Qué democracia -Junio2021
Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/
Alternativas emancipatorias
Legalidad-legitimidad de la gran burguesía
Es clave en la actual inflexión histórica generalizar la ruptura con la legalidad-legitimidad de la gran burguesía. Implica cuestionar la creencia mayoritaria en que la democracia vigente es antagónica a la dictadura genocida de los setenta para destapar que los poderes establecidos con terrorismo de estado siguen acumulando riquezas por expropiación de los bienes comunes y explotación tanto de los trabajadores como de los pueblos de Argentina. El Estado supranacional-nacional cada vez más en guerra de amplio espectro contra nosotros, los oprimidos, los subsidia de modo directo e indirecto y les garantiza impunidad. Sin atender esta realidad estatal, el Frente por la Soberanía Nacional lucha por estatizar la gestión comercial para, su ilusión, distribuir abajo beneficios de los extractivismos. Sin reparar que los últimos son ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciosos, silenciados e invisibilizados. Tampoco tiene en cuenta a las organizaciones Naturaleza de Derechos y Unidos por el Río (Buenos Aires), Foro Ecologista del Paraná (Entre Ríos) y Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente (Santa Fe) que explican en su demanda a la Corte Suprema de la Nación:
“El Paraná dejaría de ser un río para transformarse exclusivamente en un canal de navegación. Se trata de un punto inflexión entre la reflexión y una mirada ecocéntrica intergeneracional en el camino a la reconexión con la naturaleza -bajo el manto del concepto de una sola salud inevitable para los tiempos de pospandemia- y la irracionalidad antropocéntrica profundizando su camino sobre la cornisa del ecocidio aún sin haber salido de las consecuencias de la pandemia Covid-19 y una sequía históricas. Ambas tienen que ver con el modelo agroindustrial insostenible e inconstitucional y del que el megaproyecto en ciernes de la hidrovía forma parte”.
El Frente por la Soberanía Nacional no atiende que la hidrovía (o red troncal según su denominarla) sirve prioritariamente a la exportación de la República Unida de la Soja como Syngenta denominó a Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina. Niega la realidad bien patente no sólo que no existe Estado benefactor en el mundo contemporáneo y que el capitalismo sume a la humanidad entera en crisis civilizatoria terminal sino también que la hidrovía destruye el ecosistema dulceacuícola más importante para la vida de la mayor densidad poblacional de Argentina y refuerza la catástrofe socioambiental con origen en el modelo agroexportador. Exigir la estatización lo convierte en cómplice de la criminalidad de lesa humanidad y lesa naturaleza implícitas en la expansión del sistema global de agronegocios y otros extractivismos. Reflexionemos sobre:
Alianza transgénica: el plan 2030 que
une al gobierno y la oposición e intensifica
el modelo extractivo y contaminante
9 de agosto de 2020
El gobierno y la oposición dieron luz verde a un plan de las corporaciones empresarias para profundizar el modelo de agronegocio en Argentina. Bajo el pretexto de la búsqueda de dólares, no se miden las consecuencias ambientales ni el impacto social. La génesis de nuevas pandemias, y el adiós a la soberanía alimentaria. Qué dice el proyecto y cómo lo analizan productores campesinos, investigadores y vecinos de asambleas. Las falsas promesas bajo palabras amables, y por qué lo que está en juego no es solo un modelo de país sino de vida y futuro: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué.
Por Darío Aranda
No hay grieta en Argentina. Oficialismo y oposición están de acuerdo y se aferran al modelo de agronegocio, de producción de commodities para exportación. Así queda en claro, una vez más, con el plan de diez años impulsado por un amplío sector empresario y que ya tuvo el visto bueno del Presidente, la Vicepresidenta, de gobernadores y de Juntos por el Cambio (Pro-UCR).
Mientras parte de la discusión pública se centró en la (frustrada) expropiación de Vicentín, los chanchos para China y la quema de humedales, el sector empresario y el gobierno nacional cerraron filas en un plan que propone profundizar el agronegocio transgénico, con nuevas promesas de “empleos”, divisas, “desarrollo” y, una vez más, dejando de lado las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del modelo que lleva tres décadas en el país.
“Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)” es el nombre del nuevo espacio que reúne al sector empresario del agronegocio. Su plan para la próxima década lleva ya tiene nombre: “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”.
El plan 2020-2030
El sector empresario busca imponer la profundización del modelo de agronegocio durante diez años, hasta 2030, donde prometen aumento de exportaciones (dólares que el Gobierno prioriza), con leyes a medida de las empresas, más hectáreas sembradas, más transgénicos y agrotóxicos.
En el documento de presentación, de 19 carillas, explicitan qué buscan: “Definir una política activa de corto plazo con herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas”. La promesa, que tanto sedujo al Gobierno, es aumentar en 35.000 millones de dólares las exportaciones (pasar de los 65.000 actuales a 100.000 millones) y “generar 700.000 empleos”. No precisa cómo llegarán a esas cifras, pero igual lograron que muchos artículos periodísticos lo dieran por cierto y difundieran como la salvación pospandemia.
Más exportaciones del agro implica el avance sobre nuevas áreas. La experiencia de las últimas décadas confirma que el modelo de agronegocio implicó el avance sobre campesinos, indígenas, montes nativos y humedales. El plan del agronegocio no menciona nada de esto, pero sí promete que su acción será “sin descuidar el entorno ambiental”.
El documento de presentación señala que el Consejo “representa” a economías agroindustriales de todo el país. Entre los integrantes figuran todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja).También están presentes tres de las cuatro patas de la Mesa de Enlace (Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentina -CRA-). Están las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de Puertos Privados, entre otros.
El listado de integrantes dejar ver a los principales actores del agronegocio local y, también, jugadores del tablero internacional.
Y ellos planean marcar políticas de Estado. Incluso fijan tiempos: “Las propuestas deberán estar listas en 60 días”. E insta a desarrollar una ley “de desarrollo agroindustrial exportador, con estabilidad fiscal y financiera de diez años”.
El documento de las empresas fija tiempos al Poder Legislativo: “El proyecto de ley debería ser tratado por el Congreso de la Nación en 2020”.
También está presente el impulso al “sector forestal”, que en muchos territorios es sinónimo de monocultivos de pino y eucaliptus, con similares consecuencias a la soja: desalojos de campesinos e indígenas, violación de derechos, desmontes, agrotóxicos, concentración de tierras de pocas manos. Misiones, con la multinacional Alto Paraná, es un emblema de esa actividad.
El Consejo Agroindustrial señala que la ley debe incluir “un plan nacional de fomento a la agrotecnología” para el agro y las forestales.
Prometen un impacto anual de 16.000 millones de dólares de aumento de exportaciones y 210.000 empleos (directos e indirectos). Pero no dejan de destacar su objetivo central: “Consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio”. Destacan el uso de “biotecnologías y edición génica” (nueva y cuestionada técnica de transgénicos).
Alineamientos políticos
Lo que a una organización social le puede llevar meses, años o quizá nunca logre, las empresas del Consejo Agroindustrial en solo un mes sentaron a la mesa al presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa), al canciller Felipe Solá; a los ministros de Agricultura y Producción (Luis Basterra y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas). Lograron el apoyo de los gobernadores de Córdoba (Juan Schiaretti), Entre Ríos (Gustavo Bordet), Santa Fe (Omar Perotti) y Chaco (Jorge Capitanich).
El jueves 30 de julio tuvieron un encuentro con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La visitaron en el Senado José Carlos Martins (presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino), Roberto Domenech (presidente de la Cámara de Empresas Avícolas) y Gustavo Idigoras (presidente de la Cámara de la Industria Aceitera). «Nos dio un respaldo al proyecto, se puso a disposición y nos alentó a seguir trabajando. Fue una reunión muy cordial. Nos atendió de primera, muy amable», señaló Martins en diálogo con el diario La Nación. El empresario relató que cuando llegaron al encuentro se sorprendieron porque la Vicepresidenta ya tenía leído el trabajo de la agroindustria y la charla se focalizó en aspectos que más finos del plan exportador.
El 4 de agosto llegaron hasta la Quinta de Olivos, donde presentaron su plan al presidente Alberto Fernández. La agencia oficial Télam dio cuenta de la reunión y tituló que el Presidente afirmó que “en toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”.
Presidencia emitió un comunicado: «Se evaluó el camino a seguir para aprovechar el potencial del sector agroindustrial para exportar y generar empleo teniendo a la Cancillería como una institución fundamental para que los productos argentinos lleguen a los mercados del mundo».
El canciller Felipe Solá es un actor clave, tanto como fue en 1996, como secretario de Agricultura de Carlos Menem, cuando aprobó la primera soja transgénica de Monsanto.
El Consejo Agroindustrial (CAA) también difundió un comunicado: “El Presidente valoró y felicitó a la agrupación por la iniciativa, destacando la unión y representatividad federal de las entidades que lo componen».
Alberto Fernández estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.
Por el sector empresario participaron José Martins, Gustavo Idígoras, Roberto Domenech, Patricia Calderón (Federación Olivícola Argentina) y Dardo Chesa (Mesa de las Carnes).
El Consejo Agroindustrial no deja cabos sueltos. Dos días después de reunirse con el Presidente tuvieron un encuentro con la oposición de Juntos por el Cambio (Pro-UCR), espacio político que celebró el plan agropecuario a diez años y comprometió su apoyo en el Congreso Nacional. Participaron el presidente del interbloque, Mario Negri, los diputados Cristian Ritondo (presidente del bloque del PRO), Maximiliano Ferraro (presidente del bloque de la Coalición Cívica), Ricardo Buryaille, Atilio Benedetti, Alfredo Cornejo, Lucila Lehmann, Fabio Quetlas, Pablo Torello y Alfredo Sciavone, entre otros. Mario Negri no dudó: “Al campo hay que ayudarlo con medidas que le permitan seguir desarrollándose. Apoyaremos la propuesta del Consejo Agroindustrial en el Congreso Nacional. El desarrollo del campo es vital para un país que necesita exportar más”.
Doble discurso
El presidente Alberto Fernández tuvo una charla en vivo con jóvenes de diferentes provincias, transmitida por TV Pública el 21 de julio. Ante la pregunta respecto al ambiente, el Presidente no dudó: “La Argentina que tenemos que construir es una Argentina medioambientalmente sustentable, dejar de producir contaminando. Dejar de infectar el aire que respiramos, dejar de ensuciar el agua que tomamos. Esa es una oportunidad que tenemos. Eso (el ambiente), que tanto le preocupa a los jóvenes, hay que cuidarlo mucho. Esta es nuestra casa, la Argentina es nuestra casa, el mundo es nuestra casa. Y no tenemos derechos a seguir destruyendo y maltratándola como hasta ahora. Y que no me vengan con los argumentos económicos para tratar de sostener que sigamos contaminando al mundo”.
El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, twiteó ese extracto del discurso presidencial.
El mismo día, seis horas después, Alberto Fernández tuvo una reunión online ante el Consejo de las Américas, de lo más rancio de las corporaciones estadounidenses. Y les hizo una extensa invitación a explotar los recursos naturales de Argentina: “Tenemos para adelante muchas oportunidades para invertir en el país. Este es un país que tiene muchas riquezas, tiene riquezas en hidrocarburos, Vaca Muerta (…) La minería tiene un enorme potencial. Un mundo que luego de la pandemia seguramente reclamará alimentos tiene una enorme oportunidad en Argentina, porque Argentina es un enorme productor de alimentos y como país tenemos que comenzar a pensar cómo desarrollamos la agroindustria y como el Estado ayuda a ese desarrollo. Lo ideal sería dejar de vender alimentos para los animales que otros tienen y comenzar a alimentar a nuestros propios animales y vender nuestra carne faenada. Siento que ademas tenemos una enorme actividad pesquera que está absolutamente poco desarrollada y que podría ser una gran oportunidad para Argentina».
“Lo que pasa en Chaco es trágico”
Jorge Milton Capitanich era jefe de Gabinete de Cristina Fernández en febrero de 2015, cuando en conferencia de prensa rompió en vivo y directo un diario Clarín. Lo llamó “periodismo basura”, “mentira sistemática”, “(Clarín) todo el tiempo es mentira”.
Cinco años después, una eternidad para el pragmatismo político, Capitanich escribió un extenso artículo de opinión en Clarín. Las diferencias políticas y disputas de antaño quedaron de lado, ahora lo une el agronegocio: “Chaco. Oportunidades de la agroindustria en la pospandemia”, es el título del 2 de agosto donde promociona a la provincia para el avance del modelo transgénico.
El gobernador celebra que entre la década de 1980 y la actualidad se pasó de 800 mil hectáreas a 1,8 millones de hectáreas cultivadas, con un fuerte incidencia de soja transgénica. “Chaco tiene potencial para llegar a las tres millones de hectáreas sembradas para el año 2030”, afirma el Gobernador.
El artículo promociona todas las “ventajas” que tendría la provincia para recibir inversiones del agronegocio. Propone el avance de la frontera agropecuaria, fábricas de agrocombustibles, recuerda que están abiertos “al mercado de capitales”, señala nuevas rutas, “tarifas energéticas diferenciales” para empresas, subsidio a las contribuciones patronales, exención del impuesto a los ingresos brutos y de sellos por diez años. “Chaco puede aportar mucho para la recuperación económica del país”, finaliza el artículo en Clarín.
El gobernador Capitanich no hizo ninguna mención al impacto social, ambiental y sanitario que tuvo (y tiene) el modelo agropecuario en Chaco. El más notorio, no el único, el desmonte masivo del El Impenetrable.
Somos Monte es un espacio multisectorial de Chaco, que reúne a organizaciones, activistas y académicos que desde hace décadas denuncian las consecuencias del extractivismo en la región. Micaela Camino, integrante de Somos Monte, cuestionó con dureza el escrito de Capitanich. Recordó que la provincia sufre una crisis ambiental, social y sanitaria, donde el modelo que propone el Gobernador solo agravará los problemas.
“Lo que está pasando en Chaco con el agro y los desmonte ya es trágico. Pero si encima se realiza lo que propone Capitanich… sería como un suicidio”, afirmó Camino y remarcó que el plan agropecuario que se aplica en la provincia solo acentuó la desigualdad, la injusticia, la pobreza “y todo fue para llenar los bolsillos de unos pocos”.
La integrante de Somos Monte hizo una repaso de todas las consecuencias ambientales que padece Chaco (sequías, aumento de salinidad de aguas y suelo, erosión, desertificación, impacto en la crisis climática), pero también se refirió a lo sanitario: “El impacto de los venenos (agroquímicos) es terrible en algunas localidades, repleto de casos de cáncer y malformaciones, parece Chernobyil”.
Micaela Camino acaba de releer la nota del Gobernador en Clarín y durante unos minutos explica con paciencia el estado de situación de la provincia, sin agua, con “epidemia de chagas”, con madres que no tienen donde parir, con casos de desnutrición que no salen en las noticias y con las empresas madereras que no pararon ni un día durante la pandemia. Recuerda que los pueblos indígenas tienen numerosas leyes y convenios internacionales que los protegen, pero que ni el Poder Judicial ni el poder político las cumplen. No para de enumerar, hasta que se enoja: “Es toda una gran mentira lo que dice Capitanich. Y avanzar con más agronegocio será una tragedia”.
“El viejo discurso de más de ese agro para alimentar al mundo ya no lo cree nadie. Hablan de alimentos y acá crece el hambre. Y la otra falacia es cuando menciona a los biocomustibles como energía verde, cuando en realidad es nocivo para el ambiente. Da vergüenza, no debiera ni decirlo”, lamentó.
Qué modelo
En una rápida consulta a actores en lucha de diversos territorios del país surge una coincidencia total: el plan de las empresas y el Gobierno implicará más avanzada territorial, más desmontes, más agrotóxicos, más efectos en la salud, más concentración de tierras en pocas manos, más problemas para los sectores populares del campo.
Gabriel Arisnabarreta es productor agroecológico, integrante de la organización Ecos de Saladillo y del colectivo de Pueblos Fumigados de Buenos Aires. “Vemos con mucha preocupación y no oponemos al plan del Consejo Agroindustrial y que aparentemente fue recibido con beneplácito por el gobierno nacional”, es lo primero que menciona en la entrevista.
Remarca que es más de lo mismo, con el discurso de transformar al país en líder del comercio de alimentos cuando en realidad se trata de commodities con más y nuevos agrotóxicos, fertilizantes artificiales y transgénicos. Afirma que implicará más deforestación, más contaminación y más “territorios de sacrificio”. Vincula este plan al impulsado por el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), llamado AgTech, que ya contó con la adhesión del Ministerio de Ciencia y de Agricultura. También vinculó estas iniciativas al acuerdo con China por la cría industrial de porcinos y el aumento del corte de mezcla del gasoil (con agrocombustibles).
“Lo que está en juego es el modelo de país”, resume. Y puntualiza: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué. Afirma que el plan del Consejo Agroindustrial es una profundización del modelo, con más concentración de las tierras y de la producción.
Recuerda que el Foro Agrario (histórico encuentro campesino de mayo de 2019) redactó 21 puntos del plan agrario popular. Y señala que el gobierno no solo no tomó esas iniciativas, sino que abraza un plan que está en las antípodas. “Es terrible que en medio de una pandemia, que mucho tiene que ver con la destrucción del ambiente y la ganadería y agricultura intensiva, se reciba con beneplácito una propuesta para profundizar aun más ese mismo modelo. Esto no tiene nada que ver con los 21 puntos del Foro Agrario y mucho menos con la soberanía alimentara”, denunció.
Profundizar la desigualdad
Fernando Albrecht es miembro de los Vecinxos Autoconvocados por la Salud y el Ambiente de Hersilia (Santa Fe). Analizó el discurso con el que se publicita el plan agroindustrial: “Usa algunos nombres que quedan bien, como ‘federal’, ‘sustentable’; es como estuvieran en el lugar de los que van a traer el bien, el desarrollo de un país. Pero son los mismos actores que aplican este modelo del que ya conocemos las consecuencias”, advierte.
Recuerda que muchas de esas entidades son las responsables de la “expansión sojera”, de la ganadería industrial, de fumigaciones y de un modelo que provocó un desastre ambiental. “Este tipo de planes tiene relación con lo que impulsan corporaciones financieras y grupos concentrados del agro mundial. Un modelo que se aplica acá desde mediados de los 90. Que no solo no ha resuelto la pobreza, sino que ha profundizado la desigualdad”, afirma Albrecht. Y recuerda que el agronegocio destruyó las economías regionales, que en esa región de Santa Fe tenía forma de pequeños tambos y agricultores familiares.
Llama la atención sobre la insistencia, en el discurso empresario, de las palabras “estabilidad fiscal”. Albrecht, que también es parte y parte del Equipo para la Promoción de la Agroecología de Hersilia, advierte que eso implicará menos impuestos para el agronegocio o, parecido, que el resto de la población se haga cargo de financiarles las obras de infraestructura que requiere la agricultura industrial. Por otro parte, remarca cómo la casta política actúa según el sector al que se parece: “Qué facilidad tienen los gobiernos para abrir la puerta a los empresarios y patronales, enseguida llegan a acuerdos y se dan la mano; mientras que no escucha a las organizaciones que elaboramos propuestas agroecológicas, comunidad campesinas, agricultores familiares, indígenas, a los pueblos que elaboramos propuestas desde abajo”.
Dólares para la deuda externa
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) fue una de las organizaciones que impulsó el Foro Agrario de 2019. Agustín Suárez es uno de los voceros de la UTT y acaba de leer el plan del Consejo Agroindustrial. “El Gobierno, con el argumento de necesitar dólares, sigue apoyándose en los grupos de lobby más importantes nacionales e internacionales para profundizar un modelo de producción agroexportadora. Ya vimos que, con 30 años de este modelo, nos llevó a más concentración de la producción y más dependencia. Y solo queda contaminación y saqueo”, advierte.
Recuerda que la UTT señala desde hace años que son las organizaciones de pequeños productores, campesinos y cooperativas las que pueden solucionar el hambre de la Argentina. Remarca que es necesario discutir el modelo agropecuario y cuestiona que el Gobierno deje afuera de la discusión a las organizaciones populares del campo. “La agroindustria promete dólares que, si es que entran, no solucionan el problema porque se vuelven a ir mediante el pago de la deuda externa”, cuestiona.
Remarca que el plan del Consejo Agroindustrial es, al igual que el posible acuerdo con China por la cría de chanchos, la profundización del modelo con las consecuencias ya conocidas.
Excusa perfecta
Juan Wahren es investigador del Conicet y del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA. Entiende que el plan acordado por el Consejo Agroindustrial y el Gobierno es una readecuación de algunos de los actores más importantes del agronegocio para consolidar el modelo agrario hegemónico. “Es la excusa perfecta, el explotar recursos naturales para salir, supuestamente, de la crisis de la pospandemia”, cuestiona.
Wahren leyó los lineamientos del plan y lo evalúa como una vuelta de tuerca más a los planes que impulsaron Cristina Fernández de Kirchner (“Plan Estratégico Agroalimentario”) y el de Mauricio Macri (“Argentina exporta”).
Recuerda que Alberto Fernández ya había anunciado en campaña que iba a impulsar el agronegocio con mayores exportaciones. Como también su apoyo a la megaminería, Vaca Muerta, explotación de litio “que la venden como una minería limpia, cuando no lo es y cuando no hay acuerdo de muchas de las comunidades indígenas de esos territorios”.
Paradojas de la política, aporta que el nombre del nuevo espacio empresario le hizo recordar al “Consejo Agrario Nacional”, espacio estatal de la década del ‘30 que luego fue tomado por el primer peronismo con una político muy interesante de distribución de tierras. “Fue lo más parecido a una reforma agraria, con todas sus limitaciones y a años luz de otros países de América Latina, pero que entregó millones de hectáreas en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, en beneficio de los pequeños chacareros. Fue un espacio odiado por los terratenientes y destruido por la dictadura militar”, describe.
Un siglo después, otro peronismo implementa políticas en las antípodas.
Wahren advierte que el Gobierno y las empresas también se encontrarán con más resistencias en los territorios. Afirma que la profundización del agronegocio agudizará las contradicciones dentro del gobierno y también en los territorios.
Una gran pregunta, sin respuesta aún, es qué harán las organizaciones campesinas e indígenas frente al gobierno que impulsa el extractivismo en sus territorios.
Lucha de trincheras
Roger Almaraz es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, con base en la comunidad Pozo del Castaño. “Somos lechuza ya cascoteada. Sabemos cuando nos quieren engañar”, avisa. Y se remonta cuando a inicios del 2000 les decían que un “nuevo paquete tecnológico” (soja transgénica más glifosato) les traería beneficios y sucedió todo lo contrario.
Leyó el proyecto del Consejo Agroindustrial y comparte una primera devolución. “Escriben tan lindo esos señores que hasta parece bueno lo que proponen, dicen ‘inclusivo’, sustentable’, ‘generar trabajo’. Pero para obtener esas cifras millonarias que prometen de seguro intentarán más avance sobre nuestras tierras, más desmontes. Y no podemos permitir eso”, avisa.
Explica que ellos dialogan con distintos sectores del Estado. Y que la propuesta campesina es producir sin contaminar, acceso a la tierra, reservas campesinas, comercio justo. Remarca las “contradicciones” del Gobierno, que habla de cambio climático y crea un Ministerio de Ambiente, y otro lado impulsa un modelo que impactará aún más en los territorios.
“Debe haber cambios drásticos en el modo de producir. Todos los sabemos, pero el Gobierno no plantea eso. Al contrario, apoya a estos empresarios”, cuestiona. Y resume lo que es “el modelo sojero” para el Mocase: “Para nosotros la soja no fue progreso. Ese modelo no implicó desalojos, contaminación y muerte”.
Almaraz afirma que son dos modelos en disputa: el agronegocio y el campesino-indígena. “¿Cuál persistirá en Argentina? Van ganando los poderosos, se ve al mirar las millones de hectáreas desmontadas, aunque nuestra lucha ha evitado que volteen muchas también”, reflexiona.
Comparte dos hipótesis. Los cambios pueden llegar cuando algún gobernante se convenza de que es necesaria una reforma agraria. O, más probable quizá, cuando la sociedad tome conciencia. “No sé cuánto tiempo tomará, pero es necesario ese cambio de conciencia, para un cambio de modelo. Como dicen los compañeros del campo, el problema de tierras no es solo de los campesinos de Santiago, es de toda la sociedad argentina”, arriesga.
¿Y mientras tanto?
Propone Almaraz: “Hasta que ocurra eso, seguiremos dando luchas desde nuestras trincheras. No entiendo que pueda ser de otra manera. Y para eso debemos ir intentando hacer ese camino desde nuestras pequeñas luchas, para alguna vez integrarlas en luchas mayores, vincularlas a sectores de todo el país y ahí ver si podemos instalar otro modelo, que sea para todos y no para unos pocos. Es el gran desafío”.
Fuente: https://www.lavaca.org/notas/alianza-transgenica/
Bloqueo de la lucha de clases
Es clave en la actual inflexión histórica generalizar la conciencia que -en el capitalismo- es imposible mirar hacia buenos vivires abajo. Impiden este despertar de una creciente mayoría de los oprimidos por el sistema: quienes son estatistas como quienes componen el Frente por la Soberanía Nacional. Razonan la solución a favor de los de abajo como regulación estatal de las empresas. Ilusionan que el Estado distribuirá beneficios y que también logrará financiar políticas sociales si hay suspensión o no pago de la estafa oficializada como deuda externa pública. No se han convencido que el Estado viabiliza el capitalismo cuya política económica procura sólo los intereses lucrativos del 1% de la población. No se interrogan sobre cómo la democracia ha llegado a patentizar que representa al llamado poder real ni cómo la clase política devino casta política.
El Frente por la Soberanía Nacional se focaliza en que se debe combatir la pobreza y no, al capitalismo o acumulación de riquezas y poder por el 1% de la humanidad que hace a su incesante crecimiento.
De ahí que el Frente por la Soberanía Nacional piense en un Estado distributivo y sin obligación de pagar la deuda externa pública. Ahora así como gira 180º la mirada de a quiénes eliminar, razona que los extractivismos se despliegan para atender a los grandes acreedores. Cuando lo cierto es que sin extractivismos no hay capitalismo como advierte Horacio Machado Aráoz. Y son ecocidios-genocidios que requieren, para rentabilidades extraordinarias de las corporaciones, ser financiados por las propias poblaciones saqueadas, envenenadas pero esta transferencia es demasiada perversa para explicitarla.
En suma, la democracia oculta y escenifica el mito del desendeudamiento encubriendo que la verdad es el mito de Sísifo para los diversos de abajo.
Destaquemos que el Frente por la Soberanía Nacional -en lo esencial- coincide con el Partido Obrero cuando éste convoca:
«A las organizaciones ambientales para pelear en común por la aprobación del proyecto de ley presentado por la diputada del FIT Romina Del Plá, que plantea la prohibición de todos los desmontes por dos años, entregando a las organizaciones defensoras del ambiente un poder de veto sobre las rezonificaciones que la Justicia determine para avalar la tala de bosques, y establece una recuperación de las áreas devastadas financiada por las empresas responsables. Por la prohibición de las fumigaciones con agrotóxicos en zonas pobladas, y un poder de veto de las organizaciones ambientales sobre las fumigaciones en el ámbito rural. Por la prohibición de la megaminería a cielo abierto y la nacionalización de los recursos naturales, para poner la producción bajo control obrero y dando poder de veto a las comunidades afectadas por los emprendimientos extractivos. La nacionalización obrera de la industria hidrocarburífera, además, permitiría armonizar las necesidades de abastecimiento de energía con la provisión de formas de generación limpias y renovables. Por el saneamiento de ríos y suelos contaminados, bajo supervisión de organizaciones ambientales y vecinos, a cargo de las empresas responsables; y el fin de la especulación inmobiliaria que devasta bosques y humedales. Es un programa que debe ir de la mano del repudio de la deuda usuraria para romper con ese mecanismo de expoliación colonial del país, y la nacionalización del comercio exterior para invertir la riqueza en un plan de desarrollo social y nacional que ponga un punto final a la primarización y la depredación ambiental».
Ambos son reformistas pese a la actual situación límite cuya característica fundamental es la guerra de amplio espectro que el capitalismo lleva a cabo contra los pueblos y la naturaleza. Sostienen el poder de leyes, regulaciones y nacionalizaciones para el desarrollo social y nacional al que no ponen en cuestión. Lo peor de esta conciliación con los poderes constituidos a través de la democracia cuidando sólo por derrotar a cualquier brote de subversión, es delegar en dichos poderes la financiación de reparaciones imprescindibles y el voluntario retiro de sus actividades depredadoras.
Soslayan el imperativo de la lucha de clases o de los diversos subalternos y oprimidos contra sus expoliadores.
Por el contrario, las autoorganizaciones socioambientales y las comunidades de pueblos naciones indígenas debido a arraigos territoriales van adueñándose de la disconformidad con los destinos programados y ejecutados por el sistema. Se comprometen con la actual emergencia socioecológica cuya manifestación más contundente es la climática.
La palabra Emergencia nos impacta e invita a interiorizar,
reconocer que necesitamos actuar en lo inmediato y trabajar en ella.
El gobierno provincial y local debe años de actualización de mapas de otbn y actualización de ejidos bajo estudio de impacto ambiental y cultural (Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos).
No hay un plan de prevención y manejo del fuego que incluya la protección de las áreas categorizadas como de muy alto, alto y medio valor de conservación de bosque nativo (zonas rojas y amarillas).
La emergencia no es sólo agropecuaria, alimentaria, sanitaria e hídrica. Necesitamos cumplir las leyes, así como sanear cuencas, restaurar el bosque e implementar políticas socioambientales estructurales. Sobre los territorios quemados se debe hacer la restauración conforme a lo que dicen las normativas vigentes.
Punilla está en categoría media de Emergencia, razón según la cual NO LLEGAN los fondos verdes destinados a reparar políticas sociales y rurales, de zonas productivas afectadas, de pueblos indígenas y de proyectos agroecológicos. Esto significa que se estima no hay problemas estructurales, ni pobreza. De modo que se promueve el negocio inmobiliario (urbanización del bosque en zonas amarillas y rojas) y obras faraónicas cómo la Autovía de Punilla que pretenden pasar de largo a las verdaderas necesidades de los pueblos de este valle.
La falta de ordenamiento territorial nos está trayendo problemas graves de delitos de tierra, ambientales e inseguridad como hemos informado a los distintos Ministerios. Se avanza sobre patrimonio cultural y se promueve la desigualdad de Tierra, Techo y Trabajo.
Que el gobierno abuse de sus atribuciones también nos invita a deconstruir y sanar siglos de un sistema patriarcal y violento, hacernos cargo de nuestro saber y deber a todxs los ciudadanxs. Por eso nos movilizamos, por eso nos capacitamos y transmitimos.
La Emergencia no le da la potestad al gobierno de VIOLAR LAS NORMAS CONSTITUCIONALES, es el pueblo unido y responsable el encargado y sus diferentes actores, el que deben exigir la remediación y prevención de todo evento que destruya al ecosistema que habitamos y atente contra la vida.
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Alternativas emancipatorias
Reparemos que tanto el Frente por la Soberanía Nacional y el Partido Obrero según sus actuales declaraciones políticas desconocen la centralidad de:
El campo cada vez está más concentrado
21 de enero de 2020
Por Darío Aranda
Según los últimos datos oficiales, el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias concentra el 36 por ciento de la tierra, una dinámica que continúa expulsando familias.
En treinta años desapareció el 41 por ciento de las explotaciones agropecuarias y se acentuó la concentración de tierras en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones controla el 36 por ciento de la tierra, mientras que el 55 por ciento de las chacras (las más pequeñas) tiene solo el 2 por ciento de la tierra. Son datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA).
Campesinos, indígenas y académicos no tienen dudas: la desaparición de chacras y la expulsión de familias del campo tiene directa relación con el agronegocio, modelo que prioriza la exportación, dominado por grandes empresas, y deja de lado la producción de alimentos y a los productores.
El Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA) relevó datos sobre las características de las explotaciones agropecuarias (EAP) y del productor. Se relevaron 206 millones de hectáreas y se cesaron 250.881 explotaciones agropecuarias.
Los resultados preliminares figuran en un documento de 232 páginas presentado por el Indec. Entre 2002 y 2018 desapareció el 25,5 por ciento de las explotaciones agropecuarias. Y, si se compara con el censo de 1988, en sólo treinta años desapareció el 41,5 por ciento de la chacras.
Un hecho que ningún sector político jamás se animó a abordar es la concentración de tierras. Y eso favorece a los más grandes. El CNA confirma con datos lo que campesinos, indígenas y académicos críticos denuncian desde hace décadas: el 1,08 por ciento de las fincas (2473) concentra el 36,4 por ciento de la tierra (57 millones de hectáreas). Se trata de las propiedades de más de 10.000 hectáreas.
En el otro extremo, las chacras más pequeñas (menos de 100 hectáreas) representan el 54,6 del total de las explotaciones agropecuarias (125.023 fincas), pero tienen solo el 2,25 de la tierra (3,5 millones de hectáreas). Argentina experimenta una reforma agraria pero al revés, donde muy pocos (el 1,08 por ciento) tiene demasiado. Y donde la mayoría (el 54,6 por ciento) tiene muy poco.
Nahuel Levaggi, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), afirma que el censo muestra “el resultado de un modelo agropecuario que atraviesa los distintos gobiernos, un modelo que concentra la tierra, dominado por multinacionales de semillas, y es la muestra del capitalismo en su máxima expresión”. Levaggi explica que a los desalojos de campesinos se suma que quienes tenían fincas comienzan a ser rentistas y dejar el campo o directamente vender sus chacras: “Hace años que alertamos que es un modelo sin agricultores, donde los más grandes se comen a medianos y pequeños”.
Jorge Frías es productor agroecológico en su chacra “La tierra sin mal”, en Puerto Tirol (Chaco). Recuerda que el modelo prioriza los cultivos extensivos (soja, maíz, girasol, caña de azúcar y, por otro lado, monocultivo de árboles), que avanzaron sobre regiones de campesinos e indígenas. “Es un modelo que no produce alimentos para nuestra población. Es un modelo que vacía el campo de gente. Hace años que alertamos de las graves consecuencias productivas, ambientales y sociales”, afirma. El censo precisó que solo en el 46 por ciento de explotaciones los productores viven en el campo. Y detalló que existen 75.193 viviendas deshabitadas.
Frías participa del Movimiento Popular la Dignidad y del espacio Somos Monte, de Chaco, que lucha por la defensa del poco bosque nativo que permanece en pie. Explica que todo el sudeste chaqueño ya fue arrasado, y que el agronegocio retomó su embestida contra El Impenetrable, de la mano de una “soja nacional” (de la empresa Bioceres) resistente a la sequía. Exige que algún Gobierno ponga en debate el modelo de agronegocio, pero no solo las retenciones, y que se discuta la tierra para qué y para quién.
Los investigadores Eduardo Azcuy Ameghino y Diego Fernández, del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (UBA), analizaron el censo. Destacan que entre 2002 y 2018 desaparecieron en Argentina 82.652 explotaciones agropecuarias, casi un 25 por ciento del total, a un promedio de 5166 chacras por mes. “Se ratifica la vigencia y eficacia del proceso de concentración económica consolidado durante los noventa y prolongado hasta la actualidad”, afirman los autores. Si se toma el censo de 1988, en 20 años se perdió el 41,5 por ciento de las chacras.
Desde el Foro Agrario, espacio de articulación de decenas de organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, presentaron en mayo pasado un programa que propone otro modelo agropecuario, de base popular, con políticas de estado que fomenten el arraigo rural y la producción de alimentos accesibles para el pueblo. “Diversos sectores políticos se siguen refiriendo a la Mesa de Enlace como ‘el campo’. Tienen que entender que hay otro sujeto rural, con otro rol económico, otra base social, que es otro campo, con un modelo que incluye beneficios para toda la sociedad y para el ambiente”, exige Levaggi de la UTT.
Jeremías Chauque es mapuche, vive en Desvío Arijón (Santa Fe) y forma parte de la organización de productores “Desvío a la raíz, agricultura ancestral”. No lo sorprendió el dato de la concentración de tierras, afirma que es un mal que se repite en la Patagonia mapuche, pero también en el Norte wichí y en la Mesopotamia guaraní, sólo por citar tres latitudes. “El agronegocio funciona explotando hasta el último aliento de vida, con desmonte, saqueo, contaminación”, recuerda. Chauque forma parte del Colectivo Paren de Fumigar Santa Fe y resalta la necesidad de otro modelo, que tenga como prioridad lo social y los alimentos sanos (sin agrotóxicos ni transgénicos), “una agricultura sin mano de obra barata, con agricultores dueños de su destino, con tierras para trabajar, con producción de alimentos y no commodities para los chanchos de Europa y Asia”.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/El-campo-cada-vez-esta-mas-concentrado
En consecuencia, al revés del Frente por la Soberanía Nacional que delega poder popular en el Estado al servicio del capitalismo, es crucial constituir poder económico territorial de comunidades y pueblos mediante la «reforma agraria integral» y ésta resultará de la unión de autoorganizaciones en diversidad pero con la voluntad común de contraponerse a la concentración y transnacionalización económico territorial que el Capital Estado logró por expansión de todos los extractivismos. Es clave que esa unión luche hacia erradicar a todos los extractivismos por:
Arrasar con la vida
8 de abril de 2020
Por Darío Aranda para la Agencia de Noticias Biodiversidadla
El avance del agronegocio y la pérdida de millones de hectáreas de bosque. La crisis climática, el aumento de la temperatura global y los territorios de sacrificio en el Sur global.
En paralelo al avance del modelo sojero en el Cono Sur se arrasaron 35 millones de hectáreas de bosque nativo. El equivalente a la superficie de Alemania, donde se ubica la sede central de Bayer-Monsanto, u ocho veces la superficie de Suiza, donde nació la multinacional Syngenta-ChemChina. A pesar de leyes que protegen las áreas boscosas, el desmonte avanza en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Un modelo, el agronegocio, publicitado como “exitoso”, pero con enormes consecuencias en los territorios.
Millones de hectáreas
La aprobación de la soja transgénica sucedió en forma escalonada en los países de Cono Sur. En Argentina fue en marzo de 1996. En Uruguay se dio luz verde en octubre del mismo año. En el resto de los países se cultivó de forma ilegal desde fines de los ‘90 y la autorización formal llegó años después: en 2003 en Brasil, un año después en Paraguay y en 2005 en Bolivia.
El avance transgénico tuvo su correlato de devastación ambiental. En Argentina se destruyeron 5,6 millones de hectáreas de monte nativo entre 1998 y 2017. Las provincias más desmontadas fueron Santiago del Estero (1,8 millones de hectáreas), Salta (1,4 millones), Chaco (650 mil) y Formosa (418 mil). Todas zonas ajenas al agro industrial, todas zonas de campesinos, indígenas y agricultores familiares.
La Fundación Tierra de Bolivia precisó que en ese país se arrasaron 5,1 millones de hectáreas entre 1990 y 2016. El departamento con mayor deforestación es Santa Cruz de la Sierra, corazón de las empresas agroindustriales. Otros departamentos, con cifras menores, son Tarija, Beni, La Paz y Chuquisaca.
En Paraguay, entre 2001 al 2017, se destruyeron 5,4 millones de hectáreas. La organización Base-Is explicó que el desmonte mayormente se produjo en los departamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná. Son los mismos departamentos donde se produjo el mayor avance del modelo agroexportador.
En Brasil se desmontaron 19,1 millones de hectáreas entre 1990 y 2019. Se dio principalmente en la región llamada Amazonia Legal, un área que engloba en su totalidad los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins y Mato Grosso, y parcialmente el estado de Maranhao, todos pertenecientes a la cuenca amazónica.
Un elemento fundamental, muchas veces silenciado por organizaciones conservacionistas, en los territorios con bosque vivían (y viven) pueblos indígenas, campesinos, agricultores familias. Actores imprescindibles para la soberanía alimentaria y la defensa del monte nativo.
Los millones de hectáreas devastadas fueron transformadas en monocultivos. Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996. Y llegó al pico máximo de 20,5 millones hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En Paraguay se pasó de 1,1 millones de hectáreas con soja en 1997 a 3,4 en 2018. El maíz también se multiplicó: de 356.600 hectáreas en 1997 se llegó a un millón en 2016. En Bolivia se pasó de 200.000 hectáreas con soja en 1990 a 1,2 millones en 2017. A fines de la década del ‘90 Brasil contaba con tres millones de hectáreas declaradas. En la cosecha 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.
Otro monocultivo, mismo modelo
Uruguay es un caso muy particular referido al avance del agro y sus bosques. La Ley 15.939 (de 1987) prohíbe la tala de monte nativo (con excepciones para el uso doméstico, y con autorización de la Dirección General Forestal) y obliga a reforestar con especies nativas. De esta forma, la superficie de monte nativo pasó de 664 mil hectáreas en 1990 a 850 mil en 2019. Pero la misma ley estimula el desarrollo de la industria forestal, que genera el avance del monocultivo de árboles, parte del modelo de agronegocio. En 1987 la superficie de plantaciones forestales (pino y eucaliptus) era de 46.000 hectáreas. En 2017 llegó a las 2,2 millones de hectáreas. Lo que implicó acaparamiento de tierras, uso masivo de agrotóxicos y la instalación de plantas de celulosa, con denuncias de contaminación del agua y el aire. El caso más famoso: Botnia-UPM, de capitales filandeses.
Región chaqueña
La ONG paraguaya Guyra analiza la situación del Gran Chaco Sudamericano, que incluye a la Argentina, Paraguay y Bolivia. Analizó el avance de los deforestación entre 2010 y 2018. En 2010 y 2011 contabilizó picos de desmonte de hasta 1400 hectáreas por día en promedio. Y en 2012 y 2013 aumentó incluso hasta un promedio de 2000 hectáreas diarias. A modo global, entre 2010 y 2013 se destruyeron más de 1,6 millones de hectáreas. Paraguay encabezó el ranking con un millón de hectáreas destruídas.
En junio de 2018, último informe mensual disponible, detectaron 34.000 hectáreas arrasadas, un promedio de 1096 hectáreas por día. Argentina representó el 80 por ciento y Paraguay el 18 por ciento.
“Monitoreo desmonte”, es un sitio web colaborativo que analiza la situación de bosques de la región chaqueña de Argentina, doce provincias del norte del país donde avanzó el modelo agropecuario. Mediante imágenes satelitales precisa los desmontes desde la década del ‘70 hasta la actualidad. Entre el año 2000 y el 2018 se perdieron 5,7 millones de hectáreas, un promedio anual de 300 mil hectáreas. “Las tasas de deforestación en esta región se encuentran entre las más altas del mundo y están promovidas principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Este proceso ha generado importantes conflictos territoriales que incrementaron la preocupación y el interés por conservar los bienes naturales y culturales asociados a estos bosques”, explican los autores del relevamiento, la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En Argentina se aprobó en 2007 la llamada “Ley de bosques” (26.331), que buscaba frenar la deforestación. Desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se destruyeron en Argentina 2,4 millones de hectáreas: equivalente a 120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. El 80 por ciento de los desmontes se concentró en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
Crisis climática
Además de las emisiones de gases de efecto invernadero, un factor clave en el rol de los bosques es que absorben el dióxido de carbono, proveen oxígeno y son fundamentales para bajar la temperatura del planeta. Sin embargo, entre 1990 y 2019 se destruyeron en el mundo más de 129 millones de hectáreas de bosques, superficie equivalente a la de Sudáfrica. El agronegocio, que incluye la ganadería industrial, es un factor clave en la destrucción de esos bosques.
«Perspectivas del Medio Ambiente Mundial», es el nombre del informe de Naciones Unidas (ONU), presentado en marzo de 2019. Brinda un alerta contundente: el planeta se dirige hacia el colapso climático, sanitario y social.
Desde 1880 la temperatura mundial aumentó entre 0,8 y 1,2 grados centígrados. Y en la última década se produjeron ocho de los diez años más cálidos de la historia. El Acuerdo de París (2015) establece que los países firmantes deben adaptar acciones para que la temperatura del planeta no aumente por encima del 1,5 grados centígrados. Fue (y es) muy criticado por organizaciones sociales por no cuestionar el modelo de consumo que lleva al desastre climático, no ser vinculante, no frenar la extracción de hidrocarburos (como se había propuesto en la cumbre mundial de Kioto –Japón– en 1997) y proponer «falsas soluciones» (monocultivo de árboles, bonos de «compensación» para contaminar, geoingeniería para modificar el clima, entre otros).
Las grandes potencias económicas del mundo comandan el Grupo de los 20 (G20). Y esos mismos países también son los máximos responsables del cambio climático, el aumento de la temperatura global y los consiguientes desastres ambientales: el 76 por ciento de las emisiones del dióxido de carbono (principal factor del ascenso de la temperatura) proviene de los países del G20. Encabezan el ranking de contaminación China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón y Alemania.
El informe de la ONU es concluyente: «Las actividades antropógenas (humanas) han degradado los ecosistemas de la Tierra y socavado los cimientos ecológicos de la sociedad». Aclara que es necesario «adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener y revertir esa situación y proteger así la salud humana y ambiental». Algunas de las medidas esenciales son reducir la degradación de la tierra, frenar la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire, la tierra y las aguas; mitigar el cambio climático y reducir la quema de combustibles fósiles”. Joyce Msuya, directora ejecutiva de ONU Medio Ambiente, fue tajante: «Estamos causando el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. No habrá mañana para muchas personas, a menos que nos detengamos».
Este artículo es parte del proyecto Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.
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#AtlasOGMConoSur | Entre 1990 y 2019 se destruyeron en el mundo más de 129 millones de hectáreas de bosques, superficie equivalente a la de Sudáfrica.
Referencia: (…)
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Arrasar-con-la-vida
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