Julio-2025

Fundamentos de porqué los progresistas e izquierdas electoraleras dan falsas salidas a:

Qué Sistema

Conciliación de clases

Cinco tesis sobre el imperialismo

Publicado en Kaos el 20 de junio de 2025

Por Iñaki Gil de San Vicente

La humanidad trabajadora alienada, cosificada en cuanto mercancía y objeto pasivo, asume y practica esa inmoralidad consustancial a la explotación como si fuera su propia ‘moralidad’ innata, natural y hasta divina, la que justifica su pasividad ante el horror de la civilización del capital con la exhortación evangélica de «Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.

“la que barniza u oculta sus brutalidades, nos exhorta al pacifismo ante decenas de miles de niñas y niños despedazados por las bombas imperialistas y su moral burguesa, pero a la vez se nos exige e impone el desarme material y ético, se nos atan las manos a la espalda para que recibamos las hostias con las dos mejillas, se nos sumerge en la amnesia histórica, se nos obliga a beber la hiel y la bilis del cinismo civilizado”.

la «paz» del máximo beneficio empresarial, de las contramedidas que ralentizan la ley tendencial de caída de la tasa de ganancia y de las vilezas que incrementan las tasas de explotación y de ganancia. Es ésta la «paz» de la industria de la matanza humana, de la industria político-cultural de la alienación fetichista, de las industrias de la educación, de la de la sobre explotación sexual y afectiva, del narco-capitalismo. Es la «paz» antagónica e incompatible con la paz humana.

La «paz» de la ignorancia y del analfabetismo funcional a la producción/reproducción capitalista es la que reprime y retrasa, cuando no desuella en sangre, la lucha emancipadora de la ciencia y de la ética contra esas dos cadenas irracionales que asfixian la felicidad humana hasta ahogarla en el terror al ‘mysterium mortem’ y al ‘mysterium iniquitatis’. Esa «paz» nos protege del miedo pánico que nos han introyectado desde los primeros instantes de nuestra vida al su supuestamente insondable e irresoluble misterio del mal, de la miseria, de la muerte, de la injusticia… Nos han hecho creer que los tiranos y dictadores, los amos, son los únicos que nos garantizan la felicidad del esclavo; y sobre todo que es la «paz» capitalista la única que puede protegernos de esos misterios eternos.

Fuente: https://kaosenlared.net/cinco-tesis-sobre-el-imperialismo/

Crisis energética y la urgencia de
una transmodernidad prefigurativa

5 de junio de 2025

 Carlos Tornel

El sistema capitalista nació mal, producto de injusticias, sangre y robo. Así sigue hasta ahora, sin importar las banderas bajo las que se esconda. Su signo es la muerte y así lo llevará hasta el fin de sus días. (Subcomandante Insurgente Moisés, 2025)

El 28 de abril de 2025, un apagón masivo dejó sin electricidad a millones de personas en la península ibérica. Si bien las causas técnicas inmediatas se atribuyeron a un exceso de producción fotovoltaica combinado con fallas en los estabilizadores de red, el evento dejó ver algo mucho más profundo: una señal de alerta sobre el porvenir energético del mundo. Este apagón no sólo interrumpió el suministro de electricidad, sino que encendió luces sobre las múltiples inestabilidades, dependencias y exclusiones que acompañan a la mal llamada transición energética. Lejos de ser una solución estructural a la crisis climática y civilizatoria, la transición energética dominante reproduce —y en algunos casos intensifica— las lógicas extractivistas, coloniales y capitalistas que la originaron.

El problema no radica únicamente en la privatización de la infraestructura energética ni en la incapacidad de las llamadas energías renovables para sostener el ritmo voraz de la modernidad industrial. Lo que el apagón dejó entrever es la brutal materialidad que implica sostener el modo imperial de vida. En los países del Norte global, esto se traduce en una reconfiguración territorial acelerada, ocupando espacios previamente despojados para instalar megaproyectos solares y eólicos, así como el avance a minar los llamados minerales críticos como el litio, cobalto, cobre y níquel entre otros.

En los países del Sur, como bien señalan Miriam Lang y colegas, la transición se impone como una nueva oleada de extractivismo: nuestros territorios son presentados como reservorios de minerales críticos, sumideros de carbono para compensar las emisiones del Norte, basureros tóxicos para sus residuos tecnológicos y, al mismo tiempo, mercados emergentes para la venta de tecnología limpia o baja en emisiones que poco tiene de renovable cuando se analiza su cadena de producción y sus efectos socioecológicos en diversos territorios.

En su reciente libro Más y más y más. Una historia de energía que todo lo consume, Jean-Baptiste Fressoz profundiza esta crítica al desmontar una de las grandes ficciones del presente: no hay tal cosa y no ha habido algo a lo que le pudiéramos llamar una transición energética. De hecho, incluso el término adición energética se queda corto frente a la realidad material de un sistema que opera por acumulación y no por sustitución a través de lo que Fressoz denomina como “un incremento simbiótico de todas las fuentes de energía”. Cada nueva fuente energética —sean los paneles solares o el hidrógeno verde— no viene a reemplazar a las anteriores, sino a sumarse a un entramado que sigue requiriendo carbón, gas y petróleo. De ahí que los intentos de reemplazo 1:1 de energías fósiles por energías llamadas renovables chocan con límites técnicos, materiales y políticos, como se hizo evidente en el reciente apagón ibérico.

Esta constatación exige una reflexión profunda sobre el marco mismo desde el cual estamos imaginando esta supuesta transición energética. No basta con apuntar hacia el colapso o al agotamiento de recursos: lo que está en juego es la dirección hacia la cual se reconfigura el capitalismo ante sus propias crisis. Y lo que se vislumbra no es su desaparición, sino su metamorfosis hacia formas más violentas, autoritarias y autófagas. En lugar de ceder, el sistema se reinventa, intensificando sus dinámicas de despojo, control y precarización. Esto obliga a repensar la energía —y la vida— desde claves radicalmente distintas.

Frente a esta encrucijada, en el libro Navegar el colapso: una guía para enfrentar la crisis civilizatoria y las falsas soluciones al cambio climático, Pablo Montaño y yo proponemos el concepto de transmodernidad prefigurativa. Aunque de apariencia compleja, su planteamiento es sencillo: transformar implica romper con la visión hegemónica del cambio como progreso lineal y tecnocrático, y comenzar a actuar desde el presente, enraizados en experiencias que ya hoy anticipan otros mundos posibles.

No se trata de esperar una alternativa global que reemplace al sistema actual, sino de multiplicar las grietas en las que germinan formas de vida autónomas, relacionales y comunitarias. Esta apuesta no busca reformar el capitalismo, el Estado o el desarrollo, sino desbordarlos mediante prácticas vivas que encarnan otros horizontes de sentido, habitados desde el ahora.

Falsas soluciones y nuevos gatopardismos

La narrativa dominante frente a la crisis climática insiste en que todavía es posible una transición ordenada hacia energías renovables o limpias sin alterar los pilares del sistema capitalista.

Bajo esta premisa, se despliega un discurso excesivamente tecno-optimista que apuesta por la simple sustitución tecnológica: basta con reemplazar las fuentes fósiles por otras renovables y esperar que la innovación haga el resto. Incluso el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha incorporado en sus modelos tecnologías de emisiones negativas —como la captura y almacenamiento de carbono o la gestión de la radiación solar— que aún no existen a escala ni costo viable. Su inclusión se justifica, paradójicamente, con el argumento de que eventualmente, gracias al ingenio humano, serán factibles. Este giro especulativo revela no sólo una fe ciega en el progreso técnico, sino también una peligrosa negación del presente material y político.

A la par de esta postura, emergen otras propuestas que, si bien se distancian del neoliberalismo, comparten una matriz productivista y moderna. Tal es el caso de Andreas Malm, quien ha ganado notoriedad por sus críticas al colapso climático y por su llamado a una respuesta estatal centralizada. Para Malm, aunque existen problemas en la geoingeniería per se, plantea la posibilidad de que esta pueda ser gestionada por el Estado mediante una planificación pública a gran escala. Sin embargo, tanto el tecno-optimismo liberal como el tecno-estatismo de izquierda comparten una misma falla de origen: suponen que es posible reorganizar el metabolismo energético del planeta sin alterar radicalmente sus estructuras coloniales (en el caso del tecno-optimismo capitalista lo mismo sucede con las relaciones de poder y acumulación).

Ambos enfoques ignoran que una transición real requiere mucho más que sustituir fuentes de energía. Implica, como mínimo, una reducción selectiva y estructural de las emisiones en sectores clave, una redistribución radical del acceso orientado hacia la suficiencia y no la eficiencia y, tal vez lo más importante, una ruptura explícita con el mito del progreso y el desarrollo. Esta propuesta que sería la base del Decrecimiento, tendría que romper con la idea de que el Sur Global debe seguir los pasos del Norte y reconocer otras formas de ser y estar en el mundo para definir que implica una buena vida y con qué condiciones energéticas, así como reconocer los impactos históricos a través de la deuda ecológica o climática que presentarían una reconfiguración geopolítica a nivel global que rompa con los actuales patrones de apropiación desigual. Como han documentado diversos estudios, el Sur sigue siendo pieza clave en la arquitectura global de despojo: tan sólo en términos económicos, su contribución al enriquecimiento del Norte se estima en más de 10 mil millones de dólares anuales.

Este patrón de apropiación se vuelve especialmente evidente en el caso de las llamadas energías renovables. Conviene afirmar con claridad: no existe energía renovable en el capitalismo. Aunque los flujos que se aprovechan —el viento, el sol— puedan ser renovables en sentido físico, toda la infraestructura necesaria para capturarlos, transformarlos y distribuirlos está anclada en una cadena de valor intensamente dependiente de combustibles fósiles, desde la minería de materiales críticos hasta el ensamblaje, transporte, mantenimiento y desecho de los equipos. Lejos de significar una salida del régimen fósil, la transición energética dominante representa una fase de intensificación: demanda más fósiles para producir renovables y refuerza la lógica del crecimiento. Los nuevos patrones de sitios que reconocen potencial para generar energía renovable reproducen las mismas lógicas coloniales que borran paisajes y poblaciones humanas o no humanas del mapa.

Siguen el principio de alienación o enajenación que describe tan bien Anna Tsing: la posibilidad de separar una característica del contexto en el que se produjo. Así los desiertos del norte de África están vacíos o mal aprovechados por todo su potencial de generación, como sucede en tantas otras zonas hoy a nivel global.

Esta paradoja se acentúa cuando observamos el rumbo actual de la llamada descarbonización. Como advierte Breno Bringel, estamos presenciando la forma en la que el llamado “consenso de la descarbonización” se presenta como una simple continuación del capitalismo fósil, que en lugar de desmantelar estas infraestructuras, busca ganar tiempo, incrementando las oportunidades de acumulación por despojo. Desde esta perspectiva, lo que estamos viviendo no es una transición energética, sino una transacción energética, como la han denominado en Cantabria, España: un reacomodo geopolítico a escala global que busca mantener el mismo modelo de desarrollo industrial bajo un velo verde cada vez más delgado.

Este reacomodo incluye, además, el resurgimiento del lobby nuclear —tanto en el Norte como en el Sur global— y una avalancha de falsas soluciones que van desde el hidrógeno verde hasta la electrificación del transporte mediante vehículos privados. Todas estas propuestas comparten una misma lógica que sanitiza el discurso de la modernización como si ésta pudiese existir sin roces o fricciones. Esta ilusión, que recuerda al gatopardismo —cambiar todo para que nada cambie— se inscribe en lo que Erik Swyngedouw denomina la “despolitización del consenso climático”. En este marco, la política se sustituye por la gestión, y el conflicto estructural por una narrativa tecnocrática de administración del carbono. Pero esta despolitización no es inocua. Alimenta, por un lado, la proliferación de discursos autoritarios, nacionalistas y xenófobos que simplifican las causas del colapso en chivos expiatorios: ya sea el exceso de CO2 o la migración, las culturas foráneas o el supuesto desorden global. Mientras que por el otro, se inscriben en un fenómeno de creciente militarización como forma de proteger y garantizar el extractivismo conducido por las fuerzas del Estado. Dicho de forma más sucinta: estamos ante una transacción energética color verde oliva en donde la crisis climática se convierte en un terreno fértil para políticas inmunológicas que, a través del militarismo y su creciente difuminación con el crimen organizado, se reafirman fronteras, identidades y jerarquías, sientan las bases de una lógica de avance irremediable de la extracción del fósiles securizando los altos potenciales de generación renovable a través de la proliferación de zonas de sacrificio.(…)

Carlos Tornel. Escritor, investigador, traductor y activista. Es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Durham (Reino Unido). Su trabajo se ha centrado en la politización de la crisis climática, la descolonización de la justicia energética. Es miembro del Tejido Global de Alternativas y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.

Fuente: https://www.15-15-15.org/webzine/2025/06/05/crisis-energetica-y-la-urgencia-de-una-transmodernidad-prefigurativa/

Porque no será el último apagón: ¿qué modelo energético
y sistema de distribución para la transición ecológica?

7 de junio de 2025

Por Daniel Albarracín | Viento Sur

Introducción.

(…) Hacia un modelo energético justo y sostenible

La energía es un bien común esencial y, como tal, debe gestionarse con planificación pública, y participación democrática comunitaria, no como un nicho de negocio. Es imprescindible que los poderes públicos recuperen la iniciativa en el diseño del sistema energético, avanzando hacia un modelo que combine:

  • Renovables como fuente principal, reduciendo y sustituyendo progresivamente las fósiles y nucleares.
  • Distribución descentralizada y comunitaria, con sistemas de autoconsumo, redes locales y acumulación energética adaptada a cada territorio.
  • Colaboración con las comunidades rurales y urbanas, integrando criterios sociales, ambientales y paisajísticos en la elección de ubicaciones y modelos de gestión.
  • Participación democrática en las decisiones energéticas, reconociendo la energía como derecho y no como mercancía.

Este modelo requiere una inversión pública sostenida, no solo en infraestructuras de producción, sino también en redes de distribución inteligentes, almacenamiento, eficiencia energética y educación técnica y ciudadana. Una inversión pública que no puede conformarse con hacerlo en infraestructuras de las que finalmente saquen un magro provecho las empresas privadas sino el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, la compra masiva de baterías y sistemas de acumulación, aunque puede contribuir a estabilizar el sistema de red eléctrica, supone también abaratar un coste a empresas privadas que debieran haber asumido tal inversión. Si el sector público compra baterías a gran escala, lo suyo sería también que el conjunto del sistema fuera público, socializando este sector estratégico. El coste, sin duda, aunque alto, sería un 5% menos que lo comportará el gasto en defensa de aquí a 2030. Sería una mucha mejor opción, sin duda.

Ahora, este ejercicio de socialización no resulta suficiente. Debe contar con una planificación para un redespliegue de infraestructuras y tecnología, en otros términos. Fundamentada en las energías renovables, y solo de manera minoritaria e instrumental con el gas para situaciones de emergencia, debe sustituir otras tecnologías y fuentes, desplegar un modelo distribuido y descentralizado, y adaptar las fuentes a emplear en función del territorio, acordando democráticamente con cada comunidad la localización de las instalaciones. Asimismo, parece imprescindible que la reorganización y redespliegue de infraestructuras se haga en una transición que, con la ayuda en la investigación, desarrollo e innovaciones para que las infraestructuras se apoyen crecientemente en tecnologías low tech, que algunos llaman modestas y otros ligeras, no dependientes de la industria fósil, y capaz de minimizar el uso de materiales, energía y ampliando la lógica de una economía en espiral, que permita reintegrar los materiales en el ciclo de la naturaleza en la medida de lo posible –a sabiendas de lo tozuda que es la termodinámica al respecto, como suele apuntar el maestro José Manuel Naredo-, al mismo tiempo que se proporciona un servicio suficiente a toda la población.

Soberanía energética y territorio

En un mundo cada vez más tensionado por el control de recursos, la autosuficiencia energética se convierte en un elemento clave de soberanía. La Península Ibérica, y especialmente en el Sur, tienen un potencial enorme para cubrir buena parte de su demanda con renovables. Pero eso exige un cambio de modelo: no basta con cambiar las fuentes si no se transforman las relaciones de poder que estructuran el sistema.

Una verdadera soberanía energética implica decidir de forma colectiva qué energía se produce, cómo, dónde, para quién y con qué impactos. Requiere reconocer que la energía no es neutra, que su acceso desigual condiciona todos los aspectos de la vida y que cualquier transformación debe acompañarse de justicia territorial y social, empezando con incluir en la agenda la erradicación de la pobreza energética, garantizando la provisión básica a toda la población, y atendiendo a los límites de nuestra biosfera. (…)

Daniel Albarracín es economista y sociólogo. Profesor del Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de Sevilla. Forma parte del Consejo Asesor de viento sur.

https://vientosur.info/porque-no-sera-el-ultimo-apagon-que-modelo-energetico-y-sistema-de-distribucion-para-la-transicion-ecologica

Fuente: https://rebelion.org/porque-no-sera-el-ultimo-apagon-que-modelo-energetico-y-sistema-de-distribucion-para-la-transicion-ecologica/

Crisis energética y la urgencia de
una transmodernidad prefigurativa

5 de junio de 2025

 Carlos Tornel

 (…) La transmodernidad prefigurativa como horizonte de lo posible

Una de las tesis centrales de Navegar el colapso es que la crisis actual no puede enfrentarse con las herramientas de la modernidad. Ni el Estado, ni la democracia representativa, ni las promesas del desarrollo ofrecen salidas duraderas. Estamos ante un claro fin del liberalismo y su propuesta democrática inclusiva. El Estado moderno es inseparable del capitalismo: necesita del crecimiento económico continuo para sostener su legitimidad, reproduce estructuras patriarcales y coloniales, y administra el orden extractivo bajo el lenguaje de la seguridad nacional o el interés público. Incluso los gobiernos llamados progresistas en América Latina han profundizado históricamente el extractivismo en nombre del desarrollo, exacerbando las desigualdades, sustituyendo una elite neoliberal por otra que termina por reafirmar la división internacional del trabajo y profundizando el extractivismo.

Como han mostrado autores como Decio Machado y Raúl Zibechi, estos proyectos terminan reproduciendo el mismo imaginario colonial del desarrollo. En lugar de cuestionar el pacto fundacional entre Estado, capital y modernidad, estas izquierdas estado- y eurocéntricas se han limitado a reorientarlo, sin alterar su lógica ni sus medios, desarticulando y cooptando resistencias que emergen desde los abajos.

La pregunta, entonces, ya no puede ser cómo reformar el Estado, sino cómo enfrentar su complicidad estructural con la crisis civilizatoria. Desde esta perspectiva, cualquier proyecto emancipador debe asumir que el Estado-nación, no es un vehículo neutral que puede ser recuperado o disputado sino un obstáculo que debe ser superado estratégica y colectivamente. De ahí que Navegar el colapso proponga un giro radical en la forma de imaginar el cambio: actuar no desde la utopía —ese “no-lugar” aplazado al futuro—, sino desde la eutopía, un “buen-lugar” que se construye aquí y ahora. A través de lo que se ha nombrado como un internacionalismo crítico desde los abajos, proponemos una forma alternativa de aproximarse a la transformación como una ruptura que deja de pensar en los arribas —lo abstracto— para enfocarse en los abajos, en la posibilidad de defender, reconstruir o construir entramados comunitarios, desde donde se presentan alternativas de lo posible.

Esta propuesta se enraíza en la crítica a los fundamentos mismos de la modernidad capitalista: la separación entre sociedad y naturaleza, la idea de un progreso lineal y teleológico, y la imposición de un universalismo estrecho basado en la experiencia occidental. Frente a esto, la transmodernidad, en el sentido propuesto por Enrique Dussel, no busca eliminar o suplantar al pensamiento moderno, sino provincializarlo: desplazarlo del centro para abrir un diálogo desde los márgenes, sin olvidar o encubrir las violencias estructurales que lo han sostenido. Por otro lado, una política prefigurativa no implica una retirada del mundo, sino una intervención radical en la imaginación. Supone dejar de mirar al Estado como el único horizonte de transformación, abandonar el fetiche del desarrollo y cultivar un lenguaje capaz de nombrar lo que la modernidad ha invisibilizado: el cuidado, la escucha, la comunidad, la reciprocidad, la tierra. Reconoce que todo proceso político es conflictivo e incompleto, pero insiste en que no hay que esperar a que cambie la ley ni a que llegue el partido correcto al poder. El cambio se construye desde abajo, en red, en los márgenes, en las resistencias que no buscan ocupar el poder, sino desbordarlo.

La transmodernidad prefigurativa que proponemos articula saberes, prácticas y realidades que han sido sistemáticamente negadas por el colonialismo del cual depende aún la modernidad capitalista. A diferencia del paradigma tecnocrático que sigue prometiendo futuros sostenibles basados en más innovación, esta perspectiva se orienta hacia la regeneración de lo común, la cooperación, la relacionalidad y la autonomía. No se trata de retornar a un pasado idealizado ni de romantizar lo comunitario, sino de reconocer que en las grietas del presente ya germinan formas vivas de otro mundo.

Así, leer el reciente apagón en la península ibérica como una pequeña premonición del futuro no implica rendirse ante un apocalipsis inevitable —aunque series como El Eternauta, que curiosamente se estrenó pocos días después del corte eléctrico, resuenen inquietantemente con este clima de época—.

El desafío es no caer en el nihilismo paralizante que se extiende, no sin razón, entre generaciones jóvenes. El apagón, más que un evento aislado, ilumina el camino por el que avanza el capitalismo, el cual, como advierte Margara Millán, su destino final podría muy bien ser Gaza.

Tal vez, como proponen Tatiana Roa Avendaño y Eliana Carolina Carrillo Rodríguez, la única fuente verdaderamente renovable que no figura en las estadísticas ni en los planes de transición es la energía de los pueblos y comunidades que resisten. Es esta energía la que hace falta ver, escuchar y sentir para reforestar la imaginación política en donde los horizontes están fijamente apuntando hacia las mismas estructuras que nos han desembocado en esta forma de capitalismo caníbal.

Carlos Tornel. Escritor, investigador, traductor y activista. Es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Durham (Reino Unido). Su trabajo se ha centrado en la politización de la crisis climática, la descolonización de la justicia energética. Es miembro del Tejido Global de Alternativas y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.

Fuente: https://www.15-15-15.org/webzine/2025/06/05/crisis-energetica-y-la-urgencia-de-una-transmodernidad-prefigurativa/

Qué Democracia

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/
Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

Hacerle frente a quienes arrasan con todo

Por Daniel Campione /Huella del Sur

Las luchas siguen su curso mientras florecen las especulaciones electorales. Los atropellos desde el gobierno necesitan respuestas más contundentes y articuladas que las que se dan hasta hoy.

En los últimos días parece haber “bajado la espuma” respecto de las protestas por la prisión de Cristina Kirchner. La atención periodística dejó de centrarse en el ya famoso edificio de San José 1111. Ya no da cuenta de la concentración de partidarios frente al departamento que ocupa la ex presidenta. Y ha colocado la sordina sobre los movimientos de sus abogados y otras informaciones relativas al tema.

No se trata sólo del tratamiento de los medios. En el propio peronismo, kirchnerista o no, la mirada viró hacia las próximas elecciones. Y en forma más inmediata a la inminente instancia de cierre de listas para el primero de los dos comicios en la provincia de Buenos Aires, que tendrá lugar en los primeros días de septiembre.

Se realizó un cónclave con ínfulas de “reunión cumbre” con la presencia de Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. El acuerdo en las listas para la provincia que constituye su objetivo parece trabajoso. En particular por el renovado impulso hegemonista de “La Cámpora”, tentada por desplazar lo más posible al gobernador de la provincia a lugares subalternos en la nómina de candidatos y candidatas. Quieren cobrarle su distanciamiento con Cristina.

Para ello cuentan con el espaldarazo que les otorgó el acentuado resurgimiento de su figura producto de la confirmación de la arbitraria sentencia y su consiguiente arresto. Los ayuda, que Kicillof no parece acertar con una fórmula para realzar su protagonismo político. Ya ocurría antes de las novedades judiciales, al no entonar las “nuevas canciones” que había anunciado, en polémica con Máximo.

O no elaboró una nueva propuesta o no acierta a difundirla con eficacia. El hecho es que ni él ni sus colaboradores lograron trascender la defensa de la actual gestión provincial, por cierto, plagada de dificultades. Producida la detención de la ex jefa de Estado no pudo ubicarse frente a la mala voluntad de la dirigencia del Partido Justicialista, cuya primera apuesta fue a ningunearlo dejándolo afuera de las principales manifestaciones de apoyo a CFK.

Su respuesta fue sumarse a las principales manifestaciones callejeras de solidaridad con la expresidenta. Su movimiento “Derecho al Futuro” aportó un elevado número de concurrentes. El mandatario bonaerense participó de la concentración desde el llano, sin formar parte del palco de honor.

La “justicia” del imperio.

Esta semana resonó el pedido de entrega del 51% de las acciones de YPF por parte de la jueza de Manhattan Loretta Preska. Lo que forzó al gobernador y economista a salir en pública defensa de su intervención en la estatización parcial de la estratégica compañía. No podía hacer otra cosa frente a los ataques de la mayoría de los medios. Éstos le echan la culpa de todos los males por haber cometido la “insolencia” de quitar a las empresas privadas el control de esa empresa decisiva.

El gran capital y sus servidores no están dispuestos a perdonar el menor desvío de los intereses del gran capital. Y en esa línea se suman a poner al estatuto de la petrolera vigente en 2012 por encima de las leyes nacionales y del derecho a expropiar establecido en la constitución nacional.

La defensa del gobernador hubiera merecido un respaldo mucho más amplio y potente. Se trata de la prepotencia del fondo Burford como demandante y del ademán imperial de la jueza. Y también del espíritu de entrega que lleva a la pasiva aceptación de la jurisdicción estadounidense para eventuales conflictos, en desmedro de la soberanía nacional.

Es sabido que el juzgado ha valuado el importe de la indemnización por un porcentaje minoritario de las acciones en 16 mil millones de dólares, más de lo que vale la compañía entera. Un ataque directo a la economía argentina y un modo de remachar la dependencia económica y el alineamiento automático con la política exterior del imperio.

Algunos destellos en medio del vaciamiento de la política.

Lo cierto es que una vez más la dirigencia política opositora parece optar por la búsqueda del voto y la lectura obsesiva de encuestas en lugar de dar a sus acciones contenidos que respondan a las acuciantes necesidades de la mayoría de la sociedad argentina. Corren en pos de un triunfo electoral en septiembre y octubre que, por ahora, no parece el resultado más probable.

Cabe el atenuante de las acciones en las últimas semanas en el congreso nacional. Allí bullen iniciativas sobre una ley de emergencia sanitaria, la restitución de la moratoria previsional, un aumento para jubiladas y jubilados, restitución del financiamiento a las universidades y limitaciones al dictado de decretos de necesidad y urgencia.

Algunas de esas iniciativas legislativas han sido aprobadas en la cámara de diputados y otras están en trance de ingresar en el debate parlamentario. Para las que sean aprobadas se alzará el espectro de la “vetocracia”. Esa depravación del hiperpresidencialismo que el actual mandatario está decidido a usar contra cualquier intento legislativo de poner límites a sus planes.

El peronismo se halla frente a la encrucijada de insistir en el repudio a la prisión de su líder y al mismo tiempo construir apelaciones con visión de futuro. Algo que se sume a la reivindicación del lapso 2003-2015, que ya va quedando lejos en el tiempo y fuera de la memoria colectiva de las generaciones más jóvenes. No es una dificultad sólo de construcción discursiva sino de decisión política.

La propia defensa de Cristina presenta dificultades para algunos intereses en el interior del peronismo. No faltan intendentes del interior bonaerense que argumentan que llevar como insignia de campaña “libertad a Cristina” o “Cristina es inocente” los llevaría a la derrota en sus distritos, que no destacan por la adhesión ciudadana a su figura.

Por lo demás dista de estar claro que un eventual retorno del peronismo al gobierno traiga algo distinto que la disposición a persistir en la administración de lo ya existente. Con el sólo agregado de la morigeración de las aristas más agresivas del gobierno “libertario”. El renovado protagonismo de un hombre del establishment como Massa hace difícil albergar expectativas en esa dirección.

Ciertas figuras parecen no tener que rendir nunca cuentas. El descalabro que el dirigente oriundo de Tigre contribuyó a producir desde la cartera de economía no lo ha privado de un lugar expectable de aliado peronista. La mellada conducción del PJ lo ha acogido con los brazos abiertos en una medida que no aplicaron al gobernador, como ya hemos visto.

El ecumenismo tiene serios límites, como ocurre en el campo sindical, done abundan los practicantes del “oficialismo permanente” y no faltan los dispuestos a pasarse al mileísmo sin sonrojarse.

Van por todo y por todos. Cómo enfrentarlos.

El significado de la condena a CFK excede el campo del peronismo. Así lo entendieron los sectores de izquierda. Ellos se solidarizaron con rapidez y firmeza. Lo hicieron en el entendimiento de que no sólo se trata de un encono personal contra la ex mandataria, sino de un avance sobre las libertades de todos y todas los que se opongan con claridad al actual rumbo del país. Levantaron la necesidad de una movilización permanente. No tuvo eco.

La poderosa articulación entre la gran empresa, los partidos de derecha, la hegemonía mediática y el poder judicial constituye una amenaza que no se detendrá por su propio impulso.

Si no se la combate con decisión y continuidad puede avanzar hacia un “estado de excepción” que le ponga un cerrojo al debate político y criminalice la protesta social. La ministra de “seguridad” es sólo la expresión más altisonante de una convergencia de voluntades que tiene esos objetivos.

Nadie debería darse el lujo de dejar en la oscuridad al atropello cometido. Es sabido que la impunidad del primer paso en una dirección ominosa habilita y estimula a que se den sucesivos empujes en la misma dirección.

En las calles la movilización continúa por diversas causas, en general ligadas a la resistencia de los sectores más agredidos por las políticas del gobierno. La comunidad universitaria; el Garrahan y otros sectores ligados a la salud pública, jubiladas y jubilados y algunos sindicatos tienen presencia regular en el espacio público.

Lo que no despunta aún es una respuesta unificada. Que pueda conjugar las reivindicaciones sectoriales con un posicionamiento frente al gobierno que vaya más allá del rechazo a sus políticas. Un gran interrogante que se cierne sobre las fuerzas dispuestas a hacer verdadera oposición es cómo incidir en aquellos sectores que han votado a Javier Milei y todavía mantienen esperanzas de que algo cambie para mejor en medio de la acción de la “motosierra”.

En estos días no se juega un resultado electoral sino el futuro inmediato de argentinas y argentinos, de sus derechos y condiciones de vida. La respuesta no puede remitirse al cuarto oscuro, necesita ver la luz del debate público y la movilización creciente. Quienes repudian las políticas en curso sin especulaciones subalternas ni conciliación posible tienen la palabra.

Fuente: https://rebelion.org/hacerle-frente-a-quienes-arrasan-con-todo/

«En estos días no se juega un resultado electoral sino el futuro inmediato de argentinas y argentinos, de sus derechos y condiciones de vida. La respuesta no puede remitirse al cuarto oscuro, necesita ver la luz del debate público y la movilización creciente. Quienes repudian las políticas en curso sin especulaciones subalternas ni conciliación posible tienen la palabra».

 Bloqueo de la lucha de clases

«dotar de legitimidad política y social al proceso de acumulación del capital».

Hugo Montero y Martín Azcurra para la Revista Sudestada entrevistan a Miguel Mazzeo

10 de abril de 2013

1) ¿Sobre qué ejes ideológicos y estratégicos se sostiene hoy el proyecto de los Kirchner, próximo a cumplir una década de gobierno?

Podemos identificar dos ejes ideológicos y estratégicos muy extensos: el neopopulismo y el neodesarrollismo. Ambos operan como estrategia e ideología de aquellos sectores que se proponen intermediar políticamente entre el orden interno y el orden mundial, entre las clases dominantes y las clases subalternas y oprimidas, a partir de un rol activo en la administración del capitalismo y a partir de la consolidación de una presencia estatal importante, al tiempo que bloquean toda confrontación abierta con los grupos monopólicos (locales y transnacionales) y toda tendencia a la democratización real del poder.

Son ejes que, por otra parte, han demostrado tener una gran capacidad hegemónica. Las imágenes colectivas que promueven conforman una intersubjetividad legitimadora del poder de las clases dominantes, conforman una forma sutil de colonización de los imaginarios plebeyo-populares a través de discursos que apelan a la producción, el crecimiento económico, la sustitución de importaciones, la unidad nacional, la redistribución del ingreso, etc. La estrategia kirchnerista parte de un recorte de la tradición nacional-popular, selecciona elementos de la misma que son pensados y procesados desde arriba, sin asumir cuestionamientos sistémicos.

Su límite orgánico está dado por su incapacidad a la hora de superar el orden capitalista periférico, por expresar un consenso corporativo más que un compromiso con la emancipación de las clases subalternas y oprimidas de la nación, en fin, su límite orgánico está dado por el fetiche del “desarrollo capitalista nacional”.

2) ¿Qué paradigmas de la política argentina fueron alterados durante esta gestión de casi una década y cuáles otros se mantienen vigentes? ¿Sobresalen las continuidades o las rupturas en comparación con las gestiones anteriores?

Hay continuidades y rupturas en relación al orden neoliberal establecido por la última dictadura militar y profundizado por los gobiernos posteriores, fundamentalmente en los 90. A partir de 2003 se perfila una matriz económica menos basada en la acumulación financiera y más basada en el sector “productivo” pero que ha profundizado la extranjerización y la re-primarización de la economía. Ciertos cambios en el contexto internacional potenciaron esta reorientación.

La ruptura más importante –considero– tiene que ver con el desarrollo de una estrategia política tendiente a generar consenso en torno a elementos “positivos” y a la reactivación de dispositivos típicos de la predictadura como la idea de la industrialización y el desarrollo del mercado interno, el Estado interventor-benefactor, los sindicatos corporativos y las organizaciones de masas con capacidad de movilización (en realidad: susceptibles de ser movilizadas desde el Estado). Creo que, a diferencia de los 90, estamos frente a un proyecto que trabaja para dotar de legitimidad política y social al proceso de acumulación de capital.

En relación a la idea de la “recuperación de la política” a partir de 2003, creo que la politización auspiciada por el kirchnerismo es, sin dudas, una respuesta (parcial) a la despolitización neoliberal, pero también es una respuesta a la politización en sentido emancipador de 2001.

En sentido estricto, y en contra de la retórica y el folklore oficialista, la militancia juvenil kirchnerista me parece más heredera de la “Coordinadora” Radical (2) de los 80, que de la generación revolucionaria del 70. Está en continuidad con los procesos de “electoralización” y “clientelización” de las clases subalternas iniciado en 1983. 

3) Gran parte de los sectores que se han sumado al modelo de gestión, si bien reconocen defectos y fallas, afirman que “no hay nada a la izquierda” de este gobierno. ¿Qué reflexión le merece esa apreciación?

Algunos de los que sostienen que “no hay nada a la izquierda” de este gobierno expresan el punto de vista de aquellos sectores que no desean salirse de la entropía burguesa, sectores que, en realidad, no quieren asumir abiertamente sus perspectivas conservadoras y su condición de sujetos satisfechos. En realidad: quieren que no exista nada a la izquierda del kirchnerismo. Están también aquellos que creen que es más eficaz inyectarle un poco mística y épica a un populismo remozado que constituir una fuerza transformadora. En lugar de militar en la refundación de un proyecto socialista, en lugar de encarar la construcción de las herramientas emancipatorias necesarias y de ampliar el campo de demanda frente al Estado, prefieren avalar las políticas “progresistas” del Estado.

En general, los que dicen que “no hay nada a la izquierda del gobierno”, asumen una concepción puramente estatal de la política, una concepción de la política como gestión “progresista” de lo dado. Por lo general olvidan que las clases dominantes pueden conceder espacios que no son estratégicos para su reproducción. En otros casos, esta apreciación de que a la izquierda del kirchnerismo sólo nos espera el abismo o la quimera, puede ser expresión del posibilismo, la resignación, la “fatiga militante” o la falta de confianza en el pueblo de algunas franjas del activismo político y de algunos intelectuales.

4) ¿Por qué la izquierda orgánica o dispersa no ha sabido/ no ha podido articular una alternativa real y visible durante los diez años de kirchnerismo?

La izquierda orgánica, en líneas generales, es una izquierda “vieja”. Una izquierda que no ha actualizado sus saberes teóricos y sus prácticas. Una izquierda que se niega a revisar sus certezas, agendas y proyectos y que sigue aferrada a las determinaciones desde arriba y al elitismo. Frente al kirchnerismo se aferró las viejas certezas, al dogmatismo y al purismo; al tiempo que mantuvo sus históricas incapacidades a la hora de construir, desde abajo, un proyecto de nación y de articular la fuerza social que lo realice.

La izquierda “dispersa”, en general, expresa a una nueva izquierda que recién ha dado sus primeros pasos. Creo que existen espacios con un gran potencial político emancipatorio y con capacidad de formular proyectos universalizables y con arraigo, colectivos dispuestos a adquirir una identidad en la praxis y no en disputas de aparatos. Pero considero que para no malograrse tempranamente estos espacios tendrán que liberarse de algunas taras, entre otras: el minimalismo con su exaltación del presente, el corporativismo con su absolutización de lo particular y de la contradicción singular, el sectarismo social y/o político. También tendrán que superar ciertas dificultades para articular las reivindicaciones sectoriales con un proyecto político.

En muchos de los espacios y colectivos de esta “nueva-nueva izquierda”, podemos percibir cierto rechazo por las praxis más específicamente políticas. Este rechazo inhibe su proyección en un plano más universal, anula sus chances de disputar la hegemonía burguesa en la sociedad civil y los desdibuja como alternativa frente al kirchnerismo.

En el otro extremo, el riesgo es caer en la política de superestructuras, en el politicismo y en el tacticismo que promueven las alianzas efímeras con aparatos sectarios o con las versiones alternativas (intrasistémicas) del neopopulismo y el neodesarrollismo.

5) ¿Sobre qué ejes debería la izquierda plantear un modelo de alternativa al gobierno? ¿Lo ve factible en el corto o mediano plazo?

Entre otros posibles, señalo algunos muy generales: a) el cuestionamiento a fondo de las estructuras neocoloniales y la erradicación de sus mecanismos de transferencia de plusvalor, b) la puesta en marcha de programas y acciones de desmercantilización y de avance del poder popular; c) el desarrollo de una conciencia nacional-popular en términos no populistas, es decir: en términos que no sean condescendientes con el capitalismo, d) la construcción colectiva de un proyecto emancipador de las clases subalternas, del pueblo oprimido “en la nación”.

Sin dudas lo veo factible en el corto plazo. Es decir, creo que hay condiciones para proponer un modelo alternativo y para sumar subjetividades revolucionarias y militancia en torno a él. Ahora, una vez planteado, habrá que comenzar a dar los pasos más adecuados en pos de su concreción. Pasos sólidos, fruto de decisiones colectivas, de procesos de auto-educación.

Finalmente, creo que un modelo alterativo al del gobierno debe asumir sin eufemismos la resignificación del proyecto socialista. Un proyecto que deberá ajustar sus cuentas pendientes con las experiencias, dizque socialistas, del siglo XX. El socialismo tiene que ser algo bien diferente a las reformas modernizadoras –y “desde arriba”–, típicas del siglo XX.

El proyecto socialista deberá enraizarse en la tradición nacional-popular. Lo que no quiere decir que la propuesta socialista tenga que proyectarse desde el terreno del populismo (una “tesis” característica de algunos sectores que se autodenominan “nacionalistas revolucionarios” o de “izquierda nacional” y que participan “críticamente” del proyecto kirchnerista). Todo lo contrario. Lo nacional-popular sólo puede realizarse plenamente en el marco del proyecto socialista, es decir: en el marco de movimiento de avance hacia el socialismo. Por lo tanto, no podemos librarnos de la disputa con el populismo y el neodesarollismo, una disputa político-cultural por el sentido de lo nacional-popular.

Notas (…)

Fuente: https://www.lahaine.org/mundo.php/mazzeo-iy-la-izquierda-que-diez-anos-de

  Alternativas emancipatorias 

«Queremos un cambio radical
del modelo agropecuario»

10 de junio de 2025

Por Nahuel Lag | Agencia Tierraviva

La Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) elabora un plan agropecuario para revertir el agronegocio excluyente y fomentar un campo con productores, arraigo y alimentos sanos para las mesas argentinas. La decisión de «un millón de chacras», trabajo local y cuidado del ambiente. Dura crítica al Gobierno y a las entidades de la Mesa de Enlace.

La Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) pone once ejes sobre la mesa para debatir otro modelo de “campo”, para una nueva «Propuesta de Política Agraria». El desafío es desarrollar el agro más allá de la exportación de commodities, pensar el campo “con un millón de chacras” y defender instituciones públicas como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Conicet y las universidades públicas para trabajar por intereses comunes, que potencien a los agricultores y cooperativas y no la apropiación privada para las grandes empresas. También proponen crear valor agregado, políticas para producir alimentos en todo el territorio, abastecer las mesas con trabajo cooperativo y exportar con políticas soberanas. (…)

De los commodities o un modelo federal de producción de alimentos 

Corporaciones tecnológicas en agricultura y alimentación:
edición genómica y digitalización

junio 30, 2025

Las grandes empresas se basan, para dominar un mercado, en generar monopolios, regulaciones que facilitan sus ganancias y la dependencia de paquetes tecnológicos. A continuación, una radiografía del contexto corporativo en agroalimentación y de las nuevas tecnologías que afectan a las economías, la vida campesina, al ambiente y la salud.

 

Por Silvia Ribeiro para Alianza Biodiversidad

La alimentación es una función vital para todas y todos. No podemos vivir sin comer. Por eso las grandes empresas trasnacionales se han empeñado en controlar la agricultura y la alimentación, ya que es también uno de los mayores sectores económicos. Por más de 10.000 años, la producción agrícola y alimentaria se basó en las agriculturas, tecnologías y modos de vida campesinos e indígenas, diversos y descentralizados, entre los cuales había intercambio y mercados territoriales, pero muy poca concentración de poder empresarial.

Eso cambió en el siglo XX, con la introducción de tecnologías que permitieron la uniformización de las semillas, sistemas de riego industrial, fertilización sintética, grandes maquinarias y automatización

En el siglo XXI se desplegaron nuevas biotecnologías de ingeniería genética y formas de digitalización en toda la cadena agroindustrial, junto a la robotización y uso de información satelital.

Tres de los principales medios de control que las empresas usan, además de la explotación laboral y desplazamientos de los campos, han sido la dominación de mercado, estableciendo oligopolios y monopolios; regulaciones que facilitan sus actividades y ganancias; la introducción de tecnologías que les dan más control y supuesta eficiencia.

En este breve documento se plantea un panorama de los nuevos contextos corporativos y cuáles son las principales tecnologías que afectan a las economías y vida campesina, al ambiente y a la salud.

El contexto corporativo

A nivel de toda la cadena alimentaria agroindustrial encontramos que, en cada eslabón, pocas empresas controlan cerca de la mitad o más del mercado global. Por ejemplo, entre cuatro trasnacionales controlan cerca de las dos terceras partes del mercado global de agrotóxicos y semillas comerciales. Son Bayer (Alemania, dueña de Monsanto) Syngenta Group (China, compra por parte de Sinochem y fusión con Adama), Corteva (Estados Unidos, fusión de DuPont y Dow) y Basf, de Alemania.

Todas son antiquísimas fabricantes de veneno que se apropiaron de las empresas semilleras en las últimas cuatro décadas. Esas cuatro controlan prácticamente el 100 por ciento de las semillas transgénicas sembradas en el mundo, de las cuales la gran mayoría han sido manipuladas para ser dependientes de uno o más agrotóxicos, que son el principal rubro de venta de esas mismas empresas.

En el resto de la cadena, desde maquinarias, almacenadores, procesadores a supermercados, hay una fuerte presencia de oligopolios de empresas trasnacionales, muchas de las cuales son conocidas desde el siglo pasado, como John Deere, Cargill, ADM, Bunge, Nestlé, Pepsico, Conagra, Walmart, Carrefour. (…)

Los cultivos transgénicos han causado una enorme contaminación de suelos, agua y alta presencia de residuos químicos en alimentos. Por ejemplo, se han encontrado residuos de glifosato en orina, sangre y leche materna, en la población en regiones de siembra, también en niños y docentes en escuelas. El maíz y algodón transgénicos han contaminado con genes manipulados a variedades nativas y criollas.

Pese a que podemos tener la impresión que los transgénicos están en todas partes (están en diez países de América Latina, aunque algunos en áreas reducidas), en realidad la gran mayoría está en muy pocos países y todos los transgénicos sembrados son controlados por cuatro trasnacionales.

Como una forma de escapar del estigma negativo del nombre “transgénico” y de paso evitar incluso los débiles controles de las leyes de bioseguridad en cada país, la industria biotecnológica y de agronegocios cambió el nombre a las nuevas formas de hacer cultivos y animales con ingeniería genética a “edición génica”, o “edición genómica”. Para hacer aún más confuso el nombre, en varios países llaman a estos nuevos organismos modificados genéticamente como resultantes de lo que llaman “técnicas de mejoramiento de precisión”. Esto coincidió con el uso de nuevas técnicas, por ejemplo, las llamadas Crispr-Cas9, Talen y otras. Sin embargo, todas son formas de ingeniería genética para manipular los genomas de cultivos o animales y conllevan impactos e incertidumbres.

Con los nuevos nombres, las empresas han logrado transgredir las leyes de bioseguridad en varios países, e incluso las prohibiciones de transgénicos en la constitución, como es el caso de Ecuador. Actualmente, se está trabajando a nivel experimental en manipular genéticamente arroz, maíz, tomate, soja y trigo, además de algunas hortalizas , frutas, insectos, microorganismos y ganado.

Todos los organismos resultantes de “edición génica” han sido manipulados en su genoma, en algunos casos introduciendo nuevos genes y en otros silenciado genes o parte de ellos, con lo que cambian su expresión. Este tipo de ingeniería genética conlleva nuevos riesgos, que se suman a los que ya tenían los transgénicos anteriores.

Por ejemplo, producen cambios inesperados en los genomas, que pueden resultar en crecimiento anormal de órganos, reacciones alérgicas, toxicidad. Ya se conocen muchos riesgos de la edición génica en plantas y animales, y hay grandes incertidumbres sobre sus efectos en los organismos, en quién los consuman y en el ambiente. No obstante, si se exceptúan de pasar por evaluación de bioseguridad, serán comercializados como convencionales, sin advertir de los riesgos o cambios que puedan causar.

En ese paquete de tecnologías de “edición génica” se incluye también la riesgosa tecnología de impulsores genéticos, que es para intentar que un gen manipulado pase a todas las generaciones siguientes violentando las leyes de la herencia. Esta tecnología se está experimentando por ejemplo, en insectos que son considerados plagas en ganado o para revertir la resistencia al glifosato en malezas. (…)

Algunos impactos de la digitalización en la agricultura campesina:

  • Mayor control de los agronegocios y nuevas corporaciones sobre todos los aspectos de la cadena agroalimentaria, desde las semillas a la producción y las ventas.
  • Mayor dependencia de las y los productores con las empresas y sus tecnologías.
  • Mayor separación entre productores y consumidores, intermediados por empresas y herramientas digitales.
  • Extracción masiva de datos de los campos y territorios que son vendidos a otras empresas para explotación y para manipulación de conductas de consumo y otras.
  • Mapeo y venta de datos que abre a nuevas explotaciones en los territorios.
  • Disputa por agua, energía y recursos en los territorios, por ejemplo con el establecimiento de centros de datos y su demanda de estos recursos.
  • Generación de basura tóxica de la industria informática.

Nuevos desafíos para las organizaciones campesinas y movimientos sociales

  • Las nuevas configuraciones corporativas incluyen actores nuevos que nunca habían actuado antes en alimentación y agricultura. Es preciso detectarlos y comprender los impactos de sus actividades.
  • Las nuevas formas de biotecnología, como la edición génica y otras, conllevan nuevos riesgos ambientales y a la salud que se suman a los que ya han causado los transgénicos.
  • Varios gobiernos de América Latina han sido playa pionera a nivel global para eliminar el principio de precaución, debilitar leyes de bioseguridad y habilitar la comercialización de organismos modificados genéticamente de edición génica, sin regulación ni aviso de que están en los mercados.
  • Es necesario rechazar la invasión de la industria digital corporativa en agricultura y rechazar la extracción de datos de comunidades, personas y territorios.
  • Es necesario comprender nuevas trampas, como la nueva ola mercados de carbono en suelos, bosques y territorios agrícolas y rechazar la aplicación de mercados de carbono, especialmente en agricultura y alimentación.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/corporaciones-tecnologicas-en-agricultura-y-alimentacion-edicion-genomica-y-digitalizacion/

Qué Trabajo

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /
Alternativas emancipatorias

Expropiado y explotado por la burguesía

«El significado de la condena a CFK excede el campo del peronismo. Así lo entendieron los sectores de izquierda. Ellos se solidarizaron con rapidez y firmeza. Lo hicieron en el entendimiento de que no sólo se trata de un encono personal contra la ex mandataria, sino de un avance sobre las libertades de todos y todas los que se opongan con claridad al actual rumbo del país. Levantaron la necesidad de una movilización permanente».

 Ecocida y genocida

Reflexiones desde la historia
y el presente argentino

“La verdadera soberanía económica está en decidir nuestro futuro,
no en complacer al mercado internacional”

 

Antonio Suárez, profesor de Historia, reflexiona sobre las amenazas a la soberanía argentina en un contexto de políticas que priorizan intereses extranjeros. La defensa de las instituciones, la educación pública y el desarrollo económico desde una perspectiva nacional son claves para construir un futuro digno.

Victoria Brauton – Agencia Comunica

20 de noviembre de 2024

En un contexto de cambios políticos profundos en Argentina, donde el gobierno propone un modelo basado en intereses de capitales extranjeros, la soberanía nacional se encuentra en el centro del debate. Antonio Suárez, profesor de Historia en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA, analiza este escenario desde una perspectiva crítica que combina pasado y presente.

Para Suárez, el modelo actual busca vender un plan de negocios extranjerizante como un proyecto de país. “Se intenta convencer de que satisfacer a los capitales especulativos del hemisferio norte es beneficioso, mientras se desmantelan los lazos comunitarios y el tejido institucional que nos protegen como sociedad”, menciona.

La idea de “correr al Estado del medio” es, para el profesional, una maniobra discursiva que esconde el desguace de instituciones fundamentales. “Hablar de soberanía implica hablar de un pueblo consciente, que entiende su historia compartida y las amenazas que enfrenta”, destaca.

Vuelta de Obligado: una lección vigente

El Combate de la Vuelta de Obligado, ocurrido el 20 de noviembre de 1845, enfrentó a las tropas argentinas lideradas por Lucio Mansilla contra una flota anglo-francesa en el río Paraná. Aunque las fuerzas argentinas sufrieron grandes pérdidas, su resistencia heroica marcó un hito en la defensa de la soberanía nacional. La batalla impulsó un reconocimiento internacional de los derechos argentinos sobre sus ríos

En este marco, Suárez invita a reflexionar sobre la Batalla de la Vuelta de Obligado para ilustrar la importancia de la resistencia soberana. En ese entonces, Argentina enfrentó a dos potencias imperiales desde una posición desventajosa, pero con una firmeza que sigue siendo ejemplo. “La realidad debe ser analizada con firmeza, sin caer en voluntarismos ni cobardías. Solo así podemos resistir a las fuerzas que buscan subordinarnos”, afirma.

Suárez subraya que confundir crecimiento financiero con desarrollo social es un error. “Un pueblo soberano no depende de consorcios extranjeros ni se somete a decisiones que desangran su mercado interno. La soberanía económica comienza con garantizar derechos básicos a la población”.

“No podemos celebrar índices financieros mientras no garantizamos a nuestra población derechos básicos como el acceso a la tierra y a una vivienda digna. La verdadera soberanía económica radica en decidir nuestro futuro como pueblo, no en complacer al mercado internacional”, enfatiza. (…)

Fuente: https://www.agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/1659-soberania-en-disputa-reflexiones-desde-la-historia-y-el-presente-argentino

–    Redistribución de la riqueza.
– Recuperación de los recursos naturales, puertos y vías navegables
–    Ambiente y modelo productivo
–    Seguridad democrática: reformas de la policía y la justicia
–    Reformas institucionales pendientes: constitucional, tributaria (…)

Fuente: https://carlosdelfrade.com.ar/noticias/nace-el-frente-amplio-por-la-soberania/

Lucio Cuenca Berger

CODEMAA

Carta presentada a la Ministra de Medio Ambiente en su cuenta públia realizada en Copiapó.

COPIAPO, 10 de julio de 2025.

Sra. Maisa Rojas Corradi

Ministra del Medio Ambiente

De nuestra consideración:

Con motivo de su venida a Copiapó, a entregar la Cuenta Pública Participativa del Ministerio del Medio Ambiente 2024, nos permitimos entregar a Ud. la presente Carta en la cual le exponemos de modo general, dos de los problemas ambientales de Copiapó y la región de Atacama que concentran nuestra preocupación y que consideramos importante representar ante Ud.

Nos preocupa la inminente aprobación ambiental del proyecto Copiaport-e y los elementos institucionales que están implicados en este desenlace. (…)

(..)Nos preocupa la inminente aprobación ambiental del proyecto Copiaport-e y los elementos institucionales que están implicados en este desenlace

El daño ambiental de que nos libramos en años recientes, al impedir la materialización de los proyectos Termoeléctrica Castilla y Gas Andes LNG, se concretaría ahora con la aprobación y construcción en el área de Bahía Chasco- Punta Cachos, del megapuerto Copiaport-e que incluye también desaladoras y otras instalaciones de gran impacto ambiental.

Sentimos que servicios con competencia ambiental en los que depositábamos esperanzas, han terminado renunciando a la defensa y protección de esta área marina y costera de excepcional valor.

El gobierno y el consejo regional de Atacama absorbidos por una conducta que nos atrevemos a calificar como una conducta negligente, han dado su conformidad a este proyecto sin hacer una evaluación mínimamente seria del mismo. Ante esto nos hemos preguntado de qué sirve definir una Estrategia de Desarrollo Regional y proclamar la Protección del Patrimonio Natural y Ambiental, si ante proyectos como Copiaport-e no hacemos valer esas definiciones.

La Solicitud al Ministerio del Medio Ambiente, hecha por la Municipalidad de Copiapó el año 2018, en cuanto a declarar a Bahía Chasco Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos de bajo impacto ambiental, fue una genuina expresión de un amplio sector ciudadano que se movilizó y se opuso a proyectos que causarían impactos altamente negativos sobre la biodiversidad albergada por dicha Bahía.

Consideramos, Sra. Ministra, que siete años es tiempo suficiente para que el Ministerio se pronuncie y proteja este patrimonio.

La aprobación del proyecto Copiaport-e pone en evidencia la incoherencia y la incapacidad fundamental del Estado y sus servicios para proteger un área del mar y de la costa de Atacama de alta relevancia ecológica marina, un manantial inapreciable e insustituible de la biodiversidad y de la reproducción de la vida marina como es Bahía Chasco y el área aledaña a Punta Cachos.

Nos preocupa que el Salar de Maricunga no sea un salar cien por ciento protegido

Al plantearle esta preocupación, Sra. Ministra, no tenemos como referencia sólo proyectos individuales que se pretenden desarrollar en este salar como el proyecto Blanco y el proyecto Sales de Maricunga, sino que por sobre todo tenemos como referencia la Estrategia Nacional del Litio, la cual contempla la categoría de salar protegido.

Y, al respecto, debemos representar ante Ud. que no nos resulta racional la figura de salares parcialmente protegidos, como sería el caso de nuestro salar de Maricunga, al que se le concede un 33% de protección, en circunstancias que un salar relativamente pequeño como este, el cual tiene una superficie equivalente a la veinteava parte del salar de Atacama, constituye una unidad ecosistémica que sólo puede protegerse si se considera el cien por ciento de su superficie.

Por las evaluaciones ambientales de los proyectos Sales de Maricunga y proyecto Blanco, sabemos que no existe un modelo hidrogeológico que refleje satisfactoriamente la complejidad de Maricunga, ni menos la del sistema hídrico altoandino del cual el salar de Maricunga forma parte.

Sabemos igualmente que la biodiversidad microscópica albergada en el salar, está lejos de haber sido estudiada de manera exhaustiva y que, por tal razón, no se tiene determinado todo el valor ecológico de la misma y el daño que podrían producirle las explotaciones de litio.

Respecto al impacto de las explotaciones del litio y otras sustancias sobre las poblaciones de flamencos y otras especies vinculadas a los salares aún hay aristas que deben ser estudiadas e investigadas.

El principio preventivo o precautorio, aceptado universalmente, como principio que impregna toda la filosofía y el espíritu de la ley 19300 de Bases del medio ambiente, no puede dejar de tenerse presente e invocarse por los servicios con competencia ambiental, al evaluar aspectos como los arriba señalados y, en particular, cuando emitan Resoluciones de Calificación Ambiental sobre actividades y proyectos a desarrollarse en los salares.

Por lo anterior, Sra. Ministra, consideramos que la única manera eficaz de preservar nuestro salar de Maricunga es declararlo como salar cien por ciento protegido. (…)

Conflictos socioambientales y transiciones justas en el siglo XXI    

Afrontar el desafío de descolonizar la energía 
La imperiosa urgencia de
una moratoria minera en toda América Latina

Horacio Machado Aráoz, Aimée Martínez Vega, Leonardo Javier Rossi, Camila Parodi    

probecas@clacso.edu.ar www.clacso.org Junio 2025 

(…) La fiebre del litio -así como la intensificación de las actividades de exploración y explotación de todo tipo de fuentes energéticas y de minerales a la que estamos asistiendo en los últimos años como presunta respuesta a la necesidad de una “descarbonización” de la economía mundial-, forma parte, en realidad, de una nueva escalada extractivista global que responde a los requerimientos geosociometabólicos del capital como sistema-ecología mundo. En nombre de la “transición energética” y la retórica de la “descarbonización”, se está acelerando la espiral extractivista de un sistema oligárquico-energívoro que, actualmente, se dirige a la explotación creciente de lo que cabe considerar como “energías extremas”: energías que, lejos de buscar redimensionar y reorientar la dinámica general de la economía política del capital para adecuarla a las dinámi- cas, flujos y temporalidades de los equilibrios fundamentales de la Biósfera, están operando como un gran acelerador geosociometabólico. 

En ese marco, es claro que el litio no es ningún “mineral imprescindible” para la creación de una matriz energética “limpia” ni “sostenible”, ni “renovable”. Por el contrario, bien puede considerarse como el más reciente eslabón de la larga cadena colonial que sostiene la termodinámica del imperialismo. Lejos de ser un “recurso estratégico” clave en la creación de tecnologías energéticas alternativas a la matriz fósil, su explotación es dependiente de la quema de combustibles fósiles y los usos a los que está siendo destinado van a adicionar e intensificar no sólo el consumo de energías fósiles, sino también las tasas de extracción de minerales y cuerpos de aguas.

Objetivamente, el litio que se está extrayendo es un componente clave de una mercancía global de lujo. Su cotización -y las expectativas de rentabilidad que genera- está en alza en cuanto constituye un insumo estratégico de una cadena global de suministro traccionada por el consumo suntuario de élites sociales cada vez más concentradas. El 65 % del litio que se extrae actualmente va a parar a baterías de automóviles particulares. De seguir así, las proyecciones indican que en 2035 el 84 % de la ex- tracción mundial de este mineral serán acaparadas para tal destino. (…)   

Fuente: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/253275/1/Afrontar-el-desafio.pdf

Alternativas emancipatorias

Pucara Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación

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🔴Comunicado urgente desde la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano

El 11 de julio de 2025, el Gobierno de Catamarca ha difundido información falsa y peligrosa, que afecta directamente la vida, el futuro de Antofagasta de la Sierra y el de toda la población catamarqueña.

📣En su comunicado oficial aseguran haber presentado el “Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo” del Río Los Patos y el Salar del Hombre Muerto requerido por la Corte. Pero esto es mentira.

La Comunidad Atacameños del Altiplano no ha participado ni legitimado ese informe. Los llamados “Talleres Participativos” han sido manipulados, violentos y antidemocráticos. La comunidad fue expulsada del primer taller y no volvieron: «no somos ingenuos, conocemos de años estas prácticas fraudulentas»

🚫Charlas técnicas sin respuestas, audiencias simuladas, consultas fuera de normativa y con gendarmería custodiando el ingreso. Nada de esto es libre, ni previo, ni informado, como lo exige el Convenio 169 de la OIT.

Hace años se viene denunciando la corrupción, las amenazas y la compra de voluntades. «La megaminería de litio está destruyendo nuestra casa»

🤑Mientras tanto, el Gobierno y las empresas siguen avanzando: abren rutas en lugares sagrados, invaden vegas, sacan agua sin permiso, sin respetar ni siquiera a la Corte Suprema.

⚖️Llamamos a la Justicia Catamarqueña a tomar una postura ética y firme.
A defender a nuestra Comunidad.
A defender a todos los catamarqueños.
A no ser cómplice de la mentira ni del saqueo.

🔗Link de comunicado completo en nuestras historias

#comunidades #atacameños #SalaresHumedal #salardelhombremuerto #AntofagastaDeLaSierra #Catamarca #riolospatos

 «tal como se está explotando y para lo que se está explotando, el litio forma parte de los nuevos combustibles del Capitaloceno. Está siendo un engranaje clave de un complejo extractivo tecno-industrial que reproduce y profundiza la vieja división colonial del trabajo y la “naturaleza” con el efecto de proveer a los centros mundiales de poder y de consumo oligárquico».

Conflictos socioambientales y transiciones justas en el siglo XXI    

Afrontar el desafío de descolonizar la energía 
La imperiosa urgencia de
una moratoria minera en toda América Latina

Horacio Machado Aráoz, Aimée Martínez Vega, Leonardo Javier Rossi, Camila Parodi    

probecas@clacso.edu.ar www.clacso.org junio 2025 

(…) En definitiva, tal como se está explotando y para lo que se está explotando, el litio forma parte de los nuevos combustibles del Capitaloceno. Está siendo un engranaje clave de un complejo extractivo tecno-industrial que reproduce y profundiza la vieja división colonial del trabajo y la “naturaleza” con el efecto de proveer a los centros mundiales de poder y de consumo oligárquico, los subsidios ecológicos necesarios para el mantenimiento de sus privilegios. Los privilegios del modo de vida imperial se sostienen sobre tecnologías imperiales que “han institucionalizado una destructiva forma de irresponsabilidad colectiva”. Si en términos globales, el litio no viene de ninguna manera a reparar la ruptura del ciclo del carbono sino a intensificar la brecha metabólica, en términos regionales y nacionales, su explotación es funcional a la creación de enclaves extractivistas que profundizan la dependencia histórico-estructural a la vez que favorecen la perpetuación de oligarquías locales cada vez más al margen de toda responsabilidad democrática respecto de poblaciones.

A nivel subregional y local, la dependencia rentística del extractivismo es funcional al clientelismo y a la reproducción de mecanismos autocráticos de gobierno. Más allá del litio, la carrera extractivista de la “transición energética” involucra a muchos otros minerales, entre ellos, el cobre, el níquel, el cobalto, el manganeso, el hierro y muchos otros. La llamada “transición energética” está reactivando las oportunidades de lucro de la minería transnacional, al mismo tiempo que está siendo usada por las empresas del sector como un gran tópico de green-washing corporativo para eludir las resistencias sociales que genera allí donde asientan sus proyectos de explotación. La Agencia Internacional de Energía señala que “desde la década de 2010, la cantidad de minerales promedio necesaria para una nueva unidad de capacidad de generación de energía ha aumentado en un 50 % dado que la proporción de energía renovable ha aumentado”. En términos geo- metabólicos, lo que se vende como “renovables” no son energías de flujos, sino de stocks: requieren seguir excavando cada vez más y a mayor profundidad, las entrañas de la Tierra. Esta reactivada avidez por minerales, encuentra en América Latina las condiciones jurídico-políticas ideales para su propagación. Desde las reformas de la dictadura de Pinochet (1973), toda la legislación ambiental y minera en América Latina ha sido modificada con el objeto de sustituir el paradigma nacional-desarrollista de las décadas previas por uno “que asume que el patrimonio natural mundial debe estar a disposición de los inversionistas y que son éstos quienes de- ben definir la oportunidad y racionalidad de las explotaciones”. Semejante marco normativo, todavía plenamente vigente, hace de toda América Latina, una “zona de mina” a disposición de las zonas de “fábricas” y de “tienda” del orden colonial global. Las principales reservas de los minerales más demandados globalmente, se encuentran ya totalmente concesionados y en poder del exclusivo conglomerado oligopólico de empresas extractivas transnacionales que dominan la cadena de suministro global. 

Es en este escenario que, nos parece, deberíamos plantearnos los lineamientos programáticos que se podrían construir y proponer al debate público en relación con los nuevos impactos y conflictos socioambientales suscitados por esa ola de re-mineralización alimentada por el discurso de la “transición energética” en nuestra región, de cara a horizontes de transiciones otras, inspiradas en los objetivos de la justicia social y ambiental global, la democratización y la sustentabilidad de nuestros modos de vida y convivencia colectiva. En tal sentido, yendo del estudio de caso concreto y de la escala local hacia las dimensiones más generales y a escala nacional y regional, consideramos que los principales lineamientos programáticos a seguir y construir en pos de transiciones justas y sostenibles, en un marco de ampliación de derechos y de democratización de nuestras sociedades podrían ser los siguientes.

Fuente: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/253275/1/Afrontar-el-desafio.pdf

La economía del genocidio y las empresas tecnológicas

12 de julio de 2025

Silvia Ribeiro

La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, presentó el 3 de julio un informe titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, donde se señala a más de 60 empresas trasnacionales de lucrar con el genocidio en Gaza y la ocupación de otros territorios palestinos. (https://tinyurl.com/54uf2tda)

Menciona a las más grandes compañías tecnológicas globales, a corporativos dedicados a las armas, como Lockheed Martin, petroleras como Chevron y BP; a Volvo, Hyundai, Caterpillar y otras de maquinaria diseñadas especialmente para transporte, demolición y construcción en zonas ocupadas; a Booking y Airbnb, que rentan casas en territorios

ocupados, así como transportistas, bancos, empresas de agronegocios y otras. Señala también a universidades e instituciones académicas que aprovechan el desastre para proyectos experimentales, varios con fondos del programa Horizonte de la Unión Europea.

Mientras la vida en Gaza está siendo destruida y Cisjordania está bajo un ataque cada vez mayor, este informe muestra por qué continúa el genocidio de Israel: porque es lucrativo para muchos, asevera el informe. Las empresas obtuvieron ganancias récord al proveer a ese país con grandes volúmenes de armas y otros insumos para atacar a una población civil prácticamente indefensa.

Para las empresas el atractivo no es solamente en dinero y las ganancias, también la guerra de Israel contra Palestina les ha servido como campo de pruebas, sin rendición de cuentas ni supervisión, especialmente para nuevas armas y tecnología.

Tanto el sector armamentista como las mayores tecnológicas globales, entre ellas IBM, Microsoft, Google, Amazon, Palantir y Hewlett Packard han usado el genocidio para pegar un salto muy lucrativo con la experimentación de productos para usos bélicos.

IBM hizo posible, por ejemplo, la recolección masiva y almacenamiento de datos biométricos de los palestinos, para sostener el régimen discriminatorio de Israel. En el caso de Microsoft, desarrolló tecnología para uso en prisiones y diversas operaciones de los cuerpos de seguridad y defensa. Aunque no se menciona específicamente en este informe, Microsoft y su plataforma Azure han sido claves en la colaboración con la empresa OpenAI, dueña de ChatGPT, para usar y adaptar ese programa de inteligencia artificial comercial con fines bélicos. (https://tinyurl.com/2s4seksm)

Microsoft es, desde 2024, también un socio estratégico de Palantir, empresa de software especializada en herramientas de inteligencia artificial para uso militar, represivo, de vigilancia y afines. Palantir tiene contratos con el ejército, policía y autoridades de migración de Estados Unidos, por ejemplo, para perseguir migrantes. En 2024 firmó un contrato estratégico con el Ministerio de Defensa de Israel para apoyar sus esfuerzos bélicos, de lo cual se enorgullece públicamente. (https://tinyurl.com/4xm6e9cb)

Amazon y Alphabet (dueña de Google) consiguieron desde 2021 un gran contrato donde participa el ejército de Israel para proveer servicios de almacenamiento y uso de grandes bases de datos en sus nubes informáticas. Este proyecto con las fuerzas militares de Israel fue criticado desde su firma por los empleados de ambas corporaciones, pero esto no las detuvo para que siguieran con el lucrativo proyecto, proveyendo un amplio espectro de servicios derivados del uso de sus plataformas Azure y Cloud. Reportajes de investigación revelaron que el ejército de Israel ha usado al menos tres diferentes programas de inteligencia artificial (Lavender, Gospel y Where is Daddy) para rastrear, vigilar y atacar palestinos, multiplicando el número y velocidad de los bombardeos en Gaza, con devastadores impactos sobre la población civil. No lo hubieran podido hacer sin la colaboración de Amazon, Google y Microsoft. (https://tinyurl.com/z4wvskwd)

Otra empresa que ha colaborado activamente con la guerra, incluso antes de obtener el permiso oficial para intervenir, es Starlink, compañía de Internet satelital de SpaceX, de Elon Musk. Esto se reveló, como ejemplo a seguir, en un webinario para inversionistas en mayo de 2025, organizado por el Ministerio de Defensa israelí titulado Why VCs Are Betting on Defense Tech (Por qué los capitalistas de riesgo apuestan por la tecnología de defensa). En el evento se ensalzan las posibilidades de ganancias con las actuales políticas bélicas de Israel. (Wired, https://tinyurl.com/5n8dhmtv)

Es insoslayable el rol clave que las grandes empresas tecnológicas están jugando para avanzar formas más perversas de guerra, represión, vigilancia, control. Varias de ellas cambiaron recientemente su declaración de no uso bélico de sus tecnologías.

Por lo pronto, el informe exhorta a los estados a embargar y sancionar todo comercio de armas y otras actividades que contribuyan al genocidio, y a la Corte Penal Internacional a que investigue y enjuicie a los ejecutivos de las empresas involucradas por su participación en crímenes internacionales.

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2025/07/12/economia/015a1eco?fbclid=IwY2xjawLf3mxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFReWZNWVV4dVNTb09SaTNvAR4kh2wo-HcfKcAvtIir5A_p17315BeceBiJGaXmoWwtNNDoVKTWSQpqwbl0Eg_aem_qxE4xcbiAx83l7MBpgxz7g

Qué Abya Yala

Historia y presente/ Ofensiva del sistema mundo capitalista / Alternativas emancipatorias

Historia y presente

 Pueblos Originarios En Lucha

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LLAMAMIENTO AL 17 ENCUENTRO DE
NACIONES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
15, 16 y 17 de agosto del 2025 Rosario


HERMANOS DE LOS DIFERENTES PUEBLOS Y NACIONES ORIGINARIAS, UNAMOS NUESTRAS MANOS PARA QUE, EN EL TELAR DE LA VIDA, TEJAMOS JUNTOS CON CADA HEBRA DE NUESTRAS LUCHAS LA TRAMA DE UNA NUEVA HISTORIA, NUESTRA HISTORIA.
Los pueblos y naciones originarios, nos planteamos trabajar para profundizar la unidad de nuestras comunidades, pueblos y naciones para la lucha en común por nuestros reclamos y por nuestros derechos ancestrales, en primer lugar, la tierra y los territorios. Y también, trabajamos para profundizar la unidad de los originarios con el conjunto de la clase obrera, los campesinos pobres y demás sectores populares, que al igual que nosotros sufren la opresión y explotación, ya que todos tenemos los mismos enemigos imperialistas, terratenientes, la burguesía intermediaria y el estado a su servicio.

Los pueblos y naciones originarias llevamos 532 años enfrentando las campañas de exterminio, primero de los españoles y luego las mal llamadas campañas al desierto –en realidad un verdadero genocidio- de Roca y Victorica.
En la provincia de Santa Fe, la lucha contra el genocidio fue permanente y podemos destacar dos hechos muy importantes. Primero la Masacre de San Antonio de Obligado el 11 de Marzo de 1887, donde más de 100 hermanos originarios fueron asesinados por oponerse a los atropellos , las últimas investigaciones han encontrado bajo la Cruz Alta de San Antonio restos humanos que prueban la masacre.
El 21 de Abril de 1904 en San Javier (Santa Fe) se asesinó a más de un centenar de mocovies. Se trató de una Matanza Preventiva, buscando disciplinar mano de obra barata como luego ocurrió en 1924 en Napalpi y en 1947 en Rincón Bomba. No hubo malón,ni primer malón ni último malón. Hubo masacre, impunidad y desmemoria.
Las naciones y pueblos originarios, acá estamos exigiendo Reparación Histórica, en todos los aspectos. Política, económica, cultural, identitaria, Sanitaria, educacional, esencialmente territorial en el campo y la ciudad, a donde hemos sido empujados por hambre, desalojos, pobreza, falta de trabajo.
Este nuevo genocidio silencioso que hace muchos años se está llevando adelante, llegamos aquí con la legalidad en nuestras manos, que es el fruto de nuestra lucha, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución del país, el convenio 169 de la OIT incorporado a la misma, la resolución de Naciones Unidas sobre la Autonomía de los Pueblos indígenas. Pero la realidad muestra que son solo papeles si no arrancamos respuestas con la lucha, nos ponemos de pie con dignidad y nos hacemos respetar con rebeldía.
Las naciones y pueblos originarios estamos sufriendo un despiadado y cruel ataque de la política ajustadora, entreguista, con medidas fascistas y represivas del gobierno de Milei, y su ministra Bullrich, con la complicidad de algunos gobernadores, nos desalojan de nuestros territorios. Nos afectan en todos los aspectos, sobre todo a niños y ancianos, hambre, desnutrición, enfermedades evitables, como dengue, tuberculosis, lepra, etc. falta de salud, de educación, viviendas, de trabajo, ayuda a nuestras producciones, despidos, salarios de miseria, falta de prevención, y de ayuda por desastres naturales que se agudizan con el cambio climático (inundaciones, sequias, tornados, contaminación) profundizan en forma aberrante, el genocidio silencioso, que arrastramos desde hace mucho tiempo. No es solo nuestra opinión, así lo definió la Corte Suprema de la Nación.
Compartimos entre nosotros, la clase obrera y el pueblo argentino todos estos males que produce este gobierno, que busca profundizar la dependencia de los capitales imperialistas, con el endeudamiento externo, ilegal y odioso con el FMI, el robo a través de la renta terrateniente y del capital financiero, imponiendo la represión, la criminalización, el miedo en todos los pueblos de Argentina. Por eso votaron prácticamente en soledad, contra los pueblos indígenas en Naciones Unidas, por eso les abrieron la tranquera legal a todos los usurpadores, de nuestras tierras y territorios, derogando el decreto que sostenía la ley 26160, ley contra los desalojos y por el relevamiento territorial de las naciones y pueblos originarios.
Llevan adelante un relato mentiroso, para imponer su política. Hace arrodillar a gobernadores y compra diputados y senadores con lo que lograron aprobar la ley bases, el decreto 70 y el RIGI, para entregar todo el recurso natural por 30 años,(rios y puertos,tierras,oro,petróleo litio) sin que los monopolios dejen un peso en nuestros territorios donde mayoritariamente vivimos ancestralmente y solo quede destrucción, muerte y destierro forzoso de nuestra gente a las barriadas pobres de las grandes ciudades, como viene pasando, por falta de trabajo y perspectiva futura de buen vivir. El acuerdo de compensación de deudas de las provincias con la nación, que firmaron con los gobiernos, les permite “pagar” con tierras fiscales entre otras cosas, poniendo en riesgo los territorios donde no tenemos los títulos
Este gobierno “libertario liberal”, son esencialmente conservadores y fascistas, seguidores del Gral. Julio Roca, Estanislao Zevallos, Sarmiento, Avellaneda, que fueron a fondo con la política de usurpación y exterminio, para apropiarse de las tierras primitivas de 8 actuales provincias argentinas donde habitamos de épocas inmemoriales.
Por todo esto invitamos a todos nuestros hermanos del actual territorio que hoy es Argentina, para seguir debatiendo nuestras realidades, espacios de participación y respeto por las diferencias, buscando la más amplia unidad, para enfrentar la dolorosa situación en la que vivimos. Por las políticas racistas de este gobierno de Milei, que profundiza y recrudecen la realidad nuestras naciones y pueblos originarios.
La lucha continua por la recuperación de la verdadera historia, la reparación histórica que nos merecemos.

COMISION ORGANIZADORA DEL 17°ENCUENTRO DE NACIONES Y PUEBLOS ORIGINARIOS

Rebeldías Resistencias. El Común y Otras Luchas.

NEO INDIGENISMO DE CUARTA

El mal gobierno de morena, como lo hicieron también el pri y el pan, celebra «el pasado glorioso» y las «raíces indígenas» en el zócalo de la ciudad de México en formato museo-performance, es decir, desde el fetichismo ornamental y folclórico del neo indigenismo burocrático e institucional. Al mismo en Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, criminaliza y persigue judicialmente a indígenas mazatecas por defender su río y denunciar a caciques extractivistas, pertenecientes a morena y protegidos por el mismo gobierno del morenista Salomón Jara; o en Puebla, en donde el gobierno del también morenista Alejandro Armenta y el gobierno federal encarcelan y persiguen judicialmente a defensores del agua y el territorio; o en Chiapas, Guerrero, Michoacán o Morelos, en donde gobiernos locales, estatales y el federal en complicidad con grupos criminales por omisión y/o aquiescencia, asesinan y desaparecen indígenas defensores del territorio sin que nadie de arriba lleve la cuenta; o en el norte, ofreciendo planes de «justicia» que disfrazan el control político y territorial; o en el sur-sureste y la península de Yucatán, imponiendo proyectos extractivistas de reordenamiento territorial utilizando la militarización, la mentira y el engaño como políticas de desarrollo.

A los malos gobiernos de cualquier color o partido sólo les agradan los indígenas del pasado dentro de una urna de cristal y en el presente los que agachan la cabeza y obedecen las directrices políticas, económicas e ideológicas de su programa que siempre responden al capital. A los pueblos originarios organizados en torno a la defensa de la naturaleza y de su autonomía nunca los han visto con buenos ojos y siempre les han sido incómodos e incluso desechables.

Lo dijeron los zapatistas en su Cuarta Declaración de la Selva Lacandona hace ya casi 30 años: «Nos quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo nuestro paso. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra. No nos quieren indios. Muertos nos quieren.»

Y sin embargo, los pueblos originarios en resistencia y las colectividades e individualidades del campo y la ciudad en rebeldía existen y resisten.

#RebeldíaYResistencia

  Ofensiva del sistema mundo capitalista

Agronegocios:
La concentración corporativa en alimentación y agricultura

10 julio, 2025 por Publicación Abierta

Los diez gigantes de los agronegocios: la concentración corporativa en la alimentación y en la agricultura

ETC Group & GRAIN 7 Julio 2025

https://grain.org/e/7288Introducción

Barones de la Alimentación”, una publicación de 2022 del Grupo ETC, desnudó el aumento de la concentración del poder corporativo en el sistema alimentario industrial.[1] La publicación documenta el aumento de las fusiones y adquisiciones, la creciente influencia del capital financiero y la penetración de la digitalización y otras tecnologías de gran impacto en toda la cadena de abastecimiento corporativa.[2]

Durante la pandemia de Covid y el posterior estallido de la guerra en Ucrania, estas corporaciones mostraron cómo durante épocas de emergencia o crisis globales pueden usar su poder monopólico para obtener ganancias obscenas, con un impacto inmenso en las personas de todo el mundo.[3]

Tres años más tarde, la guerra en Ucrania continúa y nuevas guerras y genocidios se han desatado en Palestina, Sudán y la República Democrática del Congo. Los Estados Unidos presionan con una guerra comercial global, las temperaturas a nivel mundial están superando los máximos históricamente registrados y las enfermedades con potencial de pandemia (como la gripe aviar) siguen causando gran preocupación.[4] La situación es altamente inestable y, sin embargo, la concentración corporativa en el sistema alimentario continúa creciendo sin detenerse.[5]

En este informe examinamos el estado de la concentración corporativa en seis sectores de máxima importancia para la agricultura: semillas comerciales, pesticidas, fertilizantes sintéticos, maquinaria agrícola, farmacéutica animal y genética del ganado. La consolidación corporativa ha aumentado en la mayoría de estos sectores y cuatro de ellos – semillas, pesticidas, maquinaria agrícola y farmacéutica animal – cumplen con la definición de un oligopolio, en el cual cuatro compañías controlan más del 40% del mercado.[6] La concentración puede ser aún mayor a nivel de país, como es el caso de los fertilizantes sintéticos. En la genética del ganado, donde la información pública es escasa, nos centramos en las aves – el sector más grande dentro de la industria de la carne – y en los niveles extremos de concentración corporativa que existen de hace largo tiempo.

Este informe también hace énfasis en la inversión de las corporaciones en nuevas tecnologías, como plataformas digitales, inteligencia artificial (IA) y edición genética, las que probablemente profundizarán el poder de las corporaciones en el sistema alimentario. También analiza cómo están comprando pequeñas empresas en sectores de reciente relevancia y estableciendo alianzas con las grandes compañías tecnológicas y otras corporaciones en el sector alimentario para expandir su dominio a todo nivel, desde las semillas a los supermercados.[7]

La concentración le da más poder a las corporaciones para fijar precios y hacer cabildeo entre los encargados de legislar. Pueden usar este poder para entorpecer la investigación científica, frenar leyes que protejan la salud humana y el ambiente y debilitar la participación democrática en la definición de los sistemas alimentarios.[8] La concentración aumenta su poder para impedir alternativas y asegurar la expansión de un modelo de agricultura que es inmensamente rentable para las corporaciones, a la vez que tremendamente destructivo para las personas y el planeta. El sistema alimentario industrial es responsable de un tercio de las emisiones de gases de invernadero y es la principal fuente de contaminación del suelo y del agua y de la pérdida de biodiversidad.[9] Destruye los sistemas alimentarios y las economías locales, expulsa de sus territorios a las comunidades campesinas e indígenas, forzándolas a migrar lejos de sus hogares. Es además un sistema que se construye en base a la grave explotación de trabajadoras y trabajadores.[10]

Se necesita urgentemente actuar para derribar el poder monopólico de estas corporaciones y devolverlo a quienes producen y procesan los alimentos del mundo y quienes los consumen.(…)

La concentración aumenta su poder para impedir alternativas y asegurar la expansión de un modelo de agricultura que es inmensamente rentable para las corporaciones, a la vez que tremendamente destructivo para las personas y el planeta. El sistema alimentario industrial es responsable de un tercio de las emisiones de gases de invernadero y es la principal fuente de contaminación del suelo y del agua y de la pérdida de biodiversidad.[9] Destruye los sistemas alimentarios y las economías locales, expulsa de sus territorios a las comunidades campesinas e indígenas, forzándolas a migrar lejos de sus hogares. Es además un sistema que se construye en base a la grave explotación de trabajadoras y trabajadores.[10]

Se necesita urgentemente actuar para derribar el poder monopólico de estas corporaciones y devolverlo a quienes producen y procesan los alimentos del mundo y quienes los consumen.(…)

Fuente: https://publicar.argentina.indymedia.org/?p=21016

El Estado como enemigo: otro mito libertario

16 de julio de 2025

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda | Rebelión

En el siglo XXI, la defensa del Estado en América Latina no es un fin en sí mismo, sino un medio para imponer al capital privado las regulaciones que la sociedad requiere y de este modo contraponerse a los poderes mediático, financiero y político

El rol del Estado en la economía ha tenido un largo camino de debates. Los fundadores liberales de esta ciencia, con Adam Smith (1723-1790) a la cabeza, consideraban que toda intervención del Estado afectaba la “libertad” del mercado y de las empresas. Los neoliberales contemporáneos y más aún los libertarios anarcocapitalistas de América Latina, encantados con el presidente argentino Javier Milei y sus poses contra los “zurdos de mierda”, han actualizado el tema y se proponen “acabar” con el Estado “obeso” y “ladrón”.

Paradójicamente, desde la década de los 80, bajo la guía del FMI, del “Consenso de Washington” y de las propuestas de Milton Friedman y Friedrich Hayek, o bajo la actual inspiración en las caducas utopías de Eugen von Bohm-Bawerk, Ludwig von Mises, Murray Rothbard y otros, los gobiernos empresariales que controlan el poder, han tenido que utilizar al mismo Estado para imponer la privatización de bienes y servicios, transferir los recursos públicos a las élites a través de distintos mecanismos, promover el ingreso de inversiones extranjeras, aliarse a la globalización transnacional, suscribir tratados de libre comercio, disminuir o abolir impuestos a los ricos y, sobre todo, liquidar derechos laborales, que es lo que más les ha obsesionado.

Pero tras cuatro décadas de aplicación de sus consignas, los resultados sociales han sido desastrosos, como lo destacan múltiples estudios académicos e incluso organismos internacionales como el propio FMI: auge de la concentración de la riqueza, privilegio de los grandes grupos económicos, aumento de la precariedad laboral, deterioro de las condiciones de vida y trabajo para la amplia población. La ciencia social latinoamericana tiene abundantes investigaciones sobre estos temas. Según datos de la CEPAL en sus distintos informes anuales, desde 1980 hasta inicios del siglo XXI, el crecimiento del PIB per cápita en América Latina fue casi nulo y la pobreza aumentó del 40% al 45%. Es decir, el neoliberalismo trajo negocios, acumulación y ganancias, pero no progreso social. Esta orientación continúa hasta el presente en varios países latinoamericanos, entre los cuales Argentina y Ecuador están en la vanguardia: prevalecen la exclusión social y el debilitamiento del Estado como agente transformador, al mismo tiempo que han sido afectadas las instituciones y la democracia.

En la visión de los “liberales del siglo XXI” todo estatismo es “comunismo”, excepto el que ellos practican para garantizar el poder del capital.  Se trata de un término empleado más como anatema que como concepto analítico que, además, carece de toda base histórica. Para ellos más Estado implica menos libertad, menos propiedad privada y, por lo tanto, un atentado contra el capitalismo. Se muestran incapaces de analizar que en América Latina los avances sociales del liberalismo y del radicalismo, propios del siglo XIX, como abolición de la esclavitud, del tributo de indios, de una serie de formas serviles y, sobre todo, la proclama de las libertades y de los derechos individuales (civiles y políticos), así como la separación de Estado e iglesia, la consecución de la legislación civil y la generalización de la educación pública solo se lograron por intermedio del Estado y, desde luego, con gobiernos liberales.

A partir de la Revolución Mexicana de 1910 y de su pionera Constitución social de 1917, los avances en materia de derechos laborales, salud y atención médica públicas, seguridad social y otros servicios colectivos, se lograron mediante los Estados y gobiernos que dirigieron sus políticas a la superación de los regímenes oligárquicos constituidos sobre el modelo primario-exportador, el ejercicio despótico del poder y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

Esta historia económica y social de la región ha sido distorsionada y en la actualidad se caricaturiza a las propuestas de los gobiernos progresistas y se ataca a cualquiera que intente cuestionar los dogmas de la perversa ideología de la “libertad económica”. Con la “demonización” del Estado se intenta despojar a la sociedad de los instrumentos de regulación, protección, redistribución de la riqueza y justicia económica. Debería quedar muy en claro que los libertarios no se proponen liberar a la sociedad de la dominación del capital, sino que buscan la “libertad” de sus propietarios. A eso se reduce la “superioridad moral” que dicen poseer.

En la lucha contra el “marxismo cultural”, los intelectuales y políticos defensores de las derechas económicas atribuyen a Karl Marx (1818-1883) el haber prescrito la “estatización” de los medios de producción como fórmula revolucionaria absoluta. Pero Marx nunca propuso explícitamente semejante estatización como un fin en sí mismo y peor que el Estado burgués los controle, pues bajo el capitalismo el Estado es un instrumento de dominación de clase, un “comité ejecutivo de la burguesía”. Por tanto, no podía ser utilizado como un simple gestor del socialismo por decreto. En obras como El 18 Brumario de Luis Bonaparte, La guerra civil en Francia o en Crítica del Programa de Gotha, Marx ya señaló que el aparato estatal debía ser transformado y no simplemente tomado por asalto proletario. Incluso en el Manifiesto Comunista la “estatización” fue concebida como parte de las estrategias del programa partidista de mediados del siglo XIX y no como una fórmula aplicable en todo tiempo y lugar.

Al estudiar las realidades europeas Marx concibió una fase de transición entre el capitalismo y el comunismo, durante la cual la “dictadura del proletariado” debía comenzar a “socializar” los medios de producción, de modo que el Estado se extinguiría progresivamente, en la medida en que desaparecieran las clases sociales. Sin embargo, en el siglo XX, los Estados socialistas en la URSS y Europa oriental aplicaron una interpretación estatista y autoritaria de esa transición. En mucho eso explica el derrumbe del “socialismo real”. En cambio, China logró seguir una vía propia de construcción socialista, donde la “estatización” completa no se ha admitido y se permite el concurso de la empresa privada (también hay millonarios chinos), aunque subordinada a la conducción del Estado, guiado por el Partido Comunista, la planificación y la teoría marxista. Y el caso de Cuba es excepcional en el mundo ya que, desde inicios de su proceso revolucionario, se le impuso un bloqueo brutal e ilegítimo, que siempre tuvo el propósito de impedir el desarrollo socialista y soberano de su pueblo.

En el siglo XXI, la defensa del Estado en América Latina no es un fin en sí mismo, sino un medio para imponer al capital privado las regulaciones que la sociedad requiere y de este modo contraponerse a los poderes mediático, financiero y político que ostentan los propietarios del capital. Se trata de redistribuir la riqueza porque sigue concentrándose en una clase que se apropia del valor socialmente generado. Se intenta que los Estados latinoamericanos garanticen a sus poblaciones los servicios públicos básicos, con calidad, universalidad y gratuidad, al menos en las esferas más sensibles: educación, salud y medicina, seguridad social, y amplios derechos laborales, ambientales y comunitarios. La lucha por el socialismo tiene otro frente que tendrá que ser construido.

Historia y Presente – blog
www.historiaypresente.com

Fuente: https://rebelion.org/el-estado-como-enemigo-otro-mito-libertario/

La tierra como capital: naturaleza y finanzas en tiempos de extractivismo

16 de julio de 2025

Por Héctor López Terán| Rebelión

En el marco del capitalismo financiarizado, la naturaleza adquiere una cualidad renovada: se convierte no solo en base productiva, sino en una estrategia de acumulación financiera. El punto de partida de este proceso es la apropiación de la tierra —ese momento fundacional del capital que Marx (1867/2006) y Luxemburg (1913/1975) señalaron con agudeza, y que Harvey (2004) retomó para iluminar los procesos contemporáneos de desposesión—. Hoy, sin embargo, esta apropiación excede la lógica productiva: opera como fundamento de una dinámica especulativa, basada en la compra, acaparamiento y venta de tierras, sobre todo en la periferia, donde se destinan a actividades extractivas. Así, la tierra, bajo la lógica del capitalismo contemporáneo con predominancia financiarizada, se transfigura en activo: un bien negociable —comprado, vendido o concesionado— que promete rendimientos futuros (Fix y Paulani, 2019).

Esta dinámica resulta esencial para comprender la expansión de las actividades extractivas en América Latina tras las reformas neoliberales de los noventa. La desregulación de la gestión de recursos naturales y la flexibilización de los flujos de inversión propiciaron la enajenación de tierras a gran escala. Las reformas estructurales de la época abrieron canales para liberalizar mercancías y capitales, permitiendo la apropiación de extensas parcelas y modificando regímenes de propiedad y usos del suelo. En este contexto, vastos territorios se convirtieron en reserva de valor. Su apropiación, más que responder a una urgencia productiva inmediata, se sostuvo en la expectativa de futuros rendimientos. Así, la tierra devino vehículo de especulación, acelerando la expansión de las fronteras extractivas y multiplicandos procesos de despojo que afectaron territorios antes intactos: bienes comunes de comunidades campesinas e indígenas que, con cosmovisiones singulares, preservan otras formas de relación y reproducción de la vida.

Como advierte Harvey, este proceso revela el cordón umbilical que une la financiarización con la acumulación ampliada de capital, orquestada por grandes capitales, instituciones de crédito y respaldada por poderes estatales. Tras la crisis de 2008, este vínculo se intensificó: la tierra pasó a funcionar como activo refugio, desempeñando un rol similar al oro. De este modo, las concesiones territoriales —presentadas como instrumentos de explotación productiva— encubren, en realidad, un doble juego especulativo: se apuesta tanto por la valorización de la tierra como por los beneficios futuros de la extracción. Al apropiarse de estos espacios, las concesiones devienen activos financieros que prometen rentabilidad a inversores institucionales, corporaciones y capitales individuales. La tierra es así monetizada no solo por la riqueza que guarda bajo su superficie, sino por la expectativa de su explotación.

A diferencia del extractivismo clásico, centrado en primera instancia en la producción material, el extractivismo contemporáneo se alimenta de la especulación. La apropiación del espacio habilita mercados financieros que lucran con la expectativa, mientras las comunidades afectadas, cuyos modos de vida se sostienen en prácticas ajenas a la acumulación de capital, quedan expuestas a conflictos y desplazamientos.

En este escenario se revela una dinámica depredadora: la reproducción del capitalismo contemporáneo ejerce una presión cada vez más intensa sobre la naturaleza, sustentada en intercambios desiguales y relaciones de poder asimétricas. La periferia aporta su patrimonio natural, mientras el centro concentra los beneficios, perpetuando transferencias económicas y ecológicas que consolidan el régimen de dominación. Bajo este orden, la riqueza natural se agota, la soberanía se debilita y el desarrollo evidencia su promesa vacía.

Así, el extractivismo se sostiene no solo por la demanda mundial de recursos, sino por la urgencia de rentabilidad a corto plazo impuesta por actores financieros globales (Meireles, 2020). Para América Latina, esta dinámica implica un flujo de capitales desde el centro que, lejos de fortalecer estructuras productivas locales, incentiva la apropiación de tierras y agudiza los conflictos territoriales. Asegurar la tierra hoy es asegurar rentabilidad mañana. Sin embargo, en el largo plazo, este proceso erosiona la soberanía, perpetua un patrón de acumulación primario exportador y agota la riqueza natural que sostiene la vida.

En este sentido, la intensificación de la apropiación territorial no responde únicamente a decisiones estatales, sino a una lógica estructural del capital financiarizado. Sus efectos —económicos, sociales y ecológicos— evidencian una dinámica global de reproducción desigual. En múltiples ámbitos extractivos se manifiesta esta lógica en donde convergen especulación, despojo y acumulación como estrategia central del capitalismo financiarizado.

Referencias (…)

Fuente: https://rebelion.org/la-tierra-como-capital-naturaleza-y-finanzas-en-tiempos-de-extractivismo/

 

Alternativas emancipatorias

El buen vivir, una puerta para escapar del laberinto del desarrollo

17 de julio de 2025

Por Alberto Acosta | Rebelión

El Sumak Kawsay (Buen Vivir, NdA), desde la traducción literal, sería la vida en plenitud, la excelencia, lo mejor, lo hermoso. Pero ya interpretado en términos políticos, es la vida misma, una mezcla de quehacer y voluntades políticas que significan cambios para que no le falte el pan del día a la gente, y para que no haya esas desigualdades sociales de hombres y de mujeres. El Sumak Kawsay es el sueño no solo para los indígenas, sino también para todos los humanos. Blanquita Chancosa [2014] Lideresa kechwa ecuatoriana

La humanidad entera, no solo los habitantes de los países empobrecidos, se encuentra en una encrucijada. La promesa hecha hace más de cinco siglos, en nombre del “progreso”, y “reciclada” hace más de siete décadas, en nombre del “desarrollo”, no se ha cumplido. Y no se cumplirá. De modo que el surgimiento de las críticas al “desarrollo” y su matriz: el “progreso”, era algo inevitable. Y esas críticas se transformaron en vigorosas propuestas post-desarrollistas.

Su emergencia se dio en un momento de crisis generalizada del Estado-nación, oligárquico y de raigambre colonial, gracias a la creciente fuerza organizativa y programática de los movimientos indígenas y populares. Su irrupción -en tanto vigorosos sujetos políticos- explica la emergencia del Buen Vivir en Ecuador y del Vivir Bien en Bolivia. En este escenario también empezaron a consolidarse los cuestionamientos y las alternativas ecologistas, muchas alineadas con la visión de las armonías con la Naturaleza propias del Buen Vivir.

Esa evolución coincidió con la crisis del neoliberalismo, que condujo al aparecimiento de gobiernos progresistas, que inclusive enarbolaron la bandera del Buen Vivir, que a la postre quedó como una herramienta de propaganda e incluso un dispositivo de poder [Gudynas, 2014]. Así, su gestión no se acercó a un sendero post-desarrollista y, mucho menos, a uno post-capitalista. Los progresismos no transformaron la “matriz productiva” de sus países, por el contrario, se ahogaron en nuevos y masivos extractivismos. Para nada afectaron las lógicas de acumulación del capital. Así, mientras duró la bonanza de los precios altos de las materias primas, se logró una reducción de las desigualdades medidas por los ingresos, mientras los niveles de acumulación de la riqueza se mantuvieron o incluso incrementaron. A la postre tampoco dejaron atrás el neoliberalismo. En algunos casos, como en Ecuador, el progresismo terminó retornando a prácticas neoliberales e incluso se reencontró con visiones aperturistas y liberalizadoras. Todo contando con una mayor participación estatal, ejercitando una suerte de neo-neoliberalismo.

A la postre, más allá de los discursos “socialistas” y “revolucionarios”, los gobiernos progresistas latinoamericanos -patriarcales y coloniales- mantuvieron y mantienen la modalidad de acumulación extractivista de origen colonial, dominante en toda la época republicana. Lo que sí se podría anotar es un tránsito del extractivismo tradicional hacia un neo-extractivismo -caracterizado sobre todo por su gigantismo y por nuevas tecnologías cada vez más depredadoras-, que no cuestiona a la misma matriz de acumulación colonial existente desde hace más de quinientos años. Y que tampoco contradice las ideas fundamentales del “progreso”, ni se su vástago: el “desarrollo”.

Es evidente que esta vía desarrollista conduce a un camino sin salida, dentro del cual los progresismos ingenuamente esperan superar los graves problemas existentes. Poniéndolo en palabras de Albert Einstein, “nada es un signo más real de necedad que hacer lo mismo y lo mismo una y otra vez, y esperar que los resultados sean diferentes.” Lo grave es que luego de la conocida como primera ola progresista, el neoliberalismo afloró con renovada fuerza en varios países de la región de la mano de un preocupante proceso de consolidación de fuerzas de la ultra derecha.

El buen vivir, una propuesta revolucionaria desde las periferias

Lo que interesa destacar en este punto, es que en este contexto de críticas al “desarrollo” ganaron un protagonismo los aportes de los pueblos originarios. Así, desde fines de la década de los años noventa del siglo anterior, los cuestionamientos al “desarrollo” convencional afloraron con fuerza.

Los pueblos originarios, con sus valores, sus experiencias, sus prácticas, en definitiva, su cosmovisión (Weltanschaung), estaban presentes desde antes de la llegada de los conquistadores europeos y siguieron en el período republicano, pero eran invisibilizadas, marginadas o abiertamente combatidas. Lo que cuenta es que sus propuestas, incluyen diversos cuestionamientos profundos al “desarrollo”, tanto en lo práctico como en lo conceptual.

Estas propuestas emergieron en un momento de crisis generalizada del Estado-nación, oligárquico y de raigambre colonial, se produjo, como se anotó inicialmente, por la creciente fuerza organizativa y programática de los movimientos indígenas y populares.

Entiéndase que cuando se habla del buen vivir o sumak kawsay se propone, en primera línea, una reconstrucción desde la visión utópica de futuro andina y amazónica [Pacari, 2014; Huanacuni, 2010]. Esta aproximación no puede ser excluyente ni conformar visiones dogmáticas. Necesariamente debe complementarse y ampliarse incorporando otros discursos y otras propuestas provenientes de diversas regiones del planeta, espiritualmente emparentadas en su lucha por una transformación civilizatoria inspirada desde visiones que apunten hacia la construcción y la reconstrucción del pluriverso [Kothari, et al, 2019]. Este reto implica desobedecer y confrontar al poder para enterrar al mundo del capital y crear un mundo nuevo: el fin es construir un mundo donde quepan muchos mundos pensados desde las perspectivas, deseos y luchas de los pueblos y sus derechos.

Los pueblos originarios del Abya-Yala, en este empeño, no son los únicos portadores de estas propuestas. El buen vivir -su esencia- ha sido conocido y practicado en diferentes períodos y regiones de la Madre Tierra, eso sí con diferentes nombres. Por lo tanto, el buen vivir puede ser visto como parte de una larga búsqueda de alternativas de vida, fraguadas al calor de las luchas de la Humanidad por la sustentabilidad ambiental y también por hacer realidad las reciprocidades sociales. Lo importante es reconocer que en el mundo existen memorias, experiencias y prácticas de sujetos comunitarios que ejercitan estilos de vida no inspirados en el tradicional concepto del “progreso”. Urge, entonces, recuperar dichas prácticas y vivencias, muchas de ellas provenientes de la indigenidad, de la que hablaba Aníbal Quijano, asumiéndolas tal como son, sin romantizarlas.

Eso conduce a destacar que este tipo de enfoques y propuestas son similares en muchos aspectos, mas no necesariamente iguales en todo. Se trata de valores, experiencias y, sobre todo, prácticas existentes en diferentes períodos de la historia de la Humanidad y casi todas las regiones de la Madre Tierra. Cabría destacar el comunitarismo del zapatismo, el ubuntu en África (sentido comunitario: una persona es una persona solo a través de las otras personas y de los otros seres vivos) o el swaraj en la India (democracia ecológica radical). Aquí emergen también el kyosei en Japón o inclusive las cooperativas de la marca (Markgenossenchaften) de los antiguos germanos, que interesaron a Carlos Marx [2009 / 1857-1858] en sus últimos años de vida. Igualmente se podrían incorporar las potentes reflexiones sobre la autosuficiencia del svadeshi, que recoge gran parte del pensamiento de Gandhi [1990]. Las propuestas de convivialidad de Ivan Illich [1973] también podrían ser mencionadas. Entre muchas otras aproximaciones al tema, mencionemos también la sobriedad feliz de Pierre Rahbi [2013]. Aunque se le puede considerar como pilar de la cuestionada civilización occidental, en este esfuerzo colectivo por reconstruir/construir un rompecabezas de elementos sustentadores de nuevas formas de organizar la vida, se podrían recuperar incluso algunos elementos de la “vida buena” de Aristóteles. La tarea sería tender puentes entre ellas.

En suma, para rescatar lo que implica realmente el Buen Vivir, que no puede simplistamente asociarse al “bienestar occidental”, hay que conocer de dónde surge. Eso implica recuperar los saberes y culturas de los pueblos originarios, sin negar, como se anotó, otros aportes que aseguren la cristalización del Buen Vivir. El esfuerzo transformador pasa por recuperar el Buen Vivir en clave de una diversidad que abre la puerta a propuestas múltiples desde diferentes realidades. Así, para prevenir un concepto único e indiscutible, sería mejor hablar de “buenos vivires” o “buenos convivires”. Es decir, buenos convivires de los seres humanos en comunidad, buenos convivires de las comunidades con otras comunidades, buenos convivires de individuos y comunidades en y con la Naturaleza. [1]

Recordemos que el Buen Vivir sintetiza realidades concretas y también visiones utópicas de futuro: estamos frente a un proceso permanente de construcción y reconstrucción. Esto permite despejar un malentendido usual con el Buen Vivir, al despreciarlo o minimizarlo como una mera aspiración de regreso al pasado o de misticismo indigenista (riesgo latente, por lo demás).

El Buen Vivir expresa vivencias y construcciones existentes desde hace mucho tiempo atrás y que están en marcha en este mismo momento, en donde interactúan, se mezclan y se hibridan saberes y sensibilidades. Acciones y prácticas de vida que comparten marcos similares, como la crítica práctica al “desarrollo” o la búsqueda de otras relacionalidades con la Naturaleza [Acosta y Viale, 2024].

El buen vivir, en tanto alternativa al desarrollo

Lo expuesto implica, por cierto, valorar adecuadamente los saberes considerados como ancestrales, asumiendo lo complejo que resulta definir su ancestralidad. Para hacerlo se requiere construir puentes de relacionamientos respetuosos entre saberes y conocimientos. Ese trajinar invita a descolonizar la historia, tanto como a superar los estúpidos sentidos comunes y las engañosas imágenes de la Modernidad. Romper con sus muchas y diversas camisas de fuerza, las reales y las simbólicas, es una tarea urgente.

También se precisa recuperar el pasado como parte de una continuidad histórica con proyección de futuro, en tanto proceso atado a las luchas de resistencia y re-existencia frente a los interminables procesos de conquista y colonización. En definitiva, lo que cuenta es recuperar, sin idealizaciones, el proyecto colectivo de futuro de aquellas comunidades emparentadas intrínsecamente con la vida, particularmente las comunidades de la indigenidad con su clara continuidad desde su pasado futurista. Y eso se logrará propiciando todos los diálogos de saberes y conocimientos posibles y necesarios.

Esto invita a asumir, entre otras cuestiones de fondo, también la discusión sobre el potencial de las tecnologías, la ciencia y el conocimiento, poniéndolas al servicio de la vida y no de la acumulación del capital. Que quede claro, no está en juego ninguna propuesta de tipo ludista, es decir contraria a los avances del conocimiento humano.

Dando un paso adicional, no solo es crucial cuestionar el sentido histórico del proceso surgido desde la idea del “desarrollo”. Se deben derrumbar los objetivos, las políticas y las herramientas con las que se ha buscado -inútilmente- el bienestar de todos prometido por el “desarrollo”. Es indispensable reconocer que los conceptos, los instrumentos y los índices disponibles para analizar el “desarrollo” ya no sirven. Son herramientas que pretenden convencer de que el patrón civilizatorio atado al “desarrollo” y el “progreso” es natural e inevitable. Una gran falacia.

Es importante tener en cuenta que el bienestar de los países que se asumen como “desarrollados” se explica por la lógica de la “sociedad de la externalización”. Es decir, los niveles de bienestar de pocos habitantes del planeta se consiguen a costa de la pobreza de otros países y de la destrucción de la Tierra: “Tenerlo todo y querer aún más, preservar el propio bienestar a costa de denegárselo a otros: esta es la máxima de las sociedades desarrolladas, aunque se intente disimular en el ámbito público”, como sentencia el sociólogo alemán Stephan Lessenich [2019].

“sintetiza realidades concretas y también visiones utópicas de futuro” o sea “estamos frente a un proceso permanente de construcción y reconstrucción”.

«para prevenir un concepto único e indiscutible, sería mejor hablar de “buenos vivires” o “buenos convivires”. Es decir, buenos convivires de los seres humanos en comunidad, buenos convivires de las comunidades con otras comunidades, buenos convivires de individuos y comunidades en y con la Naturaleza».

«propuestas provenientes de diversas regiones del planeta, espiritualmente emparentadas en su lucha por una transformación civilizatoria inspirada desde visiones que apunten hacia la construcción y la reconstrucción del pluriverso [Kothari, et al, 2019]. Este reto implica desobedecer y confrontar al poder para enterrar al mundo del capital y crear un mundo nuevo: el fin es construir un mundo donde quepan muchos mundos pensados desde las perspectivas, deseos y luchas de los pueblos y sus derechos».

El buen vivir, como opción para superar la Modernidad

En definitiva, lo que interesa es desmontar el concepto mismo de “desarrollo”, una entelequia que norma y rige la vida de gran parte de la humanidad. No solo eso. En este empeño por “desarrollarse” se ha sacrificado en gran medida la posibilidad de transitar caminos propios, diferentes a la Modernidad y al “progreso”, causantes de tantas violaciones a la vida.

Por lo tanto, no se puede analizar el buen vivir con los instrumentos y lógicas de análisis tradicional, empleadas para negar la existencia del Buen Vivir, pues no se podría explicar ni medir con dicho instrumental. Lo que configura una forma de racismo intelectual, por lo demás.

Igualmente, por lo menos sería equivocado que estas reflexiones sobre el buen vivir, por más buenas intenciones que se tenga, sean asumidas como recetas indiscutibles o aplicables en cualquier momento y lugar. No hay recetas. No hay modelos. No bastan las buenas intenciones. No se puede copiar y reproducir mecánicamente el Buen Vivir en todo tiempo y lugar.

Es indispensable, entonces, discutir qué tipo de indicadores precisa el buen vivir. Esta tarea puede ser riesgosa, sobre todo inútil e incluso nociva, sin antes precisar los fundamentos del buen vivir. El voluntarismo podría crear nuevos tecnicismos. Igualmente, peligroso -e inútil- sería hablar del Buen Vivir sin poder identificar/evaluar/medir los avances o retrocesos. Para ser consecuentes, estos posibles indicadores deberían dar respuesta desde el mundo de los buenos convivires, es decir deben ser diversos y múltiples, propios de cada realidad. Tal tarea no es menor, pues puede llevarnos a terrenos movedizos, que terminen imposibilitando nuestra salida de la trampa conceptual de la Modernidad.

Por supuesto que no cabe confundir los conceptos del Buen Vivir con el de “vivir mejor”, pues lo segundo supone un progreso material ilimitado. Al Buen Vivir no se le puede asociar simplonamente al “bienestar occidental”. Es más, el “vivir mejor” incita a una competencia permanente con otras personas -con quienes se compara los estilos y niveles de vida- para producir más y más, en un proceso de acumulación material sin fin. Ese “vivir mejor” alienta la competencia, no la armonía, ni el equilibrio. Recuérdese que, para que algunos puedan “vivir mejor”, millones de personas han tenido y tienen que “vivir mal”, al tiempo que la Naturaleza es sistemáticamente destruida. El Buen Vivir no implica repetir tal proceso de exponencial y permanente acumulación material.

Adicionalmente, tal como se anotó antes, se deben recuperar otras cosmovisiones, que no pueden ser simplemente copiadas y transformadas en nuevos dogmas. La tarea no es fácil. No se puede repetir modos de vida social y ecológicamente insostenibles.

Hay que buscar y practicar opciones de vida digna y sustentable, que no representen la reedición, muchas ocasiones caricaturizada, del “modo de vida imperial”, tal como lo presentan los profesores alemanes Ulrich Brand y Markus Wissen [2021]. Modo de vida que se expande por el mundo desde los centros del capitalismo metropolitano y que se reproduce deteriorando continuamente las condiciones de vida de la mayoría de la población y destruyendo la Naturaleza.

En síntesis, se precisan respuestas políticas que posibiliten una evolución impulsada por la vigencia de la “cultura del estar en armonía” y no de la “civilización del vivir mejor”. De lo que se trata es de construir sociedades solidarias y sustentables, en el marco de instituciones que aseguren la vida digna. El Buen Vivir apunta a una ética de lo suficiente para toda la comunidad, y no solamente para los individuos aislados.

Avanzar hacia estructurales y profundos cambios

Aquí cabe una constatación cada vez más generalizada sobre la necesidad de cambios conceptuales estructurales en todas las dimensiones de la vida. Para lograrlo, los procesos sociales deberían transitar hacia visiones biocéntricas, ecocéntricas o socio-biocéntricas, aunque en realidad se trataría de una trama de relaciones armoniosas vacías de todo centro.

Esto implicaría que la economía, la política, la cultura, etc., deberán orientarse hacia y por prácticas comunitarias, no solo individualistas. Se trata, entonces, de propuestas sustentadas en la pluralidad y la diversidad, no unidimensionales, ni monoculturales. Esta transición deberá construirse especialmente desde abajo -desde los barrios y comunidades- como espacio de transformación efectiva, pues desde allí es de donde se debe no solo presionar a los Estados, sino que, desde allí, desde esos espacios comunitarios, habrá que transformar estructuralmente a los Estados.

La complejidad de este empeño es evidente. Luego de las experiencias vividas en Bolivia y Ecuador, en donde fue muy clara la manipulación del buen vivir por parte de los gobiernos “progresistas”, resulta muy difícil imaginarse una estrategia que sea prioritariamente impulsada desde arriba, desde el Estado.

El Estado -tal como se le conoce- es incapaz de abordar temas realmente de fondo, como lo es repensar desde sus raíces el mundo del trabajo, dando paso a la distribución del mismo en el tránsito a otro tipo de sociedad, donde el ocio creativo sea un derecho y no un negocio [Acosta, 2021]. En realidad, en el mundo del buen vivir, trabajo y ocio / tiempo libre deben desaparecer y fundirse en otras relaciones incluso festivas de vida digna. Recuperando el Carlos Marx de los Grundrisse [2009 / 1857-1861] se puede afirmar que “una nación es verdaderamente rica cuando en vez de doce horas se trabajan seis”, pues no es “el tiempo de trabajo la medida de la riqueza, sino el tiempo libre”.

En síntesis, el buen vivir es una propuesta civilizatoria que plantea un horizonte de salida del capitalismo, la civilización dominante. Con todo, cabe reiterar que las visiones de la indigenidad no sintetizan la única inspiración para impulsar el buen vivir. Esta (re)construcción de alternativas civilizatorias se puede sustentar también desde otros principios filosóficos, que podrían aggiornarse siempre que estas aproximaciones superen las visiones antropocéntricas dominantes y acepten, en especial, que la vida digna es para todos los seres humanos y no humanos.

Aquí, sin entrar en detalles, lo que se propone es la posibilidad de asumir el buen vivir como un concepto abierto, reconociendo sus raíces indígenas profundas, desde donde se pueda construir otros mundos, sin cerrar un amplio y enriquecedor debate y diálogo con otros saberes y conocimientos. En este punto pueden insertarse todos los debates post-desarrollistas, post-extractivistas y otros, como los decrecentistas (que cuestionan con sobradas razones el crecimiento económico) [Acosta y Brand, 2017], empeñados en superar la Modernidad.

Con el buen vivir y su visión de armonías y equilibrios múltiples no se plantea una opción milenarista, carente de conflictos. En realidad, se propone una sociedad que busque armonías y equilibrios, que no exacerbe los conflictos, como sí sucede con la civilización del capital, basada en la codicia, la acumulación sin fin, en la competencia permanente entre individuos que actúan unos contra otros.

Por lo tanto, para escapar del laberinto de la Modernidad habrá que construir o reconstruir tantas utopías como sean necesarias. Su posibilidad y viabilidad deberán ser posibles, dando paso a procesos de transición coherentes con las metas propuestas. La tarea, en suma, se enmarca en el post-capitalismo como horizonte orientador, por lo tanto, no basta apenas un horizonte post-neoliberal. Y en el buen vivir como opciones de vida digna en clave de pluriverso.

Los caminos hacia lo que se podría entender como una biocivilización son múltiples. En marcha está la construcción del pluriverso, visible ya en las cosmovisiones y prácticas radicales de muchos grupos en todo el mundo. La noción de pluriverso cuestiona la supuesta universalidad de la modernidad euroamericana. Como lo expresó tan sabiamente el zapatismo en Chiapas, México, el pluriverso constituye “un mundo donde encajan muchos mundos”, en el que puedan coexistir y prosperar en dignidad y respeto mutuos todos los seres humanos y no humanos. No más un mundo “desarrollado” que viva a expensas de los demás mundos, como sucede tan cruelmente en nuestro tiempo.

3 de septiembre del 2024 / 20 de febrero de 2025

Referencias bibliográficas (…)

Fuente: https://rebelion.org/el-buen-vivir-una-puerta-para-escapar-del-laberinto-del-desarrollo/

Ecología social. Argentina.
Decretos presidenciales para
destruir la agricultura familiar y el INTA

Tierra Viva. Por Nahuel Lag. Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2025

El gobierno de Javier Milei realizó el mayor ataque en décadas a la agricultura familiar-campesina, a los pueblos indígenas e incluso a organismos de gran sintonía con el agronegocio a partir de las facultades delegadas. De la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar hasta las modificaciones en el INAI, INTA y la disolución del Inase. La responsabilidad del Congreso Nacional y de Aapresid. «Es la entrega del sistema agroalimentario al capital financiero», denuncian.

Horas antes del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso con la Ley Bases, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunciaron la publicación del Decreto 462/2025 que confirma la disolución del Instituto Nacional de Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) —cierre que es una realidad desde marzo del 2024—, y pone fin a la autarquía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al transformarlo en un organismo dentro de la Secretaría de Agricultura y con un presidente designado por la Casa Rosada (y que tomará las decisiones de políticas de investigación y extensión).

En solo un año, el Gobierno firmó 65 decretos delegados, con más de 100 modificaciones, entre ellos una decena que amplían aún más la destrucción de las políticas públicas destinadas a la agricultura familiar: la eliminación de regímenes especiales y fondos fiduciarios, y la disolución y centralización de organismos como el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (estos dos últimas, decisiones tomadas también en el decreto 462).

La Comisión Bicameral Permanente del Congreso podría tratar el decreto presidencial y revertir las decisiones, pero hasta el momento lo hizo solo con uno, el que otorgaba recursos extraordinarios a la SIDE. El Poder Legislativo ni siquiera revirtió el DNU 70/2023, que cuenta con el rechazo del Senado, pero nunca fue tratado en Diputados.

“La destrucción de estas políticas públicas es la revancha de cualquier instancia que trabaje con y para el pueblo, que en el caso del sector agrario, sea el Inafci o el sistema de extensión del INTA, bregan por una transformación en el agro a favor del pequeño productor, de peor o mejor manera. Eliminarlo significa entregar el campo al agronegocio, sin más vueltas”, analiza Nahuel Levaggi, coordinador de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), que reúne a más de 9000 productores solo en los cordones hortícolas bonaerenses, donde se producen el alimento que llega al Mercado Central de Buenos Aires.

“No les interesa la agricultura familiar, no les interesa la investigación y el desarrollo para los productores que producen el 70 por ciento de la comida y los alimentos que llegan directo a los argentinos. Es una pésima noticia este decreto”, denunció Ricardo Garzia, secretario de Fecofe y presidente del Consejo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (Cipaf), organismo dependiente del INTA, y que podrá desaparecer si así lo decide el flamante presidente que la Casa Rosada ponga al frente del organismo.

La FAO (organismo de Naciones Unidas para el agro y la alimentación) precisa que el 70 por ciento de los alimentos proviene de la agricultura familiar y también reconoce que el alimento que se produce en el mundo es suficiente para todos. Afirma que los sistemas agroindustriales (en manos de grandes empresas) contribuyen a la deforestación, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y los problemas de salud global.

odo eso desconoce el gobierno de La Libertad Avanza cuando niega y cuando ataca a la agricultura familiar, en el decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar. En la larga lista de decretos delegados también entraron la eliminación del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la degradación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que es también política pública a favor del agronegocio y del extractivismo, que disputa esas tierras para avanzar con su acaparamiento por parte de socios como Eduardo Elzstain.

“¡Cuánto trabajamos este año!”, celebró ayer en conferencia de prensa el ministro Sturzenegger y anticipó que el presidente Javier Milei daría un festín en Casa Rosada para los 200 funcionarios que se encargaron de trabajar en los decretos delegados. “Hay que tener memoria sobre aquellos legisladores y gobernadores que habilitaron los términos de la Ley Bases, término que va a sufrir la Argentina en las próximas décadas. Esperemos que haya un grado de reversibilidad a estas políticas”, invitó a resistir Garzia.

INTA, el Ejecutivo a la presidencia y el agronegocio al poder
El vocero Adorni anticipó la intención del Gobierno de modificar la estructura del INTA en noviembre pasado cuando habló de un “plan de modernización” y lo justificó con la idea fija: “Desde el año 2007, el INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con la productividad agrícola, como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”. Desde entonces comenzaron los rumores de despidos que iban desde 220 a 1500, la venta de tierras y el desarme de las agencias de extensión.

El plan de motosierra disputado entre el Ministerio de Economía, al mando de Luis Caputo, y el de Desregulación tuvo como representante en todos estos meses al actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; y su vicepresidenta, María Beatriz Giraudo; a quienes la Mesa Agroalimentaria Argentina ya había denunciado por ser representantes de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). Bronzovich será el flamante presidente del organismo restructurado.

Desde noviembre, por el Consejo Directivo del INTA, los planes de ajustes y transformación del organismo fueron varios y todos respaldados por la Sociedad Rural y otras entidades del agro con voz y voto, con la excepción de la Federación Agraria y la Facultad de Veterinaria de la UBA. La agricultura familiar nunca tuvo asiento en el organismo. La resistencia también estuvo en la Dirección Nacional del INTA, funcionarios designados por concurso, y el propio director nacional, Ariel Pereda, salió en mayo a denunciar cómo eran desoídos. Ayer, antes del anuncio de Adorni y Sturzenegger, se denunció que los directores y presidentes de consejos nacionales habían sido cesados en sus funciones.

Con el decreto 462 el Gobierno modifica la Ley 21.680, que creó el organismo hace 70 años. Pone fin a la autarquía poniendo al organismos bajo el ala de la Secretaría de Agricultura y elimina el cuerpo de conducción designando la dirección bajo un presidente puesto por el Poder Ejecutivo. El decreto crea un Consejo Técnico “ad honorem” para avanzar con la ansiada “modernización” y que “se determine los Centros de Investigación, Centros Regionales, Estaciones Experimentales, Institutos de Investigación y Laboratorios que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. Quienes se sienten en ese Consejo Técnico serán los aliados definitivos del Gobierno en el desarme del INTA y el decreto anticipa también la intención declarada de reducir la planta del personal de 6000 empleados por el “sobredimensionamiento de su estructura”.

La Mesa de Enlace se había pronunciado en junio para exigir la autarquía del organismo, el sistema de gobernanza y la estructura de centros regionales. Todo eso fue desoído por Milei, tanto como el reclamo monolítico por las retenciones, que el 1 de julio volvieron a subir tras la baja temporal para la soja y el maíz. En una semana, la Mesa de Enlace quedó minimizada en su rol de aliado del gobierno para conseguir reclamos del sector.

“La intervención del Poder Ejecutivo dentro de las decisiones del INTA va a avanzar sobre la reprimarización y la estrategia de subordinación de la Argentina al capital financiero internacional”, alerta Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra) y advierte que el cierre de las agencias de extensión rural “va a desmantelar la pata territorial del INTA que mantiene el diálogo con los productores y organizaciones, terminará con la estructura federal del organismo, algo valioso más allá de que la agricultura familiar nunca tuvo representación en el Consejo Directivo”.

El secretario de Fecofe convoca: “Le queda a las entendidas, a las universidades, al sector agropecuario en sí mismo la responsabilidad de oponerse y resistir esta medida. Los diputados y diputadas que aprobaron la Ley Bases tienen que saber que han ayudado a la destrucción del futuro y el desarrollo de la ciencia y la tecnología que tendría que tener Argentina. Reducen al INTA a una expresión insignificante”.

Desde ATE-INTA y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) comenzaron a resistir el decreto con concentraciones en la oficina central y reparticiones del organismo denunciando que “con el verso de la motosierra, Caputo y Sturzenegger se quedan con la caja del INTA”. En la negociación de la Casa Rosada para aprobar la Ley Bases se estableció una lista, dentro del artículo 3, que protegió de la disolución al INTA y también se aseguró que “se garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030”.

La avanzada contra la agricultura familiar y las economías regionales
El Inafci no corrió con la misma suerte que el INTA en junio pasado, cuando gobernadores negociaron y legisladores aprobaron las facultades delegadas. El Instituto creado por decreto en el gobierno del Frente de Todos, a ocho años de la sanción de la Ley de Agricultura Familiar, no quedó protegido y Adorni anunció ayer su disolución. Repitió el mismo y único argumento que en marzo de 2024, cuando comunicó que sus trabajadores serían despedidos y las funciones reducidas al mínimo. “El 85 por ciento del presupuesto se iba en sueldos y tenía 1000 empleados en total”, dijo Adorni.

En más de un año, el Gobierno desoyó las voces de todas los rincones del país reclamando la vuelta de la asistencia técnica del Inafci y reafirma que generó “un entramado normativo excesivamente intervencionista” y que “provocó una distorsión en los incentivos del sistema productivo”. El decreto 462 tiene la gracia de las facultades delegadas, pero no puede atribuirse funciones legislativas, por tanto la Ley 27.118 permanecerá vigente, incumplida en sus ejes centrales como el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, el Banco de Tierras y el Centro de Producción de Semillas Nativas (Ceprosena), organismos que, con la firma de Milei, en el decreto se mofa de su falta de implementación desde 2014.

Lo único que queda en pie de la norma es el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf), bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura y por “cumplimiento de la normativa Mercosur N° 25/07”. Solo revisar el relevamiento del Renaf permite observar la dimensión federal que debía cumplir el Inafci: 70.033 núcleos de agricultura familiar en el NEA; 56.503 en NOA; 42.083 en la región Centro; 27.962 en Cuyo y 12.587 en Patagonia. Un universo de 250 mil productores. A ellos asistían los 900 trabajadores despedidos, muchos contratados de forma irregular desde la creación del Programa Social Agropecuario durante el menemismo.

“Hace más de un año venimos denunciando y reclamando por la única política pública nacional con presencia en las 23 provincias, destinada a mejorar las condiciones de vida y producción del sector de la agricultura familiar campesina e Indígena”, reclamaron desde ATE-Agricultura Familiar para rechazar la disolución del Inafci y volvieron a aclarar lo que la Casa Rosada oculta: “Somos 900 profesionales e idóneos de diversas disciplinas con más de 30 años de trabajo con el sector campesino e indígena hasta los parajes más lejanos, con un enfoque integral, socio-territorial e interdisciplinario, con perspectiva de género, generacional, étnica y ambiental”.

En la lista de los más de 100 modificaciones vía decretos delegados que Adorni leyó en conferencia de prensa hubo otros que se sumaron al ataque a la política pública para la agricultura familiar y las economías regionales, entre ellos, la disolución del Inase, que será disuelta y sus facultades quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura —cuando en el mismo decreto el Ejecutivo sostiene que eliminó el Ceprosena por superponerse con las funciones del Inase—. “Se va a avanzar en la desregulación de los eventos transgénicos en el agro, sin posibilidades de control y seguridad, esto va a traer duras consecuencias”, resalta Montón.

Otro punto fue el del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que quedará como unidad organizativa dentro de la Secretaría de Agricultura, y se eliminarán todas sus funciones de control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola otorgadas por la Ley 14.878. “Para darle mayor libertad a los productores”, dijo Adorni, pero la política es una continuidad de lo ocurrido con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuyas funciones fueron desguazadas con el DNU 70/2023 y los pequeños productores ya sufren las consecuencias de un modelo que favorece a las grandes empresas. En el caso del vino, la lógica ya se había iniciado durante el menemismo.

El vocero presidencial celebró también la derogación de los regímenes de promoción de la Ganadería Ovina y de Llamas, del Gusano de Seda, de la Actividad Caprina, Ganadería Bovina en zonas áridas y semi-áridas, Búfalos de Agua y Producción Algodonera. “Cuando toda actividad está promovida, ninguna lo estará”, dijo como una verdad revelada Adorni. Sin embargo, la elección de qué regímenes anular no escapa a la lógica guía contra la agricultura familiar.

Según un informe del desjerarquizado INTA, el tipo de producción en las zonas extrapampeanas es dominado por los pequeños productores en las existencias ganaderas totales del país en el caso de especies como llamas (87 por ciento) y caprinos (81 por ciento). “El sector de productor de cabras, que cuenta con una potencialidad para la exportación al mercado internacional, está sufriendo todas las consecuencias del cambio climático, la sequía y la desaparición del acompañamiento estatal para poder financiarse en las épocas de sequía. Va a ser que desaparezcan muchos productores”, marcó el integrante del MNCI-Somos Tierra.

La lista siguió e incluye la eliminación de fondos fiduciarios y regímenes especiales a lo largo de este año de facultades delegadas: 

  • Disolución del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA)
  • Disolución del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)
  • Disolución del Fondo para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar (Prodaf)
  • Disolución del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP)

“Un eje transversal del proceso de desregulación ha sido la ofensiva contra la agricultura familiar y la agroecología, eso ayuda a atender la perspectiva con la que se hizo el desguace del Estado”, concluyó Montón y amplía la mirada de la política de La Libertad Avanza respecto del contexto global: “Mientras se está hablando de un acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, y Brasil aumenta 15.000 millones de dólares los subsidios al agro, la Argentina planifica un Estado cada vez más desmantelado y genera condiciones de inequidad para nuestras economías regionales, que no van poder ser competitivas a nivel internacional y van a perder terreno en el mercado local. Esto no tiene otra razón que la entrega del sistema agroalimentario al capital financiero”.

Link al artículo de Tierra Viva, aquí

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2025/07/13/ecologia-social-argentina-decretos-presidenciales-para-destruir-la-agricultura-familiar-y-el-inta/