3) Octubre-2026
Urgen independencia de clase e internacionalismo revolucionario.
Para frenar, luego erradicar, el exterminio capitalista de la vida y sus condiciones de existencia en el planeta. Emancipan de:
Qué Trabajo
Con bloqueo total y totalitario de la independencia de clase por el Partido Justicialista vertebrado en el Estado Corporativo y en terrorismos paraestatales. Cristina Fernández a fines de 2012 fundo el Ministerio Nacional de Seguridad en defensa del régimen latifundista que desposee de los derechos fundamentales al 90% y promulgó la ley antiterrorista durante su segunda presidencia para ir contra las autoorganizaciones populares de la resistencia a la opresión-represión y encubierta por Alberto Fernández creó los Comandos Unificados de las Fuerzas Federales con las de cada provincia.
Reparemos en el Pacto de Paz Social a fines del 2019 que firmaron todas las centrales sindicales y los referentes de la tramposa economía popular con las cámaras y el Estado patronales. Todavía está vigente impidiendo la unión mirando por el cambio social desde los trabajadores como imprescindibles en el modo de producción y reproducción de las condiciones de vida. ¿Por qué ese compromiso con el sistema opresor-represor? A causa de su fidelidad a Perón y a su heredero: el PJ.
Advirtamos que el post capitalismo exige al trabajo, por un lado, haga el viraje desde privilegiar el valor de cambio hacia el valor de uso o sea atienda las necesidades e intereses de la comunidad local en interrelaciones de reciprocidad con las otras componentes de un país sin fronteras burguesas. Por otro lado, urge que adquiera carácter regenerativo de las biodiversidades, son las creadoras de los equilibrios ecológicos. De manera que debe aprender de, solidarizándose con, los pueblos originarios.
No sólo el neoliberalismo actual agrava e intensifica el despojo de sus territorios para expandir los extractivismos sino también nos interpela, a las diversidades de abajo, a erradicar el racismo y descolonizar tanto el poder y los saberes como el ser social e individual.
El indio permitido:
dilema de la interculturalidad
en América latina
Por Juan Daniel Oliva Martínez y Elías Ángeles-Hernández, en Ojarasca de octubre.
La historia contemporánea de América Latina podría entenderse como la crónica de un reconocimiento inacabado de la diversidad cultural. En las últimas décadas, la región pasó de la invisibilización forzada a una constitucionalidad que celebra —al menos en el papel— su carácter heterogéneo. Aunque reformas recientes en México han elevado a rango constitucional a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, la praxis gubernamental sigue atrapada en la lógica asistencialista. Ecuador y Bolivia fueron más lejos al autodefinirse como “Estados plurinacionales e interculturales”, pero la institucionalización del término no evitó su subordinación al extractivismo minero y petrolero. En el otro extremo, países como Chile arrastran una profunda deuda histórica donde las pugnas constitucionales continúan sin consolidar el derecho a la libre determinación. De hecho, este país es uno de los pocos en la región que mantiene vigente un compromiso no resuelto con estos pueblos.
Sin embargo, buena parte de esas reformas ha quedado en el terreno del discurso, pues no necesariamente se están construyendo sociedades interculturales en las que el interés, el diálogo intercultural y la reciprocidad sean la norma y no la excepción. Simplemente se sigue gestionando institucionalmente —es decir, desde el escritorio— la diversidad cultural de los Estados. Así, se reconoce la pluralidad desde la formalidad, pero se rechaza en la realidad. A pesar de las recientes e intensas pugnas constitucionales, los esfuerzos políticos estructurales siguen sin consolidar un reconocimiento expreso y efectivo de la libre determinación de los pueblos indígenas.
El simple reconocimiento de la diversidad ha sido la herramienta predilecta del liberalismo latinoamericano para gestionar la diferencia. Es un acto centralista y urbano que otorga identidad desde la legalidad a quienes siempre la han ejercido en la práctica, como es el caso de los pueblos originarios. Se crean leyes sobre sus lenguas decidiendo si son oficiales o no, se diseñan festivos nacionales y se erigen monumentos sin tomarlos en cuenta. Este reconocimiento ha sido, en el mejor de los casos, más simbólico que pragmático. Es lo que el filósofo Charles Taylor identificaría como una “política de la diferencia” que no altera las estructuras de poder sino que sólo matiza desde las leyes la realidad. Este multiculturalismo de vitrina reconoce y vanagloria al indígena en el museo o en los libros de historia, pero lo criminaliza y estigmatiza cuando defiende sus territorios frente al extractivismo exacerbado y sin límites. Se rememora la herencia indígena en el folclore, en sus costumbres y tradiciones, pero se mantienen las brechas de desigualdad que condenan a estas poblaciones a la periferia del desarrollo. En términos de Charles Hale, se configura así la figura del “indio permitido”: aquel que puede hablar su lengua y vestir sus trajes en ceremonias oficiales, pero cuya cosmovisión es ignorada cuando se trata de decidir sobre el destino de sus recursos naturales o la estructura de la justicia. El multiculturalismo reconoce y tolera la diferencia, pero no las integra en los núcleos del poder ni de las decisiones trascendentes. Acepta la coexistencia, pero no fomenta el diálogo entre los diversos sectores sociales. El reconocimiento, si no va acompañado de una redistribución real del poder, no es más que una cortesía institucional que permite que todo siga igual.
Así, el dilema real aparece cuando pasamos del reconocimiento en el papel a la aceptación en el día a día. Aceptar no es simplemente tolerar; es permitir que la presencia del otro transforme y moldee nuestra forma de ver la vida y sus matices. En América Latina, esto implica una ruptura con la visión estatocéntrica que aún dicta qué conocimientos son ciencia y cuáles son “superstición”, o qué justicia es derecho y cuál es “costumbre”. Frente a esta coexistencia pasiva, surge la interculturalidad no como una descripción de la realidad o como reconocimiento de un hecho dado, sino como una demanda ética y política.
La interculturalidad no busca que las culturas coexistan en paralelo, como compartimentos estáticos. Busca y pretende el diálogo e intercambio de saberes. Aceptar la interculturalidad implica, a modo de ejemplo, que los sistemas de salud pública integren seriamente la medicina tradicional, no como un paliativo rural, sino como una epistemología válida. Es un proceso dinámico de interacción donde todas las partes se ven transformadas e influenciadas sin tomar en cuenta si son mayoría o minoría. La interculturalidad no se decreta desde una gaceta oficial; se construye desmantelando la matriz colonial y patriarcal del Estado. No hay aceptación real sin restitución territorial ni respeto a la libre determinación. Pasar del reconocimiento a la aceptación exige dejar de tratar a los pueblos originarios como patrimonio del pasado para asumirlos como sujetos políticos del presente, capaces de definir el rumbo de sus propios territorios y del país entero.
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Juan Daniel Oliva Martínez es decano e investigador en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), experto en derechos de los pueblos indígenas.
Elías Ángeles-Hernández es profesor en la UC3M y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en derecho indígena y minorías étnicas.
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Los históricos diablos de Teloloapan fueron hombres esclavos y campesinos del norte del actual Guerrero. Comandados por el general Pedro Ascencio, lucharon en la independencia del país.
Advirtamos cuan valiosa es la síntesis de Omar Felipe Giraldo sobre la actualización de la lucha de clases. La realiza definiendo qué entiende por multitud. Diferenciándola de masas y pueblo por ser plural, múltiple y heterogénea. Por estar compuesta de diferencias irreductibles a una unidad; por ser un concepto capaz de reunir la diversidad de clase, cultura, etnicidad y género.
«Las multitudes son multiplicidades de comunidades autónomas de pequeña dimensión, gestionándose no en las divisiones administrativas del Estado nación, sino en territorialidades que siguen los pliegues de la tierra».
Es la re-existencia de las resistencias a la expropiación y mercantilización capitalista de territorios en su guerra contra los pueblos. En efecto, las defensas y recuperaciones de territorios para la vida humana/no humana y la dignidad de los pueblos se comunalizan y territorializan.