Análisis de situación y
propuestas de cambio de:

Qué Sistema

En acaparamiento -por las potencias imperialistas- de tierras planetarias para mercantilizarlas, devastándolas vs. el creado por los pueblos al asumir sus respectivas autodeterminaciones mirando hacia “buenos vivires”.

Conciliación de clases/
Concentración y centralización capitalista
/ Alternativas emancipatorias

Conciliación de clases

Examinemos el siguiente artículo donde se enfoca a los BRICS como camino de liberación de los países de Asia, África, América Latina y el Pacífico del sistema opresor-represor:

El sur global avanza

2 de agosto de 2025

Por Umberto Mazzei |Rebelión
Las fuentes del gobierno global están experimentando una profunda transformación.
Los desequilibrios de poder, la incapacidad de las instituciones multilaterales para abordar adecuadamente los desafíos del siglo XXI y el creciente descontento con el dominio del norte global han allanado el camino para el surgimiento de nuevas fuerzas listas para remodelar el orden mundial, nos referimos al sur global.
Durante décadas, los países de Asia, África, América Latina y el Pacífico fueron percibidos simplemente como receptores de políticas y normas globales. Hoy están emergiendo con visión, capacidad y legitimidad para liderar. Este surgimiento marca la era de un nuevo modelo para el gobierno global, más inclusiva, multipolar y arraigada en la justicia social.
En medio de un panorama geopolítico y económico global en constante evolución, los BRICS afirman cada vez más su papel como una nueva fuerza que impulsa una gobernanza global más inclusiva y equitativa.
Un catalizador importante para el auge del sur global es el fracaso sistémico de los modelos de desarrollo impuestos por el norte global. El fracaso del paradigma de desarrollo del norte global radica en la aplicación rígida de un modelo único que ignora las historias, culturas y realidades socioeconómicas únicas del sur global. Los modelos del norte global, basados en el capitalismo de libre mercado, la liberalización económica y la democracia procedimental, a menudo no tienen en cuenta los contextos sociales, históricos y culturales de los países en desarrollo.
La privatización de los sectores públicos, la desregulación y las políticas de liberalización comercial promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial a través del Consenso de Washington, han socavado la capacidad productiva del sur global. El Consenso de Washington impuso un paradigma político a los Estados del sur global que exigía ajustes estructurales que priorizaban la privatización, la desregulación y la liberalización comercial como condiciones para la asistencia financiera. El Consenso de Washington funcionó como un instrumento de control neocolonial, exigiendo la obediencia de las economías del sur global mediante regímenes de austeridad de la deuda.
En lugar de fomentar un crecimiento inclusivo, estas medidas han exacerbado la dependencia de la inversión extranjera y la deuda externa, dejando al sur global con una mayor desigualdad, pobreza e industrias nacionales poco competitivas.
En respuesta a las deficiencias de la gobernanza dominadas por el norte, el sur global está emergiendo con nuevos enfoques colaborativos, inclusivos y solidarios. Este surgimiento se refleja en diversas tendencias geopolíticas e institucionales. Países como Brasil, India y China son ahora actores centrales en la diplomacia global. No solo son nuevas potencias económicas, sino que también ofrecen perspectivas alternativas sobre temas globales que abarcan desde las crisis climáticas hasta la gobernanza digital. (…)
Hagamos un paréntesis para subrayar cuán importante es el lenguaje eufemístico que la ONU impuso. Nombra países en desarrollo desde varias décadas, cuando lo cierto es que durante éstas dichos países sólo sufrieron crecientes empobrecimiento, hambre y desertificación. Umberto Mazzei no sólo usa dicha lógica del Capital que la ONU reforzó en la clasificación de nuestros países del Sur Global sino también en fomentar el concepto de éxito económico al de capitalistas e imperialistas. Se dedica a su fetichización o abstracción de cómo viven esos pueblos en contraste con sus elites. Soslaya que el avance de China y Rusia -ante todo- se debe a cómo ocupan e invaden a África y el Abya Yala. Miente o no investiga cómo las dos potencias al igual que las capitalistas e imperialistas de Occidente están arrasando vida y salud de la naturaleza que incluyen las humanas. De ahí que manifieste:
China se erige como un importante país en desarrollo cuyo modelo ha inspirado a muchos países en desarrollo del sur global. Lo que distingue a China es su compromiso constante con el desarrollo sostenible, que sitúa la armonía entre la humanidad y la naturaleza en su base misma. En lugar de seguir la trayectoria convencional de crecimiento a toda costa, China integra consideraciones ecológicas en la planificación económica, demostrando que el desarrollo puede ser ambicioso y respetuoso con el medio ambiente.
La cooperación del sur global en la plataforma BRICS ha generado grandes beneficios para los países miembros. El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su informe Perspectivas de la Economía Mundial en abril, que proyecta que el crecimiento combinado del PIB de los once países BRICS superará el promedio mundial en 2025. El BRICS se ha expandido para incluir a Indonesia, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía, que representan el 50% de la población mundial. Este bloque actúa como una fuerza clave para reequilibrar el dominio occidental en la gobernanza económica global.
El desarrollo económico equitativo y la erradicación de la pobreza son ideales fundamentales del sur global. Desde sus inicios en la construcción de una nación, China ha sido pionera en enfoques innovadores para el crecimiento económico. En lugar de replicar los modelos de desarrollo occidentales, China ha logrado un éxito notable en la erradicación de la pobreza, el avance tecnológico y el fomento de una prosperidad generalizada. El éxito de China constituye una profunda inspiración para el sur global, demostrando que las vías de desarrollo alternativas pueden generar resultados transformadores. La gobernanza global está experimentando una profunda transformación.
Los desequilibrios de poder, la incapacidad de las instituciones multilaterales para abordar adecuadamente los desafíos del siglo XXI y el creciente descontento con el dominio del norte global han allanado el camino para el surgimiento de nuevas fuerzas listas para remodelar el orden mundial: el sur global.
Ahora emerge el sur global mostrando más visión, capacidad y legitimidad, para liderar. Este reemplazo marca una nueva era de gobernanza global más inclusiva, multipolar y arraigada en la justicia y la igualdad.

Fuente: https://rebelion.org/el-sur-global-avanza/

Ejemplifiquemos cómo los BRICS pretenden convertir en estatista y multilateral al avance gran capitalista, cuyo objetivo esencial es la acumulación de riquezas, poder de dominio e ingresos,

Internet BRICS: soberanía digital o
nuevo jardín amurallado

6 de agosto de 2025

Por Enrique Amestoy | Rebelión

(…) Los BRICS cuestionan el poder que detentan actores como la ICANN (que administra los dominios globales) o los gigantes tecnológicos de EE.UU. Prefieren una gobernanza más estatal y multilateral, menos dependiente de fundaciones privadas o grupos empresariales.
La iniciativa CyberBRICS, liderada por investigadores desde Brasil, impulsa marcos comunes en ciberseguridad, privacidad y regulación de plataformas digitales [7]. La creación de un marco normativo conjunto sobre inteligencia artificial, adoptado en la cumbre de 2025, marca un nuevo rumbo: se exige mayor protección de datos, reglas transparentes sobre uso de contenidos y límites al entrenamiento de modelos sin consentimiento [8].
¿Un jardín amurallado en clave Sur?
La crítica más frecuente a estas iniciativas viene del Norte: se dice que los BRICS intentan construir jardines amurallados, replicando modelos autoritarios y limitando la libertad de expresión, en clara alusión a las políticas llevadas adelante por China.
El caso chino, por cierto, es el más citado: censura de medios, represión digital y vigilancia masiva. Recordemos que Washington está en guerra con Pekín, usando como brazo armado a Google y su negativa de brindar Android a la china Huawei, escondiendo tras ese “conflicto entre privados tecnológicos” la represalia a la negativa de Beijing de compartir sus avances en tecnología 5G. Invito a leer mi articulo “Un acto magnífico de Trump” [9].
Esa medida, que buscaba paralizar el ascenso global de Huawei como proveedor de infraestructura 5G y teléfonos inteligentes terminó acelerando un proceso que ya estaba en marcha: el desarrollo de un sistema operativo propio. En apenas dos años, Huawei lanzó HarmonyOS, una plataforma pensada no solo para teléfonos, sino también para televisores, routers, autos y electrodomésticos inteligentes. A fines de 2023, HarmonyOS superó los 800 millones de dispositivos activos en China.
No podemos dejar de mencionar los vaivenes de Alphabet: Google se presenta como una compañía neutral, pero oscila entre la innovación y la subordinación estratégica; se presenta como una compañía neutral pero colabora estrechamente con agencias de defensa y seguridad de Estados Unidos. El caso de Project Maven, un contrato de análisis de imágenes por IA con el Pentágono, provocó incluso protestas internas entre sus ingenieros.
Google no solo domina la navegación (Chrome), los sistemas operativos móviles (Android), y las búsquedas (Google Search), sino también las rutas del conocimiento (Google Scholar), la educación (Google Classroom), la geolocalización (Google Maps y Waze) y hasta la distribución de aplicaciones (Play Store). Esa concentración no es solo económica: es también geopolítica. Cuando se corta el vínculo con una empresa como Huawei, el usuario pierde acceso a servicios que se han vuelto infraestructura crítica de la vida digital.
Rusia tampoco se queda atrás si de recibir críticas se trata: leyes que permiten desconectar el país de la red global en caso de “amenazas externas” y la creación de su propia red soberana, similar a la de China, con propuestas incluso de interconectarlas [10].
Pero también hay una lectura más compleja en esta realidad: los países del sur han sido históricamente receptores, simples consumidores, no diseñadores, de las tecnologías que usan. Las reglas del juego fueron escritas en otro idioma y con otros intereses. En ese contexto, reclamar autonomía no puede ser catalogado como sinónimo de autoritarismo. Puede ser, de hecho, una vía hacia la democratización tecnológica.
¿Y América Latina?
En América Latina las señales no son del todo claras. Brasil lidera muchas de estas iniciativas, pero aún está entre dos aguas. Argentina explora acuerdos tecnológicos con China y Rusia, pero sigue atada a las lógicas de Google y Meta y a los temidos acuerdos colonialistas tras el litio, con Musk al frente. Uruguay tiene una infraestructura digital sólida, pero sin una política clara de soberanía tecnológica y con muchos acuerdos firmados con las corporaciones globales (léase Google o Microsoft, pero no las únicas). Los servicios públicos siguen dependiendo en gran medida de proveedores extranjeros, y la discusión sobre los datos —quién los recoge, dónde se almacenan, cómo se usan— sigue en pausa, a la espera de ajustes necesarios en la Ley de Protección de Datos Personales y la creación de legislación que mire más allá: hacia un enfoque integral sobre el uso y almacenamiento de datos y entrenamiento de inteligencia artificial entre otros.
Elegir no elegir también es elegir
En un mundo donde las rutas digitales están cada vez más militarizadas, vigiladas y sancionadas, en una nueva «Ruta de la Seda» que ya no va solo por trenes y puertos sino que se extiende por cables submarinos, antenas 5G, satélites y software, quedarse al margen ya no es neutral. Elegir “no elegir” también es una forma de elegir dependencia y sometimiento al colonialismo digital.
La «Internet de los BRICS» es todavía una construcción en marcha. No hay una red paralela ni una plataforma unificada. Hay muchas preguntas sin responder y seguramente muchos riesgos latentes.
Pero también hay una búsqueda legítima: que los pueblos puedan decidir sobre su infraestructura digital, que no todos los caminos conduzcan a Washington o a California, y que la red no sea solo una promesa de libertad sino también un espacio de soberanía.
Porque en tiempos de algoritmos que no preguntan, de cables que no cruzan ciertos mares, y de plataformas que pueden desaparecer con una orden ejecutiva, quizás la idea más revolucionaria no sea tener una app nueva, sino poder decidir sobre la red y la nube en la que vivimos.

CITAS: …
Fuente: https://rebelion.org/internet-brics-soberania-digital-o-nuevo-jardin-amurallado/

Concentración y centralización capitalista

Descubramos la real y efectiva dirección de este intento de salvar al capitalismo hoy neoliberalismo. Significa comenzar por contrastar con realidades concretas al discurso de justificación del crecimiento gran capitalista de China y Rusia.

Pensamiento Crítico. BRICS+
¿Hacia un orden mundial multipolar?

Por Marcelo Solervicens, Rebelion, Resumen Latinoamericano, 29 de julio de 2025.
(…) El contexto mundial está marcado, entre otros, por el descalabro de la globalización neoliberal y la imposición de las empresas transnacionales sobre gobiernos aumentando las desigualdades sociales, cuestionando alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030 o implementar los Acuerdos de Paris contra el cambio climático. A ello se agrega, el inmovilismo de organizaciones internacionales como el Consejo de seguridad de la ONU, de la Organización internacional de Comercio, mientras que, con el rearme de la OTAN, arrecia una nueva carrera armamentista y recrudecen conflictos en el Medio Oriente, con el inaceptable genocidio cometido por el Estado de Israel en Gaza, sus ataques contra Irán, el Líbano y Siria; y cuando, para apoyarlo, EU bombardea Irán, violando impunemente el derecho internacional. Persisten, entre otros conflictos regionales en Sudán, Ucrania, en el Congo y se descomponen las “democracias liberales”, desde Haití hasta Estados Unidos. Los temas no faltan.
La incertidumbre reina.

En ese marco no pasó desapercibida la XVII cumbre del BRICS del 6 y 7 de julio de 2025 en Rio de Janeiro (Brasil). Trump amenazó con represalias comerciales a los países que sigan las “políticas antiamericanas” del BRICS. Y es que ese organismo cuestiona el sistema mundial dominado por EU y los países europeos y afirma que “el modelo de globalización liberal se ha vuelto obsoleto”. El BRICS promueve un multilateralismo más justo e igualitario, basado en el principio de no injerencia, como base de la paz mundial y participa de un muy necesario esfuerzo para reequilibrar las relaciones internacionales ¿Son los BRICS el reflejo estructural de la declinación de EU y Europa y del surgimiento de un mundo multipolar? ¿Actualiza el BRICS+ la perspectiva de un nuevo orden mundial más favorable al Sur Global? (…)

La Declaración de la XVII Cumbre de los BRICS+ en Brasil

Es en ese marco que no pasó desapercibida la Declaración de la XVII cumbre del BRICS del 6 y 7 de julio de 2025 en Rio de Janeiro (Brasil). Bajo el título: “Fortaleciendo la Cooperación del Sur Global para una Gobernanza más Inclusiva y Sostenible”, la Declaración de Rio de Janeiro cuenta con 126 puntos que marcan a la vez, una línea de continuidad y de expansión de un BRICS+ comprometido “con el multilateralismo y la defensa del derecho internacional.

La Declaración confirma que el BRICS+ no se acomoda con la estructura actual del sistema mundial y busca aumentar la capacidad de decisión de los países del Sur Global en los organismos internacionales, defendiendo “las preocupaciones y prioridades del Sur Global, así como la promoción de un orden internacional más justo, sostenible, inclusivo, representativo y estable, basado en el derecho internacional”.

En el capítulo sobre la profundización de la cooperación económica, comercial y financiera, el BRICS insiste en continuar los esfuerzos de cooperación para el crecimiento inclusivo y sostenible. Expresa, además, su preocupación de que las deudas externas de algunos países afecten el desarrollo sostenible. Para fortalecer el comercio multilateral y financiero destacan la expansión del Mecanismo de cooperación Interbancaria con monedas locales del NBD; la cooperación en materia digital y de acceso a la tecnología. Al margen de la Cumbre, Brasil y China firmaron un acuerdo para la construcción de un corredor ferroviario que conecte los océanos Pacífico y Atlántico.

En el capítulo sobre el combate al cambio climático y la promoción de desarrollo, sostenible, justo e inclusivo, el BRICS llama a reforzar el multilateralismo para cumplir con los desafíos del Acuerdo de Paris y expresó su apoyo a la COP 30, a realizarse en Belém, Brasil en diciembre. En el capítulo sobre el desarrollo humano, social y cultural, los países del BRICS reiteran el llamado a respetar los derechos humanos y libertades básicas, bajo principios de igualdad, respeto mutuo y contra todas las formas de discriminación. Destacan además la adopción de diversas medidas, entre ellas, contra las enfermedades socialmente determinadas y la cooperación y respeto de la diversidad de culturas. (…)

Fuente:https://www.resumenlatinoamericano.org/2025/07/29/pensamiento-critico-brics-hacia-un-orden-mundial-multipolar/

Comprobemos que, como Occidente, China pone en práctica la concentración-centralización del Capital mediante extractivismos. Todos generan avasallamiento de los derechos de pueblos e individuos abajo y los de la naturaleza, cuya implicancia es el arrasamiento de la última o sea de las condiciones esenciales a la habitabilidad planetaria.

Comencemos por la aclaración siguiente sobre significados e implicancias de los extractivismos:

La rebelión jujeña ante
la cadena colonial del litio

26 de julio de 2023

Los pueblos originarios y su lucha histórica contra las políticas coloniales. El extractivismo y una política de dominación estructural. La transferencia de excedentes económicos y de activos ecológicos al Norte Global y el papel de las élites locales. Análisis estructural sobre el litio y los capitales globales, la falsa transición energética y la degradación de la democracia.

 

Por Horacio Machado Aráoz*

En plena vorágine electoralista, la rebelión liderada y sostenida por las comunidades originarias del pueblo plurinacional de Jujuy ha puesto sobre la mesa la mayor amenaza que atenta contra las aspiraciones mínimamente republicanas y democráticas en el país (y más allá).

A cuarenta años de “recuperación de la democracia”, ésta se ve severamente socavada y degradada bajo el yugo del mandato extractivista que, en los últimos años, gobierna de facto la Argentina.

Un país que lleva en su propio nombre la marca indeleble de su trágico origen colonial (Argentum), a más de 200 años de su pretendida independencia, sigue lidiando contra la coalición de fuerzas que hiciera de sus territorios y poblaciones originarias, una mera zona de saqueo.

De la época fundacional de la plata (de la que éramos en realidad apenas el “camino real” y hinterland —zona de influencia de un puerto o de una gran ciudad—) a la actual era de la soja, el gas de fracking y el litio, el mismo patrón de poder sacrifica las condiciones materiales básicas de la Res pública bajo el peso opresivo de los costos socioecológicos del “modo de vida imperial” de exiguas minorías privilegiadas. La condición de privilegios es, de por sí, antagónica a la idea de república; radicalmente inhibitoria de cualquier elemental concepto de democracia.

Lo que desnuda la rebelión popular jujeña y la feroz agresividad represiva del poder (estatal-corporativo) es justamente la contradicción manifiesta e insalvable que existe entre extractivismo y democracia. El extractivismo no es sólo un modo de concebir y de tratar a la “Naturaleza” (visión occidentalocéntrica que reduce la Tierra a mero reservorio de “recursos naturales”).

El extractivismo es, ante todo, un patrón socioterritorial de poder; un modo de organización y producción oligárquica de los territorios y poblaciones —de sus bienes vitales, sus fuentes hidroenergéticas y sus capacidades re-productivas geoculturales— subordinadas al servicio del mantenimiento de condiciones de vida privilegiadas; vale decir, exclusivas y excluyentes.

En el reciente estallido jujeño es claro que el motivo material de fondo es el litio; mineral que se erige como el hasta ahora último eslabón de la pesada cadena colonial que opera la férrea sujeción de la economía “nacional” a la división internacional del trabajo (y de la Naturaleza).

Es que, en estos tiempos de crisis climática e hidro-energética, de sobreexplotación y sobrepasamiento de los límites planetarios, pero también de reacomodamientos de la jerarquía inter-estatal y crisis de la dinámica capitalista convencional, el litio ha pasado a ser el objeto de codicia emblemático y epicentro de las pujas geopolíticas, precisamente, entre las grandes potencias y las megacorporaciones transnacionales que se disputan el control oligárquico del mundo.

Entre esas pretensiones globales de apropiación concentrada y los yacimientos, las élites (económicas y políticas) internas (nacionales y provinciales) se conciben y se plantan en su rol histórico de intermediarias —subordinadas pero necesarias— para la realización del negocio extractivista. Su miopía rentística y cortoplacista no les permite mirar los salares sino como meros yacimientos a ser explotados; la única discusión y el único criterio que se plantean gira en torno a “cuántos dólares pueden aportar las sales de litio”.No les importa que el destino de la materia, las tecnologías, las ganancias y los intereses sean ajenos; mucho menos, el resguardo de territorialidades de valor geocultural único, ni la viabilidad del país a mediano plazo; sólo se disputan una tajada del botín. La creación y actuación de la Mesa Nacional del Litio, así como el veto de los gobernadores a la Ley de Humedales ponen al desnudo intereses y motivaciones del mandato extractivista “público-privado”. Aunque hablen del “desarrollo nacional”, la renta extractivista va a alimentar —como históricamente sucedió— sus privilegios de clase y las redes clientelares de la gobernanza colonial doméstica.

Mientras tanto, para esa mirada imperial-colonial, los habitantes de esos territorios ancestrales son unidimensionalmente vistos como un mero obstáculo a ser removido. Más allá de tácticas y estrategias, las operaciones de remoción conjugan ecuaciones diferenciales de asistencialismo y represión. Pueden consistir en “audiencias públicas” e instrumentos de consulta totalmente viciados o la lisa y llana violación de los propios mecanismos y resguardos legales de derechos territoriales y humanos. Generalmente, se combinan y potencian con las “políticas de responsabilidad social” de las corporaciones, que son las que —de facto— pasan a detentar el control de esos territorios que, ahora, son sus “zonas de operaciones”.

Desde su sabiduría ancestral, los pueblos habitantes de esos territorios —quienes en realidad construyeron las condiciones de habitabilidad de esas geografías, creando modos de vida y economías políticas sincronizadas y acopladas sinérgicamente a esos ecosistemas— hoy se levantan, una vez más. Esta vez para decir “el agua vale más que el litio”.

Expresión de un lenguaje de valoración radicalmente antagónico al sentido común hegemónico (y que, por eso mismo, resuena absurdo, irracional, para grandes mayorías citadinas, inmersas en los ritmos y modos del entorno artefactual industrial-digital dominante), semejante planteo desnuda a la vez el antagonismo inexorable entre república y régimen extractivista, así como las falacias construidas en torno al litio y su presunto valor estratégico para la denominada “transición energética”.

El mandato extractivista, las falacias en torno al litio y las cadenas del poder colonial

El mandato extractivista condensa la colonialidad constituyente de la coalición de fuerzas sociales y culturales, económicas y políticas, que abraza —con fervor o resignación; con “patriotismo” o pragmatismo— la matriz primario-exportadora como “destino manifiesto” de la “Nación”.

La novelísima formación política que naciera del desmembrado Virreinato del Río de la Plata —con las mismas aspiraciones republicanas tempranamente arrebatadas por los intereses oligárquicos de contrabandistas de cueros y tasajos— proyecta sus sombras hasta el siglo XXI, en un país territorialmente fragmentado entre grandes extensiones sojeras, enclaves petroleros y mineros. La fractura social que separa a ganadores (en dólares) y perdedores (a la intemperie de la precariedad), se agiganta a medida que los bandos de la grieta retórica se empecinan —bajo distintos modos— en perseguir el oxímoron del “desarrollo” primario-exportador.

Frente a ese panorama, el enunciado político del levantamiento del pueblo plurinacional de Jujuy, “el agua vale más que el litio”, denuncia el pacto oligárquico-rentístico que acecha la república. A nivel de provincias y a escala nacional, ese pacto articula a la clase gobernante de los distintos signos partidarios con también distintas expresiones de la (lumpen) burguesía vernácula, arrendatarios de tierras, subcontratistas y/o “proveedores” de las grandes transnacionales, las que de verdad manejan y controlan las cadenas de valor de las commodities; cadenas de suministros de insumos ecológicos críticos y de transferencia de excedentes; cadenas que traccionan el desarrollo de la dependencia.

La consigna de los pueblos de los salares denuncia también los intereses oligárquicos globales que hoy rigen la explotación del litio. Deja al descubierto las falacias pseudo-ambientalistas construidas como dispositivos de legitimación de la destrucción sacrificial de los humedales altoandinos. Es que, en efecto, muy lejos de las preocupaciones por el cambio climático y los objetivos de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), lo que impulsa la actual “fiebre del litio” es el interés de grandes capitales —articulados en la rama automotriz, una de las máximas responsables de la contaminación fósil— por la apropiación del lucro diferencial que ofrece el negocio de la nueva mercancía de lujo global: los automóviles eléctricos.

Presentado en los discursos mediáticos y hasta pretendidamente científicos como un mineral estratégico para la “transición energética” hacia una era “post-fosilista”, el litio no es, sin embargo, un insumo relevante en las infraestructuras de captación de energía de fuentes renovables (eólica y solar); sólo es clave en medios de acumulación de energía eléctrica (baterías). Y dentro de éstas, si bien es cierto que su uso está desplegado en la vasta diversidad de productos tecnológicos de la vida contemporánea (celulares, computadoras), su demanda no es proporcionalmente voluminosa.Lo que, en realidad, explica el crecimiento exponencial de la demanda y la cotización mundial del litio son enormes volúmenes requeridos por las baterías de autos eléctricos: el 65 por ciento de la demanda actual de litio (y proporciones aún crecientes de la demanda proyectada) va a parar exclusivamente a la fabricación de autos eléctricos. Aunque éstos no emiten, por cierto, CO2 durante su funcionamiento, sí lo hacen a lo largo de toda la cadena de extracción de sus insumos, de fabricación, montaje y distribución. Con un agravante: un automóvil eléctrico consume en promedio siete veces más minerales que un auto equivalente a combustión fósil. No sólo su valor monetario es considerablemente superior —hasta elitista—, sino más aún sus costos o huellas ecológicas.

La geografía económica y política de la cadena de valor del litio refleja con nitidez la estructura colonial de la economía global; la matriz de apropiación y consumo desigual del mundo. A lo largo de toda la cadena se pone de manifiesto su carácter oligopólico: cuatro empresas (las norteamericanas Albemarle y Livent, la china Tianqi y la chilena SQM) concentran históricamente el 80 por ciento de la extracción; la producción general de baterías de litio está concentrada en diez empresas y sólo tres de ellas (la china CATL, la coreana LG y la japonesa Panasonic) concentran el 68 por ciento de la provisión de baterías de automóviles.

La fabricación de autos eléctricos está concentrada en diez automotrices, cinco de ellas (la norteamericana TESLA, las chinas BYD y BAIC, la alemana BMW y la japonesa Nissan), controlan el 45 por ciento del total.

Como es de suponer, la demanda (actual y proyectada) de autos eléctricos está geográficamente concentrada en los países del Norte Global y socialmente en los segmentos de mayores ingresos.

Las dos grandes explotaciones que están extrayendo litio en el país son proveedores estratégicos de dos grandes automotrices: el proyecto Olaroz, en Jujuy, controlado por Toyota; y la norteamericana Livent (Catamarca) con un contrato de abastecimiento a largo plazo con BMW. Así, paisajes agropastoriles y territorialidades ancestrales —ahora renombrados por los nuevos poderes conquistuales como el “Triángulo del litio”— son las nuevas zonas de sacrificio para el abastecimiento de un mercado global concentrado, elitista y excluyente.

Aunque se diga que litio es “imprescindible” para las “energías limpias” hoy, en realidad, se usa para la fabricación de una mercancía oligárquica por excelencia: un bien de lujo, diseñado y fabricado por pocos y para pocos; insustentable por antonomasia. En el extremo inicial de la cadena del litio, geoculturas milenarias y comunidades —realmente— de bajas emisiones son gravemente amenazadas y puestas en riesgo de extinción; en el extremo final, el consumo suntuario de una economía global oligárquica.

Las culturas creadoras de la habitabilidad de las regiones puneña y altoaldinas tienen claro que la lucha por la autonomía, la autodeterminación y la independencia implica romper la cadena: dejar de ser los últimos eslabones del mandato extractivista que rige el mundo. Como un mensaje que va más allá de nuestro país y que nos interpela como especie, comunidad biótica, su levantamiento nos quiere advertir que —en las nuevas condiciones geológicas que atravesamos—, más nos vale no sólo dejar el petróleo bajo tierra, sino también el litio en sus humedales.

*Colectivo de Investigación de Ecología Política del Sur (IRES-Conicet-Universidad Nacional de Catamarca)Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/la-rebelion-jujena-ante-la-cadena-colonial-del-litio/

ADVIRTAMOS cómo China realiza megaminería de litio en Argentina:

De ilusiones a frustraciones:
se resquebraja el relato minero en Fiambalá

29 de mayo de 2025

La localidad catamarqueña de Fiambalá es un caso testigo de la minería de litio, con la empresa china Zijin como protagonista. La compañía y el gobierno provincial organizaron una «charla informativa» sobre una nueva etapa de exploración y sus impactos. Crónica de una jornada que desnudó la defraudación de una población ante las promesas extractivas. El litio como un capítulo más del colonialismo.

 

Por Horacio Machado Aráoz*

Desde Fiambalá, Catamarca

El Ministerio de Minería de Catamarca organizó en Fiambalá una “Charla técnica informativa participativa” sobre una nueva etapa de exploración del proyecto Tres Quebradas bajo control de la minera china Zijin. El objeto de la misma era, supuestamente, el de dar a conocer los resultados de la actualización del Informe de Impacto Ambiental (un documento de casi 400 páginas que no está directamente disponible en la página oficial y cuyo resumen ejecutivo de 31 páginas se distribuyó horas antes de la “charla”).

La reunión, que estaba programada para el miércoles 21 de mayo a las 17 horas, comenzó pasada las 18. El salón de la escuela secundaria N° 17 estaba abarrotado. Durante las dos primeras horas los más de trescientos vecinas y vecinos de Fiambalá tuvieron que escuchar exposiciones genéricas que estaban muy lejos del foco de interés: desde funciones y competencias del Ministerio de Minería y descripciones geográficas de la propia región hasta definiciones de manual sobre conceptos relativos a “higiene y seguridad industrial” y presuntas normas de procedimiento de la empresa. Ésta, sugestivamente, repartió caramelos, botellitas de agua mineral y lentes de seguridad.

Pese al título oficial, la actividad tuvo poco y nada de “informativa”; mucho menos de “participativa”. Se trató más bien de un evento deliberado en el que las autoridades de la Provincia y la plana mayor de Zijin convocaron a la población para fingir demencia públicamente.

Las autoridades de Minería pretendieron fingir que, en Fiambalá, hubo «información previa»; que sus pobladores fueron debidamente informados, en tiempo y forma, sobre las condiciones, características, envergadura del proyecto minero 3Q y sobre los costos e impactos socioambientales que trae aparejados. También fingir que hubo consulta y consentimiento. Fingir que el proyecto tiene “licencia social”.

En la ritualización ficcionalizada, la comunicación es reemplazada por la propaganda. Slogans como “puertas abiertas” y “transparencia” ocluyen, en realidad, ocultamientos de información estratégica, mentiras, promesas incumplidas e incumplibles; incluso, amenazas y prácticas extorsivas. La coerción, abierta o velada, y el engaño vil son la materia prima a través de la cual la minería fabrica su “licencia social”.

La población ya sabe de estos manejos. Lo que prima es la desconfianza; la certeza sobre el engaño. “Esto es una trampa”. “¿Para qué vamos a ir, si nunca informan sobre lo que realmente importa ni nos contestan las preguntas?”. “Sólo quieren sacar la foto y después decir que ‘nos consultaron’”… Escuchamos momentos previos a la convocatoria. Sin embargo, primó el hartazgo. La concurrencia masiva de la población estuvo movilizada por el malestar y la indignación. La gente no fue a “informarse”, sino a expresar su disconformidad; incluso, entre quienes tienen negocios con la minera.

Tras soportar dos horas de exposiciones inconducentes y abstractas, se abrió el espacio para “las preguntas de los participantes”.

Algunas de las voces de los vecinos y vecinas: “Quiero saber si esta nueva etapa de exploración se va a realizar en el marco del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) y quiero saber por qué la Provincia adhirió a un régimen que prioriza el agua para estas explotaciones, relegando las necesidades básicas de la población”. “Quiero saber si la empresa minera ha pagado la multa que la Justicia le ha impuesto por evasión y fraude fiscal en sus operaciones comerciales”. “Quiero saber cuál es el impacto global del proyecto sobre el balance hídrico de la cuenca del Abaucán”. “Quiero saber por qué nos vienen a consultar recién ahora, cuando hace años que la empresa está acá y hace lo que se le antoja”.

Preguntas sin respuestas

Como investigador del Conicet —que estudia este proyecto—, hice cuatro preguntas puntuales: 1- ¿Cuál es la situación jurídica del predio de 671 hectáreas donde está emplazada la planta de procesos de Zijin que el Municipio de Fiambalá “cedió” a la empresa? 2- ¿Cuántas perforaciones tiene la empresa y qué cantidad de agua está extrayendo de Fiambalá? 3- ¿Cuál es el consumo energético global por tipos de fuente que está consumiendo la empresa en el conjunto de sus operaciones? 4- ¿Qué volúmenes y tipos de residuos y efluentes está generando la empresa en sus actividades actualmente y qué plan de manejo tiene sobre los mismos?

Por supuesto, ninguno de los interrogantes planteados fue respondido fehacientemente. Prometieron enviar las respuestas por correo electrónico.

Con la puesta en escena, los funcionarios de Minería pretendían que los “participantes” le siguieran el juego de ignorar la realidad y “agachar la cabeza”. Pero eso no sucedió. “Somos un pueblo que ha sido entregado. Ahora somos una zona de sacrificio en mano de los chinos”, planteó un docente local de larga trayectoria. “El resumen que repartieron dice que el 76 por ciento de los impactos son negativos y sólo 24 por ciento son positivos. Ellos dicen que el 46 por ciento de los impactos negativos son compatibles… Claro, compatibles con sus ganancias”, dijo otro poblador.

La maniobra gubernamental para jugar a las apariencias de “la información y la participación” no resultó a los objetivos oficiales. La población tomó la ocasión para manifestar su indignación. Al final del juego, las autoridades seguían fingiendo demencia. Permanecían impávidas ante la sucesión de críticas y reclamos.

Otras voces que resonaron: “Sabemos que el 70/30 (por la proporción de empleos locales comprometidos) no se cumple. Sólo 117 de los 580 empleados son fiambalenses”. “¿Qué ha pasado con los ácidos derramados en el camino al Pissis? ¿Qué medidas de reparación han aplicado?”.

La “moderadora” oficial respondía cada vez con más frecuencia: “Eso no está en el temario; le pedimos al público que se ciña a preguntas sobre el informe actual”. Por momentos la confusión era tal que el propio staff de Zijin respondía por cuestionamientos que debía responder el Ministerio de Minería como organismo de contralor.

La flamante funcionaria del área de Minería del Municipio decía “sabemos que hay cosas que se han hecho mal, pero estamos trabajando para mejorar”. El nuevo Intendente (Raúl Úsqueda) ni siquiera estuvo presente en la reunión. Al final, entre desesperada y desbordada, la secretaria de Desarrollo Minero de la Provincia (Teresita Regalado) intentó en vano que el CEO de Zijin prometiera que iba a tomar más empleados nativos de Fiambalá y lo instaba a firmar un convenio más con el IES (Instituto de Educación Superior).

Una historia muy antigua y conocida

La política del gobierno parece estar conducida por la ignorancia, la desidia, el cinismo, o una combinación de éstas. Creer que este tipo de explotaciones mineras va a generar desarrollo es, a esta altura de la historia, un acto de supina ignorancia. En sus largas investigaciones sobre la minería transnacional en América Latina, el geógrafo británico Anthony Bebbington concluye así: “Tanto el siglo XIX como el XX han estado plagados de boom mineros cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y crecientemente empobrecida”. En los breves años que tiene la minería transnacional en Catamarca estos son los mismos resultados que tenemos.

En 1969, los economistas y sociólogos Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto caracterizaron a las explotaciones mineras como “economías de enclave”. Un enclave es un territorio sumido en una “forma extrema de dependencia”, donde la economía local queda “bajo el control directo del capital externo” y “los grupos dominantes locales se limitan a un papel secundario”; en un enclave “la debilidad de las oligarquías locales es tal que deja a las poblaciones locales desamparadas frente a los sectores externos”.

Desde una perspectiva de ecología política, un enclave es un territorio en el que toda su diversidad socioecológica y su potencial productivo es fagocitado bajo la voracidad de los requerimientos hidro-energéticos de un mega-proyecto extractivo. En Fiambalá, los viñedos, las cabras, los adobes, las lagunas y los flamencos, las artesanas y dulceras, están siendo chupados por una poderosa fuerza extractiva que se come todo para transformarlo en cargamentos de carbonato de litio. Lo que deja a su paso es, como ha sido dicho, “una zona sacrificada”.

Pareciera ser que los profesionales del gobierno y de la minera, que con tantos aires de superioridad y suficiencia pretendían aleccionar a les fiambalenses, no conocen mucho de economía política, de geopolítica ni de historia regional. Peor aún, pareciera que los geólogos que trabajan para las mineras (en el gobierno o en las empresas) no conocen mucho sobre el estado actual de la Tierra, ni sobre las implicaciones de la edad geológica en la que hoy nos encontramos.

Esta gente sigue viendo a la Tierra con una mirada científicamente anacrónica: siguen hablando de “recursos” y sólo piensan en explotar. Para ellos, los salares son sólo una “oportunidad de negocios”. Es claro que un pueblo minero es un pueblo minado.

*Investigador del Equipo de Ecología Política, Instituto Regional de Estudios Socioculturales (IRES) Conicet-UNCA.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/de-ilusiones-a-frustraciones-se-resquebraja-el-relato-minero-en-fiambala/

 Alternativas emancipatorias

Reflexionemos sobre:

Entrevista del equipo de Fréquence Populaire (Francia) durante la Cumbre de los BRICS en Río (Julio 2025)  https://x.com/FPopMedia a:

João Pedro Stédile (MST):
“El capitalismo destruye la naturaleza,
nuestra lucha es global”

(…)-Es importante que hables de lucha, porque en Brasil esta lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores de la tierra no fue hecha sin sangre. Desafortunadamente, muchos dirigentes del MST fueron asesinados. Se produjo la masacre de El Dorado dos Carajás, que todavía está ahí presente porque hay total impunidad en relación a quién cometió este delito. ¿Y qué crees que aún podríamos hacer precisamente? ¿qué esta lucha que hacemos, lo cual es legítimo, puede hacer para prescindir precisamente de esta violencia del otro lado?

Bueno, el capitalista y el terrateniente siempre han sido violentos en toda la historia de la humanidad y continuarán violentos porque saben que es una injusticia, lo cual es una iniquidad. Tienen propiedad privada de 100.000 ha, de 1000 ha, de 10.000 hectáreas. Porque la tierra no es fruto del trabajo es un regalo de la naturaleza. Fue el capitalismo industrial que inventó la propiedad privada en el siglo XIX.

 Así pues, la propiedad privada de la tierra es una excrecencia, es una gran injusticia y tienen que garantizar este derecho a la propiedad privada con violencia, la violencia de sus guardias, la violencia del estado burgués.

Y esto continuará. Sin embargo, tienen una contradicción: no producen comida para el pueblo, no dan trabajo para el pueblo. Por lo tanto, la gran propiedad de la tierra también es antisocial, antiprogreso, antihumanitaria.
Y lo que representamos, mirando el futuro, es que si en el pasado el centro de nuestra lucha era enfrentar al terrateniente y lograr la distribución de la tierra, ahora necesitamos expandir el horizonte y también defender la naturaleza.

Porque si no defendemos la naturaleza, no combatimos la deforestación, no promovemos la reforestación, no defendemos los manantiales y el agua, se arriesga la vida del ser humano en este planeta. Que ya están muriendo muchas personas debido al desequilibrio, el clima cambia cada día en todo el mundo.

Y más allá, para defender la naturaleza, tenemos que defender la producción de alimentos saludables, la producción de alimentos sin pesticidas. Porque los alimentos con pesticidas dejan de ser alimento, pasan a ser un producto contaminado. Eso causará cáncer y causará mucho sufrimiento y muertes en millones de personas.

Entonces, tenemos que construir una gran alianza de América Latina con Europa para que nos ayuden a combatir los pesticidas, porque todas las grandes fábricas de pesticidas son empresas europeas: Bayer, BASF, Syngenta, DuPont, que están inundando la agricultura en todo el mundo con sus venenos. Muchos de ellos, que han sido prohibidos allí en Europa gracias a la movilización de la sociedad. Ahora, sin embargo, estas empresas venden lo que está prohibido allí, lo venden aquí en Brasil, venden en Argentina, venden en toda América Latina.

Entonces, creo que nuestra lucha internacional tiene que ser enfocada ahora en defensa de la naturaleza, en defensa del agua, en la lucha por una alimentación saludable. contra los pesticidas, porque el gran terrateniente que produce mercancías, no tiene solución a estos problemas. Él no puede producir soja a gran escala, maíz, algodón sin utilizar uso intensivo de venenos. Así que, el futuro de la humanidad dependerá de la agricultura familiar en el que los agricultores, quien trabajen la tierra puedan producir comida sana sin venenos.

-Lo que dijiste es importante, porque ahora en Francia hay un debate, porque hay una ley para regresar a la reutilización de pesticidas, usando el argumento de la competencia del país que lo utiliza; países de América Latina u otros países. Diciéndonos que seamos competitivos, que tenemos que usar también los pesticidas. En lugar de convencer a otros países de no utilizarlo, vamos a volver al veneno.

Me imagino que el lobby de estas grandes empresas que ya he mencionado, Bayer, BASF…Y para los que no lo recuerdan, Bayer desciende de otra empresa madre que fue quien fabricó el gas letal para matar a millones de personas en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Este lobby para aumentar los agrotóxicos es simplemente para obtener ganancias para estas empresas y no les importa que destruyan el suelo, porque el veneno es peor que el fuego. El veneno mata biodiversidad y mata la fertilidad y contamina las aguas y contamina productos, en este caso alimentos. Entonces tenemos que hacer una pelea para que esto no prospere en cada uno de nuestros países. Porque desafortunadamente,

-Por ejemplo, en Francia, en el caso particular, desde Francia, llegamos a que muchos agricultores terminan abandonando sus producciones si no reciben subsidio, porque hay muchos suicidios. Un granjero se suicida todos los días. Porque ni siquiera pueden garantizarle un salario mínimo, porque es empujado a tomar un préstamo para comprar tractor, etc. Y hoy a veces es más les dan más línea de crédito para poner panel solar o de energía de viento. Produce leche o cereales o cosas así. Así que terminan abandonándolo todo porque no son masoquistas y en cierto modo formados y nadie quiere trabajar como un esclavo y perder dinero cada mes para intentar hacer lo mismo. (…)

-Aquí en Brasil también tenemos que la tasa de suicidios de agricultores es muy alta, pero en nuestro caso se concentra en la producción de tabaco, porque allí se usa un veneno que tiene consecuencias neurológicas, que conducen a la depresión y con la depresión suicidarse.
En la India también hay un fenómeno similar. Hay muchos suicidios en la India por razones sociales. Que la gente agricultora no puede pagar los préstamos y luego están avergonzados. Y se suicidan. Y por eso tenemos que hacer una lucha mundial.

En cada país tener un proyecto de desarrollo, garantizar la soberanía alimentaria. Es esta teoría la que Vía Campesina defiende, incluso por enfrentar a la FAO y a los gobiernos locales. Los gobiernos locales hablan sobre seguridad en comida, que es un término creado por la FAO. La seguridad es obligación del gobierno de distribuir alimentos, pero eso no basta. Nosotros con Vía Campesina defendemos la soberanía alimentaria, que significa lo siguiente: cada país, cada persona deben tener el derecho y el deber de producir todos los alimentos que necesita. La historia de la humanidad es ésta.

Los pueblos siempre han producido sus propios alimentos. El capitalismo y ahora las multinacionales crearon esta locura de estandarizar la cocina de todos. Hoy en día es todo a base de soja, maíz, trigo y arroz. Cuando en el pasado teníamos nuestra cocina basada en decenas, cientos de vegetales y eso dio riqueza y salud en la energía que precisamos.

Necesitamos debatir en cada uno de los países, ya sea en Francia, en Rusia, en China, en Brasil, la idea de Soberanía Alimentaria. Y con eso, tenemos un proyecto para defender nuestra gente. Necesitamos tener gobiernos que asuman la responsabilidad y el compromiso con los pueblos. Gobiernos populares y no gobiernos que son verdaderos títeres del capital como en Europa, o incluso aquí en América Latina.

Cada vez más los temas agrícolas se refieren a toda la sociedad. La cuestión de los pesticidas y la soberanía, la alimentación no es un problema campesino sólo porque algunos se suicidan. Es un problema de la sociedad. Y sólo será se resolverá si toda la sociedad se concientiza sobre esta lucha contra pesticidas, contra la deforestación, contra el cambio climático.

Muchas gracias. Como dije, es un honor entrevistarlo. Creo que será muy inspirador para el campesinado en Francia, porque sabemos que les faltan líderes de la tierra, se sienten un poco perdidos, sin dirección. La política se centra en problemas urbanos y deja el componente de la agricultura aparte. Solo cuando hay una manifestación, el gobierno tira algo de dinero para tranquilizar, pero no resuelve el problema. Y lo que dijiste sobre la soberanía alimentaria, precisamente un combate que tenemos en nuestro canal. Siempre insistimos en esto y es que es diferente de la seguridad alimentaria. Te agradezco mucho porque cumplimos todos los puntos que nos planteamos y hemos estado defendiendo durante años.

-Me alegro de tu batalla en este campo, para traer conocimiento, traer información y espero que tu canal anime a que los agricultores de Francia que luchan, a realizar una movilización masiva, incluso si ahora no tenemos líderes, que den unidad a los movimientos, pero la los líderes sólo surgirán a través de la lucha. Los líderes no surgirán de una reunión de negociación con el Gobierno. Los líderes nacen de la confianza que la gente puso sobre ellos durante la pelea. Así que, luchemos para poder mejorar la condiciones de vida y tener un futuro mejor para nuestra gente. Muchas gracias por tu espacio.

https://t.me/FPopMedia

https://www.bilaterals.org/?pesticides-accords-ue-mercosur-et&lang=en

https://www.youtube.com/embed/xvOJOq4zbXI?feature=oembed también editado y en difusión desde
https://argentina.indymedia.org/

Fuente:

Brasil: Entrevista a João Pedro Stédile (MST) Julio 2025

Destaquemos que el MST de Brasil mira por la agricultura familiar en vez de comunal y reduce deliberación de los pueblos a la soberanía alimentaria en vez de autonomía alimentaria por lo que delega en gobiernos populares que, como demostraron los progresistas, son imposibles y menos cuando el neoliberalismo despliega su barbarie en vivo y directo. Repitamos el párrafo que ilustra:

Necesitamos debatir en cada uno de los países, ya sea en Francia, en Rusia, en China, en Brasil, la idea de Soberanía Alimentaria. Y con eso, tenemos un proyecto para defender nuestra gente. Necesitamos tener gobiernos que asuman la responsabilidad y el compromiso con los pueblos. Gobiernos populares y no gobiernos que son verdaderos títeres del capital como en Europa, o incluso aquí en América Latina.

Comparemos este enfoque progresista afín a sus gobiernos que se opusieron al protagonismo deliberativo sobre las decisiones a tomar y glorificaron líderes con:

Declaración 

“Confluencia Global sobre Democracia Radical, Autonomía y Autodeterminación”

Por Edward, Sudáfrica, del 2 al 6 de febrero de 2025.

Organizado por el Tejido Global de Alternativas, la Academia de Modernidad Democrática, WoMIN y el Comité de Crisis de Amadiba.

A los pueblos del mundo y a quienes luchan contra todas las formas de capitalismo, patriarcado y colonialismo. A los gobiernos de los Estados-nación del mundo y a las instituciones internacionales. PRESENTE

Del 2 al 6 de febrero de 2025, se llevó a cabo una confluencia de 44 personas de 20 países diferentes y 34 comunidades, organizaciones y/o movimientos sociales en Port Edward, en la Costa Salvaje de Sudáfrica.

Nos reunimos para discutir nuestras luchas comunes y construir un entendimiento común sobre cómo ejercemos la democracia radical y la autonomía, al tiempo que reconocemos nuestras diferencias.

Para nosotros, la democracia radical implica nuestra responsabilidad y derecho a decidir sobre todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo el derecho a decir sobre cualquier propuesta que provenga de fuera de nuestras comunidades y territorios. Esto abarca el derecho a rechazar los proyectos desarrollistas que durante mucho tiempo nos han definido como pobres y subdesarrollados, nos han despojado y desplazado, y nos han alienado de nuestras propias tierras y aguas. Rechazamos los modelos económicos, políticos y culturales que imponen violencia sobre nuestros cuerpos, territorios y formas de existencia en el mundo, y que buscan homogeneizarnos en réplicas de estereotipos ‘occidentales’. En su lugar, exigimos el derecho a mantener y seguir evolucionando nuestros propios sistemas diversos de aprendizaje, sanación, habitar, conocimiento, acción y alimentación—raíces en la defensa de la vida, la tierra y una existencia colectiva.

Estamos presenciando la era más desigual de la historia humana, moldeada por siglos de explotación y despojo. Vivimos en un tiempo de crisis profundas e interconectadas, donde el auge de fuerzas autoritarias y de derecha se alimenta de los fracasos de la democracia liberal, explotando agravios y redirigiendo la frustración pública hacia el odio contra quienes han sido marginados por razones étnicas, de género y religiosas, así como contra refugiados y otras comunidades vulneradas.

El colapso del mundo natural—marcado por la pérdida de biodiversidad, la crisis climática, la contaminación y los tóxicos—amenaza toda forma de vida. Las desigualdades económicas y financieras se profundizan, exacerbando la frustración y alimentando sistemas de opresión y violencia enraizados en el género, la casta, la clase, la raza, la capacidades diferentes y la sexualidad. La explotación neocolonial persiste, mientras las potencias imperialistas buscan mantener su control. El fascismo, la xenofobia y el racismo están en aumento a nivel mundial, impulsados por ambiciones imperialistas tanto del Norte Global como de nuevos estados autoritarios emergentes en el Sur.

Estas fuerzas alimentan guerras devastadoras con características genocidas, ecocidas y etnocidas, y fomentan una violencia militar extrema en distintas regiones del mundo, como el centro-oeste de Asia, Gaza/Palestina, Myanmar, la región del Congo y Sudán.

Más allá de la violencia militar, estamos presenciando el auge del fascismo tecnológico y la vigilancia masiva a través de tecnologías digitales y de inteligencia artificial controladas por corporaciones. También observamos nuevas formas de acaparamiento de tierras y despojo de comunidades en nombre de las transiciones energéticas, la acción climática y la sostenibilidad.

Mientras tanto, la apropiación capitalista de artefactos culturales, semillas y conocimientos tradicionales continúa con fines de lucro.

El desarrollo capitalista se sostiene mediante la fabricación de aspiraciones insostenibles, la perpetuación de falsas nociones de progreso y ‘buen vivir’, y la difusión de desinformación a través de los medios de comunicación dominantes. Esto alimenta una forma de colonialismo sobre nuestras propias mentes y cuerpos, reforzando la división social, el consumismo, la dependencia económica y la subordinación de las mujeres, otros géneros y la naturaleza.

Estas dinámicas generan frustración, alienación y conflictos sociales. El fracaso de la democracia liberal no es solo el resultado de una mala implementación: es sistémico. Proviene de la concentración del poder, la corrupción de la representación electoral, la competencia hostil y la rígida división del mundo en Estados-nación.

Cada vez es más difícil para las personas exigir la rendición de cuentas a los políticos, mientras que las instituciones de gobernanza global, incluida la ONU, aunque útiles en algunos contextos, siguen siendo en gran medida ineficaces para abordar crisis urgentes como el cambio climático, la guerra y el extractivismo corporativo.

El Estado, los partidos de izquierda y las instituciones políticas formales han asumido en gran medida el papel de gestores del industrialismo o del capitalismo, facilitando procesos globales de acaparamiento de tierras y buscando el poder para controlar, en lugar de desmantelar las estructuras de opresión.

Estas instituciones sirven a los intereses de las burocracias o del mercado a través de los Estados-nación, en lugar de responder a las necesidades de las personas y del planeta. En todo esto, la naturaleza es tratada como un recurso para el lucro, en lugar de como una entidad viva con derechos y agencia propia.

Mientras tanto, los Pueblos Indígenas y otras comunidades locales, que han demostrado formas de vida en armonía con la naturaleza durante milenios, siguen siendo destruidos, marginados o ignorados.

A pesar de estas crisis, siguen floreciendo formas de vida radicales que constituyen alternativas a los sistemas dominantes. Los movimientos por la justicia ecológica e interespecies, la soberanía indígena y comunitaria, y la liberación feminista persisten en la resistencia a la opresión, mientras imaginan y construyen otros futuros posibles. En todo el mundo, las prácticas arraigadas de democracia radical y autonomía demuestran modelos alternativos de política, economía y sociedad, fundamentados en la solidaridad, la reciprocidad y el apoyo mutuo entre los seres humanos y el mundo más-que-humano. Las alianzas regionales y globales se están expandiendo, conectando luchas y fortaleciendo el poder colectivo. Todos reconocemos que la tierra y el agua contienen nuestras historias, nuestras culturas, nuestra autonomía y nuestro futuro. A través de la acción colectiva—mingas, tequios, shramdaan, uBuntu, autogestión y otras formas de apoyo mutuo—y mediante nuestras cosmovisiones y experiencias—sumak kawsay, comunalidad, ubuntu, swaraj, entre otras—afirmamos nuestro poder colectivo sobre nuestros territorios para seguir “caminando con el pasado delante de nosotros”, es decir, para recuperar nuestro futuro reconociendo nuestras historias y reclamando nuestra dignidad.

Nuestras luchas son distintas y, sin embargo, similares. Mientras muchos de nosotros luchamos por el derecho a existir y ser reconocidos, por tener y mantener la autodeterminación como un primer paso—pero no como el final—otros luchan por la re-existencia, construyendo y fortaleciendo sus comunes y autonomías. Mientras algunos avanzamos más rápido que otros, los caminos que recorremos son parecidos y, por ello, existe la posibilidad de que la solidaridad, la construcción de alianzas y la acción colectiva radical echen raíces.

Hacemos un llamado a una convergencia global más profunda de luchas que unan a los Pueblos Indígenas, los movimientos de base y las comunidades oprimidas en la lucha por la justicia y la dignidad. Nos comprometemos a recuperar, defender y construir sistemas no jerárquicos y ecológicamente regenerativos, basados en la toma de decisiones por consenso, en los cuales el resto de la naturaleza y las generaciones futuras tengan un lugar en igualdad de condiciones. Rechazamos la hegemonía del marco del Estado-nación y, en su lugar, abogamos por un regionalismo biocultural, donde la toma de decisiones políticas se alinee con los flujos naturales y culturales, en lugar de con fronteras artificiales. Además, nos comprometemos a desarrollar otros modelos de gobernanza global que operen desde el reconocimiento mutuo dentro, contra y más allá del Estado-nación, forjando caminos hacia un futuro justo y liberado, basado en un proceso legítimo desde los pueblos. Exigimos el reconocimiento de nuestro lugar en la naturaleza, así como el de nuestros ancestros y de las generaciones por venir. Reafirmamos nuestro derecho a mantener o recuperar nuestros propios sistemas de conocimiento, enraizados en la defensa de la vida, la tierra y la existencia colectiva. También demandamos reparaciones y el pago de la deuda colonial-capitalista que el Norte Global y las élites deben a la mayoría del mundo, resultado de siglos de extractivismo de recursos, contaminación, esclavitud y saqueo cultural.

A través de esta convergencia global y declaración, buscamos amplificar y reforzar las iniciativas de democracia radical y autonomía como alternativas tanto al autoritarismo como a la ‘democracia’ liberal, asegurando su visibilidad y reconocimiento por parte de amplios sectores de la sociedad, la sociedad civil y las instituciones internacionales. A través de redes de aprendizaje mutuo y solidaridad, buscamos fortalecer nuestro poder colectivo junto a otros en escalas locales, regionales y globales, afirmando nuestro derecho a la autodeterminación, autodefensa y autonomía. Esto implica crear y defender nuestras propias estructuras de gobernanza mientras impulsamos la autosuficiencia económica, la justicia social e interespecies y la autonomía cultural. También nos comprometemos a visibilizar y promover las teorías, ideologías y conceptos generados desde las prácticas concretas de los pueblos, como una alternativa a la academia formal dominante. Si bien buscamos el reconocimiento de nuestros sistemas de gobernanza, no esperaremos a que los gobiernos nos lo otorguen, sino que forjaremos nuestros propios procesos de reconocimiento mutuo como pueblos del mundo.

Esta declaración extiende una mano a todos los movimientos sociales, comunidades y organizaciones que luchan por la dignidad, instándolos a unirse a nosotros en la construcción de un mundo más allá del patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. A través de la construcción de alianzas, la acción directa y la resistencia colectiva, proponemos una confluencia global y una plataforma para la democracia radical—una que comparta de manera no jerárquica conocimientos, prácticas, solidaridad y estrategias, mientras amplía el alcance de los movimientos de democracia radical, incluyendo el reconocimiento de la naturaleza y del mundo más-que-humano. En solidaridad, invitamos a todas aquellas personas que creen en la autodeterminación y el cuidado colectivo a unirse a nosotros en la construcción de un futuro donde muchos mundos sean posibles—más allá de la dominación, la explotación y la opresión sistémica.

 Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2025/07/19/confluencia-global-sobre-democracia-radical-autonomia-y-autodeterminacion/

Qué Democracia

En destape del Pacto de Julio como unidad de todas las instancias del Estado neoliberal para imponer el neofeudalismo programado por la Constitución Nacional del 94 vs. la arraigada en comunidades autónomas con asambleas horizontales marcando rumbos a buenos vivires de cada una.  

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/
Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

Necesitamos, abajo a la izquierda coherente con su esencia desprivatizadora y desmercantilizadora, generalizar la ruptura con la legalidad-legitimidad de la gran burguesía para no seguir entrampados en la democracia encubridora de la dictadura capitalista e imperialista. Es descubrir porqué diferenciarnos de los progresismos e izquierdas electoraleras y fundamentar nuestro distanciamiento. Empecemos por su estatismo pese a 41 años de comprobar fidelidad, con independencia del signo partidario del gobierno de turno, a garantizar el cumplimiento de la “Miseria Planificada” por el establishment durante su genocida dictadura militar eclesiástica desde 1976 a 1983. El siguiente es un ejemplo de su lógica asimilada del capitalismo por lo cual reproduce el orden opresor que hemos naturalizado.

Cómo garantizar una política ambiental
en Argentina

1 de agosto de 2025

Cristián Frers /Rebelión

La política ambiental se refiere al conjunto de acciones, estrategias y regulaciones que un gobierno o entidad adopta para proteger y gestionar el medio ambiente. Estas acciones buscan prevenir o mitigar los impactos negativos de las actividades humanas sobre el entorno natural, promoviendo la sostenibilidad y la calidad de vida. En Argentina, la Ley General del Ambiente 25675 establece los objetivos y principios de la política ambiental, incluyendo la conservación de la biodiversidad, el uso racional de los recursos naturales y la participación ciudadana. 

Es importante regular y controlar el uso de los recursos naturales, a fin de garantizar y materializar los manejos sobre esta cuestión, en un conjunto de principios, criterios y orientaciones para proteger la naturaleza, mejorar sus condiciones y dar una respuesta a los problemas importantes. Se evidencian en el país procesos de deterioro donde se desaprovechan los recursos por ejemplo de biodiversidad, así como existen condiciones críticas en la calidad de vida de la población. Gran parte de este problema de deterioro en nuestro país se debe al convencimiento de que éstos son ilimitados e invulnerables; también a la falta de unas normas aplicadas adecuadamente, a la ausencia de coordinación e insuficiente información y a la conciencia pública sobre el alcance de los sistemas de protección. Debido a que se desconoce la Ley General de Medio Ambiente, el país carece de los recursos claramente definidos y de su aplicación. Muchas veces desde los mismos municipios, direcciones o secretarías ambientales no creen que sea un tema de interés para la sociedad: El medio ambiente no es un tema importante como el tema social.

Nuestra generación se enfrenta a la oportunidad más extraordinaria de grandeza que ninguna otra generación en la historia de la humanidad haya tenido jamás. Si no cambiamos nuestro rumbo y simplemente nos detenemos a observar que nuestra localidad, nuestra provincia, nuestro país o nuestro planeta colapse, seremos más odiados que ninguna otra generación que haya existido. Podrán observar que teníamos información más que suficiente para comprender los problemas que hemos provocado y verán con igual claridad que fallamos para salvar a la Naturaleza.Y nos odiaran por eso porque habremos cambiado nuestro confort por su futuro.

La política ambiental local, como en un Municipio, se debe basar en la preocupación y desarrollo de objetivos con fines para mejorar el ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un desarrollo sostenible. Tanto en el ámbito público como privado.

Deben basarse en asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades humanas, promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria, fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión, promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales, prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo, entre otras medidas.

Una política ambiental implica un desafío, y al mismo tiempo un compromiso. Como parte de un concepto innovador, no se debe separar lo ambiental de lo social. Hay que tomar conciencia de que los aspectos sociales están ligados al ambiente, así como el ambiente está ligado a la sociedad,

Si queremos asegurar un ambiente sano para las generaciones de hoy y las futuras, es necesario que toda la institucionalidad del Estado se encuentre al servicio de los ciudadanos con la calidad que requieren las circunstancias. La actualidad ambiental en el país también está en una situación delicada y sin un ambiente sano, no habrá solución económica que nos permita seguir adelante.

Cristián Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social {Periodista}.

Fuente: https://rebelion.org/como-garantizar-una-politica-ambiental-en-argentina/

Señalemos que Cristián Frers, además de eludir la función del Estado de mantener y reproducir las relaciones de opresión-represión por el poder apropiador de los medios y condiciones de trabajo, usa el lenguaje eufemístico que impuso la ONU para extrañarnos de la naturaleza, de cómo su salud y sus vidas, incluyen las humanas. Sobre todo, nos aparta de posicionarnos contra el capitalismo y de abandonar la lógica del Capital. Nos induce a negar la contaminación de todo lo existente, la devastación y las sequías e inundaciones que genera el modo capitalista de mercantilización de la naturaleza que son los extractivismos rurourbanos. Y menos aún averiguamos que el capitalismo no puede existir sin extractivismos, desde décadas amenazando de extinción a la vida planetaria.

Advirtamos significados e implicancias que el gobierno de Cristina Fernández, como vicepresidenta con mayor peso político que el presidente, haya entregado el agua dulce de Argentina a Mekorot:

Una empresa estatal israelí en la Argentina

El agua, el nuevo botín

9 de noviembre de 2022

Por Susana Lara /El Cohete a la Luna

La empresa estatal israelí que secó el río Jordán —aquel en cuyas aguas fue bautizado Jesús y ungido Mesías por el cristianismo— se afianza en la Argentina para el proceso de creación de un mercado del agua de consumo humano, productivo e industrial.

A diez años del proyecto frustrado en la provincia de Buenos Aires, Mekorot Israel National Water Co firmó un acuerdo con el Gobierno nacional que le permite iniciar negocios para la gestión integral de los recursos hídricos de cinco provincias, en tanto que mantiene avanzadas conversaciones al menos con dos municipios sobre la costa del río Paraná. La misma empresa realiza inversiones en infraestructura de agua y salubridad por otro memorándum de entendimiento firmado el año pasado, los que se articulan estratégicamente.

“Uno de los objetivos principales de la política hídrica en Israel fue que la gestión del recurso esté centralizada en pocas instituciones con una clara delimitación de las facultades y responsabilidades de cada una”, según el análisis de Evangelina Dardati, economista chilena. Mekorot es uno de los cinco puntales de ese modelo.

La empresa firmó un acuerdo para la gestión integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), quien a su vez lo hizo con los gobiernos de las provincias de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Río Negro. Las declaraciones oficiales de funcionarios públicos y de los directivos de la empresa permiten interpretar los alcances del acuerdo de negocios plasmados en los respectivos convenios particulares. Arancelamiento de todos los servicios de aguas, modificación de las leyes provinciales y de sus organismos de aplicación, reordenamiento total de los usos y destinos de la infraestructura existente, creación de valores económicos y financieros para establecer un costo del agua en la Argentina, nacionalización y centralización de algunos sectores del mercado, entre otros objetivos de esta gran reforma que pretende completar y perfeccionar la de los ’90.

En este caso, el conflicto se plantea por dos frentes. Por una parte, por el plan de negocios neoliberal para el agua dulce potable, recurso estratégico comparable a la tierra libre de agroquímicos y de ocupantes con título de propiedad privada. Por otra, Mekorot es una de las empresas cuyas prácticas fueron condenadas por el Relator Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Michael Lynk, con rol clave en el proceso calificado como apartheid contra el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén este. El último informe del Comisionado se hizo público en el 25 de marzo pasado; un mes después después, una misión argentina encabezada por el ministro del Interior, Wado de Pedro, recorrió las obras modelo de Mekorot que privan de a Palestina agua en calidad y cantidad suficiente para una vida digna.

El interés de siempre

Como para empezar de cero, sin el lastre de los negociados menemistas, los funcionarios públicos nacionales y provinciales insisten en hablar del acuerdo con Mekorot como reciente, de menos de dos años.

La Argentina e Israel firmaron en 1995 un acuerdo de cooperación comercial y económica. Uno de los antecedentes importantes es el acuerdo del Gobierno de La Pampa e Itzhak Aviran, embajador de Israel en la Argentina a partir de una gestión personal de Osvaldo Roberto Schvartzer, en su rol de presidente de la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad de Ben Gurión. El economista estuvo involucrado en los 90 en el cobro y uso de 17 millones de pesos en concepto de ATN (aportes del tesoro nacional) cedidos por la cartera de Carlos Corach a la embajada israelí en Buenos Aires. Años después, le armó la gira de negocios por Israel a Mauricio Macri cuando era Presidente.

Para 2003 Jorge Sobisch, gobernador de Neuquén, avanzó con un proyecto de irrigación de 40.000 hectáreas en el que aparece el grupo de intereses que confluía en la embajada de Israel. Dos años después, le otorgó en forma directa (sin licitación ni concurso público) a la consultora The Israeli Consulting and Technological Company Ltd. (ITC) el diseño de un proyecto de desarrollo agroproductivo para la zona comprendida entre Arroyito, El Chocón y Challacó. El ingeniero Ernesto Schvartzer, sobrino de Osvaldo, armó ITC, brazo técnico-comercial de la Universidad Ben Gurion, con la que ejecuta proyectos de agricultura intensiva en varios países. Hicieron pie en el Valle de Antinaco (La Rioja), Formosa, Salta —de la mano del grupo Socma (Macri)—, así como en Choele Choel y el Idevi (Río Negro), con el discurso de la ampliación de la frontera agropecuaria y la incorporación de tecnología eficiente para el riego de suelos áridos.

El grupo de negocios incluyó socios locales. En 2007 fructificó la alianza con la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias de la República Argentina (FENTOS). Ese mismo año el gobierno de Río Negro alcanzó un acuerdo con objetivos generales similares a los de hoy. En 2008 Chubut firmó un convenio marco con la dupla gremial-empresaria cuyo desarrollo se fue licuando. Ese mismo año, el ex gobernador Daniel Scioli decretó de interés público un proyecto de saneamiento de aguas en La Plata, que no soportó los cuestionamientos técnicos y políticos y naufragó. En 2009 la empresa anunció su interés por participar del armado y emplazamiento del Polo Industrial y Tecnológico de Bariloche. Por su parte, Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba y también en 2010, analizó en ese entonces la posibilidad de un acueducto entre el río Paraná y Córdoba.

Muchos de estos proyectos merecen revisarse en profundidad para entender un modo de acumulación de capital asociado a los Estados, los elencos locales de los partidos políticos y la burocracia sindical en el anclaje territorial del modelo neoliberal.

Otros capitales trasnacionales acapararon la atención con la transformación estructural del territorio que emergió con la soja transgénica, los desmontes masivos y el acaparamiento de tierras rurales para nuevas rentas de la naturaleza. Así, no llamó la atención cuando en 2020 reapareció Mekorot en negociaciones con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), las que se formalizaron el año pasado. “Mekorot contribuirá en el desarrollo de proyectos de alto impacto para el fortalecimiento de las capacidades de gestión en los servicios de agua y saneamiento a través de un equipo de expertos israelíes con experiencia probada en la gestión de los recursos hídricos. La realización de estudios de viabilidad y de proyectos de tecnología aplicada a los recursos hídricos es uno de los puntos incluidos en el acuerdo. También la elaboración de informes, el asesoramiento, el fortalecimiento de los marcos legales y la planificación”, informó la Cámara de Comercio Argentino Israelí.

El proyecto, lxs proyectistas

“Queremos nacionalizar la gestión de los recursos hídricos. Tenemos un borrador en base a la experiencia de Israel, Estados Unidos y Australia, y al regreso del viaje discutiremos con los gobernadores las mejores opciones. Nuestra propuesta es que haya una sola autoridad del agua en el país”, dijo De Pedro a la salida de la planta Eshkol, en abril. Participa de este proyecto Malena Galmarini, presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con la presencia de José Luis Lingeri, integrante del directorio y nexo con las fallidas inversiones en La Plata y Bahía Blanca de hace una década.

Mekorot tiene dos subsidiarias, Mekorot Desalination and Enterprise y Mekorot Development & Enterprise LTD. Esta última es la que integró la UTE para una obra en La Plata que Lingiere conoció de adentro. Por parte de la empresa, participó de las negociaciones con el ENOSHA Moti Shiri, director ejecutivo de Mekorot Desalination. En el acuerdo canalizado por CFI, Barak Graber y Diego Berger. Graber integra los directorios de las firmas con que desarrollaron y operan dos plantas desalinizadoras en Chipre. En tanto, Berger juega de local; nació en Argentina y se radicó en Israel. En mayo participó de actividades en Chile, donde informó al Senado sobre aspectos de la gestión del agua en vista de la reforma constitucional que por entonces se definía.

Los anuncios oficiales no fueron acompañados por la documentación pública correspondiente. La única copia disponible se publicó en el Boletín Oficial después de que la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza la reclamara formalmente con una abogada. De esa copia se desprende que al menos Mendoza firmó dos acuerdos con el CFI. El 11 de agosto acordó la realización del “Plan integral para la sustentabilidad del sistema hídrico provincial” por el plazo de dos años. El 5 de septiembre el “Convenio marco de cooperación – Lineamientos técnicos, parámetros y principios de funcionamiento aplicables a la elaboración de un plan maestro para el sector hídrico de la provincia”.

Rodolfo Alejandro Suárez, gobernador de Mendoza, refrendó por decreto el primer acuerdo, que en los considerandos indica que comprende cinco proyectos concurrentes: “1) Plan Maestro para el sector hídrico; 2) Código de Aguas para la Provincia de Mendoza; 3) Herramientas para la optimización de la disponibilidad hídrica; 4) Fortalecimiento del programa de inversiones en cauce; y 5) Fortalecimiento de la gobernanza del sistema”. En el segundo acuerdo consta que la cooperación se inicia con la contratación por parte del CFI a la consultora Mekorot Israel National Water para definir los lineamientos técnicos, parámetros y principios de uso sostenible de los recursos hídricos y la adquisición de las capacidades necesarias para la gestión sustentable de estos. Esos términos vagos se delimitan un poco más cuando indica que el proyecto realizará “un análisis del potencial de los recursos hídricos (aguas superficiales y subterráneas); la creación de proyecciones de la demanda de agua (urbana, rural y de riego) para crear un sistema de asignación que permita regular la demanda de agua; definir planes alternativos de abastecimiento de agua”, entre otros objetivos. Mendoza tiene una ley provincial de aguas y una autoridad de aplicación local, el Departamento General de Irrigación (DGI).

Otros pocos detalles surgen de las declaraciones de lxs gobernadorxs firmantes. Río Negro anunció que en dos meses entregará el contenido para el desarrollo del Plan Maestro local, que quedó en manos del Departamento Provincial de Agua (DPA), autoridad de aplicación del código de aguas local. La propuesta propia incluirá una “evaluación de alternativas de desalinización para abastecimiento de agua potable en la región sur y en poblaciones de la zona atlántica; la planificación y optimización de la reutilización de los efluentes generados en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales; un análisis de funcionamiento y eficiencia de los sistemas de riego y drenaje, para realizar posteriores planes de reacondicionamiento o modernización; un análisis económico, balance prospectivo y recomendaciones para alcanzar un desarrollo equilibrado, trabajando sobre el valor económico del agua que permita alcanzar un financiamiento genuino de la gestión integrada de los recursos hídricos”, informó la gobernadora Arabela Carreras.

La provincia hizo propio el viejo interés de Mekorot por una planta desalinizadora en Sierra Grande, opción que reflotó el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde en Punta Colorada.

Palestina, pueblo originario

Maren Mantovani, coordinadora de relaciones internacionales de la campaña palestina Stop the Wall (Paremos el muro), regresó a la Argentina por Mekorot. Había participado de la campaña de esclarecimiento “Buenos Aires, aguas turbias” por el proyecto de La Plata. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los DD.HH. organizaron la presencia de la activista en Esquel (Chubut), donde planteó el tema del dominio del agua para tener el control territorial en el caso de Palestina.

“La acción de Mekorot en Palestina es mucho más que la mercantilización del agua, es el uso estratégico del control del agua para expulsar a las comunidades de los territorios al despojarlos del recurso”, argumentó Mantovani en una conversación virtual. Israel tiene centralizado el uso del agua que es exclusivo dominio estatal. En el control estatal del recurso, Mekorot es la única empresa del sector, brazo técnico de la estrategia de gobierno para con Palestina.

En los reclamos internacionales, consta que extrae una cantidad de agua de los territorios palestinos ocupados que excede la regla de usufructo de las Regulaciones de La Haya y, por lo tanto, viola el derecho internacional humanitario (DIH). Israel prohíbe totalmente a los palestinos abrir nuevos pozos; al mismo tiempo, Mekorot perfora al lado sus pozos más profundos para los asentamientos israelíes de forma ilimitada, mientras restringe el suministro de agua para las comunidades palestinas en la misma región. Estas prácticas empresarias son violatorias de numerosos pactos internacionales.

“Como Sudáfrica y Namibia, Israel comete el delito de apartheid”, sintetizó Mantovani. En ese sentido, en su informe en la sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial Lynk advirtió sobre “la transición de un estado de ocupación —que ya supone un desafío al derecho internacional—, a convertirse en un régimen de apartheid asumido por el gobierno israelí (…). Su prohibición incluso constituye una norma imperativa del derecho internacional”.

Dice la Biblia que el pueblo de Israel cruzó a la tierra prometida por el sur del río Jordán, cuyo caudal languidece por años de sobreexplotación para riego y agua potable de la colonización de los territorios palestinos. En su desembocadura, el mar Muerto desciende al perder el único aporte de este afluente de agua dulce.

Envuelto en los discursos del cambio climático y la transición de la matriz energética, la reforma estructural que plantea el gobierno nacional para con el agua dulce potable, en acuerdo con los gobernadores de distinta extracción política, plantea un conflicto de impacto masivo y a mediano plazo. De todos modos, cuesta imaginar un futuro en que las petroleras paguen a precio de mercado el agua del fracking en Vaca Muerta, que los estancieros paguen por usar el agua sin restricciones o se cobre el derroche en piscinas de las viviendas de alta gama.

Fuente: https://rebelion.org/el-agua-el-nuevo-botin/

En consecuencia, la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida desestima la extrema y legalizada-legitimada violencia conque el sistema mundo capitalista y su local expropian los bienes comunes expandiendo, por tanto, el avasallamiento total de los derechos de los pueblos e individuos.

 Bloqueo de la lucha de clases

Reflexionemos sobre cómo desde su ser protagonistas centrales en Argentina del Pacto Ecosocial viran al ¡fuera Milei! en defensa de la democracia y los derechos humanos. Es decir, dan la espalda al presente e historia del Estado cuidando por garantizar la acumulación gran capitalista a expensas del incesante despojo-arrasamiento de las condiciones para la vida tanto del país como de sus pueblos e individuos. Desconocen que la democracia vigente desde fines del año 1983 es la de la comunidad de negocios lícitos e ilícitos entre capitales y estados imperialistas con los locales. De ahí que no sólo desatienden a la centralidad e imprescindibilidad de los extractivismos para el crecimiento económico del contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales. También olvidan las gravísimas consecuencias humanas de los extractivismos como: la expulsión-desarraigo de familias e individuos, la exclusión social, la extensión-multiplicación de las violentadas zonas de sacrificio y barriadas de los desposeídos de todo, el aumento del gatillo fácil y de las redes tanto de narcotráfico como de prostitución, las cárceles súper pobladas de jóvenes empobrecidos bajo estado de excepción, el envenenamiento de todo o contaminación ambiental incrementando los cánceres. Su visión estatista o nac&pop les impide reconocer prioritario el desafío de la unión en diversidad para frenar dichos criminales y despóticos acaparamientos oligopólicos.

Disciplinamiento y estado de excepción
en la Argentina de Milei

·La democracia se debilita con detenciones arbitrarias de manifestantes y acusaciones infundadas. El Gobierno ha intensificado el autoritarismo contra la educación pública y los movimientos sociales, bajo el pretexto de proteger intereses económicos. Es urgente defender la democracia y los derechos humanos.

Por Maristella Svampa y Enrique Viale

18 de junio de 2024

La democracia languidece en la Argentina. La situación de los detenidos y detenidas por manifestarse, y las gravísimas y arbitrarias imputaciones que se les hacen, es propia de regímenes autoritarios. Se está instalando un estado de excepción, donde los derechos constitucionales más básicos son suspendidos. 

Pero la democracia no se suicida sola. Con el proyecto de ley de Bases, la derecha y la centroderecha entregaron el país en bandeja a la extrema derecha, que sólo contaba con siete votos propios en el Senado. Ahora, con dicha “ley de leyes” casi aprobada, se vienen en la Argentina tiempos aún más ominosos, más represión, más autoritarismo, menos derechos, más destrucción del Estado.

Por la arbitrariedad de las detenciones realizadas en la manifestación del pasado miércoles 12 de junio, queda de manifiesto que las mismas forman parte de una estrategia de persecución política y un ataque deliberado a la libertad de expresión y el derecho de protesta. El pedido de detención del fiscal federal Carlos Stornelli enumera las circunstancias que lo justificarían genéricamente y de modo tendencioso pues expresa ya una condena política. Las normas exigen que debería describirse persona por persona y con detalle —esto es, haciendo referencia a pruebas concretas— las razones para privar de libertad a un ciudadano. Legalmente, en lugar de atribuir conductas delictivas concretas, como exigen las garantías penales, se describe un contexto general y de modo sesgado, sin distinguir casos ni precisar prueba. Salta a la vista que la Justicia no está actuando en función de elementos objetivos del caso y respetando las normas procesales, sino en respuesta a la presión política del Gobierno. 

Todos los organismos estatales involucrados están avanzando con una absoluta falta de transparencia, de modo antidemocrático. El Ministerio de Seguridad nacional, que dio la orden de reprimir y que en la causa penal se presentó como querellante; la Policía, en la calle; la Fiscalía, solicitando las detenciones en base a tuits de un organismo que no existe en el organigrama estatal (“Oficina del Presidente” sólo existente en la red social X). Durante las primeras veinticuatro horas después de detenidas las personas, los funcionarios responsables negaron su paradero a familiares y organismos de derechos humanos. 

La represión, en sintonía con el accionar de infiltrados en la marcha, comenzó alrededor de las 15-16 horas. No es casual, el plan de Patricia Bullrich era generar imágenes a través de los medios oficialistas (La Nación, TN y redes sociales amplificadas por Infobae) para romper la nutrida manifestación y provocar el temor y la inacción de los “sueltos” que pretendían acercarse a manifestar a la plaza Congreso luego de terminada la jornada laboral. Y lo lograron, ya que a las 18, como consecuencia de la brutal represión, la plaza había quedado casi vacía, a pesar que restaban varias horas aún de debate parlamentario. 

La Banelco del siglo XXI tuvo una nueva vuelta de tuerca en la decidida tarea de cambiar favores por votos: el nombramiento como embajadora de la Unesco en París para la Senadora Lucila Crexell de Neuquén, que dio su voto positivo a la Ley Bases, contradiciendo su accionar hasta ese momento. Miembro de la oligarquía —política y económica— de Neuquén, Lucía Crexell Sapag se lució el día de la sesión con una imponente cartera de US$2000 en un Senado que la conoce por su pasión por los viajes al exterior. Hija de Luz Sapag, forma parte del clan político del poder neuquino y del emporio empresarial Crexell, representante de una burguesía local que se enriquece gracias a la actividad petrolera de Vaca Muerta. Es que Vaca Muerta es un gran negocio para un pequeño grupo de proveedores provinciales, que casi siempre caen en manos de la clase política-empresarial local, los que monopolizan millonarios contratos de transporte, hoteles, comidas, etc. Un patrón que se repite en otras provincias, en relación, por ejemplo, con los servicios mineros.

Además, pese a su discurso anticasta, la extrema derecha naturalizó la corrupción de modo acelerado. El diputado nacional del oficialismo Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo, MID) reconoció que a la senadora Crexell le dieron una embajada a cambio de su voto, pero alegó “consensos y acuerdos”, confundiendo torpe y malintencionadamente debate político con lo que es lisa y llanamente el delito de dádivas.

A esto se suma al caso de los siempre resbaladizos senadores Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), elegidos con la boleta del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria), que garantizaron con su voto la aprobación de la ley a cambio de favores personales, lo cual se va revelando con el correr de los días. Otro caso, que pasó más inadvertido, es el de la senadora peronista Carolina Moises (Jujuy), que votó en contra en general pero a favor en particular en el polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). 

Para explicar lo sucedido no habrá que apelar a las ciencias políticas o la sociología, sino más bien al Derecho Penal. Hubo claramente compras de voluntades; hubo dádivas que están tipificadas en el Código Penal.

Volviendo a los detenidos, ninguno de ellos es responsable de haber prendido fuego a un auto. Los que sí lo hicieron están filmados, retratados y continúan libres. Ninguno de los detenidos tiene siquiera una fotografía participando de hechos de violencia. No las hay ni las habrá porque se lanzó una cacería a manifestantes de modo arbitrario, con un plan preconcebido de represión y criminalización. 

Entre los que siguen detenidos —en prisiones de máxima seguridad— hay tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, Camila Juarez (estudiante de sociología), Nicolás Mayorga (estudiante de relaciones internacionales) y Sasha Lyardet (estudiante de comunicación), quienes estaban retirándose, lejos del Congreso; Lucía Belén Puglia, estudiante de letras de Letras de la Universidad de Hurlingham; Juan Spinetto, ambientalista y Maria de la Paz Cerruti, profesora de Historia (detenida cruzando la calle, está filmada), solo por haber ejercido el derecho a manifestarse. No es casual. Buscan disciplinar a las clases medias, y especialmente a aquellos que representan lo que el propio presidente Javier Milei -junto con uno de sus asesores estrella, el ultraderechista Agustín Laje- consideran como expresión del “marxismo cultural”. 

La represión y las detenciones forman parte así de la llamada “batalla cultural” que el gobierno de extrema derecha lleva a cabo en contra de la educación pública, la ciencia pública y la cultura, a las que viene demonizando y acusando en múltiples oportunidades de “adoctrinar”. Muy particularmente, las ciencias sociales y humanas, los ambientalismos y feminismos, están en la mira de esta campaña de amedrentamiento, que ahora ha pasado a la acción concreta de los palos y el disciplinamiento.

Uno de los casos que conocemos personalmente es el de Juan Ignacio Spinetto, ambientalista, docente y abogado. Fue detenido en San Telmo, a cinco cuadras de su casa. Cualquiera que lo conoce a Juan sabe que es alguien muy pacífico, un encanto de persona, incapaz de generar violencia por más mínima que sea. 

Mientras tanto, pasó desapercibida la Resolución 499/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional (publicada el 10 de junio pasado en el Boletín Oficial), que permite blindar a los territorios del extractivismo de cualquier resistencia social. El gobierno acaba de conformar una “unidad de seguridad productiva” que habilita así el despliegue de fuerzas federales en las provincias. Esta dispone “analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías” y “brindar” “la seguridad que demandan las situaciones enunciadas”.

Más claro, Bullrich blindará Vaca Muerta y las zonas con litio con fuerzas federales. En sintonía con el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), el objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales, como en Jujuy (particularmente Las Salinas Grandes) y Catamarca (donde ya la empresa minera Livent es responsable de haber secado un río).

Estos primeros siete meses del gobierno de Milei nos han instalado de modo acelerado en el campo del suicidio político, en lo que se refiere a valores, ideas y creencias democráticas. Todos los días hay una nueva noticia o un hecho político —o incluso mucho más de uno—, todos ellos empeorando la noticia o el hecho político del día anterior. Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como hasta ahora. Más que nunca, no hay que bajar los brazos ni ceder al disciplinamiento social y político. Hay que defender la democracia argentina, esa que logramos con la lucha de tantas mujeres valientes defensoras de los derechos humanos que hace poco nos dejaron, como la gran Norita Cortiñas. 

No basta con pensar que en un futuro —ojalá próximo— nos avergonzaremos como sociedad de todo lo sucedido y cedido en este período funesto. La regresión política es hiperbólica, desmesurada, vertiginosa, pero no por ello irreversible. La historia, nuestra historia pletórica de luchas y resistencias justas, nos lo ha demostrado con creces. Es hora de apelar a la imaginación política así como a la solidaridad nacional —y también internacional—, para lograr desactivar este cuadro político y social demencial y antidemocrático en el que nos ha sumergido el gobierno actual.

Fuente: https://www.eldiarioar.com/opinion/disciplinamiento-excepcion-argentina-milei_129_11455295.html

Veamos ejemplos de entrega del país no al fetiche “extrema derecha” sino a las potencias que lo son desposeyéndonos y por explotación-saqueo. Los hallamos, sobre todo, en gobiernos del Partido Justicialista como el menemismo, el kirchnerismo y el de los Fernández. Recordemos a Néstor Kirchner entregando a Cerro Dragón, el principal yacimiento de hidrocarburos convencionales de Argentina que en este 2025 comenzará con el agotamiento total y extrema devastación del fracking o extracción de los no convencionales.

A) Respecto a la entrega y la corrupción propias de los extractivismos, leamos a Christian Rath (Informe: Silvia Jayo) 10 de junio de 2015:

En este año se han reactivado dos juicios por el pago de coimas que habría hecho la petrolera PAE en 2007 al gobierno de Néstor Kirchner y al provincial -a cargo de Mario Das Neves, gobernador K en ese tiempo- para que le extiendan por 40 años la explotación del yacimiento más grande y de mayor producción de Argentina: Cerro Dragón. PAE es Pan American Energy, una empresa petrolera integrada por British Petroleum (BP, 60%) y Bridas (40%). Bridas, a su vez, es un grupo de los hermanos Bulgheroni, que en 2010 se asoció con la china CNOOC. (…)

De los 300 millones de dólares de coimas, 230 habrían ido para Buenos Aires y 70 para la provincia (Cimadevila, Perfil, 11/5). El gobierno de NK, a través de De Vido, habría organizado la extensión de la concesión. En diciembre de 2006 se votó, en trámite exprés en el Congreso, la llamada «ley corta» que transfirió la administración de los yacimientos a las provincias, y en abril de 2007 se votó en la Legislatura de Chubut -por todos los peronistas y casi todos los radicales- la extensión por ¡40 años! de la concesión a PAE por Cerro Dragón.

La prórroga se hizo diez años antes del vencimiento -legalmente se debe renegociar seis meses antes. Se utilizó una certificación de reservas trucha, con membrete de la Universidad de Cuyo y ésta informó que los datos fueron aportados por la propia PAE. Se omitió el proceso de licitación y se formalizó una adjudicación directa. (…)

Fuente: https://prensaobrera.com/politicas/los-misterios-de-cerro-dragon

Verificamos que Cristina Fernández optimizó la entrega de petróleo, paradójicamente tanto en el presente como en el pasado hubo guerras para expropiarlo en el mundo, mediante la estatización parcial de YPF ( CFK aclaró que se constituía en sociedad anónima) y promulgó la ley Chevron. Aún peor subsidió de modo directo e indirecto, a través de YPF, a las grandes petroleras.

Svampa y Viale, junto a progresistas y peronistas, demonizan la Ley Bases. Pero tengamos en cuenta a Esteban Martine (28 de agosto de 2021)

(…) Desde que el 28 de agosto de 2013, en medio de una represión que duró horas, la legislatura neuquina aprobó el acuerdo con Chevron, las petroleras no dejaron de obtener beneficios de parte del Estado. Antes del acuerdo el gobierno de CFK firmó un decreto a la medida de la multinacional yanqui, creando un “Régimen de promoción” de la inversión en hidrocarburos que, entre otras cosas, facilitaba sus exportaciones.

En 2014 el Congreso aprobaría la ley 27.007 generalizando los beneficios otorgados a la Chevron, e incorporando otros nuevos. Reduciría a 3 años el plazo para comenzar a exportar parte de su producción (un 20 %) con 0 % de alícuota a las empresas beneficiadas con el régimen de promoción, y dejaría establecido en 35 años el plazo para las concesiones de explotación no convencionales, prorrogable por 10 más. (…)

Consideremos, ahora para discernir continuidad profundizadora de la entrega de petróleo, el título y el copete de la nota:

A 8 años de Chevron.
Una nueva ley de hidrocarburos para
favorecer el saqueo y cumplir con el FMI

A ocho años del pacto con Chevron, el gobierno de los Fernández ultima detalles de un nuevo proyecto de ley a la medida de las petroleras. Libre disponibilidad de divisas, baja de regalías y otros impuestos, congelamiento de retenciones, con el eje puesto en aumentar las exportaciones para pagar la deuda.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Una-nueva-ley-de-hidrocarburos-para-favorecer-el-saqueo-y-cumplir-con-el-FMI

Preguntémonos qué Maristella Svampa y Enrique Viale entienden por entrega y por violencia extrema del Estado. Seguro no la hallan en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 21010-2020 y su continuidad profundizadora tanto de la desposesión-expulsión de campesinos e indígenas y el hambre, como de la desertificación del país. ¿Qué democracia defienden? Si silencian e invisibilizan que Cristina Fernández es la principal responsable de la ocupación territorial económica mediante vastos monocultivos de transgénicos en nexo indisoluble con venenos. Fue como Presidenta que promocionó la expansión del sistema de soja transgénico-agrotóxicos aniquilando la autonomía alimentaria y contaminando todo lo existente. Como vice con mayor peso político que el presidente condujo la conversión en ley del agro al Plan 2020-2030 del bloque dominante sobre el sistema globalizado de agronegocios. ¿Esto no es dictadura agraria y alimentaria?

B) Respecto al cumplimiento del Pacto de Julio que ocultan fetichizando la Ley Bases, señalan:

 “Bullrich blindará Vaca Muerta y las zonas con litio con fuerzas federales. En sintonía con el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), el objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales”.

En noviembre de 2012 que fue el año en que se implantó el fracking encubriéndolo mediante estatización parcial de YPF y la ley Chevron (el actual RIGI y rechazando el justo reclamo de Ecuador); también del enorgullecerse Cristina Fernández en el Consejo de las Américas que Monsanto se disponía a establecer una mega planta en Malvinas Argentinas (provincia de Córdoba):

La Asamblea El Algarrobo denuncia que desde hace cuatro sábados las fuerzas policiales de la ciudad, con la ayuda de personal policial de la ciudad de Belén, Pomán y la propia ciudad de Catamarca a través de la fuerza especial de choque «Grupo Kuntur» realizan una valla para que las caminatas solo puedan realizarse alrededor de la plaza. Compartimos el comunicado de denuncia de la asamblea.

En la noche del sábado 17 de noviembre, el pueblo de Andalgalá, volvió a manifestarse en contra de la pretendida instalación de Minera Agua Rica, es decir sigue caminando todos los sábados en forma consecutiva contra el modelo extractivo de destrucción, contaminación y saqueo, como lo viene haciendo hace más de dos años y medio con 155 caminatas sin interrupción. Pero esta vez lamentablemente tenemos que denunciar que las «fuerzas policiales» o las «Fuerzas del Orden», vienen vallando a la ciudad de Andalgalá hace cuatro sábados para circunscribir las caminatas solo alrededor de la plaza, pues no nos permiten realizar la caminata por frente al galpón de la empresa minera (Agua Rica-Alumbrera), ya que como producto de la corrupción política de los tres poderes del Estado, prefieren preservar los intereses de la empresa, por encima del derecho del pueblo, como la libre circulación, la libertad de expresión y el legítimo derecho a la protesta (derechos que son la columna vertebral del sistema democrático).

No obstante, la militarización de la ciudad de Andalgalá, con ayuda de personal policial de la ciudad de Belén, Pomán y la propia ciudad de Catamarca a través de la fuerza especial de choque «Grupo Kuntur», ANDALGALÁ HA PERDIDO EL MIEDO y sale a manifestarse igual, repudiando también el actuar de la Policía de la Provincia.

Ya es un hecho, Andalgalá vive un Golpe de Estado Minero al que los pobladores se resisten y levantan su voz en defensa de las libertades individuales y colectivas, tanto como la defensa de nuestros BIENES COMUNES.

No admitiremos que el poder de unos cuantos intente imponernos el cómo tenemos que vivir. Andalgalá está poniendo en práctica la AUTODETERMINACIÓN de nuestro pueblo, y no acepta la corrupción, la mentira política y la violencia institucional, mas tarde o más temprano los actores políticos de hoy, el día de mañana los veremos tras las rejas tal como se lo merecen, ya que los DERECHOS HUMANOS no son solamente los que reivindica actualmente el Gobierno Nacional, los de la década de los 70, hoy los DDHH son mucho más que eso, como el acceso al agua, a ser consultados sobre sus recursos naturales, entre otros tantos.

Desde la Asamblea el Algarrobo repudiamos este accionar policial de la provincia con la complicidad del gobierno nacional y muchos organismos estatales que debieran de actuar de oficio en contra de todo el atropello que viene sufriendo la comunidad de Andalgalá. 

Fuente e Imágenes: redeco.com.ar

https://bloglemu.blogspot.com/2012/11/argentina-catamarca-andalgala.html

Destapemos olvido de Svampa y Viale sobre Andalgalá durante el gobierno de los Fernández que todavía rige como dictadura de las mineras:

Asamblea El Algarrobo

15 de abril de 2021  ·

#Ahora

Necesitaban tener el ejército de forma permanente en Andalgalá, y lo consiguieron, no cabe duda que quieren explotar mucho antes de lo anunciado.

Las calles de Andalgalá (Catamarca) con militares del Ejército Argentino. Desplazados por toda la ciudad

Persecusión, criminalización, detenciones, y ahora el Ejército.

#NoTienenLicenciaSocial

15 de abril | 2021

Andalgalá: vecinos luchan contra la megaminería y la militarización de la zona.

 

Asamblea El Algorrobo denunció reactivación minera y en los últimos días sufrieron allanamientos y detenciones policiales.

Desde el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la Asamblea El Algorrobo lleva adelante un bloqueo selectivo informativo para frenar el avance de la empresa canadiense Yamand Gold en el yacimiento de Agua Rica. Dos semanas después, con el argumento de la emergencia sanitaria, llegaron a la ciudad fuerzas policiales y «grupos de choque». Organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos denuncian que Andalgalá está “militarizada”.

Andalgalá es una localidad ubicada al norte de Argentina, en la provincia de Catamarca. Hace 12 años que vecinas y vecinos de la zona formaron la Asamblea El Algarrobo contra la explotación minera porque, como sostienen en una de sus consignas, “el agua es vida, el oro es un metal”. Hoy resisten al proyecto MARA, una fusión estratégica de dos yacimientos: La Alumbrera y Agua Rica, éste último es tres veces más grande que el primero instalado en el año 1997.

Catamarca se encuentra en medio de una crisis hídrica, es una de las provincias más pobres de ese país sudamericano y tiene altos índices de contaminación. Las empresas mineras toman y contaminan el agua de los ríos, que las comunidades usan para su consumo personal y para producir con agroecología.

Gabriela Marsilli, integrante de la Asamblea vecinal y del medio alternativo Radio El Algarrobo, contó a Radio Mundo Real sobre las medidas de lucha que llevan adelante: “Estamos exigiendo que paralicen las actividades; lo hacemos en función de las leyes que nos amparan, la ley general del Ambiente, la ley de Glaciares y la ley de Bosques” y agregó “estamos exigiendo también la paralización de los once pozos que autorizaron luego del último informe de impacto ambiental”.

En 2010, científicos catamarqueños presentaron un informe donde detallan la aparición de enfermedades en Andalgalá, con un porcentaje de incidencia mucho más alto en comparación con el resto del país: “El cáncer de hueso es tres veces más alto. La incidencia de Esclerosis Múltiple, 500% más alta. Los casos de cáncer son 800% más frecuentes. Las respiratorias en niños son superiores al 300%”, indica el informe citado en revista Anfibia.

A pesar de que, en 2016, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenó suspender la exploración y explotación minera en la localidad, el 23 de diciembre del 2020 la Corte de la Provincia de Catamarca falló a favor de la minera y dictó la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal que prohibía esa actividad en Andalgalá.

La Asamblea y el municipio apelaron la decisión judicial. Por lo tanto, la ordenanza está en litigio y no debería interpretarse como que la explotación minera quedó habilitada nuevamente.

Organizaciones sociales y ambientalistas como Amigos de la Tierra Argentina, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos también criticaron la sentencia de la Corte de Catamarca. Consideraron que el fallo “pone en jaque el orden democrático local”.

Mientras tanto, la empresa transnacional Yamand Gold retomó su actividad en el yacimiento Agua Rica, desconociendo completamente que la megaminería en Andalgalá no tiene licencia social. Estos trabajos, según explica la Asamblea El Algarrobo en sus redes sociales, fueron autorizados por el gobierno provincial que encabeza Raúl Jalil.

Marsilli destacó la solidaridad de la comunidad andalgalense y denunció amedrentamientos y lesiones que sufrieron dos integrantes de la Asamblea El Algarrobo que fueron embestidos por un auto, sumado a la llegada masiva a la ciudad de policías y “fuerzas de choque” en los últimos días.

“La ciudad está totalmente militarizada. Nos quieren hacer creer que vienen a prevenir aglomeraciones por el coronavirus, pero todos sabemos que vienen por el oro. Queremos que bajen las máquinas del cerro y queremos que se vayan de nuestro territorio de manera definitiva”, dijo Gabriela.

“Difundir es nuestra mejor protección”

Horas después del contacto de RMR con Gabriela Marsilli, el sábado 10 de abril, se realizó la caminata número 583: una manifestación pacífica que las y los vecinos realizan desde hace once años, salvo que en esta ocasión hubo incidentes. En las redes sociales los ambientalistas organizados expresaron: “Desde la Asamblea El Algarrobo negamos cualquier vinculación con incidentes violentos. Además, denunciamos públicamente a la policía por liberar la zona y enviar infiltrados que comenzar los incendios y los ataques contra el inmueble donde Agua Rica tiene sus oficinas”.

El lunes 12 de abril en horas de la mañana, por orden de Fiscalía, la policía de Catamarca comenzó a detener a integrantes de la asamblea El Algarrobo inculpándolos de los incidentes con las oficinas de Agua Rica sucedidos en la caminata. Según informo la asamblea, “con una orden emitida por la Fiscal subrogante Soledad Rodríguez (quien trabajó como abogada activamente para las empresas mineras y fue parte de Camyen) la policía está entrando violentamente en la casa de los asambleístas, golpeando a los compañeros y plantando pruebas a fin de criminalizar a los defensores del agua en Andalgalá”.

Se emitieron 25 órdenes de detención y hasta el momento se hicieron efectivas siete (Walter Mansilla, Aldo Flores, Enzo Brizuela, Sara Fernández, Matias Paz, Augusto Brizuela, Damián Abel). En estas semanas se han realizado movilizaciones en distintos puntos de Argentina pidiendo la liberación de las personas detenidas y rechazando la criminalización de la protesta.

En las últimas horas, los asambleístas denunciaron estar siendo observados con drones que sobrevuelan las casas de personas relacionadas a la defensa del agua, así como la circulación de una camioneta desde la que de día filman y fotografían a manifestantes que exigen la liberación de los detenidos y, de noche, se detiene frente a sus casas. Dentro del vehículo las personas llevan sus caras cubiertas y muestran armas largas.

Defender el agua no es delito

Desde Amigos de la Tierra Argentina enviaron una nota urgente al gobierno de la Provincia de Catamarca por la liberación inmediata de los siete asambleístas detenidos el lunes 12 y el cese de las labores de exploración en las inmediaciones del río Minas, que alimenta la ciudad de Andalgalá. Lee la carta aquí.

Fuente: https://rmr.fm/testimonios/andalgala-contra-megamineria-y-militarizacion/

Constatamos que Svampa y Viale enfocan falsas salidas de la emergencia socioeconómica y socioecológica al abstraer tanto a la democracia como al gobierno de Milei de los 40 años y sobre todo de los gobiernos de Cristina Fernández.

Ambos mantienen la reconciliación de clase, objetivo esencial a la vigente democracia desde diciembre de 1983. De modo que ignoran, sospechosamente, sobre dos nuevas realidades a fines de 2022 que se afianzaron en 2023 y por supuesto, durante el gobierno de Milei:

-Creación de los Comandos Unificados de las Fuerzas Federales con las de cada provincia.

-Legitimación y legalización de la entrega del agua dulce (todas las superficiales y subterráneas) a Mekorot sabiendo que implantó apartheid hídrico para los palestinos y de manera militar.

  Alternativas emancipatorias 

Recordemos que la democracia vigente desde diciembre de 1983 no sólo legaliza la expansión de ecocidios-genocidios y la expropiación-mercantilización -por el establishment- de los bienes comunes (tanto sociales como naturales) sino también ha asesinado y hecho desapariciones forzadas incluyendo la impunidad de secuestro de mujeres, adolescentes y niños para las redes de prostitución, venta de órganos y esclavitud laboral como demostró la desaparición forzada y asesinato del joven Daniel Solano. En fin, la memoria sobre Daniel Solano muestra otra realidad encubierta e impune.

¿Qué democracia rige desde diciembre de 1983? Si para garantizar al establishment transnacional y transnacionalizado su acumulación de riquezas, poder de dominio e ingresos: privatizó o transnacionalizó mercantilizándolos los bienes comunes tanto sociales como naturales.

Y para el disciplinamiento social de los que desposee de todos sus derechos humanos sigue agravando el Gatillo Fácil o pena de muerte extrajudicial (recordar que aumentó notablemente durante más de una deKada de expansión de los extractivismos), las desapariciones forzadas (también están los secuestros para las redes de prostitución o tráfico de órganos), los asesinatos y torturas en los sitios de encarcelamiento bajo estado de excepción.

Hagamos revisión crítica de cómo las luchas por la vida y dignidad de los pueblos están desviadas de ir contra el modo capitalista de producción y mercantilización de la Naturaleza para verdaderamente lograr autodeterminación y creación de sus respectivos buenos vivires. Se debe, ante todo, por desatender a las autoorganizadas defensas y recuperaciones de los territorios para la vida humana/no humana y la dignidad de los pueblos del Abya Yala. Se privilegia a progresistas y su reformismo del capitalismo como si fuese posible. Sus discursos impresionan como humanistas, pero contrastan con la realidad concreta.

Por ejemplo, Cristiano Morsolin manifiesta:

Concluyo este artículo con el análisis del presidente Gustavo Petro, protagonista de una nueva relación de fuerzas en la comunidad internacional. En medio de su emotivo discurso sobre la “barbarie” que sufre el pueblo palestino a manos de Israel, el presidente Petro destacó durante la clausura de la Conferencia mundial del grupo de la Haya en Bogotá, que lo que está ocurriendo en Gaza es un “experimento de los megarricos tratando de demostrarle a todos los pueblos del mundo cómo se le responde a una rebeldía de la humanidad», dijo. Y luego añadió: «Piensan bombardearnos a todos, los que estamos al menos en el sur, pero terminarán, como en el Guernica, bombardeándose a sí mismos con armas extranjeras». Las palabras de Petro también estuvieron cargadas de historia, pues trazó un paralelismo entre la lucha de Palestina y la historia colonial de Colombia. “Nosotros hemos vivido Gaza en nuestra sangre, también nos invadieron”, dijo el mandatario evocando las heridas del pasado. “El pueblo palestino tiene derecho a la rebelión porque sus tierras fueron ocupadas”, afirmó. “Nuestras tierras colombianas también fueron ocupadas por españoles, una de nuestras islas por franceses e ingleses, y Panamá por norteamericanos, y nos quitaron territorio. Un pueblo que ocupan merece rebelarse, la rebelión no es delito”, subrayó Petro.

*Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, autor de 10 libros en 5 idiomas. Analiza las relaciones entre derechos humanos, movimientos sociales, políticas emancipadoras y la geopolítica de Papa Francisco. Fue recibido por el Papa Francisco en audiencia en Vaticano en octubre de 2017. Co-fundador del Observatorio sobre la Región Andina SELVAS (Milán, 2001), del Observatorio sobre las mafias “Liberande” (promovido por la red LIBERA, Roma, 2007). Es comentarista invitado por los mass-media internacionales: SIR-Servizio Informazioni Religiose (Vaticano), Religión Digital (Madrid), Cipsi (Roma), Vita (Milán), Corporación Latinoamericana Sur (Bogotá), Rebelión (Madrid). Su último libro: “Nunca Mas Estado Genocida. El boicot europeo en contra de las armas y de las mafias de Colombia” (Ediciones Antropos, 2023, comentario final del Cardenal Michael Czerny).

Fuente: https://rebelion.org/el-sur-global-debe-aprovechar-su-herencia-decolonial-antirracista-y-revolucionaria-para-ganar-esta-batalla-ideologica-con-las-potencias-occidentales/

Atendamos sobre cómo el gobierno progresista de Gustavo Petro, en Colombia, asume la política de guerra contrainsurgente y cómo «están surgiendo nuevos modos instituyentes de la política desde abajo, con nuevos sujetos colectivos comunitarios y poco a poco asoman en la historia nacional.

Quizás doscientos años después, esté naciendo un germen de nación descentralizada, colectiva y social, producto de la unidad de la resistencia popular, campesina y comunitaria que está luchando en el suroccidente y en otras latitudes de nuestro país.»

Analicemos junto a Pedro Páramo la situación actual en Colombia para la comprensión que los gobiernos progresistas no abren caminos emancipatorios sino al contrario:

Algunas reflexiones sobre
la disputa hegemónica del Cauca

13 de agosto de 2025

Por Pedro Páramo | Rebelión

El Cauca arde.  Sin duda, el suroccidente colombiano se ha convertido en el centro estratégico de la nueva política de guerra contrainsurgente del actual gobierno nacional. Más allá de los descalificativos que se utilizan para crear el marco conceptual que encaje dentro de la propaganda de guerra que se ha cernido contra la población rural y de los municipios donde hace presencia la acción insurgente, es preciso señalar que estamos ante una reedición de la ideología del enemigo interno que se sirve de varios instrumentos de la jerga culturalista liberal instrumental para calificar el problema del conflicto armado como parte de un ejercicio de la gobernanza criminal.

La paz de la Habana trajo consigo la desideologización del proyecto revolucionario insurgente, bajo el lavado conceptual de la transición democrática y el etapismo del ascenso parlamentario e institucional al poder político por la vía de las urnas. La transferencia de la paz fácil que se pactó, intentó desclasar los sectores sociales y populares, reducir la acción de masas y sus organizaciones a simples instrumentos electorales y limitar la capacidad de la lucha social para encuadrarla como auxiliares de apoyo a la representación de los partidos que coligen con el gobierno y sus instituciones.

Para ello, han encerrado el concepto del conflicto dentro de una dinámica despolitizante de la cartelización, la criminalidad y el narco terrorismo como parte de la estrategia de reestructuración ideológica de la política de defensa y seguridad que se instaló durante y después de los diálogos de la Habana.

Ahora resulta que toda acción de masas corresponde al ejercicio de una instrumentalización de la gobernanza criminal y no a la disputa de la lucha social y popular que se resiste a la estatalización en contravía de sus autonomías y sobre todo de sus soberanías colectivas comunitarias logradas en años de construcción de formas de poder que surgieron ante la exclusión del Estado con los territorios rurales.

Crisis de representación y subalternidad activa

Las fuerzas sociales y populares no han necesitado de la tutela de los partidos políticos tradicionales de la derecha y de la izquierda para organizarse. Contrario a ello, la creación de procesos sociales surge de la inexistencia del Estado en cuanto a las soluciones de las necesidades más acuciantes de la población.

El efecto de vacío estatal es suplido por una forma de subalternidad activa que se constituye en sujeto político dinámico en la gestión, concreción y materialización de necesidades que no están dispuestas a esperar que la mano protectora del Estado llegue para resolverlas. El fenómeno de organización social y popular está implícito en una lógica anti estatal que se proyecta simplemente por las ausencias reales de un proceso instituyente que está más allá de las lógicas de presencia militar territorial de la fuerza pública.

La combinación de fuerza, coacción y coerción de la fuerza pública, lo que ha hecho es politizar la acción social a través de un modo de resistencia que lee la defensa de la autonomía del territorio como reivindicación estratégica ante una estructura violenta foránea que se asienta sobre este y usurpa su espacio social, económico, político y cultural a través de la cooptación, el miedo y la sumisión bajo la mediación bélica. Dicha politización expresa otro modo de resistencia que es la ruptura entre el proceso de inserción estatal y la soberanía colectiva comunitaria que se pronuncia en el factor deslegitimante de la institución militar y sus políticas de sometimiento territorial.

Sin duda, la disputa hegemónica en el Cauca se expresa ahora con mayor claridad, después de conocer los efectos devastadores de la operación PERSEO que dejó para las comunidades el saldo de un fuerte desgaste de la inútil presencia de la fuerza pública en el territorio, que se suma a la persecución, asedio y sometimiento de los pobladores a éstos sin ningún tipo de protección, salvo las que garanticen sus propias fuerzas sociales organizadas.

Lo que se ve a todas luces, es la crisis de representatividad estatal, la dificultad del Estado para ampliar sus niveles de dirección sobre la sociedad civil y estructurar niveles de gobernabilidad bajo un mecanismo de presión y sometimiento. Lo que se consideró como una política de neutralización de la actividad de masas, de la acción social y su contención con la lógica de la fuerza militar como ejercicio de la presencia del Estado, terminó desatando con mayor rigor la idea de una subalternidad activa capaz de enfrentar con su movilización permanente el sometimiento del territorio de manera violenta.

Ahora que se ha puesto en práctica una gobernanza colectiva comunitaria y social de la sociedad civil politizada en las zonas abandonadas por el Estado, movilizadas con sus autonomías y formas de organización y liderazgos propios, surge entonces la tesis de la política contrainsurgente de la gobernanza criminal, para señalar los procesos colectivos como una asociación de la instrumentalización de la población a las fuerzas insurgentes y al narcotráfico enquistado en estos territorios.

Una vez más el Estado tensiona la relación y alimenta el campo de la crisis de representación y legitimación dentro de las comunidades rurales y de los municipios del Cauca que no se han dejado imponer el látigo coercitivo y coaccionador del establecimiento. La disputa hegemónica de la política de seguridad y defensa del gobierno del cambio en este caso falló por la vía de la fuerza, ahora reeditan la contrainsurgencia con la presión del señalamiento para construir la narrativa del amigo y el enemigo que le es funcional a las acciones criminales del paramilitarismo, asociado con la fuerza pública y otros grupos mercenarios. 

Estado ampliado sin Estado

En clave gramsciana, la disputa hegemónica del Cauca está en la idea del Estado ampliado, es decir del ejercicio de la dinámica de la construcción del consenso por la vía de un proceso de alineamiento institucional y de los grupos sociales afines para que lo gobernados sean dirigidos sin mayor oposición al establecimiento.

Sin embargo, la dinámica de la dirección de los gobernantes sobre los gobernados gira en una dirección diferente del consenso y el alineamiento institucional y de los grupos sociales afines a la política estatal, contrario a ello, mientras la dinámica de guerra se siga recrudeciendo, las formas en que la idea de una sociedad civil regulada por la fuerza se constituya va a ser difícil de lograr.

Las zonas rurales han conocido la presencia del Estado por cuenta de la fuerza, pero sus instituciones siguen siendo deficientes para construir mecanismos hegemónicos no forzosos limitados a la violencia. El Estado solo se limita a ampliar el cuadro bélico mientras las dinámicas de aproximación a las formas y procesos sociales están marginadas o les son resistentes a una política de alineamiento estatal si ello solo repercute en el campo del sometimiento y la dominación.

La tensión entre autoridad y autonomía, entre dirección de colectiva comunitaria y centralidad estatal institucional, entre fuerza militar y fuerza social, dan cuenta de una disputa entre el aparato estatal de subordinación y una subalternidad activa, cohesionada en diversas modalidades de organización social que reproducen la idea de una sociedad civil politizada no funcional, sino ampliando la representación y la participación de manera directa, bajo lógicas de gobernanza colectiva.

La promesa del gobierno del cambio y del presidente Petro de hacer más Estado con menos guerra en las zonas azotadas por la violencia, ha sido una falacia. Contrario a ello, ha habido una guerra total con menos Estado en el marco de la paz total, con la combinación del paramilitarismo, la fuerza pública y el mercenarismo contrainsurgente, que ha desatado una fuerte resistencia de las comunidades, para evitar que nuevamente los episodios de violencia estatal se reproduzcan como en las décadas anteriores.

El Estado se ha equivocado en el Cauca, creyendo que bajo la incrustación de modelos de contrainsurgencia puede ampliar sus niveles de dominación hacia la sociedad civil y con ello neutralizar la acción social y especialmente, someterla funcionalmente para “secarle el agua al pez” de la insurgencia. Contrario a ello, lo que ha hecho es estimular una sociedad civil politizada, capaz de crear sus propios consensos y modos de organización y representación que disputan la gobernanza territorial, bajo la acción y la movilización de manera autónoma e independiente a la presencia estatal.

Sociedad civil politizada

La movilización social ininterrumpida en los últimos veinte años en el suroccidente colombiano, no es un hecho aislado de los fenómenos políticos que se están desarrollando a nivel nacional. Sin duda, hay un quiebre en el proyecto de centralismo estatal que se ha enquistado en el país desde su vida republicana. La idea de nación y el proyecto concentrado con un solo centro de poder está haciendo mella en el análisis de las formas de gobiernos locales y territoriales y en las dinámicas de resistencia al modo de estatalización actual. 

Mientras se ha observado una idea de centralismo que se agota en las instancias burocráticas del centro, norte y parte del centro occidente del país, las dinámicas de resistencia del sur dan cuenta de una ruptura que se está abriendo con este tipo de modos en los que el Estado ha intentado hegemonizar. La falta de cohesión entre lo nacional central y lo nacional territorial, dan cuenta de la crisis de la idea un Estado rígido, incapaz de leer la sociedad civil, en especial sus procesos de politización que hoy experimentan dinámicas de construcción de la política basadas en representatividades legitimas desde sus propios espacios.

La articulación entre movilización social y formas de organización política popular, campesina y comunitarias colectivas, son modos en los que se están recreando estructuraciones de una sociedad civil politizada, capaz de promover modos interlocución eficaces para la solución de sus necesidades de manera autónoma a veces casi que independiente de la intervención estatal.

La disputa por crear una sociedad civil subordinada a la fuerza pública, es un reto difícil de traducir y lograr en comunidades que han resistido por años a la ofensiva estatal armada. Lo que hoy cobra vigencia en la dinámica social es su permanencia a exigir, política y económicamente la idea de un Estado sin guerra en el territorio, que  es lo que ahora se encuentra como objeto de preocupación de la política de seguridad y defensa del actual gobierno del cambio y que es la dificultad que encuentra el Estado para leer los niveles políticos de la resistencia social y comunitaria, dado que solo la analizan dentro de la narrativa contrainsurgente de la cartelización, el terrorismo y el narcotráfico.

Mientras la solución política sea la de la salida militar, la resistencia social seguirá fortaleciendo los niveles de politización de la sociedad civil de las zonas azotadas por la violencia estatal. Mientras la narrativa de guerra siga cartelizando la población y señalándolos de colaboradores del terrorismo, el narcotráfico y la insurgencia, la dinámica de lucha se tornará más contra hegemónica y anti estatal, cada vez, más cerca de formas y modos de gobierno autogestionarios capaces de disputarle al Estado la centralidad, el control y la dominación de los territorios que poco se identifican con el modelo actual con el cual se ejerce la construcción de éste.

Están surgiendo nuevos modos instituyentes de la política desde abajo, con nuevos sujetos colectivos comunitarios y poco a poco asoman en la historia nacional. Quizás doscientos años después, esté naciendo un germen de nación descentralizada, colectiva y social, producto de la unidad de la resistencia popular, campesina y comunitaria que está luchando en el suroccidente y en otras latitudes de nuestro país.

Fuente: https://rebelion.org/algunas-reflexiones-sobre-la-disputa-hegemonica-del-cauca/

Qué Trabajo

En creciente expropiación y expoliación por el 2% hegemonizando al neoliberalismo vs. el independizándose del Capital al frenar, para luego erradicar: despojo-acaparamiento de tierras, exclusión social, expoliación laboral y total mercantilización de la naturaleza.

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /
Alternativas emancipatorias

Expropiado y explotado por la burguesía

Dejemos de naturalizar nuestro modo de vida y trabajo cada vez más precario e inseguro en todos los sentidos. La pandemia debería habernos interpelado sobre porqué existe emergencia alimentaria desde 2002 y se la está prorrogando, también sobre el deterioro y la contaminación de los alimentos. Sin embargo, hay un predominio de las exigencias de mejor poder adquisitivo en las luchas de los trabajadores.

Compartimos con Chile -bajo gobierno progresista- la precarización de los trabajadores y trabajadoras de empresas tercerizadas tanto de las empresas estatales como de las privadas.

Subcontratismo:
el abuso contra los trabajadores

12 de agosto de 2025

Por Luis Yévenes Cepeda | Rebelión

Esta terrible tragedia en la mina El Teniente, como otras ocurridas en distintos ámbitos de la economía, nos debe conducir a un proceso unitario y de unificación, de sensibilización y educación de los trabajadores en torno a un proyecto de cambio de la legislación laboral vigente.

La precarización de los trabajadores y trabajadoras de las empresas del subcontrato una vez más ha quedado en evidencia tras la muerte de 6 trabajadores en la mina División El Teniente de Codelco. La precarización sumada a la nula fiscalización de las entidades gubernamentales, Dirección del Trabajo y Sernageomin, han desencadenado esta terrible tragedia, donde los mineros fueron víctimas de las pésimas condiciones de trabajo y el nulo actuar de las autoridades.

Las denuncias hechas por trabajadores y dirigentes sindicales de las empresas del subcontrato en la Mina, nos deja un balance desolador, trabajadores sin las protecciones de seguridad mínimas para trabajar a más de 1.000 metros de profundidad, en un acto prácticamente criminal, además con una brecha salarial totalmente desigual entre los trabajadores contratados por Codelco y los trabajadores subcontratados de Codelco. A ello se agregan los grotescos ingresos de los altos ejecutivos de la cuprífera estatal, peor aún si  constatamos que Codelco se toma la atribución de no dejar ingresar a la mina a los dirigentes sindicales de las empresas del subcontrato con el objeto de evitar que visiten a sus asociados y fiscalicen sus condiciones laborales.

Nos llama la atención que, frente a estos graves acontecimientos, el presidente de la república no remueva de la presidencia de Codelco a su director Máximo Pacheco Matte. Ni siquiera la clase política, diputados y senadores han realizado una crítica frente a estos hechos. Los sindicatos de Codelco eran ejemplo de lucha donde en cada negociación y huelga se demostraba la fuerza de los trabajadores, pero hoy no alzan la voz por sus compañeros subcontratados que llevan años luchando por mejoras salariales y derechos laborales. El rechazo a las reivindicaciones de los trabajadores del subcontrato y en general de la clase trabajadora, son la prueba más clara de que no habrá soluciones por la vía de la instalación de mesas de diálogo o instrumentos similares, creados por el sistema para dilatar y agotar a los que reclamamos soluciones.

Estos hechos interpelan para preguntarnos, ¿Cuál es el rol de las empresas del subcontrato en la economía nacional? Ya que estas empresas están en todo el ámbito de la economía, retail, banca, forestales, construcción, minería, energía, telecomunicaciones, etc. y en el Estado que incluye a las municipalidades, la respuesta es nítida: el subcontrato es precarización de los trabajadores, es la pérdida de los derechos, es la atomización de los sindicatos, por parte de la patronal y del propio Estado capital. La Ley del Subcontrato se dictó para regular el trabajo y en la práctica sólo profundizó más la desigualdad entre los trabajadores. Esto ha llevado a que las empresas se lleven las ganancias y los trabajadores cada vez más empobrecidos, vivan con un sueldo que no alcanza para subsistir dignamente.

Esta terrible tragedia en la mina El Teniente, como otras ocurridas en distintos ámbitos de la economía, nos debe conducir a un proceso unitario y de unificación, de sensibilización y educación de los trabajadores en torno a un proyecto de cambio de la legislación laboral vigente. En esa tarea los dirigentes sindicales debemos jugar un papel central. Se debe profundizar un proceso de unidad en la acción, para acumular fuerzas sociales y consolidar una corriente que avance hacia los objetivos compartidos. La clase trabajadora, sin dudas, tiene las capacidades: falta consolidar las voluntades y el compromiso para disputar la hegemonía de la clase dominante.

El autor del artículo es presidente de la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras de Chile y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Cementerios Municipales

Fuente: https://rebelion.org/subcontratismo-el-abuso-contra-los-trabajadores/

Subrayemos la contradicción que el presidente de la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, Luis Yévenes Cepeda, se limite al objetivo de:

“un proceso unitario y de unificación, de sensibilización y educación de los trabajadores en torno a un proyecto de cambio de la legislación laboral vigente llevado a que las empresas se lleven las ganancias y los trabajadores cada vez más empobrecidos, vivan con un sueldo que no alcanza para subsistir dignamente.

Esta terrible tragedia en la mina El Teniente, como otras ocurridas en distintos ámbitos de la economía, nos debe conducir a un proceso unitario y de unificación, de sensibilización y educación de los trabajadores en torno a un proyecto de cambio de la legislación laboral vigente.

Estos hechos interpelan para preguntarnos, ¿Cuál es el rol de las empresas del subcontrato en la economía nacional? Ya que estas empresas están en todo el ámbito de la economía, retail, banca, forestales, construcción, minería, energía, telecomunicaciones, etc. y en el Estado que incluye a las municipalidades, la respuesta es nítida: el subcontrato es precarización de los trabajadores, es la pérdida de los derechos, es la atomización de los sindicatos, por parte de la patronal y del propio Estado capital. La Ley del Subcontrato se dictó para regular el trabajo y en la práctica sólo profundizó más la desigualdad entre los trabajadores. Esto ha llevado a que las empresas se lleven las ganancias y los trabajadores cada vez más empobrecidos, vivan con un sueldo que no alcanza para subsistir dignamente”.

Afirmémonos en tomar partido contra el sistema capitalista, desde los 70 años neoliberalismo que, como prueba el exterminio y la expulsión de gazatíes, está desplegando su nazi fascismo para acaparar territorios devastándolos hasta mercantilizarlos en forma de los que nombra eufemísticamente “recursos naturales” o convirtiéndolos en paisajes artificiales, por tanto, inestables sobreexigiendo insumos externos. Su esencia es desigualar cada vez más al constituirse en sistema del 2% bregando por concentrar-centralizar todas las posibilidades de trabajo mediante expropiación de los bienes comunes tanto sociales como naturales y la creciente expoliación a los trabajadores, los pueblos y la naturaleza.

De modo que, ante la criminalidad capitalista de lesa humanidad y de lesa naturaleza, es crucial reparar en que las burocracias nos han usurpado representación sindical y la política. La alternativa a la CGT del vigente Estado corporativo desde su fundación por Perón en 1944 son las dos CTA que no sólo bloquearon la lucha contra el Capital y su Estado durante el gobierno de Cristina y Alberto Fernández pese a aplicar éste crecientes ajustazos e hiperinflación para subsidios directos e indirectos a los ecocidios-genocidios o extractivismos rurourbanos. No sólo cumplieron con el Pacto de Paz Social de diciembre de 2019 sino también Baradel y Yasky visitaron a Stanley, embajador yanqui expresando admirarlo y ahora la CTAA se une con la CTA para convocar a los trabajadores a rogar el 7 de agosto en el Santuario de San Cayetano. Demuestran así su mayúscula degradación.

Reparemos que seguimos estando subordinados al Estado Corporativo que Perón fundó en 1944 como secretario de trabajo y previsión social de la dictadura fascista de los coroneles. Lo hemos naturalizado al extremo que el sindicalismo combativo exige su cumplimiento. Es hora y urge poner fin a este bloqueo de la lucha de clases. ¿Cómo?

Construyamos el voto nulo como comienzo de la unión de todas las autoorganizadas luchas existentes a lo largo y ancho del país que están restringidas a reivindicaciones desde movilizaciones buscando ser multitudes, hoy inútiles ante la omnipotencia que cree tener el 2%.

Por el contrario, hoy requieren enfoque del «reconfigurar la sociedad aquí y ahora, en la vida cotidiana, de abajo arriba, mediante la democracia directa, comuna por comuna, descentralizadas, integradas en sus hábitats naturales, federadas regionalmente y confederadas mundialmente». Murray Bookchin

Pensemos en cuán importante es romper con el chantaje electoral para comenzar la desobediencia civil a la democracia que prohíbe la autodeterminación de los pueblos de Argentina.

Coincido con Ernesto Peñaranda Sánchez (Bolivia Rebelión16/08/2025): el debate sobre el voto nulo ha dejado de ser una cuestión eminentemente electoral para constituirse en una disputa ideológica y política de fondo. No se trata –como pretenden hacernos creer ciertos sectores del “progresismo” en crisis o del liberalismo ilustrado– de un simple “gesto” individual frente a una oferta electoral degradada. Lo que está en juego es mucho más profundo, es la capacidad de la clase trabajadora y los sectores populares de romper con el chantaje electoral(…)

Discrepo con Ernesto Peñaranda Sánchez que el voto nulo se constituya en disputa ideológica y política de fondo. Porque presto atención y aprecio la actualidad de las muchas disputas comunales por territorios para la vida humana/no humana y la dignidad de los pueblos de Argentina. Resisten, en simultáneo que re-existen, al avasallamiento del Capital extractivista y su Estado que determina las vigentes emergencias socioeconómica del 90% y socioecológica cuya manifestación más contundente es la climática.

 Ecocida y genocida

Dejemos de naturalizar nuestro modo de vida y trabajo. La pandemia debería habernos interpelado sobre porqué existe emergencia alimentaria desde 2002 y se la fue prorrogando, también sobre el deterioro y la contaminación de los alimentos.

Reflexionemos sobre:

(..) Que, por el Decreto N° 108 del 15 de enero de 2002, se declaró la Emergencia Alimentaria Nacional, destacando que concierne al Estado Nacional garantizar la atención de las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia. Al respecto, por el artículo 87 de la Ley de Presupuesto N° 27.701 se prorrogó dicha declaración hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive.

Que la Resolución del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 1550 del 7 de mayo de 2012 modificó la denominación expuesta en el artículo 1° de la Resolución ex MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 2040/03, PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA “EL HAMBRE MÁS URGENTE” por la de PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA y se crea el SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE PRESTACIONES ALIMENTARIAS FAMILIARES, con atención directa de los titulares de derecho bajo cobertura.

Que, mediante el dictado de la Resolución del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 8 del 8 de enero de 2020 se creó el PLAN NACIONAL “ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE” cuyo objetivo general es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social, apoyándose en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y todo otro programa y/o dispositivo institucional que se complemente y/o tenga como finalidad última brindar respuesta a la temática alimentaria.

Que, los lineamientos generales y componentes están establecidos en el Anexo identificado como IF-2020-01699794-APN-SSAJI#MSYDS y se aprobó, entre otros, el Componente A – SEGURIDAD ALIMENTARIA, del mencionado PLAN, que consiste en garantizar a las familias más vulnerables el acceso a los alimentos. En ese componente se incluye en su punto 2, las PRESTACIONES PARA COMEDORES ESCOLARES. (…)

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-66-2024-397679/texto

Descubramos la insalubridad de los empleos y las condiciones de vida local pero también el tipo de comida chatarra que se masifica, así como tener en cuenta el acaparamiento enorme de tierra y de agua, energía… Generalicemos esta nueva actitud nuestra para suscitar la incorporación de una creciente mayoría al pronunciamiento del ¡basta! de hacer negocio con la salud de la naturaleza y la humana.

Destaquemos la centralidad de los extractivismos. Concentran y transnacionalizan tanto la economía como el territorio de Argentina. Implican retroceso del país a especializarse en exportar commodities y sumirse más en subdesarrollo o mayor pobreza estructural, atraso científico técnico respecto a atender necesidades e intereses populares, sometimiento al sistema mundo capitalista. Esto no resulta sólo del gobierno de Macri sino de toda la democracia fiel a lo instaurado por el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales mediante terrorismos paraestatales y estatales en los setenta. Aún más, la democracia restringida se empeña en viabilizar el acelerado acaparamiento gran capitalista de bienes comunes sobre todo derrotando las luchas de los expoliados, lo concreta por maceración ideológica, desinformación, desnutrición y superexplotación laboral.

Sepamos que en este siglo se ha agudizado el empeño gran capitalista por la expropiación de las semillas nativas y criollas que son frutos del trabajo colectivo durante siglos de comunidades campesinas e indígenas y son base de la soberanía alimentaria. Es tiempo de indagar qué campo avanza y cómo el otro campo resultante de solidarizarnos entre las diversidades de abajo requiere ruptura con el capitalismo y no la conciliación ejercida por las actuales dirigencias de campesinos y pequeños-medianos productores mirando a salvarse como familias e individuos.

Aprendamos de los pueblos originarios por qué resistir a la destrucción de la naturaleza o a su sustitución por monocultivos y mega emprendimientos de la IIRSA e inmobiliarios. Verifiquemos cómo la rebelión -de fines del 2001- antineoliberal y opuesta a delegar su representación política en las burocracias, no atendió a los Pueblos Mapuche-Tehuelche. A esto se debió que pudo ser capturada por el Partido Justicialista que el matrimonio Kirchner mimetizó con los deseos e ideas predominantes entre las diversidades de abajo bajo ideología pequeño burguesa. De suerte que desconoció a la realidad mapuche tehuelche de afirmación en la autodeterminación territorializada y comunalizada.

Volvamos al presente ahora con esa experiencia. Quienes nos autoorganizamos para frenar, luego erradicar, los ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciosos debemos, en simultáneo, generalizar el cuestionamiento sobre que la única economía posible es la de la modernidad capitalista e imperialista. Se trata, por ejemplo, de analizar que las inversiones de YPF implican condenar a más de la mitad de la niñez-adolescencia a la pobreza, al 80% de jubilados-pensionados a torturarse ante su miseria y a los trabajadores formales a conformarse con un salario mínimo-vital-móvil de indigencia ni qué decir sobre las condiciones infrahumanas del malvivir entre el creciente número de los desposeídos de todo por el sistema.

Aún más, esas inversiones se hacen desmantelando por completo la salud y la educación públicas, precarizando la seguridad social y la cotidianeidad de las grandes mayorías.

Y ¿para qué esas inversiones? Para llevar a cabo la regeografía de Argentina-Chile planificada a principios de siglo como IIRSA o Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana por acuerdo de todos los gobiernos con el objetivo de elevar la eficiencia del saqueo al continente o de la exportación a gran escala de Naturaleza, es decir de la salud suya que incluye la humana. Hasta la UNASUR la convirtió en eje de desarrollo ocultándola en el COSIPLAN.

Agradezcamos e involucrémonos en las defensas de los territorios para la vida humana/no humana y la dignidad de los pueblos de Argentina.

Gracias a los mendocinos por el rechazo al proyecto megaminero San Jorge que los priva de agua dulce (aguas superficiales y subterráneas) pero también a quienes vivimos en la costa y el centro del país. Aún más refuerza el ataque al ciclo del agua en la naturaleza de todo el país y de Sudamérica.

Sin embargo, además de envenenarla, la criminalidad capitalista prosigue. En efecto, el gobierno de los Fernández estableció el círculo perverso en los súper negocios ecocidas-genocidas del capitalismo. Con la justificación de la sequía entregó el agua dulce de Argentina a MEKOROT. Es cuestión de incluir el Fuera Mekorot.

Abrazos agradecidos a las comunidades del valle de Uspallata y San Alberto por pronunciarse en rechazo al proyecto megaminero San Jorge. Y concretarlo irguiéndose a favor de seguir siendo comunidades en vez de individuos oportunistas de la criminalidad capitalista (de lesa humanidad y de lesa naturaleza). Hermanos, gracias, por su lucha mirando a conservar tanto fuentes como reservas de agua dulce no sólo para Mendoza sino para la Madre Tierra sin fronteras burguesas.

RECORDEMOS: -Alberto Fernández señalando desierto(ignorando que si lo fuese, tiene vida adaptada a esas condiciones geográficas) a la meseta de Chubut y como montón de minerales a la Cordillera;-no hay ‘grieta’ para hacer gobernable la desertificación del país o sea su inhabitabilidad; -la realidad profunda (e ignorada hasta por las izquierdas electoraleras) del Área Metropolitana o sea de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense es resultado de la expulsión-desarraigo de quienes habitaban las provincias oficializadas como zonas de sacrificio y países hermanos. Prueba cuáles son las gravísimas consecuencias socioterritoriales de los extractivismos: megaminería, fracking, monocultivos transgénicos en nexo indisoluble con venenos, mega represas y mega emprendimientos turísticos e inmobiliarios. Todos desterritorializando y quitando tanto energía y agua dulce (que además envenenan) a las poblaciones.

Alternativas emancipatorias

Comprobemos cuán alejados están sindicalistas e intelectuales de izquierda del sujeto revolucionario de hoy: el protagonismo deliberativo de los pueblos asumiendo sus respectivas autodeterminaciones. Que la Otra Campaña del Zapatismo se planteó como: caminar preguntando y desplegar horizontalmente el antagonismo irreconciliable con el Capital y su Estado.

Crisis de los partidos y avance de la ultraderecha

18 de agosto de 2025

Por Daniel Campione | Huella del Sur

 (..)Cómo enfrentar al nuevo liderazgo.

Las fuerzas políticas tienen en común la perplejidad y ubicación precaria frente al “fenómeno Milei”. Están quienes minimizan sus diferencias para respaldar el sentido esencial, la orientación de clase, de las políticas del gobierno.

El presidente y sus funcionarios despliegan políticas a favor del gran capital y contra trabajadores y pobres que ellos no pudieron o no se atrevieron a llevar adelante. Más allá de diferencias en las formas y en algunos alcances, la coincidencia en lo básico los lleva a capitular ante La Libertad Avanza (LLA) y otorgarle el rol preponderante en una alianza desigual. Es lo que le ocurre a PRO y a sectores del radicalismo.

Por su parte el peronismo es consciente de que en su fracaso del período 2019—2023 están parte de las causas del auge de LLA. Intentan respuestas, que hasta ahora no suelen pasar de la denostación de la actual gestión y la invocación de un pasado feliz al que habría que regresar de alguna manera. No tienen un programa de transformaciones. Y cuando esbozan alguna autocrítica parecen ir en dirección a las concesiones a la ola ultraliberal predominante.

Las corrientes de derecha creen encontrarse ante una oportunidad histórica de dar término al kirchnerismo. Suprimirlo en cuanto herejía intolerable que no termina de rendirse frente al imperio del “libre mercado” y las exigencias de “austeridad fiscal”.

Allí radica una perspectiva que muchos miran con cariño. La de un nuevo sistema de partidos en que se enfrenten la derecha, unificada en torno al mileísmo y una centroderecha que pudiera recrearse con “moderados” de variadas procedencias. Se abriría entonces el paraíso soñado por muchoas, con el peronismo fragmentado y muy debilitado, y todo el sistema político girado hacia la derecha.

Algo esencial para las democracias liberales como es la delimitación entre gobierno y oposición se halla puesto en entredicho. Quienes deberían ocupar ese campo se decantan hacia el oficialismo o mantienen una actitud crítica que no suscita entusiasmo y parece estar en cuarto menguante en cuanto a su capacidad de organización y movilización.

En el poder legislativo se suscitan propuestas contrarias a los objetivos del gobierno, que hasta ahora no consiguen sostenerse. La nota positiva está dada porque las protestas populares resuenan en el ámbito parlamentario. Todavía no alcanzan para dar un parate eficaz a las iniciativas del gobierno. Tienen destino de veto, acompañado por las deserciones de “opositores” a la hora de que el congreso defienda las leyes vetadas.

La Libertad Avanza y sus respaldos.

LLA sigue un camino hacia su consolidación como organización partidaria, en reemplazo del revoltijo de sellos menores con los que concurrió a los comicios presidenciales de 2023. Lo logra con políticos profesionales dispuestos a subirse a cualquier oficialismo, entre los cuales Daniel Scioli es el ejemplo más notorio.

También recluta devotos de la libertad de empresa de cualquier signo. Juegan además un rol importante los vestigios del menemismo, elevados a estrategas en conjunción con Karina Milei en cabeza de los primos Martín y “Lule” Menem.

En cuanto a los representantes de las nuevas generaciones, seguidores fanáticos del presidente desde las redes sociales, son un componente importante a la hora del proselitismo digital, pero han sido postergados en el momento de la asignación de candidaturas y cargos.

El conjunto tiene como principal activo el decisionismo del presidente, rodeado del beneplácito del gran capital, más o menos activo, con mayor o menor entusiasmo.

Las decisiones del presidente y sus cruzados del ajuste fiscal, las desregulaciones y la privatización, son el canal que suscita ese respaldo. El que se ve retroalimentado por la entera voluntad gubernamental de dar satisfacción a las demandas empresariales. Y por las expectativas a futuro de que avance en la reforma laboral, previsional y tributaria que siempre reclaman.

El poder real es hoy “libertario”, aunque esa opción no tenga porqué ser definitiva y en caso de crisis pueda no ser más que transitoria. Por el momento sigue firme.

La crisis partidaria es asimismo crisis de representación y puesta en cuestión de la democracia. Minoritaria como es LLA, el elenco de gobierno sigue firme en la imposición de su voluntad a como dé lugar, sin afrontar arduas negociaciones ni esforzarse por generar consensos. Con la cabeza del poder ejecutivo como principal activo institucional, refuerza la tendencia a incrementar el hiperpresidencialismo que caracteriza a nuestro sistema político.

El presidente anunció la aplicación de sanciones penales a quienes voten leyes que puedan afectar el equilibrio fiscal. Más allá de que un castigo de ese tipo está por completo afuera de las facultades del poder ejecutivo, marca una vez más el menosprecio por el parlamento y el deseo de que los postulados ideológicos ultraliberales se conviertan en una valla infranqueable para quienes no adhieren a sus supuestos.

Los críticos conservadores de la actual gestión se lamentan de la puesta en riesgo de la república mientras apoyan la orientación general “promercado”. La realidad es que ambas cosas van de la mano. El presidente y sus colaboradores necesitan cometer desbordes para asegurar sus propuestas regresivas. No vacilarán en hacerlo hasta que no haya un freno efectivo a sus propósitos en este sentido.

Sin desechar las posibilidades en el congreso y el poder judicial, todo indica que lo fundamental de este proceso se dirimirá en las calles. La protesta social, masiva y unificada, es la que puede poner límites reales a los avances del gobierno.

Fuente: https://rebelion.org/crisis-de-los-partidos-y-avance-de-la-ultraderecha/

Constatamos su visión fetichizadora, elitista y conciliadora con el Capital al estimar democracia la vigente desde diciembre de 1983.

Hallamos otra propuesta de salida desde el sindicalismo clasista que niega el giro actual del neoliberalismo en plena guerra de amplio espectro contra los pueblos del Sur Global para expropiarles territorios, en captura de sus Estados para la violencia del avasallamiento total de derechos a las diversidades de abajo sin concesiones ante movilizaciones multitudinarias. Tampoco modifica de raíz su concepción estratégica de «lograr que las y los trabajadores tomen el control de la producción y la socialización de todos los medios de producción y distribución».

El desempleo sigue golpeando con crudeza a
la clase trabajadora y a los sectores populares

 4 de agosto de 2025

Por AIT Chile | Rebelión

La tasa de desocupación femenina alcanzó un 9,9%, aumentando 0,9 pp. En términos de la tasa de informalidad laboral las mujeres se sitúan en el 27,6%

Las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, a través del Boletín Estadístico, Empleo Trimestral abril – junio, edición N°321, publicado estos días, son devastadoras para la clase trabajadora y evidencian que la crisis del capitalismo la seguimos pagando las y los trabajadores, no solo a través del desempleo, sino que también a través del aumento de la informalidad laboral y de profundización de la precarización de la vida para las mujeres y el conjunto de nuestra clase trabajadora.

En el trimestre abril-junio 2025, la estimación de la tasa de desocupación nacional fue de un 8,9%, incrementándose 0,6 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, esto significa que alrededor de 900 mil personas se encuentran sin empleo. El desempleo impacta fuertemente al conjunto de la clase trabajadora pues, con el aumento del ejército de cesantes, la burguesía además de explotar con mayor intensidad a quienes se mantienen trabajando, lo ocupa para regular los precios de la mercancía “fuerza de trabajo” y además en términos subjetivos impone su dominación a través del miedo a perder la fuente laboral, herramienta coercitiva que impacta en la tasa de sindicalización y en la posibilidad de movilizarse de las y los trabajadores.

La tasa de ocupación informal se situó en 26,0%, es decir, alrededor de 2.500.000 trabajadores y trabajadoras se encuentran en esta situación de precarización del trabajo y la vida, sin contrato laboral, sin seguridad social, sin cobertura de salud, sin previsión, sin derecho a vacaciones o días compensatorios, sin horarios definidos, ni regularización del salario, entre otros derechos, es decir, en las peores condiciones en la relación capital / trabajo, expresión evidente en el plano laboral del patrón de acumulación capitalista neoliberal. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de informalidad laboral a nivel mundial se encontraba en torno al 58 % de la población empleada en 2023, cifra que se mantuvo prácticamente estable en 2024 (aprox. 57,8 %). En términos absolutos, esto equivale a más de 2000 millones de personas trabajando en empleos informales, precarios, sin contrato formal ni acceso a protección social; cifras que demuestran cómo se ha ido modificando en términos cuantitativos y cualitativos a favor de los patrones, la relación burguesía y proletariado.

Por otro lado, y como expresión de las condiciones patriarcales en el espacio laboral, las cifras de cesantía para las mujeres siguen en aumento. La tasa de desocupación femenina alcanzó un 9,9%, aumentando 0,9 pp. En términos de la tasa de informalidad laboral las mujeres se sitúan en el 27,6%, siendo esta superior al de los hombres, lo que demuestra una vez más que la precarización de la vida golpea con mayor violencia a las mujeres y a las familias de nuestra clase.

Para las y los clasistas y populares, estas cifras lamentablemente no son de extrañar. En nuestros hogares ya vivimos la cesantía y la precarización del trabajo. En todos lados se evidencian las dificultades de la vida cotidiana de nuestra clase, la plata ya no alcanza para vivir, nos hemos visto obligados a sobreexplotarnos en dos pegas – gracias a las famosas 40 horas-, a vivir de allegados, a dejar de pagar las cuentas, a apretarnos el cinturón más allá de lo posible; pero por el lado de los patrones y la burguesía (las AFP, las ISAPRES, los Bancos, las Forestales, las Pesqueras, las Mineras, los Latifundistas, las grandes compañías transnacionales, entre otros) siguen aumentando sus ganancias a costa de nuestra explotación, nuestra pobreza, nuestra miseria.

Pero ¿Qué debemos hacer? Desde la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas (AIT) tenemos la convicción que, en términos reivindicativos debemos frenar los despidos con movilización y lucha, demandando al Estado empleos estables, exigiendo desde los pliegos sindicales el fin de las desvinculaciones, levantar comités de cesantes para protestar por pan y trabajo en cada territorio, y además desde el conjunto de las y los pobres organizados, generar acciones de solidaridad efectiva para la sobrevivencia de las familias de las y los cesantes. En términos tácticos reimpulsar el protagonismo de las y los trabajadores, levantar sindicatos para luchar, rebelarnos contra los patrones y la injusticia, construyendo un sindicalismo clasista y de lucha, que permita defender y conquistar nuestros derechos. En términos estratégicos lograr que las y los trabajadores tomen el control de la producción y la socialización de todos los medios de producción y distribución.

Fuente: https://rebelion.org/el-desempleo-sigue-golpeando-con-crudeza-a-la-clase-trabajadora-y-a-los-sectores-populares/

Sorprendámonos a qué grado de desentendimiento de su realidad llega la izquierda electoralera.

UNA LIBERTAD QUE ENCADENA Y UNA IZQUIERDA QUE LIBERA

(Por Oscar Castelnovo/ APL) El marketing político bautizó “La Libertad Avanza” a lo que, en verdad, es la más brutal ofensiva contra los derechos conquistados por el pueblo trabajador. Javier Milei y Patricia Bullrich se disfrazan de adalides de la libertad, pero la libertad que pregonan es la del empresario para explotar sin límites, la del capital financiero para fugar millones mientras la mayoría apenas sobrevive, la del represor para amordazar la protesta social. Es una libertad contra el pueblo. Frente a esa derecha sedienta de privilegios y un peronismo que ya probó sus límites, surge con firmeza una alternativa distinta: el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad. Myriam Bregman entre otros compañerxs, encarna la voz clara, honesta y valiente de quienes no se resignan. Abogada de derechos humanos, defensora incansable de los trabajadores, referente de las luchas feministas, Myriam no habla solo desde un estudio de TV sino desde las calles, allí donde se pelea de verdad por justicia.

Votar al FITU es apostar por un país donde la libertad no sea privilegio de unos pocos, sino derecho colectivo. Construir una herramienta política que represente las necesidades de los trabajadores y el pueblo para defender la libertad de tener un trabajo digno, de estudiar en una escuela pública de calidad, de atenderse en un hospital sin que te cobren, de protestar sin que te disparen. Es elegir a quienes nunca se vendieron ni pactaron con los poderosos, a quienes dicen lo mismo en campaña y en el Congreso, a quienes construyen día a día una fuerza desde abajo.

En tiempos ásperos, cuando la derecha con discursos “antisistema” se disfraza de algo distinto para reforzar el sistema más injusto, y el peronismo se enreda en su doble discurso, sostener a verdaderos opositores, al Frente de Izquierda es también un acto de justicia política: defender a las mayorías, creer que otro futuro es posible, pelear con convicción y con amor por los de abajo.

La verdadera libertad no avanza con motosierra ni con represión. Avanza con organización, con solidaridad, con lucha. Las Listas del FITU están integradas por trabajadores y luchadores.  Militantes de izquierda, con años de trayectoria en la lucha por los Derechos Humanos, la defensa del salario digno, la educación y salud estatal, están allí para recordarnos que el pueblo no está condenado a elegir entre verdugos ni a resignarse a falsas alternativas.

Fuente: https://agenciaparalalibertad.org/una-libertad-que-encadena-y-una-izquierda-que-libera?fbclid=IwY2xjawMSsipleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFabDlQZmRFWG9VS3pMQUJ4AR7C_uYHMf7_J4uqGgloXA5eyHMCehpZBQsSnfA8B_ygij9sySUzaN-_QXUq8g_aem_Gw0_q9UyS508fEa00AUFAw

Consultemos las décadas recientes que prueban como la izquierda electoralera nos encadena a la democracia vigente desde diciembre de 1983. No ejerció autocrítica sobre su vanguardismo ni sobre su burocratizada organización partidaria, tampoco sobre su fetichización de la democracia. Que resultó continuidad de la genocida dictadura militar eclesiástica del establishment por desarrollar el neoliberalismo durante los 40 años de cumplimiento fiel a su Miseria Planificada mientras se concretaba el exterminio de quienes luchaban por la emancipación social.

¿Cómo no asume la incompatibilidad con la libertad o la democracia de la vigente desde hace 41 años? Si ésta oficializa al establishment como poder real, si prohíbe la autodeterminación de los pueblos de Argentina, si privilegia el régimen latifundista convertido durante los 40 años -sin interrupción alguna- en régimen extractivista.

¿Cómo no tiene autocrítica de fetichizar presente y pasado -desde hace décadas- en gobiernos de turno, FMI, pago de servicios de la deuda diseñada para ser eterna subsidiadora de la acumulación gran capitalista mediante el creciente malvivir de las mayorías?

Situémonos en Argentina donde se descontextualiza al gobierno de Milei no sólo del fraudulento balotaje en 2023 sino sobre todo de 40 años legalizando y legitimando al establishment transnacional y transnacionalizado en su acumulación según y conforme a la Miseria Planificada durante su dictadura militar eclesiástica que llevó adelante el genocidio para erradicar los pueblazos, el sindicalismo desperonizado o con independencia de clase y la unión de las izquierdas mirando por la emancipación del capitalismo. El genocidio cumplió con los objetivos del Acuerdo Nacional de Perón con Alejandro Lanusse después del fusilamiento del 22 de agosto de 1972 en Trelew de los cuadros intermedios de las fuerzas revolucionarias.

En Argentina, dado estar en período electoral, urge la construcción del voto nulo desde abajo a la izquierda. Implica arraigarlo en el proceso de ir haciendo realidad concreta a la unión de las existentes autoorganizaciones en lucha contra el Estado que procuran justicia social entre sí y con las defensas y recuperaciones de territorios para la vida y la salud de la naturaleza que incluyen las humanas. Las últimas confrontan con el Capital y su Estado que les imponen los extractivismos rurourbanos o ecocidios-genocidios. ¿Cómo los enfrentan para frenarlos y luego erradicarlos? Asambleándose, comunalizándose y territorializándose según el principio de arraigo en la autonomía de cada comunidad. Que le exige, ante todo, independizar el Trabajo del Capital, lo cual deriva en ir poniendo fin a la opresión-represión capitalista. A diferencia de empresas sin patrón, es toda una comunidad ejerciendo autogestión y autogobierno.

Destaquemos en qué consisten: las construcciones autónomas. Los desafíos frente a los megaproyectos extractivistas y la mirada de las próximas generaciones

Encuentro internacional de rebeldías en territorio zapatista

18 de agosto de 2025

Por Carolina Fernández Ares | Agencia Tierraviva

A más de tres décadas del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el encuentro «Algunas partes del todo» reúne luchas y resistencias de colectivos mexicanos y de una decena de países. El espacio busca nutrir la organización y compartir los errores y aciertos de las construcciones autónomas. Los desafíos frente a los megaproyectos extractivistas y la mirada de las próximas generaciones.

En Chiapas, al sur de México, hay amplias extensiones de territorio donde pueblos indígenas zapatistas construyen su vida con autonomía y democracia directa. Allí rechazan al gobierno nacional, que nunca veló por los derechos y las necesidades de las comunidades, y se declaran en resistencia y rebeldía. Las y los zapatistas han logrado construir su propia salud autónoma, su propia educación, su sistema de gobierno local y horizontal, su seguridad y denuncian los programas sociales que está implementando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum (Morena) para fragmentar a las comunidades campesinas.

A 31 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el que alzaron su grito de «Ya basta»y exigieron «Nunca más un México sin nosotros», el domingo 3 de agosto inició el Encuentro “Algunas partes del todo”, organizado por el zapatismo, con la finalidad de compartir las luchas y resistencias a lo largo de todo el mundo. Ya han organizado varios encuentros con la finalidad de compartir luchas y resistencias con otros colectivos en rebeldía tanto a nivel nacional como internacional. Durante la pandemia estuvieron cerrados al contacto con el exterior, como una medida de cuidado, pero ahora han retomado la organización de encuentros internacionales para las formas de resistencia de cada territorio.

El encuentro comenzó en el Caracol Torbellino de Nuestras Palabras —»caracol», son las comunidades autónomas de toma de decisiones dentro del territorio zapatista— ubicado en la localidad de Morelia, a pocos kilómetros de Altamirano, una de las cuatro ciudades que el 1 de enero de 1994 amanecieron ocupadas por las y los zapatistas.  La inauguración ocurrió con la entrada de la milicia al espacio central del caracol. El Subcomandante Moisés, vocero del movimiento, compartió un discurso de menos de 5 minutos donde dio la bienvenida a «todas, todos y todoas» al encuentro y enunció con claridad: «Hoy todos somos una niña palestina, todos somos un niño palestino», y un profundo silencio se hizo presente. En ese momento, cada  miliciano y miliciana del EZLN desplegó una bandera de Palestina. Quedó así establecido el vínculo entre los oprimidos del mundo contra el sistema y las guerras capitalistas.En el encuentro cada colectivo tiene lugar para compartir el contexto en el que se ve implicado, sus desafíos, y las acciones concretas que realizan. El Congreso Nacional Indígena (CNI), que aglutina y pone en diálogo las luchas de los diversos pueblos indígenas a lo largo de todo el territorio mexicano, abrió las mesas de compartición. Varios voceros de diferentes comunidades expusieron sobre los procesos de autonomía, la presencia del crimen organizado y de megaproyectos extractivistas en los territorios ancestrales, de la presencia de proyectos gubernamentales que fragmentan las comunidades, entre otras problemáticas. Un ejemplo es el programa gubernamental Sembrando Vida, que obliga a las comunidades a tener 2,5 hectáreas con títulos individuales para ingresar en él, por lo que muchas comunidades privatizan las tierras comunales.

El CNI es fundamental en el contexto mexicano y cobró gran visibilidad al consolidar el Consejo Indígena de Gobierno que, en 2017, eligió a Marichuy, como se conoce a María de Jesús Patricio, como su vocera para ser candidata independiente a la elección presidencial de 2018. Esto impulsó una gran campaña desde abajo como contrapropuesta al sistema de poder gubernamental.

Las madres buscadoras —colectivo de mujeres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos— fueron las siguientes en tomar la palabra. En México ya cuentan más de 120 mil desaparecidos y el número aumenta cada día por la violencia cómplice entre el crimen organizado y las autoridades nacionales, estatales y municipales. Son las familias las que llevan adelante la ardua tarea de buscar entre el dolor a sus desaparecidos en basurales, barrancas y escombros. Decenas de grupos de familiares se organizan a lo largo del territorio mexicano, sufriendo estigmatización, abandono del Estado, persecuciones e incluso varias y varios han sido asesinados durante su búsqueda. 

Una mirada a la autonomía y al futuro zapatista

En el encuentro, cada tarde, los jóvenes zapatistas comparten obras artísticas donde no se ven individualidades sino colectivos trabajando en común. Cada tarde  presentan poemas y canciones, muchas veces en sus lenguas maternas y otras en castellano. El recambio generacional es uno de los desafíos de la actualidad del zapatismo, porque surge la pregunta de cómo transmitir el sentido de la lucha a quienes no han vivido en las condiciones de opresión del capitalismo, a quienes han nacido y criado en los caracoles.

Desde las escuelas autónomas los jóvenes armaron obras de teatro en las que presentan la historia del movimiento, incluyendo sus errores y aciertos. Con un agudo poder de autocrítica, el zapatismo ha revisitado sus prácticas piramidales y, en 2023, comunicó un cambio en la estructura de gobierno autónomo. La estructura piramidal de las Juntas de Buen Gobierno, donde algunos concentraban la información y decidían soluciones, fue cambiada por un sistema de asambleas de base que están en permanente diálogo con la totalidad del territorio.

En cada comunidad y ejido funciona hoy un Gobierno Autónomo Local elegido por la comunidad y rotativo que, según lo requieran las problemáticas, se reúnen en Colectivos de Gobiernos Autónomos Locales en los respectivos caracoles, y si fuera necesario se unen en una Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Locales. 

El jueves 7 de agosto una brigada internacional visitó el quirófano autónomo que están construyendo en la Selva Lacandona, en el Caracol Dolores Hidalgo. El plano lo realizaron siete compañeros zapatistas de base de apoyo y la construcción se organizó con la participación de bases de apoyo de los diferentes caracoles que trabajan por semana. También comentaron, en una presentación posterior en el auditorio del caracol, qué personas que no pertenecen al movimiento, algunos de ellos partidistas del partido oficialista Morena, también han participado y aportado para su construcción porque comprenden que el quirófano en ese territorio es un beneficio para todos y todas.

El trabajo es en común y para el común. La decisión de su construcción nació a partir de las necesidades del pueblo, ya que el hospital más cercano se encuentra en Ocosingo, localidad ubicada a dos horas por carretera. El quirófano representa una mejora del sistema de salud autónoma, que cuenta con salas en cada comunidad y con promotores de salud, que combinan sus saberes ancestrales de medicina con la formación que le brindan médicos. También cuentan con ambulancias en cada caracol. 

Todo el encuentro —que puede seguirse de la web del EZLN— tiene como eje central trabajar en común y luchar hacia el día después de la tormenta que acarrea el capitalismo con el extractivismo de los recursos naturales, la devastación de la naturaleza, los monocultivos, entre tantos otros factores. El zapatismo continúa en su camino sin desviarse de la autonomía y tiene como horizonte que una niña que crezca dentro de siete generaciones pueda vivir en libertad y sin miedo. 

https://agenciatierraviva.com.ar/encuentro-internacional-de-rebeldias-en-territorio-zapatista/
Fuente: https://rebelion.org/encuentro-internacional-de-rebeldias-en-territorio-zapatista/

Qué Abya Yala

En agravamiento del ataque ecocida-genocida por el sistema mundo capitalista y sus locales vs. el creado por simbiosis de culturas con la naturaleza como fruto de siglos del trabajo comunitario y constructor de equilibrios ecológicos según latitudes geográficas.

Historia y presente/ Ofensiva del sistema mundo capitalista /
Alternativas emancipatorias

Historia y presente

El término Abya Yala es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto hacia las raíces de los pueblos originarios; y en ese sentido, el poema Abya Yala Wawgeykuna (Hermanos Americanos), originario del pueblo Quechua de Argentina, hace un llamado a la unidad de los pueblos a mantener presente su origen y a continuar su camino siguiendo las huellas de sus ancestros. Tal como su título indica, Abya Yala Wawgeykuna.

Artes, saberes y vivencias de indígenas americanos, el libro que sostienen en sus manos es un tributo a la filosofía de ese poema, pues intenta plasmar el pasado y el presente de distintos pueblos originarios: sus modos de vida, sus manifestaciones artístico-culturales, sus creencias… y al fin y al cabo, su identidad. Leer

Advirtamos que nosotros, como Abya Yala, estamos sumidos no sólo en una acelerada e intensificada desertificación sino también en la guerra de competencia entre países imperialistas con socios menores en los poderes locales. Pero hoy urge que los pueblos asuman como causa común la resistencia palestina no sólo por el nazi fascismo para exterminar la vida y expulsar-hambrear a los gazatíes. Sino también porque hoy urge a los imperialismos efectuar acaparamiento de tierras del Sur Global a mercantilizar. Entonces, reproducirán lo hecho en Palestina por Israel-EE.UU. con apoyo integral de las publicitadas democracias de Occidente. De modo que hoy no se puede ser neutral más si sentipensamos medular humanizarnos y ayudar a multiplicar sentidos humanistas de vida social e individual.

Veamos cómo el historiador Martín Alejandro Martinelli responde de manera explícita a esa doble exigencia epistemológica marcada por Bloch: comprender el presente genocidio –en el sentido político, jurídico e histórico del término– a partir de sus raíces coloniales y, al mismo tiempo, mostrar cómo la desinformación, la ignorancia y el silencio sobre la historia palestina impiden captar el verdadero alcance de la tragedia actual.

Reseña del libro «Geopolítica del Genocidio en Gaza», de Martín Martinelli

Gaza,
epicentro de la transición hegemónica mundial:
genocidio, apartheid y resistencia
en el corazón de Afroeurasia

2 de agosto de 2025

Por Emiliano Villordo| Rebelión

«Geopolítica del Genocidio en Gaza» (2025). Martinelli, Martín Alejandro. Buenos Aires: Batalla de Ideas, 243 páginas, ISBN 978-631-90520-5-3

Uno de los historiadores más influyentes del siglo pasado ya nos había advertido que “la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero no es, quizás, menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente”. Esta reflexión de Marc Bloch (1949), escrita en uno de los momentos más oscuros del turbulento siglo XX, cobra una vigencia absoluta cuando se trata de abordar los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el pueblo palestino por parte del Estado de Israel. En tiempos en que los intereses geopolíticos, mediáticos e incluso académicos procuran disociar esos actos de su historicidad, la advertencia de Bloch no solo constituye una propuesta de análisis científico de la realidad, sino que también interpela el rol que deben asumir los historiadores en la contemporaneidad: un rol que no puede ser neutral frente a la injusticia, la violencia sistemática y el negacionismo.

El nuevo libro Geopolítica del genocidio en Gaza, del historiador Martín Alejandro Martinelli –especialista en la historia de Palestina y autor de una tesis doctoral centrada en la cuestión palestina-israelí–, responde de manera explícita a esa doble exigencia epistemológica marcada por Bloch: comprender el presente genocidio –en el sentido político, jurídico e histórico del término– a partir de sus raíces coloniales y, al mismo tiempo, mostrar cómo la desinformación, la ignorancia y el silencio sobre la historia palestina impiden captar el verdadero alcance de la tragedia actual.

El estudio de Martinelli, docente e investigador de la Universidad Nacional de Luján, de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, se inscribe en el campo de la historia contemporánea y la geopolítica, pero con un enfoque interdisciplinario que articula aportes de la Historia, las Relaciones Internacionales, la Economía global y los estudios decoloniales. Desde una perspectiva de largo plazo y situada en el Sur Global, el libro analiza la violencia ejercida contra el pueblo palestino como parte de un dispositivo imperial más amplio, sostenido por Estados Unidos y sus aliados occidentales. En ese marco, ofrece un análisis sobre el rol de Israel como enclave colonial en la región de Palestina, desmontando las narrativas dominantes que intentan justificar o naturalizar dicha ocupación. Esta mirada, que conjuga de manera equilibrada la denuncia política con el análisis riguroso, convierte al texto en un aporte singularmente valioso a la literatura contemporánea sobre la ocupación israelí de Palestina. (…)

El trabajo de Martinelli propone como hipótesis central que la violencia perpetrada contra el pueblo gazatí no puede explicarse como un conflicto bélico bilateral o una simple “respuesta defensiva” israelí, sino como un proceso sistemático y planificado de limpieza étnica, inscrito en una larga duración de dominación colonial e imperial, que combina elementos de apartheid, ocupación y genocidio. A su vez, sostiene que la resistencia palestina representa una continuidad con las luchas anticoloniales del siglo XX (Argelia, Vietnam, Cuba), pero en un contexto geopolítico radicalmente transformado, marcado por el ascenso de China, el declive relativo de la hegemonía de los Estados Unidos, la revitalización del movimiento de los BRICS y la emergencia de nuevos actores regionales que desafían la unipolaridad occidental.

El análisis de Martinelli se basa en un enfoque teórico-metodológico consistente y complejo que integra varios niveles de análisis y tradiciones intelectuales, construyendo una mirada crítica y comprometida. Primero, adopta una perspectiva geohistórica de larga duración que ubica el genocidio en Gaza dentro de un proceso histórico amplio, vinculado a la expansión colonial europea, el imperialismo y el capitalismo, interpretando Gaza como un nodo de violencia estructural y resistencia. Segundo, utiliza un enfoque geopolítico crítico que considera las tensiones entre potencias occidentales (EE.UU. y Europa) y bloques emergentes (China, Rusia, Irán, BRICS+), incluyendo actores no estatales, de organizaciones políticas y de movimientos sociales, así como el rol de los medios de comunicación y la producción intelectual y cultural en la disputa por el sentido.

Tercero, aplica una perspectiva decolonial, dado que a lo largo de la obra se apoya en las contribuciones de autores como Edward Said, Samir Amin, Ilan Pappé, Enzo Traverso y Claudio Katz, entre otros, para desarmar los relatos eurocéntricos que han servido históricamente para justificar los proyectos coloniales. En este marco, retoma el concepto de orientalismo de Said (1978), entendido como aquella construcción ideológica, académica, política y cultural producida desde Europa (y luego desde Estados Unidos) para representar a Oriente –y en particular al islam y al mundo árabe-musulmán– como el “otro” exótico, irracional, atrasado, fanático y violento. Una mirada que nos permite comprender cómo el discurso hegemónico ha representado al pueblo palestino como terrorista y al Estado de Israel como baluarte civilizatorio, ocultando así el carácter colonial de la ocupación y del genocidio. En cuarto lugar, su análisis es estructural y multicausal, abarcando desde las causas remotas de la cuestión palestina-israelí –tales como la partición de Palestina, el proyecto sionista, el rol del Imperio británico y de Estados Unidos– hasta la situación actual, incluyendo los bombardeos sobre Gaza, el uso de inteligencia artificial en la guerra, y el papel del movimiento Hamás.

El quinto aspecto que sobresale del enfoque metodológico de Martinelli es su inscripción en una tradición de pensamiento crítico, comprometido y situado, desde la cual asume una postura clara a favor de los pueblos oprimidos. En ese marco, reivindica al pueblo palestino como sujeto histórico de una resistencia anticolonial de larga duración y analiza el genocidio en Gaza como una cuestión nacional, expresión del colonialismo de asentamiento y de los procesos de reconfiguración imperial contemporánea. Su mirada, atravesada por una sensibilidad latinoamericana, vincula las luchas de liberación de Palestina con las de Asia, África y América Latina, y busca articular una voz desde el Sur Global que denuncie el silencio cómplice de los grandes medios, de la academia alineada con el sionismo y de las potencias dominantes. En este sentido, Martinelli recupera el concepto de Israel Global, formulado por Ilan Pappé (2024), para describir la coalición internacional que sostiene al Estado de Israel: una red que articula sectores religiosos mesiánicos, magnates financieros, el complejo industrial-militar y fuerzas políticas conservadoras, fascistas y populistas, todas unidas por la islamofobia.

Fuente: https://rebelion.org/gaza-epicentro-de-la-transicion-hegemonica-mundial-genocidio-apartheid-y-resistencia-en-el-corazon-de-afroeurasia/

  Ofensiva del sistema mundo capitalista

Prosigamos develando quiénes y cómo se enriquecen despojándonos de todo en forma cada vez más extendida y profunda:

Dependencia recrudecida

16 de agosto de 2025

Por Eduardo Nava Hernández | Rebelión

¡Pobre México! Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.

Atribuido a Porfirio Díaz

Como pocas veces, quizá como nunca, en un periodo tan breve como el que lleva Donald Trump en su segundo periodo presidencial, México se ha visto sometido a la presión del gobierno estadounidense para tener sobre su política y economía un control directo a larga distancia. Esa política de supraordenación no ha sido desplegada únicamente contra nuestro país, como es bien conocido; pero las formas en que se da respuesta a esa coerción multidimensional son particulares. (…)

Tradicionalmente, a esa dispar y asimétrica relación entre las grandes potencias capitalistas y los países periféricos del sistema mundial, se le ha llamado dependencia. Sin entrar a discutir aquí los alcances históricos y estructurales de esa forma de inserción en los mercados de capitales, de productos y de mano de obra, es un hecho que las ataduras de México con los Estados Unidos existen, en los rubros de comercio, inversión, tecnología, finanzas, migración, armamento, y hasta seguridad pública y adiestramiento militar. Sobre esas bases es que la presión del presidente estadounidense ha encontrado un terreno propicio para emprender una política exterior diversificada que asegure, no sin contradicciones y efectos de reversión, una mejor ejecución de sus intereses.

Los aranceles a exportaciones mexicanas ha sido una de las armas de Trump contra nuestro país. Lo hizo desde 2019, recién llegado López Obrador a la presidencia de México, cuando con la amenaza de imponerlos logró modificar radicalmente su política migratoria, convertir a nuestro país en un virtual tercer país seguro y obligar a controlar, con masiva presencia de la Guardia Nacional en las frontera sur y norte, el fujo migratorio proveniente de Centroamérica. Si bien en esa primera administración Trump los aranceles fueron una amenaza, en este año se han concretado, sin respeto al aún vigente T-MEC, contra productos como el jitomate (17%), cobre, acero y aluminio (50%), automóviles (15%) y fentanilo (25%), principalmente. Tan sólo en el primer semestre de 2025, esas tarifas han representado ingresos al gobierno estadounidense por 7,552 millones de dólares, un crecimiento interanual de 1,118%, o 12 veces más, según datos del Departamento de Comercio https://n9.cl/8qexn.

La amenaza arancelaria, empero, persiste. Tras la conversación telefónica que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum el 31 de julio con Donald Trump, se anunció que nuevas tarifas podrían ser aplicadas unilateralmente en 90 días, en 1 de noviembre, y que la mandataria mexicana aceptó aplicar una tasa 0% y eliminar todas las barreras no arancelarias a las importaciones de los Estados Unidos.

Es cierto que, en no poca medida, esa política comercial se revierte contra la economía del país norteamericano en inflación que pagan los consumidores, y que sus resultados en la reindustrialización y generación de empleos no se perciben en el corto plazo, pero sí tiene un efecto negativo en lo inmediato sobre las exportaciones mexicanas —como a las de otras naciones— y los ingresos de divisas por ese concepto.

También la intervención estadounidense contra los cárteles trasnacionales de origen mexicano se ha venido cumpliendo. Primero, fue la declaración de las organizaciones mexicanas como terroristas, constituyéndose en una amenaza de intervención armada directa de las agencias de seguridad o de las mismas fuerzas armadas estadounidenses. Después, la suspensión de operaciones declarada por el Departamento del Tesoro con los bancos Intercam y CIBanco y la casa de bolsa Vector por presunto lavado de dinero del narcotráfico de fentanilo, del que no se había percatado la Unidad de Inteligencia Financiera que encabezaba el hoy reformador electoral Pablo Gómez, y que obligó a que, en respuesta o control de daños, esas tres instituciones fueran rápidamente intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y se habló de hasta 10 instituciones financieras establecidas en México que podrían ser también señaladas por las autoridades estadounidenses por operaciones similares de blanqueo de capitales.

A eso se ha de agregar la expulsión, anunciada con mucha anticipación, de trabajadores mexicanos y de otras naciones del territorio estadounidense, que ha afectado no sólo a los indocumentados sino también a migrantes ya regularizados y hasta estadounidenses por nacimiento descendientes de mexicanos o latinoamericanos. El traslado a cárceles salvadoreñas convenida con el sádico presidente Nayib Bukele, o la reclusión en el llamado Alcatraz de los Lagartos en los pantanos de Florida, son vistas como las medidas antiinmigratorias más crueles; pero no lo es menos la expulsión fulminante que separa familias, hace perder el empleo y patrimonio y deja en el desamparo a quienes confiaron en encontrar una mejor vida en territorio estadounidense. Muy poco ha podido hacer el gobierno mexicano para auxiliar a los connacionales deportados o bajo amenaza de expulsión, a pesar de una extensa red de consulados que presume ser la más amplia del mundo pero que se encuentra sin recursos y ni suficiente personal capacitado en la defensa jurídica, que ha sido empleada por los gobiernos cuartotransformadores más para el pago de favores políticos que para la atención de los mexicanos en el extranjero.

El magnate hospedado en la Casa Blanca ya presume que en los meses recientes ha habido “cero personas” entrando ilegalmente al territorio de Estados Unidos; y que eso ha sido porque Canadá y México “hacen lo que les decimos que hagan”. Por añadidura, eso ha producido ya una drástica caída de las remesas a familias en México que se calcula podría llegar al 5.8% al cierre de 2025, con sólo un estimado de 61 mil millones de dólares, frente a los 64.7 mil millones de dólares recibidos en 2024 https://n9.cl/o2585.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido que aceptar, entre otras cosas, el traslado de hasta ahora 55 reos que se encontraban en prisiones mexicanas a cárceles estadounidenses. Propagandísticamente, Sheinbaum criticó que el gobierno de Trump estuviera negociando personajes a quienes ha declarado “terroristas” como los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, Ismael Mayo Zambada y otros prominentes narcotraficantes. Pero no ha reparado en continuar con esas remisiones de delincuentes que, dicen ella y el fiscal Gertz Manero, se hacen por “decisión soberana”.

La medida en sí es cuestionable y de difícil justificación. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch “explicó” que la entrega de 26 prisioneros esta semana (que se suman a 29 en febrero pasado) era necesaria porque éstos seguían delinquiendo desde los centros de reclusión mexicanos, ordenaban secuestros y extorsiones, amenazaban a funcionarios y “extendían redes de corrupción e intimidación”. Varios de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad o tramitaban acuerdos de libertad anticipada Se presenta, así, la expatriación como una medida remedial a lo que se confiesa como incapacidad e ineptitud del sistema carcelario mexicano para mantener la seguridad en sus reclusorios. Una vergüenza. Alejandro Gertz agregó que la medida tomada por el Consejo Nacional de Seguridad fue “para defender a nuestra población y a la soberanía de nuestros países” y que para ello “no va a haber ningún obstáculo legal”. Entre los entregados destacan Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y cuñado de El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez Martínez, La Tuta, ex dirigente de Los Caballeros Templarios, y Roberto Salazar, acusado del asesinato de un agente del sheriff del condado de Los Ángeles en 2008. Se agregan a Rafael Caro Quintero, el capo del cártel de Guadalajara perseguido en Estados Unidos por el secuestro tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, y otros 28 narcotraficantes entregados el pasado mes de febrero.

Pero además se alega que la transferencia de los presos se realizó sin juicios de extradición (es decir, violando derechos humanos como el debido proceso), pero con apego al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. La norma mencionada sólo enumera en 13 incisos las consideradas como amenazas a la seguridad nacional; no dice que se puedan omitir juicios de extradición o violentar las normas procesales penales. Y es realmente insólito que se pueda afirmar que una persona ya en reclusión constituya una amenaza a la seguridad nacional.

Para mayor confusión, la presidenta negó que la acción se hubiera realizado en cumplimiento a una solicitud del gobierno estadounidense —que difundió la noticia del traslado antes que el mexicano—, y afirmó que fue por razones de seguridad nacional y por una decisión soberana, aun cuando la SSPC había afirmado que fue “bajo solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”.

Como remate, hasta ahora, está el sobrevuelo por varias horas de un dron militar estadounidense el miércoles 13 de agosto en el sur del Estado de México, particularmente en la región de Tejupilco, donde se ha afianzado el poder del cártel La Familia Michoacana. Aunque en la conferencia matutina el secretario García Harfuch sostuvo que el avión no tripulado no era militar, y que esa acción se realizó “a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano”, no especificó con qué propósito ni cuál institución gubernamental lo había solicitado.

Ya antes, el presidente estadounidense ha lanzado bravatas e incluso ha girado órdenes ejecutivas al Pentágono de preparar acciones directas contra los agrupamientos designados terroristas; y envió dos embarcaciones militares a aguas internacionales muy próximas a las territoriales mexicanas en el Pacífico norte. El general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte de Los Estados Unidos, declaró a medios que ese despliegue naval ayudará en la “lucha contra el terrorismo relacionado con el mar, la proliferación de armas, el crimen transnacional, la piratería, la destrucción del medio ambiente y la inmigración ilegal por mar”.

¿Y a qué puede obedecer la declarada neutralidad de México ante el sangriento conflicto en Gaza, si no también a presiones del gobierno estadounidense, el más firme sostén de la masacre y hambruna con que el carnicero Benjamin Netanyahu busca aniquilar o expulsar a los palestinos de ese territorio y de otras regiones donde está promoviendo el asentamiento de colonos israelíes apoyados por el ejército? Totalmente en contra de la tradición diplomática y de solidaridad con las naciones agredidas en el mundo, que trazaron Venustiano Carranza, el canciller Genaro Estrada y el presidente Lázaro Cárdenas, y que fue seguida por gobernantes mexicanos como Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid en diversos conflictos internacionales, Claudia Sheinbaum escuda su timorata posición en una falsa neutralidad que en realidad implica no irritar al gobernante en Washington ni restringir los fuertes vínculos comerciales, de inversión, de seguridad y militares de México con el Estado genocida de Israel.

La dependencia y sumisión de los gobiernos mexicanos a las políticas emanadas desde los Estados Unidos tiene una larga historia, y se han acentuado durante los gobiernos llamados neoliberales; pero también se recrudecieron durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador frente a Donald Trump y Joe Biden. Ahora, en un momento de particular debilidad para negociar con el poder extranjero, con una economía abatida y dependiente, una crisis política y moral en el grupo gobernante en México por sus cada vez más evidentes vinculaciones con el crimen organizado, y con varias de las cabezas de los principales cárteles trasnacionales mexicanos en las tenazas del gobierno trumpista, la capacidad de resistencia frente a los designios y presiones estadounidenses se ha reducido a cero.

Es imposible en esas circunstancias pensar en acuerdos de cooperación entre iguales, menos aún de carácter estratégico, cuando lo que Donald Trump busca es sumisión y obediencia de otros países a sus proyectos para hacer grandes otra vez a los Estados Unidos. En su racionalidad fascistoide y su personalidad sociopática, avaladas desde luego por muchos de los grandes capitales de los Estados Unidos y las ultraderechas del mundo, mantiene a nuestro país en condiciones quizás inéditas de incertidumbre y vulnerabilidad.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH

Fuente: https://rebelion.org/dependencia-recrudecida/

Discrepamos con Eduardo Nava Hernández en atribuir a Trump, como lo hacen en Argentina respecto a Milei, el carácter fascista cuando es propio del giro actual del neoliberalismo y clasificarlo como personalidad sociopática como se individualizó a Hitler.

Reparemos, ahora, que no hay voto útil para mejorar nuestra situación de países periféricos del sistema mundo capitalista ya que progresistas y ultraderechistas gestionan el neoliberalismo contra la autodeterminación de nuestros pueblos. En efecto, Eduardo Nava Hernández señala:

(…La dependencia y sumisión de los gobiernos mexicanos a las políticas emanadas desde los Estados Unidos tiene una larga historia, y se han acentuado durante los gobiernos llamados neoliberales; pero también se recrudecieron durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador frente a Donald Trump y Joe Biden. Ahora, en un momento de particular debilidad para negociar con el poder extranjero, con una economía abatida y dependiente, una crisis política y moral en el grupo gobernante en México por sus cada vez más evidentes vinculaciones con el crimen organizado, y con varias de las cabezas de los principales cárteles trasnacionales mexicanos en las tenazas del gobierno trumpista, la capacidad de resistencia frente a los designios y presiones estadounidenses se ha reducido a cero. (…)

Valoremos opinión de Pedro Andrés González Ruiz: aquellos que se preocupan por una explicación honesta de la realidad y aquellos que aspiran a actuar en la realidad con miras a la superación del capitalismo, deben reflexionar sobre el enfoque a adoptar en la discusión en torno a la lucha internacional de capitales y la dinámica de bloques.

El capital, los bloques y
la crítica de la geopolítica

5 de agosto de 2025

Por Pedro Andrés González Ruiz |Rebelión

Dedicado a Javier Angulo, joven amigo inquieto por la geopolítica

El auge del tratamiento geoeconómico o geopolítico, geoestratégico -todo es geo- de los asuntos nacionales e internacionales, aunque siempre haya estado presente (la obrita El imperialismo de Lenin data de primeros de siglo XX), nos lleva a preguntarnos sobre sus formas y apuntar a su crítica.(…)

El auge de las elaboraciones sobre geopolítica, geoestrategia o geoeconomía, que tienen de bueno que amplían el punto de mira al situarlo en lo global o mundial. Pero, pierden sentido si descuidan su conexión con lo nacional, regional o local. La unidad mundial del capital se fragmenta nacionalmente, pero no pierde esa unidad oculta que vuelve a expresarse en la constitución de los bloques y las relaciones entre estos; unidad presente en las cadenas globales de valor, cadenas que irrumpen en los espacios capitalistas nacionales desatando las más variadas luchas de clase, de capitales, de sexo, de cultura, de razas, de climas o incluso barriales, etc.

Estas cuestiones, y los debates que se desprenden, tienen que ver con los posicionamientos sobre la política internacional y su orientación, también con la posición de los distintos partidos y sus relaciones, con los debates sobre la unidad de la izquierda o la unidad nacional (frente al extranjero o al distinto); y al fin y al cabo tiene que ver con la acción política que lleva a cabo cada cual cuando habla con un vecino sobre el genocidio palestino, el cambio climático, la carestía de los super o la corrupción. Tomar conciencia de lo que hay, un poco más atrás, de las palabras que expresan nuestro pensar, forma parte del avance de la superación del capitalismo.

El enfoque materialista y dialéctico puede parecer menos realista, más utópico, o más alejado, pero es lo que tiene dejar de mirar el dedo cuando alguien te señala la luna. Diría más: al iniciar la comprensión de la unidad universal de la que formamos parte nos sentimos capaces de apartar el brazo señalizador, experimentando el gozo y la comunión que transmite contemplar la majestuosa magnitud del firmamento ante nuestros diminutos ojos.

Pedro Andrés González Ruiz, autor del blog Criticonomí
Fuente: https://rebelion.org/el-capital-los-bloques-y-la-critica-de-la-geopolitica/

Alternativas emancipatorias

Hagamos revisión crítica de nuestro lenguaje adquirido por acostumbramiento al eufemístico de la ONU. De suerte que seguimos subordinados a la lógica del Capital. Ante todo, provoca que desatendamos a las autoorganizadas defensas y recuperaciones de los territorios para la vida humana/no humana y la dignidad de los pueblos del Abya Yala. Provoca que privilegiemos a progresistas y su reformismo del capitalismo como si éste fuese posible. Aclaremos la siguiente Cumbre es sumamente positiva por el protagonismo de los pueblos creadores de culturas en simbiosis con la naturaleza e imprescindible para las condiciones de la vida planetaria. Pero está enmarcada dentro del sistema mundo capitalista y mira por la COP30

Perú

Cumbre Amazónica del Agua: Iquitos del 1 al 3 de octubre

El evento reunirá a diversos actores con el fin de construir propuestas frente a la crítica situación del agua en la región.

Del 1 al 3 de octubre, la ciudad de Iquitos será escenario de la Cumbre Amazónica del Agua, un importante encuentro internacional que busca abordar la crítica situación del agua en la región.

​¡Únete a nosotr@s!

Esta cumbre busca reunir a pueblos indígenas, defensor@s de ríos y del territorio, activistas de derechos humanos, comunidades de fe, académicos y ​r​eferentes políticos de todo el mundo.

El espacio permitirá compartir experiencias y proponer soluciones frente a la creciente problemática del agua en la Amazonía, así como trazar próximos pasos hacia la COP30.

En un contexto el acceso al agua se encuentra cada vez más amenazado, el evento resalta la importancia de dar voz a quienes viven en la región, visibilizar sus luchas y propuestas; enfatizando la participación activa de pueblos indígenas.

La agenda de la cumbre incluye análisis participativos, talleres simultáneos y encuentros comunitarios de temas como agua y cosmovisión, cambio climático, seguridad alimentaria, extractivismo, derechos de los pueblos originarios, entre otros.

“En un mundo cada vez más interconectado, el bienestar de la Amazonía es una responsabilidad compartida, y este evento es un llamado a la acción para asegurar un futuro sostenible para las futuras generaciones”, remarca la organización del evento en nota de prensa.

El evento permitirá trabajar una declaración conjunta para enfrentar los desafíos del agua en la Amazonía. Con el lema: «Somos agua, somos vida, somos esperanza«, se aspira a influir en la comunidad internacional a tomar medidas concretas y urgentes.

Como se recuerda, la cuenca amazónica, que proporciona el 20 % del agua dulce del planeta, enfrenta amenazas debido al cambio climático y la actividad humana.

Estas amenazas se ven agravadas por la expansión urbana, la agricultura industrial, las actividades extractivas y la delincuencia organizada, que fomenta la tala y minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el narcotráfico.

Ante estos desafíos, muchas comunidades indígenas, quilombolas y campesinas han desarrollado estrategias de resistencia y resiliencia.

Durante la Cumbre Amazónica del Agua, estos grupos presentarán casos emblemáticos, compartirán sus experiencias y ofrecerán soluciones.

Como detalla la organización del evento, a pesar de que Iquitos está rodeada de abundante agua dulce, menos de una de cada diez personas en la ciudad tiene acceso a agua potable segura.

Loreto (capital de Iquitos), desempeña un papel crucial en el ciclo hidrológico de la cuenca, pero los proyectos de infraestructura propuestos amenazan con fragmentar el bosque, rompiendo la conectividad de los ecosistemas terrestres y acuáticos.

Sin bosques, no habría ríos, y sin ríos, no habría bosques

El evento es organizado por el Vicariato Apostólico de Iquitos en colaboración con entidades de fe como la REPAM, CAAAP, CEAMA, CELAM y la Universidad Católica del Perú.​ Además, cuenta con el respaldo de diversas redes y organizaciones, entre ellas la Red Iglesias y Minería, el Movimiento Laudato Sí, WCS Perú, Adveniat y Misereor.

enlace relacionado: https://www.instagram.com/reel/DNgvTqRpyDw/

https://www.servindi.org/seccion-crisis-climatica-pueblos-indigenas-actualidad-noticias/21/08/2025/iquitos-sera-sede-de

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2025/08/22/peru_cumbre-amazonica-del-agua-iquitos-del-1-al-3-de-octubre/

NECESITAMOS, COMO PUEBLOS PLANETARIOS, EL VIRAJE DEL LENGUAJE EUFEMÍSTICO DE LA ONU, ADOPTADO POR LA CUMBRE AMAZÓNICA, PARA NO ACUSAR AL CAPITALISMO HACIA NUESTROS LENGUAJES REPRESENTATIVOS DE NUESTROS SENTIPENSARES.

ES DECIR, SUPEREMOS EL PRESTADO HABLAR DE LA CUMBRE AL DECLARAR: «la cuenca amazónica, que proporciona el 20 % del agua dulce del planeta, enfrenta amenazas debido al cambio climático y la actividad humana». DIGAMOS: EL CAPITALISMO ESTÁ CONDUCIENDO A LA EXTINCIÓN DE LA VIDA PLANETARIA Y NOS SUME EN EMERGENCIAS SOCIOECONÓMICA DEL 90% Y SOCIOECOLÓGICA, CUYA MANIFESTACIÓN MÁS CONTUNDENTE ES LA CLIMÁTICA. NOS URGE ASUMIR:

La fuerza creativa y transformadora de la ecología política latinoamericana

2 de julio de 2025

EDITORIAL

Revista Ecología Política. Cuadernos de debate internacional 

A inicios de este mes de junio tuvo lugar la X Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Formamos parte del mismo como grupo de trabajo Ecologías Políticas desde al Sur/Abya-Yala, uno de los más antiguos del Consejo que este año ha cumplido sus primeros 25 años de existencia.

En ese contexto de celebración, tuvimos la ocasión de compartir con nuestro colega y fundador del grupo de trabajo, Joan Martínez Alier, una amena charla sobre la trayectoria de la ecología política latinoamericana en este cuarto de siglo. De las ideas y reflexiones de ese encuentro, así como de las inspiradoras contribuciones que conforman el número, surge este artículo editorial.

Un corpus en movimiento

En casi tres décadas, la ecología política latinoamericana y caribeña ha demostrado ser mucho más que un conjunto de conceptos teóricos; es una fuerza viva, en constante evolución y diálogo con los desafíos globales. Desde sus raíces en las luchas por la justicia ambiental y social, ha generado ideas fecundas que han resonado más allá de nuestras fronteras: pasivos ambientales, zonas de sacrificio o deuda ecológica son algunos de los conceptos que han transformado la manera de entender las relaciones entre economía, sociedad y naturaleza en el Sur global, más allá de la tradición de la teoría de la dependencia o los estudios críticos del desarrollo.

El comercio ecológicamente desigual y la crítica al desarrollo, influenciados por pensadores como Samir Amin y Celso Furtado, han sido aplicados a contextos africanos, mientras que las nociones de extractivismo, neoextractivismo y consenso de los commodities, originadas en las reflexiones de Stephen Bunker, Maristela Svampa y Eduardo Gudynas, han encontrado eco en Asia y África. Estos diálogos entre los Sures profundizan nuestro entendimiento de las consecuencias de un sistema extractivista global, evidenciando vínculos entre regiones y perspectivas que enriquecen las luchas por la justicia ambiental. La idea de la «yasunización», por ejemplo, conecta nuestras luchas con movimientos en Nigeria como «Leave Oil in the Soil and Leave Coal in the Hole», liderado por figuras como Nnimmo Basse, lo que hace evidente que las luchas por la justicia ambiental trascienden fronteras.

Las luchas y los giros político-epistémicos

Desde los movimientos agraristas hasta la agroecología y la soberanía alimentaria impulsada por movimientos como el MST, las luchas latinoamericanas han experimentado una ecologización que ha marcado un giro político-epistémico. Este cambio no solo está redefiniendo las formas de lucha, sino también los lenguajes de valoración y las ontologías en juego. Las nociones de cuerpo-territorio, colonialismo verde y derechos de la naturaleza dialogan con los feminismos indígenas, negros y comunitaristas, creando un pluriverso en el que los lenguajes relacionales cobran vida y la reexistencia de los pueblos de la Tierra se configura en camino de transición.

El ecofeminismo latinoamericano, con su fuerza transformadora, resiste no solo las estructuras patriarcales y extractivistas, sino también los intentos de criminalización de las luchas. Este movimiento se ha convertido en un eje fundamental de las resistencias, así como en un puente para el intercambio epistémico y sentipensante con otras regiones del Sur Global.

Criminalización de las luchas y resistencias estratégicas

Uno de los mayores retos que enfrentan los movimientos socioambientales en América Latina es la creciente criminalización de las luchas. Activistas y comunidades que defienden sus territorios chocan con amenazas legales, físicas e incluso la pérdida de vidas. Sin embargo, estas resistencias han revelado estrategias innovadoras que van desde la articulación internacional hasta la creación de redes de solidaridad y apoyo mutuo. El cuerpo-territorio se convierte en una poderosa comprensión y práctica que une lo personal y lo colectivo en una lucha por la dignidad, la justicia y la preservación de todas las formas de vida.

Desafíos y resignificaciones

La ecología política latinoamericana no es un corpus acabado ni estático. Cada contexto le otorga nuevos matices y resignificaciones, lo que permite el diálogo con otras luchas y construcciones. Desde la articulación de los efectos territoriales de la extracción de grandes consorcios multinacionales en países del Sur Global hasta las reflexiones sobre colonialismo verde en África, cada paso en esta trayectoria amplía el horizonte de posibilidades para construir sociedades más justas y sustentables.

La ecología política latinoamericana no solo enfrenta los desafíos locales, sino que dialoga activamente con las luchas globales, y ofrece herramientas críticas, conocimientos transformadores y horizontes de sentido alternativos. En este camino, la resignificación de conceptos y la creación de nuevos lenguajes son muestra de su vitalidad y relevancia.

Aún falta, sin embargo, abordar áreas que requieren mayor desarrollo en la elaboración conceptual y la práctica de la ecología política. Por citar algunas: la ecología política urbana y periurbana abre caminos significativos para repensar el dualismo urbano-rural, así como la sostenibilidad de las ciudades y su relación con periferias y con la naturaleza. El tratamiento de residuos se presenta también como un tema urgente en la planificación ambiental de nuestras sociedades. De igual manera, la ecología política vinculada al arte emerge como una herramienta poderosa para la sensibilización y la transformación simbólica.

En esta ocasión, la revista Ecología Política ha hecho un llamado a la reflexión sobre la riqueza y la profundidad de estas prácticas y conceptos. El cuerpo-territorio, los derechos de la naturaleza, el diálogo entre los Sures y las ontologías relacionales son semillas de transformación. Que estas páginas sean un espacio para entretejer los saberes y las luchas que nos impulsan a imaginar y construir otros mundos posibles. El número 69 contiene tres artículos de «Opinión», cinco «En profundidad», seis contribuciones «Breves», tres en la sección «Redes de resistencia», un caso de «Referentes ambientales» comunitarios y una «Crítica».

La sección «Opinión» se abre con el artículo «Cuatro recomendaciones para el diálogo de saberes y la conservación biocultural», elaborado por Paula Ungar y colaboradores. Se trata de un texto que expone los resultados del conversatorio «Tejiendo Conocimientos para una Conservación Biocultural», desarrollado durante la Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas que tuvo lugar en Cali (Colombia) en octubre de 2024. El texto destaca que el diálogo de saberes es esencial para la conservación biocultural, con los pueblos indígenas y comunidades locales como protagonistas clave. Sus conocimientos deben integrarse respetando sus territorios, formas de aprendizaje y gobernanza. La colaboración con la academia debe ser equitativa y debe incluir marcos legales que protejan y legitimen sus saberes. Solo así puede asegurarse una conservación verdaderamente inclusiva y efectiva.

Seguidamente, Lucía Linsalata y Huáscar Salazar, en «Necrotización capitalista del tejido de la vida y escalabilidad de la muerte. Reflexiones desde la Amazonía boliviana», proponen un diálogo con la obra de Horacio Machado, referente de la ecología política latinoamericana. A través de la noción de necrotización del tejido de la vida se denuncia la destrucción que implica el capitalismo y que azota a la Amazonía boliviana.

Por último, el artículo «Teología del corazón. Teólogas feministas de Abya Yala», de Jordi López Ortega, expone que la teología feminista de Abya Yala reivindica las prácticas espirituales ancestrales como resistencia al patriarcado y al colonialismo. Desde una perspectiva ecofeminista, explora la espiritualidad, la justicia social y la ecología, encontrando un mensaje liberador en el cristianismo. Las mujeres desafían las estructuras opresoras y desarrollan una «teología del corazón» que une cuerpo, fe y transformación. Este enfoque reinterpreta símbolos sagrados para sanar relaciones sociales y el vínculo con la tierra.

La sección «En profundidad» comienza con el texto de Carlos Tornel «Las contribuciones de Gustavo Esteva a la ecología política: del pluralismo radical al diálogo de vivires», que muestra las importantes aportaciones del «intelectual desprofesionalizado» mexicano a la ecología política latinoamericana al cuestionar la colonialidad del desarrollo y proponer la autonomía de los pueblos y el pluralismo radical frente al capitalismo y la modernidad. Su crítica a la escasez y su noción del «diálogo de vivires» han inspirado importantes alternativas comunitarias. Su legado, arraigado en el zapatismo y las epistemologías del Sur, ayuda a imaginar horizontes poscapitalistas. Asimismo, Gustavo Esteva invitó a escuchar las prácticas cotidianas de resistencia como base para construir un mundo más justo y diverso.

En el artículo «Carlos Walter Porto-Gonçalves: pensador global-local de los principales problemas, conflictos y desafíos de nuestro planeta», Milson Betancourt-Santiago presenta los aportes de Porto-Gonçalves a la ecología política latinoamericana desde la perspectiva de la geografía crítica, con uno de sus puntos de entrada en la tríada analítica territorio-territorialidad-territorialización, que aporta una comprensión de la realidad y sustenta la propuesta de construir una verdadera sostenibilidad de la vida y la dignidad de todos los seres en su gran diversidad.

Otra contribución de la sección es «Cuidados subversivos en el pluriverso de un mundo tentacular», en que Alejandra Bussalleu y Moritz Tenthoff abordan la noción de cuidados subversivos, arraigada en epistemologías del Sur, que redefine el cuidado como un acto político de resistencia. A través de prácticas comunitarias en torno al agua en Perú y Colombia, se destacan nuevas relaciones de poder basadas en la reciprocidad y la interdependencia. Estas experiencias subvierten modelos extractivistas y patriarcales, abriendo espacio para modos de vida que regeneran tanto la naturaleza como la comunidad. El cuidado emerge así como un tejido transformador que entrelaza memoria, solidaridad y vida sostenida en el territorio.

Por otro lado, Freddy Díaz Díaz y Laura Camelo Alvila, en «La arquitectura decolonial como dispositivo transicional. Propuesta epistemológica para las arquitecturas del Sur», discuten cómo la arquitectura decolonial, con enfoques epistemológicos del Sur Global, puede contribuir a la superación de las crisis ecosociales del mundo, permitiendo la transición a sociedades más autónomas, solidarias y armónicas, en contraposición a los modelos desarrollistas.

«Contribuciones de la ecología política feminista latinoamericana a las luchas urbanas por el agua», presentado por Veridiana Emília Godoy, Marina Rago y Vanessa Lucena Empinotti, da cuenta de la potencia transformadora de un pensamiento-acción relacional que responde a las dinámicas de inseguridad hídrica en territorios periféricos urbanos. Con base en las experiencias y las luchas feministas por la justicia socioambiental, desarrollan una comprensión insurgente sobre el acceso al agua y el territorio, la cual se teje de forma multidimensional, esto es, en términos físicos, simbólicos, emocionales y afectivos, así como en su expresión multiescalar, en cuerpo, casa y territorio. Estos procesos políticos denotan la emergencia de conceptos, geografías y cartografías críticas alternativas que trazan caminos para salir del neoextractivismo.

La sección «Breves» se inicia con el texto de Alice Lima Nin acerca de «La reconstrucción sensible de lo político. Pedagogías de retomada y caminos de interdependencia con el río Tapajós (Pará, Brasil)», que presenta experiencias de educación popular como forma de reflexionar acerca de la importancia de crear caminos y lenguajes políticos que reconozcan la interdependencia del río con la red de vida de los más que humanos de su entorno.

En «El Acuerdo Marco Avanzado UE-Chile. ¿Una herramienta internacional de cooperación o de explotación?», Katalina Hesse Schlie y Grettel Navas desarrollan un análisis crítico del discurso de este acuerdo, dando cuenta de las asimetrías de poder en el marco global de abastecimiento de minerales críticos para la transición energética, así como de las contradicciones entre los postulados del desarrollo sostenible y el extractivismo verde de litio en Chile.

Acto seguido, German Zamorano señala, en «Comercio ecológicamente desigual. Emisiones, extractivismo e injusticia climática en las relaciones Norte-Sur», que las relaciones de poder y los patrones de intercambio entre el comercio internacional y las emisiones de gases de efecto invernadero, desde la periferia hacia el centro, reproducen patrones de desigualdad, pero ahora en un contexto de injusticia climática y deuda ecológica.

La sección cuenta también con la aportación de Marcos Todt, Naiara Machado da Silva y Daniel Jeziorny con «Re-existencia popular frente el capitalismo de desastre en Río Grande del Sur, Brasil», donde detallan la organización del Frente Popular de Enfrentamento à Emergência Climática no Rio Grande do Sul (FPE) como ejemplo de praxis de los pueblos oprimidos y contrapunto a las tensiones de la necropolítica y necroeconomía en el sur de Brasil.

Rubén Alfonso Vergara Crespo recuerda, en su artículo «Pensamiento campesino y diálogo de saberes. Aportaciones descoloniales del Sur Global», cómo la investigación liderada por Orlando Fals Borda destacó la importancia de articular el conocimiento científico con el popular para abordar los desafíos del Sur Global. Este enfoque decolonial promovió una agenda pluralista y relacional que impulsa la justicia social y la transformación comunitaria desde perspectivas locales emancipatorias. Se le considera un antecedente importante de la ecología política latinoamericana.

Finalmente, el texto de Vlaclav Masek Sánchez «Fundamentos del ecosocialismo latinoamericano en Mariátegui» destaca la síntesis única que realizó Mariátegui del materialismo histórico, las epistemologías indígenas y el pensamiento anticolonial y antiimperialista en defensa del comunalismo indígena como mecanismo redistributivo, y ofrece un marco decolonial para abordar las crisis ecológicas contemporáneas.

En la sección «Redes de resistencia», Carolina Belenguer Hurtado y Macarena Aguilar exponen los «Feminismos de Abya Yala. Resistencia a la modernidad colonial y construcción de epistemologías alternativas», y ponen en evidencia la relación recursiva entre la práctica política de las luchas por la justicia socioambiental y las propuestas de conocimientos reparadores, en este caso, con énfasis en la dimensión sagrada de los cuerpos-territorios y la ética del cuidado.

Por otro lado, «Arapiuns, río de derechos», de Thaís Isabelle de Oliveira Cardoso, Stéphanie Nasuti y Beatriz Abreu dos Santos, presenta al colectivo de jóvenes activistas Guardiões do Bem Viver en defensa de sus territorios tradicionales y el reconocimiento de los derechos del río Arapiuns, símbolo del vínculo que los une. Su movilización y prácticas políticas surgen de su experiencia vital centrada en sus territorios.

La sección se cierra con la aportación de Felipe Milanez en «Ecología política de las alianzas desde abajo. Confluencias de identidades y luchas en Brasil», donde analiza, desde la perspectiva de la ecología política latinoamericana, las coaliciones entre movimientos socioterritoriales (pueblos indígenas, quilombolas, campesinos y seringueiros) en Brasil, poniendo de relieve la «política de lo común» como articuladora de estas alianzas.

En «Referentes ambientales», Paola Triviño y colaboradores relatan el caso de la Juntanza Natural Patuna en la ZRC Pato-Balsillas, colectivo comunitario que impulsa una propuesta educativa basada en la conexión entre el campesinado, la naturaleza y la memoria histórica. Este enfoque promueve liderazgos sensibles a la justicia ambiental y la reconciliación territorial. La educación popular es clave para superar las violencias epistémicas y ambientales, y fortalece la paz con la naturaleza. Se trata de una iniciativa inédita que inspira la reconfiguración de los territorios rurales a través del diálogo y la acción colectiva.

Para cerrar el número, en «Nuquí y el ritual sonoro de la vida», Ana María Lozano reseña el proyecto del artista sonoro y experto en escucha Leonel Vásquez «Auscultar un territorio de alumbramientos», un recorrido estético y sensible a través de una comunidad de nacimientos en la que se entrelazan cantos de ballenas, de parteras y de manglares. Una bella manera de reconocer las interacciones entre los cuerpos, el agua, los sonidos y el cuidado ancestral.

Aida Luz López, Mariluz Nova, Edna Castro y Vanessa Empinotti

Bogotá, 11 de junio del 2025
Fuente: https://www.ecologiapolitica.info/editorial-69/?fbclid=IwY2xjawL9nfJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFqTGVsMGhpQVdtdktxMFJOAR4jkW1icCh5bPbuTaLWuU