo del 99% humano. Dirige atención a advertir: hay dos temas que están avanzando, uno es la deuda externa y el otro es este tema de la Hidrovía que son dos aspectos fundamentales para nuestro país.

Eduardo Lucita al ser entrevistado por Mario Hernández explica:

La mal llamada Hidrovía es mucho más que Vaca Muerta. Es el comercio exterior argentino. Y digo mal llamada Hidrovía porque en realidad cuando se privatizó, hace 25 años, en la época de Menem y el Consenso de Washington, donde las órdenes que venían del norte eran que había que privatizar todo lo que era del Estado y el menemismo cumplió eso, hizo más de lo que le pedían, privatizó los trenes, los aviones, los teléfonos, el gas, la transmisión de energía eléctrica, el petróleo y también nuestra cuenca navegable.

Lo que pasa es que esa concesión la ganó un consorcio, como dijiste, una empresa belga y una empresa argentina que llevaba por título el nombre “Hidrovía S.A.” entonces la vulgata hizo que se la llame así, pero en realidad es el sistema de navegación troncal argentino, es la cuenca del Plata y sus afluentes, que es la tercera cuenca navegable del mundo y, por la parte del Río Paraná, que es lo que está en juego en esa concesión, por el nivel de dragado que tiene, que está alrededor de los 40 pies de profundidad, es la segunda del mundo después de la de Dubai, que es un puerto muy importante para los petroleros. Leer entrevista completa en:

https://www.anred.org/2021/05/22/la-mal-llamada-hidrovia-es-el-control-del-comercio-exterior-argentino/

En consecuencia, un reconocido economista de izquierda no cuestiona la creciente concentración y transnacionalización económico territorial de Argentina. Que se concreta, a partir de este siglo, mediante el modelo extractivista exportador. Y que la hidrovía Paraguay-Paraná vuelve viable.

Ni repara en el protagonismo esencial de gobiernos y estados tanto nacional como provinciales para garantizar este proceso de incesante empobrecimiento estructural e
injusticias social y socioecológica.

Tampoco se alarma del avance de ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciosos, silenciados e invisibilizados que están desertificando el país.
De ahí la importancia de apreciar:

Buscando fundamentos biocéntricos para una post-economía

Naturaleza, economía y subversión epistémica para la transición
25 de marzo de 2021

Por Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (Rebelión)

El ser humano no debe seguir tal como es, es necesario verlo también como podría ser y acostumbrarse a esa visión” (Bertolt Brecht)

Resumen. Este artículo empieza hablando sobre cómo el avance del pensamiento económico terminó creando una concepción donde la Naturaleza adquiere un papel pasivo y donde su mercantilización es plenamente aceptable. Alimentada por los orígenes mismos de la noción de progreso (cuyo alcance requeriría la dominación al mundo natural según varios enfoques filosóficos), la vieja economía política fisiócrata-clásica vería a la Naturaleza desde varias perspectivas problemáticas como, por ejemplo: un agente justificador de un orden natural aristocrático (François Quesnay); un pasivo proveedor de insumos para la producción (Adam Smith, David Ricardo); un ente en permanente oposición al ser humano (Roberto Malthus); una entidad malévola (Nassau Senior) y hasta irracional (John Stuart Mill). En oposición a tales enfoques, dentro la crítica a la vieja economía política planteada por Karl Marx es posible encontrar el concepto de “metabolismo social-natural” que puede servir de base para comprender la “ruptura metabólica” provocada por la acumulación capitalista.

Sin embargo, el pensamiento económico enterraría la propuesta “metabólica” para terminar consolidando la mercantilización de la Naturaleza en las “ciencias económicas” (sobre todo gracias al impulso marginalista y neoclásico). Contra ese resultado, también emergen los Derechos de la Naturaleza en tanto fundamento para construir una post-economía(entendida como un pensamiento social que, desde la superación de las “ciencias económicas” contribuya en la transición hacia el pluriverso). A ese aporte se suman algunas experiencias vivenciales de quienes han sostenido formas de relacionamiento social alternativas al capitalismo (en particular, desde el mundo indígena). Quizá con ese diálogo entre diferentes matrices de pensamiento-saberes y conocimientos-, la post-economía puede volverse un instrumento de lucha en contra de la civilización del lucro sin fin y por cierto para la construcción de sociedades radicalmente sustentables y justas.(…)

(…) Los Derechos de la Naturaleza como negación de la mercantilización natural

Desde la reseña sobre la Naturaleza en los inicios del pensamiento económico que se acaba de presentar, se nota que la ruptura de la vieja economía política fisiócrata clásica con los planteamientos de Marx degeneró en el surgimiento de una “ciencia económica” de raíces marginalistas-neoclásicas que no solo ocultó el carácter político de la economía. También implicó el ocultamiento -tanto teórico como práctico- del vínculo entre Naturaleza y seres humanos (reflejo también de la deformación de la ancestral lucha de los seres humanos por sobrevivir que tuvo lugar en especial con la consolidación del antropocentrismo como pieza clave de la Modernidad, ver Acosta, 2014[39]).

Dicha ruptura tuvo como perdedor dentro del pensamiento económico al planteamiento del “metabolismo social-natural” y como ganador a un enfoque antropocéntrico extremo en donde la Naturaleza se vuelve un mero agente pasivo que se puede mercantilizar sin ningún problema con tal de permitir a los seres humanos adquirir el “máximo placer” y el “mínimo dolor”, usando palabras de Jevons (aunque cabe reconocer que en el pensamiento económico moderno y contemporáneo siguen los debates sobre el papel de la Naturaleza[40]).

El resultado de la tendencia a la mercantilización de la Naturaleza es la continua ruptura del “metabolismo” entre el mundo social y natural; ruptura en donde los límites naturales van siendo superados dramáticamente, poniendo en riesgo tanto a la vida humana como a cualquier forma de vida dentro del planeta. Basta mencionar algunos potenciales efectos de esa tendencia a la mercantilización natural en tiempos capitalistas: la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento global causado por la actividad humana[41] (el cual va llegando a temperaturas récord, como en el calentamiento de los océanos[42]); la acelerada pérdida de biodiversidad en conjunto con procesos de extinciones masivas[43] y eso está seriamente amenazando el suministro mundial de alimentos[44]; el incremento de las migraciones forzadas a causa de la mortal combinación de cambio climático y conflictos[45]; el posible vínculo entre paraísos fiscales la deforestación de la Amazonía[46]; la exacerbación del extractivismo, el cual trae consigo corrupción[47], profundización de relaciones racistas y patriarcales[48] , violencia (incluyendo el asesinato de quienes se oponen al extractivismo[49]) y demás efectos socio-territoriales[50];la latente amenaza generada por un creciente gasto armamentístico por un lado y el peligro nuclear por otro lado[51]… Y todo esto como parte de la “civilización del desperdicio”, como brillantemente lo demostró Jürgen Schuldt (2013)[52]

            Justamente en contra de la mercantilización de la Naturaleza que la “ciencia económica” ve como aceptable y cuyos efectos desastrosos acabamos de mencionar, es que también emergen los Derechos de la Naturaleza como una negación de la mercantilización voraz del mundo natural en beneficio de la acumulación del capital. Y esta emergencia se da en un proceso de mestizaje con los saberes indígenas que consideran a la Madre Tierra como una verdadera madre y no como una simple metáfora.

Un precedente llamativo sobre estos derechos es el trabajo de Christopher Stone (1972)[53] en donde plantea que los objetos y áreas naturales deberían tener derechos legales bajo el argumento de que históricamente la ley ha progresado confiriendo derechos a personas o entidades que previamente se consideraban “incapaces” o “no merecedores” de éstos[54] (recordar que cada ampliación de derechos, p.ej. emancipación de los esclavos o la extensión de los derechos a los afroamericanos, a las mujeres y a los niños y niñas, fueron en su momento consideradas absurdas y fueron ganadas por medio de la lucha política).

Posterior al trabajo de Stone (1972), el estudio de los Derechos de la Naturaleza ha captado la atención de múltiples pensadores[55].Igualmente, desde 1972, luego del informe Meadows –Los límites del crecimiento– la preocupación por la Naturaleza se ha difundido en el planeta (ver Grober 2013), aunque varias propuestas globales (p.ej. acuerdos de Kioto, de París y demás Cumbres Climáticas) han terminado fracasando. Más bien los ejemplos notables donde los Derechos de la Naturaleza hayan alcanzado mayor relevancia sean la consagración de dichos derechos en la Constitución de Ecuador en 2009, o la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, expedidos en abril de 2010 en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia. Ambos casos, inspirados en profundos reclamos y aportes del mundo indígena (en particular, su profunda visión sobre la Pacha Mama), significaron una ruptura con respecto al derecho convencional al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos.

Por ejemplo, en el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana -aprobada plebiscitariamente en 2008-se puede leer lo siguiente:

“La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo, o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la Naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda”.

Un elemento destacable de la Constitución ecuatoriana es el reconocimiento del derecho de la Naturaleza a ser restaurada cuando ha sido destruida por la acción humana. Tal reconocimiento difiere de la idea de reparación en el caso de seres humanos que han sido afectados por el deterioro ambiental causado por otros seres humanos. Desde aquí se puede entender la distinción entre justicia ambiental (en el caso de la reparación) y la justicia ecológica (más afincada en el caso de la restauración). En cuanto a la representación de estos Derechos de la Naturaleza, la Constitución ecuatoriana indica que la misma queda en manos de personas, comunidades, pueblos o nacionalidades. Semejante postura sin duda requiere un proceso político transformador, el cual penosamente quedó trunco en Ecuador por la forma como el “progresismo” desperdició oportunidades históricas y hasta aceleradamente desmanteló la propia Constitución al son de una voraz restauración conservadora.

Reconociendo la -penosa- falta de transformación necesaria para aplicar la Constitución ecuatoriana, lo que se desea destacar es que la proclama por los Derechos de la Naturaleza no implica mantener al mundo natural intacto sin actividad económica, sino defenderla sustentabilidad de los ecosistemas y de la vida en general. Asimismo, el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos en vez de un mero objeto de propiedad permite aceptar que todos los seres vivos tienen intrínsecamente igual valor ontológico aun sin ser idénticos; un argumento defendible tanto por la evidencia de que la Tierra podría verse como un superorganismo vivo complejo, como por la visión cosmológica que asume a la tierra y a la vida como momentos de la evolución del Universo. Aquí emerge como eje fundamental el principio de la relacionalidad: todo tiene que ver con todo, en todos los puntos y en todas las circunstancias, uno de los puntos esenciales de la cosmovisión indígena (ver Acosta, 2014, p.19).

Implícitamente, tras esta visión, se puede intuir el espíritu de la noción de “metabolismo social-natural” antes mencionada y que, recordemos, fue renegada por la economía de la corriente principal Este punto es medular pues es la base que permite argumentar que, por medio del reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, es factible enfrentar -y hasta negar- la mercantilización natural tan anhelada por la acumulación capitalista (a la vez que se busca rescatar el “derecho a la existencia” de los propios seres humanos desde la convivencia armónica entre el mundo social y natural).

La negación que hacen los Derechos de la Naturaleza a la mercantilización natural es crucial cuando el planeta es amenazado por una crisis ambiental sin precedentes, provocada por las exclusiones, desigualdades y destrozos propios de la acumulación capitalista (que tiene al crecimiento económico sin límites como religión imperante). Para instrumentar efectivamente dichos derechos sin duda se requiere cuestionar la institucionalidad vigente, cuestionar las diferentes formas de organización de las sociedades contemporáneas y, en especial, cuestionar a la propia “ciencia económica” y la ruptura que ésta ha instaurado entre seres humanos y Naturaleza.

Buscando fundamentos biocéntricos para una post-economía

Las denaturalización de la economía arrancada con la vieja economía política fisiócrata-clásica, el entierro de la crítica “metabólica” de Marx -y hasta el abandono de otros enfoques- dieron paso al surgimiento de unas “ciencias económicas” donde la mercantilización de la Naturaleza es plenamente aceptada con consecuencias en extremo preocupantes, como hemos anotado antes. Semejante resultado llama a la necesidad de fomentar un epistemicidio de esas “ciencias económicas”, y reemplazarlas por lo que podría ser una post-economía, “entendida no como una corriente económica más, sino como un intento sincero […] por superar todas las corrientes económicas, recogiendo de éstas solo aquello que garantice la vida en armonía entre los seres humanos y de éstos con la Naturaleza” (ver Acosta y Cajas Guijarro, 2018, p.51). En otras palabras:

“Podemos ver a la post-economía como [un pensamiento social que, desde la crítica a las “ciencias económicas”, contribuya a la transición hacia el pluriverso y que, entre otras cosas, permita construir] una economía [una política, una cultura, una ideología, y demás dimensiones sociales necesarias] para otra civilización, que no se sostenga más en el antropocentrismo, ni en ningún otro centro que no sea la vida misma. Tal post-economía no es una anti-economía; al contrario, la post-economía debe aceptar que las sociedades necesitan de la producción, distribución, circulación y consumo para reproducir su vida material y social (recuperando las raíces de la [crítica a la vieja][56] economía política y de la ecología política). Sin embargo, tales procesos deben regirse por una racionalidad humanista y socioambiental, y no por la racionalidad del capital ni por la racionalidad del progreso, un “huracán” que debe superarse según Walter Benjamin.

“Al construir tal enfoque sin centros diferentes a la vida misma, la post-economía debe aceptar que todos los seres tienen igual valor ontológico sin importar ni su “utilidad” ni el “trabajo” requerido para existir (liberándose así de las nociones de valor de uso y de cambio, vistas apenas como punto de partida pero no de llegada de la reflexión económica); asimismo debe reconocer que toda vida humana tiene igual valor, indistintamente del trabajo que la suerte decida para cada uno, a más de reconocer valores no-instrumentales en lo no-humano” (Ibid., pp.51-52).

“Mencionemos algunos de esos principios que podrían ser la base de la post-economía [y, por tanto, ayude en la transición hacia el]: pluriversosolidaridad, reciprocidad, complementariedad, relacionalidad, correspondencia, responsabilidad, integralidad (todos los seres vivos somos necesarios), sustentabilidad, suficiencia (y también la eficiencia, pero visualizada en términos de comunidad y no en función del capital o el poder), diversidad e identidad cultural, equidades. Y todo esto para garantizar la vida digna de humanos y no humanos; un proceso inmerso en una permanente radicalización de la democracia en todos los ámbitos de la actividad humana, sin marginar para nada el económico” (Ibid., p.53).

En otras palabras, la post-economía -que demanda un proceso de transiciones múltiples en todos los ámbitos de la vida- plantea la construcción de una nueva civilización en donde la economía, y la sociedad en general, reconstruyan el “metabolismo social-natural” desde diferentes frentes:

• subordinando las leyes del funcionamiento de la economía a los sistemas naturales;
• respetando y adecuando una digna vida humana a los ciclos vitales naturales;
• aceptando que la acción humana debe servir tanto al individuo como a la comunidad en constante relacionalidade interacción -pero jamás aspirando a “dominar”- al mundo natural;
• abandonando la religión del crecimiento económico y la acumulación ad infinitum de bienes materiales;
• desterrando para siempre la búsqueda de ganancias explotando a los seres humanos y a la Naturaleza;
• priorizando los bienes comunes, que no pueden ser ni mercantilizados ni estatizados;
• dialogando de forma respetuosa y sincera con múltiples culturas y saberes (incluyendo aquellas alternativas a la vida capitalista como las que postula el Buen Vivir o Vivir Bien, el Ubuntu, el Svadeshi o el Eco-Swaraj (Kothanri, Demaria, Acosta, 2015)[57] e incluso-superando todas las contradicciones que puedan surgir- con lo mejor de ideas de la “vida buena” de Aristóteles y en especial con los planteamientos cercanos al comunitarismo;
• reconociendo la posibilidad de ampliar y adaptar los conceptos de ciudadanía desde lo comunitario y ecológico[58], con el fin de incorporar la participación política de la Naturaleza para poder acoplar de mejor forma la interacción de los seres humanos con los animales, por ejemplo[59];
• aceptando la transdisciplinariedad en la comprensión de la realidad social y natural[60], así como en la construcción de alternativas de transición[61] y de consolidación de otro manejo económico;
• desconcentrando, redistribuyendo y democratizando el acceso a la riqueza, las relaciones de producción y el poder, consolidando sociedades fundamentadas en equidades (en plural);
• cambiando profundamente los patrones de consumo (erradicando cualquier herencia del “chip consumista” del capitalismo);
• promoviendo una profunda descolonización[62]y emancipación derribando al racismo, el patriarcado y demás formas de violencia y segregación;
• abandonando la alocada carrera por el “progreso” y su hijo predilecto, el “desarrollo”;
• recuperando los elementos más potentes de la economía popular y solidaria (o economía social y solidaria) en tanto propuesta que conlleva gérmenes de transformación civilizatoria y no simplemente como respuesta para paliar las crisis propias del capitalismo; [63]
• resaltando y potenciando los enormes aportes de la economía del cuidado o economía feminista; [64]
• en definitiva, creando en la teoría y en la práctica un pensamiento que -recomponiendo la ruptura de la economía política y la ecología política- se sustente en reproducir la vida y no en reproducir el capital…

La tarea parece simple, pero es en extremo compleja. En lugar de mantener el divorcio entre Naturaleza y ser humano, hay que propiciar su reencuentro, algo así como intentar atar el nudo gordiano roto por la fuerza de una concepción de vida depredadora y por cierto intolerable. Bruno Latour (2007[65]) nos dice que “se trata de volver a atar el nudo gordiano atravesando, tantas veces como haga falta, el corte que separa los conocimientos exactos y el ejercicio del poder, digamos la Naturaleza y la cultura”. El aporte de Latour plantea profundos debates en la antropología sobre la división entre Naturaleza en singular y las culturas en plural. Empalmando ambas, la política cobra una renovada actualidad.

Para lograr una transformación civilizatoria y un reencuentro consciente con la Naturaleza, garantizando simultáneamente la justicia social, una tarea básica es des-mercantilizar la Pacha Mama o Madre Tierra. Esta es una aproximación extrema para quienes viven en las ciudades que se encuentran, por decir lo menos, lejanos de la Naturaleza. Los habitantes de las ciudades deben entender y asumir que el agua, por ejemplo, no brota embotellada de forma espontánea en los supermercados ni tampoco brota espontáneamente del sistema de suministro municipal del líquido vital.

Igual de urgente es que los objetivos económicos deben subordinarse a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, sin olvidar el respeto a la dignidad humana (olvido típico de la economía, en el cual no puede caer la post-economía). La economía debe asegurar la calidad en la vida de las personas, siempre en armonía con la Naturaleza; debe echar abajo todo el andamiaje teórico que vació “de materialidad la noción de producción y (separó) ya por completo el razonamiento económico del mundo físico, completando así la ruptura epistemológica que supuso desplazar la idea de sistema económico, con su carrusel de producción y crecimiento, al mero campo del valor” (José Manuel Naredo 2009).[66]

Para Enrique Leff (1998)[67]el tema ambiental en los últimos años ha provocado un proceso de transformación del conocimiento y de la conciencia, que conduce a la construcción de un nuevo derecho y de una nueva economía, a partir de una nueva ética y una nueva cultura política. Esa nueva economía debe subordinarse a la ecología y al humanismo. Por una razón muy simple, la Naturaleza establece los límites y alcances de la sustentabilidad y la capacidad de renovación de los sistemas para auto renovarse, de las que dependen las actividades productivas. Es decir, si destruye la Naturaleza se destruye la base de la economía misma. A su vez, el humanismo debe regir pues la economía no tiene sentido si no se enfoca en alcanzar una vida digna para todos los seres humanos.

Esto conmina a evitar la eliminación de la diversidad, reemplazándola por la uniformidad que provoca, por ejemplo, la megaminería, los monocultivos o los transgénicos. Actividades que, según Godofredo Stutzin (1984), “rompen los equilibrios, produciéndose desequilibrios cada vez mayores.”De todas formas, no podemos ignorar que puede “haber simbiosis enriquecedoras del conjunto (del ecosistema, NdA) que son precisamente las que la gestión económica debiera promover”, como las “dehesas” (José Manuel Naredo 2017[68]) o el empleo de terrazas en las laderas de las montañas para prevenir la erosión y disponer de suelos fértiles para la agricultura: práctica ampliamente conocida desde antes de la llegada de los europeos en los Andes.

Escribir ese cambio histórico, es decir el paso de una concepción antropocéntrica a una (socio)biocéntrica, es el mayor reto de la Humanidad si no se quiere arriesgar la existencia humana sobre la tierra. Y tengamos presente también que “las así llamadas leyes económicas no son leyes eternas de la Naturaleza, sino leyes históricas que aparecen y desaparecen” (Friedrich Engels en carta a Albert Lange, 29 de marzo de 1865).

En otras palabras, para el caso particular de la armonía entre seres humanos y de éstos con la Naturaleza, el objetivo primordial de la post-economía busca reconstruir el “metabolismo social-natural”. Insistamos que esa reconstrucción “metabólica” requiere que los sistemas de producción, distribución, circulación, consumo y reproducción social tengan sólidos fundamentos biocéntricos, siendo uno de los más destacados la no mercantilización del mundo natural (e incluso, el cuestionamiento a la mercantilización del propio mundo social lo cual, en definitiva, deriva en la subsunción de la vida en el capital[69]).

Así, en vez de considerar a la Naturaleza como un stock “infinito” de materias primas y un receptor “permanente” de desechos, la post-economía debería plantearse como metas mínimas la sustentabilidad y la autosuficiencia de los procesos económico-naturales, entendidos como unidad o totalidad dialéctica[70], compuesta de múltiples interacciones y lógicas complejas que se retroalimentan de forma cíclica[71]. En ese sentido, el fetiche del crecimiento económico infinito en un mundo finito debe morir, para dar paso a procesos que combinen el decrecimiento económico en los países que actualmente hacen de centros capitalistas, mientas que en la periferia se pasa hacia el post-extractivismo (sin que eso implique deteriorarla condición de vida de la periferia) (ver Acosta y Brand, 2018[72]).

En esta simbiosis decrecimiento-post-extractivismo ni en el Norte ni en el Sur globales se debe admitir la existencia de opulentas formas de vida –“modo imperial de vida”, en palabras de Brand y Wissen (2017[73])- a costa del estancamiento vital de otros y también de la destrucción de la Naturaleza. (Acosta, Brand 2018) Esto lleva incluso a replantearse el tipo de crecimiento económico que se desee aceptar, considerando que no todo crecimiento es “bueno” per se (Manfred Max-Neef, 2001)[74] sino que depende de las realidades e historias sociales y ecológicas concretas de cada proceso en cada territorio. Es más, en un contexto de decrecimiento, el crecimiento económico podría limitarse a la ampliación de productos específicos que debería hacerse cuando haya que superar carencias específicas o cuando las sociedades afronten alguna contingencia; fuera de esos casos, el principio básico del decrecimiento se puede entender como la tendencia a un menor consumo y a una mayor duración de los objetos que producimos buscando reducir de forma controlada la producción económica[75], pero potenciando simultáneamente incluso mayores niveles de felicidad[76].

Queda claro en este contexto de superación de las “ciencias económicas” y, sobre todo, de superación de la civilización del capital, que los Derechos de la Naturaleza son fundamentales para una post-economía. Si se va a ver a la Humanidad y a la Naturaleza como iguales que metabólicamente conforman una sola unidad, no es dable que solo existan Derechos Humanos. Es más, tanto los Derechos Humanos como de la Naturaleza deberían ser elemento de un solo gran sistema de Derechos Universales en donde el objetivo crucial sea la defensa de la vida en todas sus formas, así como la defensa de toda forma de existencia que permite mantener la armonía humano-natural. Una defensa en donde ni la fuerza de trabajo ni la Naturaleza vuelvan a reducirse al mundo fetiche de las mercancías.

Aunque todos estos elementos pueden parecer lejanos, hay acciones concretas que nos pueden acercar a esa desmercantilización de toda la realidad social y natural, aspirada por la post-economía que aquí proponemos. Entre dichas acciones -muchas de ellas ya en marcha en diversos rincones del planeta- se encuentran: la desprivatización del agua, como manda la Constitución ecuatoriana; la restricción a los cultivos transgénicos y la eliminación de la dependencia de los campesinos a paquetes de cultivos de transnacionales, otro mandato constitucional por cierto; la desmaterialización y mayor eficiencia de los procesos productivos; la consolidación de la soberanía alimentaria y energética desde respuestas locales y comunitarias; la transición hacia el uso de energías limpias y renovables; y la lista de tareas continúa… Una lista que, dejemos claro, será totalmente estéril si sus elementos no se llegan articular -sin ninguna forma de imposición autoritaria- en el proyecto común deconstruir una civilización post-capitalista y derribar al capital: un poder que busca más poder a través de la permanente explotación a la fuerza de trabajo y a la Naturaleza por vías mercantiles y dinerarias.

Por cierto, estas acciones no pueden caer en la trampa ni del “desarrollo sustentable” ni del “capitalismo verde” con su brutal práctica del mercantilismo ambiental (ejemplificado en el deficiente mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono). La tarea no consiste en volver “verde” al capital, sino en superar al capital, superar su civilización de la desigualdad -en palabras de Joseph Schumpeter- y construir una nueva civilización. Asimismo, no podemos caer en la fe ciega en la ciencia y la técnica, las cuales deberán reformularse para garantizar el respeto tanto de los Derechos Humanos como de los Derechos de la Naturaleza. El avance científico-técnico no puede seguir siendo regido por la lógica de la acumulación capitalista. Así, si se desea reconstruir el “metabolismo social-natural”, tampoco se puede seguir ahondando la marginación a pueblos y comunidades (quienes cada vez ven más lejana la posibilidad de acceder a la punta del avance tecnológico). En definitiva, ciencia y técnica -a la par con la economía- también deberán subordinarse al respeto de la armonía humano-natural (ver Acosta, 2018)[77].

Eso sí, en esta búsqueda colectiva de alternativas múltiples, sobre todo en y desde los espacios comunitarios, no se pueden marginar los actuales retos globales. Por ejemplo, habría que abordar la situación económica internacional, intolerable en términos sociales, ecológicos e incluso económicos. Es ampliamente aceptado que se debe desarmar las estructuras especulativas del mercado financiero internacional, que tiene en los paraísos fiscales lugares de fuga de capitales mal habidos, así como de dineros vinculados a las guerras, terrorismo, lavado, narcotráfico, etc. Igualmente es cuestionable que diversas instituciones financieras sirvan como he­rramientas de presión política sobre los países más débiles; recordemos que esto ha sucedido y sucede aún con el endeudamiento externo, típica herramienta de dominación política[78].El debate sobre cómo construir otra economía a nivel global está en marcha desde hace mucho tiempo atrás. En ese sentido, las ideas aquí planteadas empatan con otras muchas propuestas que buscan superar la civilización del capital. Cabría mencionar, a modo de ejemplo, los valiosos aportes de Oscar Ugarteche[79] e incluso de los autores de estas líneas (Acosta, Cajas-Guijarro 2015[80]).

Igualmente es necesario buscar la paz mundial; eso implica propiciar un desarme masivo, destinando esos recursos a satisfacer las necesidades más apremiantes de la Humanidad y así desactivar muchos procesos violentos. Pero hay que ir más allá. Si los humanos no restablecemos la paz con la Madre Tierra, no habrá paz para los humanos en la Tierra; por tanto, urge un rencuentro armonioso con la Naturaleza por medio de acciones como, por ejemplo, la cristalización de los Derechos de la Naturaleza.

Así, la construcción de alternativas en plural convoca a buscar una vida de autosuficiencia y autogestión entre seres humanos viviendo en comunidad entre sí y con los otros seres vivos, asegurando el poder de auto-regeneración de la Naturaleza. Todo eso potenciando lo local y lo propio, Estados distintos, renovados espacios locales, nacionales y regionales de toma de decisiones, y una horizontalidad del poder para desde allí construir espacios globales democráticos, creando nuevos mapas territoriales y conceptuales.

En definitiva, recalquemos que toda esta propuesta -que ya se la apercibe en diversas partes del planeta- tiene como principal finalidad:

“[C]aminar hacia el pluriverso [81], entendido como un mundo donde caben muchos mundos, pero todos coexistiendo con dignidad, sin que la miseria y la explotación asegure la dolce vita de pocos. Algo posible construyendo, sin dogmatismos, estrategias que permitan alcanzar transiciones civilizatorias, generando así grandes transformaciones. Necesitamos nuevos horizontes no más atados al crecimiento económico, al “desarrollo”, al “progreso”; horizontes que superen el patriarcado, la explotación de los seres humanos y la Naturaleza, la colonialidad, la acumulación de poder por medio de la succión de la vida…” (Acosta y Cajas Guijarro, 2018, p.55).

Dentro de esa finalidad, reiteremos, el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza son una herramienta clave para enfrentar a la mercantilización del mundo natural. El reconocimiento de esos derechos en miras de construir a la post-economía, igualmente reiteremos, puede conectarse con la noción del “metabolismo social-natural” sugerida por Marx desde su crítica a la vieja economía política fisiócrata-clásica. Pero no solo desde esa matriz de pensamiento -que, admitámoslo, tiene fuertes raíces eurocentristas, antropocéntricas y de reforzada dependencia en la noción de progreso- se pueden encontrar fundamentos biocéntricos para la post-economía. En particular, el mundo indígena andino y amazónico, sin necesidad de conocer la conceptualización ni de los Derechos de la Naturaleza ni del “metabolismo social-natural”, posee un enorme conocimiento vivencial en donde la Madre Tierra es respetada en su integridad. Justo de esa forma de conocimiento también puede y debe inspirarse la post-economía. (…)

NOTA: este artículo se publicó en el libro VOCES LATINOMAERICANAS. Mercantilización de la Naturaleza y Resistencia Social. Coordinado por Griselda Günther Monika Meireles UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA México, diciembre 2020.

Fuente: https://rebelion.org/naturaleza-economia-y-subversion-epistemica-para-la-transicion/

 Alternativas emancipatorias

Examinemos significados e implicancias de apreciar El Paraná como sujeto de derechos a través del pedido formulado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: postula un plan de gestión para el cuidado del agua, propone crear un consorcio interprovincial y objeta la licitación de la hidrovía por incumplir el Acuerdo de Escazú.

Presentaron un amparo ambiental para proteger la cuenca del Paraná
29 de abril de 2021

Por Luís Emilio Blanco

La organización proteccionista Naturaleza de Derechos y asambleas de vecinos de varias provincias presentaron un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para implementar un plan de gestión integral sobre la cuenca del río Paraná. La causa, que actualmente se encuentra en análisis por parte de la procuradora general de la Nación, Laura Monti, para determinar la competencia originaria del máximo organismo de Justicia, tiene por objeto impulsar la gestión ambiental sobre la cuenca paranaense. Señala que debe comprender la realización de una evaluación exhaustiva de impacto ambiental acumulativa y estratégica sobre toda la cuenca, con participación social inclusiva, que atienda todas las problemáticas ambientales de modo integral y no como compartimentos estancos.

La demanda está avalada por las organizaciones Naturaleza de Derechos y Unidos por el Río (Buenos Aires), Foro Ecologista del Paraná (Entre Ríos) y Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente (Santa Fe).

Según el texto de la presentación, formulado por el coordinador de la demanda, el abogado Fernando Cabaleiro, “debe contemplarse la actividad agroindustrial -incluidas las obras proyectadas en el marco de la nueva concesión de la hidrovía- y considerar como base toda la información científica disponible para avalar la necesidad de un programa de reducción de uso de agrotóxicos y de reconversión en la producción agroalimentaria hacia la agroecología en toda la cuenca”. También propone considerar las recomendaciones de las Relatorías del Derecho a la Alimentación y Desechos Peligrosos y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Para cumplir con ese plan de gestión, los ambientalistas solicitaron que, previa audiencia pública, se exhorte a las provincias surcadas por el Paraná a realizar una gran concertación federal para la conformación de un comité o autoridad de cuenca con participación ciudadana inclusiva en términos del artículo 3 de la ley 25.688 (de presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y su uso racional). La normativa establece en ese punto la indivisibilidad de las cuencas hídricas.

El pedido expresa que en ese marco “se aborde de una vez por todas de modo integral y participativo, todas las problemáticas ambientales que la atraviesan estableciendo un procedimiento de precaución, autorización, prevención, protección, evaluación, vigilancia y control permanente. Además, la mitigación, remediación y reconversión respecto de todas las actividades antrópicas que impactan sobre la misma, que conforme al artículo 6 de la ley mencionada, deben llevarse a cabo a través de un comité de cuenca.

Por ello, con este panorama crítico, cuestionan que se proyecte sobre toda la geografía del Paraná obras de dragado con nuevos canales para permitir el ingreso en toda su extensión de barcos cargueros tipo Post-Panamax, en el contexto de una nueva concesión de la hidrovía. En la demanda se deja planteado que no importa que esas obras provengan de manos privadas o estatales, en sí mismas. Haga quien las haga, “colocarían al Paraná en una situación de daño grave e irreparable, y el debate sobre la hidrovía no debería centrarse en términos de soberanía nacional sino de soberanía alimentaria que conduce a ponerle fin a un modelo extractivo agotado”.

Según la demanda, la situación de riesgo ambiental del río “es imputable al modelo agroindustrial que atraviesa a toda la geografía de la Cuenca del Plata, de la que el Paraná es su columna vertebral”.

En la presentación aportaron información científica disponible publicada en revistas científicas (más de 40 trabajos y estudios de la ciencia argentina) que dan cuenta de todos los impactos que el modelo agroindustrial generó sobre el Paraná en los últimos 25 años, en virtud de los cuales se constató la presencia de agrotóxicos, antibióticos, ionóforos y micro plásticos.

Para consumo humano

Destacan además la cuestión de los agrotóxicos ya que el agua del Paraná es fuente de provisión de agua de consumo humano. Sobre este punto denuncian una grave omisión del Estado nacional, ya que en razón de la ley nacional de gestión de aguas, debe establecer los niveles de calidad de las aguas superficiales, ya sea para el consumo humano como la vida acuática. En la demanda denuncian que de los 50 agrotóxicos principales que actualmente se utilizan en el modelo agroindustrial apenas dos tienen establecido valores guías para el agua de consumo humano y solo una decena para la vida acuática, aunque en todos los casos previstos los valores están desactualizados. “Hoy por hoy, el control de la calidad del agua para consumo humano que realiza el Estado en relación a la presencia de residuos de agrotóxicos, solo comprende una decena de principios activos que fueron prohibidos en 1990”, explica y añade que “conforme a la información científica disponible –en la que se focaliza inicialmente el reclamo- las aguas superficiales y sedimentos de la cuenca del río Paraná y sus afluentes presentan residuos peligrosos (ley 24.051) de varios agrotóxicos como glifosato, AMPA, clorpirifos, cipermetrina, atrazina, endosulfán, entre otros organoclorados, haciendo al agua no potable para los humanos, conforme a los mejores estándares de calidad, y también, con grave afectación -comprendiendo hasta la letalidad- para los peces, con varios episodios de mortandad, como el que sucedió a fines del año 2020, conforme lo hace constar un estudio científico publicado en enero de 2021”.

“Es por eso que el objeto de la demanda es que se atienda la problemática de los impactos de los agrotóxicos, debiendo el Estado Nacional, como primera medida establecer valores de calidad del agua para los agrotóxicos de uso actual en la agricultura industrial, que hoy no existen”, explicó Cabaleiro y precisó que para el agua de consumo humano se recomienda en la demanda, “que se apliquen los estándares establecidos en la Unión Europea, que son de 0,1 microgramos por litro por cada principio activo y 0,5 por agrotóxicos totales”.

En mora ambiental

“Cómo se explica que luego de 25 años de impuesto un modelo agroindustrial, el Código Alimentario Argentino no contemple ninguna de las sustancias detectadas en el agua y que son de uso corriente en la agricultura industrial”, indagó Cabaleiro en la demanda y sumó: ¿Cómo se puede aceptar que el Estado haga una ficción simulando la calidad óptima del agua al buscar agrotóxicos que fueron prohibidos hace más de 30 años y deliberadamente no controla los que son de uso actual, con el modelo plenamente instalado después de dos décadas y en cantidades que alcanzan los 600 millones de litros/kilos al año?

Los amparistas solicitan además como medidas cautelares que se disponga una franja de protección sobre toda la cuenca del Paraná respecto a las aplicaciones de agrotóxicos aéreas y terrestres y solicitan que se iguale el mejor criterio de protección existente sobre toda la cuenca. En la mayoría de las provincias atravesadas por el río no existen distancias o zonas de resguardo respecto de los cursos de agua superficiales en lo que se relaciona con las fumigaciones.

Por esa razón, piden que se aplique para las aspersiones aéreas la ley de agroquímicos de la provincia de Chaco -que establece 1.500 metros de cada línea de ribera- y la Resolución 135 sobre el 2,4-D del Ministerio de Producción de Santa Fe para las aplicaciones terrestres -fija una distancia de 1.000 metros- aunque, en este caso, extensible a todos los principios activos y formulados comerciales de agrotóxicos.

“El río Paraná es aluvial. Arrastra sedimentos y la zona de mayor impacto con residuos de agrotóxicos es la provincia de Buenos Aires, tanto en sedimentos como en aguas superficiales. Allí, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), proveedora de agua potable del Gran Buenos Aires y la Capital federal, extrae su provisión para consumo de la población”, advierten.

Revisión de agrotóxicos

En la demanda se cuestiona también el proceder del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo que se encarga de autorizar la comercialización y revisar los agrotóxicos que se utilizan en el país. “Ocultan los ensayos y estudios presentados por las empresas del agronegocio para obtener las autorizaciones alegando que son secreto comercial”, denuncian y sostienen que además “en Argentina las autorizaciones de comercialización de agrotóxicos se hacen por plazo indeterminado, y no por plazo determinado como sucede en la Unión Europea (UE). La periodicidad de la revisión de las autorizaciones permite actualizar la información científica sobre los principios activos y ello dio lugar a que, en la UE por ejemplo, más de 40 agrotóxicos de uso habitual en la agricultura industrial fueron prohibidos. Acá se utilizan sin ningún problema y parte de ellos son los que se encontraron en el Paraná”.

Tras esa descripción solicitan que la CSJN ordene al Estado nacional una reválida general de todos los principios activos y formulados autorizados en la Argentina, considerando –como primera medida de restricción- las prohibiciones establecidas en la Unión Europea.

Bien ambiental

En Argentina, el Paraná es uno de los pocos ríos que no tiene un comité de gestión, a pesar que su cuenca hídrica es la más importante del país. Por esa razón, la acción judicial fue planteada no solo reclamando desde la perspectiva del derecho a un ambiente sano de la población, sino también sobre una nueva perspectiva del derecho al proponer la necesidad de proteger al Paraná como un bien ambiental de la naturaleza, que merece protección independientemente de los derechos humanos.

En la demanda se planteó que el río Paraná y toda su biodiversidad acaba de transitar un grave proceso de stress tras padecer una de las bajantes más significativas de los últimos tiempos. “Esa etapa fue acompañada además por un proceso sistémico de quemas intencionales para la producción agropecuaria en las islas y humedales que forman parte de su ecosistema, con la consecuente proliferación de cianobacterias y mortandad de peces. Esto último relacionado con las más de 600 millones de litros/kilos de agrotóxicos y más de cinco mil millones de l/k de fertilizantes sintéticos que demanda el agronegocio en la Argentina”, expresa el documento.

Hidrovía y pueblos originarios

Otro de los planteos presentados se ocupa de la problemática de la hidrovía. Objetan que esta iniciativa nunca fue sometida a un proceso de evaluación de impacto ambiental y que los impactos que genera se agravarían significativamente ante la nueva licitación que contemplaría obras de dragados más profundos, nuevas terminales portuarias y un incremento del tráfico fluvial. “Es importante que se realice una evaluación ambiental que sea estratégica y acumulativa de todos los impactos del modelo agroindustrial que incluya a la hidrovía y el uso de los insumos externos como los agrotóxicos y fertilizantes sintéticos”, señalan.

En ese marco, cuestionan además el proceso de licitación oficial por la no implementación de un mecanismo de participación ciudadana en los términos del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como acuerdo de Escazú- que, si bien entró en vigencia el 22 de abril de 2021, ya era ley del Congreso cuando se dictó el decreto (949/2020) en cuestión. “En el marco de la concesión y del Consejo Federal de la Hidrovía constituido a partir del decreto presidencial se celebraron dos reuniones plenarias que no realizaron bajo la forma de audiencias públicas y la convocatoria a las mismas ni siquiera fue abierta e inclusiva, solo participaron organizaciones ambientales invitadas expresamente dejando fuera a decenas de asambleas y organizaciones de la sociedad civil”, denunciaron y destacaron que “no se cumplió con la consulta previa y debidamente informada a las centenares de comunidades indígenas con personería jurídica o con carpeta técnica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”.

En este punto del amparo, solicitaron medidas cautelares ante la CSJN para que no se realicen ningún tipo obra o intervención del río Paraná hasta tanto no se realice una evaluación y se cumpla con una instancia de participación ciudadana inclusiva y consulta a los pueblos originarios.

De río a canal

“El Paraná dejaría de ser un río para transformarse exclusivamente en un canal de navegación. Se trata de un punto inflexión entre la reflexión y una mirada ecocéntrica intergeneracional en el camino a la reconexión con la naturaleza -bajo el manto del concepto de una sola salud inevitable para los tiempos de pospandemia- y la irracionalidad antropocéntrica profundizando su camino sobre la cornisa del ecocidio aún sin haber salido de las consecuencias de la pandemia Covid-19 y una sequía históricas. Ambas tienen que ver con el modelo agroindustrial insostenible e inconstitucional y del que el megaproyecto en ciernes de la hidrovía forma parte”, objetan.

También señalan que “a ello debe sumarse que el recorrido normativo y proceder que emprendió el Estado Nacional con la anuencia de las provincias involucradas, no está cumpliendo con la participación ciudadana abierta, inclusiva y no discriminatoria en la toma de decisión, ya que se trata de un trámite exprés que tiene como fecha límite el 30 de abril de 2021, con reuniones en las que se accede por invitación del Estado, no previéndose un acceso e intervención popular con presencia de todos los sectores sociales. Esto viola abiertamente el acuerdo Escazú”.

Peces muertos

Los demandantes incluyeron además el informe de la Procuración General de Santa Fe sobre la mortandad de peces que se verificó a fines de 2020 sobre el río Salado -afluente del río Paraná- en el que un estudio realizado por numerosos especialistas de la Universidad Nacional del Litoral lo relaciona con el modelo agroindustrial. Según ese trabajo, se halló glifosato y clorpirifós en las muestras de agua y tejido de los peces. Se trata de los herbicidas y plaguicidas más utilizados en los cultivos de soja transgénica.

La imagen, compartida en redes sociales y replicada por los portales de noticias de todo el país, era desoladora: peces muertos flotando sobre el río Salado, en Santa Fe, en una cantidad nunca antes vista. Las muestras de los tejidos de esos peces detallaron que “en branquias e hígado de prochilodus lineatus (sábalo)” se encontró el herbicida 2,4-D y el insecticida organofosforado clorpirifós. Con respecto a éste último, se precisó que “es el insecticida neurotóxico de amplio espectro más utilizado en Argentina –principalmente en cultivos de soja, maíz, trigo y girasol– para controlar plagas de insectos”.

Cianobacterias

También en la demanda se da cuenta de la situación cada vez más frecuente de la presencia de cianobacterias en varios sectores de la cuenca del Río Paraná, que en el último verano llegó hasta el estuario del Río de la Plata, afectando seriamente la calidad del agua e inclusive poniendo el riesgo su provisión en el sur del Conurbano bonaerense. “El Estado no analiza estos fenómenos cada vez más frecuentes, ello por cuanto a la bajante histórica del Paraná que se la muestra como una concausa de la proliferación de las cianobacterias en tiempos de altas temperaturas corresponde asociarla con las implicancias del cambio climático. Y a su vez en dicha proliferación no puede desconocerse el aporte significativo y en exceso de nutrientes que tienen los fertilizantes sintéticos del modelo agroindustrial que se relacionan con los volúmenes que se arrojan en toda la cuenca.

En la Argentina, se utilizaban en el año 1995, (un año antes del inicio de la profundización del modelo agroindustrial con la liberación de la primera soja modificada genéticamente) la cantidad de 1.200 millones de litros/kilos anuales de fertilizantes sintéticos. Al año 2019 la cantidad ascendió a 4.600 millones anuales y se estima más de cinco mil millones para el 2020.

Microplásticos

Otra de las denuncias incluidas en la demanda refiere a la problemática de los microplásticos hallados en el Paraná. Concretamente señalan que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) informó sobre publicaciones de investigaciones que detectaron a la altura de Santa Fe un alto índice de contaminación de plástico.

El Conicet detectó que “desde 2016, un grupo de investigación lleva adelante estudios que arrojaron resultados preocupantes: detectaron un alto índice de contaminación por plástico en los cursos de agua del Paraná, la laguna Setúbal y cauces cercanos”.

“Las botellas y otros residuos plásticos son extremadamente abundantes. Sin embargo, como sociedad aún no vemos el problema en su total magnitud y no lo asociamos con lo que realmente significa”, manifestó Martín Blettler, jefe de la investigación que arrojó una media de casi 100 botellas por kilómetro sobre las márgenes del río.

El río como sujeto de derechos

Un aspecto novedoso de la acción judicial es el planteo que se le hace a la CSJN en cuanto a la necesidad de considerar a los bienes ambientales como los ríos, como sujetos de derecho, en sintonía con fallos en otros países (Nueva Zelanda, India y Colombia) que avanzaron en ese sentido como una forma de elevar la protección ambiental.

“Sabemos que, las directrices de la teoría jurídica plasmadas en el Código Civil y Comercial de la Nación sobre las personas, pone límites a la idea del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Pero también es cierto que el derecho ambiental, disciplina con autonomía que reconoce su punto de partida expreso en la ley 25675 (ley general del ambiente) funciona como una fuente de derecho que se entromete en las otras disciplinas generando mutaciones y necesidades de hermenéuticas reformulantes, las que conducen a una suerte de evolución del derecho, tal como sucedió desde el inicio de la institucionalización jurídica en el país”, propone el documento y abunda en conceptos para respaldar el pedido.

“Se apunta a desanclar definitivamente al derecho de la estructura antropocéntrica, patriarcal funcionando como un regulador hegemónico que legitima procesos infinitos extractivistas y contaminantes que no cesan, sino que se incrementan día a día ante lo finito de los bienes ambientales que componen la naturaleza. Esto lleva al límite de la irreparabilidad a su capacidad de resiliencia, para transportarlo a un escenario ecocéntrico y democrático, bajo el amparo de una cosmosvisión holística que surgió notoriamente, primero, por el entrelazamiento social cada vez más creciente –en clave de reconexión- con los saberes tradicionales de los pueblos originarios que fueron fieles depositarios de todos los bienes ambientales”, fundamentaron.

Finalmente, puntualizaron “la necesidad de reformular el concepto salud, no ya como un compartimento estanco bajo la falaz idea de que la humanidad puede estar sana con una Pachamama completamente enferma, sino como un vaso comunicante entre las personas humanas y la naturaleza, que resulta necesario para coexistir, cohabitar el planeta y hacer praxis plena y consciente del buen vivir. Siendo la pandemia una lección cuyo aprendizaje nos conduce a esta petición”.

Fuente: https://www.lacapital.com.ar/la-region/presentaron-un-amparo-ambiental-proteger-la-cuenca-del-paranan2657095.html?fbclid=IwAR3OtphdvuWVxqB8ZSlGMw26J3Hg4zPjA9OKpbSdVRbozwQECmaNvIaJTRw

En consecuencia, apreciemos el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana -aprobada plebiscitariamente en 2008-que dice lo siguiente:

“La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo, o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la Naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda”.

A su vez la demanda avalada por las organizaciones Naturaleza de Derechos y Unidos por el Río (Buenos Aires), Foro Ecologista del Paraná (Entre Ríos) y Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente (Santa Fe) concluyen su documento aclarando hacia qué:

“Se apunta a desanclar definitivamente al derecho de la estructura antropocéntrica, patriarcal funcionando como un regulador hegemónico que legitima procesos infinitos extractivistas y contaminantes que no cesan, sino que se incrementan día a día ante lo finito de los bienes ambientales que componen la naturaleza. Esto lleva al límite de la irreparabilidad a su capacidad de resiliencia, para transportarlo a un escenario ecocéntrico y democrático, bajo el amparo de una cosmosvisión holística que surgió notoriamente, primero, por el entrelazamiento social cada vez más creciente –en clave de reconexión- con los saberes tradicionales de los pueblos originarios que fueron fieles depositarios de todos los bienes ambientales”, fundamentaron.

Finalmente, puntualizan “la necesidad de reformular el concepto salud, no ya como un compartimento estanco bajo la falaz idea de que la humanidad puede estar sana con una Pachamama completamente enferma, sino como un vaso comunicante entre las personas humanas y la naturaleza, que resulta necesario para coexistir, cohabitar el planeta y hacer praxis plena y consciente del buen vivir. Siendo la pandemia una lección cuyo aprendizaje nos conduce a esta petición”.

El enfoque ecosocial del río Paraná, o  el percibirlo sujeto de derecho, es respetar integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Ante todo es reconocerlo subcuenca de mayor superficie de la cuenca del Plata cuyas otras subcuencas son las de los ríos Paraguay, Uruguay y El Plata.
Pero también comprender su dependencia absoluta de la Amazonía, El Impenetrable, la Selva Misionera, la Cordillera y:

El Pantanal, el mayor humedal del mundo, se quema en Sudamérica
27 de agosto de 2020

Por Mario Osava (IPS)

RÍO DE JANEIRO, 19 ago 2020 (IPS) – La exportación del cuero del caimán yacaré, que ya fue un gran negocio ilegal, y el turismo de naturaleza reflejan la exuberancia de la fauna del Pantanal, ahora sometida a una masacre por los incendios que se anticipan como los más trágicos de la historia.

En el más extenso humedal del mundo, dos tercios del Pantanal, o 150 000 kilómetros cuadrados, quedan en el centro-oeste de Brasil y el otro tercio se divide entre Bolivia y Paraguay. Corresponde a la parte alta de la cuenca del río Paraguay, cuyas aguas luego engrosan el río de La Plata en Argentina.

Su segundo año consecutivo de sequía provocó una proliferación de incendios en la llanura inundable que en gran parte recuerda el paisaje lunar, con sus incontables lagunas.

“El punto de partida es la impunidad. No hay información de alguien castigado desde 2019 y ese hecho circula entre los hacendados, estimulando nuevas quemas”. Alcides Faria.

De enero a julio los focos de incendios en la parte brasileña del Pantanal sumaron 4218, con un aumento de 186 por ciento sobre igual período de 2019, que ya fue dramático, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) en su monitoreo por satélites.

Solo en los primeros 13 días de agosto otros 2578 focos se sumaron a la tragedia.

Más grave es que “95 por ciento del área quemada es de vegetación nativa”, lamentó Vinicius Silgueiro, coordinador del núcleo de Geotecnologías del no gubernamental Instituto Centro de Vida (ICV). Y septiembre, al final del estiaje, es siempre el mes más crítico.

Eso indica que en muchos casos se trató de incendios para ampliar pastizales ganaderos  que “se salieron del control”, producto de la vegetación más seca que lo usual, explicó por teléfono desde Alta Floresta, en el norte del estado de Mato Grosso, ya en territorio amazónico.

Las lluvias se redujeron a la mitad del promedio histórico en lo que va del año en el Pantanal, indica el monitoreo meteorológico. En consecuencia el nivel del río Paraguay es hoy el más bajo desde los años 60, cuando hubo otra grave sequía.

 “Hace años que el período de lluvias se está acortando y las sequías se hicieron más severas en la parte central y suroriental del país”, y los estudios apuntan a la deforestación en la Amazonia como causa, diagnosticó el ICV.

La destrucción forestal, que se acerca a 20 por ciento del bioma amazónico, reduce los “ríos voladores”, es decir el flujo de humedad generada en la gran foresta y trasladada por los vientos a buena parte de América del Sur, incluido el norte de Argentina, según estudios climatológicos.

Pero ese es solo uno de los tres factores del auge de los incendios en el Pantanal, según el ICV. Se suma la expansión de la ganadería, que usa las quemas para renovar los pastizales o expandirlos a nuevas áreas.

Lo constata el hecho de que 86 por ciento de los incendios se originaron en propiedades rurales y 34 por ciento en predios aún no inscritos en el Catastro Ambiental Rural, un registro que busca controlar y responsabilizar actividades agrícolas dañinas.

La ganadería encabeza la deforestación, que ya había alcanzado 16,5 por ciento del Pantanal brasileño el año pasado, según el INPE.

El tercer factor, indicó Silgueiro, es la “seguridad de la impunidad”, ya que pocos delitos ambientales son castigados en Brasil y la inspección se debilitó mucho desde el año pasado por el desmantelamiento del gobierno de Jair Bolsonaro del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, la autoridad del sector.

“El punto de partida es la impunidad. No hay información de alguien castigado desde 2019 y ese hecho circula entre los hacendados, estimulando nuevas quemas” que se vuelven incontroladas, denunció Alcides Faria, director ejecutivo de Ecoa Ecología y Acción, una organización no gubernamental fundada en 1989 en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul, donde se ubica la mayor parte del Pantanal.

Faria coincide con Silgueiro en ese y otros factores climáticos como origen de la reducción de las lluvias y el caudal de los ríos.

Pero el director de Ecoa apunta otras tres causas: la falta de un plan para lidiar con la previsible sequía, la ausencia de coordinación entre los distintos actores, incluso la sociedad y los países que comparten el bioma, y el deterioro de las carreteras que dificulta el combate al fuego.

Ya en 2019 los incendios de agosto y septiembre cubrieron de humo la extensa región fronteriza de Bolivia, Brasil y Paraguay y para este año ya se había pronosticado el agravamiento del desastre.

Pero pese a las alertas no se diseñó una concertación de esfuerzos entre los países que comparten El Pantanal, los dos estados brasileños involucrados -Mato Grosso y Mato Grosso do Sul-, y los órganos responsables. Además no se capacitaron nuevos “brigadistas” bomberos, denunció Faria a IPS por teléfono desde Campo Grande.

El Centro Nacional de Prevención y Combate a los Incendios Forestales (Prevfogo), un sistema que reúne órganos nacionales y locales para la acción, recibió recursos demasiado tarde este año, se quejó.

Desde fines de julio, el gobierno movilizó a militares, helicópteros y aviones para rastrear los incendios, pero su acción es muy limitada, “ante el desastre implantado”, evaluó Faria. Los militares no están capacitados para esa misión, acotó Silgueiro.

El futuro del Pantanal está en riesgo no solo por los incendios, que son coyunturales. Hay presiones permanentes, como las pequeñas centrales hidroeléctricas que se construyen en los ríos afluentes, que restan agua, y los planes de ampliación de hidrovías, que tienden a acelerar el flujo del río Paraguay aguas abajo, destacó Faria.

“Además es grave el avance del cultivo de soja, que ya ocupa tierras a menos de 200 metros de altitud y se acerca del corazón del Pantanal, promueve deforestación, contamina el agua con venenos agrícolas y acelera la sedimentación de los ríos”, sostuvo.

La hidrovía del río Paraguay “podría destruir el Pantanal” si se concreta el pretendido dragado para hacerla navegable todo el año.

Por ahora opera en las crecidas del río, como hace la compañía brasileña Vale, la mayor exportadora mundial de hierro, que aprovecha el curso fluvial para transportar su producción de la mina Urucum, en Corumbá, ciudad portuaria en la frontera brasileña con Bolivia.

“El futuro es preocupante”, porque además de la emergencia climática, “el Pantanal no es un ecosistema resiliente a tantos incendios, con impactos prolongados sobre su fauna y flora”, acotó Silgueiro.

“Los animales están perdidos, si no muertos” en las áreas afectadas, que además “era época de reproducción de las aves”, observó.

Una especie que justifica los temores es la arara azul (Anodorhynchus hyacinthinus), como se conoce en Brasil al guacamayo jacinto, amenazada de extinción, debido al tráfico atraído por la belleza de esta ave, y que tiene en el Pantanal un importante centro de conservación y estudios, el Instituto Arara Azul.

Hábitat de gran biodiversidad, el humedal tiene por lo menos 4700 especies animales y vegetales, que atraen numerosos turistas amantes de la naturaleza. En el pasado fue conocido por su gran concentración del Caimán yacare, su nombre científico, también conocido como el yacaré del Pantanal, que durante siglos fue cazado para abastecer el mercado internacional de cueros especiales.

Una ley prohibió su caza en 1967, pero su tráfico ilegal se mantuvo intenso hasta los años 80, cuando comenzó el manejo de los yacarés y luego de sus crías para aprovechamiento del cuero y la carne.

Pero entonces el Pantanal se convirtió en gran atracción turística para brasileños y extranjeros, por su diversidad de mamíferos, aves, réptiles y peces, en un paisaje netamente hídrico.

ED: EG

http://www.ipsnoticias.net/2020/08/pantanal-mayor-humedal-del-mundo-se-quema-sudamerica/

Fuente: https://rebelion.org/el-pantanal-el-mayor-humedal-del-mundo-se-quema-en-sudamerica/

Advirtamos que el río Paraná como ecosistema dulceacuícola, así como todos los integrantes de la Cuenca del Plata y los biomas con óptima biodiversidad están siendo arrasados por la mercantilización capitalista de la naturaleza. Reflexionemos sobre:

Deforestación y el ciclo hidrológico de la Amazonía

6 de diciembre de 2016

La Amazonía es el bosque tropical más grande del planeta y por lo tanto, el principal generador de oxígeno hacia la atmósfera y aporta al ciclo hidrológico de la región. Sin embargo, varias actividades humanas afectan directamente en la recirculación de este elemento vital, causando problemas a nivel regional.

El río Amazonas es la región hidrográfica más extensa del planeta, va desde el estuario de la Isla de Marajo en el Océano Atlántico (Brasil), hasta las nieves perpetuas de la Cordillera de los Andes (Perú), por lo cual cuenta con diferentes microclimas y nichos ecológicos con endemismos de flora y fauna (Bernal, 2006).

Entre los ríos que drenan desde la Cordillera de los Andes se encuentran el río Beni, Madre de Dios y Mamoré con 154 pequeños tributarios y 37 lagos. La parte baja del Amazonas cuenta con aportes de los ríos Madeira, Tapajos y Xigu (Bernal, 2006).

Los países involucrados en la región Amazónica son: Brasil (67,69%), Perú (13,02%), Bolivia (11,20%), Colombia (5,52%), Ecuador (1,67%), Venezuela (0,79%) y Guayana (0,08%). La Amazonía tiene una población de aproximadamente 20 millones de habitantes, con más de 4000 comunidades indígenas (Medina & Carrillo, 2016).

Esta gran cuenca es un reservorio importante de agua dulce, ya que contiene la quinta parte del agua dulce disponible. Esta cuenca desemboca en el Océano Atlántico aportando con 200 000 metros cúbicos de agua por segundo. En este río existen diferentes especies de peces distribuidos a lo largo del mismo. La especialidad de la hidrología está influenciada por las corrientes continentales, fruto de la evapotranspiración de la masa forestal y las corrientes  de humedad de acenso y descenso ocasionadas por el relieve (Bernal, 2006).

El ciclo hidrológico es la circulación del agua por la tierra y la atmósfera.  Donde el agua subterránea corresponde al 98% del agua potable disponible en la Tierra.

El ciclo del agua en la Amazonía es complejo, se regula con la diversidad de ecosistemas naturales relacionados directamente a la existencia de la cobertura boscosa. Comienza con la humedad que se evapora desde la superficie de la cuenca gracias a la radiación solar, ascendiendo hasta alturas donde el agua se condensa y precipita en forma de lluvia. Una parte del agua que precipita se queda retenida en las hojas de los árboles, una parte llega hasta el suelo siendo aprovechada por la vegetación y otra, mediante escorrentía regresa al río (Fayanás, 2011).

De acuerdo a Stewart (2013), la intensificación del ciclo hidrológico podría ser resultado del aumento de la entrada de vapor agua resultante de la corriente de aire que ingresa a la cuenca desde el Océano Atlántico tropical y que alimenta el ciclo amazónico. 

El principal reciclaje del agua en esta región se lleva a cabo en los bosques amazónicos, ya que producen anualmente 7 trillones de toneladas de agua hacia la atmósfera mediante evapotranspiración, lo cual incide en la formación de nubes locales y regionales (especialmente cumulonimbos) que descargan el agua mediante lluvias (Bernal, 2006). En la Amazonía, entre el 50 y el 80% de la humedad se mantiene en el ecosistema gracias a la recirculación del agua en la región (Gloor et al, 2013).

Impacto de la Deforestación en el Ciclo Hidrológico
 Los ciclos de sequías e inundaciones se han vuelto menos predecibles en los últimos años, gracias a diferentes actividades como la construcción de represas y carreteras, la contaminación y la sobrepesca que se realiza en el lugar, pero principalmente la deforestación. Esta última tiene varios fines, se realiza para ampliar la frontera agrícola de la soya, para la industria papelera, maderera y del caucho (Stewart, 2013). La destrucción de los bosques por deforestación causa un desbalance hídrico dentro y fuera de la cuenca. Se calcula que ya se han deforestado unos 800.000 km², principalmente en Brasil.

Por otro lado, los bosques de la Amazonía son los extractores de dióxido de carbono más importantes del mundo, considerando que el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero que aporta al cambio climático. De modo que la Amazonía sufre los efectos del cambio climático por las actividades que se llevan a cabo en la misma región.

Entre los principales problemas que tiene la Amazonía es la construcción de carreteras y represas, siendo esta última la peor. La construcción de represas provoca de manera directa la pérdida de grandes extensiones de bosque que cumplen roles ecológicos e hidrológicos importantes, además de la pérdida de biodiversidad.

Otro factor bastante importante es la contaminación de los afluentes de esta cuenca que van desde aguas residuales domésticas, industriales y de minería, hasta derrames de petróleo o sus subproductos. Esta contaminación afecta la fauna acuática de la zona y además, tiene grandes efectos en la salud de las comunidades que habitan es lugar (Fayanás, 2011).

El cambio climático, la contaminación de afluentes, la extracción de minerales a cielo abierto, entre otros, también afectan la calidad y disponibilidad del recurso hídrico en la Amazonía.

Las selvas tropicales, como la Amazonía, cumplen un rol importante en el ciclo hidrológico ya que facilitan el proceso de evaporación del agua para que esta pueda recircular. La vegetación es el principal contribuyente a este proceso ya que liberan agua de sus hojas mediante la transpiración, aportando a la formación de nubes que posteriormente formarán lluvia.

 Referencias:(…)
Fuente: http://natzone.org/index.php/component/content/article/16-frontpage-blog/educacion-ambiental/186-deforestacion-y-el-ciclo-hidrologico-de-la-amazoni

El bosque permite la circulación del agua, filtra contaminantes y recicla el carbono, por lo que su conservación es importante. La deforestación limita las capacidades de los bosques para cumplir con sus funciones dentro del ecosistema planetario o biosfera.