Qué democracia-Julio 2021

Con embaucamientos y terrorismos estatal, paraestatal, mediático y socioeconómico para privilegiar el lucro oligopólico sobre la vida del 99%

Observemos que la Otra Campaña por el agua para la vida ante todo promueve la confianza, entre les diverses de abajo, en que el apoyo masivo a las consulta e iniciativa populares serán exitosas. Ahora la iniciativa propone que «la legislación debe priorizar el acceso al agua para la vida, por encima de toda otra demanda, disputa o apropiación, cualquiera sea el uso que se pretenda darle”. Para descubrirla propuesta engañosa basta tener en cuenta a las oficializadas como “zonas de sacrificio” actuales y las que el Estado en sus distintos niveles se esmera en imponer a beneficio exclusivo del contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales.

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

Es clave generalizar la ruptura de cada cual con la naturalización de la legalidad y la legitimidad convenientes a la gran burguesía. Implica que, mayoritariamente, dejemos de ser creyentes en la vigente democracia por descubrirla continuidad de la dictadura genocida. Es prioritaria la percepción de (conocimiento y toma respectiva de posición respecto a) las oficializadas como “zonas de sacrificio” que son pequeñas comunidades y empobrecidas previamente en los noventa mediante la aplicación del Consenso de Washington por el Partido Justicialista bajo el liderazgo de Carlos Menem que introdujo al súper ministro Domingo Cavallo quien, durante la dictadura genocida, estatizó la mayor parte de la deuda privada externa. Reflexionemos sobre:

Estado-minero y democracia ficción

Análisis en torno al conflicto por el proyecto Agua Rica en Andalgalá.

Por Gustavo Pisani. Becario Doctoral Conicet, miembro del Colectivo de Ecología Política del Sur.

La criminalización de la protesta popular, la persecución policial y la judicialización de lxs asambleístas y manifestantes, el allanamiento de sus casas, la militarización del territorio, el artificio ideológico y mediático de reducir los hechos a delitos contra la propiedad y vandalismo, a actos de mera violencia llevados a cabo por “grupos de fundamentalistas sin ideología” (como decía un diputado), negando no sólo la dimensión política y social de los acontecimientos, sino la existencia misma de sentido, de racionalidad a estos actos, son algunos de los hechos lamentables que nos llevan a preguntarnos por la existencia real de la “democracia”.

  1. Antes que nada, la excesiva licencia o liviandad en el tratamiento de los hechos, como si no existiese de fondo un conflicto territorial que lleva más de diez años sin resolver, en una ciudad dividida, fracturada por la minera en dos bandos, con lo que muy difícilmente se puede hablar de una “paz” que haya sido rota. Antes bien, pues, lo que hay es un estado de guerra subyacente, en la que las organizaciones populares han venido resistiendo como han podido los empujes de los grandes intereses políticos y económicos que buscan su desorganización, su disgregación, su regreso al estado de serialidad, de masificación. Cosa que hasta ahora no han podido, a pesar de que las restricciones de la pandemia han significado sin duda un gran atraso para los movimientos y organizaciones populares respecto al establecimiento del modelo extractivista minero por parte del Estado provincial y nacional. El bloqueo a los camiones en la ruta de Choya vino a significar, en este sentido, un acto de resistencia de los pueblos al saqueo, y los acontecimientos subsiguientes tienen que ser interpretados en estos términos políticos, no como delitos contra la propiedad y aún la democracia.
  2. En segundo lugar, ¿de qué democracia estamos hablando si el mismo Estado en Andalgalá es quien viola los derechos civiles y las garantías constitucionales?

Hace años que en Andalgalá no hay estado de derecho sino un estado de policía, en el que la fiscal sale en defensa de los intereses de una empresa extranjera antes que en defensa de los derechos civiles, librando órdenes de detención y requisa en forma arbitraria y judicializando la protesta popular. Arbitrariedad jurídica que, por otro lado, ya no sorprende o escandaliza a nadie en Andalgalá: estos excesos, atribuciones extraordinarias y parcialidad son moneda corriente en la ciudad, en la que el Estado municipal y provincial ha estado de hecho implicado en la conformación de contragrupos promineros, grupos de existencia esporádica, fantasma, de carácter paraestatal que se conforman a partir del “precariado” y el clientelismo político del Estado y cuya función política es la de desarticular los movimientos y actos políticos de las organizaciones populares, llegando incluso a colocar la ciudad entera bajo estado de sitio como ocurrió en el año 2012.

A lo que hay que agregar el poder administrativo coactivo de la policía, que en nombre del “orden público” o la “seguridad ciudadana” y bajo la ampliación de sus facultades en cartas orgánicas provinciales o bien en situaciones excepcionales (como ahora durante la epidemia), puede recurrir a interrogatorios en la vía pública, detenciones por averiguación de identidad o antecedentes, detenciones en masa, razzias, investigación ilegales de lxs ciudadanxs bajo presunción de delito, etc., lo que supone una retracción y erosión de los derechos humanos de la población civil de Andalgalá.

Existe, en este sentido, una complicidad administrativa entre la policía y la esfera judicial, convirtiendo determinados acontecimientos (como el apedreamiento e incendio de las oficinas de Yamana Gold) en hechos jurídicos, recurriendo incluso a procedimientos policiales fraguados. Es decir, que hablamos de un saber policial, en el que se aplican técnicas precisas de tratamiento de los hechos para que estos puedan ingresar en el campo jurídico, con lo que la policía interviene en la primera definición o carátula de los fenómenos jurídicos, como una mirada u olfato policial que busca reunir las pruebas que sustentan la conformación del sujeto como sospechoso que es, justamente, donde se produce el conjunto de evidencias o bien el simulacro de las mismas: en el caso de los procedimientos fraguados, las pruebas aportadas, antes que comprobar los hechos, son producidas con la finalidad de generar una versión oficial del delito que sea verosímil para el campo jurídico, con lo que los hecho no sólo son interpretados sino que también son producidos materialmente. Luego, este saber policial transforma al sujeto sospechoso en culpable a través de la creación de condiciones de verosimilitud en las que también, por otro lado, también incide la opinión pública. En suma, pues, si analizamos la realidad social existente y el modus operandi de la justicia y la policía, difícilmente también se puede hablar de una democracia que se haya visto disminuida por los hechos en cuestión.

Con lo que tenemos que concluir que la democracia, lo mismo que la separación de los poderes (poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial), no es más que una representación, una ficción ideológica. Es decir, todxs sabemos de las complicidades que existen entre las esferas política, jurídica y legislativa en la sociedad catamarqueña, de la oscura red de relaciones entre las familias patricias, de los acuerdos, los intercambios de favores, de las relaciones de parentesco y la falta de mérito de los nombramientos políticos, de los acomodos, de las concesiones, de los negocios, del tráfico de influencias, de los enriquecimientos ilícitos, la especulación inmobiliaria, etc., en una palabra, de que nuestra sociedad es una sociedad corrupta gobernada por sujetos corruptos, lo que responde a la lógica de las relaciones personales antes que a la lógica institucional (la racionalidad burocrática weberiana), pero seguimos creyendo que existe una democracia a la que unas cuantas pedradas pusieron en peligro. O que Aldo en su bicicleta, quijote del Aconquija, representa una amenaza terrorista.

Este desgarramiento de vestiduras en nombre de una democracia inexistente, este discurso de los “extremistas violentos” no puede sostenerse sino desconociendo los hechos pasados, tomándolo como un hecho aislado y negando su sentido político. Es más, yendo más lejos, podría pensarse como una escena de democracia popular ante la ausencia de derecho existente. Es decir, detrás de las imágenes de las noticias, hay una larga lucha territorial, sostenida a través de 583 caminatas semanales por la vida y el agua, que lleva consigo múltiples hechos de violencia física y simbólica que están inscritos en la memoria colectiva y en los cuerpos de lxs compañerxs. Realidad que está muy lejos de las apreciaciones del gobernador Jalil de que “Catamarca logró superar la discusión sobre minería sí o minería no” (Página 12, 6/3/21), lo que nos dice al menos dos cosas: que las resistencias al modelo extractivo minero son pensadas por el gobierno sólo como trabas al “desarrollo” y que esa supuesta discusión (o síntesis, en términos dialécticos) nunca tuvo lugar, y la simple negación de la realidad no es igual a su superación: sólo es su negación. ¡Libertad inmediata para todxs lxs detenidos por el Estado minero, por la autocracia minera!    

Fuente: http://www.ecologiapoliticadelsur.com.ar/nota/65-estado-minero-y-democracia-ficcion

En consecuencia, la Otra Campaña por el agua para la vida elude al vigente régimen latifundista donde gravita más profunda y extensamente la esencia capitalista de anteponer los derechos de la propiedad privada a los derechos de los pueblos.

Bloqueo de la lucha de clases

Es clave en la actual inflexión histórica de la humanidad que dejemos, abajo y a la izquierda, de percibir la democracia vigente desde el conformarnos a su fatalidad y desde la indiferencia a todo lo que no afecta a nuestras persona y familia en forma directa. Porque, aprovechando la pandemia, en todo el país se expande la puesta en práctica de los planes de desposesión total y totalitaria. Comprobemos cómo el gobernador Capitanich hace a la legalidad de destruir un bioma esencial a la provisión de agua y por tanto, a la vida. Además apreciemos a las luchas de diversidades de abajo auto-organizadas que, como en todo el país, defienden la vida y sus condiciones de existencia.

Chaco: el reordenamiento Territorial de
la Ley de Bosques resulta una ampliación
de la frontera agroexportadora

25 de julio de 2021

Entre el 2015 y el 2018 los desmontes pasaron de 15 mil hectáreas a 40 mil y en los últimos diez años, se desmontaron 320 mil en todo Chaco. Actualmente se debate un Reordenamiento Territorial de la Ley de Bosques presentado por el gobernador Jorge Capitanich, que según denuncian organizaciones y productores, amplía la frontera de la producción agroexportadora y pone aún más en peligro a uno de los bosques nativos más importantes de América Latina. Diana, en su columna de la Agencia Periodística Timbó, para  Enredando las Mañanas,  relató acerca de la lucha del activismo en torno a la protección del bosque y cómo se están tomando  las decisiones en torno a la ley. Compartió el testimonio de Ramón Ríos, presidente de la Unión de Pequeños Productores y de la Federación de Pequeños Productores del Chaco.

Por RNMA

El proceso de destrucción del bosque nativo en Chaco nos afecta a todos

En la columna de la Agencia Periodística el Timbó para Enredando las Mañanas, Diana contó que en el  Chaco, se inició un proceso de consulta para actualizar el Ordenamiento Territorial de la Ley de Bosques, hoy vencido. Digo consulta entre comillas, porque hace 20 días comenzamos con las restricciones estrictas, en todo Chaco y cayó de sorpresa que se quiera hacer este procedimiento en los territorios de forma virtual y aún más en el  Impenetrable”, comentó.

Diana historizó acerca del Ordenamiento Territorial en la provincia. Detalló que el ordenamiento está vencido desde el 2014 y que en octubre del año pasado, organizaciones socioambientales, indígenas, campesinas y criollas, especialmente las que se agrupan en Somos Monte lograron un fallo judicial que prohibía los desmontes hasta la nueva actualización y promovía una investigación acerca de los desmontes ilegales. Agregó también que en el 2018, desde el activismo se había logrado frenar una propuesta de reordenamiento mediante un amparo desde el Centro Mandela, porque no se estaba haciendo el debido proceso de consulta.

Explicó además cómo se realiza dicho ordenamiento: “se pinta el mapa de tres colores, correspondientes a tres categorías: rojo, categoría que no se puede desmontar, es de reserva absoluta, zonas cerca de los humedales o parques nacionales; amarillo, que es engañoso, porque  indica un manejo forestal sustentable, que sabemos que es difícil en un bosque tan frágil y seco como es el chaqueño; y color verde, donde está  permitido el desmonte total. En esta categoría entra el permiso de un  manejo del suelo para reemplazar el bosque por agricultura que es intensiva, agroindustrial y que utiliza grandes cantidades de agrotóxicos”.

Amplió luego sobre lo que ocurre en esas áreas que se colorean de verde: “Se da un modelo circular,  se basa primero en apropiarse de las tierras  de pequeños campesinos o comunidades indígenas, o criollas, luego desmontar e incorporar la soja transgénica. Es un mecanismo que viene desde el sur de la provincia subiendo cada vez más y ahora avanzando sobre el Impenetrable. Esta ley de bosques nativos debería ser progresiva en lo que refiere a la protección de bosques y no regresiva. Y agregó que: «entre 2015 y 2018 los desmontes pasaron de un poco más de 15 mil hectáreas a casi 40 mil, en tres años más del doble. En diez años se desmontaron casi 320 mil hectáreas en toda la provincia. Chaco se encuentra junto con Salta y Santiago del Estero, entre las que más se desmontaron. Uno de cada dos desmontes de estas 320 mil que estamos mencionando fueron ilegales y menos del 4 por ciento fueron sancionados.  Porque no sanciona a las empresas. A pesar de este fallo de la justicia, Greenpeace detectó a través de monitoreo satelital, que en los últimos seis meses, se desforestaron casi 8 mil hectáreas en la provincia.”

La comunicadora destacó que: “todos estos datos son alarmantes porque estamos hablando de un bosque esencial para el mantenimiento de los ecosistemas y de la vida humana y animal. Es el segundo más importante de América Latina. Solemos pensar que los más afectados con su destrucción son las comunidades indígenas y criollas que viven en esa zona pero en realidad nos afecta a todos. Todos los desastres naturales, los cambios climáticos que estamos viviendo tienen que ver con esto.”

Sobre la situación actual acerca de la ley de bosques, Diana especificó que Jorge Capitanich, armó una mesa técnica desde la Secretaria de Ambiente de la provincia, con la participación de técnicos y organizaciones socioambientales, pero no vinculante. Hace una semana, mientras que ésta estaba trabajando, el gobernador presentó su propia propuesta de mapa para el ordenamiento territorial en donde hay afectadas 1.500  hectáreas de bosque nativo. “Hay mucho pintado de verde y amarillo, y el amarillo no existe. Porque no es posible un manejo sustentable de agricultura para este ecosistema, ya muchos técnicos denunciaron esto. Es un bosque que no soporta que se deje un árbol cada 100 hectáreas. Cuando se instala ese modelo, en los hechos, es un desmonte total. Esta propuesta del ejecutivo se lanzó con talleres que son como una especie de consulta virtual por regiones. Ante estas condiciones, fue que las organizaciones campesinas, indígenas y criollas decidieron retirarse de la mesa técnica y no participar de estos talleres, ya que algunas ni siquiera podrían. Entonces nuevamente, aunque sabemos que este tipo de consulta, nunca son vinculantes, como una política clara, se deja afuera a toda la sociedad de estas  decisiones, agregándole al contexto, la pandemia y las estrictas restricciones.”

Finalmente, compartió el testimonio de un pequeño productor, Ramón Ríos, campesino criollo de Colonia Elisa, perteneciente a la Unión de Pequeños Productores (UPPRO) de Chaco, y Presidente de la Federación de Organizaciones de Pequeños Productores de la provincia, quien con respecto a la forma en que se pretende actualizar la ley y su contenido, expresó: “esto es dejar afuera a los verdaderos protagonistas de los territorios, no podemos participar de esta virtualidad. Les vino re bien el nuevo decreto de aislamiento para evitar la presencialidad en las consultas. A cincuenta o sesenta kilómetros, un campesino de la zona urbana ya no tiene ni señal, es decir, quedamos afuera. Como está dibujado el mapa en verde en la provincia es aberrante. No se tienen en cuenta la protección de parques, corredores biológicos, los ríos. Estos van a desaparecer como ya viene sucediendo, es un golpe impresionante al medio ambiente. Y cuando llueva van a desaparecer los pueblos, las colonias

El productor reflexionó para cerrar: “¿Será que no miran la pradera, el monte, los pájaros, la fauna? Lo que marca la pintura, son zonas donde hay pequeños productores, horticultores y los que producen alimentos que van directo a las mesas de los consumidores. Presidencia de la Plaza, Sargento Cabral, Colonia Benitez, Margarita Belén, General San Martín, Pampa del Indio son  zonas productoras de hortalizas, antes eran algodoneras. En el ordenamiento que se propone, eso está todo pintado de verde. Los parques tienen solo puntos rojos, no tienen corredor biológico, no tienen amortiguamiento de parques nacionales, únicamente puntos rojos (“lunares”), ¿esos son los únicos islotes de bosque nativo que van a quedar en el Chaco?  Y enfatizó: “más que ordenamiento, estamos ante la  destrucción del bosque nativo, así le hubieran puesto de título, porque esto es ampliación de la agricultura de exportación. Nos preocupa porque no vas a cambiar totalmente el clima y se van a dar fenómenos preocupantes como los incendios. Mientras, nos mantienen con las alas cortadas con el tema del aislamiento.”

Fuente: https://www.anred.org/2021/07/25/chaco-el-reordenamiento-territorial-de-la-ley-de-bosques-resulta-una-ampliacion-de-la-frontera-agroexportadora/

Es fundamental que una creciente mayoría, abajo y a la izquierda, se involucre en las luchas territoriales cuya unión hará posible a la urgente e imprescindible reforma agraria integral, hoy, anticapitalista-antiimperialista-antirracista-antipatriarcal y decolonial tanto en el saber como en el poder.

Litio en Catamarca: un peligro para
las lagunas altoandinas y la producción local

12 de junio de 2021

Por Red Eco Alternativo

El proyecto minero Tres Quebradas, de la multinacional canadiense Neo Lithium, avanza sin respetar las leyes ambientales ni los derechos de los pueblos indígenas.

Un informe de la organización Be.Pe alerta sobre los riesgos de agotamiento y contaminación de acuíferos. La Asociación Campesinos Del Abaucan (Acampa) denuncia la avanzada extractiva sobre la producción agropecuaria y el avasallamiento de la cultura local. Las promesas de trabajo, el rol de los gobiernos y una publicitada «transición energética» que arrasa territorios. Por Nahuel Lag-Agencia Tierra Viva.

“En el bolsón de Fiambalá tenemos turismo, una alimentación sana, trabajamos la agroecología. Nuestro mayor temor es la contaminación del agua, el riesgo de perder nuestra producción, la fauna y la flora local. Vimos cómo afecta la minería de litio el ambiente y las poblaciones de zonas desérticas”, relata Johana Villagrán vecina de Fiambalá, Catamarca, e integrante de la Asociación Civil Campesinos Del Abaucan (Acampa). A pocos kilómetros, a más de 4000 metros de altura en la Cordillera de Los Andes, se encuentra el salar de Tres Quebradas, que integra el sistema de Lagunas Altoandinas y Puneñas, protegido desde 2009 por el Convenio Ramsar para la conservación internacional de humedales, un sistema que sostiene el delicado ecosistema y la producción local, que se ve amenazado por la minería del litio.

En 2016, se instaló en Tres Quebradas la empresa Liex S.A., subsidiaria de la corporación canadiense Neo Lithium, para iniciar su proyecto de exploración de litio. El mineral es una de las estrellas de la política económica extractiva impulsada por el gobierno nacional, que bajo la bandera de la “sustentabilidad” y la transición a “energías verdes” busca atraer inversiones para la producción de carbono de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio, materia prima para la elaboración de baterías de la prometida revolución de los autos eléctricos. Sin embargo, la transición tecnológica no modifica los impactos ambientales extractivos de las materias primas con las que se abastecen: controles ambientales laxos a cargo de las empresas, falta de consulta a las comunidades locales, escasos puestos de trabajo y recaudación del Estado solo a través de regalías bajas.

“La extracción y comercialización de los bienes comunes, en especial de los minerales, por parte de empresas ajenas a las realidad territoriales y culturales de los contextos donde establecen sus enclaves, implican la ocurrencia de numerosas vulneraciones de derechos”, sostiene el informe Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca Caso: Liex S.A de la asociación catamarqueña Bienaventurados los Pobres (Be.Pe), como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea, que analizó la aplicación de los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas aprobados en la ONU en 2011.

El proyecto Tres Quebradas está ubicado dentro de lo que se conoce como el “Triángulo del litio”, una zona geográfica de zonas desérticas y salares que ocupa Argentina, Chile y Bolivia, y donde se considera que se encuentran la mayor reserva de este mineral a nivel global. “El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero”, aseguró el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias de marzo pasado y anunció que impulsará incentivos económicos —beneficios impositivos— para las empresas que vengan al país a invertir en movilidad “sustentable” para la producción de este tipo de vehículos, y su cadena de valor.

El informe de Be.Pe subraya que las políticas dispuestas por los Estados que integran el “Triángulo del litio” evidencian una marcada propiedad de capitales extranjeros debido a un andamiaje legal que establece limitaciones para la exploración, extracción y comercialización de minerales en manos de los Estados. “El litio se extrae sin ninguna rentabilidad para el Estado y la única ganancia deriva de los escasos impuestos que pagan las compañías por desarrollar sus actividades en el país”, sostiene el informe.

El documento enumera otra serie de garantías que los Estados le ofrecen a las empresas extractivas como exenciones tributarias, derechos laborales y otro tipo de acciones como “disposición de fuerzas de orden público e imposición de imaginarios de desarrollo sustentados en el extractivismo”, como se evidenció en los últimos meses con los casos de la vecina Andalgalá y Chubut.

¿Y las comunidad de Fiambalá? “La falta de consulta fue una vulneración directa al derecho de consulta previa e informada”, sentencia Natalia Sentinelli, antropóloga y parte del equipo de investigación del informe de Be.Pe. También destacó una abierta vulneración a la Ley General de Ambiente (25.675) y su “principio precautorio”, que significó la aprobación del proyecto de exploración Tres Quebradas por parte del gobierno de Catamarca sin los estudios de impacto ambiental completos. La falta de consulta e información previa se agrava con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Por eso, el informe sostiene que la exploración iniciada hace cinco años debería detenerse.

“Nos tomó por sorpresa saber que la empresa estaba instalada en Fiambalá y ‘tenían la licencia social’, porque no supimos en qué momento la tuvieron. Nunca se realizó una asamblea en la que se convoque al pueblo para decidir qué hacer. Cuando la empresa se presentó en Fiambalá siempre fue acompañada por el Estado, respaldando a la minera. Y cuando pedimos información al Concejo Deliberante y al Municipio jamás obtuvimos respuestas”, describe a Tierra Viva, la integrante de la organización campesina Acampa. Catamarca no cuenta con oficinas de la Defensoría del Pueblo, los canales de recepción de quejas y de solicitud de información acerca del accionar de las empresas mineras dependen del Ministerio de Minería.

¿Energía limpia? Impacto ambiental local, nacional y global del proyecto Tres Quebradas
La corporación transnacional Neo Lithium —conformada en Canadá luego de que Liex S.A adquiriera los permisos de exploración en Catamarca y sin experiencia previa en el sector minero— instaló 30 pozos de exploración de extracción de salmueras de litio sobre el salar Tres Quebradas, que tiene una extensión de 30.000 hectáreas sobre la cordillera. El estudio de impacto ambiental exploratorio fue aprobado por el gobierno de Catamarca sin contar con un estudio hidrogeomorfológico, que calculara la capacidad de recarga del acuífero, para una actividad que precisa extraer dos millones de litros de aguas subterráneas por cada tonelada final de litio.

“La normativa minera de Catamarca prevé que los estudios de impacto ambiental los realice la propia empresa extractiva y el Estado funciona sólo como un organismo de contralor. Ese organismo de control es la Dirección de Gestión Ambiental Minera, que depende del Ministerio de Minería, que impulsa la actividad”, advierte la investigadora de la asociación catamarqueña Be.Pe y resalta que, hasta la actualidad, Liex S.A continúa operando sin conocer la capacidad de recarga del sistema lagunar, o sea, cuántas precipitaciones son necesarias para que la laguna no se seque si se mantiene un ritmo de extracción de millones de litros de salmuera de las aguas subterráneas.

“El Estado Nacional no ha realizado ninguna investigación ni se ha pronunciado sobre la irregularidad cometida por el gobierno de Catamarca al no tener reglamentado el sitio Ramsar de Lagunas Altoandinas y permitir la exploración”, agrega el informe sobre otra de las irregularidades que carga el proyecto de Liex S.A respecto del impacto ecosistémico que podría generarse no sólo en Fiambalá sino a nivel global. La Argentina está adherida al convenio Ramsar desde 1992. El lugar marginal que tiene la protección de los humedales en favor de la minería en la política nacional quedó fundamentada por el Consejo Federal de Minería.

¿Cómo se produciría el impacto por el desequilibrio generado por la extracción de litio? El sistema de Lagunas Altoandinas se formó sobre la Cordillera de los Andes durante miles de años. En el sistema, las corrientes de deshielo de los glaciares alimentan las lagunas, pero también se infiltra en los suelos arenosos cordilleranos y forma un complejo de aguas subterráneas dulces y saladas. Si las lagunas bajan su nivel freático el ritmo del deshielo de los glaciares se incrementa, mientras que la reducción de estos cuerpos de agua genera un primer impacto global: la capacidad de regulación de la temperatura mundial, por le pérdida de retención de dióxido de carbono.

A nivel local, los acuíferos son la fuente del frágil sistema de flora y fauna del ecosistema desértico cordillerano y alimentan los ríos que abastecen a las comunidades y sus tierras productivas. Además, el sistema de extracción por bombeo de las aguas subterráneas utilizado por la industria del litio puede generar una mezcla entre las capas dulces y saladas, alterando la calidad del agua e incrementando la salinidad de los suelos. El riesgo de contaminación también está presente por los procesos químicos que se utilizan para separar los minerales en el proceso de secado —en grandes piletones a cielo abierto— del agua subterránea extraída.

“La calidad del agua tras los procesos extractivos de litio no se analizó lo suficiente, casos en el norte de Chile y Asia reportan contaminación de sistemas lagunares por litio y por los químicos utilizados en su procesamiento e incluso intoxicación de personas por litio”, apunta el informe de Be.Pe.

Sentinelli agrega que la irregularidad de la falta de controles estatales por el impacto ambiental de un sitio Ramsar se suma otras inexactitudes en los informes presentados por Liex: “No hay un consenso de la profundidad en el que trabajan los pozos. Hablan de hasta 100 metros de profundidad, pero llegan hasta profundidades de 250 metros, atravesando muchas capas de agua salada y posiblemente agua dulce. Mientras más abajo llegan, más concentración de litio tienen las salmueras”. «Si estamos hablando de ‘sustentabilidad’, la extracción de litio es un factor más que suma al cambio climático”, sentencia la investigadora de Be.Pe.

¿Qué desarrollo local trae el litio en Catamarca?
Días después de impulsar el litio en su discurso en el Congreso y llamar a realizar un nuevo Acuerdo Minero Nacional, el Presidente se reunió con directivos de la china Jiankang Automobile Co, que tienen como principal actividad la fabricación de baterías de litio. Poco después, a fines de marzo, la empresa alemana BMW emitió un comunicado en el que celebraba un acuerdo para abastecerse con el litio explotado por la norteamericana Livent, empresa que controla la explotación activa desde 1997 –en sus inicios denominada Minería del Atiplano S.A, a cargo de FMC Lithium– en el Salar de Hombre Muerto en Antofagasta de la Sierra. La explotación comenzó el mismo año que Minera La Alumbrera.

“A diferencia de La Alumbrera, la empresa que opera en el Salar del Hombre Muerto tuvo poca demanda por parte de la sociedad. La explotación está alejada y los camiones con la materia prima van directo hacia Salta. El nombre comenzó a oírse más con la aparición de la demanda por las baterías de litio”, describe la investigadora de Be.Pe sobre la particular condición de una explotación que lleva 24 años en Catamarca y marca el mito del derrame económico del derrame de la actividad minera.

“De las ganancias declaradas por las empresas solo queda un tres por ciento en términos de regalías, que solo puede ser destinado a la obra pública, y solo el uno por ciento de la población provincial trabaja de la minería. La provincia recibe en concepto de regalía seis veces más de lo que aporta a las arcas nacionales”, enumera Sentinelli.

En el comunicado de BMW se resaltaba que la elección de la empresa alemana por la explotación de Livent se debía a que la empresa cuenta con un sistema de recuperación del agua que se evapora y la reinsertan en el complejo sistema lagunar altoandino. Sentinelli recordó que, a pesar de ese sistema de recuperación de agua, Minera del Antiplano S.A. fue multada por utilizar más agua de la que tenía permitida y se la intimó desde el gobierno provincial para pagar el canon por el uso de los recursos hídricos, que no había abonado en 20 años de explotación. En paralelo, se habilitó a la minera a construir un acueducto de 35 kilómetros para abastecerse de agua del caudal del río Los Patos.

A principios de abril, el ministro de Producción, Matías Kulfas, encabezó la formación de la Mesa Nacional de Litio, que integran las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Entre las tres provincias existen 23 salares o lagunas con potencial para extraer litio de salmueras. En producción y ampliación hay dos proyectos: Salar de Olaroz (jujuy) y Salar del Hombre Muerto (Catamarca). En construcción otros dos, los salares de Cauchari (Jujuy) y Del Rincón (Salta).

Tras la conformación de la Mesa Nacional de Litio, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aseguró que “el trabajo con el equipo del presidente Alberto Fernández y el ministro Kulfas es clave para consolidar nuestra visión productiva: una minería sustentable, que se vuelca a las comunidades y genera más puestos de trabajo”. “Catamarca es minera y nuestra visión es una provincia que crece en forma armónica, con reglas de juego claras para los inversores, creando oportunidades para todas y todos, con el apoyo de la mirada federal”, completó el mandatario. La política minera se extiende del Ejecutivo al Legislativo: la ex gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci saltó del mandato provincial a la banca de diputada nacional y ocupa la presidencia de la Comisión de Minería.

“Lo que sabemos que ocurrió en el Salar del Hombre Muerto es a través de los medios y por la feria de semillas regional que realizamos desde Acampa. En esos encuentros, los productores de Antofagasta y Santa María cuentan que las promesas no se cumplieron, que se empezaron a apropiar cada vez más de los recursos naturales, a contaminar el agua; que los animales de cría se mueran, que ven cómo la flora local se seca y encuentran vicuñas y guanacos muertos”, describe Villagrán la situación de los productores de las localidades vecinas.

La referente agrega que la minera “se siente dueña del territorio, pasan por los campos con sus camiones y camionetas atropellando”. Sentinelli explica que el Código Minero le permite a las empresas tomar las áreas de explotación como propiedad privada, abriendo conflictos territoriales con las costumbres campesinas y atravesando sus tierras ancestrales.

“El litio como commoditie está impulsando la extracción del mineral con empresas que especulan financieramente, pero nada asegura que el precio puede desinflarse. Estamos poniendo como posibilidad del desarrollo nacional un bien de lujo, como los autos eléctricos, cuyo desarrollo aún precisa de materiales como el cobalto y el coltán, con los que la Argentina no cuenta. El monopolio de la producción de baterías está en manos de China y Alemania”, analiza Sentinelli.

La investigadora de Be.Pe agrega otro desprendimiento catamarqueño de la fiebre de la “movilidad verde”: “Producir un auto eléctrico puede consumir de tres a siete veces más de cobre. El interés por activar la minera Agua Rica está directamente vinculado”.

¿Por qué los gobiernos aceptan a las mineras?
El informe de Be.Pe señala que, de acuerdo a los libros de Liex S.A., la empresa prevé un rendimiento económico del 27,9 por ciento con una recuperación de la inversión en un año y ocho meses para una producción de 35.000 toneladas de carbonato de litio, a 2,7 dólares por tonelada, en un yacimiento que tendría un tiempo de actividad de 20 años.

La empresa ya se encuentra cerca de pasar de la etapa de exploración a la de explotación con la construcción de una planta de producción de carbonato de litio, pero “en ningún informe habla de cuánta gente va a emplear, no se sabe cuánta gente local va a tener trabajo a partir del proyecto”, resalta la investigadora de Be.Pe y aclara que por estimaciones que pudieron realizar, en base a costos declarado, el número más alto de empleos sería de 63 personas.

“Cuando suenan los spots en las radios, dicen que va a haber crecimiento y trabajo, pero le dan trabajo a unos pocos, marcados por la Intendencia. No cualquiera va a poder presentarse para trabajar en la minera, necesitan personal especializado y lo traen de afuera. Y, en la actualidad, son solo unos pocos”, baja la realidad a terreno la referente de la organización Acampa y continúa: “¿Por qué el Estado acepta las empresas mineras? Porque ellos vienen a hacerse cargo de las políticas públicas”.

Un club pide camisetas, botines y medias; una vecina necesita materiales para hacer una piecita más; un vecino quiere hacer empanadas para vender; para todos esas situaciones, la referente de Acampa dice que la solución es una: “El Municipio te manda a pedirle a la empresa y enseguida te lo da”.

“En Fiambalá sólo hay una ambulancia, y otra en Medanitos, cuando se enferman dos personas, llevan a una sola y te piden que pagues el combustible hasta la capital (de Catamarca). Para el Estado es más fácil que entre la minera y se haga cargo, pero después hay que callarse”, describe la referenta de Acampa y asegura que incluso los derechos adquiridos como asignaciones o becas son carta de amenaza para que los vecinos no se pronuncien en contra de la explotación de litio.

“En febrero de 2019, nos reunimos para construir, entre todos, la Visión Estratégica de Liex. Fue un proceso largo, pero abierto al diálogo y la participación. El día a día con la comunidad es el pilar fundamental para llevar adelante uno de los proyectos más importantes de litio en el mundo”, dice la empresa subsidiaria de Neo Lithium Corp en su página web. Sin embargo, Johana recuerda que la reunión entre la empresa y los vecinos de Fiambalá fue convocada por el Municipio con lista propia y los asistentes tuvieron que firmar a la salida para dejar un aval. “Nosotros no fuimos invitados”, abunda.

Chacras de frutales con producción de uva, durazno, membrillo, damasco, ciruela, manzana. Frutos secos, bebidas y mermeladas. Ganado caprino, bovino, ovino, aves de corral. Cultivos de alfalfa. Esa es la producción que se alimenta del río Abaucan, principal fuente hídrica de Fiambalá y el centenar de productores campesinos reunidos en Acampa. Johana Villagrán insiste en el temor de que la contaminación del agua y la salinización de los suelos, como efectos de la explotación del litio, afecte esas producciones locales y también a la actividad turística de la zona, que tiene el camino de los “Seismiles” como atractivo, sobre la misma Cordillera de donde se pretende extraer el mineral de la supuesta transición energética.

Fuente: https://rebelion.org/litio-en-catamarca-un-peligro-para-las-lagunas-altoandinas-y-la-produccion-local/

En consecuencia, la Otra Campaña por el agua para la vida no atiende a cómo el gobierno-Estado en sus distintas jurisdicciones actúa a favor de los oligopolios extractivistas. Tampoco atiende cuáles son las urgencias de las comunidades expropiadas y avasalladas en todos sus derechos. Porque sus necesidades no se reducen a ser visibilizadas y escuchadas en el país-continente.

Si la Otra Campaña se asume encabezando una unidad para frenar el consumo de enormes volúmenes de agua por los extractivismos rurourbanos que ‘racionaliza’ o prohíbe el de la población local pero, además, para evitar el envenenamiento del agua. Entonces:

-Por un lado, pretende que el gobierno-Estado nacional, el provincial y los municipales dejen de ser garantes de esa acumulación gran capitalista que la democracia restringida adoptó de resultas del pacto con los poderes establecidos mediante terrorismos estatal y paraestatal. Pero también que dejen de enriquecerse por sus altos cargos en esa entrega de los pueblos a intensa opresión y en la criminalidad de lesa naturaleza y de lesa humanidad.

Por otro lado, la Otra Campaña no enfrenta al binomio indisoluble del Capital con el Estado como lo están haciendo las autoorganizaciones en contra de los ecocidios-genocidios. Esas auto-organizaciones están frenando o resistiendo el avance de los extractivismos.

Es que la Otra Campaña no las valora como camino a reforzar en la medida que avancen en la democracia directa e indirecta a lo largo y ancho del país-continente. Sea, además, democracia confederada y arraigada en la reforma agraria integral que resulte de la unión entre las comunidades de todos los territorios defendidos de los extractivismos.

Es decir, la Otra Campaña desestima que los pueblos originarios lograron reexistir pese a siglos de expoliación etnocida debido a su organización comunal. Y no aprecia que el activismo socioecológico se constituye en asambleas locales para deliberar y decidir. Por tanto, formas y contenidos de la democracia real y efectiva están siendo creadas por las autoorganizaciones de vecines en defensa de la vida, el agua y los territorios para los pueblos en vez de para el gran capital transnacional y transnacionalizado.

Alternativas emancipatorias

Es clave, abajo y a la izquierda, situarse en el actual contexto latinoamericano y analizar hacia dónde se perfeccionan los regímenes extractivistas. Venezuela ejemplifica lo último.

Extractivismo 2021: geografías del ajuste, nuevas estrategias de re-colonización y luchas por la vida

27 de mayo de 2021

Por Emiliano Teran Mantovani
Observatorio de Ecología Política de Venezuela

I. Dinámicas políticas del 2021: ¿se consolida un proceso de reestructuración económica?

El 2021 parece un año clave en Venezuela, en la medida en la que se expresan con claridad maniobras políticas por parte del Gobierno de Maduro para buscar consolidar no sólo una gran reforma neoliberal en el país –lo que hemos llamado ‘El Largo Viraje’–, sino también un significativo proceso de reestructuración económica, de profundo alcance, que busca afrontar el agotamiento del modelo histórico petrolero. (…)

Lo que aquí queremos subrayar es que, más allá de los objetivos de estabilización macro-económica, la mentada ‘reactivación del aparato productivo’ y la idea de retornar a Venezuela ‘a la senda del crecimiento y el desarrollo’ –elementos de consenso entre élites políticas y económicas nacional e internacionalmente–, este proceso está apuntando a algo más profundo, que involucra una reconfiguración de los territorios del país, una nueva geografía política del extractivismo, y los intentos de organizar nuevos y drásticos procesos de re-colonización de la naturaleza. Veamos.

II. Venezuela, ¿un archipiélago de economías de enclave?: geografías del ajuste y nuevas estrategias de re-colonización

En medio de esta, la peor crisis de la historia republicana venezolana, la geografía nacional está siendo disputada, repartida, subastada; los recursos vitales del país están siendo ofrecidos, expoliados, hipotecados. Se trata de un proceso complejo y de gran significado. Estas dinámicas se explican por factores coyunturales pero también histórico-estructurales. Nuevos procesos de re-colonización territorial se han venido abriendo a medida que la crisis histórica del modelo petrolero se ha agudizado. Podríamos dar unos pasos atrás y remitirnos al Gobierno de Caldera II el cual, en medio de una profunda crisis, propone un nuevo asalto sobre la Amazonía y reedita la Conquista del Sur, asomando el pago de deuda por naturaleza, con el oro de Imataca como sustento principal. Con Chávez, sobre todo después la crisis mundial de 2008, la “Venezuela Potencia Energética” se planteaba de manera detallada el impulso de proyectos mineros en toda la geografía nacional, teniéndose como proyecto bandera, desde 2011, el llamado Arco Minero del Orinoco (A.M.O.), que representó el gran aliciente para un avance sin precedentes sobre la región amazónica.

Una nueva geografía política del extractivismo se fue configurando, la cual desbordaba la centralidad de la Venezuela petrolera –ubicada fundamentalmente en las cuencas hidrocarburíferas Occidental y Oriental, al norte del río Orinoco. Es en el Gobierno de Maduro, en el marco del histórico colapso económico (y de la renta petrolera), la intensificación del conflicto político y el ‘Largo Viraje’ neoliberal, que el proceso de ajuste comienza a expresarse con más claridad en mecanismos de intervención directa sobre los territorios.

Esto fue evidente en medidas como la formalización de las Zonas Económicas Especiales vía decreto en 2014; del A.M.O., también vía decreto en 2016; de la creación de compañías militares para gestionar recursos naturales (como CAMIMPEG); pero sobre todo, a través de coaliciones de poder corruptas de carácter regional, que no sólo fueron creando nuevas formas de control territorial, sino que también fueron multiplicando procesos de extracción y apropiación de recursos en toda la geografía nacional –sea de oro, re-apropiación latifundista de tierras, madera, coltán, diamantes, especies protegidas, agua, entre otros.

Es en el Gobierno de Maduro que el oro y la Amazonía van a asumir el protagonismo –más no el monopolio– en el extractivismo venezolano, y ya no tanto el petróleo.

En este proceso, se fueron generando medidas neoliberales mucho más explícitas en 2019 y 2020, con nuevas privatizaciones de bajo perfil en diversos emprendimientos, hasta llegar a la promulgación de la Ley AntiBloqueo  en octubre de 2020, que otorga poderes extraordinarios al gobierno nacional en la gestión de los activos del Estado (para abrirlos a discreción al capital extranjero y local), suprime mecanismos de escrutinio público de las medidas y acuerdos alcanzados, da enormes incentivos a inversores extranjeros y contribuye en la conformación de un marco jurídico interno propicio para una economía del despojo. Las elecciones parlamentarias de diciembre de ese año, controladas por el Gobierno de Maduro, lamentablemente tuvieron como función el colocar un manto de legitimidad política e institucional a todo este proceso de desposesión en curso, tratando de vender una idea de “estabilidad” y control en el exterior, desplazando a la oposición radical de lo que fuese su principal bastión político desde 2015, y colocando en cambio a actores afectos al gobierno en el Poder Legislativo, para que garanticen las esperadas reformas normativas y legales.

De esta manera, como mencionamos más arriba, el año 2021 abre posibilidades de formalización de este proceso de neoliberalización. La nueva Asamblea Nacional anuncia el “Plan Legislativo Nacional” correspondiente a este año, un paquete de 35 leyes de “interés prioritario” que están ya en agenda de discusión y que incluye la reforma de leyes tan sensibles como la de Hidrocarburos y la de Minas. Una de estas leyes prioritarias, a nuestro juicio, es crucial en la configuración de esta nueva geografía política del extractivismo, y simboliza las nuevas estrategias de re-colonización de población y naturaleza en Venezuela: la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE).

La Ley de Zonas Económicas Especiales

La figura de las ZEEs ya existía en Venezuela, como lo mencionáramos más arriba. La ley, además de ofrecer un marco jurídico y normativo amplio para las mismas, le otorga un rol central en la reestructuración económica en curso, siendo de esta manera la expresión de un modelo geo-económico de territorialización y gobernanza dirigido para todo el país –al menos desde el ámbito formal. Las ZEEs son figuras de organización geográfica propuestas para desregular radicalmente los territorios, con el fin de eliminar cualquier obstáculo para el rápido desarrollo del capital –sea impuestos, cargas aduaneras, permisos, protecciones laborales, restricciones ambientales, etc.

Es muy importante mencionar que las ZEEs se han instalado en numerosos países, primordialmente desde la década de los años 90 –con China como su principal promotor mundial–, entre los cuales se cuenta Thailandia, India, Singapur, Vietnam, Mauricio, Kenia, así como en países de Centroamérica y el Caribe, entre otros. Las ZEEs han llegado a generar intensos conflictos territoriales –por ejemplo, los conflictos por tierras en India–, así como variados impactos sociales (por ej. conformación de maquilas con sobre-explotación del trabajo, como ocurre en Centroamérica), económicos (por ej. intensificación de las desigualdades en los territorios) y ambientales, siendo un dispositivo que ha tenido un rol fundamental como catalizador de procesos de reestructuración económica –siendo los países del sudeste asiático los casos más emblemáticos. Esto último merece ser subrayado, para tratar de entender el rol que estas figuras de territorialización pueden tener en Venezuela, en este particular período de reformas y transformaciones estructurales.   

En este sentido, por un lado, el proyecto de ley para nuestro país deja claro que se trata de un formato de organización geo-económica de escala nacional, que prioriza la posición privilegiada de zonas de importante concentración de recursos naturales y su articulación con cadenas productivas y conexiones marítimas, fluviales, terrestres y/o aéreas para la exportación y con miras a los mercados domésticos e internacionales. La insistencia de voceros gubernamentales con la idea de la “diversificación” de la economía venezolana y de la apertura a las “nuevas cadenas productivas” revela que se persigue que el alcance de las ZEE sea extendido.

Por otro lado, entre actores políticos, empresarios y representantes de cámaras y federaciones de sectores económicos nacionales dominantes, las ZEEs están siendo muy promovidas en sus discursos, solicitando su aplicación en sus regiones y estados. Además de la Faja Petrolífera del Orinoco, la región de Ureña (Táchira), Paraguaná (Falcón) o Puerto Cabello (Carabobo), por mencionar casos donde se desarrolla la conformación de ZEEs, ya desde las fechas de fiestas decembrinas de 2020, se oficializaba la creación de la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef) en la altiplanicie o meseta de Nuria (Bolívar y Delta Amacuro), que militariza extracción forestal y minera en esos estados.

El diputado Rodolfo Sanz habló en abril de 2021 de la inclusión del estado La Guaira en esta propuesta, para desde allí fijar el punto de llegada de una “Zona Económica Insular” que abarque todas las islas de Venezuela; el viceministro para el Desarrollo de las ZEEs (Ministerio Popular para la Industria y Producción Nacional), Juan Arias Palacio, junto al alcalde de Colón, Blagdimir Labrador, establecen en mayo reuniones para impulsar la creación de esta figura en el Sur del Lago en el estado Zulia; y en este frenesí propagandístico, medios pro-gubernamentales hacen ver que 47 comunidades indígenas del estado Amazonas supuestamente le estarían solicitando al gobierno regional que la entidad se convierta en una ZEE. También sectores privados aparecen solicitando esta figura de gestión territorial para Paria (Sucre) y para el estado Bolívar.

En este contexto actual de autoritarismo y estado de excepción permanente, ausencia total de transparencia de la gestión pública, corrupción, injusticia social y ambiental, y absoluta prevalencia al enriquecimiento de particulares vinculados al Estado, es evidente la forma como operarían realmente las ZEEs: sustentadas en coaliciones oligárquicas y corruptas, de alianza entre capitales transnacionales (muchos de dudosa procedencia) y los intereses de poderes nacionales y locales (militares, gobernadores, funcionarios estatales, etc.). Las ZEEs, según como ha estado estipulado por el decreto de 2014, prevé la asignación de un tipo de gobernador ad hoc para el territorio en cuestión, lo cual le da aún más independencia respecto al escrutinio de instituciones de gobierno establecido.

La reestructuración desde los territorios: operaciones de reforma y re-territorialización

Una segunda dimensión de esta nueva geografía política del extractivismo en desarrollo, de estas estrategias de re-colonización, que ha venido operando en su propio ritmo y dinámica, pero que se articula con las reformas legales, tiene que ver precisamente con la avanzada concreta que se va produciendo sobre los territorios, sea por la insistencia de iniciar una explotación particular, para reanudar una que había quedado en stand by por la crisis económica o por resistencias locales, o bien mediante irrupciones violentas que buscan cambiar radicalmente en control de los territorios. El interés por ‘reactivar’ la economía, la concesión del emprendimiento a un privado o simplemente la necesidad de ‘despejar la zona’, sustentan estas operaciones de reforma y re-territorialización.

En esta línea vemos nuevos intentos por imponer la minería de sílice en el Cerro El Plan (municipio Torres del estado Lara) en marzo pasado; mismas fechas en las que se anunciaban concesiones a privados para la explotación minera en el Cerro La Vieja (municipio Simón Planas, estado Lara). También en marzo se asignaba a inversionistas vietnamitas más de 1.000 ha en el municipio Veroes (Yaracuy) para la producción de arroz, lo que afectaría el humedal que se nutre del río Aroa, y que alberga una gran diversidad de flora y fauna. Y persiste el significativo avance sobre los parques nacionales y áreas protegidas del país, siendo un ejemplo ello, que está generando mucha polémica en la actualidad, el del PN Waraira Repano (Caracas/La Guaira), donde se busca la modificación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), que termine permitiendo una serie de actividades antes prohibidas, colocando en el centro la generación de beneficios económicos –en este caso vinculado a la construcción de infraestructuras y el turismo–, por encima de los objetivos de conservación.

En relación al Arco Minero del Orinoco, en febrero pasado un empresario británico vinculado a inversiones especulativas internacionales sobre commodities, habría llegado a un acuerdo minero secreto con el Gobierno de Nicolás Maduro; lo que se suma a la presión ejercida por parte de instituciones públicas y militares para la expansión de la minería en el Bajo Caura; y la invasión en febrero de mineros ilegales a la comunidad indígena pemón de San Luis de Morichal, ante la falta de respuesta por parte del gobierno, situación que se está repitiendo en otros territorios en los cuales agrupaciones irregulares buscan ampliar sus controles territoriales.

Los elementos descritos, articulan el asalto a los territorios como una política de Estado –que se produce en simultáneo con la actuación de otros grupos irregulares y criminales que operan con más autonomía– con el formato de las ZEEs como modelo de organización geográfica fundamental a escala nacional.

Esto, en este contexto de debacle económica e institucional y conflicto por los recursos, podría consolidar un proceso que convierta a Venezuela en un archipiélago de economías de enclave, en el cual se imposibilita la democracia y el ejercicio de los derechos sociales, y donde se termine de institucionalizar un nuevo proceso histórico de re-colonización de la población y la naturaleza. A su vez, constituiría una plataforma para el asalto hacia las últimas fronteras de las commodities, poniendo en serio riesgo la conservación de los ecosistemas que hacen posible la vida en el país.

III. Luchas ambientales y territoriales, y disputas por otros modos de vida

Las luchas contra el extractivismo en Venezuela están atravesadas por múltiples complejidades de diversas escalas y dimensiones, y por las particularidades del contexto y la crisis del país, única en todo el mundo.

Estas luchas se están desarrollando al menos en dos escalas: una, la escala territorial, en la cual una multiplicidad de grupos, comunidades, organizaciones sociales y actores políticos, defienden territorios y ecosistemas, y buscan la justicia ambiental. La otra, es la escala nacional, en la cual se interpela al modelo de desarrollo imperante, planteando las posibilidades para transformar el mismo.

En relación a la primera, se trata de una expresión vital que, a pesar del contexto tan adverso, evidencia una vocación ecológica fundamental: un movimiento de jóvenes salen en Carora contra la minería de sílice y en defensa del embalse de Los Quediches, acción que es acompañada por las comunidades de Veracruz; indígenas y criollos se articulan para protestar contra la instalación de balsas mineras en el bajo Caura (estado Bolívar), las imágenes de las protestas contra la minería en Maripa en 2020, en pleno Arco Minero del Orinoco, siguen teniendo gran significado. El Comité en defensa del Cerro La Vieja, junto a habitantes de Sarare, siguen activos contra la minería en esos ecosistemas. La organización EcoBrión persiste en la defensa de la Laguna La Reina; organizaciones ambientales se unen en defensa del PN Waraira Repano; grupos conservacionistas luchan por preservar la Reserva de Caparo (Barinas) y otros más logran acuerdos para recuperar la emblemática Laguna de Urao en Mérida. Decenas de guardaparques dignos mantienen su lucha, de bajo perfil y contra la corrupción gubernamental, para evitar que continúe la depredación de parques nacionales y áreas protegidas.

Resaltamos también cómo comunidades indígenas resisten el avance de mineros ilegales en sus territorios, por medio de la activación de mecanismos organizados de autodefensa, como ocurre con comunidades uwottuja en Amazonas, ye’kwana y sanema de la cuenca del río Caura y Erebato, y varias comunidades pemón en el estado Bolívar, por mencionar ejemplos.

Todas estas movilizaciones se conectan, de una forma u otra, a la constelación de protestas que se desarrollan en todo el país y que se producen por la terrible situación de los servicios públicos (que incluyen al agua), la carencia de gasolina, los bajos salarios o el costo de la vida. Venezuela ha sido un país que ha estado en permanente protesta año tras año, sólo que se caracterizan por la fragmentación y sus dificultades por conectar con una narrativa que converja en un proyecto país. ¿En qué formas y cómo pueden articularse todos estos descontentos?

En relación a la escala nacional, hasta la fecha lamentablemente los líderes y partidos políticos dominantes, sean vinculados al Gobierno o a la oposición, mantienen un horizonte extractivista, neoliberal y entreguista. Algunos, de ambos bandos, siguen con sus sueños de volver a la Venezuela petrolera. Por otro lado, mientras el Gobierno de Maduro continúa con el proyecto del Arco Minero del Orinoco, los actores políticos de oposición de la anterior Asamblea Nacional impulsaban por su lado reformas liberalizantes de la ley de minas y su versión de lo que sería una supuesta ‘minería amigable con el ambiente’.

En esta escala nacional es también fundamental frenar estas tendencias re-colonizadoras de la geografía nacional, pero para ello aún se requiere crear las condiciones para una amplia articulación que genere las posibilidades de la conformación de una alternativa política que pueda, por un lado, recuperar posibilidades de convivencia no-violenta en la sociedad venezolana y las bases para una vida digna (salir de la crisis humanitaria), y por el otro, posicionar otras formas de organización de la sociedad y la economía, que tributen al encuentro, la comunidad y la vida.

Paradójicamente, el colapso de la sociedad venezolana abre posibilidades para una reorganización social, económica y territorial de este tipo, pero para ello debe intensificarse y ganar mayor terreno las ideas de una Venezuela post-extractivista, por la soberanía alimentaria, promotora de la agricultura y el eco-turismo, de la sostenibilidad socio-ecológica, en consonancia con los lineamientos de cambio civilizatorio que se requieren con urgencia a escala planetaria. Se trata de una lucha cultural, de imaginarios, senti-pensares, que requerirá de grandes esfuerzos para poder posicionarlos.

La crisis abre camino a estos cambios culturales, pero hay que impulsarlos con esmero y constancia, no se crearán espontáneamente. El descontento en Venezuela es enorme, el rechazo al Gobierno y los partidos y caras conocidas de la oposición es gigante, rondando el 80%. La gente está cansada, quiere otra cosa. Hay un enorme hartazgo, y este sentimiento resuena en todos los rincones de América Latina, como lo estamos viendo en Colombia, pero también en Ecuador, Perú, Chile, por mencionar ejemplos.

Son escenarios complejos, pero tendremos que estar a la altura de este tiempo histórico.

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo venezolano y miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
Fuente: web de Ecología Política de Venezuela.

https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/05/20/venezuela-extractivismo-2021-geografias-del-ajuste-nuevas-estrategias-de-re-colonizacion-y-luchas-por-la-vida/

En consecuencia, a diferencia de la Otra Campaña por el agua para la vida que intenta desviar las luchas territoriales por el agua para los pueblos hacia su inclusión legislativa en el Estado, urge que se articulen entre ellas mediante democracia directa e indirecta para poder frenar de modo definitivo a todos los extractivismos como ecocidas-genocidas y desertificantes. Esto hace imprescindible poner fin al régimen despótico que los sostiene y que expande-profundiza la pobreza estructural, el hambre y las enfermedades discapacitantes y mortales.

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *