Sin extractivismos o acaparamientos oligopólicos de bienes comunes por unión de les diverses de abajo para que el Estado ejerza soberanía nacional.

“Por el decreto 949/20 que firmó Alberto Fernández se entrega la soberanía nacional al ordenar la reprivatización de los ríos Paraná y La Plata, despojando a los y las argentinos y argentinas de su derecho de autonomía sobre sus territorios, naturaleza y aguas. Por si fuera poco, este decreto que nos convierte en colonia de las multinacionales, es inconstitucional ya que se ampara en la Ley 17520 sancionada por el gobierno de facto de Onganía”.
Frente por la Soberanía Nacional

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Conciliación de clases/
Concentración y centralización capitalista/
Alternativas emancipatorias

Conciliación de clases

Observamos en el comunicado del Frente por la Soberanía Nacional 2et7 nSponsdcoeuhce rsemracrdyon  ·

que la restringe a erradicar la privatización de ríos fundamentales, pero no únicos del país y privilegia la autonomía (pero por ejercicio del Estado) de esos dos territorios fluviales por sobre los de todo el país que están (o están por ser) avasallados de modo totalitario por el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales. Sucede que en su primera declaración hace centro en que el Estado debe beneficiarse de las exportaciones para ser distributivo. No importa que las exportaciones sean bienes comunes convertidos en commodities y provenientes de toda la República Unida de la Soja como Syngenta designó a Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina.

En contraposición urge que les diverses de abajo y a la izquierda luchen por

expandir la deliberación sobre esa gran escala de la expropiación Capital-Estado que acarrea degradación casi irreversible de biomas o ecorregiones. Implican los acaparamientos de la Amazonía, la Cordillera. las cuencas hidrográficas, las selvas y bosques nativos, la Patagonia, los sistemas de humedales, la Pampa húmeda, etc.

Pero contra esta urgencia ante la crisis climática que es la expresión más contundente de la emergencia socioecológica, se yerguen los nacionalistas populares e izquierdistas afines. Consideremos cómo explican por qué y para qué se esfuerzan en concretar una especie de refundación del Partido Justicialista con reconocimiento al Rosismo que fue la oligarquía bonaerense por expropiación a les indígenas y en comunidad de negocios con Inglaterra.

 Frente por la Soberanía Nacional

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UNIR ORGANIZACIONES, IDEAS Y ACCIONES EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Ante el profundo y generalizado debate abierto en todo el país, surgido del compromiso de distintos sectores sociales, políticos, culturales, sindicales, de la pequeña y mediana empresa, de profesionales de distintas actividades, técnicos y trabajadores. Sectores agrupados en distintos Foros, Mesas, Movimientos, Frentes y cientos de organizaciones y ciudadanos, unidos todos en la defensa de la soberanía nacional y de sus recursos estratégicos. Afirmamos que:

TODO LO QUE DEBA SER DEL ESTADO, PERMANECERA EN MANOS DEL PUEBLO ARGENTINO.

Por esta razón hemos decidido Confluir en un espacio Abierto y Federal de articulación que, al tiempo que potencie y enriquezca las ideas, las propuestas, coordine las luchas, poniéndole voz y propuestas efectivas. Nos agrupamos bajo la denominación CONFLUENCIA, ABIERTA Y FEDERAL POR LA SOBERANIA NACIONAL.

Convocamos, a la unidad, con humildad, – firmes en la defensa de nuestra patria- a todos los sectores que vienen trabajando desde estos principios a participar de un ámbito de trabajo común sobre las coincidencias sin que ningún espacio abandone sus principios, objetivos ni deseos colectivos por el bien de la nación.

CONFLUENCIA ABIERTA Y FEDERAL se propone como una herramienta de articulación para potenciar el logro de las coincidencias y amplifique las ideas y acciones contra el neoliberalismo e intereses contra populares. SOBERANÍA ES VIDA DIGNA, TRABAJO Y SALUD.

1. Alentamos que en todas las fechas patrias, 20 de junio, 9 de Julio se realicen acciones tales como caravanas, festivales, banderazos, pintadas, hechos comunicacionales que sirvan como Alerta y Difusión de los principios que expresamos.

2. Todas las organizaciones integrantes de este espacio realizaremos la Jornada “La riqueza que se nos va es pobreza que nos queda” en la Vuelta de Obligado el día sábado 17 de julio por el Río Paraná y el canal Magdalena.

3. ESTAS SON NUESTRAS COINCIDENCIAS, LAS BASES DE DONDE PARTIMOS Y CONVOCAMOS A SUMARSE A CAFSN:

• El PARANÁ es nuestro, pero está en manos extranjeras y debe

recuperarse desde el Estado, para el pueblo ARGENTINO.

• El canal Magdalena debe ser íntegramente del Estado ARGENTINO.

• El mantenimiento de la navegabilidad, los Dragados, la administracion y los controles sean por manos del Estado ARGENTINO.

• Los puertos vuelvan al Estado ARGENTINO.

• El Decreto 949/20 debe ser derogado.

• Luego de realizados serios estudios ambientales las políticas de dragado, balizado y mantenimiento de las vías navegables de todos los espejos de agua sean respetuosos del medio ambiente y definidas por el pueblo y el Estado ARGENTINO.

• Recuperar la Industria Naval Estatal, sus Flotas fluviales y marítimas que fueron orgullo nacional.

• Se pesen y controlen todas las cargas importables/exportables en todo

su recorrido.

• Todo el sistema de transporte sean rigurosamente fiscalizado y paguen los impuestos correspondientes.

• Reafirmamos que contamos con la capacidad tecnológica y humana para lograrlo.

Podes sumarte y adherir a este documento (SOLO ORGANIZACIONES)

ORGANIZACIONES FIRMANTES:(…)

Comparemos a la Confluencia Abierta y Federal que mira por apropiarse del Paraná para usarlo como canal de comercio exterior e ir destruyéndolo por constante dragado; desprecia que el país está compuesto de personas, familias, comunidades, colectividades y naciones que no se identifican argentinas/os. Tampoco repara que el Paraná es sujeto de derechos, fluye por otros países y sobre todo forma parte de la Cuenca del Plata y de la IIRSA (ALCA efectivo y regido según OMC). Comparemos la Confluencia con:

Asamblea Paravachasca

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Fuego con aroma a autovías y desarrollo inmobiliario

A sólo días de finalizada la Audiencia pública virtual de Ruta alternativa 5 tramo Alta Gracia- Villa ciudad de América, en la cual un alto porcentaje de quienes intervinieron expresaron las razones legales, técnicas y políticas de porque esta obra no es una prioridad, en el día de la fecha, nuevamente áreas de alto y mediano valor de conservación pertenecientes a Paravachasca y Calamuchita son focos de incendio que pareciera reafirmar la intención de continuar vulnerando áreas naturales con el claro objetivo de avanzar con el saqueo y la explotación de la, cada vez menor, cobertura vegetal de nuestro territorio.

Frente a esto, es oportuno recordar que en el Valle de Paravachasca, durante el año 2020, se han quemado más del 50% de las áreas bajo las Categorías de Conservación I y II (zona roja y zona amarilla) según la Ley Provincial 9814 de OTBN (de un total de 21.169 hectáreas bajo conservación en el Valle, se quemaron 12.160 hectáreas de bosque nativo). Además, cuando se visualiza la frecuencia de incendios forestales en los últimos 20 años en el Valle, se infiere que son siempre las mismas zonas las que se queman sistemáticamente. Como consecuencia previsible, el avance de las áreas urbanas (superficies construidas) se ve acelerado/incentivado por la degradación del territorio (incendios forestales), el desarrollo de la infraestructura vial y la liberación de las zonas correspondiente a la interfaz urbano-rural.

La nueva traza propuesta avanzaría sobre bosque nativo de alto valor de conservación y atravesaría la cicatriz de los incendios del año pasado y la principal fuente de agua del Valle de Paravachasca. Además, de acuerdo a lo observado, coincide con las áreas frecuentemente quemadas durante los últimos 20 años en el Valle (en base a la información generada por investigadores del Instituto Gulich, Universidad de Córdoba y CONAE).

Cabe recordar que desde las instituciones del estado las áreas afectadas por el fuego nunca fueron restauradas y que, por el contrario, todo indica que las verdaderas intenciones se relacionan con promover el cambio fácil de uso de suelo, violando toda normativa legal vigente. Casualmente, las zonas incendiadas en el día de hoy corresponden además a los sectores dónde el desarrollo inmobiliario, sin ningún tipo de ordenamiento territorial y con el consentimiento de los gobiernos locales, viene avanzando.

Es necesario resaltar una vez más que ante situaciones que se repiten una y otra vez son las instituciones del estado quienes deben hacer cumplir lo que claramente expresa el marco legal. La Ley provincial de manejo de fuego 8751, establece las acciones, normas y procedimientos para el Manejo del Fuego (prevención y lucha contra incendios) en áreas rurales y forestales en el ámbito del territorio de la Provincia de Córdoba. Dicha ley contempla en sus art.7, 8 y 9 la creación del Plan Anual de Prevención y Lucha contra el fuego. Que asimismo en sus art. 17 y 18 establece la creación del Fondo de Prevención y Lucha Contra Incendios en Áreas Rurales y/o Forestales que deberá ser utilizada a los fines de solventar los programas y acciones tendientes a cumplir los objetivos prescriptos por la presente Ley y a apoyar a la Dirección de Defensa Civil cuando se declaren incendios rurales o forestales.

Ante la gravedad de la situación, los y las ciudadanas del Valle de Paravachasca hacemos responsables al gobierno de la provincia de Córdoba -con la obsecuencia pasiva de los municipios y comunas-, sobre el estado de situación actual en el que se encuentra el territorio, devastado por falta de políticas públicas claras, la expoliación y la connivencia con los sectores económicos de poder (agronegocio, minería y el desarrollismo inmobiliario) que buscan avanzar descaradamente sobre los territorios y las comunidades que lo habitan.

¡Hoy es el momento de decir basta al saqueo de la vida misma a través de la violencia ejercida por un Estado y legitimada por la complicidad silenciosa de todo un sistema social!

El estado es responsable

Todo incendio es político

¡La tierra no se toca!

¡Basta de desmontar con incendios!

¡Sistemas de alerta y prevención de incendios!

¡El agua, la tierra y los ríos no son mercancías, son bienes comunes para los pueblos!

¡Sí al BUEN VIVIR y Sí a la relación armónica y amorosa con los BIENES COMUNES!

ASAMBLEA PARAVACHASCA

Consideremos que el Frente por la Soberanía Nacional ahora participando dentro de Confluencia Abierta y Federal por la Soberanía Nacional no planifica apoyar las luchas socioterritoriales sino celebrar fechas patrias cuando el sistema mundo capitalista y sus locales nes han sumido en emergencias socioeconómica, sanitaria y socioecológica cuya expresión más contundente es la climática.

Atendames a Ramón Gómez Mederos que advierte: Está claro que la llamada crisis climática es una de las expresiones extremas de la debacle capitalista como sistema de organización de la sociedad, y de cómo esta forma ha impactado en la naturaleza y en las relaciones de la civilización humana con ésta.

⁠ La bajante del Paraná en un contexto de
crisis climática y extractivismo ecocida

19 de agosto de 2021

Por Ramón Gómez Mederos ( Rebelión)

Está claro que la llamada crisis climática es una de las expresiones extremas de la debacle capitalista como sistema de organización de la sociedad, y de cómo esta forma ha impactado en la naturaleza y en las relaciones de la civilización humana con esta.

El cambio climático no es un evento abrupto que nace de la nada, es un proceso de degradación y corrosión de las estructuras mismas de los ecosistemas todos de las tierra toda, producto de la incidencia de un sistema político, económico y cultural como el capitalismo, el cual es totalmente incompatible y desgajado de la naturaleza como sistema de relaciones de vida.

Los países dependientes y periféricos de las naciones centrales, donde el capitalismo ha alcanzado niveles de desarrollo importante, están sumidos cada vez más en una lógica de intensificación de la extracción de materias primas que tienen como destino final esas naciones centrales, mega consumidoras suntuarias consonantes con un capitalismo voraz y ecocida.

Para este, la naturaleza toda es un gran commodities y un recurso financierizado y privatizado a gusto y piacere de sus gigantes corporaciones.

El Occidente ha tomado como valor un modelo de pensamiento que ha puesto estos principios como centrales en contradicción con las bases materiales que sostienen la vida en el planeta, la humana y la no humana. Tiene un pensamiento relacionado a una inexistente autonomía que lo ha “separado” de su contexto material, la naturaleza, de la cual es dependiente totalmente, lo cual lo hace además completamente vulnerable; no solo porque no puede sobrevivir solo, independiente de la naturaleza y de otros seres vivos; pero como si esto fuera poco, concibe los bienes que esta le puede proveer para la reproducción de la vida misma como infinitos y se desentiende de sus límites y los equilibrios ecológicos que consienten la vida humana y no humana.

La imagen de los pescadores artesanales a las orillas del Paraná y la posibilidad de caminar por el lecho del rio, sin poder pescar ni tomar agua de él, nos muestra esa dependencia que mencionaba arriba.

Claro que la brutal bajante del Paraná no es producto de la nada, y tiene razones concretas y tangibles, y esas razones están a la vista de todos.

Normalmente, el Paraná, nacido en Brasil y aumentado en territorio paraguayo y argentino, transita su enorme caudal 4880 kilómetros hasta diluirse mansamente en el Río de la Plata. Su caudal promedio histórico es de unos 16.000 metros cúbicos por segundo; en mayo pasado, solo transportaba 7000 metros cúbicos por segundo; bajante que viene intensificándose desde hace dos años, es decir que está marcando un ciclo de bajante que tiene una constancia de baja irrecuperable.

Como menciona el sitio periodistasporelplaneta.com “El caudal medio mensual de menor afluencia de los últimos 50 años y apenas el 51% de su promedio histórico para ese mes. Según el reporte hidrológico de junio de la represa Yacyretá, resultó ser el segundo valor de caudal medio mensual más bajo de los últimos 120 años, luego del registrado en mayo de 1914”, el mismo artículo menciona un informe de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) donde menciona que “el Delta medio del río tenía a mediados de 2021 una cobertura de agua de apenas 6%, contra un 40% en tiempos “normales”.

Entonces, la bajante constante del Paraná tiene un motivo concreto relacionado a lo que al principio mencionaba, el modelo productivo y de desarrollo actual para los países periféricos; que es, destinar a estos como proveedores de materia prima y commodities baratos, en un esquema que se completa con la pauperización del empleo, ajuste de los costos operativos de las empresas sobre la espalda de los trabajadores, forzados a mayor productividad en condiciones ambientales adversas.

Este, un modelo productivo aplicado a territorios zonificados para la agroindustria y su consiguiente intensificación del uso del suelo, principalmente para la siembra de soja transgénica, requiere para las corporaciones agroindustriales ganar territorios a la selva, al monte; es decir un cambio cualitativo del uso del suelo con la consiguiente y traumática desforestación y la incidencia del cambio climático en la región. Brasil sufre la sequia más grande de su historia, producto principalmente de la desforestación agroindustrial que ha dañado toda la cadena trófica, la biosfera y todo el sistema ecológico de manera irreversible. El tiempo de regeneración del bosque lluvioso tropical necesita al menos 500 años para ser revertido. “El Pantanal brasileño con una sequía más severa que el nordeste de ese país, donde la falta de agua es la norma. En mayo pasado, el Servicio Meteorológico brasileño emitió una alerta por la peor racha de lluvias en 91 años para los estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo y Paraná”

“Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil ha perdido hasta el 8% (30 millones de hectáreas) de sus bosques y selvas de la Amazonía y el Pantanal en el primer tramo del siglo XXI. Paraguay muestra cifras drásticas: según el Global Forest Watch (GFW), perdió 6 millones de hectáreas en los últimos 20 años. En un lapso similar, la Argentina perdió el doble: unas 14 millones de hectáreas con epicentro en cuatro provincias (Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco)”.

La realidad de la región es producto de un modelo de producción capitalista re primarizante, acotado a las clases dominantes globales y sus subsidiarias locales.

El oligopolio colusorio financierizado en todos los rubros, expresión de una reconstitución y reordenamiento del capitalismo global es parte de este modelo llamado productivo cuando es extractivismo puro.

Es necesario avanzar hacia un debate y una organización dinámica en torno de la resistencia y la soberanía de los pueblos sobre los bienes comunes que pueda hacer frente a los desafíos que nos aquejan por este modelo de desarrollo basado en el consumo inaudito de los bienes de la naturaleza, que más está decir, está mostrando sus límites críticos.   

Fuente: https://rebelion.org/la-bajante-del-parana-en-un-contexto-de-crisis-climatica-y-extractivismo-ecocida/

Concentración y centralización capitalista

Ubiquémonos en la percepción mayoritaria sobre ecorregiones que hace viables a los extractivismos y por tanto a la creciente concentración-centralización capitalista. Hagámoslo mediante el artículo Monocultivos en la Amazonía: la distopía de la sustentabilidad y de la riqueza de Verena Glass quien nes explica que (…) Estigmatizar como “subdesarrollado” el más grande bioma brasileño y considerar la Amazonía un “vacío poblacional” se ha configurado en presupuesto básico para una serie de políticas e intervenciones del Estado y del capital en ese territorio. Del proyecto colonizador del gobierno militar en la década de 1970, bajo el lema “tierra sin hombres para hombres sin tierra”, conductor de brutales conflictos agrarios que persisten hasta los días actuales, al “furor infraestructural” en la región – construcción de carreteras, líneas de ferrocarriles, hidroeléctricas etc. -, la explotación predatoria por y para beneficiarios externos a ella, además del desprecio casi absoluto por el universo de los pueblos tradicionales, ha marcado la Amazonia desde que han llegado los europeos a América.

Para comprender mejor uno de los territorios más ricos y, a la vez, más frágiles y complejos de nuestro continente – desde el punto de vista social y de su biodiversidad -, se necesita tener en cuenta que la Amazonia nunca ha sido despoblada. Los estudios antropológicos, arqueológicos y biológicos de la región en los últimos 50 años han mostrado que, en especial en la era precolombina, el bioma sufrió fuerte antropización y puede haber tenido una población de hasta 30 millones de personas en ese periodo. Además de los centros de vestígios que comprprueban la existencia de una multiplicitud de culturas antiguas, se estima que más del 11% de las forestas en la Amazonia brasileña serían antropogénicas (de origen cultural),[2] a partir de las configuraciones ampliamente reincidentes en donde se encuentra una gran heterogeneidad de plantas útiles asociadas (comestibles, medicinales, rituales y para manufacturación) en las cercanías de sitios arqueológicos.(…)

Fuente:https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Monocultivos_en_la_Amazonia_la_distopia_de_la_sustentabilidad_y_de_la_riqueza 

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Tengamos en cuenta significados e implicancias de la actual aceleración e intensificación en la concentración-centralización del capitalismo en Argentina bajo gestión de les Fernández.

 Alianza transgénica: el plan 2030 que une al gobierno y la oposición e intensifica el modelo extractivo y contaminante

11 de agosto de 2020

Por Darío Aranda

El gobierno y la oposición dieron luz verde a un plan de las corporaciones empresarias para profundizar el modelo de agronegocio en Argentina. Bajo el pretexto de la búsqueda de dólares, no se miden las consecuencias ambientales ni el impacto social. La génesis de nuevas pandemias, y el adiós a la soberanía alimentaria. Qué dice el proyecto y cómo lo analizan productores campesinos, investigadores y vecinos de asambleas. Las falsas promesas bajo palabras amables, y por qué lo que está en juego no es solo un modelo de país sino de vida y futuro: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué.

No hay grieta en Argentina. Oficialismo y oposición están de acuerdo y se aferran al modelo de agronegocio, de producción de commodities para exportación. Así queda en claro, una vez más, con el plan de diez años impulsado por un amplío sector empresario y que ya tuvo el visto bueno del Presidente, la Vicepresidenta, de gobernadores y de Juntos por el Cambio (Pro-UCR).

Mientras parte de la discusión pública se centró en la (frustrada) expropiación de Vicentín, los chanchos para China y la quema de humedales, el sector empresario y el gobierno nacional cerraron filas en un plan que propone profundizar el agronegocio transgénico, con nuevas promesas de “empleos”, divisas, “desarrollo” y, una vez más, dejando de lado las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del modelo que lleva tres décadas en el país.

“Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)” es el nombre del nuevo espacio que reúne al sector empresario del agronegocio. Su plan para la próxima década ya tiene nombre: “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”.

El plan 2020-2030

El sector empresario busca imponer la profundización del modelo de agronegocio durante diez años, hasta 2030, donde prometen aumento de exportaciones (dólares que el Gobierno prioriza), con leyes a medida de las empresas, más hectáreas sembradas, más transgénicos y agrotóxicos.

En el documento de presentación, de 19 carillas, explicitan qué buscan: “Definir una política activa de corto plazo con herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas”. La promesa, que tanto sedujo al Gobierno, es aumentar en 35.000 millones de dólares las exportaciones (pasar de los 65.000 actuales a 100.000 millones) y “generar 700.000 empleos”. No precisa cómo llegarán a esas cifras, pero igual lograron que muchos artículos periodísticos lo dieran por cierto y difundieran como la salvación pospandemia.

Más exportaciones del agro implica el avance sobre nuevas áreas. La experiencia de las últimas décadas confirma que el modelo del agronegocio implicó el avance sobre campesinos, indígenas, montes nativos y humedales. El plan del agronegocio no menciona nada de esto, pero sí promete que su acción será “sin descuidar el entorno ambiental”.

El documento de presentación señala que el Consejo “representa” a economías agroindustriales de todo el país. Entre los integrantes figuran todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja).También están presentes tres de las cuatro patas de la Mesa de Enlace (Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentina -CRA-). Están las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de Puertos Privados, entre otros.

El listado de integrantes dejar ver a los principales actores del agronegocio local y, también, jugadores del tablero internacional.

Y ellos planean marcar políticas de Estado. Incluso fijan tiempos: “Las propuestas deberán estar listas en 60 días”. E insta a desarrollar una ley “de desarrollo agroindustrial exportador, con estabilidad fiscal y financiera de diez años”.

El documento de las empresas fija tiempos al Poder Legislativo: “El proyecto de ley debería ser tratado por el Congreso de la Nación en 2020”.

También está presente el impulso al “sector forestal”, que en muchos territorios es sinónimo de monocultivos de pino y eucaliptus, con similares consecuencias a la soja: desalojos de campesinos e indígenas, violación de derechos, desmontes, agrotóxicos, concentración de tierras de pocas manos. Misiones, con la multinacional Alto Paraná, es un emblema de esa actividad.

El Consejo Agroindustrial señala que la ley debe incluir “un plan nacional de fomento a la agrotecnología” para el agro y las forestales.

Prometen un impacto anual de 16.000 millones de dólares de aumento de exportaciones y 210.000 empleos (directos e indirectos). Pero no dejan de destacar su objetivo central: “Consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio”. Destacan el uso de “biotecnologías y edición génica” (nueva y cuestionada técnica de transgénicos).

Alineamientos políticos

Lo que a una organización social le puede llevar meses, años o quizá nunca logre, las empresas  del Consejo Agroindustrial en solo un mes sentaron a la mesa al presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa), al canciller Felipe Solá; a los ministros de Agricultura y Producción (Luis Basterra y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas). Lograron el apoyo de los gobernadores de Córdoba (Juan Schiaretti), Entre Ríos (Gustavo Bordet), Santa Fe (Omar Perotti) y Chaco (Jorge Capitanich).

 El jueves 30 de julio tuvieron un encuentro con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La visitaron en el Senado José Carlos Martins (presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino), Roberto Domenech (presidente de la Cámara de Empresas Avícolas) y Gustavo Idigoras (presidente de la Cámara de la Industria Aceitera). «Nos dio un respaldo al proyecto, se puso a disposición y nos alentó a seguir trabajando. Fue una reunión muy cordial. Nos atendió de primera, muy amable», señaló Martins en diálogo con el diario La Nación. El empresario relató que cuando llegaron al encuentro se sorprendieron porque la Vicepresidenta ya tenía leído el trabajo de la agroindustria y la charla se focalizó en aspectos que más finos del plan exportador.

El 4 de agosto llegaron hasta la Quinta de Olivos, donde presentaron su plan al presidente Alberto Fernández. La agencia oficial Télam dio cuenta de la reunión y tituló que el Presidente afirmó que “en toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”.

Presidencia emitió un comunicado: «Se evaluó el camino a seguir para aprovechar el potencial del sector agroindustrial para exportar y generar empleo teniendo a la Cancillería como una institución fundamental para que los productos argentinos lleguen a los mercados del mundo».

El canciller Felipe Solá es un actor clave, tanto como fue en 1996, como secretario de Agricultura de Carlos Menem, cuando aprobó la primera soja transgénica de Monsanto.

El Consejo Agroindustrial (CAA) también difundió un comunicado: “El Presidente valoró y felicitó a la agrupación por la iniciativa, destacando la unión y representatividad federal de las entidades que lo componen».

Alberto Fernández estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

Por el sector empresario participaron José Martins, Gustavo Idígoras, Roberto Domenech, Patricia Calderón (Federación Olivícola Argentina) y Dardo Chesa (Mesa de las Carnes).

El Consejo Agroindustrial no deja cabos sueltos. Dos días después de reunirse con el Presidente tuvieron un encuentro con la oposición de Juntos por el Cambio (Pro-UCR), espacio político que celebró el plan agropecuario a diez años y comprometió su apoyo en el Congreso Nacional. Participaron el presidente del interbloque, Mario Negri, los diputados Cristian Ritondo (presidente del bloque del PRO), Maximiliano Ferraro (presidente del bloque de la Coalición Cívica), Ricardo Buryaille, Atilio Benedetti, Alfredo Cornejo, Lucila Lehmann, Fabio Quetlas, Pablo Torello y Alfredo Sciavone, entre otros. Mario Negri no dudó: “Al campo hay que ayudarlo con medidas que le permitan seguir desarrollándose. Apoyaremos la propuesta del Consejo Agroindustrial en el Congreso Nacional. El desarrollo del campo es vital para un país que necesita exportar más”.

Doble discurso

El presidente Alberto Fernández tuvo una charla en vivo con jóvenes de diferentes provincias, transmitida por TV Pública el 21 de julio. Ante la pregunta respecto al ambiente, el Presidente no dudó: “La Argentina que tenemos que construir es una Argentina medioambientalmente sustentable, dejar de producir contaminando. Dejar de infectar el aire que respiramos, dejar de ensuciar el agua que tomamos. Esa es una oportunidad que tenemos. Eso (el ambiente), que tanto le preocupa a los jóvenes, hay que cuidarlo mucho. Esta es nuestra casa, la Argentina es nuestra casa, el mundo es nuestra casa. Y no tenemos derechos a seguir destruyendo y maltratándola como hasta ahora. Y que no me vengan con los argumentos económicos para tratar de sostener que sigamos contaminando al mundo”.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, twiteó ese extracto del discurso presidencial.

El mismo día, seis horas después, Alberto Fernández tuvo una reunión online ante el Consejo de las Américas, de lo más rancio de las corporaciones estadounidenses. Y les hizo una extensa invitación a explotar los recursos naturales de Argentina: “Tenemos para adelante muchas oportunidades para invertir en el país. Este es un país que tiene muchas riquezas, tiene riquezas en hidrocarburos, Vaca Muerta (…) La minería tiene un enorme potencial. Un mundo que luego de la pandemia seguramente reclamará alimentos tiene una enorme oportunidad en Argentina, porque Argentina es un enorme productor de alimentos y como país tenemos que comenzar a pensar cómo desarrollamos la agroindustria y como el Estado ayuda a ese desarrollo. Lo ideal sería dejar de vender alimentos para los animales que otros tienen y comenzar a alimentar a nuestros propios animales y vender nuestra carne faenada. Siento que además tenemos una enorme actividad pesquera que está absolutamente poco desarrollada y que podría ser una gran oportunidad para Argentina».

“Lo que pasa en Chaco es trágico”

Jorge Milton Capitanich era jefe de Gabinete de Cristina Fernández en febrero de 2015, cuando en conferencia de prensa rompió en vivo y directo un diario Clarín. Lo llamó “periodismo basura”, “mentira sistemática”, “(Clarín) todo el tiempo es mentira”.

Cinco años después, una eternidad para el pragmatismo político, Capitanich escribió un extenso artículo de opinión en Clarín. Las diferencias políticas y disputas de antaño quedaron de lado, ahora los une el agronegocio: “Chaco. Oportunidades de la agroindustria en la pospandemia”, es el título del 2 de agosto donde promociona a la provincia para el avance del modelo transgénico.

El gobernador celebra que entre la década de 1980 y la actualidad se pasó de 800 mil hectáreas a 1,8 millones de hectáreas cultivadas, con un fuerte incidencia de soja transgénica. “Chaco tiene potencial para llegar a las tres millones de hectáreas sembradas para el año 2030”, afirma el Gobernador.

El artículo promociona todas las “ventajas” que tendría la provincia para recibir inversiones del agronegocio. Propone el avance de la frontera agropecuaria, fábricas de agrocombustibles, recuerda que están abiertos “al mercado de capitales”, señala nuevas rutas, “tarifas energéticas diferenciales” para empresas, subsidio a las contribuciones patronales, exención del impuesto a los ingresos brutos y de sellos por diez años. “Chaco puede aportar mucho para la recuperación económica del país”, finaliza el artículo en Clarín.

El gobernador Capitanich no hizo ninguna mención al impacto social, ambiental y sanitario que tuvo (y tiene) el modelo agropecuario en Chaco. El más notorio, no el único, el desmonte masivo del El Impenetrable.

Somos Monte es un espacio multisectorial de Chaco, que reúne a organizaciones, activistas y académicos que desde hace décadas denuncian las consecuencias del extractivismo en la región. Micaela Camino, integrante de Somos Monte, cuestionó con dureza el escrito de Capitanich. Recordó que la provincia sufre una crisis ambiental, social y sanitaria, donde el modelo que propone el Gobernador solo agravará los problemas.

“Lo que está pasando en Chaco con el agro y los desmonte ya es trágico. Pero si encima se realiza lo que propone Capitanich… sería como un suicidio”, afirmó Camino y remarcó que el plan agropecuario que se aplica en la provincia solo acentuó la desigualdad, la injusticia, la pobreza “y todo fue para llenar los bolsillos de unos pocos”.

La integrante de Somos Monte hizo una repaso de todas las consecuencias ambientales que padece Chaco (sequías, aumento de salinidad de aguas y suelo, erosión, desertificación, impacto en la crisis climática), pero también se refirió a lo sanitario: “El impacto de los venenos (agroquímicos) es terrible en algunas localidades, repleto de casos de cáncer y malformaciones, parece Chernobyil”.

Micaela Camino acaba de releer la nota del Gobernador en Clarín y durante unos minutos explica con paciencia el estado de situación de la provincia, sin agua, con “epidemia de chagas”, con madres que no tienen donde parir, con casos de desnutrición que no salen en las noticias y con las empresas madereras que no pararon ni un día durante la pandemia. Recuerda que los pueblos indígenas tienen numerosas leyes y convenios internacionales que los protegen, pero que ni el Poder Judicial ni el poder político las cumplen. No para de enumerar, hasta que se enoja: “Es toda una gran mentira lo que dice Capitanich. Y avanzar con más agronegocio será una tragedia”.

“El viejo discurso de más de ese agro para alimentar al mundo ya no lo cree nadie. Hablan de alimentos y acá crece el hambre. Y la otra falacia es cuando menciona a los biocombustibles como energía verde, cuando en realidad es nocivo para el ambiente. Da vergüenza, no debiera ni decirlo”, lamentó.

Qué modelo

En una rápida consulta a actores en lucha de diversos territorios del país surge una coincidencia total: el plan de las empresas y el Gobierno implicará más avanzada territorial, más desmontes, más agrotóxicos, más efectos en la salud, más concentración de tierras en pocas manos, más problemas para los sectores populares del campo.

Gabriel Arisnabarreta es productor agroecológico, integrante de la organización Ecos de Saladillo  y del colectivo de Pueblos Fumigados de Buenos Aires. “Vemos con mucha preocupación y nos oponemos al plan del Consejo Agroindustrial y que aparentemente fue recibido con beneplácito por el gobierno nacional”, es lo primero que menciona en la entrevista.

Remarca que es más de lo mismo, con el discurso de transformar al país en líder del comercio de alimentos cuando en realidad se trata de commodities con más y nuevos agrotóxicos, fertilizantes artificiales y transgénicos. Afirma que implicará más deforestación, más contaminación y más “territorios de sacrificio”. Vincula este plan  al impulsado por el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), llamado AgTech, que ya contó con la adhesión del Ministerio de Ciencia y de Agricultura. También vinculó estas iniciativas al acuerdo con China por la cría industrial de porcinos y el aumento del corte de mezcla del gasoil (con agrocombustibles).

“Lo que está en juego es el modelo de país”, resume. Y puntualiza: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué. Afirma que el plan del Consejo Agroindustrial es una profundización del modelo, con más concentración de las tierras y de la producción.

Recuerda que el Foro Agrario (histórico encuentro campesino de mayo de 2019) redactó 21 puntos del plan agrario popular. Y señala que el gobierno no solo no tomó esas iniciativas, sino que abraza un plan que está en las antípodas. “Es terrible que en medio de una pandemia, que mucho tiene que ver con la destrucción del ambiente y la ganadería y agricultura intensiva, se reciba con beneplácito una propuesta para profundizar aun más ese mismo modelo. Esto no tiene nada que ver con los 21 puntos del Foro Agrario y mucho menos con la soberanía alimentara”, denunció.

Profundizar la desigualdad  

Fernando Albrecht es miembro de los Vecinxos Autoconvocados por la Salud y el Ambiente de Hersilia (Santa Fe). Analizó el discurso con el que se publicita el plan agroindustrial: “Usa algunos nombres que quedan bien, como ‘federal’, ‘sustentable’; es como estuvieran en el lugar de los que van a traer el bien, el desarrollo de un país. Pero son los mismos actores que aplican este modelo del que ya conocemos las consecuencias”, advierte.

Recuerda que muchas de esas entidades son las responsables de la “expansión sojera”, de la ganadería industrial, de fumigaciones y de un modelo que provocó un desastre ambiental. “Este tipo de planes tiene relación con lo que impulsan corporaciones financieras y grupos concentrados del agro mundial. Un modelo que se aplica acá desde mediados de los 90. Que no solo no ha resuelto la pobreza, sino que ha profundizado la desigualdad”, afirma Albrecht. Y recuerda que el agronegocio destruyó las economías regionales, que en esa región de Santa Fe tenía forma de pequeños tambos y agricultores familiares.

Llama la atención sobre la insistencia, en el discurso empresario, de las palabras “estabilidad fiscal”. Albrecht, que también es parte del Equipo para la Promoción de la Agroecología de Hersilia, advierte que eso implicará menos impuestos para el agronegocio o, parecido, que el resto de la población se haga cargo de financiarles las obras de infraestructura que requiere la agricultura industrial. Por otro parte, remarca cómo la casta política actúa según el sector al que se parece: “Qué facilidad tienen los gobiernos para abrir la puerta a los empresarios y patronales, enseguida llegan a acuerdos y se dan la mano; mientras que no escucha a las organizaciones que elaboramos propuestas agroecológicas, comunidad campesinas, agricultores familiares, indígenas, a los pueblos que elaboramos propuestas desde abajo”. (…)

La Vaca.org

Fuente:https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Alianza-transgenica-el-plan-2030-que-une-al-gobierno-y-la-oposicion-e-intensifica-el-modelo-extractivo-y-contaminante

En consecuencia, preguntémonos si podemos seguir delegando nuestra capacidad de deliberar y decidir sobre el destino común en el gobierno-Estado con todas sus jurisdicciones que se asume dueñe de nuestras vidas y bienes comunes.

Al igual que todes les presidentes de turno, Alberto Fernández en el Consejo de las Américas -de lo más rancio de las corporaciones estadounidenses- les hizo una extensa invitación a explotar los recursos naturales de Argentina: “Tenemos para adelante muchas oportunidades para invertir en el país. Este es un país que tiene muchas riquezas, tiene riquezas en hidrocarburos, Vaca Muerta (…) La minería tiene un enorme potencial. Un mundo que luego de la pandemia seguramente reclamará alimentos tiene una enorme oportunidad en Argentina, porque Argentina es un enorme productor de alimentos y como país tenemos que comenzar a pensar cómo desarrollamos la agroindustria y como el Estado ayuda a ese desarrollo. Lo ideal sería dejar de vender alimentos para los animales que otros tienen y comenzar a alimentar a nuestros propios animales y vender nuestra carne faenada. Siento que además tenemos una enorme actividad pesquera que está absolutamente poco desarrollada y que podría ser una gran oportunidad para Argentina».

Alternativas emancipatorias

Recordemos la falsa polarización que instaló el Kirchnerismo entre su gobierno y la Mesa de Enlace a partir de 2008. Tramposa grieta porque ambos coincidían y coinciden en lo esencial: maximizar la expansión del sistema transnacionalizador del binomio indisoluble soja transgénica-agrotóxicos.

El Nunca Más a esta vasta desterritorialización y reterritorialización desertificante nes exige, abajo y a la izquierda, superar la simplificación caricaturesca del enemigo restringido a la Mesa de Enlace, un partícipe secundario aunque imprescindible de ese avasallamiento de derechos tanto de los pueblos e individuos como de la naturaleza. Analicemos porqué:

Territorialización y desterritorialización del modelo de agronegocios en América del Sur. Aproximación al caso de la provincia Córdoba, Argentina

Octubre de 2019

Joaquín Ulises Deon

Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, CONICET-Universidad

Nacional de Córdoba, Argentina

[email protected]

Introducción

El modelo agrícola posee en sus bases de gestación social a la tierra (y con ella al agua), el trabajo, el transporte, la energía, el desarrollo y uso de tecnologías de implementación agrícola, la comunicación y la articulación entre productores, distribuidores, comercializadores y consumidores, al Estado y, más recientemente, a los mercados financieros mundiales.

La inscripción del agronegocio, del campesinado, de la agroindustria y de la agricultura familiar para comercialización, en un nivel macro, se da al interior del modelo agrícola estando en todos y cada uno de estos grupos de poder que en mayor o menor medida se territorializan, desterritorializan y reterritorializan (Gudynas, 2010; Porto Gonçalves, 2017) en todo el mundo otorgándole una impronta particular al modelo (que dependiendo el peso, la matriz productiva y de inversiones será un modelo de agronegocios, un modelo agroindustrial o un modelo agroecológico).

La escala local siempre está presente en el modelo agrícola. Los cambios que viva la tierra siempre tendrán un tejido y accionar social en un territorio rural pequeño, en un pueblo o en la ciudad, donde se despliegan redes regionales de intercambio y/o comercio de conocimientos, semillas, animales, maquinarias, técnicas, sistemas de información, mano de obra, trabajo, implementos químicos y biológicos o financiamiento.

Sin embargo, la configuración de un territorio global de crecimiento del modelo agrícola, que trasciende las escalas locales y regionales, es construida por los flujos migratorios, de mercancías, de comercio, de alimentos, de capital y finanzas. Es decir, es el desarrollo industrial y la industrialización del agro a través de la mecanización, el uso de alambrados, los desarrollos de diversos medios de transporte, la prestación de servicios (de electricidad, comunicación, geoposicionamiento), y las innovaciones científicas y técnicas, lo que le ha dado dinamismo y diversificación al modelo agrario global y, también, la impronta histórica de unión permanente con la ciudad y sus desarrollos industriales, lo cual dio una mayor importancia a la ciudad como centro de gestión, mando y control de la actividad agrícola regional y de los circuitos globales de comercio en el presente.

Esto se constata porque desde la década de 1980 emergen con mayor fuerza agentes no necesariamente agrarios, que deciden sobre la producción agraria y que inciden, desde sectores industriales y de servicios (como los inmobiliarios, de seguros, bancarios, entre otros), sobre este modelo productivo (Grass y Hernandez, 2013)del modelo agroindustrial argentino posee una historicidad que puede recorrerse a partir de autores como Azcuy Ameghino (2007), Gras, Hernández (2008, 2013), Sili (2016), Barsky y Gelman (2005) entre otros. Los autores mencionados destacan que este modelo se caracteriza por una subordinación del agro a la industria, dada por una mayor intervención en los circuitos productivos agrícolas y ganaderos de empresas productoras de semillas transgénicas (industria biotecnológica-genetista), de implementos agrícolas como agroquímicos, fertilizantes químicos y minerales, pesticidas, herbicidas, aditivos para mejorar el encilaje (industria química y minera), cosechadoras y sembradoras de precisión, riegos por pivot, tractores, camiones bitrenes (industria automotriz y metalmecánica), silos y grandes estructuras portuarias terrestres, marítimas y fluviales (industria metalúrgica y siderúrgica), las grandes obras viales, infraestructuras públicas y privadas (industria de la construcción), de enfriamiento y empacamiento (industria frigorífica y del packaking),entre otras ramas industriales.

La subordinación del agro a la industria se basa, además, en el incremento de profesionales de ámbitos relacionados con la producción agraria, quienes reciben formación específica a partir de seminarios y materias en las que estas agroindustrias construyen su presencia en los espacios rurales agrícolas y ganaderos, a partir de tecnologías químicas, genetistas, mecánicas, de transporte, acopio y almacenaje siendo, además, las principales financiadoras de estudios científicos. Esto contrarresta el declive investigativo agrario llevado adelante por los estados neoliberales nacionales que recortaron fondos a instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en Argentina (Gras y Hernandez, 2013; Tort, 2008).

En Argentina, las agroindustrias comprenden mayormente empresas nacionales y multinacionales del sector alimentario y agroalimentario que en su accionar han sabido construirse como empresas dedicadas a la producción primaria agrícola o ganadera y a la industrialización y comercialización de su producción primaria para la exportación a escala global o para circuitos de comercialización alimentaria como el del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) o el del continente Americano (McMichel, 2012). En muchos casos, estas empresas han comprado o construido empresas empacadoras, de transporte, de embalaje, de producción de papel o de cartón, que poseen sus propios laboratorios, centros de venta, centros de capacitación, entre otros espacios empresarios que facilitan la producción y comercialización de sus productos.

Ejemplo de ello son empresas como Arcor, Cargill, San Miguel Frutihortícola, Mastellone Hnos. (hoy comprada en un 40% por Arcor), Bayer, Syngenta, entre muchas otras.

El mayor peso adquirido por el sector industrial dentro del modelo agrícola facilitó un desarrollismo agrario fundado sobre un mayor impacto ambiental, por mayor demanda al suelo de rendimiento por hectárea, mayor implementación de productos químicos para aumentar el rindex, y la ampliación de áreas productivas a costa de desmontes de bosque nativos para monocultivos. En fin, un mayor poder empresarial a manos de grupos privados multinacionales productores de commodities. Se inaugura así un neoextractivismo agroexportador (Gudynas. 2010) de commodities agrarias -con la soja como estrella-, y sostenido por un sistema altamente dependiente de los mercados externos (compradores de commodities) “por una matriz transnacionalizada de insumos apalancada por el capital financiero (nacional e internacional)” (Gras y Hernandez, 2013: 2). Es decir, la consolidación de la tenencia de información agronómica de las propiedades, de la producción y del uso de implementos agrícolas y maquinarias en manos de empresas privadas y no del Estado; el desarrollo de técnicas como la siembra directa para el monocultivo de soja; entre otras acciones que definieron el direccionamiento de políticas empresariales y gubernamentales cimentadas en la reprimarización de la economía y el posicionamiento mundial como enclave regional (latinoamericano) proveedor de commodities.

A su vez, actualmente, asistimos a una creciente articulación del agronegocio con las megamineras no metalíferas de altísimo impacto ambiental por su gran envergadura devenida en gigantes cráteres en las Sierras Pampeanas (mayormente las Sierras Chicas y las Sierras de Comechingones, en las Provincias de Córdoba y San Luis). Esta articulación está basada en el proyecto de remineralización de las áreas pampeana y extrapampeana, producto del extractivismo agrícola-ganadero y principalmente por el monocultivo de soja y maíz genéticamente modificados. Un proyecto y plan accionado en conjunto entre los Ministerios de Agricultura de estas Provincias de la Nación y la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (CEMINCOR). Un proyecto de gran peso que cuenta con el respaldo de las Sociedades Rurales regionales (de Jesús María, Deán Funes, Río Cuarto, entre otras) y del sector agroindustrial que pugna por la continuidad del productivismo del agro pampeano y extrapampeano sojizados.

Este peso del modelo agroindustrial hoy se sostiene, pero el modelo agrario entendido como el conjunto de procesos sociales, económicos y productivos que ponen en trabajo a la tierra, que ubican en circuitos de mercado la producción agrícola y que tensionan las relaciones sociales con otros sistemas productivos y ambientales, desde la década de 1990 ha comenzado a virar hacia el sector financiero a escala global. Para Valeria Hernández

“el boom agrícola protagonizado por determinados países Sudamericanos no se restringe a su articulación con el capital financiero solamente”. Para esta autora, “el desarrollo de las semillas transgénicas, el aporte de las innovaciones tecnológicas, y la información inmobiliaria son importantísimas como instrumentos de una agricultura de precisión” (Hernandez, 2007:8).

Pero Eduardo Gudynas agrega la necesidad de comprender el rol del Estado en esta territorialidad del denominado modelo de agronegocio, ya que desde los gobiernos progresistas y de centro izquierda de las últimas dos décadas (en Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Argentina) se han fortalecido el acaparamiento de tierras y la producción concentrada de commodites.

Simultáneamente, se ha construido una legitimidad sobre este modelo de agronegocio fundada en su aporte a los programas de asistencia social. Una legitimidad ganada, también, debido a la falta de oposición social a lo que Julia Bernardes y Gabriela Maldonado llaman “el otro factor territorializador del agronegocio”: la existencia de tierras a bajos precios relativos en áreas de frontera agrícola moderna. Su aceleración en la década del 2000, llevó, inclusive, a la identificación de una denominada “República Sojera” en una gran porción de los territorios argentino, uruguayo, paraguayo, boliviano y brasileiro. Los Estados, en ciertos casos tras la adquisición de miles de hectáreas por grandes empresas brasileras o argentinas, facilitaban la construcción de infraestructuras viales, ferroviarias y de electricidad, entre otras.

Por regla general, las áreas no incorporadas en esta “República de la soja”, en su mayoría serían manchones que, por causas edáficas, hídricas, climáticas, estatales y ambientalmente protegidas, o por ya estar urbanizadas, no pueden ser sujetas a producción agrícola. Sin embargo, esto no implica que no puedan estar incluidas en el circuito agroindustrial o el desarrollista inmobiliario, por ello son igualmente importantes para los intereses del agronegocio. Las empresas del agronegocio impulsan también inversiones inmobiliarias para la construcción de plantas industriales de acopio o acondicionamiento de granos, feed lots, el desarrollo de complejos edilicios residenciales de elite, complejos y parques industriales, y grandes emprendimientos turísticos próximos o en las principales áreas metropolitanas de estos países.

El agronegocio, además, posee una dependencia directa de losmercados bursátiles y/o de commodities; empresas translatinas como El Tejar, Arcor, Cresud, AGD, Adecoagro, San Miguel (frutihortícola), Arauco, entre multinacionales como Bunge y Born, Cargill, Bayer y Monsanto (la primera compra a la segunda en 2017), Dow Chemical y Du Pont (fusionadas desde 2017), y Syngenta (comprada en 2017 por ChemChina), son empresas que cotizan en las bolsas de valores regionales como la de Buenos Aires (Argentina) y la de San Pablo (Brasil), o

en bolsas globales como la Bolsa de Chicago (Estados Unidos).

Empresas que a la vez poseen una territorialización concreta con filiales, fábricas, centros de producción de conocimiento e información en ciudades pequeñas y medianas, además de propiedades con superficies mayores a las 100.000 hectáreas, empresas inmobiliarias y de servicios asociadas, propiedad de patentes de semillas, entre otras.

La territorialización del modelo de agronegocios

El acaparamiento interno: acaparadoras translatinas y multinacionales

El lugar de las bolsas de valores, los commodities y la empresarización para el acaparamiento de tierras es central para diferenciar el modelo de agronegocios más próximo a la rápida obtención de rentas y a la circulación de capitales provenientes de ámbitos no necesariamente agrícolas (mayormente financieros), respecto del modelo agroindustrial, basado en los circuitos de producción primaria con obtención de valor agregado, así sea mínimo (aceites, expellers estrusado, harinas, torta, pellets, proteínas, entre otros) o su transformación en biocombustibles de uso doméstico o para la comercialización. Esta distinción inicial para nada significa que un modelo no realice o dependa de lo que el otro hace, o no pueda hacerlo. Pero lo importante a destacar es que el agronegocio se basa en unidades de negocio (servicios inmobiliarios, evaluaciones de cotizaciones constantes, valoraciones del precio de la tierra, entre otros), mientras que la agroindustria se identifica con la producción de derivados de los productos que produce a partir del extractivismo agrario.

La puesta en juego de los diferentes pilares del modelo de agronegocios, basados en la financiarización del agro, los servicios a este, el manejo informativo incesante, el alto nivel de tecnologías y energías demandado y la deslocalización del mando y control, determina una suerte de imbricaciones de diferentes modos de desacople de la producción agropecuaria de los territorios (locales, provinciales, nacional) y construye un tipo de relación particular y radicalmente novedosa con lo local, donde ese nivel de la vida material y simbólica de los pueblos va mutando de manera creciente en un espacio de “negocios” conectados, casi sin mediaciones, con lo global (Gras y Hernandez, 2016). Desde este ámbito de negocios, donde las inversiones provienen del sector de las finanzas bancarias, de los fondos de inversión, de la industria alimentaria o la de la construcción, el agro es el receptor de grandes flujos de capital que se invierten en miles de hectáreas de tierra anualmente, pero que no pertenecen necesariamente al agro. Efectivamente, tal como lo explica Gras “se trata de un proceso en el que grandes escalas de tierra pasan a manos de grandes actores, para ser destinadas a la producción de un grupo reducido de commodities, entren ellos la soja.” (Gras, 2017:152).

En Sudamérica, particularmente en la región Pampeana, partes de la Patagonia, en el Gran Chaco, las Yungas y gran parte del Brasil (áreas ganadas a regiones como la Amazonía, el Cerrado o la Atlántica), empresas como Adecoagro S.A., MSU, Cresud S.A., la Agroindustrial ARCOR S.A., San Miguel, AGD, Cargill, Bunge y Born, Vicentin, Grobocopatel Hermanos (hoy con acciones mayoritarias del grupo Victoria Capital Partners5), Inversora Juramento S.A., Forestal Arauco S.A., El Tejar S.A., Benetton, entre otras, pueden ser consideradas como las mayores y principales acaparadoras de tierras en la región.

Históricamente estas regiones se insertaron en el mercado global a partir de la producción de commodites que varían desde la producción de carnes a la de cereales, madera, pasta celulosa, azúcar y oleaginosas (soja principalmente). Pero la transformación de estas regiones naturales en regiones agroproductivas implicó una transformación destructiva y violenta de los ecosistemas, con sus consecuentes problemáticas ambientales asociadas.

Desde la década de 1960 y 1970 particularmente, y con la Revolución Verde, estas regiones iniciaron una creciente agriculturización basada en el uso creciente y continuo de las tierras para monocultivos, ocupando espacios de usos ganaderos o mixtos, o ganándole lugar a los bosques nativos

con los desmontes y grandes incendios. Esto se afianzó desde la década de 1990 a partir del Consenso de Washington, con la profundización de la liberalización económica y la llegada de las grandes multinacionales agroalimentarias y los préstamos de organismos crediticios como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), para la construcción de infraestructuras (Svampa, 2013), los avances en la genética, la mecanización del agro, el desarrollo de tecnologías de implementación agrícola como la agricultura de precisión, la siembra directa, los agroquímicos (fertilizantes, herbi cidas, insecticidas, entre otros), las semillas genéticamente modificadas y resistentes a estos, como así también a la baja o alta disponibilidad de agua en el suelo y el ambiente, a bacterias, insectos y gusanos (semillas RR, Maíz BT, Soja Tango-S4, Algodón BT-RR, entre muchas otras).

En esta agriculturización tuvieron un lugar central empresas multinacionales como Monsanto, ya que el régimen de propiedad intelectual basado en el patentamiento de los paquetes semillas-agroquímicos-innovación-información le permitió controlar el mercado y territorializarse en diversos países de todo el mundo para la producción y comercialización de semillas y agroquímicos, y el manejo de información para la producción y venta de estos paquetes e innovaciones. Esto le ha valido el poder mundial sobre el otorgamiento de licencias de uso, comercialización y modificación de las semillas y agroquímicos a otras multinacionales como Du Pont, Dow Chemical, Syngenta, ChemChina, Bayer, Don Mario, entre otras (Mayet y Greenberg 2017:76). Tanto Monsanto como estas últimas empresas multinacionales del agro y la biotécnica/ biogenética, desde la aplicación de las fórmulas político-económicas del Consenso de Washington y con los Estados extractivistas Sudamericanos, abrieron las puertas a un nuevo periodo de acaparamiento de tierras; entendido este como un proceso en el que grandes extensiones son adquiridas, ocupadas o arrendadas por grandes actores de la agroindustria, que las incorporan a los circuitos de producción de commodities como la soja (fundamentalmente), el maíz, el trigo, el algodón, la palma, en la agricultura, y para la extracción de metales, en el caso de la megaminería (Varela, 2005).

Se postula que abrieron las puertas a un nuevo periodo de acaparamiento de tierras porque comercialmente facilitaron, con su territorialización en Sudamérica, la producción a gran escala de semillas genéticamente modificadas y de agroquímicos. A la vez, introdujeron en los circuitos comerciales de implementos para la siembra estos avances desde la escala local, con talleres a productores agropecuarios, centros de capacitación, prácticas de manejo a campo, creación de centros de innovación y desarrollo (I+D), acuerdos con Universidades, convenios con Institutos Estatales (INTA, SENASA -Argentina-, IEA -Brasil-, IAP – Paraguay-), adecuaron leyes de patentamiento y leyes de semillas en cada país para trabajar en investigación y construyeron plantas industriales y comerciales (Leite y Vieira de Avila, 2007), en el corazón agroindustrial de la región Pampeana y extra pampeana (en Argentina) y del Gran Chaco Sudamericano (en Paraguay, Bolivia y Brasil). Facilitaron así la agriculturización, colonizando y territorializándose con su modelo de producción agroindustrial (Tavares, 2009) y del agronegocio sostenido por las políticas neoliberales (Bebbington, 2009), y por las primeras políticas progresistas de los gobiernos nacionales, regionales y provinciales o estatales forjadoras de un nuevo Consenso. Este fue sellado desde mediados de la década del 2000 con los sectores empresarios extractivistas del agro, de la alimentación, de la minería y de la construcción/urbanización: el consenso de los commodities (Svampa, 2013). Un consenso que ha consolidado un neoextractivismo desarrollista que conlleva la profundización de la dinámica de la desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios, y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación claramente destructivas, descalificadoras de otras lógicas de valoración de los territorios, de las comunidades que los producen y que desde ellos resisten al despojo y sacrificio en aras del progreso y desarrollo selectivo; instalando una lógica verticalista, desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y comunidades campesinas, indígenas y rurales.

Un consenso que propone el desarrollo de las comunidades a partir de grandes inversiones en infraestructuras y servicios, que se escapan de las decisiones de las comunidades y que muchas veces no llegan más allá de la promesa en actos gubernamentales y empresariales públicos. (…)

Recapacitemos sobre el carácter reaccionario de la CONFLUENCIA, ABIERTA Y FEDERAL POR LA SOBERANIA que convoca a unirnes para sostener al Estado ecocida-genocida. En efecto, advirtamos qué Joaquín Ulises Deon señala respecto a:

(…) Las territorializaciones del agronegocio en Sudamérica

El Estado jamás ha dejado de estar presente en la territorialización del extractivismo en Sudamérica (Svampa 2013). Como tampoco lo ha dejado de estar en Arabia o en Asia central con los Petroestados.

El extractivismo, consistente en el sistema productivo basado en la extracción y remoción de grandes cantidades de recursos naturales para su comercialización en crudo o con una mínima industrialización en los mercados globales, ha formado parte de todos los periodos históricos de la

conformación de los Estados “abastecedores y en desarrollo” del mundo. El extractivismo minero, el de hidrocarburos, el hídrico, el forestal o el agroalimentario, se expresan como economías de enclave, con limitados efectos económicos en las regiones en las que se establecen, escasa generación de empleo y con altísimos impactos sociales y ambientales (Gudynas 2010:40)

Durante los últimos 10 años ha crecido la categoría de neoextractivismo (Gudynas, 2010; Bebbington, 2009; Svampa, 2013), o de neoextractivismo progresista. Un nuevo periodo extractivista donde los gobiernos de los Estados han buscado fortalecer el modelo extractivista posicionando economías de enclave abastecedoras del mercado global -regidos por precios de mercados globales (las Bolsas y Mercados Financieros de Nasdaq, Chicago, Wall Street, Shangai, Londres, Hamburgo)-, prometedoras de progreso y desarrollo para las economías locales a partir de un Consenso de los Commodities.

Un consenso que solo ha contribuido y profundizado en los Estados neoextractivistas el desarrollo de sus políticas en dirección a obtener beneficios de este, en pos del asistencialismo social como facilitador para disminuir la pobreza, el analfabetismo, los problemas de transporte, el acceso a tecnologías y actividades culturales para los sectores populares. Después de los impactos sociales y económicos de la década de 1990 por parte de gobiernos neoliberales en todo Sudamérica y de las movilizaciones y luchas sociales que activaran movimientos sindicalistas, de desocupados, de Sin Tierra, Piqueteros, Villeros, Agricultores Familiares y Campesinos, la emergencia de líderes de centro izquierda y progresistas como Luis Ignacio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff (en Brasil), Néstor Kirchner y Cristina Fernández (en Argentina), José “Pepe” Mujica (en Uruguay), Fernando Lugo (en Paraguay), Evo Morales Ayma (en Bolivia) y Rafael Correa (en Ecuador), llevaron a un re-posicionamiento del extractivismo en la región, basado en el acuerdo con las grandes empresas multinacionales del cobro o aumento de las regalías (mineras, hidrocarburíferas

y agropecuarias) sobre productos –commodites de exportación, a cambio de la continuidad o de beneficios para su localización en cada país.

Si bien Bolivia, Argentina y Brasil estatizaron la explotación y distribución del gas, el petróleo y el agua, en estos tres países es donde más creció la minería metalífera explotada por multinacionales, donde existe la mayor cantidad de tierras que fueron acaparadas por empresas privadas (mayormente translatinas), en acuerdos fijados desde el Estado para el cobro de regalías e impuestos a la exportación de commodities.

A la inversa de algunas propuestas de campaña que consistieron en la redistribución de tierras, la reforma agraria, el acceso a la tierra para los Sin Tierra, la regularización dominial y la entrega de títulos de propiedad a familias y comunidades indígenas y campesinas, el accionar de estos gobiernos progresistas facilitó el acaparamiento de tierras y potenció la extranjerización o la translatinización de enormes superficies de suelo o sus arrenda

mientos. Además, el Estado propició la construcción de obras para la localización de enclaves difusos de establecimientos extractivistas privados. Estas políticas apuntaron a la redistribución de la riqueza logrando

disminuir paulatinamente las brechas económicas y tecnológicas entre ricos y pobres, de acceso a la salud, facilitando institucionalidades Campesinas, Indígenas, Agrícola Familiares y de Pequeños Productores, para una mayor tecnificación y apertura de redes comerciales a través de la promoción de la asociatividad Campesina en Cooperativas Agrícolas,

transfiriendo dinero a través de la compra de alimentos para programas alimentarios sociales (como el PNAE en Brasil, la Asignación Universal por Hijo en Argentina y Bolivia).

Entre otros importantes avances logrados por el progresismo Sudamericano a partir de este Consenso de los Commodities, donde los Estados intentaron tomar las riendas de la

economía y de la primarización económica. Estas ventajas comparativas en un mercado global cada vez más demandante de commodities mineros, agrarios, forestales, energéticos y combustibles ha ido cimentando una ilusión desarrollista en toda la región (Svampa, 2013).

Acaparamiento de tierras desde el Consenso de los Commodities

El capitalismo global vive desde hace dos décadas una crisis múltiple climática, ambiental, económica, social, humanitaria, política y cultural (Acosta y Brand, 2017). La crisis del petróleo, sumada a la crisis financiera e inmobiliaria de la década de 2000, afianzaron el desvío de capitales especulativos financieros que se invertían mayormente en commodities

como el petróleo, el oro, la plata, el hierro, el trigo, o en planes edilicios y residenciales, entre otros, desviándolos hacia la compra de grandes extensiones de tierras (mayores a 1000 hectáreas) en América Latina, Sudáfrica, países de Asia Oriental y el Pacífico.

Esto propició la emergencia cada vez más dominante de empresas ya no solo transnacionales sino también continentales, las cuales crecieron a partir de la capitalización, agrupación y/o unión de grandes productores nacionales que comenzaron a desviar la inversión de su capital del sector financiero no agropecuario hacia la especulación inmobiliaria rural, arrendando, ocupando (y a la vez desalojando a comunidades indígenas y campesinas), o comprando tierras en el afán de integración a pools de siembra, circuitos de servicios rurales agrarios o arrendamiento, con el fin consolidar la agriculturización para la producción de oleaginosas (soja principalmente), cereales, caña de azúcar, palma, algodón y otros cultivos industrializados y sus derivados como lo son los expellers y pellets de soja, trigo o maíz, los aceites de soja, colza, palma y los biocombustibles, etcétera (Oyhantçabal y Narbondo, 2011). Todo ello ya no para la alimentación de la población, sino para la producción de combustibles para producir energía eléctrica, para el transporte o para alimentación animal.

En el mundo, más de 30 millones de hectáreas fueron adquiridas por solo 490 propietarios en los últimos 4 años. Estos datos que surgen de trabajos de la organización Grain al año 2016 cuentan, además, la historia reciente del land grabbing, un fenómeno mundial que puede definirse como la mega adquisición de tierras por inversores extranjeros, grandes

corporaciones, y fondos de inversión en muchos casos no dedicados a la agricultura o la ganadería (Grain, 2016). Estos lograron su territorialización en el campo neoextravista favorecidos por las políticas progresistas y neoliberales de atracción de capitales y circulación del capital a partir de la agroexportación y, por ende, la concepción de la agricultura no como una proveedora de alimentos, sino de mercancías, entre las que se destacan los biocombustibles y los circuitos de cadenas de valor y logística que desarticulan los territorios y desterritorializan a pequeños productores familiares, campesinos y sus prácticas diversificadas de producción (como la rotación de cultivos, el control manual de plagas, la producción de hortalizas, frutas y verduras, lácteos y ganadería mixta). Territorializándose el monocultivo, los servicios al campo, la dependencia de paquetes herbicida-insecticida-riego-maquinaria de precisión, además de los precios regidos por la Bolsa de valores, los intermediarios, la demolición y el despoblamiento de las áreas rurales con población dispersa.

La territorialidad acaparadora desde el agronegocio Sudamericano(…)

Antes de formular sus conclusiones Joaquín Ulises Deon nes sugiere reflexionar sobre:

Alternativas societales, más allá de las leyes y las fumigaciones

¿Territorializaciones del modelo agroecológico por la soberanía alimentaria?

El Movimiento de Agricultores Urbanos (MAU), el Colectivo Paren de Fumigar, la Vía Campesina y los Movimientos Campesinos Argentinos (MCA), las Coordinadoras en defensa del agua, del bosque, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), las Comunidades Originarias o Indígenas Autorganizadas entre cientos de Asambleas en defensa del Ambiente, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), las Redes de Consumo Consciente, las Redes de Orgánicos Sí o Sí, las Ferias Agroecológicas, Músicos del Nuevo Cancionero Popular Argentino, entre muchos otros colectivos que están tejiendo sólidas redes, desde hace dos décadas comenzaron a imaginar otro mundo desde las problemáticas y conflictos de este mundo, desde este rinconcito que es Argentina (Zibechi, 2017).

Con un origen común como lo son situaciones de conflictos y problemáticas ambientales (amenazas y/o afectaciones reales a la salud y las economías locales), crisis económica (Redes de Consumo Consciente y Orgánicos Sí o Sí), despidos (para el caso de la RNMA o FARCO), entre otros motivos, estos colectivos se han unido en muchas acciones. Se han unido en cada movilización social en defensa del bosque nativo, en la lucha contra Monsanto o contra la Barrick Gold o contra las grandes inmobiliarias como Euro Mayor, Gama, Edisur, Cresud, y otras, en cada audiencia pública que intentaba definir la implantación de un proyecto que pretendía saquear bienes comunes, en la realización de ordenanzas de prohibición a las fumigaciones, en la realización de ordenamientos territoriales participativos para definir el direccionamiento del crecimiento urbano, el uso agrícola de la tierra con fines de producción de alimentos para garantizar la soberanía alimentaria, entre muchas otras acciones.

La conflictividad que hizo emerger a estos agentes desde los conflictos en los que participan cada uno y la conflictividad que hoy han decidido afrontar conjuntamente (la de la crisis sistémica o crisis múltiple) ha revertido la situación planteada más arriba por Guibert (2011) de una organización productiva actual que tiende a una menor relación entre actores y territorios locales. La han revertido porque han iniciado un cambio social desde los territorios locales, en un acercamiento entre productores y consumidores a través de las ferias de alimentos agroecológicos-orgánicos, a través de la organización de fiestas, manifestaciones públicas, radios abiertas, desde los mercados abiertos. La han revertido porque han consolidado puentes sociales a partir de algo tan básico como la tierra, el alimento y la comensalidad, el encontrarse en la calle (tal vez heredado de las ollas populares en los piquetes, de los soroche en los bloqueos del altiplano o de las largas asambleas ciudadanas, feministas, obreras o ambientales de los fines de semana).

Pero, ¿Podemos llamar a este accionar como desterritorializador del desarrollismo extractivista? (…)

Fuente:https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/revistalocale/article/view/9802/13081

Valoremos cómo se está luchando y creando otros modos de habitar sus territorios, de situarse ante los poderes opresores y de vincularse entre sí y con les otres de abajo a través de dos ejemplos:

7 y 8 de agosto de 2021, Lofche Newentuaiñ Iñchiñ en el territorio de Costa de Lepa, Puelmapu

Mari mari pu machi, pu lonko, pu kona, pu peñi, pu lamuen… Mari mari kompuche. 

De manera autónoma y libre hemos recreado un espacio antiguo de discusión filosófica, ideológica y política del Pueblo Mapuche Tewelche. Este Futa Trawun nos permitió que la palabra fluya, de formas recíprocas y compartidas, y que este zungu se transformara en estrategias de resistencia y lucha colectiva. Los Pu Lof Boquete Nahuelpan, Lago Rosario, Costa del Lepa, Malloco, Cañio Pangui Winkul, Huisca Antieco, Lof en Resistencia Cushamen, Lafken Winkul Mapu, El Escorial, Laguna Fría, Paillako, Vuelta del Río, Pillan Mahuiza, Sierra Negra, Fiske Menuko; y personas mapuche tewelche de las ciudades de Esquel, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y El Bolsón, a través de la concentración y del respeto hacia los pensamientos disímiles, entendimos que la diversidad de expresiones de nuestro Pueblo potencia la profundidad de nuestros acuerdos colectivos.

En este trawun esos acuerdos sellaron nuestra voluntad de seguir defendiendo y luchando  por nuestro Wallmapu. Defensa y lucha que materializamos en:

No permitir de ninguna manera que se represen nuestros ríos. En esta ocasión, nos referimos puntualmente a los supuestos proyectos de represar los ríos Lepa, Corcovado (Carreleufu), Gualjaina y Chubut. La experiencia relatada por los más ancianos y ancianas del trawn dejó en evidencia los cambios rotundos, en el clima y sus consecuencias en el suelo de nuestros territorios, que se produjeron con la construcción de las represas Futaleufu y Ameghino; y nos permitió de antemano saber que represar ríos quiebra el orden de la vida en el Wallmapu.

Analizamos también que la energía que pretenden generar no es para la población común sino para beneficio de multinacionales como las empresas mineras. Todas estas empresas se valen de campañas mediáticas encabezadas por funcionarios –presidente, gobernadores, intendentes, jefes comunales—que mienten acerca de la benevolencia de estas mutilaciones de los ríos. Nuestra decisión es que toda acción en defensa de pu ngenko es absolutamente legítima y justa.

La minería obtuvo el respaldo del gobierno nacional, sigue manteniendo sus lobistas en los niveles provinciales, cuenta con un aparato judicial que está intentando allanarle el camino, y hoy, además, carroña en una sociedad impactada por la pobreza, la desocupación y por la corrupción de sus funcionarios. Este escenario que tan bien propiciaron debe convencernos de que la única forma de detener estos proyectos de muerte es la entrega absoluta a la lucha.

Los pu peñi y pu lamuen que llegaron al trawun desde la meseta, realizaron una descripción de los escenarios de violencia, persecución, cooptación y propaganda que genera la minería asociada a los gobiernos. El gobernador Arcioni apela a una vieja receta de dictadores fascistas, que es la represión y la persecución, valiéndose de un ministro de seguridad impresentable que cree que va a detener la decisión de un Pueblo que jamás claudicó desde que ocuparon nuestro territorio; un Pueblo que guarda en su memoria haber respirado libertad.

Escuchamos atentamente los daños colaterales que, más de ocho décadas después del desalojo de 1937, tiene que seguir enfrentando la comunidad Nahuelpan: terratenientes que siguen usurpando casi la totalidad de su territorio, cercenándole derechos tan elementales como transitar; un Estado que sin consulta previa y con el engaño de prosperidad y trabajo, diariamente tira, en el territorio Nahuelpan, la basura de miles y miles de familias de Esquel y Trevelin.

Las consecuencias que hoy vive esta comunidad son casi irreversibles. Este basurero –vendido como modelo de tratamiento de la basura– en n poco tiempo contaminó las napas, esparció la basura en la comunidad, llegando a abarcar 25 kilómetros a la redonda; y fomentó la corrupción de sus administradores.

En este Futa Trawun autónomo decidimos acompañar todas las decisiones tomadas por la comunidad Nahuelpan para enfrentar cada uno de estos avasallamientos.

Nuestro debate central y medular se basó en nuestro mapuche kimun y se nutrió a través de nuestro feyentun. Los proyectos extractivistas que avanzan en nuestro Wallmapu y que afectan a los pu newen, pu ngen, a los vivientes o existentes de nuestro territorio, implican solo una cosa: Weychan. Weychan sin ningún tipo de concesión o acuerdo. Weychan sin mesas de diálogo colmadas de mentiras y artilugios. 

Analizamos el accionar del aparato judicial que funciona muy armonioso con un sector de la sociedad que expresa un claro racismo y supremacismo. Sabemos que este sector, que hoy está en campañas políticas disfrazadas de democracia, es el que se ha beneficiado perpetuamente del despojo de nuestro Wallmapu. Es una elite que intenta arrastrar sus pretensiones de privilegios y sus acciones de abuso, como lo han hecho los empresarios y terrantenientes como Paggi, Samame, Serra, Frutos, Bestenne, Breide, y otros que también se han nombrado en el trawun. El común denominador de estos personajes es su influencia corrupta en la justicia y en la política, así como su proceder a través de la contratación de patotas y provocación. Estos grupos de elite son, además, quienes organizan caravanas de odio hacia nuestro Pueblo Mapuche Tewelche. 

En este trawun priorizamos seguir nutriendo y vitalizando todos los procesos de lucha –en cualquiera de los terrenos donde estos se den–, por eso acordamos acompañarnos, cuidarnos y defendernos en pu lof Lafken Winkul Mapu, Costa de Lepa, Malloco, Catriman-Colihueque, Lago Rosario, Nahuelpan, Paillako, Cañio Pangui Winkul, Huisca Antieco, Pillan Mahuiza, Lof en Resistencia, Vuelta del Río, El Escorial, Laguna Fría, Sierra Negra, y en cada uno de pu lof que luche.

En este trawun también apoyamos y alentamos de forma unánime el proceso de recuperación y control del territorio ancestral. Seguiremos generando espacios de ngtramkawun, llellipun, y todos los espacios que alienten este proceso de unidad en el pensamiento Mapuche Tewelche.

“Un día, en los hijos y la hijas de mis hijos y mis hijas, me levantaré” (Kallfukurra)

Chile-Wallmapu: Por una nueva primavera de los pueblos en lucha

17 de agosto de 2021

El Referente Político-Social, RPS:

A los Pueblos Originarios,

a la Juventud Popular, 

a las Mujeres rebeldes,

a las Disidencias y Diversidades Sexuales,

a todo el Pueblo precarizado por el modelo,

a l@s Pres@s Politic@s del Abya Yala,

A todos los Pueblos en Lucha,

A un año y 10 meses de la rebelión de octubre de 2019, que remeció los cimientos del orden social imperante, caminamos en un periodo abierto por los Pueblos en Lucha que demuestran su potencia, creatividad, sueños y esperanzas, para construir una nueva sociedad radicalmente distinta a la existente, que ponga la vida de la humanidad y los ecosistemas por delante.

Es por ello que hoy iniciamos una campaña de 3 meses que hemos llamado POR UNA NUEVA PRIMAVERA DE LOS PUEBLOS EN LUCHA, que se traduce en diversas acciones con las que pretendemos contribuir a la incansable resistencia de los pueblos contra este sistema de miseria y sus instituciones corruptas.

Como Referente Político Social (RPS), espacio constituido en base a la articulación de asambleas populares, coordinadoras, colectivos, medios y escuelas populares, espacios de abastecimiento y acopio, presentes desde Arica a Punta Arenas, tanto en Chile como Wallmapu, llamamos de manera decidida a la unidad y a retomar un camino de independencia y autonomía, tanto del Capital como del Estado y toda su institucionalidad.

Por lo mismo, creemos que nuestro llamado es una contribución a la lucha popular, a la deliberación programática y a la acción.

Sabemos que los caminos trazados por aquellos sectores socialdemócratas, progresistas y vacilantes que avanzan de la mano con la derecha política y económica, actualizarán el pacto que por casi cinco décadas ha permitido el avance y la profundización del capitalismo, tratando además de invisibilizar, obstruir y detener toda alternativa de los pueblos que buscan la transformación radical del modelo económico y político.

A pesar de ello, seguimos en pie y con la más profunda convicción que los Pueblos son el actor central de las grandes e indispensables transformaciones.

Por ello, en el contexto de crisis ecológica, de violencia machista, de exterminio de la niñez en el SENAME, de una sostenida precarización de la vida y de un régimen político militar impune; donde estas instituciones están cruzadas por la corrupción criminal; que solo ejercen violencia contra los Pueblos, sabemos que seremos nosotrxs quienes de forma independiente a sus instituciones desplomadas, podremos transformarlo todo, para germinar una nueva sociedad en una ¡Nueva Primavera de los Pueblos!

Chile y Wallmapu, agosto, 2021.

VIDEO de Convocatoria (…)

MAS INFORMACIÓN: (…)
Fuente: https://rebelion.org/chile-wallmapu-por-una-nueva-primavera-de-los-pueblos-en-lucha/