Con el objetivo central del poder económico e imperialista de bloquear, y triunfar en, la lucha de clases.

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/
Alternativas emancipatorias

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

Es clave en la actual situación límite e inflexión histórica de la humanidad generalizar la ruptura con la legalidad-legitimidad de la gran burguesía. Evita entramparse como le sucedió a la Unión de Trabajadores de la Tierra. Para la UTT, una de las organizaciones integrantes del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, la solución de fondo debe ser superadora de los abordajes coyunturales: hace falta un Ministerio de Alimentación en la Casa Rosada. Lo explica Nahuel Levaggi, coordinador general de la UTT: “La alimentación, como la salud o el trabajo, es una necesidad básica de toda la población, no importa la clase social a la que pertenezcas. El Estado Argentino debería tener una política totalizadora para un tema fundamental como la alimentación”. Leer   No atiende a la vinculación estrecha del ministro de Agricultura con Insfran, quien ha establecido durante décadas un neofeudo extractivista ni al papel protagónico de Felipe Solá en el gobierno de los Fernández cuando no sólo fue uno de los principales mandamás del fusilamiento de Maxi y Darío para poner fin a la antineoliberal rebelión popular sino también hizo a la invasión ‘democrática’ de monocultivos de soja transgénica. Tampoco repara que la expansión de esta última y de todo el sistema imperialista de agronegocios está formulada e instituida por el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial desde 2010 (es decir Cristina Fernández es responsable) hasta 2020, se halla en vigencia y será prolongado al igual que su consecuente emergencia alimentaria. Reflexionemos a qué da la espalda:

Territorialización y desterritorialización del modelo de agronegocios en América del Sur. Aproximación al caso de la provincia Córdoba,

Vol. 4 Núm. 4 (2019): Locale

Por Joaquín Ulises Deon

Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, CONICET-Universidad

Nacional de Córdoba, Argentina

joaquinudeon@yahoo.com.a

Introducción

El modelo agrícola posee en sus bases de gestación social a la tierra (y con ella al agua), el trabajo, el transporte, la energía, el desarrollo y uso de tecnologías de implementación agrícola, la comunicación y la articulación entre productores, distribuidores, comercializadores y consumidores, al Estado y, más recientemente, a los mercados financieros mundiales.

La inscripción del agronegocio, del campesinado, de la agroindustria y de la agricultura familiar para comercialización, en un nivel macro, se da al interior del modelo agrícola estando en todos y cada uno de estos grupos de poder que en mayor o menor medida se territorializan, desterritorializan y reterritorializan (Gudynas, 2010; Porto Gonçalves, 2017) en todo el mundo otorgándole una impronta particular al modelo (que dependiendo el peso, la matriz productiva y de inversiones será un modelo de agronegocios, un modelo agroindustrial o un modelo agroecológico).

La escala local siempre está presente en el modelo agrícola. Los cambios que viva la tierra siempre tendrán un tejido y accionar social en un territorio rural pequeño, en un pueblo o en la ciudad, donde se despliegan redes regionales de intercambio y/o comercio de conocimientos, semillas, animales, maquinarias, técnicas, sistemas de información, mano de obra, trabajo, implementos químicos y biológicos o financiamiento.

Sin embargo, la configuración de un territorio global de crecimiento del modelo agrícola, que trasciende las escalas locales y regionales, es construida por los flujos migratorios, de mercancías, de comercio, de alimentos, de capital y finanzas. Es decir, es el desarrollo industrial y la industrialización del agro a través de la mecanización, el uso de alambrados, los desarrollos de diversos medios de transporte, la prestación de servicios (de electricidad, comunicación, geoposicionamiento), y las innovaciones científicas y técnicas, lo que le ha dado dinamismo y diversificación al modelo agrario global y, también, la impronta histórica de unión permanente con la ciudad y sus desarrollos industriales, lo cual dio una mayor importancia a la ciudad como centro de gestión, mando y control de la actividad agrícola regional y de los circuitos globales de comercio en el presente.

Esto se constata porque desde la década de 1980 emergen con mayor fuerza agentes no necesariamente agrarios, que deciden sobre la producción agraria y que inciden, desde sectores industriales y de servicios (como los inmobiliarios, de seguros, bancarios, entre otros), sobre este modelo productivo (Grass y Hernandez, 2013). El modelo agroindustrial argentino posee una historicidad que puede recorrerse a partir de autores como Azcuy Ameghino (2007), Gras, Hernandez (2008, 2013), Sili (2016), Barsky y Gelman (2005) entre otros. Los autores mencionados destacan que este modelo se caracteriza por una subordinación del agro a la industria, dada por una mayor intervención en los circuitos productivos agrícolas y ganaderos de empresas productoras de semillas transgénicas (industria biotecnológica-genetista), de implementos agrícolas como agroquímicos, fertilizantes químicos y minerales, pesticidas, herbicidas, aditivos para mejorar el encilaje (industria química y minera), cosechadoras y sembradoras de precisión, riegos por pivot, tractores, camiones bitrenes (industria automotriz

y metalmecánica), silos y grandes estructuras portuarias terrestres, marítimas y fluviales (industria metalúrgica y siderúrgica), las grandes obras viales, infraestructuras públicas y privadas (industria de la construcción), de enfriamiento y empacamiento (industria frigorífica y del packaking), entre otras ramas industriales.

La subordinación del agro a la industria se basa, además, en el incremento de profesionales de ámbitos relacionados con la producción agraria, quienes reciben formación específica a partir de seminarios y materias en las que estas agroindustrias construyen su presencia en los espacios rurales agrícolas y ganaderos, a partir de tecnologías químicas, genetistas, mecánicas, de transporte, acopio y almacenaje siendo, además, las principales financiadoras de estudios científicos. Esto contrarresta el declive investigativo agrario llevado adelante por los estados neoliberales nacionales que recortaron fondos a instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en Argentina (Gras y Hernandez, 2013; Tort, 2008).

En Argentina, las agroindustrias comprenden mayormente empresas nacionales y multinacionales del sector alimentario y agroalimentario que en su accionar han sabido construirse como empresas dedicadas a la producción primaria agrícola o ganadera y a la industrialización y comercialización de su producción primaria para la exportación a escala global o para circuitos de comercialización alimentaria como el del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) o el del continente Americano (McMichel, 2012). En muchos casos, estas empresas han comprado o construido empresas empacadoras, de transporte, de embalaje, de producción de papel o de cartón, que poseen sus propios laboratorios, centros de venta, centros de capacitación, entre otros espacios empresarios que facilitan la producción y comercialización de sus productos.

Ejemplo de ello son empresas como Arcor, Cargill, San Miguel Frutihortícola, Mastellone Hnos. (hoy comprada en un 40% por Arcor), Bayer, Syngenta, entre muchas otras.

El mayor peso adquirido por el sector industrial dentro del modelo agrícola facilitó un desarrollismo agrario fundado sobre un mayor impacto ambiental, por mayor demanda al suelo de rendimiento por hectárea, mayor implementación de productos químicos para aumentar el rindex, y la ampliación de áreas productivas a costa de desmontes de bosque nativos para monocultivos. En fin, un mayor poder empresarial a manos de grupos privados multinacionales productores de commodities. Se inaugura así un neoextractivismo agroexportador  (Gudynas. 2010) de commodities agrarias -con la soja como estrella-, y sostenido por un sistema altamente dependiente de los mercados externos (compradores de commodities) “por una matriz transnacionalizada de insumos apalancada por el capital financiero (nacional e internacional)” (Gras y Hernandez, 2013: 2).

Es decir, la consolidación de la tenencia de información agronómica de las propiedades, de la producción y del uso de implementos agrícolas y maquinarias en manos de empresas privadas y no del Estado; el desarrollo de técnicas como la siembra directa para el monocultivo de soja; entre otras acciones que definieron el direccionamiento de políticas empresariales y gubernamentales cimentadas en la reprimarización de la economía y el posicionamiento mundial como enclave regional (latinoamericano) proveedor de commodities

A su vez, actualmente, asistimos a una creciente articulación del agronegocio con las megamineras no metalíferas de altísimo impacto ambiental por su gran envergadura devenida en gigantes cráteres en las Sierras Pampeanas (mayormente las Sierras Chicas y las Sierras de Comechingones, en las Provincias de Córdoba y San Luis). Esta articulación está basada en el proyecto de remineralización de las áreas pampeana y extrapampeana, producto del extractivismo agrícola-ganadero y principalmente por el monocultivo de soja y maíz genéticamente modificados. Un proyecto y plan accionado en conjunto entre los Ministerios de Agricultura de estas Provincias de la Nación y la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (CEMINCOR). Un proyecto de gran peso que cuenta con el respaldo de las Sociedades Rurales regionales (de Jesús María, Deán Funes, Río Cuarto, entre otras) y del sector agroindustrial que pugna por la continuidad del productivismo del agro pampeano y extrapampeano sojizados.

Este peso del modelo agroindustrial hoy se sostiene, pero el modelo agrario entendido como el conjunto de procesos sociales, económicos y productivos que ponen en trabajo a la tierra, que ubican en circuitos de mercado la producción agrícola y que tensionan las relaciones sociales con otros sistemas productivos y ambientales, desde la década de 1990 ha comenzado a virar hacia el sector financiero a escala global. Para Valeria Hernández “el boom agrícola protagonizado por determinados países Sudamericanos no se restringe a su articulación con el capital financiero solamente”. Para esta autora, “el desarrollo de las semillas transgénicas, el aporte de las innovaciones tecnológicas, y la información inmobiliaria son importantísimas como instrumentos de una agricultura de precisión” (Hernandez, 2007:8).

Pero Eduardo Gudynas agrega la necesidad de comprender el rol del Estado en esta territorialidad del denominado modelo de agronegocio, ya que desde los gobiernos progresistas y de centro izquierda de las últimas dos décadas (en Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Argentina) se han fortalecido el acaparamiento de tierras y la producción concentrada de commodites.

Simultáneamente, se ha construido una legitimidad sobre este modelo de agronegocio fundada en su aporte a los programas de asistencia social. Una legitimidad ganada, también, debido a la falta de oposición social a lo que Julia Bernardes y Gabriela Maldonado llaman “el otro factor territorializador del agronegocio”: la existencia de tierras a bajos precios relativos en áreas de frontera agrícola moderna. Su aceleración en la década del 2000, llevó, inclusive, a la identificación de una denominada “República Sojera” en una gran porción de los territorios argentino, uruguayo, paraguayo, boliviano y brasileiro. Los Estados, en ciertos casos tras la adquisición de miles de hectáreas por grandes empresas brasileras o argentinas, facilitaban la construcción de infraestructuras viales, ferroviarias y de electricidad, entre otras.

Por regla general, las áreas no incorporadas en esta “República de la soja”, en su mayoría serían manchones que, por causas edáficas, hídricas, climáticas, estatales y ambientalmente protegidas, o por ya estar urbanizadas, no pueden ser sujetas a producción agrícola. Sin embargo, esto no implica que no puedan estar incluidas en el circuito agroindustrial o el desarrollista inmobiliario, por ello son igualmente importantes para los intereses del agronegocio. Las empresas del agronegocio impulsan también inversiones inmobiliarias para la construcción de plantas industriales de acopio o acondicionamiento de granos, feed lots, el desarrollo de complejos edilicios residenciales de elite, complejos y parques industriales, y grandes emprendimientos turísticos próximos o en las principales áreas metropolitanas de estos países.

El agronegocio, además, posee una dependencia directa de los mercados bursátiles y/o de commodities; empresas translatinas como El Tejar, Arcor, Cresud, AGD, Adecoagro, San Miguel (frutihortícola), Arauco, entre multinacionales como Bunge y Born, Cargill, Bayer y Monsanto (la primera compra a la segunda en 2017), Dow Chemical y Du Pont (fusionadas desde 2017), y Syngenta (comprada en 2017 por ChemChina), son empresas que cotizan en las bolsas de valores regionales como la de Buenos Aires (Argentina) y la de San Pablo (Brasil), o en bolsas globales como la Bolsa de Chicago (Estados Unidos).

Empresas que a la vez poseen una territorialización concreta con filiales, fábricas, centros de producción de conocimiento e información en ciudades pequeñas y medianas, además de propiedades con superficies mayores a las 100.000 hectáreas, empresas inmobiliarias y de servicios asociadas, propiedad de patentes de semillas, entre otras.

La territorialización del modelo de agronegocios
El acaparamiento interno: acaparadoras translatinas y multinacionales

El lugar de las bolsas de valores, los commodities y la empresarización para el acaparamiento de tierras es central para diferenciar el modelo de agronegocios más próximo a la rápida obtención de rentas y a la circulación de capitales provenientes de ámbitos no necesariamente agrícolas (mayormente financieros), respecto del modelo agroindustrial, basado en los circuitos de producción primaria con obtención de valor agregado, así sea mínimo (aceites, expellers estrusado, harinas, torta, pellets, proteínas, entre otros) o su transformación en biocombustibles de uso doméstico o para la comercialización. Esta distinción inicial para nada significa que un modelo no realice o dependa de lo que el otro hace, o no pueda hacerlo. Pero lo importante a destacar es que el agronegocio se basa en unidades de negocio (servicios inmobiliarios, evaluaciones de cotizaciones constantes, valoraciones del precio de la tierra, entre otros), mientras que la agroindustria se identifica con la producción de derivados de los productos que produce a partir del extractivismo agrario.

La puesta en juego de los diferentes pilares del modelo de agronegocios, basados en la financiarización del agro, los servicios a este, el manejo informativo incesante, el alto nivel de tecnologías y energías demandado y la deslocalización del mando y control, determina una suerte de imbricaciones de diferentes modos de desacople de la producción agropecuaria de los territorios (locales, provinciales, nacional) y construye un tipo de relación particular y radicalmente novedosa con lo local, donde ese nivel de la vida material y simbólica de los pueblos va mutando de manera creciente en un espacio de “negocios” conectados, casi sin mediaciones, con lo global (Gras y Hernandez, 2016). Desde este ámbito de negocios, donde las inversiones provienen del sector de las finanzas bancarias, de los fondos de inversión, de la industria alimentaria o la de la construcción, el agro es el receptor de grandes flujos de capital que se invierten en miles de hectáreas de tierra anualmente, pero que no pertenecen necesariamente al agro. Efectivamente, tal como lo explica Gras “se trata de un proceso en el que grandes escalas de tierra pasan a manos de grandes actores, para ser destinadas a la producción de un grupo reducido de commodities, entren ellos la soja.” (Gras, 2017:152).

En Sudamérica, particularmente en la región Pampeana, partes de la Patagonia, en el Gran Chaco, las Yungas y gran parte del Brasil (áreas ganadas a regiones como la Amazonía, el Cerrado o la Atlántica), empresas como Adecoagro S.A., MSU, Cresud S.A., la Agroindustrial ARCOR S.A., San Miguel, AGD, Cargill, Bunge y Born, Vicentin, Grobocopatel Hermanos (hoy con acciones mayoritarias del grupo Victoria Capital Partners5), Inversora Juramento S.A., Forestal Arauco S.A., El Tejar S.A., Benetton, entre otras, pueden ser consideradas como las mayores y principales acaparadoras de tierras en la región.

Históricamente estas regiones se insertaron en el mercado global a partir de la producción de commodities que varían desde la producción de carnes a la de cereales, madera, pasta celulosa, azúcar y oleaginosas (soja principalmente). Pero la transformación de estas regiones naturales en regiones agroproductivas implicó una transformación destructiva y violenta de los ecosistemas, con sus consecuentes problemáticas ambientales asociadas.

Desde la década de 1960 y 1970 particularmente, y con la Revolución Verde, estas regiones iniciaron una creciente agriculturización basada en el uso creciente y continuo de las tierras para monocultivos, ocupando espacios de usos ganaderos o mixtos, o ganándole lugar a los bosques nativos con los desmontes y grandes incendios. Esto se afianzó desde la década de 1990 a partir del Consenso de Washington, con la profundización de la liberalización económica y la llegada de las grandes multinacionales agroalimentarias y los préstamos de organismos crediticios como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), para la construcción de infraestructuras (Svampa, 2013), los avances en la genética, la mecanización del agro, el desarrollo de tecnologías de implementación agrícola como la agricultura de precisión, la siembra directa, los agroquímicos (fertilizantes, herbi cidas, insecticidas, entre otros), las semillas genéticamente modificadas y resistentes a estos, como así también a la baja o alta disponibilidad de agua en el suelo y el ambiente, a bacterias, insectos y gusanos (semillas RR, Maíz BT, Soja Tango-S4, Algodón BT-RR, entre muchas otras).

En esta agriculturización tuvieron un lugar central empresas multinacionales como Monsanto, ya que el régimen de propiedad intelectual basado en el patentamiento de los paquetes semillas-agroquímicos-innovación-información le permitió controlar el mercado y territorializarse en diversos países de todo el mundo para la producción y comercialización de semillas y agroquímicos, y el manejo de información para la producción y venta de estos paquetes e innovaciones. Esto le ha valido el poder mundial sobre el otorgamiento de licencias de uso, comercialización y modificación de las semillas y agroquímicos a otras multinacionales como Du Pont, Dow Chemical, Syngenta, ChemChina, Bayer, Don Mario, entre otras (Mayet y Greenberg 2017:76).

Tanto Monsanto como estas últimas empresas multinacionales del agro y la biotécnica/ biogenética, desde la aplicación de las fórmulas político-económicas del Consenso de Washington y con los Estados extractivistas Sudamericanos, abrieron las puertas a un nuevo periodo de acaparamiento de tierras; entendido este como un proceso en el que grandes extensiones son adquiridas, ocupadas o arrendadas por grandes actores de la agroindustria, que las incorporan a los circuitos de producción de commodities como la soja (fundamentalmente), el maíz, el trigo, el algodón, la palma, en la agricultura, y para la extracción de metales, en el caso de la megaminería (Varela, 2005).

Se postula que abrieron las puertas a un nuevo periodo de acaparamiento de tierras porque comercialmente facilitaron, con su territorialización en Sudamérica, la producción a gran escala de semillas genéticamente modificadas y de agroquímicos. A la vez, introdujeron en los circuitos comerciales de implementos para la siembra estos avances desde la escala local, con talleres a productores agropecuarios, centros de capacitación, prácticas de manejo a campo, creación de centros de innovación y desarrollo (I+D), acuerdos con Universidades, convenios con Institutos Estatales (INTA, SENASA -Argentina-, IEA -Brasil-, IAP – Paraguay-), adecuaron leyes de patentamiento y leyes de semillas en cada país para trabajar en investigación y construyeron plantas industriales y comerciales (Leite y Vieira de Avila, 2007), en el corazón agroindustrial de la región Pampeana y extra pampeana (en Argentina) y del Gran Chaco Sudamericano (en Paraguay, Bolivia y Brasil).

Facilitaron así la agriculturización, colonizando y territorializándose con su modelo de producción agroindustrial (Tavares, 2009) y del agronegocio sostenido por las políticas neoliberales (Bebbington, 2009), y por las primeras políticas progresistas de los gobiernos nacionales, regionales y provinciales o estatales forjadoras de un nuevo Consenso. Este fue sellado desde mediados de la década del 2000 con los sectores empresarios extractivistas del agro, de la alimentación, de la minería y de la construcción/urbanización: el consenso de los commodities (Svampa, 2013).

Un consenso que ha consolidado un neoextractivismo desarrollista que conlleva la profundización de la dinámica de la desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios, y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación claramente destructivas, descalificadoras de otras lógicas de valoración de los territorios, de las comunidades que los producen y que desde ellos resisten al despojo y sacrificio en aras del progreso y desarrollo selectivo; instalando una lógica verticalista, desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y comunidades campesinas, indígenas y rurales.

Un consenso que propone el desarrollo de las comunidades a partir de grandes inversiones en infraestructuras y servicios, que se escapan de las decisiones de las comunidades y que muchas veces no llegan más allá de la promesa en actos gubernamentales y empresariales públicos.(…)

Recapacitemos sobre cuán ilusorio pero a la vez reaccionario es convocar a la unión de diversidades de abajo para nacionalizaciones, promulgación de leyes, no pago de la deuda externa pública, etc. Tengamos en cuenta a Joaquín Ulises Deon:

(…) Las territorializaciones del agronegocio en Sudamérica

El Estado jamás ha dejado de estar presente en la territorialización del extractivismo en Sudamérica (Svampa 2013). Como tampoco lo ha dejado de estar en Arabia o en Asia central con los Petroestados.

El extractivismo, consistente en el sistema productivo basado en la extracción y remoción de grandes cantidades de recursos naturales para su comercialización en crudo o con una mínima industrialización en los mercados globales, ha formado parte de todos los periodos históricos de la conformación de los Estados “abastecedores y en desarrollo” del mundo. El extractivismo minero, el de hidrocarburos, el hídrico, el forestal o el agroalimentario, se expresan como economías de enclave, con limitados efectos económicos en las regiones en las que se establecen, escasa generación de empleo y con altísimos impactos sociales y ambientales (Gudynas 2010:40)

Durante los últimos 10 años ha crecido la categoría de neoextractivismo (Gudynas, 2010; Bebbington, 2009; Svampa, 2013), o de neoextractivismo progresista. Un nuevo periodo extractivista donde los gobiernos de los Estados han buscado fortalecer el modelo extractivista posicionando economías de enclave abastecedoras del mercado global -regidos por precios de mercados globales (las Bolsas y Mercados Financieros de Nasdaq, Chicago, Wall Street, Shangai, Londres, Hamburgo)-, prometedoras de progreso y desarrollo para las economías locales a partir de un Consenso de los Commodities.

Un consenso que solo ha contribuido y profundizado en los Estados neoextractivistas el desarrollo de sus políticas en dirección a obtener beneficios de este, en pos del asistencialismo social como facilitador para disminuir la pobreza, el analfabetismo, los problemas de transporte, el acceso a tecnologías y actividades culturales para los sectores populares. Después de los impactos sociales y económicos de la década de 1990 por parte de gobiernos neoliberales en todo Sudamérica y de las movilizaciones y luchas sociales que activaran movimientos sindicalistas, de desocupados, de Sin Tierra, Piqueteros, Villeros, Agricultores Familiares y Campesinos, la emergencia de líderes de centro izquierda y progresistas como Luis Ignacio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff (en Brasil), Néstor Kirchner y Cristina Fernández (en Argentina), José “Pepe” Mujica (en Uruguay), Fernando Lugo (en Paraguay), Evo Morales Ayma (en Bolivia) y Rafael Correa (en Ecuador), llevaron a un re-posicionamiento del extractivismo en la región, basado en el acuerdo con las grandes empresas multinacionales del cobro o aumento de las regalías (mineras, hidrocarburíferas y agropecuarias) sobre productos –commodites de exportación, a cambio de la continuidad o de beneficios para su localización en cada país.

Si bien Bolivia, Argentina y Brasil estatizaron la explotación y distribución del gas, el petróleo y el agua, en estos tres países es donde más creció la minería metalífera explotada por multinacionales, donde existe la mayor cantidad de tierras que fueron acaparadas por empresas privadas (mayormente translatinas), en acuerdos fijados desde el Estado para el cobro de regalías e impuestos a la exportación de commodities.

A la inversa de algunas propuestas de campaña que consistieron en la redistribución de tierras, la reforma agraria, el acceso a la tierra para los Sin Tierra, la regularización dominial y la entrega de títulos de propiedad a familias y comunidades indígenas y campesinas, el accionar de estos gobiernos progresistas facilitó el acaparamiento de tierras y potenció la extranjerización o la translatinización de enormes superficies de suelo o sus arrendamientos. Además, el Estado propició la construcción de obras para la localización de enclaves difusos de establecimientos extractivistas privados.

Estas políticas apuntaron a la redistribución de la riqueza logrando disminuir paulatinamente las brechas económicas y tecnológicas entre ricos y pobres, de acceso a la salud, facilitando institucionalidades Campesinas, Indígenas, Agrícola Familiares y de Pequeños Productores, para una mayor tecnificación y apertura de redes comerciales a través de la promoción de la asociatividad Campesina en Cooperativas Agrícolas, transfiriendo dinero a través de la compra de alimentos para programas alimentarios sociales (como el PNAE en Brasil, la Asignación Universal por Hijo en Argentina y Bolivia).

Entre otros importantes avances logrados por el progresismo Sudamericano a partir de este Consenso de los Commodities, donde los Estados intentaron tomar las riendas de la economía y de la primarización económica. Estas ventajas comparativas en un mercado global cada vez más demandante de commodities mineros, agrarios, forestales, energéticos y combustibles ha ido cimentando una ilusión desarrollista en toda la región (Svampa, 2013).

Acaparamiento de tierras desde el Consenso de los Commodities

El capitalismo global vive desde hace dos décadas una crisis múltiple climática, ambiental, económica, social, humanitaria, política y cultural (Acosta y Brand, 2017). La crisis del petróleo, sumada a la crisis financiera e inmobiliaria de la década de 2000, afianzaron el desvío de capitales especulativos financieros que se invertían mayormente en commodities como el petróleo, el oro, la plata, el hierro, el trigo, o en planes edilicios y residenciales, entre otros, desviándolos hacia la compra de grandes extensiones de tierras (mayores a 1000 hectáreas) en América Latina, Sudáfrica, países de Asia Oriental y el Pacífico.

Esto propició la emergencia cada vez más dominante de empresas ya no solo transnacionales sino también continentales, las cuales crecieron a partir de la capitalización, agrupación y/o unión de grandes productores nacionales que comenzaron a desviar la inversión de su capital del sector financiero no agropecuario hacia la especulación inmobiliaria rural, arrendando, ocupando (y a la vez desalojando a comunidades indígenas y campesinas), o comprando tierras en el afán de integración a pools de siembra, circuitos de servicios rurales agrarios o arrendamiento, con el fin consolidar la agriculturización para la producción de oleaginosas (soja principalmente), cereales, caña de azúcar, palma, algodón y otros cultivos industrializados y sus derivados como lo son los expellers y pellets de soja, trigo o maíz, los aceites de soja, colza, palma y los biocombustibles, etcétera (Oyhantçabal y Narbondo, 2011). Todo ello ya no para la alimentación de la población, sino para la producción de combustibles para producir energía eléctrica, para el transporte o para alimentación animal.

En el mundo, más de 30 millones de hectáreas fueron adquiridas por solo 490 propietarios en los últimos 4 años. Estos datos que surgen de trabajos de la organización Grain al año 2016 cuentan, además, la historia reciente del land grabbing, un fenómeno mundial que puede definirse como la mega adquisición de tierras por inversores extranjeros, grandes corporaciones, y fondos de inversión en muchos casos no dedicados a la agricultura o la ganadería (Grain, 2016).

Estos lograron su territorialización en el campo neoextravista favorecidos por las políticas progresistas y neoliberales de atracción de capitales y circulación del capital a partir de la agroexportación y, por ende, la concepción de la agricultura no como una proveedora de alimentos, sino de mercancías, entre las que se destacan los biocombustibles y los circuitos de cadenas de valor y logística que desarticulan los territorios y desterritorializan a pequeños productores familiares, campesinos y sus prácticas diversificadas de producción (como la rotación de cultivos, el control manual de plagas, la producción de hortalizas, frutas y verduras, lácteos y ganadería mixta). Territorializándose el monocultivo, los servicios al campo, la dependencia de paquetes herbicida-insecticida-riego-maquinaria de precisión, además de los precios regidos por la Bolsa de valores, los intermediarios, la demolición y el despoblamiento de las áreas rurales con población dispersa.

La territorialidad acaparadora desde el agronegocio Sudamericano(…)

Fuente: https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/revistalocale/article/view/9802/13081

En consecuencia, abajo y a las izquierdas coherentes con su esencia común-ista: nuestro desafío de llevar a cabo la «reforma agraria integral» consiste en erradicar la vigente contrarreforma agraria que implica el incesante acaparamiento de tierras «que conlleva la profundización de la dinámica de la desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios, y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación claramente destructivas, descalificadoras de otras lógicas de valoración de los territorios, de las comunidades que los producen y que desde ellos resisten al despojo y sacrificio en aras del progreso y desarrollo selectivo; instalando una lógica verticalista, desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y comunidades campesinas, indígenas y rurales».

Joaquín Ulises Deon continúa describiendo cuán falsa es la democracia vigente al señalar: Un consenso que propone el desarrollo de las comunidades a partir de grandes inversiones en infraestructuras y servicios, que se escapan de las decisiones de las comunidades y que muchas veces no llegan más allá de la promesa en actos gubernamentales y empresariales públicos.

Pero enfrentamos al funcionamiento total y totalitario del capitalismo imperialismo en vez de sólo al sistema global de agronegocios. De modo que concretar la «reforma agraria integral» nos exige, como planteó la Otra Campaña Zapatista, la estrategia de despliegue horizontal del antagonismo irreconciliable con el Capital y su Estado o con el sistema mundo capitalista y sus locales. Que las izquierdas mayoritarias, al igual que los progresismos, bloquean y por eso, es imprescindible derrotar a ambos.

 Bloqueo de la lucha de clases

Es clave en la actual inflexión histórica generalizar la ruptura del Pacto Social que establecieron los Fernández (Alberto y Cristina) aprovechando su rotundo triunfo en las PASO de 2019. Es decir, hicieron virar el Nunca Más a Macri-Cambiemos hacia un contubernio entreambos (pese a presentarse como de antagonismo irreconciliable) para garantizar la continuidad y profundización de la acumulación gran capitalista local e imperialista. Durante los cuatro meses hasta la asunción de los F-F  el gobierno de Macri agravó la precarización tanto de la vida como del trabajo, en tanto que los F-F construyeron la gobernabilidad de la intensificación de ajuste y de extractivismos que debían realizar durante su gestión. La concretaron con el afianzamiento del bloqueo a las luchas de las diversidades de abajo a través del Pacto Social y el Plan Argentina contra el Hambre.

Compartimos con los pueblos naciones del Abya Yala realidades y desafíos a encarar para ir construyendo real y efectiva democracia política cuán pronto nos atrevamos a practicarla.

Aun cuando sean distintas formas y gravedad de implementación observamos en nuestros países:

[Honduras] Miriam Miranda, lideresa garífuna, denuncia amenazas y ataques a comunidades

“Urge desmontar esa mafia criminal institucionalizada”

3 de marzo de 2022

Giorgio Trucci/ Rel UITA

El número de celular de Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), cambia a menudo. Advertencias y amenazas se han vuelto cotidianas después del golpe cívico-militar de 2009 y el asesinato de Berta Cáceres hace exactamente seis años.

Sin embargo, las últimas intimidaciones que recibió la lideresa garífuna la semana pasada preocupan de manera especial por el contexto socio-político hondureño en que ocurren.

Esta situación la ha llevado a reforzar las medidas de seguridad personal.

“Vivimos doce años de una narcodictadura que nunca mostró la voluntad de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra[1].

Esta situación ha generado más violencia y conflictividad. La desaparición forzada de nuestros hermanos ha sido el inicio de una escalada represiva e intimidatoria en contra de nuestro pueblo”, dijo Miriam Miranda a La Rel.

El 18 de julio de 2020, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes policiales irrumpieron en Triunfo de la Cruz y se llevaron de sus casas a cuatro jóvenes activistas comunitarios, entre ellos al presidente del patronato Alberth Sneider Centeno.

Los cuatro son miembros de la Ofraneh y casi 19 meses después siguen desaparecidos. El régimen de Juan Orlando Hernández nunca permitió que un comité garífuna de investigación y búsqueda (Sunla)[2] acompañara las investigaciones.

El peligro de denunciar

“Nuestros territorios se han vuelto objeto de disputa y acaparamiento por parte de las mafias institucionalizadas. Cualquier líder o dirigente comunitario que denuncie esta situación se expone a represalias”, advirtió Miranda.

La coordinadora de la Ofraneh explicó que después de la desaparición forzada de los cuatro activistas, cuyo trabajo estaba enfocado en la defensa del territorio y en exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, en Triunfo de la Cruz se han intensificado las amenazas y los ataques. La gente está aterrorizada.

Además, se ha agudizado la deforestación en Punta Izopo (Tela) para la siembra de palma africana.

La denuncia pública hecha por Miranda a través de las redes sociales le ha acarreado nuevas y fuertes intimidaciones.

Los cambios los hacen los pueblos

“Con la victoria de Xiomara (Castro) y el trabajo iniciado con la comisión de transición para movimientos sociales se han dado pasos importantes, sin embargo, los grupos de poder criminales se han fortalecido durante estos años y están muy radicados en los territorios”, explicó la dirigente garífuna.

“Hay que avanzar en el desmontaje de todo este sistema, en la derogación de leyes y decretos que institucionalizan la persecución y criminalización de los pueblos, la venta de territorio y soberanía, la corrupción y la impunidad. Sin duda es el reto más grande para el nuevo gobierno y no va a ser fácil”, recalcó.

Tres son los puntos clave que la Ofraneh y las comunidades garífunas presentaron a las nuevas autoridades: cumplir la sentencia de la Corte IDH, incorporar al Sunla en el proceso de investigación y búsqueda de los activistas desaparecidos y nombrar a un fiscal especial para la desaparición forzada.

Paralelamente, el movimiento social y popular hondureño deberá aprovechar la nueva coyuntura para fortalecer la lucha territorial, coordinarse, articularse y movilizarse, porque “los cambios vienen y los hacen los pueblos”, concluyó Miranda.

Notas:

[1] En 2015 los jueces ordenaron al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a las comunidades, en dominio pleno y en garantía de ocupación. Buena parte de estas tierras fueron usurpadas por empresarios y grupos de poder.

[2] http://www.rel-uita.org/honduras/comunidades-garifunas-crean-sunla/

Rel UITA

Fuente: https://rebelion.org/urge-desmontar-esa-mafia-criminal-institucionalizada/

—

La «democracia» de la centro-esperanza

3 de marzo de 2022

Por Luís Alfonso Mena S./|Rebelión

A la pregunta sobre si hay una democracia en Colombia, el senador Jorge Enrique Robledo y el combo de la coalición de centro derecha (de la Esperanza) respondieron todos a una que en este país “sí hay democracia”… Ocurrió en un foro de Caracol TV realizado el 20 de febrero.

¿En qué país viven Robledo, Sergio Fajardo, Carlos Amaya, Alejandro Gaviria y Juan Manuel Galán?

¿Un régimen despótico que violó masivamente los derechos humanos y masacró al pueblo que salió a exigir justicia en el Paro Nacional es democracia?

¿Un régimen uribista como el de Iván Duque que al ordenar la represión contra el pueblo durante tres meses seguidos en 2021 dejó más de 80 personas asesinadas y miles de heridos, torturados, detenidos, violentados, desaparecidos es una democracia?

¿Un régimen en el cual todos los días asesinan líderes sociales, defensores de derechos humanos, desmovilizados y ocurren masacres por decenas es una democracia?

¿Un régimen inspirado por el perpetrador de 6.402 crímenes de Estado con los eufemísticamente denominados “falsos positivos” es democracia?

¿Un régimen narco-corrupto que se instaló en el poder mediante compra multimillonaria de votos, mafias, trampas, clientelismo, uso indebido de la Administración Pública y cooptación del aparato estatal (Registraduría, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, etc.) es una democracia?

¿Un régimen que somete al hambre, al desempleo, a la falta de oportunidades al pueblo colombiano es democracia?

La enumeración de hechos para argumentar que aquí no hay democracia es extensa.

Lo que tenemos es un régimen despótico, violador de los derechos humanos, sociales, ciudadanos, políticos y económicos de la población, fundado en la desigualdad social y en la persecución a quienes protestan contra ese establishment del capitalismo neoliberal.

En la respuesta al mismo interrogante de Caracol TV, en foro cumplido el 19 de febrero, los cuatro precandidatos presidenciales de la derecha (Equipo por Colombia) que asistieron respondieron igualito que los del centro: “En Colombia si hay democracia”…

Contrasta la posición de los cinco centristas esperanzados sobre el régimen político que nos desgobierna, con la de los cinco precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, los cuales contestaron todos a la misma pregunta así: “En Colombia no hay democracia”. Ocurrió el 18 de febrero.

Pero el episodio no termina ahí: a una pregunta sobre si consideran que un gobierno de izquierda sería “una amenaza para Colombia”, el senador Robledo se abstuvo. Si, así como lo leen y lo pudieron ver en el foro.

¿Y no dizque el Moir era de izquierda? Eso creían algunos… Ahora todo está claro, porque en el contexto de Colombia, esa abstención de Robledo en esta pregunta es contestar que si considera una amenaza el triunfo de quienes, en algún momento, fueron sus aliados en el Polo Democrático y en otros espacios políticos de izquierda.

Y el exsenador Juan Manuel Galán, tan liberal él, fue más allá. ¿Cree que un triunfo de la izquierda es una amenaza? Respondió rotundo que sí… ¡Qué contradicción con el pensamiento político de su sacrificado padre, Luis Carlos Galán!

Se decantan las posiciones. Desde nuestra óptica, resulta un imperativo ético develar y denunciar el carácter antidemocrático y criminal del sistema socioeconómico y del régimen político imperantes en Colombia.

Ahí no puede haber dobleces, ni falacias, ni tibiezas, ni titubeos.

Y, además, reconocer que la izquierda es una alternativa democrática de cambio y de profundas transformaciones en todos los ámbitos absolutamente válida. No es, en consecuencia, ninguna amenaza. Es una opción histórica. Necesaria.

Fuente:http://luisalfonsomenas.blogspot.com/2022/02/la-respuesta-una-pregunta-clave-que.html

—-

Estado de excepción permanente, legado del Mundial

26 de julio de 2014

Raúl Zibechi/ La Jornada

Cuando se trata de manifestaciones, todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario, reflexiona el Coletivo Intervozes acerca del trato de las grandes cadenas televisivas a las protestas contra el Mundial (Carta Capital, 22/7/14). La escalada represiva venía creciendo desde las grandes manifestaciones de junio de 2013, pero durante el mes del Mundial llegó […]

Cuando se trata de manifestaciones, todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario, reflexiona el Coletivo Intervozes acerca del

to de las grandes cadenas televisivas a las protestas contra el Mundial (Carta Capital, 22/7/14). La escalada represiva venía creciendo desde las grandes manifestaciones de junio de 2013, pero durante el mes del Mundial llegó a niveles alarmantes.

La actitud de la policía militar, la policía civil y el sistema judicial, sobre todo en Río de Janeiro, ha sido calificada como la instalación de un estado de excepción de hecho. El domingo 13 de julio se jugaba la final entre Alemania y Argentina. A la hora del partido se convocó una manifestación en la plaza Sáenz Peña, en el barrio de Tijuca, a unos dos kilómetros de Maracaná. Acudieron colectivos de las favelas en protesta por los abusos policiales, militantes de los comités populares contra el Mundial, autónomos, anarquistas, educadores en huelga y activistas de medios independientes.

La policía utilizó la táctica conocida como kettling, ya usada antes en São Paulo y Belo Horizonte, consistente en cercar a los manifestantes con barreras y agentes, dejándolos aislados e inmovilizados durante horas. Había cinco policías por manifestante. Un periodista del semanario uruguayo Brecha preguntó a un policía los motivos por los cuales estaba bloqueado dentro del cerco. Es la ley de la FIFA, fue la única respuesta (Brecha, 7/7/14).

Varios manifestantes fueron golpeados, incluyendo un reportero gráfico aporreado en el suelo. Les dispararon balas de goma, bombas de efecto moral, gas pimienta, y usaron sus garrotes.

La noche anterior a la final, el sábado 12, la policía arrestó a 19 militantes (de los 23 que tenían orden de captura) porque se presumía que realizarían actos vandálicos en la manifestación. Tres activistas a los que no pudieron detener solicitaron asilo en el consulado de Uruguay en Río, pero el gobierno del presidente José Mujica se los negó y les exigió que se retiraran del local.

Diversos organismos y personalidades reaccionaron con indignación ante esta escalada represiva. Desde octubre de 2013 la Delegación para la Represión de Crímenes Informáticos, de la Policía Civil de Río, venía investigando los movimientos que se destacaron en las protestas de junio de 2013 por medio de escuchas telefónicas, intervención de sus e-mails y la infiltración de agentes en las asambleas y manifestaciones.

Amnistía Internacional, la Orden de Abogados de Brasil, Justicia Global, la Asociación de Jueces por la Democracia y hasta el Partido de los Trabajadores, entre muchos otros, criticaron la represión. La Defensoría Pública de São Paulo denunció la intención de impedir el derecho a manifestarse y la actuación abusiva y desproporcionada de la Policía Militar (Brasil de Fato, 18/7/14).

La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) aseguró que un periodista por día resultó agredido por la policía durante el Mundial. En total, 35 agredidos en un mes. Desde mayo de 2013, 210 periodistas fueron violentados, de los cuales 169 lo fueron por policías (Abraji, 14/7/14).

La casi totalidad de los detenidos preventivamente son liberados a los pocos días por falta de pruebas, pero son apresados de forma ilegal, sólo porque la policía sospecha que pueden cometer un delito, según denuncia el Manifesto de juristas contra la criminalización de las luchas sociales (Brasil de Fato, 21/7/14). La presunción de inocencia hasta que no existan pruebas fue hecha añicos por las policías y el sistema judicial.

Para el juez José Roberto Souto, con el propósito de asegurar la realización del Mundial se instaló en la sociedad brasileña una especie de estado de excepción, procediendo a una supresión temporaria del orden constitucional (Brasil de Fato, 22/7/14). En su opinión, fue la Ley General de la Copa, redactada por el gobierno y aprobada por el Parlamento para cumplirle a la FIFA, la que creó las condiciones para la criminalización de las protestas, incluyendo las huelgas laborales.

El sociólogo Rudá Ricci sostiene que uno de los principales legados del Mundial es el deterioro del estado de derecho y la legitimación de los abusos de la policía militar, que esta vez no se limitó a atacar a pobres y negros de las periferias y la emprendió contra estudiantes universitarios de clase media, con órdenes de búsqueda y captura expedidas como forma de intimidación. Considera que hay fuertes señales de cultura fascista en esta ofensiva contra los derechos democráticos fundamentales.

Bruno Cava, graduado en derecho y bloguero, parece sintonizar con el análisis de Giorgio Agamben sobre el estado de excepción. «Si en las favelas el poder punitivo elaboró históricamente la figura del traficante, en las protestas la demonización se da contra el vándalo o black bloc. El cerco de las plazas define el espacio de anomia, donde la violencia se separa del estado de derecho» (IHUOnline, 18/7/14).

En la favela la represión anuló desde siempre el estado de derecho; pero ahora esa lógica se desborda más allá para impedir las protestas, generar un clima de temor que inhiba a los militantes, advertidos que todo el peso del Estado les caerá encima. La dictadura no terminó, añade, sólo modificó sus límites, incluyendo ahora a todos los que protestan.

En Estado de excepción (un libro de rigurosa actualidad), Agamben señala que en todas las democracias occidentales la declaración del estado de excepción está siendo sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno (Adriana Hidalgo, 2004: 44). Tanto las crisis económicas como los megaeventos se han convertido en los laboratorios para dar un salto adelante en el control policial-judicial.

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/25/index.php?section=opinion&article=019a1pol
Fuente: https://rebelion.org/estado-de-excepcion-permanente-legado-del-mundial/

Examinemos la actualidad de Argentina para encararla hacia ir construyendo democracia real y efectiva desde ya: