La contradicción a asumir por los pueblos es la del Capital con la Vida planetaria, las izquierdas mayoritarias ningunean a:

Qué Sistema

De Occidente y los BRICS acelerando e intensificando ecocidios-genocidios al mercantilizar la naturaleza.

Conciliación de clases/
Concentración y centralización capitalista/
Alternativas emancipatorias

Conciliación de clases

Necesitamos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, que una creciente mayoría de los oprimidos, por el sistema mundo capitalista y su local, rompa con la conciliación de clase implícita en que el 90% de la humanidad permita el progreso del neoliberalismo tendiendo a:

Mutaciones autoritarias del poder corporativo

Nuevas y viejas oligarquías.
Las transformaciones en el régimen
de acumulación del capital

4 de noviembre de 2025

Por Diogo Machado y Francisco Louçã | Viento sur

Marx discutió en detalle la capacidad única del capitalismo para desarrollar las fuerzas productivas: la feroz competencia entre los capitalistas les impulsaría a innovar permanentemente en el proceso de producción, aumentando la composición orgánica del capital. También concluyó que la competencia da lugar a una tendencia a la concentración empresarial. En este sentido, Ernest Mandel explica que:

La evolución del modo de producción capitalista arrastra, por lo tanto, necesariamente, la centralización y la concentración del capital. El tamaño medio de las empresas crece sin cesar; un gran número de pequeñas empresas son derrotadas en la competencia por un número reducido de grandes empresas que controlan una fracción cada vez mayor del capital, el trabajo, la propiedad y la producción en sectores industriales completos. (…) Así, la competencia capitalista continúa el proceso de expropiación que está en el origen del modo de producción capitalista. (…) La historia del capital es la historia de la destrucción de la propiedad de la gran mayoría en beneficio de la propiedad de una minoría cada vez más restringida ¹.

Históricamente, se ha comprobado que el capitalismo ha conducido a un gran desarrollo tecnológico y a la producción de bienes materiales e inmateriales, y que este proceso de crecimiento productivo ha generado tensiones económicas y sociales. Este texto trata brevemente un aspecto de este movimiento, la evolución reciente de la composición de la burguesía, señalando que, en los últimos 50 años, se ha registrado un crecimiento relativamente bajo, marcado por una débil inversión y modestos aumentos de la productividad, lo que se ha denominado estancamiento secular. Así, existe una crisis de acumulación de capital, aunque acompañada de una fuerte concentración de la riqueza. Estas son las dos características generales de la evolución actual del capitalismo tardío.

Más adelante abordaremos las razones del rendimiento de esta fase del capitalismo. Por ahora, nos interesa destacar una característica fundamental de este período, clave para comprender el capitalismo contemporáneo: la fuerte concentración empresarial. De hecho, varios estudios empíricos, incluidos los de organizaciones como el FMI ², subrayan este hecho mediante diversos indicadores, especialmente el aumento de los márgenes y los beneficios de las empresas, pero que se producen sobre todo en un pequeño número de grandes empresas:

Más importante que el aumento del margen agregado, la principal conclusión es que la distribución de los márgenes ha cambiado: la mediana es constante y los percentiles superiores han aumentado sustancialmente. (…) Unas pocas empresas tienen márgenes elevados y son grandes, la mayoría de las empresas no ven ningún aumento de los márgenes y pierden cuota de mercado ³.

Las pruebas empíricas son concluyentes sobre los efectos macroeconómicos perversos de este fenómeno, en particular la reducción de la inversión, del empleo y de la parte de las rentas salariales en la renta nacional. También confiere un poder de mercado desmesurado a un puñado de empresas, lo que les permite fijar precios más altos de lo normal, lo que se podría denominar renta en el sentido de la economía (neo)clásica, o lo que Kalecki denominó markup ⁴. Estos desarrollos fueron subrayados por la escuela marxista del monopolio capital: un exceso de capacidad productiva en las grandes empresas, combinado con el aumento de la composición orgánica del capital, que prescinde del empleo y deprime el consumo, conduce a una sobreacumulación o dificultad para absorber los excedentes debido a la falta de oportunidades de inversión productiva, lo que a su vez conduce al estancamiento económico ⁵.

Sin embargo, esta perspectiva es insuficiente para comprender la acumulación en el presente, al menos por dos razones. En primer lugar, aunque la monopolización es una característica fundamental del capitalismo actual, no es la única; no deben ignorarse otras dimensiones importantes, sobre todo la forma en que ha evolucionado la lógica de la acumulación, en particular durante la era neoliberal. En segundo lugar, es necesario ir más allá de una visión puramente económica de la monopolización. A medida que estas grandes empresas concentran un poder de mercado sin precedentes en la historia, también ganan influencia social y poder político. Este proceso fue descrito por Marx (y por otros economistas antes que él), pero ha adquirido nuevas dimensiones que determinan la configuración social: algunas de estas empresas, de las que hablaremos más adelante, sobredeterminan las relaciones sociales a una escala prácticamente universal y su imbricación reforzada con el poder político es un elemento constitutivo de su régimen de acumulación. En otras palabras, la oligarquización es una característica definitoria del capitalismo actual.

Este artículo pretende desarrollar este ángulo de análisis. Lo hace trazando brevemente la evolución de las lógicas de acumulación en las últimas décadas, poniendo de relieve el impacto de estas mutaciones en el auge de nuevos (y viejos) segmentos del capital, y mapeando algunas de sus fronteras, intereses y tensiones, para señalar los dos sectores del capital que han surgido de esta evolución: los gestores de activos (asset managers) y los tecnooligarcas. Terminamos con algunas reflexiones sobre el significado de estos procesos para comprender el capitalismo contemporáneo.

El fin de la globalización y las largas olas de desarrollo capitalista

El estancamiento secular corresponde a la fase depresiva de la cuarta onda larga de desarrollo capitalista, pero presenta características inéditas en comparación con otros períodos anteriores, en particular su duración. De hecho, si la expansión de esta onda está documentada y verificada por datos tanto agregados como de los sectores más dinámicos de rentabilidad y la acumulación de los treinta años gloriosos tras el final de la Segunda Guerra Mundial (automóvil, química, siderurgia, bienes de consumo duradero), lo que ocurrió tras el agotamiento de ese impulso es más controvertido. Algunos autores intuyeron una recuperación en la década de 1980, con la globalización, pero lo cierto es que las tasas de beneficio no se recuperaron de manera significativa, y cuando aumentaron no dieron lugar a un crecimiento global de la inversión.

La crisis de la acumulación se refleja en el bajo nivel de la tasa de ganancia y en el mediocre nivel de inversión. En cualquier caso, este proceso presenta una gran diversidad: en 2024, la tasa de rentabilidad del capital en Estados Unidos será, para las grandes empresas, de alrededor del 12 %, mientras que para las más pequeñas no superará el 4 %.

Y, sin embargo, han sido años de gran innovación tecnológica, no solo por la creación de nuevos productos y actividades (el enjambre digital o el metaverso, la IA), sino también por su efecto en los procesos productivos (robotización). Estos procesos han creado nuevas industrias y nuevas empresas, lo que ha permitido la aparición de nuevos sectores de la burguesía, que es lo que discutiremos a continuación. Lo que no han conducido es a la recuperación de la acumulación y la inversión a niveles comparables a los del pasado.

Las razones de este largo estancamiento, a pesar de la innovación tecnológica, se han discutido en otro artículo ⁶. Aquí nos interesa señalar que esta historia es indisociable del proceso de financiarización de las economías y del ascenso de las finanzas como sector dominante del capital. El crecimiento del sector financiero fue consecuencia de las políticas neoliberales a partir de la década de 1970, como la liberalización de los tipos de cambio, la libre circulación de capitales y la desregulación financiera en general, pero refleja un agotamiento de la capacidad productiva de las economías avanzadas; en respuesta, sus empresas se deslocalizaron a zonas geográficas donde era posible explotar mano de obra más barata y reorientaron sus beneficios hacia aplicaciones financieras que proporcionaban rendimientos superiores a los de la inversión productiva ⁷. Proliferaron los productos financieros complejos y opacos, y se utilizó el crédito masivo para sostener una demanda deprimida por los salarios estancados. Todo ello resultó extremadamente rentable para el sector financiero, pero el peso del capital ficticio en las economías avanzadas resultó fatal en la crisis financiera de 2007-2008.

Activismo monetario y reconfiguración del capital

La hegemonía del sector financiero tradicional se vio profundamente afectada por la crisis de las hipotecas subprime, al menos por dos razones. En primer lugar, la quiebra de bancos, la acumulación de carteras de crédito moroso y el refuerzo de la regulación como consecuencia de la crisis redujeron la rentabilidad del sector. En segundo lugar, se produjo una pequeña revolución en la política monetaria de los bancos centrales, en la que la era de los altos tipos de interés inaugurada por el choque Volcker dio paso a largos años de tipos de interés de referencia muy bajos y a voluminosos programas de compra de activos (quantitative easing) para responder a las sacudidas provocadas por la recesión. La consecuencia fue la formación de una nueva oligarquía con dos componentes principales –los gestores de activos y sus empresas financieras, y los tecnooligarcas– que se analizarán en las siguientes secciones.

Sin embargo, sería precipitado declarar el fin del dominio de las finanzas tradicionales. Tras la crisis, el sector bancario fue escenario de una amplia concentración, con los grandes bancos rescatando y adquiriendo los bancos más pequeños que quebraron, lo que dio lugar a la formación de megaconglomerados. Como explica Brett Christophers, el refuerzo del poder de mercado de los bancos les ha permitido no reflejar totalmente la bajada de los tipos de interés en los intereses cobrados en el marco de su actividad crediticia, atenuando así el impacto de la nueva política monetaria expansionista ⁸. Por otra parte, esta política condujo a una enorme revalorización del precio de los activos financieros en general, de la que también se beneficiaron los bancos en sus actividades internas de trading, dado que la consecuencia de ese activismo monetario fue revalorizar los mercados bursátiles y de bonos.

Este último ejemplo ilustra la característica destacada del régimen de acumulación de los años posteriores a la crisis –la inflación de los precios de los activos (asset-price inflation)– como resultado directo de las cuantiosas inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales. La deprimida demanda global, debida a la caída de los salarios reales como consecuencia de la austeridad, redujo aún más la rentabilidad del capital productivo, estimulando así la especulación financiera, que permite obtener rendimientos no a través de la inversión productiva, sino de la revalorización y el intercambio de activos financieros. Del mismo modo, esta evolución estimula la creación y multiplicación de empresas financieras que explotan este filón. De este modo, la marea de liquidez proporcionada por los bancos centrales se canalizó para utilizar la inflación de los precios de los activos en lugar de la inversión productiva.

En este sentido, si bien es cierto que la financiarización se mantuvo como forma dominante de acumulación, también es cierto que su lógica se transformó cualitativamente. Tras la crisis de las hipotecas subprime, los inversores necesitaban nuevos activos debido a la ola de ejecuciones hipotecarias, que eran una importante materia prima del sistema financiero. Es en este contexto en el que la vivienda se convierte en todo el mundo occidental en un activo financiero por excelencia que proporciona rendimientos extraordinarios.

Como explica Desiree Fields, la construcción de esta “nueva clase de activos” fue el resultado de una serie de factores diversos ⁹. Por un lado, como ya se ha dicho, era necesario encontrar nuevos activos para restaurar la rentabilidad del capital. Por otro lado, las variaciones en el precio de los inmuebles, su abandono por parte de familias que no podían pagar la hipoteca (en la crisis de 2008-2009) y la consiguiente voluntad de vender por parte de los propietarios (privados y públicos), a lo que se suman diversas intervenciones de política pública destinadas a hacer atractiva esta inversión (beneficios fiscales, ordenación urbana, etc.), crearon una nueva estructura de oportunidades para este tipo de inversión. Es entonces cuando los fondos de inversión adquieren propiedades en masa en prácticamente todas las grandes ciudades occidentales con el objetivo no solo de especular –comprando y vendiendo a un precio más caro ad infinitum–, sino también de ponerlas en el mercado del alquiler para obtener ingresos continuos, en lo que ha supuesto una transformación arrolladora ¹⁰ de la estructura de la propiedad de estas ciudades ¹¹.

Las privatizaciones derivadas de la austeridad también han puesto en manos de los gestores de activos varias empresas de gestión de bienes públicos (energía, infraestructuras, transportes) que, debido a su naturaleza monopolística y a una demanda rígida, proporcionan rentas extraordinarias a los inversores, a menudo gracias a los pagos del propio Estado. Al mismo tiempo, la destrucción de las capacidades internas del Estado ha llevado a una subcontratación cada vez mayor de gestores de activos y consultores para la ejecución de tareas que normalmente pertenecen al ámbito público, como la gestión de empresas y servicios públicos, la elaboración de estudios y dictámenes o el análisis de riesgos del sector financiero, por ejemplo. Además de proporcionar ingresos extraordinarios, estos servicios crean una miríada de conflictos de intereses y oportunidades de corrupción, en detrimento del bien público.

Un nuevo sector financiero

Todo ello señala el auge de una nueva fracción importante del capital, los gestores de activos, que crecen al amparo del nuevo régimen monetario que infla el valor de sus activos bajo gestión (AuM). De hecho, la propia estructura de propiedad de este sector está muy concentrada en tres actores, también llamados The Big Three: BlackRock, Vanguard y State Street. En lo que respecta al sector inmobiliario, Blackstone es la más relevante, aunque es propiedad parcial de BlackRock y Vanguard. En conjunto, los Big Three poseen más del 20 % de las acciones de las empresas que forman parte del S&P 500, es decir, son propietarios de algunas de las mayores empresas estadounidenses. De este modo, no solo los Big Three, sino los gestores de activos en general, son propietarios universales (universal owners). No solo poseen títulos financieros tradicionales, como acciones de empresas, sino también, cada vez más, activos reales, especialmente infraestructuras, bienes y servicios esenciales como la vivienda, la producción y distribución de energía, los transportes y las telecomunicaciones (véase la adquisición del Puerto de Panamá por BlackRock en 2024), y además el poder de gestionarlos y orientar fondos financieros gigantescos.

El poder de estas nuevas empresas financieras es el resultado de las oportunidades creadas por la política monetaria de los bancos centrales, el desplazamiento de los fondos de inversión hacia aplicaciones especulativas y, además, la particularidad de la economía estadounidense, con una deuda pública de 36 billones de dólares y la capacidad de atraer ahorros y capitales de todo el mundo. Navegan, efectivamente, en un mar de dinero. Así, en la última década, Apollo, BlackRock, Blackstone y KKR han quintuplicado el valor de los activos que controlan. También adquieren protagonismo en actividades financieras tradicionales como el crédito y los seguros: en el último año, Apollo concedió más anualidades que cualquier aseguradora de Estados Unidos ¹².

Al poder operar sin restricciones regulatorias, a diferencia de la banca tradicional, lo que, por cierto, explica en parte su auge en el período posterior a la crisis, estas empresas financieras pueden obtener márgenes más elevados. Por la misma razón, la banca tradicional ha aumentado el crédito a estas instituciones, que se ha quintuplicado desde 2015: actualmente, una décima parte del crédito bancario se destina a ellas ¹³. La banca tradicional busca una parte de los beneficios de la banca en la sombra.

El hecho de que estas nuevas empresas financieras controlen dimensiones centrales de las sociedades actuales les confiere un poder gigantesco ¹⁴, en particular para chantajear a los Estados, lo que se ve agravado por el hecho de que el propio sector de los gestores de activos está muy concentrado y dominado por unos pocos actores. Empresas como BlackRock gastan muchos millones al año en lobbying ante gobiernos, políticos y parlamentos ¹⁵. Del mismo modo, la subcontratación de estas empresas para realizar tareas del Estado, así como la promiscuidad con los gobiernos ¹⁶ y los bancos centrales, les da un gran peso en el proceso de decisión de las políticas públicas ¹⁷. La economista Daniela Gabor, que sigue los debates sobre regulación financiera, concluye de manera tajante: “Me di cuenta de que ya no eran los bancos los que tenían el poder, sino los gestores de activos” ¹⁸.

El segundo componente de la nueva oligarquía es el que resulta del poder de las empresas de tecnologías de la comunicación –la Big Tech, constituida por los famosos gigantes tecnológicos estadounidenses (sobre todo Alphabet, Meta, Amazon y Microsoft)–, que, en realidad, han crecido vertiginosamente desde principios de siglo. Hoy en día, podría ser la fracción políticamente más poderosa del capital. Estos gigantes han sido los grandes beneficiarios de la liquidez que los bancos centrales han puesto en circulación a través de la capitalización bursátil. De hecho, son estas acciones las que más se han revalorizado en este periodo. Mientras tanto, estas empresas adquieren una amplia influencia en la vida social y política con profundos impactos.

Pandemia y desorden financiero

El periodo pandémico y el inmediatamente posterior se caracterizaron por una intensa intervención del Estado para sostener las economías, ya sea con importantes intervenciones presupuestarias para apoyar los salarios y las empresas, ya sea con nuevos programas gigantescos de quantitative easing, lo que llevó a Adam Tooze ¹⁹ a preguntarse si la COVID-19 habría puesto fin a la era neoliberal ²⁰, algo que discutiremos al final de esta sección.

Cabe destacar un acontecimiento atípico de este periodo: el retorno temporal de la inflación debido a las perturbaciones de las cadenas de suministro causadas por la pandemia y la invasión de Ucrania, así como a las estrategias para captar beneficios de los gigantes de la distribución. Los bancos centrales decidieron entonces volver al antiguo régimen de tipos de interés elevados, para regocijo del viejo sector financiero. Además de la banca, el período inflacionista (2022-2024) también permitió beneficios extraordinarios a algunos segmentos tradicionales y monopolistas del gran capital, como la energía y el comercio minorista, simplemente gracias al aumento de los márgenes ²¹. Con el retorno de los tipos de interés y la inflación a la normalidad inmediatamente anterior, los beneficios de estos sectores también deberían descender, por lo que este movimiento habrá sido circunscrito en el tiempo.

En este momento, estamos en transición hacia un régimen macroeconómico de tipos de interés moderadamente bajos y con venta de activos en los balances de los bancos centrales. Esto coloca al sector financiero en general en una posición difícil y crea divisiones importantes. La banca tradicional prefiere los tipos de interés altos, ya que aumentan sus márgenes en la actividad crediticia y la remuneración de los productos financieros vinculados al tipo de interés de referencia, en particular los bonos, pero no aprecia la inflación porque devalúa el valor de las deudas por cobrar, lo que perjudica al acreedor. Los gestores de activos, por su parte, prefieren una política monetaria expansionista, que es más tolerantes con la inflación, ya que aumenta los precios de los activos bajo gestión (AuM) y, por lo tanto, sus comisiones, por lo que prefieren tipos de interés bajos. Benjamin Braun lo explica:

Las variables que más interesan a los gestores de activos son los precios agregados de los activos. Esto se debe a que las comisiones que cobran se calculan como un porcentaje del valor actual de los activos de un cliente. En la cartera de fondos de un gran gestor de activos, el impacto del rendimiento de cada fondo en el crecimiento de los activos gestionados es mucho menor que el impacto de la evolución del precio agregado de los activos… De ahí la preferencia de BlackRock por las políticas macroeconómicas que mantienen altos los precios de los activos, ilustrada de forma contundente por su presión estratégica y persistente a favor de una política monetaria expansiva ²².

Esta tensión es claramente visible en las disputas y diferencias de estas dos facciones del capital con respecto a la administración Trump, documentadas en un interesante artículo de Braun y Durand ²³. Durand, por su parte, y escribiendo en 2022, cree que el declive de las finanzas es más o menos inevitable, para lo cual cita indicadores relacionados con la caída de varios índices bursátiles, el debilitamiento de los mercados de capital privado y la disminución de la proporción de los beneficios financieros en el total de los beneficios ²⁴. La adopción de una política monetaria más restrictiva tras la resaca de la COVID-19 sería una amenaza más.

Sin embargo, hay razones para ser cautelosos al sacar estas conclusiones. En primer lugar, no hay ninguna garantía de que los bancos centrales no vuelvan a una política más expansionista debido al lobbying de estos sectores, como se ve en la presión incesante de Trump sobre Powell para que baje los tipos de interés. En segundo lugar, en este momento se está produciendo un fuerte, aunque poco comentado, movimiento de desregulación financiera: los gobiernos de Starmer y Trump ya han anunciado nuevos paquetes de desregulación para finales de año, que contienen algunas medidas que nos devuelven al statu quo anterior a 2008, y la Comisión Europea ya ha declarado que va a liberalizar la titulización, la operación financiera que está detrás de la crisis de las hipotecas subprime.

Trump, en particular, aporta un elemento adicional de inestabilidad. El presidente estadounidense utiliza su poder político para hacer negocios: el lanzamiento de una criptomoneda meme ($TRUMP) en vísperas de su toma de posesión y la garantía de plazas en una cena oficial con los principales inversores de esta operación marcan la pauta de su actuación. Sin embargo, el valor de este activo ha caído desde enero hasta mayo a alrededor del 25 % de su valor inicial: algunos han perdido parte de sus ahorros o su fortuna por comprar un fraude.

El segundo riesgo se deriva de esto y es su atracción por las criptomonedas (y su voluntad de desregularlas). Al comienzo del primer mandato de Trump, las finanzas criptográficas representaban menos de 20 000 millones de dólares; ahora son quince veces más. En su fortuna personal, el presidente registra 1900 millones en criptoactivos frente a 2600 millones en propiedades, dos valores que tienden a acercarse. La fascinación por los productos financieros exóticos y su determinación de utilizar la Casa Blanca para su enriquecimiento personal crean incertidumbres y riesgos profundos.

Asustado por este momento difícil, por las razones mencionadas por Durand, el capital financiero está aumentando la presión, a través de intervenciones públicas y actividades de lobbying, para garantizar la desregulación, la reducción de impuestos y el acceso a nuevos mercados, especialmente a las pensiones. El declive o la recuperación de las finanzas vendrá determinado en gran medida por el éxito de estos esfuerzos. En cualquier caso, la enorme sobrevaloración de los activos y las amenazas de desregulación sugieren la posibilidad de una crisis financiera a partir de los riesgos de esta burbuja. (…)

Notas: (…)

Diogo Machado es profesor en relaciones internacionales. Francisco Louçã es economista. Ambos son activistas y miembros del Bloco de Esquerda de Portugal.

https://vientosur.info/nuevas-y-viejas-oligarquias-las-transformaciones-en-el-regimen-de-acumulacion-del-capital/
Fuente: https://rebelion.org/nuevas-y-viejas-oligarquias-las-transformaciones-en-el-regimen-de-acumulacion-del-capital/

Comparemos posicionamientos de las dos notas siguientes para averiguar significados e implicancias de la conciliación de clases respecto a la contradicción del capitalismo con la vida planetaria.

COP30: Qué esperar de la
cumbre mundial sobre cambio climático

6 de noviembre de 2025

Por Amanda Magnani | Dialogue Earth

(…) Fortalecimiento del multilateralismo

Además de los impasses técnicos, la COP30 se celebra en un contexto geopolítico “muy delicado”, según García, de WRI Brasil. Afirmó que la creciente falta de confianza entre los países —ya identificada por los líderes mundiales como uno de los principales obstáculos para las negociaciones sobre el clima— ha debilitado las alianzas y reducido la voluntad de cooperar. El regreso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, que ya ha impulsado recortes en los programas internacionales de clima y asistencia del país, junto con la reorientación de los recursos gubernamentales hacia cuestiones militares y de seguridad en medio de las guerras en Ucrania y Gaza, ha exacerbado el declive mundial de la financiación climática.

Ante las tensiones geopolíticas que podrían desviar la atención de los debates, los líderes de la COP30 en Brasil, como la directora ejecutiva de la cumbre, Ana Toni, han tratado de reafirmar su compromiso con el multilateralismo. Esta también es la opinión de García, quien lo describió como la única forma posible de abordar la crisis climática. “No hay otro espacio en el que los países más vulnerables puedan expresar sus demandas”, añadió.

Tras tres ediciones de la cumbre en países cuyos regímenes se consideran autoritarios, hay grandes expectativas de que la COP30 marque el regreso de una fuerte participación de la sociedad civil, así como el primer plano de las demandas y ambiciones del Sur Global.

Sin embargo, esta esperanza se ha visto empañada por los exorbitantes precios del alojamiento en la ciudad anfitriona, Belém, que han limitado la presencia de representantes de movimientos sociales y países más pobres. Incluso con el aumento del apoyo financiero de la ONU, el problema persiste: a finales de octubre, 49 delegaciones seguían sin saber dónde se alojarían durante la conferencia, mientras que más de 130 ya tenían garantizado su alojamiento.

Ante esta situación, el Observatorio del Clima, una de las organizaciones brasileñas que más de cerca ha seguido las conferencias de la ONU sobre el clima, ha advertido que esta podría convertirse en la “COP menos inclusiva de la historia”.

“Sin las delegaciones de los países en desarrollo, se pondrá en duda la legitimidad de las decisiones”, afirmó Stela Herschmann, experta en política climática del Observatorio del Clima.

Incluso entre las delegaciones que han logrado confirmar su asistencia, la tendencia ha sido reducir el tamaño de los equipos, incluso en el caso de la propia ONU y Brasil. Esta limitación, según Herschmann, puede afectar al ritmo y la calidad de las negociaciones.

“Los equipos pequeños tienen que dividirse en diferentes salas, lo que sobrecarga a los negociadores. Como resultado, las ambiciones tienden a disminuir”, explicó.

Estados Unidos fuera y la ambición de China en foco

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 provocó una nueva retirada del Acuerdo de París por parte de Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. “Además de los efectos sobre el objetivo global de reducción de emisiones, esta salida también tiene un impacto en la financiación climática mundial”, afirmó García. Sin embargo, señaló que el país nunca ha cumplido plenamente sus compromisos financieros y añadió que los gobiernos estatales y municipales del país podrían intentar llenar el vacío dejado por la administración federal.

Con la retirada, las NDC presentadas por Estados Unidos en 2024 ya no son válidas. En cuanto a los demás actores clave en el ámbito climático, la Unión Europea aún no ha presentado sus planes y China ha anunciado unos objetivos que, en general, se consideran por debajo de las expectativas.

En un discurso pronunciado en la Asamblea General de la ONU en septiembre, el líder chino Xi Jinping anunció que el país tiene la intención de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7% y un 10% para 2035, tomando como referencia el pico registrado en los últimos años.

Los expertos consideraron que este compromiso era vago e insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que China representa alrededor de un tercio de las emisiones mundiales. Sin embargo, Beijing tiene un historial de superar sus objetivos, a veces cautelosos.

Además, con la retirada del liderazgo climático de Estados Unidos y la Unión Europea, crece la presión para que China tome la iniciativa en la agenda climática mundial. A pesar de sus modestos objetivos, el país es considerado el único con suficiente peso político y capacidad tecnológica para desempeñar este papel.

Beijing ha rechazado a menudo la idea de posicionarse explícitamente como líder climático. Según Niklas Weins, profesor del departamento de estudios internacionales de la Universidad Xi’an Jiaotong-Liverpool, China no considera estratégico asumir el papel de “líder único” en cuestiones internacionales, incluido el medioambiente.

“Estados Unidos suele ocupar esta posición, y los chinos comprenden el peso que conlleva esta imagen. Por lo tanto, en el ámbito ambiental, lo que el país desea es un liderazgo distribuido con una cooperación Sur-Sur reforzada“, explicó Weins a Dialogue Earth.

El Sur Global en el punto de mira

Los expertos también abogan por un papel más activo de las economías emergentes en la transición ecológica. Según García, el liderazgo de países de ingresos medios como China, Indonesia, Sudáfrica y Brasil es esencial para hacer posible una economía global con bajas emisiones de carbono.

“Producen aproximadamente la mitad de las emisiones mundiales, un porcentaje que probablemente aumentará. Si no logran reducir estas emisiones y adaptarse a los inminentes impactos climáticos, toda la transición ecológica estará en peligro”, afirmó. 

Al mismo tiempo, muchos consideran que la transición climática mundial está abriendo una oportunidad de desarrollo única para los países del Sur Global, especialmente en América Latina. “Estos países aún tienen una gran oportunidad para ampliar sus mercados [energéticos] y dar a sus poblaciones acceso a energía que ya proviene de fuentes renovables”, afirmó Herschmann. “Es una oportunidad para aprovechar este momento de transformación y corregir las desigualdades e injusticias estructurales”.

Para Corrêa do Lago, América Latina tiene ante sí la oportunidad de asumir un liderazgo sin precedentes en la búsqueda de la justicia climática. Marcada históricamente por posiciones fragmentadas en la agenda climática, la región ha buscado una mayor coordinación en los foros multilaterales, con el objetivo de llegar a la COP30 con una agenda más unificada e influyente.

Tanto Herschmann como Maass comentaron que reforzar la posición del Sur Global en el debate será esencial, pero insuficiente sin la participación de las grandes potencias. “Estamos asistiendo a un fortalecimiento del Sur Global, pero líderes como Estados Unidos y la Unión Europea deben seguir comprometidos y fijar objetivos ambiciosos. Al fin y al cabo, son históricamente responsables del cambio climático”, afirmó Herschmann.

La COP30 tendrá lugar en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre. Más información sobre la cobertura de la cumbre aquí.

Amanda Magnani es una periodista y fotógrafa brasileña. Su trabajo se centra en la justicia climática, la transición energética, las comunidades tradicionales y la descolonización de los procesos periodísticos. Ha sido becaria del Pulitzer Center, del Metcalf Institute y de Climate Tracker; y ha publicado historias en National Geographic, Mongabay, Al Jazeera y Folha de São Paulo.

https://dialogue.earth/es/clima/cop30-que-esperar-cumbre-mundial-cambio-climatico/
Fuente: https://rebelion.org/cop30-que-esperar-de-la-cumbre-mundial-sobre-cambio-climatico/

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Brasil.
Ailton Krenak: «El objetivo de la COP30 es
servir de plataforma comercial para
el petróleo, la madera y las tierras raras»

 En una entrevista con Deutsche Welle, Ailton Krenak, escritor y líder indígena, afirmó que «el propósito de la COP30 es ser un mercado para el petróleo, la madera y las tierras raras». Sus palabras contradicen la propaganda oficial del evento, demostrando que no es un espacio para abordar la emergencia climática, sino más bien una vidriera para gobiernos y empresas que se benefician de la destrucción.(..)

Al igual que otros líderes, Krenak destacó la demagogia del discurso ambientalista del Gobierno de Lula frente a sus acciones concretas. Criticó que, menos de un mes antes del inicio de la conferencia, Ibama, bajo presión del gobierno y del Senado, autorizara a Petrobras a iniciar investigaciones para la exploración petrolera en la desembocadura del Amazonas, contradiciendo estudios técnicos de ambientalistas, recomendaciones de la Fiscalía Federal y la oposición de las comunidades indígenas de la región.

Krenak es categórico: «Esto significa que estamos inmersos en un amplio sistema de consumo del planeta». Según él, ampliar los espacios para que los pueblos indígenas y los movimientos sociales se expresen no garantiza que sean escuchados, porque «quienes deberían escuchar son la élite adinerada del planeta; de nada sirve gritar en el desierto».

Otro líder que criticó duramente al gobierno fue el jefe Raoni Metuktire durante un panel sobre exploración de petróleo y gas en el Margen Ecuatorial, en el marco de la COP30. En sus palabras: “Sé que quieren perforar en busca de petróleo. Sé que Lula habla de esto con mucha gente. Pero quiero decir que no podemos permitir que esto suceda”.

La declaración de Raoni pone de manifiesto una de las flagrantes contradicciones de la COP de este año: un gobierno anfitrión que se presenta como líder ambiental mientras impulsa, al servicio de la agroindustria, las petroleras y sus accionistas extranjeros, una nueva frontera de destrucción en la Amazonía.

Los pueblos indígenas lideran la lucha contra la farsa de la COP30, denunciando el uso de su imagen, la Amazonía y el estado de Pará como parte de su «marketing verde» para promover acuerdos que los perjudican directamente. Tal es el caso del pueblo Munduruku, con una impresionante marcha este viernes, la travesía en barco de pueblos originarios aliados a la lucha palestina, la ocupación de la Zona Azul y muchos otros ejemplos.

La represión de la semana pasada contra la protesta de los movimientos indígenas y sociales, con el apoyo tanto de la seguridad de la ONU como de la Policía Militar brasileña, de corte racista, busca impedir que los pueblos indígenas, que denunciaron la demagogia del evento, tengan voz en el proceso de toma de decisiones. Hoy, la COP se celebra con más lobistas que jefes de Estado, excluyendo a los pueblos originarios y, en especial, a sus demandas, como la demarcación territorial, la derogación de la privatización del río Tapajós y otras áreas entregadas a la agroindustria por el gobierno de Lula, y una transición climática justa.

En Belém, asediada por la agenda empresarial, la Amazonía se transforma en un escenario para anuncios corporativos y negociaciones de créditos de carbono, mientras que quienes viven en la selva siguen amenazados por el avance de las vías fluviales, las vías férreas, la minería y el petróleo. El discurso del «desarrollo sostenible» de los gobiernos de la Amazonía Legal y Lula enmascara políticas que siguen el mismo patrón desde hace décadas: abrir el territorio a empresas nacionales y transnacionales, empujando a las comunidades indígenas y ribereñas a la primera línea de la destrucción.

Sin confrontar los intereses que se benefician del colapso, ninguna COP dará respuestas reales. Esta es la advertencia que repiten Raoni, el pueblo Munduruku, los pueblos del Xingu, Tapajós y la Baja Amazonía, y todos aquellos que resisten el «sistema que devora el planeta».

La crisis climática no la pueden resolver quienes se benefician de ella. La COP30 expone los límites de un capitalismo verde que profundiza la explotación y amenaza la existencia de los pueblos de la selva. La voz de Krenak, sumada a la de Raoni, reafirma que no hay salida dentro de la lógica que transforma la Amazonía en una mercancía. Lo que tenemos ante nosotros es la disputa entre dos proyectos: el de quienes defienden la vida y el de quienes transforman el futuro en un negocio.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Ailton-Krenak-El-objetivo-de-la-COP30-es-servir-de-plataforma-comercial-para-el-petroleo-la-madera

Concentración y centralización capitalista

Debemos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, realizar la revisión crítica respecto a cómo la ONU sobre todo desde los setenta:

– Ha inculcado lenguaje eufemístico para apartar a los pueblos de su estar sumidos en la violencia del sistema al arrasar los territorios en nombre de aprovechar ‘recursos naturales’, de etiquetar la naturaleza como ‘medio ambiente o ambiente’ y las defensas de los territorios para la vida como luchas de ambientalistas.

-Ha ocupado e invadido países del Sur Global justificando de pacificarlo, cuya falsedad se comprueba en Haití donde la Minustah garantizó incremento de la expoliación.

-Instituye negociaciones que, como las paritarias en Argentina, imponen los intereses lucrativos de los oligopolios por sobre las necesidades esenciales a la vida humana/no humana y la dignidad de los pueblos.

De modo que las Contracumbres no instalan en la agenda pública local e internacional “la disputa entre dos proyectos: el de quienes defienden la vida y el de quienes transforman el futuro en un negocio”.

Hasta izquierdas políticas propagandizan sobre otro capitalismo, al respecto consideremos su falsedad.

Cuando las máscaras caen: EEUU, China y Rusia
anulan el derecho a la autodeterminación
del pueblo saharaui

4 de noviembre de 2025

Por Manuel Medina |

Canarias semanal

¿Qué tipo de lecciones nos proporcionan Rusia y China con su posicionamiento en contra del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui en el Consejo de Seguridad de la ONU?

El pueblo saharaui lleva casi medio siglo esperando y luchando por poder decidir su futuro. Esta pasada semana, las grandes potencias hegemónicas de la ONU – EEUU, China y Rusia no solo les dieron la espalda a sus reivindicaciones históricas, sino que, además, le arrebataron la posibilidad de ejercer el derecho a la autodeterminación en el futuro. La monarquía marroquí logró el respaldo diplomático que necesitaba. ¿Qué poderosos intereses hicieron posible esta inesperada decisión?

¿Cobra ahora sentido el giro en la política exterior española de hace un par de años cuando Sánchez decidió apoyar el «Plan marroquí» ? Nuestro colaborador Manuel Medina nos lo explica en este artículo

Durante décadas, Marruecos ha venido cultivando una política exterior discreta, persistente y meticulosa, orientada a la construcción de una «legitimidad» que justificara su proyecto de anexión del Sáhara Occidental.

El conflicto, que comenzó tras el abandono de España de su antigua colonia,en 1975, había quedado encallado en un callejón diplomático sin salida. Pero el Palacio Real de Rabat, lejos de conformarse con el inmovilismo, apostó por una vía distinta: convencer a los grandes actores del tablero internacional de que su plan de “autonomía bajo soberanía marroquí” era la única opción viable.

«El respaldo al «Plan marroquí» dejó al desnudo lo que de verdad defienden las grandes potencias» 

 Para ello, la diplomacia marroquí fue entretejiendo acuerdos económicos, militares y estratégicos con actores aparentemente antagónicos, como Estados Unidos, Rusia, China e incluso Israel. En paralelo, Rabat invirtió fuertemente en el desarrollo del territorio ocupado: carreteras, puertos, energía solar y grandes inversiones extranjeras sirvieron para “normalizar” una ocupación que ya casi nadie parecía cuestionar.

Con China, Marruecos profundizó una relación que va mucho más allá de los vínculos comerciales. Pekín ha encontrado en Marruecos una puerta de entrada a África Occidental. A través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, ha financiado infraestructuras clave en Casablanca, El Aaiún y Dajla. Además, Marruecos se convirtió en proveedor de fosfatos y metales raros fundamentales para la industria tecnológica china. A cambio, recibió inversiones, tecnología y respaldo en foros multilaterales.

Rusia, por su parte, ha visto en Marruecos un socio útil en el norte de África. Si bien no ha habido un pacto militar formal, sí han existido intercambios de entrenamiento, cooperación en seguridad y ventas de armamento ligero. La discreta relación entre Moscú y Rabat también le permitió a Putin ganar influencia en la región sin comprometerse abiertamente con Argelia, un tradicional y antiguo  aliado  de la hoy desaparecida Unión Soviética.

Trump, Putin y Xi ‘aplauden’ sin palabras el fin del derecho a la autodeterminación saharaui

El caso más llamativo es el de Israel. Tras los «Acuerdos de Abraham» y el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara durante el primer mandato de Donald Trump, Marruecos e Israel reforzaron su cooperación en ámbitos como la ciberseguridad, la inteligencia, la industria militar y la tecnología de vigilancia. Esta alianza, con implicaciones profundas, ofreció a Rabat acceso a tecnología militar de última generación y la bendición de Washington.

Todo este tejido de alianzas tenía un objetivo común: construir una red de apoyos geopolíticos que garantizara el respaldo —o al menos la neutralidad— de las grandes potencias capitalistas en litigio cuando llegara el momento de la verdad. Y ese momento llegó en la última sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada la semana pasada.

UNA SESIÓN QUE CAMBIÓ LA HISTORIA: LA VOTACIÓN EN LA ONU

En efecto, este 31 de octubre de 2025 pasará a la historia como el día en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas legitimó de facto el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. La resolución, redactada por Estados Unidos, fue aprobada con 11 votos a favor, con la abstención de Rusia, China y Mozambique, y la ausencia de Argelia, que decidió no participar en el siniestro contubernio como forma de protesta.

El texto renovaba por un año más el mandato de la MINURSO —la misión de la ONU en el territorio— pero introducía un giro político clave: establecía que las negociaciones futuras se basarían en la propuesta marroquí como único marco posible. En la práctica, esto significa descartar de forma definitiva la vía de la autodeterminación para el pueblo saharaui.

En el discurso con el que el rey Mohammed VI celebró el evento no dejó lugar a dudas sobre la lectura oficial del reino alauí:

 “La comunidad internacional ha reconocido, por fin, el carácter legítimo, serio y realista de nuestro plan de autonomía”, afirmó.

En su mensaje, agradeció  también explícitamente a Estados Unidos, España y Reino Unido por su “compromiso con la paz y la estabilidad”.

 Para Argelia, esta operación ha representado una traición. Su cancillería calificó la resolución como “una grave violación del derecho internacional y de los principios de descolonización de las Naciones Unidas”.

 El Frente Polisario, por su parte, denunció que se trata de “la legalización de una ocupación militar mediante una coartada diplomática”.

 Mientras tanto, en la sede de la ONU, ni Rusia ni China pronunciaron discursos encendidos. Sus embajadores se limitaron a justificar sus abstenciones como “decisiones pragmáticas” destinadas a “no bloquear un proceso de paz en curso”. Pero el mensaje era claro: ni Moscú ni Pekín estaban dispuestos a usar su derecho a veto en el Consejo de Seguridad para proteger la autodeterminación del pueblo saharaui.

«Marruecos sella su victoria en la ONU sin disparar una sola bala» 

DEL SÁHARA A LOS CONTRATOS: EL PRECIO DEL «GIRO COPERNICANO» ESPAÑOL

Cuando en marzo de 2022 Pedro Sánchez reconoció por carta el plan de autonomía marroquí como “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto del Sáhara Occidental, lo hizo haciendo trizas más de cuatro décadas de consenso diplomático en España. Hasta entonces, todos los gobiernos —sin importar su color político— habían mantenido una posición ambigua pero coherente: apoyar las resoluciones de la ONU, sin inclinarse por ninguna de las partes.

 La decisión generó estupor interno y escándalo internacional. Pero ahora, con la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU que legitima el plan marroquí como marco exclusivo de solución, el movimiento de Sánchez cobra un nuevo y clarificador sentido, que ayuda a que podamos descubrir lo que había detrás de aquella sorprendente decisión. Lejos de ser un posicionamiento aisladoo improvisado, todo indica que España actuó como pieza anticipada en una jugada más amplia y orquestada, diseñada para allanar el camino hacia el aval multilateral que Rabat perseguía desde hace años, y que ya contaba entonces con el sostén fundamental de Estados Unidos y de Francia. 

Tras el apoyo español, Marruecos consiguió también el aval de Alemania (agosto de 2022),  Dinamarca (septiembre de 2024), Reino Unido (1 de junio de 2025), Portugal (22 de julio de 2025) y  Bélgica (Octubre de 2025).

Sánchez, por tanto, no fue un verso suelto, sino un actor consciente de una estrategia más amplia. Su gesto sirvió como prueba piloto: si incluso la antigua potencia administradora daba por buena la propuesta de autonomía, el camino hacia la legalización internacional de la ocupación quedaba despejado.

España, a cambio, consolidó una mejora en sus relaciones bilaterales con Marruecos, aseguró la colaboración en materia migratoria y evitó crisis fronterizas en Ceuta, Melilla y Canarias. Pero el precio fue alto: la credibilidad internacional de España como supuesta defensora del derecho internacional y el principio de autodeterminación quedó gravemente erosionada.

INTERESES ECONÓMICOS EN LA SOMBRA: FOSFATOS, ENERGÍA Y NEGOCIOS EN EXPANSIÓN

 Más allá de la geopolítica, también hay razones económicas concretas que podrían haber influido en la decisión española. Los territorios ocupados del Sáhara Occidental contienen una de las mayores reservas de fosfatos del mundo, un recurso vital para la agricultura industrial, en el que España tiene intereses empresariales crecientes, especialmente a través de multinacionales que operan en colaboración con la OCP marroquí (la poderosa Oficina Cherifiana de Fosfatos).

 Además, las aguas del Sáhara Occidental están entre las más ricas en pesca del Atlántico, y desde hace años han sido objeto de acuerdos pesqueros entre la UE y Marruecos, que incluyen ilegalmente esas aguas. España, cuyo sector pesquero es uno de los más beneficiados por esos convenios, no ha protestado nunca por esta inclusión, a pesar de las reiteradas denuncias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 Por otro lado, Rabat ha iniciado exploraciones para la extracción de hidrocarburos en aguas saharauis, con la participación de compañías extranjeras interesadas en el potencial energético de la región. No sería extraño que España, a través de consorcios energéticos o acuerdos a puerta cerrada, también aspirara a beneficiarse de estos  valiosos recursos.

En este contexto, el apoyo al plan marroquí puede haber sido una inversión política de futuro, un modo de garantizar una posición favorable en la nueva economía de los territorios ocupados, ahora que todo indica que el «plan de autonomía» se convertirá en la base legal para las futuras explotaciones económicas.

LA COMPLICIDAD RUSA Y CHINA: ¿ALIADOS O IMPERIOS EN SILENCIO?

Muchos analistas esperaban que Rusia y China frenaran, con su derecho de veto, esta resolución que consolida la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental. No ocurrió así, sino todo lo contrario. Ambos países se abstuvieron, lo que  en la práctica fue una forma  explicita de dar luz verde al plan impulsado por Estados Unidos sin, supuestamente, ensuciarse las manos. Es la estrategia clásica del “no bloqueo”, que ya han empleado antes cuando la decisión favorece sus intereses indirectamente o les evita enemistades innecesarias.

 Pero, ¿por qué no votaron en contra? Las razones – ajenas a cualquier consideración ética o legal sobre el derecho a la autodeterminación de los saharauis – son también económicas y geopolíticas. 

 China, por ejemplo, ha reforzado sus vínculos con Marruecos durante la última década en múltiples frentes. No solo importa grandes cantidades de fosfatos —claves para su producción agrícola— sino que también ha invertido en infraestructuras como puertos, ferrocarriles y parques industriales, algunos situados en pleno territorio saharaui ocupado. El plan de autonomía marroquí ofrece a Pekín, por tanto, una “normalización”de sus intereses económicos en la zona.

 Por su parte, Rusia, aunque mantiene históricas buenas relaciones con Argelia, ha decidido no jugar fuerte en esta partida. Necesita a Marruecos como actor estable en una región convulsa y paga así su postura neutral ante la guerra en Ucrania. A ello se suma el interés ruso por aumentar su influencia en África occidental, donde Marruecos puede actuar como puente y aliado. Así, Moscú elige una abstención “cómoda”que le permite quedar bien con todos… menos con los saharauis.

 Ambos países, además, están profundamente interesados en proyectar la imagen de potencias globales “constructivas” que no bloquean resoluciones multilaterales. Pero esta postura revela lo que ya muchos sospechan: ni China ni Rusia son garantes de los derechos de los pueblos, sino actores que responden, como todas las grandes potencias capitalistas, a sus propios cálculos mercantiles y geopolíticos.  

EL ANTECEDENTE LIBIO: CUANDO RUSIA Y CHINA  TAMBIÉN SE LAVARON LAS MANOS

 Este no es, en efecto, el primer caso en que Rusia y China dejan que se apruebe una resolución que conlleva consecuencias dramáticas para un país del Sur global. En 2011, ambos países se abstuvieron en la votación de la ONU que dio comienzo a la  intervención militar de la OTAN en Libia, bajo la excusa de proteger a la población civil.

El resultado fue el derrocamiento de Muamar el Gadafi, el colapso del Estado libio y el inicio de una guerra civil que, aún hoy, sigue desangrando a ese país. Entonces —como ahora— la abstención de Moscú y de Pekín permitió a las potencias occidentales intervenir en Libia contando con cobertura legal. Años más tarde, Rusiase quejaría de haber sido “engañada” por Washington, pero lo cierto es que su abstención abrió la puerta a una operación que destruyó uno de los Estados más desarrollados de África. 

El paralelismo ahora con el Sáhara es evidente. Ambos casos muestran que, cuando se trata de defender el derecho internacional frente a los intereses imperiales, los discursos se diluyen y las abstenciones hablan más fuerte que cualquier tipo de manifiesto.

EL MUNDO REACCIONA: PERIODISMO, ACTIVISMO Y SILENCIO POLÍTICO

Las reacciones al nuevo giro del conflicto del Sáhara han sido disímiles. Algunos medios internacionales han tratado la noticia como un paso hacia la “estabilidad”, comprando plenamente el discurso de la monarquía alauita. Sin embargo, medios independientes, organizaciones de derechos humanos y movimientos prosaharauis han denunciado lo que consideran una traición al principio de autodeterminación y un aval implícito a una ocupación militar.

En países como España, Argelia, Sudáfrica y varios de América Latina, periodistas y activistas han criticado duramente la resolución, señalando que «la ONU ha renunciado a su función como garante del derecho de los pueblos a decidir su futuro».

En redes sociales, las etiquetas como #SaharaLibre, #NoALaAnexión o #ONUComplice se viralizaron en cuestión de horas, acompañadas por imágenes de jóvenes saharauis exiliados y veteranos del Polisario en los campamentos de Tinduf.

UNA LECCIÓN PARA LA IZQUIERDA GLOBAL: ¿HAY, POR FIN, UN IMPERIO BUENO?

Este episodio deja una lección amarga – que quizá aún sean incapaces de aprender – a los sectores de la izquierda confusa y difusaque han depositado esperanzas en los BRICS como alternativa geopolítica al dominio occidental. La posición de Rusia y China muestra que estos países, más allá de su hueca retórica antiimperialista, también actúan como potencias interesadas, capaces de sacrificar cualquier principio por sus propios beneficios económicos y estratégicos.

La idea de que los BRICS, encabezados por Rusia y China, podían ser el contrapeso moral y político al orden mundial hegemonizado por EE.UU. y sus aliados, no ha tardado endesmoronarse con esta decisión política -y otras, como el aval ruso al gobierno yihadista impuesto al pueblo sirio-.  ¿Cómo defender la legitimidad de un bloque que se abstiene frente a una resolución que legaliza una ocupación militar?

La última votación en el Consejo de Seguridad de la ONU ha dejado al descubierto el límite de ese endeble y engañoso relato que pretende hacernos creer que el papel que no desempeñen las resistencias antiimperialistas populares podría ser reemplazado por el accionar de determinadas potencias capitalistas, por el mero hecho de que estas sean competidoras del imperialismo estadounidense.  

Ni Rusia ni China han mostrado voluntad de defender el derecho del pueblo saharaui a decidir su destino. Al contrario, han demostrado que cuando sus intereses están en juego son capaces de dejar caer cualquier causa justa sin inmutarse.

De esta forma, Marruecos ha logrado lo que parecía imposible: imponer su visión sobre el futuro del Sáhara Occidental con la complicidad de las grandes potencias capitalistas que con toda ferocidad están tratando de repartirse  el planeta. Y no solamente, como ha quedado trágicamente en evidencia, de los Estados Unidos, Francia, España o Inglaterra. La diplomacia del dinero, los contratos energéticos, la geoestrategia y la pasividad internacional han conseguido lo que las armas no habían logrado.

Para el pueblo saharaui, empieza ahora una nueva fase, aún más cuesta arriba, en la que su lucha por la autodeterminación se ve más aislada que nunca. Y a quienes aún creen en la multipolaridad como sinónimo de justicia, esta historia les obliga a realizar una reflexión profunda: no hay imperios buenos cuando se trata de defender los derechos de los pueblos.

FUENTES CONSULTADAS:

Frente Polisario – Representación en Europa y ONU
(Pronunciamientos recientes sobre el giro diplomático y posicionamientos oficiales).

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
(Fallos contra los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos que incluyen recursos saharauis).

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR)
(Informes sobre la situación humanitaria en el Sáhara ocupado).

Noticias sobre los Acuerdos de Abraham y relaciones Marruecos-Israel
– Al Jazeera, Middle East Monitor, Le Monde Diplomatique
(Información sobre cooperación militar, ciberseguridad e inteligencia).

Estudios sobre la relación China-Marruecos
– Africa Center for Strategic Studies, China Global Investment Tracker
(Desarrollo de infraestructuras, inversiones en energía y minería).

Análisis sobre Rusia y Marruecos
– Carnegie Moscow Center, The Diplomat
(Cooperación en seguridad, armas y presencia geopolítica en África. 

Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa materia

https://canarias-semanal.org/art/38382/cuando-las-mascaras-caen-eeuu-china-y-rusia-anulan-el-derecho-a-la-autodeterminacion-del-pueblo-saharaui

Fuente: https://rebelion.org/cuando-las-mascaras-caen-eeuu-china-y-rusia-anulan-el-derecho-a-la-autodeterminacion-del-pueblo-saharaui/

Prosigamos con el análisis sobre el progreso en la concentración y centralización capitalista mediante la lectura de:

Mutaciones autoritarias del poder corporativo

Nuevas y viejas oligarquías.
Las transformaciones en el
régimen de acumulación del capital

4 de noviembre de 2025

Por Diogo Machado y Francisco Louçã | Viento sur

(…) La persistente impotencia productiva

Por otra parte, no se vislumbra el retorno de la capacidad productiva de antaño. La COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro globales y la vulnerabilidad económica que se deriva de una dependencia excesiva de ellas. Sin embargo, si tenemos en cuenta las preocupaciones de las economías más desarrolladas por los niveles persistentemente bajos de crecimiento de la productividad y por el auge industrial y tecnológico de China, se dan las condiciones para un retorno de la política industrial, defendida hoy abiertamente, por ejemplo, por la Comisión Europea, institución históricamente opuesta a la intervención del Estado, a raíz del informe Draghi. Más que retórica, este tipo de políticas están hoy en día en marcha ²⁵ en casi todos los países del centro capitalista.

Esto plantea las siguientes preguntas: ¿asistiremos a un retorno del gran capital industrial? Más aún, ¿habrá una transformación estructural de las economías, en la que la producción vuelva a asumir un papel central en detrimento del rentismo y la especulación financiera? Es poco probable. Durand presenta tres razones: 

1. el volumen de las inversiones es escaso; 

2. las prioridades son erróneas, como se ve en el énfasis en el aumento del gasto militar en Europa; 

3. la incapacidad de disciplinar a los actores privados en este proceso conducirá a una mera transferencia de recursos públicos al capital ²⁶. De hecho, muchos de estos programas se basan en lo que Gabor denomina de-risking, en el que se utilizan recursos públicos para eliminar el riesgo del sector privado con el fin de invertir en los sectores deseados, dejándole canalizar los fondos como considere oportuno, o incluso entregándoles la gestión ²⁷ de estas inversiones ²⁸. 

Aunque puede abrir un espacio de decisión que haría posibles políticas desarrollistas y ecológicas, la nueva era de la política industrial, basada en el lema riesgos públicos, beneficios privados, podría fomentar la acumulación de capital de grandes grupos en nichos de la industria (IA, energías renovables, semiconductores, defensa), pero no reestructurará las economías ni provocará mayores perturbaciones en la constelación del capital.

Los gestores de activos, que se regocijan con este tipo de intervención estatal, tienen, por otra parte, escasos incentivos para fomentar el dinamismo de las empresas que controlan, lo que constituye un factor de bloqueo para la reanudación de la inversión y la innovación. Al ser propietarios universales, les interesa poco el rendimiento de las empresas en particular, ya que tienen participaciones en empresas de diversos sectores y, a veces, en varias grandes empresas del mismo sector. Por lo tanto, les sirve de poco que una empresa produzca y venda más que la competencia, ya que probablemente también tengan un interés económico en esta última. Su objetivo es la revalorización del sector en su conjunto, privilegiando el valor de las acciones frente al resultado de las empresas, ya que es en relación con el primero que se calcula el valor de su comisión ²⁹.

Tecnopoder a escala mundial

Tras emerger con fuerza en la década posterior a la crisis, las Big Tech han salido de la pandemia más fuertes que nunca. Actualmente, sus propietarios son los hombres más ricos del mundo, que influyen y participan en los gobiernos, aunque de forma volátil (véase Musk y el DOGE), sin ocultar sus ambiciones políticas y sus proyectos de sociedad. Lo vimos claramente en la toma de posesión de Trump: los asientos delanteros, normalmente ocupados por expresidentes y otras personalidades ilustres, estaban ocupados por los propietarios de las Big Tech. Hoy en día, esta es probablemente la fracción del capital con más poder político.

Los barones de Silicon Valley, que solían apoyar a los demócratas, se han vuelto hacia Trump y, desde una perspectiva más global, hacia una orientación reaccionaria y autoritaria, como se ve en la apología de la energía masculina de Zuckerberg o en la radicalización hacia la derecha de la red social X (antes Twitter) por parte de Musk. De hecho, una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump fue revocar una orden ejecutiva de Biden que obligaba a ciertos sistemas de inteligencia artificial a compartir pruebas de seguridad con el Gobierno. También dio acceso a Musk, a través de DOGE, a los datos de todas las agencias federales. En el plano exterior, Trump ha exigido incesantemente a otros países que deroguen la normativa relativa a la actividad de los gigantes tecnológicos, utilizando esto como elemento de negociación para imponer o retirar aranceles aduaneros ³⁰.

Sin embargo, su poder político no solo proviene de su capacidad para influir en las administraciones. De hecho, este pequeño grupo de grandes empresas tiene bajo su control indiscutible el medio de comunicación más universal que la civilización haya conocido y, con él, una capacidad sin precedentes para manipular comportamientos a gran escala ³¹. Para ello, necesitan recopilar permanentemente datos granulares, pero en el mayor volumen posible, sobre nuestra experiencia individual y privada, que utilizan para entrenar algoritmos que les permiten anticipar y modificar nuestros comportamientos con una precisión no solo extraordinaria, sino creciente. A continuación, venden el acceso a las redes digitales que se han apropiado, así como a sus dispositivos de predicción y manipulación.

Su modelo de negocio y su poder político dependen del acceso ilimitado a estos datos, lo que los hace cada vez más incompatibles con las nociones de libertad y democracia. El giro político y autoritario de esta nueva oligarquía, respaldada por un capital virtualmente inagotable es, por lo tanto, el imperativo de su modelo de acumulación: la regulación y la supervisión públicas, así como la democracia y las libertades constitucionales, son obstáculos que deben eliminarse para la integración y subordinación totales de la humanidad a su sistema de vigilancia.

Ante esta realidad, los años de la pandemia y los inmediatamente posteriores también fueron testigos de la proliferación de trabajos académicos de tradición marxista sobre este fenómeno, bajo el lema del tecnofeudalismo.

Un enfoque es el de Varoufakis, que define el capitalismo actual como un nuevo modo de producción: “cuando se entra en Amazon, se sale del capitalismo”, escribe, dado que el modelo de negocio de la empresa no es la producción y venta de mercancías, sino la extracción de una renta por los intercambios realizados en la plataforma ³². Ahora bien, lo que define al capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción y el hecho de que el trabajo sea una mercancía, lo que sin duda es el caso de Amazon y de la economía en la que se inscribe. Por otra parte, no es el rentismo lo que define un cambio en el modo de producción o en la civilización económica, ya que la renta ya era una forma de acumulación en el capitalismo antes de las Big Tech, aunque no tuviera la dimensión que tiene ahora.

La hipótesis tecnofeudal de Durand parece más interesante, ya que se centra en la idea de la depredación de los espacios digitales (lo que Varoufakis llamaría digital commons). Al convertirse en indispensables para la infraestructura económica y la vida social, el hecho de que su posesión se concentre, como resultado de una especie de acumulación primitiva de lo digital y un proceso de monopolización intelectual, se vuelve problemático, y los tecnofeudalistas lo utilizan en su favor, vedando el acceso salvo previo pago de una renta. Su poder y riqueza provienen de la creación de dependencias de una red apropiada.

Lo que estas denominaciones no deben pasar por alto es la articulación del rentismo particular de las Big Tech con otras formas de acumulación, todas ellas, en esencia, de naturaleza capitalista, lo que limita la capacidad de conceptos como tecnofeudalismo para encapsular la totalidad del modo de producción, ya que sugieren una combinación con un modo de producción anterior.

Además del sector financiero, que hemos abordado anteriormente, podemos fijarnos en los sectores denominados tradicionales del capital, que siguen siendo muy pujantes en la actualidad. Veamos la industria farmacéutica, que ha liderado el aumento de los márgenes en las últimas décadas gracias a su enorme poder de mercado ³³. Veamos también el ejemplo de Walmart, que ha obtenido unos resultados de 680 000 millones de dólares y da empleo a 2,1 millones de personas. Según estos dos criterios, es la mayor empresa de Estados Unidos y del mundo. Su actividad principal es el comercio minorista y controla el 10 % de ese mercado en el país (excepto el inmobiliario). El efecto es notable: Walmart tiene una mayor relación entre su capitalización y sus resultados que Apple, Meta, Amazon o Microsoft. Es decir, atrae más ahorro y capital, por lo que el análisis de los nuevos sectores dominantes del capital no debe ignorar los sectores y empresas tradicionales, como las de la distribución.

¿Qué capitalismo?

Concluimos con una síntesis sobre el régimen de acumulación actual. Los años posteriores a la crisis han estado marcados por una importante reconfiguración del capital, con el declive relativo de la banca tradicional, el auge de los gestores de activos y la consolidación de las grandes tecnológicas como fracción dominante del capital. Los cambios recientes en el régimen de acumulación son significativos, pero han fracasado en su intento de rescatar al capitalismo de su larga onda de desarrollo, el estancamiento secular. Al mismo tiempo, son multimodales y desafían la categorización del capitalismo contemporáneo mediante un significante maestro. Por ello, preferimos señalar solo algunas tendencias fundamentales.

En primer lugar, el rentismo. En el contexto de la crisis de acumulación que se remonta a finales de la década de 1960 y de la caída persistente de la tasa de ganancia, la incapacidad de recuperar las capacidades productivas del capitalismo hace que los sectores más dinámicos del capital sean marcadamente rentistas ³⁴, de lo que son ejemplos destacados todos los casos mencionados a lo largo del texto.

Brett Christophers ha propuesto el concepto de capitalismo rentista, que pretende describir este momento del capitalismo en el que las rentas superan a los beneficios como motor de la acumulación, algo que ni Marx ni los economistas clásicos hubieran imaginado ³⁵. Esto deprime la innovación, la competencia y el crecimiento de las fuerzas productivas, al tiempo que concentra la propiedad y reproduce las desigualdades. Aunque se puede discutir si Christophers parte de un concepto demasiado amplio de renta, que le permite considerar casi toda la actividad económica como tal, la tendencia que describe es real, al igual que sus consecuencias.

En segundo lugar, la tendencia a la totalidad. La lucha contra la caída de la tasa de ganancia implica la integración de nuevos elementos, antes subordinados por las relaciones sociales, en la esfera de la acumulación de capital, convirtiéndolos en mercancías (o en activos para extraer rentas). Se refuerza la tendencia polanyiana del capitalismo tardío postindustrial a mercantilizar cada vez más dimensiones de nuestra existencia como respuesta a sus insuficiencias productivas, desde la vivienda y los servicios públicos hasta nuestra experiencia individual en forma de atención y datos. El capitalismo está, como escribe Fraser, canibalizando cada vez más aspectos de nuestras vidas ³⁶.

En tercer lugar, la oligarquizaciónyel autoritarismo, que van de la mano. La concentración empresarial sin precedentes históricos en esta fase del capitalismo conduce al esfuerzo por subordinar la política y nuestra vida colectiva. Este fenómeno tiene, al menos, dos facetas. Por un lado, el escenario de escasez de oportunidades de inversión productiva hace que la captura del poder político sea la forma más eficaz de garantizar la rentabilidad del capital, lo que se ve facilitado por décadas de neoliberalismo, el debilitamiento de las capacidades del Estado y la concentración del poder económico, que en las economías de mercado se convierte fácilmente en poder político. Según Dylan Riley y Robert Brenner:

Esta nueva forma de acumulación está asociada a una serie de mecanismos novedosos de estafa políticamente constituida. Entre ellos figuran una serie creciente de exenciones fiscales, la privatización de activos públicos a precios de saldo, la flexibilización cuantitativa y los tipos de interés ultrabajos para promover la especulación bursátil y, lo que es más importante, el gasto público masivo dirigido directamente a la industria privada, con efectos de goteo para la población en general ³⁷.

Por otro lado, la intensificación de la explotación, tras décadas de contención salarial y flexibilización de la legislación laboral, así como el modelo de negocio de ciertos sectores de la oligarquía, principalmente las Big Tech, chocan frontalmente con la democracia, las libertades públicas y la resistencia social, por lo que se irán considerando gradualmente como obstáculos que hay que eliminar, allanando el camino a nuevas soluciones autoritarias.

Por último, la guerra.La reducida rentabilidad global ha acentuado los conflictos entre las principales economías capitalistas: el sistema de aranceles de Trump es su expresión, ya que determina el fin de la globalización y pretende obligar a Europa, Japón, Canadá y otros países a pagar un impuesto al soberano mundial. La industria bélica también se considera cada vez más una solución para restaurar las capacidades productivas en el centro capitalista, una visión compartida por la OTAN, la Comisión Europea y las principales potencias del Viejo Continente. Durand vaticina, quizá con razón, que, ante la imposibilidad de recuperar el dinamismo del capital, solo nos queda un segundo camino:

La segunda posibilidad es que los intereses rentistas y monopolistas sigan presidiendo una sociedad cada vez más desigual, autoritaria y estancada, cuyas estructuras políticas mutarán lentamente hacia alguna forma oligárquica institucionalizada. El capital ficticio sobreacumulado permanecerá congelado y sin invertir. La mercantilización dejará de ser el vector que permite que los beneficios crezcan a partir del trabajo abstracto. En su lugar, un pequeño estrato de individuos superricos aprovechará las nuevas tecnologías para asegurar sus rentas y reproducir sus lujosos estilos de vida en un mundo cada vez más degradado y militarizado ³⁸.

Nos corresponde evitarlo.

Notas: (…)

Diogo Machado es profesor en relaciones internacionales. Francisco Louçã es economista. Ambos son activistas y miembros del Bloco de Esquerda de Portugal.

https://vientosur.info/nuevas-y-viejas-oligarquias-las-transformaciones-en-el-regimen-de-acumulacion-del-capital/ Fuente: https://rebelion.org/nuevas-y-viejas-oligarquias-las-transformaciones-en-el-regimen-de-acumulacion-del-capital/

 Alternativas emancipatorias

Percibamos (conozcamos y adquiramos posición correspondiente a) la criminalidad capitalista de lesa naturaleza y de lesa humanidad que está implícita en hundirnos en emergencia socioecológica, cuya manifestación más contundente es la climática. Reflexionemos sobre:

La COP30 cierra su primera semana
sin abordar los temas críticos

18 de noviembre de 2025

Por Ecologistas en acción

(…) La Cumbre de los Pueblos: la voz de la sociedad civil

El domingo finalizó la Cumbre de los Pueblos, un encuentro de pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes, campesinos, pescadores, sindicatos y ecologistas, que se reunieron en la Universidad de Pará para mostrar al mundo la “fortaleza y unidad de la sociedad civil frente a un sistema depredador que devora territorios y vidas”. Como resultado, la Cumbre de los Pueblos elaboró una carta muy completa que proporciona un análisis detallado y crítico de la crisis global. Este documento es fruto de dos años de trabajo con el interés de englobar las voces de las poblaciones más vulnerables, diversas y afectadas por la desigualdad y la degradación ambiental. Para Sara Facchinelli, activista de Ecologistas en Acción de Almería presente en la COP30: “La Cumbre de los Pueblos ha puesto de nuevo en evidencia la interconexión entre los conflictos sociales y climáticos, cuyo origen es el mismo sistema económico depredador de la vida. Las comunidades presentes nos han recordado la responsabilidad histórica de un Norte global que sigue con tácticas neocoloniales maquilladas de verde”.

Entre los contenidos de la carta se critica que la transición energética se está desarrollando bajo la lógica capitalista y, por lo tanto, perpetúa la injusticia, la desigualdad y el extractivismo en el Sur global. También exige el fin de los combustibles fósiles por medio de una transición justa en la que se considere la energía como un bien común. Entre los elementos de esta declaración se rechaza la Tropical Forest Forever Facility propuesta por el gobierno, al considerarla una iniciativa que incrementa enormemente la presión en los territorios, además de ser una forma más de comercializar la naturaleza. Fachinelli subraya: “Se hace evidente cómo los pueblos y personas reunidas en esta cumbre de los pueblos están dispuestos a abordar con solidaridad la complejidad de la crisis climática”. Y añade: “Esa solidaridad va más allá de la crisis climática, denuncia el genocidio en Palestina y la violencia en Sudán, la República del Congo, Nigeria… Son muchas las razones que nos hacen sumarnos a todas las propuestas de la Cumbre de los Pueblos, que reclamaremos dentro y fuera de las negociaciones”.

La COP30 cierra su primera semana sin abordar los temas críticos

Fuente: https://rebelion.org/la-cop30-cierra-su-primera-semana-sin-abordar-los-temas-criticos/

Advirtamos cuán necesaria e importante construcción internacionalista de los pueblos, pero no se ubican en que el capitalismo e imperialismo hegemonizado por EE.UU. y el de los BRICS por China, Rusia están acelerando e intensificando ecocidios-genocidios al mercantilizar la naturaleza. Es decir, están agravando la emergencia socioecológica y por tanto, la climática. Aún más, el genocidio de palestinos con apoyo integral de la institucionalidad ‘democrática’ de Occidente patentiza que el despliegue de nazi fascismo se multiplicará para apoderamiento total y totalitario de los territorios del Sur Global.

Tampoco reconocen como imperialismo a China ni a Rusia o creen que los BRICS son alternativa geopolítica al dominio occidental. Al enmarcarse en la iniciativa de la ONU de simulacro de multilateralismo y asumirse sociedad civil permanecen en conciliación con el sistema exacerbando su opresión-represión. Comprobemos en:

Carta Final de la Cumbre de los Pueblos

Nosotros, de la Cumbre de los Pueblos, reunidos en Belém do Pará, en la Amazonía brasileña, del 12 al 16 de noviembre de 2025, declaramos a los pueblos del mundo lo que acumulamos en luchas, debates, estudios, intercambios de experiencias, actividades culturales y testimonios, durante varios meses de preparación y en estos días aquí reunidos.

Nuestro proceso reunió a más de 70.000 personas que conforman movimientos locales, nacionales e internacionales de pueblos originarios y tradicionales, campesinos, indígenas, quilombolas, pescadores, extractivistas, mariscos, trabajadores de la ciudad, sindicalistas, población sin hogar, rompecochos babaçu, pueblos terreiro, mujeres, comunidad LGBTQIAPN +, jóvenes, afrodescendientes, ancianos, pueblos del bosque y ríos. Asumimos la tarea de construir un mundo justo y democrático, con una buena vida para todos. Somos la unidad en la diversidad.

El avance de la extrema derecha, el fascismo y las guerras en todo el mundo exacerba la crisis climática y la explotación de la naturaleza y los pueblos. Los países del norte global, las corporaciones transnacionales y las clases dominantes son los más responsables de estas crisis. Saludamos a la resistencia y nos solidarizamos con todos los pueblos que están siendo cruelmente atacados y amenazados por las fuerzas del imperio estadounidense, Israel y sus aliados de Europa. Durante más de 80 años, el pueblo palestino ha sido víctima de genocidio por parte del estado sionista de Israel, que ha bombardeado la Franja de Gaza, ha desplazado por la fuerza a millones de personas y ha matado a decenas de miles de inocentes, en su mayoría niños, mujeres y ancianos. Nuestro repudio total al genocidio contra Palestina. Nuestro apoyo y solidaridad con las personas que valientemente resisten, y el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Al mismo tiempo, en el Mar Caribe, Estados Unidos intensifica su presencia imperial. Lo hacen ampliando operaciones conjuntas, acuerdos y bases militares, en connivencia con la extrema derecha, con el pretexto de combatir el tráfico de drogas y el terrorismo, como con la recién anunciada operación “Lanza del Sur”. El imperialismo sigue amenazando la soberanía de los pueblos, criminalizando los movimientos sociales y legitimando intervenciones que históricamente servían a los intereses privados de la región. Nos solidarizamos con la resistencia de Venezuela, Cuba, Haití, Ecuador, Panamá, Colombia, El Salvador, la República Democrática del Congo, Mozambique, Nigeria, Sudán, y con los proyectos de emancipación de los pueblos del Sahel, Nepal y el mundo entero.

No hay vida sin naturaleza. No hay vida sin ética y cuidado laboral. Por lo tanto, el feminismo es una parte central de nuestro proyecto político. Ponemos en el centro el trabajo de reproducción de la vida, esto es lo que nos diferencia radicalmente de aquellos que quieren preservar la lógica y la dinámica de un sistema económico que prioriza el beneficio y la acumulación privada de riqueza.

Nuestra visión del mundo está guiada por el internacionalismo popular, con intercambios de conocimiento y conocimiento, que construyen lazos de solidaridad, luchas y cooperación entre nuestros pueblos. Las verdaderas soluciones se ven reforzadas por este intercambio de experiencias, desarrolladas en nuestros territorios y por muchas manos. Estamos comprometidos a estimular, convocar y fortalecer estas construcciones. Por lo tanto, acogemos con beneplácito el anuncio de la construcción del Movimiento Internacional por los Afectados y Afectados por las presas, los delitos sociales y ambientales y la crisis climática.

Comenzamos nuestra Cumbre de los Pueblos navegando por los ríos de la Amazonía que, con sus aguas, nutren todo el cuerpo. Como la sangre, sostienen la vida y alimentan un mar de encuentros y esperanzas. También reconocemos la presencia de los seres encantados y otros seres fundamentales en la cosmovisión de los pueblos originales y tradicionales, cuya fuerza espiritual guía los caminos, protege los territorios e inspira las luchas por la vida, la memoria y un mundo de bienestar.

      Después de más de dos años de construcción colectiva y celebración de la Cumbre de los Pueblos, afirmamos:

1. El modo de producción capitalista es la causa principal de la creciente crisis climática. Los principales problemas ambientales de nuestro tiempo son la consecuencia de las relaciones de producción, circulación y disposición de mercancías, bajo la lógica y la dominación del capital financiero y las grandes corporaciones capitalistas.
2. Las comunidades periféricas son las más afectadas por los fenómenos meteorológicos extremos y el racismo ambiental. Se enfrentan, por un lado, a la ausencia de infraestructura y políticas de adaptación. Por otro lado, la falta de justicia y reparación, especialmente para las mujeres, los jóvenes, los pobres y los no blancos.
3. Las empresas transnacionales, en complicidad con los gobiernos del norte global, están en el centro del poder del sistema capitalista, racista y patriarcal, siendo los actores que más provocan y benefician más de las múltiples crisis que enfrentamos. Las industrias minera, energética, arma, agronegocio y Big Techs son los principales responsables de la catástrofe climática en la que vivimos.
4. Nos oponemos a cualquier solución falsa a la crisis climática que perpetúe las prácticas dañinas, cree riesgos impredecibles y desvíe la atención de las soluciones y pueblos transformadores y basados en la justicia climática, en todos los biomas y ecosistemas. Advertimos que el TFFF, al ser un programa financiero, no es una respuesta adecuada. Todos los proyectos financieros deben estar sujetos a criterios de transparencia, acceso democrático, participación y beneficio real para las poblaciones afectadas.
5. El fracaso del modelo actual de multilateralismo es evidente. Los delitos ambientales y los fenómenos meteorológicos extremos que causan la muerte y la destrucción son cada vez más recurrentes. Esto demuestra el fracaso de las numerosas conferencias y reuniones mundiales que prometieron resolver estos problemas, pero que nunca enfrentaron sus causas estructurales.
6. La transición energética se está implementando bajo la lógica capitalista. A pesar de la expansión de las fuentes renovables, no hubo reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La expansión de las fuentes de producción de energía también se ha configurado como un nuevo espacio para la acumulación de capital.
7. Por último, afirmamos que la privatización, mercantilización y financiarización de los bienes comunes y los servicios públicos están a la vanguardia de los intereses populares. En estos marcos, las leyes, las instituciones estatales y la gran mayoría de los gobiernos han sido capturados, moldeados y subordinados a la búsqueda del máximo beneficio por parte del capital financiero y las corporaciones transnacionales. Se necesitan políticas públicas para avanzar en la recuperación de los Estados y enfrentar la privatización.

      Ante estos retos, proponemos:

-Hacer frente a las falsas soluciones del mercado. El aire, los bosques, las aguas, la tierra, los minerales y las fuentes de energía no pueden seguir siendo propiedad privada ni ser apropiados, porque son bienes comunes de los pueblos.

-Encomendamos que haya participación y protagonismo de los pueblos en la construcción de soluciones climáticas, reconociendo el conocimiento ancestral. La multidiversidad de culturas y cosmovisiones, lleva sabiduría y conocimiento ancestral que los Estados deben reconocer como referencias a soluciones a las múltiples crisis que plagan a la humanidad y a la Madre Naturaleza.

-Exigimos la demarcación y protección de tierras y territorios indígenas y otros pueblos y comunidades locales, ya que son ellos los que garantizan el bosque vivo. Exigimos a los gobiernos la deforestación cero, el fin de los incendios criminales y las políticas estatales para la restauración ecológica y la recuperación de áreas degradadas y afectadas por la crisis climática.

Hacemos un llamado a la implementación de la reforma agraria popular y la promoción de la agroecología, para garantizar la soberanía alimentaria y combatir la concentración de la tierra. Las personas producen alimentos saludables para eliminar el hambre en el mundo, basado en la cooperación y el acceso a las técnicas y tecnologías de control popular. Este es un ejemplo de una verdadera solución para combatir la crisis climática.

Exigimos la lucha contra el racismo ambiental y la construcción de ciudades justas y periferias vivas a través de la implementación de políticas y soluciones ambientales. Los programas de vivienda, saneamiento, acceso y uso del agua, el tratamiento de residuos sólidos, la forestación y el acceso a la regularización de la tierra y la tierra, deberían considerar la integración con la naturaleza. Queremos invertir en políticas de transporte público, colectivas y de calidad, con cero tarifas. Estas son alternativas reales para abordar la crisis climática en territorios periféricos de todo el mundo, que deben implementarse con la debida financiación para la adaptación climática.

Abogamos por la consulta directa, la participación y la gestión popular de las políticas climáticas en las ciudades, por enfrentar a las corporaciones inmobiliarias que han avanzado en la mercantilización de la vida urbana. La ciudad de transición climática y energética debe ser una ciudad sin segregación y que abrace la diversidad. Finalmente, condicionar la financiación climática a protocolos orientados a la permanencia de la vivienda y, en última instancia, a una justa compensación para las personas y comunidades con garantía de tierra y vivienda, tanto en el campo como en las ciudades.

Exigimos el fin de las guerras y la desmilitarización. Que todos los recursos financieros asignados a las guerras y a la industria de la guerra se reviertan a la transformación de este mundo. Que los gastos militares se destinen a la reparación y recuperación de las regiones afectadas por los desastres climáticos. Que se adopten todas las medidas necesarias para prevenir y presionar a Israel, haciéndole responsable del genocidio cometido contra el pueblo palestino.

Exigimos la reparación justa y completa de las pérdidas y daños impuestos a las personas por proyectos de inversión destructivos, presas, minería, extracción de combustibles fósiles y desastres climáticos. También exigimos que aquellos culpables de delitos económicos y socioambientales que afectan a millones de comunidades y familias de todo el mundo sean juzgados y castigados.

Las obras de reproducción de la vida deben hacerse visibles, valoradas, entendidas como lo que son – trabajo – y compartidas en toda la sociedad y con el Estado. Estos son esenciales para la continuidad de la vida humana y no humana en el planeta. Esto también garantiza la autonomía de las mujeres, que no pueden ser individualmente responsables de la atención, sino que deben tener sus contribuciones consideradas: nuestro trabajo sostiene la economía. Queremos un mundo con justicia feminista, autonomía y participación de las mujeres.

Exigimos una transición justa, soberana y popular que garantice los derechos de todos los trabajadores, así como el derecho a condiciones de trabajo decentes, la libertad sindical, la negociación colectiva y la protección social. Consideramos la energía como un bien común y abogamos por la superación de la pobreza y la dependencia energética. Tanto el modelo energético como la transición en sí no pueden violar la soberanía de ningún país del mundo.

Exigimos el fin de la exploración de combustibles fósiles y pedimos a los gobiernos que desarrollen mecanismos para garantizar la no proliferación de los combustibles fósiles, con el objetivo de una transición energética justa, popular e inclusiva con soberanía, protección y reparación de los territorios. En particular en la Amazonía y otras regiones sensibles y esenciales para la vida en el planeta.

Luchamos por la financiación pública y los impuestos de las corporaciones y los más ricos. Los costos de la degradación ambiental y las pérdidas impuestas a las poblaciones deben ser pagados por los sectores que más se benefician de este modelo. Esto incluye fondos financieros, bancos y corporaciones en agronegocios, hidroempresas, acuicultura y pesca industrial, energía y minería. Estos actores también deben soportar las inversiones necesarias para una transición justa y centradas en las necesidades de los pueblos.

Exigimos que la financiación internacional para el clima no pase por instituciones que profundicen la desigualdad entre el Norte y el Sur, como el FMI y el Banco Mundial. Debe estructurarse de manera justa, transparente y democrática. No son los pueblos y países del Sur global los que deben seguir pagando deudas a los poderes gobernantes. Son estos países y sus corporaciones los que necesitan comenzar a pagar la deuda socio-ambiental acumulada por siglos de prácticas imperialistas, colonialistas y racistas, por la apropiación de los bienes comunes y por la violencia impuesta a millones de personas asesinadas y esclavizadas.

Denunciamos la continua criminalización de los movimientos, la persecución, el asesinato y la desaparición de nuestros dirigentes que luchan en defensa de sus territorios, así como de los presos políticos y de los presos palestinos que luchan por la liberación nacional. Hacemos un llamado a la expansión de la protección de los derechos humanos y los defensores socioambientales en la agenda climática global, en el marco del Acuerdo de Escazú y otras regulaciones regionales. Cuando un defensor protege el territorio y la naturaleza, protege no solo a un individuo, sino a todo un pueblo y beneficia a toda la comunidad global.

Exigimos el fortalecimiento de los instrumentos internacionales que defiendan los derechos de los pueblos, sus derechos consuetudinarios y la integridad de los ecosistemas. Necesitamos un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales, que se construya a partir de la realidad concreta de las luchas de las comunidades afectadas por las violaciones cometidas, exigiendo derechos para los pueblos y normas para las empresas. Afirmamos además que la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Otras Personas Trabajadoras en las Zonas Rurales (UNDROP) debería ser uno de los pilares de la gobernanza climática. La plena implementación de los derechos de los campesinos devuelve al pueblo a los territorios, contribuye directamente a su alimentación, al cuidado del suelo y al enfriamiento del planeta.

Por último, consideramos que es hora de unificar nuestras fuerzas y enfrentar al enemigo común. Si la organización es fuerte, la lucha es fuerte. Por esta razón, nuestra principal tarea política es el trabajo de organizar a los pueblos de todos los países y continentes. Enraizaremos nuestro internacionalismo en cada territorio y haremos de cada territorio una trinchera de lucha internacional. Es hora de avanzar de una manera más organizada, independiente y unificada, para aumentar nuestra conciencia, fuerza y combatividad. Esta es la manera de resistir y ganar.

“Los pueblos del mundo: Unidos””

Fuente: https://cupuladospovoscop30.org/carta-final/

Es crucial superar las denuncias y exigencias. Sólo cabe plantearse el entrelazamiento –en el plano local, provincial, plurinacional e internacional- de las diversidades de abajo que se autoorganizan en defensa y recuperación de los territorios para la vida y la dignidad de los pueblos. Es una unión del asamblearse, comunalizarse y territorializarse constituyendo poder de desprivatizar y desmercantilizar los bienes comunes tanto sociales como naturales. Que arraiga y robustece su entroncamiento en la deliberación conjunta y toma de decisiones sobre qué, y cómo fundamentar, orientaciones o principios básicos para desarrollar, por cada pueblo en autodeterminación, la reforma agraria o revolución rurourbana de carácter anticapitalista, antirracista, anticlerical, antipatriarcal y decolonial del poder, del saber y del ser.

Qué democracia

De representación directa de las corporaciones imperialistas y elites locales desde el gobierno de Cristina Fernández encubierta por Alberto Fernández.

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/
Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

Es clave en la actual inflexión histórica generalizar la ruptura con la legalidad-legitimidad de la gran burguesía para no entramparse en la democracia encubridora de la dictadura capitalista e imperialista. Contestemos la siguiente pregunta recordando que no fue el gobierno de Milei responsable del apoderamiento territorial e hídrico por Mekorot y señalando que no sólo China disfraza su imperialismo de cooperación:

¿Qué es Mekorot y qué hace en La Rioja?

30 de octubre de 2025

Por Juan Pablo Parrilla

(…) ¿Qué hace Merkorot en Argentina?

En 2022, el entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, encabezó una misión de cooperación científico-tecnológica del manejo del agua, con destino en Tel Aviv. El objetivo de la gira fue analizar la experiencia de Israel, “país que cuadruplicó su superficie productiva en 50 años y multiplicó por 20 su producción en ese mismo tiempo”, según enfatizó el exfuncionario durante la visita.

También participaron de la misión los gobernadores de Catamarca, Formosa, Mendoza, Río Negro, San Juan y Santa Cruz, y funcionarios provinciales como Adolfo Scaglioni, por La Rioja, senadores nacionales y equipos técnicos provinciales.

Posteriormente, en 2023, el Ministerio del Interior firmó un acuerdo, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), para que 5 provincias reciban asistencia técnica de la compañía nacional de agua de Israel, entre ellas, La Rioja, además de Catamarca, Formosa, Río Negro y Santa Cruz.  Al respecto, el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, informó en su momento que el primer paso de este plan «será realizar estudios para determinar qué cantidad de agua tiene la provincia, adónde está el recurso y hasta cuándo se tendrá agua».

¿Qué dice el convenio marco?

META O VERSO pudo acceder al Convenio Marco de Cooperación entre el CFI y la Provincia de La Rioja, en el cual se especifica que las partes convienen «la realización de acciones de apoyo, estímulo y fortalecimiento para potenciar los recursos hídricos de la provincia”, y que para ello las acciones a ejecutar serán: análisis de la situación actual del sector del agua; estudio del potencial de los recursos hídricos (aguas superficiales y subterráneas); elaboración de proyecciones de la demanda de agua (urbana, rural y de riego) para crear un sistema de asignación que permita regularla; definición de planes alternativos de abastecimiento, y análisis económico, balance prospectivo y recomendaciones para el desarrollo de un Plan Maestro.

El mismo documento indica que para realizar estas tareas, el CFI procederá a “la contratación de la Consultora Merkorot Israel National Water Co.”, y se agrega que la asistencia referida “tendrá como finalidad definir los lineamientos técnicos, parámetros y principios de uso sostenible de los recursos hídricos de la provincia y la adquisición de las capacidades necesarias para su gestión sustentable”.

Por otra parte, en el documento denominado “Plan Integral de Gestión de Agua 2019-2023”, del Ministerio de Agua y Energía, se anuncia la ejecución del Plan Mastro, el cual se encontraba “finalizando el análisis de situación provincial” al momento de su publicación.

El secretario de Agua, ingeniero Edgardo Karam, aseguró a este medio que el CFI sigue desarrollando el Plan Maestro Hídrico, pero que “aún no se han presentado los resultados definitivos”, y que “todavía siguen los relevamientos y la conclusión de los datos relevados”, estimando que los mismos se presentarían en unos 60 días.

No hay información respecto al contrato de consultoría de La Rioja. META O VERSO la solicitó al Consejo Hídrico Federal, organismo que informó que no participa de estas acciones, pese a que entre sus funciones está la de “promover el desarrollo armónico e integral del país en materia de recursos hídricos, participando en la formulación y el seguimiento estratégico de la política hídrica nacional a los fines de una gestión integrada de los recursos hídricos”, según se plasma en su página web. Este medio reiteró el pedido de información vía mails al CFI y al Ministerio de Agua y Energía de la Provincia, pero hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

También desde la Asamblea por la vida de Chilecito y la Colectiva de defensorxs del agua del Famatina, se realizaron sendas solicitudes sin obtener respuestas. “Solo la Secretaría de Derechos Humanos nos recibió, no conocían el convenio, y les pedimos intervención para conseguirlo, sobre todo el contrato de consultoría”.

La Secretaría de Derechos Humanos presentó solicitudes de información ante Asesoría General de Gobierno, Secretaría del Agua y diversas comisiones de la Legislatura provincial, sin obtener respuesta aún.

¿Qué pasa en otras provincias?

Argentina se rige por el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas –ley 25.688–, pero cada provincia define cuál es su propia política hídrica. Por ello, cada una suscribió convenios propios con Merkorot, a través del CFI, y contratos de consultorías, los cuales no han sido publicados.

META O VERSO tuvo acceso a algunos de estos convenios y contratos. En el caso de la provincia de Mendoza, a través del Departamento General de Irrigación, le fue concedido a la empresa nacional israelí el asesoramiento para la elaboración del Plan Maestro.  La contratación se realizó por medio del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y se firmó el 5 de septiembre de 2022. 

En la página oficial del organismo informan que “se acordó que Mekorot preparará un plan integrativo para conservar y gestionar los recursos hídricos de la provincia, considerando todos los tipos de fuentes de agua y demandas (doméstico, agricultura, industria, otros usos), tomando en cuenta los cambios que ya se perciben en la disponibilidad de agua en la región. El objetivo es alcanzar un sector hídrico balanceado y sustentable a largo plazo y minimizar las crisis por escasez de agua”. 

El convenio, aprobado por decreto 1852, tiene 8 cláusulas. Menciona 5 acciones a realizar; las mismas se repiten en los convenios firmados en otras provincias. La provincia designa una representante para aprobar los informes de Mekorot. El último reporte presentado corresponde a marzo de 2025.

En el caso de Catamarca, el decreto 2/2025 formalizó el convenio, cuyo contrato de consultoría con la empresa Merkorot ascendió a 760 mil dólares, e implicó un trabajo desarrollado en 5 etapas, las cuales incluyeron: recopilación, clasificación, sistematización y análisis de la información; disponibilidad de los recursos hídricos para el período 2025-2045; proyecciones de demanda de recursos hídricos para el mismo período de tiempo; diagnóstico integral y formulación del plan maestro.

Para el cumplimiento de este plan, la etapa uno establece que la provincia deberá dar acceso “a toda la información disponible en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente”, y continúa: “En caso de necesitar información adicional de alguno de sus puntos, se propiciará la articulación con otros organismos del Estado o instituciones públicas o privadas (Ministerio de Producción, INTA, Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), Ministerio de Minería, etc.)”.

El contrato de consultoría con Merkorot, por su parte, indica en su punto 7 que “cada parte se compromete a no realizar ningún tipo de comunicado de prensa ni utilizar ningún material publicitario en relación con el otorgamiento de este Contrato sin el consentimiento previo escrito de la otra parte”. Y en el punto 9 las partes acuerdan que el contrato se rige e interpretará “de conformidad con las leyes de Inglaterra”. Esto implica además que, y según lo indicado en el punto 11, “en caso de controversias no solucionadas entre las partes, se recurrirá a un árbitro único en Inglaterra conforme al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (el «Reglamento de la CCI»). Este árbitro administrará el arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CCI de 2017. El idioma del proceso arbitral será el inglés”.

Además, agrega un apartado de propiedad intelectual que indica que, aunque el CFI obtiene la propiedad de los entregables específicos, la consultora conserva la propiedad intelectual de sus antecedentes. Esto permite a la consultora hacer uso futuro de los datos.

Mismas características presenta el contrato de consultoría en la provincia de Río Negro, que se realizó por un monto neto de 1 millón de dólares.

Al respecto, la diputada provincial de Río Negro, María Magdalena Odarda, presentó un recurso de revisión del contrato en su provincia, denunciando, entre otras cosas, que “este convenio involucra directamente la elaboración de un plan maestro para el uso del agua, el cálculo de su valor económico, el análisis de su distribución futura, la propuesta de modificación institucional y la transferencia de conocimiento sobre bienes estratégicos. Ello excede ampliamente los límites de una consultoría técnica y se proyecta como una política pública de largo alcance que, por su materia y consecuencias, debía haber sido sometida a tratamiento legislativo”.

En julio del presente año, desde Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), empresa a cargo del servicio de agua y saneamiento del área metropolitana de Buenos Aires, informó respecto de una posible compra de la empresa por parte de Merkorot, citando a Diego Berger, coordinador de proyectos especiales e internacionales de la empresa israelí, quien afirmó: «La gente de Buenos Aires usa más cantidad de agua de lo que se necesita y mucha no paga. Los argentinos consumen lo que quieren y no lo que necesitan». Y confirmó la relación con AySA «como asesores para ser más eficientes a niveles técnicos».

Por otra parte, en una entrevista realizada por Radio Jai, Berger afirmó que esa no era una posibilidad, ya que el Estado de Israel no se lo permite, pero que podrían asesorar a quienes estén interesados en comprar la empresa.  A fines de ese mes, el Ejecutivo nacional publicó el decreto 94/2025, mediante el cual inició la reprivatización de la empresa. 

Organizaciones como la Campaña Nacional Fuera Merkorot también señalan los peligros de la instalación de esta empresa en el territorio nacional: “Estamos ante una empresa que ha sido señalada por organizaciones internacionales y activistas de derechos humanos debido a sus prácticas con la gestión del agua, que violan el derecho internacional humanitario y el derecho internacional en derechos humanos. Además de ese peligro prioritario, hay otros como la pérdida de soberanía hídrica al delegar la planificación, el acceso a datos estratégicos del agua y el diseño de políticas a una empresa extranjera; la confidencialidad que se establece a través de cláusulas que prohíben la publicidad de los contenidos del contrato, los informes y los datos recogidos, o la propiedad intelectual cedida a la empresa, y la regulación jurídica externa, entre otros”.

La referencia a organizaciones internacionales tiene que ver con que en julio de 2023, el informe presentado por la Relatoría Especial de ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, a cargo de Francesca Albanese, indicó: “Israel obliga a los palestinos a comprar agua procedente de su propio territorio, a precios inflados y con suministro intermitente (…) En Gaza, más del 97% del agua de un acuífero costero está contaminada, lo que hace que los residentes dependan de los acueductos de Mekorot. Durante los primeros 6 meses después de octubre de 2023, Mekorot cerró acueductos de Gaza, dejando a zonas como la ciudad de Gaza sin agua el 95% del tiempo, ayudando activamente a la transformación del agua en una herramienta de genocidio”.

En 2022, durante la primera gira por Israel, el entonces Ministro del Interior Wado de Pedro declaró que la misión surgió “por iniciativa de los gobernadores y gobernadoras apuntando a incrementar la producción mediante obras hídricas y un correcto manejo y gestión del agua”. 

La Campaña Fuera Mekorot asegura, en cambio, que “desde la información disponible, hay motivos para creer que podría existir relación, indirecta o potencial, entre la intervención de Mekorot y las tendencias extractivistas, o al menos con modelos de gestión que tienen intereses extractivistas, por ejemplo en lo que respecta a la propiedad intelectual, las tarifas y el valor económico del agua”, aspectos a los cuales hacen referencia los contratos conocidos.   Pero también, advierten que otro motivo es el uso del agua para riego y producción, ya que, como señalamos en esta nota, algunos de los convenios incluyen objetivos relacionados con riego, producción agropecuaria o mejora de la infraestructura de riego”.

Fuente:

¿Que es Merkorot y qué hace en La Rioja?

 Bloqueo de la lucha de clases

Es clave en la actual inflexión histórica generalizar la ruptura con la conciliación de clases implícita en la democracia que ha convertido el régimen latifundista en extractivista y prohíbe la autodeterminación de los pueblos de la Argentina sin fronteras ni muros burgueses. De manera que, abajo a la izquierda coherente, el desafío previo es independizar a la mayoría de los nac&pop y ejemplifiquemos porqué.

Milei y la soja:
los peores negocios para la soberanía

17 de noviembre de 2025

Por Santiago Burrone | Agencia Tierraviva

Las empresas agroexportadoras son las grandes ganadoras del modelo agropecuario centrado en la soja transgénica, apoyado por todos los gobiernos. El presidente Javier Milei es su nuevo gran socio como lo demostró con la decisión de bajar a cero las retenciones para los granos. ¿Qué aprendizaje dejó el caso Vicentin? ¿Qué propuesta pensar desde el campo popular?

Atravesamos una actualidad bizarra que nos ubica en una especie de revival de los años noventa acompañado de una abierta crueldad y cinismo sin precedentes en la democracia argentina. Esta gestión del gobierno nacional desarrolla una política económica de ajuste recesivo salvaje y antinacional desprovisto de cualquier plan de crecimiento integral del aparato productivo. Su propuesta programática está dirigida a quebrar las columnas de la arquitectura productiva nacional, incluso lastimando a lo que hasta hace poco eran sus aliados naturales: «El campo».

El anuncio de retenciones cero evidenció de la manera más clara el proceder del gobierno de Javier Milei en sus políticas y decisiones. Fue una jugada para que los capitales transnacionales de las empresas cerealeras se ahorraran 1500 millones de dólares en pagos al Estado nacional por derechos de exportación y se les garantice una mayor ganancia en los meses siguientes. Mientras que los productores nacionales quedaron igual que antes o peor. El gobierno de La Libertad Avanza no solo es neoliberal, sino que además es antinacional.

Pero la economía agrícola argentina no ha llegado hasta este momento de la nada. Esa división entre los productores argentinos y las empresas transnacionales que monopolizan las exportaciones, de la estructura del transporte, del almacenamiento de granos y de los puertos tiene una historia, que describe la tragedia de la economía argentina. La producción agrícola es un espejo de la escasa cultura nacional que poseen la burguesía local y los funcionarios públicos que han apoyado este modelo. (…)

Cuestionemos esta primera parte: el nuevo patrón de acumulación, en 2002 ante la imposibilidad de seguir bajo el plan de Convertibilidad, fue instaurado por Roberto Lavagna como ministro del gobierno de facto de Duhalde, privilegió a las agroexportadoras y fue continuado por Néstor Kirchner como boom de los commodities, tanto se beneficiaron que desde 2002 hasta 2008 hubo vanagloria de crecimiento a tasas chinas. Y esta expansión desertificadora y hambreadora del sistema de soja transgénica con agrotóxicos o venenos fue reforzada por la presidenta Cristina Fernández al promover el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (2010-2020).

Resulta sorprendente que Santiago Burrone no manifieste sobre la vigencia, a causa de la presencia de Cristina y Alberto Fernández en el Congreso, del Plan 2020-2030 convertido en ley del agro y elaborado por las corporaciones dominantes del sistema imperialista de agronegocios. Tampoco repara e historia, al atribuir a escasa cultura nacional, cómo se han enriquecido las elites locales mediante la transnacionalización económica territorial.

Proseguimos comprobando tergiversaciones sobre el agro presente y durante el despliegue del neoliberalismo. Lo haremos respecto a cada subtítulo.

 (…) La república unida de la soja

Tomemos el ejemplo de la soja para hacer una radiografía de este saqueo ecológico, financiero y productivo que ha desarrollado el modelo del agronegocio.

El problema de la sojización del sector agropecuario, no solo de Argentina sino de la región, y sus consecuencias socioproductivas son claves para entender lo que ha pasado en estos últimos 40 años. Reflexionar acerca de las condiciones de organización y funcionamiento del complejo agroindustrial de la soja dentro del sistema agroalimentario mundial, que favorecieron la promoción del cultivo; el incremento del mismo en el bloque del Mercosur y el proceso asociado de concentración de la renta agropecuaria en pocas empresas (sobre todo transnacionales), es clave para que desde el campo nacional, popular y revolucionario podamos repensar el modelo.

También lo es para entender que no lograremos superar esta condición estructural de crisis cíclicas mientras no asumamos la incapacidad de este modelo de desarrollo para crear una redistribución de la riqueza y dignidad para el pueblo.

Según FAO, durante la última década, más de la mitad de la producción de soja del mundo se cosechó en Sudamérica, fundamentalmente en Brasil, que se consolidó como el primer productor del mundo, seguido por Argentina, Paraguay y Bolivia. En la década del ´80, el mismo grupo de países no alcanzaba a producir el cinco por ciento de la cosecha mundial. Esto sólo se explica porque el modelo sojero ha sido impulsado por las tensiones del mercado internacional y diseñado únicamente para satisfacer esa demanda sin tomar en cuenta las implicaciones ecológicas, económicas y financieras que tiene para con las economías locales.

En Argentina, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en la última campaña se sembraron 18,4 millones de hectáreas de soja, superando el promedio las últimas cinco campañas, y aumentando más de un millón de hectáreas con respecto a la campaña anterior. La expansión del complejo agroindustrial sojero a nivel regional y mundial tiene fundamentos históricos y económicos, en el marco de la globalización; y también reconfiguraciones propias del sector agropecuario, respaldados por políticas neoliberales que alcanzaron toda la región. (…)

Subrayemos que Santiago Burrone propone “desde el campo nacional, popular y revolucionario repensar el modelo.

También lo es para entender que no lograremos superar esta condición estructural de crisis cíclicas mientras no asumamos la incapacidad de este modelo de desarrollo para crear una redistribución de la riqueza y dignidad para el pueblo”.

Sin embargo, su posicionamiento y su objetivo tanto de simple distribución como de soslayo de la autodeterminación de los pueblos de Argentina nos desvía hacia callejones sin salida porque soslaya los desafíos de cambio social que urgen ante la aceleración e intensificación de todos los extractivismos rurourbanos sobre todo a partir del 2019 con la planificación de incendios para eliminar las biodiversidades de selvas y bosques nativos.

Horacio Machado Aráoz nos interpela a plantearnos y percibir*:

“cómo el sistema de producción de mercancías/deseos se erige, en realidad, sobre el aplastamiento, la subsunción y la destrucción del sistema de producción de la Vida en sí. (…)

” El extractivismo es, por tanto, un fenómeno indisociable del capitalismo; como éste, a su vez, lo es de la organización colonial del mundo. No sólo está en las raíces ecológicas, geo-económicas y geopolíticas del capitalismo, sino que es un efecto y una condición necesaria para el funcionamiento de la acumulación a escala global. Ahora bien, en cuanto el extractivismo es una dimensión estructural (ecológico-geográfica) y una función constitutiva del sociometabolismo del capital como sistema-mundo, los regímenes extractivistas son las formaciones coloniales-periférico-dependientes de aquél; tales regímenes dan cuenta de la modalidad específica que el capitalismo adquiere en la periferia32. Eso significa que mientras en su conexión hacia afuera cristalizan un vínculo de dependencia estructural, hacia el interior esos regímenes están en la raíz de la estructuración oligárquica de las formaciones sociales emergentes33. Y hablamos de oligarquía tanto para caracterizar los regímenes políticos, como para dar cuenta del rígido sistema clasista-racista de estratificación social. Uno y otro no son aspectos accidentales ni fenómenos independientes de los extractivistas, sino expresiones específicas e inherentes de su modo de dominación interno”.

*Crítica de la razón progresista. Una Mirada marxista sobre el extractivismo/colonialismo del Siglo XXI” por HORACIO MACHADO ARAOZ. Revista Actuel Marx. Intervenciones N° 19, segundo semestre 2015

(…) Un poroto en el contexto internacional

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, el desarrollo de la producción agropecuaria a nivel mundial estuvo ligado a procesos de innovación y organización emprendidos por Estados Unidos. Desde 1982 hasta el 2000, Estados Unidos mantuvo el precio del barril de petróleo por debajo de los 23 dólares para reducir costos y lograr la tecnificación de sus productores, que lograron incrementar el rendimiento de sus campos. La tecnificación se asoció a un combo determinado por una elevada carga de insumos tales como fertilizantes y plaguicidas de síntesis química derivados del petróleo.

De esta manera, y en sinergia con políticas públicas tales como subsidios a la producción agropecuaria y sistemas de financiamiento y crediticios, la producción agrícola estadounidense generó una creciente cantidad de excedentes en los volúmenes de cosecha año a año. Los mismos fueron volcados al mercado mundial, ocasionando una fuerte caída en los precios internacionales de los alimentos. (…)

Este contexto internacional facilitó un proceso de transferencia de paquetes tecnológicos hacia América Latina, que determinó paulatinamente el reemplazo de la producción de especies nativas por oleaginosas y cereales. El escenario fue respaldado por la apertura comercial de la región, impuesta a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC). En este aspecto, la Organización Mundial de Comercio (OMC), fundada en 1995, fue el organismo que estableció los acuerdos que condujeron los intercambios internacionales de bienes y servicios en ese período. Entonces, la agricultura y el agronegocio se fueron consolidando como componentes sustanciales del proceso mundial de acumulación de capital.

Sepamos que la expansión del sistema de soja transgénica-agrotóxicos desde los gobiernos del matrimonio Kirchner se debió ante todo al sometimiento del país por China pero este enyugamiento a ser saqueado caracterizó al avance neoliberal desde diciembre de 1983. Horacio Machado Aráoz nos aclara* en el 2015:

–Sobre el neoliberalismo. La razón progresista ha instalado también una gravosa confusión teórico-política sobre el neoliberalismo. Circunscribiéndolo a las políticas del Consenso de Washington, ha omitido sus orígenes en los años ’70 y sus continuidades en la última década a través del Consenso de Beijing. Al definir sus programas de gobierno como una “lucha contra el neoliberalismo”, la izquierda progresista ha coadyuvado a instituir la naturalización (ya por aceptación, ya por resignación) del capitalismo. Evidentemente, “neoliberalismo” no es un modo de producción ni una formación social, sino una fase histórica del capitalismo, definida por un específico régimen de acumulación cuya característica central está dada por el predominio de procesos de acumulación por despojo34.

En este sentido, la especificidad de esta fase neoliberal no tiene que ver con el “achicamiento” del Estado, ni necesariamente con políticas de ajuste, sino que se trata de una fase de intensificación de las dinámicas de mercantilización mediadas por múltiples y crecientes recursos de violencia. La intensificación de la mercantilización supone una expansión de las fronteras materiales y simbólicas del capital, lo que acontece incluso por medio del intervencionismo activo del Estado35.

Como expresan Duménil y Lévy, el rasgo distintivo del neoliberalismo es “el reforzamiento del poder de la clase capitalista”36, ahora estructurada en una compleja trama institucional que involucra a grandes corporaciones transnacionales, Estados y organismos multilaterales, todos los cuales funcionan bajo la subordinación estricta del capital financiero, al que responden como sus resortes gerenciales. Como hemos señalado en otros trabajos37, este avance del poder de clase no es ajeno al estallido político de la crisis ecológica (…)

*Crítica de la razón progresista. Una Mirada marxista sobre el extractivismo/colonialismo del Siglo XXI” por HORACIO MACHADO ARAOZ. Revista Actuel Marx. Intervenciones N° 19, segundo semestre 2015

(…) La soja, el ganado globalizado y el complejo agroindustrial

En 1996, con la aparición de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), o “síndrome de la vaca loca”, en el Reino Unido, y su posterior transmisión hacia otros países europeos, se produjo un aumento de la demanda de soja para sustituir a las harinas óseas y cárnicas, ya que en ellas se encuentra el origen de esta enfermedad animal. Los procesos de intensificación de la producción ganadera en sistemas confinados (feedlot) incrementó las posibilidades de incorporar tierra a la agricultura y la demanda de cereales y oleaginosas para la alimentación animal creció notablemente debido a la necesidad de sustituir el recurso forrajero dentro de las dietas animales.

La demanda de soja, en forma de harina proteica para alimento de ganado porcino, aumentó fuertemente en China desde inicios del siglo XXI. Este aumento es consecuencia de la política del Estado Chino, conducido por el Partido Comunista, para incrementar la base de la clase media como consecuencia del sostenido crecimiento de la economía nacional, lo que trajo consigo un incremento del consumo de proteína animal en la población. Esto vuelve a evidenciar que el crecimiento de un país está directamente asociado a las políticas públicas en favor de las grandes mayorías y no de los capitales transnacionales. Para tener una idea de la penetración China en el sistema agroalimentario mundial basta mencionar que para 1961 el consumo de carne de cerdo por habitante/por año era de dos kilos y en la actualidad ronda los 40 kilos en una población de más de 1400 millones de habitantes.

Debemos reflexionar también sobre las formas, mecanismos o procesos que se yuxtaponen a la demanda de un producto agrícola en un mundo globalizado. Para esto es importante definir al complejo agroindustrial como un conjunto de eslabones integrados secuencialmente, en el cual se conjugan los procesos tanto de producción primaria, agregado de valor y posterior comercialización. Además, integra a los proveedores de insumos y servicios implicados en la cadena.

Dentro del complejo, las empresas industriales constituyen lo que se denomina el núcleo. Este es el eslabón que, además de llevar adelante el proceso industrial, articula y dirige (a partir de contratos o acuerdos) a los productores sobre qué, cómo y cuánto producir, para la obtención de materias primas con las cualidades demandadas para la industrialización. El eslabón que conforma el núcleo centraliza también la comercialización del producto elaborado en el caso de los cereales y oleaginosas.

Este eslabón-núcleo, en la Argentina, son las famosas cerealeras agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), que con la decisión esporádica de las retenciones cero, dictada por el ministro de Economía Luis Caputo, se llevaron 1500 millones de dólares. Dichas empresas intensificaron durante el siglo XXI el proceso de integración vertical y horizontal: aumentaron el nivel de vinculación y articulación entre sí, con el fin de fomentar la eficiencia empresarial conjunta, originando un mayor beneficio al que obtendrían separadamente como actores del complejo agroindustrial.

Las cerealeras logran, mediante estas acciones, ejercer mecanismos de control sobre el resto de los eslabones de la cadena y formar parte de ellos de un modo crecientemente eficiente. De esta forma, el capital transnacional ha ejercido un control casi total sobre procesos de producción, precios, rutas de exportación, infraestructura, negociaciones y, por supuesto, la relación con el Estado. (…)

Horacio Machado Aráoz manifiesta* en el 2015:

(…)Viendo el presente con las perspectivas de Mariátegui y  Marini, es posible percibir cómo la famosa “década ganada”, la del “desarrollo con inclusión social”, la de la integración regional y la derrota del “imperialismo norteamericano”, ha significado, en realidad, la reconfiguración e intensificación de nuestra inserción colonialperiférica como abastecedores primario-energéticos de la voracidad recargada del sociometabolismo del capital a escala global; ahora en su fase de explotación no convencional, en tiempos de agotamiento del mundo.

Los indicadores sobre la concentración, extranjerización y reprimarización de la economía regional son contundentes. Las exportaciones de bienes primarios se duplicaron entre 1990 y 2000, pero se triplicaron entre 2000 y 2010. Los porcentajes de exportaciones primarias sobre el total de exportaciones superan el 90 % en los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Panamá; llegan al 88 % en los casos de Chile y de Perú; 71 % en Uruguay y Honduras; 68 % en Colombia y Argentina y 57 % en Brasil54. En todos los casos, el principal destino de las exportaciones es la República Popular China, que se ha convertido también en uno de los principales exportadores a la región, de mercancías industriales y de capitales. Los ferrocarriles, factorías mineras, frigoríficos y puertos ingleses del siglo XIX han transmutado hoy en las inversiones chinas en proyectos extractivos y en los planes de infraestructura del IIRSA. Así las cosas, cuesta entender la miopía de la razón progresista que celebra la derrota del imperialismo (o al menos su debilitamiento). Resaltan el distanciamiento de Estados Unidos y consideran a China una “potencia no imperialista”55. En esa mirada que prioriza el mundo de la diplomacia (CELAC, UNASUR, ALBA) –como se ha dicho–, “están implicados reduccionismos analíticos sobre el imperialismo (…) y se ha perdido de vista que el imperialismo es esencialmente el dominio molecular del capital financiero” y que esto, “pese a las regulaciones e impuestos establecidos por algunos gobiernos de izquierda (…) no se ha modificado”56; diríamos más, se ha intensificado. En función de lo ya expresado, si las formas explícitas del imperialismo no asoman por las áreas progresistas de la región, ¿no será que (hasta ahora) no han sido necesarias? (…)

*Crítica de la razón progresista. Una Mirada marxista sobre el extractivismo/colonialismo del Siglo XXI” por HORACIO MACHADO ARAOZ. Revista Actuel Marx. Intervenciones N° 19, segundo semestre 2015

(…) Los transgénicos y la reconversión del sector agropecuario

A partir de la década de 1970, se incrementó la tercerización de labores agropecuarias, mediante la articulación con contratistas de maquinaria, que eran tradicionalmente emprendidas directamente por el productor o de forma cooperativa. Quienes no pudieron tercerizar labores con contratistas quedaron cautivos de lógicas organizativas que, debido a las imposibilidades para poder reconvertirse bajo una lógica empresarial, llegaron a la quiebra. Entonces, la expansión del contratismo, a partir del proceso de agriculturización, benefició a productores empresarios; mientras que los pequeños productores que no pudieron aumentar su escala y afrontar los costos de mecanización se vieron en una situación de gran vulnerabilidad.

Este proceso fue intensificado por políticas neoliberales tales como escasa o nula intervención del Estado, liberalización económica, ajustes aplicados a la economía en su conjunto, desregulación del sector agropecuario, apertura comercial indiscriminada, entre otras preponderantes no solo en el Mercosur; sino en el conjunto de América Latina. Nuevamente, estos elementos regionales favorecieron la “transnacionalización” del sector agroindustrial, y la aparición y consolidación del agronegocio.

En Argentina, a finales de la década del noventa, del total de las exportaciones de soja y sus derivados, la mayor parte de los embarques se realizaron en puertos que son propiedad de las firmas exportadoras. Esto se debió básicamente a la reducción de firmas que se destacaron en la exportación, lo cual refleja una estrecha relación entre concentración e integración vertical. En la misma década, la empresa estadounidense Monsanto logró introducir en el genoma de la soja la secuencia de ADN que codifica para la síntesis de la proteína CP4 EPSPS, obtenida de una bacteria del suelo. Esta proteína presenta tolerancia natural al herbicida glifosato (principio activo del herbicida comercial Roundup).

De esta manera, la mayor eficacia en el control de las malezas que implicaba la falta de restricciones al uso del glifosato durante todo el ciclo de cultivo de la soja, desencadenó un incremento notable en el rendimiento del cultivo. Los países del Mercosur fueron adoptando la tecnología en diferentes momentos. Durante la década de 1990, en Argentina, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) oficializó el proceso de aprobación del cultivo transgénico de soja RR. En el año 1996, y en simultáneo con Estados Unidos y Canadá, la Secretaría de Agricultura a cargo de Felipe Solá, firmó la resolución 167/96 que aprobó la soja transgénica.

Dicha resolución se aprobó en marzo de 1996, por lo que recién en la campaña 1996/1997 se pudo multiplicar masivamente la soja con Organismo Genéticamente Modificado (OGM) para comercializar las semillas y, en la campaña 1997/1998, comenzó a sembrarse masivamente soja transgénica en Argentina. En aquel 1998 el rendimiento promedio a nivel nacional creció de 2 a 2,7 toneladas por hectárea y la superficie comenzó a crecer marcadamente. Así quedó conformado el paquete tecnológico del cultivo de la soja: siembra directa, herbicida glifosato y transgénesis aplicada a la oleaginosa.

Es importante destacar que los pequeños productores subordinados a las empresas agroindustriales deben producir materias primas que pueden ser consideradas «alimentos», luego de un proceso de transformación llevado a cabo por la propia agroindustria o simplemente pueden ser insumos para la elaboración de productos no alimentarios. Este hecho es más pronunciado en Argentina, donde (a diferencia de otros países de América Latina) los pequeños productores surgieron y se establecieron en muchas regiones a partir de la producción de materias primas para la agroindustria y no como productores de alimentos para el mercado interno.

Las empresas condicionaron crecientemente a los productores a su conveniencia, a través de contratos que determinaban la cantidad, calidad y variedad a producir, que el productor debía cumplir para que se le retribuyera su trabajo. Este hecho es común en cultivos de tabaco, té y yerba mate, entre otros. El patrón de desarrollo agropecuario contemporáneo se centró en una serie de factores: el crecimiento de la escala de producción con un aumento en el tamaño de las explotaciones; el uso intensivo y creciente de capital, tecnología y agroquímicos; el uso de insumos industriales; el desarrollo de la biotecnología aplicada emprendida por el sector científico-tecnológico; y las nuevas formas de organización del trabajo y de producción tendientes a la reducción de la necesidad de fuerza de trabajo debido a la mecanización, automatización y tercerización de tareas.

Esta mutación del sector agropecuario y agroindustrial favoreció la consolidación de la concentración de la renta nacional en unas pocas empresas: las famosas cerealeras.

El caso Vicentin como una oportunidad perdida para la soberanía económica

El complejo agroindustrial sojero tiene un núcleo que monopoliza la comercialización de los granos y sus derivados, representado por unas pocas empresas cerealeras. La industrialización y exportación están concentradas en estas firmas que, a lo largo del tiempo, se mantuvieron al tope de los volúmenes comercializados. Son mayoritariamente de capitales extranjeros, como Cargill, Bunge y Louis Dreyfous Compani (LDC), junto a otras de capitales locales, como Aceitera General Deheza (AGD) y Vicentin. Además, el mercado de harina y aceite de soja está dominado por las mismas empresas, ya que el poroto es la materia prima y desarrollaron un esquema vertical de industrialización.

Durante los últimos cinco años el mercado de harina y aceite de soja estuvo dominado solo cinco empresas que concentraron más del 70 por ciento de las exportaciones. Otra vez, son las mismas que se ahorraron los 1500 millones de dólares gracias a Caputo y Milei.

Es sumamente pertinente retomar la discusión acerca del caso Vicentin, que refleja con claridad lo errático que puede volverse el rumbo de una política pública cuando el Estado carece de poder real y de autonomía para actuar. Si bien esta cerealera, a lo largo de las últimas décadas, estuvo en el lote de empresas con mayor exportación, durante el gobierno de Mauricio Macri logró aumentar significativamente sus ingresos brutos por exportaciones de harina, ubicándose en la cima del ranking. Algo similar ocurre con sus exportaciones de aceite de soja, en las que triplico las exportaciones respecto a los años anteriores del gobierno de Cambiemos.

La historia del Vicentin no comenzó en 2019, tiene casi un siglo de antecedentes. Fundada en 1929 como una pequeña almacenadora de granos en Santa Fe, la empresa creció de forma sostenida, ganó espacio en el mercado y amplió su capacidad operativa. Durante la última dictadura cívico-militar, en 1976, logró incluso comprar un puerto sobre el río Paraná. Aquella expansión fue posible gracias a las medidas de liberalización del mercado de granos impulsadas por José Alfredo Martínez de Hoz y a los cambios en materia de exportación y desregulación de la Junta Nacional de Granos. Desde entonces, el grupo comenzó a exportar.

En 1982, el gobierno militar estatizó la deuda externa de la empresa —unos dos millones de dólares—, lo que le permitió seguir creciendo y abrir filiales en el exterior. Décadas más tarde, ya en 2018, Vicentin se había convertido en la mayor exportadora de aceite y harina de soja de la Argentina, pero también con negocios diversificados que incluían frigoríficos, plantas de biodiésel y bodegas.

En 2019, de manera “inexplicable”, Vicentin se declaró en situación de “estrés financiero” y dejó de pagar un crédito multimillonario otorgado por el Banco Nación, bajo la presidencia de Javier González Fraga, puesto en allí por Macri. Lo que hasta entonces era un emblema de éxito empresarial se transformó de pronto en un símbolo de crisis y sospecha. En marzo de 2020, el gobierno de Alberto Fernández anunció la intervención y posible expropiación de la empresa con el objetivo de proteger los empleos y preservar activos estratégicos. Pero la medida naufragó rápidamente. En julio del mismo año la intervención quedó sin efecto tras el rechazo del directorio de la empresa a la propuesta de un fideicomiso estatal.

¿Fue esa negativa la verdadera razón del retroceso oficial? Cuesta creerlo. Las fuertes presiones políticas, el escándalo mediático y las amenazas de sectores que denunciaron una “ofensiva” del peronismo contra la propiedad privada terminaron por torcer la voluntad del gobierno. A eso se sumó la falta de firmeza presidencial y la complicidad del resto del aparato estatal. Así, una posible recuperación de una empresa estratégica —que durante años se benefició de su relación con la banca pública— se convirtió en una oportunidad perdida para el país.

¿Qué alternativa popular agropecuaria podemos construir?

El Complejo Agroindustrial Sojero ocupa el centro de la economía privada argentina. Allí se concentran los grandes negocios del campo, protagonizados por empresarios que no solo acumulan poder económico, sino también político. Son actores capaces de imponer sus intereses como si fueran derechos adquiridos. Las ganancias del sector no se reparten entre productores ni trabajadores rurales: se concentran en el núcleo del agronegocio. Esa concentración no impulsa el desarrollo, sino que lo bloquea. La riqueza que no se distribuye se acumula, y con ella crecen la desigualdad, la pobreza estructural y la degradación institucional.

Hoy la Argentina enfrenta la convergencia de dos formas de saqueo: el del complejo agroindustrial —basado en la captura de rentas del agro— y el saqueo financiero, operado por fondos internacionales y ejecutado por funcionarios ligados a la banca global, como JP Morgan. Ambos modelos vacían la economía real y debilitan la soberanía nacional. Mucho deberán explicar sus protagonistas a la historia. Y mucho tendremos que hacer, como sociedad, para recuperar la gobernabilidad del país desde una perspectiva verdaderamente democrática, popular y transformadora.

Si el peronismo no puede plantear políticas públicas para la transformación real, como la expropiación o intervención de una empresa testigo en materia agroalimentaria, no es más que un administrador de posibilidades para que no se concreten las transformaciones que necesita la sociedad.

Dejamos pasar una oportunidad histórica con Vicentin para empezar a cambiar el modelo de desarrollo económico. Pero, ¿cuáles son las propuestas para revertir esta entrega y no seguir exportando recursos naturales sin ningún tipo de redistribución, ni dignidad para el pueblo? ¿El camino es intervenir el comercio exterior con una nueva Junta Nacional de Granos? O como propone Pedro Peretti, compañero y ex director titular de la Federación Agraria Argentina, ¿hay que crear una Agencia de Control del Comercio Exterior con control social?

Lo que no podemos permitir es que Milei y las cerealeras del complejo agroindustrial se lleven puestos nuestros recursos y nuestra dignidad.

Santiago Burrone. Ingeniero agrónomo, militante popular y administrador del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local de Moreno.

https://agenciatierraviva.com.ar/milei-y-la-soja-los-peores-negocios-para-la-soberania

Fuente: https://rebelion.org/milei-y-la-soja-los-peores-negocios-para-la-soberania/

Observamos que Santiago Burrone olvida a Cofco, la mega empresa china, como una de las cuatro principales cerealeras agroexportadoras. Lo más grave es que confiere a la estatización de Vicentin el carácter de palanca del cambio social y estima camino a seguir el régimen extractivista, pero con distribución equitativa de los beneficios.

  Alternativas emancipatorias 

Es clave en la actual inflexión histórica generalizar la ruptura con el sistema global de agronegocios y de los otros extractivismos que han implantado la contrarreforma agraria integral. De ahí la importancia emancipatoria de concretar la unión plurinacional e intercultural de las existentes luchas por las justicias social y socioterritorial en todo el país-continente para la puesta en práctica de la reforma o revolución agrourbana de carácter anticapitalista, antiimperialista, antirracista, anticlerical, antipatriarcal y decolonizadora tanto del poder como del saber y del ser. Tengamos en cuenta a:

Devenir-colonia:
de Argentum a Rigiland.  
Genealogía del extractivismo; sociología de la casta

17 de noviembre, 2025 

Por Horacio Machado Aráoz.

“En Argentina la tierra es de las multinacionales, así como el agua, el fuego, el aire y el espacio aéreo. Todo lo manejan unas pocas grandes empresas. Entonces, ¿cómo queremos plantear un sistema económico, político, cultural que sea de los pueblos? hay que darle sentido a nuestra existencia y la tarea es muy grande, porque todo está por hacerse. (…) Si vamos a plantearnos una nueva economía, un nuevo paradigma, un nuevo mundo, tenemos que empezar por limpiar nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestro pensamiento… Porque los procesos que hoy son llamados como “desarrollo” se utilizan para sacar utilidad de los territorios y son procesos destructivos… Se sacrifica a los pueblos para que avancen las empresas… Tenemos que revolucionar la revolución a partir de los cuatro elementos y de ahí diversificar y respetar esos derechos territoriales que son la esencia de la convivencia entre las especies… Entonces, es momento de sacrificar a las empresas para restituir a los pueblos, para que renazcan las culturas.” (Marcos Pastrana, Miembro del Consejo de Ancianos de la Comunidad Diaguita Calchaquí de Tafí del Valle, 24 de junio de 2023)

A modo de introducción: Argentina 2025, ¿un “estado fallido”?

En el contexto de la crisis crónica que arrastra y por la que transcurre la Argentina desde la etapa traumática del terrorismo de estado hasta el presente, atravesamos, como sociedad, el momento más crítico de la historia contemporánea. Nos hallamos ante un umbral de descomposición generalizada de los soportes institucionales, materiales y socioculturales que conforman un país, en cuanto entidad jurídico-política formalmente soberana. Precisamente, este es el punto más evidente y característico de la crisis actual.

Por estos días, quienes están ejecutando la intervención extranjera más obscena y desvergonzada -históricamente inédita- sobre la política y la economía del país, dicen hacerlo porque no quieren “un estado fallido en la Argentina”[1]. Semejante declaración revela, ya probablemente, una condición fáctica. Lo que se dice “querer evitar” es aquello en lo que prácticamente nos hemos convertido.

Aunque su responsabilidad sea mayúscula, el gobierno de Milei no es el único responsable, ni es el origen ni el fondo del problema. Sólo representa fielmente el grado extremo de decadencia moral e intelectual de la oligarquía que, de facto, gobierna el país, tanto desde el aparato del estado como desde sus sillones de dueños. Semejante decadencia ha arrastrado consigo a toda la sociedad, a su economía, a su cultura; ha llegado al punto de embargar su propia base territorial fundamental.

Bajo el peso de las “Bases”, (re-)instauradas por el terrorismo de estado, el país ha sido sumido en una espiral de profundización extractivista que está tocando fondo. Desde las políticas de Martínez de Hoz hasta las de Milei, el extractivismo se consolidó como la única política de estado realmente existente; un mandato pétreo que ha sido ejecutado a sangre y fuego, tanto por gobiernos ortodoxos y abiertamente neoliberales, como por heterodoxias neodesarrollistas -en realidad, neoliberalismos progresistas (Fraser, 2017).

La política extractivista ha involucrado una profunda reconfiguración oligárquica de la sociedad, vía la imposición de un modelo primario-exportador dominado por el capital transnacional, regido bajo la lógica de la rentabilidad financiera global. Bajo sus efectos, el país ha trazado un derrotero de regresión económica crónica, empobrecimiento estructural, degradación socioambiental, deterioro de la convivencialidad y la institucionalidad política, vulneración sistemática y creciente de derechos básicos de las poblaciones y profundización extrema de la dependencia externa.

En ese proceso, cada peldaño de semejante deterioro involucró y estuvo vinculado a la retroalimentación de sucesivos ciclos de endeudamiento y de despojo ecológico-político; es decir, hablamos de ciclos de erosión sistemática de las condiciones más elementales de la soberanía política. Así, la escalada extractivista se revela como la forma material de un nuevo estatuto colonial. 

Lejos de ser -como generalmente se piensa- un problema marginal o sectorial, apenas una cuestión de “los ambientalistas”, el extractivismo afecta a las condiciones materiales básicas de constitución como sociedad política mínimamente independiente.

No sólo es que no puede haber “desarrollo”, ni “justicia social”, ni mucho menos “democracia” dentro de los taxativos límites de un régimen extractivista; es que no puede haber lisa y llanamente, país que sea viable como tal.

Pese a ser el problema crucial y más determinante que está en la base y la matriz de todos los problemas económicos, políticos y culturales que afectan al país, es un tema absolutamente ajeno a la agenda política del sistema; es una cuestión que pasa completamente desapercibido y hasta ignorado en los debates electorales y gubernamentales. Eso justamente da cuenta de que el extractivismo remite al colonialismo y la colonialidad como problema de fondo, estructural, y que atraviesa por completo e integralmente a todo el arco político y a todas las fuerzas y expresiones partidarias, en mayor o menor medida y con sus respectivos matices.

En su forma más extrema, extractivismo es, lisa y llanamente, denegación de la soberanía. Hablar de extractivismo, por tanto, significa afrontar la cruda realidad de la cuestión colonial como una cuestión no plenamente saldada; una cadena de sujeción histórico-geográfica nunca completamente rota ni superada. Como problema colonial, el extractivismo hunde sus raíces hasta los orígenes mismos del proceso geohistórico de conformación de la territorialidad argentífera; genéricamente commoditie. (…)

*El autor pertenece al Colectivo de Ecología Política del Sur. IRES-CONICET-UNCA.

Referencias: (…)

Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/11/17/devenir-colonia-de-argentum-a-rigiland-genealogia-del-extractivismo-sociologia-de-la-casta/

Construyamos la unión de las luchas por la vida y la dignidad de los pueblos que existen en todo el país como las que procuran justicia social y defensas-recuperaciones de territorios. Unión que vaya concretando el protagonismo deliberante (¿o deliberativo?) de los pueblos en autodeterminación respectiva.

¿Qué delibera y decide? Cómo construir poder de erradicar extractivismos y recuperar los bienes comunes.

Comprobamos que en la actualidad argentina y mundial hay disputa de territorios. El establishment y sus burocracias para maximizar el régimen extractivista mientras las comunidades y naciones procuran crear sus respectivos “buenos vivires” y entrelazarlos como todo lo existente en la Madre Tierra.

Como la Pacha donde las distintas especies biológicas que comparten un lugar geográfico constituyen una comunidad, las resistencias a la vez que re-existencias avanzan comunalizándose y en simultáneo se territorializan. Esto es, crean comunidad autónoma liberando el trabajo del Capital por responder al compromiso colectivo de cultivar política económica, cultura, espiritualidad, cosmovisión en simbiosis con la naturaleza.

¿Cómo constituir unión de esas comunidades que esté arraigada y posea potencial de reestructuración del modo de habitar la Pacha? Ante la contrarreforma agraria integral del neoliberalismo como resultado de los extractivismos rurourbanos, cabe la reforma o revolución agrourbana de carácter anticapitalista, antirracista, anticlerical, antipatriarcal y decolonizadora del poder, del saber y del ser. Orientaciones que ya florecen emergiendo de singulares subjetividades colectivas en rebeldía ante sus respectivos avasallamientos de derechos por el capitalismo.

Qué Trabajo

De cosificación del ser humano subsumido totalmente al Capital tanto en el empleo formal, tercerizado e informal como en la cotidianidad de la sociedad de consumo y en las políticas de desinformación, manipulación de deseos, necesidades e ideas

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /
Alternativas emancipatorias

Expropiado y explotado por la burguesía

Analicemos contextualizando la reforma laboral que es el octavo punto clave del Pacto de Mayo, inmediatamente después del medular:  7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

Veamos secuencia:

8.Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

9.Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron.

10.La apertura al comercio internacional, de manera que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

Reparemos en cómo avanzó y avanza el neoliberalismo expoliando y sometiendo cada vez más a los trabajadores.

11º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo.

Buenos Aires 7,8 y 9 de agosto de 2013

Grupo 9: Tercerización y subcontratación laboral: sus efectos sobre los procesos productivos, el empleo y las relaciones laboral

Ponencia

“La tercerización y la subcontratación como
características del nuevo modo de desarrollo”.

Dr. Julio César Neffa

CEIL CONICET

juliocneffa@gmail.com

(…) Las empresas contratantes, por su magnitud y porque frecuentemente tienen que contar con organizaciones sindicales propias o comisiones sindicales internas, son más vulnerables a los conflictos pues éstas pueden demandar altas tasas de salarios de acuerdo con la productividad promedio de los factores de la producción.

Las subcontratatistas, debido a su menor talla y a modos de gestión de la fuerza de trabajo con orientaciones paternalistas, tienen con frecuencia tasas de sindicalización más bajas que el promedio de la rama. Puede ocurrir entonces que una empresa subcontratista, resultante de la tercerización, establezca salarios más bajos y menores beneficios sociales en convenios colectivos con su personal que en el caso de que dichas actividades quedarán a cargo de la empresa contratante, generando para ésta una tasa de ganancia elevada.

Por otra parte, los procesos de subcontratación y tercerización ponen de relieve que dentro de estas empresas diversas modalidades mencionadas de la flexibilidad están muy presentes, y que se instauran formas diversas de selección y reclutamiento que provocan la segmentación de la fuerza de trabajo, intensificando las divisiones y tensiones dentro del colectivo de trabajo.

Finalmente se consolida una nueva modalidad de división del trabajo, es decir la división social entre empresas que es una modalidad de gestión, para reducir costos y ganar en flexibilidad.

En algunos casos las empresas subcontratistas son una emanación de la empresa contratante, aunque jurídicamente autónoma, que ésta crea con el objeto de lograr varios objetivos: resolver complejos problemas de gestión de la producción generados por el efecto dimensión, reducir el personal de planta permanente que es más sensible ante la acción sindical, intensificar el trabajo de sus miembros por la presión que ejerce el desempleo o simplemente para reducir sus costos unitarios de producción.

Si se analizan con una perspectiva histórica, se observa que los denominados “empleos típicos”, “verdaderos empleos” (seguros, estables y con protección social) van disminuyendo en términos absolutos en los principales países capitalistas industrializados y en todas las naciones ha comenzado a reducir su porcentaje sobre el total; por otra parte, esa proporción es cada vez más pequeña cuando la economía de un país está menos desarrollada.

Por el contrario, desde hace tres décadas los trabajos/empleos precarios, donde predominan “formas específicas de empleo”, “formas particulares de empleo” -con las características analizadas en la primera parte de este documento- han pasado a ser la mayoría de los nuevos empleos creados tanto en el sector público como en el privado; su proporción dentro del total crece en todos los países.

Consideramos que dentro de la categoría de trabajo/empleo precario quedan incluidas total o parcialmente las otras dos modalidades de relación salarial: trabajos/empleos no registrados, así como trabajos/empleos y unidades económicas informales. En efecto, todos los trabajos/empleos informales y los que se encuentran en las unidades económicas informales, así como los trabajos/empleos no registrados, tienen en común su carácter precario.

Atendamos a Julio César Neffa cómo concluye su ponencia de agosto de 2013 durante el segundo gobierno de Cristina Fernández:

Reflexiones y perspectivas

El proceso de tercerización y de subcontratación emerge como una necesidad del modo de producción capitalista en su fase actual, para hacer frente a sus contradicciones. De modo que estamos en presencia de un fenómeno estructural donde hace falta más estudios empíricos para identificar sus múltiples modalidades. Para intentar cambiarlos o de frenar su impacto negativo sobre el empleo y las condiciones y medio ambiente de trabajo es necesario cambiar el actual modo de desarrollo, es decir modificar las formas institucionales (el Estado, la moneda, la inserción en la división internacional del trabajo, las formas de la competencia en el mercado y la relación salarial) que condicionan y orientan el proceso de acumulación del capital para instaurar uno nuevo. Esa tarea no puede concretarse en el corto plazo, requiere diseñar un proyecto alternativo y no puede intentarse sin la activa participación de los trabajadores, contando con el apoyo de los intelectuales que asignen al trabajo un valor central en la sociedad y de los demás actores sociales que compartan esa orientación.

Bibliografía (…)

Fuente: https://aset.org.ar/congresos-anteriores/11/ponencias/p9_Neffa.pdf

Comprendamos que estamos hundidos en el despliegue nazi fascista del sistema mundo capitalista y sus locales para acaparar totalmente los territorios del Sur global a mercantilizar e implica exterminar la vida humana, no humana. De modo que urge la unión de todas las luchas por justicia social con las defensas y recuperaciones de territorios para la vida humana/no humana y la dignidad de los pueblos de Argentina y de todo el Abya Yala.

Reflexionemos qué señala sobre el malvivir que mata y enferma:

Damian Ripetta

Hicieron todo para convalidar la reforma laboral. Porque el aumento de la precarización, del monotributismo, de la tercerización, de la pérdida de derechos y condiciones de trabajo, vienen desde hace mucho y sostenidas. Porque hoy el salario no alcanza no importa cuántos empleos acumules, porque el trabajo escasea a medida que la recesión se impone.

Porque el deterioro de las condiciones de vida no es de ayer ni de antes de ayer. Vivimos en un país sin historia, sin memoria, sin análisis de lo vivido. Basta ver cómo, incluso en la década ganada, aumentó exponencialmente la precarización laboral como forma de contratación. Porque buscaron aumentar la tasa de ganancia de las patronales reventando los derechos de la clase trabajadora y resolver la crisis de un capitalismo argentino que tambalea hace más de trece años.

Entonces hablar de la futura reforma laboral mileísta implica hablar de un proceso de deterioro que busca consolidarse ahora pero que está lejos de surgir o emerger con el gobierno libertario. Basta ver y analizar cómo cambió la composición de la clase trabajadora tras el neoliberalismo. Porque el kirchnerismo le lavó la cara al menemismo y después el macrismo buscó retomar una agenda que nunca se abandonó. Ni siquiera durante ese gobierno autodenominado, cínicamente, de todos. Porque en Argentina, son todos gobiernos de clase. Reparten distinto, pero ajustan parecido. Y el problema siempre es la clase trabajadora. Sus aumentos de sueldos, sus derechos laborales, sus condiciones de vida. Porque hay que reducirnos a la mera sobrevivencia. Porque no se piden los balances de las empresas, pero se auditan planes miserables.

Y hoy se pagan las consecuencias. Porque la propia UTEP es un emergente de esa precarización y sub-empleo constitutivo de la argentina post 2001. Porque toda la concepción reaccionaria (y a tono con la doctrina social de la Iglesia) de la «economía popular», tuvo más de convalidación de la auto-explotación y el subempleo tercerizado que de formas asociativas de trabajo colectivo. Porque la UTEP convalidó la precarización dándole entidad gremial. Porque la sacralizó y buscó hacerla permanente, al disociar a los trabajadores de las distintas ramas de sus respectivos convenios colectivos de trabajo.

Porque la CGT acompañó ese proceso que le resolvía el quilombo de cómo integrar a diez millones de laburantes desconveniados, sumándole la posibilidad de crear empresas subsidiarias a los gremios que los explotaran.

Porque le resolvió el problema al Estado, creando categorías que los eximiera de la responsabilidad de contrariar la precarización creciente. Y ni que hablar de aprovechar esa mano de obra regalada para hacer todo el mantenimiento del espacio urbano, construcción, producción, y diversos trabajos municipales anteriormente más caros.

Y porque le resolvió el problema a la burguesía, que usó y abusó de esas posibilidades de contratación y salarios por debajo de la canasta de indigencia. En términos actuales, «empredurismo» y «economía popular» son dos caras de una misma moneda de superexplotación.

La reforma laboral en ciernes no se explica sin esas agachadas permanentes de los organismos obreros (manejados por empresarios, todos los gordos justicialistas de la CGT son empresarios), pero tampoco se explica sin el carácter de clase de los «gobiernos populares».

Porque el mileísmo retoma el programa que hace tiempo viene unificando a las patronales para llevarlos a fondo. Y ese programa no puede ser más que un ataque frontal contra una clase trabajadora prácticamente desguarnecida.

Nunca se puso/pone arriba de la mesa, cuando se habla de «modernización» que el aumento exorbitante de la productividad por el aumento tecnológico, la IA, la robótica, etc. abre caminos de reforma en los convenios colectivos progresivos hacia la clase trabajadora. Que modernizar y «adaptarse» no es reproducir condiciones de contratación y empleos propias del siglo XIX. Que podemos trabajar todos, pero menos. Que la rentabilidad está cada vez más concentrada. Un país donde el 10% más rico concentra el 59% de la riqueza, mientras la mitad de la población más pobre (¡la mitad!) nos quedamos con el 4%. Un país donde acceder a bienes elementales como una vivienda resulta un lujo imposible.

Podemos trabajar menos, podemos trabajar todos, podemos apuntalar una sociedad que no esté anclada ni en la especulación de los mercados, ni en la rentabilidad del capital, sino en las necesidades socialmente necesarias para nuestra reproducción, tanto material como social y cultural. En fin, una sociedad que centre su atención en la humanidad y no en la mercancía.

Milei no se explica sin el PJ. La reforma laboral libertaria no se explica sin las décadas de brutalización de las condiciones de vida y trabajo. En vez de estupideces de recambio, de ese juego de la buena pipa político, lo que hay que debatir y pensar, es en las necesidades humanas. Y actuar en consecuencia.

 

Ecocida y genocida

Dejemos de naturalizar nuestro modo de vida y trabajo. La pandemia debería habernos interpelado sobre cómo se originó, porqué se fue prorrogando la emergencia alimentaria desde 2002 y, también sobre el deterioro de valores nutricionales y la contaminación de los alimentos.

Situémonos en la gravedad de las emergencias socioeconómica del 90% y de la socioecológica, cuya manifestación más contundente es la climática.

Devenir-colonia:
de Argentum a Rigiland.  
Genealogía del extractivismo; sociología de la casta

17 de noviembre de 2025 

Por Horacio Machado Aráoz.

(…) 1.- Extractivismo y origen colonial del estado argentífero

Epistemológicamente, extractivismo remite a un modo de concebir y tratar la “Naturaleza”; expresa la visión occidentalocéntrica que desconoce la Tierra como planeta vivo y la reduce a una mera condición de “reservorio de recursos”. En términos ontológico-políticos, esta concepción se ha materializado en un patrón socioterritorial de poder.

En este sentido, el extractivismo es un modo de organización, producción y disposición oligárquica de territorios y poblaciones -de sus energías vitales y sus capacidades geoculturales- como soporte subordinado al mantenimiento de condiciones de vida privilegiadas. El privilegio es, ipso facto, una condición minoritaria, elitista, exclusiva y excluyente. Es lo que está en las antípodas de la noción de República como matriz y forma política.

En nuestros orígenes históricos como presunta “Nación”, la materia y el nombre de esos privilegios fundacionales del “modo de vida imperial” (Brand y Wissen, 2019) fue la plata, el metal precioso que en el largo siglo XVI inundó la Tierra como valor de cambio para dar origen al sistema-mundo del capital. Argentum. Plata. Virreinato del Río de la Plata. Argentina – tierra de la plata. Es llamativo cómo los argentinos tenemos tan naturalizada nuestra originaria condición colonial-extractivista que hasta la portamos frescamente en el propio nombre del país.

Pareciera que, desde esos orígenes, hubiéramos quedado sumidos al “destino manifiesto” del colonizador. Fue su ojo cegado de avaricia, que vio y concibió el territorio sólo como objeto de explotación y extracción, el que nos legó no sólo el nombre, sino también la matriz geopolítica originaria. La plata -materia y símbolo de la ocupación colonial moderna de estos suelos- quedó inscripta como ordenamiento territorial y economía política del colonizador y de sus secuaces herederos. Desde entonces, hemos sido constituidos como una zona de saqueo colonial; un enclave extractivista gerenciado por un régimen oligárquico dependiente.

Y eso no cambió mucho de 1776 a 1810-1853. De la época del Virreinato a la emergencia de las “Provincias Unidas”, quedó el nombre y quedó la matriz territorial de poder; sólo cambió la materia del proceso extractivo: el cuero, el tasajo, luego, la lana, los cereales; más tarde, la carne enfriada… De los saladeros a los frigoríficos; de aquella lejana época de puertos y ferrocarriles, al presente de celulares, economía digital y satélites, casi que sólo han cambiado las materias y las mediaciones tecnológicas.

Hoy el interés extractivo se centra en la soja y el complejo oleaginoso; en los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta; en la minería de litio, oro, cobre y cuantos otros minerales levanten vuelo en la Bolsa de Toronto.

Del pasaje de la plata al cuero y el tasajo, del Camino Real a los saladeros y de éstos a la llamada “Campaña del Desierto”, la configuración de la geografía política del país naciente estuvo sobredeterminada por el interés mercantil-extractivista de una minoría violenta que se arrogó el poder de actuar en nombre y representación de la “nación”. No se trata apenas de que naturalizamos el nombre del país asociado a la materia prima del saqueo. La historia oficial pasa por alto hasta qué punto el Estado argentino emergió como medio y efecto de un proceso de conquista ecogenocida que procedió al arrebato de los territorios de las naciones originarias pre-existentes para reconfigurarlos, progresivamente, como cuadrículas monoculturales de exportación de commodities.

Mal que nos pese, es fundamental cobrar consciencia de que nunca hemos llegado a constituir propiamente un pueblo que se autogobierna; una comunidad política con soberanía plena. Nuestra Constitución profesa soberanía y república sólo como vocación y mandato popular nunca plenamente realizado. Desde sus orígenes, la república emergió cooptada y asfixiada bajo el yugo del poder oligárquico extractivista; oligárquico primario-exportador. Roca fue el personaje clave de la construcción material y simbólica del estado argentino: el Ejército conquistando tierras indígenas; repartiéndolas a los miembros de la emergente Sociedad Rural Argentina, fundando su prosperidad a base de masacres y usurpaciones. Así, una oligarquía extractivista consagró su interés de clase como “progreso de la nación”: la “generación patricia de los ’80” sentando las Bases del estado colonial argentino; racismo y extractivismo como razón de estado.

En la raíz de nuestra historia y de nuestra geografía política, hallamos el extractivismo como piedra basal de un régimen oligárquico que obtura estructuralmente, sistemáticamente, las posibilidades de constitución de un pueblo soberano. La gestión extractivista fue el molde fundacional a partir del cual se constituyó el ordenamiento económico, político y socioterritorial del estado colonial argentino. Éste se erigió como el brazo armado y legal al servicio de la oligarquía terrateniente. En su fase fundacional, el estado consolida la concentración del poder económico y político de una élite que ejerce el control sobre los fragmentos territoriales vinculados al mercado mundial en cuanto proveedores de materias primas. Erige y garantiza sus privilegios de clase, a costa del despojo y la sobre-explotación de amplias mayorías sociales segregadas[2].

Un aspecto clave del régimen es que los privilegios internos estaban estructuralmente ligados a una posición de subordinación y dependencia extrema a nivel externo. Las oligarquías extractivistas de la periferia combinan explotación interna con subordinación externa. En su análisis clásico de “Dialéctica de la dependencia” (1973), Ruy Mauro Marini señaló que la “inserción” primario-exportadora de América Latina en el mercado mundial sería fundamental para el desarrollo del capitalismo como sistema económico global.

Durante los siglos XVI y XVII, como “colonia productora de metales preciosos y géneros exóticos contribuyó al aumento del flujo de mercancías y a la expansión de los medios de pago, que, al tiempo que permitían el desarrollo del capital comercial y bancario en Europa”; y ya, durante el siglo XIX, “la oferta mundial de alimentos, que América Latina contribuye a crear… desempeña un papel significativo en el aumento de la plusvalía relativa en los países industriales” (Marini, 2008: 117).

El caso de Argentina es emblemático del análisis que realiza Marini: durante la primera mitad del siglo XIX, los saladeros de las “Provincias Unidas del Río de la Plata” aportaron no sólo el cuero para la industria británica, sino también, decisivamente el tasajo, que permitió “alimentar” a la fuerza de trabajo esclavizada en las plantaciones de algodón norteamericanas. Ya durante la segunda mitad, la oferta alimentaria que le provee el país será decisiva para que “el eje de la acumulación en la economía industrial se desplace de la producción de plusvalía absoluta a la de plusvalía relativa, es decir, que la acumulación pasa a depender más del aumento de la capacidad productiva del trabajo que simplemente de la explotación del trabajador.

Sin embargo, el desarrollo de la producción latinoamericana, que permite a la región coadyuvar a este cambio cualitativo en los países centrales, se dará fundamentalmente con base en una mayor explotación del trabajador” (Marini, 2008: 114-115).

El lujo estanciero, los privilegios de la clase terrateniente ganadera que se apropió violentamente de la productividad primaria de la pampa húmeda “rioplatense” permitirá fundar el régimen asalariado de plusvalía relativa en la metrópoli; un régimen de “explotación suave” basado en la violencia económica del mercado (Meiksins Wood, 2008). En cambio, para su funcionamiento interno, el capitalismo extractivista no podrá prescindir del recurso sistemático a la violencia extra-económica -aportada decisivamente por el aparato represivo del estado-, ya que, “tranqueras adentro”, la acumulación depende crucialmente de la explotación del trabajador.

Para la historiografía colonial, esta fue la “época de oro” de la Argentina, un período de “orden y progreso”. La gestión extractivista convergía en el vértice, donde los propietarios disponían al mismo tiempo de las tierras y del estado; del látigo y la fusta, al interior de las estancias, las “eaps” (explotaciones agropecuarias, según su denominación censal), y del fusil para las calles.

El régimen extractivista, patrón de poder oligárquico de apropiación y disposición de las energías vitales de un pueblo, siempre significó esa ecuación de poder abismalmente asimétrica; siempre supuso la explotación coordinada de la tierra y de los cuerpos inferiorizados, despojados, de trabajadora/es. El despojo y la concentración territorial es la base económica de este sistema: deja la tierra a la libre disponibilidad de los “inversores”; deja a los pueblos a la libre disponibilidad de los “empleadores”. La libertad “económica” (de explotación) se convierte en motor de la “prosperidad”.

No es por acaso que Milei evoca embelesado aquella época, aquel “orden”, aquel “progreso” como su modelo ideal arquetípico. Su Ley de Bases (27742) remite a aquellas bases. Su proyecto pretende retrotraernos a un estado de sujeción y explotación peor que el decimonónico.

2.- El terrorismo de estado y las Bases del extractivismo neoliberal

Los primeros años de la década de 1970 fueron especialmente traumáticos para el sistema-mundo del capital. No sólo se veía asediado por las fuerzas sociales que tuvieron su epicentro en los movimientos de rebeldías plurales y radicales del ’68, sino que también emergía el agotamiento de la Tierra como problema global. El capitalismo se empezaba a mostrar como un sistema energívoro que ponía en crisis la propia dinámica de reproducción de la Biósfera. La acumulación -centro y fin del sistema- sólo se realiza a costa de la extracción y consumo creciente de las energías vitales de la Tierra: tanto la energía primaria natural ligada a la propia dinámica biogeoquímica de la vida terráquea, cuanto la energía social, específicamente humana, extraída de la capacidad de trabajo de los organismos humanos vivientes.

Se empieza a hacer política y globalmente visible que las crisis capitalistas no sólo son crisis financieras, de caídas de la tasa de rentabilidad, de ofertas y demandas de mercancías, de flujos de dinero y de deudas, sino fundamentalmente, crisis de agotamiento de materia y energía. La lógica expansionista y aceleracionista del capital requiere cada vez más energía y esto empezó a dejar un planeta exhausto. El “crecimiento económico” de posguerra, de la mano del Welfare/ Warfare State y sus variantes en el Este y en el Sur global, provocó la primera crisis energética global que se manifestó entre 1971 y 1973 con subas extraordinarias en los precios del petróleo.

En 1972 se publicaba el “Informe Meadows” que advertía de la senda de insustentabilidad de una economía de crecimiento perpetuo en un mundo de taxativos límites físicos. El agotamiento de “recursos” era una realidad inminente, de la mano del segundo proceso de descolonización, de África y de Asia, y del reclamo de los países del “Tercer Mundo” por acceder a sus propias vías de “desarrollo” y el derecho a disponer de sus propios recursos. Las nacionalizaciones de yacimientos minerales y de reservas hidrocarburíferas se consideraron parte fundamental de la “independencia” económica de los países “emergentes” del “pasado” colonial.

Un año antes del Informe Meadows, también de la Primer Cumbre Mundial de la Tierra convocada por la ONU en Estocolmo, Eduardo Galeano publicaba “Las venas abiertas de América Latina”. Allí denunciaba: “Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal, se ha acumulado y acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos”. El libro de Galeano se difundía como reguero de pólvora en juventudes ávidas de libertad, de igualdad, pero, sobre todo, de justicia. Había una conciencia social extendida de que, sin justicia, no hay libertad posible. Esto acontecía simultáneamente al resquebrajamiento de la estrategia industrial-desarrollista ensayada en la región, de la que Argentina había sido precursora. Muchos de quienes abrazaron la ilusión desarrollista pensaron que era el camino de la “liberación”.

A contrapelo, Marini advertía: “La historia del subdesarrollo latinoamericano es la historia del desarrollo del sistema capitalista mundial” (2013: 47). El desarrollo capitalista autónomo -quedó manifiesto- es un oxímoron en la periferia. Y la región se convirtió en un (nuevo) baño de sangre.

El derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende en Chile (11 de septiembre 1973) que inaugura la cruenta dictadura de Pinochet, fue apalancado por el gobierno de Estados Unidos y tuvo el color, el olor y la textura del cobre. Mineral fundamental para la industria de la época, el 43 % de todo el abastecimiento mundial salía de yacimientos chilenos controlados por dos grandes empresas norteamericanas: Anaconda Mining Co. y Kennecott Copper Co. (Machado Aráoz, 2011) Para el centro geopolítico y económico del imperio del capital, la nacionalización del cobre era algo inaceptable. Y obró en consecuencia.

Pero el régimen de Pinochet no se instauró sólo para saldar la cuestión del cobre, sino para ser el gran laboratorio a cielo abierto de una fenomenal arremetida geopolítica de reconfiguración de la estructura imperialista de la acumulación a escala global. Claro, para ello, el cobre, los minerales, los cuerpos de aguas, las reservas energéticas, los suelos, la biodiversidad, eran imprescindibles. Fueron el objetivo clave de una nueva oleada de despojo y de intensificación extractivista.

Mediante el Decreto Ley 600 (1974) que sanciona el nuevo Estatuto de Inversión Extranjera, seguido de la nueva Ley Orgánica Constitucional de Inversiones Mineras (Ley N° 18.097) y el nuevo Código de Aguas (1981), el régimen de Pinochet no sólo restableció el dominio del capital transnacional sobre los yacimientos y fuentes de aguas, sino que modeló toda una ingeniería jurídica de blindaje de las inversiones extranjeras y libre acceso a los bienes naturales, que luego sería propagado por el FMI y el Banco Mundial como las “reformas estructurales” que instaurarían una nueva fase histórico-geográfica de la acumulación global.

La dictadura argentina siguió “al pie de la letra” las reformas pinochetistas. Martínez de Hoz, su ideólogo económico, refrendó la pretensión restauradora del régimen en sus “Bases para una Argentina moderna 1976-80” (1981). Es el eslabón clave entre las Bases de Alberdi y las de Milei. Impulsó las leyes N° 21382 de Inversiones Extranjeras, N° 21.526 de Entidades Financieras, la ley 22.095 que establecía el nuevo “régimen de incentivos” para la inversión extranjera en minería, en concurrencia con la ley 22.259 que liberalizaba el sistema de concesiones de minas y yacimientos.

Más allá de las leyes, el terror fue el centro de su estrategia política. Se trataba de quebrar el movimiento obrero, las organizaciones sociales y sindicales que crecieron al calor de las luchas en las décadas precedentes. El verbo que usó la dictadura para enunciar sus objetivos fue “aniquilar”; etimológica y literalmente, reducir a la nada. Tal parece ser una representación fidedigna de los propósitos de la época: se trataba de aniquilar todo tipo de resistencia; cualquier forma de pueblo -es decir de fuerza social organizada y con autoconciencia y voluntad de autonomía- que se interpusiera entre el capital global y los territorios.

No otra cosa es lo que define políticamente el extractivismo neoliberal. Se trata de una empresa de reconquista; de recolonización. De expansión de las fronteras de mercantilización y de súper-explotación de la tierra y de los cuerpos.

Como dijimos, en términos ecológico-políticos, el neoliberalismo es el proyecto geopolítico de las grandes potencias para recuperar el acceso y control de las reservas de recursos de las zonas coloniales (Machado Aráoz, 2011). Los regímenes militares que inauguran esta fase tuvieron la misión de restablecer la dominación interna como condición de posibilidad para la subordinación externa. El terrorismo de estado marca un momento en el que “la burguesía industrial latinoamericana pasa del ideal de un desarrollo autónomo hacia una integración directa (subsunción) con los capitales imperialistas, dando lugar a un nuevo tipo de dependencia, mucho más radical que la anterior. El mecanismo de la asociación de capitales es la forma que consagra esta integración, que no sólo desnacionaliza definitivamente la burguesía local, sino también… refuerza el divorcio entre la burguesía y las masas populares, intensificando la súper-explotación” (Marini, 2013: 62).

Una vez más en la historia, la violencia extra-económica del capital, el estado como brazo armado de la burguesía, se activó para quebrar las resistencias y restaurar el régimen de acumulación por súper-explotación, como la característica estructural del capitalismo periférico-dependiente. Y la dictadura sentó las bases de ese proceso. La apertura comercial y la liberalización financiera detonaron una dinámica de desindustrialización, re-primarización, concentración y extranjerización del aparato productivo del país. Esto significó un mazazo demoledor sobre la columna vertebral de la estructura social y los niveles previos de integración de la sociedad argentina, su riqueza y grado de diversidad sociocultural. El endeudamiento externo operó semejante desmantelamiento y significó la intensificación de una integración subordinada a los flujos financieros del capital transnacional: “las ganancias pasaron a contabilizarse y resguardarse en divisas, lo cual implicó un constante flujo de salidas” (Cantamutto, Schorr y Wainer, 2024: 55). (…)

Cuestionemos, ante todo, que estamos bajo el gobierno de Milei cuando lo cierto es que nos rige directamente el establishment transnacional subordinando al transnacionalizado. ¿Por qué? El balotaje de 2023 contenía la Ley Ómnibus que devino Ley Bases y su RIGI, ésta como reafirmación de todo el cuerpo jurídico -elaborado desde 1977- en beneficio exclusivo de la acumulación gran capitalista por creciente explotación tanto de la naturaleza como de los trabajadores. La presentó el establishment junto al DNU, Pacto de Mayo y Protocolo Represivo que fueron y son los planes de gobierno del establishment.

UBIQUÉMONOS EN LA REALIDAD PROFUNDA DE ARGENTINA Y DEL 90% HUMANO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE HORACIO MACHADO ARÁOZ:

(…) La capacidad de disposición del capital avanza, ya, sobre los fundamentos constitutivos de la Vida, y sobre la totalidad de sus dimensiones y manifestaciones, desde su estricto sentido biológico y hasta sus más profundas y complejas expresiones socioculturales. Entramos así en una nueva era, históricamente inédita, en la que el conjunto de las condiciones ecológicas, socioculturales y políticas que hacen a la reproducción histórica de la vida quedan sobredeterminadas y subsumidas (es decir, apropiadas, transformadas, refuncionalizadas y subordinadas funcionalmente) a los imperativos de la acumulación (…).

*Crítica de la razón progresista. Una Mirada marxista sobre el extractivismo/colonialismo del Siglo XXI” por HORACIO MACHADO ARAOZ. Revista Actuel Marx. Intervenciones N° 19, segundo semestre 2015

Entonces, a fines de los 40 años de ‘democracia, el establishment percibe su omnipotencia producto de 40 años de las legalizadas-legitimadas (justificadas en nombre de honrar la deuda y con los K de desendeudar) expropiaciones y mercantilizaciones de bienes comunes tanto sociales como naturales. Los dos candidatos se comprometieron, públicamente, a concretarlos hasta mediante genocidio como en Palestina y ratificaron las relaciones carnales de Argentina con EE.UU. ya establecidas por Sergio Massa durante su presidencia de facto de más de un año.

La omnipotencia del establishment se enmarca en la maximización de la concentración y centralización del capital en el sistema mundo cuyo Occidente se jacta de democratizar la institucionalidad nacional e internacional. Sin embargo, ésta se ha desenmascarado como falsa ante su apoyo integral al exterminio de los palestinos por Israel-EE.UU. para apoderarse, por completo, de su territorio devastado en tierras a mercantilizar.

Los gobiernos de turno durante los cuarenta años ejecutaron el cumplimiento fiel de la “Miseria Planificada”, como Rodolfo Walsh acusó a la Junta Militar, por el establishment durante su genocida dictadura militar, eclesiástica y pro imperialista. Asumieron como responsabilidad prioritaria al pago de los servicios de la deuda del establishment, estatizada casi totalmente por el nefasto e impune Domingo Cavallo a fines de la dictadura genocida. Pero, ¿para qué? Justificar en la agenda pública y social al saqueo del establishment de riquezas e ingresos. También le hace posible la fuga de capitales y recibir subsidios directos e indirectos para efectivizar su rentabilidad extraordinaria. En suma, los extractivismos no obedecen a la obtención de divisas, sino que son el único modo capitalista de producción y mercantilización de tanto la naturaleza como de los cuerpos humanos en el Sur Global.

La democracia continuadora de la dictadura militar eclesiástica convirtió al régimen latifundista en régimen extractivista del neoliberalismo, a los jerarcas sindicales en gran capital local y a la burocracia política en casta. Aún más, prohíbe la autodeterminación de los pueblos de Argentina y es la causante fundamental de la percepción mayoritaria acorde con el sistema. No la produjo el terrorismo de la dictadura genocida ni el del gobierno constitucional de Perón y luego de su viuda sostenida por el PJ garante esencial al desarrollo del neoliberalismo por vertebrarse en el Estado Corporativo que Perón fundó en 1944 para el bloqueo de la lucha de clases.

Destaquemos qué Horacio Machado Aráoz nos advierte en “Una reflexión final: La centralidad de la Tierra para un proyecto de soberanía popular”.

(…) El extractivismo ha terminado afectando el vínculo histórico y económico-político, material y simbólico, entre Pueblo y Suelo, entre Pueblo y Territorio. Sin territorio propio, la noción misma de pueblo se disuelve; se desvanece en el aire, como una mera abstracción. El despojo es abstracción y desintegración de la trama socioterritorial, de las relaciones de reciprocidad, complementariedad, mutualidad entre miembros humanos y más que humanos que hacen de un espacio geográfico su hábitat.

La lógica colonial (conservadora o progresista) de la rentabilidad avanza corroyendo la habitabilidad de los territorios. Ello acaba diluyendo el sentido de pertenencia a un suelo mater, a un territorio común, a una historia común y a la posibilidad e imaginar un futuro común, compartido. La fragmentación territorial es la raíz de la disolución de lo común como forma fundamental de lo político. Un pueblo no es un mero agregado de individuos vinculados por relaciones contractuales de intereses. Un pueblo sólo se construye sobre el suelo de una conciencia de comunidad geohistórica. Por tanto, la erosión de lo común es el subsuelo de la pérdida de soberanía.

Cuando la tierra está concentrada en mano de pocos; cuando muchos no tienen ni dónde caerse muertos, no hay posibilidad de constituir una idea realista, material de unidad política entre ellos que no sea la de la explotación de unos por otros. Hay una fractura ontológico política entre propietarios y desposeídos. No tienen suerte ni destino en común. 

Por eso la tierra, la recuperación territorial en manos de una población que haga del territorio su hábitat común, es la primera tarea de la práctica política. Recuperar la tierra es la primera condición para la constitución de un pueblo como tal.

Las luchas anti-extractivistas emergen como un proyecto político de recuperación territorial-popular: hacer del territorio un hábitat común, un suelo compartido; la materia prima necesaria para producir un modo de vida económica, cultural, tecnológica y políticamente propio, apropiado; autónomo; independiente. Por eso, hay una conexión lógica y política entre la recuperación territorial y la constitución popular soberana. Porque no hay pueblo donde el territorio está usurpado por minorías privilegiadas, adueñadas a fuerza de una historia de violencia y de saqueo. Recuperar el territorio es mucho más que redistribuir la tierra; es reconstituirla como Bien Común fundamental; es disolverla como base de privilegios y mecanismo de reproducción de una sociedad jerárquica. (….)

La liberación del trabajo, de la súper-explotación y la reparación de la salud de la Tierra son dos principios convergentes que pueden marcar las bases de una agenda política para el siglo XXI pensada en términos de soberanía popular. No hay justicia social sin una justa distribución de la tierra. No hay sustentabilidad sin un trato justo con la Tierra. Salir de las garras imperialistas y coloniales del extractivismo es un horizonte de vida hacia la construcción de una Tierra Justa, habitada por pueblos en paz. Para muchos puede sonar utópico. A nosotros nos parece le programa más realista, dado el nuevo estado geológico del planeta, nuestra Pacha.

*El autor pertenece al Colectivo de Ecología Política del Sur. IRES-CONICET-UNCA.

[1] Scott Bessent volvió a defender la ayuda al país y dijo que no quieren “un estado fallido” en Argentina.

[2] Pensando en el conjunto de los regímenes de la región, Marcos Roitman apunta que “la oligarquía latinoamericana disfrutó del despilfarro y el lujo, teniendo todo el control político y social que le garantizaba ser los dueños de los recursos naturales, estaño, café, azúcar, caucho, como resultado del control sobre el Estado y la práctica violenta ejercida sobre las clases dominadas y explotadas. Ningún país se eximió de esta realidad. Sus oligarquías pasaron a ser adjetivadas por el producto de exportación del cual dependían para mantener sus niveles de obscena y lujuriosa forma de vida plutocrática. Oligarquía azucarera, bananera, cafetalera, del huano, salitrera o ganadera.” (Roitman, 2008: 173).

Referencias: (…)

Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/11/17/devenir-colonia-de-argentum-a-rigiland-genealogia-del-extractivismo-sociologia-de-la-casta/

Alternativas emancipatorias

Recalquemos desafíos definidos por Horacio Machado Aráoz:

” La liberación del trabajo, de la súper-explotación y la reparación de la salud de la Tierra son dos principios convergentes que pueden marcar las bases de una agenda política para el siglo XXI pensada en términos de soberanía popular”.

Aclaremos que, en forma previa, es crucial independizarse del Partido Justicialista. Ha sido y es esencial al neoliberalismo por vertebrar el Estado Corporativo que Perón fundó en 1944 para el bloqueo de la lucha de clases y es aceptado por el sindicalismo combativo al exigir paritarias como si ignorase su carácter de negociaciones a favor de conservar la explotación laboral.

Reflexionemos sobre otro pilar del Estado neoliberal con origen y progreso en el PJ que nos recuerda:

Dante Alfaro

FALCON VERDES

Cuando ustedes, los liberfachos piden a voz en cuello “memoria completa” y vitorean a Videla, les quiero recordar que el Terrorismo de Estado con su impronta argentina: la desaparición forzada de personas y los centros clandestinos de detención, no fueron una invención del susodicho. Surgieron del Estado mucho antes del 24 de marzo de 1976. Si quieren una fecha fundacional: el 20 de junio de 1973 en Ezeiza con motivo del retorno definitivo de J.D. Perón a la Argentina.

Siendo un empleado raso y supernumerario del Estado, a mediodía iba con algunos compañeros a almorzar al comedor del Ministerio de Bienestar Social. Corría 1975 y eran los estertores del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Vi con mis propios ojos salir de las cocheras del ministerio los falcon verdes sin patente, las sirenas aullando y los caños de las metralletas asomando por las ventanillas. Eran metralletas y escopetas itaka que el superministro José López Rega, alias el Brujo o el Hermano Daniel, había traído de Libia.

Así que desqueridos goriliberfachos, que glorifican al que murió sentado en el inodoro, no olviden injustamente a los próceres de lo que en el país se conoció como la Alianza Anticomunista Argentina, Triple A que son quienes popularizaron el famoso automóvil con el que salían a secuestrar obreros, estudiantes, militantes populares y por cierto, también guerrilleros. Al César lo que es del César. Y a Lopecito, (así le llamaba cariñosamente el General) lo que es de Lopecito. Les digo más: en las oficinas del superministro se editaba la publicación “El Caudillo” que dirigía Felipe Romeo y adelantaba una lista de candidatos a morir a manos de esa banda terrorista paraestatal.

Desqueridos liberfachos, también deben saber que Lopecito tuvo que rajarse por la movilización obrera y popular en junio de 1975, cuando los gremios marcharon a Plaza de mayo para exigir la homologación de los convenios colectivos.

Tampoco el Plan Cóndor empezó en el 76. La cooperación entre los milicos del Conosur y el concurso de la CIA contra las organizaciones de izquierda se puede remontar a años antes. Por ejemplo, al 11 de septiembre de 1973 cuando desde el aeropuerto del Plumerillo en Mendoza salieron varios aviones de las FACH para bombardear la Moneda y derrocar al gobierno constitucional del presidente de Chile, Salvador Allende.

Que la cooperación funcionaba bien, lo demuestra el exitoso asesinato del ex jefe de las FF.AA. chilenas exiliado en Buenos Aires, el general Carlos Prats junto a su esposa, el 30 de septiembre de 1974.

En 1973, durante su tercer mandato, Perón autorizó la venta a Pinochet de miles de proyectiles, 2.000 ametralladoras y 6.000 pistolas Browning. Esta transacción se realizó de manera secreta y sin control aduanero. La venta de armas continuó después de la muerte de Perón, bajo el gobierno de Isabelita. El entonces presidente de la Argentina recibió a Pinochet en la Base aérea de Morón el 16 de mayo de 1974.

Enarbolar la imagen de los falcon verdes sin chapa no es solo añorar la ilegalidad y el terror como regla, sino promoverla, es apología del delito, es un discurso de odio que sirve para cualquier cosa menos para que el país crezca y se desarrolle en democracia. A diario, circulan en las redes sociales esos discursos contra las Madres y Abuelas, celebrando las desapariciones de las dictaduras, como efluvios hediondos de las cloacas del fascismo. Aprovechen cobardes su cuarto de hora hasta que el pueblo despierte y los mande de nuevo al basurero de la historia. DANTE ALFARO

Fuente https://www.facebook.com/share/p/18GMwcTear/

Historiemos cómo Perón y el PJ prosiguieron lo que, a continuación, relata:

Ru Lopardo

LA CAZA DE LAS IDEOLOGÍAS

(Un día como hoy, se sancionaba la Ley de Residencia)

El sueño de unos pocos estaba en marcha.

(…) el 22 de noviembre de 1902, durante la presidencia de Roca, se sancionaba la Ley Nº 4144, más conocida como Ley de Residencia. Esta ley otorgaba al Estado la potestad de expulsar del país, sin juicio ni aviso previo, a “todo extranjero que comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. O, en otras palabras, se deportaba a todo aquel cuya ideología atentara o estuviera en contra del status quo. Pero las brutalidades no terminaban ahí. Entre las características más perversas que tenía esta ley, estaba el hecho de que se expulsaba solamente al hombre y, en el caso de que tuviera familia, la mujer y sus hijos o hijas quedaban en el país. Solamente unas pocas «peligrosas» fueron deportadas. Lo que se buscaba era que el trabajador lo pensara dos veces antes de involucrarse en sindicatos o participar de alguna huelga. Al igual que en tiempos de dictaduras militares, el foco estuvo puesto en grupos específicos y se apuntó a dirigentes, anarquistas y socialistas que se consideraran en contra del ser nacional. Costumbres que la Argentina supo mantener. A pesar de la crueldad, la ley sobrevivió a muchos Gobiernos, democráticos y dictatoriales, y hasta superó el filtro de la reforma de 1949. Recién en 1958, más de medio siglo después, sería derogada. Cientos y cientos de familias fueron separadas, miles de personas fueron perseguidas y deportadas. Con el paso de las décadas algunas formas cambiaron, pero aquel plan que la Generación del 80 puso sobre la mesa mantuvo su esencia. Hoy, aquellos sectores que festejaron las masacres y construyeron sus riquezas sobre los huesos del pueblo siguen siendo los mismos que ostentan el poder. Una cuenta pendiente que exige que, algún día, haya justicia.

Fuente: https://www.facebook.com/share/p/1BKfzWbHNP/

Ru Lopardo

https://www.facebook.com/reel/679191768402300

Veamos cómo Perón y el PJ sistematizaron la guerra antisubversiva obedeciendo a gran burguesía local e imperialista.

Bonavena Pablo Augusto

El 17 de noviembre de 1972 se inicia el contra-cordobazo. Volvió Perón a la Argentina trayendo un plan con sus aliados de la Logia Propaganda Dos (P2), el Vaticano, la CIA y una porción del capital italiano.

La relación de Perón con la Logia fue promovida por Giancarlo Elía Valori, lobbista de la FIAT, allegado a la Iglesia Católica y funcionario de la Radio Televisión Italiana (RAI). Produjo su encuentro en 1971 con la misión de sumarlo a la cruzada anticomunista en el Cono Sur, en el marco de la posible apertura del sistema electoral impulsado por Lanusse. La meta era lograr que Perón neutralice la radicalización política en la Argentina para evitar una experiencia como la de Salvador Allende en Chile. Gelli gestionó con éxito la devolución del cadáver de Eva Duarte, hecho que favoreció una duradera amistad con Perón. Gelli pagó parte de los gastos del avión y logró que el Vaticano dejara sin efecto su excomunión a partir de una coincidencia programática: pelear contra la expansión del comunismo y los curas tercermundistas.

La estrecha relación tejida con Perón se extendió al principal guardaespaldas del general, el ex Ustasha Milo Bogetich. Perón respondió con fidelidad a Gelli nombrando a dos ministros del gabinete (Lopéz Rega y Vignes). Luego Lastiri sería el primer presidente de la logia. Las empresas FIAT, Pirrelli, Techint y Olivetti tuvieron una participación muy activa en el tema; desde nuestro país se sumó el grupo Macri, Ratazzi y Zinn. La contrainsurgencia se mezclaba con los negocios.

Recordemos que los franceses pusieron su “doctrina”, pero los italianos el plan y la infraestructura para ejecutar la “guerra” contra el campo del pueblo. Perón puso a disposición su gobierno. Las fotos retratan ese proceso.

Fuente: https://www.facebook.com/share/p/1HTGGsocZX/

Insistamos en estimar que el unirnos los diversos de abajo en antagonismo irreconciliable con el Capital y su Estado requiere deconstruir el predominio entre nosotros del peronismo y los progresismos. Para lo cual es crucial historiar el neoliberalismo en Argentina al igual que en todo el Abya Yala.

El despliegue del neoliberalismo desde los setenta se concretó como un régimen de ocupación económica territorial de Argentina. Se instauró mediante terrorismos para-estatales y el Operativo Independencia como terrorismo estatal durante el tercer gobierno constitucional de Perón y el de su viuda sostenida por el PJ.

En octubre de 1973 Perón avala el Documento Reservado del Consejo Superior Peronista que declara la guerra al movimiento insurreccional como plan de gobierno suyo. Sobre todo, la Triple A y otros terrorismos paraestatales del PJ, homogenizaron a este último como de derechas, muchas nazis fascistas.

Saltemos a los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández como integrantes del Partido Justicialista que lo metamorfosearon desde su condición de derecha en progresista para mimetizarse con aspiraciones mayoritarias de la antineoliberal rebelión entre fines de 2001 y mediados del 2002.

Hoy ante el fuera Milei es clave tener:

Memoria verdad justicia sobre
Cristina Fernández

En el 2010

-Gran festejo del bicentenario, CFK dice a representantes de los pueblos originarios que si en el territorio de uno hay recursos naturales será desalojado y reubicado en otro.

– ASESINATO DE MARIANO FERREYRA, 20 de octubre de 2010, por la patota de Pedraza de la Unión Ferroviaria para defender su negocio de la tercerización laboral.

DEBATES. El kirchnerismo y la defensa del modelo sindical
de los Rucci y los Pedraza

Facundo Aguirre @facuaguirre191

(..) Frente a la insurgencia y el ascenso del clasismo en los ‘70 la política de la conciliación de clases del “modelo sindical” combinaba concesiones parciales del Pacto Social y restablecer la disciplina fabril a los tiros, liquidando físicamente a la vanguardia a través de las bandas contrarrevolucionarias de las Tres A. Bajo el kirchnerismo la política de conciliación de clases consistía en mantener divididos a los trabajadores, con un tercio de la fuerza de trabajo sin derechos, millones de pobres estructurales y con las patotas atacando a quienes enfrentaban esa situación, como la de ferroviarios contra Mariano y la izquierda; como la del SMATA contra el conflicto de Lear. (…)

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/El-kirchnerismo-y-la-defensa-del-modelo-sindical-de-los-Rucci-y-los-Pedraza

-APOYO A INSFRÁN contra la comunidad qom La Primavera

Dario Aranda

Cuando la represión enlutó a La Primavera: quince años del asesinato del abuelo qom Roberto López en Formosa

El 23 de noviembre de 2010 fue un punto de quiebre para exponer la violencia que padecen las comunidades indígenas en Formosa, gobernada por Gildo Insfrán desde 1995.

La comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) padeció ataques y discriminación también del gobierno nacional y del Poder Judicial.

Un crimen impune, el reclamo territorial y la justicia ausente.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/cuando-la-represion…/

https://www.facebook.com/share/p/17m6BQS7xG

-El afianzamiento y la expansión del sistema de agronegocios fueron promovidos por CFK mediante el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020. Subrayemos sus consecuencias gravísimas: concentración y transnacionalización económica territorial; despojo y expulsión de comunidades campesinas e indígenas; integración con los otros extractivismos e hipermercadismo en el aniquilamiento de la respectiva autonomía alimentaria de las distintas comunidades; extensión e intensificación del hambre; y desertificación del país por deforestación, envenenamiento de todo lo existente, arrasamiento de la fertilidad de los suelos, consumo de enormes volúmenes de agua dulce, desestructuración de las cuencas hidrográficas e insumo de hidrocarburos en gran escala.

Pese a tamaña criminalidad de lesa humanidad y lesa naturaleza,Cristina Fernández hizo a la continuidad profundizadora de esa contrarreforma agraria integral, sin importarle que generó tamaña catástrofe socioecológica como lo patentizaron y patentizan sequías e inundaciones de gigantescas dimensiones. En su carácter de vice presidenta, con mayor poder político que el presidente Alberto Fernández, operó hacia la conversión –por el Congreso- en ley del agro al Plan 2020-2030 del bloque dominante sobre el sistema de agronegocios.

También a fines del 2010 creó el Ministerio de Seguridad Nacional vertebrado en la gendarmería ante la toma del Indoamericano por los sin techo. En su segunda presidencia promulgó la ley antiterrorista y casi de inmediato creó Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) ante la generalización de la resistencia a la megaminería.

En fin, el gobierno de Cristina Fernández encubierta por Alberto Fernández impuso el predominio del Estado policial militarizado por sobre el Estado de derechos formales con la justificación de protección de la Covid19. En el año 2022 creó Comandos Unificados de las Fuerzas Federales con las de cada provincia y casi en simultáneo, entregó toda el agua dulce de nuestro país a Mekorot. Esto implica futuro apartheid hídrico para efectuar el suministro a los extractivismos que la consumen en enormes volúmenes e invasión del genocida ejército de Israel como seguridad de Mekorot.

DESDE CHILE ANÁLISIS DE PORQUÉ ES IMPRESCINDIBLE RUPTURA CON EL PROGRESISMO Y CON LAS IZQUIERDAS ELECTORALERAS.

Gustavo Burgos (Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2025)

«el progresismo» no solo ha defraudado sus promesas: ha desmovilizado, desmoralizado y desorganizado a amplios sectores populares. Este es el crimen político de Boric. A su turno, esta derrota es histórica —tenemos que decirlo fuerte y con todas sus letras— porque no solo es electoral: es la liquidación del capital simbólico que este sector acumuló como supuesto canal del malestar social y esto es muy significativo, porque lo que se ha derrumbado es —ni más ni menos— que la legitimidad de la vía democrática-institucional como camino para resolver el conflicto social y las demandas históricas del pueblo trabajador.

Por eso es que sostenemos que esta bancarrota de la que hablamos arrastra consigo a buena parte de la izquierda revolucionaria en Chile. Incapaz de romper ideológica y estratégicamente con el progresismo, muchas organizaciones que se reclaman anticapitalistas han terminado rehenes de su discurso y de sus formas de intervención. Han sustituido la lucha por el poder por la defensa de los derechos y la identidad; han reemplazado el horizonte insurreccional por una fetichización de la agenda legislativa y de los marcos jurídicos democráticos. En nombre de la ampliación de derechos, han abandonado el análisis de clase. En nombre de la diversidad, han sustituido la lucha de clases por la gestión del pluralismo. Otros en nombre del antifascismo han terminado en la indulgencia con el Boric de los Estados de Excepción y la Ley Nain Retamal.

Esta impotencia —presente lamentablemente en amplios sectores radicales que se reclaman revolucionarios y algunos marxistas y hasta trotskistas— es el resultado de una claudicación estratégica. El abandono de toda perspectiva de ruptura con la democracia burguesa, de toda preparación para una crisis de poder, ha convertido a muchas corrientes revolucionarias en involuntarias correas de transmisión del progresismo. En vez de enfrentar la crisis orgánica del régimen con una política de poder, han optado por incrustarse en sus mecanismos de representación.

En esta línea y por razones que desconocemos, Izquierda Diario en esta nota sigue caracterizando la situación en términos puramente electorales, disminuyendo la importancia de la derrota del progresismo y especulando sobre el carácter progresivo del movimiento que existiría tras la votación de Franco Parisi. Desde el PTR, al igual que amplios sectores de la microizquierda «revolucionaria», siguen analizando el hecho en una clave meramente electoral hipotetizando una supuesta hegemonía en disputa.

La tarea inmediata, entonces, no es salvar al progresismo del descrédito ni alimentar ilusiones en una segunda vuelta electoral como “último dique” frente a la barbarie. Es construir, en medio del reflujo, una alternativa revolucionaria que parta de una caracterización clara del momento histórico: el régimen de la transición ha caído, la democracia liberal se ha vuelto inviable para garantizar estabilidad social, y el capital buscará formas autoritarias para recomponer el mando.

Frente a ello, solo una política de independencia de clase, de frente único en la lucha, y de horizonte insurreccional que reivindique el Octubre del 19, puede abrir una vía hacia un verdadero gobierno de trabajadores. Porque la derrota histórica del progresismo no es una catástrofe a evitar, sino una oportunidad para liberar a la clase trabajadora de su chantaje. Pero eso exige el coraje de romper con las ilusiones institucionales, de asumir el carácter revolucionario de la época, y de prepararse para lo que viene.

Compañeros: la clase trabajadora no necesita “frentes amplios”, «antineoliberales» o «anticapitalistas» para defender las ruinas de la democracia liberal. Necesita construir una alternativa propia, independiente, con un programa que combine demandas inmediatas con un horizonte de poder. La consigna de todo frente único obrero tiene por objeto preparar políticamente las condiciones de la toma del poder, no mantener a los trabajadores subordinados a partidos de conciliación. Las elecciones pueden ser utilizadas como tribuna, pero nunca como fin en sí mismas. La estrategia revolucionaria no se define por el calendario electoral —ni mucho menos por el significado eventual del voto a Franco Parisi, como parecen muchos muy preocupados— sino por el análisis concreto de la situación concreta, en función de las posibilidades de ruptura de los trabajadores con el régimen.

Estas concepciones, enquistadas en el radicalismo de corrientes que como hemos dicho se reclaman revolucionarias, devienen en un lamentable antifascismo liberal que es, en última instancia, una forma de reconstrucción ideológica del Estado burgués desde sus propios adversarios. Al exigir —en último término— subordinación a la agenda electoral en nombre de una amenaza reaccionaria, disuelven toda posibilidad de ruptura revolucionaria. Al transformar el miedo en horizonte, entierran la acción consciente de los trabajadores como sujeto histórico.

Es momento de decirlo con claridad: sin un programa de poder, sin un horizonte insurreccional y sin ruptura con el progresismo burgués, toda consigna antifascista será funcional al mantenimiento del orden que ha generado a los Kast, los Trump, y los Milei. La tarea no es “salvar la democracia” haciéndose el simpático con Parisi, sino combatir por la revolución.

El Porteño
Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2025/11/23/pensamiento-critico-el-efecto-parisi-fin-del-ciclo-progresista-y-hundimiento-del-antifascismo-liberal/

Discrepamos con: -instituir el cambio social mediante toma del poder; -tener un programa de poder por ”acción consciente de los trabajadores como sujeto histórico”; –definir el frente único de los trabajadores como herramienta para “preparar políticamente las condiciones de la toma del poder, no mantener a los trabajadores subordinados a partidos de conciliación”.

Situarnos en el régimen extractivista es asumir poner fin a su acelerada e intensificada súper explotación tanto de la naturaleza como de los trabajadores y pueblos de Argentina. De manera que interpelemos a una creciente mayoría sobre cuán urgente, como patentiza el genocidio de los palestinos para acaparar sus tierras, es involucrarse en las autoorganizadas defensas y recuperaciones de territorios. Resisten a los ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciados e invisibilizados por el sistema.

 Construyamos la unión de las luchas por la vida y la dignidad de los pueblos que existen en todo el país como las que procuran justicia social y defensas-recuperaciones de territorios. Unión que vaya concretando el protagonismo deliberante (¿o deliberativo?) de los pueblos en autodeterminación respectiva.

¿Qué delibera y decide? Cómo construir el poder de erradicar extractivismos y recuperar los bienes comunes.

Comprobamos que en la actualidad argentina y mundial hay disputa de territorios. El establishment y sus burocracias para maximizar el régimen extractivista mientras las comunidades y naciones procuran crear sus respectivos “buenos vivires” y entrelazarlos como todo lo existente en la Madre Tierra.

Como la Pacha donde las distintas especies biológicas que comparten un lugar geográfico constituyen una comunidad, las resistencias a la vez que re-existencias avanzan comunalizándose y en simultáneo se territorializan. Esto es, crean comunidad autónoma liberando el trabajo del Capital por responder al compromiso colectivo de cultivar política económica, cultura, espiritualidad, cosmovisión en simbiosis con la naturaleza.

¿Cómo constituir unión de esas comunidades que esté arraigada y posea potencial de reestructuración del modo de habitar la Pacha? Ante la contrarreforma agraria integral del neoliberalismo como resultado de los extractivismos rurourbanos, cabe la reforma o revolución agrourbana de carácter anticapitalista, antirracista, anticlerical, antipatriarcal y decolonizadora del poder, del saber y del ser. Orientaciones que ya florecen emergiendo de singulares subjetividades colectivas en rebeldía ante sus respectivos avasallamientos de derechos por el capitalismo.

Qué Abya Yala

De Estados capturados por las corporaciones extractivistas con omnipotencia producto de las democracias centradas en la gobernabilidad de, y subsidios a, esos ecocidios-genocidios.

Historia y presente/ Ofensiva del sistema mundo capitalista /
Alternativas emancipatorias

Historia y presente

El término Abya Yala es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto hacia las raíces de los pueblos originarios; y en ese sentido, el poema Abya Yala Wawgeykuna (Hermanos Americanos), originario del pueblo Quechua de Argentina, hace un llamado a la unidad de los pueblos a mantener presente su origen y a continuar su camino siguiendo las huellas de sus ancestros. Tal como su título indica, Abya Yala Wawgeykuna.

¿QUE SIGNIFICA ABYA YALA?

Es la denominación indígena con que se conoce al continente que hoy se nombra América, que literalmente significaría “tierra en plena madurez, tierra floreciente o tierra de sangre vital”.

Dicho nombre le fue dado por el Pueblo Guna, que habita la actual Panamá y Colombia, desde antes del “descubrimiento” de Cristóbal Colón y la invasión de los europeos.

El nombre es aceptado hoy ampliamente por varias de las actuales naciones indígenas como el nombre oficial del continente ancestral en oposición al nombre extranjero América. Diversas naciones originarias también le dieron otros nombres distintos al continente en sus respectivos idiomas de acuerdo con sus propias cosmovisiones culturales específicas del concepto de continente o de territorio, como ser Mayab en el caso de los Mayas de la actual península de Yucatán, visiones que no se identifican con la idea ibérica impuesta al continente.

Desde 1992, quinto centenario de la invasión, colonización y saqueo, los pueblos indígenas prefieren usar ABYA YALA, término que fue sugerido por el líder aimara boliviano, Takir Mamani, declarando que «Colocar nombres foráneos a nuestras villas, ciudades y continente es equivalente a someter nuestra identidad a la voluntad de nuestros invasores y sus herederos». Actualmente, en diferentes organizaciones, comunidades e instituciones indígenas y/o representantes de ellas de todo el continente prefieren el uso del término para referirse al territorio continental.

Este nombre es asumido como una posición ideológica por quienes lo usan, argumentando que el nombre «América» o la expresión «Nuevo Mundo» serían propios de los colonizadores europeos y no de los pueblos originarios del continente.

Lo mismo para el término “Latinoamérica” por ser doblemente eurocéntrico y colonial: por un lado evoca la impresión de que el continente tuviera un origen o identidad “latina-romana” (en el sentido de las lenguas “románicas”: castellano y portugués), por el otro se tiene el término “América” en el que el navegante genovés Américo Vespuccio pretendió eternizarse.

El uso de la denominación o el término Abya Yala en lugar de Nuevo Mundo, América o Latinoamérica, ya sea por indígenas o no indígenas, implica o indicaría también el apoyo a la lucha por el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios de todo el continente, la puesta en valor de su identidad ancestral actual y el respeto a nuestras raíces milenarias.

Advirtamos que nosotros, como Abya Yala, estamos sumidos en amplio espectro de guerras no sólo por una acelerada e intensificada desertificación sino también en despliegue total y totalitario del narcotráfico como violencias del Estado y de los otros poderes. Se da de manera creciente e incesante con independencia de si el gobierno se presenta progresista o de derecha explícita.

Masacre de Río de Janeiro

Anatomía del capitalismo narco-militar

5 de noviembre de 2025

Por Tito Ura | Rebelión

En este artículo el autor parte de la masacre de Río para realizar un recorrido por la relación que existe entre el capitalismo y el narcotráfico para concluir que «el capitalismo no combate el narcotráfico: lo administra».

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La ciudad de Río de Janeiro amaneció con olor a pólvora, helicópteros artillados y la resignación acostumbrada de quienes viven bajo el sonido de disparos. Más de 2.500 agentes armados, drones, blindados y francotiradores invadieron los complejos de Penha y Alemão en nombre de la “seguridad pública”. Al finalizar la jornada, el Estado celebró la operación policial más grande de la historia de la ciudad con una cifra que la prensa repitió sin pestañear: más de 120 muertos. Cuerpos sin nombre, sin rostro, sin biografía. Cuerpos baratos. Cuatro policías muertos, decían, y más de cien “criminales” abatidos. Qué conveniente cuando el Estado etiqueta a los muertos antes de identificarlos, como si una palabra sellara su destino y su humanidad.

Comercios cerrados, escuelas suspendidas, familias escondidas en sus casas y un paisaje urbano transformado en zona de guerra. Río, la ciudad que el turismo mundial imagina como samba, playa y carnaval, se convirtió ese día en un laboratorio de necropolítica: una demostración pública de quién manda y quién muere. El gobierno prometió que aquella masacre permitiría “recuperar territorio del Comando Vermelho”, la organización criminal más antigua de Brasil. Pero cuando los blindados se retiraron, los helicópteros se apagaron y los noticieros buscaron otro desastre que cubrir, las favelas siguieron exactamente igual que antes: bajo control de la misma organización, con la misma lógica, con las mismas reglas.

Porque esta guerra jamás pretende ganar. Pretende funcionar.

La operación en Río no desmanteló redes financieras, no persiguió a quienes lavan millones en bancos internacionales, no tocó los circuitos de dinero que salen cada noche hacia Europa y Estados Unidos. No apresó banqueros, ni empresarios, ni políticos asociados al narcotráfico. Solo mató jóvenes pobres armados con rifles que valen más que sus casas. Fue un espectáculo, nada más: un baño de sangre televisado diseñado para tranquilizar a ciudadanos que no viven allí y para convencerlos de que el gobierno “está haciendo algo”. Cuando la matanza es para consumo mediático, la impunidad es parte del guion.

La industria de la muerte se disfraza de seguridad pública, pero el negocio verdadero no está en la favela, sino en la economía que respira por debajo. La sangre se queda en América Latina, pero el dinero viaja en avión ejecutivo.

Estados Unidos, moralizador compulsivo, exige que el sur combata las drogas mientras es el mayor consumidor de estupefacientes del planeta. No solo consume; produce sus propias epidemias. La mayor crisis de drogas en la historia moderna —la de los opioides— no la provocó un cartel mexicano, sino Purdue Pharma, propiedad de la familia Sackler. Convirtieron la adicción en industria, mintieron a médicos, corrompieron reguladores, causaron cientos de miles de muertes… y jamás pisaron una celda. No fueron traficantes: fueron empresarios exitosos. Si Pablo Escobar hubiese nacido en Connecticut, tendría museos que llevaran su nombre.

El narcotráfico tampoco existiría sin bancos que lavan miles de millones de dólares. HSBC, Wachovia, Wells Fargo, Citi: todos involucrados en operaciones documentadas de lavado para carteles internacionales. Wachovia admitió haber lavado 380.000 millones de dólares del narcotráfico mexicano. El castigo fue una multa menor al 2% de sus ganancias. Nadie fue preso. Vender un gramo de cocaína en la calle manda a alguien a la cárcel por décadas. Lavar miles de millones convierte ese dinero en bonos, inversiones, fondos de pensión, créditos e hipotecas. El pobre que vende droga es criminal; el banco que lava dinero es socio financiero del sistema.

Para completar la ecuación, la violencia en América Latina no sería posible sin la lluvia constante de armas provenientes de Estados Unidos. Entre el 70% y el 90% de las armas usadas por carteles y grupos criminales provienen de fabricantes estadounidenses, vendidas legalmente, con factura, tarjeta de crédito y garantía. Algunas incluso llegaron directamente por operaciones del propio gobierno, como la vergonzosa “Rápido y Furioso”, en la que el Departamento de Justicia permitió el tráfico de armas hacia carteles mexicanos para “rastrearlas”, causando miles de muertes sin lograr una sola captura importante. Si eso lo hiciera un país latinoamericano, sería terrorismo. Cuando lo hace EE.UU., es “inteligencia”.

La verdad es incómoda y obvia: el narcotráfico no es un enemigo del capitalismo. Es uno de sus motores. Inyecta liquidez en bancos, sostiene industrias de armas, alimenta políticas de control social, crea mano de obra descartable, justifica militarizaciones y sirve de enemigo eterno. Sin narcotráfico, demasiados sectores perderían dinero: la policía, las cárceles privadas, los fabricantes de armas, los bancos, las agencias de inteligencia, los políticos que ganan votos prometiendo mano dura. El crimen es rentable, la guerra es rentable, la sangre es rentable.

Por eso la guerra contra las drogas jamás termina. No está diseñada para hacerlo. No es un error estratégico: es un modelo económico. América Latina pone los muertos, los pobres ponen la cárcel, y el norte pone las ganancias. Mientras las favelas entierran a sus jóvenes, Wall Street lava el dinero y las farmacéuticas desarrollan nuevas formas legales de adicción. Todos los actores participan, todos cobran, todos ganan… menos las familias que entierran a sus hijos.

La matanza de Río de Janeiro no cambió nada, como no cambió nada la militarización de México, ni los falsos positivos en Colombia, ni las masacres en Centroamérica. La guerra solo necesita continuidad, no victorias. Cada operativo alimenta la maquinaria: el Estado simula control, los medios simulan moral, los bancos simulan legalidad, el capitalismo simula orden. Cuando todo termina, la droga vuelve a circular, el dinero vuelve a lavarse, las armas vuelven a venderse y los pobres vuelven a morir.

Los gobiernos nunca atacan el sistema: atacan el síntoma. Nunca combaten la demanda: combaten la pobreza. Nunca persiguen el dinero: persiguen el cuerpo. Porque en este negocio, el cadáver es latinoamericano, pero el capital es internacional. Y mientras el mundo siga creyendo que la guerra contra las drogas es para protegernos de los delincuentes, los verdaderos responsables —bancos, corporaciones, gobiernos y élites financieras— seguirán recogiendo los beneficios del crimen más rentable del planeta.

La droga no destruye el capitalismo: lo financia. El crimen no es desviación del sistema: es su engranaje. El narco no es enemigo del Estado: es su socio informal.

Y si alguien duda, basta un dato: tras la matanza de Río, la vida siguió igual. Los muertos se contaron, los titulares se olvidaron, las calles volvieron a llenarse de niños que corren esquivando balas, y el Comando Vermelho siguió operando. En las oficinas de los bancos, nadie interrumpió su almuerzo.

Porque la guerra continúa… y nunca fue una guerra para ganar.

Fue una guerra para que ciertos sectores nunca tengan que dejar de cobrar.

Quien crea que el vínculo entre Estado, guerra y narcotráfico es accidental, debería mirar el pasado. Nada de esto empezó con los carteles mexicanos ni con el Comando Vermelho. El capitalismo se alimenta de drogas desde antes de que existieran los noticieros que condenan a los “narcos” en las noches de televisión.

 El Imperio Británico: los primeros narcotraficantes del capitalismo

 Mucho antes de que Pablo Escobar comprara haciendas, la corona británica ya había descubierto que las drogas eran un negocio demasiado rentable como para dejárselo a criminales. En el siglo XIX, cuando China intentó prohibir el opio para evitar la destrucción social de su población, Gran Bretaña declaró la guerra para obligarla a consumirlo.

Sí: la primera “guerra del narcotráfico” no fue para detenerlo, sino para garantizarlo.

Se llamaron Guerras del Opio. Se hablaba de comercio pero era narcotráfico estatal.

 Los británicos inyectaron adicción, mataron millones, destruyeron un imperio milenario… y lo llamaron libre mercado. Eso no lo enseñan en clases de economía.

 Estados Unidos aprendió rápido. Un siglo después, ya no era el opio chino: era la cocaína latinoamericana y la heroína del sudeste asiático. Durante la Guerra Fría, la CIA financió operaciones clandestinas traficando drogas a través de Laos, Camboya, Afganistán y Nicaragua. Los servicios de inteligencia estadounidenses entendieron que la droga servía para tres cosas esenciales: financiar guerras secretas, controlar poblaciones, destruir movimientos revolucionarios

 Mientras en América Latina se criminalizaba al “peligroso narco”, Washington usaba aviones diplomáticos para transportar heroína desde el Triángulo de Oro en Asia. Cuando explotó el escándalo de Irán-Contra, quedó claro que la CIA estuvo implicada en el tráfico de cocaína a Los Ángeles para financiar a la Contra nicaragüense. Periodistas como Gary Webb lo demostraron. ¿El resultado? Su carrera destruida, él terminado en circunstancias turbias, y cero funcionarios estadounidenses en prisión.

 En el capitalismo, decir la verdad puede costar más caro que traficar droga.

 Afganistán: la fábrica del mundo

Tras la invasión estadounidense en 2001, la producción de opio en Afganistán se multiplicó. Antes del desembarco militar, el cultivo estaba prácticamente erradicado por los talibanes. Después de la llegada de las fuerzas occidentales, Afganistán se convirtió en el principal productor de heroína del planeta. Mientras soldados patrullaban montañas buscando “terroristas”, la economía del opio financiaba milicias, comerciantes y operaciones negras. La droga salía, el dinero entraba, las guerras seguían.

 Al capitalismo no le basta la guerra: necesita combustible.

Colombia: el laboratorio del miedo

Plan Colombia, presentado al mundo como una intervención para combatir el narcotráfico, fue en realidad un experimento militar para controlar territorio, perforar zonas petroleras y destruir movimientos insurgentes. Tras miles de millones invertidos, ni la demanda disminuyó ni la cocaína dejó de fluir. Las FARC fueron debilitadas, sí. Pero los negocios agrícolas multinacionales, bases estadounidenses y corporaciones privadas se fortalecieron. La droga sigue, pero ahora con nuevos intermediarios y viejos bancos.

 La guerra funcionó a la perfección. El narcotráfico también.

El verdadero propósito

El patrón se repite desde hace dos siglos:

Cuando una droga amenaza al poder, se ilegaliza.

Cuando una droga enriquece al poder, se normaliza, regula y vende con receta.

Y cuando una droga sirve para financiar guerras, se disimula.

La moral es una herramienta, no una convicción.

Los imperios no odian las drogas: odian no controlarlas.

El presente no es una excepción: es la regla

Lo que sucede hoy en Brasil, México, Colombia o Centroamérica parece caos. Pero no es caos: es administración. La violencia es el lubricante que mantiene funcionando una maquinaria donde cada sector obtiene su parte. El pobre pone la sangre. La mafia pone la logística. La policía pone las balas. Los bancos ponen la lavadora. Las armas vuelven a venderse. La droga vuelve a circular. Todo se recicla. Nada se pierde.

 Y mientras las favelas sangran, los despachos financieros celebran. Porque la droga no solo mata personas: sostiene economías enteras.

Si mañana, por arte de magia, el narcotráfico desapareciera, el capitalismo entraría en crisis: Caería el lavado de capitales, Se desplomarían ingresos de armas. Las cárceles privadas perderían mano de obra. La policía perdería presupuesto. La banca perdería liquidez. Los políticos perderían sus enemigos favoritos.

¿Quién se atreve a romper ese negocio?: Nadie. Por eso sigue.

El mundo finge pelear contra las drogas con balas, cuando podría destruir el narcotráfico con algo mucho más simple: perseguir el dinero. Pero perseguir el dinero implicaría encarcelar banqueros, políticos, traficantes de armas y CEOs. Y en este sistema, esos no son criminales: son accionistas.

 Por eso la guerra no termina. Por eso la sangre no seca. Por eso Río repite la masacre.

Y por eso el capitalismo no combate el narcotráfico: lo administra.

Fuente: https://rebelion.org/anatomia-del-capitalismo-narco-militar/

  Ofensiva del sistema mundo capitalista

Prosigamos develando quiénes y cómo nos guerrean a las diversidades de abajo para despojarnos de todo en forma cada vez más extendida y profunda.

Contrainsurgencia progresista,
¿una nueva fase de terror?

17 de noviembre de 2025

Por Pedro Páramo | Rebelión

“El fin del terrorismo no es solamente matar ciegamente, sino lanzar un mensaje para desestabilizar al enemigo.”

Umberto Eco

La guerra en Colombia ha arreciado, aunque no parezca. Bajo el embrujo del cambio, los niveles de atención de la opinión pública están concentrados en las novelas del gobierno y los dramas electorales. Poco se sabe de la realidad y la ficción gobierna la fabricación del sentido común.

Mientras tanto los operativos de las fuerzas militares en alianza con grupos paramilitares y mercenarios comprados de las organizaciones que supuestamente se autodenominan revolucionarias, siguen desarrollando actividades de asedio, presión, hostigamiento y asesinato en diferentes regiones del país.

El país se sigue desangrando ante el escalonamiento del conflicto armado en los territorios, especialmente de las zonas rurales mas apartadas, que lamentablemente son silenciadas con las cortinas de humo y las omisiones prefabricadas de los medios de comunicación hegemónicos que no permiten abrir campo a las informaciones que se nos cuentan con la misma suerte de ser publicadas y difundidas, sobre todo si éstas se refieren a denunciar la mano de sangre que compromete la política de la seguridad humana del actual Gobierno.

(…) Petro el líder contra los bombardeos en Gaza, el humanitario de las naciones unidas, arremete contra sus infantes nacionales, sin la mínima consideración de sus edades y sus situaciones sociales y económicas. Critica a Netanyahu, pero actúa como él en su propio territorio. Tenemos por comedia y tragedia un jefe de Estado. En la ONU, Petro es recordado por sus grandilocuentes discursos para ganar audiencia ante los diferentes jefes de estado del mundo, a fin de persuadirlos en la necesidad de parar la guerra de Israel contra los palestinos, llevar a juicio a Netanyahu ante tribunales por crímenes de lesa humanidad. Todo un mesías inmolado por una justa causa internacional.

Mientras tanto en Colombia actúa como el Herodes contra la infancia de las zonas rurales, castigándolos por haber nacido en territorios en los que el abandono del Estado no ha dado más remedio que reproducir la guerra como opción critica a la falta de oportunidades. Sin duda, la acción de la fuerza pública está orientada a generar terror dentro de la población civil, reproduciendo un plan de acción contrainsurgente que está enfocado en la coacción y la presión psicológica para debilitar la base insurgente que supuestamente alimenta la presencia orgánica de las organizaciones revolucionarias armadas en los territorios del orden nacional.

Contrainsurgencia progresista en ascenso

La contrainsurgencia progresista se fortalece en complicidad del mercenarismo que dentro y fuera de las fuerzas armadas opera, bajo la alianza de sectores paramilitares y de supuestos grupos que se denominan revolucionarios, pero que en la práctica colaboran con el establecimiento a cambio de títulos mineros y de tierras que ahora se reparten como botín, tras las mesas de diálogo que ficcionalmente se han montado para darle legitimidad a la moribunda política de paz total.

Mientras tanto, la población sufre y el silencio se mantiene con la complicidad de sectores de la izquierda que poco o nada le interesa la suerte de estos. En octubre pasado, el Gobierno bombardeo en el Amazonas zonas rurales bajo la misma tesis de la persecución al EMC de las FARC, dejando como saldo cuatro menores asesinados Endy Taminuca de 12 años, Javier Alcides Abarca Vilches de 15 años, Vanesa Martínez de 11 años y Ronald Estiven Macuna de 17 , noticia que poco se ha difundido por medios de comunicación y que evidencia la práctica recurrente ordenada por el presidente a sus fuerzas militares.

El terror de Estado está desatado, la fuerza pública tiene claras instrucciones de generar miedo a toda costa y sin reservas de los medios para causar afectaciones psicológicas a la población civil y a los combatientes. El respeto por las más elementales normas del DIH está siendo violadas en medio de la confrontación. Hace un mes y medio se conoció en el Cauca, la denuncia de la incineración dentro de una camioneta de Angie Paola Tovar, estudiante universitaria que, junto a Adrián Marcillo, fueron ajusticiados por el Ejército Nacional, cuando se desplazaban cerca al sector del Túnel de Piendamó el día 27 de agosto del presente, bajo el supuesto de ser presuntos miembros de la FARC- EP.

Mientras todo esto sucede, la cortina de humo mediática está concentrada en distraer la atención de la población, con la idea que estamos en un momento de tranquilidad y que los hechos ocurridos son aislados, que nada corresponden a la intensificación de la conflictividad armada y social en el país. Sin duda, hay sincronía entre el terror de Estado y la desinformación. Silencio, desviación de la información y una falsa sensación de tranquilidad coincide con la dinámica de ocultamiento que le prevé a los operativos contrainsurgentes todas las licencias para sus vejaciones.

Alineamiento por coacción: el cambio del Gobierno del cambio

Petro está atrapado por la ultraderecha norteamericana y cede a las pretensiones injerencistas. Tal disposición procede del cobro que la Casa Blanca ha hecho ante el desafío del Aureliano de la casa de Nariño de pretender convertirse en el adalid de la política anti imperialista del continente con su bandera pro Palestina como principal bastión de su ofensiva diplomática.

Para la Casa Blanca el desafío de Petro no representa peligro alguno sino oportunidades para alinear sus posiciones con los subalternos rebeldes, máxime si sus enemigos tienen rabo de paja con temor de acercarse a la candela. La inclusión de la familia Petro y sus cercanos colaboradores en lista Clinton, es tan sola una de las tantas medidas que, en la política de torniquete de los republicanos, han venido operando con éxito en medio del ocaso del Gobierno del cambio para presionar un alineamiento y la vuelta al carril del establecimiento colombiano.

Petro menospreció la respuesta norteamericana hasta que se quedó solo en la ofensiva diplomática frontal, dado que, si bien el caso Palestino es mediáticamente estratégico, políticamente nadie está dispuesto a escalar la confrontación con la Casa Blanca y menos con la variabilidad política de Trump que puede llevar a situaciones no previstas y de impactos colosales.

A ello, se suma la desalineación que trae consigo el caso de Venezuela en la región. La política del Gobierno del cambio con relación al hermano país ha ido poco a poco alineándose a los intereses norteamericanos. Cada vez hay menos respaldo al Gobierno de Maduro, poco reconocimiento a su legitimidad y una actitud de neutralidad benévola a la injerencia de Trump en los temas militares y su despliegue naval en el Caribe. Petro ha sido ablandado por suerte de una presión dentro y fuera que la Casa Blanca ha sabido matizar en este último periodo que le queda al Gobierno nacional.   

Es este sentido es que se puede entender la ofensiva militar contra las FARC-EP. Se necesita un chivo expiatorio, un motivo para movilizar fuerzas y activar la presencia militar norteamericana, en especial del Comando Sur, todo esto para ambientar el escenario bélico contra Venezuela, un distractor justificatorio para preparar la intervención. El despliegue va con una idea de alinear posiciones ante el evidente descrédito de la política de paz de Trump en medio oriente, a raíz del fracaso del supuesto acuerdo entre Hamas e Israel. El escenario de incidencia vira a América Latina porque el campo de ultraderecha está a favor de los intereses gringos.

Petro lo sabe, como también es consciente de que la continuidad de su proyecto está virando más allá de su control y por eso asegura su futuro entregando el de otros, como el caso de Venezuela. Salvarse enterrando el proyecto también es una opción para sobrevivir. Así funciona la pragmática del cambio gatopardista: “que nada nada cambie para que todo cambie”.

La complicidad silente y conveniente de la izquierda

No es electoralmente correcto señalar al jefe de Estado en fase de exterminador porque ello afecta los balances de opinión de las encuestas. No es conveniente señalar los errores de la política de la seguridad humana, porque es también inadmisible reconocer el fracaso fehaciente de la política de paz total del Gobierno del cambio.

A pocos días de haberse realizado la consulta del Pacto Histórico, sería lamentable para el candidato de las víctimas, el senador Iván Cepeda, tener que cargar con los juicios sobre las muertes de menores durante el Gobierno que apoya, defiende y que incluso aspirar a continuar como su representante en la primera jefatura del Estado. A palabras necias, electorado sordo. Tal es la racionalidad pragmática de la izquierda de la verdad, la justicia y la reparación.

Pero los hechos militares no necesariamente representan victorias políticas y el arte de la guerra está en no perder la política como centro de toda acción, incluso la bélica, más cuando ello repercute en los ambientes electorales. Creer que el silencio y la complicidad puede llevar a la izquierda a una ventaja relativa sobre la derecha y la ultraderecha es una ingenuidad altamente costosa para el escenario que se avecina.

La neutralidad de los partidos tradicionales de la izquierda y de los supuestos movimientos políticos y sociales que acompañan el Gobierno del cambio, va a salir muy costosa si realmente todo esto termina alentando el escalamiento del conflicto a niveles inimaginados a nivel nacional y con posibilidades de una confrontación internacional entre EEUU y Venezuela con el patrocinio y la neutralidad benévola de nuestra actual política internacional.

Si la bandera de la solución política pierde totalmente fuerza en la actual coyuntura, el espiral bélico no tendrá de otra que el reavivamiento de fuerzas de la ultraderecha que están cogiendo fuerza en el continente. Seria un fuerte golpe a la transición política retornar a los escenarios del recrudecimiento del conflicto social y armado y un proceso de mediana duración insostenible para cualquier perspectiva que pretenda abrirse paso por las vías de la democracia burguesa.

Lenin señaló alguna vez que: “si es parte del problema, se es parte de la solución”. Tal parece que la izquierda ha perdido ese rumbo, no quiere asumir el problema y solamente ver en las elecciones la única solución. Oportunistamente amnésica sobre su pasado insurgente y reticente a la idea de la subversión social, la izquierda está atada en el porvenir de la inacción de masas y en el silencio cómplice para no comprometer su electorado. Sin embargo, ya Gramsci lo advertía cuando en la Italia del ascenso del fascismo decía que: “la indiferencia es el peso muerto de la historia”.

Se avecinan tiempos difíciles y ya no habrá tiempo para la complicidad con los enemigos y la indiferencia con los que nos necesitan. Ojalá no sea demasiado tarde.

Fuente: https://rebelion.org/contrainsurgencia-progresista-una-nueva-fase-de-terror/ 

Los bombardeos ordenados por Petro
revelan que la necropolítica sigue vigente

19 de noviembre de 2025

Por Juan Corredor García | La Silla Vacía

Según la Defensoría del Pueblo, la ofensiva militar del Estado contra las disidencias de Iván Mordisco en la Amazonía y Arauca causaron el asesinato de al menos 15 menores de edad, que van desde los 13 hasta los 17 años. Estos niños, niñas y adolescentes han sido doblemente victimizados: primero, por los grupos armados al reclutarlos forzosamente y, después, por el Estado al asesinarlos mediante bombardeos. 

En varios círculos periodísticos, así como en redes sociales surgen críticas de la decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar bombardeos para atacar a las disidencias. Aspectos legales, morales e ideológicos caracterizan estas críticas. Pero un aspecto ha recibido menos atención aunque demuestra la continuidad de las políticas de muerte por parte de los presidentes colombianos: la necropolítica, una manifestación del poder contemporáneo debido al uso de armas y tecnologías que tienen el interés de destruir personas y cuerpos. 

Petro continuó el camino de sus antecesores

“La expresión última de soberanía reside ampliamente en el poder y capacidad de determinar quién tiene la posibilidad de vivir y quién debe morir”. Con estas palabras, el filósofo camerunés Achille Mbembe, inicia la conceptualización de lo que él denomina como “necropolítica”. Asesinar o permitir vivir, continúa Mbembe, constituye los límites de la soberanía, sus principales atributos. Ser soberano es ejercer el control de sí sobre la mortalidad y de definir la vida como el uso y la manifestación de poder. 

Al ordenar el bombardeo a unidades guerrilleras en El Retorno (Guaviare), Puerto Santander (Amazonas), Calamar (Guaviare), y Puerto Rondón (Arauca), el presidente Petro ejecuta la necropolítica en su máxima expresión. Pese a la solicitud de la Defensoría del Pueblo de detener estos bombardeos debido a la alta probabilidad de que existan menores reclutados por las disidencias (de hecho, en todos los bombardeos han sido asesinados menores), Petro aseguró que no suspendería estos operativos militares en tanto continúen las acciones ofensivas contra “grupos armados del narcotráfico”.

Considero que Petro, pese a deponer las armas y hacer tránsito a la vida civil desde los 90 y comprometerse con la búsqueda de paz en Colombia, profesa al mismo tiempo el ejercicio de la necropolítica al igual que sus antecesores. No es una contradicción en su actuar sino un régimen que se ha implantado en la formación y consolidación del Estado colombiano. 

Dicho de otra manera, esto ocurre debido a que la violencia en Colombia, como en muchos otros lugares del mundo, está intrínsecamente ligada a la política. Dice Mbembe que cuando la política es considerada una forma de guerra, debemos preguntarnos el lugar que se le es dado a la vida, la muerte, y el mutilamiento o destrozo del cuerpo humano. ¿Quién tiene el poder de ejecutar la necropolítica? ¿Qué nos dice la implementación de tal “derecho a asesinar en nombre del poder” sobre a quién se puede matar? ¿Qué nos dice sobre la relación de enemistad que fija el poseedor de este derecho contra los individuos asesinados? En la administración de Iván Duque, los menores de edad reclutados por los grupos armados fueron categorizados como “máquinas de guerra”. 

Para Gustavo Petro, su derecho reside en ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es un derecho que, según sus explicaciones en redes sociales, podrían haberse evitado si las disidencias hubieran mantenido diálogos de paz. En vista de que estos grupos rompieron las negociaciones, según Petro, tiene todo el sentido que enfrenten el aparato represivo del Estado, y su expresión más letal en las tecnologías de la guerra: los bombardeos. 

Aquí Petro decide quién vive y quién muere. No distingue ni matiza que el enemigo no solo es victimario sino también víctima. Para el presidente de la República, todos los cuerpos de su enemigo, las disidencias de las Farc, son iguales, así existan dentro de sus filas menores de edad reclutados forzosamente. Algo no muy distante a lo que diría Benjamin Netanyahu al ordenar bombardear Gaza para exterminar a Hamás a pesar de la presencia de civiles (niñas, niños y adolescentes, ancianos y mujeres embarazadas), o a la política de bombardear a las “narco-lanchas” en el Caribe y en el Pacífico.

La necropolítica de Petro muestra la práctica atroz del uso legítimo de la violencia

Lo que nos dice la necropolítica de Petro revela la práctica atroz del principio del legítimo uso de la violencia y coerción de los estados contemporáneos. Poco importa si este uso es legítimo, excesivo, revictimizante. Se citan ciertas leyes domésticas, se interpretan artículos del derecho internacional humanitario, para justificar bombardeos debido a que el enemigo empezó primero, no se sometió a la paz, traicionó la desconfianza. 

Es el uso de la soberanía para decidir sobre quiénes son dignos de vivir y quiénes merecen morir al punto de ser irreconocibles, como sucede con las bombas. Es, en palabras de Mbembe, el uso de topografías de la crueldad en las periferias de Colombia donde para Petro, así como para otros presidentes, no hay civiles, campesinos, indígenas, afros, menores y adultos, hombres y mujeres, sino solo “enemigos”, “combatientes” o “narcotraficantes” que deben ser aniquilados y mutilados al punto de ser irreconocibles. “Hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede oscilar entre 15-25 años”, aseveró Petro en uno de sus trinos. 

Los bombardeos en Colombia deben invitarnos a una profunda reflexión sobre el uso y abuso del poder, los límites de la soberanía, y la justificación del excesivo uso de la violencia como continuación de la política. En las bombas está no el cambio, sino la permanencia de un régimen que nunca se ha ido de Colombia, ni siquiera en el primer gobierno de izquierda en los más de 200 años de historia republicana. 

https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-paz/los-bombardeos-ordenados-por-petro-revelan-que-la-necropolitica-sigue-vigente/
Fuente: https://rebelion.org/los-bombardeos-ordenados-por-petro-revelan-que-la-necropolitica-sigue-vigente/

Alternativas emancipatorias

Reflexionemos sobre iniciativas de autonomía en los pueblos indígenas de la Amazonía y de luchas contra ese avance necesario.

Entrevista a Roberto Espinoza Llanos

«La realidad andina está preñada del fracaso del estadocentrismo y es una estupidez pensar el cambio social desde arriba»

21 de noviembre de 2025

Por Raúl Zibechi | Desinformémonos 

En el mundo indígena peruano late la demanda autonómica

Lleva más de cuatro décadas acompañando al movimiento indígena amazónico. Deja en claro que habla como aliado o amigo, porque no quiere usurpar las voces de los pueblos. En una larga conversación en una plaza de Lima, Roberto Espinoza aborda en profundidad cómo se vienen construyendo hasta quince gobiernos autónomos en la selva norte, centro y sur, lejos de las «izquierdas eurocéntricas” que siempre miran al Espato y a contrapelo de un sistema oligárquico y represivo. También repasamos los cambios que se están produciendo en el mundo andino, donde el pueblo aymara está debatiendo los caminos a seguir luego de la masacre con la que el estado respondió al levantamiento andino de 2022-2023.

– ¿Qué razones llevaron a los pueblos amazónicos del norte del Perú a establecer gobiernos territoriales autónomos? En el pensamiento crítico no son contemplados como sujetos destacados y a veces se los tilda de «atrasados» o «bárbaros», pero en América Latina se destacan por sus autonomías y autogobiernos.

La idea de autonomía es muy antigua, se nombraba décadas atrás como autodeterminación o libre determinación, que en ciertos momentos empieza a evolucionar hacia estructuras de autogobierno. En el caso amazónico peruano un momento decisivo fue el conflicto de 2008-2009, mal llamado Baguazo porque se pone el foco en el aspecto violento pero en realidad fue un Amazonazo que duró dos años porque se bloquearon ríos, como el Urubamba, y hubo movilizaciones en muchos lugares porque desde Lima querían privatizarlo todo.

– ¿Cómo fue que ese Amazonazo influyó en los procesos de autonomías?

– Hubo movimientos permanentes durante esos dos años. Desde 1983 acompaño al movimiento amazónico y siempre escuché hablar de autonomía, ya que la desconfianza en el Estado es congénita porque felizmente allá no llegó el eurocentrismo y estado centrismo de la izquierda y cierta intelectualidad. Para los amazónicos el Estado es la mentira permanente. El Amazonazo fue además, el aplastamiento del Estado, porque ya no era sólo cuestionar a un Estado lejano y ausente sino responder a la agresión violenta. La masacre de Baguá el 5 de junio de 2009, no tenía ninguna razón aparente, ya había terminado el conflicto y se derogaron las cuatro normas legales que lo provocaron y que facilitaban la privatización de bienes comunes. La única “razón” es que este Estado no podía admitir un triunfo de los pueblos amazónicos. Fue la única lucha que logró derrotar al poder neo liberal completo (Estado, empresarios, TLC, medios, “intelectuales”, etc), algo que no habían podido hacer los obreros; tenían que ser escarmentados y por eso les dispararon desde helicópteros.

A partir de ahí, las semillas del pasado empiezan a germinar y emergen, por enésima vez. Pero también debe mencionarse el papel de la intensa capacitación y formación que hubo antes del Amazonazo por parte Pedro García Hierro, Perico, abogado que llegó al Perú rechazando al franquismo y se dedicó a capacitar en derechos a los pueblos indígenas, en especial los del norte que es donde empezó el autogobierno, en Condorcanqui, Datem del Marañón y Alto Amazonas. Allí están los nueve pueblos que contagiaron a otros en otras regiones, y ahora ya son 15 gobiernos autónomos en proceso.

La zona es muy lejana y las raíces y el orgullo cultural son muy fuertes. Tenían títulos comunales que eran difíciles de conseguir, pero aún con ellos se enfrentaba la invasión extractivista y ahí empiezan a discutir la idea de territorialidad, a principios del actual siglo. Reconstruir territorios integrales, de eso se trataba, que era mucho más que los pedazos comunales. Las agresiones allá son el petróleo, madera, minería, porque el titulo comunal no permite controlar el suelo, el subsuelo y las aguas y los territorios integrales avanzan a superar el dominio y tutela del Estado colonial “moderno”.

“Somos varias naciones dentro de la nación peruana”, decían los amazónicos. Con el Baguazo se asienta la convicción de que no había nada que esperar del Estado. El movimiento indígena sabía de otros procesos autonómicos, porque están informados de lo que sucede en otras latitudes. Y en 2015 surge el Gobierno Wampis.

– ¿Podrías decirme los nombres de los nueve pueblos?

Achuar, que es una federación, pero funciona como autogobierno. Kandoshi que manejan un lago gigantesco. Kukama, Chapra, Wampis, Awajún, Shiwilo, Inca del Pastazay Shawi. Estos nueve son los que lanzan la propuesta de la territorialidad integral, que conlleva la demanda de titularidad o personería jurídica como pueblo o Nación, y además, la construcción de la estructura de autogobierno. Es la unidad entre Territorialidad-Titularidad-Autogobierno. Además están en el Norte los Matsés, y también los que están en la selva central como los Shipibos y en la selva sur donde están los Harakbut, pueblo guerrero, que son los primeros en avanzar hacia su autogobierno. Ellos fueron a ver a los wampis y volvieron muy animados. Hay que sumar a los Ese-ejae, Yine y Matsigenka.

Cada uno toma su camino aunque todos tienen el mismo horizonte. El gran problema de la intelectualidad eurocentrista es querer unificar todo, homogeneizar todo. Por ejemplo, en el Concejo Shipibo-konibo-shetebo emergen las guardias de autodefensa, no contra la minería como los wampis, sino contra los menonitas que son los que están expandiendo el agronegocio en la selva, y afrontarán también la ofensiva minera aluvial.

– ¿Cómo toman la decisión de construir o expandir los primeros autogobiernos?

Los wampis demoraron seis años en crear su autogobierno, entre el 2009 al 2015. Y en los demás están en procesos de resistencia a los diversos extractivismos, pero ya por ejemplo en el norte. ninguna petrolera entra en esa zona aunque el Estado insiste en intentarlo.

Los wampis decidieron que no tiene sentido seguir titulando comunidad por comunidad, sino reivindicar el millón 300 mil hectáreas de las cuales les han titulado sólo 400 mil. No van a esperar más, dicen los wampis, esto es nuestro y punto. Pero los otros pueblos tienen sus tiempos, procesos, estrategias, donde algunos combinan la titulación comunal con advertencias de que solo es una parte, un adelanto, de su territorialidad ancestral

Posteriormente, en 2017 los wampis que ya tenían su autogobierno, van a la asamblea nacional de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) que articula a 2.400 comunidades que se asocian en 109 federaciones y en nueve organizaciones regionales. En esa asamblea hay un debate sobre los gobiernos autónomos, territorialidad integral y titularidad colectiva como pueblos, los tres conceptos que se van manejando. En 2024 se toma ya una decisión nacional, en un encuentro nacional de AIDESEP, de que ese es el camino: los 51 pueblos amazónicos tendrán 51 autogobiernos, el tiempo que demore. Por ahora hay 15. Me parece una decisión histórica caminar en ese horizonte

– Me gustaría hablar sobre el papel de las ONGs en los autogobiernos, ya que he visto que tienen una presencia importante. ¿Pueden llegar a ser un problema?

Hasta ahora no son un problema. Es claro que en otros lugares sí lo son, por ahora son aliados que respetan a quien toma las decisiones que son los wampis u otros pueblos que tienen su estructura, su consejo de gobierno y así. Por ejemplo, los wampis no tienen cuenta bancaria lo que es todo un problema para alguna cooperación, pero otros no se han hecho problema y siguen apoyando.

– Un tema central es si las experiencias de autonomías amazónicas pueden tener un contrapunto entre quechuas y aymaras, que por cierto tienen una experiencia muy diferente y se han relacionado desde siempre con el Estado, participando en estructuras como los municipios. ¿Hay diálogo entre amazonia y sierra?

Ese diálogo ya existió y se interrumpió hace tiempo. Fue una interacción entre Aidesep y Conacami (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería) que abarcó a una importante parte de las las cinco mil comunidades llamadas “campesinas” y que fue creada en 1999. A comienzos de siglo hubo un proceso por el cual Conacami iba a cambiar hasta su nombre para denominarse como confederación de pueblos indígenas andinos. En el proceso había quechuas, aymaras, chancas, que son los pueblos de la sierra. En la lucha contra la minería la cuestión de la identidad generó un enfrentamiento con parte de la izquierda que sólo los veía como “clase campesina”. La Conacami estaba en ese proceso pero esa parte de la izquierda lo bloqueó ya que controlaba algunas ONGs que podían cortarles el financiamiento si daban ese paso que, en los hechos, abría toda una perspectiva autonómica.

– ¿Se puede decir qué partidos de izquierda eran?

Eran personas o grupos que venían de la izquierda “leninista” gente de un eurocentrismo y de un marxismo muy tradicional. Luego se arrepintieron cuando vieron la fuerza que tenía por ejemplo la CONAIE en Ecuador. No querían salir del marco de la confederación campesina. Hugo Blanco fue el que daba la pelea para asumir una perspectiva distinta a la estrechamente clasista.

– Es claro que decirle campesino a un indígena es una imposición colonial.

Exactamente. Hubo un temor financiero porque los grandes debates aquí son por la “intermediación” financiera lamentablemente. El encuentro entre amazónicos y andinos si se produjo, y se llamó COPIP (Coordinadora de Pueblos Indígenas del Perú), cuyas dos columnas eran Aidesep y Conacami. Era algo importante, grandioso, y la izquierda en vez de sumarse pensó que sus bases se le iban de las manos, le dieron prioridad al centrolismo ante el desarrollo de los pueblos. Eso fue en 2009, poco después del Baguazo. El caudillismo interno de Conacami fue tremendo y el resultado es que se partió en muchos pedazos. Crean la CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas) con Ecuarunari de Ecuador, Conamaq de Bolivia y ONIC de Colombia. Un tremendo proceso que termina con la ruptura interna de Conacami, muy mediado por ONGs y parte de la izquierda como te dije.

– Me interesa profundizar en los caminos del pueblo aymara después de los levantamientos de 2022 y 2023 que se saldó con una masacre que costó 50 vidas y cientos de heridos graves.

– Se comportan como aymaras y no solo como campesinos, por eso dicen que no quieren saber nada con el Estado limeño. Están fortaleciendo sus autoridades originarias. Hay otro hecho. El teniente gobernador es o era parte de la estructura del Ministerio del Interior y son los informantes de lo que sucede en la sociedad a la vez que trasmiten demandas, siendo subordinados al prefecto departamental¹. Después de la revuelta y la masacre las comunidades los echan y eligen a sus propios tenientes gobernadores y ya no aceptan siquiera el sello oficial.

– ¿Cómo te imaginas el camino de pueblos como el aymara, de la sierra, en las próximas décadas?

– La realidad andina está preñada del fracaso del estadocentrismo y es una estupidez pensar el cambio social desde arriba. Además de un error político o una traición, es una tontería. Eso se va a profundizar, por eso en el mundo andino se están procesando cambios de fondo. Tenemos el problema de la “distracción” minera, como hubo una “distracción” marxista de tomar el poder por las urnas o las armas. Ahora esta cuestión de la minería es la distracción del enriquecimiento.

Mi expectativa es que esas semillas autonómicas tan potentes que tienen los aymaras desde Tupac Katari y antes, puedan germinar, que eso vuelva a emerger. Cada emergencia fue aplastada. Cuando resurge el movimiento andino, Sendero Luminoso la aplasta. Ahora tenemos una emergencia adentro de un Estado racista, colonial y asesino, de modo que espero que los jóvenes se alimenten de la experiencia de los amazónicos y de los kataristas bolivianos que no apoyan a Evo y de los que creen que se puede superar la colonialidad ocupando un ministerio de asuntos indígenas. El sueño es que encuentren un camino vinculado a sus raíces. Enfrentan el mismo peligro que los amazónicos, esa juventud que se distrae con el consumismo, la minería o el narcotráfico.

Pero para que estos horizontes se movilicen es importante despejar las telarañas de quienes están en los medios, en la academia, en la izquierda, o sea el estadocentrismo, el patriarcado, eurocentrismo, “desarrollismo”, . Porque hay cárceles de larga duración que deben ser limpiadas.

1 Un teniente gobernador en Perú es una autoridad local que representa al Estado en un centro poblado o comunidad, con funciones como informar sobre eventos políticos, sociales y económicos, apoyar la seguridad ciudadana y la defensa civil, y promover la integración comunal.

Fuente: https://rebelion.org/en-el-mundo-indigena-peruano-late-la-demanda-autonomica/

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