La lógica y el lenguaje del Capital dominan, hasta a las izquierdas, conciliando con:

Qué Sistema

En aceleración e intensificación del exterminio de la vida humana/no humana y de las condiciones de su existencia planetaria para el acaparamiento de territorios por el 2%.

Conciliación de clases/
Concentración y centralización capitalista/ Alternativas emancipatorias

Conciliación de clases

Consideremos cómo dominan la lógica y el lenguaje del Capital que se le exige a llamada Comunidad Internacional actúe frenando el genocidio palestino por Israel sin tampoco atribuirlo a EE.UU. que es su principal promotor.

Reflexionemos sobre qué se denuncia y se propone desde quienes asumiendo verdadero y concreto humanismo han independizado su obrar del sistema vigente.

El lucro del genocidio:
los países de la UE ponen la logística,
Estados Unidos las armas 

Las bases de datos de WhoProfits y del American Friends Service Committe permiten examinar la vinculación de empresas y fondos de inversión con la operación de limpieza étnica y exterminio llevada a cabo por Israel. A finales de junio del 2025, Francesca Albanese emitió un informe sobre la participación de las principales empresas involucradas en la economía de la ocupación y del genocidio palestino. En ese informe se citaron tres fuentes de organizaciones de la sociedad civil cuyas bases de datos (…)

Fuente: https://info.nodo50.org/El-lucro-del-genocidio-los-paises-de-la-UE-ponen-la-logistica-Estados-Unidos.html

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El Informe Albanese denuncia ante la ONU a las empresas
que han lucrado con el exterminio en Gaza.

Por Pablo Elorduy/El Salto Diario.

La relatora presenta un informe al Consejo de Derechos Humanos en el que detalla la responsabilidad de decenas de empresas en las políticas de ocupación, apartheid y genocidio que está llevando a cabo Israel en Palestina.

Con nombres y apellidos. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, hizo público ayer, 1 de julio, su informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, donde detalla qué empresas han cooperado con la ocupación de territorios en Cisjordania y el genocidio en curso que Israel está cometiendo en el territorio de Gaza. Está previsto que lo presente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo jueves, en una sesión que será retransmitida en directo.

Albanese ha subrayado la complicidad de fabricantes de armas, empresas tecnológicas, constructoras, bancos y universidades, en la economía de ocupación, apartheid y genocidio generada por Israel en Palestina.

No están todos los que son, pero sí son todos los que están, resuelve esta relatora, que reconoce que su detallado informe “constituye solo una fracción de una estructura mucho más profunda de participación corporativa” con el sistema de apartheid que ha llevado al exterminio desde hace más de 20 meses. (…)

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2025/07/12/palestina-el-informe-albanese-denuncia-ante-la-onu-a-las-empresas-que-lucran-del-exterminio-en-gaza/

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Derecho internacional

El Informe Albanese: neutralizar la impunidad,
reinterpretar el derecho

Pedro Ramiro | Juan Hernández Zubizarreta

Publicado por Pedro Ramiro | Jul 12, 2025 | elsaltodiario.com

[El Gobierno de Trump, tras declarar el 9 de julio, que Francesca Albanese “ha expresado un antisemitismo descarado, apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente” y por haber “colaborado directamente con la Corte Penal Internacional en iniciativas para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ambos países”, le ha impuesto sanciones y le ha prohibido el acceso a Estados Unidos. Esta sanción continúa las medidas ya tomadas anteriormente contra cuatro de las y los jueces de la Corte Penal Internacional tras las órdenes de arresto de la Corte contra Netanyahu y el exministro de defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra en Gaza.  Tras esta decisión del gobierno trumpista y la iniciativa de Netanyahu de proponer a Trump como premio Nobel de la Paz se ha puesto en marcha en internet una campaña de firmas para prooner de conceda ese Nobel a Albanese y a los médicos de Gaza. NdR]

En el seno de Naciones Unidas, poner negro sobre blanco los nombres y apellidos de buena parte de las mayores corporaciones del mundo ligadas a la extensión del capitalismo colonial que hace negocios arrasando las vidas de miles de personas, representa un paso extraordinariamente relevante.

Siempre presentes como anunciantes, garantes del crecimiento y el empleo, o directamente incrustadas en sus consejos de administración, no es habitual encontrar menciones negativas a las grandes empresas en los principales medios de comunicación. Los impactos socioecológicos de sus negocios, las relaciones con regímenes autoritarios, las operaciones en zonas de conflicto, las ganancias que se incrementan al mismo ritmo que la criminalización de la protesta y las violaciones de derechos humanos suelen enmascararse en referencias genéricas al sector privado o a casos aislados que, como se quiere demostrar, no pongan en cuestión al conjunto del empresariado. Si es difícil leer que Acciona es la protagonista de la trama de corrupción que hoy acorrala al Gobierno español, no digamos ya confirmar que todas las grandes constructoras aplican un modus operandi similar.

Comprobemos cómo progresistas e izquierdistas podrían romper la conciliación con el capitalismo implícita en fetichizarlo y por tanto, fomentan el pensamiento mágico.  Continuemos el artículo:

El informe de la relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados de Palestina, Francesca Albanese, publicado hace unos días, ha trastocado este paradigma. CAF, una de las empresas citadas en dicho informe por lucrarse con la construcción de líneas de tranvía entre Jerusalén y los asentamientos ilegales de colonos en los territorios palestinos, ha abierto noticieros y portadas en la mayoría de medios vascos. Concretando su papel no solo en la economía de la ocupación, sino en la del genocidio, el informe de la ONU ha puesto cara y ojos a las grandes compañías que se lucran con la aniquilación del pueblo palestino. Unas son ejecutoras del exterminio, otras colaboradoras y algunas más cooperadoras necesarias: todas ellas, en mayor o menor medida, son esenciales para sostener una masacre que no podría ejecutarse sin su concurso, del que además obtienen unos dividendos muy importantes.

El trabajo liderado por la relatora marca un antes y un después. No solo porque menciona a medio centenar de grandes empresas, sino porque analiza la impunidad sistémica con la que estas se mueven. En el seno de Naciones Unidas, poner negro sobre blanco los nombres y apellidos de buena parte de las mayores corporaciones del mundo —entre otras: BP, Chevron, Volvo, Amazon, Google, AirBnB, Carrefour—, ligadas a la extensión del capitalismo colonial que hace negocios arrasando las vidas de miles de personas, representa un paso extraordinariamente relevante. No en vano, en los últimos 25 años la referencia central para el (supuesto) control de las empresas transnacionales en la ONU ha sido el Global Compact: una colección de principios voluntarios sobre derechos laborales, medio ambiente, corrupción y derechos humanos suscritos por las grandes empresas globales, con la que se demuestra que la autorregulación empresarial nunca ha pasado de ser un mero ejercicio de greenwashing.

Veamos, sin embargo, los límites antidemocráticos de la Comunidad Internacional que incluye al Vaticano para garantizar al 2% proseguir con criminalidad de lesa naturaleza y lesa humanidad prosiguiendo la lectura del artículo:

La gran contradicción de la ONU, que trasciende la labor de la relatora, es que su legitimidad pública para denunciar la impunidad de las transnacionales (en un informe) choca con la ausencia de mecanismos de control efectivos para poder acabar con esa situación (en los tribunales). Tres décadas impulsando normas de derecho blando, acuerdos de responsabilidad social y principios de diligencia debida, como reconoce Albanese en su informe, son claramente insuficientes para servir de contrapeso al poder de los negocios corporativos que violan el derecho internacional. De hecho, ese ha sido precisamente el objetivo de los lobbies y las asociaciones empresariales: utilizar el paraguas de Naciones Unidas para ganar legitimación social, evadir la exigencia de responsabilidades y seguir ampliando sus operaciones de la mano de gobiernos, universidades y ONG.

Eso es lo que el informe sobre la economía del genocidio ha venido a revolver. El paradigma de la inversión extranjera directa, los negocios inclusivos y las alianzas público-privadas como generadores de progreso y bienestar, promovido por las principales agencias de la ONU desde los años noventa, se ha quebrado en Palestina. Y con ello, ha vuelto una pelea que nunca se fue: la disputa político-jurídica sobre cómo regular las actividades de las corporaciones transnacionales. De Buenos Aires a Basauri, pasando por Ginebra, llegamos a Gaza.

La historia de la asimetría normativa (…)

Las obligaciones extraterritoriales, cuando se trata de defender los intereses del poder corporativo, suelen funcionar bastante bien. Los derechos de las transnacionales se protegen a través de una arquitectura jurídica a escala internacional, con miles de reglas de comercio, acuerdos de inversión y hasta tribunales específicos. Es un derecho duro que cuenta no solo con regulación ad hoc, sino también con mecanismos y órganos efectivos para la defensa de los negocios empresariales. “Los Estados proporcionan las herramientas legales que usan los abogados y ofrecen su aparato de ejecución de la ley para hacer cumplir los derechos del capital”, concluye Katharina Pistor en El código del capital.

La evolución del derecho internacional desde mediados del siglo pasado, como viene a ilustrar el caso de YPF, es la historia de la asimetría normativa. Así, mientras se han ido perfeccionando los instrumentos jurídicos para la protección del poder corporativo, se han rebajado y suavizado los mecanismos para controlar a las transnacionales. De ahí que un tribunal pueda revertir la decisión soberana de un país sobre sus sectores estratégicos, pero no pueda impedir el comercio de armas con un Estado genocida. Aunque sobre esto último, en realidad, hay mucho más margen de actuación de lo que parece.

La semana pasada, a la vez que se hacía público el informe de la ONU, diferentes organizaciones de derechos humanos y la comunidad palestina de Catalunya denunciaban que un cargamento de acero estaba esperando en el puerto de Barcelona para embarcar con destino a la industria militar de Israel. Con origen en las plantas de Sidenor, compañía vasca con sede en Basauri, el envío tenía que ser recogido por la naviera ZIM para ser entregado en Haifa a una filial de la empresa Elbit Systems, proveedora de armamento al Ejército israelí. La querella de las organizaciones sociales, en línea con las demandas que la campaña BDS trasladó a las autoridades de Turquía el mes pasado cuando otro barco de la misma compañía hizo el mismo trayecto, exigía el bloqueo de la carga en cumplimiento del derecho internacional. Pero la jueza de guardia de Barcelona, que tenía herramientas legales para hacerlo, no consideró oportuno registrar el buque y requisar el acero.

Neutralizar la impunidad corporativa
El Informe Albanese aborda de manera clara esta asimetría. Poniendo el foco en las 48 empresas citadas por la relatora, ciertamente no hay capacidad para concretar la extraterritorialidad respecto a su responsabilidad en la comisión de crímenes internacionales. No es que no exista ninguna posibilidad, porque en algunos ordenamientos jurídicos nacionales hay grietas por las que interponer demandas a las grandes corporaciones —véase, en Países Bajos, la querella contra Booking por sus negocios en Palestina—, pero desde un punto de vista estructural las dificultades son múltiples.

A pesar de que existe, tal y como ha indicado Francesca Albanese, una “base sólida para establecer la responsabilidad civil y penal de las corporaciones que facilitan crímenes de lesa humanidad”, hasta ahora apenas hay ejemplos en los que hayan prosperado las exigencias legales para vincular tanto a las empresas como a sus directivos por las violaciones de derechos humanos. También es verdad que, en la práctica, no hay ninguna ventanilla jurídica a la que dirigir estas demandas. La cuestión fundamental, en contraste con la fuerza de la armadura jurídica de la lex mercatoria, es que sigue habiendo un enorme hueco en el derecho internacional por donde se escapa la responsabilidad realmente existente de las grandes corporaciones.

A este estado de cosas han contribuido las restricciones que paulatinamente se han ido incorporando en las legislaciones nacionales, con las sucesivas reformas de la jurisdicción universal como uno de los máximos exponentes. Y sobre todo, en los organismos internacionales, la adopción de instrumentos de soft lawque ha ido taponando otras posibilidades normativas más potentes. La fragilidad de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, mucho más afines a las memorias de las consultoras privadas que a las auditorías de la inspección pública, no admite comparación alguna con el blindaje de los tratados comerciales y los acuerdos de protección de las inversiones.

La relatora propone diversas fórmulas para intentar neutralizar la impunidad con la que las grandes empresas están actuando en el genocidio y en los crímenes internacionales contra el pueblo palestino. Llama a todos los Estados, para empezar, a imponer sanciones y establecer un embargo total de armas a Israel, incluyendo en él los artículos de doble uso civil y militar (como el acero). También les insta a cancelar todos los acuerdos y contratos comerciales con ese Estado, justo en dirección contraria a la que ha mantenido la jefa de la diplomacia europea, que ha dicho que “suspender el acuerdo comercial de la UE con Israel no detendrá la matanza en Gaza”. Y respecto a las corporaciones, en el informe se exige el abandono de todas las actividades empresariales relacionadas con las violaciones de derechos humanos, reparando al pueblo palestino con compensaciones económicas e incluso “un impuesto sobre la riqueza del apartheid a semejanza de Sudáfrica”.

Las propuestas de Albanese, a nuestro parecer, podrán ir acompañadas al menos de cuatro propuestas perfectamente viables. Primero, una reforma de la ley de contratación pública que sirva para excluir de manera inmediata a las empresas, como CAF, que han sido identificadas por la ONU como corresponsables de la ocupación y el genocidio. Segundo, una norma que regule las obligaciones extraterritoriales de las grandes empresas y que establezca los mismos estándares sociales, laborales y ambientales en todos los países. Tercero, una revisión de la legislación de jurisdicción universal, que incluya la responsabilidad civil y penal de las personas jurídicas por los impactos de sus operaciones en el extranjero. Por último, un tratado internacional vinculante para obligar a las corporaciones transnacionales a cumplir los derechos humanos por igual en cualquier parte del mundo, tal y como se viene debatiendo en Ginebra desde hace más de una década con la oposición de las grandes potencias y las patronales empresariales.

Transformar el derecho
Al tiempo que la jueza de Barcelona decidía qué (no) hacer con la carga de acero destinada a la fabricación de armas para continuar con el genocidio, Sidenor anunciaba el cese definitivo de sus relaciones comerciales con Israel. La presión del movimiento BDS y de los sindicatos ELA, LAB y ESK, con presencia destacable en su comité de empresa, surtió efecto: el 1 de julio, la compañía hacía pública una nota de prensa en la que comunicaba formalmente la suspensión de sus envíos a empresas israelíes.

Lo recoge el informe Albanese en sus conclusiones: “Las entidades mencionadas constituyen una fracción de una estructura mucho más profunda de participación empresarial, que se beneficia de las violaciones y crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados y los hace posibles”. Y no se puede seguir sosteniendo por más tiempo que esta impunidad sistemática, con la que operan las grandes corporaciones y los Estados que las apoyan, se vaya a resolver con la lógica de autorregulación empresarial: “Si hubieran actuado con la diligencia debida, las empresas habrían dejado de colaborar con Israel hace mucho tiempo. Hoy, la exigencia de rendición de cuentas es aún más urgente: cualquier inversión sostiene un sistema de graves crímenes internacionales”.

La victoria de la lucha social y sindical en Sidenor es una muestra de por dónde puede ir el camino de la exigencia de responsabilidades a las grandes empresas por la violación de derechos humanos y en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Como ha sucedido con los contratos de armas cancelados por los ministerios de Defensa e Interior, la presión pública, el boicot y el músculo social son las vías más efectivas para doblar el brazo a los gigantes corporativos. Los Estados no pueden ser el único eje sobre el que construir la legalidad internacional: los movimientos sociales y los colectivos en resistencia han de tomar protagonismo en la construcción del derecho. Que este llegue a convertirse en un vehículo de transformación contrahegemónica sólo será posible si forma parte de un proceso de movilización popular.

Fuente: https://vientosur.info/el-informe-albanese-neutralizar-la-impunidad-reinterpretar-el-derecho/

Reparemos que, en Argentina, las izquierdas electoraleras encabezan movilizaciones reivindicativas o sea representativas de la fragmentación social e inclusivas en el capitalismo local y su máximo objetivo es lograr la unidad de acción de las diversidades de abajo para presionar a los poderes públicos capturados completamente por el 2%

Concentración y centralización capitalista

Sabemos de progresistas e izquierdistas que publicitan a los BRICS como la alternativa popular del imperialismo hegemonizado por EE.UU.

Reflexionemos sobre:

¿Por qué los BRICS no denuncian
el actual genocidio en Gaza?

14 de agosto 2025

Por Eric Toussaint
www.cadtm.org/

Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que admitieron en su grupo a cinco Estados más (Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán) se reunieron en Río de Janeiro el 6 y 7 de julio de 2025. Arabia Saudí estaba presente, aunque no está oficialmente adherida como país miembro. Una veintena de otros países, considerados como socios, asistieron también a la cumbre.

Mientras que el presidente de Estados Unidos multiplica sus acciones unilaterales, tanto a nivel militar como comercial, los BRICS defienden el multilateralismo y el sistema de Naciones Unidas, que está en plena crisis. Sin embargo, defienden, también, el modo de producción capitalista, productivista-extractivista que explota el trabajo humano y destruye la naturaleza.

Los BRICS representan la mitad de la población mundial, el 40% de los recursos fósiles de energía, el 30% del producto interior mundial y el 50% del crecimiento. Si quisieran poner en marcha un modelo de desarrollo diferente, podrían tener a su disposición importantes medios para hacerlo, pero no es esa su intención y tampoco forma parte de sus prácticas.

Es necesario expresar un punto de vista claramente crítico con respecto a los BRICS. Esta postura no impide, para nada, denunciar, en primer lugar y con la mayor firmeza, al gobierno de Estados Unidos, así como a sus aliados europeos e indo-pacíficos (Japón, Australia, etc.) por sus políticas imperialistas. Estas políticas se manifiestan de manera flagrante por su apoyo al Estado de Israel, responsable del actual genocidio en Gaza y de las agresiones militares contra los países vecinos. Israel es el brazo armado de Estados Unidos en la región. Sin el sostén indefectible de Washington y la complicidad de Europa occidental, el gobierno neofascista israelí no podría continuar el genocidio. Por su parte, los BRICS, como grupo de países, no toman ninguna medida concreta para impedir efectivamente la continuación de las masacres y del genocidio.

En esta serie de preguntas y respuestas, Éric Toussaint analiza la declaración final de la cumbre de los BRICS publicada el 6 de julio de 2025, (https://noticiaspia.com/declaracion-final-de-la-cumbre-del-brics-en-brasil/), así como la política concreta de los BRICS y de las instituciones que pusieron en marcha.

Esta primera parte de la serie aborda la política internacional de los BRICS, concerniente a sus relaciones con Israel y al genocidio del que se acusa al gobierno israelí.

Luego, en las otras partes de la serie, el autor abordará la posición de los BRICS con respecto a otras cuestiones internacionales: los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, los hutíes, la invasión de Ucrania, la OTAN,… También, abordará la posición de los BRICS sobre temas como el sistema financiero internacional, el dólar, el Nuevo Banco de Desarrollo, el G20, la crisis ecológica…

1. ¿Por qué los BRICS no denuncian el actual genocidio en Gaza?

SUMARIO

• ¿Es cierto que los BRICS no denuncian el actual genocidio en Gaza?
• ¿Es cierto que los BRICS no proponen sanciones contra Israel?
• ¿Están tomando los BRICS medidas concretas contra el gobierno israelí?
• ¿Mantienen los BRICS relaciones comerciales con Israel?
• ¿Cuál es el lugar de China en cuanto a las relaciones comerciales con Israel?
• ¿Realiza China inversiones en Israel?
• ¿Cuáles son las relaciones entre el gobierno ruso y el gobierno israelí?
• ¿En qué estado está el comercio entre la India e Israel?
• ¿Cómo son las relaciones entre Sudáfrica e Israel?
• ¿Cuáles son las relaciones comerciales entre Brasil e Israel?
• ¿Existe, por lo tanto, un comercio de armas entre Brasil e Israel?
• ¿Cómo se comporta Egipto, que es miembro de pleno derecho de los BRICS, con respecto a la (…)
• ¿En qué estado está el comercio entre Egipto e Israel?
• ¿Existe una colaboración militar entre Egipto e Israel?
• ¿Qué relaciones mantienen los Emiratos Árabes Unidos con Israel?
• ¿Hay un comercio de armas entre Israel y Los Emiratos Árabes Unidos?
• ¿Existe una colaboración directa entre las fuerzas armadas de los Emiratos y el ejército israelí?
• ¿En qué consiste la colaboración entre los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos en el ámbito (…)
• ¿Cómo se comporta Etiopía con Israel? ¿Existe una cooperación militar entre Israel y Etiopía?
• ¿Qué relaciones mantiene Indonesia con Israel?
• Conclusión de la primera parte «Gaza y los BRICS: el rechazo a denunciar el genocidio y a (…)

Examinemos contestaciones sobre las siguientes preguntas:

 

 ¿Están tomando los BRICS medidas concretas
contra el gobierno israelí?

Sudáfrica tomó la iniciativa de presentar una denuncia contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, sin embargo, este país lleva a cabo una práctica comercial en contradicción con esa acción jurídica

Los BRICS no toman ninguna medida concreta contra el gobierno israelí, ningún boicot, ningún embargo. Ciertamente, Sudáfrica tomó la iniciativa de denunciar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo que es positivo, pero la práctica comercial que lleva a cabo está en contradicción con esa acción jurídica. Efectivamente, Sudáfrica mantiene relaciones comerciales con Israel, especialmente en tanto permite a sociedades sudafricanas la exportación regular por barco de cargamentos de carbón para dicho país.

 ¿Mantienen los BRICS relaciones comerciales con Israel?

Aparte de Irán, los países miembros de los BRICS mantienen relaciones comerciales con Israel. Aún más, Sudáfrica, Rusia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y China prosiguen la venta de combustible (petróleo, gas, carbón…) a Israel. Y eso comporta una ayuda importante para el gobierno israelí que tiene necesidad de diversificar sus fuentes de aprovisionamiento en materia energética para proseguir con su esfuerzo de guerra y su funcionamiento normal, y así evitar que el descontento de su población aumente en proporciones incontrolables.

Para saber más sobre la continuación de las relaciones comerciales entre los BRICS e Israel durante el genocidio, puede leerse en español: Patrick Bond, La «bendición» para el genocidio, octubre de 2024, 22947

Pasaremos revista, de manera sumaria, a las relaciones que mantienen los países miembros de los BRICS con Israel.

 ¿Cuál es el lugar de China en cuanto a
las relaciones comerciales con Israel?

China es el principal proveedor comercial de Israel

China es el principal proveedor comercial de Israel y también realiza importantes inversiones en Israel. Este país exportó a Israel por un valor de 13.000 millones de dólares en 2022, de 16.000 millones en 2023 y de 19.000 millones en 2024. El crecimiento siguió en 2025. El volumen podría superar largamente los 20.000 millones de dólares si no interviene ninguna medida de limitación o de boicot. Los montos indicados provienen especialmente de

https://tradingeconomics.com/israel/imports/china, y de la agencia China Nueva Xinhua https://english.news.cn/20240122/5ad497aefbcd43f0851ff597b64fab5a/c.html. Podemos leer, en una fuente china, que para Israel, en 2023, China era la fuente más importante de importaciones y durante cuatro años consecutivos. Estados Unidos se halla en segunda posición. En 2024, esa posición dominante de China fue confirmada: https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/0TBMCK92.html.

Entre las mercaderías intercambiadas entre Israel y China, los productos high-tech son dominantes: equipamientos eléctricos y electrónicos (importación/exportación), máquinas industriales, productos ópticos y para la medicina figuran entre las categorías de mayor intercambio.

El déficit comercial de Israel con China es muy importante. Israel importa de China mucho más de lo que exporta hacia el país asiático. El déficit comercial israelí con China aumentó fuertemente estos últimos años. Superó los 10.000 millones de dólares en 2024.

Aclaremos que, si tomamos los países de la UE en bloque, la UE sería el principal proveedor de Israel, con un monto de cerca de 26.000 millones de dólares exportados hacia ese país, en 2024. Pero, en realidad, cada país de la UE suministra por separado a Israel, y entre estos, es Alemania con cerca de 6.000 millones de dólares la que está en la cabeza de las exportaciones. Así que, si tomamos los países por separado, puede considerarse a China como el primer proveedor (con 19.000 millones de exportación de China hacia Israel en 2024) y Estados Unidos queda como segundo proveedor (con un monto de un poco más de 9.000 millones de dólares de exportaciones hacia Israel).

Entre los productos manufacturados vendidos por China a Israel encontramos drones que, en principio, no están destinados para el uso militar pero que son transformados en armas por los militares israelíes para matar civiles, palestinos y palestinas. Este es un testimonio de ese proceso: una encuesta realizada por el medio independiente israelí +972 Magazine (https://www.972mag.com/drones-grenades-gaza-chinese-autel/) que indica que esos drones son producidos por la empresa privada china Autel Robotics (https://www.autelrobotics.com/), con sede en Shenzhen, que produce los drones EVO). He aquí un extracto de lo que se reveló:

«El ejército israelí militarizó una flota de drones comerciales fabricados en China para atacar a la población palestina en algunas zonas de Gaza que busca despoblar, como lo reveló una encuesta llevada a cabo por +972 Magazine y Local Call. Según algunas entrevistas llevadas a cabo a siete soldados y oficiales que sirvieron en la franja de Gaza, esos drones son pilotados desde el suelo manualmente por la tropa y se utilizan, frecuentemente, para bombardear a civiles palestinos y palestinas, incluidos niños y niñas, con el fin de forzarlos a abandonar sus casas e impedirles retornar a zonas evacuadas. Los soldados utilizan con mayor frecuencia drones EVO, producidos por la sociedad china Autel, que son, principalmente, destinados a la fotografía y que cuestan cerca de 10.000 NIZ (más o menos 3.000 dólares) en Amazon. Pero gracias a un accesorio militar conocido en el medio como «bola de fuego», una granada de mano que puede ser fijada en el dron y arrojada por una simple presión sobre un botón para que explote en el suelo. Actualmente, la mayoría de compañías militares israelíes utilizan esos drones en Gaza. S, un soldado israelí, que sirvió en la región de Rafah este año, coordinó los ataques de drones en un barrio de la ciudad que el ejército había ordenado evacuar. Durante cerca de 100 días en los que su batallón había operado en esa zona, los soldados llevaron a cabo decenas de ataques con drones, según los informes diarios de su comandante de batallón examinados por +972 y Local Call. En sus informes, todos los palestinos muertos fueron calificados de «terroristas». Sin embargo, S testimonió que, a excepción de una persona encontrada en posesión de un cuchillo y de un solo encuentro con combatientes armados, las decenas de otras personas muertas —de media, una por día en la zona de combate del batallón— no estaban armadas. Según S, los ataques con drones tenían la intención de matar, mientras que la mayoría de víctimas se encontraban a tal distancia de los soldados que no podían constituir ninguna amenaza.» [1]

Léase: +972 Magazine, «“Like a video game”: Israel enforcing Gaza evacuations with grenade-firing drones», 10 de julio de 2025, https://www.972mag.com/drones-grenades-gaza-chinese-autel/

En un artículo publicado, Euro-Med Monitor, una ONG independiente con sede en Ginebra (Suiza), denunciaba, en febrero de 2024, la utilización por parte de los militares israelíes de drones producidos por Autel Robotics,

https://euromedmonitor.org/en/article/6166/Gaza:-Israel-systematically-uses-quadcopters-to-kill-Palestinians-from-a-close-distance.

 

Esa ONG que se dedica a la documentación de las violaciones de los derechos humanos en la región del Oriente Próximo, África del Norte (MENA) y Europa había pedido a las empresas chinas, especialmente a Autel, de actuar en conformidad con el derecho internacional:

«En las regiones afectadas por conflictos armados, las empresas corren un mayor riesgo de volverse cómplices de violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En consecuencia, las empresas que operan en esos ámbitos deben actuar para disminuir esos riesgos. Cuando un producto se utiliza de manera abusiva, en contradicción con las obligaciones internacionales y con los valores no violentos de la empresa, en particular con fines militares que conducen a crímenes de guerra o a violaciones graves de los derechos humanos, las empresas han de reaccionar. La empresa debe tomar medidas inmediatas para poner fin o impedir su contribución. Euro-Med Human Rights subraya que las empresas, incluida Autel Robotics que es un fabricante chino de electrónica y de drones, deben actuar conforme al derecho internacional.» [2] Fuente: Euro-Med Monitor, “Chinese companies must prevent their arms, drones from being used in Israeli international crimes”, 1 de julio de 2024, https://euromedmonitor.org/en/article/6387/Chinese-companies-must-prevent-their-arms,-drones-from-being-used-in-Israeli-international-crimes

Los drones civiles fabricados por otra empresa china también son utilizados por el ejército israelí en la guerra contra la población palestina en Gaza. Se trata de drones fabricados por DJI (Da-Jiang Innovations, https://www.dji.com/es), que es una empresa privada china con sede en Shenzhen (China), líder mundial de la fabricación de drones civiles y profesionales. Véase el artículo publicado por Al Jazeera el 8 de mayo de 2025: «Israel retrofitting DJI commercial drones to bomb and surveil Gaza», https://www.aljazeera.com/news/2025/5/8/israel-retrofitting-dji-commercial-drones-to-bomb-and-surveil-gaza

Como escribe Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, en su informe titulado «De la economía de ocupación a la economía de genocidio», publicado en junio de 2025:

«Punto 20.- Cuando las entidades comerciales prosiguen sus actividades y sus relaciones con Israel —con su economía, su ejército y sus sectores públicos y privados ligados al territorio palestino ocupado— estas entidades pueden ser reconocidas culpables de haber contribuido conscientemente a: a) La violación del derecho de los palestinos y las palestina a la autodeterminación; b) La anexión del territorio palestino, el mantenimiento de la ocupación ilegal y, en consecuencia, el crimen de agresión y las violaciones de los derechos humanos que están asociados; c) Los crímenes de apartheid y de genocidio; d) Otros crímenes y violaciones accesorias.

Punto 21.- Tanto las leyes penales como las civiles pueden ser invocadas para responsabilizar a las entidades corporativas o a sus dirigentes por violaciones de los derechos humanos y/o de crímenes que competen al derecho internacional.»

El informe en inglés se puede consultar en: https://www.un.org/unispal/document/a-hrc-59-23-from-economy-of-occupation-to-economy-of-genocide-report-special-rapporteur-francesca-albanese-palestine-2025/

Por lo tanto, incumbe a las autoridades del país en el que esas empresas tienen su sede y a las propias empresas evitar cualquier forma de complicidad con las autoridades israelíes, y eso es válido tanto para China como para el resto del planeta.

 

¿Realiza China inversiones en Israel?

 China realizó grandes inversiones en dos puertos israelíes de importancia estratégica: el Puerto de Haifa (https://en.wikipedia.org/wiki/Port_of_Haifa) y el Puerto de Ashod (https://en.wikipedia.org/wiki/Port_of_Ashdod?oldid=1185775655), los dos situados sobre el Mediterráneo. La sociedad china China Harbor Engineering Company, filial de la China Communications Construction Company, modernizó y desarrolló la terminal portuaria de Ashdod. Ese proyecto permitió el aumento de las capacidades de las instalaciones portuarias y la mejora de las infraestructuras para responder al crecimiento del comercio internacional. El puerto de Ashdod es uno de los principales centros de actividades comerciales de Israel. Su modernización reforzó su posición estratégica en la región, facilitando así los intercambios entre China e Israel, especialmente en el marco de la nueva Ruta de la Seda (Belt and Road Iniciative o BRI). La China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), otra gran sociedad china, ha adquirido una parte importante de la terminal de contenedores de Haifa, en el marco de la asociación con el gobierno israelí. Ese proyecto, como el de Ashdod, permitió a Israel atraer inversiones para la mejora de sus estructuras portuarias. En el caso de las instalaciones del Puerto de Haifa, las inversiones chinas se hacen, en parte, por medio de una colaboración con sociedades indias. Más allá de los puertos, las empresas chinas invierten también en otros sectores de infraestructuras como son los transportes, la energía y la alta tecnología. Por ejemplo, hay proyectos en el ámbito de las tecnologías de transporte inteligente, de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad y de las telecomunicaciones que están en curso de desarrollo, con la participación de grandes empresas chinas como Huawei y ZTE.

 

¿Cuáles son las relaciones entre
el gobierno ruso y el gobierno israelí?

Es de pública notoriedad que Vladimir Putin y Netanyahu tienen una buena opinión uno del otro, aunque Rusia critica públicamente a Israel por su política en Oriente Próximo. Hasta ahora, en ninguna de sus declaraciones Putin denunció el genocidio en curso en gaza. Por el contrario, Putin utilizó el término genocidio para justificar la invasión de Ucrania y la anexión de una parte de su territorio. En su discurso del 24 de febrero de 2022 para justificar la «operación militar especial» en Ucrania, Putin declaró:

«Nuestro objetivo es el de proteger a las personas víctimas de genocidio por parte del régimen de Kiev desde hace 8 años. Nosotros nos esforzaremos para desmilitarizar y desnazificar Ucrania (http://kremlin.ru/events/president/news/67843). [3]

También hay que señalar que el 1 de julio de 2025, Sergueï Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, algunos días antes de viajar hacia la cumbre de los BRICS en Río, declaró:

«Constatamos con satisfacción que el jefe del nuevo gobierno israelí Benjamín Netanyahu se pronunció dos veces en un mes para resolver el problema palestino con una solución de los dos Estados. Esperamos que esa posición sea apoyada por actuaciones concretas. Por nuestro lado, continuaremos a contribuir a la retoma de las negociaciones —tanto por medio de los canales bilaterales como por medio de las diversas plataformas internacionales, especialmente en el marco del Cuarteto de mediadores internacionales para Oriente Próximo. Es necesario permanecer atento sobre la situación en la Franja de Gaza, cuya población continúa sufriendo graves dificultades humanitarias. Hay que emprender gestiones para levantar el bloqueo, o al menos reducirlo.» (Véase la declaración completa en la web oficial del ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, https://mid.ru/fr/foreign_policy/news/1511247/). [4]

Como podemos constatar en esta declaración, no hay por parte de Sergueï Lavrov denuncia de un actual genocidio y su actitud con respecto al primer ministro fascista Benjamín Netanyahu es positiva, lo que es completamente inadmisible.

Israel continúa dependiendo parcialmente de Rusia para su alimentación (cereales) y para la energía (petróleo, gas, carbón), a pesar de las tensiones geopolíticas. Israel exporta hacia Rusia productos con un fuerte valor añadido: productos agrícolas, material para medicina, química y electrónica. Israel tiene un déficit comercial importante con Rusia. En 2023, el volumen de comercio había bajado debido a las sanciones tomadas contra Rusia después de la invasión de Ucrania, pero en 2024 volvió a crecer. El volumen de intercambios había alcanzado los 3.500 millones de dólares en 2022, cayó a 2.600 millones en 2023 y aumentó hasta los 3.900 millones de dólares en 2024. En resumen, Israel, en la práctica, no aplica las sanciones occidentales respecto a Rusia después de la invasión de Ucrania y Rusia no aplica las sanciones respecto a Israel a pesar del actual genocidio.

En la práctica, Israel no aplica las sanciones occidentales respecto a Rusia después de la invasión de Ucrania y Rusia no aplica las sanciones respecto a Israel a pesar del actual genocidio

Es necesario señalar que, desde la invasión de Ucrania en 2022, fueron transferidos a Israel centenares de millones de dólares (cerca de 300 millones de dólares por trimestre) mediante las cuentas de los oligarcas o de nuevos migrantes. Puede leerse en inglés https://internationalinvestment.biz/en/analytics/5344-over-95000-russians-have-relocated-to-israel.html. Señalemos también que cerca de 500 soldados del ejército israelí con pasaporte ruso participaron en operaciones en la Franja de Gaza entre octubre de 2023 y marzo de 2024, nueve de ellos murieron. Esta información fue suministrada por las autoridades israelíes. Puede leerse:

https://en.topwar.ru/239764-izrailskoe-posolstvo-nazvalo-chislo-pogibshih-v-gaze-rossijan-mobilizovannyh-v-sostav-cahal.html et https://tass.com/world/1786343. Para el año 2025, no disponemos de informaciones precisas concernientes a las cifras, pero está comprobado que hay soldados del ejército israelí que participan en el genocidio y que tienen la doble nacionalidad rusa e israelí. Las autoridades rusas no critican a los rusos movilizados en el ejército israelí, incluso a los comprometidos en Gaza.

 ¿En qué estado está el comercio entre la India e Israel?

La India representa más de un tercio del total de exportaciones de armas de Israel

El volumen de comercio entre la India e Israel está en aumento y se sitúa alrededor de los 10.000 millones de dólares. La India provee productos petroleros a Israel, diamantes y otras piedras preciosas, productos químicos y farmacéuticos, así como armas (entre otras, drones).

Israel le provee a la India de armas (misiles), municiones y sistemas de defensa. Según la web Moneycontrol.com, una de las principales webs financieras de la India, el comercio de armas entre Israel y la India se ha multiplicado por 33 en 10 años, entre 2015 y 2024, https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/brothers-in-arms-india-israel-weapon-trade-up-33-fold-at-185-million-in-10-years-13117033.html, alcanzando en 2024, 185 millones de dólares USD. La revista New Internationalist escribe en su edición de enero de 2025:

«Empresas indias tales como Adani-Elbit Advanced Systems India, Premier Explosives y la empresa pública Munitions India proveen activamente de drones y de armas a Israel mientras este prosigue con su guerra genocida contra la población de Gaza. En abril, la India, inquieta por no comprometer sus acuerdos, se abstuvo en la votación de la resolución de las Naciones Unidas que llamaba a un alto el fuego y a un embargo de armas con destinación a Israel. Por su parte, Israel continúa suministrando sin interrupción material militar a la India (https://www.al-monitor.com/originals/2024/02/israels-military-exports-india-booming-unaffected-war-gaza), lo que representa un compromiso importante dado que Israel pospuso 1.500 millones de dólares de exportaciones de armas hacia otros países desde octubre de 2023. Desde la llegada al poder del primer ministro Narendra Modi en 2014, la India se convirtió en un actor clave en el comercio de armas de Israel. Como primer importador mundial de armas, este país de Asia del Sur devino en el comprador más fiable para Israel, representando el 37% de las exportaciones totales de armas. (https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-03/fs_2403_at_2023.pdf)» [5] Mohammad Asif Khan “Partners in power : Israel, India and the arms trade”, 1 de enero de 2025, New Internationalist, https://newint.org/arms/2025/partners-power-israel-india-and-arms-trade.

Concerniente al suministro de armas a Israel por Adani-Elbit Advanced Systems India, puede leerse en inglés: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/india-report-finds-adani-elbit-advanced-systems-india-ltd-and-munitions-india-ltd-were-authorized-to-ship-products-to-israel-amidst-the-war-in-the-occupied-palestinian-territories/

Se puede leer también: https://www.stopadani.com/adani_groups_business_with_israel. Y concerniendo a una nueva colaboración entre Adani, Elbit y una sociedad estadounidense de armas, puede leerse en la web de Adani:
https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-defence-aerospace-and-sparton-enter-strategic-partnership-to-indigenise-anti-submarine

Nada indica un cambio en la orientación pro israelí del primer ministro indio (presente, en persona, en la cumbre de los BRICS en Río en julio de 2025). La India e Israel esperan firmar un acuerdo de libre comercio antes de fines de 2025. En efecto, según el Times of Israel del 18 de febrero de 2025:

«Israel y la India tratan de firmar antes de fin de año un acuerdo de libre comercio esperado durante mucho tiempo, después de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reorganizar los planes de una ruta comercial entre Estados Unidos y la India que pasaría por Israel, (https://fr.timesofisrael.com/trump-place-israel-sur-la-route-commerciale-proposee-entre-les-etats-unis-et-linde/)».

En cuanto las posiciones de la India a propósito de Palestina, hemos asistido a un cambio importante a favor de Israel, sobre todo, después de la elección de Narendra Modi. En 2017, fue el primer ministro indio que visitó Israel, sin ir a Palestina, rompiendo así una tradición. El gobierno Modi evitó criticar directamente a Israel, particularmente, durante los bombardeos de Gaza (2014, 2021, 2023, 2024, y 2025) y a las violencias cometidas por los colonos en Cisjordania. Al interior del país y cada vez más, la solidaridad con palestina es atacada, denigrada o deslegitimada por la derecha hindú, en particular en el clima político e ideológico moldeado por el Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi.

 

¿Cómo son las relaciones entre Sudáfrica e Israel?

«Los conglomerados extractivos y mineros, además de proveer fuentes de energía civil, alimentaron las infraestructuras militares y energéticas de Israel, ambas utilizadas para crear unas condiciones de vida cuyo objetivo es destruir al pueblo palestino.» Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, «De la economía de ocupación a la economía de genocidio»

No hay ninguna duda de que fue muy positivo que el gobierno de Sudáfrica haya presentado una demanda contra Israel el 29 de diciembre de 2023 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal de las Naciones Unidas encargado de solucionar los problemas entre Estados. Pretoria acusa Israel de violar la Convención para la prevención y de crimen de genocidio en su asalto militar a Gaza. El requerimiento de Sudáfrica plantea sus acusaciones dentro de lo que denuncia como el contexto más largo de la conducta de Israel hacia la población palestina durante 75 años de apartheid, 56 años de ocupación beligerante del territorio palestino y 16 años de bloqueo de la Franja de Gaza. En su decisión del 26 de enero de 2024, aunque no se accedió a la demanda de Sudáfrica de exigir a Israel la suspensión de sus operaciones militares en Gaza, la Corte ordenó a Israel a tomar medidas para prevenir actos de genocidio en la Franja de Gaza. Desde ese momento, Israel, a pesar de todo, prosiguió el genocidio del pueblo palestino en Gaza y reforzó el bloqueo de la ayuda humanitaria.

Sudáfrica contribuyó a crear, en enero de 2025, el «grupo de La Haya» para coordinar las medidas jurídicas y diplomáticas contra la política de Israel en Gaza, (Léase: https://www.theguardian.com/law/2025/jan/31/south-africa-and-malaysia-to-launch-campaign-to-protect-justice). Según la declaración inaugural, los principales compromisos consisten en exigir el respeto de las ordenanzas de la Corte Internacional de Justicia y de los mandatos de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de los dirigentes israelíes, en prohibir la transferencia de armas o de combustibles (con fines militares) susceptible de servir en el conflicto y en bloquear el acceso a los puertos a los buques que transportan material militar hacia Israel. Los países fundadores de este grupo son Sudáfrica, Colombia, Belice, Bolivia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia y Senegal. Una reunión de urgencia tuvo lugar, a mediados de julio de 2025, en Bogotá.

Por parte de los BRICS, de los cuatro Estados fundadores (Brasil, Rusia India y China), ninguno se adhirió hasta ahora a la demanda de Sudáfrica mientras que otros 15 Estados se han unido de alguna manera a esa demanda (https://unric.org/fr/justice-internationale-15-pays-veulent-rejoindre-lafrique-du-sud-dans-son-proces-contre-israel/). Solamente Brasil, y muy tardíamente, es decir en julio de 2025, anunció su intención de unirse a una futura demanda contra Israel. Si tomamos en cuenta los diez países que componen en 2025 los BRICS, hasta ahora solo Egipto se unió a la demanda.

Por parte de Sudáfrica, lo que es deplorable y muy gravemente incoherente en relación a su justa demanda contra Israel, es que este país continúa comerciando con ese país, especialmente, proveyéndole carbón. Según algunas fuentes, el 15% del carbón consumido por Israel proviene de Sudáfrica (https://www.lacinquieme.tg/lafrique-du-sud-face-a-un-dilemme-soutenir-la-palestine-tout-en-exportant-du-charbon-vers-israel/). Patrick Bond, profesor de universidad en Sudáfrica, ha denunciado regularmente las entregas de carbón sudafricano a Israel. De Patrick Bond, se puede leer, especialmente, en castellano: 22947. Según este profesor, el argumento principal que dan las autoridades de Pretoria para justificar la prosecución de la entrega de carbón a Israel es que, en caso contrario, irían en contra de las reglas de la OMC. Y a eso Patrick Bond les responde que ese argumento no es nada serio, ya que en estos últimos años un número considerable de Estados contravinieron las reglas de la OMC y no pasó nada. Se puede agregar que si Sudáfrica pusiera fin a su comercio con Israel ese acto sería incontestablemente legítimo.

Efectivamente, como escribe Francesca Albanese, en el punto 89 de su informe titulado: «De la economía de ocupación a la economía de genocidio»:

«Los conglomerados extractivos y mineros, además de proveer fuentes de energía civil, alimentaron las infraestructuras militares y energéticas de Israel, ambas utilizadas para crear unas condiciones de vida cuyo objetivo es destruir al pueblo palestino.» [6]

Señalemos que ese informe, totalmente fundamental, fue publicado a fines del mes de junio de 2025, antes de la cumbre de los BRICS, Sin embargo, la declaración final de la cumbre de los BRICS, publicada el 6 de julio de 2025, no hace ninguna mención de ese informe.

Patrick Bond ha reunido un importante dosier concerniente al grupo sudafricano de armamento Paramount Group (https://www.paramountgroup.com) cuyo patrón es Ivor Ichikowitz, con la intención de denunciar la estrecha colaboración entre esa empresa, Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Bond denuncia, especialmente, la colaboración de Paramount Group con la sociedad israelí de armamentos Elbit (https://www.elbitsystems.com/). Su dosier es titulado «¿El comercio entre Sudáfrica e Israel incluye armamentos? (Does SA-Israel trade include armanents?)» publicado el 21 de diciembre de 2024, https://diplomaticinside.com/2024/12/21/does-sa-israel-trade-include-armaments/.

Es necesario saber que el patrón del Paramount Group, Ivor Ichikowitz, denunció la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel. Y escribió para la revista Fortune:

«La posición reciente de Sudáfrica, abiertamente hostil a Israel y muy favorable a Hamas, que culminó con la presentación de la demanda contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), habría podido conducir perfectamente a una sanción y a la exclusión de Sudáfrica de la AGOA, una perspectiva que pesa todavía en las relaciones entre Estados Unidos y Sudáfrica.» [7] Fuente: Ivor Ichikowitz, “South Africa should be truly non-aligned–and stop risking its vital trade ties with the West”, Fortune, 26 de enero de 2024,

https://fortune.com/2024/01/26/south-africa-non-aligned-risk-vital-trade-ties-west-us-biden-israel-politics/.

Patrick Bond, diferentes movimientos sudafricanos y numerosos activistas hacen un llamamiento a las autoridades de Pretoria para que emprenda sanciones contra Israel, prohibiendo las exportaciones de carbón hacia ese país y, especialmente, poniendo fin a todas las relaciones comerciales con Israel.

 ¿Cuáles son las relaciones comerciales entre Brasil e Israel?

El volumen del comercio entre Brasil e Israel se eleva a un poco menos de 2.000 millones de dólares por año. Brasil importa más de Israel que lo que exporta hacia ese país. Brasil le envía petróleo bruto y eso constituye un cuarto de las exportaciones hacia Israel. Exporta también carne que representa cerca del 20% de sus exportaciones y granos de soja transgénica, también, en un 20%. El resto: pollos kosher, armas, etc.

 ¿Existe, por lo tanto, un comercio de armas entre Brasil e Israel?

Brasil ha mantenido un comercio de armas con Israel a pesar del genocidio y sobre todo mantiene una cooperación tecnológica notable en el ámbito de la defensa

Sí, en 2024, por ejemplo, Brasil exportó armas a Israel por un monto no muy grande (un poco menos de 2 millones de dólares) pero se trataba de municiones de guerra (https://tradingeconomics.com/brazil/exports/israel/arms-ammunition-parts-accessories). Y Brasil importó, en 2024, armas de guerra de Israel por un poco menos de 9 millones de dólares (https://tradingeconomics.com/brazil/imports/israel/military-weapons-excluding-revolvers-pistols-lances). Por lo tanto, Brasil mantiene un comercio de armas a pesar del genocidio, y sobre todo mantiene una cooperación tecnológica notable en el ámbito de la defensa, principalmente con la empresa israelí ELBIT Systems (https://www.elbitsystems.com/) y su filial brasileña Ares Aeroespacial e Defesa. Es necesario saber que la firma Elbit System está explícitamente mencionada en el informe y figura en la lista de firmas de armamento que colaboran directamente en el genocidio, según la relatora de las Naciones Unidas, Francesca Albanese.

En el punto 31 de su informe, Francesca Albanese escribió:

«El complejo militar-industrial se ha vuelto el pilar económico del Estado. Entre 2020 y 2024, Israel era el octavo exportador de armas del mundo. Las dos mayores empresas de armamento israelíes —Elbit Systems, creada bajo la forma de una asociación pública-privada, y luego privatizada, y la empresa pública Israel Aeroespace Industries (IAI)— figuran entre los 50 primeros fabricantes de armas en el mundo. Desde 2023, Elbit copera estrechamente con las operaciones militares israelíes, al integrar personal clave en el ministerio de Defensa, y recibió el premio israelí a la defensa 2024. Elbit y IAI proveen un aprovisionamiento nacional esencial en armamento y refuerzan las alianzas militares de Israel gracias a la exportación de armas y al desarrollo conjunto de tecnología militares.» [8]

Y agrega en el punto 33:

«Los drones, hexacópteros y cuadricópteros, fueron también máquinas de matar omnipresentes en el cielo de Gaza. Los drones, ampliamente desarrollados y provistos por Elbit Systems y AIA vuelan desde hace mucho tiempo al lado de los aviones de combate, vigilando a los palestinos y suministrando información sobre sus objetivos. Durante las dos últimas décadas, con el sostén de esas empresas y la colaboración de instituciones como el Massachussets Institute of Technology (MIT), los drones israelíes fueron equipados con sistemas de armas automatizadas y adquirieron la capacidad de volar en formación de enjambre.» [9]

La colaboración entre Brasil e Israel en el ámbito militar por intermedio de Elbit y de su filial ARES está confirmada. Por ejemplo, ARES suministró estaciones de armas teleoperadas (RCWS, REMAX) a Brasil en el marco de un contrato de casi 100 millones de dólares. La cooperación va más allá de los intercambios físicos, mediante transferencias tecnológicas, coproducciones y formación por medio de Elbit/ARES.

Por otra parte, en abril de 2024, bajo la presión del ministerio de Defensa, el programa VBCOAP (armored self propelled howitzer) de Brasil designó al sistema ATMOS 2000 155 mm montado sobre un camión (TATRA T 815 6×6), desarrollado por Elbit Systems, como ganador de una licitación que implicó también el Caesar (Francia), el SH15 (China) y el Zuzana 2 (Eslovaquia/CZ). El contrato inicial preveía la adquisición de 36 obuses: 2 unidades debían entregarse en 12 meses, para su evaluación técnica y operacional en Brasil. Los 34 sistemas restantes deberían ser entregados anualmente hasta 2034. El monto total del mercado se estimó en 150.200 millones de dólares, incluso 210 millones según algunas fuentes (véase el diario brasileño The Rio Times: https://www.riotimesonline.com/lulas-brazil-acquires-israeli-defense-tech-despite-criticism-over-gaza-conflict/). En el momento en el que escribimos este artículo, el proyecto está «congelado» desde octubre de 2024 debido a las críticas del presidente Lula da Silva contra Israel y la guerra de Gaza.(https://www.defensenews.com/global/the-americas/2024/10/07/brazils-deal-for-israeli-howitzers-frozen-over-gaza-war/ ). Sin embargo, no se ha firmado ningún decreto de anulación. Desde el anuncio del congelamiento del contrato, el ministerio de Defensa brasileño y el jefe del ejército tratan de desbloquear el dosier y persuadir al presidente de proceder a la entrega de los obuses, en especial, las dos unidades prototipos para sus pruebas operativas. A fines del mes de julio de 2025, el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, anunció un endurecimiento de las posiciones de Brasil con respecto a Israel y la suspensión del comercio de armas con Israel (en portugués: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/brasil-sancoes-israel-por-genocidio-gaza-chanceler-onu/).

 ¿Cómo se comporta Egipto, que es miembro de pleno derecho de los BRICS, con respecto a la solidaridad con el pueblo palestino?

Observamos desde hace años una colaboración creciente entre Egipto, Israel y Estados Unidos, en detrimento de la solidaridad con Palestina

En primer lugar, es necesario señalar el hecho de que las autoridades egipcias reprimieron e impidieron, en junio de 2025, una marcha de miles de personas, provenientes de decenas de países, hacia el puesto fronterizo de Rafah, con el fin de expresar su solidaridad con el pueblo palestino, exigir el fin del genocidio y apoyar la necesidad de un alto el fuego. Efectivamente, el 10 de junio de 2025, militantes provenientes de más de 50 países lanzaron la Marcha mundial por Gaza, una iniciativa civil organizada por una amplia coalición internacional para denunciar el bloqueo israelí y exigir la apertura de un corredor humanitario hacia Gaza a través del puesto fronterizo de Rafah. Sin embargo, las autoridades egipcias impidieron el desarrollo de la marcha, movilizando, desde el comienzo, una campaña de difamación mediática contra los organizadores. La represión se intensificó por arrestos (en las calles, hoteles y restaurantes), por confiscación de pasaportes y destrucción de teléfonos y además, se impidió a los convoyes salir de El Cairo. También se registraron violencias y detenciones en Ismailia, donde 200 militantes fueron arrestados y arrestadas. Además, se señalaron expulsiones y rechazos en el aeropuerto.

Léase: https://jewishcurrents.org/egypt-cracks-down-on-the-global-march-to-gaza .

Esta represión refleja la creciente colaboración entre Egipto, Israel y Estados Unidos, en detrimento de la solidaridad con Palestina. Recordemos que en la época de Gamal Abdel Nasser, Egipto rechazó cualquier normalización con Israel y continuó criticando severamente los abusos israelíes contra palestinas y palestinos. Pero su sucesor, Anwar Sadat, firmó un tratado de paz con Israel en 1979, bajo la égida de Estados Unidos. Considerado por el pueblo palestino como una traición, pero también por los otros pueblos de la región, incluido el pueblo egipcio, ese tratado abrió una vía de creciente cooperación, militar, de seguridad y económica. Bajo la presidencia de Abdel Fattah al-Sissi, esa normalización se acentuó a niveles sin precedentes, con una cooperación sobre seguridad, una creciente dependencia económica con respecto al gas israelí, un sostén implícito al bloqueo de Gaza, con un estrecho control del paso de Rafah y con el desmantelamiento de los túneles de comercio hacia Gaza. El régimen continúa reprimiendo sistemáticamente las concentraciones propalestinas e incluso gestos simbólicos como alzar una bandera palestina pueden llevar a acusaciones de terrorismo.

 ¿En qué estado está el comercio entre Egipto e Israel?

En 2022: el comercio entre Egipto e Israel se estimaba en cerca de 300 millones de dólares, contra cerca de 330 millones de dólares según un informe de 2021. En 2023, los intercambios aumentaron un 56% en relación a 2022, o sea a un total de cerca de 468 millones de dólares. En 2024, el crecimiento se aceleró a fines del año, con un salto del 168% en el cuarto trimestre, pero el total anual exacto no está precisado. El principal producto comprado por Egipto a Israel es el gas natural. El gas «israelí» representaba el 15,20% de consumo egipcio a comienzos de 2025.

 ¿Existe una colaboración militar entre Egipto e Israel?

Sí, existe una colaboración militar secreta pero substancial entre Egipto e Israel a pesar de la historia de sus conflictos (guerras en 1948, 1967 y 1973). Desde 2007, Egipto e Israel organizaron, de hecho, un bloqueo respecto a Gaza (restricciones en la circulación de bienes y personas, vigilancia de los túneles). Y también llevan a cabo operaciones conjuntas destruyendo los túneles entre Gaza y Egipto (con ayuda de la tecnología israelí). Por otro lado, Egipto adquirió sistemas de vigilancia israelíes (entre ellos, radares Elbit) por medio de intermediarios europeos. Según el Wall Street Journal del 7 de marzo de 2024, Israel ejerció ataques secretos contra armas que transitaban por Egipto hacia Gaza con el acuerdo tácito de las autoridades egipcias. La ayuda militar aportada por Estados Unidos a Egipto por un monto de 1.300 millones de dólares fue concedida con la condición de que El Cairo colaborara con Israel. Estados Unidos vigila que esta condición sea respetada.

 ¿Qué relaciones mantienen los Emiratos Árabes Unidos con Israel?

En 2020, bajo la égida del presidente Donald Trump, los acuerdos de Abraham (https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_normalizaci%C3%B3n_de_las_relaciones_entre_Emiratos_%C3%81rabes_Unidos_e_Israel) [10] (para saber más sobre los Emiratos Árabes Unidos se debe leer el recuadro). El 29 de agosto de 2020, algunas semanas después del anuncio de los acuerdos de Abraham, los Emiratos derogaron la ley federal de 1972 que prohibía las relaciones económicas con Israel. Esa decisión hizo legales los intercambios comerciales y las inversiones bilaterales; la importación y venta de productos israelíes; la cooperación científica, cultural, tecnológica, etc. Antes de esa derogación, ya se habían establecido progresivamente relaciones cada vez más estrechas.

En 2020, bajo la égida del presidente Donald Trump, los acuerdos de Abraham desembocaron en la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos

Después de los acuerdos de Abraham, el Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) fue firmado el 31 de mayo de 2022 y entró en vigor el 1 de abril de 2023, con la supresión o una fuerte reducción de los derechos de aduana de cerca del 96% de líneas arancelarias y el 99% del valor del intercambio

(https://es.euronews.com/next/2022/05/31/israel-eua-comercio). Ese tratado tiene por objeto incrementar los intercambios bilaterales hasta más de 10.000 millones de dólares durante los cinco años después de su firma. El conflicto en Gaza redujo en 2024 la visibilidad de los intercambios, pero el comercio permanece activo y ha aumentado. Como prueba, el volumen de comercio que alcanzaba los 2.500 millones de dólares en 2022, alcanzará, según las previsiones los 5.000 millones de dólares en 2025.

Según Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-30/israel-to-expand-trade-eastward-as-it-looks-beyond-war-economy), hay, en 2025, cerca de 600 empresas israelíes activas en los EAU y según un informe de Dubai Chamber (2023) más de 200 empresas de los Emiratos realizaron asociaciones o abrieron actividades en Israel desde la normalización de las relaciones (https://www.dubaichamber.com).

 

¿Hay un comercio de armas entre Israel y Los Emiratos Árabes Unidos?

Durante el salón del armamento, celebrado en febrero de 2025 en Abu Dabi, estaban presentes 34 firmas israelíes de armamento

Sí, existe un comercio de armas bien real entre Israel y los Emiratos desde la normalización en 2020. Este comercio concierne principalmente a sistemas antiaéreos (SPYDER, Barak 8, la Cúpula de hierro –Iron dome-), drones y tecnologías electrónicas, y se apoya también sobre la cooperación industrial. A pesar de que los contratos específicos permanecen ocultos, el comercio se aceleró desde 2022, con una, visibilidad pública creciente desde 2024-2025 mediante los salones de armamento como el salón IDEX (https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Defence_Exhibition) que tiene lugar cada dos años. Durante la exposición IDEX, realizada en febrero de 2925, estaban presentes 34 firmas israelíes especializadas en armamento. (https://www.cnbc.com/2025/02/21/idex-2025-israeli-weapons-firms-out-in-force-at-abu-dhabi-defense-expo.html). La sociedad emiratí EDGE (https://edgegroupuae.com/) especializada en armamento colabora activamente con las empresas israelíes del sector armamentístico como Elbit, Rafael, IAI, RT, Thirdeye.

 ¿Existe una colaboración directa entre las fuerzas armadas de los Emiratos y el ejército israelí?

Sí, existe una colaboración militar aunque no sea oficialmente reivindicada por ambas partes. Esa colaboración se explica, por otro lado, en parte por la hostilidad de estos dos países con respecto a Irán y a su influencia en la región. Pasa lo mismo con sus intereses comunes contra los hutíes en Yemen.

Desde el comienzo de la guerra en Yemen en 2015, los Emiratos Árabes Unidos incrementaron su presencia militar en la región, especialmente en la isla principal del archipiélago de Socotra, oficialmente yemenita. Los EAU ocuparon esa isla e instalaron una base militar, cooperando allí mismo con el ejército israelí. El archipiélago de Socotra, situado frente a las costas yemenitas en el océano Índico, controla unas vías marítimas fundamentales entre el mar Rojo y el golfo de Adén. Cerca de 20.000 buques de transporte pasan cada año cerca del archipiélago de Socotra, de los que el 9% están dedicados al aprovisionamiento mundial anual de petróleo. Puede leerse: Karim Shami, “Tyranny on the waters: The UAE-Israeli occupation of Yemen’s Socotra Island”, 24/03/2023, https://thecradle.co/articles-id/916# Puede leerse también: “UAE, Israel expand spy bases in Yemen’s Socotra under US-sponsorship: Report”, 29/07/2024, https://thecradle.co/articles-id/26154

Los EAU colaboran también con Israel, la India y varios países de la UE (Italia, Alemania, Francia, Grecia) en el proyecto de una vía terrestre que una el golfo de Dubái con el puerto de Haifa, a través de la península arábiga. Se haría vía Riad en Arabia Saudí con el fin de evitar el paso por el canal de Suez para el comercio Europa-Asia. Puede leerse: https://www.jns.org/uae-israel-land-corridor-operating-despite-war/. Se trata también, de una cierta manera, de desarrollar una alternativa a las nuevas rutas de la seda desarrolladas por China. Puede leerse: https://www.gisreportsonline.com/r/imec/.

 ¿En qué consiste la colaboración entre los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos en el ámbito militar?

Es importante señalar que los EAU son el único país miembro de los BRICS que tiene en su territorio una base militar permanente de Estados Unidos, lo que tiene, evidentemente, relación con su política de colaboración con Israel. La presencia militar de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos es importante, estratégica y duradera, enmarcándose en una cooperación bilateral de defensa reforzada desde la guerra del Golfo en 1991. En la proximidad de la capital de los EAU, Estados Unidos disponen de una base militar que aloja a aviones de caza (F-22, F-35 ocasionalmente), aviones de vigilancia (AWACS, JSTARS), drones armados (MQ-9 Reaper), aviones de aprovisionamiento, etc. Esa base constituye una plataforma logística clave para las operaciones estadounidenses en el Golfo Pérsico, en Irak, y en Siria, para el comando CENTCOM (Oriente Próximo/Asia central) y para la vigilancia de Irán. Los efectivos son de cerca de 2.000 a 3.000 militares estadounidenses estacionados de forma permanente o de manera rotativa. Estados unidos desplegó en Emiratos sistemas de defensa antimisiles como los Patriot PAC-3. Los Emiratos colaboran con la Quinta Flota estadounidense, con base en Bahréin. También participan en los ejercicios navales conjuntos y a iniciativas como la Coalición internacional para la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz. Los EAU garantizan un acceso a los puertos emiratíes para la flota estadounidense y las de sus aliados.

 

 ¿Cómo se comporta Etiopía con Israel? ¿Existe una cooperación militar entre Israel y Etiopía?

Existe un acuerdo de cooperación entre el Mossad y el servicio de seguridad etíope (NISS) desde noviembre de 2020, que cubre el intercambio de expertos y la lucha antiinsurreccional

A pesar del genocidio actual en Gaza, prosigue la cooperación militar entre Israel y Etiopía, país miembro de pleno derecho de los BRICS.

Según varias fuentes, Israel sigue siendo uno de los principales proveedores militares de Etiopía, especialmente, mediante la venta de sistemas de defensa antiaérea como el SPYDE-MR. Este sistema está destinado a proteger la Gran Presa del Renacimiento Etíope contra cualquier ataque aéreo.

La cooperación militar perdura en el tiempo a pesar de los cambios de régimen en Addis Abeba. Sus comienzos son en los años 1960-1990: Israel formó unidades de paracaidistas y de fuerzas de contrainsurrección para el ejército etíope (división Nebelbal), suministró 15.000 fusiles, bombas de fragmentación, y envió consejeros militares para entrenar a la Guardia presidencial (Puede leerse: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia%E2%80%93Israel_relations). Existe también desde noviembre de 2020 un acuerdo de cooperación entre el Mossad y el servicio de seguridad etíope (NISS), que cubre el intercambio de expertos y la lucha antiinsurreccional.

Debido al actual genocidio en Gaza, la asociación entre Etiopía e Israel es relativamente discreta, pero contribuye de manera notoria en la estrategia de seguridad etíope y en la influencia israelí en África del Este. Eso incluye el intercambio de informaciones, la coordinación estratégica y el refuerzo de la capacidad etíope. (Puede leerse: https://hiiraan.com/news4/2025/Mar/200683/israel_ethiopia_discuss_joint_efforts_to_combat_al_shabaab_and_houthis.aspx).

Hay que señalar que Israel mantiene en esa región excelentes relaciones con el régimen de Museveni en Uganda (que estaba representado en la cumbre de los BRICS en Río por la vicepresidenta). Se puede leer en inglés: www.alestiklal.net/en/article/how-israel-is-penetrating-the-african-continent.

El volumen de comercio entre Israel y Etiopía es escaso, cerca de 100 millones de dólares por año. Por el contrario, hay empresas israelíes cada vez más interesadas en invertir en el ámbito agrícola en Etiopía.

 ¿Qué relaciones mantiene Indonesia con Israel?

Indonesia importó de Israel tecnologías de espionaje y de vigilancia

Indonesia, primer país musulmán en cuanto a población y miembro de los BRICS de pleno derecho, no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Israel, pero la realidad es bien diferente. En mayo de 2024, una encuesta conjunta llevada a cabo por el diario israelí Haaretz, Amnistía Internacional

(https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/05/unravelling-a-murky-network-of-spyware-exports-to-indonesia/ (opción de idiomas español: Global: Una telaraña de vigilancia: desentrañando una turbia red de exportaciones de software espía a Indonesia) y Tempo reveló que Indonesia había importado tecnologías de espionaje y vigilancia a Israel.

La encuesta reveló que Indonesia importó y desplegó entre 2017 y 2023 una amplia gama de software espías altamente intrusivos y otras tecnologías sofisticadas de vigilancia. Varias empresas israelíes fueron identificadas como suministradoras indirectas: NSO Group (vía Q Cyber Technologies SARL, Luxemburgo) que produjo el software espía Pegasus; Intellexa Consortium conocido por su software Predator; Candiru/Saito Tech; Wintego Systems Ltd. El software espía adquirido por Indonesia, como Pegasus, Predator, etc., fueron concebidos para ser: ultrainvisibles, infectar sin interacción explícita, permitir la gestión de imágenes, mensajes, llamadas, posición, etc. Entre los actores que han comprado esta tecnología figuran la Policía nacional indonesia (Polri), la agencia nacional de ciberseguridad y criptografía (BSSN), y según algunos medios, el ministerio de Defensa. Amnistía advirtió que esos dispositivos representan un riesgo mayor para los derechos cívicos, especialmente para la libertad de expresión y la vida privada.

A mediados de julio 2025, Indonesia se unió oficialmente al «grupo de La Haya» durante la cumbre de urgencia de Bogotá, realizada los días 15 y 16 de julio de 2025. https://thehaguegroup.org/home-es/. También Indonesia figura entre los 13 países que se comprometieron a aplicar medidas concretas y coordinadas para hacer respetar el derecho internacional frente al genocidio actual en Gaza. Aparte de eso, el volumen de comercio entre Israel e Indonesia es pequeño, menos de 200 millones de dólares al año.

Ver nota completa en: https://www.cadtm.org/Por-que-los-BRICS-no-denuncian-el-actual-genocidio-en-Gaza

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2025/08/17/eric-toussaint-por-que-los-brics-no-denuncian-el-actual-genocidio-en-gaza/

 

Alternativas emancipatorias

Apreciemos un embrión de unión de los pueblos planetarios que cuestiona a la Comunidad Internacional del sistema mundo capitalista:

La Flotilla Global Sumud continúa su misión Rumbo a Gaza
a pesar del ataque israelí

15 de septiembre de 2025

Por Rebelión

A pesar del ataque con un dron militar israelí que lanzó una bomba sobre cubierta y provocó un incendio en uno de sus buques insignias mientras permanecía atracada en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), la Flotilla Global Sumud (GSF) se mantiene firme e impasible.

En rueda de prensa en Tunez la organización de la Flotilla ha manifestado:

«Nos preparamos para partir de Túnez, a la espera de las últimas comprobaciones mecánicas, las evaluaciones meteorológicas y la disponibilidad de los participantes. Nuestra misión es clara: exponer la limpieza étnica que Israel está llevando a cabo y solidarizarnos con el pueblo palestino. La agresión que sufrimos no se puede comparar en absoluto con los horrores diarios que los palestinos enfrentan bajo la brutal ocupación, los bombardeos y el bloqueo israelíes. En este preciso momento, Israel bombardea Gaza en total oscuridad, bajo un bloqueo total de las comunicaciones y los medios de comunicación, buscando deliberadamente silenciar a los palestinos y borrar su sufrimiento de la vista del mundo. Este ataque a nuestro barco anclado frente a la costa tunecina fue claramente un intento calculado de intimidarnos y desviar la atención mundial de las masacres y el genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza.»

“Partimos en esta misión. Ningún acto de agresión nos detendrá. En los próximos días, la flotilla se unirá en el mar en nuestra misión de romper el asedio, poner fin al genocidio y apoyar al pueblo palestino en su justa lucha por la libertad”, declaró Saif Abukeshek, miembro del Comité Directivo de la GSF.

“Somos una superpotencia como pueblo. Estamos con el pueblo palestino porque defendemos la humanidad y los derechos humanos. Hoy es Palestina, mañana somos todos nosotros. Todas las miradas puestas en Gaza”, reafirmó Mariana Mortágua, diputada portuguesa.

La Flotilla Global Sumud hace un llamamiento a los gobiernos, los medios de comunicación y la sociedad civil de todo el mundo para que rompan el silencio y actúen con decisión. Mientras Israel intenta sepultar Gaza bajo escombros, arrojaremos luz sobre sus continuos crímenes. Navegamos hacia la justicia y la humanidad, en solidaridad con el pueblo palestino y con determinación.

Después de 77 años de ocupación y 18 de asedio la sociedad civil navega para hacer el trabajo que los gobiernos del mundo no hacen. La Global Sumud Flotilla zarpó el pasado 31 de agosto rumbo a Palestina para romper el asedio ilegal a Gaza por mar, abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio continuo del pueblo palestino. Un gran movimiento de desobediencia civil se ha unido en la mayor coordinación noviolenta de la historia en solidaridad con Palestina. Para mantenerse al día, sigue a la Flotilla en sus canales oficiales:

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#FreePalestine
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#GlobalSumudFlotilla

Protejamos la flotilla que lleva ayuda a Gaza | WeMove Europe

Puedes firmar aquí:

https://action.wemove.eu/sign/2025-09-Global-Flotilla-petition-ES

Fuente: https://rebelion.org/la-flotilla-global-sumud-continua-su-mision-rumbo-a-gaza-a-pesar-del-ataque-israeli/

Preguntémonos cómo la Comunidad Internacional y los BRICS no sostienen a la Global Sumud Flotilla. Es que privilegian los negocios con Israel sobre la vida y dignidad de los palestinos. Creo urge generalizar el antagonismo irreconciliable de los pueblos con el capitalismo y sus imperialismos. E instalar como causa común de todos los pueblos planetarios la resistencia palestina que encabeza hoy la afirmación de la dignidad humana de todos.

Qué Democracia

En alternancias de oposiciones aparentes por representar ambas al establishment transnacional y transnacionalizado cuya dictadura, legitimada en 2023, procura expropiar todo el territorio de Argentina

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/
Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

Alertémonos sobre implicancias del olvido y la negación de los cuarenta años de legalización y legitimación de expropiación y mercantilización, por el establishment transnacional y transnacionalizado, de los bienes comunes tanto sociales como naturales. También acumuló riquezas, poder de dominio e ingresos mediante creciente explotación tanto de la naturaleza como de los trabajadores, pueblos e individuos de la Argentina sin fronteras ni muros burgueses.

Este proceso, sin interrupción alguna, de políticas del Estado neoliberal explica que los 40 años concluyeran con 60% de los menores de 17 años y casi el 80% de la ancianidad avasallados en todos sus derechos. Pero, además, las elecciones -asumidas como prueba de democracia- alcanzaron su máxima degradación en el balotaje al legalizar-legitimar la dictadura del establishment. En efecto, el balotaje contenía sus planes del gobierno y los dos candidatos se comprometieron en ejecutarlos. Milei y Massa, inmediatamente antes del balotaje, hacen públicas lo medular para el establishment:  -adhesión al genocidio de los palestinos para desposeerlos de su territorio; -ratificación de las relaciones carnales de Argentina con EE.UU. ya establecidas por Sergio Massa durante más de un año de presidencia de facto.

El garante imprescindible al cumplimiento de la “Miseria Planificada” como Rodolfo Walsh anticipó fue el Partido Justicialista por constituir el vigente Estado Corporativo que Perón fundó en 1944. Subrayemos en la siguiente nota a la lectura sesgada y restringida a la coyuntura que, aún más, la capta en sus apariencias.

Una victoria electoral contra
el «genocidio social» de Milei

13 de septiembre de 2025 

Por Sergio Ferrari / Rebelión

Por casi 14 puntos de diferencia, el domingo 7 de septiembre el peronismo-kirchnerismo propinó en la Provincia de Buenos el primer golpe político de envergadura al Gobierno de Javier Milei y su proyecto antisocial. Fue una “paliza electoral”, titularon diversos medios nacionales e internacionales, comentando los resultados que ninguna de las empresas de sondeos había pronosticado.

Casi dos años después de la victoria de Milei en 2023, la elección de parlamentarios provinciales bonaerenses constituía el test más relevante del estado de humor político de la ciudadanía en general.

La provincia de Buenos Aires, con más de 17 millones de habitantes -el doble de la población de Suiza-, reúne casi una tercera parte del electorado argentino.  Históricamente, los resultados de ese gigante habitacional de 307.000 kilómetros cuadrados (más extenso que Italia), constituye uno de los indicadores de referencia de las tendencias electorales a nivel nacional.

El próximo 26 de octubre será el otro momento clave para evaluar la marcha del proyecto “anarco-liberatorio-antisocial” de Milei: las elecciones parlamentarias a nivel nacional. En ellas se elegirá la mitad de los diputados y un tercio de los senadores. De ahí la trascendencia de la pulseada en las urnas del pasado 7 de septiembre

Resultados contundentes

Fuerza Patria, que reúne al peronismo-kirchnerismo y sus aliados, con más de 3.800.000 votos (47.3% de los votos) fue la clara vencedora. Con 2.700.000 (33.7%) quedó en segundo lugar La Libertad Avanza de Javier Milei que en esta elección fagocitó a la Propuesta Republicana (PRO) del antiguo presidente derechista Mauricio Macri. Es decir, Milei congregó en esta contienda electoral a todo el espectro de la derecha-extrema derecha.

Muy lejos de las dos primeras fuerzas, quedaron con algo más del 5%, Somos Buenos Aires (un sector del antiguo Partido Radical de centro) y como cuarta fuerza electoral el Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad que alcanzó el 4.7% de los votos. Una decena de otras pequeñas fuerzas se ubicaron con menos de 2% cada una, no llegando, en total, al 10% de los sufragios.

Dos conclusiones principales

Más allá de la aritmética y de la mayoría parlamentaria neta que mantendrá por cuatro años el peronismo-kirchnerismo en la provincia más grande de Argentina, surgen dos principales elementos de análisis a nivel de conclusiones provisorias.

En primer lugar, y el más contundente, la victoria incuestionable del peronismo-kirchnerismo sobre La Libertad Avanza del presidente Milei. En términos más globales se puede interpretar como un rechazo claro de un sector mayoritario del electorado bonaerense al proyecto de duro ajuste antisocial que viene ejecutando el dirigente libertario con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional.

Si bien Milei logró un relativo control de la inflación, el costo social del ajuste que aplica, el desmantelamiento acelerado del Estado social, la dependencia total del Fondo Monetario Internacional, así como su alianza ciega con Donald Trump y Benjamín Netanyahu (como principales referentes de su visión geopolítica) le pasan una costosa factura política. A lo que se suma el rechazo popular al negacionismo de Milei sobre derechos humanos y el cambio climático. Y la condena popular a la constante acción represiva que el Gobierno Milei vienen aplicando contra toda forma de oposición, en particular contra los jubilados que encabezan desde meses el reclamo social en las calles.

Por otra parte, el triunfo de Fuerza Patria lleva al análisis de las dinámicas actuales internas de ese gran conglomerado político peronista-kirchnerista. En el mismo confluyen tres sectores principales: el de Axel Kicillof (53 años), actual gobernador de Buenos Aires, hijo político del kirchnerismo pero que reclama autonomía en la gestión. El sector kirchnerista encabezado por Cristina Fernández de Kirchner (72 años), hoy proscripta, detenida en prisión domiciliaria pero que continua como presidenta del Partido Justicialista (peronista) a nivel nacional. Y la centrista Renovación Peronista del ex candidato Sergio Massa (53 años).

Sin embargo, más allá de estas fuerzas estructuradas, el peronismo-kirchnerismo integra muy diversos sectores sociales lo que complejiza aún más la conducción unificada de ese amplio movimiento: las principales centrales sindicales del país; movimientos sociales urbanos y rurales; los gobernadores provinciales peronistas –muchas veces con proyectos e intereses propios y dispuestos a negociar con el Gobierno Nacional – e incluso, los intendentes municipales. Como ejemplo, solo en Buenos Aires, el peronismo ganó el pasado 7 de setiembre en casi un centenar de las 135 intendencias que existen en esa provincia, ya que también se elegían concejales (parlamentarios municipales) y consejeros escolares.

Una primera lectura indicaría que el ganador en esa interna fue Axel Kicillof quien impuso su voluntad de adelantar a septiembre esta contienda provincial, separándola de las elecciones parlamentarias de octubre próximo. Las urnas mostraron que esa decisión política de alto riesgo era correcta. Sin embargo, la victoria del peronismo-kirchnerismo también deja una lección esencial: sin unidad en la diversidad no hay victoria contra el proyecto de Milei.

El gran desafío de los próximos meses y años consistirá no solo en mantener esa frágil unidad dentro del campo nacional y popular sino extenderla y ampliarla a otros sectores para que el resultado exitoso que se vivió en Buenos Aires logre superar, a nivel nacional, el 50% de las simpatías electorales, condición para destronar este peligroso laboratorio de genocidio social que impulsa el Gobierno de Milei.

Fuente: https://rebelion.org/una-victoria-electoral-contra-el-genocidio-social-de-milei/

Atendamos a parte de nuestra larga historia de genocidios que es la protagonizada por Cristina Fernández encubierta por Alberto Fernández y sostenida por el Partido Justicialista:

Una empresa estatal israelí en la Argentina

El agua, el nuevo botín

9 de noviembre de 2022

Por Susana Lara /El Cohete a la Luna

La empresa estatal israelí que secó el río Jordán —aquel en cuyas aguas fue bautizado Jesús y ungido Mesías por el cristianismo— se afianza en la Argentina para el proceso de creación de un mercado del agua de consumo humano, productivo e industrial.

A diez años del proyecto frustrado en la provincia de Buenos Aires, Mekorot Israel National Water Co firmó un acuerdo con el Gobierno nacional que le permite iniciar negocios para la gestión integral de los recursos hídricos de cinco provincias, en tanto que mantiene avanzadas conversaciones al menos con dos municipios sobre la costa del río Paraná. La misma empresa realiza inversiones en infraestructura de agua y salubridad por otro memorándum de entendimiento firmado el año pasado, los que se articulan estratégicamente.

“Uno de los objetivos principales de la política hídrica en Israel fue que la gestión del recurso esté centralizada en pocas instituciones con una clara delimitación de las facultades y responsabilidades de cada una”, según el análisis de Evangelina Dardati, economista chilena. Mekorot es uno de los cinco puntales de ese modelo.

La empresa firmó un acuerdo para la gestión integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), quien a su vez lo hizo con los gobiernos de las provincias de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Río Negro. Las declaraciones oficiales de funcionarios públicos y de los directivos de la empresa permiten interpretar los alcances del acuerdo de negocios plasmados en los respectivos convenios particulares. Arancelamiento de todos los servicios de aguas, modificación de las leyes provinciales y de sus organismos de aplicación, reordenamiento total de los usos y destinos de la infraestructura existente, creación de valores económicos y financieros para establecer un costo del agua en la Argentina, nacionalización y centralización de algunos sectores del mercado, entre otros objetivos de esta gran reforma que pretende completar y perfeccionar la de los ’90.

En este caso, el conflicto se plantea por dos frentes. Por una parte, por el plan de negocios neoliberal para el agua dulce potable, recurso estratégico comparable a la tierra libre de agroquímicos y de ocupantes con título de propiedad privada. Por otra, Mekorot es una de las empresas cuyas prácticas fueron condenadas por el Relator Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Michael Lynk, con rol clave en el proceso calificado como apartheid contra el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén este. El último informe del Comisionado se hizo público en el 25 de marzo pasado; un mes después, una misión argentina encabezada por el ministro del Interior, Wado de Pedro, recorrió las obras modelo de Mekorot que privan a Palestina de agua en calidad y cantidad suficiente para una vida digna.

El interés de siempre

Como para empezar de cero, sin el lastre de los negociados menemistas, los funcionarios públicos nacionales y provinciales insisten en hablar del acuerdo con Mekorot como reciente, de menos de dos años.

La Argentina e Israel firmaron en 1995 un acuerdo de cooperación comercial y económica. Uno de los antecedentes importantes es el acuerdo del Gobierno de La Pampa e Itzhak Aviran, embajador de Israel en la Argentina a partir de una gestión personal de Osvaldo Roberto Schvartzer, en su rol de presidente de la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad de Ben Gurión. El economista estuvo involucrado en los 90 en el cobro y uso de 17 millones de pesos en concepto de ATN (aportes del tesoro nacional) cedidos por la cartera de Carlos Corach a la embajada israelí en Buenos Aires. Años después, le armó la gira de negocios por Israel a Mauricio Macri cuando era Presidente.

Para 2003 Jorge Sobisch, gobernador de Neuquén, avanzó con un proyecto de irrigación de 40.000 hectáreas en el que aparece el grupo de intereses que confluía en la embajada de Israel. Dos años después, le otorgó en forma directa (sin licitación ni concurso público) a la consultora The Israeli Consulting and Technological Company Ltd. (ITC) el diseño de un proyecto de desarrollo agroproductivo para la zona comprendida entre Arroyito, El Chocón y Challacó. El ingeniero Ernesto Schvartzer, sobrino de Osvaldo, armó ITC, brazo técnico-comercial de la Universidad Ben Gurion, con la que ejecuta proyectos de agricultura intensiva en varios países. Hicieron pie en el Valle de Antinaco (La Rioja), Formosa, Salta —de la mano del grupo Socma (Macri)—, así como en Choele Choel y el Idevi (Río Negro), con el discurso de la ampliación de la frontera agropecuaria y la incorporación de tecnología eficiente para el riego de suelos áridos.

El grupo de negocios incluyó socios locales. En 2007 fructificó la alianza con la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias de la República Argentina (FENTOS). Ese mismo año el gobierno de Río Negro alcanzó un acuerdo con objetivos generales similares a los de hoy. En 2008 Chubut firmó un convenio marco con la dupla gremial-empresaria cuyo desarrollo se fue licuando. Ese mismo año, el ex gobernador Daniel Scioli decretó de interés público un proyecto de saneamiento de aguas en La Plata, que no soportó los cuestionamientos técnicos y políticos y naufragó. En 2009 la empresa anunció su interés por participar del armado y emplazamiento del Polo Industrial y Tecnológico de Bariloche. Por su parte, Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba y también en 2010, analizó en ese entonces la posibilidad de un acueducto entre el río Paraná y Córdoba.

Muchos de estos proyectos merecen revisarse en profundidad para entender un modo de acumulación de capital asociado a los Estados, los elencos locales de los partidos políticos y la burocracia sindical en el anclaje territorial del modelo neoliberal.

Otros capitales trasnacionales acapararon la atención con la transformación estructural del territorio que emergió con la soja transgénica, los desmontes masivos y el acaparamiento de tierras rurales para nuevas rentas de la naturaleza. Así, no llamó la atención cuando en 2020 reapareció Mekorot en negociaciones con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), las que se formalizaron el año pasado. “Mekorot contribuirá en el desarrollo de proyectos de alto impacto para el fortalecimiento de las capacidades de gestión en los servicios de agua y saneamiento a través de un equipo de expertos israelíes con experiencia probada en la gestión de los recursos hídricos. La realización de estudios de viabilidad y de proyectos de tecnología aplicada a los recursos hídricos es uno de los puntos incluidos en el acuerdo. También la elaboración de informes, el asesoramiento, el fortalecimiento de los marcos legales y la planificación”, informó la Cámara de Comercio Argentino Israelí.

El proyecto, lxs proyectistas

“Queremos nacionalizar la gestión de los recursos hídricos. Tenemos un borrador en base a la experiencia de Israel, Estados Unidos y Australia, y al regreso del viaje discutiremos con los gobernadores las mejores opciones. Nuestra propuesta es que haya una sola autoridad del agua en el país”, dijo De Pedro a la salida de la planta Eshkol, en abril. Participa de este proyecto Malena Galmarini, presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con la presencia de José Luis Lingeri, integrante del directorio y nexo con las fallidas inversiones en La Plata y Bahía Blanca de hace una década.

Mekorot tiene dos subsidiarias, Mekorot Desalination and Enterprise y Mekorot Development & Enterprise LTD. Esta última es la que integró la UTE para una obra en La Plata que Lingiere conoció de adentro. Por parte de la empresa, participó de las negociaciones con el ENOSHA Moti Shiri, director ejecutivo de Mekorot Desalination. En el acuerdo canalizado por CFI, Barak Graber y Diego Berger. Graber integra los directorios de las firmas con que desarrollaron y operan dos plantas desalinizadoras en Chipre. En tanto, Berger juega de local; nació en Argentina y se radicó en Israel. En mayo participó de actividades en Chile, donde informó al Senado sobre aspectos de la gestión del agua en vista de la reforma constitucional que por entonces se definía.

Los anuncios oficiales no fueron acompañados por la documentación pública correspondiente. La única copia disponible se publicó en el Boletín Oficial después de que la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza la reclamara formalmente con una abogada. De esa copia se desprende que al menos Mendoza firmó dos acuerdos con el CFI. El 11 de agosto acordó la realización del “Plan integral para la sustentabilidad del sistema hídrico provincial” por el plazo de dos años. El 5 de septiembre el “Convenio marco de cooperación – Lineamientos técnicos, parámetros y principios de funcionamiento aplicables a la elaboración de un plan maestro para el sector hídrico de la provincia”.

Rodolfo Alejandro Suárez, gobernador de Mendoza, refrendó por decreto el primer acuerdo, que en los considerandos indica que comprende cinco proyectos concurrentes: “1) Plan Maestro para el sector hídrico; 2) Código de Aguas para la Provincia de Mendoza; 3) Herramientas para la optimización de la disponibilidad hídrica; 4) Fortalecimiento del programa de inversiones en cauce; y 5) Fortalecimiento de la gobernanza del sistema”. En el segundo acuerdo consta que la cooperación se inicia con la contratación por parte del CFI a la consultora Mekorot Israel National Water para definir los lineamientos técnicos, parámetros y principios de uso sostenible de los recursos hídricos y la adquisición de las capacidades necesarias para la gestión sustentable de estos. Esos términos vagos se delimitan un poco más cuando indica que el proyecto realizará “un análisis del potencial de los recursos hídricos (aguas superficiales y subterráneas); la creación de proyecciones de la demanda de agua (urbana, rural y de riego) para crear un sistema de asignación que permita regular la demanda de agua; definir planes alternativos de abastecimiento de agua”, entre otros objetivos. Mendoza tiene una ley provincial de aguas y una autoridad de aplicación local, el Departamento General de Irrigación (DGI).

Otros pocos detalles surgen de las declaraciones de lxs gobernadorxs firmantes. Río Negro anunció que en dos meses entregará el contenido para el desarrollo del Plan Maestro local, que quedó en manos del Departamento Provincial de Agua (DPA), autoridad de aplicación del código de aguas local. La propuesta propia incluirá una “evaluación de alternativas de desalinización para abastecimiento de agua potable en la región sur y en poblaciones de la zona atlántica; la planificación y optimización de la reutilización de los efluentes generados en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales; un análisis de funcionamiento y eficiencia de los sistemas de riego y drenaje, para realizar posteriores planes de reacondicionamiento o modernización; un análisis económico, balance prospectivo y recomendaciones para alcanzar un desarrollo equilibrado, trabajando sobre el valor económico del agua que permita alcanzar un financiamiento genuino de la gestión integrada de los recursos hídricos”, informó la gobernadora Arabela Carreras.

La provincia hizo propio el viejo interés de Mekorot por una planta desalinizadora en Sierra Grande, opción que reflotó el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde en Punta Colorada.

Palestina, pueblo originario

Maren Mantovani, coordinadora de relaciones internacionales de la campaña palestina Stop the Wall (Paremos el muro), regresó a la Argentina por Mekorot. Había participado de la campaña de esclarecimiento “Buenos Aires, aguas turbias” por el proyecto de La Plata. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los DD.HH. organizaron la presencia de la activista en Esquel (Chubut), donde planteó el tema del dominio del agua para tener el control territorial en el caso de Palestina.

“La acción de Mekorot en Palestina es mucho más que la mercantilización del agua, es el uso estratégico del control del agua para expulsar a las comunidades de los territorios al despojarlos del recurso”, argumentó Mantovani en una conversación virtual. Israel tiene centralizado el uso del agua que es exclusivo dominio estatal. En el control estatal del recurso, Mekorot es la única empresa del sector, brazo técnico de la estrategia de gobierno para con Palestina.

En los reclamos internacionales, consta que extrae una cantidad de agua de los territorios palestinos ocupados que excede la regla de usufructo de las Regulaciones de La Haya y, por lo tanto, viola el derecho internacional humanitario (DIH). Israel prohíbe totalmente a los palestinos abrir nuevos pozos; al mismo tiempo, Mekorot perfora al lado sus pozos más profundos para los asentamientos israelíes de forma ilimitada, mientras restringe el suministro de agua para las comunidades palestinas en la misma región. Estas prácticas empresarias son violatorias de numerosos pactos internacionales.

“Como Sudáfrica y Namibia, Israel comete el delito de apartheid”, sintetizó Mantovani. En ese sentido, en su informe en la sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial Lynk advirtió sobre “la transición de un estado de ocupación —que ya supone un desafío al derecho internacional—, a convertirse en un régimen de apartheid asumido por el gobierno israelí (…). Su prohibición incluso constituye una norma imperativa del derecho internacional”.

Dice la Biblia que el pueblo de Israel cruzó a la tierra prometida por el sur del río Jordán, cuyo caudal languidece por años de sobreexplotación para riego y agua potable de la colonización de los territorios palestinos. En su desembocadura, el mar Muerto desciende al perder el único aporte de este afluente de agua dulce.

Envuelto en los discursos del cambio climático y la transición de la matriz energética, la reforma estructural que plantea el gobierno nacional para con el agua dulce potable, en acuerdo con los gobernadores de distinta extracción política, plantea un conflicto de impacto masivo y a mediano plazo. De todos modos, cuesta imaginar un futuro en que las petroleras paguen a precio de mercado el agua del fracking en Vaca Muerta, que los estancieros paguen por usar el agua sin restricciones o se cobre el derroche en piscinas de las viviendas de alta gama.

Fuente: https://rebelion.org/el-agua-el-nuevo-botin/

En consecuencia, la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida desestima la extrema y legalizada-legitimada violencia conque el sistema mundo capitalista y su local expropian los bienes comunes expandiendo, por tanto, el avasallamiento total de los derechos de los pueblos e individuos.

Bloqueo de la lucha de clases

Subrayemos que el bloqueo a la lucha de clases no sólo reside en el vigente Estado Corporativo que fundó el nazi fascista de Perón en 1944. Sino también lo recrean notas descontextualizadas de los 40 años de políticas del Estado neoliberal en el país e internacionalmente como la siguiente:

Un límite a la brutalidad

12 de septiembre de 2025

Por Ezequiel Ipar | Revista Anfibia – Arte: María Elizagaray Estrada

En el siglo pasado los fascismos recurrieron a las prácticas y las retóricas de la crueldad para entretener, distraer y quebrar la moral de la población. No querían imponer una nueva serie de valores, sino bloquear en cada individuo la reflexión moral. Si una política logra normalizar la insensibilidad, la deshumanización, esa sociedad ya está viviendo en un régimen fascista. Los bonaerenses no aceptaron esta invitación de la extrema derecha argentina, dice Ezequiel Ipar, pero advierte que el fantasma del autoritarismo no es una eventualidad del futuro, es nuestro presente.

La brisa de esperanza que trajo el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses es un gran triunfo colectivo. El respiro que produjo el resultado electoral nos permite ver desde otra perspectiva el fondo de olla en el que estamos: discutimos cuestiones políticas en el tercer subsuelo moral de la historia reciente de la sociedad argentina. En las semanas previas a la elección, el presidente Javier Milei vetó una ley que garantizaba protecciones vitales para las personas con discapacidad, consiguió un fallo judicial que avalaba el bullying y el escarnio público contra un niño con autismo y repitió las declaraciones más obscenas y delirantes sobre el genocidio en Gaza. 

En el siglo pasado los fascismos recurrieron a las prácticas y las retóricas de la crueldad para entretener, distraer y quebrar la moral de la población. La estetización de la violencia callejera, las campañas discriminatorias contra grupos vulnerables y las leyes raciales buscaban construir una mayoría de individuos cómplices de sus aberraciones, una comunidad sin ningún vínculo moral significativo. El objetivo de su estrategia de legitimación no era imponer una nueva serie de valores, sino bloquear en cada individuo la reflexión moral, esa posibilidad que todos tenemos de reconocer la vulnerabilidad de los otros y hacernos responsables por los efectos de nuestros actos sobre ellos. Si una política logra normalizar la crueldad como un hecho aceptable de la vida social, esa sociedad ya está viviendo en un régimen fascista, aún antes de que las masas comiencen a declamar su credo o saludar a sus líderes. Afortunadamente, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires no aceptaron esta invitación de la política de la crueldad de la extrema derecha argentina. 

¿Fue entonces una elección donde se probaron los límites morales de la sociedad? Hay que recordar que el Congreso acompañó el veto presidencial al aumento para los jubilados, pero luego lo rechazó y también aprobó la emergencia en discapacidad. Puso un límite y Milei lo desoyó al politizar el veto y amenazar con no cumplir y judicializar esa ley. Esa es la política de la crueldad en estado puro, con su doble cara de ceguera ideológica y estrategia de legitimación para canalizar resentimientos sociales. 

En este caso, la política de la crueldad de Milei falló y encontró un límite gracias a la participación activa de las familias afectadas. Ellas ocuparon el espacio público y lograron que fragmentos de la historia de la institucionalización de sus derechos traspasaran la espesa cobertura de noticias falsas y distorsiones que había lanzado el Gobierno. Así, se supo que el incremento en el número de beneficiarios por discapacidad se debía al cumplimiento de obligaciones jurídicas que habían sido exigidas por la ONU. El contenido de estas recomendaciones, que estaban escritas con la supuesta frialdad del lenguaje de los expertos jurídicos y los procesos del derecho internacional, se traducía muy fácil al lenguaje ordinario de cualquier ciudadano capaz de reflexionar moralmente sobre asuntos públicos: “no consideren sólo a las personas incapaces para trabajar como los únicos individuos susceptibles de ser ayudados para enfrentar situaciones de discapacidad”. Esta recomendación va en el sentido de la tan mitificada “cultura del trabajo” que defienden los sectores conservadores y promueve beneficios generales para el conjunto de la población. Pero estas historias de los derechos sociales no pueden ser entendidas ni desde el vértigo de la bolsa de valores, ni desde la ideología discriminatoria de las derechas radicales contemporáneas. (…)   

Hay que reconocerlo: el peronismo cumplió un papel clave en la defensa de la democracia. En un contexto en el que el Gobierno sólo quería hablar de finanzas y del control de la inflación, el peronismo bonaerense logró articular una sensibilidad múltiple hacia el malestar económico y construyó una voluntad política que le puso un freno a Milei. Frente a un presidente despiadadamente monotemático, creció la voz polifónica del gobernador Axel Kicillof, que no sólo legitimó una gestión pública contrapuesta a la de Milei, sino que logró abrir el espacio para otra lógica de construcción política. 

Muchos partidos políticos del centro hacia la derecha ya habían sucumbido a la idea de que la política se iba a dirimir entre Milei y alguna alternativa que propusiera la misma política de Milei pero sin la crueldad. En cambio, Kicillof logró que la sociedad de la provincia de Buenas Aires encontrara el canal institucional adecuado para señalar con mucha nitidez que la política de Milei es la crueldad y una alternativa real a todo el daño que provocó no puede partir de sus mismas bases. Con ese posicionamiento también se logró que la participación ciudadana —el 63 por ciento del padrón— fuera superior a la de elecciones locales anteriores. 

El desafío sigue abierto. El fantasma del autoritarismo no es una eventualidad del futuro. Ya estamos dentro de un proceso de autocratización en marcha y para enfrentarlo hay que ser muy claros en el diagnóstico de todos sus desvaríos institucionales. Quienes siguen el deterioro de la calidad democrática y de la vigencia de los derechos humanos en nuestro país registraron durante 2025 más de 20 eventos graves. Sólo en julio de este año el gobierno cometió cinco violaciones de principios democráticos que incluyeron: 1) represión, detención y respuestas desproporcionadas frente a la protesta social; 2) sus simpatizantes y funcionarios realizaron amenazas abiertas al orden democrático; 3) continuaron los ataques y asedios sistemáticos del presidente y otros dirigentes políticos del partido de gobierno contra el periodismo; 4) se reportó el aumento de los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+; y 5) la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados denunció en su informe los reiterados ataques del gobierno de Milei sobre los jueces que fallaron contra la policía para hacer respetar el estado de derecho.

Este proceso de deterioro de la democracia responde también a causas globales que son fáciles de entender, pero difíciles de enfrentar. Muchas de ellas inciden sobre la vida cotidiana de las personas: provocan temores y ansiedades económicas que luego son canalizados por el mesianismo autoritario de las extremas derechas, tal como está sucediendo en muchos países, desde los Estados Unidos de Trump hasta la resiliencia del bolsonarismo en Brasil. Dos de estas causas están muy activas en la actualidad: la globalización sin normas de la economía y el cambio tecnológico acelerado. Ambos procesos ponen a los trabajadores de los países democráticos frente a la experiencia radical de su propia fungibilidad, la amenaza de poder ser reemplazados sin pérdidas funcionales para el sistema y sin noticias de los daños subjetivos que esa sustitución provoca. En el plano de la regulación del proceso económico ambos fenómenos hacen posible que las grandes empresas diseñen estrategias que se basan en lo que los economistas denominan “race to the bottom” (se podría traducir como “carrera hacia el abismo”): atraer inversiones promoviendo cada vez peores regulaciones, especialmente en materia de presión tributaria y justicia fiscal, derechos laborales, libertad sindical, vigencia de los derechos humanos en las cadenas de valor y protección del medio ambiente. Hace tiempo que se volvió relativamente evidente que el race to the bottom económico iba a terminar provocando un race to the bottom institucional en el sistema político democrático. Y es finalmente esto lo que estamos viviendo a nivel global en las diferentes historias de debilitamiento y fractura de la legitimidad de la democracia. 

Para decirlo de un modo simplificado: si las democracias no les pueden subir los impuestos a los billonarios para financiar al Estado y no pueden regular los daños que provoca el proceso productivo sobre el mundo de la vida de los trabajadores, efectivamente el contrato democrático se debilita y el espacio público parece hundirse en discusiones farsescas sobre la solución de los problemas económicos a través de las deportaciones masivas o la reducción de los servicios sociales de las personas con discapacidad. 

En la Argentina a esta problemática general se le agrega la necesidad de reducir los escandalosos niveles de informalidad económica, las demandas para volver más razonables y eficaces las políticas del Estado de bienestar y la urgencia de poder contar con una política monetaria realmente profesionalizada. Pero encauzar esta discusión, la experiencia reciente así lo demuestra, no es nada fácil. Para regular democráticamente al sistema económico global se requiere, al mismo tiempo, participación ciudadana en temas poco atractivos como la política tributaria o la política comercial, coordinación internacional en un momento de desconfianza geopolítica y un compromiso por parte de los dirigentes con reformas que no siempre responden a sus intereses políticos de corto plazo. Para poner sólo un ejemplo entre muchos: los impuestos a las compañías globales (el intento que comienza a regir lentamente de imponer un 15 por ciento sobre sus ganancias) o a los super-billonarios (la idea de un tributo que logre recaudar el 3 por ciento sobre su patrimonio) avanzan mucho más lentos que el malestar social que genera la desigualdad y la precarización.    

Esta es la encrucijada en la que se encuentran los ciudadanos y los dirigentes políticos de las democracias contemporáneas. Ya no pueden seguir jugando –sin consecuencias catastróficas– el juego de la política habitual, pero tampoco disponen de las herramientas institucionales para resolver los problemas del sistema económico que están a la vista de todos. 

En un escenario relativamente parecido a este, en la política del siglo XX apareció una gran disyuntiva: recurrir a un líder extraordinario que sea capaz de proveer con su decisión inescrutable aquello de lo que la realidad objetiva carece o abocarse a la experimentación de la construcción democrática de nuevas instituciones. En la escena política contemporánea vemos que, un siglo después, algunos de nuestros dilemas políticos vuelven a ser muy similares a los de las grandes crisis del siglo XX. 

Un límite a la brutalidad

Fuente: https://rebelion.org/un-limite-a-la-brutalidad/

Comprobamos una mirada que nos mantiene en el círculo perverso del peronismo y en la conciliación con el Capital que está implícita en la democracia burguesa. Reflexionemos sobre qué Horacio Machado Aráoz explica:

«(…) El epistemicidio crea las condiciones presentes de nuestra colonialidad. Y la idea “heredada” de Derechos Humanos hace parte de todo el andamiaje teórico e institucional, filosófico-político y jurídico-político, de la colonialidad eurocéntrica; de la colonial-modernidad. En un punto, debemos considerar seriamente la posibilidad de que la idea “occidental” de “Derechos Humanos” sea la pieza más estratégica de la Razón Imperial. Esto es, lo que, presentándose como una salvaguarda y un horizonte de (luchas por la) emancipación, sea el grillete más hermético y el techo pétreo que aplasta los imaginarios y aspiraciones igualitarias y libertarias de los “condenados de la Tierra”.

Hay una contradicción insalvable entre una forma jurídico-política que nace y se constituye desde un acto de ecogenocidio y una forma que se presenta como el garante de nuestros derechos más básicos e inalienables. ¿Cómo es que un estado ecogenocida y originariamente racista, se ‘convierte’ en “Estado de Derecho”? Ninguna “Declaración de Derechos”, ningún Preámbulo, puede borrar —sin reparación, sin restitución— las bases ecogenocidas de las que surge y sobre la que se erige la “constitución nacional”, la construcción del Estado.

Tenemos que abrir esa Constitución, esa idea de “estado de derecho” y esa idea de “democracia” que ha sido instaurada presuntamente como el orden normativo que vela y protege nuestros derechos más elementales, para ir más allá de sus subsuelos coloniales. (…)»

Democracia, derechos humanos y colonialismo:
contradicciones fundacionales
y territorios para la vida

 13 de diciembre de 2024 

Por Horacio Machado Aráoz   

Publicado en Contrahegemonia,Debates estratégicos

Repensar los derechos humanos y la democracia. Explicitar la “dictadura extractiva” en los territorios saqueados. Los pueblos indígenas, campesinos y asambleas socioambientales como sujetos históricos para un nuevo modelo. En un ensayo inédito, Horacio Machado Aráoz cuestiona los pilares fundantes del Estado argentino, denuncia los genocidios invisibilizados y reivindica las luchas vigentes para “retomar la Tierra”.

 (…) ¿Qué democracia?

Esta contradicción radical, histórica, originaria, constitutiva y constituyente, se hace historia presente cada vez que asistimos a un nuevo ciclo de expansión o aceleración de las fronteras extractivistas. Para ilustrar esto, viene a la memoria la escena de las luchas en Andalgalá y Tinogasta, en el año 2012. La ruta 40, la ruta 60, las calles de Andalgalá fueron escenario de las represiones más violentas y fueron represiones dictadas y conducidas por un gobierno que durante su campaña había prometido diálogo con “los ambientalistas” y que hablaba de poner fin a la represión; un gobierno que se decía “nacional y popular” y que estaba estrenándose en el ejercicio del poder. En ese contexto, salió una consigna que se convirtió en emblema de la resistencia: “Donde hay mega-minería no hay derechos humanos”. Ese fue el lema de la campaña que ese 10 de diciembre de 2012 se desplegó en los valles minerados de Catamarca.

Donde hay extractivismo, no hay derechos humanos. No sólo eso: donde hay extractivismo no hay ni puede haber estado de derecho, ni orden democrático. Porque el extractivismo supone un orden jurídico político donde el privilegio de una minoría apropiadora se convierte en el fundamento del “orden social” y de la “convivencia colectiva”; se hace Ley Suprema. La ecuación política del extractivismo es del orden del despojo y de la lógica sacrificial. Como régimen político y forma de gobierno, consiste en la creación y reproducción de un entorno de privilegios a costa de la explotación sacrificial de las condiciones de existencia de vastas mayorías.

En las zonas coloniales, la dinámica sacrificial es una constante. Por eso decimos que el extractivismo es la economía política del colonialismo; y el colonialismo es la infraestructura histórico-geográfica del capitalismo. No hay capitalismo sin extractivismo. El extractivismo es el propio geometabolismo del capital succionando los territorios vivos —los modos de vida agroculturales de poblaciones/pueblos arraigados— así convertidos en zonas coloniales, zonas de sacrificio. Hablamos de un régimen político, un patrón de poder, no del “gobierno de un partido”, cualquiera sea; es el régimen de gubernamentalidad que atraviesa y delimita el margen de acción de todos los partidos y de todos los gobiernos de este orden. Un orden gubernamental, un modo de gestión y de concepción de la forma política que construye unas mantas de seguridad sobre los privilegios pétreos de unas minorías, a costa de la precarización y la violación de los derechos más elementales de las grandes mayorías.

Eso es lo que está en el origen; en las “Bases”: minorías que construyen violentamente una posición de privilegio a costa de la destrucción de las condiciones de existencia de grandes mayorías. Ese privilegio es histórico-estructural; es un principio operativo, configurador de mundos y productor de realidad(es). El extractivismo es una pragmática de la dominación que se materializa en la explotación sacrificial de poblaciones-territorios que, de tal modo, son constituidos en “zonas de aprovisionamiento” de los bienes naturales de fondo (agua, aire, suelo, energía, incluida la energía en forma de trabajo social humano), “materias primas”, “commodities” para el subsidio del consumo exclusivo y excluyente de minorías privilegiadas.

Cuando decimos que el extractivismo es una pragmática de la dominación estamos señalando su innata vocación expansionista. Geometabólicamente, el extractivismo no reconoce límite alguno; es un régimen energívoro, hidrominero-energívoro. Es una pulsión hacia la acumulación incesante y continua; la acumulación como fin en sí mismo. No es sólo la destrucción y transformación de seres vivos en procesos y recursos mercantilizables; es la mercantilización continua y corriente del mundo de la vida como vía necesaria para la valorización abstracta; como medio de financierización. El extractivismo es la fagocitosis continua y sistemática de energías vitales de territorios concretos para su metamorfosis en valores abstractos. Es la destrucción sacrificial de medios de vida, geografías habitadas, como medio y condición para alimentar una espiral creciente e incesante de rentabilidad. Sobre esas bases, no hay forma de construir un orden universal, común, de derechos.

La falla de origen de la idea occidental de “derechos humanos”

Estamos acá no tanto para celebrar o conmemorar una forma jurídica política —“los derechos humanos como bandera”—, sino para tomarla como una herramienta de deliberación. Parece necesario asumir el desafío y la necesidad de repensar y recrear esa noción heredada de “derechos humanos”. Recrearla radicalmente; esto es, descolonizarla; deconstruir hasta sus átomos más elementales de colonialidad. De lo contrario, no podremos transformarla en una herramienta política que sea eficaz en los nuevos escenarios de opresión y de depredación con los que nos enfrentamos. Afrontamos escenarios que reactualizan y profundizan las bases coloniales sobre nuevas formas de opresión y nuevas formas de depredación.

Necesitamos recrear radicalmente la noción de “derechos humanos”, pero no como una tarea intelectual; no se trata de redactar una nueva declaración formal ni una fórmula jurídico-política. Estamos hablando de la necesidad de recrear como un proceso material de reinventar formas de relacionamientos, de materialidades, de prácticas; instituir otras formas concretas de relacionarnos entre seres vivos, humanos y no humanos, como seres con-vivientes, como comunidades de vida enraizadas y encarnadas en los territorios; creando nuevas formas de vivir y de producir la con-vivencia; de producir la habitabilidad de la tierra que hoy está en juego.

Seamos conscientes de que, incluso esa habitabilidad, está hoy amenazada por esa idea heredada, colonial, e institucionalizada de “derechos humanos”. Por eso necesitamos deconstruir, reconstruir, refundar de raíz, esa idea de “derechos humanos”; para ampliar, precisamente, el horizonte de la emancipación y para que, en nombre de los derechos humanos, no se generen nuevas formas de legitimación de violentamientos y de opresiones. Porque no podemos pasar por alto que venimos de experimentar y sufrir gobiernos que, en nombre de la defensa de “derechos humanos”, han ampliado la frontera del extractivismo. Que, en nombre presuntamente del “reconocimiento y la ampliación de derechos” o bajo su justificación, han producido nuevas oleadas de despojo, de avasallamiento, de destrucción de territorios habitables. Entonces, vuelve a surgir ahí esa gran contradicción fundamental.

Pasado y presente

Esta gran contradicción remite a los propios orígenes de la noción “occidental de “derechos humanos”, al contexto histórico-geográfico y a las condiciones geopolíticas de su surgimiento y formulación. Porque no podemos omitir que, en su primera formulación, la irrupción de la noción jurídico política de “derechos humanos” tiene lugar y se produce a fines del siglo XVIII, en un momento histórico en el que se estaba pasando de la Era de los descubrimientos imperiales (1492-1648), a la Era de la organización colonial del mundo, de consolidación del nuevo patrón de poder mundial (1648-1815).

Es un momento histórico en el que surgen y se institucionalizan las principales formas, principios y tecnologías políticas que va a pasar a regir y regular la producción de la vida social sobre la Tierra, representando un proceso de uniformización, de universalización y de cambio drástico del sentido de la existencia en general. Y el tema es que la declaración “universal de los derechos del Hombre” se hace en ese marco no por acaso, sino como pieza clave y emblemática de esa nueva institucionalidad que gusta de presentarse como el epígono culminante de La Civilización.

1789 marca el momento en el que una minoría violenta —haciendo caso omiso de la inmensa mayoría y de la extraordinaria sociobiodiversidad de habitantes de la Tierra— se arroga prepotentemente “el derecho” de hablar en nombre del “Universal”. Es la institucionalización, ya de este tipo de acontecimientos que empezó a hacerse (mala)costumbre a partir de 1492.

En este caso, esa extrema minoría pretende ahora auto-adjudicarse la potestad de definir cuáles son los derechos fundamentales de la humanidad, ocluyendo y excluyendo a la mitad sexual de la especie, y a la inmensa mayoría de la especie que no compartía los atributos étnico-raciales culturales, económicos, políticos y filosóficos del “modo de ser” del Hombre, respecto del cual se declaraban sus derechos. Que no es cualquier hombre, sino el hombre blanco, “civilizado”; “varón”, pero no cualquier tipo de varón, sino ese que se afirma en la masculinidad patriarcal que se distingue por el lugar de dominio y se auto-afirma en el ejercicio de la violencia. El varón blanco que se dice y se posiciona ante el mundo como “dueño”, como propietario; “ilustrado” y también “cristiano”, que tomó la cristiandad como una religión de guerra, y como un credo justificatorio, legitimador, de la guerra.

No hay cómo pasar por alto que esta “primera declaración de los derechos del Hombre” acontece en pleno auge del colonialismo; de naturalización y apogeo del comercio de carne humana viva traficada como fuerza de trabajo esclava; de imposición y extensión de un régimen oligárquico de apropiación y explotación diferencial de las energías vitales de la Tierra. Esa idea de “derechos humanos” se hace, entonces, en un momento de consolidación de las conquistas modernas. Esas conquistas no son de “derechos”, sino de tierras y cuerpos objetualizados. La tierra toda pasa a ser pensada como objeto de conquista y explotación. Continentes enteros con sus respectivas poblaciones originarias pasan a ser tratados como colonias, es decir, reducidos a zonas de saqueo y sacrificio para el abastecimiento de los privilegios imperiales que se afirman como el anverso necesario de ese intercambio desigual.

Civilización y progreso como sinónimos de colonialismo y racismo

Como contracara a la instauración del «Hombre» como único titular de derechos, la Tierra es drásticamente devaluada y despojada de su atributo principal: el de ser un planeta viviente, para ser sólo concebida como mero objeto de conocimiento, objeto de explotación. Y esto no fue sólo ni principalmente de una operación mental (el pasaje de una cosmovisión orgánica y viva de la naturaleza, a la concepción mecanicista y muerta que instaura la primitiva ciencia moderna), sino que se trató de una transformación práctico-material, económica y militar, a través de la cual la tierra pasó a ser arrasada en su sociobiodiversidad, para ser luego “ocupada” y explotada “racionalmente” como “medio de producción”.

Ese proceso de conquista moderna se materializa así, por la doble vía de la imposición de un patrón racista y patrimonialista de regímenes de trabajo forzado sobre la inmensa mayoría de seres humanos despojados de sus tierras. Y, por otro lado, por la imposición de un patrón de racionalización del mundo, por medio del cual todos los seres vivos pasan a ser concebidos, tratados y producidos como meros “recursos” mercantilizables, solo valorados como materias primas para procesos industriales, o como mercancías en sí; desde la plata y el oro, a la caña de azúcar y el algodón, las aguas, la tierra, los bosques y las montañas; todo; toda la biodiversidad.

Pues bien, el hecho es que la noción occidental de “derechos del Hombre” emerge como punto culminante de un proceso de ocupación colonial del mundo. Y esto no es mera casualidad o coincidencia fortuita. La concepción moderna de los Derechos del Hombre hace parte de todo ese proceso de reconfiguración / mercantilización del mundo de la vida toda, en nombre de la “Civilización” y el “Progreso”. Esta noción de “Derechos del Hombre” es una pieza clave de la consagración y legitimación de la conquistualidad moderna; de la imposición del valor de cambio, el precio de mercado, como lenguaje universal de valor de la vida toda; de toda vida.

En ese marco, las revoluciones políticas del siglo XVIII evocan la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad sólo como aspiraciones blancas, como drásticamente lo muestra el aplastamiento sangriento de la revolución haitiana de 1808. El liberalismo es, histórica y políticamente, ideológica y materialmente, un constructo emergente del colonialismo. Los derechos políticos y humanos que consagra son los derechos del usurpador; del conquistador.

Así, por tanto, desde su propio origen histórico, el extractivismo es el anverso colonial de los “Derechos del Hombre”. La facticidad de la usurpación; el despojo territorial y el desplazamiento poblacional como hechos consumados; la explotación de seres y procesos vivos para la extracción de mercancías a ser valorizadas en el mercado mundial, ese el marco histórico-estructural, la materialidad de las prácticas sobre las que se erigen y producen las ideas, las normas, los valores y las aspiraciones del liberalismo. No hay cómo redimir esto.

Una matriz contraindicada para la reproducción de la vida

El problema fundamental de la noción occidental de derechos humanos no es sólo un problema de “exclusión”; sino que se trata de un problema radical, ontológico de su matriz de concepción y producción del mundo. No se trata sólo de la inmensa mayoría y la vasta diversidad sexo-genérica y sociocultural de modos humanos de ser y existir que quedan por afuera del patrón blanco, heteropatriarcal-patrimonialista del molde de “Hombre” pensado y consagrado por sus fundadores. El problema no es sólo el colonialismo, ni el patriarcado; el problema es el nuevo patrón de poder en su conjunto, como matriz integral de relacionamiento que se supone y se impone como modo de existencia único, superior, legítimo, universal.

Esa matriz de relacionamiento se construyó sobre presupuestos y principios que van a contra-corriente de los requerimientos más elementales de producción social de la vida en la Tierra y de la Tierra. Supone una concepción del mundo que contradice absolutamente el proceso histórico-material de conformación, emergencia y devenir de la materia viva terrestre y de co-evolución de los ecosistemas y el conjunto integral de las comunidades bióticas que habitaron y habitan la Tierra.

La noción occidental de derechos del Hombre se construye sobre una ontología y una antropología completamente extra-terrestre. Piensa el mundo no a partir de sus orígenes y de la totalidad en la que éste emerge, y de la comunidad de vida, la trama compleja de relaciones sociales, materiales, hidrominero-energéticas, transgeneracionales y transespecies que conforman, contienen y sostienen la vida de cada ser vivo, de todo ser vivo, humanos y no humanos. Sino que lo piensa y lo concibe a partir del Hombre como un supuesto ser no-natural; una entidad superior que estaría por afuera y por encima del mundo natural.

No es el cosmos el punto de partida para concebir la realidad, sino el ser humano. No es la sociedad el punto de partida para comprender al ser humano, sino el Individuo. La ontología política de “Occidente” toma como base y punto de partida para concebir la realidad al individuo; el individuo así planteado como una entidad absoluta, pre-existente a todo y, presuntamente por encima de todo; valor político supremo. Esta noción de Individuo absoluto es la forma jurídico-política por excelencia del nuevo patrón de poder colonial-moderno; es lo que sienta la base para pensar todo Derecho.

En esta concepción, solo los individuos “humanos” (ya sabemos qué significa esto) son titulares de derechos; poseedores de derechos. Y el derecho supremo, el principal derecho que es el pilar fundamental de todos los demás derechos, es el derecho de propiedad. Los derechos son algo que posee un individuo; y esos derechos son derechos a poseer, a tener una serie de derechos/posesiones. A partir de individuos, absolutos, titulares de derechos, se establece el derecho a la libertad de con-trato. Y el contrato es la base y el cemento de la sociedad.

El contrato es una fórmula instrumental, utilitaria, por el cual los individuos “convienen” un cierto intercambio, una compra-venta, una ob-ligación que es del interés particular exclusivo de cada uno de los contratantes; y esa obligación contractual es ley para las partes. El Estado, como aparato jurídico-político-militar, es la creación que asume el monopolio de la violencia como herramienta suprema para asegurar los derechos del Hombre; es decir, para preservar y resguardar la propiedad privada y hacer respetar los contratos entre las partes. Esa es la cuadrícula estructural, la ecuación jurídico-política que contiene la noción colonial-moderna de “derechos humanos”: individuo, propiedad, contrato y Estado.

El problema principal de esta fórmula es que la forma “Individuo” desconoce la vincularidad y biodiversidad constitutiva de nuestra existencia orgánica-corporal-espiritual. Un individuo ab-soluto, se cree prescindente del mundo-de-la-vida. Absoluto quiere decir eso: suelto, desprovisto de la vincularidad, de las relaciones de interdependencia, de mutualidad, de cooperación, que nos hacen Ser Con Otros, ser Seres ConVivientes. Instituye la creencia de que la vida es un atributo de un individuo; y sobre esa falsa creencia consagra la homologación (confusión, fusión) entre Derecho y Propiedad. Se piensa el Derecho como Propiedad y la Propiedad como el primero y más fundamental de todos los Derechos.

La Conquista y la propiedad privada

La realidad es que no somos individuos absolutos. Somos seres co-existentes. No somos individuos vivos; somos seres Con-vivientes. Vivimos con otros, entre otros, por y a través de otros. La vida es una emergencia de la relacionalidad. Vivir es estar integrado en una densa red histórico-material de relaciones de interdependencia, de mutualidad y de cooperación gracias a la cual podemos ser; ser-con. La vida es una emergencia de procesos comunitarios que involucra a bacterias, hongos, minerales, flujos hidro-energéticos, plantas y animales. Es esta man-comunidad interactuante la gran entidad gestora, co-productora de la Biósfera.

Si somos seres vivos es porque estamos abiertos materialmente a la posibilidad de recibir la vida como un don que se nos regala: ya, en la forma de los cuidados de la madre; ya de la colonia de bacterias que hacen la digestión y que nos ayudan a tomar la energía que viene del sol y que es transformada por la fotosíntesis que realizan las plantas y que, a partir de allí, como una energía química, pasa a animar el mundo de La Vida en La Tierra. La Tierra como un espacio de Vida, como una Entidad Viviente, es, en realidad, una gran Comunidad de Comunidades de Vivientes.

Entonces, el individuo absoluto es la muerte. Cuando nosotros estamos solos, cuando creemos que podemos valernos solos, estamos cortando los vínculos que hacen a la vitalidad nuestra, ahí estamos muertos. Creer que podemos vivir solos es una forma de muerte. Porque no entendemos absolutamente de qué va la vida. Por eso no podemos responder por el sentido de la vida.

El segundo problema de esta noción de derechos radica en la forma “propiedad”; en la idea de derechos como lo que un individuo “posee” y como lo que da derecho a poseer. La “propiedad” implica una forma de relación muy precaria, elemental, absolutamente vertical y jerárquica. Es el tipo de relación que se establece entre un Sujeto supremo, incuestionable, absoluto, como dijimos, y un objeto, totalmente desprovisto de toda significación y valor que no sea aquella que el sujeto le da. Así sea que estemos hablando de las aguas, así sea que estemos hablando del suelo, de la Madre Tierra, del Sol, del aire, de todo aquello que nos anima y hace que seamos seres vivos, todo —desde esta perspectiva— pasa a ser concebido y tratado como mero objeto.

Y la realidad es que las relaciones en el mundo de la vida son mucho más complejas. No hay individuos absolutos, ni jerarquías pre-establecidas; ni siquiera hay especies que puedan auto-sustentarse. La institución de la propiedad rompe la circularidad de la materia en movimiento; rompe la comunalidad de la vida. Por otra parte, la invención y consagración del “individuo” como el supremo fundamento de los valores políticos y la subsiguiente identificación entre “Derecho” y “Propiedad” ocluye los orígenes histórico-políticos de la “institución de la propiedad privada”. Limpia “el lodo y la sangre” con la que fue impuesta. Ocluye las prácticas del despojo, la violencia expropiatoria que crearon e impusieron las relaciones de propiedad.

La noción de propiedad legitima e institucionaliza la práctica de la conquista. Y la propiedad como derecho, consagra el derecho a la conquista como forma de relacionamiento con el mundo, entre humanos y entre humanos y no humanos. La conquista, como forma completamente nueva y extraña de construir el mundo y de habitar la tierra, tiene evidentemente sus orígenes en 1492.

La entidad “América”, como la primera entidad geosocial de la modernidad, es el tiempo-espacio de la conquista originaria y el punto de partida de la forma conquistual. En sus raíces, la noción moderna de derechos está históricamente ligada a la justificación de los derechos del conquistador y a la consagración del conquistador como el prototipo de lo humano.

Pensar el ser humano como conquistador del mundo; pensar la Tierra como objeto de conquista. Pensar la vida como una carrera infinita de conquistas sucesivas; el progreso como un modo de vida ligado a un proceso presuntamente infinito de explotación y consumo de “recursos”. Todo esto configura una matriz de relacionamiento radicalmente errada e inapropiada para el mantenimiento y la preservación, no ya de la noción de Justicia, sino de la vida misma, como propiedad y atributo emergente de la inter-relacionalidad de comunidades bióticas, elementos y procesos biogeoquímicos terrestres.

En términos ecológicos y políticos es que esa idea de mundo, creado a imagen y semejanza del poder conquistual, es lo que nos está sofocando. Ya no hay más tierra que conquistar. Por eso, los conquistadores del siglo XXI, a diferencia de los del siglo XVI, están pensando en la conquista de otros planetas y de otras galaxias. La Tierra quedó chica para semejante voracidad conquistual. Esa idea de derechos, de progreso, de civilización, es lo que está asfixiando la vitalidad de la Tierra. Es eso lo que nos lleva a la necesidad de recrear radicalmente la noción de derechos y la base ontológico-política sobre la que se ha edificado y pretendido legitimar la idea occidental, colonial moderna, de derechos humanos.

Recuperar la Tierra:
las resistencias anti-extractivistas y nuevos horizontes de derecho

La lucha de Esquel ha significado la irrupción de un proceso político de recuperación de la Tierra. El “No a la Mina” fue un grito de rescate del cerro; fue una comunidad humana que fue en auxilio de toda una cuenca hídrica. Esa comunidad no pre-existía; se creó a sí misma a medida que fue abrazándose al cerro; a medida que fue sintiéndose parte de de toda la comunidad biótica que vive gracias a las aguas que bajan de sus altas cumbres. Ese “No a la Mina” ha significado de hecho hacer respetar el derecho del río, de la montaña, de toda la comunidad hídrica de seres con-vivientes que brota y se nutre de las aguas del Río Esquel.

En el camino, de Bariloche a Esquel, con las compañía de Marta y Alejandro de la organización Piuké, veíamos y conversábamos sobre los territorios recuperados por parte de comunidades del Pueblo Mapuche. A lo largo y a lo ancho de toda Abya Yala, de toda Nuestra América, están resurgiendo procesos similares, distintos pero convergentes, de lucha por la retomada de la Tierra. Procesos de demarcación de territorios comunitarios indígenas, quilombolas, de comunidades campesinas y llamadas “tradicionales” en general. Procesos también donde comunidades emergentes de procesos de resistencia a proyectos extractivistas cobran conciencia territorial y se organizan y lucha para detener los desmontes, para desnaturalizar la violencia de la mega-minería, del fracking, para pedir que “paren de fumigar” o exigir “dejar el crudo bajo suelo”.

Todas y cada una de estas luchas son experiencias políticas que van en la dirección de recuperar la Tierra. La recuperación de los territorios —como espacios de vida— es un proceso que es clave y fundamental para recrear la noción de derechos humanos.

Recuperar el territorio no es sólo ni principalmente retomar algo que había sido robado, sino que se trata fundamentalmente de un proceso mucho más complejo, que consiste en reparar algo que ha sido dañado. No es volver a tener la propiedad de algo que había sido robado, sino que es cambiar la matriz de la forma en que nos relacionamos con eso que ha sido expropiado; y no solamente expropiado, sino dañado, destruido, arrasado. Recuperar no es retomar la posesión y cambiar el sujeto poseedor, sino que es desarmar esa relación, esa matriz de apropiación que piensa lo otro —con vida— como objeto de expropiación y de conquista.

En definitiva, recuperar el territorio es recrear la trama de vincularidades, los flujos, las interconexiones, las interdependencias que hacen a los procesos de vida humana, y más que humana, aquí en la Tierra. Cuando las hermanas y los hermanos indígenas dicen «vamos a recuperar el territorio», no solamente están diciendo vamos a tomar la posesión de esto, sino que nos están queriendo enseñar otra forma de relacionarnos entre nosotros y con todos los seres vivos que con-forman nuestras condiciones de (co)existencia. Recuperar es una forma de producir un espacio habitado; de crear habitabilidad, es decir, también, convivencialidad. Porque sin condiciones mínimas de convivencia, no hay habitabilidad posible.

En ese sentido, recuperar es lo contrario de “hacerse propietario”. La recuperación tiene que ver con la pertenencia, no con la “propiedad”. Recuperar el territorio es recuperarse: saber-se y sentirse parte-de una comunidad de vida. Recuperar no tiene que ver con “anteponer o imponer un derecho”, sino con responder a las ob-ligaciones de con-vivencia mutua. Recuperar es la antítesis a todo “derecho de posesión” y de “explotación”. La pertenencia supone respeto y cuidado. Su objetivo no es la rentabilidad, sino la habitabilidad que es, por excelencia, una propiedad-común. Producir habitabilidad no requiere explotar, sino detener toda relación de explotación. Supone mudar de un patrón de relaciones de explotación hacia una matriz de relaciones de cuidado, crianza, cultivo. Ser y sabernos parte de una vida-en-común.

Como especie, los seres humanos hemos prosperado y nos hemos viabilizado a través del arduo y complejo proceso de aprendizaje de tareas de cuidado mutuo y crianza recíproca. El proceso de hominización ha sido fundamentalmente un proceso de aprendizaje en las complejas artes del cuidado. Como individuos y como especie, somos hijas e hijos de las mujeres; son ellas las que han realizado principalmente ese gran proceso. Maternar ha sido un acontecimiento y un proceso eminentemente y profundamente político. Porque es a partir de esas prácticas que la especie ha adquirido una extraordinaria sensibilidad y capacidad para sostener la vida en su forma más frágil (porque no hay vida más frágil que la de una criatura humana recién nacida). Cada recién nacido, cada vida humana, para prosperar y subsistir, ha necesitado una extraordinaria inversión en cuidados amorosos, en energía física, intelectual y emocional que ha estado atenta a sus necesidades y requerimientos vitales. Criarnos en reciprocidad y mutualidad nos ha hominizado. Cuidarnos es lo que nos humaniza. Nos hace humus: partes ontológicamente emergentes y sobrevinientes de la Madre Tierra.

Recuperar la Tierra es recuperar-nos en cuanto conciencia de especie; consciencia de comunidad. Retomar la Tierra, es retomar nuestro proceso de hominización/humanización que ha sido roto, quebrantado y desviado por el proceso letal de la conquistualidad. Entonces, recuperar la tierra es disolver la matriz de la conquistualidad y sustituir las relaciones de propiedad por vínculos de pertenencia. Tomar consciencia de pertenencia es clave para nuestra sobrevivencia. Sentir-nos parte de la vida terráquea; saber-nos hijas e hijos de la Madre-Tierra para poder reconocer-nos y reconstruir los vínculos de con-fraternidad. Re-conocer la vida como una creación colectiva, transgeneracional, multiespecies, transespecies.

En la medida que cada lucha anti-extractivista busca impugnar el derecho de propiedad/conquistualidad y anteponer el derecho fundamental de pertenencia, en esa medida están creando un nuevo horizonte para re-imaginar y recrear radicalmente la noción de Derechos Humanos, la noción de Justicia. Están refundando y reafirmando la noción más radical de democracia: el derecho de un pueblo a la autodeterminación; del derecho de una comunidad de vida a decidir libremente sobre sus medios, condiciones y modos de existencia: su territorio-propio; su lugar de pertenencia. (…)

*Colectivo de Ecología Política del Sur (IRES, Conicet-UNCA).

**Ponencia presentada en la mesa «Extractivismo y derechos humanos», en el marco de los veinte años del No a la Mina de Esquel.

Fuente original: Agencia Tierra Viva

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Fuente: https://huelladelsur.ar/2024/12/13/democracia-derechos-humanos-y-colonialismo-contradicciones-fundacionales-y-territorios-para-la-vida/

Alternativas emancipatorias 

Advirtamos cómo Horacio Machado Aráoz, quien es mi mayor guía argentino en sentipensares sobre el presente del país por –diferenciarse de la predominante visión economicista- situarnos en la centralidad de los extractivismos para definir la salida de la opresión-represión neoliberal, se contradice al continuar su artículo.

Democracia, derechos humanos y colonialismo:
contradicciones fundacionales
y territorios para la vida

Fragmentamos la última parte del artículo que se titula: “Del gran renunciamiento progresista al gobierno de los conquistadores”

1) Javier Milei es el gobierno más emblemático y representativo de la democracia que tenemos: la democracia de la derrota. El extractivismo no sólo es la falla de origen de la idea de democracia, sino, aún antes, la condición de im-posibilidad de la Res-pública. El extractivismo instituye el privilegio oligárquico; consagra la política expropiatoria como derecho (de unos pocos). En estos cuarenta años de “recuperación” de la democracia, la democracia realmente existente ha sido impotente para la recuperación de la soberanía territorial.

Tengamos presente que los extractivismos son antagónicos a la real y efectiva democracia. Entonces, por un lado, todos los gobiernos de turno al legalizar-legitimar el desarrollo de ese modo del establishment de crecer en omnipotencia requirieron ejercer la manipulación política e ideológica contra la subversión a esa expoliación. Las políticas de estado de expropiación y mercantilización de bienes comunes por establishment consolidaron poderes públicos contra la emancipación social. De suerte que el Estado neoliberal pasó de constituirse en la genocida dictadura militar eclesiástica a la democracia para nuestra derrota. Que no sólo prohíbe la autodeterminación de los pueblos de Argentina sino sobre todo refuerza esa prohibición privilegiando al régimen latifundista tanto estatal como de la oligarquía terrateniente y de capitales locales e imperialistas. Ha convertido al régimen latifundista en régimen extractivista.

2)Del Consenso de Washington al Consenso de Beijing, de Alfonsín a Menem, y de Menem a Milei, pasando por sucesivos ciclos de auge y declive de los commodities, Argentina se ha convertido no en una “república bananera” sino en una colonia básicamente sojera y complementariamente minera e hidrocarburífera. De Martínez de Hoz a Caputo, pasando por Cavallo y demás “súper-ministros”, la entrega territorial, la fuga serial y el endeudamiento cíclico exponencial nos han sumido cada vez más profundamente en un círculo vicioso de expropiación y explotación territorial, concentración de riqueza y agudización del empobrecimiento estructural.

A través de los ciclos neoconservadores y neodesarrollistas, mediante la intensificación de la “grieta” como estrategia funcional a la reproducción de las partes en disputa, el extractivismo se ha normalizado como política de Estado. Como la corrupción, es el sello absolutamente transversal a todos los gobiernos y espacios de poder en “disputa”. Lo que fue el programa de gobierno de élites autoritarias y racistas, ha pasado también a ser asumido como eje estructurador de las políticas progresistas y el pilar innegociable de toda política estatal. Desde la Ley de Inversiones Extranjeras de la dictadura, a las privatizaciones de Menem, y al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones de Milei.

Señalemos que la mayor promoción gubernamental del Consenso de Beijing fue durante el de Cristina Fernández a continuación del boom de los commodities. Éste rigió desde el superministro Roberto Lavagna con su modelo de dólar alto a favor de las grandes exportadoras y proseguido por Felisa Micheli. Néstor y Cristina lo publicitaron de crecimiento a tasas chinas como si fuese del país cuando, en verdad, significó concentración y transnacionalización económica territorial y por tanto: desalojo de comunidades campesinas e indígenas, exclusión social y mayor pobreza estructural así como del hambre.

En el contexto de crisis económica financiera internacional iniciada en 2008, el Abya Yala realizó el pasaje del “Consenso de Washington”, asentado sobre la valorización financiera, al ‘Consenso de los Commodities’, basado en la exportación de bienes primarios en gran escala. De manera que el país-continente pasa de estar sometido sólo al imperialismo hegemonizado por EE.UU. a subordinarse a las necesidades de China a través de un intercambio comercial que ha desindustrializado la Argentina.

3)Sin políticas alternativas al extractivismo, las fuerzas progresistas carecen por completo de proyecto político transformador. La aceleración extractivista que vemos en las últimas décadas expresan el renunciamiento y la resignación de los partidos gubernamentales a cualquier proyecto de transformación social. La democracia se asfixia en esta «Era del Gran Renunciamiento». Las fuerzas políticas que se autoadjudican la representación de los intereses populares han renunciado por completo a disputar el poder cada vez más concentrado y extra-territorializado de las élites internas y externas.

En lugar de denunciar el orden liberal, colonial-liberal, los progresismos compiten por mostrarse como la alternativa de gobernanza “más confiable”, “más razonable”.

Consideramos que, ya desde su autodenominación de progresistas, hay demasiada ambigüedad para real y efectivamente sentipensarse Naturaleza y como el nosotros de las defensas y recuperaciones de territorios para la vida y la dignidad de los pueblos. Al igual que las izquierdas electoraleras y el Papa Francisco convocaron y convocan a luchar por los derechos sectoriales o sea por mejor inclusión en el capitalismo. Otra característica a tener en cuenta: todos los gobiernos progresistas surgen de elecciones que la historia argentina e internacional prueba su función de contener e institucionalizar la indignación popular ante tanta opresión-represión. De ahí que todos los gobiernos progresistas al integrarse en la democracia adoptan la esencia de esta última de privilegiar la acumulación del establishment y de manipulación psicológica, política e ideológica para bloquear cualquier insurrección. Aún más, el Kirchnerismo se vertebró en el PJ y éste como las propias biografías de Néstor y Cristina demuestran que no podemos percibirlos siendo parte de: “el renunciamiento y la resignación de los partidos gubernamentales a cualquier proyecto de transformación social”. Por el contrario, siempre han estado esforzándose por enriquecerse mediante garantizar súper negocios al establishment u otros grandes capitales sin importarles las gravísimas consecuencias socioterritoriales.

Atendamos cómo Horacio Machado Aráoz termina su artículo. Enfoca a Milei desconociendo al balotaje donde ambos candidatos se comprometieron con el establishment hacer gobernables sus planes y el PJ-Kirchnerismo ha hecho posible su ejecución desde hace dos años. En fin, no sitúa en el genocidio palestino y en por qué frenarlo es causa común de todos los pueblos planetarios, en especial de los del Sur Global. Constatemos:

Y la defraudación alimenta las fuerzas más reaccionarias e irracionales. El statu quo se impone ahora bajo la figura de la motosierra que “quiere acabar con todo”. Mientras que es la idea y la forma misma de la gobernabilidad lo que está en crisis, las “alternativas” progresistas compiten por presentarse como “garantías” de una gobernabilidad que ya nadie quiere; que está sofocando las reglas más elementales de la convivencialidad. Los programas de gobierno de los progresismos se asientan sobre un oxímoron: prometen democracia en medio de mayor concentración; “ampliar derechos” a través de más extractivismo; gestionar la conflictividad a través de una “redistribución de ingresos” asentada en la expropiación territorial.

No casualmente, Milei remite canónicamente su modelo al siglo XIX; adopta como ley las “Bases”. Milei se referencia en Alberdi, pero su política emula a Roca. Aquellas “Bases”, son las bases coloniales de un país que lleva el nombre del primero ciclo del despojo, la plata. Las Bases de un país que se estructuró a partir del ecogenocidio apropiador y concentrador de tierras; que avanzó construyendo su idea de nación blanca arrasando territorialidades vivas socio-biodiversas. El blanqueamiento es la política: blanqueamiento de poblaciones en el siglo XIX; blanqueamiento de capitales en el siglo XXI. Saqueo, destrucción y fuga. Una continuidad histórico-estructural que habla de las impotencias de origen de un proyecto de país que nunca ha renunciado a ser una economía colonial librada a las “fuerzas del mercado”. Hoy es la realidad de la soja y Vaca Muerta, la “ilusión” del litio, lo que en el siglo XIX fueran las políticas de los saladeros, del cuero, el tasajo, la lana, los granos, los frigoríficos… Milei es fiel representante de la democracia de la derrota. La violencia de su discurso es una tenue expresión de la violencia conquistual que su gobierno exacerba y profundiza. Su grito de libertad, es la libertad de los conquistadores. Libertad de conquista; libertad de explotación.

*Colectivo de Ecología Política del Sur (IRES, Conicet-UNCA).

**Ponencia presentada en la mesa «Extractivismo y derechos humanos», en el marco de los veinte años del No a la Mina de Esquel.

Fuente original: Agencia Tierra Viva

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Fuente: https://huelladelsur.ar/2024/12/13/democracia-derechos-humanos-y-colonialismo-contradicciones-fundacionales-y-territorios-para-la-vida/

Hallamos un ejemplo (en el posteo de la Gremial de Abogados sobre juicio a Facundo Jones Huala) sobre cuál es el orden democrático que rige desde diciembre de 1983 y que, a partir del balotaje 2023, se ha convertido en dictadura legitimada del establishment gracias a esa elección degradada al máximo.

Por este ejemplo pienso a la democracia del neoliberalismo como más eficaz que la genocida dictadura militar eclesiástica: en implantar su orden antisubversivo contra el constante agravamiento por el establishment de sus expropiaciones y mercantilizaciones de los bienes comunes o condiciones de vida y trabajo, además de su expoliación intensificada tanto a la naturaleza como a los trabajadores, los pueblos e individuos de abajo de la Argentina sin fronteras ni muros burgueses.

Apreciemos que, en la actual inflexión histórica del país y el mundo, es clave generalizar la ruptura del Pacto de Paz Social que establecieron los Fernández (Alberto y Cristina) aprovechando su rotundo triunfo en las PASO de 2019. Es decir, hicieron virar el Nunca Más a Macri-Cambiemos hacia un contubernio entreambos (pese a presentarse como de antagonismo irreconciliable) para garantizar la continuidad y profundización de la acumulación gran capitalista local e imperialista. En efecto, durante los cuatro meses hasta la asunción de los Fernández, el gobierno de Macri agravó la precarización tanto de la vida como del trabajo, en tanto que los F-F construyeron la gobernabilidad para la intensificación del ajuste y de los extractivismos que gestionarían. La concretaron con el bloqueo al poder de unión entre las luchas de las diversidades de abajo mediante el Pacto de Paz Social que firmaron todas las centrales sindicales con las asociaciones patronales y mediante el Plan Argentina contra el Hambre cuya dirección incluía a los principales hambreadores. Sin embargo, en la reciente elección bonaerense, como era lógico, hubo muchos que aplaudieron el triunfo peronista.

De ahí la importancia de poner fin al círculo perverso del PJ como garante imprescindible de la expropiación y mercantilización de bienes comunes tanto sociales como naturales por el establishment transnacional y transnacionalizado, además que acumula mediante creciente expoliación a la naturaleza y a los trabajadores, pueblos e individuos de abajo de Argentina.

Con ese fin, debemos instalar en las agendas pública y social los fundamentos del rechazo a concepciones progresistas e izquierdistas que descontextualizan análisis de la actual situación del país y la centralidad para los pueblos planetarios de enfocar el nazi fascismo del genocidio palestino por Israel-EE.UU. hegemonizando a Occidente.

Repitamos a “Recuperar la Tierra: las resistencias anti-extractivistas y nuevos horizontes de derecho” en que Horacio Machado Aráoz nos aclara:

«(…) Todas y cada una de estas luchas son experiencias políticas que van en la dirección de recuperar la Tierra. La recuperación de los territorios —como espacios de vida— es un proceso que es clave y fundamental para recrear la noción de derechos humanos.

Recuperar el territorio no es sólo ni principalmente retomar algo que había sido robado, sino que se trata fundamentalmente de un proceso mucho más complejo, que consiste en reparar algo que ha sido dañado. No es volver a tener la propiedad de algo que había sido robado, sino que es cambiar la matriz de la forma en que nos relacionamos con eso que ha sido expropiado; y no solamente expropiado, sino dañado, destruido, arrasado. Recuperar no es retomar la posesión y cambiar el sujeto poseedor, sino que es desarmar esa relación, esa matriz de apropiación que piensa lo otro —con vida— como objeto de expropiación y de conquista.

En definitiva, recuperar el territorio es recrear la trama de vincularidades, los flujos, las interconexiones, las interdependencias que hacen a los procesos de vida humana, y más que humana, aquí en la Tierra. Cuando las hermanas y los hermanos indígenas dicen «vamos a recuperar el territorio», no solamente están diciendo vamos a tomar la posesión de esto, sino que nos están queriendo enseñar otra forma de relacionarnos entre nosotros y con todos los seres vivos que con-forman nuestras condiciones de (co)existencia. Recuperar es una forma de producir un espacio habitado; de crear habitabilidad, es decir, también, convivencialidad. Porque sin condiciones mínimas de convivencia, no hay habitabilidad posible. (…)»

Fuente: https://huelladelsur.ar/2024/12/13/democracia-derechos-humanos-y-colonialismo-contradicciones-fundacionales-y-territorios-para-la-vida/

Qué Trabajo

En creciente sometimiento al Estado corporativo del Partido Justicialista, al Pacto de Paz Social (lo viabilizó CFK en 2019)  firmado por sus oficializados representantes con el Capital y su Estado y el Pacto de Julio para consolidación territorial del régimen extractivista que programó el establishment y fue legitimado mediante balotaje de 2023.

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /
Alternativas emancipatorias

Expropiado y explotado por la burguesía

Destaquemos la centralidad de los extractivismos. Concentran y transnacionalizan tanto la economía como el territorio de Argentina. Implican retroceso del país a especializarse en exportar commodities y sumirse más en subdesarrollo o mayor pobreza estructural, atraso científico técnico respecto a atender necesidades e intereses populares y sometimiento al sistema mundo capitalista. No ha sido sólo resultado del gobierno de Macri sino de toda la democracia fiel a lo instaurado por el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales

¿Cómo implantó el establishment transnacional y transnacionalizado este modo de acumulación? Mediante terrorismos paraestatal y estatales en los setenta. A continuación suya, durante 41 años, la democracia restringida se empeñó en viabilizar el acelerado acaparamiento gran capitalista de bienes comunes sobre todo derrotando las luchas de los expoliados a la par que, generando conformismo o resignación masivos mediante maceración ideológica, desinformación, desnutrición y superexplotación laboral.

Sepamos que en este siglo se ha agudizado la lucha por expropiación de las semillas nativas y criollas que son frutos del trabajo colectivo durante siglos de comunidades campesinas e indígenas y son base de la autonomía alimentaria. Es tiempo de descubrir qué campo avanza y cómo el otro campo resultante de solidarizarnos entre las diversidades de abajo requiere ruptura con el capitalismo y no la conciliación ejercida por las dirigencias de campesinos y pequeños-medianos productores mirando a salvarse como familias e individuos.

Aprendamos de los pueblos originarios cómo su trabajo creó culturas en simbiosis con la Madre Tierra y por qué resistir a la destrucción de la naturaleza o a su sustitución por monocultivos y mega emprendimientos de la IIRSA e inmobiliarios.

Requerimos, entonces, poner fin a la expropiación y la expoliación del Trabajo por el Capital. Esto nos interpela, abajo a la izquierda, a la desmitificación de Perón. Su nazi fascismo todavía se halla vigente en el Estado Corporativo y explica, de modo esencial, porqué el Partido Justicialista ha sido y es el imprescindible garante del establishment transnacional y transnacionalizado en su acumulación de 41 años mediante expropiaciones de los bienes comunes y la creciente explotación tanto de la naturaleza como de los trabajadores, pueblos e individuos de abajo de la Argentina sin fronteras ni muros burgueses.

Advertimos, en el mundo y el país, el renunciamiento de los comunismos y trotskismos a luchar por la independencia de clase de los trabajadores a causa de su burocratización e institucionalización o aburguesamiento. Esto refuerza mi idea del anacronismo de todo partido político. Los de izquierda debido a su adaptación al neoliberalismo se han constituido como organizaciones respetando el orden jerárquico del capitalismo que, en su democracia, se optimiza como presidencialismo unipersonal. De manera que establecen conciliación de clase contradiciendo así los principios políticos e ideológicos del marxismo de construir el socialismo como sistema de liberación de los pueblos de ser expoliados por una minúscula minoría.

En cambio, la «horizontalidad» como principio de organización de la Unión de Asambleas de las Comunidades (UAC) por la vida y los territorios contra los extractivismos permite atesorar trabajo nuevo al ser actividad de un calificado de nadie por el sistema. Ejemplifiquemos:

«(…) Pasados diez años de su secuestro y desaparición, los familiares de Jorge Julio López, descubrieron en el doble fondo de una caja de herramientas, manuscritos con frágiles recuerdos de sus años de detención clandestina. Debajo de rollos de alambre, pinzas, destornilladores y ménsulas, el albañil atesoraba una treintena de escritos de puño y letra en los que relataba su paso por el Pozo de Arana, diagramas del lugar, retratos de los represores, narraciones de las torturas que sufrió y de las que fue testigo en la comisaría 5ta de La Plata. Volcando en las notas sus impresiones como testigo en el juicio contra Miguel Etchecolatz, y hasta reflexiones sobre la militancia por los derechos humanos.

Para realizar esta tarea sistemática utilizó todo tipo de papeles: desde volantes de supermercados, al reverso de etiquetas de gaseosas, o facturas de servicios públicos.

La firma en este verdadero diario de memoria viva no puede ser más elocuente: “Estos crímenes no vencen nunca. Firmado Jorge López, detenido desaparecido”.» por JORGE MONTERO en

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Ecocida y genocida

Estimemos análisis sobre en qué resulta el trabajo al servicio del desarrollo neoliberal desde diciembre de 1983 sin interrupción alguna.

A) Progresismos perciben democracia en las pymes y la OIT (no la cuestionan sabiendo que Gerardo Martínez es participe de su cúpula) a causa de desestimar la contradicción real.

El entramado capitalista o el enfoque sistémico… de la contradicción real

19 de septiembre de 2025

Por Eduardo Camín | CLAE

Es cierto que estamos en un planeta convulso beligerante marcado por sus guerras y genocidios, un caos generalizado del mundo “desarrollado” libre y demócrata que involucra a millones de seres humanos, y tal vez para muchos estos deben ser lo temas principales que tratar, no lo dudamos.

No obstante, muchas veces en que analizamos informes internacionales sobre empleo, trabajo decente o diferentes tópicos nos preguntamos, nos interpelamos sobre estas prioridades. Pero mientras todo eso ocurre el mundo sigue andando, buscando respuestas a diferentes desafíos, y creemos que los mismos deben ser contados porque aquí también se juegan otras guerras que también atañen a millones de seres humanos.

Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado De las causas fundamentales al cambio real: utilizar un enfoque sistémico para fomentar el trabajo decente en las cadenas de suministro presenta un «enfoque sistémico» para mejorar las condiciones de trabajo en los niveles inferiores de las cadenas de suministro. El informe destaca cómo abordar las limitaciones sistémicas al trabajo decente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) podría conducir a mejoras a largo plazo tanto en el rendimiento empresarial como en el bienestar de los trabajadores.

Mientras que los proveedores de primer nivel suelen poder cumplir la normativa y beneficiarse de las relaciones directas con los compradores, las MIPYMES de los niveles inferiores siguen viéndose limitadas por el acceso restringido a la financiación, las deficientes infraestructuras y la débil aplicación de la legislación laboral. Estos retos obstaculizan su capacidad para crecer, mejorar las condiciones de trabajo y acceder a mercados mejor remunerados.

Las cadenas de suministro son un motor de desarrollo, en especial cuando promueven la transferencia de tecnología y la adopción de nuevas prácticas de producción, lo que a su vez propicia actividades de mayor valor añadido que requieren más competencias, productividad y competitividad. Por otra parte, algunos aspectos de las cadenas de suministro han suscitado preocupación por su efecto en las condiciones de trabajo y la protección de los derechos laborales.

Según los expertos, la OIT se sitúa en una posición ideal para abordar el trabajo decente en las cadenas de suministro, por su mandato, su experiencia y conocimientos especializados del mundo del trabajo, su enfoque normativo del desarrollo y su estructura tripartita,

La OIT al menos teóricamente brinda orientación y apoyo a sus Estados Miembros y mandantes tripartitos utilizando todos los medios de acción de que dispone la Organización para asegurar el trabajo decente en las cadenas de suministro, impulsando activamente el dialogo social y promoviendo, respetando y  haciendo realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo en las cadenas de suministro.

Un enfoque sistémico ayuda a los programas y socios de la OIT a identificar, priorizar y abordar las causas fundamentales de estos problemas sistémicos que afectan al rendimiento empresarial y a las condiciones de trabajo. De este modo, las intervenciones pueden fomentar de manera eficaz más y mejores puestos de trabajo, que pueden ampliarse para lograr un cambio duradero y sostenible.

«Mediante un enfoque sistémico, nuestro objetivo es fortalecer la competitividad de las MIPYMES y promover el trabajo decente, identificando primero las causas fundamentales de los principales obstáculos y trabajando posteriormente con los mandantes de la OIT para abordarlos de manera duradera», afirma Dragan Radic, Jefe de la Subdivisión de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la OIT.

Para las MIPYMES de estos niveles inferiores, incorporarse a cadenas de suministro más exigentes —aquellas con normas más estrictas de calidad, sostenibilidad y cumplimiento— puede reportar beneficios concretos, como el aumento de la productividad, la mejora de los salarios y la creación de empleo.

Sin embargo, si no se abordan los problemas sistémicos subyacentes, estas oportunidades seguirán sin aprovecharse. «Este tipo de pensamiento holístico y a largo plazo es lo que se necesita para desbloquear oportunidades de trabajo decente donde históricamente han estado fuera del alcance», argumenta Dan Rees, Director del Programa de Acción sobre Cadenas de Suministro de la OIT.

«Las cadenas de suministro pueden ser una puerta de entrada al trabajo decente en las MIPYMES cuando se apoyan dentro de un sistema más fuerte y coherente, logrando efectos reales en cadena en la productividad, los salarios, la seguridad y la calidad general del empleo».

En su informe, la OIT muestra cómo las partes interesadas (incluidos los gobiernos, las organizaciones de empleadores y los grupos de trabajadores) pueden aplicar un enfoque sistémico a la hora de diseñar intervenciones que ofrezcan soluciones a largo plazo basadas en datos empíricos.

Explotación y concentración versus trabajo decente y desarrollo

En realidad, las pequeñas empresas (Pymes) en los niveles inferiores de las cadenas de suministro son vistas como parte de la estructura capitalista que, si bien son fundamentales para la producción, son susceptibles a la explotación de su fuerza de trabajo y a la concentración de la propiedad en manos de las grandes empresas que dominan la cadena. No representan un desafío directo al sistema capitalista, sino que se insertan en él, a menudo con propiedad y acumulación de capital limitadas.

Su existencia y reproducción están condicionadas por las necesidades del capital a nivel nacional e internacional, aunque pueden, legítimamente bajo ciertas condiciones, contribuir al trabajo decente y al desarrollo. Aunque están integradas en el sistema capitalista, pueden ser motor de desarrollo regional y fuente de empleo. Sin embargo, desde una perspectiva marxista, esto ocurre dentro de los límites de la acumulación capitalista.

Las Pymes en los niveles más bajos tienen una propiedad y producción menos concentradas y, por ende, una acumulación de capital más limitada en comparación con las grandes corporaciones.  Su naturaleza está determinada por la forma de propiedad de sus medios de producción y su rol dentro del entramado social y económico.

Por lo tanto, su posibilidad de reproducción y su participación en la riqueza social están condicionadas por la estructura del sistema capitalista, incluyendo las necesidades de reproducción del capital a nivel nacional e internacional. En tales circunstancias, al operar en las capas inferiores de las cadenas de suministro, las Pymes pueden quedar en una posición de subordinación, siendo proveedoras para grandes empresas que dictan las condiciones de producción y distribución.

Y contrariamente a lo que se pretende la estructura de las cadenas de suministro puede propiciar la explotación de la fuerza de trabajo en estas empresas, ya que la competencia por los bajos costos puede empujar a las Pymes a reducir salarios y vulnerar las condiciones laborales.

A pesar de las alaracas del tripartidismo las Pymes, por su tamaño, tienen menos poder de negociación frente a las grandes empresas compradoras, lo que las hace vulnerables a condiciones desfavorables.  Desde hace mucho tiempo la globalización de las cadenas de suministro ha agravado la vulnerabilidad de estas empresas, ya que los procesos de producción se desplazan a donde sea más rentable para el capital, a menudo afectando a las Pymes de los países más pobres.

En resumen, desde una óptica marxista, las Pymes en las partes bajas de la cadena de suministro no son vistas como una alternativa al capitalismo, sino como una parte integral del mismo, sujeta a sus dinámicas de explotación, pero también con la capacidad de generar beneficios económicos y sociales siempre que se aborden las condiciones sistémicas de desigualdad que las rodean.

Pero sin dudas, cualquiera puede imaginar o advertir sentimientos del todo nuevos en estas conferencias de salones confortables, sin una correspondiente experiencia empírica, cualquier mente puede formar ideas nuevas y originales, en la materia, con la mejor de las intenciones. Pero la precisión de su prosa la elegancia en el discurso hace cuasi imposible encontrar sinónimosexplicativos de los términos en las palabras más actuales del lenguaje onusiano que pretende diluir lo esencial del problema que es el propio sistema capitalista en su fase más

Por mucho que se modifique la semántica por mucho se pretenda dotar de “rostro humano” o se le denomine con términos eufemísticos (capitalismo social, economía social de mercado) el capitalismo será siempre capitalismo y tendrá sus propias limitaciones.  Las guerras se suceden bajo las mismas causas geopolíticas, es decir estos análisis son en cierta forma la antesala de otras guerras.

Eduardo Camín. Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

El entramado capitalista o el enfoque sistémico… de la contradicción real

Fuente: https://rebelion.org/el-entramado-capitalista-o-el-enfoque-sistemico-de-la-contradiccion-real/

B) Sionismo del estado de Israel está extendiendo su dominio a través de especializarse en apartheid hídrico.

Aguas cautivas:
hidropoder israelí en Palestina y Chile

28 de agosto, 2025

Por Asamblea Contra las Rutas del Saqueo  

Los procesos de invasión y ocupación territorial no se sostienen solamente en la violencia militar. Ocupar un territorio supone colonizarlo, reconfigurando sus dinámicas a través de la imposición de infraestructuras que reordenan el espacio y modelos de gestión que, al controlar los medios que permiten la reproducción de la vida, controlan subjetividades y relaciones sociales. En estos procesos, capturar las aguas es estratégico. Quien controla las rutas del agua, controla el territorio. El poder militar, entonces, se articula y consolida con el hidropoder, entendido como la capacidad para controlar el acceso, los usos y significados del agua. La violencia del despojo cotidiano, del desgaste y del hambre, asociado a la falta de agua, suele ser una dimensión invisibilizada de las guerras de exterminio. Un lamentable ejemplo de estas dinámicas es la expansión colonizadora de Israel. 

Desde el inicio de la ocupación de las tierras palestinas, el Estado de Israel potenció el desarrollo de tecnologías y modelos de gestión hídrica que le permiten hoy en día controlar las aguas y, de esa forma, controlar la producción de alimentos y, por ende, la nutrición y salud del pueblo palestino, mientras fortalece al empresariado israelí con la explotación capitalista de los territorios. En el proceso Israel se transformó en una potencia hídrica global, que exporta al mundo la tecnología ‘milagrosa’ que hace florecer el desierto. Pero el ‘milagro israelí’ se sostiene en el despojo de las aguas palestinas. 

Más allá del terror que podemos ver en las actuales imágenes del genocidio palestino, en esas tierras son décadas y décadas de violencias cotidianas, asociadas al despliegue terrorista del hidropoder israelí. Antes de la última ofensiva israelí, las cifras indicaban que el 85% de la población palestina no tenía acceso al agua, según los estándares de la OMS, mientras las aguas distribuidas a la población israelí en los territorios ocupados de Gaza, Jerusalén y Cisjordania provenían de fuentes palestinas. En los últimos años, al intensificarse la ofensiva militar, el corte de agua a las zonas de resistencia palestina, ha sido denunciado como parte de sus tácticas genocidas. Mekorot, la empresa estatal de agua israelí, cumple un rol clave en este verdadero apartheid hídrico. De hecho, Mekorot opera 3.000 instalaciones hídricas, infraestructuras que sostienen materialmente las dinámicas de colonización del Estado de Israel. 

Históricamente, sin ese control de las aguas, la ocupación israelí de territorio palestino no habría sido posible. Pero más allá del operar genocida sobre Palestina, el hidropoder israelí, silenciosamente, se ha expandido por el mundo, anclando también en nuestras tierras latinoamericanas. En el caso de las tierras bajo control del Estado chileno, el hidropoder israelí tiene un rol protagónico en el violento avance de las fronteras extractivistas que caracteriza estos tiempos post-pandémicos. De hecho, el ‘milagro israelí’ se nos hace presente en la importación de tecnologías/infraestructuras hídricas y modelos de gestión/gobernanza de las aguas. En esta línea, destacamos:  

Desaladora en Chile.

a) La desalación de agua marina: En Chile, la implementación de la agenda global de transición energética, intensifica el extractivismo megaminero y con ello la demanda hídrica, en tiempos de extrema sequía. En este escenario, emerge con fuerza el negocio de las desaladoras, que abren nuevos focos de conflicto por sus efectos devastadores en los territorios costeros. Se trata de un nuevo, pero poderoso mercado, con fuerte presencia israelí. A modo de ejemplo, podemos dar el caso de IDE Technologies, empresa israelí que desde 1965 se ha posicionado como líder mundial en desalación y reúso de aguas. De hecho, la empresa construyó la planta de Ashkelon, una de las más grandes del mundo, y que cumple un rol estratégico en el abastecimiento hídrico israelí. En Chile, IDE Technologies se adjudicó la construcción de la planta desalinizadora del Aconcagua, para Aguas Pacífico, con puesta en marcha el 2025. Esta polémica obra, ubicada en Pichuncaví ha activado fuertes movilizaciones de rechazo por su asociación al proyecto Los Bronces (Anglo American) y sus impactos en la pesca artesanal. Movilizaciones que incluyen la toma de los terrenos por parte de los pescadores de Quintero-Pichuncaví. Asimismo, IDE Technologies también construye la planta Quebrada Blanca F2, para la Minera Teck, con puesta en marcha el 2023. Esta obra se ubica en Punta Patache y su destino es la explotación de cobre Quebrada Blanca, la que ha sido denunciada por incumplir su RCA.

Desaladora en Chile.

b) La tecnificación del riego y drenaje. En Chile el extractivismo agroindustrial se sostiene en un modelo de eficiencia hídrica, con fuerte presencia israelí. Hace décadas que Chile es un mercado privilegiado para las empresas israelíes, promovidas, desde los años noventa, en las famosas ‘Misiones tecnológicas’ organizadas por el Ministerio de Agricultura, a través de INDAP. En relación al riego, la tecnología va desde el ya tradicional riego por goteo, hasta el riego digitalizado de empresas como Manna Irrigation, Netafim y Rivulis. Empresas que son apoyadas por la Misión Económica y Comercial de Israel en Chile, asociada a los acuerdos de cooperación bilateral, que se dan a nivel nacional y entre la embajada de Israel y los gobiernos regionales y municipales. Hay que señalar que el modelo de eficiencia hídrica que se nos impone mediante los kits tecnológicos, define el agua como insumo productivo, que se valora según su rentabilidad. Modelo que acentúa, por una parte, la devastación de los ecosistemas y, por otro, las desigualdades estructurales del campo.

Monocultivo de riego por goteo.

c) La importación de consultorías de gestión hídrica. Siguiendo la tendencia de países como Argentina, Uruguay y México, Chile también se ha vinculado al mercado de consultorías de Mekorot. Consultorías a través de las cuales la estatal israelí exporta su modelo de gestión hídrica, que se concreta en los polémicos Planes Maestros, que consideran la evaluación hídrica de los territorios y el diseño de un plan de gestión de aguas, siguiendo lógicas de privatización y mercantilización. En tierras bajo control del Estado chileno, un caso polémico es el Convenio de Mekorot con la Corporación Desarrolla BioBio, que recibe recursos del GORE, este convenio se firma tras la ‘misión’ del gobierno regional, en las tierras bajo control israelí. La presencia de Mekorot en la Región de BioBio, tierras de Wallmapu, activó la alerta sobre la importación del modelo israelí, que vendría a potenciar las dinámicas de depredación hídrica, ya instaladas por las políticas neoliberales. 

Manifestación contra Mekorot en Argentina.

La tecnología, en este caso la tecnología hídrica, no es neutral. La tecnología es un artefacto político que materializa una forma de pensar y ordenar las dinámicas territoriales, además las tecnologías hídricas operan articuladas a modelos de gestión y regímenes de verdad con los cuales controlan los vínculos sociales. Por eso la captura de las aguas es un pilar fundamental del cautiverio extractivista que acecha nuestros territorios. La expansión del hidropoder israelí, es un asunto político que debe abrirse al debate. Por una parte, no podemos ser cómplices del genocidio palestino, es importante visibilizar la lenta agonía del despojo hídrico en esas tierras, y por otra, es urgente reconocer el silencioso, pero violento avance del hidropoder israelí en nuestras propias tierras. 

Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/08/28/aguas-cautivas-hidropoder-israeli-en-palestina-y chile/?fbclid=IwY2xjawMxc85leHRuA2FlbQIxMABicmlkETE4ZVVmVkFKdzV3ajhtRjVuAR5kfuCnlAyk3lOq4QUw8rR4t4R5g7kcNJ9v6JW0pyFrCFuQLgrjCLy94zEaw_aem_Fmhxt1sLHZCA89j8YPayZg

Historiemos ofensivas del capitalismo y luchas de los trabajadores y pueblos.

Casa del Pueblo Gijón

El 16 de septiembre por tres: 1955, 1969 y 1976 en Argentina.

Las efemérides nos deparan coincidencias y, en muchos casos, marcan la historia de los pueblos. Eso sucede en Argentina con el 16 de septiembre, donde conviven tres acontecimientos que merecen ser recordados: en 1955 se produjo el golpe militar contra el gobierno del Gral. Perón; en 1969, el pueblo de Rosario, parió el mayor alzamiento popular de su historia, el II Rosariazo; y en 1976, en la ciudad de La Plata, se produjo el secuestro de varios jóvenes, pasando a la historia como La Noche de los Lápices.

El Golpe de 1955 tuvo claros objetivos sociales, económicos y políticos. Las primeras acciones fueron la ocupación de los locales sindicales por los comandos civiles, se intervino la CGT y el Ministerio de Trabajo, se declararon nulas y disueltas las comisiones internas y cuerpos de delegados y se nombraron Interventores Militares en numerosos sindicatos.

La Ley de Asociaciones Profesionales fue derogada, quedando restringido el derecho de huelga. Represión e intimidación del sindicalismo, con el arresto de cientos de dirigentes sindicales. Se sancionó el decreto 7107, que excluía de cualquier actividad a todos los que se hubieran desempeñado en la conducción de la CGT o sus sindicatos entre febrero de 1952 y septiembre de 1955.

Asimismo se designaron delegados de fábrica por parte del Ministerio de Trabajo, habiendo sido despedidos los anteriores. Además, hubo una ofensiva contra las condiciones de producción y de trabajo.

Toda esa batería de medidas contra la clase obrera y sus organizaciones gremiales llevó al movimiento obrero a desarrollar una política de defensa de las conquistas logradas. La represión y proscripción del peronismo, sumado a la ofensiva de los patrones para poner disciplina en los lugares de trabajo, dieron origen a la Resistencia Peronista, fuera y dentro de las fábricas.

Los golpistas, tanto militares como civiles, se pusieron de acuerdo entre otros objetivos: “eliminar la tutela del Estado en las relaciones obrero-patronales” y “estabilizar, liberalizar y desarrollar la economía”. De la intervención en el comercio exterior se pasó a la liberación de todo control, de la compra de cereales por el Estado a la libre exportación con solo precios de sostén, de la nacionalización de los depósitos bancarios a su devolución a la banca privada

¿Y qué paso el 16 de septiembre de 1969, en Rosario? La dictadura de Onganía intervino “La Unión Ferroviaria”, anuló convenios y conquistas, produjo rebajas de categorías y sueldos, 116.000 empleados y obreros fueron sancionados. El 8 de septiembre de 1969, el Cuerpo de Delegados de la Seccional Rosario del Ferrocarril Mitre y la Comisión Coordinadora de la Unión Ferroviaria comunicaba que “se iniciaba una huelga de brazos caídos en los lugares de trabajo”, tras la suspensión de un delegado administrativo. Por la noche una masiva asamblea decidió continuar la huelga, esta vez por 72 horas, con la adhesión de La Fraternidad, y la medida se extendió a las Seccionales de Arroyo Seco, Empalme, Villa Constitución, San Nicolás, Cañada de Gómez y Casilda.

La empresa anunció suspensiones; la CGT Unificada de Rosario se declaró “en estado de alerta y convoco a un plenario”, mientras los delegados declararon “la huelga por tiempo indeterminado”. La solidaridad del resto de los ferroviarios se extendió por todo el país. La dictadura, a través del CONASE (Consejo Nacional de Seguridad), ordenaba la aplicación de la “Ley de Defensa Civil”, por lo cual todo el personal ferroviario era movilizado, con convocatoria militar y les sería aplicado el Código de Justicia Militar.

Posteriormente, un plenario de 32 gremios, resolvió “realizar un paro por 38 Horas, los días 16 y 17 de septiembre”.

El 16, desde las 10:00 horas, masivas columnas de trabajadores comenzaron a marchar partiendo de sus sedes sindicales o de los lugares de trabajo. Desde La Fraternidad más de 7000 ferroviarios se dirigieron a la empresa Minetti; posteriormente se les sumaron los obreros textiles de “Extesa”, se incorporan los trabajadores del vidrio, de la construcción. Desde Oroño al 1300 marchó la columna de Luz y Fuerza, y otra lo hizo de la Usina Sorrento. Del sur venían los obreros del frigorífico Swift, los portuarios y los metalúrgicos. Todos trataban de converger al local de la CGT, en Córdoba al 2100. Los estudiantes concentrados en las distintas facultades se unían a las columnas.

La represión lograba parcialmente dispersar a los manifestantes, pero estos resistían, se reagrupan y continuaba la protesta. Por toda la ciudad, aparecían barricadas. Los puntos de concentración aumentaban, se incendiaban los colectivos y troles que no paraban, y la policía se fue replegando.

Con el correr de las horas, la lucha se desplazó a los barrios. Se incorporaron las amas de casa y los niños, y durante toda la jornada se turnaron para mantener en actividad las barricadas, donde se realizaban espontáneas asambleas para discutir cómo continuar.

Las fuerzas policiales desbordadas no consiguieron penetrar en Empalme Graneros, Tablada, los barrios de la zona oeste, algunas zonas de Arroyito, en varias manzanas de la zona sur, y en varios barrios. El Ejército se hizo cargo de la represión y comenzó a recuperar el control de la ciudad. Un desconocido Coronel Galtieri comandaba uno de los batallones. Los enfrentamientos siguieron por la noche y durante el día 17.

Hace años, la historiadora Beba Balvé señalo que el “Segundo Rosariazo continuaba siendo el hecho maldito de la ciudad. De eso no se habla, no se recuerda, pareciera que el fuego antidictatorial continuara quemando”. Las clases dominantes tomaron nota de la capacidad de lucha y la fuerza de los trabajadores junto a otros sectores sociales. Por eso durante años hubo un “pacto o conspiración de silencio”. Si algo distinguió a esas jornadas fue la decisión de ganar las calles de todo el pueblo de la ciudad contra una dictadura. Además en cada barricada reinaba la alegría, la solidaridad, se disfrutaba la pelea por la libertad, y la bronca antidictatorial florecía en las manifestaciones donde codo a codo luchaban peronistas, comunistas, socialistas, radicales, independientes.

Las efemérides nos llevan al 16 de septiembre de 1976, que pasó a la historia como la Noche de los Lápices, cuando fueron secuestrados varios estudiantes secundarios, en la ciudad de La Plata.

Un grupo de los adolescentes, que el año anterior había obtenido el boleto estudiantil gratuito después de una larga lucha, iban a ser las víctimas en esa noche siniestra. La mayoría de ellos eran militantes políticos de la organización peronista Unión de Estudiantes Secundarios. Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, pertenecía a la Juventud Guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y por la Policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps.

Entre el 16 y el 19 de septiembre de 1976 los secuestrados fueron: Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz. Luego fueron bestialmente torturados en el Pozo de Banfield. El único sobreviviente fue Pablo Díaz. Otros jóvenes raptados en sus hogares fueron Patricia Miranda Emilce Moler y Gustavo Calotti por Grupos de Tareas. Estuvieron en Arana, Pozo de Quilmes, Comisaría 3 de Valentín Alsina y Devoto.

Estos tres 16 de septiembre en Argentina deben vivir en la memoria del pueblo y, como un homenaje a aquéllos que lucharon en esos años, debemos continuar haciendo frente a las injusticias que se nos presentan.

Por Leónidas F. Ceruti, historiador.

#MemoriaAnarquista #Anarquismos14

Alternativas emancipatorias

Requerimos para desplegar la construcción, desde ahora, de nuestra emancipación social que no nacional, ante todo, independizarnos de políticos predominantes en las izquierdas como Alberto Nadra que cultivan la lógica y el lenguaje del Capital desde sus soberbias de percibirse vanguardias.

Resistencia popular,
una gramática de la protesta

20 de septiembre de 2025

Por Alberto Nadra | La Tecl@ Eñe

A partir de datos concretos de la provincia de Buenos Aires, Alberto Nadra demuestra cómo la resistencia popular a la baja salarial, los despidos y cierres de empresas fue un factor decisivo en el resultado electoral del 7/9, un hecho omitido por el análisis mediático y subestimado por la oposición. Esa misma energía social, que este miércoles logró torcer la voluntad del Ejecutivo en Diputados, es la que define el pulso de la política. La nota encara la nueva gramática de la protesta y se pregunta si la dirigencia tradicional podrá, de una vez por todas, salir de sus internas y conectar con esta energía social que no solo juzgó al pasado en las urnas, sino que ya está moldeando el futuro.

A casi dos semanas de la aplastante derrota gubernamental, y sin desconocer la influencia de la sacrificada gestión de Axel Kicillof y el empuje de los intendentes peronistas, aún se carece de una valoración del impacto de las luchas en el resultado electoral.

El creciente enfrentamiento a los recortes en educación, ciencia, salud y la inversión social, a la defensa de las fuentes de trabajo frente al masivo cierre de empresas, los despidos, suspensiones y el techo salarial que pretende imponer el gobierno es mucho más que bronca.

Es resistencia consciente, que se extiende.

Esencial, pero –para algunos– invisible

La unilateralidad de la práctica política, incluso de buena parte de la dirigencia del campo nacional y popular, que en su mayoría sigue prisionera de internas y desgaste de pasillos y salones, les impide tomar conciencia acerca de:

-El incremento de esa resistencia, en ocasiones espontaneo, con comisiones internas que asumieron su papel; en casos con el apoyo de sindicatos y dirigentes que desde el primer día entendieron la necesidad de frenar la famosa “motosierra” neoliberal.

-La ausencia de su propio compromiso concreto, hasta físico, cuando su responsabilidad es promover la solidaridad con los conflictos, contribuir a su coordinación y organización, pero principalmente darles una perspectiva política nacional de cambio de poder.

El voto de la lucha bonaerense La prueba más contundente de que la dirigencia no logra ver más allá de las urnas -y de que fue la resistencia popular la que marcó el verdadero ritmo de la política- se encuentra en un análisis detallado de los resultados en la provincia de Buenos Aires. Allí, la correlación entre los conflictos en cada territorio y la contundencia de la derrota liberal no es casual: es causal. Sencillamente, esas luchas determinaron el clima político y hacen inexplicable el resultado, y su magnitud, sin ellas. (..)

Las incógnitas de octubre

Entonces, ¿Qué puede pasar en el resto de las provincias argentinas el 26 de octubre?

Resulta poco serio aventurar pronósticos al papelonero estilo de la mayoría de las consultoras, cuyos modelos arañan, y no siempre, el humor social del momento pero no la profundidad estructural del conflicto.

Sin embargo, podemos arriesgar una hipótesis fundada: el impacto acumulado de la resistencia popular tendrá su efecto, mayor o menor pero ineludible, incluso en aquella provincias donde Milei ganó por amplio margen en 2023.

¿Por qué? Porque el ajuste no es una amenaza abstracta sino una realidad tangible que ya está golpeando los bolsillos y el futuro de la gente en todo el territorio nacional. La memoria electoral es corta, pero la experiencia cotidiana del desempleo, la inflación y el recorte del gasto social es un maestro eficaz y rápido.

A lo dicho podemos sumar que en todas las provincias se han extendido conflictos de carácter nacional que transversalizan el malestar en salud, discapacidad, educación, la economía popular, las cadenas de supermercados y electrodomésticos, el campo, los jubilados y gremios como los aeronáuticos, alimentación, de prensa y comunicación o peones rurales.

Esta capa de conflictividad generalizada sienta las bases de un clima preelectoral volátil.

Además, a este reclamo nacional multifacético se  sumaron importantes conflictos localizados en los grandes centros fabriles que son el corazón productivo del interior: Santa Fe (con Acindar, Vassalli, Lácteos Verónica, frigorífico Europlus, Metrofund, Celulosa, Nuevo Banco Santa Fe, las algodoneras Avellaneda, Reconquista y Santa Fe), Córdoba (Petroleros, del Neumático, la Petroquímica Rio Tercero, Fadea, Coca Cola, Arcor y Georgalos) en incluso Mendoza (petroleros y una tensa y crítica situación en la metalurgia)

Estos focos de resistencia no son islas; son síntomas de un terremoto social que va cuestionando al modelo en su conjunto. La pregunta no es si ese malestar se expresará en las urnas, sino de qué forma lo hará y qué fuerzas podrán capitalizarlo.

No hay Argentina con Milei, esta parece ser la certeza que, desde las fábricas, las aulas y las calles, comienza a templar la voluntad de un pueblo. La evidencia es clara: el proyecto de ajuste infinito y de sumisión al capital más concentrado no solo comienza a ser rechazado en las urnas: principalmente ya es impugnado, día a día, en los barrios y en los lugares de trabajo y estudio.

La gran incógnita, entonces, ya no es el fracaso del modelo, sino la capacidad del movimiento nacional y popular de constituirse en una alternativa creíble de poder, no solo de castigo electoral, para construir un país justo e inclusivo. Queda por ver si su dirigencia logra superar su visión superestructural, abandona la comodidad de los pasillos y sus irritantes internas, y si es capaz de bajar a la tierra para sintonizar con la potencia casi huérfana de la resistencia popular.

Alberto Nadra. Político, escritor y periodista.

Fuente: https://lateclaenerevista.com/resistencia-popular-una-gramatica-de-la-protesta-por-alberto-nadra/

Veamos porqué Alberto Nadra mira por “la capacidad del movimiento nacional y popular de constituirse en una alternativa creíble de poder” cuando debiera plantearse la independencia de clase de los trabajadores por incorporarse al protagonismo deliberativo de los pueblos de Argentina en sus respectivas autodeterminaciones y en su unión plurinacional e intercultural.

Es que sostiene nuestra necesidad de continuar en el círculo perverso del PJ y en la democracia que ha garantizado la conciliación con el neoliberalismo del establishment transnacional y transnacionalizado durante 41 años. Menosprecia que:

-Eduardo Galeano nos alertó “si el voto sirviera para algo ya estaría prohibido” como la democracia vigente desde diciembre de 1983, en refuerzo de la genocida dictadura militar eclesiástica del establishment, prohíbe la autodeterminación de los pueblos de Argentina y privilegia al régimen latifundista que ha modernizado en régimen extractivista.

-El presente e historia de los “barones del conurbano” o sus dirigentes e intendentes que manejan sus territorios como feudos conforme a la Constitución Nacional de 1994 cuyo orden político económico fundamenta el desarrollo del régimen extractivista.

-El cinismo de Axel Kicillof en su propaganda política de representar nuestro derecho al futuro que se complementa con el del peronismo bonaerense de nombrar a su Frente electoral como Fuerza Patria. Cuando Kicillof ha sido clave en la conversión de YPF como herramienta de aceleración e intensificación del avasallamiento de derechos tanto de la naturaleza como de los pueblos de Argentina mediante el fracking, el sistema globalizado de agronegocios y la megaminería. A través de YPF los poderes nos forzaron a los diversos de abajo a multimillonarios subsidios directos e indirectos a los saqueadores que denominan inversores. Como resultado de los 40 años: 60% de los menores de 17 años y casi el 80% de la ancianidad habían sido despojados de todos sus derechos humanos. Y la omnipotencia del establishment era tal que el balotaje contenía ya sus planes de gobierno y los dos candidatos se comprometieron a garantizar su cumplimiento.

En fin, como prueba esencial al carácter de enemigos de la autodeterminación de los pueblos de Argentina, tanto Kicillof como Cristina Fernández han demostrado su privilegio de la propiedad latifundista (sea estatal, privada, nacional o extranjera) por sobre las necesidades y aspiraciones populares.

Apreciemos que, pese a la represión y extorsión económica, la autoorganización comunitaria y plurinacional está abriendo caminos hacia las alternativas del Trabajo emancipado del Capital o de erradicar el acaparamiento oligopólico de bienes comunes y su mercantilización que condujo a las actuales emergencias social, alimentaria, sanitaria y ecológica-climática. Están concretando bases esenciales a la real y efectiva democracia.

Expandirla exige confrontar con los nac&pop o los progresistas e izquierdistas electoraleros por aceptar como democracia a la que profundizó la política e ideología antisubversiva, así como el acaparamiento oligopólico del establishment. A diferencia de la dictadura que ejecutó genocidio para exterminar tanto pueblazos como izquierdas revolucionarias, cooptó y coaccionó a conciliar con el capitalismo durante 41 años.

Reflexionemos qué explica Horacio Machado Aráoz: 

 «(…)Acelerar el crecimiento como medio para “combatir la pobreza” ha sido instalado como pensamiento hegemónico por los gobiernos progresistas. Bajo sus gestiones, la retórica “redistribucionista” ha mostrado ser mucho más peligrosa en materia de violación de derechos y devastación ecológica que otras variantes ideológicas, puesto que todo atropello socioambiental aparece “suficientemente justificado” cuando su “fin último” es “redistribuir la riqueza”. Y así, emulando a las viejas oligarquías del siglo XIX, que surgieron apropiándose de territorios y explotando a las poblaciones despojadas, racializadas, mediante la imposición de la idea de “Nación” y el imperativo del “progreso”, las fuerzas progresistas gobernantes en América Latina –igual que los gobiernos ultra-conservadores– asumen como propia una concepción sacrificial-desarrollista del territorio. Frente a ellas, enfrentadas al conjunto del espectro ideológico político de los gobiernos, los movimientos socioambientales parecen ser los únicos sujetos colectivos que impugnan y cuestionan la vía del crecimiento extractivista adoptado. (…)».

Fuente: https://www.redalyc.org/pdf/286/28643473002.pdf

Destaquemos esta unión sin fronteras como la naturaleza rumbeando hacia la autonomía y autodeterminación que exigen Trabajo liberado del Capital y mirando por necesidades e intereses populares.

Declaración

 

“Confluencia Global sobre Democracia Radical,
Autonomía y Autodeterminación”

Por Edward, Sudáfrica, del 2 al 6 de febrero de 2025.

Organizado por el Tejido Global de Alternativas, la Academia de Modernidad Democrática, WoMIN y el Comité de Crisis de Amadiba.

A los pueblos del mundo y a quienes luchan contra todas las formas de capitalismo, patriarcado y colonialismo. A los gobiernos de los Estados-nación del mundo y a las instituciones internacionales. PRESENTE

(…) Nos reunimos para discutir nuestras luchas comunes y construir un entendimiento común sobre cómo ejercemos la democracia radical y la autonomía, al tiempo que reconocemos nuestras diferencias.

Para nosotros, la democracia radical implica nuestra responsabilidad y derecho a decidir sobre todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo el derecho a decir sobre cualquier propuesta que provenga de fuera de nuestras comunidades y territorios. Esto abarca el derecho a rechazar los proyectos desarrollistas que durante mucho tiempo nos han definido como pobres y subdesarrollados, nos han despojado y desplazado, y nos han alienado de nuestras propias tierras y aguas. Rechazamos los modelos económicos, políticos y culturales que imponen violencia sobre nuestros cuerpos, territorios y formas de existencia en el mundo, y que buscan homogeneizarnos en réplicas de estereotipos ‘occidentales’. En su lugar, exigimos el derecho a mantener y seguir evolucionando nuestros propios sistemas diversos de aprendizaje, sanación, habitar, conocimiento, acción y alimentación—raíces en la defensa de la vida, la tierra y una existencia colectiva. (….)

(…) Hacemos un llamado a una convergencia global más profunda de luchas que unan a los Pueblos Indígenas, los movimientos de base y las comunidades oprimidas en la lucha por la justicia y la dignidad. Nos comprometemos a recuperar, defender y construir sistemas no jerárquicos y ecológicamente regenerativos, basados en la toma de decisiones por consenso, en los cuales el resto de la naturaleza y las generaciones futuras tengan un lugar en igualdad de condiciones. Rechazamos la hegemonía del marco del Estado-nación y, en su lugar, abogamos por un regionalismo biocultural, donde la toma de decisiones políticas se alinee con los flujos naturales y culturales, en lugar de con fronteras artificiales. Además, nos comprometemos a desarrollar otros modelos de gobernanza global que operen desde el reconocimiento mutuo dentro, contra y más allá del Estado-nación, forjando caminos hacia un futuro justo y liberado, basado en un proceso legítimo desde los pueblos. Exigimos el reconocimiento de nuestro lugar en la naturaleza, así como el de nuestros ancestros y de las generaciones por venir. Reafirmamos nuestro derecho a mantener o recuperar nuestros propios sistemas de conocimiento, enraizados en la defensa de la vida, la tierra y la existencia colectiva. También demandamos reparaciones y el pago de la deuda colonial-capitalista que el Norte Global y las élites deben a la mayoría del mundo, resultado de siglos de extractivismo de recursos, contaminación, esclavitud y saqueo cultural. (…)

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2025/07/19/confluencia-global-sobre-democracia-radical-autonomia-y-autodeterminacion/

Qué Abya Yala

En acelerado e intensificado arrasamiento de las simbiosis de culturas con la naturaleza cuya creación implicó siglos de trabajo humano comunitario y constructor de equilibrios ecológicos según latitudes geográficas.

Historia y presente/ Ofensiva del sistema mundo capitalista / Alternativas emancipatorias

Historia y presente

El término Abya Yala es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto hacia las raíces de los pueblos originarios; y en ese sentido, el poema Abya Yala Wawgeykuna (Hermanos Americanos), originario del pueblo Quechua de Argentina, hace un llamado a la unidad de los pueblos a mantener presente su origen y a continuar su camino siguiendo las huellas de sus ancestros. Tal como su título indica, Abya Yala Wawgeykuna.

Artes, saberes y vivencias de indígenas americanos, el libro que sostienen en sus manos es un tributo a la filosofía de ese poema, pues intenta plasmar el pasado y el presente de distintos pueblos originarios: sus modos de vida, sus manifestaciones artístico-culturales, sus creencias… y al fin y al cabo, su identidad. Leer

Advirtamos que nosotros, como Abya Yala, estamos sumidos no sólo en una acelerada e intensificada desertificación sino también en la guerra de competencia entre países imperialistas con socios menores en los poderes locales. Todavía más, quienes nos relatan nuestra situación tapan que la pelea es por adueñarse de oprimirnos lo más posible aun cuando se disfracen de socios y de cooperación. Desde Perú atendamos a:

Porvenir capitalista

12 de septiembre de 2025 

Por Milcíades Ruiz | Rebelión

Hay incertidumbre general sobre nuestro porvenir. A nivel internacional, la pugna entre potencias capitalistas por el dominio económico de la humanidad, tiende a desarticular el orden establecido bajo el dominio de EE UU y, su reemplazo por un nuevo orden mundial múltiple. Esto asusta a los beneficiarios del orden vigente, que se resisten a perder sus dominios y, toman medidas desesperadas para evitarlo. Esta situación redunda positiva y negativamente a toda Latinoamérica, incluyendo nuestro país que, además tiene ya, incertidumbre electoral.

Las amenazas de EE UU de recuperar por la fuerza el terreno perdido en su “patio trasero”, su disforzado despliegue militar de amedrentamiento en torno a Venezuela, Cuba y otros países del Caribe que pretendan liberarse de sus dominios, tienen este móvil. Sus represalias contra Brasil que impulsa el bloque BRICS, como alternativa económica y las advertencias a los demás países de nuestro continente, tienen el mismo propósito, como también, su política arancelaria.

Justificar este amedrentamiento a Latinoamérica, so pretexto de combatir el narcotráfico es fantasioso. Bien sabemos que el principal mercado de las drogas está en EE UU y en mayor proporción las drogas sintéticas producidas allá mismo. Es el mercado el que atrae abastecedores y no al revés. De no haber mercado, no habría abastecedores. Entonces, es en EE UU, donde está el foco del problema y no, en Latinoamérica. Es allá, donde debe hacer el despliegue represivo y no en nuestros países.

En esta misma línea de evitar el cambio para proteger sus dominios, están los países de la Unión Europea, con los cuales, estamos enlazados económicamente. Esta situación mundial, ya viene ralentizando o, aminorando el crecimiento económico en todos los países del engranaje económico actual, sobre todo en los más pobres por su endeudamiento y dependencia de los países ricos. Al disminuir la capacidad económica de estos, habrá menos apoyo.

Según estimaciones de la CEPAL –Comisión Económica para América Latina y el Caribe –ONU, en el 2025 la tasa de crecimiento del PIB mundial se situará en el 2,8%, por debajo de lo obtenido en el 2024 (3,3%) y será la más baja en lo que va del siglo. Los Estados Unidos (25% del PIB mundial) tendrán la desaceleración más intensa entre las economías avanzadas (2,7% y 1,8% en 2024 y 2025, respectivamente).

Indica la CEPAL que, en los últimos 12 meses, el gasto público estadounidense llegó a la cifra récord de 7,1 billones de dólares, sobrepasando los ingresos fiscales de 5,1 billones dólares, lo que ocasiona un déficit fiscal de 2 billones de dólares. Por su parte América Latina viene perdiendo por rebote, su ritmo de crecimiento que se agravará con el empeoramiento de la situación mundial. (…)

Entonces, si los negocios van de mal en peor, habrá menos ingresos para todos. Al caer la economía nacional, mientras la población crece, se agravarán los problemas. No hay mayores inversiones por el riesgo de perder, baja el movimiento financiero, se despiden trabajadores, el estado recauda menores ingresos procedentes de impuestos y no podrá atender las necesidades públicas. El desempleo generará mayor delincuencia, pobreza y hambre.

No obstante, el poder legislativo ha otorgado mayores subsidios estatales (gastos tributarios) a las empresas multinacionales extranjeras de la agro exportación mediante ley 32434 promulgada ayer nomás, dejando de recaudar miles de millones. Estas empresas pagarán solo el 15 % del Impuesto a la Renta hasta el año 2035, como lo viene haciendo desde el 2000 implantado por Fujimori y, depreciarán el 20 % anual de sus inversiones en obras de riego entre 2026 y 2035, quedando en cero para el impuesto patrimonial.

Estas empresas entre las que se encuentran grupos latifundistas de Inglaterra, EE UU, Noruega, Guatemala y otros, vienen batiendo todos los récords de exportación y ganancias año tras año. No necesitan ser subsidiadas. Pero en general, los subsidios a las empresas siguen en aumento, mediante exoneraciones y otros beneficios, mientras el pueblo sufre.

(…) En estas condiciones, ¿Qué nos pueden ofrecer los partidos políticos en campaña electoral? Ante la incertidumbre, lo más probable es que los votos nulos y en blanco, se impongan sobre los válidos, dado que la dispersión será muy alta ante la proliferación de candidaturas y, también es un voto de protesta. En el mercado político también están en juego los intereses de un orden establecido por la corrupción. La captura del estado es con fines de lucro para los inversionistas que financian y para los testaferros.

Lo positivo de un cambio en el orden mundial es que, nos podría liberar del monopolio de la esclavitud económica bajo la extorsión hegemónica de EE UU, siempre que nos cuidemos de no caer en otras ataduras. Para el pueblo, su libertad soberana depende de su poder para predominar. Construir poder popular con capacidad de proteger los intereses de la mayoría nacional, es un objetivo básico. O no. Ustedes qué dicen.

Blog del autor: https://republicaequitativa.wordpress.com/

Fuente: https://rebelion.org/porvenir-capitalista/

Observamos que Milciades Ruiz reproduce la lógica y el lenguaje del Capital y que Cristina Fernández instó a valorar. En efecto, razona:

«Entonces, si los negocios van de mal en peor, habrá menos ingresos para todos. Al caer la economía nacional, mientras la población crece, se agravarán los problemas. No hay mayores inversiones por el riesgo de perder, baja el movimiento financiero, se despiden trabajadores, el estado recauda menores ingresos procedentes de impuestos y no podrá atender las necesidades públicas. El desempleo generará mayor delincuencia, pobreza y hambre.»

Sepamos que quienes nos saquean también imponen ajustes a sus pueblos

La Unión Europea amputa las normas
laborales, sociales y ambientales

19 de septiembre de 2025 

Por Ecologistas en acción

470 organizaciones, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, denuncian la ofensiva de desregulación de la UE en vísperas del discurso sobre el Estado de la Unión de Von der Leyen.

Hoy la sociedad civil organizada ha enviado un mensaje inequívoco a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los comisarios europeos y a los Estados miembros de la UE en una declaración con el lema “Nuestra protección se está vendiendo con fines de lucro”, firmada por 470 organizaciones. Denuncian la ofensiva de desregulación que ocupa un lugar central en la estrategia del ejecutivo comunitario para esta legislatura.

 (…) “Se trata de implementar la lista de deseos de los grupos de presión empresariales. La Comisión da forma a su tsunami de desregulación otorgando a las empresas niveles extremos de acceso privilegiado, niveles profundamente antidemocráticos de captura corporativa. Habrá una reacción por parte de la sociedad civil, y nuestra declaración y el apoyo que ha recibido lo demuestran claramente”, ha afirmado Kenneth Haar, investigador y activista de Corporate Europe Observatory.

Ella Jakubowska, directora de Políticas de European Digital Rights (EDRi), ha declarado: “En la era digital, todos dependemos de leyes sólidas, coherentes y bien aplicadas. Estas nos protegen de las empresas depredadoras, como las grandes tecnológicas, así como de la extralimitación y la discriminación por parte de los actores estatales. Pero estos controles y contrapesos democráticos vitales, que nos dan control sobre nuestros datos y nuestras vidas privadas, están siendo atacados por aquellos que quieren anteponer los beneficios a los derechos humanos y la justicia”.

Por su parte, Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, ha recalcado: “En lugar de impulsar una política industrial audaz basada en el decrecimiento y la justicia social y ambiental, la UE apuesta por la guerra y el rearme redoblando el poder de las industrias más contaminantes que piden menos control, más subvenciones y más manga ancha para destruir la vida humana y la naturaleza. Llamamos a los movimientos sociales a rebelarse contras las políticas de la UE que convierten la emergencia climática en negocio, desmantelan las protecciones socioambientales o que apuestan por una mayor dependencia de los combustibles fósiles cuando deberíamos abandonarlos”.

A su vez, el secretario general de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), Jan Willem Goudriaan, ha afirmado: “Los paquetes legislativos Ómnibus significan una amenaza para los derechos, la salud y la seguridad de las personas trabajadoras. Suponen un retroceso en la protección ambiental y sociolaboral. Solo favorecen a los intereses de las empresas. Al mismo tiempo, los servicios públicos y los organismos reguladores carecen de financiación y recursos suficientes. Sin normas y sin su aplicación, las empresas robarán a los trabajadores, dañarán nuestro medio ambiente y violarán nuestros derechos como comunidades. Los paquetes Ómnibus deben ser retiradas”,

En su misiva contra la ola de desregulación, las organizaciones han concluido: “En una época de extrema desigualdad, que incluye la extrema concentración de riqueza, exclusión social y financiera, destrucción climática, retroceso democrático, capitalismo de vigilancia, explotación laboral, discriminación y daños estructurales profundamente arraigados, así como amplias violaciones de los derechos humanos: ¡exigimos más protecciones, no menos!”.

La declaración está disponible en castellano en este enlace.

La Unión Europea amputa las normas laborales, sociales y ambientales

Fuente: https://rebelion.org/la-union-europea-amputa-las-normas-laborales-sociales-y-ambientales/

Subrayemos que se equivocan en exigir más protección cuando el 2% ha maximizado su acaparamiento de bienes comunes de la humanidad. En el mundo, como comprobamos en el genocidio palestino en vivo y directo, se agrava esta deshumanización o barbarie capitalista, urge el cambio social. ¿Cómo concretarlo? Mediante el protagonismo deliberativo de los pueblos planetarios al hacerse cargo de la respectiva autodeterminación y de su confederación democrática.

Apreciemos que:

«(…) A pesar de estas crisis, siguen floreciendo formas de vida radicales que constituyen alternativas a los sistemas dominantes. Los movimientos por la justicia ecológica e interespecies, la soberanía indígena y comunitaria, y la liberación feminista persisten en la resistencia a la opresión, mientras imaginan y construyen otros futuros posibles. En todo el mundo, las prácticas arraigadas de democracia radical y autonomía demuestran modelos alternativos de política, economía y sociedad, fundamentados en la solidaridad, la reciprocidad y el apoyo mutuo entre los seres humanos y el mundo más-que-humano. Las alianzas regionales y globales se están expandiendo, conectando luchas y fortaleciendo el poder colectivo. Todos reconocemos que la tierra y el agua contienen nuestras historias, nuestras culturas, nuestra autonomía y nuestro futuro. A través de la acción colectiva—mingas, tequios, shramdaan, uBuntu, autogestión y otras formas de apoyo mutuo—y mediante nuestras cosmovisiones y experiencias—sumak kawsay, comunalidad, ubuntu, swaraj, entre otras—afirmamos nuestro poder colectivo sobre nuestros territorios para seguir “caminando con el pasado delante de nosotros”, es decir, para recuperar nuestro futuro reconociendo nuestras historias y reclamando nuestra dignidad. (…)»

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2025/07/19/confluencia-global-sobre-democracia-radical-autonomia-y-autodeterminacion/

 

Ofensiva del sistema mundo capitalista

Reconozcamos que las contracumbres climáticas o historia de las luchas callejeras que exigen más acciones a los líderes mundiales refuerzan la lógica y el lenguaje del Capital.

Por un lado, los movimientos sociales del mundo organizan contracumbres o cumbres paralelas para exigir acciones concretas en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, aceptan la concepción de la ONU, representando a los oligopolios que dominan el sistema mundo capitalista, sobre enfrentar al cambio climático en vez de la emergencia climática. Gracias a este lenguaje eufemístico inculca que es propio de la naturaleza en vez de examinar cómo el capitalismo lo engendra. Aún peor, esos movimientos sociales vuelven la espalda a la emergencia socioecológica que causa la climática reflejando la ruptura capitalista de los equilibrios ecológicos y los ciclos de la naturaleza.

Por otro lado, proceden como en Argentina donde luchan primordialmente contra la ley Bases y su RIGI sin interesarles que es sólo consolidación del cuerpo jurídico construido desde los setenta para el despliegue del neoliberalismo por el establishment. Es que menosprecian a quienes –como el capitalismo- clasifican de los nadies y a sus autoorganizaciones territorializadas en asambleas o comunidades autónomas resistiendo al avasallamiento de derechos tanto de la naturaleza como de los trabajadores y pueblos e individuos de abajo. Si los escucharan y aprendieran de las diversidades de abajo en lucha contra los extractivismos rurourbanos no podrían seguir conformándose con que es cuestión de modificar cantidades en la composición atmosférica.

Rechazan constatar, ya van por la COP 30, que es imposible el diálogo o debate entre capitales e instituciones suyas con los pueblos planetarios que están asumiendo la gravedad de las emergencias socioeconómica y socioecológica cuya expresión más rotunda es la climática. No han registrado que todos los gobiernos progresistas han sido y son enemigos de la autodeterminación de los pueblos. No han descubierto que los gobiernos progresistas han hecho cuanto pudieron por burlar la voluntad de cambio social que tenían las antineoliberales rebeliones populares que los hicieron emerger y han promovido la concentración-transnacionalización de la economía y los territorios del Abya Yala mediante expansión de los extractivismos rurourbanos. Disfrazan la criminalidad capitalista de lesa humanidad y lesa naturaleza con «la democracia para nuestra derrota» que se expresa en instalar mesas e instituciones de diálogos de los máximos opresores-represores con diversidades de abajo.

Alternativas emancipatorias

Situémonos en -y generalicemos- la percepción (conocimiento con correspondiente compromiso de lucha) de Renán Vega Cantor:

 (…)Ahora podemos hablar del Método Israel, por el cual debe entenderse de manera sintética al conjunto de prácticas criminales, terroristas, bestiales y genocidas de Israel contra el pueblo palestino en las tierras ocupadas [el nivel interno] y el terrorismo internacional contra todos los que son declarados “enemigos antisemitas” [el nivel externo]. Esto incluye el asesinato de miles de palestinos, árabes y personas de otras nacionalidades fuera de las fronteras de Israel y de los territorios ocupados; incluye el asesinato de científicos extranjeros que realizan investigaciones en programas nucleares, como ha sucedido en años recientes con personal iraní; ataque a instalaciones civiles y militares de otros países; atentados con coches bombas y con drones para masacrar dirigentes palestinos y árabes; bombardeo de sedes diplomáticas, con la violación de los convenios internacionales que protegen esas instalaciones, incluso en tiempos de guerra, siendo el más reciente el bombardeo con drones del consulado de Irán en Siria y el asesinato de 16 personas, entre ellos dos generales de la Guardia Revolucionaria de Irán; secuestros en el extranjero, violando las disposiciones internas de los países, de lo que el caso de Karl Adolf Eichmann es el más conocido….

El Método Israel no existe sólo gracias y por el Estado sionista de Israel, sino porque es tutelado por Estados Unidos, la Unión Europea, muchos países árabes y de otros lugares del mundo. De la misma forma que el Método Yakarta ha sido funcional al capitalismo mundial, para destruir procesos democráticos, nacionalistas y revolucionarios, ahora en el plano internacional se despliega el Método Israel, acogido desde hace décadas por las clases dominantes y el Estado en Colombia en su guerra contrainsurgente y antipopular. El Método Israel, caracterizado por la brutalidad criminal y desconocimiento de cualquier derecho, es la pauta dominante en el capitalismo mundial y eso se ha normalizado con el genocidio de los palestinos y los sucesos de los últimos seis meses, tiempo durante el cual Israel ha realizado, con la protección de la autodenominada “Comunidad Internacional”, liderada por Estados Unidos, crímenes que avergonzarían a la Alemania nazi. (…)

Fuente: https://huelladelsur.ar/2024/04/19/ecuador-el-nuevo-israel-de-sudamerica/

Advirtamos a qué extremo llega la manipulación capitalista de la opinión pública y la mente de los diversos de abajo que la CAM debe aclarar sobre por qué y cómo lucha.

Wallmapu

CAM: La lucha por la recuperación territorial y
la autonomía mapuche no es terrorismo

19 de septiembre de 2025 

Coordinadora Arauco Malleco | Rebelión

Y no está demás volver a indicar que, como CAM, en nuestras ya tres décadas de lucha inclaudicable no hemos cometido ningún asesinato, ni acción indiscriminada contra campesinos ni pobres. La lucha es por desarrollar un control territorial para la reconstrucción de la Nación Mapuche.

Frente a la insistencia de la derecha y autoridades de este gobierno de catalogar a la agrupación mapuche CAM como terrorista, como organización señalamos enfáticamente que la lucha por la recuperación territorial y la autonomía, que es el grueso de la demanda histórica mapuche ¡No es terrorismo!  

Recuperación territorial y Autonomía, principal política del movimiento mapuche autonomista, sentido y razón de lucha de todo nuestro pueblo originario, ¡No es terrorismo!

Para nosotros, terrorismo es lo que el Estado chileno, en conjunto con las clases dominantes vienen desarrollando para aplacar las legítimas reivindicaciones de las comunidades, militarizando el Wallmapu y reprimiendo la prolongada lucha de resistencia mapuche. 

Para nosotros, terrorismo es la depredación que imponen los grupos económicos en el territorio ancestral junto a un proceso férreo de exterminio y persecución de los movimientos que con más fuerza confrontamos y luchamos por recuperar nuestra forma ancestral mapuche.

La destrucción de nuestro ItrofillMongen, todas las formas de vida, desertificando una de las zonas más ricas en biodiversidad de esta parte del Cono sur, eso es terrorismo. 

Cuando se están exterminando comunidades por la lógica de ocupación por despojo y desposesión, sobre todo con apoyo de la bota militar reprimiendo y sitiando comunidades, eso es terrorismo.  

Por último, señalamos y recordamos a la clase dirigente actual y a este gobierno que se declara seudo progre, que no debiera someterse al discurso de la ultraderecha y confundir la lucha por expulsar a las forestales e hidroeléctricas que depredan nuestro territorio con terrorismo. Porque esta es una lucha de Resistencia.  

Y porque esta lucha se hace desde un territorio usurpado a sangre y fuego por fuerzas de ocupación, por lo que la autodefensa es absolutamente legítima, como toda resistencia que quiera ejercer nuestro pueblo oprimido.

Y no está demás volver a indicar que, como CAM, en nuestras ya tres décadas de lucha inclaudicable no hemos cometido ningún asesinato, ni acción indiscriminada contra campesinos ni pobres.  La lucha es por desarrollar un control territorial para la reconstrucción de la Nación Mapuche. 

Fuente: https://rebelion.org/cam-la-lucha-por-la-recuperacion-territorial-y-la-autonomia-mapuche-no-es-terrorismo/

Hagamos revisión crítica de cómo las luchas por la vida y dignidad de los pueblos están yendo contra el modo capitalista de producción y mercantilización de la Naturaleza. Comprobemos cómo, verdaderamente, construyen el protagonismo deliberativo de cada pueblo tendiente a asumir su autodeterminación y creación de su respectivo buenos vivires. En este camino de superar la emergencia socioecológica y por tanto, la climática andan las Asambleas Contra las Rutas del Saqueo que nos esclarecen cuál es la realidad profunda del Abya Yala y que el capitalismo silencia e invisibiliza. Atendamos a:

Asamblea en defensa del Elki

Contra las rutas del saqueo #13

Este es el Boletín Informativo de las Asambleas Contra las Rutas del Saqueo, espacio construido por diferentes asambleas territoriales y medios libres en pie de lucha en contra del avance del capitalismo extractivo en América Latina.

Nuestra articulación surgió de la percepción de que se ha instalado en la región una nueva etapa del extractivismo, en la que la resistencia a la instalación de megaproyectos mineros, pesqueros, forestales, acuíferos y energéticos dejó de ser la única tarea de los pueblos.

Desde hace por lo menos 20 años, se ha llevado a cabo a lo largo de toda la región la construcción de un gran conjunto de obras de conectividad (carreteras, hidrovías, sistemas portuarios) que reorganizan los territorios en aras de facilitar el saqueo de nuestros bienes comunes para la empresa exportadora. Con el visto bueno de los gobiernos de turno y el financiamiento de la banca internacional, estas obras buscan disminuir los costos de operación de las transnacionales que operan en América Latina, aumentando sus lucros y garantizando que nuestro continente siga cumpliendo el mismo rol que viene ejerciendo desde la invasión colonial.

Las obras de infraestructura son un frente poco difundido y criticado de la lógica desarrollista, pero sin el cual la misma no se sostiene. Es en la circulación de flujos que el capital se realiza, y sin esta etapa, la extracción no cobraría ningún sentido.

A estas venas abiertas, les hemos llamado «Rutas del Saqueo¨.

Cada 15 días, traemos noticias de las comunidades organizadas en contra del sangrado de nuestros territorios. ¡Buena lectura!

El agua es vida

En los territorios latinoamericanos, la expansión colonial de las dinámicas extractivistas violenta intensamente las fuentes hídricas. Las aguas, que generosas nutren estas tierras y sus memorias, son capturadas no solo por las faenas megamineras, agroindustriales, petroleras y forestales, sino también por las obras de infraestructura del despojo, que crean condiciones para los proyectos del extractivismo capitalista. Grandes volúmenes de agua son empleados en la construcción de las obras de conectividad (puertos, túneles, carreteras, ferrovías) y de producción de energía, sea convencional (hidroeléctricas, termoeléctricas, nuclear) o renovable (solar, eólica, geotérmica). El cerco capitalista impuesto al fluir de los ríos y la fuerza de las mareas afecta la vida que habita en ellos, y los territorios de los que forman parte.

Un sistema cuya finalidad es el lucro concibe el agua como “recurso” a ser transportado  para los centros de extracción y producción de otras riquezas. Las transposiciones, canalizaciones y ductos que aprisionan las aguas responden a esa lógica. El agronegocio, el monocultivo que utiliza grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas; la megaminería, la extracción de gas y petróleo por fractura hidráulica consumen millones de litros de agua dulce que así queda inutilizada, sus desechos y pasivos envenenan las reservas subterráneas, las aguas de la lluvia, los lagos, ríos, mares y suelos, afectando la flora y fauna de las zonas donde se realizan. Comprometen así los ecosistemas y la alimentación humana.

La infraestructura que abre rutas del sakeo, bloquea las rutas del agua devastando los territorios. Es el caso de carreteras (autovías) que se construyen atravesando zonas de montes tupidos de máxima conservación destruyendo cuencas hídricas, modificando el curso del agua, rompiendo así el ciclo natural que nos permite conservarla. A su vez, estas carreteras sin una planificación integral traen luego el estallido inmobiliario sin control, que solo persigue nuevos negocios, generando más desmontes y contaminación de cursos de agua que aún estaban en buenas condiciones.

Las grandes corporaciones precisan controlar el uso del agua, así como hacen con la tierra, el viento, las plantas, los animales y la energía vital humana, para que su máquina de lucro funcione. La privatización de las reservas hídricas y de su gestión, y su cotización en bolsas de valores como un bien de mercado operan como un dispositivo para el despojo, legalizando la usurpación y acumulación de las aguas. En el año 2000, y a instancias del Banco Mundial, en Bolivia se privatizó el servicio de abastecimiento de agua en Cochabamba, impidiendo a la población buscar otras alternativas para la gestión comunitaria del agua de lluvia, por ejemplo, o mantener su ancestral gestión comunal (porque ya existían las llamadas regadores que instrumentaban los acuerdos de uso común de las acequias). Los pueblos se rebelaron contra la medida y fueron victoriosos, en lo que se conoció como La Guerra del Agua. Pero más allá de la experiencia boliviana a inicios de siglo, distintas estrategias de privatización avanzan tomando como referente el modelo chileno, país donde impera desde el año 1981 un modelo de gestión neoliberal de las aguas. 

El sistema de producción extractivista y su lógica de acumulación por desposesión, genera cada vez mayor desigualdad en los territorios. Son en estos territorios en los cuales avanzan las rutas del sakeo, donde el desigual y hasta inexistente acceso al agua potable y de calidad es la realidad de las comunidades de Latinoamérica.

Aun rechazando las privatizaciones, no existe una gestión y arbitrio estatal capaz de garantizar el acceso social justo al agua y el cuidado ecosistémico de su ciclo de recarga. Por el contrario, viene siendo cómplice del abuso de aristocracias locales y de la voracidad desmedida de las corporaciones, sin dar respuesta oportuna a los amparos y denuncias de las comunidades, por lo que su estatización tampoco es garantía. Como dice Eduardo Galeano: “Cuando el Estado se hace dueño de la principal riqueza de un país, corresponde preguntarse: ¿Quién es dueño del estado?

Las reservas hídricas son vistas por los Estados y el capital como cuestión de seguridad nacional. Y los territorios donde ellas se encuentran están sujetos a privatización y militarización. Por lo tanto, las decisiones sobre esas reservas escapan a cualquier control social o, inclusive, de las instancias formales republicanas. Esa dinámica es parte de la guerra de desgaste contra los territorios y sus gentes, promovida por los Estados del despojo.

Los pueblos preexistentes del continente, con su cosmovisión, entienden el agua como un ser vivo, e interpelan a aquellos sectores que, bajo lógicas antropocéntricas y mercantilistas, la conciben como un “recurso” al servicio de los seres humanos, mejor dicho, de ciertos humanos, pues, en la sociedad capitalista, el derecho al agua se ha vuelto un privilegio. Los pueblos que aquí viven desde hace miles y miles de años antes de la invasión, y supieron contribuir al equilibrio del ambiente y expandir la abundancia, entienden que nuestro destino como humanos está íntimamente atado al de los otros seres. El agua es un ser vivo, y no un insumo para las cadenas del despojo.

Esta etapa de colonialismo y extractivismo  atraviesa los pueblos de América Latina y muchos otros empobrecidos por el despojo. Es una corriente de poder que arrasa la vida y los mal llamados recursos naturales. Somos los habitantes de las distintas regiones los que nos hemos percatado de los sucesos, esto nos ha motivado a formarnos y buscar información. No esperamos que los gobiernos realicen los cambios. En realidad, los representantes votados por el pueblo no nos representan en absoluto. En este despertar, nos dimos cuenta que, como pueblos, no estamos solos, somos muchos y en distintas regiones, que defendemos los bienes comunes. Alentamos a nuestros lectores a no seguir los noticiosos o “medios hegemónicos”, pagados por las mismas empresas extractivistas y los gobiernos cómplices.

Necesitamos reconocer que la única forma de salir es buscando el “buen vivir”, ese que nos indicaron nuestros ancestros. El agua es muy importante para la vida de los pueblos, no podemos dejarla en manos privadas ni del Estado.

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Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2023/04/12/nuestramerica-asambleas-contra-las-rutas-del-saqueo/