Qué Abya Yala – JUNIO 2021

Con eficiencia de saqueo por IIRSA y Proyecto Mesoamérica vs. Con enfoque ecosistémico y humanista de la Cuenca del Plata.

Apreciemos que sus rumbos son opuestos

Historia y presente/ Ofensiva del sistema mundo capitalista /
Alternativas emancipatorias

Historia y presente

El término Abya Yala es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto hacia las raíces de los pueblos originarios; y en ese sentido, el poema Abya Yala Wawgeykuna (Hermanos Americanos), originario del pueblo Quechua de Argentina, hace un llamado a la unidad de los pueblos a mantener presente su origen y a continuar su camino siguiendo las huellas de sus ancestros. Tal como su título indica, Abya Yala Wawgeykuna.

Artes, saberes y vivencias de indígenas americanos, el libro que sostienen en sus manos es un tributo a la filosofía de ese poema, pues intenta plasmar el pasado y el presente de distintos pueblos originarios: sus modos de vida, sus manifestaciones artístico-culturales, sus creencias… y al fin y al cabo, su identidad. Leer

Estamos sumidos en una inflexión histórica como país, como continente y como mundo. El sistema capitalista local e imperialista maximiza el acaparamiento de tierras y bienes comunes hasta el extremo de arrasar la Cordillera, los océanos, los bosques nativos y las selvas. Aún más, está regeografiando el Abya Yala de un modo adverso a la vida y la salud planetarias. Reflexionemos sobre:

IIRSA, La Infraestructura de la devastación
9 de noviembre de 2017

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), es  la planificación y desarrollo de proyectos para la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones tendiente a facilitar el traslado de materias primas explotadas en diversos territorios del cono sur. Fue creada en agosto del 2000 durante la primera Cumbre Sudamericana y cuenta con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

Buena parte de esta nueva invasión vinculada al capitalismo extractivista, se relaciona directamente con el territorio Mapuche de Wallmapu (Puelmapu, territorio mapuche este, centro sur Argentina / Ngulumapu, territorio mapuche oeste, centro sur Chile). Desde este lado de la cordillera (Chile), involucra directamente zonas como Lonquimay Pino Hachado para conexión de puertos como Talcahuano con el principal objetivo de facilitar la salida del petróleo y fracking de Provincias como Río Negro y Neuquén en Argentina.


Asimismo, es posible relacionar las  mejoras en infraestructuras viales en zonas cordilleranas de la Araucanía como Liquiñe – Curarrehue – Pucón – Panguipulli que estarían relacionadas. Por su parte, también involucra el paso Puyehue cardenal Samoré en Osorno, estableciéndose para conexiones varias, incluyendo hacia Puerto Corral entre otros.
Otro paso clave que se ha establecido es el de Puelo – Manso al oeste sur de Los Lagos – Llanquihue que estaría vinculado a yacimientos mineros en Palena (Chile) y Chubut (Argentina), así como con todo el extractivismo especulativo que se pretende en Chiloé.
De la misma forma,  la conexión del paso internacional en Aysén y conexión con camino Longitudinal Austral hasta Magallanes vinculado a Argentina. Es importante destacar, que el enorme aumento de cientos de proyectos de energía en el centro sur de Chile (hidroeléctricos y eólicos), estarían relacionados para la exportación a extractivismo en Argentina y para  futuros proyectos mineros  en el centro sur de Chile.


Frente a esto, durante el 2016 se viene difundiendo “IIRSA, la infraestructura de la devastación”, realización colectiva en la que distintas colectividades del Norte semiárido de Chile se agruparon para reciclar,  resignificar imágenes disponibles en internet, dándole análisis y opinión a esta nueva amenaza que es parte de una realidad y un nuevo conflicto político social .
El objetivo de quienes han levantado esta realización, según se ha publicado, es subvertir los discursos dominantes y la desinformación en torno al IIRSA,  megaproyecto que contempla más de 600 obras de infraestructura para agilizar la explotación de los recursos naturales, en lo que antes de la invasión europea era conocido como Abya Yala (Suramérica)”.

Nota del documental
Actualmente nos encontramos frente al mayor re-ordenamiento territorial efectuado en el continente desde la invasión europea. El mapa político que conocemos de Sudamérica está siendo silenciosa y constantemente redibujado a nuestras espaldas. Mega obras de infraestructura se construyen en estos momentos en cada rincón de nuestra Abya Yala (Sudamérica): Carreteras, túneles, puertos, hidroelectricas, hidrovías, con el fin de facilitar, intensificar, agilizar y encadenar la extracción de los bienes naturales, rediseñando la geografía del continente e imponiendo una territorialidad neoliberal total en función del saqueo capitalista.
 

La IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) no es simplemente una adecuación técnica-material, sino que constituye más bien una avanzada colonizadora jamás imaginada –en términos económicos, políticos y culturales- sobre todo el subcontinente.


El documental es resultado del trabajo común de individualidades y colectivos del norte semiárido de la región chilena, que desde la investigación, reflexión y debate del tema, -y siendo testigos de la desinformación casi absoluta que existe sobre todo en Chile al respecto- hemos venido generando acciones y estrategias para la visibilización, difusión y contrainformación del conflicto, buscando agitar desde una perspectiva anticapitalista y antiautoritaria para la resistencia de los pueblos, desde las ciudades, campos, mares contra la dominación y devastación de nuestra tierra, de la cual somos parte.

Fuente: http://bloglemu.blogspot.com/2017/11/iirsa-la-infraestructura-de-la.html

IIRSA: Resistencias desde los territorios indígenas a este nuevo ciclo de colonización


18 enero 2018

Compartimos este artículo de Ely Jiménez sobre IIRSA Cosiplan que da cuenta de las amenazas y avances de este Plan en los territorios ancestrales como también sobre las resistencias. El texto original se comparte a continuación y fue publicado en Revista Aukin.

IIRSA-COSIPLAN: Un nuevo ciclo de colonización de los mundos indígenas

Por Ely Jiménez Cortés [1]

El plan IIRSA-COSIPLAN está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el control territorial se ha posicionado en el centro del debate político.

En América latina el siglo XXI se abre con la violenta expansión, material y simbólica, de las fronteras extractivas hacia espacios que solo parcialmente habían sido ‘integrados’ al mundo capitalista, y en los cuales se despliega la vida de pueblos y naciones indígenas que han logrado resistir sucesivos procesos de conquista. Los mundos indígenas se enfrentan a un nuevo ciclo de colonización, donde las opciones para el saqueo se multiplican, como señala Guillermo Tascon de la OIA: “La fiebre del oro y la plata de la primera conquista hizo que no vieran los bosques, el agua, el conocimiento; de pronto la codicia nos salvó a muchos pueblos, porque se llevaron apenas lo más visible y lo que era valioso en ese entonces. Pero ahora todo puede convertirse en oro, en dinero. Vienen hasta por los olores de las plantas, por las palabras bonitas de los abuelos y las abuelas…Sobre nuestros territorios los empresarios y el Estado pintan mapas de recursos naturales donde nunca aparece un indio, y hablan de las tierras como si fueran baldías; otra vez no tenemos alma, no somos seres humanos…”

Mediante programas multinacionales como el Proyecto Mesoamericano (Ex Plan Puebla-Panamá) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) del COSIPLAN, la máquina extractivista responde a las demandas del capitalismo depredador con megaobras que derriban las barreras naturales que dieron resguardo a los mundos indígenas en resistencia. No se trata de obras aisladas ejecutadas por gobiernos locales o nacionales, sino de programas de planificación territorial, de largo plazo, que son promovidos por la banca multilateral (liderada por el BID) y consensuados como política de Estado. El avance de las obras se legitima con el ‘evangelio’ desarrollista, que promete ‘superar la pobreza’, ‘generar emprendimientos’ y ‘reconocer el valor agregado de la diferencia cultural’. Así, sin renunciar al uso tradicional de la violencia, este nuevo ciclo de colonización se sostiene en la materialidad de la infraestructura, que avanza lenta y silenciosamente.

En la región sudamericana, IIRSA-COSIPLAN abre los territorios con infraestructuras viales (carreteras, puentes, túneles, hidrovías, etc.) que agilizan la circulación de los bienes que se consideran ‘mercancías’ y, paralelamente, nutre los emprendimientos extractivos con megaproyectos energéticos (hidroeléctricas, centrales nucleares, termoeléctricas, redes eléctricas, etc.). Si bien estas obras no se limitan a los territorios indígenas, es ahí donde han encontrado mayor resistencia. Efectivamente, desde sus inicios el año 2000, las obras IIRSA han desencadenado intensos conflictos territoriales que, paradójicamente, evidencian la capacidad de los pueblos y naciones indígenas para enfrentar, en condiciones de extrema desigualdad, las estrategias de ocupación territorial. Pueblos que la historiografía oficial había declarado extintos, se posicionan contra la IIRSA, desarrollando discursos reivindicativos y articulando alianzas con otros sectores subalternizados.

Aunque no se puede obviar que amplios sectores indígenas han asumido la lógica desarrollista y naturalizado la necesidad de infraestructura como requisito para un mejor vivir, se debe reconocer a los sectores críticos que en defensa de su territorio denuncian el carácter genocida del plan IIRSA-COSIPLAN. En esta línea, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ha declarado: “Las naciones y pueblos indígenas venimos sufriendo los impactos socio-ambientales y la violación de nuestros derechos humanos como efecto de la implementación de estos proyectos. Los hechos demuestran que IIRSA está provocando una acelerada destrucción de la Amazonía, del ecosistema del Pantanal, de los Andes y del Chaco, dañando territorios de los pueblos indígenas, comunidades costeras y ribereñas, desplazando miles de personas, con pérdida de biodiversidad, de medios de vida, agravando la pobreza y arriesgando la pervivencia de las futuras generaciones”. Más allá de estos impactos ecosistémicos, la ejecución de proyectos IIRSA-COSIPLAN se asocia a un ‘régimen extractivista’ que las impone a través de complejas estrategias de control social, que consideran:

(a) La negación de la presencia indígena en los territorios que serán intervenidos. En este caso se ponen en juego dos mecanismos; por un lado, asumir que se trata de territorios no habitados, baldíos, que deben ser aprovechados; y por otro, negar el carácter de indígena a las poblaciones que lo habitan. En ambas situaciones, la negación supone que la consulta indígena, estipulada en el Convenio 169 de la OIT, no es necesaria ni pertinente.

(b) La aplicación selectiva y burocrática de la consulta indígena. En escenarios de conflicto, se aplica la consulta, pero solo a sectores afines o desinformados. Aquí suele operar una aplicación burocrática, que reduce el proceso de consulta a un taller informativo y/o la aplicación de una encuesta individual, que no reconoce las estructuras políticas internas. Generalmente, ésta se aplica cuando el proyecto ya está diseñado y puede usarse para negociar compensaciones.

(c) La implementación de campañas comunicacionales que favorecen el apoyo a las obras. Estas tienen el objetivo de neutralizar el rechazo y se sostienen en discursos de progreso y desarrollo, que dan centralidad a la generación de empleos. Las campañas suelen usar las memorias y tradiciones locales para lograr que las poblaciones se identifiquen con las obras, además de apelar constantemente al ‘bien común’ de la nación en oposición a los intereses particulares de ciertos grupos, que son estigmatizados como ‘conservadores’, ‘antidesarrollistas’ y en algunos casos ‘ignorantes’.

(d) La fragmentación de los proyectos y su desconexión del plan IIRSA. Es común que los proyectos sean divididos en tramos o etapas para tramitar los estudios de impacto e invisibilizar su impacto total. Esto también permite que se presenten como iniciativas locales, focalizadas, que responden a necesidades inmediatas, presentándose como desconectadas de IIRSA-COSIPLAN, de esta forma evaden el debate sobre la planificación territorial y el modelo de desarrollo que conlleva.

(e) Disociar los proyectos IIRSA de los emprendimientos extractivos. Discursivamente se niega o, por lo menos, invisibiliza la relación de las obras de infraestructura, como carreteras o hidroeléctricas, con megaproyectos mineros, hidrocarburíferos, agroindustriales, forestales, etc., que son rentables gracias a ellas. Así se gestiona el rechazo al extractivismo, argumentando que una carretera no explota la naturaleza y una hidroeléctrica es energía renovable.

En su conjunto estas estrategias buscan la ‘pacificación’ de las naciones y pueblos indígenas cuyos territorios serán intervenidos por una obra. En este punto es importante señalar que dichas estrategias, aunque con matices, están presentes en países que claramente asumen el multiculturalismo neoliberal, que les permite gestionar la diferencia cultural bajo las lógicas del mercado (por ejemplo, Chile [2]), y también en los Estados Plurinacionales que constitucionalmente reconocen ciertos niveles de autonomía indígena (Bolivia y Ecuador). En ambos casos, IIRSA-COSIPLAN se ha despolitizado y aceptado como un programa técnico, sin cuestionar su rol como soporte material de la expansión extractivista y, consecuentemente, del ejercicio colonizador.

Algunos conflictos emblemáticos:

El plan IIRSA-COSIPLAN está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el control territorial se ha posicionado en el centro del debate político. En los primeros años, la conflictividad derivada de obras IIRSA, se focalizó en tierras amazónicas, la máquina se abría paso desde el Atlántico, hoy está emerge, aun lentamente, en los territorios que miran al Pacífico. En este contexto, destacamos los siguientes conflictos:

(a) Conflicto por la variante San Francisco-Mocoa en el Putumayo (Colombia). Este proyecto es parte del EID Amazonas, que conecta los puertos de Belem do Pará (Brasil) y Tumaco (Colombia) y, por ende, los océanos Atlántico y Pacífico. Este corredor atravesaría la ruta ancestral Zachamates transitada por los sanadores tradicionales y caminantes de los pueblos Kamentsa e Inga. El gobierno colombiano negó la presencia de estos pueblos, argumentando que no había población habitando estos terrenos. La respuesta indígena es que son sus lugares sagrados, no se habitan porque están en resguardo, es el lugar donde nace el agua que los alimenta a ellos y otros pueblos. Los Kamentsa e Inga denuncian que el tramo abrirá el camino a las mineras y petroleras, que los desplazarán de sus territorios y destruirán la vida en el Putumayo. Los Kamentsa y los Inga se han movilizado con marchas y bloqueos, haciéndose parte, junto a otros 14 pueblos del Putumayo, de la Minga por la Vida, movilización indígena de carácter nacional.

(b) Conflicto por la hidroeléctrica Cachuela Esperanza (Bolivia). Este proyecto forma parte del Complejo hidroeléctrico del Río Madera, que incluye también las hidroeléctricas San Antonio y Jirau en Brasil; este complejo forma parte del EID Perú-Brasil-Bolivia. Es un proyecto muy polémico, ubicado en el oriente boliviano. Ha sido rechazado fuertemente por la CIDOB orgánica, institución que agrupa a los pueblos indígenas de tierras bajas (Amazonía y Chaco). Su retractores argumentan que no es una obra necesaria para el pueblo boliviano, pues su función es exportar energía a Brasil a un altísimo costo ambiental, principalmente por el riesgo de grandes inundaciones que afectarían a pueblos indígenas como los Chacobo, uno de los 14 pueblos que habitan la zona. La construcción de esta obra alteraría las dinámicas ecosistémicas de su entorno inmediato y tendría repercusiones en toda la zona del Beni. Si bien el descontento se ha instalado en la escena pública y ha convocado el apoyo urbano, aún se mantiene como un conflicto latente.

c) Conflicto por el tramo II de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos (Bolivia). Más conocido como el conflicto del TIPNIS, se trata del conflicto más intenso que ha vivido la Bolivia postconstituyente. Si bien el tramo no está en la cartera de IIRSA-COSIPLAN, éste se articula con el corredor Bioceánico Norte que conecta el eje sojero de Rondonia (Brasil) con las costas peruanas y desde ahí con los mercados asiáticos. Desde el 2011, que la construcción del tramo, atravesando un parque nacional y el territorio de los pueblos yuracaré, mojeño y chiman, ha convocado un radical rechazo por parte de indígenas y no indígenas. Las movilizaciones, especialmente las marchas de más de 60 días (de la Amazonía a La Paz) generaron una fuerte crisis política que desestabilizó al gobierno de Evo Morales quien el 2012 debió suspender la obra. Hoy el conflicto nuevamente se hace público tras el anuncio presidencial que ha dado el ‘vamos’ al proyecto, desconociendo los acuerdos previos.

(d) Conflicto por la carretera Interoceánica Sur (Perú). Esta obra forma parte el EID Perú-Brasil-Bolivia; y su objetivo es unir el Acre y el Sur del Perú, pasando por las regiones de Madre de Dios, Cuzco y Puno. Esta obra pondría en riesgo a los indígenas en aislamiento voluntario, además de incrementar la migración andina hacía la región amazónica y la invasión de tierras indígenas en general. En este caso la resistencia indígena fue mucho más focalizada y no concitó solidaridades masivas a nivel nacional. Sin embargo, es importante mencionar el caso por su rol en el escándalo de corrupción protagonizado por la empresa Odebrecht, que aun remece la política peruana [3] y brasilera.

Estos casos ejemplifican claramente la intensidad y el impacto de los conflictos territoriales derivados de la implementación de obras IIRSA-COSIPLAN. Como ya se ha señalado, estas obras no se concentran en territorios indígenas, pero es ahí donde la defensa territorial es más intensa, pues lo que está en juego es la reproducción de territorialidades y sistemas de vida que se despliegan fuera, o en los márgenes, del sistema capitalista. Los proyectos de IIRSA-COSIPLAN ejercen sobre estos territorios un violento proceso de colonización, en que los territorios son domesticados bajo lógicas capitalistas y las identidades gestionadas en función de las nuevas dinámicas de acumulación. Las obras avanzan, pero los pueblos y naciones indígenas se resisten, no han sido derrotados.

Notas:

[1] Investigadora Colectivo El Kintral www.colectivoelkintral.cl

[2] En este país aún no existe un procedimiento consensuado para la consulta indígena y tampoco acuerdo sobre su rol vinculante. La situación no es muy diferente en los casos boliviano y ecuatoriano, donde este instrumento a pesar de haber sido constitucionalizado, su aplicación no logra cumplir los estándares mínimos.

[3] Las investigaciones del caso conllevan el actual arresto preventivo del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

Mapuexpress

Fuente: https://www.biodiversidadla.org/Documentos/IIRSA_Resistencias_desde_los_territorios_indigenas_a_este_nuevo_ciclo_de_colonizacion

En consecuencia, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, es desafío clave caminar hacia multiplicar y extender a todo el Abya Yala la experiencia siguiente convirtiéndola en autogestiva e internacionalista:

Perú. Comunicación indígena y defensa territorial

Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020

Cómo adaptar los instrumentos de comunicación al ejercicio de la defensa territorial fue uno de los objetivos centrales del tercer taller que desarrolló Servindi con periodistas y comunicadores indígenas e independientes de Perú.

La jornada revisó conceptos básicos de comunicación indígena, exploró instrumentos derivados del movimiento indígena como la gobernanza territorial, la autonomía y los protocolos autonómicos de consulta.

También evaluó la afectación del territorio indígena desde una perspectiva intercultural. La sesión de capacitación virtual se realizó el miércoles 18 de noviembre y se efectuó con el apoyo de la DW-Akademie.

Gobernanza territorial indígena

La sesión destacó la importancia capital de la Gobernanza Territorial como la capacidad de los miembros de una comunidad para resolver sus asuntos sociales internamente y contribuir con el desarrollo de sus territorios a través de la participación de los distintos actores territoriales.

La ocasión fue oportuna para compartir una cartilla que aborda de manera pionera el tema y que fue publicada por Servindi en junio de 2016.
Descargue la publicación con un clic en el siguiente enlace: «La Gobernanza Territorial» (PDF

En la gobernanza territorial indígena, los conocimientos y las prácticas tradicionales son cruciales para la administración de los recursos naturales y el territorio.

Los protocolos autonómicos indígenas

Un segundo tema fue conocer la emergencia de los procesos autonómicos indígenas, entendidos como una serie de prácticas destinadas a construir una acción político-territorial de resistencia sociocultural de una determinada comunidad.

Se caracterizan por representar alternativas al modelo de sociedad desarrollista occidental y por girar en torno a la figura de la territorialidad como principio regulador y representan una respuesta a las ideologías sociales dominantes.

Al respecto fue ilustrativo compartir un vídeo editado por el Grupo Internacional sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y una reciente publicación sumamente ilustrativa sobre este emergente tema.https://www.youtube.com/embed/qDEZkUg9x8s

“El disfrute de los derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno solo puede lograrse con el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, a mantener y desarrollar sus propias instituciones de gobierno, y a disfrutar de medios y modos para financiar sus funciones autónomas”. 

Victoria Tauli-Corpuz, exrelatora de las Naciones Unidas . Fuente: “Construyendo autonomías”, IWGIA, agosto de 2020.  
Acceda a la publicación mediante el siguiente enlace: Construyendo Autonomías (PDF, 72 páginas).

El caso del Gobierno Wampis

En el taller se refirió como un caso emblemático de gobernanza territorial desarrollada a través de un proceso autonómico al Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), ubicado en la selva norte peruana, entre las regiones de Amazonas y Loreto.

El GTANW ocupa un territorio de más de un millón de hectáreas habitadas por 22 comunidades indígenas cuya existencia milenaria fue auto-reconocida a través de un “estatutos constitutivo” en 2015.

La libre determinación alcanzada por el GTANW implica el respeto a la relación espiritual con el territorio, a las religiones y a los conocimientos médicos ancestrales desarrollados en la zona.

La información permitió promover como ejercicio práctico para los participantes esgoger una caso para diseñar una campaña comunicativa en base a una caso en el que una población indígena demande o ya esté construyendo un proceso autonómico o de gobernanza territorial.

El debate se enriqueció con la participación de Ronald Suárez Maynas, presidente del Consejo Shipibo Conibo Shetebo (Coshikox) quién compartió el caso del proceso de autodeterminación del pueblo Shipibo Conibo.

El comunicador indígena de larga trayectoria y liderazgo anunció que luego de dos cumbres del pueblo Shipibo Conibo se encuentran avanzados los documentos constitutivos del proceso autonómico y que la pandemia ha interferido algunos eventos para su formalización.

Comunicación indígena

El taller dedicó un espacio a destacar la importancia de los medios de comunicación indígena como actores sociales fundamentales para la supervivencia de los pueblos originarios.

Entre sus principales aportes a la sociedad está el crear, recrear, visibilizar y revitalizar a las culturas indígenas, usualmente apartadas de la agenda mediática de los medios de comunicación tradicionales.

La comunicación indígena permite salvaguardar las lenguas originarias, los planes de vida y los aportes de las culturas indígenas a la vida nacional.

Defensa territorial

La defensa territorial es uno de los principales ejes de organización de los movimientos indígenas. Existen múltiples modalidades de defensa del territorio indígena, y su respectiva gobernanza, así como múltiples amenazas.

En las últimas décadas, dos grandes modalidades amparadas por el estado se han consolidado como las principales amenazas para el territorio indígena: el extractivismo y los proyectos de infraestructura.

Entre estas actividades podemos encontrar a la minería, la tala ilegal, extracción petrolera, plantación de monocultivos, construcción de carreteras, hidrovía amazónica, línea de transmisión eléctrica, etc.

La infraestructura de la devastación

La sesión de dos horas de trabajo culminó con la mención del megaproyecto continental Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA) que consiste en un plan de todos los gobiernos de Sudamérica para elaborar proyectos de infraestructura en transporte, energía y telecomunicaciones.

Para efectos del territorio indígena, la elaboración de proyectos en el marco IIRSA ha significado la deforestación para la construcción de carreteras, el dragado de ríos para la creación de hidrovías y la vulneración a la territorialidad para la construcción de centrales eléctricas.

Los sectores ecologistas han cuestionado el impacto ambiental de la mayoría de obras dentro del marco IIRSA.

Sin embargo, estas cuentan con el apoyo financiero del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).

Específicamente en el Perú el IIRSA se manifiesta en la Carretera Interoceánica, el proyecto de la Hidrovía Amazónica y la Línea de Transmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, entre otros..

Estos proyectos involucran directa o tangencialmente a los territorios indígenas. Asimismo, cada uno de ellos ha sido acompañado por controvertidos procesos de consulta previa en donde los pueblos indígenas no pudieron expresar plenamente su voluntad. Además, el impacto ambiental de todos ellos se ha probado irreversible.

Al final del taller se mencionó el vídeo: IIRSA: la infraestructura de la devastación que explica la lógica territorial que busca imponer el IIRSA y que se impone a otras territorialidades como la de los propios países, los gobiernos subnacionales y las territorialidades indígenas.

Vea el trailer de IIRSA: la infraestructura de la devastación
IIRSA, La Infraestructura de la Devastacion from Videoteca Raymundo Gleyzer on Vimeo.
SERVINDI

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/peru-comunicacion-indigena-y-defensa-territorial/

  Ofensiva del sistema mundo capitalista

Advirtamos la confrontación del Capital Estado en Chile contra el pueblo nación Mapuche y la profundización de la lucha Mapuche:

De la lucha territorial a la lucha por la libertad.

La prisión política Mapuche como mecanismo contrainsurgente

8 de septiembre de 2020

Por Edgars Martínez Navarrete (Rebelión)

A la violencia del Estado chileno, la represión policial y el asedio de los terratenientes y las multinacionales, los presos políticos Mapuche utilizan la huelga de hambre sólida y líquida como herramienta de resistencia en sus propios cuerpos. Tratados como “terroristas” y señalados como el “enemigo interno” por los medios del poder económico, los huelguistas entregan su newen (fuerza) para buscar la libertad de su pueblo.

Yo soñé que soñaba:

que fuimos sometidos

y nos gobernaban tiranos.

Me pongo en huelga de hambre

para despertar la rabia,

despegar el vuelo

y aniquilar el sueño.

Juan Jerónimo Lemus, Cherán, México.

Al momento de escribir estas líneas, los presos políticos Mapuche en huelga de hambre viven horas cruciales 1/. Los comuneros en la cárcel de Lebu llevan 50 días sin comer y los de Angol suman 113 días, pero desde el 24 de agosto iniciaron el ayuno seco, quizá la medida de presión más extrema que un ser humano puede tomar encerrado en una prisión. Si bien los presos de Temuco no se han plegado aún a esta iniciativa, ellos ya llevan 42 días en huelga de hambre. Fue gracias a esta medida y a las distintas movilizaciones alrededor del mundo, que el machi Celestino Córdova pudo doblarle la mano a los poderosos y fijó ciertos acuerdos mínimos, a cambio de terminar su huelga.

No obstante, en todo este tiempo el gobierno de Chile ha dado escasas señales para destrabar el conflicto con el resto de los huelguistas, cuestión irrisoria porque el petitorio de estos, que básicamente busca reglamentar la prisión vinculada a causas indígenas bajo los criterios de la legislación internacional, se encuentra enmarcado en el Convenio 169 de la OIT adoptado por Chile hace más de una década.

Para comprender esta situación es necesario explicar las razones de fondo que motivaron el encarcelamiento político de algunos comuneros. La madrugada del 29 de enero, más de un centenar de efectivos policiales allanó violentamente cinco viviendas en el Valle de Elicura, territorio lavkenche del Wallmapu. Entre golpes, forcejeos y vulneraciones a sus familias, se llevaron en calidad de detenidos a Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura y Manuel Huichacura. Aquella misma tarde, todos los imputados quedaron en prisión preventiva bajo la presunta participación en la muerte de un vecino de la zona.

En la audiencia de formalización se pudo constatar que las únicas pruebas en su contra eran declaraciones brindadas por testigos protegidos. Además de ser contradictorios entre sí, los supuestos testigos no lograron establecer un vínculo entre los imputados y el delito. Ignorando estos vacíos jurídicos, los peñi del Valle de Elikura fueron trasladados a la cárcel de Lebu, en la provincia de Arauco, donde se encuentran realizando actualmente su huelga de hambre.

El weichan, la construcción del enemigo interno y la contrainsurgencia

Durante la década del ‘90, la emergencia del movimiento mapuche, en general, y su línea autonomista, en particular, pusieron en crisis por primera vez el carácter monocultural que el Estado – Nación chileno reprodujo a lo largo de su historia moderna. El prolongado tiempo de la chilenización criolla, impuesta a sangre, fuego y ley, y cristalizada con la frase de Augusto Pinochet “ya no existen mapuches, porque todos somos chilenos” fue rotundamente cuestionada por un pueblo dispuesto a transformar su realidad. Las viciadas promesas culturales del gobierno no pudieron contener la autodeterminación mapuche en la vuelta de siglo.

Las recuperaciones territoriales tomaron fuerza, proliferaron las organizaciones políticas y el weichan, tradición histórica del antagonismo mapuche, se convirtió en la praxis de los sectores que comenzaron a desconfiar de la institucionalidad neoliberal. La zona lavkenche cobijó a las primeras manifestaciones de insubordinación colectiva de este periodo: parió a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y, con esta, todo un legado de rebeldía que se ramificó hasta la actualidad. Los procesos de reivindicación territorial en el Valle de Elikura, por ejemplo, son producto de toda una generación lavkenche criada y formada en este ciclo de insurrección.

En este contexto, viendo amenazados sus intereses en pleno ascenso del “milagro chileno”, las clases dominantes reacomodaron sus estructuras de poder para hacer frente al resurgimiento de un nuevo “enemigo interno”. El Mapuche en lucha pasó a ocupar el lugar predilecto del terrorista racializado. La criminalización pareció ser la vía más efectiva para hacer frente a esta amenaza “innovadora”. Así, se inaugura lo que podríamos caracterizar como un nuevo ciclo de “Conflicto de Baja Intensidad”, es decir, un escenario de contrainsurgencia basado en mecanismos pasivos y coercitivos de sometimiento, cooptación, explotación y persecución a los enemigos del modelo.

Un conflicto de baja intensidad que encubre una arremetida contrainsurgente y neocolonial sobre el pueblo Mapuche en weichan y que se desarrolla en tres niveles interconectados. En primer lugar, a través de una amplia maquinaria creada por los sectores de poder para arrinconar la resistencia, posibilitando la acumulación por desposesión y la reproducción ampliada de capital. A nivel continental esto se plasma en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Tratado Transpacífico (TPP-11),  entre otras. Y a nivel nacional, en el Plan Araucanía, en los intentos de modificación de la Ley Indígena y en el proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA). Estas iniciativas económico-políticas tienen tres objetivos: la apertura definitiva del Wallmapu a las corporaciones transnacionales, el saqueo y la expoliación de los recursos naturales y el sometimiento de la protesta territorial. En definitiva: la subsunción real de la naturaleza, las tramas espirituales y las capacidades políticas de la resistencia mapuche ante el capital.

No obstante, si bien la lógica coercitiva de estos planes proviene de una matriz transnacional movilizada por los intereses del imperialismo contemporáneo, su capacidad operativa reside en el despliegue de una multiplicidad de pivotes nacionales encargados de afirmar la doctrina chilena de “seguridad nacional” contra este nuevo “enemigo interno”. En este segundo nivel se encuentran los numerosos planes de persecución y criminalización que ha impulsado el Estado durante las dos últimas décadas para debilitar al movimiento Mapuche autonomista y acusarlo de “terrorismo”. La “Operación Paciencia” (2002 – 2004) dirigida a desarticular a la CAM, la irrisoria “Operación Huracán” articulada mediáticamente para “descabezar” a Weichan Auka Mapu y nuevamente a la CAM y la Operación Andes (2017), parte de la anterior, con la cual se pretendía vincular a las organizaciones del weichan Mapuche con el tráfico de armas y con estructuras político-militares de diversos territorios. Estos son sólo algunos de los planes conocidos de este nivel de contrainsurgencia.

La construcción de la figura del terrorismo como estrategia de los terratenientes

Pero la “lucha contra el terrorismo” es también la finalidad obstinada de los terratenientes, empresarios forestales y gremios de agricultores de la ultraderecha regional que hoy habitan el Wallmapu. Los herederos del settler colonialism, colonialismo de colonos o de asentamiento, beneficiados por el despojo territorial, el desplazamiento y la subordinación racial del Mapuche, persisten en justificar su presencia histórica, sus propiedades y sus inversiones bajo la defensa de una presunta supremacía blanca nacionalista asociada a una especie de Estado de derecho. Para esto, además de construir la idea del “mapuche terrorista”, se han organizado en grupos de autodefensa paramilitar que amenazan con recrudecer la violencia engendrada por ellos mismos y sus antepasados.

Específicamente para el Lavkenmapu, y para el Valle de Elikura, este plano de la contrainsurgencia se evidencia en la sistematización de datos que sacó a la luz el medio de prensa Mapuche Aukin bajo el titular “El nuevo plan represivo para la franja lavkenche”. En este documento se sintetizan las medidas que el gobierno, en diálogo con los “principales” sectores productivos de la zona, destinarían al sur de la provincia de Arauco con el fin de mitigar los índices de “violencia rural”, categoría mediática a través de la cual se hace referencia a la resistencia lavkenche. La creación de nuevas subcomisarías, la llegada de 100 efectivos a la zona, la presencia permanente de retenes policiales, el arribo de 16 carros blindados todo terreno, un helicóptero y la donación de drones de última generación serían solo una parte del plan represivo con el que se perseguirá a los lov y comunidades que defienden el Lavkenmapu.

El nivel más específico de este conflicto de baja intensidad está relacionado con la prisión política Mapuche. No es un secreto que las cárceles de América Latina tienen color, como señala la antropóloga Rita Segato (2007). Pero no es tan solo eso: la judicialización de la protesta indígena también tiene color. Durante las últimas tres décadas, en Chile se ha sometido de forma sistemática a militantes, dirigentes y autoridades culturales del pueblo Mapuche a largos procesos judiciales que generalmente concluyen en absoluciones o sobreseimientos por falta de pruebas.

Sin embargo, estas causas, famosas por sus inconsistencias técnicas y sus vacíos legales, no tienen necesariamente la finalidad de condenar. Más bien, se busca neutralizar a los combatientes Mapuche, fatigar el movimiento de resistencia y forzarlo a disputar la agenda del gobierno.

Por lo anterior, podemos observar que la prisión política, si bien genera cohesión y ciertos niveles de aglutinamiento socio-comunitario inclusive entre sectores orgánicamente disímiles, presiona al movimiento de apoyo a concentrarse en objetivos inmediatos, descuidando generalmente los fines estratégicos. En este contexto, la liberación de los presos o el mejoramiento de sus condiciones carcelarias pasan a ser, con toda razón, prioridades indiscutibles. Quienes reditúan políticamente de tal situación son las clases dominantes al “mantener” los niveles de insubordinación Mapuche atomizados a un objetivo, aparentemente efímero, pero que requiere del despliegue de un amplio repertorio de alianzas, negociaciones y prácticas contestatarias. A su vez, las acciones en apoyo a los presos políticos y, particularmente, en torno a las huelgas de hambre son procesos emocional y materialmente desgastantes para un movimiento que no se caracteriza por tener extensas redes de solidaridad más allá del Wallmapu o recursos en abundancia.

No obstante, existen momentos de ruptura en los que el movimiento Mapuche marca el ritmo de la agenda y obliga al gobierno a negociar, tal como ha ocurrido durante las últimas semanas donde se han incrementado las acciones de sabotaje, las ocupaciones de espacios públicos y otras medidas de presión que han doblegado la indiferencia gubernamental.

La crueldad como dispositivo biopolítico contrainsurgente

La cárcel y las huelgas de hambre constituyen mecanismos disciplinarios sobre el sujeto y su cuerpo, que se extienden como un dispositivo de dolor a las familias y círculos cercanos que acompañan este proceso. A los ayunos líquido y seco que dejan secuelas crónicas en el organismo de quien la realiza, se suma el sufrimiento producido por las detenciones, los allanamientos y los largos procesos judiciales que derivan en la prisión.

En las últimas tres décadas, cientos de mujeres, hombres, ancianos, ancianas, niños y niñas han sufrido la violencia de estos mecanismos biopolíticos contrainsurgentes, que dejan huellas imborrables en sus vidas. A sus cortas edades, muchos pichikeche (niños y niñas) han pasado sus infancias en territorios militarizados, entre el hostigamiento policial y los lúgubres pasillos de los Tribunales de Justicia. En esta misma lógica, y sin desconocer la ayuda comunitaria que suele activarse, es importante mencionar que son generalmente las mujeres quienes cargan gran parte del esfuerzo en estos contextos, ya que además de cumplir jornada completa en los campamentos levantados rudimentariamente fuera de las cárceles, deben hacerse cargo del trabajo cotidiano en sus hogares y de las múltiples labores en sus respectivos lov y territorios.

A pesar de todo esto, la acción coercitiva de la estructura de poder conformada por las elites chilenas y transnacionales no logran doblegar la voluntad colectiva de los huelguistas. Los presos políticos Mapuche no están luchando por una demanda individual: la huelga de hambre con la que arriesgan sus vidas, busca reglamentar un marco jurídico mínimo para que la prisión política indígena en Chile deje de ser invisibilizada.

Desde sus celdas, los presos políticos Mapuche enfrentan todas las acciones represivas y niveles de la contrainsurgencia.

A la violencia de los consorcios económicos, estructuras políticas, poderes judiciales y aparatos represivos, la combaten con afafanes (gritos de aliento), ceremonias y pequeñas muestras de solidaridad.

Es una contienda desigual, sin lugar a dudas, pero dentro de todo lo desgarrador de este proceso, los presos políticos Mapuche encarnan la mayor expresión de dignidad humana posible: entregan su vitalidad y su newen (fuerza) para buscar la libertad de su pueblo.


1/ Texto en honor a la digna resistencia de los presos políticos Mapuche en huelga de hambre de la cárcel de Lebu: Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Tomás Antihuen, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura, Manuel Huichacura, Cesar Millanao, Orlando Saez, Damian Saez, Robison Parra, Oscar Pilquiman. A la vez, lo dedico con cariño a Kelüray y Külapañgi, semillas de rebeldía en el Lavkenmapu.

Edgars Martínez Navarrete es militante de la causa Mapuche autonomista, integrante de AUKIN y candidato a doctor en Antropología por el CIESAS-CDMX
Fuente: https://rebelion.org/la-prision-politica-mapuche-como-mecanismo-contrainsurgente/

En consecuencia, el sistema mundo y sus locales hacen avanzar su acumulación oligopólica a costa de cada vez más excluidos: económicos, sociales, políticos y culturales.  Excluidos del negocio, en diferentes gradaciones, o excluidos del poder.

Ante este creciente avasallamiento de derechos de los pueblos e individuos, el capitalismo lo vuelve gobernable mediante Estado policial militarizado.

Ana Esther Ceceña relata: Una de las cuestiones centrales es que los jóvenes perdieron espacio y perspectiva.  Se estaba gestando una sociedad con poco margen de absorción, y en la que desaparecían las posibilidades de empleo o incorporación y se cancelaban los horizontes. (…)

Ahí llegó la generosa oferta para la ubicación de los jóvenes.  La incorporación a las policías o al ejército ofrecía condiciones que no se obtenían en ningún espacio productivo, además de que ofrecía un pequeñito reconocimiento y un pequeñito poder a aquellos que habían quedado en calidad de inútiles sociales.  Pero también vino la propuesta de incorporarse a las filas aparentemente contrarias.  Los negociantes de drogas o los empresarios de actividades ilegales requerían también conformar sus ejércitos de servidores o de matones.  Y esas dos han sido fuentes de empleo recurrentes durante las dos o tres últimas décadas, así como generadoras de una nueva cultura: la cultura del mercenario, la del poder arbitrario, la del saqueo por extorsión.

Mientras la economía “legal” entraba en crisis, la del lado oscuro se multiplicaba, acomodándose en algunos de los mismos rubros de la “legal”, solamente que con modalidades más rentables.

Un ejemplo es la explotación minera no declarada, en la que incluso se emplean diferentes versiones del trabajo esclavo.  Ya sea en las minas africanas o en las de México, con el trabajo forzado de niños o adolescentes, incluso con el de grupos secuestrados para tales efectos, custodiados por cuerpos armados que pueden ser del propio ejército o de mercenarios, el producto casi no cuesta porque no se paga a los trabajadores, no paga impuestos porque no se declara y se exporta con la complicidad tanto de los consorcios mineros y de sus estados de origen, como con la de autoridades locales que reciben una parte de la ganancia por su ceguera o su protección.

Este capitalismo desdoblado logra así no sólo sortear las crisis sino expoliar doblemente a la población mediante trabajo esclavo o semiesclavo, extorsiones de diferentes tipos, expulsión de sus tierras, robo directo de sus pertenencias y otros similares.  La clave: el ejercicio de una violencia despiadada.

En estas circunstancias, el Estado se vuelve parte del proceso y a la sociedad se le van imponiendo condiciones de guerra en el ámbito cotidiano.  La violencia se instala como disciplinador social y su ejercicio se dispersa.  En un juego de público-privado los controladores sociales emergen en torno a las fuentes reales de ganancia, legales o ilegales, y en torno a la configuración de poderes locales ungidos por su capacidad de imponer un orden correspondiente a estas modalidades de acumulación.

En este contexto analicemos porqué:

Ayotzinapa, emblema del ordenamiento social del siglo XXI
19 de diciembre de 2014

Ana Esther Ceceña

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento América Latina: Cuestiones de fondo 12/01/2015

A Julio César Mondragón

In memoriam

Ayotzinapa es hoy un emblema, por cierto ominoso, de las atrocidades a las que da lugar el capitalismo contemporáneo.  Ayotzinapa es cualquier parte del mundo donde se levante una voz disidente, una exigencia, un signo de rebeldía ante la devastadora desposesión y arrasamiento en los que se sustenta la acumulación de capital y las redes del poder que lo sostienen.
Ayotzinapa es resultado de un conjunto de procesos entrecruzados que, con mayor o menor densidad y visibilidad, son consustanciales al capitalismo del siglo XXI y que, en esa medida, no se circunscriben a México sino que se van extendiendo subrepticia o escandalosamente en todo el globo.

El capitalismo del siglo XXI

Cada vez es más claro que el capitalismo de nuestros tiempos funciona en un doble carril. Por un lado tenemos la sociedad formalmente reconocida, con su economía, sus modos de organización y confrontación y su moralidad; y por el otro crece aceleradamente una sociedad paralela, con una economía calificada genéricamente de ilegal, y con una moralidad, modos de organización y mecanismos de disciplinamiento muy diferentes.

Hay lugares del mundo, como México, donde las crisis del neoliberalismo, además de provocar cambios sustanciales en su ubicación en la división internacional del trabajo, en la definición de sus actividades productivas y en los modos de uso de su territorio, generaron una fractura social que se ha profundizado con el tiempo.  Una de las cuestiones centrales es que los jóvenes perdieron espacio y perspectiva.  Se estaba gestando una sociedad con poco margen de absorción, y en la que desaparecían las posibilidades de empleo o incorporación y se cancelaban los horizontes.  No había cabida para muchos de los antiguos trabajadores, y mucho menos para los recién llegados al escenario.  La generación X la llamaron algunos, la que no sabe para dónde va porque no tiene para dónde ir.  La nueva fase de concentración capitalista cerraba los espacios al mismo tiempo que extendía su ámbito.  Se apropiaba las tierras, las actividades domésticas incluso, y hasta el entretenimiento, pero expulsaba de sus bondades a oleadas crecientes de población: precarizándolas o convirtiéndolas en parias.

Con un proceso de esta profundidad y características, no puede hablarse de un orden social.  Las condiciones apuntan más bien al desorden, a la ruptura, a la descomposición, a las fracturas.  Es decir, el orden apela al autoritarismo, que es el único medio visible para garantizarlo.

La militarización del planeta, incluyendo especialmente los ámbitos de la cotidianidad, empezó a convertirse en la impronta general del proceso.  La estabilidad del sistema no requería solamente del mercado “libre y abierto” de los neoliberales, sino de una fuerza que garantizara su funcionamiento.  El mercado militarizado, con manos no solamente visibles sino bien armadas.  Fue ésta la ruta del capitalismo formal, reconocido y, paradójicamente, “legal”.

Pero las fracturas abiertas en la sociedad de esta manera, como si le hubieran aplicado un fracking, encontraron su escape o cobijo en la gestación de una sociedad paralela.  Una sociedad que se abrió paso en los resquicios ocultos de la otra pero que la terminó invadiendo.  Una sociedad que rescató la inmundicia que la hipocresía de la otra rechazaba, y la convirtió en negocio, en espacio de acumulación y de poder.

Todos los negocios ilícitos pasaron hacia allá.  Tráfico de armas, producción y tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico de especies valiosas y escasas y una gran cantidad de variantes de estos que son de los negocios más rentables, entre otros porque no están sometidos al pago de impuestos, pero que la moralidad establecida se ve obligada a negar.

Y ahí empezó el juego de unos contra otros haciendo crecer el negocio de armas y, sobre todo, las prácticas de extorsión, chantaje, secuestro o cualquiera de sus variantes.

No obstante, la acumulación de capital se nutre de ambos.  Quien pierde es el conjunto de los excluidos: económicos, sociales, políticos y culturales.  Excluidos del negocio, en diferentes gradaciones, o excluidos del poder.

Ahí llegó la generosa oferta para la ubicación de los jóvenes.  La incorporación a las policías o al ejército ofrecía condiciones que no se obtenían en ningún espacio productivo, además de que ofrecía un pequeñito reconocimiento y un pequeñito poder a aquellos que habían quedado en calidad de inútiles sociales.  Pero también vino la propuesta de incorporarse a las filas aparentemente contrarias.  Los negociantes de drogas o los empresarios de actividades ilegales requerían también conformar sus ejércitos de servidores o de matones.  Y esas dos han sido fuentes de empleo recurrentes durante las dos o tres últimas décadas, así como generadoras de una nueva cultura: la cultura del mercenario, la del poder arbitrario, la del saqueo por extorsión.

Mientras la economía “legal” entraba en crisis, la del lado oscuro se multiplicaba, acomodándose en algunos de los mismos rubros de la “legal”, solamente que con modalidades más rentables.

Un ejemplo es la explotación minera no declarada, en la que incluso se emplean diferentes versiones del trabajo esclavo.  Ya sea en las minas africanas o en las de México, con el trabajo forzado de niños o adolescentes, incluso con el de grupos secuestrados para tales efectos, custodiados por cuerpos armados que pueden ser del propio ejército o de mercenarios, el producto casi no cuesta porque no se paga a los trabajadores, no paga impuestos porque no se declara y se exporta con la complicidad tanto de los consorcios mineros y de sus estados de origen, como con la de autoridades locales que reciben una parte de la ganancia por su ceguera o su protección.

Este capitalismo desdoblado logra así no sólo sortear las crisis sino expoliar doblemente a la población mediante trabajo esclavo o semiesclavo, extorsiones de diferentes tipos, expulsión de sus tierras, robo directo de sus pertenencias y otros similares.  La clave: el ejercicio de una violencia despiadada.

En estas circunstancias, el Estado se vuelve parte del proceso y a la sociedad se le van imponiendo condiciones de guerra en el ámbito cotidiano.  La violencia se instala como disciplinador social y su ejercicio se dispersa.  En un juego de público-privado los controladores sociales emergen en torno a las fuentes reales de ganancia, legales o ilegales, y en torno a la configuración de poderes locales ungidos por su capacidad de imponer un orden correspondiente a estas modalidades de acumulación.

Las guerras difusas y asimétricas

Las condiciones de concentración de la riqueza y el poder en el capitalismo contemporáneo, con su correlativa precarización creciente de amplios sectores de la sociedad, han llevado al sistema a una situación de riesgo que se manifiesta en conflictos y confrontaciones permanentes de carácter asimétrico, de acuerdo con la terminología del Pentágono. Cada vez más las guerras del mundo contemporáneo se rigen por la idea del enemigo difuso y adoptan la figura de guerras preventivas, la mayoría de las veces no declaradas.

Los operativos de desestabilización y de disciplinamiento, los episodios de violencia desatada en puntos específicos y de violencia dosificada in extenso, son los mecanismos idóneos de guerras inespecíficas contra enemigos difusos. Son, a la vez, el mejor modo de abrirse paso para asegurar el saqueo de recursos de muchas regiones del planeta creando una confusión que dificulta la organización social. El abastecimiento controlado de armas y la instigación de situaciones de violencia son los aliados buscados por el capitalismo de nuestros tiempos.

No hay guerras declaradas. No hay guerras entre equivalentes. Hay corrosiones. Una mancha de violencia que se va extendiendo acompaña al capitalismo de inicios del siglo XXI. Las instituciones de disciplinamiento y seguridad de los Estados han resultado insuficientes frente al altísimo nivel de apropiación-desposesión al que ha llegado el capitalismo. Estas instituciones se replican de manera privada y local tantas veces como sea necesario. Aparecen “estados islámicos” lo mismo que “guardias privadas” o que “cárteles” y “pandillas” del llamado crimen organizado, que protegen y amplían o profundizan las fuentes de ganancia, las fuentes de acumulación, y que, por tanto, son complementarias a las figuras institucionales reconocidas para esos fines. Igual que las fuerzas del mercado requirieron un soporte militarizado, las fuerzas institucionales de disciplinamiento social requieren, dado el nivel de apropiación-desposesión, de un soporte desinstitucionalizado capaz de ejercer un grado y un tipo de violencia que modifique los umbrales de la contención social. Son fuerzas “irregulares” que, como el estado de excepción, llegaron para quedarse. Se han incorporado a los dispositivos regulares de funcionamiento del sistema.

Ayotzinapa como límite

Colombia tenía una guerra interna cuando inició el Plan Colombia y, a pesar del cambio de intensidad en la violencia ejercida y la intromisión directa y evidente de Estados Unidos en la gestión del conflicto, quizá el cambio en otros terrenos no fue tan visible. México, al contrario, era celebrado como emblema del disciplinamiento en democracia antes de la Iniciativa Mérida.

En menos de diez años, el eje de disciplinamiento pasó de las manos del Partido Revolucionario Institucional -PRI- a las de la violencia, tanto del Estado como privadas. La clave estuvo en los dispositivos de corrosión que prepararon el terreno y en la desproporción con la que se asentaron los correctores. Violencia existe en todas las sociedades pero su dimensión y las formas con que se introdujo fueron imponiendo nuevas lógicas sociales. En este periodo, la sociedad mexicana tuvo que acostumbrarse a decapitaciones, mutilaciones, cuerpos calcinados, desapariciones reiteradas, fosas comunes y una ostentosa complicidad de las instancias de seguridad y justicia del Estado.

Las estimaciones rebasan ya los cien mil desaparecidos y las noticias diarias van de 20 muertos en adelante. México se ha convertido en cementerio de pobres y migrantes a los que se extorsiona, se secuestra para trabajo esclavo, se mata con tremendo salvajismo para amedrentar y disciplinar a los otros o se mata masivamente. La relación de estas acciones con el control de migraciones en Estados Unidos es sólo especulación, pero no hay duda de que ha dado resultado. Lo que es evidente es el acaparamiento de tierras, de negocios, de recursos y de poder a que esto da lugar. Cada vez hay más desplazados y más desposeídos que no se atreven siquiera a reclamar por miedo a las represalias y porque además no hay instancias de justicia que los amparen.

En menos de diez años y después de mucho dolor, la sociedad está transformada. Corroída, con signos claros de balcanización, con crecimiento de poderes locales que establecen sus propias normas y que negocian con los poderes federales. El miedo fue instalado mediante un salvajismo explícito y reiterado, aunque, de tanto insistir, ha terminado por empezar a generar su contrario.

Ayotzinapa es la cima de la montaña. En Ayotzinapa se tocaron todos los límites. Se cazó con total impunidad, con ostentación de fuerza, de complicidad total entre el Estado y el crimen organizado, a lo más sentido de la sociedad: jóvenes pobres de zonas rurales devastadas, estudiantes para ser enseñantes, hijos del pueblo con alegría de vivir, con deseos de cambiar el mundo, ése que nadie quiere aceptar. Pero además, Ayotzinapa es la cima de una montaña de agravios, indefensión y rabia. Es la conciencia acumulada de la ignominia y la indignidad. Es la situación límite que regresó la energía, vitalidad, coraje y dignidad del pueblo de México a las calles. “Nos han quitado tanto que hasta nos quitaron el miedo” era una de las primeras pancartas portadas por jóvenes de todos lados. Julio César Mondragón, joven de recién ingreso en la Escuela Normal de Ayotzinapa, ya padre desde hace unos cuantos meses y víctima de la tortura más salvaje que hayamos presenciado, ha sido involuntariamente el detonador, a fuerza de su dolor, de la recuperación de la fuerza, la esperanza y la decisión en el pueblo de México, hoy movilizado como hacía tiempo no estaba.

Ayotzinapa es un emblema. Es la punta del iceberg o es un clivaje.

Ayotzinapa es el emblema de las guerras del siglo XXI y de las nuevas formas de disciplinamiento social que vienen acompañando los procesos de saqueo y desposesión en todo el planeta. En diez años México, que no pasó por la negra noche de las dictaduras en América Latina aunque sí tuvo guerra sucia y masacres, fue transformado en una tierra de dolor y fosas comunes. El problema no es “el narco”; el problema es el capitalismo.

Ayotzinapa es un espejo con dos caras: la de la ruta del poder es evidente, visible y avasalladora; la del llamado a defender la vida es pálida y discreta, pero seguramente marcará huellas.

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2014/12/19/ayotzinapa-emblema-del-ordenamiento-social-del-siglo-xxi

Alternativas emancipatorias

Superemos la falsa polarización entre gestión estatal o privada que plantea el Frente por la Soberanía Nacional.

Hidrovía Paraguay-Paraná: Evitar un error no menor

20 de febrero de 2020

Artigo de Jorge Daneri, Integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) sobre a Hidrovia Paraná-Paraguai

Por Jorge Daneri

El presidente Alberto Fernández anunció en la ciudad de Santa Fe lo que sería una especie de delegación de la gestión de la hidrovía Paraguay Paraná (HPP), en favor de las provincias ribereñas.

Lo expuesto sería como pasar de un extremo, lo vigente, al otro extremo, la provincialización. La HPP tiene historias y es importante que la memoria social e institucional no desaparezca o se la niegue.

Apelamos a sostener el pleno ejercicio del federalismo de concertación, la democracia ambiental, en un tema, la denominada Hidrovía Paraguay Paraná que desde lo sectorial es eso, un tema, pero que no es uno, sino demasiados, desde una visiona más sistémica. Se trata de dos ríos y sus mundos, pero aún mas, es la cuenca del Plata en Argentina y las decisiones estatales sobre modos de gestión, que hasta la fecha han sido fragmentadas y liberadas al mega mercado de los agronegocios y el extractivismo sin límite ni control.

Por lo tanto, es importante hacer una lectura muy detallada de esta historia de casi 30 años, lo mas breve posible y poniendo foco en los destinatarios de las presentes reflexiones, el Presidente, los tomadores de decisión y los movimientos sociales y ecologistas.

La decisión sólida debe tomarse luego de analizar las siguientes normas, antecedentes y sus procesos sociales e institucionales:

A) Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los casos Matanza Riachuelo y Río Atuel, son relevantes por que señalan el camino institucional y jurídico adecuado para poner en valor la conformación de los Comité de Cuencas y los Programas que deben implementarse, sí o sí. (1 y 2). Es decir, no se puede avanzar seriamente sin la conformación del comité de cuenca del río Paraná Paraguay, no solo para un gestión de la HPP, sino para la construcción social y democrática de un Programa de Gestión Ambiental y una diversidad enorme de proyectos temáticos de manera concertada entre todas las provincias en dicho espacio institucional.

A-1) El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico mediante el cual determinó la responsabilidad que le corresponde al Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de prevención y recomposición del daño ambiental existente en la cuenca (caso Cuenca Matanza – Riachuelo).

Estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando quienes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, como el plazo en que las mismas deberán ser cumplimentadas, estableciendo un mecanismo que garantiza la participación y el control ciudadano en la ejecución o cumplimiento de la sentencia (3).

Mas precisamente el fallo en su dispositivo 17) determina: «Que por la presente sentencia la Autoridad de Cuenca queda obligada a cumplir el siguiente programa: I) Objetivos: El programa debe perseguir tres objetivos simultáneos consistentes en: 1) La mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 2) La recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos); 3) La prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. Para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos la Autoridad de Cuenca deberá adoptar alguno de los sistemas internacionales de medición que se encuentran disponibles e informar al tribunal competente para la ejecución de esta sentencia en un plazo de 90 (noventa) días hábiles. (…)”.

A-2) El máximo Tribunal Nacional, en la última experiencia judicial del conflicto en la gestión de la cuenca del río Atuel ( litigio entre las provincias de Mendoza y La Pampa), desarrolla una acertada visión integral de cuenca hídrica en cuanto a su debida y necesaria gestión político institucional.

Así la CSJN expone que «… La Cuenca del Río Atuel es un sistema integral, que se refleja en la estrecha interdependencia entre las diversas partes del curso de agua. El Tribunal resaltó en ese sentido la importancia de abordar el conflicto desde esa perspectiva integral de cuenca hídrica.

Explicó en este punto que la solución del caso requiere la adopción de medidas referidas a la cuenca en general y no limitadas a las jurisdicciones territoriales, porque los conflictos ambientales no coinciden con las divisiones políticas o jurisdiccionales. Remarcó que la concepción misma de la cuenca hídrica es la de unidad, en la que se comprende al ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente en particular.

Precisó que la cuenca hidrográfica es el eje de la acción a cargo del Organismo de Cuenca. Las cuencas son ámbitos físicos dentro de los cuales los distintos usos y efectos de los recursos hídricos y los demás recursos naturales son naturalmente interdependientes y por tal motivo deben ser usados y conservados de manera integrada. La regla es el tratamiento de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, a cargo de un Organismo de Cuenca, en contraposición al manejo sectorizado de la acción; en Argentina, se refleja como Principio Rector N º 17 de «Gestión Integrada del Recurso Hídrico», de los Principios Rectores de Política Hídrica aprobados por el COHIFE (Consejo Hídrico Federal).

La Corte resaltó que esta visión se inscribe en la evolución que ha tenido el concepto de manejo de cuencas: ha ido variando desde un enfoque orientado básicamente a la captación de agua a otros niveles más complejos, como los de protección de los recursos naturales y la mitigación del efectos de fenómenos naturales extremos, para luego pasar a los de mejora de la producción (agrícola, industrial, ganadera, minera, forestal) en forma combinada con el manejo integrado de los recursos naturales de una cuenca.

En esta línea, que compartimos ampliamente, el Tribunal expone que el «…programa de ejecución de obras debe elaborarse en el marco de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), en el entendimiento de que se trata de un organismo creado por las propias provincias interesadas, justamente para dar respuesta al conflicto. Para asegurar que ese objetivo sea cumplido, el Tribunal precisó que las provincias y el Estado Nacional deberán aportar los recursos necesarios para fortalecer institucionalmente a la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior…”.

El Tribunal enfatizó que dicha Comisión Interprovincial es el organismo formalmente constituido por las partes a los efectos de llevar adelante las tratativas tendientes a lograr un entendimiento respecto al aprovechamiento de las aguas del río Atuel, en el marco de un federalismo de coordinación (contrario al federalismo de oposición) superador de conflictos estériles entre Estados integrantes de una sola Nación.

Los fallos mas que operativos de la CSJN, son contundentes e inapelables: ¿Qué queremos marcar con el mayor cuidado y precisión que nos resulta posible? No se puede avanzar sectorialmente, se debe conformar como primaria decisión, el comité de cuenca de los dos ríos. No solo no es suficiente lo vigente o la delegación total a las provincias con el foco sectorial en HPP. Es contrario a lo que la Corte Suprema de Justicia y la normativa constitucional y nacional vigente dispone sobre vías navegables y comercio en su armonización con la titularidad de los bienes naturales y el federalismo de concertación.

Otros puntos a tener en cuenta

B) En el año 2008 se conforma el PIECAS (4), Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná. Se produjeron dos documentos relevantes, “Línea de Base” y una “Evaluación Ambiental Estratégica” que deberían ser puestos en la mesa de las decisiones para no avanzar en renovados errores. El segundo, en particular, expone deberes institucionales para la máximas autoridades ambientales Nacional y Provinciales de la Cuenca que nos ocupa, significativos e imposibles de ignorar. Su Comité de Alto Nivel Técnico no funciona sistemáticamente, no tiene un reglamento operativo y no cumple funciones -por lo tanto- de comité de Cuenca en el tramo sur de la Cuenca del Plata. En esta línea, estuvo totalmente ausente del proceso decisiorio vinculado a la gestión de la HPP.

C) En la línea expuesta, en agosto de 2003, nacen los Principios Rectores de la Política Hídrica Nacional así concertados entre todas las Provincias con la Nación, en los que, entre otros principios, se acuerda:

17- Gestión integrada del recurso hídrico

La gran diversidad de factores ambientales, sociales y económicos que afectan o son afectados por el manejo del agua avala la importancia de establecer una gestión integrada del recurso hídrico (en contraposición al manejo sectorizado y descoordinado). Ello requiere un cambio de paradigma, pasando del tradicional modelo de desarrollo de la oferta hacia la necesaria gestión integrada del recurso mediante la cual se actúa simultáneamente sobre la oferta y la demanda de agua, apoyándose en los avances tecnológicos y las buenas prácticas. Asimismo, la gestión hídrica debe estar fuertemente vinculada a la gestión territorial, la conservación de los suelos y la protección de los ecosistemas naturales…”

25- Organizaciones de Cuenca

Dada la conveniencia de institucionalizar la cuenca como una unidad de gestión, se promueve la formación de ‘organizaciones de cuenca’ abocadas a la gestión coordinada y participativa de los recursos hídricos dentro de los límites de la cuenca. Las organizaciones de cuenca resultan efectivas en la coordinación intersectorial del uso del agua y en la vinculación de las organizaciones de usuarios con la autoridad hídrica. De ello se desprende el importante rol de estas organizaciones como instancia de discusión, concertación, coordinación y cogestión de los usuarios del agua; y como instancia conciliatoria en los conflictos que pudieran emerger”.

27- El Estado Nacional y la gestión integrada de los recursos hídricos

El Estado Nacional promoverá la gestión integrada de los recursos hídricos del territorio argentino observando premisas de desarrollo sustentable. Para ello proveerá criterios referenciales y elementos metodológicos que posibiliten la implementación de tal gestión por parte de los distintos ámbitos jurisdiccionales. Paralelamente apoyará la investigación científica y la formación de capacidades con el fin de mejorar el conocimiento del recurso; articulando con las distintas jurisdicciones la cooperación en los campos científico, técnico, económico y financiero destinada a la evaluación de los Recursos Hídricos y al aprovechamiento y protección de los mismos, actuando siempre en el marco de estos Principios Rectores”.

D) Revisando esta historia institucional y con la misma visión de cuenca, en diciembre de 2002 se promulga la la ley 25.688 de presupuestos mínimos ambientales para la preservación del agua, su aprovechamiento y uso racional.

La norma ambiental en su artículo 3º dispone que las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran “indivisible”. El artículo 4º ordena crear los comité de cuencas interjurisdiccionales.

E) Sobre fines del siglo pasado, fuimos impulsores desde organizaciones ecologistas de la cuenca sur del Plata y en la articulación liderada por la Coalición Ríos Vivos, de las «Recomendaciones del Defensor del Pueblo de la Nación”, expuestas en la Resolución Nº 04341/98, donde se recomienda a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación la adopción de las siguientes medidas:

1- La elaboración de un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca, previo a la aprobación de los planes parciales de gestión ambiental.

2- Instar a la concreción de un Órgano de Control de los dragados que se efectúen en la cuenca del Río de la Plata independiente de ese organismo.

De los considerandos se destaca como los conceptos y valoraciones más sobresalientes, los siguientes:

Que en el nivel nacional no existe un estudio de impacto ambiental que contemple los efectos que la totalidad de los trabajos a realizarse en la cuenca del Río de la Plata puedan causar.

Que, en consecuencia, tampoco existe un Plan de Gestión Ambiental Global para todas las Hidrovías que desembocan en el Río de la Plata.

Que, pese a ello, se prevé la aprobación de Planes de Gestión Ambiental de cada tramo, por separado, en base a los estudios parciales referidos.

Que ello se ve agravado por el hecho de que para el tramo Santa Fe-Asunción se toma como base el estudio aceptado por el CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía) que ha sido severamente cuestionado.

Que ello importa realizar la mayor parte del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná sin una adecuada evaluación previa del impacto ambiental, lo que sumado a la carencia de estudios integrales del comportamiento de la cuenca impiden evaluar correctamente las modificaciones que puedan existir por los trabajos que se realizarán».

Esta resolución, con mas de veinte años de existencia, muestra la inapelable vigencia de una realidad que determina que esta misma Resolución podría hoy ser la parte, precisamente, resolutiva de una nueva y de la misma Defensoría, con fecha cierta en estos tiempos o de una Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada el 1 de marzo de 2021. Nada cambió, al contrario -más allá de las graves denuncias de corrupción desde el Menemismo en adelante y el hoy escándalo, público y notorio sobre el descontrol institucional del proceso HPP, que no es el foco de estas reflexiones, pero que no podemos ser ingenuos en dejar de señalar- porque precisamente esto amerita un mayor ejercicio de la ética del cuidado mutuo, por todo lo que esta en debate en la cuenca con mayor disponibilidad de agua dulce del país, la mas «productiva», poblada y centro de una diversidad cultural y biológica aún posible de preserver y recomponer.

Es que de lo que se trata, no es de debatir y decidir solo sobre una ‘vía fluvial agro-industrial-exportadora’, sino sobre algo mucho mas diverso y cargado de cultura, historias y texturas milenarias de todos los reinos de vida del agua y sus ecosistemas asociados. No tomar las decisiones sobre el marco jurídico institucional expuesto por el máximo Tribunal de la Nación, es llevarlo al conflicto social y judicial inexorablemente. Si el Presidente de la Nación vuelve con dedicación y cuidado al texto de la Encíclica ‘Laudado Sí’ citada en su Mensaje al H. Congreso de la Nación, deberá ampliamente, comprender y aplicar en sus decisiones los principios de complementariedad, prevención e incluso precaución, no solo ambiental, sino esencialmente como principios de sana política hacia una transición justa y de cuidado de los sectores mayoritariamente mas vulnerables».

Finalmente, el flamante ministro de Ambiente de la Nación Juan Cabandié, no puede “dormirse” en esta enorme temática, como sí lo hicieron sus antecesores. Tiene una responsabilidad mayor y extremadamente delicada, debe participar en todo el proceso de construcción de decisiones políticas en un ejercicio pleno y activo de la democracia ambiental y el federalismo de coordinación.

Como el Presidente expuso en el Congreso de la Nación y el ministro en la Cumbre de Cambio Climático (Madrid) “El cambio climático es una política de Estado en Argentina y buscamos que se consolide como política pública participativa, transparente y federal”. De esto precisamente se trata; que así sea.

Notas:  (*) Integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación La Hendija de Paraná y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Fuente: https://ecoa.org.br/hidrovia-paraguay-parana-evitar-un-error-no-menor

Sigamos profundizando en el debate que bloquean tanto el gobierno de les Fernández (representando los intereses del sistema global de agronegocios) como el Frente por la Soberanía Nacional.

Hidrovía Paraná-Paraguay: ambientalistas piden participación en la licitación de obras

16 de febrero de 2021

La Hidrovía Paraná-Paraguay es la ruta fluvial por la que pasa el 75% del comercio exterior de Argentina y está sufriendo una bajante histórica como consecuencia del cambio climático.

Es por ello que agrupaciones ecologistas buscan mayor participación en la licitación que Argentina está por llamar para que se realicen nuevas obras que sumen capacidad de transporte a menor costo, también con impacto ambiental.

Se trata de un proyecto de ingeniería en el corredor natural de transporte fluvial de 3.400 kilómetros de largo, a través de los ríos Paraná y Paraguay, que permite el ingreso y egreso dentro del continente de barcos y barcazas de los agroexportadores e industrias extractivas y automotriz y la navegación entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay.

Argentina comparte con Paraguay el último tramo, en el cual el trecho central, el río Paraná es sólo de Argentina.

El año 2020 estuvo marcado por la fuerte caída en el nivel del río Paraná, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que condicionó el transporte fluvial de las barcazas y la capacidad de carga de los 21 puertos despachantes.

Según ese informe, en mayo pasado el nivel del agua en la localidad de Rosario descendió hasta 0,08 metros, un mínimo desde diciembre de 1971. Además, la altura del agua promedió 0,5 metros ese mes, 3,18 metros por debajo del nivel promedio desde 1995.

Y por segundo año consecutivo, la bajante del río fue tan grande que dejó a la vista la malla protectora superior del túnel subfluvial que une las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, inaugurado en 1969.

A nivel regional, la Hidrovía Paraná-Paraguay es parte del sistema hídrico Cuenca del Plata, de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, una de las reservas hídricas más importantes del globo, dentro de la jurisdicción de aquellos cinco países.

Las bajantes que sufren los ríos tienen su origen en el proceso de deforestación que se está dando en la Amazonia y en el Gran Pantanal y en el sistema de humedales de los ríos Paraná y Paraguay, que es el sistema de humedales más grande y vivo del mundo, dijo a Efe Jorge Daneri, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA), publicó Clarín.

«Hay trabajos científicos que hablan de los ríos voladores, que vienen de la Amazonia a través de las lluvias y que todo este proceso de deforestación de la selva amazónica hace que en la Cuenca del Plata haya el impacto de disminución gigantesca de lluvias y grandes bajantes», agregó Daneri.

Licitación

En este contexto, el gobierno argentino ha dicho que llamará en los próximos 20 días a licitación internacional para cambiar al operador que hará la ampliación, dragado y mantenimiento de la hidrovía en el río Paraná.

Para los usuarios privados, es un proyecto de relevancia para el futuro económico del país al bajar los costos del transporte, que puede contemplar medidas para mitigar el impacto ambiental de las obras, en una ruta que desde la década del 90 ya permitió ampliar la producción agrícola de 40 a 120 millones de toneladas.

Para los ambientalistas, es la oportunidad de discutir la cuestión ambiental, bajo el concepto que los barcos se adapten a los ríos y no los ríos a los barcos.

La AAAA hizo un pedido de información pública el 5 de febrero pasado al Ministerio de Ambiente para conocer la intervención de esa cartera en la conformación de los pliegos para la licitación.

Para la AAAA, Ambiente tiene que redactar los términos de referencia en las cuestiones ambientales de la licitación. Y tiene que hacer una evaluación ambiental estratégica en conjunto con las provincias de todas las obras.

El gobierno de Alberto Fernández, que asumió en diciembre de 2019, ha centrado el proceso de licitación en el Ministerio de Transporte, el cual invitó el 22 de febrero próximo a la primera reunión del Consejo de la Hidrovía al Ministerio de Ambiente y organizaciones no gubernamentales ambientalistas, entre otras entidades, para realizar un informe sobre el estado actual.

Pero la AAAA apuesta a que el gobierno conforme un comité de cuenca de los ríos Paraná y Paraguay, según lo exige la legislación argentina, que analice la crisis pesquera, el impacto del cambio climático, la preservación de los humedales y los indicadores de contaminación del agua.

«El río más grande de Argentina no lo tiene», dijo Daneri.

Deforestación y falta de coordinación

Para Daneri, los factores climáticos no son naturales, sino que están promovidos por el proceso antrópico, mega deforestación y simplificación del uso de la tierra, concentración de la propiedad de la tierra, el proceso de expulsión de los pequeños y medianos productores, el reemplazo de la selva de los bosques y montes por proyectos productivos.

El modelo productivo extractivista lo comparten todos los países de la cuenca, advirtió Daneri, pero particularmente la Amazonia, que es un regulador de la temperatura del planeta, tiene un impacto climático muy grande sobre el sur de América del Sur.

Hacia adelante se prevén más eventos climáticos y más extremos, como sequías e inundaciones, lo que va a requerir acciones coordinadas entre los distintos países de la cuenca, dijo a Efe Pablo Bereciartua, miembro de Global Water Partnership.

«En esta cuenca, que es tan significativa y abarca parcialmente a cinco países, esta variabilidad climática ha tenido y tendrá impactos muy significativos para la economía y el ambiente, porque es un área muy extensa donde se toman decisiones de manera descentralizada, lo cual es razonable porque son distintas soberanías», explicó Bereciartua.

«Esa decisión, en su conjunto, puede tender a amplificar los impactos de la variabilidad del clima y los extremos climáticos que se dan con mayor frecuencia», agregó.

Fuente: https://www.analisisdigital.com.ar/provinciales/2021/02/16/hidrovia-parana-paraguay-ambientalistas-piden-participacion-en-la-licitacion

En consecuencia, las luchas socioecológicas desde los derechos de los pueblos y de la naturaleza precisan comprometer su unión en diversidad con el desafío que plantea Jorge Daneri:

“hay que reformar o ampliar el Tratado de la Cuenca del Plata, lo cual es fundamental porque urge una gestión de cuenca o un Comité de cuenca que no sólo piense en meras represas hidroeléctricas o en hidrovías artificiales del Río Paraguay, Paraná o Uruguay, sino que fundamentalmente piense en cómo reconformar los ecosistemas que hemos destruido, en cómo reconstituir, revalorizar y respetar el gran pantanal brasilero- paraguayo-boliviano, o en la Amazonia”.

Fuente:https://www.analisisdigital.com.ar/interes-general/2020/04/13/bajante-del-parana-hay-que-poner-en-accion-la-ley-de-comite-de-cuenca

 A las luchas socioecológicas desde los derechos de los pueblos y de la naturaleza les urge multiplicar la deliberación, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, sobre:

Mega proyectos de infraestructura en la cuenca del Plata. Escenarios y alternativas.

Jorge Oscar Daneri

Seminario “La razón ecosocial”. Encuentro Verde por Argentina, (EVA) Agosto 2020.

Introducción.

Un especial agradecimiento a todo el equipo de Encuentro Verde por Argentina (EVA), especialmente a Carlos Merenson por el empuje y articulación del presente Seminario. Para una meditación activa que nos permita ser un ave de nuestros afectos, o el águila de Leonardo Boff, los invito a sobrevolar la cuenca del Plata, de norte a sur, o vestirnos con alas de arco iris, acompañados e inspirados en este fragmento de poema … “Si entendiéramos el vocabulario de los cantos, si escucháramos la voz del picaflor y del hornero, de la calandria, o tal vez la golondrina vagabunda, entonces tendríamos un corazón con alas sobre el mundo”.(1) Vamos a observar la cuenca desde el modo en que la racionalidad económica productivista consumista interviene y nos lleva a un colapso en plena ejecución o desarrollo. Estamos frente a uno de los mayores casos que la crisis de civilización actual expone, un cambio de época que, a diferencia de los precedentes, determina la continuidad o no de la presencia humana en la pacha mama. Las intervenciones de mega proyectos de infraestructura en nuestra verdad – seguramente parcial e incompleta- pero con visión de cuenca, expone y denuncia la profundización y consolidación de un modelo de desarrollo mega extractivista, de “zonas de sacrificio” y por lo tanto devastador, saqueador, desolador y nos lleva hacia un colapso ecológico, social, económico y esencialmente político.

Se pone en crisis la propia Democracia. ¿Por qué? Son las democracias las que deben garantizar la transición hacia sociedades sustentables, convivenciales, del buen vivir. Diversos autores exponen que si no son ellas, renacerán renovados sistemas totalitarios de gobierno que intentarán apagar o ahogar los conflictos socio-ambientales que se irán intensificando gravemente. Por estas razones, es un desafío enorme fortalecer todos los mecanismos de democracia participativa, incluso como se expone desde la visión de construcción social y política de un Estado de Derecho Ambiental. (2) Proyectos de infraestructura en carpeta.

Una visión fragmentada.

A) Hidrovía Paraguay Paraná. Durante el corriente año y el 2021 se tomarán relevantes decisiones sobre este proyecto en plena ejecución. Se concretará una nueva licitación de su concesión en los ríos Paraná y Paraguay en el tramo argentino. Existe la intención política no solo de crear una Agencia Federal de la HPP, lo cual en principio es positivo, pero manteniendo la modalidad de una visión sesgada y focalizada en la vía de navegación y sus procesos de artificialización, mayores dragados y profundización, más aún con los escenarios de enormes bajantes y la supuesta necesidad de los mercados de transportar mayor volumen de cargas. Esto indica que se persiste en el concepto de adaptar el río a los barcos y no los barcos a funcionamiento milenario del río. Estos procesos decisorios no pueden avanzar sin la directa intervención del Ministerio de Ambiente de la Nación, como otras áreas vinculadas en la gestión de las aguas públicas y sus cuencas. (INA, etc). La intervención de estas áreas, hasta ahora ausentes, en la elaboración de los “términos de referencia” de los estudios de impacto ambiental a desarrollar, como en su evaluación oficial independiente, como la realización de una evaluación ambiental estratégica (EAE), es relevante, siguiendo la línea expuesta hace 22 años por el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina (3). Recomendamos a los participantes del Seminario, el acceso al siguiente documento “Los dueños del río”, en sorprendente y acentuada vigencia, realizado por un conjunto de organizaciones ecologistas de la Coalición Ríos Vivos, durante el año 2005. (4) Hidrovía del río Uruguay. Existe la voluntad política de traspasar con las obras que fueren necesarias, la represa de Salto Grande, y así, con las esclusas de navegación proyectadas en el sistema de represas hidroeléctricas Garabí, (en carpeta prioritaria durante la gestión del Presidente Mauricio Macri) poder transformar también a este río en una vía de extracción de madera, soja, minerales y particularmente pasta de celulosa del sur de Brasil y la Mesopotamia Argentina. Se concretan negociaciones entre los gobiernos involucrados y la Comisión Técnica de la represa de Salto Grande, para avanzar en el presente proyecto.

Nuevos Puertos y ampliación de los existentes. Han existido fuertes negociaciones para que el Estado Chino ingrese en la cuenca del Plata con puertos y fabricación de barcazas para la HPP en el marco de la Alianza Estratégica con China suscripta durante la última gestión de Cristina Kirchner y ratificado por la gestión Macri. (Puerto de Ibicuy, por ejemplo). Estos acuerdos, conforme la experiencia en Entre Ríos, resistidos e imposibilitados de avanzar en la construcción de un mega acueducto al norte de la Provincia, probó la existencia de cláusulas secretas y de adjudicación directa a compañías de construcción del Estado de la República China, con trabajadores del mismo origen y su propia Agencia de Créditos a la Exportación (ECA). En dicho marco, la llegada de la flota pesquera china para el acceso a las pesquerías en agua dulce, sería el fin y extinción de estos bienes colectivos de los países del Cono Sur, sin lugar a dudas y conforme los antecedentes vigentes en el mar argentino y el borde tan difuso y descontrolado de su plataforma continental.

Proyectos de represas hidroeléctricas Río Paraná.

Existe una iniciativa de represamiento del cauce principal en seis ubicaciones en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Chaco. Se podrá acceder a un detalle preciso de las mismas, con los mapas oficiales y un análisis más profundo – fruto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y así al Informe Final de la consultoría realizada por la Universidad Nacional de La Plata y la U.N. del Litoral- en el siguiente documento: “Anticipando un delirio hidroeléctrico para el río Paraná, sus ecosistemas asociados y sus gentes “El autor desarrolla un tema de profunda preocupación para nuestra región, ante la posibilidad que avance un proyecto de un sistema integrado y complementario de seis represas hidroeléctricas en el cauce principal del río Paraná, en los sectores medio e inferior, más un viaducto vial entre las localidades de Goya (Corrientes) y de Reconquista (Santa Fe). Escribe: Jorge Daneri” Disponible en: https://drive.google.com/open?id=1ZcLCpUfejsUn3zaso45fWtN0rje_VKa

En la actualidad, también existe la voluntad política de avanzar en el alto Paraná, con las represas de Aña Cua (Corrientes) y Corpus, la primera, aguas abajo de Yacyretá y la segunda entre ésta e Itaipú, en Misiones. Seguir los procesos de estudios de impacto ambiental de la primera es un ejercicio social y político mas que relevante. En el segundo caso, la misma no se podrá desarrollar sin una nueva convocatoria a Referéndum, conforme la Constitución de Misiones y el intento frustrado por su pueblo durante el año 1996 en el pleno ejercicio de esta herramienta de la democracia participativa directa. Río Uruguay. Acompañamos documento del autor del presente resumen de exposición durante el Seminario, a los efectos de un mayor detalle, mas que vigente, pues el texto es del año 2014. La novedad es que los proyectos de represas sistema Garabi, entre las provincias de Corrientes límite Misiones, con Río Grande do Sul (Brasil), se encontraba en el plan energético nacional de la gestión “Cambiemos” con calificación prioritaria, sin tener aún conocimiento si la gestión del Presidente Alberto Fernández avanzará en la misma línea. El mismo se encuentra suspendido por una acción legal en el Estado de Río Grande do sul, Brasil. En el trabajo publicado en el Informe Ambiental Anual de FARN del año 2014, titulado “Recomendaciones y advertencias frente a los proyectos hidroeléctricos binacionales … ” como resumen se expresó que ” … El análisis de conjunto conduce a una convicción esencial: la necesidad de desarrollar una Evaluación Ambiental Estratégica de la cuenca del río Uruguay en su integridad, conformar un Comité de Cuenca nacional y regional, y respetar los derechos humanos del pueblo guaraní”.(5)

Nuevos Puentes. Paraná – Santa Fe.

Esta iniciativa fue detenida por el pueblo de las dos ciudades en sus movimientos sociales organizados. También incidió la grave crisis económica por la escala de endeudamiento y riesgo país durante la gestión Macri en el marco de las denominadas y legisladas “iniciativas público – privadas”. De igual manera estos proyectos se enmarcan en el concepto de corredores bioceánicos, en este caso, San Pablo (Brasil) Santiago (Chile) y directamente funcional al proyecto de mega puerto en la ciudad vecina de Santa Fe, provincia que reúne en el gran Rosario, la mayoría de los puertos privados de exportación del modelo extractivista del agronegocio transgénico de todo el Cono Sur, y máximo puerto exportador de soja del planeta. Aun así, la capital de la provincia de Santa Fe pretende tener su propio puerto en un área de aguas que no son profundas y necesitaría enormes y constantes operaciones de dragado.

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana, IIRSA.

Se debe comprender que los proyectos referenciados se encuentran todos en la carpeta de proyectos de IIRSA COSIPLAN. Este modelo de desarrollo donde el concepto de corredores bioceánicos es relevante, pretende una integración del mismo modelo productivista agroexportador y extractivista de los bienes naturales de la región. Recomendamos los siguientes textos: http://www.ilsa.org.co/biblioteca/Portavoz/Portavoz_%2310/pv10-1.pdf http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Plantas_de_celulosa_e_IIRSA._Sobr e_mentiras_politica_y_escala_humana

Las potenciales iniciativas de la República Popular China.

Como hemos expuesto precedentemente, China ingresa a la Cuenca del Plata con una serie de iniciativas potenciales (Puertos, construcción de barcazas para HPP – sur de Entre Ríos-, pesca, construcción de represas como en el caso de la Provincia de Santa Cruz) y en concreción otros emprendimientos, como la negociación de la Central Nuclear con tecnología de innovación no probada o sin antecedentes, en Campana o Formosa. De igual manera, el modelo vigente de producción agraria liderado por la soja, es sin lugar a dudas el de mayor impacto social y ambiental en la cuenca, cuyo destino final en gran medida es el país asiático vía hidrovía Paraguay Paraná.

Los acuerdos de estudios de dos mega iniciativas de “desarrollo” con Países Bajos y sus resultados durante la gestión Macri.

En los siguientes textos oficiales, se podrá tener una visión de los primeros resultados de estos acuerdos durante la gestión Macri y la visión política de los mismos.

1- Estudios para el desarrollo de una hidrovía continental o vía fluvial productiva (artificial) desde el centro de la provincia de Córdoba y salidas alternativas al río Paraná en la región del gran Rosario, o Mar del Plata o Bahía Blanca. http://www.redmodelacion.com.ar/images/pdf/publicaciones/informes/INAInformeHidrovaContinental29Nov2018.pdf El escenario de análisis económico planteado para el desarrollo de esta mega iniciativa profundizaría la tendencia devastadora del modelo productivo vigente y su visión exportadora de soja, minerales y otros bienes naturales, intensificando y ampliando los procesos de expansión de la frontera agrícola y su consecuente deforestación, concentración de la tierra, destrucción de la diversidad cultural y biológica del norte argentino, como profundizando los procesos de desertificación en la denominada pampa argentina y chaco.

2- Proyecto de Desarrollo del Delta. http://www.redmodelacion.com.ar/images/pdf/publicaciones/informes/INAInformeDeltaDelParan-29Nov2018.pdf No deja de sorprender la falta de participación de las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos en esta iniciativa. Solo accediendo a las propuestas de “desarrollo” planteadas, en particular, un mega puerto y escenario multimodal de transporte, a metros del puerto de Ibicuy en Entre Ríos, propuesto para su ubicación en Provincia de Buenos Aires y una vía más rápida de acceso a la Rca. Oriental de Uruguay (Punta del Este) desde la ciudad de Buenos Aires, todo lo dice, con la consiguiente urbanización del delta a un lado y otro de dicha autovía sobre humedales en el Paraná inferior en su inmediata vinculación con el río de la Plata.

Estas dos iniciativas -por ahora- quedan solo en carpeta y los acuerdos de su continuidad con Países Bajos y su representación, Instituto “Deltares”, están congeladas en razón del cambio de identidad política del gobierno nacional, entre otras razones. ¿Estas vías de comunicación, a qué modelo de desarrollo es funcional? No existe duda alguna que resulta totalmente funcional a una economía de rapiña, a la máxima expresión de “las venas abiertas de américa latina”, (Eduardo Galeano) en el cono sur.

Profundización de la denominada “república de la soja”, mayor deforestación y destrucción de la diversidad biológica y cultural del interior profundo de Argentina y la región; producción de celulosa, agro-combustibles, minería a cielo abierto, arenas especiales del delta argentino para fracking en Vaca Muerta, como los procesos de “pampeanización” del Delta y todo el corredor biocultural del sistema de humedales de los ríos Paraguay y Paraná.

Cambio de paradigma. Necesitamos desarrollar reformas extremas en sentido democrático. Una de esas reformas se expresa en la propuesta de la sociedad civil desarrollada durante los años 2009 y 2010 por organizaciones ecologistas de la denominada Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná y presentada a los gobiernos de la Cuenca, como una Propuesta Ciudadana para la Estrategia de Sustentabilidad del Sistema de Humedales Paraguay Paraná, que desde los puntos focales RAMSAR, lo adoptaron como documento base para la construcción de la estrategia de sustentabilidad oficial (mayor 2012, Montevideo). Infelizmente este proceso entró en crisis fruto de los cambios ideológicos de los gobiernos en la cuenca y sin lugar a dudas, por ser una propuesta que va a contramano de los intereses de las corporaciones del agronegocio y la minería, entre otros intereses y razones políticas coyunturales. Aquí la introducción de su “Resumen Ejecutivo”- Estrategia de sustentabilidad del Sistema de humedales Paraguay-Paraná

1. Documento dinámico

Este es un documento dinámico, en construcción, que articula una propuesta dirigida a los gobiernos, a la comunidad académica y a la sociedad civil en su conjunto, con el fin de enriquecer la estrategia pública de nuestros Estados y sus equipos técnicos para lograr la preservación y sustentabilidad del sistema de humedales Paraguay-Paraná. Los humedales del Sistema Paraguay-Paraná son ecosistemas estratégicos y vitales para el desarrollo sustentable de los territorios nacionales y sus cuencas. Por lo tanto, su conservación, gestión y uso racional exigen una visión integral –ecosistémica– que garantice su sustentabilidad a partir de criterios ecológicos, sociales y económicos.

3. Estrategia jurídica e institucional (…)

El documento y su resumen, se puede estudiar en el siguiente enlace: http://eraverde.com.ar/uve/assets/estrategia.pdf De igual manera, se acompaña Power Point del Resumen Ejecutivo de la Propuesta, para quienes desen profundizar en la misma.

Las estrategias sobre política agroecológica, sociedades sustentables y energética serán expuestas por los otros compañeros durante el presente Seminario. Lecciones en aprendizaje. Sobre las herramientas. Los movimientos sociales, asamblearios, ONGs, como organizaciones políticas, comprometidas en el ejercicio militante de una transición democrática hacia sociedades sustentables, pueden apropiarse de las herramientas de la democracia participativa -como el artesano de la madera, el mimbre o la paleta de colores- labradores de la participación ciudadana con convicciones hacia otros mundos posibles. Incidencia por la concreción participativa de los estudios de impacto ambiental y sus evaluaciones oficiales, acceso a la información pública en tiempo y forma, participación en las audiencias públicas, apoyo a los Defensores del Pueblo, impulso de procesos de iniciativa legislativa popular y convocatoria a Referéndum, etc. Procesos asamblearios, constitución de ONGs o integración a las existentes en territorio, conformación de redes, alianzas y articulaciones sociales. Acceso a la justicia. Sobre los análisis de oportunidad y riesgo. Siempre realizarlos, incluso con apoyo de profesionales en estas herramientas tan interesantes e importantes para la acción cívica y no violenta.

Sobre los caminos.

No recorrer un camino o una táctica. La mejor estrategia parecería ser, -frente a conflictos eco-sociales planteados por estos mega proyectos de infraestructura, como en otros casos también- el recorrer todos los senderos posibles de manera articulada, integrada, en paralelo, simultáneamente, entre diversas organizaciones sociales e incluso políticas. El ejemplo de la experiencia frente al proyecto de represa hidroeléctrica de Paraná Medio (1996-97), es un caso más que interesante y revelador. Al mismo tiempo se realizó incidencia frente al poder legislativo provincial, el poder ejecutivo, los medios locales y regionales de comunicación social y el acceso a la justicia federal. (Este último escenario en otros casos, puede ser demorado si se ratifica la posibilidad de conversación y potencial convencimiento al poder de turno en cuanto a la cancelación de una iniciativa insustentable.

No fue así en este caso por los enormes poderes concertados y expuestos en un Decreto Nacional que adjudicaba todo los estudios y la obra, de manera directa a una corporación de cinco organizaciones extranjeras públicas y privadas.) Sobre el territorio de la política. Pero la incidencia social y política, en el contexto de crisis de civilización, cambio de época y todo lo que implica, los plazos agotados, etc, nos convoca a la militancia política partidaria y/o coalicionista, frentista, etc, casi inapelablemente. Debemos pensar, escribir, aportar y hacer política. No es suficiente con la sociedad de la indignación, diría Byung Chul Han. Entonces una enorme esperanza dinámica y activa se aferra a la generación y generaciones de jóvenes de las constelaciones y estrellas Verdes que puedan ir prendiendo su luminosidad en cada rincón de los territorios, desde el Chaco mas profundo, los Andes y la Patagonia toda, desde una nueva Pampa húmeda generosa y abierta a una transición democrática hacia sociedad sustentables y agroecológicas.

Citas: (…)

Fuente: https://lareverde.files.wordpress.com/2020/08/200820_mega-proyectos-de-infraestructura-en-la-cuenca-del-plata.-escenarios-y-alternativas.-jorge-daneri.pdf

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