Junio-2025
El ¡fuera Milei! de CaLiSA y la propuesta de Leonardo Rossi respecto a: Qué Sistema
De aceleración e intensificación de su concentración-centralización oligopólica de las tierras planetarias por exterminio de la vida humana/no humana.
Conciliación de clases/
Concentración y centralización capitalista/
Alternativas emancipatorias
& Conciliación de clases
Observemos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, que el sistema mundo capitalista y sus locales avanzan raudamente en la desertificación del país-continente y del planeta sólo para el lucro insaciable del 1% humano.
Sin embargo, reparemos en cómo CaLiSA se posiciona al abstraerse de la barbarie del neoliberalismo -o único capitalismo existente desde los setenta- e insubordinarse al fetiche o gobierno de turno.
La soberanía alimentaria y los territorios
frente a Milei
20 de mayo de 2025
Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria /
Agencia Tierraviva
(…) La conformación de cooperativas ha sido, en la mayoría de los casos, el modo de organizarse para dar respuestas a sus necesidades. De esta manera despliegan diversas estrategias para hacer frente a la crisis: ferias para la comercialización, con formación de redes entre productores y organizaciones, elaboración de proyectos productivos y sociales, articulación con otras organizaciones y movimientos sociales.
Se destaca como denominador común el desfinanciamiento o eliminación de políticas públicas, tanto las destinadas a la producción como a la asistencia alimentaria en el periodo analizado. En relación a la intervención estatal, los y las referentes entrevistados confirman que se profundiza el modelo del agronegocio y de una tecnología funcional a los intereses del gran capital y del modelo extractivo en general.
En relación con las políticas públicas orientadas hacia la agroecología y las agriculturas campesinas e indígenas, el presupuesto es insignificante comparado al que es dirigido a promover a los sectores del modelo de agronegocio. La resultante política es, claramente, favorable a los grupos concentrados, si se analizan los sectores con mayor crecimiento económico y los índices de pobreza, indigencia y desempleo en la población.
Las mujeres ocupan un lugar central en la producción, en la reproducción social y en la organización política de las experiencias relevadas. La cotidianeidad de las mujeres pone en evidencia la triple jornada laboral: el trabajo en las quintas y en las comunidades, las tareas de cuidado familiar y las responsabilidades políticas en las organizaciones. Se destaca su rol en la iniciativa de colectivizar y sostener el trabajo comunitario. Con acciones concretas, impulsan un cambio de raíz en el que sueñan una sociedad libre de toda forma de explotación, opresión y desigualdad social.
“Monte, alimento, salud, territorios, constancia, comunidad, solidaridad, reconocimiento al trabajador, lealtad, soberanía alimentaria, agroecología y lucha social”, son las palabras con las que se identifican las organizaciones sociales.
Los comedores, en su mayoría, registran un aumento en la demanda mientras que los recursos estatales disminuyen, lo que los obliga a depender de redes de solidaridad. La preocupación de los y las trabajadoras estatales va más allá de sus honorarios.
Aún precarizados, en ocasiones con contratos informales, sin recursos en el presente y con una futura jubilación que no haría justicia a sus años de entrega y dedicación a las políticas agroalimentarias. Una constante en las entrevistas a los trabajadores estatales fue el miedo a la destrucción de lo logrado: la pérdida de las redes sólidas que se entretejieron entre técnicos y familias u organizaciones campesinas, la persecución o la disolución de grupos, que no sólo realizaban tareas técnicas o capacitaciones sino que significaban pertenencia y contención.
La historia se repite. No es coincidencia la persecución y el ninguneo a sectores como el Inafci, el INTA, el ProHuerta, cada vez que asumen gobiernos con políticas neoliberales. Este gobierno vino para saquear no solo el Estado, sino los recursos de la Argentina, entonces esa lógica propone desaparecer a cualquiera que tenga tierras, que tenga algún uso de los recursos que no sea en beneficio del empresariado.
Las últimas veces que sucedieron estas persecuciones fueron dentro de gobiernos democráticos. Es decir, el pueblo elige un modelo que lo condena al saqueo de los bienes naturales y que pone en jaque la soberanía nacional en todas sus aristas. Entonces, la resistencia y la lucha colectiva debe ser guiada por una profunda comprensión de los sucesos del pasado, donde la formación política es clave para evitar los embates que estamos viviendo hoy y reafirmar así una fuerza política que parece haber quedado en el olvido: la lucha campesina e indígena. (…)
* El texto pertenece al capítulo «Conclusiones y propuestas finales» del Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassa) que se puede descargar desde la página de la Red Calisas: https://soberaniaalimentaria.ar/
https://agenciatierraviva.com.ar/la-soberania-alimentaria-y-los-territorios-frente-a-milei
Fuente: https://rebelion.org/la-soberania-alimentaria-y-los-territorios-frente-a-milei/
Advertimos:
a) Conformidad a la política de compensaciones para frenar la lucha contra el desarrollo del sistema de agronegocios modelizado según el de la soja transgénica en nexo indisoluble con agrotóxicos o venenos.
b) Soslayo que -durante los 40 años de ‘democracia’- hubo continuidad en la profundización de las expropiaciones por el establishment de los bienes comunes tanto sociales como naturales para mercantilizarlos a su favor y desmantelamiento del rol Social del Estado para capturarlo no sólo como poder de dominio político del establishment sino también como su fuente de súper negocios.
c) Refuerzo de la creencia en que las elecciones, cada vez más condicionadas, expresan la voluntad popular. En consecuencia, hay menosprecio por las capacidades reflexivas de las diversidades de abajo y adopción del paternalismo de formarlas en la politiquería que es la del capitalismo.
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&Concentración y centralización capitalista
Consideremos cómo CaLiSA argumenta el Fuera Milei en base a su Tercer Informe Anual (Iassa) 2024 que sintetiza en:
La soberanía alimentaria y los territorios
frente a Milei
20 de mayo de 2025
Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria /
Agencia Tierraviva
(…) Algunas frases que se rescatan en las entrevistas con estatales, campesinos e indígenas son: “Lo que construimos, con la solidez que lo hicimos, no lo vamos a recuperar”; “ni bien cambió el Gobierno, fuimos despedidos”; “esto ya lo vivimos”; “la formación política como estrategia de resistencia”; “no es que antes no había desalojos, pero sí había una red de instituciones que, de algún modo, podían responder a estas injusticias. Hoy no hay herramientas ni voluntad política de generar una red de contención y los desalojos avanzan”; “hay archivos de 30 años de historia que, seguramente, serán quemados para que no quede memoria de una política pública hacia uno de los sectores más postergados de la sociedad: los campesinos e indígenas”. (…)
Revisamos cómo CaLiSA analiza el avance planetario de la concentración-centralización capitalista y constatamos que la fetichiza y nacionaliza:
(…) El RIGI, más neoliberalismo y menos soberanía alimentaria
Los datos recogidos y análisis generados desde los diferentes espacios de las Calisas acerca del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentado en el marco de la Ley Bases (sancionada en 2024 y puesta en marcha con la aprobación del primer proyecto en Mendoza), refleja una gran preocupación por lo que significa para la soberanía alimentaria y la agroecología.
Tras su aprobación en el Congreso (Ley 27.742), 18 provincias adhirieron al régimen. En la Región del Noreste (NEA), lo aprobaron las Legislaturas de Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos. En el Noroeste (NOA), dieron luz verde Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy. En la Región Centro se suman Santa Fe y Córdoba. En la Región Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis. En Patagonia adhirieron Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. (…)
Se esperan inversiones en minería (Tucumán, San Juan, Mendoza, Córdoba, Río Negro), el sector forestal (Corrientes y Misiones), megaobras (Misiones), energía (Tucumán, Buenos Aires, San Luis), agropecuario (Santa Fe, Córdoba), hidrocarburífero (Mendoza, Neuquén, Chubut), biocombustibles (Córdoba) y turismo (Chubut). (…)
* El texto pertenece al capítulo «Conclusiones y propuestas finales» del Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassa) que se puede descargar desde la página de la Red Calisas: https://soberaniaalimentaria.ar/
https://agenciatierraviva.com.ar/la-soberania-alimentaria-y-los-territorios-frente-a-milei
Fuente: https://rebelion.org/la-soberania-alimentaria-y-los-territorios-frente-a-milei/
Tengamos en cuenta que CaLiSA elude historiar leyes y acuerdos a beneficio exclusivo del desarrollo neoliberal contra los pueblos de Argentina y que están en vigencia desde la dictadura genocida e incluyen nuevas afianzando las más antiguas. Durante los gobiernos de Carlos Menem liderando al Partido Justicialista se establecieron como 50 acuerdos bilaterales de inversión bajo arbitraje del CIADI que todos los gobiernos posteriores respetaron e incluso agregaron. Aún más, la Constitución de 1994 con base en el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín fue a favor de las transnacionales al neofeudalizar en nombre de establecer verdadero federalismo.
¿PODER DEL RIGI O DEL ESTABLISHMENT GLOBAL Y LOCAL GLOBALIZADO?
Verificamos que CaLiSA no sólo abstrae El RIGI del presente e historia de Argentina sino sobre todo que el neoliberalismo o único capitalismo existente está acelerando e intensificando su criminalidad tanto de lesa humanidad como de lesa naturaleza sin respetar sus leyes ni siquiera su juricidad mundial. Es patente en Palestina y desde hace años en las oficializadas como zonas de sacrificio.
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& Alternativas emancipatorias
Apreciemos el enfoque de Leonardo Rossi que nos ubica en la urgencia de problematizar el ethos del capitalismo que acelera e intensifica “colonialidades y sus efectos epistemicidas/ecocidas/comunalicidas”.
Nos plantea preceder tal elaboración sobre porqué frenar al sistema mundo capitalista y su local mediante nuestra crítica “a la mirada de la ciencia hegemónica (…) que no sólo persiste en su “fragmentación” del mundo sino justamente en la construcción de certezas y soluciones a partir de esa negación de la complejidad, impulsada por un ethos de control y dominación (…).
Nos propone recrear aquellos ethos que se encuentran en sintonía con los flujos biofísicos que el planeta ofrenda.
Se tratará de exhibir la necesidad de un ethos ecocéntrico en busca de modos otros de cohabitar la trama de la vida, modos ajustados a sus dones y posibilidades, que es la línea de base para un horizonte de la salud colectiva que no se resigne a la gestión de lo dado ni recaiga sistemáticamente en falsas soluciones que retardan los desafíos a encarar en tiempos críticos para la reproducción de la vida humana (…).
Pistas ontopolíticas para sanar(nos en) la Comuna-Tierra y confrontar al Capitaloceno*
Leonardo Rossi
1 Colectivo Ecología Política del Sur, IRES-CONICET. * Correo de contacto: leo.j.rossi.ep@gmail.com
PROPUESTA
El objetivo de este artículo es contribuir al campo de la reflexión sobre la salud colectiva desde un giro ontopolítico apoyado principalmente en la perspectiva que brinda la ecología política. Para ello, se parte de una comprensión crítica del estado general de la salud terráquea y de las comunidades humanas derivado del fallido vínculo entre humanidad-naturaleza en tanto relación política.
En esa línea, el capitalismo, como sistema global, es concebido aquí como un modo histórico de (des)habitar la trama de la vida, como un ethos específico que se ha organizado sobre la negación de la inter-socio-dependencia y de la ecodependencia, y es identificado como la fuerza causal principal de los trastornos ecosanitarios del presente.
Apelando a miradas cruzadas entre la ecología política, la ciencia posnormal y el giro ontológico, se intentará problematizar el ethos del capitalismo y algunas de sus implicancias en torno al campo sanitario contemporáneo, al tiempo que se enfatiza la urgencia de cultivar otros horizontes ontoepistémicos, planteando la necesidad de recrear aquellos ethos que se encuentran en sintonía con los flujos biofísicos que el planeta ofrenda.
Se tratará de exhibir la necesidad de un ethos ecocéntrico en busca de modos otros de cohabitar la trama de la vida, modos ajustados a sus dones y posibilidades, que es la línea de base para un horizonte de la salud colectiva que no se resigne a la gestión de lo dado ni recaiga sistemáticamente en falsas soluciones que retardan los desafíos a encarar en tiempos críticos para la reproducción de la vida humana
ECOLOGÍA POLÍTICA COMO HUMUS EPISTÉMICO
Desde la perspectiva de la ecología política, se parte de una crítica a la mirada de la ciencia hegemónica de base cartesiana, reforzada hasta el paroxismo en campos como el médico, el agronómico y el nutricional, en tanto no sólo persiste en su “fragmentación” del mundo sino justamente por la construcción de certezas y soluciones a partir de esa negación de la complejidad, impulsada por un ethos de control y dominación (Breilh, 2015; Spinelli, 2018; Lewontin y Levins, 2021). Llegados a este tiempo no se pueden desconocer las vastas revisiones en torno a la ontología binaria y sus prácticas de conocimiento subyacentes, apalancadas primordialmente en la escisión entre la Naturaleza —despojada de acción— y la Sociedad —dotada de conciencia—, que deja de lado el fenómeno clave para el conocimiento, como es el intercambio entre agentes y formas múltiples de la “trama de la vida” (Capra, 1998) en el seno de la zona metamórfica2 (Latour, 2017).
Desde una clave ecomarxista, la relación y separación entre Sociedad/Cultura y Naturaleza ha sido abordada en torno a los denominados intercambios socio-meta- bólicos/fractura socio-metabólica (Foster, 2004; Saito, 2022), es decir, la producción socioecológica de la vida a través del trabajo, —que afecta y es afectada por el mundo extrahumano y provoca efectos sobre los propios organismos humanos—, y en torno a las correspondientes agencialidades políticas que devienen de ese proceso dialéctico. Se trata de poner el foco en los modos de producir y reproducir la vida que en el caso de las comunidades humanas ha implicado y aún implica —a diferencia del resto de las especies— una permanente re- creación en torno a los modos de organizar tanto la cooperación social intraespecífica como la relación con el mundo no humano, es decir, la forma primordial de lo político (Echeverría, 1984; Tapia, 2009; Machado Aráoz y Rossi, 2020).
Desde ese hilo, se entiende como un requerimiento clave de todo análisis crítico el entre “naturaleza” y “humanidad” en tanto vínculo-afección que implica una dinámica dialéctica de la materia viva/con-viviente, donde lo humano es reconocido como una emergencia terráquea y la Tierra misma como una producción sociopolítica. En estas coordenadas, se abre la posibilidad de una interpretación ecológica del mundo donde la ecología política se nos presenta como campo epistémico por excelencia para comprender, reflexionar y actuar en sintonía con los desafíos ecopolíticos de este tiempo. En este sentido, y como un emergente crítico dentro del propio campo científico occidental, la ecología política no niega ni descarta de plano a la totalidad de los conocimientos surgidos desde ese registro, sino que entiende que existe vasta producción científico moderna que se torna clave para la problematización del ethos capitalista, siempre y cuando dichos conocimientos sean puestos a construir las miradas de la complejidad que aporten a lo que ha sido denominado una Nueva Ilustración Radical, a recuperar el sentido crítico originario del movimiento científico despojado del proyecto colonialista/capitalista que le fuera correlativo (Garcés, 2017). Como lo planteara André Gorz (2011), la ecología política es una dimensión esencial de la crítica al capitalismo, en cuanto que comprende las devastaciones de la Tierra como resultante de un modo específico de producción en conexión con la teoría crítica de las necesidades humanas, situándose desde una dimensión ética radical.
Este recorrido deconstruye así el antropocentrismo característico de la racionalidad moderno-occidental y el “analfabetismo ecológico” que de allí se desprende, que ha extendido una concepción de lo humano como ajeno y/o por encima de la naturaleza que impide comprender las relaciones de dependencia y se aboca a destruir o alterar de forma significativa la dinámica que regula y regenera lo vivo (Herrero, 2016).
Desde una perspectiva latinoamericana se enfatiza que la ecología política sirve a los fines de explicitar que el proyecto moderno, cimiento ontológico del ethos capitalista, implicó siempre el ejercicio de un biopoder sobre la naturaleza y también sobre los cuerpos humanos subalternizados y sus prácticas ecopolíticas. Así, tal como se ha indagado desde la ecología política latinoamericana (Alimonda, 2011; Escobar, 2011; Leff, 2013), la biopolítica de los discursos moderno/coloniales produce subjetividades, territorialidades y naturalezas, y es justamente la tarea del campo ecológico-político problematizar esas colonialidades y sus efectos epistemicidas/eco-cidas/ comunalicidas.
*Pistas ontopolíticas para sanar(nos en) la Comuna-Tierra y confrontar al Capitaloceno (pp.95-109)de
Ciencia Digna | América Latina. V4 N1 2024
Artículos de reflexión
Revista de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina América Latina, marzo 2024 revistacienciadigna3@gmail.com
Fuente: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/260660/CONICET_Digital_Nro.4befad26-c0a5-4402-9b15-7e5d1e297f64_l.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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El ¡fuera Milei! de CaLiSA y la propuesta de Leonardo Rossi respecto a: Qué Democracia
De degradación total en el balotaje cuando cumplió 40 años de legalizar y legitimar al establishment a desplegar la Miseria Planificada durante su militarizada dictadura genocida.
Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/
Bloqueo de la lucha de clases/
Alternativas emancipatorias
& Legalidad-legitimidad de la gran burguesía
Advirtamos que CaLiSA niega ser Cristina Fernández la principal responsable de la criminalidad tanto de lesa humanidad como de lesa naturaleza que es el crecimiento incesante del hambre entre el 90% y la desertificación del país por la expansión del sistema de agronegocios. En efecto, como Presidenta, promovió el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020.
En plena pandemia, mientras nos tenía bajo encubierto estado de sitio con la justificación de protección de la Covid19 cuando permitía la deforestación (causa fundamental de la zoonosis), como vicepresidente con mayor poder político que el presidente presionó para convertir en ley del agro al Plan 2020-2030 del bloque dominante sobre el sistema de agronegocios o sea ‘democratizó’ la dictadura del único beneficiario de destruir la soberanía alimentaria y desterritorializar la Argentina para reterritorializarla a favor suyo.
Reflexionemos sobre:
La soberanía alimentaria y los territorios
frente a Milei
20 de mayo de 2025
Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria /
Agencia Tierraviva
(…) El RIGI, más neoliberalismo y menos soberanía alimentaria
(…) El contexto político muestra un debate muy acotado. Mientras gobiernos provinciales aprovechan el contexto para presentar regímenes alternativos (RINI en Entre Ríos y RPIE en Buenos Aires), reformas tributarias (Santa Fe) o leyes con incentivos fiscales, financieros, aduaneros e impositivos (La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego y Tucumán); colectivos sociales, asambleas, activistas socioambientales, pueblos originarios, sindicatos, universitarios, se hicieron presentes en espacio público para alertar, denunciar, debatir y proponer alternativas.
Se llevaron adelante solicitudes de audiencias públicas, reuniones con funcionarios y legisladores, campañas, protestas, audiencias populares, cartelazos y campañas que resignificar la sigla del régimen (“Reasignación Inmoral de Garantías Inconstitucionales”). Algunas de las consignas del reclamo fueron: “Decimos sí a la vida, sí a vivir en un ambiente sano, sí al trabajo regional”; “No son inversiones, es saqueo”; “La patria no se vende, ni se negocia”; “No al RIGI”, “Sí al agua y a la vida, no al RIGI”, “No negocien el agua”, “El agua vale más que el oro”, entre otras.
Lamentablemente, el breve tiempo transcurrido entre la sanción de la ley nacional y las adhesiones provinciales generó un “efecto de shock”, limitando la organización de una acción colectiva que terminó teniendo muy poca incidencia en las decisiones políticas. Los ejecutivos provinciales usaron estrategias como presentar proyectos de adhesión sobre tablas, dar tratamiento exprés, sesionar a puertas cerradas, reprimir y desinformar. En paralelo, se realizaron incendios intencionales y, en el caso de comunidades indígenas, se las amedrentó, desalojó e incumplió la obligatoria consulta previa, libre e informada. (…)
* El texto pertenece al capítulo «Conclusiones y propuestas finales» del Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassa) que se puede descargar desde la página de la Red Calisas: https://soberaniaalimentaria.ar/
https://agenciatierraviva.com.ar/la-soberania-alimentaria-y-los-territorios-frente-a-milei
Fuente: https://rebelion.org/la-soberania-alimentaria-y-los-territorios-frente-a-milei/
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& Bloqueo de la lucha de clases
Observamos que CaLiSA investiga sobre la situación del país respecto al agro sin contextualizar en cómo y quiénes la originaron y desde cuándo se está expandiendo y profundizándose. Por eso, concluye en una lectura sectorial y en reivindicaciones sin ninguna aproximación concreta a cuál debería ser su involucramiento en la lucha conjunta de las diversidades de abajo por otra sociedad, la de los “buenos vivires” como creación de cada pueblo, comunidad de la Argentina.
(…) La estimación de la Soberanía Alimentaria Argentina —elaborada por una comisión de trabajo dedicada a la búsqueda y estimación de indicadores para el seguimiento y monitoreo— evidencia que el país se encuentra en crisis. Si bien Argentina cuenta con una alta capacidad de producción, la concentración de la tierra, el predominio del monocultivo y la dependencia del comercio internacional afectan la autonomía en la provisión de alimentos.
Además, el retroceso en políticas públicas orientadas a la agricultura familiar y al acceso equitativo a los recursos naturales profundiza las desigualdades dentro del sector agropecuario y compromete el acceso a los alimentos por parte de la población. Para avanzar hacia la soberanía alimentaria es fundamental una mayor diversificación productiva, el acceso equitativo a la tierra y los recursos naturales, y el fortalecimiento de políticas públicas que fomenten la producción agroecológica y el consumo de productos locales.
* El texto pertenece al capítulo «Conclusiones y propuestas finales» del Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassa) que se puede descargar desde la página de la Red Calisas: https://soberaniaalimentaria.ar/
https://agenciatierraviva.com.ar/la-soberania-alimentaria-y-los-territorios-frente-a-milei
Fuente: https://rebelion.org/la-soberania-alimentaria-y-los-territorios-frente-a-milei/
Distanciémonos de la Lógica del Capital mirando en exclusivo por el acceso a los recursos naturales y a la tierra, que CaLiSA comparte. En Palestina se patentiza a qué grado de barbarie conduce perseguir esos objetivos. ¿Por qué se ha llegado a tan extrema criminalidad? Con independencia de las buenas intenciones de CaLiSA y de la consagración capitalista al ilimitado enriquecimiento oligopólico, ambas partes son estatalistas. CaLiSA desatiende que el Estado ejerce violencia como garante del Capital extractivista o desintegrador de la Naturaleza para obtener el elemento apetecido. Conseguir recursos naturales implica arrasar o menospreciar los territorios hasta convertirlos en tierras a mercantilizar.
Reparemos que CaLiSA no se siente piensa interpelada por las autoorganizadas defensas y recuperaciones de territorios. Cuando éstas luchan por la vida y la salud de la naturaleza que incluyen las humanas. Cuando están enfrentando al Capital y a su Estado que aceleran e intensifican los extractivismos rurourbanos o ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciados e invisibilizados por el sistema.
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& Alternativas emancipatorias
Volvamos a la propuesta del joven académico Leonardo Rossi.
Pistas ontopolíticas para sanar(nos en) la Comuna-Tierra y
confrontar al Capitaloceno*
Leonardo Rossi
1 Colectivo Ecología Política del Sur, IRES-CONICET. * Correo de contacto: leo.j.rossi.ep@gmail.com
(…) La separación ontoepistémica entre Naturaleza y Cultura, paradigmáticamente moderna, es una producción espiritual y material de la guerra de conquista contra la naturaleza exterior y contra la naturaleza interior (que finalmente hegemonizaría la llamada cultura occidental de base grecorromana) para dar forma a una “cosmología de la dominación” (Hathaway y Boff, 2014).
Esta vía ontológica operó como plataforma de los modos de concebir, organizar y producir las propias formas de lo político, entendidas aquí como los diseños que históricamente adquiere la modulación de la convivencia/cooperación social entre sujetos y entre éstos y el territorio habitado para sostener la reproducción de la comunidad de un modo perdurable en el tiempo (Echeverría, 1984, 2011; Tapia, 2009).
Como la literatura antropológica ha manifestado, existe una ontología política propiamente occidental —que se caracteriza justamente por esa separación antropocéntrica— que no es más que una manifestación entre diversos modos de organizar la cooperación social y su vínculo con la naturaleza no-humana, en tanto en gran número de culturas antiguas y contemporáneas las otras especies y otros seres no humanos adquieren subjetividad y hacen parte de redes complejas de cooperación (Sahlins, 2011; Descola, 2012; Vi- veiros de Castro, 2013).
En estos pueblos, la trayectoria biológica del individuo —no concebida en los términos moderno occidentales— es posible en cuanto que es parte de una comunidad de cuidados y obligaciones mutuas (inter-socio-dependencia) y esa comunidad es viable en cuanto que ejerce prácticas de autocontención, regulación y coproducción para con la trama de la vida no humana (ecodependencia). Desconocer deliberadamente el cuidado de la comunidad y del territorio compartido ha sido para gran cantidad de pueblos poner en riesgo lo comúnmente producido, el sustento material y afectivo del que se goza, es decir, la propia vida comunal, y, en un plano derivado pero sustancial, ha sido un atentado a la propia posibilidad de sobrevida biológica individual (Tapia, 2009; Descola, 2012). Estos mecanismos genéricamente descriptos aquí han estado en la base reproductiva de las más diversas cosmovisiones, aun en sociedades con formas marcadamente jerárquicas de autoridad política, pero que no dejaban de tener agenciadas en las prácticas cotidianas de la base social la dimensión de la ecodependencia y de la precariedad del individuo de una especie que sin cuidados de sus congé-neres sólo ha estado destinado a perecer.
Si bien diversos pueblos han tenido prácticas sociales organizativas tendientes a la desintegración y colapsos ecológicos significativos, definitivamente fue el capitalismo como sistema de relaciones sociopolíticas y como modo de organizar el vínculo humano con el resto de la trama de la vida que provocó el distanciamiento/ alienación de la producción respecto de los ciclos naturales y, por lo tanto, está en la base de los trastornos entre comunidades y territorios que hoy tiene alcance planetario (Tapia, 2009; Wood, 2016; Moore, 2020).
A la vez, se sustentó en una concepción de lo político con tendencia a la concentración y desacoplada del territorio de vida cotidiano, una forma de poder ajena a los flujos, ritmos y requerimientos ecológicos de las propias comunidades sobre las que se decide. En una dirección similar, las formas de cooperación social, partiendo de las más elementales y originarias, como el cuidado de las crías y la obtención de alimentos (que justamente han sido la base que permitió sobrevivir al linaje humano y reproducirse), acabaron —en prácticamente todos los registros de la vida— atravesadas de forma directa o perturbadas por la lógica del capital, invisibilizando o pervirtiendo el hilo que conecta cada vida individual a miles —o tal vez hoy a millones— de congéneres, como agricultoras, costureras, tratadoras de residuos y albañiles, por dar algunos ejemplos clave de la sostenibilidad material, sin los cuales el sistema colapsaría rápidamente. Es sobre este ethos donde se forjan los agenciamientos políticos modernos ajenos a la ecodependencia y a la sociodependencia, es decir, de espaldas a su implicación a la “trama de la vida” y a su propia producción como sujetos políticos dentro de las tramas cooperativas. Es montados sobre esa base que se moldean modos específicos de reproducción propiamente moderno-capitalistas, con su correlativa praxis en torno al “bienestar” de los individuos, sus cuerpos y ambientes —según concibe esta lógica— y a la restringida idea de “salud” subyacente, y que irán profundizando estas escisiones hasta alcanzar niveles extremos de desafiliación respecto al mundo viviente y a la trama de cuidados al interior de la propia especie.
*Pistas ontopolíticas para sanar(nos en) la Comuna-Tierra y confrontar al Capitaloceno (pp.95-109)de
Ciencia Digna | América Latina. V4 N1 2024
Artículos de reflexión
Revista de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina América Latina, marzo 2024 revistacienciadigna3@gmail.com
Fuente: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/260660/CONICET_Digital_Nro.4befad26-c0a5-4402-9b15-7e5d1e297f64_l.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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De acorralamiento a ejecutar ecocidios-genocidios y a integrar las fuerzas policiales y de seguridad.
El ¡fuera Milei! de CaLiSA y
la propuesta de Leonardo Rossi respecto a: Qué Trabajo
Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /
Alternativas emancipatorias
& Expropiado y explotado por la burguesía
Destaquemos que ya desde el título de su Informe, CaLiSA se desconecta de las defensas y recuperaciones de territorios.
Da la espalda a la centralidad de los extractivismos. Concentran y transnacionalizan tanto la economía como el territorio de Argentina. Implican retroceso del país a especializarse en exportar commodities y sumirse más en subdesarrollo o mayor pobreza estructural, atraso científico técnico respecto a atender necesidades e intereses populares, sometimiento al sistema mundo capitalista. Y no es sólo por gobiernos de derecha explícita sino por toda la democracia fiel, desde diciembre de 1983, a lo instaurado por el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales mediante terrorismos paraestatal y estatales en los setenta. Aún más, la democracia restringida -en especial la de Cristina y Alberto- se empeñó en viabilizar el acelerado acaparamiento gran capitalista de bienes comunes sobre todo derrotando las luchas de los expoliados. Todos los gobiernos de turno desde diciembre de 1983, hicieron posible esa Miseria Planificada por el establishment. ¿Cómo la gran mayoría no se rebeló contra ese saqueo? Implantaron maceración ideológica, desinformación, desnutrición y superexplotación laboral.
La soberanía alimentaria y los territorios frente a Milei*
20 de mayo de 2025
Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria / Agencia Tierraviva
La Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria presentó su tercer informe anual. Con entrevistas en cada región del país, precisa los ataques del gobierno nacional a la agricultura familiar, comedores comunitarios y trabajadores estatales. También se destacan las redes y acciones de quienes sostienen la producción de alimentos sanos para las mesas argentinas.
Los referentes sociales y políticos entrevistados para el Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassa) 2024 recuperan el contexto en el que surge cada organización. Se trata de la necesidad de hacer colectiva la lucha por el trabajo y el alimento sano, seguro y soberano. En definitiva, por todos los derechos humanos fundamentales. (…)
Porque se profundiza la dependencia económica y las desigualdades, acentuando la conflictividad social, entendemos que retrocedemos en materia de derechos humanos. Porque se vulnera el derecho de las comunidades a decidir qué, cómo, quiénes y dónde producir para alimentarse saludablemente, entendemos que es una entrega de soberanía. Y porque se continúa desplazando pequeños productores, con conocimientos y prácticas ancestrales, entendemos que hay un impacto negativo para la agroecología.
Subrayemos el qué CaLiSA nos indica: Se trata de la necesidad de hacer colectiva la lucha por el trabajo y el alimento sano, seguro y soberano.
Preguntémonos en qué país vive e incluso cómo no se siente piensa interpelada por la criminalidad hambreadora y desertificante de Cristina Fernández de Kirchner de ‘democratizar’ la dictadura del bloque dominante sobre el sistema globalizado de agronegocios cuyo Plan 2020-2030 continúa profundizando la catástrofe socioeconómica y territorial del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 que CFK promocionó.
Más organización, más agroecología y más soberanía como respuesta
En el escalonamiento de la agroecología, a través de las experiencias relevadas en el Informe Iassa, se pueden observar las múltiples interacciones entre personas que consumen y personas que producen alimentos a lo largo y ancho del país, que conforman una auténtica guía para elegir el camino con acciones territoriales que llevan al país hacia la práctica y co-construcción de sistemas alimentarios sostenibles.
La Regional NEA muestra al cooperativismo en hermandad con las comunidades originarias como una estrategia para proteger al ambiente y la salud, con la implementación de un Sistema Participativo de Garantías (SPG) en el territorio, con gran acompañamiento institucional, que es necesario y aúna la producción alimentaria.
* El texto pertenece al capítulo «Conclusiones y propuestas finales» del Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassa) que se puede descargar desde la página de la Red Calisas: https://soberaniaalimentaria.ar/
https://agenciatierraviva.com.ar/la-soberania-alimentaria-y-los-territorios-frente-a-milei
Fuente: https://rebelion.org/la-soberania-alimentaria-y-los-territorios-frente-a-milei/
¿Cómo puede hablar de lucha por el trabajo y el alimento sano, seguro y soberano al estimar el “gran acompañamiento institucional, que es necesario y aúna la producción alimentaria”? Si Cristina Fernández, como presidenta, entregó a Chevron el derecho de destruir Neuquén y parte de Río Negro, La Pampa y Mendoza mediante el fracking. Si Cristina Fernández, como vice presidenta, hizo a la legitimidad de la apropiación por Mekorot de toda el agua dulce de Argentina.
Reflexionemos sobre el voluntarismo y obnubilación de circunscribirse al pragmatismo e inmediatez implícitos en el sobrevivir aislado de la crisis civilizatoria en que el capitalismo sume a la humanidad.
CaLiSA desconoce que, como Norma Giarraca y Jorge Rulli advirtieron, es imposible la coexistencia de la agricultura gran capitalista con la campesina e indígena. Menos si se persiste en el carácter de agricultura familiar. Cuando ésta fue estimulada por gobiernos progresistas para viabilizar que se afianzara en paz social el sistema capitalista e imperialista de agronegocios. Tampoco puede haber trabajo y alimentación sanos, soberanos cuando hay aceleración e intensificación de los extractivismos rurourbanos.
Sepamos que en este siglo se ha agudizado la lucha por expropiación de las semillas nativas y criollas que son frutos del trabajo colectivo durante siglos de comunidades campesinas e indígenas y son base de la soberanía alimentaria. Es tiempo de descubrir qué campo avanza y cómo el otro campo resultante de solidarizarnos entre las diversidades de abajo requiere ruptura con el capitalismo y no la conciliación ejercida por las actuales dirigencias de campesinos y pequeños-medianos productores mirando a salvarse como familias e individuos.
Descubramos en los pueblos originarios por qué resistir a la destrucción de la naturaleza o a su sustitución por monocultivos y mega emprendimientos de la IIRSA e inmobiliarios. También expliquémonos cómo la rebelión -de fines del 2001- antineoliberal y opuesta a delegar su representación política en las burocracias, no atendió a los Pueblos Mapuche-Tehuelche, se dejó seducir por el Partido Justicialista. En efecto, el matrimonio Kirchner lo mimetizó con los deseos e ideas predominantes entre las diversidades de abajo bajo ideología pequeño burguesa. La mayoría que se había insurreccionado desconoció a la siguiente realidad de afirmación en la autodeterminación territorializada, comunalizada:
Estaba segura que había sido en octubre, pero ¡acá está el documento con todas las firmas! Gracias, Gustavo Macayo por traerlo en «prueba irrefutable»!
Pronunciamiento Mapuche
Esquel, Territorio Mapuche, 21 de Diciembre de 2002.
Los Pueblos Originarios Mapuche-Tehuelche, reunidos en un Füta Trawün (gran encuentro), a través de nuestras comunidades, organizaciones y pu peñi (hermanos), ejerciendo el Derecho a la Autodeterminación, a la libre decisión y gestión sobre nuestro presente y futuro como parte del territorio, en armonía con todos los pu newen (fuerzas) que custodian y son parte de nuestros espacios sagrados, donde descansan nuestros kuifikeche (ancestros), nos expresamos desde nuestra identidad-filosofía-espiritualidad-ideología (kimün), presididos por nuestros pu longko, pu pillan kushe, pu werken, orientadores en la realidad desde nuestro ser mapuche-tehuelche, hemos alcanzado un rakizuam (pensamiento), y decimos:
Las montañas y todas las formas de vida aún tienen su pillan (espíritu), y seguimos coexistiendo con ellas. La Gente de la Tierra, como parte del wallmapu (territorio: tierra, subsuelo y cielo) entendemos que la violación de la Madre Tierra nunca podrá ser intercambiada por una limosna.
Hoy, como lo ha hecho históricamente, el Estado Argentino trata de dividirnos para llevar adelante sus atropellos. Hoy nos quieren enfrentar entre hermanos con la promesa de fuentes de trabajo. Nuevamente llegan con sus espejitos de colores, como lo hicieron hace 500 ciclos (años). Vienen por el oro y no dudarán en matarnos como lo hicieron antes.
Arrastrados por su cultura de odio trituran los cerros para sacar oro y no les interesa que, matando al cerro, nos matan a nosotros y a todas las formas de vida.
Tenemos derechos sobre nuestro Territorio. El convenio 169 de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo) es sólo un reflejo de nuestra cosmovisión y en él dice que se nos debe consultar antes de ingresar a nuestro territorio, pero el estado (que reconoce nuestra preexistencia en la Constitución) lo ha permitido, abriendo así las puertas a la empresa minera Meridian Gold, entre otras, para que lleve adelante este saqueo de nuestra wallmapu.
Nuevamente nos ignoran, como lo hicieron ayer, cuando hablaron de conquistar el “desierto” y asesinaron a tantos que hoy son memoria. Hablaron de desierto diciendo que no existíamos. Pero existimos, tenemos derechos. No queremos migajas, queremos respeto.
Cuando buscamos salidas verdaderas a la miseria que se vive en el pueblo y volvemos a nuestras tierras, nos castigan con todo el peso de su ley. Los poderosos que hoy dicen estar preocupados por el desempleo, no dudan en apoyar el desalojo de nuestra gente, que vuelve al campo a vivir en la tierra y escapar al hambre. ¿Qué diferencia hay entre Meridian Gold, Benetton, y las empresas forestales que saquean el bosque nativo?
Por eso, a los hermanos que creen que la mina será una alternativa a la pobreza, les decimos que eso es un ENGAÑO. La mina traerá más pobreza y enfermedades. La solución es que se cumplan NUESTROS DERECHOS a la AUTODETERMINACIÓN y LIBERTAD, a volver a la TIERRA para desarrollarnos de acuerdo a NUESTRA IDENTIDAD.
Nosotros decimos: ¡NO A LA EXPLOTACIÓN MINERA!
¡NO A LOS DESALOJOS!
¡NO A LA DEPREDACIÓN DEL WALLMAPUCHE!
¡NO AL ESTADO RACISTA!
¡SÍ A UNA SOCIEDAD QUE TENGA COMO RIQUEZA A LA DIVERSIDAD CULTURAL!
Firmas:
Celinda Lefiu. Pillan Kushe. Comunidad de Costa de Lepá.
Lorenzo Quilaqueo. Longko. Esquel.
Agustín Sánchez. Longko. Comunidad Füta Huau.
Amelia Tralma. Comunidad de Alto Río Lepá
Dora Ovando. Comunidad de Costa de lepá.
Mariano Ruminahuel. Comunidad de Costa de Lepá.
María Luisa Huincaleo. Werken. Comunidad de Gualjaina.
Mauro Millan. Werken. Esquel.
Marta Cárcamo. Comunidad de Füta Huau.
Rita Nahuelpan. Werken. Comunidad de Costa de Gualjaina.
Arcelia Epulef. Comunidad Epulef.
Rosa Pincol. Comunidad Ñankulawen. Comodoro Rivadavia.
Fidelia Ayllapán. Mallín Ahogado. Pcia. de Río Negro.
Laura Antileo. Comunidad Tehuelche Mapuche Gueney. Sarmiento.
Camilo Paillacan. Comunidad de Río Percy.
Jorge Manquillán. Esquel.
Amadeo Cayecul. Werken. Comunidad Lago Rosario.
Luis Millan. Comunidad Pillan Mahuiza.
Ariel Manquipan. Esquel.
Héctor Allende. Comunidad Ñankulawen. Comodoro Rivadavia.
Sofía Curapil. Grupo “Jóvenes Mapuche de Furilofche Warria”. Bariloche.
Rosa Rúa Nahuelquir. Esquel.
Atilio Curiñanco. Esquel.
Francisco Facundo Jones Huala. Furilofche Warria. (Bariloche).
Federico Jones. Comunidad Pillan Mahuiza.
Martin Jones. Comunidad Pillan Mahuiza.
Rosa Epulef. Comunidad Epulef.
Marisa Perez. Esquel.
Rosario Cayumán. Esquel.
Jorge Luis Millan. Comunidad Pillan Mahuiza.
Eduardo Paillacan. Esquel.
Micaela Rayel. Esquel.
Humberto Prane. Estación Nahuelpan.
Curiñanco. Esquel.
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&Ecocida y genocida
Dejemos de naturalizar nuestro modo de vida y trabajo. La pandemia debería habernos interpelado sobre porqué existe emergencia alimentaria desde 2002 y se la prorrogó hasta 2023, también sobre el deterioro y la contaminación de los alimentos.
Pensemos sobre la insalubridad del empleo y de las condiciones de vida local pero también el tipo de comida chatarra que se masifica, así como sobre el acaparamiento enorme de tierra y de agua, energía…
Significa suscitar la incorporación de una creciente mayoría al pronunciamiento del ¡basta! de hacer negocio con la salud de la naturaleza que incluye la humana.
Pero entonces quienes nos autoorganizamos para frenar, luego erradicar, los ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciosos debemos, en simultáneo, generalizar la superación de la creencia en que la única economía posible es la de la modernidad capitalista e imperialista. Se trata, por ejemplo, de visibilizar que las inversiones de YPF implican condenar a más de la mitad de la niñez-adolescencia a la pobreza, al 80% de jubilados-pensionados a torturarse ante su miseria y a los trabajadores formales a subordinarse a un salario mínimo-vital-móvil de indigencia ni qué decir sobre las condiciones infrahumanas del malvivir entre el creciente número de los desposeídos de todo por el sistema. También esas inversiones se hacen desmantelando por completo la salud y la educación públicas, precarizando la seguridad social y la cotidianeidad de las grandes mayorías.
Y ¿para qué esas inversiones? Para llevar a cabo la regeografía de Argentina-Chile planificada a principios de siglo como IIRSA o Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana por acuerdo de todos los gobiernos con el objetivo de elevar la eficiencia del saqueo al continente o de la exportación a gran escala de Naturaleza, es decir de la salud suya que implica la humana. Hasta la UNASUR la convirtió en eje de desarrollo ocultándola en el COSIPLAN. Veamos en el siguiente artículo que el interés del bloque dominante está puesto en exportar y el autoabastecimiento que es para el alto consumo energético de los extractivismos. Los diversos de abajo sólo existimos para ser despojados de nuestras riquezas e ingresos, frutos del trabajo social y de la naturaleza.
Consideremos cómo el gobierno de Cristina y Alberto Fernández gestionaron el saqueo y el avasallamiento de derechos de la naturaleza y de los trabajadores, pueblos e individuos de debajo de la Argentina.
Anatomía cambiaria de la energía argentina
Miles de millones de dólares se pierden en pagos de servicios, patentes e intereses de las petroleras. Equilibrar importaciones y exportaciones de hidrocarburos no lo soluciona.
Entre enero de 2020 y agosto de 2022, el sector energético perdió 13.500 millones de dólares. La energía fue uno de los principales determinantes de la incapacidad del BCRA para acumular reservas.
En general, asociamos la pérdida de U$S del sector al intercambio de combustibles y energía. Pero inciden otros factores en la cuenta: servicios, patentes y, principalmente, movimientos financieros de empresas para extranjerizar ganancias, dolarizarlas y pagar menos impuestos.
De lo perdido en los últimos años, 6.000 millones de dólares fue por combustibles y energía. Los restantes 7.500 se perdieron por estos otros mecanismos. Aquí detallamos cómo se activaron en los últimos años.
Desde 2014 creció el ingreso de dólares para inversiones. En 2016 llegaron 4000 millones. A partir de 2020 estos préstamos se empezaron a devolver y las salidas superan los nuevos ingresos. Además, hay que pagar intereses, que desde 2019 consumieron ya 4300 millones.
La mitad del endeudamiento del sector es intrafirma: grupos económicos que se deben a sí mismos. Además, hay otros pagos entre empresas del mismo grupo: por propiedad intelectual, servicios profesionales y técnicos, entre otros. Unos 400 millones por año se pierden así.
En relación a todo el sector privado, en 2013 la deuda de las petroleras representaba el 7 %. Desde 2016 ese valor saltó al 17 % y el monto ronda los 12500 millones de dólares. Pagar eso implica drenar más las divisas del BCRA.
La mayoría de las compañías relevantes en cuanto al vínculo en la actividad con el sector externo son transnacionales, o bien son de origen local pero con características similares a aquellas, en tanto dolarizan los excedentes y los depositan en guaridas fiscales.
Para más precisiones, leete el informe “Energía y dólares. ¿El problema y la solución?”, fruto de la investigación del economista Marco Kofman del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES).
ejes.org.ar
Vaca Muerta festeja 10 años:
las alternativas y la izquierda ante la miopía oficial
26 de octubre de 2022
Por Fernando Cabrera Christiansen*
Vaca Muerta es la mayor apuesta argentina. El país consolida, así, una matriz energética fósil pero no logra el autoabastecimiento, continúa gastando dólares en importación y no hay un bienestar generalizado en las regiones de extracción. Mientras tanto, las agendas públicas minimizan sistemáticamente los impactos socioambientales del fracking y no presentan alternativas a aquel megaproyecto. El rol estructural de los hidrocarburos y la urgencia por construir nuevos horizontes que incluyan los límites biofísicos obligan a las izquierdas a abordar estos temas y construcciones. (…)
(…) La Argentina del fracking
Ubicada en la Cuenca Neuquina, los tres millones de hectáreas de la formación geológica Vaca Muerta se extienden sobre el subsuelo de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. Abarca una superficie equivalente a 147 veces la Ciudad de Buenos Aires y es, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, una de las reservas de shale gas y shale oil más importantes del mundo (2013). Es decir, uno de los lugares del mundo con mayores posibilidades de utilizar fracking. No obstante, esa descripción más restrictiva, la noción Vaca Muerta se expande y designa una zona más amplia con potencial hidrocarburífero no convencional en el noroeste patagónico, incluso cuando las perforaciones no tienen como objetivo la formación denominada con ese nombre.
La noción de megaproyecto supone un espacio aún mayor al incluir desde los procesos necesarios y anteriores a la perforación, hasta la refinería, pasando por los ductos, los insumos específicos para cada etapa y las tratadoras de residuos. Vaca Muerta conforma de este modo un entramado de infraestructura actual y proyectada, como ductos, caminos, viviendas, servicios, reformulación de ciudades, etc (ver cartografía Megaproyecto Vaca Muerta). Vaca Muerta es entonces más que una mera zona de extracción y articula distintas instancias gubernamentales con una multiplicidad de empresas (públicas, privadas y mixtas con diversidad de roles, tamaños y orígenes) que elaboran una arquitectura financiera y contractual específica para cada proyecto.[11]
En julio de 2022 la extracción de Vaca Muerta representó el 57% del gas total del país y el 42% del crudo. En un país donde su matriz primaria de energía depende un 52% del gas y un 32% del petróleo. Muy lejos con un 3,7% las siguen la generación nuclear y con un 2,9% la hidroeléctrica[12].
YPF es la compañía que tiene más concesiones y mayores niveles de extracción. También operan en Vaca Muerta las principales petroleras globales como Exxon, Chevron, Dow (todas de EE.UU.), Gazprom (Rusia), Total (Francia), Shell (Inglaterra), Pan American Energy (donde tienen participación BP y la china CNOOC), Wintershall (Alemania), Sinopec (China), Petronas (Malasia), Equinor (Noruega), y las que tienen el foco puesto en el país: Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, Vista Oil, Capex, Oilstone y El Trébol/Phoenix.
La ampliación de la capacidad de transporte de hidrocarburos desde la cuenca neuquina[13], refuerza la constitución de este megaproyecto como el principal motor de la energía nacional. Una porfía que al momento no cumplió sus iniciales promesas y que omite la posibilidad de otras propuestas energéticas que modifiquen consumos y fuentes.
Las expectativas y la realidad
La expropiación parcial de YPF puso al estado nacional a gestionar la principal empresa del país como una empresa mixta y definió dos objetivos: por un lado, apuntar al autoabastecimiento para revertir la tendencia deficitaria en la balanza energética y también lograr la generación de cantidades exportables. Por otro lado, en las zonas de extracción, fundamentalmente en la provincia de Neuquén, las promesas gubernamentales presentaban un futuro próspero que beneficiaría a la población.
Los publicitados resultados extractivos de Vaca Muerta son, sin embargo, ambiguos por la baja, al mismo tiempo, de la explotación convencional. La disminución de la extracción convencional se debe a un declino natural que se conjuga con que las compañías han focalizado su inversión en el sector no convencional. En gas, los “récords” han podido frenar la caída de la extracción total, que se sostiene rondando los 140 millones de metros cúbicos diarios desde el 2019. La capacidad de transporte de gas desde la Cuenca Neuquina sería el principal motivo de ese techo de extracción. El crudo, en cambio, sí aumentó sus totales. Esto se debe a que, en comparación con la del gas, la extracción convencional ha tenido una caída menor, está menos concentrada en la cuenca neuquina y tiene mayores posibilidades de transporte. El crudo demuestra mayor capacidad para recuperarse y hoy ya se exporta desde Neuquén, una novedad relevante. De esta manera, los no convencionales colaboran en la balanza comercial: disminuyen la importación de gas y generan dólares por la exportación de crudo. No obstante, tras 10 años de explotación, esta cuenta sigue siendo deficitaria[14].
Al mismo tiempo, la presión cambiaria no solo se sostiene sobre la balanza comercial, sino también sobre la financiera y la de servicios. Las inversiones corporativas, la inversión extranjera directa, son por lo general préstamos intrafirmas que, tras ser utilizados en las inversiones productivas, rápidamente salen del país como pago de deuda privada. La gestión de una técnica de extracción sumamente sensible a la inversión, como veremos a continuación, define una situación de fortaleza para las compañías, que exigen el libre acceso a divisas. El gobierno ha cedido y liberalizado parcialmente el acceso a divisas y, de seguir en ese camino, minimiza el impacto positivo que éstas podrían tener sobre la balanza energética (Kofman, 2022).
Por otro lado, pese a las ingentes cantidades de inversión que han llegado a Neuquén para Vaca Muerta, y pese al aumento del empleo privado que este tipo de yacimientos implica, los índices sociales de la provincia siguen siendo malos: el 37,2% de las personas son pobres en el conglomerado Neuquén-Plottier, superando así el 36,5% de pobres que hay en el país[15]. El gobierno explica esta situación por la permanente inmigración que llega a la región impulsada por la perspectiva de progreso y bienestar, sin embargo, excluye de la explicación la desigualdad inherente a una economía petrolera que promueve unos salarios y capacidades económicas que no pueden ser afrontadas por otros sectores de la economía.
Pese a todas estas situaciones, los distintos gobiernos han estado convencidos de que la extracción de hidrocarburos de Vaca Muerta es la única alternativa. Es cierto que la urgencia del contexto de precios altos derivados de la guerra dificulta construir alternativas y, contrariamente, empujan en busca de beneficios monetarios. Esto fortalece a una política pública sin un horizonte de transformación energética, ni que hablar si como pretendemos es que esa transición sea justa y popular[16]. En 10 años de Vaca Muerta poco se ha hecho para disminuir la dependencia hidrocarburífera de las centrales eléctricas o para aumentar la capacidad de transporte del sistema interconectado nacional para ampliar la generación con fuentes renovables, incluso para modificar de forma sustantiva las formas de consumo.
Intensificación permanente
Las inversiones en infraestructura preparan el terreno para multiplicar los 2500 pozos ya existentes en Vaca Muerta. La intensidad de ocupación territorial y de uso de insumos y una acelerada caída del rendimiento define una técnica fuertemente cuestionada en todo el mundo y que, si bien impacta con sus perforaciones, también afecta territorios alejados como la cuenca del río Paraná y del Chubut, en tanto áreas de extracción de arenas, perpetúa los impactos de las industrias del refino y puertos de exportación, e impacta globalmente aportando gases con impacto climático[17].
Un pozo de fracking en Neuquén tiene un rendimiento alto en los primeros meses, pero al año ya rinde la mitad y al segundo año sus niveles son ínfimos. Los rápidos resultados necesitan sostenerse a fuerza de inversión permanente, lo que redunda en nuevas afectaciones. En la explotación convencional la tasa de declino de cada pozo era notablemente menor por lo que tenía una relación más distante con las inversiones. En la actualidad, el impacto entre inversión y extracción es directo, por lo que la capacidad de presión empresarial es muy fuerte.
Un pozo de fracking hoy puede llegar a los siete kilómetros de longitud con una rama vertical de entre 3 y 4 kilómetros y una horizontal de similares longitudes. Las fracturas se realizan en distintos tramos: hace 10 años, los primeros pozos, tenían menos de 10 procesos de fractura, hoy se anuncian los que llegan a 100 procesos y es normal que tengan 50 o 60. En ese momento, algunos pozos llegan a consumir 100 millones de litros de agua y unas 15 mil toneladas de arena, es decir, unos 370 camiones de arena.
Esta intensidad de intervención genera cantidades impresionantes de residuos que son tratados en deficientes basureros petroleros que no cumplen con las reglamentaciones y están sobrepasados, acumulando montañas de barros empetrolados que permanecerán ahí durante años o lustros. Los líquidos que salen a la superficie después del proceso de fractura[18] son inyectados en pozos a la espera de que no entren en contacto con el sistema hidrológico. Por otro lado, son cada vez más frecuentes los sismos. Según el geógrafo Javier Grosso, que estudia el tema, se produjeron 304 movimientos telúricos desde 2018 en una zona que no tenía antecedentes.
Por otro lado, la intensificación de la explotación, la flexibilización laboral, la presión sobre la infraestructura con falta de inversión y el déficit de preparación de quienes trabajan en el sector han multiplicado los incidentes ambientales -que en Neuquén treparon de 2,8 diarios a 5,6 entre 2017 y 2021– y los “accidentes laborales” que ya se cobraron 15 vidas desde 2017.
Este tipo de explotación somete a un territorio y a una de las mayores cuencas hídricas del país a una técnica que implica grandes ocupaciones territoriales, la contaminación y el abandono de millones de litros de agua, la utilización de miles de toneladas de arena, la generación de millones de toneladas de barros empetrolados y la continuidad de la quema de hidrocarburos en medio de una crisis climática de dimensiones inconmensurables. Además de tener un sinnúmero de implicancias sociales y multiplicar los accidentes laborales.
Otros caminos posibles
Hay una serie de medidas que podrían modificar en parte la dependencia gasífera y petrolera. Para ello, se debería pensar la energía como fundamento del modo de producción que tenemos y como determinante de las posibilidades de bienestar de la población. Es decir, como un bien estratégico más que como una simple mercancía. En definitiva, otras respuestas a la insistente pregunta sobre el para qué de la energía, deben ser el punto de partida de cualquier propuesta de transformación del sector.
Por mencionar solo algunas líneas de trabajo, señalo tres posibles caminos de transformación del sector: regulación, consumo y fuentes. Para lograr avances efectivos habrá que tomar la decisión, pero también construir la fuerza necesaria para oponerse a los designios petroleros.
Como primer punto, es necesario recuperar el debate sobre el régimen normativo de la gestión, que sigue siendo el que dejó el proceso privatizador de la década de 1990. Por lo que la intervención estatal en el mercado de gas, por ejemplo, se realiza dejando en suspenso la normativa y mediante la intervención de los organismos de control. En esta reformulación debería primar el manejo de los bienes energéticos bajo una lógica que no responda únicamente a la maximización de ganancias que motoriza el accionar empresario. Es una premisa fundamental para pensar en otro sistema energético. En este sentido, debemos discutir las regalías tanto en su porcentaje -solo el 12% de lo extraído en on shore queda para la provincia-, como en la relación que generan con los estados provinciales que se convierten en socios de la explotación y, en todo caso, en qué se usan las sumas así obtenidas. Por otro lado, cuál es el rol de YPF y qué pretendemos que haga, es otro de los debates pendientes. En todos estos debates la participación popular debe ser protagónica.
En segundo lugar, se puede también avanzar con decisión e inversiones en la modificación de los consumos. La falta de energía es un debate recurrente, pero es mucho menos habitual la discusión sobre en qué se consume y cómo. Como si su ampliación fuera una ley natural incuestionable y no incluyera fuertes desigualdades. Los principales sectores de consumo de energía son Transporte (30%), Residencial (25%) e Industrial (21%)[19] y cada uno de ellos debe ser analizado y transformado con tres grandes horizontes: aumento de la participación estatal con gestión de trabajadores y organizaciones populares, eficiencia de los consumos y promoción de algunos sectores industriales nacionales.
Es urgente transformar el transporte, el principal destino de la energía en Argentina. Mejorar la eficiencia de las unidades es un objetivo necesario, pero fundamentalmente es prioritario recuperar la capacidad de los trenes, cuya eficiencia energética es notablemente superior a la de los camiones. La electrificación del transporte, además de lejana en nuestras pampas, es una falsa solución. Al mismo tiempo, se debe promover los consumos de cercanía para minimizar el transporte de alimentos y, en lo posible, de otros bienes de consumo. Por otro lado, es necesario promover el transporte público, con calidades y precios accesibles, en detrimento del auto individual. Sin lugar a dudas, serán necesarias compañías públicas para dotar al Estado de capacidad de gestión. Seguramente también habrá que reconformar profundamente las ciudades para evitar el traslado permanente de contingentes sociales por largas distancias.
También es necesario transformar los consumos domésticos. En este punto, es fundamental tener en cuenta las desigualdades. El suministro energético y la calidad de construcciones y electrodomésticos de los barrios más pobres ocasiona que gasten más para lograr iguales beneficios que sectores con mejores ingresos. La modificación de los consumos debería lograrse, no mediante precios, sino mediante políticas y prácticas robustas de eficiencia y mejoramiento del uso. Se podría mejorar las calidades habitacionales, con la promoción de mejores materiales de construcción y facilitando la posibilidad de acceso. También se podrían promover con políticas de financiamiento y subsidio el reemplazo de electrodomésticos por los de mayor eficiencia, así como eliminar los pilotos de calefactores y calefones que consume cantidades desmesuradas de gas[20].
Los consumos industriales también deben ser parte de una política energética general. La energía debe ser un eje nodal tanto en la evaluación de la industria existente, como para la instalación de nuevas plantas y proyectos de inversión. La planta de Aluar en Puerto Madryn, por ejemplo, consume el equivalente a una ciudad de más de un millón y medio de habitantes. La promoción minera que el gobierno realiza con el fundamento de los resultados en términos de balanza comercial debe ser evaluada también desde su dependencia energética. Hoy que el gobierno promueve la megaminería, es importante recordar que la minera Bajo de la Alumbrera, en su momento de mayor actividad, consumía 170% de la electricidad de toda Catamarca.
Al mismo tiempo, es necesario avanzar en otro aspecto que habitualmente es el único que se tiene en cuenta, la promoción de energía desde otras fuentes. Aproximadamente el 60% de la electricidad es generada en centrales térmicas que, en gran medida, utilizan gas como combustible. Hoy la energía eólica y solar implican únicamente el 1,9% de la matriz energética primaria. Ese tipo de generación debe implicar también una nueva forma de relación con los territorios, en las que todavía prima una lógica de avasallamiento propia de las petroleras. Por otro lado, estas fuentes permiten generar soluciones energéticas locales y comunitarias.
Una propuesta energética de izquierda
La guerra lo cambia todo. O quizá solo corre el velo de la catástrofe que anida en el capitalismo fósil. El carbón, el petróleo y, cada vez más, el gas son centrales en la mecanización, los aumentos en la productividad y la expansión de la acumulación que, entre otras cosas, implican el consumo siempre creciente de materias, energía y la generación de residuos inmanejables. Si la consustancialidad entre capitalismo y energías fósiles es tal, no será sencillo que se pueda mantener el estatus quo en el tránsito a otras energías. De hecho, la ausencia de energía en forma de stock, como lo es la fósil, complicaría la productividad siempre en aumento, los medios de transporte y la aglomeración en grandes centros urbanos que constituyen el capitalismo desde hace más de 150 años.
En este contexto, Argentina se inserta dentro del mercado mundial como proveedor de materias de nula o escasa industrialización. Así, tanto la centralidad de los fósiles para el mundo que conocemos con el rol de Argentina en un contexto de guerra, altos precios y disputa geopolítica entre EEUU y China, explica el rol que han cobrado desde el nombramiento de Massa las inversiones energéticas y cercanía con Houston, la capital estadounidense del petróleo.
Al mismo tiempo, las organizaciones políticas van asumiendo, y deben hacerlo con mayor centralidad, a la energía como un tema de debate. Ya sea en términos ambientales o climáticos, como en posibilidad de acceso o tarifas, la energía se convierte paulatinamente en un ámbito de presión por parte de actores políticos y sociales. Solo ese protagonismo será el sustrato para torcer los horizontes fósiles e impulsar una política emancipatoria que tenga a quienes vivimos del trabajo que realizamos como principales destinatarios y destinatarias de los beneficios.
Este documento es producto de las discusiones que desde hace 14 años mantiene el Observatorio Petrolero Sur (OPSur), que se complementan con las reflexiones emanadas de las investigaciones del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES) y de las de la Corriente Social y Política Marabunta.
Criticamos al Observatorio Petrolero Sur en su visión reformista por estatista y sectorial. Para situarnos real y efectivamente en la vigente inflexión histórica del país y mundo, comencemos por valorar las actuales defensas y recuperaciones de territorios tanto en Argentina como en el Abya Yala. Nos interpelan, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, a articularlas en concretar la «reforma agraria integral» (RAI) como único camino de la construcción de poder territorial de los pueblos y comunidades contra el acaparamiento gran capitalista local e imperialista de bienes comunes que ha conducido a implantar la contrarreforma agraria integral.
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& Alternativas emancipatorias
Analicemos, en profundidad, junto a Leonardo Rossi lo que elude el Informe de CaLiSA
Pistas ontopolíticas para sanar(nos en) la Comuna-Tierra y confrontar al Capitaloceno*
Leonardo Rossi
1 Colectivo Ecología Política del Sur, IRES-CONICET. * Correo de contacto: leo.j.rossi.ep@gmail.com
(…) CAPITALOCENO: ENFERMAR(NOS EN) LA TRAMA DE LA VIDA
Las implicancias de lo anteriormente descripto están a la vista, se sienten en nuestros cuerpos, en los territorios que habitamos, en nuestros imaginarios de lo posible y, desde ya, se describen extensamente en el campo científico.
Concebir la salud de los pueblos en un plano profundo, desde los núcleos mismos de la sostenibilidad de la Vida, pone su foco sobre la inter-socio-dependencia y sobre la ecodependencia y sus modos políticos de organizarlas. No se pueden desconocer, entonces, las implicaciones inmediatas y derivadas de no encarar de modo prioritario una radical lucha política por reapropiarse de las fuentes básicas que expresan la salud de ese vínculo político primario entre las comunidades humanas y la Tierra.
La salud biosférica y, de modo consecuente, la de este linaje, que parece amnésico de su rica y larga experiencia en el planeta, dan síntomas de un cuadro por demás grave. Habitamos las fases límites, el tiempo de la Gran Aceleración (Steffen et al., 2015a) dentro de la era del Capitaloceno3 (Wedekind y Milanez, 2017; Haraway, 2019). Esto refiere a una era geológica en la cual las comunidades humanas, bajo el influjo de un tipo específico de relaciones de poder socioecológicas —las de la acumulación de ganancia—, han trastornado los ciclos biofísicos planetarios, despellejado su corteza, intoxicado a gran escala suelos y cuerpos de agua, alterando de forma profunda las bases geoquímicas del complejo (des)equilibrio entrópico que permite la vida tal como la conocemos.
Dentro de este diagnóstico, para dar cuenta de la desorientación ético-política y, a un nivel más profundo, ontológica a la que asistimos, se toma como principal hilo el rol de la alimentación. Este eje es un nodo clave de las interacciones entre comunidades y naturaleza genérica desde donde abordar la crítica en términos de salud colectiva. Se dijo recién que nos encontramos en las fases límites de esta era en tanto se acumulan evidencias y vivencias en torno a la extralimitación de fronteras y límites críticos para la sostenibilidad de la vida, tal como la han conocido las comunidades humanas.
En torno a un modelo que data nueve procesos y sus ámbitos de actividad segura para la vida humana dentro del sistema de vida terráquea, al menos cuatro ya han sido sobrepasados, entre ellos los dos fundamentales de la estabilidad climática y la integridad de la biosfera (Steffen et al., 2015b). Asistimos a la sexta extinción masiva de especies en la historia terrestre (IPBES, 2019) y en este caso el proceso causal se encuentra en las formas productivas predatorias propiamente capitalistas que hegemonizan de un tiempo reciente a esta parte a las sociedades humanas, llevadas al extremo desde mediados del siglo XX a la fecha.
Con la agroindustria como una rama central, los impulsores directos de este cambio con mayor repercusión han sido: el cambio de uso de la tierra y el mar, la explotación directa de los organismos, el cambio climático, la contaminación y la invasión de especies exóticas.
En esa alteración drástica de las redes que componen el flujo de la vida, los cuerpos humanos, sus mascotas y las especies-insumo de procesos agroindustriales se han constituido en cerca del 94% de la totalidad de existencia mamífera terrestre (Greenspoon et al., 2023). Dentro de este desbalance extremo, bajo procesos de ganadería industrial nos hallamos ante una hipermedicalización de enormes contingentes de animales hacinados, sometidos a la monocultura alimentaria y a la supresión de casi la totalidad de las interacciones biológicas preexistentes —lógica que paradójicamente aplica también a “hábitats” humanos, con las megalópolis como ejemplo saliente—.
Periódicamente, estos experimentos productivos a gran escala, que hacen a la normalidad del régimen agroalimentario, “liberan” sus efectos negativos en forma de epidemias o pandemias (Davis, 2020; Wallace et al., 2020), visto desde una lógica antropocéntrica, o acaso la reproducción de la red de la vida apela a los reacomodamientos trans-específicos-territoriales posibles dentro de esos escenarios.
El estado del agua en el planeta es otro indicador del grave cuadro sanitario global. Esto es producto, entre otros factores, del uso a gran escala de fertilizantes sintéticos (principalmente nitrógeno y fósforo) en los procesos agroindustriales, y se estima que 240 000 km2 en todo el mundo padecen hipoxia, de los cuales 70 000 km2 corresponden a aguas continentales y 170 000 km2 a zonas costeras (FAO, 2018). Estas afecciones se ven intensificadas por el ingreso sistemático de residuos plásticos a los océanos, que se calculan de entre nueve y 14 millones de toneladas por año (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2021). Desde mediados del siglo XX, se presume que se ha perdido entre el uno y el dos por ciento de oxígeno oceánico (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza [UICN], 2019).
Los diversos trastornos ecológicos se retroalimentan y refractan de forma acentuada en el calentamiento planetario. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2023), la temperatura media mundial en 2022 se situó 1,15 °C por encima de la media del período 1850-1900 y el período 2015-2022 involucró a los ocho años más cálidos de los que se tiene constancia según los registros instrumentales desde 1850.
Los efectos sanitarios inmediatos se dejan sentir en olas de calor, multiplicación de sequías, proliferación y agravamiento de zoonosis como el dengue, desplazamientos climáticos forzados y hambrunas (ONU, 2020). En términos ilustrativos podríamos decir que la Tierra se encuentra deshidratada, asfixiada, despellejada, gravemmente intoxicada y que su temperatura corporal no cesa de elevarse.
En estos escenarios críticos interactúan los cuerpos humanos, atravesados en gran medida por dietas insalubres, marcadas por déficits y por excesos que afectan a los procesos básicos necesarios para que la alimentación fortalezca los sistemas inmunológicos. Provenientes en sus materias primas de procesos agroindustriales que redujeron sistemáticamente el contenido de nutrientes esenciales (Raigón, 2014) a la vez que produjeron desbalances nutricionales que han esquilmado la vitalidad de los suelos (Pengue, 2017), una parte sustancial de los comestibles presenta marcados déficits nutricionales, a la vez que añaden sustancias xenobióticas como los pesticidas residuales.
De forma paradójica, mientras debemos abandonar este sistema agroalimentario petrodependiente por sus altas tasas de contaminación y sus deficientes cualidades nutracéuticas, no podemos perder de vista que desarmar este régimen sin planificación —lo que puede ocurrir en muy probables escenarios de colapso repentino al resentirse la cadena de suministros fósiles— tendrá impactos sociosanitarios extremos, básicamente vinculados a grandes hambrunas y a una probable agudización en la simplificación de las dietas.
Sin embargo, la inercia capitalista no habilita un horizonte reflexivo que ubique esta complejidad en su real dimensión dentro de las principales agendas político-sanitarias. El petróleo y el gas —base de los fertilizantes industriales— son recursos limitados que según diversos estudios ya han tocado sus picos o están próximos a hacerlo (Fernández-Durán y González-Reyes, 2021). La abundancia petrolera mediada por la agricultura habría contribuido en gran parte a hacer crecer la población mundial de dos a siete mil millones en un siglo, siendo que se estima que la población preindustrial no habría sobrepasado los mil millones en sus diversas oscilaciones históricas (Casal-Lodeiro, 2014; Servigne, 2019).
Actualmente, “se puede decir que el sistema alimentario transforma el petróleo en alimentos, y los alimentos en personas” (Servigne, 2019, p. 8) y sin los fertilizantes sintéticos faltaría el nitrógeno para la mitad de los cuerpos humanos existentes (Casal-Lodeiro, 2014). Mientras nos vamos acercando a los límites físicos del capital fósil (Malm, 2020), seguir sin reflexionar y diseñar otros modos de hacer circular las energías primarias que sostienen la vida, tal como la que fluye entre la tierra y los organismos humanos mediada en el alimento, además de insalubre es cuanto menos temerario. Como corolario, en el final de la cadena agroalimentaria se observa que crecen los necro-toxo-comestibles (Rossi, 2020) denominados productos ultraprocesados (Ministerio de Salud de Brasil, 2015), que a nivel global aumentaron en volumen 43,7% sus ventas entre 2000 y 2013 (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2015), con graves efectos cascada de problemáticas sanitarias asociadas, desde prácticas de consumo adictivas hasta la propagación de la obesidad y enfermedades no transmisibles en niñas y niños, afecciones cardiovasculares y respiratorias, cáncer y diabetes, entre otras (OPS, 2015; International Panel of Experts on Sustainable Food Systems [IPES-Food], 2017).
Haber adscripto al principio de este apartado a la definición de Capitaloceno implica adoptar una perspectiva epistémico-política que explicita su carga crítica. Se trata de hacer visibles los orígenes, estructuras y circuitos sistémicos de la crisis ecológico-civilizatoria que atraviesa la humanidad para poder abordar las alternativas sin caer en falsas soluciones de corto plazo, que a fin de cuentas profundizan el escenario crítico.
Cuando se reconozca que en la base de los grandes trastornos ecológico-sanitarios que se mencionaron se encuentra el régimen tecnocientífico (Illich, 1975; Mumford, 2010; Morozov, 2016) y, correlativamente, los regímenes agroalimentario corporativo (McMichael 2009; Giraldo, 2018), médico-farmacéutico (Gotzsche, 2015) y energético-fósil (Malm, 2020; Fernández-Durán y González-Reyes, 2021) como vigas maestras del capitalismo contemporáneo, con sus respectivos desarrollos históricos, sus agentes protagónicos y sus lógicas reproductivas/destructivas, estaremos en un escenario que permitirá dimensionar el enorme desafío que tenemos por delante.
LA PANDEMIA DE COVID-19, SÍNTOMA CIVILIZATORIO (…)
*Pistas ontopolíticas para sanar(nos en) la Comuna-Tierra y confrontar al Capitaloceno (pp.95-109)de
Ciencia Digna | América Latina. V4 N1 2024
Artículos de reflexión
Revista de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina América Latina, marzo 2024 revistacienciadigna3@gmail.com
Fuente: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/260660/CONICET_Digital_Nro.4befad26-c0a5-4402-9b15-7e5d1e297f64_l.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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El ¡Fuera Milei! de CaLiSA y
la propuesta de Leonardo Rossi respecto a:
Qué Abya Yala
De sometimiento a desertificarse por la comunidad de negocios lícitos e ilícitos entre capitales y estados imperialistas con los locales.
Historia y presente/ Ofensiva del sistema mundo capitalista / Alternativas emancipatorias
& Historia y presente
Advirtamos que nosotros, como Abya Yala, estamos sumidos en una acelerada e intensificada desertificación no sólo por las corporaciones imperialistas sino también por la oligarquía terrateniente que, en Argentina, Perón glorificó inculcando el mito de Juan Manuel de Rosas contra Domingo Faustino Sarmiento.
Reflexionemos sobre quien ejemplifica a la oligarquía diversificada como la denominó Eduardo Basualdo.
Argentina
Deforestación de miles de hectáreas
de bosque en Salta
El empresario Eduardo Elsztain y el banco Santander, señalados por la deforestación de miles de hectáreas de bosque en Salta
Por Emilia Delfino
eldiarioar.com/
25 mayo 2025
El rey del real estate argentino, cercano a Javier Milei, controla la empresa agropecuaria Cresud. Un informe internacional sostiene que la compañía es una de las grandes deforestadoras del Gran Chaco y que el banco español financia expansión a pesar de sus propias políticas ambientales.
Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.
El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio.
Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas.
Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.
Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness.
El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.
“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó.
En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.
elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.
Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores.
De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.
“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.
“Bienes raíces agrícolas”
Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.
Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.
En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.
Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.
“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.
“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado”. Charlie Hammans — Autor del informe de Global Witness
El rol de Santander
El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.
“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.
Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.
El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.
“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende.
Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.
Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.
elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”. Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.
Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.
La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.
Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo.
Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.
Cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron Giulia Bondi — Activista sénior de Global Witnes
Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”.
El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.
La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020.
https://farmlandgrab.org/post/32862
https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-ambiente/empresario-eduardo-elsztain-banco-santander-senalados-deforestacion-miles-hectareas-bosque-salta_1_12327356.html
Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2025/05/30/argentina-deforestacion-de-miles-de-hectareas-de-bosque-en-salta/
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& Ofensiva del sistema mundo capitalista
Prosigamos develando quiénes y cómo se enriquecen despojándonos de todo en forma cada vez más extendida y profunda:
Jueves, 7 de febrero de 2013 Jorge Rulli señala:
Eduardo Elsztain es el símbolo de la nueva y poderosísima oligarquía terrateniente argentina. El gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner lo define como “un gran desarrollador inmobiliario que apuesta al crecimiento del país”. Su fortuna creció de la mano de George Soros en los años ’90. Tiene bajo su poder un millón de hectáreas, la mayoría de los shopping en nuestro país y controla Puerto Madero. Preside el Banco Hipotecario y desde allí muestra su gratitud a la gestión K apoyando el programa PRO.CRE.AR.
Es algo más que un empresario desconocido para la mayoría de la sociedad. Representa el poder que no requiere de masividad porque lo ostenta. Es un aliado estratégico del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para Jorge Rulli, miembro del Grupo de Reflexión Rural, Elsztain es un eximio representante de la moderna oligarquía, la dominante, la que encontró en la tierra el fruto para desplegar una voracidad ilimitada, todo bajo el título de progreso, desarrollo, tecnología y negocios. Es el número 2 del Congreso Mundial Judío y preside el poderoso Grupo IRSA, dedicado a inversiones inmobiliarias y agropecuarias asociándose a grandes empresarios a nivel mundial. Pero Eduardo Elsztain es mucho más que eso. Preside el Banco Hipotecario, entidad fundada en 1886 bajo la presidencia de Roca.
En pleno menemismo dejó de cumplir su función social cuando fue privatizado en 1997. Bajo el mando de Elsztain opera como una sociedad anónima, con participación estatal mayoritaria, dedicándose a varias actividades financieras, además del financiamiento subsidiado que recibe de ANSES por el Programa PRO.CRE.AR. Ya en la presidencia Kirchner, el Grupo IRSA posee el 21 por ciento de las acciones del Hipotecario. “Con la ANSeS tenemos una relación muy buena”, dijo Eduardo Elsztain, en una nota firmada por Mariano Gorodisch.(…)
¿A quién pertenece el campo argentino?
A lo sumo los viejos oligarcas tienen sus hectáreas para fomentar el turismo rural y a ellos ataca el gobierno para convertirlos en un cuco sin poder. El campo cambió de manos, es una empresa sojera extraordinaria. Hablamos de la apropiación sionista de la tierra, de esto no hay dudas, porque se trata de influyentes personajes vinculados con el Estado de Israel que se manejan con el dinero de George Soros. Lo paradójico de esto es que cuando en alguna pared de Buenos Aires sale el nombre de Eduardo Elsztain cuestionándolo, esa crítica no tiene ninguna relación con el millón de hectáreas que posee sino por su relación con los Shopping que maneja. (…)
Fuente: https://desalambrar.com.ar/arc/Se-lo-presentamos
Comprobamos que Elsztain no sólo con Milei se garantiza seguir acumulando y que el gobierno de los Fernández y los gobernadores como Capitanich e Insfran promovieron la deforestación acelerada e intensificada.
Gran Chaco: La deforestación
no da tregua ni en la pandemia
Servindi, 12 de setiembre, 2020
La deforestación acecha constantemente al Gran Chaco, el segundo bosque más grande de Sudamérica y de vital importancia. Su superficie boscosa se distribuye entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil.
El territorio del Gran Chaco supera el millón de kilómetros cuadrados. En este espacio natural es posible ver pastizales, esteros, sabanas, salitres, sierras, ríos, bosques y arbustales. La diversidad de su ecosistema permite que tenga una gran variedad de flora y fauna.
Los animales que habitan en el Gran Chaco son los tapires, pecaríes, corzuelas, charatas jaguares y tatú carreta, entre otros. La biodiversidad es tan rica que convierte a este bioma en un espacio esencial para el planeta.
Argentina atenta contra el Gran Chaco
El 60 % del bosque está situado en Argentina, país donde las cifras de deforestación son alarmantes. Incluso en medio de la pandemia del coronavirus la deforestación no ha cesado.
Durante el primer mes de la cuarentena se perdieron más de 6500 hectáreas del Gran Chaco argentino señala el último reporte sobre el Gran Chaco elaborado por Mongabay Latam.
En los últimos 20 años, en el territorio argentino desaparecieron cinco millones de hectáreas de bosque. El 87 % de la deforestación registrada en el país ocurre en este gran ecosistema, que camina hacia el colapso.
El Gran Chaco argentino se ha convertido en una de las zonas con mayor nivel de deforestación del planeta. Científicos advierten que, si no se desarrollan acciones inmediatas para protegerlo, para el 2028 se perderían más de cuatro millones de hectáreas.
¿Por qué camina al colapso?
Para dar a conocer el estado de emergencia del Gran Chaco argentino, Mongabay Latam diseñó cuatro piezas gráficas que explican la crisis que enfrenta este ecosistema.
Las ilustraciones revelan que la escasa protección ambiental ha inducido la expansión de la frontera agrícola y ganadera. Esto ha provocado que se acelere la deforestación del bosque.
Cada día, la agricultura y ganadería ganan espacio en el Gran Chaco argentino debido al alto precio de la soja transgénica y a algunos planes de supuesto desarrollo que promueven las autoridades locales.
Pese al boom económico generado por las actividades que provocan la deforestación la calidad de vida de los argentinos no ha mejorado.
Ante esta emergencia ambiental que no ha dado tregua ni en medio de la pandemia, científicos y organizaciones sociales demandan al Gobierno tomar medidas urgentes, porque se está destruyendo un bosque clave para la biodiversidad del planeta.
màs informaciòn, ilustraciones y enlaces relacionados en la fuente:
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/11/09/2020/la-deforestacion-del-gran-chaco-no-se-detiene-ni-en-medio-de-la
La deforestación de Argentina durante la pandemia y una promesa de resistencia indígena: «Pondremos nuestro cuerpo para frenarla»
Solo entre el 15 de marzo y 31 de mayo se desmontaron más de 14.900 hectáreas, lo que equivale a tres cuartas partes de la capital. El Gobierno de Alberto Fernández decretó que la actividad es «esencial» en medio de la cuarentena.
La pandemia del coronavirus frenó casi todo en Argentina, pero no la deforestación. Solamente entre el 15 de marzo y 31 de mayo se desmontaron más de 14.900 hectáreas, según el monitoreo de Greenpeace, un espacio similar a tres cuartas partes de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho de otro modo, el Estado permitió que durante la emergencia sanitaria más importante del tiempo reciente se arrasara con casi 200 hectáreas de bosque al día.
A poco tiempo de haberse iniciado la crisis del coronavirus en el país sudamericano, el Gobierno peronista de Alberto Fernández dispuso la cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo para todo el territorio, medida que sigue vigente en las zonas más afectadas por el covid-19. También deprisa, el 3 de abril, el Ejecutivo lanzó un decreto aclarando que las «actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal» estaban incluidas dentro de las tareas permitidas, y quedaron exentas de las restricciones.
Así, según la Decisión Administrativa 450/2020, Presidencia considera que cortar árboles es un trabajo esencial durante la emergencia sanitaria.
Pero, veamos las fechas. Antes de la publicación en el Boletín Oficial, las topadoras ya estaban limpiando todo vestigio de naturaleza: entre el 15 y el 31 de marzo se barrieron 2.172 hectáreas, un promedio de 128 diarias. Y, más allá de días exactos, desde la ONG ambientalista le dicen a este medio que apenas se lanzaron las primeras medidas de aislamiento social, igualmente se deforestó de forma continua.
Las provincias más afectadas son Santiago del Estero, Formosa, Salta y Chaco, todas en el norte argentino. «El problema no es de ahora, es de siempre», señala Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización no gubernamental. «Es una actividad destructiva, que no da grandes riquezas a las regiones. Los beneficios económicos no quedan en la zona impactada», acota.
Con ese marco, el mapa argentino se divide en tres colores:
· Verde: está permitido desmontar, es decir, avanzar con maquinarias unidas por una inmensa cadena en el medio, para limpiar el terreno.
· Amarillo: se habilita un «uso sustentable» de la naturaleza. Está prohibido desmontar, pero sí se pueden hacer otras tareas más selectivas, como la tala.
· Rojo: son las áreas protegidas, no se puede —o no se debería— alterar la vida silvestre.
Sin embargo, la experta alerta que en algunas provincias se cambian los colores de cada sector, según la necesidad o vocación de explotar los recursos naturales. A su vez, en terrenos amarillos también se registraron incendios no controlados, junto a otras maniobras que Cruz califica como «desmontes encubiertos».
Pueblos originarios, entre motosierras y topadoras
Obviamente, destruir el medio ambiente afecta a las comunidades indígenas y su estilo de vida ancestral: «La tala perjudica la provisión de alimentos y medicinas. También los lugares sagrados, que son bienes insustituibles a nivel espiritual», subraya Cruz.
Para la entrevistada, la situación de los desmontes es mucho más grave, porque termina corriendo a los aborígenes de sus territorios habituales: «Son desplazados. No tienen manera de vivir en un lugar desmontado, donde se siembra pasto o soja. Y si se quedan cerca, son víctimas de fumigaciones, entonces la mayoría de las veces se van».
Así, se producen migraciones desde el bosque hasta las periferias de las ciudades, en algunos casos explicado por la contaminación o escasez de un recurso tan básico como el agua, todo en nombre del trabajo y el progreso.
«Vamos a poner nuestro propio cuerpo para frenar el desmonte», le dice a RT el cacique Sabino Benítez, de la comunidad myba guaraní de Ka’a Kupe. Se trata de un territorio que abarca más de 5.600 hectáreas en la localidad de Campo Grande, provincia de Misiones, donde viven 126 personas.
Su enemiga es CARBA, una empresa que tras ser autorizada por el Ministerio de Ecología local está cortando árboles a diestra y siniestra. «Ya sacaron muchísimos, es explotación masiva. Por eso estamos reclamando, es nuestro territorio», destaca el referente, rememorando los tiempos de la conquista en pleno siglo XXI.
Para un citadino puede resultar difícil dimensionar la relevancia de estos espacios en la cosmovisión aborigen, pero Benítez lo resume bastante bien: «Nos afecta porque somos parte de la naturaleza. La cultura indígena, la salud, educación y realización personal, están dentro del monte. Es vida».
Mientras, entre ruidos de motosierras, miembros de la comunidad afirman haber sido amenazados por un trabajador de la compañía. Intentaron tomarle una fotografía cortando un árbol, pero el empleado al servicio del capital habría contestado exhibiendo un rifle: «¡Si me sacás una foto, te pego un tiro en la cabeza!».
Injusticia
Son muchas las normativas violadas en Argentina de forma sistemática, sobre este caso y tantos otros. Repasemos solo algunas de ellas, para tenerlas presentes:
· Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, incorporado a la legislación argentina en 1992.
· El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que dispone «reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios». Entre otras cosas, obliga a aceptar «la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan». También plantea asegurar que los indígenas participen en la gestión de sus recursos naturales, junto a todos los intereses que les afecten.
· La ley nacional 26.160, que estipula un relevamiento territorial técnico, jurídico y catastral de grupos aborígenes. De hecho, en 2016, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le reconoció a la comunidad de Ka´a Kupem el sitio en cuestión.
Roxana Rivas, la abogada que representa a la comunidad, le dice a este medio que las autoridades desoyeron todas las negativas que plantearon ante el avance de la deforestación. Esa letrada subraya que, aunque la compañía sea titular dominial de las tierras, se debe consultar a las comunidades que viven allí adentro antes de actuar.
«Mientras se discute nuestro recurso de reconsideración, no tiene que tocarse ningún árbol», sostiene, aunque la realidad es bien distinta. Por eso, Rivas denuncia que hay «connivencia» entre el Estado provincial y la empresa, y «denegación de justicia» para los indígenas.
Según esa integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), la falta de acceso a los tribunales «es un problema sistemático» en las comunidades: «No tramitan las denuncias y no impulsan los procesos», alerta la defensora. En medio de la angustiante lentitud, presentaron un amparo solicitando, como medida cautelar urgente, que se frene el desmonte mientras se discute la presentación anterior. Y ya pasó un mes: «No lo decretaron, lo que significa que al momento en que se les ocurra resolverlo, ya no habrá árbol que defender».
Frente a este engranaje elusivo, lanzaron un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que, de forma veloz y con carácter preventivo, se frene la deforestación del lugar, y están aguardando la respuesta. Por ahora, impera la ley del más fuerte.
También hubo otros planteos judiciales en estos días: la asamblea Somos Monte Chaco, provincia donde continúa la cuarentena, pide una medida cautelar para no considerar a la actividad forestal como actividad esencial. Además del conflicto ambiental, aparece «el riesgo de contagio» por los camiones que van y vienen en aquella jurisdicción, explica Riccardo Tiddi, referente de la organización.
Como trasfondo, remarca «el interés de empresas agrarias para convertir bosques nativos en pampa». Además, cambiar las condiciones naturales del suelo puede contribuir en inundaciones, que ya son parte de la realidad chaqueña.
Saqueo garantizado, gobierne quien gobierne
En la zona del Gran Chaco —compuesta por Argentina, Bolivia y Paraguay— entre 2010 y 2017 se perdieron unas 4 millones de hectáreas, «que significa una superficie grande como Suiza», señala Tiddi. Y solo en la provincia argentina, dice que durante el último tiempo se desmontó un promedio de «40.000 hectáreas cada año».
Generalmente, esta barrida territorial se usa para la industria del carbón y la expansión del agro, con la ganadería, el cultivo de soja y el maíz como actividades principales. Se trata de productos típicos de la exportación argentina, con poco valor agregado.
Por su parte, Global Forest Watch registró la pérdida de cobertura arbórea entre 2001 y 2019.
VER PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA EN ARGENTINA:
https://gfw.global/2YgjsfV
A su vez, entre elecciones y disputas políticas, el año pasado se desmontaron 80.938 hectáreas en todo el país, publicó Greenpeace en enero. Si bien la cifra se está reduciendo desde 2014, un tercio pertenece a sitios resguardados por la legislación. De hecho, desde 2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques, se desmontó casi un millón de hectáreas que debían estar protegidas. Así las cosas, la actividad continúa.
¿Para quién es esencial?
Leandro Lutzky
https://actualidad.rt.com/actualidad/355114-deforestacion-argentina-pandemia-resistencia-indigena
Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2020/06/08/argentina-la-deforestacion-durante-la-pandemia/
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& Alternativas emancipatorias
Hagamos revisión crítica de cómo las luchas por la vida y la dignidad de los pueblos están siendo desviadas por nac& de ir contra el modo capitalista de producción y mercantilización de la Naturaleza para verdaderamente lograr autodeterminación y creación de sus respectivos buenos vivires. Es crucial situarlas en frenar, para luego erradicar, al sistema hoy representando sólo al 1% humano cuyo exclusivo objetivo es concentrar-centralizar riquezas, poder de dominio e ingresos y por eso, sume en crisis civilizatoria.
Nos ayuda a establecer rumbo del qué y cómo hacer Leonardo Rossi al destacar:
La pandemia de Covid-19 ha sido una ventana preferencial para observar en toda su profundidad la desorientación ontológico-política que organiza hoy las formas hegemónicas de habitar la tierra. Asimismo, puso en primer plano la praxis sanitaria que le es correlativa, como así también los atrofiados horizontes políticos que una vez más acabaron por reacomodarse bajo el sugestivo título de “nueva normalidad”.
Pistas ontopolíticas para sanar(nos en) la Comuna-Tierra y confrontar al Capitaloceno*
Leonardo Rossi
1 Colectivo Ecología Política del Sur, IRES-CONICET. * Correo de contacto: leo.j.rossi.ep@gmail.com
(…) LA PANDEMIA DE COVID-19, SÍNTOMA CIVILIZATORIO
La pandemia de Covid-19 ha sido una ventana preferencial para observar en toda su profundidad la desorientación ontológico-política que organiza hoy las formas hegemónicas de habitar la tierra. Asimismo, puso en primer plano la praxis sanitaria que le es correlativa, como así también los atrofiados horizontes políticos que una vez más acabaron por reacomodarse bajo el sugestivo título de “nueva normalidad”.
Una mirada retrospectiva permite observar que mientras de forma rápida se impuso la “guerra de las curvas” (Scribano, 2020) para narrar con gráficos apreciaciones sobre posibles correlaciones y causalidades se pasó a “la panacea vacunal” (Rossi, 2021), situando en primer plano cuadros y estadísticas sobre el total de personas vacunadas como rasgo a destacar de la “buena gestión” sanitaria, pero dejando de lado dudas razonables para elaborar un pensamiento complejo.
Ni durante esos dos momentos, ni mucho menos a posteriori, tuvo un lugar de primer orden en los decisores de salud pública, en los principales discursos en medios de comunicación y en los espacios académicos o de ciencia una discusión profunda sobre las causas estructurales de la pandemia, sus circuitos sistémicos, los territorios y cuerpos que halló el virus, las marcas diferenciales de impacto según etnia, género, clase y geolocalización, entre otros. Esta afirmación no desconoce denodados esfuerzos de algunos grupos de investigación, científicas y científicos, periodistas y divulgadores, y trabajadores de la salud en torno a estos puntos mencionados, pero a toda vista los discursos y acciones sobre esos temas han quedado en los márgenes más absolutos.
Es relevante aquí apuntar sobre algunos de estos aspectos enfáticamente silenciados en torno a las principales reflexiones pandémicas que han circulado estos años. Como se dijo arriba al adoptar la noción de Capitaloceno, a partir de la narrativa sobre las causas e historia pandémica por la que optemos se abrirán las posibles respuestas para el presente y los horizontes de deseo futuros.
Buena parte de los sucesivos brotes epidémicos y pandémicos de los últimos años han tenido origen en los modos agroproductivos del capital ya mencionados (Davis, 2020; Wallace et al., 2020). Asimismo, a lo largo de la historia hay ejemplos paradigmáticos sobre la estrecha vinculación entre modos de acumulación capitalista y debacles ecológico-sanitarias, como la Conquista de América, el ciclo colonial británico en la India o las fases tempranas de industrialización en Gran Bretaña (Le Roy Ladurie, 1989; Davis, 2006; Engels, 1845/2019).
Para el caso de la Covid-19, opacado por disputas geopolíticas, aún es difuso el recorrido de sus fases iniciales, pero sea por un insalubre mercado alimentario, por la destrucción ecosistémica acelerada en un núcleo caliente del capital global como Wuhan o bien por una manipulación fallida o intencionada en un laboratorio subyace siempre allí la mencionada matriz ontológica de dominación en el vínculo humano-no humano.
La explosiva circulación del virus no se explica sin el gigantesco mercado de la industria aerocomercial, tanto turística como de vuelos particulares de negocios (Sánchez y Weikert, 2020), que es justamente una de las grandes emisoras de contaminación del aire; tampoco sin el enorme flujo que hoy implica la logística marino-mercante (ONU, 2022), que crece desbocada en función de la acumulación de ganancias y desacoplada del bienestar humano general.
Sin desconocer que esos sectores implican enormes contingentes de trabajadores, miles de millones de personas, los condenados de la Tierra que no hacen turismo internacional, que no pocas veces dejan sus territorios sólo para subirse a una improvisada balsa al exilio —como ocurre a diario en el Mediterráneo— y que acceden apenas a los descartes de la “aldea global” se vieron (in)solidariamente –desde ya a contagio y a muerte en infinidad de casos— a un novedoso régimen político-sanitario. Convidados al mundo pandémico del cual poca o nula responsabilidad puede asignársele, padecieron encierro, pérdida de (precarios) empleos, ruptura de vínculos sociales, experimentación en sus cuerpos con medicamentos y vacunas, pagando un alto costo por la globalización que en sus casos socializa la miseria y ahora también pandemias y todo su arsenal de efectos socio-políticos.
Del otro lado, un puñado de mil-millonarios dan cuenta del carácter oligárquico planetario: ellos regulan, desde ya, la economía —su riqueza se acrecentó en pandemia—, pero en un plano más profundo los ritmos (de freno y aceleración) a los que se deben someter las comunidades humanas y no humanas, es decir, los flujos de la vida y muerte en el planeta.
Con el virus ya circulando no se puede dejar de lado el estado general de los organismos humanos que éste halló para replicarse. En un lugar destacado se debe mencionar los patrones alimentarios que dominan actualmente a nuestras sociedades, en tanto allí se juega buena parte de las bases inmunológicas de las poblaciones. Mencionada como una comorbilidad, la obesidad halla relación estrecha con la ingesta masiva de farináceos, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, promovidos por grandes empresas, legalizados por los aparatos jurídicos del Estado y en gran medida apoyados en su difusión con políticas públicas directas e indirectas.
Para el caso argentino, la obesidad y el sobrepeso alcanzan ya al 13,6% de niñas y niños, al 41,1% de adolescentes y al 67,9% de adultos. Los sectores con menos ingresos son los más afectados; por ejemplo, en la población adulta la prevalencia de obesidad es un 21% mayor en el quintil de ingresos más bajos respecto del más alto (ENNyS2, 2019).
Tampoco se pueden dejar de lado aspectos ya mencionados en este artículo, pero escasamente problematizados en la gestión pandémica, como los efectos para el sistema inmunológico de la intoxicación crónica por la presencia sistémica de biocidas en alimentos como frutas, verduras, granos, harinas, carnes y aguas; de productos sintéticos en ultraprocesados; y de la carga de antibióticos en alimentos de origen animal. Asimismo, el descontrolado consumo de fármacos y sus “efectos secundarios” tampoco puede ignorarse a la hora de pensar las condiciones básicas de un organismo para hacer frente a un virus como el SARS COV-2.
La combinación de éstos y otros efectos —derivados, por ejemplo, de la contaminación urbana, de las fumigaciones en zonas rurales, de zonas afectadas por incendios forestales, de la sobreexplotación laboral y del hacinamiento habitacional—, que actúan de forma sinérgica en vastas franjas de población, debieran ser parte de un abordaje de base.
Una vez más, los “efectos colaterales”, según conciben unos, o el daño sistémico, según entendemos aquí, de estas dinámicas hacen parte de una agenda alimentaria, sanitaria, ambiental y científica reduccionista, instrumental y de corto plazo organizada bajo la lógica del capitalismo neoliberal que es avalada, regulada, y cofinanciada por el propio aparato del Estado (Carrasco et al., 2012; Poth et al., 2022).
Llegada la mencionada etapa de la “panacea vacunal” se echó a andar con toda su potencia la fe tecnocientífica moderna y su actualizado repertorio. Si en tiempos de “normalidad” las voces críticas ante prácticas temerarias, negligentes o lisa y llanamente criminales de la industria agroquímica/farmacéutica son no pocas veces canceladas por el campo científico hegemónico, en tiempos pandémicos cualquier atisbo de ciencia posnormal (Funtowicz y Ravetz, 2000; Wagner, 2021), de apertura al principio precautorio o de complejización de los abordajes de la salud corría el riesgo de ser ubicado dentro del genérico grupo de “antivacunas” al que subyacía un hilo de significados: “anticientífico”=>“anticuidado colectivo”=> “no-solidario”=> y tantos otros.
Esta dinámica se basó en: una episteme mecanicista que, como se apuntó, aún hegemoniza las ciencias en general y las médicas en particular; una jerarquía científica que ubica la medicina por sobre otras ciencias y dentro de las ciencias médicas a quienes dominan las llamadas ‘tecnologías de punta’ por sobre otros saberes; la selección de agentes de diversos campos científicos y no científicos que refuercen esta mirada en los medios y plataformas digitales de comunicación; la cancelación, desprestigio o relativización de miradas críticas bien fundamentadas; la sobreamplificación de cuestionamientos poco o nulamente fundados para ubicarlos como el “todo” de la crítica; la asociación lineal entre disminución de internaciones y muertes y tasas de vacunación, omitiendo otros factores —como la inmunidad por contagio—, y la no explicación de ejemplos donde esa relación se veía relativizada (Rossi, 2022).
Bajo supuestas cruzadas contra sectores negacionistas del virus o los grupos llamados genéricamente antivacunas, cualquier postulado crítico quedaba cancelado desde las principales narrativas de gestión pandémica, que no sólo fueron sostenidas por funcionarios públicos sino también por asociaciones médicas, científicos y divulgadores. Ya fue advertido hace varias décadas que frente a los ataques contra la ciencia lo peor que se podía hacer desde el pensamiento crítico era “ocultarse en el culto a los expertos” y vender soluciones mágicas reduccionistas, que en general están al servicio de la ciencia mercantilista (Lewontin y Levins, 2021).
La disolución de estos debates y lo que en pandemia fue instalado como “verdaderamente científico” se vio aún más agravado por el rol asig nado a los fact-checkers (verificadores de datos) de grandes corporaciones de comunicación como Twitter, que fueron erigidos como fiscales de la buena ciencia y sin conflictos de interés alguno.
Uno de los puntos más problemáticos fue el llamado a vacunaciones masivas, incluidas niñas y niños que presentaban bajas tasas de letalidad, en un contexto de celeridad en los procesos de evaluación/ producción y con vacunas en gran parte realizadas con tecnologías con un alto grado de incertidumbre (Unión de Científicos comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina [UCSSNAL], 2021).
En este sentido, las vacunas, que en ciertos escenarios y bajo determinadas lógicas procedimentales pueden ser una herramienta significativa dentro de abordajes sanitarios integrales, fueron situadas en una dimensión mítica bajo el constructo “vacunación masiva =>cuidado de la salud colectiva=> fin de la pandemia”.
Este cuadro brinda un ejemplo de época de aquello que fuera definido en otro contexto como la “banalización del bien”, una “maximización cotidiana del cinismo como estructura cotidiana de la aceptación de la imposibilidad” (Scribano, 2016). Las vacunas son buenas per se y ya. No había espacio para la pregunta, la duda, la búsqueda de otras respuestas igual de provisorias, es decir, para hacer ciencia crítica, para cultivar salud en términos realistas. Esta intervención con tecnologías novedosas sobre la trama de la vida a escala masiva ¿mejora efectivamente la salud colectiva a nivel de especie? y ¿qué implicancias puede deparar en términos evolutivos? ¿Qué efectos/ escapes posibles se abren en nuestras interacciones con los no-humanos a partir de ella? ¿Es solidario con las próximas generaciones y con otras formas de vida aplicar fármacos a escala masiva sobre los cuales hay alto grado de incertidumbre?
Mientras estas dudas persisten y persistirán largo tiempo, si hacemos un ejercicio científico honesto sí tenemos (y ya teníamos) algunas certezas: la pobreza estructural, los enormes déficits de alimentación, la pésima calidad ambiental, y las infraestructuras habitacionales, viales y productivas pandémicas no sólo no eran puestas en cuestión de modo efectivo antes ni durante los momentos agudos de la pandemia, sino que en gran medida se vieron reforzadas al calor de la reactivación económica pospandémica. Allí existían acciones concretas que no requieren desconocidas intervenciones tecnológicas, sino que demandan saberes y prácticas con larga experiencia en la historia, de tipo convivenciales (Illich, 1985), a escala humana (Max-Neef, 2013) y de economía de lo pequeño (Schumacher, 2011), para intentar evitar o mitigar nuevos circuitos pandémicos y nutrir desde sus fuentes primarias los sistemas inmunológicos.
*Pistas ontopolíticas para sanar(nos en) la Comuna-Tierra y confrontar al Capitaloceno (pp.95-109)de
Ciencia Digna | América Latina. V4 N1 2024
Artículos de reflexión
Revista de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina América Latina, marzo 2024 revistacienciadigna3@gmail.com
Fuente: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/260660/CONICET_Digital_Nro.4befad26-c0a5-4402-9b15-7e5d1e297f64_l.pdf?sequence=5&isAllowed=y