Qué sistema-octubre2021

Con avance total y totalitario contra la vida y los pueblos.

Significa expoliación creciente a trabajadores y pueblos debido al acaparamiento oligopólico-latifundista de bienes comunes.

Conciliación de clases/
Concentración y centralización capitalista/
Alternativas emancipatorias


 

Conciliación de clases

Necesitamos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, que una creciente mayoría de les oprimides, por el sistema mundo capitalista y su local, rompa con la conciliación de clase implícita en que haya identificación con les ricos o sea con los grandes expropiadores o usurpadores de tierras y de otros bienes comunes al protestar sólo por las tomas de tierras o de edificios que realizan quienes han sido despojado de todos sus derechos humanos durante la acumulación gran capitalista de riquezas y poder.

En noviembre de 2018, escribí en Confraternizarhoy: estamos sumidos en la ofensiva del G20-FMI o de «los sectores hegemónicos del sistema mundial que demandan adecuación de las relaciones económicas en la Argentina, con base en la disminución en divisas (dólares) del costo salarial o laboral. Por eso el ajuste en el ingreso popular y en el gasto público social. Se trata de liberar al capital en sus pagos a la fuerza de trabajo y las contribuciones al sostenimiento del Estado». Reflexionemos sobre:

Ajuste y recesión para el 2019 entre
el FMI, Macri y la oposición cómplice

28 de octubre de 2018

La iniciativa política del gobierno se jugó a la media sanción en Diputados del proyecto de Ley sobre el Presupuesto 2019 y lo logró un día antes que el Directorio del FMI considerara la ampliación del préstamo a la Argentina por 56.300 millones de dólares. 

Por Julio Gambina.

Son fondos que se desembolsarán en su mayoría antes de finalizar el mandato de Macri. Ya se desembolsaron 15.000 millones en Junio del 2018, y restan hasta diciembre del 2019 casi 35.000 millones de dólares.

De este modo, vale concluir que el poder mundial, con las mediaciones locales, financia con casi 50.000 millones al Gobierno del PRO-Cambiemos en su tramo final.

El objetivo de ese sostén apunta a profundizar la regresiva transformación del capitalismo local, algo que viene sucediendo en etapas desde 1975/6.

Los sectores hegemónicos del sistema mundial demandan adecuación de las relaciones económicas en la Argentina, con base en la disminución en divisas (dólares) del costo salarial o laboral.

Por eso el ajuste en el ingreso popular y en el gasto público social. Se trata de liberar al capital en sus pagos a la fuerza de trabajo y las contribuciones al sostenimiento del Estado.

Ahora se proponen transformar el proyecto en Ley con la aprobación en el Senado durante noviembre, justo antes de que sesione el G20 en Buenos Aires.

Se pretende mostrar a los principales jefes de Estado del orden mundial que el Gobierno local tiene capacidad de resolver los mecanismos legales del ajuste. Un ajuste demandado para hacer funcionar el capitalismo local según establecen los sectores dominantes.

¿Quién y cómo se puede cumplir con el cometido de la dominación?

El mecanismo privilegiado es la violencia asociada a la manipulación de la conciencia social. Por eso el primer acto de la transformación contemporánea ocurre con las fuerzas parapoliciales y paramilitares antes del golpe del 76; la propia dictadura genocida entre 1976 y 1983; y el dominio político ideológico suscitado desde el liderazgo del peronismo (menemismo) y el radicalismo (Alianza) en los 90.

Ahora se pretende un “nuevo liderazgo de la sociedad”, más allá del peronismo y el radicalismo, superando la experiencia de las dictaduras.

Es el intento del macrismo, que aún en alianza electoral poco comparte las decisiones ejecutivas con los socios radicales y peronistas. Aun así, desde la minoría parlamentaria del PRO-Cambiemos, son sus cómplices parlamentarios los que aseguran quórum y sanción de la legislación correspondiente para avanzar en los propósitos de la regresiva reestructuración de la economía, el estado y la sociedad.

De ese modo, el gobierno maniobra para evidenciar ante el poder mundial su capacidad de gestión más allá del descontento y la protesta social. Por las dudas, asegura provocaciones que desarmen la masiva protesta y distraigan el análisis de la movilización social.

Al mismo tiempo despliega la represión, la que se presenta justificada ante la violencia callejera. Un tema que está asociado a la discusión sobre la violencia, entre ajustes que impactan en deterioros explícitos de las condiciones de vida de la población de menores ingresos. ¿Por qué es violencia la ejercida desde la protesta y no la evidente reducción de los ingresos de trabajadores y trabajadoras?

Sostenemos que el gobierno avanza con su proyecto aun no logrando su cometido de renovación en las elecciones del 2019, por lo que surgen especulaciones de planes alternativos con candidatos del PRO o la coalición Cambiemos; pero también, con opciones por fuera de la alianza en el gobierno con los mismos propósitos o rumbo.

Baste sólo considerar al respecto las apelaciones a la oposición racional, la que acompaña de manera cómplice en el poder legislativo.

¿Menos mal que está el financiamiento del FMI?

Es el interrogante a desbaratar. El auxilio del FMI deviene de la política oficial por casi tres años y que se proyecta en los datos provistos por el presupuesto 2019. Si se consideran los 4 años de la gestión Macri, el tercero en curso y el cuarto anticipado en el presupuesto, lo que quedará son tres años de recesión (2016, 2018 y 2019), con solo el 2017 de mínima recuperación.

La mirada del periodo indica crecimiento de la pobreza y la desigualdad; con mayor dependencia de la dominación del capital externo bajo un modelo de primarización de la producción y las exportaciones (soja e hidrocarburos), exacerbado en los próximos años.

El inicio de la gestión fue con nuevo endeudamiento para cancelar la demanda de los fondos buitres, que no se logró del todo, pero retomó la senda de la hipoteca de los recursos públicos.

Se continuó con mayor deuda ante la ausencia de inversores externos o locales y ante la gravedad del endeudamiento interno en letras se acudió al salvataje de EEUU, amistad y sociedad mediante entre Macri y Trump.

Claro que el financiamiento se asocia al deliberado desfinanciamiento del Estado, vía eliminación y disminución de las retenciones y subsidios a los servicios públicos privatizados.

Primero se vació al Estado de recursos y luego se argumenta la necesidad de acudir al FMI. No era el único camino, claro que para transitar otro rumbo se requiere la capacidad y el poder de transitar otro sendero para destinos alternativos.

El resultado de la estrategia es el crecimiento del stock de deuda y cuantiosos intereses, los que sí o sí se cancelarán y luego, con el resto de los recursos fiscales se atenderán las pautas presupuestadas, que incluso pueden bajar más de lo previsto en el Presupuesto aprobado por los Diputados.

Cuando se remite al déficit fiscal primario cero se omite el déficit financiero motivado por el enorme endeudamiento externo.

Un dato adicional es que si bien en el presupuesto se indica que el próximo año el crecimiento será negativo, del orden del -0,5%. En las cartas cursadas por el Gobierno Macri y suscriptas por el Ministro de Economía y el Presidente del BCRA se sostiene que la baja para el 2019 oscilará entre -0,5% y -2%.

Son datos más acorde con los pronósticos del FMI (-1,7%) o la CEPAL (-1,8%), lo que augura un futuro cercano de suspensiones, cesantías de personal y cierres de empresas.

El marco regional

Todo lo dicho se agrava con el resultado electoral del Brasil de hoy, gane quien gane.

Si es Jair Bolsonaro, lo previsible es el trabajo conjunto de dos gobiernos de países vecinos con una agenda de derecha, más allá de contradicciones y especificidades locales. Si es Haddad el triunfador, la debilidad de su fuerza política y los millones de votantes por la opción del inefable ganador de la primera vuelta, hará ingobernable o muy condicionado un gobierno del PT.

La región sudamericana muestra una agenda desde los gobiernos que limita la defensa de los derechos sociales amenazados por la brutal ofensiva del capital.

Más Noticias…

Fuente: http://www.anred.org/?p=105884

Descubramos que la ofensiva del sistema mundo capitalista contra los pueblos de Argentina se complementa o se agrava con la realidad de que:

Vaca Muerta, una amenaza climática

26 de octubre de 2018

 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas expresó su preocupación por los aportes al cambio climático y los impactos negativos sobre el ambiente que podría tener la extracción de gas y petróleo de Vaca Muerta. 

Una semana antes, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) había emitido nuevo informe sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar un calentamiento goblal severo.

En las Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina, el Comité consideró que “la explotación total de todas las reservas de gas de esquisto [de Vaca Muerta] consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados Celsius, estipulado en el Acuerdo de París”. Y recomendó “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el ‘fracking’ en la región de Vaca Muerta” para garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por el Estado argentino.

El Comité de la ONU también manifestó su preocupación respecto a que no hayan sido debidamente evaluados los impactos negativos “de ciertos métodos de explotación no convencionales de hidrocarburos, como el ‘fracking’, ni consultadas adecuadamente las poblaciones. En tal sentido, encomendó al Estado que “adopte un marco regulatorio del fracking, que incluya las evaluaciones de su impacto en todas las provincias, precedido de consultas con las comunidades afectadas, y con una documentación apropiada de sus efectos sobre la contaminación del aire y el agua, las emisiones radiactivas, los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, los efectos sobre la salud pública, la contaminación acústica, la luz y el estrés, la actividad sísmica que puede desencadenar, las amenazas a la agricultura y la calidad del suelo, y al sistema climático”.

En 2017 el Observatorio Petrolero Sur junto al Centro Internacional por el Derecho Ambiental y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambas con sede en Ginebra (Suiza), realizaron presentaciones ante el Comité por incumplimientos del Estado argentino al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en el marco del megaproyecto Vaca Muerta, las cuales fueron incoporadas al cuestionario que debió responder el Gobierno Nacional (ver aquí).

Las observaciones realizadas por el Comité se conocieron pocos días después de la publicación del informe del IPCC en el que advierten que se necesitarán cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad para limitar el calentamiento global (ver aquí). Sin embargo, en las agendas del Gobierno Nacional y de los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Mendoza, el futuro está en Vaca Muerta.

Observatorio Petrolero Sur 

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Vaca-Muerta-una-amenaza-climatica

El informe ONU nos da la razón: hay que detener el fracking.

29 de octubre de 2018

El organismo solicitó al Estado argentino que reconsidere la explotación de Vaca Muerta. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU solicitó al gobierno argentino que reconsidere el uso de la técnica de fracking y advirtió que las consecuencias ambientales de las explotaciones hidrocarburíferas a gran escala en Vaca Muerta serán irreversibles.

 En las Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina, difundidas días atrás, los expertos también expresaron su preocupación por los aportes al cambio climático.

El Comité recomendó al gobierno argentino “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el ‘fracking’ en la región de Vaca Muerta” para garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos y estimó que “la explotación total de todas las reservas de gas de esquisto [de Vaca Muerta] consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados Celsius, estipulado en el Acuerdo de París”.

El comité de expertos que redactó el documento también recomendó al Estado argentino que “adopte un marco regulatorio del ‘fracking’, que incluya las evaluaciones de su impacto en todas las provincias, precedido de consultas con las comunidades afectadas, y con una documentación apropiada de sus efectos sobre la contaminación del aire y el agua, las emisiones radiactivas, los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, los efectos sobre la salud pública, la contaminación acústica, la luz y el estrés, la actividad sísmica que puede desencadenar, las amenazas a la agricultura y la calidad del suelo, y al sistema climático”.

Ante la contundencia de las Observaciones del Comité DESC de la ONU, las organizaciones y personas firmantes instamos a las autoridades argentinas a tomar nota de las advertencias realizadas por este organismo y a actuar en consecuencia. Asimismo, sería de suma importancia que también sean consideradas estas advertencias por los Gobiernos de la región donde se promueven proyectos para la extracción de hidrocarburos mediante fracking.

Adhesiones colectivas: (…)
Individuales(…)

OPSur

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/El-informe-ONU-nos-da-la-razon-hay-que-detener-el-fracking

Estamos, abajo y a la izquierda, con el desafío de generalizar la conciencia de que es hora de emancipación del capitalismo «donde todo se define para que los muy pocos ricos y poderosos del mundo puedan mantener y aumentar sus ganancias, a costa de todo y todos los demás». Es expandir el involucramiento contra los extractivismos  de los oligopolios para maximizar su lucro multiplicando e intensificando las catástrofes socioambientales. Pero esto nos exige instalar en la agenda pública que la reproducción del capitalismo globalizado demanda cada vez más maximizar el carácter destructor e invasor de sus mega emprendimientos y finanzas. De modo que es fundamental poner fin al crecimiento capitalista.

Qué entendemos por energía extrema

28 de septiembre de 2016

Por  Tatiana Roa Avendaño (Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia) y Hernán Scandizzo (OPSur)

Aún están frescas las imágenes del incendio de la plataforma Deepwater Horizon, cuando perforaba el pozo Macondo en el Golfo de México, en abril de 2010. La explosión e incendio dejó once trabajadores muertos y, después de más de tres meses de intensas labores, la petrolera BP logró controlar la situación. Para entonces habían sido vertidos al mar Caribe más de 700 millones de litros de crudo y otros varios millones más de litros de agua de formación. La magnitud del desastre expresa los riesgos que conllevará la ampliación de la frontera extractiva y tecnológica, y es lo que analistas como Michael t. Klare han denominado energía extrema.

Este concepto de energía extrema se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales. La era de los hidrocarburos fáciles de extraer está llegando a su fin, si no lo ha hecho ya. Los objetivos de empresas y gobiernos para sostener la matriz fósil son las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extra-pesados, las arenas bituminosas e incluso desarrollos biotecnológicos para aplicar en procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos en pozos agotados.

En el mismo combo aparecen los yacimientos en el mar, cada vez más alejados de la costa, en aguas más y más profundas, que son extraídos, en algunos casos, luego de atravesar gruesas capas de sal. También estos yacimientos están conociendo las delicias de la fracturación hidráulica, para revertir la caída de la producción. Y el carbón alojado en las profundidades de la tierra, inaccesible para la minería convencional, despierta el interés de gobiernos y empresas, del mismo modo que el gas allí contenido. Miles y miles de toneladas de carbono que serían lanzadas a la atmósfera si esos hidrocarburos son extraídos e inyectados al mercado energético y la industria petroquímica para extender la decadencia de la civilización fósil.

Otra característica de este modelo de extracción extrema es que en muchos casos se trata de gas, crudo y carbón a los que se accede ampliando la frontera extractiva sobre tierras campesinas y de pequeños productores, aguas de pescadores artesanales y territorios indígenas y afrodescendientes. Una expansión acompañada de conculcación de derechos, que da lugar a desplazamientos de población, desaparición de saberes y culturas, así como también la muerte de economías locales y regionales. Es decir, constituye una amenaza contra la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos. Una violencia simbólica y material que es intrínseca a la energía extrema, y que significa además una profundización de la violencia sobre los cuerpos y la Naturaleza no humana. No sólo por la irrupción en ecosistemas frágiles y por profundizar la degradación de los ya impactados, sino también por el empecinamiento de seguir apostando a la matriz energética responsable de la crisis climática y el calentamiento global.

Esta ampliación de frontera hacia escenarios extremos implica además condiciones laborales de mayor riesgo. Quienes trabajan en esos proyectos no sólo están expuestos a condiciones meteorológicas rigurosas -como sucede en las operaciones en el Ártico o en alta mar- sino también a la toxicidad de los insumos químicos utilizados, por ejemplo, durante fracturación hidráulica, o a los desarrollos biotecnológicos diseñados para incrementar los niveles de extracción y los procesos de transformación de hidrocarburos pero también a riesgos más altos de accidentes laborales por ejemplo por explosiones.

Por otra parte, el gas y el crudo alojados en yacimientos profundos y/o compactos, o ubicados en lugares remotos, demandan más infraestructura y despliegue logístico, tanto para llevarlos hasta la boca del pozo como para inyectarlos al mercado. Esto se traduce en la perforación de cientos y miles de pozos, el tendido de ductos, la instalación de compresores, tanques, etc.; en síntesis, una mayor ocupación territorial e industrialización de áreas rurales y del paisaje en general, y la expulsión de las poblaciones que no son funcionales al nuevo uso del espacio.

A ello se suma que cada barril obtenido de estas explotaciones requirió un mayor consumo de energía, es decir, su rendimiento es menor. Además, demandó mayores recursos financieros que las explotaciones convencionales, que en muchos llegan a la compañía en forma de subsidios estatales, ventajas impositivas y precios sostén, que son transferidos desde los bolsillos de la población.

Baja del precio del crudo y continuidad de los proyectos extremos

La caída sostenida del precio de crudo muy por debajo de los 100 dólares no se ha traducido en un automático golpe de timón de los gobiernos de la región en sus políticas petroleras, ni ha significado la inmediata inviabilidad de los proyectos de energía extrema en América Latina. Sin duda hay una desaceleración, pero en la medida en que no exista la decisión política y el nivel de movilización para avanzar en la desfosilización de la matriz energética y del modelo productivo (los hidrocarburos como insumo no energético), estos proyectos representan la nueva frontera ante el agotamiento global de los grandes yacimientos convencionales.

Para seguir en carrera las empresas apuestan a reducir la cadena de costos, es decir, despedir o promover el retiro voluntario personal, bajar salarios, eliminar conquistas laborales -beneficios no financieros: descansos, calidad de la alimentación, etc.), eliminar intermediarios, desarrollar y aplicar innovaciones tecnológicas, entre otras variables. También desde el sector corporativo presionan para que los favorezcan con ‘políticas de incentivo’ como subsidios, ventajas impositivas, y precios internos superiores a la cotización internacional. De esta manera se transfieren los costos financieros -además de los sociales y ambientales- a los usuarios, que pagan la energía y combustible más caros, como ocurre en Argentina. Por otra parte hay que tomar en cuenta que países como Ecuador y Venezuela han tomado préstamos de China respaldados con su crudo, lo que también define la marcha sostenida tanto sobre la Amazonía como sobre la Faja del Orinoco. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, son más de U$D 46.000 millones en créditos.

Las fronteras extremas de América Latina

Si bien desde principios de la década y hasta entrado 2014 la mayoría de los países de la región, con más o menos intensidad y convicción, tenían a los hidrocarburos de lutitas y al fracking en sus agendas, esto no se ha plasmado en grandes avances en territorio. A nivel regional el fenómeno del shale sólo ha tenido impacto masivo, o relativamente masivo, en Argentina con Vaca Muerta, mientras que en México, el otro país estrella, ha sido menor, y en Colombia hay un firme interés de las autoridades en avanzar en esa dirección. Sin embargo, tampoco significa que haya desaparecido el interés por las formaciones compactas, el desarrollo de campos de tight sands ha cobrado impulso tanto en Argentina, como en México y el extremo sur de Chile. Los costos de producción en arenas compactas son considerablemente menores que los del shale, lo que las vuelve particularmente atractivas para las empresas.

Por otra parte, una frontera que no cesa de ampliarse en la región es la off shore. Brasil desde el descubrimiento del presal, hace una década, apuesta fuertemente a su explotación, incluso las autoridades no le han dado mayor importancia a los bloques con potencial en crudo y gas de lutitas. Éstos tampoco despertaron el interés de las empresas en las últimas rondas de concesiones petroleras. La impetuosa convicción de avanzar hacia el mar emerge también en el conflicto que se suscitó en 2015, cuando el gobierno federal intentó flexibilizar los sistemas de licenciamiento ambiental para las explotaciones costa afuera, una reforma que fue resistida por los trabajadores de las agencias de control ambiental. Hay que tener en cuenta que en el caso del presal los hidrocarburos se alojan a una profundidad cercana a los 7.000 metros; allí se concentraría el 90 % de las reservas petrolíferas probadas y el 77 % de las gasíferas.

Por otra parte la francesa Total comenzó este año la perforación un pozo en la plataforma marítima uruguaya, a 200 kilómetros de la costa. Atravesará 3.400 metros de “columna de agua” y otros 3.000 bajo el lecho oceánico en busca de hidrocarburos. Un proyecto extremo que marca un hito en la región, en un país que carece de antecedentes de explotación de hidrocarburos. También Colombia avanza sobre yacimientos en aguas profundas del Mar Caribe, al igual que Nicaragua y Honduras. Chile, por su parte, a raíz de perforaciones exitosas realizadas por la estatal ENAP, apunta a consolidar sus desarrollos offshore en el Estrecho de Magallanes, al igual que ampliar las explotaciones de bloques de tight gas en la isla de Tierra del Fuego.

En tanto los crudos pesados y extra pesados son centrales en países de la región como Venezuela, con la Faja del Orinoco, y Colombia, en la región de los llanos. Por otra parte, más allá de las características de los hidrocarburos y de las formaciones que los contienen, tanto la Amazonía como el Chaco Sudamericano constituyen la nueva frontera por excelencia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, avances que se concretan, en muchos casos, sobre territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas y áreas naturales protegidas.

Detrás de los discursos de salvación o abundancia con que son promocionados los diferentes proyectos de energía extrema en nuestros países, están las otras realidades arriba mencionadas. Con estas líneas damos apertura a una serie de artículos sobre el carácter extremo no sólo de los proyectos energéticos sino también de las infraestructuras y finanzas que demanda la reproducción del capitalismo globalizado.

Este artículo es parte del proyecto Aportes para la crítica y acción contra las energías extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Global Greengrants Fund.

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Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2016/09/28/que-entendemos-por-energia-extrema/

Comprobamos que sin importar su derrota electoral, a los dos días de las PASO el gobierno de les Fernández presentó el proyecto de ley para seguir profundizando el fracking en Vaca Muerta.

Otra vez sopa: ley de hidrocarburos
pensando en la exportación y sus dólares

16 de septiembre de 2021

En medio de la inestabilidad política, el Gobierno pretende entregar tranquilidad fiscal por 20 años a las petroleras a través de una nueva ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas. El anteproyecto presentado ayer busca estimular proyectos de fracking, offshore y almacenamiento subterráneo de gas, prácticas altamente cuestionadas por sus impactos socioambientales. Una vez más las decisiones de la política energética se tomaron entre cuatro paredes, con las petroleras adentro y la gente afuera. La soberanía energética está hoy, un paso más atrás de lo que estaba ayer.

Por OPSur .- Acompañado por el hasta ahora ministro de Economía Martin Guzmán y el secretario de Energía Darío Martínez, el presidente Alberto Fernández dio a conocer el proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas que se anunciaba desde comienzo del mandato. “El plan tiene una ambición muy grande. Tiene la ambición de que la Argentina produzca en exceso, exporte los excedentes e ingresen los dólares que hacen falta”, sostuvo el mandatario. Hasta ese momento, no se conocía la letra de la iniciativa que busca reforzar la matriz energética fósil con perspectiva exportadora, que dificulta aún más la desdolarización del sector y concibe a la energía como una mercancía.

La promoción incluye a toda la cadena productiva de los hidrocarburos. Tiene especificaciones destinadas a distintas cuencas, incluso la offshore, la industrialización y hasta contiene a un nuevo sistema de acopio subterráneo de gas que ya se está utilizando en algunas provincias. Sin embargo, y pese a que el proyecto esboza un intento de estímulo a la explotación más allá de Vaca Muerta, nada hace prever que el protagonismo del fracking disminuya

A la caza de divisas

El proyecto otorga estabilidad fiscal por 20 años, define una serie de posibilidades para la explotación petrolera e incorpora la subasta de gas (el sistema del PlanGas.Ar) en la ley como forma de organizar ese mercado. Un punto central de la norma es la posibilidad de exportar de manera sostenida entre el 20 y 50 % de la extracción que supere la de los últimos años y disponer libremente del 50 % de esas divisas. Fija, además, un porcentaje máximo de retenciones en un 8 %. El objetivo es, entonces, que la libre disponibilidad impulse la inversión hidrocarburífera de manera tal que eleve la extracción, disminuyendo los costos de importación de gas en dólares.

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Planificar ese modo de ahorro de dólares no tiene en cuenta que la propia inversión del sector implica una serie de mecanismos de salida de divisas: flujos financieros como los pagos de préstamos, y las importaciones productivas, entre otros. Es decir, esa perspectiva omite otros movimientos de divisas que en definitiva impiden, o en el mejor de los casos restringen, la posibilidad de contribuir a la relajación de la restricción externa. 

Al mismo tiempo, la lógica del proyecto le impone otra dificultad cara al oficialismo. Si se promueve la inversión en función de las exportaciones hidrocarburíferas, el horizonte de tender a un sistema tarifario pesificado se aleja cada vez más. En un contexto en el que el Ministerio de Economía presenta un presupuesto que prevé que la devaluación acompañe a la inflación, estimada en un 33% para 2022. 

¿Sustentable?

Otro de los ejes destacados en los discursos gubernamentales es el de un supuesto cuidado ambiental. “Tenemos que garantizar la sustentabilidad de todo esto porque para nosotros el cuidado del ambiente no es un tema retórico, es un tema que nos preocupa y con el cual estamos totalmente comprometidos”, sostuvo Fernández. Sin embargo, el compromiso ambiental se demuestra con políticas certeras hacía los pasivos e injusticias ambientales y, hasta el momento, el tema no ha superado las enunciaciones de algunos funcionarios. 

Una verdadera política ambiental en la industria hidrocarburífera debe tener en consideración la degradación que ya generó la explotación. Un siglo de actividad petrolera en el país ha dejado graves impactos sociales y ambientales que deben ser el primer objetivo de la relación entre la industria hidrocarburífera y el ambiente. Pero nada de esto está contemplado en las políticas hacia el sector; es una especie de “borrón y cuenta nueva” que profundiza las injusticias ambientales que viven los territorios afectados por la explotación hidrocarburífera

La inclusión de la explotación costa afuera –offshore– dentro de los regímenes de promoción, es otro elemento relevante del anteproyecto. En todos los países donde esta actividad tiene desarrollo, tanto en el centro como en la periferia global, existe una serie de impactos documentados. Supone un riesgo directo para otras actividades productivas en las localidades costeras y produce severas consecuencias en la fauna marina -de la cual también dependen las economías regionales. Incluso la exploración de estos recursos ha provocado conflictos como los ocurridos con los pescadores artesanales del Golfo San Jorge (Chubut) en 2010. Bajo la lógica propuesta en el anteproyecto, el offshore se transforma en un nuevo corrimiento de la frontera extractiva, esta vez hacia el mar, bajo una lógica energética de escala global que tiene fuertes impactos a nivel local

Una novedad del anteproyecto es la inclusión de “las concesiones de almacenamiento subterráneo” en la Ley de hidrocarburos 17.319. Estos almacenes son depósitos geológicos que serán concesionados por 25 años. Infraestructura que alimenta la especulación porque permite regular la puesta en mercado del bien en función del precio. Además, implican altos riesgos de fugas que se incrementan cuando se realizan en zonas con sismicidad y significan, a la vez, un peligro para la población y el ambiente. Es el caso del proyecto Cupen que YPF tiene en funcionamiento en el área Sierra Barrosa de Neuquén. 

Más allá de la cantidad de veces que repitan “sustentabilidad” en sus discursos, es un error seguir apostando por las energías extremas, como el fracking y el offshore. Estas políticas impiden llevar adelante una transición que resuelva las necesidades energéticas de nuestro país, a la par que perpetúa la explotación de hidrocarburos y sus impactos locales -como la contaminación- y globales -como la crisis climática.

Vaca Muerta, pese a todo

La centralidad de Vaca Muerta durante la última década se erigió sobre tres grandes promesas: 

Ninguna de las tres promesas se cumplieron: la importación de energía sigue siendo un problema, la situación social de las provincias donde se extraen hidrocarburos es crítica y los encadenamientos productivos son mínimos. 

Por otro lado, aún sin considerar la perspectiva social y ambiental, el análisis del desarrollo del fracking durante sus primeros años de explotación permite dar cuenta de lo costoso de la explotación de este tipo de energía. En un artículo anterior sosteníamos que Vaca Muerta tiene una alta dependencia de subsidios debido al alto costo del fracking, lo que se revela como una falla estructural de la explotación de los hidrocarburos no convencionales en todo el mundo. Al mismo tiempo, la inexistencia de infraestructura y mercados potenciales acordes a las grandes proyecciones, que algunos sectores cifran en Vaca Muerta, hace inviable que este megaproyecto pueda convertir a la Argentina en potencia exportadora de hidrocarburos en el mediano plazo.

El proyecto presentado no tiene como objetivo la soberanía energética sino conseguir dólares. De ese modo, sostiene la explotación de fósiles en un contexto de crisis climática. Una política energética soberana implica decisiones para torcer el rumbo de la energía, para que deje de ser considerada una mercancía y se entienda como un derecho. En ese camino es urgente comenzar una transición energética hacia otras fuentes que tengan en cuenta a quienes trabajan en el sector, a quienes consumen y a quienes se ven afectados/as por la extracción de hidrocarburos y su cadena de transformación. Ese tránsito debe implicar una revisión profunda del consumo que constituye nuestra matriz energética. La desigualdad de los usos, la ineficiencia de los usos en los hogares, la transformación de las ciudades y del sistema agroalimentario, así como la modificación del sistema industrial y de transporte son algunas de las transiciones que deben comenzar hoy.

Fuente: https://opsur.org.ar/2021/09/16/otra-vez-sopa-ley-de-hidrocarburos-pensando-en-la-exportacion-y-sus-dolares/

En consecuencia, urge poner fin a la conciliación de clases (o sea de las diversidades de oprimidos, reprimidos y excluidos) con los poderes establecidos mediante terrorismos estatales y paraestatales que inicia el gobierno constitucional Perón-Perón. Es comenzar por recuperar nuestro lenguaje de entendimiento. Significa que en vez de hablar como los de arriba de búsqueda de divisas para pagar la eterna deuda, enfoquemos los extractivismos como el capitalismo posible en el Abya Yala a fuer de saqueo e inversiones sostenidas con crecientes ajuste y deuda eterna . Descubramos que no hay errores sino que es el funcionamiento del sistema.

Concentración y centralización capitalista

Tengamos en cuenta que el capitalismo progresa concentrándose y centralizándose cada vez más. Implica crecimiento de pobreza estructural, ruina de países y desigualdad nacional e internacional.


 
Alianza transgénica: el plan 2030 que une al gobierno y la oposición e intensifica el modelo extractivo y contaminante

 En el Abya Yala, el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales concreta ese avance acumulativo mediante los extractivismos. De ahí que la grieta sea falsa, sólo sirve para polarizar las elecciones cuya única función es fomentar la creencia popular en la democracia restringida y contrainsurgente.

12 de agosto de 2020

Por Darío Aranda/ La Vaca

  El gobierno y la oposición dieron luz verde a un plan de las corporaciones empresarias para profundizar el modelo de agronegocio en Argentina. Bajo el pretexto de la búsqueda de dólares, no se miden las consecuencias ambientales ni el impacto social. La génesis de nuevas pandemias, y el adiós a la soberanía alimentaria. Qué dice el proyecto y cómo lo analizan productores campesinos, investigadores y vecinos de asambleas. Las falsas promesas bajo palabras amables, y por qué lo que está en juego no es solo un modelo de país sino de vida y futuro: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué.

 No hay grieta en Argentina. Oficialismo y oposición están de acuerdo y se aferran al modelo de agronegocio, de producción de commodities para exportación. Así queda en claro, una vez más, con el plan de diez años impulsado por un amplio sector empresario y que ya tuvo el visto bueno del Presidente, la Vicepresidenta, de gobernadores y de Juntos por el Cambio (Pro-UCR).

   Mientras parte de la discusión pública se centró en la (frustrada) expropiación de Vicentín, los chanchos para China y la quema de humedales, el sector empresario y el gobierno nacional cerraron filas en un plan que propone profundizar el agronegocio transgénico, con nuevas promesas de “empleos”, divisas, “desarrollo” y, una vez más, dejando de lado las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del modelo que lleva tres décadas en el país.

   “Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)” es el nombre del nuevo espacio que reúne al sector empresario del agronegocio. Su plan para la próxima década lleva ya tiene nombre: “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”.

El plan 2020-2030

   El sector empresario busca imponer la profundización del modelo de agronegocio durante diez años, hasta 2030, donde prometen aumento de exportaciones (dólares que el Gobierno prioriza), con leyes a medida de las empresas, más hectáreas sembradas, más transgénicos y agrotóxicos.

   En el documento de presentación, de 19 carillas, explicitan qué buscan: “Definir una política activa de corto plazo con herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas”. La promesa, que tanto sedujo al Gobierno, es aumentar en 35.000 millones de dólares las exportaciones (pasar de los 65.000 actuales a 100.000 millones) y “generar 700.000 empleos”. No precisa cómo llegarán a esas cifras, pero igual lograron que muchos artículos periodísticos lo dieran por cierto y difundieran como la salvación pospandemia.

   Más exportaciones del agro implica el avance sobre nuevas áreas. La experiencia de las últimas décadas confirma que el modelo de agronegocio implicó el avance sobre campesinos, indígenas, montes nativos y humedales. El plan del agronegocio no menciona nada de esto, pero sí promete que su acción será “sin descuidar el entorno ambiental”.

   El documento de presentación señala que el Consejo “representa” a economías agroindustriales de todo el país. Entre los integrantes figuran todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja).También están presentes tres de las cuatro patas de la Mesa de Enlace (Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentina -CRA-). Están las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de Puertos Privados, entre otros.

   El listado de integrantes dejar ver a los principales actores del agronegocio local y, también, jugadores del tablero internacional.

   Y ellos planean marcar políticas de Estado. Incluso fijan tiempos: “Las propuestas deberán estar listas en 60 días”. E insta a desarrollar una ley “de desarrollo agroindustrial exportador, con estabilidad fiscal y financiera de diez años”.

   El documento de las empresas fija tiempos al Poder Legislativo: “El proyecto de ley debería ser tratado por el Congreso de la Nación en 2020”.

   También está presente el impulso al “sector forestal”, que en muchos territorios es sinónimo de monocultivos de pino y eucaliptus, con similares consecuencias a la soja: desalojos de campesinos e indígenas, violación de derechos, desmontes, agrotóxicos, concentración de tierras de pocas manos. Misiones, con la multinacional Alto Paraná, es un emblema de esa actividad.

   El Consejo Agroindustrial señala que la ley debe incluir “un plan nacional de fomento a la agrotecnología” para el agro y las forestales.

   Prometen un impacto anual de 16.000 millones de dólares de aumento de exportaciones y 210.000 empleos (directos e indirectos). Pero no dejan de destacar su objetivo central: “Consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio”. Destacan el uso de “biotecnologías y edición génica” (nueva y cuestionada técnica de transgénicos).

Alineamientos políticos

   Lo que a una organización social le puede llevar meses, años o quizá nunca logre, las empresas del Consejo Agroindustrial en solo un mes sentaron a la mesa al presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa), al canciller Felipe Solá; a los ministros de Agricultura y Producción (Luis Basterra y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas). Lograron el apoyo de los gobernadores de Córdoba (Juan Schiaretti), Entre Ríos (Gustavo Bordet), Santa Fe (Omar Perotti) y Chaco (Jorge Capitanich).

   El jueves 30 de julio tuvieron un encuentro con la vicepresidenta, Cristina Fernández e Kirchner. La visitaron en el Senado José Carlos Martins (presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino), Roberto Domenech (presidente de la Cámara de Empresas Avícolas) y Gustavo Idigoras (presidente de la Cámara de la Industria Aceitera). «Nos dio un respaldo al proyecto, se puso a disposición y nos alentó a seguir trabajando. Fue una reunión muy cordial. Nos atendió de primera, muy amable», señaló Martins en diálogo con el diario La Nación. El empresario relató que cuando llegaron al encuentro se sorprendieron porque la Vicepresidenta ya tenía leído el trabajo de la agroindustria y la charla se focalizó en aspectos que más finos del plan exportador.

   El 4 de agosto llegaron hasta la Quinta de Olivos, donde presentaron su plan al presidente Alberto Fernández. La agencia oficial Télam dio cuenta de la reunión y tituló que el Presidente afirmó que “en toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”.

   Presidencia emitió un comunicado: «Se evaluó el camino a seguir para aprovechar el potencial del sector agroindustrial para exportar y generar empleo teniendo a la Cancillería como una institución fundamental para que los productos argentinos lleguen a los mercados del mundo».

   El canciller Felipe Solá es un actor clave, tanto como fue en 1996, como secretario de Agricultura de Carlos Menem, cuando aprobó la primera soja transgénica de Monsanto.

   El Consejo Agroindustrial (CAA) también difundió un comunicado: “El Presidente valoró y felicitó a la agrupación por la iniciativa, destacando la unión y representatividad federal de las entidades que lo componen».

   Alberto Fernández estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

   Por el sector empresario participaron José Martins, Gustavo Idígoras, Roberto Domenech, Patricia Calderón (Federación Olivícola Argentina) y Dardo Chesa (Mesa de las Carnes).

   El Consejo Agroindustrial no deja cabos sueltos. Dos días después de reunirse con el Presidente tuvieron un encuentro con la oposición de Juntos por el Cambio (Pro-UCR), espacio político que celebró el plan agropecuario a diez años y comprometió su apoyo en el Congreso Nacional. Participaron el presidente del interbloque, Mario Negri, los diputados Cristian Ritondo (presidente del bloque del PRO), Maximiliano Ferraro (presidente del bloque de la Coalición Cívica), Ricardo Buryaille, Atilio Benedetti, Alfredo Cornejo, Lucila Lehmann, Fabio Quetlas, Pablo Torello y Alfredo Sciavone, entre otros. Mario Negri no dudó: “Al campo hay que ayudarlo con medidas que le permitan seguir desarrollándose. Apoyaremos la propuesta del Consejo Agroindustrial en el Congreso Nacional. El desarrollo del campo es vital para un país que necesita exportar más”.

Doble discurso

   El presidente Alberto Fernández tuvo una charla en vivo con jóvenes de diferentes provincias, transmitida por TV Pública el 21 de julio. Ante la pregunta respecto al ambiente, el Presidente no dudó: “La Argentina que tenemos que construir es una Argentina medioambientalmente sustentable, dejar de producir contaminando. Dejar de infectar el aire que respiramos, dejar de ensuciar el agua que tomamos. Esa es una oportunidad que tenemos. Eso (el ambiente), que tanto le preocupa a los jóvenes, hay que cuidarlo mucho. Esta es nuestra casa, la Argentina es nuestra casa, el mundo es nuestra casa. Y no tenemos derechos a seguir destruyendo y maltratándola como hasta ahora. Y que no me vengan con los argumentos económicos para tratar de sostener que sigamos contaminando al mundo”.

   El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, twiteó ese extracto del discurso presidencial.

   El mismo día, seis horas después, Alberto Fernández tuvo una reunión online ante el Consejo de las Américas, de lo más rancio de las corporaciones estadounidenses. Y les hizo una extensa invitación a explotar los recursos naturales de Argentina: “Tenemos para adelante muchas oportunidades para invertir en el país. Este es un país que tiene muchas riquezas, tiene riquezas en hidrocarburos, Vaca Muerta (…) La minería tiene un enorme potencial. Un mundo que luego de la pandemia seguramente reclamará alimentos tiene una enorme oportunidad en Argentina, porque Argentina es un enorme productor de alimentos y como país tenemos que comenzar a pensar cómo desarrollamos la agroindustria y como el Estado ayuda a ese desarrollo. Lo ideal sería dejar de vender alimentos para los animales que otros tienen y comenzar a alimentar a nuestros propios animales y vender nuestra carne faenada. Siento que además tenemos una enorme actividad pesquera que está absolutamente poco desarrollada y que podría ser una gran oportunidad para Argentina».

“Lo que pasa en Chaco es trágico”

   Jorge Milton Capitanich era jefe de Gabinete de Cristina Fernández en febrero de 2015, cuando en conferencia de prensa rompió en vivo y directo un diario Clarín. Lo llamó “periodismo basura”, “mentira sistemática”, “(Clarín) todo el tiempo es mentira”.

   Cinco años después, una eternidad para el pragmatismo político, Capitanich escribió un extenso artículo de opinión en Clarín. Las diferencias políticas y disputas de antaño quedaron de lado, ahora lo une el agronegocio: “Chaco. Oportunidades de la agroindustria en la pospandemia”, es el título del 2 de agosto donde promociona a la provincia para el avance del modelo transgénico.

   El gobernador celebra que entre la década de 1980 y la actualidad se pasó de 800 mil hectáreas a 1,8 millones de hectáreas cultivadas, con un fuerte incidencia de soja transgénica. “Chaco tiene potencial para llegar a las tres millones de hectáreas sembradas para el año 2030”, afirma el Gobernador.

   El artículo promociona todas las “ventajas” que tendría la provincia para recibir inversiones del agronegocio. Propone el avance de la frontera agropecuaria, fábricas de agrocombustibles, recuerda que están abiertos “al mercado de capitales”, señala nuevas rutas, “tarifas energéticas diferenciales” para empresas, subsidio a las contribuciones patronales, exención del impuesto a los ingresos brutos y de sellos por diez años. “Chaco puede aportar mucho para la recuperación económica del país”, finaliza el artículo en Clarín.

   El gobernador Capitanich no hizo ninguna mención al impacto social, ambiental y sanitario que tuvo (y tiene) el modelo agropecuario en Chaco. El más notorio, no el único, el desmonte masivo del El Impenetrable.

   Somos Monte es un espacio multisectorial de Chaco, que reúne a organizaciones, activistas y académicos que desde hace décadas denuncian las consecuencias del extractivismo en la región. Micaela Camino, integrante de Somos Monte, cuestionó con dureza el escrito de Capitanich. Recordó que la provincia sufre una crisis ambiental, social y sanitaria, donde el modelo que propone el Gobernador solo agravará los problemas.

   “Lo que está pasando en Chaco con el agro y los desmonte ya es trágico. Pero si encima se realiza lo que propone Capitanich… sería como un suicidio”, afirmó Camino y remarcó que el plan agropecuario que se aplica en la provincia solo acentuó la desigualdad, la injusticia, la pobreza “y todo fue para llenar los bolsillos de unos pocos”.

   La integrante de Somos Monte hizo una repaso de todas las consecuencias ambientales que padece Chaco (sequías, aumento de salinidad de aguas y suelo, erosión, desertificación, impacto en la crisis climática), pero también se refirió a lo sanitario: “El impacto de los venenos (agroquímicos) es terrible en algunas localidades, repleto de casos de cáncer y malformaciones, parece Chernobyil”.

   Micaela Camino acaba de releer la nota del Gobernador en Clarín y durante unos minutos explica con paciencia el estado de situación de la provincia, sin agua, con “epidemia de chagas”, con madres que no tienen donde parir, con casos de desnutrición que no salen en las noticias y con las empresas madereras que no pararon ni un día durante la pandemia. Recuerda que los pueblos indígenas tienen numerosas leyes y convenios internacionales que los protegen, pero que ni el Poder Judicial ni el poder político las cumplen. No para de enumerar, hasta que se enoja: “Es toda una gran mentira lo que dice Capitanich. Y avanzar con más agronegocio será una tragedia”.

   “El viejo discurso de más de ese agro para alimentar al mundo ya no lo cree nadie. Hablan de alimentos y acá crece el hambre. Y la otra falacia es cuando menciona a los biocomustibles como energía verde, cuando en realidad es nocivo para el ambiente. Da vergüenza, no debiera ni decirlo”, lamentó.

Qué modelo

   En una rápida consulta a actores en lucha de diversos territorios del país surge una coincidencia total: el plan de las empresas y el Gobierno implicará más avanzada territorial, más desmontes, más agrotóxicos, más efectos en la salud, más concentración de tierras en pocas manos, más problemas para los sectores populares del campo.

   Gabriel Arisnabarreta es productor agroecológico, integrante de la organización Ecos de Saladillo  y del colectivo de Pueblos Fumigados de Buenos Aires. “Vemos con mucha preocupación y no oponemos al plan del Consejo Agroindustrial y que aparentemente fue recibido con beneplácito por el gobierno nacional”, es lo primero que menciona en la entrevista.

   Remarca que es más de lo mismo, con el discurso de transformar al país en líder del comercio de alimentos cuando en realidad se trata de commodities con más y nuevos agrotóxicos, fertilizantes artificiales y transgénicos. Afirma que implicará más deforestación, más contaminación y más “territorios de sacrificio”. Vincula este plan al impulsado por el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), llamado AgTech, que ya contó con la adhesión del Ministerio de Ciencia y de Agricultura. También vinculó estas iniciativas al acuerdo con China por la cría industrial de porcinos y el aumento del corte de mezcla del gasoil (con agrocombustibles).

   “Lo que está en juego es el modelo de país”, resume. Y puntualiza: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué. Afirma que el plan del Consejo Agroindustrial es una profundización del modelo, con más concentración de las tierras y de la producción.

   Recuerda que el Foro Agrario (histórico encuentro campesino de mayo de 2019) redactó 21 puntos del plan agrario popular. Y señala que el gobierno no solo no tomó esas iniciativas, sino que abraza un plan que está en las antípodas. “Es terrible que en medio de una pandemia, que mucho tiene que ver con la destrucción del ambiente y la ganadería y agricultura intensivas, se reciba con beneplácito una propuesta para profundizar aún más ese mismo modelo. Esto no tiene nada que ver con los 21 puntos del Foro Agrario y mucho menos con la soberanía alimentara”, denunció.

   Profundizar la desigualdad  

   Fernando Albrecht es miembro de los Vecinxos Autoconvocados por la Salud y el Ambiente de Hersilia (Santa Fe). Analizó el discurso con el que se publicita el plan agroindustrial: “Usa algunos nombres que quedan bien, como ‘federal’, ‘sustentable’; es como estuvieran en el lugar de los que van a traer el bien, el desarrollo de un país. Pero son los mismos actores que aplican este modelo del que ya conocemos las consecuencias”, advierte.

   Recuerda que muchas de esas entidades son las responsables de la “expansión sojera”, de la ganadería industrial, de fumigaciones y de un modelo que provocó un desastre ambiental. “Este tipo de planes tiene relación con lo que impulsan corporaciones financieras y grupos concentrados del agro mundial. Un modelo que se aplica acá desde mediados de los 90. Que no solo no ha resuelto la pobreza, sino que ha profundizado la desigualdad”, afirma Albrecht. Y recuerda que el agronegocio destruyó las economías regionales, que en esa región de Santa Fe tenía forma de pequeños tambos y agricultores familiares.

   Llama la atención sobre la insistencia, en el discurso empresario, de las palabras “estabilidad fiscal”. Albrecht, que también es parte y parte del Equipo para la Promoción de la Agroecología de Hersilia, advierte que eso implicará menos impuestos para el agronegocio o, parecido, que el resto de la población se haga cargo de financiarles las obras de infraestructura que requiere la agricultura industrial. Por otro parte, remarca cómo la casta política actúa según el sector al que se parece: “Qué facilidad tienen los gobiernos para abrir la puerta a los empresarios y patronales, enseguida llegan a acuerdos y se dan la mano; mientras que no escucha a las organizaciones que elaboramos propuestas agroecológicas, comunidad campesinas, agricultores familiares, indígenas, a los pueblos que elaboramos propuestas desde abajo”.

   Dólares para la deuda externa  

   La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) fue una de las organizaciones que impulsó el Foro Agrario de 2019. Agustín Suárez es uno de los voceros de la UTT y acaba de leer el plan del Consejo Agroindustrial. “El Gobierno, con el argumento de necesitar dólares, sigue apoyándose en los grupos de lobby más importantes nacionales e internacionales para profundizar un modelo de producción agroexportadora. Ya vimos que, con 30 años de este modelo, nos llevó a más concentración de la producción y más dependencia. Y solo queda contaminación y saqueo”, advierte.

   Recuerda que la UTT señala desde hace años que son las organizaciones de pequeños productores, campesinos y cooperativas las que pueden solucionar el hambre de la Argentina. Remarca que es necesario discutir el modelo agropecuario y cuestiona que el Gobierno deje afuera de la discusión a las organizaciones populares del campo. “La agroindustria promete dólares que, si es que entran, no solucionan el problema porque se vuelven a ir mediante el pago de la deuda externa”, cuestiona.

   Remarca que el plan del Consejo Agroindustrial es, al igual que el posible acuerdo con China por la cría de chanchos, la profundización del modelo con las consecuencias ya conocidas.

   Excusa perfecta

   Juan Wahren es investigador del Conicet y del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA. Entiende que el plan acordado por el Consejo Agroindustrial y el Gobierno es una readecuación de algunos de los actores más importantes del agronegocio para consolidar el modelo agrario hegemónico. “Es la excusa perfecta, el explotar recursos naturales para salir, supuestamente, de la crisis de la pospandemia”, cuestiona.

   Wahren leyó los lineamientos del plan y lo evalúa como una vuelta de tuerca más a los planes que impulsaron Cristina Fernández de Kirchner (“Plan Estratégico Agroalimentario”) y el de Mauricio Macri (“Argentina exporta”).

   Recuerda que Alberto Fernández ya había anunciado en campaña que iba a impulsar el agronegocio con mayores exportaciones. Como también su apoyo a la megaminería, Vaca Muerta, explotación de litio “que la venden como una minería limpia, cuando no lo es y cuando no hay acuerdo de muchas de las comunidades indígenas de esos territorios”.

   Paradojas de la política, aporta que el nombre del nuevo espacio empresario le hizo recordar al “Consejo Agrario Nacional”, espacio estatal de la década del ‘30 que luego fue tomado por el primer peronismo con una política muy interesante de distribución de tierras. “Fue lo más parecido a una reforma agraria, con todas sus limitaciones y a años luz de otros países de América Latina, pero que entregó millones de hectáreas en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, en beneficio de los pequeños chacareros. Fue un espacio odiado por los terratenientes y destruido por la dictadura militar”, describe.

   Un siglo después, otro peronismo implementa políticas en las antípodas.

   Wahren advierte que el Gobierno y las empresas también se encontrarán con más resistencias en los territorios. Afirma que la profundización del agronegocio agudizará las contradicciones dentro del gobierno y también en los territorios.

   Una gran pregunta, sin respuesta aún, es qué harán las organizaciones campesinas e indígenas frente al gobierno que impulsa el extractivismo en sus territorios.

   Lucha de trincheras

   Roger Almaraz es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, con base en la comunidad Pozo del Castaño. “Somos lechuza ya cascoteada. Sabemos cuando nos quieren engañar”, avisa. Y se remonta cuando a inicios del 2000 les decían que un “nuevo paquete tecnológico” (soja transgénica más glifosato) les traería beneficios y sucedió todo lo contrario.

   Leyó el proyecto del Consejo Agroindustrial y comparte una primera devolución. “Escriben tan lindo esos señores que hasta parece bueno lo que proponen, dicen ‘inclusivo’, sustentable’, ‘generar trabajo’. Pero para obtener esas cifras millonarias que prometen de seguro intentarán más avance sobre nuestras tierras, más desmontes. Y no podemos permitir eso”, avisa.

   Explica que ellos dialogan con distintos sectores del Estado. Y que la propuesta campesina es producir sin contaminar, acceso a la tierra, reservas campesinas, comercio justo. Remarca las “contradicciones” del Gobierno, que habla de cambio climático y crea un Ministerio de Ambiente, y otro lado impulsa un modelo que impactará aún más en los territorios.

   “Debe haber cambios drásticos en el modo de producir. Todos los sabemos, pero el Gobierno no plantea eso. Al contrario, apoya a estos empresarios”, cuestiona. Y resume lo que es “el modelo sojero” para el Mocase: “Para nosotros la soja no fue progreso. Ese modelo no implicó desalojos, contaminación y muerte”.

   Almaraz afirma que son dos modelos en disputa: el agronegocio y el campesino-indígena. “¿Cuál persistirá en Argentina? Van ganando los poderosos, se ve al mirar las millones de hectáreas desmontadas, aunque nuestra lucha ha evitado que volteen muchas también”, reflexiona.

   Comparte dos hipótesis. Los cambios pueden llegar cuando algún gobernante se convenza de que es necesaria una reforma agraria. O, más probable quizá, cuando la sociedad tome conciencia. “No sé cuánto tiempo tomará, pero es necesario ese cambio de conciencia, para un cambio de modelo. Como dicen los compañeros del campo, el problema de tierras no es solo de los campesinos de Santiago, es de toda la sociedad argentina”, arriesga.

   ¿Y mientras tanto?

Propone Almaraz: “Hasta que ocurra eso, seguiremos dando luchas desde nuestras trincheras. No entiendo que pueda ser de otra manera. Y para eso debemos ir intentando hacer ese camino desde nuestras pequeñas luchas, para alguna vez integrarlas en luchas mayores, vincularlas a sectores de todo el país y ahí ver si podemos instalar otro modelo, que sea para todos y no para unos pocos. Es el gran desafío”.

https://lavaca.org/notas/alianza-transgenica/?fbclid=IwAR1lo24aVY6FEchgCmLjeok
Fuente: https://rebelion.org/alianza-transgenica-el-plan-2030-que-une-al-gobierno-y-la-oposicion-e-intensifica-el-modelo-extractivo-y-contaminante/

Acabamos de analizar junto a Darío Aranda cómo se desarrolla el sistema de agronegocios según el dictado de grandes capitales locales e imperialistas que son tramposamente denominados inversores cuando desfinancian al Estado y lo usan para forzarnos, a los de abajo, a financiar la infraestructura del agro y a subsidiarlos de modo directo e indirecto durante su desarrollo de agroganadería contranatura. Los tres poderes públicos están entramados con ese empresariado en negocios lícitos e ilícitos y viabilizan la expansión de la desertificación, de la pobreza estructural, del hambre, de la malnutrición, de los cánceres…

La lógica mercantil del sistema domina no sólo nuestra cotidianeidad sino también nuestra mentalidad. Por eso, no provoca la suficiente repulsión e indignación la oferta que hace el Presidente y que se asuma dueño de esas riquezas. En efecto, Alberto Fernández tuvo una reunión online ante el Consejo de las Américas, de lo más rancio de las corporaciones estadounidenses. Y les hizo una extensa invitación a explotar los recursos naturales de Argentina: “Tenemos para adelante muchas oportunidades para invertir en el país. Este es un país que tiene muchas riquezas, tiene riquezas en hidrocarburos, Vaca Muerta (…) La minería tiene un enorme potencial. Un mundo que luego de la pandemia seguramente reclamará alimentos tiene una enorme oportunidad en Argentina, porque Argentina es un enorme productor de alimentos y como país tenemos que comenzar a pensar cómo desarrollamos la agroindustria y como el Estado ayuda a ese desarrollo»”.

Preguntémonos porqué hay imperativo de dólares e imponerlo sobre la vida, la salud y la dignidad humana del 99%. Porqué se miente sobre la producción de alimentos si el capitalismo acapara tierras y los otros bienes comunes expropiando, desalojando y excluyendo a las comunidades campesinas e indígenas o a quienes son sus principales creadores. Al forzarlos a desaparecer, el sistema está erradicando la soberanía alimentaria en el planeta.

Darío Aranda señala que está en juego no sólo un modelo de país sino de vida y futuro: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué. Decisiones que, en el capitalismo, hoy las toman quienes concentran y centralizan al sistema de agronegocios en el mundo.

“Las soluciones impulsadas en la Cumbre de la ONU promoverán aún más la ‘agricultura sin agricultores’”

6 de octubre de 2021

La Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, espacio de diseño de políticas globales para el agro, funcionó en total sintonía con los pedidos de las grandes empresas. Sofía Monsalve, de la organización FIAN Internacional, denuncia las falsas soluciones propuestas por corporaciones y gobiernos, y reitera la necesidad de escuchar a campesinos y organizaciones sociales.

(…) La cooptación corporativa denunciada se transformó en realidad a partir de la “Declaración de Acción” pronunciada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien anunció que las agencias con sede en Roma —la FAO, el FIDA y el PMA— dirigirán conjuntamente un «centro de coordinación» para “aprovechar las capacidades más amplias del sistema de las Naciones Unidas” y apoyar el seguimiento de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios. “Este ‘centro de coordinación’ y un ‘Grupo Asesor’ por ser creado invadirían las funciones del CSA, que es precisamente el Comité de la ONU que tiene el mandato de garantizar el desarrollo de políticas inclusivas, la coherencia, la coordinación y la convergencia en todos los sistemas de la ONU sobre cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición”, denuncia Monsalve y apunta que “el Secretario General de la ONU no tiene el mandato de establecer mecanismos de seguimiento de esta Cumbre”

La Secretaria General de FIAN advierte que las organizaciones de pequeños productores y la sociedad civil deberán reforzar su participación “en espacios públicos legítimos para poder incidir” desde la organización de “consejos alimentarios para influenciar en las políticas municipales” hasta la participación a escala global en espacios como el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que intenta ser vaciados por la última decisión de Guterres. También alzarán su voz en el encuentro global sobre la soberanía alimentaria, el Nyéléni III, que organiza la Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) para 2022.  

Monsalve desmonta además las supuestas soluciones anunciadas por la Cumbre y asegura que  «no mitigarán el cambio climático, el hambre o los conflictos sociales y políticos; de hecho, aumentarán las desigualdades entre países, empujando a más personas a la pobreza» y «promoverán aún más la ‘agricultura sin agricultores’» . De cara a la COP26, denuncia la influencia que pueden tener las denominadas “soluciones basadas en la naturaleza”.   

—Durante el encuentro de contramarcha a la Cumbre fue tajante y sostuvo que «la Cumbre falló» por haberse construido a través del sistema de «múltiples partes interesadas» ¿Podría explicar qué significa este cambio significativo en el modo de gobernanza de la ONU?

—La gobernanza de «múltiples partes interesadas» es una forma de gobernanza que reúne a diversos actores que tienen un “interés” potencial en un asunto, con el fin de que lleguen a un acuerdo, pero ignora que las diferentes partes interesadas que se reúnen son diferentes en cuanto a su poder, intereses, derechos y obligaciones. La gobernanza de «múltiples partes interesadas» es contradictoria al multilateralismo y a los derechos humanos. En el multilateralismo los gobiernos (titulares de obligaciones) toman decisiones sobre cuestiones globales en nombre de sus ciudadanos (titulares de derechos) que se traducen en obligaciones y compromisos, que los Estados y las organizaciones internacionales deben cumplir. En el enfoque de derechos humanos los más afectados deben estar en el centro de la toma de decisiones y los gobiernos deben rendir cuentas a sus ciudadanos y hacer responsables a las empresas de sus violaciones de los derechos humanos.

—¿Cómo se modificó esta lógica con la decisión de aplicar el sistema de “múltiples partes interesadas” en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios? 

—Los funcionarios de los gobiernos y de la ONU han permitido que las empresas sean el centro de la Cumbre, basándose en la creencia de que las empresas transnacionales son esenciales para el suministro de alimentos, ya que tienen más capital, tecnologías e infraestructuras que la mayoría de las naciones y las Naciones Unidas, cuando en realidad son los pequeños productores los que alimentan la mayoría de la población mundial. Esta actitud legitima al sector empresarial como parte de la solución, cuando en realidad es el responsable de muchos problemas; a la vez que impide adoptar regulaciones vinculantes para las empresas transnacionales y aumenta la responsabilidad de los Estados poderosos. Resulta especialmente preocupante que las formas de gobernanza de múltiples partes interesadas estén marginando a los países menos desarrollados en la toma de decisiones internacionales.

—¿Qué debe esperarse a partir de la irrupción de este esquema de múltiples partes?

—Es un cambio significativo en la gobernanza de la ONU que les ofrece una entrada preferencial a las corporaciones en la toma de decisiones sobre políticas públicas y evadir la responsabilidad jurídico-material de sus operaciones. Representa una amenaza directa para la democracia participativa y la gobernanza justa basada en los derechos humanos. Estamos especialmente preocupados porque la Cumbre socava los mandatos y las funciones de la plataforma intergubernamental e internacional inclusiva más importante de la gobernanza alimentaria mundial, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU (CSA) y su Grupo de Expertos de Alto Nivel (Ganesan), la interfaz de política científica más innovadora en este ámbito.

—Guterres confirmó en su declaración que los objetivos de la Cumbre se seguirán a partir de un «centro de coordinación», pero que la base serán los «diálogos nacionales». Desde Agencia Tierra Viva pudimos confirmar que en la Argentina se dieron con una nula participación del campesinado, organizaciones sociales y pueblos indígenas. ¿Cuáles son las opciones para los pequeños productores y para la sociedad civil para reclamar políticas públicas sobre los sistemas alimentarios que estén destinadas a cubrir sus derechos?

—Para poder reclamar políticas públicas que estén destinadas a cubrir sus derechos es importante que los pequeños productores y la sociedad civil participen en espacios que permitan una participación real y significativa. Para ello es importante oponerse a la influencia indebida de las corporaciones en los espacios públicos, buscar la implementación de salvaguardias contra los conflictos de intereses, y proteger el derecho de la sociedad civil a la auto organización, todos aspectos que fueron ignorados en la organización de los diálogos nacionales en el marco de la Cumbre. Los pequeños productores y la sociedad civil pueden reclamar políticas públicas sobre los sistemas alimentarios a través de diferentes modalidades en diferentes escalas.

¿Cuáles considera las más relevantes? 

—En primer lugar es importante la unión de la sociedad civil y la participación en espacios públicos legítimos para poder incidir. Por ejemplo, a nivel local pueden organizarse en consejos alimentarios para influenciar en las políticas municipales. En el sistema de las Naciones Unidas encuentran apoyo jurídico en la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales (Undrop). A nivel global el mecanismo de participación directa en la elaboración de directrices y recomendaciones sobre seguridad alimentaria y nutrición es en el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

—Los Estados miembro fueron parte de este nuevo esquema de gobernanza y en sus discursos pusieron el eje en las soluciones que se ofrecen desde las corporaciones: nuevas tecnologías, biotecnología y una perspectiva basada en la «seguridad alimentaria», el comercio internacional y los commodities antes que la «soberanía alimentaria». ¿Por qué cree que no se habló de «soberanía alimentaria»? 

—El enfoque tomado en la Cumbre es para mantener el statu quo del modelo de producción y distribución de alimentos industrial, globalizado y controlado por las empresas y por eso ignora la “soberanía alimentaria” la cual es una visión totalmente opuesta que pone sobre la mesa cuestiones de poder y busca cambiar profundamente el sistema dominante. Es posible que los que no han seguido el debate no caigan en la cuenta de que las “soluciones” promovidas en la Cumbre no son soluciones reales. A largo plazo, estas «soluciones» empeorarán los problemas globales a los que nos enfrentamos porque están incrustadas en las ganancias corporativas. Estas soluciones no mitigarán el cambio climático, el hambre o los conflictos sociales y políticos; de hecho, aumentarán las desigualdades entre países, empujando a más personas a la pobreza.

—¿Cómo describiría estas falsas soluciones?

—Son intensivas en capital y están muy lejos de atender las necesidades y realidades de los países del Sur Global. Las soluciones impulsadas en la Cumbre exacerbarán la dependencia de las cadenas globales de valor y de las empresas transnacionales, y promoverán aún más la “agricultura sin agricultores”, que es lo contrario de lo que necesitan los países del Sur Global, que sería recuperar su autonomía sobre sus sistemas alimentarios y asegurar sistemas alimentarios locales funcionales y resilientes que puedan permanecer estables en tiempos de crisis.

—Desde la Respuesta Autónoma de los Pueblos se insiste en que el camino es la «agroecología», una palabra eliminada de los discursos oficiales de la Cumbre. ¿La negativa de la ONU y los Estados de optar por ese camino se debe a que no están preparados para desmontar el actual sistema económico?

—La Cumbre habla de agroecología, estuvo incluida en su pista de acción 3 e incluso se impulsó una coalición de acción sobre agroecología. Sin embargo, el enfoque tomado es muy contradictorio. La agroecología es mencionada como una opción entre muchas, como la agricultura de precisión, la intensificación sostenible y otras. Y la coalición de acción sobre agroecología es una coalición de múltiples partes interesadas, que cuenta con los mismos problemas de gobernanza que explicamos sobre la Cumbre en general. En el desarrollo de la coalición no hubo una participación real de productores de pequeña escala que son los que realmente practican la agroecología. Parece que la Cumbre quiere cooptar el concepto de agroecología para quitarle su potencial transformativo para no hacer cambios reales en los sistemas alimentarios, sobre todo respecto al tema de poder.

—Los objetivos de la Cumbre dicen estar sujetos a los Objetivos de Desarrollo y que el cuidado del ambiente debería ser central, al igual que las políticas que se coordinen en la próxima COP26. ¿Se puede tener alguna esperanza en la COP26 después de lo que se exhibió en esta Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios? 

—Aunque aún no lo sabemos con exactitud, lamentablemente parece que la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios va a tener un impacto en la COP26. Nos preocupa especialmente que el tema de las soluciones basadas en la naturaleza pueda jugar un rol importante. Es un nuevo nombre para referir a soluciones que enumeramos bajo la “economía verde” o el “capitalismo verde”, que no son claramente definidas y pueden fácilmente ser usadas para el maquillaje verde (greenwashing) de las empresas. También muchas veces son relacionadas con la financiarización de la naturaleza. En la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios se promueve por ejemplo un “Global Soil Hub”, el cual va claramente en la dirección de volver a los suelos en un objeto de inversión y por ende de especulación, en nombre de la captura de carbono y la conservación de los suelos.

* Este artículo forma parte de la serie «Recuperando la narrativa de los sistemas alimentarios», que cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/las-soluciones-impulsadas-en-la-cumbre-de-la-onu-promoveran-aun-mas-la-agricultura-sin-agricultores/

En consecuencia, por un lado, observamos que entre las organizaciones en lucha por otra sociedad-mundo posible y por la soberanía alimentaria predomina más confianza en el Estado nacional e instituciones mundiales del capitalismo que en construir la dinámica de permanente despliegue del entrelazamiento de relaciones sociales e internacionales de los pueblos planetarios para poner freno y luego erradicar la dictadura oligopólica.

Por otro lado, la pandemia o sindemia ha patentizado la gravedad de las consecuencias del modo capitalista de producción y de mercantilización de la naturaleza. Pero el sistema mundo capitalista y sus locales han continuado, e incluso acelerando, la intensificación de las causas fundamentales del Covid19 debidas ante todo al acaparamiento latifundista de continentes y de su alimentación. También las izquierdas partidarias e intelectuales más destacadas no han cuestionado sus dogmas y relaciones con quienes comparten país, sociedad, mundo. Se desentienden de la situación límite en que está la humanidad a consecuencia de un sistema mirando en exclusivo por el incesante crecimiento lucrativo del 1%.

 

Alternativas emancipatorias

Contribuyamos a suscitar el análisis de una creciente mayoría sobre las luchas e investigaciones contra los extractivismos. Pongamos en discusión cómo los extractivismos concentran y transnacionalizan tanto la economía como el territorio de Argentina. Han concretado la contrarreforma agraria integral que el gobierno FF optimiza adoptando los planes de acumulación gran capitalista sin importar el arrasamiento de la naturaleza: bosques nativos, humedales, ríos, cordillera, sistemas de periglaciar-glaciar, suelos, cultivos de semillas nativas y criollas, etc.

El sistema mundo capitalista y sus locales la sustituyen por ecosistemas artificiales y por gigantescas devastaciones. Pero están destruyendo las condiciones de vida (humana y no humana) tanto del presente como del futuro.

La propiedad privada esencial al capitalismo es la de la tierra que actualiza modernizando al régimen latifundista. En réplica a Espert que justificó la propiedad privada de la tierra, Rolando Astarita recuerda a Marx: “La propiedad de la tierra presupone el monopolio de ciertas personas sobre determinadas porciones del planeta, sobre las cuales pueden disponer como esferas exclusivas de su arbitrio privado, con exclusión de los demás” (El Capital, t. 3, p. 793). Esto es, en algún momento de la historia humana (variando según regiones o países) hubo personas que se apropiaron, bajo la forma de propiedad privada, de las tierras (o minas, cursos de aguas, etcétera), dejando a otros con poco o nada”. Leer

En Argentina (y en casi todo el Abya Yala) tanto el Estado en sus distintas jurisdicciones como las transnacionales en sociedad de negocios con capitales y terratenientes locales se creen con derechos de expandir los extractivismos o ecocidios con sus correspondientes genocidios silenciosos, silenciados e invisibilizados. Se basan en la legalidad del régimen latifundista que ya desde siglos condenó a los pueblos originarios y las poblaciones de las provincias extrapampeanas al malvivir de empleados públicos, de minifundistas, de peones rurales o de comunidades extorsionadas, discriminadas, reprimidas…

Así como es crucial solidarizarnos con todas las asambleas y otras autoorganizaciones populares que están defendiendo los territorios en contra del Capital Estado extractivista y de los incendios intencionales para expandirlos o construir la infraestructura procurando maximizar la eficiencia de exportación (IIRSA). Hoy es fundamental generalizar la toma de partido a favor de la recuperación de parte de sus territorios por comunidades Mapuche. Nos están alumbrando que nos afirmemos en nuestros territorios como el único camino de encauzar la creación por nuestros pueblos de sus «buenos vivires» a la vez hermanados, confederados democráticamente tanto en el país y el continente como en el mundo.

Arraigarnos no en la posesión de un lugar geográfico sino en nuevos vínculos de un  barrio, de una escuela, de una facultad, de una fábrica…Por eso comparto con la Coordinadora Arauco- Malleco que no se trata sólo de desalambrar sino de ir creando comunidades cada vez más entretejidas por sentidos colectivos de vida.

Héctor Llaitul, Werken de CAM, refiriéndose al Proceso Constituyente en Chile, manifiesta: «No podríamos participar en la institucionalidad opresora. Esa es nuestra posición desde la CAM y desde el movimiento autonomista. Los que han participado de las vías institucionales no han logrado prácticamente ningún derecho fundamental para nuestro pueblo; simplemente son políticas de integración, de subordinación. A nosotros no nos parece que a través de esa vía consigamos mucho. Estamos por la vía del control territorial y la autonomía de facto. De hecho, vamos recuperando metro a metro y desde ahí vamos transformando una realidad que nos golpea a diario a través del latifundio y de las forestales. Nosotros estamos desarrollando un proceso para sentar las bases para la liberación del pueblo-nación mapuche, y eso pasa por una estrategia de resistencia, por un lado, y de reconstrucción, por otro lado»
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 Compartamos las reflexiones esclarecedoras del lonko Mauro Millán

Nación Mapuche.
“El Pueblo Mapuche mantiene su vitalidad,
se organiza y es libre”

12 de octubre de 2021

 Por Mauro Millán / Resumen Latinoamericano

El lonko del Lof Pillan Mahuiza explica el proceso reorganizativo de las comunidades mapuches, el vínculo con el territorio y la espiritualidad. Los derechos que no se cumplen, el periodismo que miente y la lucha contra el extractivismo. Describe la lógica represiva de los gobiernos y remarca la necesidad de un diálogo político entre el Estado y los pueblos originarios.

El Pueblo Mapuche vive un proceso de recuperación de su cultura, su filosofía, su espiritualidad, su ideología y su política. Es un proceso que podemos situarlo con un inicio hace tres décadas atrás. En este proceso intervienen todas las expresiones y realidades del mundo mapuche, desde lo rural a lo urbano, desde las organizaciones con muchos años hasta otras más recientes.

Hay una ideología que empieza a circular, a recorrer los distintos lugares del Wallmapu, nuestro territorio, que hoy se dice Patagonia argentina, pero para nosotros es Puelmapu (Chile es Gulumapu). Aquí, en Wallmapu se da ese proceso de fortalecimiento y recuperación.

Y es un proceso colectivo de concientización. Porque la recuperación y vitalidad que reafirma todos los aspectos de la cultura mapuche siempre es de forma colectiva. A lo que se suma que en diversas comunidades también interviene un conocimiento muy particular, del lugar donde se vive, eso genera un principio filosófico ideológico sobre nuestra cultura, muy fortalecido. Y en ese principio es que recuperamos la idea de la alianza con el territorio en primer término. Es fundamental y se da a través del idioma y de la espiritualidad.

Esa alianza consolida nuestro trato con el territorio y con la entidad que tiene el territorio: la fuerza, del newen. No son dioses, son las fuerzas de la naturaleza, son entidad y tiene la capacidad de escucharnos, de relacionarnos. Esa definición uno la heredó de los antepasados, el decodificar esa señal de la naturaleza, lo hacemos a través de nuestro idioma y de todas nuestras ceremonias. Es muy difícil que nos entiendan; difícil pero no imposible. Y ahí establecemos esa alianza con el territorio.

Por supuesto que es una relación de custodia reciproca. Nosotros vamos a custodiar el territorio que habitamos. A su vez el territorio nos cuida también. Y nos provee. Ahí se da esa relación tan íntima entre territorios y el mapuche, que significa justamente «gente de la tierra».

Ese principio de alianza se fortalece con una alianza colectiva comunitaria interna del lof (comunidad). El núcleo fundador de un lof es la familia, la relación sanguínea. Y ese principio de alianza se transforma en normas-leyes del mundo mapuche. Por eso decimos que las leyes de mundo mapuche las dicta la naturaleza y no el ser humano.

***

Todo se vuelve más difícil cuando trasladamos este principio de vida al sistema que impera hace tantos siglos en el plantea, el sistema capitalista, donde lo que parece valer más que nada es la propiedad privada. Entonces se presenta el antagonismo, el conflicto. Y no es casual que en este proceso de lucha le cueste la vida al Pueblo Mapuche, con mucha gente asesinada, judicializada, violentada. ¿Por qué? Porque cientos de comunidades están en proceso de recuperación de territorio, desde hace más de 30 años. Y porque somos consecuentes con el principio fundamental del Pueblo Mapuche que es esa alianza con la naturaleza.

Por eso mismo, cuando vienen proyectos mineros, represas, políticas extractivistas, siempre vamos a tener una postura de defensa del territorio, y por ende también nos defendemos nosotros.

Ante esa situación, lo primero que hace el Estado argentino y chileno es judicializarnos. Nos aplica el Código Penal, queda a las claras que son Estados opresores. Jamás intentan una discusión política, jamás un entender qué significa una recuperación territorial para el mapuche.

No quieren entender que en nosotros hay un proceso ideológico histórico respecto al territorio, por algo no decimos «toma de tierras», decimos «recuperación», porque tenemos un sustento histórico en nuestra acción, hay ancestralidad. Y hay que recordar que no fuimos parte de la creación de este Estado, no solo porque no nos convocaron sino porque luchamos contra este Estado, que usurpó nuestros territorios a sangre y fuego.

Por otro lado, hay todo un proceso de recuperación territorial que está vinculado a todo un proyecto político, y ese proyecto político mapuche tiene que ver con lo económico, con la recuperación cultural, filosófica, ideológica del Pueblo Mapuche. No es solo un conflicto por miradas ideológicas. Y es de una complejidad que los Estados de Argentina y Chile debieran intentar resolver.

***

Estamos en un contexto muy difícil, de apogeo del capitalismo extractivista, y nosotros vamos remando contracorriente. Pero en ese transcurso vamos generando conciencia, no solo hacia el interior del Pueblo Mapuche sino también hacia el resto de la sociedad.

¿Qué pretendemos? El Estado solo piensa en términos de conflictividad. Nosotros aclaramos que tiene que darse un diálogo político, porque no se trata solo de un conflicto perimetral, tienen que entender que es mucho más que eso. Tiene que generar o aceptar algún tipo de espacio para discutir frente a la diferencia, buscar soluciones reales, pero jamás se logrará con represión, persecución, negación, encarcelamiento y muerte, como han actuado los gobiernos hasta este momento.

El Estado, si desea realmente encontrar soluciones, tiene que reconocernos como Pueblo.

Es claro que existe un andamiaje de leyes y derechos, pero muchas veces parecen solos declamativos. Están en la Constitución, en convenios internacionales de derechos humanos, pero esos derechos no se cumplen. Y si algún día reconocen la existencia un Estado plurinacional o pluriétnico, como lo quieran llamar, lo tienen que reconocer no solo declamativamente sino también en los actos. Sino simplemente todo será un juego, una parodia de democracia, una democracia cercada, infértil, que no prospera, que no tiene capacidad para ampliarse.

Nosotros planteamos la necesidad de un debate político serio, no solo para los gobiernos transitorios, sino también para con la sociedad argentina. Pero es claro que hay dificultad para que eso se realice. En buena medida porque hay un élite que es la que controla el poder, es racista, supremacista, y sabemos que millones son espectadores muy pasivos y muy permeables a los empresarios de la comunicación; medios mercenarios que corrompen la palabra y muestran al Pueblo Mapuche como algo que no es.

***

Como conclusión: no nos queda otra opción que avanzar en nuestra lucha, que implica también entender las diferentes expresiones del Pueblo Mapuche. Porque no somos una organización, no somos una clase social, somos un pueblo, con la complejidad que implica el ser un pueblo. Y en eso hay que entender que hay múltiples expresiones, y las más recientes -como las expresión del mapuche que lleva cuatro generaciones en la urbanidad- también hoy está tomando protagonismo, como siempre la tuvo el que vivió en el campo.

No hay que olvidar que se trata de un pueblo milenario que muchos creían casi desaparecidos, pueblo que sufrió la violencia estatal mucho antes que las dictaduras. Y, pese a todo, es un pueblo que mantiene su vitalidad, demanda derechos, proyecta su sociedad, se organiza y es libre.

Y sepan que es un pueblo que no claudicó ante los imperios que reinaban en esta parte del continente, tampoco claudicó ante los españoles y durante décadas luchó contra los Estados chilenos y argentino. Y acá seguimos estando, con esa idea histórica, de seguir existiendo, libre y con dignidad, en esta parte del mundo.

Tierra Viva

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/nacion-mapuche-el-pueblo-mapuche-mantiene-su-vitalidad-se-organiza-y-es-libre/

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