Octubre-2023

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Conciliación de clases

La ONU sin dignidad ni vergüenza

27 de octubre de 2023

Por Tomás F. Ruiz /Rebelión

Israel y sus cómplices se muestran más que indignados ante las declaraciones de António Guterres, secretario general de la ONU, en las que les reprocha que en vez de buscar un alto el fuego, intensifiquen cada día más sus bombardeos en Gaza. Estas declaraciones, que son la primera denuncia formal que la ONU hace contra los desproporcionados ataques israelíes, han llegado demasiado tarde. Desde su autoridad internacional, Guterres debería haber actuado antes, enviando cascos azules para proteger a las víctimas que ahora están sufriendo los bombardeos israelíes. Las declaraciones de Guterres, que tanto han indignado a los israelitas y a sus cómplices en el genocidio palestino, han sido tan sólo una burda puesta en escena para salvar la imagen de una ONU prostituida, un tribunal internacional que ha perdido su dignidad y su vergüenza.

¿Dónde están las fuerzas de la ONU que deberían parar esta masacre? ¿Dónde esa fuerza internacional que fue establecida para evitar genocidios como el que se está cometiendo en estos momentos en Palestina? ¿Dónde la autoridad reconocida universalmente para imponer el alto el fuego?… ¿Dónde las acciones contundentes que la ONU debería tomar ante situaciones de exterminio masivo? El envío de cascos azules debía haberse hecho antes de que Israel hubiera comenzado la anunciada invasión de Gaza. La inutilidad de la ONU en cumplir sus cometidos resulta más que indecente.

El ataque palestino a territorio israelí, las atrocidades que la prensa occidental atribuye a Hamas, son considerados por todos los miembros de la ONU como actos de terrorismo; pero cuando se trata de asesinatos de población civil palestina, de ocupación de tierras, de arrestos indiscriminados y de torturas a niños, no hay terrorismo, son actos patrióticos cometidos por la Gestapo de Netanyahu que deben ser alentados y consentidos. Vivimos manipulados por mentiras, sometidos a una dictadura global que los medios de comunicación sionistas dictan siguiendo las directrices del diabólico ministro de propaganda nazi que fue Joseph Goebbles.  

La “solución final” que Israel está aplicando en Gaza tiene el mismo objetivo de exterminio total que la que plantearon los nazis contra la población judía a finales de la segunda Guerra Mundial, atenta contra todo principio de justicia, dignidad y humanidad en el planeta.

Las palabras del presidente de la ONU, António Guterres, son papel mojado: la ONU -que él mismo representa- no hace nada por impedir el nuevo holocausto que se está produciendo en el planeta. No hay nombre para definir la complicidad y la aquiescencia que la ONU demuestra ante la barbarie israelí; no hay palabras para expresar esa despreciable pasividad ante el crimen de que hace gala un organismo internacional creado para mantener la paz e impedir la injusticia.

El mundo civilizado sucumbe a manos del expansionismo sionista, mientras la ONU se arrastra por el suelo convertida en una servil ramera. La Organización de Naciones Unidas debe desaparecer y ser sustituida por un organismo eficaz y digno que no se arrodille ante los poderosos ni traicione cobardemente la dignidad de la raza humana… “ONU delenda est”

Fuente: https://rebelion.org/onu-la-ramera-mayor-del-planeta/

«En Cisjordania también
se está dando una limpieza étnica»

28 de octubre de 2023

Por Txente Rekondo | Naiz

Jamal Juma, coordinador general de la Campaña Popular Palestina contra el Muro del Apartheid y residente en Cisjordania, ofrece en esta entrevista un testimonio de primera mano para conocer la situación en Palestina. Nuestra fuente en Gaza solo ha podido mandarnos unos breves audios y un texto en árabe (ver al final de la entrevista).

¿Cómo está la situación en Cisjordania?

Estamos sometidos a un cierre muy estricto, están cerrando ciudades y pueblos, incomunicándolos y bloqueando los transportes. Hay muchos soldados en los alrededores, son agresivos, disparan a la gente; los colonos son todavía peor, están moviéndose alrededor de las calles principales. Si ven palestinos, les disparan. Muchos han muerto en sus manos y ahora están por todas partes. No se permite a los palestinos recoger sus olivas en plena estación. Los colonos, en grupos, cuando ven a una familia palestina dirigirse a sus tierras, disparan inmediatamente, les secuestran, les matan. Hace unos días, en un ataque, mataron a 13 palestinos. Cada día hay grandes manifestaciones y la confrontación continúa en los principales check points, donde matan a la gente. Nadie habla de ello, pero los colonos están evacuando a la fuerza dos grandes comunidades e incluso ahora están atacando a la gente para que abandonen esas áreas. Están estableciendo un nuevo mapa en Cisjordania, controlando a la población en la llamada ‘área C’ (ricamente dotada de recursos naturales, incluida la mayor parte de las tierras agrícolas y de pastoreo palestinas) y reduciendo el número de palestinos que viven en esa zona, una limpieza étnica como en Gaza.

¿Cómo perciben la realidad de Gaza y el brutal ataque de Israel?

Es un genocidio. En torno a 6.000 personas asesinadas, personas quemadas, todo arrasado; es increíble, no hemos vivido nada igual en la historia de Palestina. Esta guerra criminal está matando a los civiles ­–más de 1.800 niños y unas 1.000 mujeres–, sin tener a donde ir, atacados por bombas que apuntan a EEUU. Han destruido un hospital con un misil, con personas hechas pedazos. Una gran masacre.

¿Cuál es el objetivo de Israel?

Tenían un plan. A partir del día en que empezó esta nueva fase de la guerra en Gaza con la respuesta de Hamas, el Gobierno perpetra una limpieza étnica en Cisjordania, y creo que quieren destruir Gaza totalmente. Y no es solo un proyecto israelí, sino que también parece estadounidense y europeo. Hace unos días hablábamos de un nuevo proyecto que, desde India, seguiría por Emiratos, Jordania, Palestina y hasta el llamado Israel. Mientras los palestinos estén fuertes y Gaza esté ahí, obstaculizan un gran proyecto de excavar un gran túnel desde el mar Rojo al Mediterráneo a través de la Franja para reemplazar un túnel suizo. Por eso han empezado a atacar a la población en la zona proyectada, expulsando a tres millones de palestinos a países árabes. Todo esto no es un secreto. En Cisjordania sucede lo mismo, se está consolidando el aislamiento de los palestinos, separándolos del resto del ‘área C’, que abarca el 62% de Cisjordania. Continúa la limpieza étnica para crear asentamientos judíos.

¿Cómo cree que se presenta el futuro en Palestina?

Estamos viviendo un tiempo muy crítico, en el que estamos preocupados por nuestra propia existencia como pueblo. Y se aproxima una catástrofe. La de hace 75 años fue la primera, y esta será la segunda. No sabemos qué será de los supervivientes, ¿convertirnos en una colonia de EEUU y de sus aliados? Es lo que tienen en mente.

¿Existe un serio peligro de una escalada bélica en la región?

Creo que la guerra va a ir escalando y expandiéndose a Líbano. Ese será pronto el segundo frente, y los palestinos serán acogidos allí, aunque con un alto coste. Lo que está fallando es el apoyo internacional; países como Reino Unido, Francia, y otros Estados de Europa y EEUU no permiten a la gente que exprese su apoyo a Palestina. Esta es la democracia que muestran al mundo. En regímenes dictatoriales, colaboradores, como Egipto, Jordania y también el Golfo, los principales aliados del imperialismo, hay manifestaciones multitudinarias tras diez días de silencio oficial. En Irak y Siria se han utilizado drones. Desde Yemen también se han utilizado drones y misiles y los destructores estadounidenses han respondido. La guerra puede ser mucho peor y se va a expandir. En Líbano se está aproximando hacia un punto peligroso. No sabemos qué puede pasar.

En vista de todo ello, ¿cómo cree que evolucionará la situación?

Israel parece que va a empezar en los próximos días su avance por tierra en Gaza.  Hablamos de su existencia, de su futuro. En Cisjordania la situación va a empeorar también. Israel está permitiendo el ataque continuo contra los palestinos, incluso matándolos.

¿Qué pediría a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo?

El apoyo de resto del mundo es muy importante. Lo necesitamos muchísimo. Necesitamos que la exigencia de paz salga a la calle. Es el momento de la solidaridad, de exigir ‘Stop a la guerra’, a la matanza de civiles, de niños. Esto es un genocidio que no puede ser aceptado por nadie. Sabemos que los poderes imperialistas están bloqueando y acallando a la gente porque son tan criminales como Israel. Es una vuelta al colonialismo con su cara más criminal. Nuestra resistencia es a la brutalidad de este imperialismo, de la ocupación y del colonialismo. Israel es solo un instrumento del imperialismo de los americanos, los ingleses, los franceses, Europa, y otra forma de eliminar toda voz de resistencia en esta área, en un mundo con un mayor control sobre el Este (Rusia y China).

Jamal Juma es coordinador general de la Campaña Popular Palestina contra el Muro del Apartheid y miembro del comité ejecutivo de los Nuevos Sindicatos. Reside en Cisjordania. Encarcelado en 2009 por las autoridades israelíes, fue liberado meses después tras no haber cargos formales contra él.

«Estoy vivo. Mañana, no sé»

NAIZ se ha puesto en contacto a lo largo de la semana con Hassan (nombre ficticio por motivos de seguridad), residente en Gaza, para recabar su testimonio. Pero solo ha podido enviar tres breves audios y un breve texto. En el primer audio decía: «La situación es muy mala, muy peligrosa, no tenemos electricidad ni internet ni comida ni agua… Israel nos va a matar a todos, a los mayores, los niños,…a todos. Tengo conexión durante cinco minutos, y es muy difícil porque no hay electricidad. Lo siento mucho pero no puedo responder a tus preguntas, las contestaría si pudiera. Lo siento mucho. Puedo hablar contigo ahora, pero no sé si mañana podré hacerlo, si estaré vivo».

Su segundo audio repetía el SOS: «La gente aquí no puede pensar en comida, sino solo en su propia vida, si estarán vivos mañana o no». En el tercero narra cómo tuvo que salir de su casa de Jabalia hacia el sur. En al Zahraa, al escuchar a los aviones les ha dado tiempo de escapar y ponerse a salvo. «No sabemos lo que nos espera a mi familia y a miles de residentes civiles. (…) los bombardeos nos rodean. Por favor ayúdennos», escribe en su última comunicación.

https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20231026/en-cisjordania-tambien-se-esta-dando-una-limpieza-etnica

Fuente: https://rebelion.org/en-cisjordania-tambien-se-esta-dando-una-limpieza-etnica/

Concentración y centralización capitalista

Israel: la quiebra de un sueño

28 de octubre de 2023

Por Michael Roberts

El pasado mes de marzo, Israel celebró su 75 aniversario como Estado.  La revista The Economist comentó:

Hoy Israel es enormemente rico, más seguro de lo que ha sido durante la mayor parte de su historia y democrático: es decir, si se está dispuesto a excluir los territorios ocupados” (¡sic!). Ha superado guerras, sequías y pobreza con pocas dotes naturales aparte del valor humano. Es un caso atípico en Oriente Próximo, un centro de innovación y un ganador de la globalización.

Estas palabras parecen ahora una broma de mal gusto si tomamos en cuenta los acontecimientos de las últimas semanas o, también, si nos fijamos en la verdadera historia del Estado israelí.

Esa historia es la de unos inmigrantes judíos que llegaron a Palestina con el gran objetivo de establecer un Estado refugio para los judíos en su patria junto a los habitantes árabes que las habitaban. Muchos de estos sionistas soñaban con que Israel se convirtiera en una sociedad socialista modelo, con una propiedad comunal y gestionada a través de comunas locales o kibutz como alternativa democrática al gobierno de jeques y generales en los Estados árabes.  La realidad fue que, en la práctica, los inmigrantes judíos que se instalaron en Palestina y establecían el nuevo Estado socialista sólo podían hacerlo expulsando violentamente a cientos de miles de árabes de sus hogares y de sus tierras.

Ahora bien, gracias a la combinación de una inmigración masiva (que duplicó la población judía), de enormes inversiones extranjeras de las comunidades judías ricas y de capital estadounidense, así como la creación de una fuerza militar potente, la economía de Israel creció muy rápidamente a partir de 1948. Fue la edad de oro del capitalismo de posguerra, cuando las tasas de beneficio eran elevadas y la inversión fuerte. Por tanto, fue posible inaugurar una nueva economía muy rápidamente. El PNB creció a una tasa media anual del 10,4% entre 1948 y 1972. El capital necesario para construir la economía israelí procedía de transferencias de ayuda y préstamos estadounidenses, pagos de reparación alemanes y la venta de bonos del Estado israelí en el extranjero. La rentabilidad se mantuvo alta controlando los precios y los salarios y evitando así que los ingresos reales de los trabajadores aumentaran demasiado.

Pero desde mediados de los años 60, como en el resto de las economías capitalistas avanzadas, la rentabilidad del capital en Israel cayó bruscamente hasta, aproximadamente, principios de los 80. Esto condujo a crisis económicas como parte de la recesión internacional de 1974-1975 y 1980-1982. También llevó a una nueva guerra con los Estados árabes en 1973. En este punto de la historia de la economía israelí, resulta muy útil observar la rentabilidad del capital israelí a partir de la década de 1960, tal y como proporciona la Base de Datos Mundial de Rentabilidad. (…)

El sionismo volvió a entrampar a los judíos de Israel que la solución era votar contra la sociedad socialista a favor del neoliberalismo:

(…)En 1983, la Bolsa de Tel Aviv se desplomó, haciendo estallar una enorme burbuja financiera que llevaba años creciendo. El gobierno derechista del Likud culpó a los bancos estatales.  Se hizo cargo del Banco Hapoalim, que tenía el control directo e indirecto de unas 770 empresas y controlaba alrededor del 35% de la economía israelí, con el objetivo de privatizar todos estos activos estatales. Finalmente, el Estado vendió los tres principales bancos: Bank Hapoalim, Bank Leumi y Bank Discount a capitalistas privados. La industria de las telecomunicaciones y los puertos también fueron privatizados.

En una política calcada a la de Reagan en EE.UU. y a la de Thatcher en el Reino Unido, entre 1986 y 2000 se vendieron 83 empresas estatales por un total de 8.700 millones de dólares estadounidenses. La aerolínea nacional ELAL, la red de telecomunicaciones Bezeq, todos los grandes bancos y otros cinco grandes conglomerados fueron vendidos a compradores seleccionados por el gobierno. Entre los compradores se encontraban muchos de los más ricos de Israel, junto con judíos estadounidenses adinerados y otros conglomerados extranjeros. Ninguna de estas empresas cotizaba en bolsa para su venta. Por ejemplo, el gobierno vendió Israel Chemicals Ltd. a la familia Eisenberg a través de una licitación privada que se llevó a cabo entre 1993 y 1997.

Durante un tiempo, estas medidas ayudaron a que subiera la rentabilidad del capital israelí: en nuestro gráfico de rentabilidad, se observa una duplicación de la tasa de beneficios entre 1982 y 2000.  Pero el aumento de la rentabilidad fue impulsado principalmente por una nueva afluencia de inmigrantes tras el colapso de la Unión Soviética y procedentes del norte de África. La inmigración abarató los costes laborales, mientras que tras los acuerdos de Oslo se produjo un periodo de aparente «tregua» con los árabes que permitió una afluencia aún mayor de inversiones extranjeras.

Fue el periodo de la expansión de las empresas start-up de alta tecnología por las que Israel se ha hecho famoso y de la aparente integración de la economía israelí en una economía mundial en rápida globalización. Apodada la nación de las start-ups, Israel cuenta ahora con más de 7.000 start up activas.

Pero esto no ha durado. En el siglo XXI, como muchas otras economías emergentes, la economía capitalista de Israel encuentra cada vez más dificultades. Por supuesto, la gran diferencia [el resto de economías emergentes] es que, en su guerra perpetua con los Estados árabes vecinos, Israel ha contado con el respaldo total de Estados Unidos y del capital occidental.  Así que, incluso enfrentándose al conflicto permanente con sus vecinos árabes y a los levantamientos de los palestinos desplazados, ha sido capaz de sobrevivir económicamente y también de desarrollar una formidable fuerza militar.

Irónicamente, la inmigración masiva procedente de la antigua Unión Soviética, la importación de trabajadores extranjeros y el rápido crecimiento natural de la población árabe local, han hecho que Israel sea cada vez menos un Estado judío en términos de población y que siga siendo relativamente pequeño, con algo menos de 10 millones de habitantes. Pero el impacto de las políticas neoliberales y la desaceleración económica no han provocado un giro a la izquierda. Por el contrario, el miedo a los ataques árabes y el fracaso de cualquier oposición socialista alternativa eficaz han provocado el auge de los partidos políticos religiosos y étnicos. El capital israelí ha jugado las cartas de la raza y la religión para evitar cualquier confrontación en relación a sus fracasos económicos y sociales.

Las crisis económicas han continuado a intervalos regulares en el siglo XXI.  En 2003, Netanyahu recortó las prestaciones sociales, privatizó más empresas estatales, redujo el tipo máximo del impuesto sobre la renta, recortó drásticamente los servicios del sector público e impuso leyes antisindicales.  Siguió la Gran Recesión de 2008-2009 y luego el desplome pandémico de 2020, cuando el PIB cayó un 7%. El declive económico relativo de la economía israelí se revela en la tasa de crecimiento real del PIB en la Edad de Oro, la crisis de rentabilidad de los años 70, el periodo neoliberal y, ahora, en la Larga Depresión de los años 2010 en adelante. (…)

Los gobiernos capitalistas de Israel no tienen solución para el interminable conflicto con el pueblo árabe bajo su ocupación y en sus fronteras. Ahora, con el estallido de otra guerra a un nivel grotescamente intensificado de violencia y represalias, las dulces palabras de The Economist en el 75 aniversario de Israel saben muy agrias, tanto para la población palestina como para la israelí.

¿Continuará así durante otros 75 años?

thenextrecession.wordpress.com

Traducción: viento sur

Fuente: https://vientosur.info/israel-la-quiebra-de-un-sueno/

Colonización y genocidio del pueblo palestino
y su proyección en Colombia

17 de julio de 2021

Por Renán Vega Cantor| Rebelión

Publicado en El Colectivo (Medellín) Nº 65, julio de 2021.

(…) Eso es posible por la impunidad de la que goza el Estado de Israel, impunidad que se apoya en la rentable industria del Holocausto, y cuyo sostén fundamental son los Estados Unidos, sin importar cuál sea el inquilino de la Casa Blanca. Indistintamente, demócratas y republicanos apoyan a los asesinos de Israel, como lo hace en este momento Joe Biden, quien aseguró cuando era candidato que su gobierno iba a defender los derechos humanos, claro los de los asesinos, como el Estado de Israel, al que se apoya con el argumento que dicho estado tiene derecho a defenderse del ataque de los palestinos.  Y ésta es la estupidez criminal que se repite a lo largo del mundo, y que dice sin pestañear Michelle Bachelet, la alta representante de la ONU para los Derechos Humanos, los gobiernos de los países de la Unión Europea y falsimedia mundial.

Que Israel tenga derecho a defenderse de los Palestinos es una vil mentira y constituye el argumento de los cobardes, que conciben como simétrico un enfrentamiento entre uno de los estados mejor armados del mundo y los habitantes de un territorio ocupado colonialmente. Estos habitantes están enjaulados en una prisión a cielo abierto, en medio de muros que han agujereado sus tierras como si fueran queso gruyer y donde no pueden desplazarse, no tienen agua, su alimentación está restringida y soportan desde hace décadas un interminable apartheid racista, con el asesinato impune de sus mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Un pueblo que no tiene Estado y tampoco ejército para defenderse y se enfrenta al poder colonial, invasor y genocida, equipado con un poderoso ejército, y con las armas más sofisticadas y destructivas (incluyendo arsenal nuclear, tutelado por Estados Unidos, Francia y esa pandilla de delincuentes que se autodenominan Comunidad Internacional). Cuando en estas condiciones de absoluta disparidad, Hamas y los palestinos lanzan misiles a Israel sí que se defienden y revelan contra los ocupantes, y ese derecho no se lo puede quitar nadie, por más que lo pretendan la ONU, Estados Unidos o la Unión Europea.

Ese derecho a defenderse es producto del acoso y la desesperación de un pueblo que soporta en carne propia desde hace décadas una terrible ocupación, algo así como una cuarentena eterna, en que no pueden salir del reducido territorio en donde los tiene aprisionados. Por eso, lo que hace Israel no es ninguna defensa, sino una genocida guerra de exterminio, que revive ‒y a veces supera‒ las peores atrocidades de los nazis, quienes no bombardeaban a los prisioneros de los campos de concentración, como si lo hace con sadismo el Estado de Israel. (…)

Estos métodos de muerte, Israel los ha exportado al resto del mundo. Israel apoya a regímenes criminales, mediante la venta de sus servicios de contrainsurgencia y antiterrorismo. Y, por supuesto, uno de sus principales clientes es el régimen colombiano, emparentado además con Israel por su larga cadena genocida.

No es sorprendente, en esas condiciones, que la población urbana de Colombia soporte las mismas prácticas terroristas y genocidas de Israel ‒idénticas a las que la población rural de nuestro país sufre desde hace décadas‒ que se expresan en las formas de ataque y asesinato: disparos a los ojos para enceguecer a la gente; ametrallamientos con helicópteros a la población inerme y desarmada en pueblos y ciudades; uso de armas letales (pistolas, fusiles, bombas) contra gente que se defiende con palos y piedras; comportamiento asesino de los cuerpos represivos del Estado (que en Colombia se les dulcifica con la denominación de “Fuerza pública”), llámese policía, Esmad, Ejército, Goes…; utilización de personal civil, bien sean policías disfrazados de paisano o paramilitares debidamente protegidos por la policía; exaltación de los matones de uniforme o de civil por los medios de desinformación, que los transforman en vedettes mediáticas de ocasión y como ejemplo de los colombianos de bien. En fin, esa es la israelización de la represión en Colombia, que actúa con su fuerza brutal y asesina a nuestras ciudades.

Si se dudara de las afinidades criminales entre los estados genocidas y terroristas de Israel y de Colombia solo hay que recordar una cifra macabra: la de los niños y jóvenes asesinados en forma simétrica y contemporánea en la tierra palestina y en el suelo colombiano. Así, Israel masacró en mayo a 67 niños palestinos, mientras que en Colombia el régimen del subpresidente Duque ha masacrado, entre el 28 de abril y el 28 de junio, a unos 70 jóvenes. Nótese que estamos hablando de una coincidencia casi exacta de asesinato, muerte y dolor que producen dos estados terroristas de la misma factura y los dos con un respaldo incondicional del asesino mayor y principal: los Estados Unidos.

Es tan similar el juvenicidio de clase contra palestinos y jóvenes colombianos que aparecen también coincidencias informativas, como la siguiente: un periódico convencional, y prosionista, como The New York Times, dedicó una edición especial con los rostros y nombres de los niños masacrados por Israel y Q’Hubo, un periódico de Cali, lo hizo con anterioridad, al denunciar el asesinato de jóvenes en esa ciudad en las primeras semanas del paro nacional. Tan similar es ese crimen de lesa humanidad (infanticidio del estado sionista de Israel y juvenicidio del estado terrorista de Colombia) que las palabras de denuncia en un territorio puede aplicarse al pie de la letra en el otro. En este caso cobra validez más allá del lugar específico en que se enuncia estas palabras de Ola Abu Hasaballah, psicóloga infantil en Gaza: “Cuando pienso en los niños que murieron también pienso en los que sobreviven, los que fueron rescatados de entre los escombros y perdieron una extremidad, o los que irán a la escuela y se van a enterar de que su amigo ha desaparecido”. Eso pasa en Palestina, pero también en Colombia. Por eso nos hermana con el pueblo palestino su sufrimiento, dignidad, lucha y resistencia.

Fuente: https://rebelion.org/colonizacion-y-genocidio-del-pueblo-palestino-y-su-proyeccion-en-colombia

Qué democracia

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/
Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

16 octubre, 2019

Publicado por Redacción La tinta

Un Ministerio de Alimentación para que el pueblo tenga alimentos sanos, soberanos y a precios justos es la iniciativa que impulsa la UTT para un país que produce materias primas de exportación y también estómagos vacíos. Una mirada a las mesas argentinas, entre el lobby empresario, la economía mundial y las organizaciones campesinas en el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, que se celebra este 16 de octubre.

Por Revista Cítrica

En la Argentina hay siete grandes cadenas de supermercados (seis de ellas de origen extranjero) que controlan el grueso de la venta de alimentos. Hay también unas 50 millones de hectáreas que se destinan a la producción de soja para exportación con uso intensivo de productos químicos. Y hay, además, un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza (la mitad de los niños y las niñas del país son pobres).

Aunque parezcan asuntos distintos, el hambre del pueblo es un hecho inseparable de un esquema productivo en el que se prioriza la concentración de la riqueza en pocas manos y la exportación de materias primas producidas en los campos que podrían dar de comer a toda la sociedad.

El país que les tocará a las próximas generaciones no puede ser pensado por fuera de un tema que es tan obvio como urgente: el alimento. Las preguntas sobre quiénes son dueños de la tierra, qué se produce allí, bajo qué sistema productivo, cómo se distribuyen los alimentos y a qué precios llegan a las mesas argentinas tienen que estar en la agenda pública nacional.

Para la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una de las organizaciones integrantes del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, la solución de fondo debe ser superadora de los abordajes coyunturales: hace falta un Ministerio de Alimentación en la Casa Rosada. Lo explica Nahuel Levaggi, coordinador general de la UTT: “La alimentación, como la salud o el trabajo, es una necesidad básica de toda la población, no importa la clase social a la que pertenezcas. El Estado Argentino debería tener una política totalizadora para un tema fundamental como la alimentación».

Fuente: https://latinta.com.ar/2019/10/16/argentina-sin-hambre/

Sector rural y elecciones: votar al peronismo para frenar a la ultraderecha

24 de octubre de 2023

Las organizaciones campesinas y cooperativas se mostraron aliviadas con el freno a Milei y ratificaron su apoyo a Massa, a pesar de las promesas incumplidas del peronismo y el modelo extractivo que impulsa. “La salida de la crisis es con producción de alimentos sanos y a precios justos, que lleguen a la mesa de todos”, afirmaron de cara a la segunda vuelta.

El resultado de las elecciones presidenciales del domingo, con un 36,6 por ciento de los votos para el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, sobre el 29,9 por ciento obtenido por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei; se recibió como un alivio entre las organizaciones campesinas, que ven en el candidato de la ultraderecha un futuro sin posibilidades para políticas destinadas al sector de la agricultura familiar. 

La perspectiva para la segunda vuelta electoral es de expectativa por la posible victoria de Massa. La aspiración es que continúe una gestión en la Casa Rosada que abra las puertas al diálogo, a pesar de las contradicciones de un gobierno peronista que no dejó de favorecer a las cadenas del agronegocio y las empresas extractivas, a las que pone como protagonistas para el incremento de las exportaciones. La coalición oficialista mantiene cuentas pendientes con el sector: acceso a la tierra, financiamiento para la producción y políticas para abastecer de alimentos sanos al mercado interno.

Los distintos voceros de las organizaciones campesinas nucleadas tanto en la Mesa Agroalimentaria Argentina como en la UTEP-Agraria destacan la necesidad de continuar trabajando en unidad para fortalecer la posición de las organizaciones campesinas ante las deudas de leyes y programas que reclaman desde hace años y no han dejado de hacerlo durante los cuatro años de gobierno del Frente de Todos, en los que se avanzó tibiamente con la promulgación de la Ley de Agricultura Familiar y la creación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar y Campesinas (Inafci), con escaso presupuesto para avanzar en políticas de producción y de acceso al derecho a la tierra.   

“Si no hay Estado, el mercado regula para los grandes poderes económicos”

“Estuvo en juego perder todos los derechos conquistados y la gente abrió los ojos, votó por defenderlos, aún sabiendo que al otro día continuará sufriendo una inflación que agobia”, evaluó Miriam Samudio, referente de Productores Independientes de Piray (PIP-UTT), desde Misiones, donde Milei volvió a ser el candidato más votado, pero mostró un estancamiento frente al crecimiento electoral de Massa.    

Desde Mendoza, otra provincia donde la ultraderecha se impuso, el presidente de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), Ricardo Sirotiuk, celebró el “panorama favorable en base al miedo que teníamos todos” porque “si hay un gobierno de La Libertad Avanza, no tendremos oportunidades”. También desde la provincia cuyana, la productora e integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI-ST), Natalia Manini, calificó de “esperanzador” el resultado frente a “Bullrich y Milei, que representan intereses que proponen profundizar los procesos de concentración de la economía”. 

Sirotiuk reconoció que hubo votos para la ultraderecha entre los propios pequeños productores de Mendoza, Jujuy y Salta, lugares donde La Libertad Avanza volvió a imponerse en las generales, y consideró que se trata de un “voto con odio y bronca”. “Eso pasó porque no han llegado realmente políticas al territorio. A los monotributistas y pequeños productores no les llegaron las políticas reales. Todo está diseñado pensando en las exportaciones, pero hay necesidades que tienen que ser diferenciadas para la agricultura familiar. Si tenemos un próximo gobierno justicialista, tendrá que escuchar al territorio”, sostuvo.

Por su parte, Lautaro Leveratto, coordinador nacional de la Federación Rural, aseguró que “lo que está en juego en esta elección presidencial es una patria libre y soberana, pero también resolver el acceso a los derechos mínimos para gran parte de la población que hoy no tiene acceso, como el derecho a la alimentación, al trabajo y a la vivienda”.

“El 36,6 por ciento de los votos obtenidos nos deja en muy buenas condiciones para enfrentar la segunda vuelta, teniendo que trabajar chacra por chacra para lograr que las y los agricultores familiares y de la economía popular voten a Massa para presidente y no a Milei”, confió el dirigente del Frente Nacional Campesino (FNC), Pablo Benetti, aunque reconoció que “la situación económica y social no es buena, y que muchos y muchas compañeras la están pasando muy mal, porque lo que producimos se devalúa, cuando vamos al supermercado todo sube, mientras se distorsionan los precios de los insumos dolarizados”, a la que suma el aumento de los alquileres y la falta de acceso a la tierra que expulsa a los productores del campo. 

Omar Príncipe es de Villa Eloísa, Santa Fe, a cien kilómetros de Rosario. Es chacarero, dirigente de la organización de pequeños productores Bases Federadas y ex presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA). En tierra santafesina, donde el peronismo perdió la elección a gobernador con Juntos por el Cambio, Milei se impuso en las presidenciales. Príncipe marcó que las internas peronistas impactaron en el resultado electoral local, pero destacó el repunte con la candidatura nacional de Massa.

“Desde la Mesa Agroalimentaria tenemos un pedido de reunión con el candidato Sergio Massa, para trabajar en todas estas políticas que consideramos indispensables en un nuevo gobierno. El momento oportuno para presentar nuestras propuestas como entidad representativa de los pequeños y medianos productores del movimiento cooperativo es en estos días, antes del ballotage”, señaló Príncipe. El encuentro fue acordado con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en julio pasado, cuando la Mesa Agroalimentaria presentó su “Programa agrario para el alimento”.  

“Si bien estamos atravesando una crisis, vamos a resolver los problemas con más democracia y no con menos”, afirmó Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), organización que nuclea a cooperativas de la zona central del país, fundamentalmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, provincias de la zona núcleo del agronegocio. Unión por la Patria logró una contundente victoria en territorio bonaerense, incluso recuperando decenas de municipios del interior, mientras que Milei se quedó con Córdoba y Santa Fe.  

La mirada de Rossi es positiva y consideró que los resultados nacionales, a favor del oficialismo, son una “apuesta a un gobierno que está más ligado a la producción que a la timba financiera; más ligado a la industrialización, al trabajo, a un Estado más presente y eficiente, contra la privatización de la salud, la educación y la jubilación. Se votó un esquema de gobierno afín a las mayorías y no a una idea que por innovadora que parezca, claramente retrocede en el tiempo, piensa en una Argentina de cien años para atrás y no en un futuro mejor”.

“Milei en su campaña propone que el Estado no exista, que se elimine el peso argentino y nuestra soberanía económica. Pero nosotros creemos que el Estado es imprescindible para tener igualdad de oportunidades. Si no hay Estado, el mercado regula para las grandes corporaciones y los grandes poderes económicos. Nuestra línea de trabajo y nuestros objetivos son totalmente diferentes”, ratificó Príncipe sobre el posicionamiento de la Mesa Agroalimentaria Argentina. Y la delegada del MNCI-ST sintetizó: “Unión por la Patria es el frente que brinda la oportunidad de seguir disputando la construcción de la soberanía alimentaria.”

“En noviembre deberemos dar un nuevo paso y eso requerirá un movimiento campesino organizado y movilizado” 

El respaldo de las organizaciones campesinas y de pequeños productores está definido por la candidatura de Unión por la Patria, pero los productores son conscientes de que deben  seguir “sembrando conciencia, que falta mucho por hacer y que debemos organizarnos para seguir proponiendo qué país queremos y estamos construyendo desde el sector que produce alimentos. El Gobierno tiene que entender que tienen que sentarse a discutir con este campo que alimenta”, reclamó Samudio desde Misiones. 

De cara al ballotage, para Rossi la clave es “visibilizar las propuestas”. Desde la Mesa Agroalimentaria hay presentados cinco proyectos de ley, que tienen que ver con la segmentación de los impuestos, con el acceso, el uso y la tenencia de la tierra, con el arraigo. “Tenemos que hacer foco en esas iniciativas y que la agenda política las tenga en cuenta”, aseguró. Los proyectos fueron presentados en septiembre de 2022, pero hasta el momento no hubo avances en el Congreso.

Desde la Federación Rural, Leveratto recordó que esa organización también impulsa desde hace seis años “una ley integral que permita el acceso a la tierra de familias arrendatarias y la protección de los cinturones zonas y valles productivos, principalmente periurbanas”.

“En estas tres semanas antes del ballotage hay que incorporar en la agenda política la necesidad de implementar políticas públicas para la agricultura familiar, pero esto tiene un componente extra, que es la cuestión climática: la sequía de los últimos dos años fue realmente terrible. Sus consecuencias fueron terribles, estamos viendo desesperadamente cómo hay agricultores que están dejando su campo, dejando de alquilar”, alertó el dirigente de Bases Federadas. 

En ese sentido, el presidente de la Fonaf advirtió sobre cómo “las economías regionales han quedado totalmente descartadas”, a pesar de los anuncios recientes del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, sobre la quita de retenciones, sino hablando de los productores que integran “el país de la producción del campo que alimenta”. “No vamos a descartar los granos, la pampa húmeda donde hay productores chicos, en esos espacios que tienen necesidades como en cualquier provincia. Pero las organizaciones tenemos que profundizar nuestros pedidos y estar más unidas que nunca”, consideró Sirotiuk.

En ese contexto, el titular de la Fonaf también convocó a la autocrítica de las organizaciones campesinas para no caer en las prácticas de “un país egoísta”. Por su parte, Manini reconoció que el escenario que se abre más allá del 19 de noviembre, fecha de la segunda vuelta electoral, es de un “futuro complejo y difícil, que requiere fortalecer la organización y la militancia”. 

“Tenemos la oportunidad de fortalecer las políticas públicas para la agricultura familiar campesina Indígena, como sujetos estratégicos para garantizar alimentos saludables para el pueblo argentino. En noviembre deberemos dar un nuevo paso y eso requerirá un movimiento campesino organizado y movilizado”, sostuvo la dirigenta del MNCI-ST. 

El integrante del FNC coincidió con la necesidad de construir “la más amplia unidad entre las diferentes organizaciones del sector”, para aportar a la victoria de Unión por la Patria, que ofrece “mejores condiciones para salir a la lucha, para mejorar justamente lo que falta y defender lo que ya hemos logrado”. Benetti consideró que la predisposición del oficialismo con el sector de la agricultura familiar quedó demostrada tras los daños sufridos por los productores del cordón hortícola del Conurbano bonaerense a fines de agosto. “Se salió a la lucha y el gobernador de Buenos Aires dio enseguida respuestas a nuestras demandas, además de sumar una gran ayuda del gobierno nacional de la mano de la Secretaría de Agricultura y el Inafci”. 

En tanto, Leveratto sostuvo que la agricultura familiar y campesina tiene “la capacidad de resolver la problemática del acceso a los alimentos en Argentina”. En ese sentido, añadió: “Somos un sector altamente productivo que solamente requiere apoyo y planificación del Estado para desarrollar el total de sus fuerzas productivas. Desde la Federación Rural no tenemos dudas que la es la agricultura familiar, cooperativa y de pequeños y medianos productores la que puede aportar en el combate a la inflación con producción nacional”. Al mismo tiempo, indicó la importancia de generar mecanismos para el acceso a la tierra, al agua, a la comercialización y a los insumos. 

Un futuro con cuentas pendientes  

“Massa dijo que llamará a la unidad nacional para construir una Argentina productiva. Y ahí debemos estar los que producimos alimentos. Tenemos propuestas concretas y hay que luchar para que se implementen”, afirmó desde Misiones la productora del PIP-UTT para recordar que el oficialismo mantiene cuentas pendientes con el sector en caso de renovar otros cuatro años.

“Hemos tenido un montón de percances en este Gobierno, más allá de la herencia que quedó del gobierno anterior. Tenemos problemas: lugares donde falta la tierra y agua para producir. Y esa es la gente que produce la comida de todos los días. Pero para adelante tenemos la oportunidad de poder sentarnos y ser escuchados. Si hay un gobierno de La Libertad Avanza, no tendremos esa oportunidad”, completó el presidente de la Fonaf.  

Príncipe señaló la problemática pendiente de los pequeños productores rurales: “En Argentina, entre el 60 y el 70 por ciento de la agricultura se hace en campos alquilados y faltan políticas claras y un Estado presente que regule el tema de los arrendamientos. Eso favorece a los fondos de inversión, a los financistas y a los pooles de siembra que son quienes elevan los costos de arrendamiento y desplazan a pequeños y medianos productores”. 

En ese tono, Príncipe advirtió que eso impacta directamente en uno de los problemas más críticos que el ministro candidato del oficialismo no pudo resolver: la inflación. “Ese proceso de concentración tiene consecuencias en el precio de los alimentos. La concentración está en toda la cadena de valor. Mes a mes vemos una inflación del diez o el doce por ciento mensual y lo que más aumenta en muchos casos es el precio de los alimentos. Por eso este es un tema que no importa sólo al sector agropecuario, sino a toda la sociedad argentina porque todos consumimos alimentos. Las grandes preguntas son: ¿Qué queremos producir? ¿Quién queremos que produzca los alimentos en Argentina?”, planteó el dirigente de Bases Federadas. 

Los ejes de campaña de Massa también marcan como prioridad el avance del extractivismo minero, que impacta directamente en la explotación y contaminación de recursos esenciales como el agua para la producción de alimentos. “Sin duda, si Massa gana, va a ser un Gobierno que tendrá las contradicciones que muchas veces han tenido otros gobiernos, en lo que tiene que ver con las disputas por los territorios. Sea por los avances de la frontera agropecuaria, por la minería o por lo que fuera. Nuestro movimiento tiene una larga historia de lucha de sus comunidades, lo ha demostrado en estos últimos meses en que ver con la reforma impulsada por Gerardo Morales en Jujuy, que tiene mucho que ver con el futuro de esos territorios campesino-indígena. Y nosotros seguiremos también marcando esa agenda

Entre los puntos positivos de lo planteado en campaña por Massa, el presidente de Fecofe destacó que Massa haya mencionado la segmentación de impuestos entre sus propuestas de campaña. “Hay que recordar que el campo no es una cuestión homogénea donde somos todos iguales. Creo que a eso Massa lo puede entender porque ha hecho segmentación de políticas en otros sectores, segmentando tarifas por ejemplo. De la misma manera queremos tener políticas diferenciadas para la agricultura familiar”, compartió el dirigente de Bases Federadas. 

En ese sentido, Rossi agregó la necesidad de modificar la ley de entidades financieras, para que se ponga a disposición de la producción y no de la especulación y la segmentación de impuestos. “Hoy tenemos grandes corporaciones que pagan menos impuestos que una PYME”, cuestionó y contrapuso: “Massa tiene conocimiento de esa situación, como actual ministro de Economía, con una crisis muy fuerte y un FMI que impone condicionamientos muy fuertes. En el poco tiempo que lleva como ministro ha logrado el esquema de fondos rotatorios y las compras por parte del Estado a las cooperativas. Por eso, como presidente, creo que puede llegar a tomar medidas importantes”. 

Benetti insistió en la importancia de la “unidad en la lucha” que le dé a las organizaciones campesinas la “fuerza necesarias” para que un futuro gobierno tome como políticas la “Ley de arrendamientos rurales, la segmentación de las retenciones, un subsidio de emergencia para las y los agricultores, créditos accesibles y a tasas subsidiadas para pequeños productores, entrega de insumos, herramientas y maquinarias”.

De cara a un posible gobierno de Sergio Massa, Leveratto aseguró: “Nuestras propuestas tendrán mayores oportunidades de ser llevadas a cabo, y trabajaremos para que eso sea así, proponiendo y marcando nuestras discrepancias cuando sea necesario, como siempre lo hicimos”.

“En un gobierno de unidad nacional tiene que tener en cuenta a todos los sectores. El agronegocio tiene un peso importante en la decisión política y también debería ocurrir lo mismo con la agricultura familiar y con las cooperativas”, advirtió Rossi y destacó el espacio de diálogo con la Mesa Agroalimentaria tuvo en marzo pasado junto a la Mesa de Enlace, convocado por Massa. “La salida de la crisis es con producción de alimentos sanos y a precios justos, que lleguen a la mesa de todos los argentinos”, aseguró. 

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/sector-rural-y-elecciones-votar-al-peronismo-para-frenar-a-la-ultraderecha/

Gobierno transgénico:
una ley a medida del agronegocio

1 de octubre de 2021

Luego de la derrota electoral, y sin escuchar a los que “salen a la calle”, el Gobierno redobla su faceta extractiva. Envía al Congreso un proyecto de ley gestado junto con las cámaras empresarias del agro, mientras cajonea proyectos claves: acceso a la tierra, humedales y etiquetado de alimentos. El oficialismo pone todas las fichas a un modelo que lleva tres décadas con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.

 

Por Darío Aranda

Lejos del discurso ambiental y aún más lejos del sector campesino y cooperativo, el Gobierno anunció su proyecto de ley de “fomento al desarrollo agroindustrial”, con el que propone alcanzar las 200 millones de toneladas de cereales y oleaginosas para 2030. El plan busca “consolidar al país como líder agroalimentario” mediante “beneficios fiscales e impositivos”. El plan, que presentaron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, llega de la mano de Gustavo Idigoras, un ex ejecutivo de Monsanto/Bayer.

El proyecto tiene 26 páginas y señala que promoverá “24 cadenas” productivas, pero el eje será aumentar las exportaciones de los cultivos que más divisas generan, entre ellos: soja, maíz y trigo. Los cinco pilares que utiliza son producción, empleo, ventas, exportaciones e inversiones. En ningún momento se habla de ambiente, ni de agroecología ni (mucho menos) soberanía alimentaria. La traducción no publicitada es un plan con mayor uso de transgénicos y agrotóxicos, mayor alianza con el agro empresario y con las consecuencias por demás conocidas: desmontes, conflictos por la tierra, desalojos, concentración de la tierra en pocas manos, afectaciones a la salud y al ambiente, entre otras.

 Un plan para el agronegocio

El Presidente, junto a Cristina Fernández de Kirchner y los ministros Julián Domínguez y Juan Manzur, habló durante casi 30 minutos. Textuales:

-“Estamos seguros que éste es el camino para ubicar a la Argentina como líder agrobioindustrial”.(…)

Hambre, pobreza y una “soja riquísima”

En diciembre de 2019, el Gobierno lanzó el “Consejo Federal Argentina contra el Hambre”, con empresas del agro (como Syngenta) y una variedad de figuras mediáticas: desde Marcelo Tinelli y Narda Lepes, hasta el periodista Martín Caparrós. Al frente de la cruzada estaba la hoy candidata Victoria Tolosa Paz. (…)

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/gobierno-transgenico-una-ley-a-medida-del-agronegocio/

Descubramos su afirmación en depender del Estado y verlo sin su historia de 40 años como garante del acaparamiento económico territorial por el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales o sea por el llamado poder real. De ahí su ninguneo de las defensas y recuperaciones de territorios por la vida en contra de los extractivismos que existen en todo el país-continente. También se explica su visión de: “Mesa Agroalimentaria no ‘en contra de’ sino peleando política, peleando por lo que debería pasar en la Argentina, hacia dónde deberíamos ir y qué es lo importante”.

Expo Alimentaria y
el Programa Agrario para el Alimento

El abordaje del circuito productivo de los alimentos, el acceso a la tierra y la comercialización, con el enfoque de la alimentación sana, segura y soberana, no es una idea que la Mesa Agroalimentaria desplegó para este evento en Tecnópolis sino parte de un Programa Agrario para el Alimento, que la alianza de organizaciones campesinas y cooperativas trabaja desde su conformación en 2021 y que presentó a principio del mes con una gran movilización a la Secretaría de Agricultura y el Congreso Nacional

“Son propuestas concretas que nosotros llevamos hasta el Congreso hace unos días y que las venimos proponiendo desde hace un tiempo largo. La idea es que nosotros podamos seguir debatiéndolas con la sociedad, con los distintos actores sean funcionarios, periodistas, investigadores o científicos; con todos los que tengan que ver con la producción de alimentos”, convoca Manini. 

La presentación del programa tiene como base un paquete de leyes que las organizaciones del “otro campo” también llevaron al Congreso en septiembre pasado. Se trata de una Ley de Acceso a la Tierra, Ley de Arrendamiento Rural, Ley de Protección de los Territorios de Familias Campesinas e Indígenas y Ley de Segmentación Impositiva Agraria. Pero también de programas a aplicar desde el Poder Ejecutivo: el plan de financiamiento cooperativo, un programa nacional de impulso hacia la agroecología, un plan de mercados de cercanía, la creación de una empresa pública de alimentos y un Plan Nacional de Abastecimiento Alimentario.La “Expo Alimentaria” y la presentación del Programa Agrario para el Alimento ocurre en medio del año electoral, en el que los principales debates están lejos del derecho a la alimentación. “Con el eje en la alimentación queremos discutir qué modelo agroalimentario tenemos, qué modelo agroalimentario queremos. Buscamos encararlo desde la salud, desde el ambiente, desde distintas perspectivas para charlar y compartir la alternativa que construimos día a día y que tenemos que fortalecer. Esos son nuestros planteos a los distintos candidatos”, sostiene Levaggi. 

Ghio destaca la irrupción de la Mesa Agroalimentaria en el debate público, “no como una mesa ‘en contra de’ sino peleando política, peleando por lo que se debería pasar en la Argentina, hacia dónde deberíamos ir y qué es lo importante”.

“En algunos folletos de propaganda política nos dicen que tienen el plan del consejo industrial para crear 700.000 puestos de trabajo y no te dicen haciendo qué ni cómo. Nosotros de la Mesa proponemos una serie de leyes y medidas que nos parece que tienen que estar presentes en este momento en el que la campaña está vacía de contenido desde todos los sectores. La salida es productiva, la salida es con los productores de la agricultura familiar campesina, indígena y cooperativa”. 

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/expo-alimentaria-la-feria-del-campo-que-produce-soberania-y-alimento/

Un programa agrario
para el alimento

Propuesta de la Mesa Agroalimentaria Argentina

Los pequeños y medianos productores del campo presentaron un conjunto de iniciativas para frenar la concentración de tierras y poder brindar alimentos sanos y baratos a las familias argentinas.

Por Tomás Astelarra *

 (…) Un modelo para ampliar

“Como Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar y parte de la Mesa Agroalimentaria Argentina sostenemos un Programa Agrario para el Alimento, basado en precios justos, acceso a la tierra y créditos blandos. Es de vital importancia construir una Empresa Nacional de Alimentos”, afirmó durante la movilización, Ricardo Sirotiuk, presidente de esta entidad.

Según explican los referentes de la Mesa Agroalimentaria Nacional, la concentración de tierras lleva a la concentración de la producción, que a su vez redunda en la concentración en la comercialización, elevando el precio de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos. Si bien desde las organizaciones se han llevado adelante numerosas iniciativas para saltar los intermediarios y llevar alimento sano y barato del productor directamente al consumidor a través de ferias y locales, es muy difícil ampliar estas políticas sin ayuda del Estado.

“El programa legislativo propuesto por la Mesa Agroalimentaria Argentina es la primera propuesta integral para el verdadero desarrollo de la ruralidad en el territorio. Tierra, semillas, matriz impositiva, agroecología, cooperativismo, soberanía alimentaria, arraigo e inclusión, son todas dimensiones indivisibles para un futuro de justicia social», explica Ricardo García, referente de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) y de la MAA.

* Licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y master en Periodismo de la Universidad del País Vasco.

 Fuente: https://uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar/2023/07/23/un-programa-agrario-para-el-alimento-2/

 Bloqueo de la lucha de clases

NO NOS PATENTEN LA VIDA
Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina


Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento.
En un contexto mundial marcado por un fuerte embate del neoliberalismo -que incide sobre la producción y el comercio global de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.

Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias al accionar de las resistencias sociales.


A pesar de la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero -paradigma del extractivismo agrario- continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas.

En tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.

Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo agro-minero-exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato).

Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.

A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales hectáreas de 34 millones a las 42 millones de hectáreas.

Las implicancias de una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias socio-ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América Latina.

Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado -a través de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas.

En este contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo de la producción de los alimentos y del control de las cadenas alimentarias.


El anteproyecto para reformar la ley de semillas

El gobierno nacional y las corporaciones agro-biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual.


En nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas.

Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra.


Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de los casos, criminalizadas.

Por otra parte, el anteproyecto propone la creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se adecuen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.


Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina.

Dicho evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.
Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal.

En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era realizada por las agencias de los Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las variedades de semillas desarrolladas en el dominio público.
En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos.(…)

Pongamos de relieve a dos conceptos claves para la conciliación campesina con sus opresores: la coexistencia y la agricultura familiar.


(…)La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar
Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma.
El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.

La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una “Mesa de Diálogo” convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas.


Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado.
Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que rodean la problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera.


A modo de conclusión
De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta iniciativa de privatización de la vida en muchos países.
En definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa -dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático- prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el año pasado.
Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar resistiendo a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza.


Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:
– No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta.
– No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.
– No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.
– Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.
– Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos. Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.
– Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.
Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar aprobarse este proyecto de Ley de Semillas.

Las adhesiones son recibidas en [email protected]
Firmas: (…)
Fuente: https://opsur.org.ar/2014/09/04/no-nos-patenten-la-vida-campana-contra-la-privatizacion-de-las-semillas-en-argentina/

Alternativas emancipatorias

Qué Trabajo

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /
Alternativas emancipatorias

Expropiado y explotado por burguesía

De documentar impactos socioambientales en zonas sacrificadas para la actividad hidrocarburífera a discutir la política energética con trabajadores del sector; de elaborar material didáctico sobre fracking para las infancias a pensar otras formas de vivir y producir en el territorio. De un punto a otro se fue delimitando el campo de intervención con producciones surgidas del OPSur y de las redes que integramos. En esta nota hacemos un recorrido por los 15 años de nuestra organización a partir de esas producciones con las que nos sumamos al debate energético en Argentina y la región.

Por OPSur .- En Argentina la movilización en defensa de los territorios amenazados por la megaminería, el agronegocio y otras actividades encuadradas en el mismo modelo creció alentada por asambleas socioambientales, pueblos originarios, movimientos sociales y organizaciones políticas. El OPSur, surgido en 2008, es fruto de esas movilizaciones. Cuando nos conformamos como equipo de trabajo, la mayoría de los gobiernos provinciales habían lanzado rondas de licitación de áreas para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos. Se venía una ampliación acelerada de la frontera de extracción fósil, y desde algunos sindicatos y organizaciones sociales y políticas se demandaba la reestatización de YPF y la distribución social de esa renta. Se necesitaba visibilizar e incorporar a la discusión energética los impactos ambientales y los conflictos territoriales que existían por la centenaria actividad petrolera en el país.

Documentamos esos impactos en localidades y parajes de la Patagonia Norte y del Noroeste del país, también la organización de las poblaciones afectadas en defensa de esos territorios, y en 2012 publicamos el libro Zonas de sacrificio. Por esos días también buscamos comenzar a discutir en profundidad la política hidrocarburífera. El momento lo exigía. 

“Que el árbol no tape el bosque”, decíamos cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la estatización parcial de YPF. Era necesario avanzar en ese sentido, pero la medida fue insuficiente en términos del control público de la principal petrolera (y por ende de todo el sector). Sostuvimos [y sostenemos] que la compañía tenía que jugar un nuevo rol, acorde a los escenarios actuales, y ser la palanca que impulse la transición del sector. Una empresa de energía para el siglo XXI y no la encargada de perpetuar y profundizar el modelo fósil del siglo pasado.

Vaca Muerta era todo promesas y se construía una épica de esperanza económica en torno a YPF y a la explotación de yacimientos no convencionales. La revista Fractura Expuesta nos permitió difundir los potenciales riesgos socioambientales de ese proyecto energético, profundizar en el impulso que el gobierno de Estados Unidos daba al shale gas y al fracking y en la oposición a esa técnica en Francia e Inglaterra. En tanto Argentina Libre de Fracking fue la respuesta de un conjunto de organizaciones a esos discursos épicos y una herramienta para conceptualizar la ampliación como parte de las energías extremas

El pacto de YPF con Chevron, en 2013, marcó el inicio de la explotación masiva de yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. La sociedad de la petrolera de bandera con la compañía estadounidense generó rechazo, incluso de algunas fuerzas aliadas al gobierno nacional. Pero esa tensión no resquebrajó el consenso del fracking.

A través de diferentes soportes documentamos la transformación social y territorial que significó [y significa] la explotación de yacimientos no convencionales en el norte de la Patagonia. Territorio CrudoAlto Valle Perforado y La tentación de Esquisto son fotos de ese proceso. También nos ocupamos de los impactos en otra etapa de la actividad, la de la transformación, con Polos nos enfocamos en las principales refinerías y polos petroquímicos del país.

El factor económico es central en los debates vinculados con la explotación petrolera en Vaca Muerta, las promesas del ingreso de dólares para el crecimiento productivo nacional son un mantra conocido. EJES surgió como una articulación impulsada por el OPSur para discutir los aspectos financieros con una perspectiva de Justicia Energética y Socioambiental y, en particular, para desenmascarar la falsa teoría del derrame. El informe Vaca Muerta y el desarrollo argentino es un trabajo señero que después continuamos en El ocaso de la ilusión liberal y en los análisis sobre el problema de los subsidios y de la fuga de divisas del sector petrolero. Expusimos, a través de diferentes producciones, cómo las compañías que explotan el megaproyecto evitan el pago de impuestos o imponen condiciones que favorecen su rentabilidad en detrimento de nuestra soberanía económica. En la animación Vaca Muerta: el cuento del oro negro y la lluvia verde, presentamos los principales problemas de ese escenario utilizando los personajes de un cuento clásico.

La crisis económica y social se fueron agudizando, a pesar de todas las promesas. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2018 y su rápido incumplimiento por parte del gobierno de Macri definieron un contexto que continúa hasta nuestros días: la energía, fundamentalmente de Vaca Muerta pero también de la explotación mar adentro en nuestra costa atlántica, aparece en la agenda pública como la solución a buena parte de los problemas estructurales del país. Como en 2012. Esto a pesar de que la explotación hidrocarburífera en nuestro país suma nuevos impactos. Como es el caso de las tratadoras de residuos petroleros, que planteamos en el informe colectivo La basura del fracking en Vaca Muerta, y el de la extracción de arenas para el fracking, de la periodista Valeria Foglia. Pero además, el ritmo y las condiciones laborales en el sector se refleja en una accidentalidad laboral récord y en la configuración de una sociedad petrolera.

En las sucesivas ediciones de Fractura Expuesta acompañamos los debates sobre la promoción de los no convencionales y las energías extremas en Latinoamérica y el mundo. También criticamos las falsas soluciones que propone el capitalismo verde y el extractivismo energético, y alentamos la construcción de alternativas para una transición energética justa, popular y ecológica. 

La Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro se propuso pensar alternativas de manera colectiva, de ahí surgió un documento con líneas de acción. También exploramos experiencias de generación y gestión de energía en la serie documental E- Transición y Soberanía. En ¿Por qué la crisis energética? caracterizamos los tres principales problemas de nuestro sistema energético: es inequitativo, contaminante y poco democrático. 

“Habrá que arremangarse y cargar la Vaca Muerta cuesta arriba”, advertimos en el final del gobierno de Mauricio Macri. El debate con Tecpetrol sobre los subsidios y la crisis de los últimos dos años de sula gestión de Macri, primero, y la pandemia, después, definieron este periodo de caída en la explotación del megaproyecto, que se revirtió a partir de la implementación del Plan Gas a fines de 2020.

En los últimos años, el Poder Ejecutivo nacional comenzó a promover una retórica “sustentable” y “verde”. Así, presentó un desarticulado Plan Desarrollo Productivo Verde y los Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030, documentos que legitiman la explotación desde la retórica del gas como combustible puente para la transición. Estas políticas nacionales tienen como correlato subnacional un avance de proyectos renovables como el hidrógeno verde y parques eólicos. Sobre ese diagnóstico cruzamos miradas e invitamos a discutir estos temas en el ciclo Diálogos para la transición, y ante alternativas sospechosamente virtuosas elaboramos el informe ¿humo verde?.

Les dimos todo tipo de vueltas a los conceptos de Transición Justa (#informe#podcast), Pobreza Energética y Derecho a la Energía (#podcast, #informe).  Con estas iniciativas planteamos un factor de incidencia central para la transición energética: el derecho de les usuaries y trabajadores de la energía a formar parte de cualquier debate hacia la transición.

Para nutrir el acercamiento de diferentes sectores a temáticas energéticas y socioambientales, pensamos en la generación de insumos pedagógicos y empezamos por les niñes. El Conde Drácula y el colmo del fracking es una propuesta para las infancias, adaptación libre del cuento El fracking, una historia esdrújula contada por el Conde Drácula, de Martín Crespi y Diana Chereau, realizado en conjunto con el OPSur. Y pensando en las juventudes surgió Transition2.0, para preguntarnos qué tan limpias pueden ser las energías renovables. Las propuestas pedagógicas se amplificaron, y las proyectamos más allá del ámbito escolar. Con esa intención, impulsamos diversos talleres y encuentros formativos con investigadores, militantes e interesados en la cuestión energética, a quienes ofrecimos una caja de herramientas con materiales en diversos formatos para visibilizar fuentes de consulta de temas energéticos con la perspectiva de impulso a una transición feminista, justa y popular.

Con la transición energética en el centro del debate, igual se impulsaron en el atlántico argentino diferentes proyectos de exploración y explotación mar adentro, conocido como offshore. El 4 de enero de 2022 se movilizaron localidades costeras en distintos puntos del país para oponerse al avance de la frontera hidrocarburífera en aguas ultraprofundas. Posteriormente distintas presentaciones judiciales pudieron frenar por dos temporadas (verano 2022 y 2023) la exploración sísmica, y desde entonces el tema se instaló en la agenda nacional. A 15 años del surgimiento del OPSur, el mar es otro de los territorios a defender, es la nueva frontera de extractivismo, no sólo energético (#Cuadernillos | #Podcast). Las comunidades costeras en Argentina se sumaron a discutir cómo obtener la energía que necesitamos. Se ampliaron los territorios de vida a defender y seguimos acompañando.

Hoy un sinnúmero de organizaciones ven en la energía un tema importante de su intervención, por eso articulamos en talleres con universidades, colectivas feministas, movimientos piqueteros y escuelas: buscamos demostrar que otro tipo de energía es posible.

La salida a la crisis no puede ser apalancada por megaproyectos contaminantes y prontos a terminar: ¿por qué asumimos como mercancía aquello que debería ser un derecho humano? Desde OPSur sostenemos hace 15 años el objetivo de nutrir de insumos, información, antecedentes y participación colectiva los debates públicos sobre la matriz energética argentina.

Fuente: https://opsur.org.ar/2023/09/12/opsur-15-anos-un-recorrido-por-nuestras-producciones/

 

 Ecocida y genocida

El sionismo socialista y la cuestión palestina

30 de octubre de 2023

Por Gilberto López y Rivas / La Jornada

Ber Borojov, el ideólogo y dirigente principal del Partido Social Demócrata Obrero Judío Poalei Sion en la época de la lucha revolucionaria contra la Rusia zarista, hace notar en su libro Nacionalismo y lucha de clases. Una perspectiva marxista a la cuestión judía (México: Cuadernos de Pasado y Presente, 1979) la importancia del territorio en la llamada cuestión nacional. Según este controvertido pensador, el territorio es el lugar de trabajo y lucha del proletariado y, por consiguiente, representa la base estratégica de su existencia.

Borojov aporta en su análisis útiles conceptos y originales perspectivas sobre la relación necesaria entre luchas nacionales y la lucha de clases, ya que, según él, todas las clases en pugna mantienen un interés nacional y, por lo tanto, la naturaleza de los intereses de cada clase marca o determina las formas en que expresa su nacionalismo o su vocación nacional. Así, el proletariado mantiene un sentimiento nacional ampliamente representativo, que no es precisamente el nacionalismo acotado de la burguesía o de los terratenientes, sino que se desarrolla en la relación que establece entre el conjunto de las clases trabajadoras y el patrimonio nacional, dentro del cual el territorio se presenta como la condición más ampliada de la producción, que contiene y sirve de base a todos los ámbitos internos en los que vive el grupo social.

Esta posición de Borojov, que toma en cuenta el interés nacional del proletariado rompe, por un lado, con el cosmopolitismo de Karl Kautsky, que considera todo sentimiento de apego nacional como propio de la burguesía y, por el otro, se acerca a las posiciones leninistas que se pronuncian de manera clara en una suerte de patriotismo revolucionario, sobre todo en un breve texto denominado “El orgullo nacional de los grandes rusos”.

Lo paradójico de Borojov es que siendo consciente de la importancia del territorio en las luchas nacionales y en el interés nacional de clase del proletariado, introduce una noción completamente contradictoria a su argumento y que refiere a los pueblos y las naciones “extraterritoriales”. Ya Lenin se encargó de rebatir esta idea propugnada por varios autores, que afirmaban la existencia de una nación judía por encima de sus peculiaridades específicas e históricas de cada uno de los grupos considerados y autodenominados judíos en sus respectivas comunidades nacionales.

Así, Borojov se pronuncia en su plataforma política por la colonización de un territorio para la “solución del problema judío”, y es aquí que encontramos las bases ideológicas de lo que se denomina “sionismo socialista o proletario”, al pretender transformar “el peregrinaje judío, de un movimiento exclusivamente inmigratorio a un movimiento colonizador”, esto es, “crear las condiciones necesarias para una colonización judía en países de economía semiagrícola (sic), donde los judíos se constituyan en grupo dominante (sic)”.

Es claro que incluso en este luchador revolucionario y extraordinario teórico de la cuestión nacional encontramos la mentalidad colonialista que caracteriza al sionismo en general, junto con las ideas mesiánicas de “pueblo escogido”, renovadas por Obama como “la única nación indispensable” para referirse a su propio país.

Así, en la búsqueda de una solución para la supuesta extraterritorialidad de los judíos, lo que se logró, en los hechos, de 1948 a la fecha, fue la conquista territorial permanente y la subyugación de carácter colonial de un pueblo expulsado de sus tierras, paulatina y violentamente expropiadas por el colonizador. Para la pretendida solución del problema de una “diáspora judía”, el sionismo provoca una diáspora palestina hasta el día de hoy, con derivas no sólo etnocidas, sino también genocidas.

Paradójicamente, para el planteamiento original de Borojov, no fue precisamente el proletariado judío el que impuso esta condición colonial a Palestina, sino la burguesía multinacional y los poderes imperialistas, encabezados por Estados Unidos.

La condición colonial de Palestina y el carácter de poder estatal colonialista de Israel son vitales para cualquier debate en torno al genocidio, los crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza y los demás territorios ocupados. A partir de esta base histórica-jurídica, no es posible equiparar la violencia del colonizado con la violencia del colonizador, ni es lo mismo el terrorismo de organizaciones políticas sujetas a una relación colonial y al derecho internacional humanitario que el terrorismo de un Estado que utiliza todos los recursos de sus megaparatos militares y de inteligencia con el propósito de proteger sus intereses de potencia ocupante.

“La violencia palestina, aun en su forma más condenable, es un acto de resistencia; se trata de una violencia que se está resistiendo (…) a una violencia primera y originaria. Esa violencia terrorífica originaria (…) es la de la colonización” (Ariel Feldman, Rebelión, 20/10/2023).

Fuentes: https://rebelion.org/el-sionismo-socialista-y-la-cuestion-palestina

Alternativas emancipatorias

El mito ordenador del granero del mundo
y la crisis social y ambiental

25 de octubre de 2023

La agricultura industrial y su relato de producción como bien supremo son elementos centrales de la crisis climática. Su rostro menos publicitado es el impacto en la biodiversidad y en el calentamiento global. Un repaso de las falsas soluciones que propone el sistema y la posibilidad que brindan los sistemas agrícolas diversificados y la soberanía alimentaria.

 Por Guillermo Schnitman

Una potente imagen se mantiene presente en el imaginario de varias generaciones de argentinos: nuestro país está destinado a ser «el granero del mundo». Desde muy jóvenes nos lo inculcan y comprendemos la ecuación implícita: si producimos alimentos y los exportamos, alimentamos al mundo y generamos divisas.

El mundo está en continuo crecimiento y desarrollo. ¿Quién va a alimentarlo si no lo hacemos nosotros? ¿Con qué otro recurso podemos pagar lo que importamos? Este razonamiento subyace en toda la narrativa agropecuaria argentina.

Pero esto no es más que una ficción ordenadora, un mito convenientemente difundido y sostenido para perpetuar un paradigma que no sirve más, que está agotado y que se tiene que terminar.

En los escenarios actuales, el modelo agroindustrial, responsable de casi un 40 por ciento de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI), no está cumpliendo su objetivo declarado de producir alimentos para una población mundial creciente. El modelo está diseñado para maximizar los beneficios económicos de unos pocos sectores: los dueños de los medios de producción: tierra, maquinaria y tecnología moderna, con la participación clave de los traders, un puñado de firmas que intermedian todas las transacciones y de hecho determinan los precios de los commodities.

El 62 por ciento de las divisas que ingresan al país se origina en el agro. De ese porcentaje, la mitad proviene de la soja y sus derivados. Esa es la principal fuente con que cuentan las autoridades para “hacer política” y pagar los compromisos asumidos (deuda externa).

Toda la producción que se exporta pasa por un cuello de botella: apenas siete empresas exportadoras de granos. Tan solo siete grupos privados, además conformados por capitales extranjeros, controlan la principal fuente de divisas del país. A la hora de definir qué y cuánto se siembra en el país, operan para que todos los demás actores respondan a sus necesidades.

Su participación en el recientemente constituido Consejo Agroexportador Argentino es dominante. Y es clave su rol en la formulación de la pomposamente denominada “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”. La finalidad de esta estrategia es, básicamente, instalar un proyecto de ley de ventajas y exenciones impositivas para ese sector.

Para agravar la situación, el complejo agroexportador sigue un modelo basado en energía fósil barata y contaminante. Durante los últimos 50 años, su peligrosidad para el ser humano, los animales y los ecosistemas resultó potenciada por la aparición e inmediata difusión de insecticidas, fungicidas y herbicidas de síntesis química y otros supuestos avances tecnológicos.

Más recientemente, la propagación de semillas genéticamente modificadas —y patentadas— impuso nuevas pautas a la agricultura industrial.

El concepto de productividad envuelve a todas las narrativas de desarrollo e impide ver la sustancia de lo que se produce.

La agricultura ecocida

Desde su introducción inconsulta y sin reparos en 1996, la soja transgénica, por entonces llamada RR —por Roundup Ready o lista para el Roundup, la vieja marca registrada del glifosato de Monsanto— ha cubierto las superficies de suelo cultivado de manera casi excluyente. La adopción de ese paquete tecnológico por parte de los pools de siembra arrasó con la poca biodiversidad que aún subsistía en los agroecosistemas.

Argentina detenta el primer puesto en el uso de agrotóxicos per cápita: los campos reciben entre 360 y 500 millones de kilogramos por año. El uso de fertilizantes sintéticos también crece: de 300.000 toneladas en 1990 pasó a 3.609.000 en 2016. Un incremento de 1200 por ciento en tan solo 26 años.

A pesar de esa pujanza, el modelo del agronegocio imperante genera más pobreza, más desarraigo humano y más problemas insolubles. Todos derivados directos de sustituir mano de obra por máquinas y reemplazar habilidades y conocimientos ancestrales por tecnología.

Se trata de un sistema basado en el acaparamiento de tierras agrícolas y la posesión de los medios de producción. Al emplear tecnologías intensivas en capital, al estar volcado a la mecanización y la automatización de los procesos, deja sin trabajo y expulsa a la población rural. Los migrantes terminan hacinándose en cinturones urbanos de pobreza, subsistiendo básicamente gracias al ilusorio derrame de ganancias de la actividad privada y la ayuda proveniente del Estado.

Al igual que la minería, este sistema de producción es francamente extractivo. No se basa en la biodiversidad y el cuidado de los agroecosistemas sino en el avance de la agricultura y la ganadería sobre selvas y humedales, el uso de agrotóxicos y la dependencia de fertilizantes químicos sintéticos. Extrae de la naturaleza sin reponer ni regenerar.

Este modelo es, junto con la creciente urbanización, uno de los principales causantes de la pérdida de hábitats naturales y biodiversidad, con la consecuente extinción de especies y el empobrecimiento de los agroecosistemas.

Falsas soluciones

Casi todas las llamadas «soluciones tecnológicas» son, en verdad, falsas soluciones. Resulta imposible sostenerlas en el tiempo y enmascaran costos ambientales que no se le cargan ni a los alimentos ni a otros productos derivados del agro.

Para mantener vigente este modelo es fundamental que el petróleo siga siendo relativamente barato: un subsidio encubierto para que la producción de cereales y oleaginosas no se encarezca y, al ser exportados, produzcan las mayores ganancias. Lamentablemente, los frutos del agronegocio de commodities argentino no van a alimentar al mundo ni contribuyen a reducir el hambre de vastas zonas del planeta. Globalización, deslocalización y comercio mundial mediante, casi todos los granos y oleaginosas “comoditizados” viajan al otro lado del mundo para alimentar cerdos o motores diesel.

Externalidades

El objetivo declarado del complejo agroindustrial es producir cosechas abundantes y baratas, pero ese bajo valor que el mercado le atribuye a los alimentos no contempla las consecuencias negativas, convenientemente disfrazadas bajo el concepto de “externalidades”: el desarraigo de las poblaciones rurales, que termina cinturones urbanos de pobreza, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de tierras, napas y cursos de agua, entre otras.

El precio de los alimentos no incluye los costos pagados por dichas externalidades que son consecuencia directa de los modelos agrotecnológicos. Y sería imposible calcular cuánto costarían si los tuvieran en cuenta; la salud de las poblaciones comprometidas, los pueblos fumigados, es un valor incuantificable.

El efecto de la alteración de los patrones climáticos

Las contradicciones de la agricultura capitalista industrial se están acelerando y, a corto plazo, se avecina un período de volatilidad aguda y regresiva de los precios de los alimentos, con resultados aún más ruinosos que los actuales.

Sectores cientifícos nos advierten que con un incremento de 1,5 grados centígrados en la temperatura global la producción agrícola, tanto la convencional como la agroecológica, se verá gravemente afectada. Según los últimos informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) ese incremento ya es inevitable. Y la producción ya está siendo afectada.

En Argentina, según datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (Ingei), la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra generan el 38 por ciento de las emisiones nacionales de GEI. De estas emisiones que calientan la atmósfera, casi un 15 por ciento proviene de la deforestación que se hace para aumentar la superficie destinada a la siembra de soja transgénica y a expandir el área destinada a la ganadería vacuna.

A escala planetaria, una atmósfera más caliente no solo derrite los hielos polares y los glaciares, también hace que cambien las corrientes marinas que regulan la evaporación y las precipitaciones, modifica de modo irreversible los ríos atmosféricos y provoca olas de calor, sequías e inundaciones más prolongadas, incluso donde antes no eran habituales. También implica que fenómenos meteorológicos extremos como tornados y huracanes sean más violentos y frecuentes.

En conclusión, las únicas opciones que quedan después de cruzar estos datos es modificar las ecuaciones: la producción de alimentos solo puede crecer si lo hace de manera sostenible, es decir sin aumentar la superficie cultivable, usando menos petróleo, menos agua y menos nitrógeno. Esta transición tendrá, además, que llevarse a cabo en un escenario de cambio climático, malestar social creciente, crisis financiera y todos los imprevistos que puedan surgir de las llamadas “nuevas normalidades” post pandemia.

La FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) advierte: “El cambio climático ya está teniendo profundas consecuencias en la vida de las personas y en la diversidad de la vida en el planeta. El nivel del mar está subiendo y los océanos se calientan. Cada vez hay sequías más duraderas e intensas que amenazan las reservas de agua dulce y los cultivos. Esto pone en peligro los esfuerzos para alimentar a una creciente población mundial”.

Por su parte, a través de varios informes científicos, el IPCC viene afirmando que, a escala global, para 2050 el rendimiento de los cultivos se verá afectado de un diez a un 25 por ciento y que, al impactar en el precio de los alimentos, ese porcentaje habrá trepado un 150 por ciento.

Es imposible imaginar tal escenario sin refugiados climáticos, migraciones forzadas y fuertes revueltas sociales.

Última oportunidad

Se avecina, inexorable, un colapso sistémico global.

Antes de que golpee con toda su potencia existe una pequeña ventana de oportunidad: reconstruir sistemas alimentarios biodiversos y rehacer y valorizar el trabajo agrícola. Esto implica, ni más ni menos, repensar a fondo el lugar de la agricultura dentro de un nuevo paradigma, uno más realista que el sistema imperante, claramente inviable. Uno que anteponga la vida, en todas sus manifestaciones, a la generación y concentración de riqueza.

Para enfrentar los efectos del colapso hay que pasar cuanto antes a sistemas diversificados que garanticen la soberanía alimentaria, que no dependan del mercado externo de commodities, que estén basados en la agroecología y no sean el negocio de unas pocas corporaciones de semillas patentadas dependientes de agrotóxicos. Un sistema que regenere y revalorice el trabajo humano digno, que reduzca a un mínimo el uso de insumos externos, que permita el acceso a la tierra y, sobre todo, que genere las condiciones para que la transición hacia una nueva realidad ecológica y climática sea justa y equitativa.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/el-mito-ordenador-del-granero-del-mundo-y-la-crisis-social-y-ambiental/

Qué Abya Yala

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Alternativas emancipatorias

Historia y presente

Sequía en la Amazonía: acción humana, devastación, fenómenos naturales y crisis climática

30 de octubre de 2023

La selva amazónica atraviesa una megasequía con cauces agotados, muerte de animales e impacto en los ecosistemas y las comunidades de agricultores familiares y pueblos indígenas. El fenómeno de El Niño y la crisis climática la agudizan, pero es necesario mirar las responsabilidades del agronegocio, la deforestación, la minería y las hidroeléctricas para pensar soluciones de preservación con justicia social.

Por Carlos Alberto de Sousa Cardoso (*)

Reconocida por su biodiversidad y su papel crucial en el equilibrio climático global, la Amazonía enfrenta actualmente uno de los desafíos más apremiantes de su historia: la sequía. Este fenómeno, agravado por los efectos de la crisis climática que ya vivimos, tiene graves repercusiones para la región, afectando a los ecosistemas, a la sociedad local, especialmente a los habitantes de las afueras de las grandes ciudades, a los ribereños, a los agricultores familiares y a las comunidades indígenas, además de a la generación de energía en controvertidas Centrales Hidroeléctricas (UHE).

Es cierto que el escenario de sequía no es nuevo en la región, pues en 2005 y 2010 la Amazonía ya enfrentó severas sequías, con reducción de los cauces de importantes ríos, lagos y arroyos, provocando la muerte de peces y delfines debido al calentamiento del agua y la reducción del oxígeno. Además, hubo escasez de agua en varias comunidades. Sin embargo, este año, estas manifestaciones han sido más intensas, advirtiendo la necesidad de atención ante la gigantesca injerencia humana en la región, incluyendo deforestación, incendios, construcción de carreteras, minería, agroindustria e hidroindustria, además de fenómenos naturales como El Niño. Estos elementos exigen una respuesta más eficaz por parte de la sociedad, los ayuntamientos y los estados, especialmente cuando hay avisos anticipados de estos fenómenos meteorológicos extremos.

La sequía en la Amazonía es el resultado de una compleja interacción de factores, en los que la crisis climática juega un papel central. El aumento global de la temperatura contribuye a una disminución de las precipitaciones y un aumento de la evaporación, impactando directamente la disponibilidad de agua en la región. Además, la deforestación ilegal y los incendios criminales empeoran la situación, comprometiendo aún más a todo el sistema.

Los impactos de la sequía cubren una amplia y diversa gama de ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. La reducción de ríos, lagos y arroyos pone en riesgo la supervivencia de varias especies animales y vegetales. Las comunidades locales, que dependen directamente de estos recursos hídricos, enfrentan escasez de agua para el consumo y dificultades en la producción agrícola y la pesca, lo que impacta directamente en su seguridad alimentaria y nutricional y en su calidad de vida. En un lugar reconocido mundialmente como un paraíso acuático, hoy nos enfrentamos a un escenario de escasez de agua, embarcaciones varadas en ríos que alguna vez fueron caudalosos, incluso en épocas más secas, fauna y flora sufriendo y comunidades lidiando con la falta de agua.

En el caso específico de Brasil, al menos en los últimos 60 años, ha habido una ocupación más intensa de este vasto territorio, con procesos migratorios y políticas estatales de desplazamiento humano hacia la región. Estas acciones fueron seguidas por un conjunto de obras de infraestructura, inversiones y apoyo a la minería, carreteras, agronegocios y plantas hidroeléctricas, sin considerar los impactos sociales y ambientales reales que estos grandes proyectos tendrían en la Amazonía.

El modelo extractivo y la sequía en la Amazonía

En el caso específico de las centrales hidroeléctricas, que son una de las principales fuentes de energía de Brasil y la Amazonía, representando una porción importante de la matriz energética del país, la implementación de estos proyectos en la región es sumamente controvertida, especialmente por sus costos asociados: impactos ambientales y sociales.

Las centrales hidroeléctricas modifican drásticamente los ecosistemas fluviales, inundando vastas áreas de bosque y provocando la pérdida de hábitats naturales y biodiversidad. Además, la variación del caudal de los ríos afecta la dispersión de nutrientes y sedimentos, interfiriendo con los ciclos naturales de los ecosistemas.

La construcción de centrales hidroeléctricas a menudo conduce a la expulsión forzosa de comunidades locales, lo que provoca desplazamientos, pérdida de tierras y trastornos sociales y familiares. Estas comunidades a menudo dependen de recursos naturales que se ven afectados por las represas, lo que empeora su vulnerabilidad y genera conflictos y desigualdades socioeconómicas.

La severa sequía en la Amazonía agrava los desafíos relacionados con las Centrales Hidroeléctricas. La disminución del volumen de agua en los ríos reduce la capacidad de producción de energía, comprometiendo el suministro y aumentando los costos operativos. Plantas de reciente construcción y con proyectos muy cuestionados, como Belo Monte, Jirau y Santo Antônio, tienen niveles de generación de energía muy bajos o han tenido sus actividades suspendidas temporalmente, en el caso de estas últimas, según informó el Sistema Nacional. Operador Eléctrico (ONS).Pese a la complejidad de la situación, persisten inversiones y estudios para la implementación de nuevas centrales hidroeléctricas. En Roraima, que también enfrenta una de las peores sequías de su historia, cuyo pico se espera para los meses de diciembre y enero, los estudios de impacto ambiental (EIA/RIMA) y el Estudio del Componente Indígena (ECI) están a punto de finalizar la construcción de la Central Hidroeléctrica de Bem Querer. Es importante resaltar que, aunque se trata de una «planta de pasada» (que no requiera la estructura tradicional del embalse), aún provocará la inundación de una vasta área de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados. Este proyecto plantea preocupaciones sobre la transparencia y ignora varios impactos sociales y ambientales para el Estado y su principal curso de agua, el río Branco, además de las implicaciones para el Parque Nacional Anavilhanas en Amazonas.

La sequía en el Amazonas se ve agravada por una intersección de factores, incluido el fenómeno climático El Niño, que desplaza los patrones atmosféricos y oceánicos, intensificando la sequía en la región. Además, la deforestación y los incendios desempeñan un papel crucial, liberando dióxido de carbono a la atmósfera y destruyendo vastas áreas de bosque, comprometiendo el ciclo hidrológico y la humedad del aire. El avance de la agroindustria, a menudo asociado con la deforestación, también contribuye a la sequía, reduciendo la cubierta vegetal y aumentando el sellado del suelo.

El avance de los sectores agroindustriales en la Amazonía, que a menudo provoca deforestación, representa un desafío importante. Las prácticas inadecuadas de gestión del agua y de riego exacerban la escasez de agua. Además, el abandono del medio ambiente en la región, ya sea por la falta de una inspección eficaz o por la flexibilización de las leyes medioambientales, aumenta los problemas relacionados con la sequía.

La sequía en la Amazonía brasileña es una crisis compleja, influenciada por una serie de factores interconectados. Abordar esta crisis requiere acciones integrales que involucren políticas ecológicas, educación ambiental, aplicación rigurosa y esfuerzos globales para combatir la crisis climática que ya estamos experimentando. La vida en la Amazonía está intrínsecamente ligada al futuro no sólo de Brasil, sino del planeta en su conjunto. Es crucial encontrar soluciones equilibradas que consideren la necesidad de energía, la preservación del ambiente y el bienestar de las comunidades locales, ya que no es posible debatir la preservación de la Amazonía sin discutir la justicia social.

Parece que ante esta megasequía y todos los problemas ambientales y sociales, el Estado brasileño aún no ha dado la debida importancia a los impactos de los grandes proyectos de infraestructura para la Amazonía. Científicos, ambientalistas, movimientos sociales y organizaciones indígenas vienen alertando sobre los problemas, sin embargo, siguen siendo voces desoídas ante la voracidad del capital.

Es urgente implementar una nueva dinámica que promueva una perspectiva de gestión más integral, incorporando valores sociales, culturales y ecológicos. Es crucial que cuestionemos efectivamente el discurso del desarrollo sostenible, a menudo disfrazado de estrategia de marketing por parte de las grandes corporaciones, especialmente aquellas que impactan más negativamente el medio ambiente en la Amazonía.

(*) Carlos Alberto de Sousa Cardoso es profesor de la Universidad Federal de Roraima (UFRR) e investigador-socio de la Red Eclesial Panamazónica (Repam)-Brasil.

** Este artículo fue publicado originalmente el 23 de octubre en el sitio Brasil de Fato

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/sequia-en-la-amazonia-accion-humana-devastacion-fenomenos-naturales-y-crisis-climatica/

Los pueblos amazónicos lanzan un grito de vida,
más fuerte que todas las voces de muerte

Conclusiones de la Asamblea Mundial por la Amazonía.

21 julio, 2020,

Luis Miguel Modino

Algo nuevo está naciendo, esa es la primera y más importante conclusión que podemos sacar de la Asamblea Mundial por la Amazonía. Los pueblos indígenas están cansados de ser atacados en sus territorios, memorias y culturas. Y por eso dicen que ya está bien de una selva, derribada, quemada, saqueada por el extractivismo violador, que solo obedece al poder y a la codicia.

Las conclusiones de todo lo vivido el día 18 y 19 de julio, con una participación multitudinaria y representantes de decenas de países de los cinco continentes, nos hacen descubrir que la resistencia de las comunidades está cada vez más organizada y cuenta con más apoyo, también desde la Iglesia católica, a través de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), también desde el hermano Francisco. Juntos se organizan frente a la devastación y al hambre que puede continuar a esta pandemia, que ha puesto de manifiesto que el ecocidio, etnocidio y terricidio avanzan peor que el virus.

Está apareciendo un nuevo tejido, rebelde, que quiere hacer ver que todas y todos somos Amazonía. Es ahora o nunca, porque la Asamblea Mundial por la Amazonía ha puesto de manifiesto que no hay más tiempo, que es hora de unirse, de amazonizarse, de liberar la Amazonía y a los pueblos que la habitan, de mostrar que más fuerte que todas las voces de muerte será el grito de vida que emerge desde la Amazonía y el Mundo.

Todo eso en medio de una pandemia que ha afectado decisivamente a la Amazonía y sus pueblos, que ya ha provocado más de 600 mil contagiados y 18 mil muertos, generando una crisis estructural, con contagios incontrolados, ausencia de medicamentos y sistemas de salud en colapso, que supone un peligro real contra los pueblos y pone de manifiesto un etnocidio de parte de los Estados. Algo que no ha surgido por acaso, que es consecuencia del cambio climático, del cambio en nuestros hábitos de alimentación, de animales muy concentrados en granjas industriales, del uso de transgénicos, del avance de la deforestación, minería, que provocan la destrucción y desequilibrio de la biodiversidad, de urbes más grandes y pobladas. A esto se une un endeudamiento cada vez mayor de los estados y un incentivo del extractivismo.

Ante esta situación, la Asamblea Mundial por la Amazonía ha lanzado sus demandas a los gobiernos amazónicos, pidiendo que sean fomentadas iniciativas comunitarias y acciones a nivel internacional. Se necesita con urgencia una mayor y mejor atención sanitaria, así como una garantía alimentaria, de aislamiento de las comunidades y la paralización de actividades extractivas en los territorios amazónicos, que en este momento están siendo vectores de expansión de la pandemia. Esto debe conducir a reorientar políticas que reduzcan desigualdades sociales y fortalezcan el autocuidado comunitario, fomentando sus iniciativas que están ayudando a enfrentar el COVID-19.

Para eso será necesario impulsar la información y comunicación alternativa, así como las iniciativas de autogobierno indígena y popular como base del autocuidado sanitario comunal, ante el abandono estatal. La Asamblea Mundial por la Amazonía también ha destacado la urgencia de misiones internacionales en el ámbito sanitario, así como de denunciar a los organismos internacionales el etnocidio estatal al que los pueblos están siendo sometidos.

Los participantes en la asamblea han querido hacer ver que es tiempo de movilización para la acción, la reflexión y el cambio, de entender que la Amazonía extrapola el estereotipo del bosque, que luchan por la Amazonía y por todos los demás lugares del planeta, porque luchan por la vida. Desde esa perspectiva la Asamblea Mundial por la Amazonía llama a una movilización global por la solidaridad concreta con los pueblos de la Panamazonía que sufren ahora con la pandemia de COVID-19; a una lucha contra el ataque a los territorios y la destrucción de la vida, a través del boicot a empresas y mercancías que destruyen la región; a la afirmación de nuevos patrones de consumo, de nuevos modos y formas de vida, desde la perspectiva del buen vivir.

De la Asamblea salen tres procesos de auto organización para la movilización de las personas y pueblos, tanto en el interior como fuera de la Amazonía. Este propósito debe contar con el protagonismo de los pueblos y de las organizaciones locales y regionales, así como todos los que se preocupan por el futuro del planeta. Para eso ya se ha elaborado un calendario, pues la movilización no termina en la asamblea, solo está comenzando, con la participación de todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero convergiendo hacia los objetivos generales.

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Fuente: https://www.mensaje.cl/los-pueblos-amazonicos-lanzan-un-grito-de-vida-mas-fuerte-que-todas-las-voces-de-muerte/

  Ofensiva del sistema mundo capitalista

De la lucha territorial a la lucha por la libertad.

La prisión política Mapuche como mecanismo contrainsurgente

8 de septiembre de 2020

Por Edgars Martínez Navarrete (Rebelión)

A la violencia del Estado chileno, la represión policial y el asedio de los terratenientes y las multinacionales, los presos políticos Mapuche utilizan la huelga de hambre sólida y líquida como herramienta de resistencia en sus propios cuerpos. Tratados como “terroristas” y señalados como el “enemigo interno” por los medios del poder económico, los huelguistas entregan su newen (fuerza) para buscar la libertad de su pueblo.

Yo soñé que soñaba:

que fuimos sometidos

y nos gobernaban tiranos.

Me pongo en huelga de hambre

para despertar la rabia,

despegar el vuelo

y aniquilar el sueño.

Juan Jerónimo Lemus, Cherán, México.

Al momento de escribir estas líneas, los presos políticos Mapuche en huelga de hambre viven horas cruciales 1/. Los comuneros en la cárcel de Lebu llevan 50 días sin comer y los de Angol suman 113 días, pero desde el 24 de agosto iniciaron el ayuno seco, quizá la medida de presión más extrema que un ser humano puede tomar encerrado en una prisión. Si bien los presos de Temuco no se han plegado aún a esta iniciativa, ellos ya llevan 42 días en huelga de hambre. Fue gracias a esta medida y a las distintas movilizaciones alrededor del mundo, que el machi Celestino Córdova pudo doblarle la mano a los poderosos y fijó ciertos acuerdos mínimos, a cambio de terminar su huelga.

No obstante, en todo este tiempo el gobierno de Chile ha dado escasas señales para destrabar el conflicto con el resto de los huelguistas, cuestión irrisoria porque el petitorio de estos, que básicamente busca reglamentar la prisión vinculada a causas indígenas bajo los criterios de la legislación internacional, se encuentra enmarcado en el Convenio 169 de la OIT adoptado por Chile hace más de una década.

Para comprender esta situación es necesario explicar las razones de fondo que motivaron el encarcelamiento político de algunos comuneros. La madrugada del 29 de enero, más de un centenar de efectivos policiales allanó violentamente cinco viviendas en el Valle de Elicura, territorio lavkenche del Wallmapu. Entre golpes, forcejeos y vulneraciones a sus familias, se llevaron en calidad de detenidos a Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura y Manuel Huichacura. Aquella misma tarde, todos los imputados quedaron en prisión preventiva bajo la presunta participación en la muerte de un vecino de la zona.

En la audiencia de formalización se pudo constatar que las únicas pruebas en su contra eran declaraciones brindadas por testigos protegidos. Además de ser contradictorios entre sí, los supuestos testigos no lograron establecer un vínculo entre los imputados y el delito. Ignorando estos vacíos jurídicos, los peñi del Valle de Elikura fueron trasladados a la cárcel de Lebu, en la provincia de Arauco, donde se encuentran realizando actualmente su huelga de hambre.

El weichan, la construcción del enemigo interno y la contrainsurgencia

Durante la década del ‘90, la emergencia del movimiento mapuche, en general, y su línea autonomista, en particular, pusieron en crisis por primera vez el carácter monocultural que el Estado – Nación chileno reprodujo a lo largo de su historia moderna. El prolongado tiempo de la chilenización criolla, impuesta a sangre, fuego y ley, y cristalizada con la frase de Augusto Pinochet “ya no existen mapuches, porque todos somos chilenos” fue rotundamente cuestionada por un pueblo dispuesto a transformar su realidad. Las viciadas promesas culturales del gobierno no pudieron contener la autodeterminación mapuche en la vuelta de siglo.

Las recuperaciones territoriales tomaron fuerza, proliferaron las organizaciones políticas y el weichan, tradición histórica del antagonismo mapuche, se convirtió en la praxis de los sectores que comenzaron a desconfiar de la institucionalidad neoliberal. La zona lavkenche cobijó a las primeras manifestaciones de insubordinación colectiva de este periodo: parió a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y, con esta, todo un legado de rebeldía que se ramificó hasta la actualidad. Los procesos de reivindicación territorial en el Valle de Elikura, por ejemplo, son producto de toda una generación lavkenche criada y formada en este ciclo de insurrección.

En este contexto, viendo amenazados sus intereses en pleno ascenso del “milagro chileno”, las clases dominantes reacomodaron sus estructuras de poder para hacer frente al resurgimiento de un nuevo “enemigo interno”. El Mapuche en lucha pasó a ocupar el lugar predilecto del terrorista racializado. La criminalización pareció ser la vía más efectiva para hacer frente a esta amenaza “innovadora”. Así, se inaugura lo que podríamos caracterizar como un nuevo ciclo de “Conflicto de Baja Intensidad”, es decir, un escenario de contrainsurgencia basado en mecanismos pasivos y coercitivos de sometimiento, cooptación, explotación y persecución a los enemigos del modelo.

Un conflicto de baja intensidad que encubre una arremetida contrainsurgente y neocolonial sobre el pueblo Mapuche en weichan y que se desarrolla en tres niveles interconectados. En primer lugar, a través de una amplia maquinaria creada por los sectores de poder para arrinconar la resistencia, posibilitando la acumulación por desposesión y la reproducción ampliada de capital. A nivel continental esto se plasma en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Tratado Transpacífico (TPP-11),  entre otras. Y a nivel nacional, en el Plan Araucanía, en los intentos de modificación de la Ley Indígena y en el proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA). Estas iniciativas económico-políticas tienen tres objetivos: la apertura definitiva del Wallmapu a las corporaciones transnacionales, el saqueo y la expoliación de los recursos naturales y el sometimiento de la protesta territorial. En definitiva: la subsunción real de la naturaleza, las tramas espirituales y las capacidades políticas de la resistencia mapuche ante el capital.

No obstante, si bien la lógica coercitiva de estos planes proviene de una matriz transnacional movilizada por los intereses del imperialismo contemporáneo, su capacidad operativa reside en el despliegue de una multiplicidad de pivotes nacionales encargados de afirmar la doctrina chilena de “seguridad nacional” contra este nuevo “enemigo interno”. En este segundo nivel se encuentran los numerosos planes de persecución y criminalización que ha impulsado el Estado durante las dos últimas décadas para debilitar al movimiento Mapuche autonomista y acusarlo de “terrorismo”. La “Operación Paciencia” (2002 – 2004) dirigida a desarticular a la CAM, la irrisoria “Operación Huracán” articulada mediáticamente para “descabezar” a Weichan Auka Mapu y nuevamente a la CAM y la Operación Andes (2017), parte de la anterior, con la cual se pretendía vincular a las organizaciones del weichan Mapuche con el tráfico de armas y con estructuras político-militares de diversos territorios. Estos son sólo algunos de los planes conocidos de este nivel de contrainsurgencia.

La construcción de la figura del terrorismo como estrategia de los terratenientes

Pero la “lucha contra el terrorismo” es también la finalidad obstinada de los terratenientes, empresarios forestales y gremios de agricultores de la ultraderecha regional que hoy habitan el Wallmapu. Los herederos del settler colonialism, colonialismo de colonos o de asentamiento, beneficiados por el despojo territorial, el desplazamiento y la subordinación racial del Mapuche, persisten en justificar su presencia histórica, sus propiedades y sus inversiones bajo la defensa de una presunta supremacía blanca nacionalista asociada a una especie de Estado de derecho. Para esto, además de construir la idea del “mapuche terrorista”, se han organizado en grupos de autodefensa paramilitar que amenazan con recrudecer la violencia engendrada por ellos mismos y sus antepasados.

Específicamente para el Lavkenmapu, y para el Valle de Elikura, este plano de la contrainsurgencia se evidencia en la sistematización de datos que sacó a la luz el medio de prensa Mapuche Aukin bajo el titular “El nuevo plan represivo para la franja lavkenche”. En este documento se sintetizan las medidas que el gobierno, en diálogo con los “principales” sectores productivos de la zona, destinarían al sur de la provincia de Arauco con el fin de mitigar los índices de “violencia rural”, categoría mediática a través de la cual se hace referencia a la resistencia lavkenche. La creación de nuevas subcomisarías, la llegada de 100 efectivos a la zona, la presencia permanente de retenes policiales, el arribo de 16 carros blindados todo terreno, un helicóptero y la donación de drones de última generación serían solo una parte del plan represivo con el que se perseguirá a los lov y comunidades que defienden el Lavkenmapu.

El nivel más específico de este conflicto de baja intensidad está relacionado con la prisión política Mapuche. No es un secreto que las cárceles de América Latina tienen color, como señala la antropóloga Rita Segato (2007). Pero no es tan solo eso: la judicialización de la protesta indígena también tiene color. Durante las últimas tres décadas, en Chile se ha sometido de forma sistemática a militantes, dirigentes y autoridades culturales del pueblo Mapuche a largos procesos judiciales que generalmente concluyen en absoluciones o sobreseimientos por falta de pruebas.

Sin embargo, estas causas, famosas por sus inconsistencias técnicas y sus vacíos legales, no tienen necesariamente la finalidad de condenar. Más bien, se busca neutralizar a los combatientes Mapuche, fatigar el movimiento de resistencia y forzarlo a disputar la agenda del gobierno.

Por lo anterior, podemos observar que la prisión política, si bien genera cohesión y ciertos niveles de aglutinamiento socio-comunitario inclusive entre sectores orgánicamente disímiles, presiona al movimiento de apoyo a concentrarse en objetivos inmediatos, descuidando generalmente los fines estratégicos. En este contexto, la liberación de los presos o el mejoramiento de sus condiciones carcelarias pasan a ser, con toda razón, prioridades indiscutibles. Quienes reditúan políticamente de tal situación son las clases dominantes al “mantener” los niveles de insubordinación Mapuche atomizados a un objetivo, aparentemente efímero, pero que requiere del despliegue de un amplio repertorio de alianzas, negociaciones y prácticas contestatarias. A su vez, las acciones en apoyo a los presos políticos y, particularmente, en torno a las huelgas de hambre son procesos emocional y materialmente desgastantes para un movimiento que no se caracteriza por tener extensas redes de solidaridad más allá del Wallmapu o recursos en abundancia.

No obstante, existen momentos de ruptura en los que el movimiento Mapuche marca el ritmo de la agenda y obliga al gobierno a negociar, tal como ha ocurrido durante las últimas semanas donde se han incrementado las acciones de sabotaje, las ocupaciones de espacios públicos y otras medidas de presión que han doblegado la indiferencia gubernamental.

La crueldad como dispositivo biopolítico contrainsurgente

La cárcel y las huelgas de hambre constituyen mecanismos disciplinarios sobre el sujeto y su cuerpo, que se extienden como un dispositivo de dolor a las familias y círculos cercanos que acompañan este proceso. A los ayunos líquido y seco que dejan secuelas crónicas en el organismo de quien la realiza, se suma el sufrimiento producido por las detenciones, los allanamientos y los largos procesos judiciales que derivan en la prisión.

En las últimas tres décadas, cientos de mujeres, hombres, ancianos, ancianas, niños y niñas han sufrido la violencia de estos mecanismos biopolíticos contrainsurgentes, que dejan huellas imborrables en sus vidas. A sus cortas edades, muchos pichikeche (niños y niñas) han pasado sus infancias en territorios militarizados, entre el hostigamiento policial y los lúgubres pasillos de los Tribunales de Justicia. En esta misma lógica, y sin desconocer la ayuda comunitaria que suele activarse, es importante mencionar que son generalmente las mujeres quienes cargan gran parte del esfuerzo en estos contextos, ya que además de cumplir jornada completa en los campamentos levantados rudimentariamente fuera de las cárceles, deben hacerse cargo del trabajo cotidiano en sus hogares y de las múltiples labores en sus respectivos lov y territorios.

A pesar de todo esto, la acción coercitiva de la estructura de poder conformada por las elites chilenas y transnacionales no logran doblegar la voluntad colectiva de los huelguistas. Los presos políticos Mapuche no están luchando por una demanda individual: la huelga de hambre con la que arriesgan sus vidas, busca reglamentar un marco jurídico mínimo para que la prisión política indígena en Chile deje de ser invisibilizada.

Desde sus celdas, los presos políticos Mapuche enfrentan todas las acciones represivas y niveles de la contrainsurgencia. A la violencia de los consorcios económicos, estructuras políticas, poderes judiciales y aparatos represivos, la combaten con afafanes (gritos de aliento), ceremonias y pequeñas muestras de solidaridad. Es una contienda desigual, sin lugar a dudas, pero dentro de todo lo desgarrador de este proceso, los presos políticos Mapuche encarnan la mayor expresión de dignidad humana posible: entregan su vitalidad y su newen (fuerza) para buscar la libertad de su pueblo.


1/ Texto en honor a la digna resistencia de los presos políticos Mapuche en huelga de hambre de la cárcel de Lebu: Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Tomás Antihuen, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura, Manuel Huichacura, Cesar Millanao, Orlando Saez, Damian Saez, Robison Parra, Oscar Pilquiman. A la vez, lo dedico con cariño a Kelüray y Külapañgi, semillas de rebeldía en el Lavkenmapu.

Edgars Martínez Navarrete es militante de la causa Mapuche autonomista, integrante de AUKIN y candidato a doctor en Antropología por el CIESAS-CDMX
Fuente: https://rebelion.org/la-prision-politica-mapuche-como-mecanismo-contrainsurgente/

Alternativas emancipatorias

Examinemos por qué es prioritario, abajo a la izquierda coherente con su común-ismo, esforzarnos en el viraje desde la convocatoria reformista del FIT-U a la pelea por derechos en el Congreso y las calles: hacia el involucramiento de una creciente mayoría en las existentes defensas y recuperaciones de territorios para liberarlos de los extractivismos rurourbanos o modos capitalistas de producción y mercantilización. Al respecto, reflexionemos sobre:

Acumulación, crisis y extractivismo

1 de noviembre de 2023

Por Santiago Díaz | La izquierda diario

El autor realiza un aporte al debate conceptual sobre el extractivismo valiéndose de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y de la teoría marxista de la dependencia. A su vez, polemiza con la expresión local de lo que denomina ecologismo reformista.

Introducción [1]

El presente trabajo busca aportar a la comprensión del extractivismo como un fenómeno inescindible de las relaciones sociales en las cuales emerge y se desarrolla. En este sentido, abundan las lecturas que, consciente o inconscientemente, abstraen la política extractivista de las coordenadas societales en las cuales se halla inscripta, a saber: el sistema capitalista.

Estamos convencidos que toda construcción discursiva, conlleva un «deber ser» que, explícita o implícitamente, puede ponerse en juego como estrategia de lucha política. Al ser la realidad la unidad de múltiples determinaciones, la creencia, en la autonomía –no tan relativa– del extractivismo con respecto al sistema económico que le dio origen, deriva en una «teoría del desacople» que pone a rodar un sistema de valoraciones que cifra sus esperanzas en salidas reformistas. Polemizando contra esta visión, abordaremos la problemática del extractivismo a través del lente marxiano, es decir, a partir de las complejas y sofisticadas categorías y leyes que Marx ha desarrollado a lo largo de su praxis político-intelectual; específicamente, trataremos de entender el extractivismo a partir de aquellas leyes que para Marx explican las crisis del capital.

Planteamos la hipótesis de que el extractivismo es parte central de un mecanismo de compensación que, a nivel internacional mitiga los efectos de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, mientras que, a nivel local contrabalancea las pérdidas de valor que sufren las burguesías de las llamadas economías dependientes. Siguiendo estas líneas de análisis, el presente texto busca demostrar que no hay salida a la problemática del extractivismo en los marcos del sistema actual.

La Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia

A medida que fue avanzando en el estudio y análisis de aquellos elementos y procedimientos sobre los cuales descansa la acumulación capitalista, Marx fue descubriendo leyes y tendencias inmanentes a los procesos de reproducción ampliada de capital. En este sentido, planteó que al tiempo que se desarrollaba el proceso de acumulación –necesariamente– se veía incrementada la productividad del trabajo. Esto es así porque el corazón del capitalismo esta signado por la maximización de los beneficios y la externalización de costos; para poder incrementar la ganancia los capitales individuales se ven obligados a competir a muerte en el mercado capitalista por la vía de una verdadera guerra comercial.

«La fuerza que da impulso a la actividad capitalista es el deseo de ganancias, lo que obliga a cada capitalista individual a dar la batalla en dos frentes: en el proceso de trabajo, contra los trabajadores durante la producción de plusvalía, y en el proceso de circulación, contra otros capitalistas, durante la realización de la plusvalía en forma de ganancias. En el enfrentamiento con el trabajo, la mecanización aparece como la forma más eficaz para incrementar la producción de plusvalía, mientras en el enfrentamiento con otros capitalistas, la reducción de los costos unitarios de producción por unidad (precios de costo unitarios) surge como principal arma para la competencia. (Shaikh, 1990, p.54)»

El capitalismo es un sistema en el cual los productores individuales se hallan aislados por la propiedad privada de sus medios de producción y solo pueden garantizar su supervivencia por la vía de arribar al mercado con el precio más bajo, es decir, compitiendo. Resulta fundamental, en este punto, entender que la lucha de la competencia capitalista se libra con el bagaje de las armas proporcionadas por la técnica, (Moral Santín, 1986). Aquellos capitales que logren introducir innovaciones tecnológicas en los métodos de producción, podrán vender sus mercancías por debajo del precio de mercado, pero por encima de su precio individual de producción obteniendo, de esta manera, una ganancia extraordinaria.

El torbellino de la cruda competencia al que son arrastrados los capitalistas por la lógica individual de la ganancia es uno de los elementos que –irónicamente– más ha logrado expandir las fuerzas productivas a nivel mundial, y al mismo tiempo, el que más nos está acercando a la destrucción masiva de la humanidad. Como acertadamente señala el profesor Ariel Petruccelli (2022), «la dinámica intrínseca de las relaciones capitalistas de producción conlleva una pulsión hacia el crecimiento económico, lo que tiene evidentemente límites en un planeta que es finito» (p. 2).

El desarrollo descontrolado de las fuerzas productivas en el marco de relaciones sociales de producción capitalistas tiene como resultado una dinámica destructiva que todo lo engulle y todo lo devora, en la senda del beneficio individual. Es ésta la lógica autofágica del capital.

Ahora bien, en la necesidad imperiosa de ir aumentando progresivamente la productividad, como despliegue estratégico de los capitales individuales en el fragor de la batalla intercapitalista, aumentan –relativamente– las proporciones de capital constante en relación al capital variable. «Es una ley de la producción capitalista el que, conforme va desarrollándose, decrezca en términos relativos el capital variable con respecto al constante, y, por consiguiente, en proporción a todo el capital puesto en movimiento» (Marx, 1959, p. 214). He aquí el principio que rige la acumulación de capital. Este incremento gradual del capital constante en relación al capital variable (coincidente con un aumento progresivo de la composición orgánica del capital), tiene como correlato, un descenso gradual de la tasa general de ganancia, aunque permanezca invariable e incluso aumente [2]. el grado de explotación del trabajo. Entonces, un efecto necesariamente derivado de la naturaleza del régimen capitalista es que, a medida que se desarrolla, la tasa general media de plusvalía tiene que traducirse en una tasa general de ganancia decreciente, y esto, explica las sucesivas crisis que sacuden al conjunto de la humanidad en el sistema capitalista.

«Como la masa de trabajo vivo empleada disminuye constantemente en relación a la masa del trabajo materializado, de medios de producción consumidos productivamente que pone en movimiento, es lógico que la parte de este trabajo vivo…guarde una proporción constantemente decreciente con el volumen de valor del capital total invertido. Y esta proporción entre la masa de plusvalía y el valor del capital total empleado constituye la cuota de ganancia, la cual tiene, por lo tanto, que disminuir constantemente. (Marx, 1959, p.215)»

La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia (en adelante, LTDTG) no excluye en modo alguno, la posibilidad de que aumente la masa absoluta de plusvalía apropiada por el capital. Incluso la masa de ganancia puede aumentar cuando se esté dando un descenso fenomenal en la tasa general de ganancia como resultado de la disminución de la proporción del capital variable con respecto al capital constante. En este sentido, Marx plantea que se trata una ley de «doble filo», ya que, por un lado, mientras desciende la tasa de ganancia, por el otro, aumenta la masa de ganancia. Sin embargo, como la elevación en la composición orgánica del capital hace que una cantidad cada vez menor de trabajo vivo ponga en movimiento una cantidad cada vez mayor de medios de producción, resulta que cada parte alícuota del producto total, absorbe menos trabajo vivo, ergo, menos trabajo no retribuido. «A medida que se acentúa… en proporciones enormes el descenso absoluto de la suma de trabajo vivo añadido a cada mercancía, disminuirá también la masa de plusvalía que en ella se contiene, (Marx, 1959, p.226)». Llegado un punto, la prolongada caída de la tasa de ganancia estrangula la masa de ganancia y se produce el giro de la economía a la crisis, con sus efectos ya conocidos: superproducción, sobreacumulación, desvalorización de capitales, recesión, destrucción de fuerzas productivas, etc. «La tasa decreciente de ganancias conduce a una crisis generalizada por medio de su efecto sobre la masa de ganancias», (Shaikh, 1990, p.55). En su punto más bajo, la caída de la tasa de ganancia conduce a una desaceleración en el aumento de la masa de ganancia, hasta el escenario en que no hay suficiente plusvalía para sostener la reproducción ampliada de capital, (Roberts, 2021). «…una tasa de ganancias decreciente debilita progresivamente el incentivo para la acumulación y, al descender ésta, el efecto negativo empieza a dar alcance al efecto positivo hasta que, en un momento determinado, la masa total de ganancias empieza a estancarse, (Shaikh, 1990, p. 56). Hay que destacar que el proceso mencionado supone una «onda larga» en la masa de ganancias, que al principio se acelera, luego se desacelera, se estanca y, finalmente, se hunde en la crisis.

La LTDTG emana de aquellas regiones con mayores niveles de productividad y composición orgánica del capital: los grandes centros de la economía mundial y, se expande hacia la periferia, con desarrollos y efectos diferenciales. Sin embargo, Marx le otorga un rol fundamental al comercio exterior, y, por tanto, a la periferia como fuerza contrarrestaste de la caída tendencial de la tasa de ganancia en las formaciones sociales más desarrolladas.

Las cadenas de la dependencia

En el Tomo III de El Capital, Marx hace referencia al Comercio Exterior, como una de las fuerzas que contrarrestan la caída de la tasa de ganancia. La necesidad de los capitales de las grandes metrópolis de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia en sus territorios ubica a nuestra región en un lugar fundamental en el esquema de apropiación de excedentes por parte de las economías centrales. En efecto, estas economías históricamente han logrado desarrollar las condiciones para apropiarse de parte de la riqueza social generada en otras latitudes. En el régimen de producción capitalista se operan, en el ámbito de la circulación, transferencias de valor entre países con distintos niveles de productividad como resultado de diferentes grados en la composición orgánica del capital.

Este aspecto, de transferencias de valor entre diversas formaciones sociales, fue ampliamente estudiado durante los años 60 en nuestra región por aquellos intelectuales encuadrados en lo que se conoció como la Teoría Marxista de la Dependencia, en adelante TMD. Hablamos de pensadores tales como: André Gunder Frank [3], Vania Bambirra, Theotonio dos Santos, y, muy especialmente, Ruy Mauro Marini. El objetivo de este grupo de pensadores fue tratar de dar cuenta de la especificidad de las economías latinoamericanas desde una perspectiva crítica de la economía política. En este sentido, se despegaron de aquellos marxistas que ejercían una suerte de «aplicacionismo» de la teoría marxiana y, al contrario, propusieron una visión que no fuera «ni calco ni copia», sino creación heroica.

De acuerdo a Jaime Osorio (2016), la TMD es el resultado de una serie de rupturas teóricas operadas en torno a diversas problematizaciones acerca de la cuestión del subdesarrollo y, fundamentalmente, del carácter dependiente del capitalismo periférico. En efecto, la noción de dependencia constituye, en ese período, una suerte de marco maestro que instala un campo de problemáticas en común, (Svampa, 2016). Inicialmente, tuvo lugar una primera ruptura teórica encabezada por la CEPAL, con respecto a las concepciones clásicas del comercio internacional basadas en la noción ricardiana de las ventajas comparativas y su recetario tradicional tendiente a la especialización productiva en bienes primarios. En esta polémica, fueron decisivos los aportes del llamado estructuralismo latinoamericano en torno a la idea de una economía internacional conformada por centros y periferias, en la cual actúan mecanismos y esquemas que tienden a reproducir las asimetrías: es central aquí la noción del deterioro de los términos de intercambio, luego volveremos sobre ella. En este período, y con diagnóstico en mano, la CEPAL va a apuntalar en términos teóricos los incipientes procesos de industrialización por sustitución de importaciones emergentes en algunos países de la región, como vía para resolver el atraso y la dependencia. A poco caminar y de cara al fracaso de la industrialización como proyecto para hacer frente al subdesarrollo, se le imputaría –correctamente– a la CEPAL, el haber caído en una visión «exogenista», es decir, una perspectiva que ubica las limitaciones al desarrollo prioritariamente en el plano externo y no tiende a problematizar los procesos internos de las sociedades latinoamericanas. Es claro en este punto, como menciona Osorio (2016), que las burguesías vernáculas permanecieran indemnes en el esquema teórico cepalino. La segunda ruptura teórica sobreviene con la publicación en 1969 del libro Dependencia y desarrollo en América Latina, escrito en co-autoría por Fernando Cardoso y Enzo Faletto, (aunque luego se abrió una polémica en torno a esto). Este texto fue un parteaguas en la visión que se tenía hasta el momento acerca del subdesarrollo, dando lugar a una surte de «giro copernicano», en el cual la dependencia no se reducirá solo a factores de tipo externos, sino que, comenzará a problematizarse el rol que juega la estructura interna de las sociedades latinoamericanas en la llamada «situación de dependencia». Si bien las aportaciones de Cardoso y Faletto fueron fundamentales a la hora de repensar la dependencia luego de la debacle cepalina, algunos autores coinciden que su trabajo no logró desprenderse del todo de cierto weberianismo presente en su obra [4]. Es en este sentido, que hay quienes plantean que es falso que Cardoso se haya desecho de sus libros al llegar al Palacio de Planalto, o una disociación radical entre lo que primero escribió y lo que luego realizó; hubo continuidad de pensamiento.

Finalmente, la tercera ruptura teórica, aquella con la cual emerge la TMD, si bien reconoce antecedentes importantes en las obras de Sergio Bagú, Luis Vitale, Rodolfo Stavenhagen, etc., (textos que negaban el carácter feudal de América Latina y ya deslizaban la idea de un capitalismo de tipo sui generis) no se va a producir hasta la publicación de Dialéctica de la Dependencia, libro escrito por Ruy Mauro Marini [5]. Este texto sentará las bases de una interpretación materialista del fenómeno de la dependencia, sus fundamentos comenzarían a ser analizados a la luz de aquellas leyes y tendencias que explican la conformación de una modalidad de acumulación de capital particular en América Latina. El desarrollo desigual y combinado va a da lugar a la constitución de un capitalismo sui generis: el latinoamericano. Marini va aportar dos categorías esenciales a la hora de comprender las particularidades del capitalismo latinoamericano: el intercambio desigual y la superexplotación de la fuerza de trabajo. En primer lugar, hay que señalar que, para Marini, la forma histórica de inserción subordinada de América Latina en la división internacional del trabajo forjada en el siglo XIX, se da bajo la figura de proveedores de materias primas a los centros de la economía capitalista (específicamente, Inglaterra), con el objetivo de apuntalar en estas formaciones sociales un cambio del eje de acumulación: de la producción de formas de plusvalía absoluta a relativa. Este esquema, «determinara el curso del desarrollo ulterior de la región» (Marini, 1991, p.8). En este sentido, se va a ir consolidando en nuestra región una matriz dependiente caracterizada por una relación de subordinación entre países formalmente independientes. Retomando a Marx, pero anclándolo a la realidad latinoamericana, Marini va a señalar que existe una contradicción crucial para la acumulación capitalista, y es que, a medida que se elevan los niveles de productividad como resultado de una mayor composición técnica y orgánica del capital, vinculada a la necesidad de obtención de plusvalías extraordinarias, la tasa de ganancia tiende a decrecer [6].

Asimismo, existen fuerzas contrarrestantes que operan en sentido contrario a la LTDTG, y que le permiten al capital entorpecer o detener –al menos por un tiempo– la caída. Léase bien: contrarrestan, entorpecen, anulan, pero solo de manera momentánea la caída, de ninguna forma la detienen indefinidamente. Uno de estos mecanismos Marx lo sitúa en el Comercio Exterior, «Cuando el comercio exterior abarata los elementos del capital constante o los medios de subsistencia de primera necesidad en que se invierte el capital variable, contribuye a hacer que aumente la cuota de ganancia, al elevar la cuota de plusvalía y reducir el valor del capital constante», (Marx, 1959, p.236). Mediante el creciente envío de materias primas –extractivismo mediante– el capitalismo latinoamericano contribuye a ralentizar la caída de la tasa de ganancia en las economías centrales. Sin embargo, señala Marini, este es solo un aspecto del problema. En este punto, va a analizar la noción cepalina del deterioro de los términos de intercambio bajo la lupa marxiana, es decir, a través de la ley del valor. La CEPAL, planteaba que los precios de los bienes exportados por la periferia (bienes primarios), tendían a descender relativamente, frente a la elevación, también relativa, de los precios de los bienes exportados por el centro, (bienes industriales). Esta idea, correcta en el plano de las apariencias, encierra un conjunto de problemas al no dar con la esencia del fenómeno. En efecto, Ocampo y Parra (2003), luego de un examen detallado de la evolución de los términos de intercambio entre productos básicos y manufacturas en los años 1900 a 2000, concluyen que para finales del siglo XX las materias primas habían perdido entre el 50% y el 60% del valor relativo que tenían frente a las manufacturas hasta la década de 1920. Es decir, si bien en apariencia, la constatación de la desvalorización relativa de los precios de bienes primarios es correcta, es necesario avanzar en la comprensión de aquellas determinaciones profundas que explican estas asimetrías en el comercio internacional de mercancías. En la práctica del intercambio mercantil, se observa la existencia de diversos mecanismos que permiten procesos de transferencia de valor. De acuerdo a Marini, hay que distinguir aquellos que operan en el interior de una misma esfera de producción (intrasectorial), de los que operan en el marco de distintas esferas o ramas de la producción, (intersectorial). No es el propósito de este escrito profundizar en el análisis de cada uno de estos mecanismos, nos bastará con señalar de modo general algunos aspectos centrales para nuestro objetivo.

En condiciones de intercambio mercantil signadas por diferencias de productividad entre formaciones sociales, como resultado –a su vez– de distintos niveles de composición técnica y orgánica del capital, se operan transferencias de valor vía precios. Como bien señala Marx, «Los capitales invertidos en el comercio exterior pueden arrojar una cuota de ganancia más alta…al competir con mercancías que otros países fabrican con menor facilidad, lo que permite al país más adelantado vender sus mercancías por encima de su valor, (Marx, 1959, p.237). Así el país más atrasado pueda comprar mercancías más baratas de lo que puede producirlas, Marx señala que puede ocurrir, que este país esté entregando más trabajo del que recibe [7]. Aunque el objetivo de lograr una mayor productividad consiste en reducir los valores unitarios de las mercancías, éstas son vendidas en el mercado mundial por encima de su valor, esta venta por encima del valor individual de mercancía, tiene como corolario la exacción de parte del valor producido en las economías dependientes. «El país favorecido obtiene en el intercambio una cantidad mayor de trabajo que la que entrega, aunque la diferencia, el superávit, se lo embolse una determinada clase, como ocurre con el intercambio entre capital y trabajo en general, (Marx, 1959, p.238)». Se reproduce una dialéctica de producción/apropiación de valor en la cual las economías dependientes no llegan a apropiarse de todo el excedente que generan, fortaleciendo las dinámicas de acumulación de las economías centrales. De este modo, se torna comprensible que para los capitales de las economías más avanzadas sea menester redoblar la expoliación de la periferia con el objetivo de ralentizar la caída tendencial de la tasa de ganancia en sus formaciones sociales. Diremos, al pasar, que existen otros mecanismos de transferencia de valor entre economías centrales y dependientes, tales como: la repatriación de ganancias por inversiones extranjeras directas (IED) [8], la pesadilla del endeudamiento externo como mecanismo neocolonial de dominación financiera [9], etc. (…)

Analicemos por qué rechazar el antiimperialismo como lo medular para nuestra emancipación de la opresión-represión como plantea Claudio Katz, quien hace décadas desorienta en soluciones a los problemas fundamentales:

(…)Finalmente, Marini plantea que esta pérdida progresiva y sistemática de valor que sufren los capitales de las economías dependientes, obliga a las burguesías regionales a hacerse de mecanismos tendientes a compensar la sangría de riqueza social que emana de la periferia al centro. De esta manera, los capitales vernáculos, en la necesidad de incrementar la masa de valor producida, redoblan la explotación sobre la fuerza de trabajo local, dando lugar a lo que Marini llamó, la superexplotación de la fuerza de trabajo [10]. Siguiendo esta línea de análisis, nos resulta sumamente sugerente la noción de superexplotación de la naturaleza propuesta por Féliz & Haro (2018), para dar cuenta de cómo la superexplotación de la fuerza de trabajo es complementaria y solidaria, en estas latitudes, a la superexplotación de la naturaleza [11]. Así, buscamos entender al extractivismo como parte central de un mecanismo de compensación que, por un lado, mitiga los efectos de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en los países centrales, mientras que, por el otro, a nivel local contrabalancea las pérdidas de valor que sufren las burguesías de las llamadas economías dependientes. De esta forma, tanto el imperialismo como las llamadas burguesías nacionales se hayan coaligadas en la superexplotación de la fuerza de trabajo y la naturaleza.

En busca del imán perdido

Luego de todo lo señalado hasta el momento, creemos que estamos en condiciones de aproximarnos a la crítica de ciertas concepciones que plantean una «salida» a la dependencia y el extractivismo, dentro de los estrechos márgenes de las relaciones sociales de producción capitalistas. Nos proponemos debatir con aquellos intelectuales que han logrado abrir una veta interesante en los debates en torno a la cuestión ambiental logrando, incluso, irradiar al complejo campo de acción de diversas Asambleas por el Agua y por la Vida de distintos puntos del país: estamos hablando de Maristella Svampa y Enrique Viale.

Sus aportaciones vinculadas al desenmascaramiento de la política neoextractivista de los gobiernos progresistas, y sus consecuencias ambientales, les han valido, sobre todo a Svampa, fuertes críticas e impugnaciones por parte de las usinas de la intelectualidad progresista, que no ve con buenos ojos a quienes realizan cuestionamientos por izquierda a sus gobiernos. Empero, y a partir de todo lo expuesto hasta el momento, creemos que la falta de una caracterización científica en el análisis de los mecanismos y procedimientos sobre los cuales descansa la acumulación de capital y, sus consabidas contradicciones, los ha conducido al diseño de «brújulas desimantadas» que nos proponen falsas soluciones al problema del saqueo de nuestros bienes naturales y sus efectos ambientales.

La comprensión del extractivismo como parte central de un mecanismo de compensación que, por un lado, mitiga los efectos de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en los países centrales, mientras que, por el otro, a nivel local contrabalancea las pérdidas de valor que sufren las burguesías de las llamadas economías dependientes, es fundamental a la hora de realizar un diagnóstico y una caracterización adecuadas de cuáles son las tareas a definir y realizar para la liquidación de la expoliación y el saqueo de nuestros bienes naturales comunes. Decir que, «en el actual contexto, el extractivismo debe ser entendido como un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales –en gran parte no renovables–, y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como «improductivos», (Svampa & Viale, 2014, p.16); es importante, pero no alcanza. Debemos situar el fenómeno del extractivismo en sus justas coordenadas: el capitalismo dependiente.

En su último libro (Svampa y Viale, 2020), en el cual ensayan salidas al problema del colapso ambiental y el extractivismo, los autores señalan,

«Con todo lo horroroso que trajo, la crisis [12] abrió un portal desde el cual se torno posible aquello que hace poco tiempo se consideraba inviable, activó el «principio esperanza» en clave mayor. En esta línea comenzaron a circular diferentes propuestas globales y nacionales, que en el Sur adoptaron el nombre de Pactos Ecosociales y Económicos y el en Norte, Green New Deal. (p. 264)»

La referencia al Green New Deal no es azarosa, claramente entronca, como bien explican los autores, con el conjunto de políticas llevadas adelante en los Estados Unidos en la década del 30 por el entonces presidente Franklin D. Roosevelt. Aquí emerge una primera cuestión soslayada en el escrito, y es que el llamado New Deal constituyó la respuesta del capital norteamericano a la enorme crisis económica que tuvo su epítome en el famoso Crack del 29, la peor debacle de la historia de Wall Street, y, que, arrastró al conjunto de la economía mundial a la recesión generalizada. Pero, sobre todo, y, en este escenario dramático de elevada inestabilidad y fuerte volatilidad, se trató de una reacción articulada de las clases dominantes frente al avance de una perspectiva comunista en la clase obrera norteamericana. (…)

VEAMOS LA IMPORTANCIA QUE LA UNIÓN DE ASAMBLEAS DE LAS COMUNIDADES (UAC) POR LA VIDA CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN SE DEFINA ANTICAPITALISTA-ANTICOLONIAL A CONSECUENCIA DE REVISIÓN CRÍTICA DE SUS RESISTENCIAS AL CAPITAL Y SU ESTADO EN SUS DISTINTAS INSTANCIAS.

(…) El New Deal que impuso un nuevo rol al Estado con el objetivo de socorrer de la bancarrota a los grandes monopolios, pronto tuvo que lidiar con un ciclo ascendente de lucha de clases, cuyos hitos decisivos fueron las grandes huelgas de 1934, (Bosch, 2009). En este escenario de defensiva del capital, probablemente, el único momento en la historia del capitalismo en el cual éste se halló a la defensiva y debió ensayar formas refinadas de regulación de la conflictividad social frente al avance del marxismo, es que se otorgaron ciertas concesiones a la clase obrera. Siguiendo esta línea de análisis y, anclado en la realidad social argentina, el programa de reformas para la «salida» del extractivismo y el inminente colapso ecológico, tomaría la forma –para los autores– de una suerte de «peronismo verde», (Svampa & Viale, 2020).

Nuevamente se soslaya aquí –al igual que con el New Deal– la significación histórica del fenómeno social, es decir, su lugar a la luz de las relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clases. Daniel James (2010), reconocido peronólogo, supo caracterizar al peronismo como un experimento social de desmovilización pasiva [13], poniendo de relieve uno de sus elementos constitutivos: la contención, canalización y domesticación de la movilización obrera, ejerciendo un macartismo de hecho que se va a ver visto exacerbado en la política represiva del último gobierno de Perón, incluso durante el cual, la otrora «juventud maravillosa» de las formaciones especiales va a pasar a convertirse en los «infiltrados marxistas» en el movimiento [14].

Por otra parte, y, junto al paquete programático [15]. que esgrimen los autores para salir del (mal)desarrollo, se vislumbra el surgimiento de un nuevo sujeto.

«Durante mucho tiempo, en Occidente, la historia de las luchas y formas de resistencia colectivas estuvieron asociadas a las estructuras organizativas de la clase obrera, entendida como actor privilegiado del cambio histórico…sin embargo, a partir de 1960, la multiplicación de las esferas de conflicto, los cambios en las clases populares y la consiguiente pérdida de centralidad del conflicto industrial pusieron de manifiesto la necesidad de ampliar las definiciones y las categorías analíticas. (Svampa & Viale, 2020, p. 33)»

Sigue,

«En este marco, fueron comprendidos los nacientes movimientos ecologistas o ambientales que -junto con los movimientos feministas, pacifistas y estudiantiles- ilustraban la emergencia de nuevas coordenadas culturales y políticas. Estos movimientos aparecían como portadores de nuevas prácticas orientadas al desarrollo de formas organizativas más flexibles y democráticas, que cuestionaban los estilos de construcción política de la socialdemocracia (y sus poderosos sindicatos), como asimismo aquellos procedentes del modelo leninista (el centralismo democrático), asociados a los partidos de izquierda. (Svampa & Viale, 2020, p. 34)»

Vemos como, sobre un fondo con contornos autonomistas se sobreimprime la caracterización del nuevo sujeto del ecologismo reformista. De un plumazo desaparece de la escena política y social la clase trabajadora y la distinción entre explotadores y explotados. Creemos que, esta operación de descentramiento de la clase obrera, unida a la crítica de sus formas organizativas tradicionales (especialmente, la que corresponde a los partidos de izquierda), es claramente deudora del pensamiento de Toni Negri [16], en el cual se ensaya el pasaje de la clase trabajadora a categorías más laxas y ambiguas, como la de multitud, de matriz policlasista.

Se trata de un capítulo más en la larga historia de los intentos de las metafísicas-post, de fragmentar y dispersar el universo del pensamiento político y la acción social, dando lugar a un racimo de lógicas políticas disímiles con lenguajes recíprocamente intraducibles, cuyo corolario radica en la imposibilidad de articular una ofensiva de conjunto que barra con las relaciones de explotación actuales.

«Una de las razones más poderosas que nos motivó a escribir este libro fue la irrupción de la juventud, que recientemente se sumó a la lucha socioambiental…en nuestro país, cuatro jóvenes egresados de ORT, una reconocida escuela de la Ciudad de Buenos Aires, fundaron el colectivo Jóvenes por el Clima Argentina, en tanto otras iniciativas locales se sumaron a Fridays for Future y sus rondas de los viernes frente al Congreso Nacional. (Svampa & Viale, 2020, p. 14)

Así, la irrupción de los jóvenes en la lucha ecológica y climática generó en nosotros una gran esperanza, no solo por la potencia de su reclamo sino también porque renueva y oxigena al movimiento ecologista. Por eso, desde fines de 2019, decidimos entablar un diálogo intergeneracional en el que participan buena parte de las organizaciones mencionadas. (Svampa & Viale, 2020, p. 15)»

Sin embargo, los devenires de esta «juventud maravillosa» retratada por Svampa & Viale, están siendo sacudidos por los vientos huracanados de la ambigüedad y, muchas veces, el oportunismo político. La agenda de sus principales dirigentes (que los hay, a pesar de la apelación a modalidades de construcción de organización más laxas y «horizontales»), oscila entre poder conjugar, por un lado, el apoyo explícito a los gobiernos progresistas en la región [17] , [18], y sus proyectos ampliamente vinculados a una lógica neoextractivista, y, por el otro, tratar –en ese marco– de incorporar, mediante la táctica del lobby parlamentario, pequeñas reformas de corte ambiental. Es así, que la crítica al extractivismo se inscribe, para estas organizaciones, en un espacio de geometría variable. Las expectativas depositadas en estas organizaciones y, el posterior derrotero de las mismas, es sintomático de las confusas aguas en las que naufraga la teoría de Svampa y Viale.

Conclusiones

Los principios que rigen la acumulación de capital a escala global exigen que cada capitalista, en la pugna por ingerir porciones cada vez mayores de trabajo no retribuido, eleve la composición orgánica de su capital para así poder obtener mayores niveles de productividad del trabajo. Es en este proceso que, de cara al aumento relativo de la proporción de capital constante en relación al capital variable, se produce la caída tendencial de la tasa de ganancia, causa fundamental de las crisis capitalistas. Sin embargo, lejos de derivar de esta tendencia una lectura catastrofista que augure la bancarrota del capital, entendemos a las crisis como el botón de reinicio de la acumulación, momento en el cual la misma debe ser relanzada sobre nuevas bases. En este punto, de reset de la acumulación de capital, Marx plantea que es central la elevación de la explotación del trabajo. Creemos, además, que, para evitar, al menos momentáneamente, la caída de la tasa de ganancia, es necesaria –y solidaria a la explotación del trabajo– la explotación de la naturaleza, que en nuestras latitudes –dependencia mediante– toma la forma de superexplotación de los bienes naturales comunes o extractivismo redoblado. De esta manera y, siguiendo a Marini (1991), entendemos que la liquidación de aquellos mecanismos y procedimientos inherentes a la acumulación de capital, supone –necesariamente–, la supresión de las relaciones de producción que los encuadra. Esta perspectiva, que podría tildarse de obsoleta y anacrónica, ya que, como algunos pensadores dicen, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, podría ser la única salida realmente existente a la destrucción de la naturaleza y sus devastadoras consecuencias para el conjunto de la humanidad. En sintonía, afirma Petruccelli (2022),

Que esto parecerá a mucha gente cosa pasada de moda, no hay cómo dudarlo. Pero no deberíamos orientarnos en base a las modas. Sobre todo, cuando caemos en la cuenta que los mega-ricos que pagaron una fortuna para hablar con Douglas Rushkoff [19], le hicieron preguntas del siguiente tenor: «¿Cómo conseguiré imponer mi autoridad sobre mi guardia de seguridad después del acontecimiento?». Si estos indigentes intelectuales hubieran leído a clásicos como Catón o Columela, ya hubieran tenido respuestas suficientes (y se hubieran ahorrado unos mangos). Tanto para lo bueno como para lo malo, las mejores respuestas suelen estar en los clásicos. (p. 4)

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Notas:

[1] Este artículo fue publicado originalmente en el sitio Espai Marx, donde puede consultarse en su versión completa.

[2] «Por consiguiente, en este respecto la compensación del menor número de obreros por el aumento del grado de explotación del trabajo tropieza con ciertos límites insuperables, puede, por tanto, entorpecer la baja de la tasa de ganancia, pero no anularla (Marx, 1959, p. 246). Dos obreros trabajando doce horas diarias, aún suponiendo que no exista trabajo necesario, no pueden suministrar la misma masa de plusvalía que 24 trabajando dos horas diarias cada uno

[3] No obviamos la polémica que existe en torno a este autor y su incorporación a la TMD, sin embargo, creemos que, sin haber podido desarrollar análisis del tenor y la precisión teórica que caracterizaron al resto de los miembros de la TMD, sí supo sentar las bases de una interpretación radical del fenómeno de la dependencia.

[4] Véase, Carcanholo, M. (2017). Dependencia, superexplotación del trabajo y crisis. Madrid: MAIA Ediciones.

[5] Editado por Era, México, en 1973.

[6] Este fenómeno inmanente a la acumulación de capital, fue ampliamente abordado en la primera parte de este artículo.

[7] Al analizar la transición al capitalismo de países como Japón y Rusia, Mandel (1979), señala, «El intercambio de mercancías producidas en condiciones de una productividad del trabajo más alta por mercancías producidas en condiciones de productividad del trabajo más baja era un intercambio desigual; era un intercambio de menos por más trabajo, que inevitablemente condujo a una erosión, un flujo de valor y capital de estos países hacia los países de Europa occidental», (p. 54).

[8] «En 2014 las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe alcanzó los 158.803 millones de dólares. Los beneficios obtenidos por las empresas transnacionales solo en ese año en la región alcanzaron los 103.877, millones de dólares…Estas empresas suelen reinvertir alrededor del 50% de sus beneficios, por lo que extraen de la región el otro 50%», (Osorio, 2016, p.308).

[9] «Al aumentar las exportaciones, y sobre todo a partir del momento en que el comercio exterior comienza a arrojar saldos positivos, el papel de la deuda externa pasa a ser el de transferir hacia la metrópoli parte del excedente obtenido en América Latina. El caso de Brasil es revelador: a partir de la década de 1860, cuando los saldos de la balanza comercial se vuelven cada vez más importantes, el servicio de la deuda externa aumenta: del 50% que representaba sobre ese saldo en los sesentas, se eleva al 99% en la década siguiente», en Nelson Werneck Sodré, Formação histórica do Brasil. Ed. Brasiliense, Sáo Paulo, 1964, p.34, citado por Marini, Dialéctica de la Dependencia, op. cit., p. 7.

[10] Este mecanismo de exacción de plusvalor implica en los hechos la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor.

[11] Sin embargo, creemos que se trata de un concepto aún en desarrollo, todavía hace falta el despliegue de un proceso de profundización teórico-conceptual para establecer tanto sus alcances como sus limitaciones.

[12] Se está haciendo referencia a la última pandemia mundial causada por el virus SARS-CoV-2.

[13] «Considerado bajo esta luz el peronismo fue en cierto sentido, para los trabajadores, un experimento social de desmovilización pasiva. En su retórica oficial puso cada vez más de relieve la movilización controlada y limitada de los trabajadores bajo la tutela del Estado. El propio Perón se refirió con frecuencia a su preocupación por los peligros de las «masas desorganizadas», y en la situación peronista ideal los sindicatos debían actuar en gran medida como instrumentos del Estado para movilizar y controlar a los trabajadores. Este aspecto cooptativo del experimento peronista se reflejo en la consigna fundamental dirigida por el Estado a los trabajadores en la época de Perón para exhortarlos a conducirse pacíficamente: De casa al trabajo, y del trabajo a casa», (Daniel James, 2010, p. 51).

[14] Véase el excelente trabajo de Marina Franco, «La depuración interna del peronismo como parte del proceso de construcción del terror de Estado en la Argentina en la década del 70», A Contracorriente: Revista de Historia Social y Literatura en América Latina, ISSN-e 1548-7083, Vol. 8, N.º. 3, 2011, págs. 23-54.

[15] Éste contaría con 5 (cinco) puntos fundamentales: ingreso universal, reforma tributaria progresiva, suspensión del pago y auditoría de la deuda externa, paradigma del cuidado y la transición a un paradigma energético renovable. De todos estos ejes, que deberían ser puestos en discusión uno por uno, aquel que tiene que ver con la suspensión y auditoría de la deuda externa, nos parece lo más interesante del planteo programático de los autores; empero, creemos que se queda a medio caminar, es decir, si la suspensión del pago de la deuda externa -en tanto mecanismo neocolonial de dominación financiera- no va acompañada de medidas de fondo tales como la estatización de la banca y la nacionalización del comercio exterior, no hay forma de frenar la enorme sangría de divisas que sobrevendría al poco tiempo. En suma, se trata de un paquete de medidas interesantes, pero, en esencia, reformista; incapaz de barrer los lastres de la dependencia y el extractivismo

[16] Véase, Negri, A. & Hardt, M., (2007). Imperio. Ed. PAIDÓS.

[17] Véase, https://www.anred.org/2022/05/04/rechazan-la-mesa-nacional-sobre-mineria-abierta-a-la-comunidad-el-unico-objetivo-es-romper-las-resistencias-territoriales/

[18] Véase, https://agenciapresentes.org/2022/02/03/como-construir-un-ambientalismo-soberano-y-popular/

[19] Petruccelli está haciendo referencia a una reunión que se produjo entre los cinco super-millonarios más ricos del mundo y Douglas Rushkoff, experto en cultura tecnológica. Reunión en la cual, las preguntas de los supermillonarios gravitaban en torno a cómo actuar luego de lo que ellos denominaban «el acontecimiento»; el colapso civilizatorio en ciernes.

Santiago Díaz. Profesor de Geografía, Universidad Nacional del Comahue.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Acumulacion-crisis-y-extractivismo