Septiembre -2024

Qué Sistema

Conciliación de clases/ Concentración y centralización capitalista/
Alternativas emancipatorias

Conciliación de clases

¿Por qué no logramos el desarrollo?

11 de septiembre de 2024

Por Juan J. Paz y Miño Cepeda | Rebelión

Desde la perspectiva histórica, son al menos cinco los factores centrales que impiden el desarrollo económico y social en América Latina: 1. La vigencia del sector primario-exportador; 2. Estados sin fuertes capacidades económicas; 3. La hegemonía de una clase empresarial sin visión social; 4. Gobiernos orientados al privilegio de los grupos del poder; 5. Sistema educativo tradicional.

La época colonial marcó la preeminencia del sector primario-exportador en el conjunto de la economía. La fundación de las repúblicas no alteró esta matriz estructural. Tampoco las revoluciones industriales fueron aprovechadas para modernizar a los países latinoamericanos pues si bien México, Brasil o Argentina lograron avances industriales y medianamente Chile o Colombia, el resto de los países desarrolla industrias en el siglo XX, pero sin alterar la primacía del sector primario-exportador. Hasta hoy pesa más este sector y el terciario del comercio y, sobre todo, la banca. Industria y tecnología han sido relegadas.

Los Estados nacionales latinoamericanos del siglo XIX eran eslabones de las reducidas y poderosas clases terratenientes y comercial-financieras. La situación cambió lentamente en el siglo XX por el avance provocado con el fortalecimiento de los diversos movimientos sociales. Sin embargo, los Estados de la región no han adquirido fuertes capacidades de intervención económica, como ocurrió en Estados Unidos y particularmente en Europa. Estados institucionalmente débiles, cuyo “intervencionismo” es cuestionado por los grupos dominantes, carecen de fortalezas para asegurar a sus ciudadanos las inversiones en infraestructuras o servicios esenciales como educación, salud, medicina y seguridad social, universales y públicas, que caracterizan a países con desarrollo del bienestar social.

El dominio económico, social y político de la clase terrateniente surgida en la época colonial y consolidada durante el siglo XIX creó hábitos rentistas y explotadores de la fuerza de trabajo mayoritariamente campesina e indígena. La clase terrateniente carecía de visión industrializadora e incluso comercial-financiera. De allí provinieron los primeros núcleos empresariales. Desde mediados del siglo XX el crecimiento del empresariado latinoamericano será constante, pero su mentalidad ávida para los buenos negocios y las ganancias rápidas no ha promovido el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población. Las élites empresariales siguen considerando a las leyes laborales como obstáculos a los negocios. No advierten las potencialidades para el crecimiento económico que proporciona la existencia de un fuerte mercado interno y el progreso material, industrial y tecnológico de los países, como se ha demostrado en las regiones de capitalismo central. Existe una clase empresarial que no está dispuesta a pagar impuestos, esconde capitales en paraísos fiscales o los saca del país, acumula riqueza sin responsabilidades sociales.

Desde luego, el fortalecimiento de capacidades estatales tiene que ver con el tipo de gobiernos que acceden al control del Estado. Aquellos gobernantes que privilegian los intereses exclusivos de las clases dominantes han resultado nefastos para el desarrollo económico y social en América Latina. En contraste, son los gobiernos con visión social los que mejor han fortalecido las capacidades estatales orientadas al bienestar colectivo. Así ocurrió con varios gobernantes liberales y radicales en el siglo XIX, con los “populismos” clásicos del siglo XX, con gobiernos desarrollistas y populares y, sin duda, con los gobiernos progresistas contemporáneos, tan combatidos por las derechas económicas y políticas.

Y, finalmente, la buena educación es un factor poderoso para movilizar las condiciones más favorables para la productividad, la innovación empresarial, el progreso material, científico y técnico. Por desgracia, en lugar de reforzar la educación pública y universal, potenciando sus capacidades, bajo la visión neoliberal se ha privilegiado la educación privada. No se ha alterado la matriz estructural de la educación tradicional y de las profesiones clásicas, lo cual, evidentemente, tiene que ver con el mantenimiento de economías primario-exportadoras que desalientan el progreso científico y la educación superior, como elementos de progreso.

Desde la época colonial la dependencia externa ha sido un factor que ha marcado el subdesarrollo de América Latina. A partir del siglo XIX actúa en el mismo sentido la expansión de las potencias capitalistas y particularmente de los Estados Unidos, al tratar de imponer sus intereses económicos incluso contra las soberanías nacionales. Sin embargo, las NN.UU. declararon como “década del desarrollo” a la de 1960 y el desarrollismo favoreció importantes cambios en los que se involucraron tanto la Alianza para el Progreso, promovida por los EE.UU. para impedir cualquier avance “comunista” en la región, como el pensamiento de la CEPAL, fundamental en las reformas estructurales de entonces. Se demostró posible converger en la búsqueda del desarrollo. Pero también el ilegítimo bloqueo norteamericano contra Cuba ha demostrado cuán pernicioso resulta un cerco económico que tiene el propósito de impedir el desarrollo de este país. También hay factores ideológicos y culturales que se convierten en obstáculos al desarrollo: en México, por ejemplo, hubo inicial oposición al Tren Maya construido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador -una infraestructura de positivo impacto para las comunicaciones, el transporte y la dinamización económica-, y se utilizaron argumentos ambientalistas y comunitarios en su contra.

En los esfuerzos por pensar el desarrollo nuevamente la CEPAL define estrategias para el presente. Su documento Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe (https://t.ly/nNUnb), que acaba de lanzarse, merece particular atención, por recuperar una visión integradora para la promoción del desarrollo con bienestar social en la región. Allí se definen las “tres trampas que inhiben su desarrollo: una de baja capacidad para crecer, otra de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, y otra de bajas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva”. La entidad pormenoriza sus análisis y ofrece más de 80 recomendaciones prácticas en torno a siete ejes de acción, para que los países latinoamericanos orienten su transformación productiva.

Lo que cabe destacar, adicionalmente, es que el nuevo pensamiento cepalino se aparta de la perversa idea de “libertad económica” que ha traído consecuencias desastrosas para las sociedades latinoamericanas, como se experimentó en las décadas finales del siglo XX y con los gobiernos empresariales del siglo XXI. En la actualidad sobresale Argentina, que bajo la ideología libertaria anarco-capitalista, ha producido una inédita ruina económica y ha liquidado cualquier camino hacia el bienestar de la población; pero también Ecuador, que desde 2017 ha revivido antiguas condiciones del subdesarrollo que han derivado en una combinación de economía en deterioro, dominio oligárquico, desinstitucionalización estatal y derrumbe de las condiciones de vida, trabajo y seguridad ciudadana, impactada por el avance que ha adquirido la narcodelincuencia.

Blog del autor: Historia y Presente
www.historiaypresente.com

Fuente: https://rebelion.org/por-que-no-logramos-el-desarrollo/

Concentración y centralización capitalista

 Alternativas emancipatorias

Cuando la mejor defensa es un buen ataque

1de septiembre de 2024

Ariel Petruccelli

Kalewche

A Inés Ragni, in memoriam


El presente artículo polémico de Ariel Petruccelli, que por su densidad de pensamiento y esfuerzo de totalización nos parece apropiado incluirlo en nuestra sección de teoría Kamal, ha salido simultáneamente publicado en Ideas de Izquierda –el semanario dominical de La Izquierda Diario– en una versión apenas diferente, apenas más breve. Tiene como contexto el gran debate entre las fuerzas socialistas –discusión de diagnósticos, controversia de estrategias– de cara a la nueva coyuntura mundial, signada por la “policrisis” del capitalismo globalizado neoliberal (crisis ecológica, económica, laboral, política, cultural, sanitaria, migratoria, geopolítica, etc.), el declive del movimiento obrero y del clasismo proletario, el auge posmoderno del irracionalismo y las “políticas de identidad”, la digitalización desenfrenada de la sociedad contemporánea y –más recientemente– el ascenso de las derechas radicales populistas en muchos países del mundo, como el estridente caso de Milei en Argentina.
Nuestro compañero Ariel polemiza con Jacobin América Latina. Ha escrito una crítica a dos textos aparecidos en el último número de esta revista, el nro. 10 (segundo semestre de 2024), titulado “La izquierda ante el fin de una época”. Los artículos en cuestión son “Fin de ciclo”, de Martín Mosquera; y “La crisis subjetiva de la clase trabajadora”, de Henrique Canary. Pueden leer ambos textos –y los otros que conforman el décimo número de JacobinLat– haciendo clic aquí.
El sentido de la fotografía que ilustra este texto –mejor dicho, el sentido que hemos querido darle– es muy evidente. Jugamos, claro está, con la metáfora del título, “Cuando la mejor defensa es un buen ataque”, derivándola hacia el mundo del ajedrez. Sin embargo, la imagen encierra cierta «sutileza», pues el ajedrecista que aparece en ella no es uno cualquiera, sino uno muy especial. Véase al respecto el epígrafe de la foto, más arriba.


Como no podría ser de otro modo, la saga de acontecimientos más o menos sorprendentes (y también contradictorios) de los últimos tiempos ha dado lugar a disímiles interpretaciones y orientaciones entre las izquierdas. En sendos artículos publicados recientemente en Jacobin, Martín Mosquera y Henrique Canary argumentan a favor de un posicionamiento defensivo. Ambos se definen en pro de un repliegue: “Los revolucionarios –afirma Canary– debemos dar un paso atrás porque el proletariado ya ha dado demasiados y está cada vez más lejos, casi fuera de nuestro alcance. Debemos recuperar la confianza de la clase, que ahora se deja seducir por los cantos de sirena de los fascistas”1. Mosquera, por su parte, sostiene que “asumir plenamente las características y tareas de un momento defensivo ayuda a salir de esta situación lo antes posible”2.

Las metáforas espaciales y militares suelen ser habituales en la cultura de izquierdas. Pero no siempre aportan claridad: a veces acrecientan la confusión y en no pocas ocasiones pueden provocar despistes. En términos políticos e ideológicos, no siempre es evidente qué significa avanzar o retroceder. Por otro lado, incluso en medio de un avance generalizado, hay momentos o lugares de repliegue; y en el marco de una retirada, puede ser conveniente lanzar contraofensivas puntuales. Para complicar aún más las cosas, es posible tener un abanico muy diverso tanto de opciones ofensivas como defensivas (para elegir las cuales no alcanza con saber si es momento de atacar o defenderse). Por último, pero muy importante, es evidente que no tiene por qué darse una situación idéntica en todos los planos. Pueden ser posibles ofensivas reivindicativas (sindicales, por ejemplo) sin que las mismas sean posibles en términos políticos o ideológicos, y viceversa.

Si tomamos todo esto en consideración, lo que surge es que las afirmaciones de Mosquera y Canary no dicen en concreto nada relevante a ningún militante. El genérico reconocimiento de que la clase obrera se halla a la defensiva –que hubiera sido igual de válido hace diez, treinta o cuarenta años– es muy poca cosa. Ambos textos reflejan más un estado de ánimo que una propuesta concreta de acción política, y muy poco es lo que nos dicen respecto a la pregunta de siempre: ¿qué hacer?

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Desde mediados de los años noventa, y habiendo reconocido sin tapujos ni atenuantes una situación de “derrota histórica” sentenciada entre los ochenta y noventa, Perry Anderson viene instando a las izquierdas a abandonar las actitudes de acomodación con el sistema o de consuelo autoindulgente, a favor de un realismo intransigente. En un texto famoso del año 2000, que serviría como orientación general ante los nuevos tiempos de una renovada New Left Review, expuso sin rodeos el significado de esa intransigencia: “Intransigente en dos sentidos: negándose a toda componenda con el sistema imperante y rechazando toda piedad y eufemismo que puedan infravalorar su poder”. La intransigencia que propugnaba, empero, no implicaba ningún sectarismo:

“De ello no se desprende ningún tipo de maximalismo estéril. La revista debería expresar siempre su solidaridad con los esfuerzos a favor de una vida mejor, por más modesta que sea su envergadura, pero puede apoyar todo tipo de movimiento local o de reforma limitada, sin pretender además que alteren la naturaleza del sistema. Lo que no puede, o no debería hacer, es dar crédito a las ilusiones de que el sistema avanza en una dirección de progreso, o bien sostener mitos conformistas de que es urgente y necesario protegerle de las fuerzas reaccionarias…”3

Autor de una obra extensa y exquisita, nadie podría acusar de dogmatismo o estrechez de miras a quien posiblemente sea el intelectual marxista vivo más importante. Sin embargo, como resulta manifiesto, el grueso de la izquierda intelectual y la mayor parte de la izquierda política –señaladamente en sus versiones progresistas– no prestó atención a sus palabras. La acomodación y el consuelo avanzaron a lo loco. Los mitos conformistas están a la orden del día.

Pocos años después, en una lúcida recapitulación sobre la importancia de las ideas y la acción política en el cambio histórico a la luz de la evidencia de los últimos siglos, Anderson expuso con elocuencia las lecciones que deberíamos sacar. Vale la pena citarlo extensamente:

“¿Cuáles son las lecciones de esta historia para la izquierda? Primero y principal, que las ideas cuentan en el balance de la acción política y los resultados del cambio histórico. En los tres grandes casos de impacto ideológico moderno, la Ilustración, el marxismo y el neoliberalismo, el patrón fue el mismo. En cada caso se desarrolló un sistema de ideas con un alto grado de sofisticación, en condiciones de aislamiento inicial de –y en tensión con– el entorno político circundante, y con poca o ninguna esperanza de influencia inmediata. Fue sólo al producirse el estallido de una crisis objetiva muy importante, de la cual ninguno de estos sistemas fue responsable, que recursos intelectuales subjetivos que fueron acumulándose gradualmente en los márgenes más apacibles adquirieron súbitamente una fuerza arrolladora como ideologías capaces de influir directamente sobre el curso de los acontecimientos. Tal fue el patrón en los años 1790, 1910 y 1980. Cuanto más radical e intransigente era el cuerpo de ideas, tanto más impetuosos fueron sus efectos en el contexto de las turbulentas condiciones de la época. La resistencia y el disenso están lejos de haber muerto, pero carecen todavía de cualquier articulación política sistemática e intransigente. La experiencia sugiere que no se conseguirá mucho por medio de cambios débiles o acuerdos eufemísticos con relación al estado de cosas existente, como los que hoy podrían impulsar muchas fuerzas políticas que aparecen representando una cultura aggiornada de la izquierda. Lo que es necesario, y que no ocurrirá de la noche a la mañana, es un espíritu totalmente diferente: un análisis cáustico, resuelto, si es necesario brutal, del mundo tal cual es, sin concesión a las arrogantes demandas de la derecha, a los mitos conformistas del centro ni tampoco a la devoción biempensante de muchos en la izquierda. Las ideas incapaces de conmocionar al mundo también son incapaces de sacudirlo.”4

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Por desgracia, el grueso de las izquierdas no escuchó a Perry Anderson o, si lo escuchó, no le hizo caso alguno. La inmensa mayoría de la intelectualidad y de las organizaciones militantes que de una u otra manera se consideran de izquierdas renunció a todo horizonte revolucionario, abrazó alguna forma de posmodernismo, se refugió en las políticas de identidad, buscó consuelo en la micropolítica, se ilusionó con la posibilidad de cambiar el mundo sin tomar el poder, pasó sin muchas transiciones a apoyar a cualquier gobierno progresista que apareciera por ahí, se intoxicó de corrección política.

Contra viento y marea, los pequeños partidos y agrupaciones que se mantuvieron leales a la perspectiva marxista (fundamentalmente las organizaciones trotskistas) aguantaron los trapos como pudieron. Conservaron en sus documentos el objetivo comunista, la orientación insurreccional y la estrategia revolucionaria, pero en su práctica cotidiana priorizaron en general las tácticas sindicales y electorales. De la revolución y del socialismo se hablaba en las reuniones partidarias (cuando se hablaba); con la gente de a pie, las conversaciones políticas rara vez pasaban de las reivindicaciones más inmediatas.

Por supuesto, hubo momentos –como los años noventa– en los que hablar ante un auditorio popular de revolución o de comunismo era casi imposible. Quien lo intentara pasaría más por marciano que por marxista. Una actitud defensiva, en un contexto así, no solo resulta comprensible: era virtualmente ineludible. Pero una cosa es estar social o políticamente a la defensiva y otra muy diferente cambiar los objetivos o modificar las convicciones. Perry Anderson diagnosticaba con realismo lo primero y lo consideraba una situación que se prolongaría en el tiempo. Pero apuntaba que había sido el radicalismo y la intransigencia a contracorriente lo que había llevado al éxito a los tres grandes movimientos ideológicos modernos. Lejos de moderarse y aggiornarse, la izquierda debía ser intransigente en sus principios. Esto no implicaba necesariamente, por supuesto, ningún sectarismo reivindicativo ni ninguna negativa a explorar nuevos problemas o proponer soluciones novedosas a viejos dilemas, siempre y cuando estuviera clara la necesidad del derrocamiento del poder capitalista y la transformación revolucionaria de las relaciones de producción.

Como es evidente, nada parece haber estado menos claro. Con la excepción de un puñado de organizaciones políticas y de unas cuantas figuras intelectuales, el grueso de quienes se consideran críticos del sistema se aferró a los clavos ardientes de la política identitaria y de un reformismo cada vez más aguado, siempre dispuestos (aunque con entusiasmo menguante) a brindar su apoyo al “mal menor”. Era una vía muerta. Aceptar las reglas de juego imperantes, minimizar los antagonismos de clase, suspender por tiempo indefinido la crítica radical al sistema, posponer eternamente la afirmación de los objetivos revolucionarios, lejos de ayudar a consolidar posiciones defensivas de la clase trabajadora, colaboró en acrecentar su desorientación, acentuó su desbandada, sumó fragmentación subjetiva a la fragmentación objetiva.

Lo que resultaba indispensable hace treinta años, y sigue siendo imperioso hoy en día, es instalar un horizonte revolucionario a los ojos de las masas. Pero no se lo logrará de un día para el otro. Y no se lo conseguirá nunca si las fuerzas socialistas se extravían en un tacticismo sin estrategia o suspenden por mal tiempo la lucha ideológica. En estos tiempos de desconcierto, los revolucionarios debemos dar un paso adelante y hablar sin pelos en la lengua, poniendo en segundo plano, llegado el caso, las tácticas sindicales o electorales para revalorizar la propaganda ideológica, la lucha de ideas.

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Hay que reconocer sin hesitación que Anderson estaba en lo cierto al aconsejarnos radicalidad e intransigencia en las ideas. Y en la actualidad, hay un conjunto de circunstancias que nos permiten ensayar una cierta ofensiva cuando menos en el plano ideológico. Esto es: poder interpelar a amplios sectores de la clase trabajadora hablando a viva voz de la revolución y del comunismo; exponiendo nuestras ideas y nuestros sueños.

¿Cuáles son esas circunstancias?

Lo primero que hay que considerar es que tanto las derrotas de los setenta como el descalabro del “socialismo real” a principios de los noventa tienen un impacto subjetivo cercano a cero para la mayor parte de la ciudadanía actual: o bien no habían nacido, o bien eran demasiado jóvenes para que estos acontecimientos les impactaran de manera significativa.

Aunque es un arma de doble filo, las tecnologías digitales ofrecen posibilidades de difusión masiva, inaccesibles en el pasado. Hay que apreciar sus potencialidades sin tener ceguera ante sus riesgos ni menoscabar la militancia cara a cara. Sería necio entusiasmarse acríticamente ante tecnologías cuyo efecto socialmente dañino es considerable, como comprenderá cualquiera que lea libros como Superficiales, de Nicholas Carr. Quizá no sea del todo azaroso que sean las derechas radicales las que hasta ahora han hecho un uso más efectivo de las “redes”. Es un asunto que amerita estudios serios, debate constante, supervisión crítica. Pero no hay dudas que hay allí un espacio para el lanzamiento de ideas con una capacidad potencial de llegada incomparable.

En medio de una situación de crisis, en muchos países se empiezan a abrir espacios para los discursos más abiertamente ideológicos. Bolsones crecientes de la población se hallan a la búsqueda de alternativas radicales o que parezcan serlo (en Argentina, ese fue el atractivo de Milei); hay más predisposición a escuchar propuestas que se salgan de los carriles habituales. Asumir que será la derecha quien logre canalizar ese descontento es renunciar a una pelea necesaria. Y para darla, no será buen consejero el minimalismo programático. Será más factible conectar con las masas descontentas si la izquierda radical expone a la luz del día sus objetivos revolucionarios, que si se limita a la defensa de instituciones manifiestamente degradadas ante peligros hipotéticamente mayores.

El fracaso ostensible (a veces estrepitoso) de los gobiernos progresistas, aunque en lo inmediato pueda favorecer electoralmente a la derecha, a mediano plazo abre posibilidades a la izquierda radical, si la misma no renuncia a su radicalismo y actúa con inteligencia. Y al menos en Argentina, el FITU ofrece una plataforma mínima como para lanzar una ofensiva ideológica que apueste a acercar a amplios sectores un mensaje comunista y revolucionario sin subterfugios. Si este no es el momento, ¿entonces cuándo?

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Es posible, como afirma Mosquera, que estemos “presenciando el cierre de un largo ciclo en la historia de la izquierda a nivel global”. Pero no habría que apresurarse y darlo por hecho. Hay un abismo entre la coyuntura actual y aquella marcada por la debacle de la URSS a comienzos de los noventa con la que, indudablemente, se cerró un ciclo histórico. El ascenso actual de fuerzas de ultraderecha no es equiparable en lo más mínimo. Tampoco se trata de una tendencia uniforme. Recientemente, el Nuevo Frente Popular francés derrotó en las elecciones a la extrema derecha. Boric asumió el poder hace poco más de dos años. No es completamente seguro que Trump gane las elecciones en Estados Unidos. No hay ninguna razón para esperar que las nuevas derechas se afiancen de manera generalizada y por largo plazo en el poder. Y lo que es esencial: las supuestas derechas radicales de la actualidad, a diferencia del fascismo del siglo XX, carecen de un modelo social alternativo al capitalismo liberal. Más allá de sus algaradas neoconservadoras en las guerras culturales, los gobiernos de este fantasmagórico «fascismo» introdujeron pocas modificaciones estructurales, y en no pocas ocasiones, debieron abandonar el poder tras un único mandato decepcionante: es lo que ocurrió con Trump y Bolsonaro.

En realidad, la clave de la política contemporánea es una ausencia: la ausencia de verdaderas alternativas radicales con influencia de masas, que encarnen una opción al capitalismo y/o a las democracias liberales. Por regla general, en condiciones de estabilidad domina, sin despeinarse, un extremo centro neoliberal con “buenos modales”. Cuando llega la crisis, se hacen fuertes las versiones aparentemente radicalizadas de ese neoliberalismo basal, carentes por igual de verdaderas propuestas diferentes a una economía capitalista crecientemente globalizada, desregulada, privatizada y concentrada; y a una democracia liberal de intensidad cada vez más baja, fagocitada por una oligarquía de plutócratas y tecnócratas en avanzado proceso de trasnacionalización oligopólica. Allí donde el ciclo económico resulta circunstancialmente favorable, gobiernos tanto de «izquierda» como de derecha pueden afianzarse por una década, rara vez por dos. Pero los ciclos locales de bonanza son cada vez más raros y cortos: la economía mundial se halla atascada (los países que crecen casi siempre lo hacen a expensas de otros) y, en lo sucesivo, a las recesiones económicas cada vez más pronunciadas y frecuentes, habrá que agregar los efectos del cambio climático, una crisis geopolítica acrecentada y, cada vez más, una crítica situación energética. Pero en la medida en que no aparezcan opciones genuinas al capitalismo del desastre, las sociedades seguirán oscilando entre fuerzas políticas dedicadas a administrar sin transformar –o cambiando cosméticamente en un sentido más o menos progre o más o menos conservador– una realidad que, para las grandes mayorías, será cada vez más invivible. El punto de partida es el que expusimos colectivamente en “Por un futuro comunista”, el manifiesto de la Asamblea de Intelectuales Socialistas (Argentina): “ante la dinámica crítica en la cual nos vemos inmersos, o inventamos o erramos. Sin revolución, no se avizora ninguna verdadera solución. Hay que atreverse a inventar un futuro comunista”5.

De todas formas, antes que repentinos colapsos sociales, económicos, ecológicos o políticos (que de cualquier modo no se pueden descartar en algunos sitios), lo más probable es que en los lustros por venir asistamos a una lenta sucesión de crisis que se solapen y potencien, prolongándose en el tiempo sin «resoluciones» nítidas. En esa situación de policrisis endémica (y que en el límite puede ser «naturalizada» y experimentada como una nueva normalidad), las políticas de administración de lo dado o de reformas limitadas tendrán poco que ofrecer, aunque siempre podrán ofrecer algo (gatopardismo) y, en las coyunturas favorables, podrán presentar una mejoría temporal y precaria como si se tratara de una situación estable. Pasado el breve período con «viento de cola», las masas trabajadoras se hallarán regularmente en una situación peor que la anterior (abundan los ejemplos en el pasado reciente). Sobrarán motivos para el descontento y habrá tendencias a la radicalización. Pero, por si solas, ni la miseria ni la desesperación conducen a proyectos revolucionarios. Es indispensable que las ideas revolucionarias estén públicamente disponibles a gran escala para que el proletariado descontento se decida a tomar el cielo por asalto. Nuestra tarea es reponer en el imaginario social la opción socialista revolucionaria. Eso es lo que tenemos que hacer.

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Sobrarán motivos para el descontento y habrá tendencias a la radicalización. Pero, por si solas, ni la miseria ni la desesperación conducen a proyectos revolucionarios. Es indispensable que las ideas revolucionarias estén públicamente disponibles a gran escala para que el proletariado descontento se decida a tomar el cielo por asalto. Nuestra tarea es reponer en el imaginario social la opción socialista revolucionaria. Eso es lo que tenemos que hacer.

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La lucha de ideas será ciertamente compleja. Pero poco se ganará con actitudes puramente defensivas o con esquematismos intelectuales. Por ejemplo, la defensa de la democracia no puede consistir en la apología de las democracias capitalistas: debe basarse en la crítica sin subterfugios de las mismas y en la propuesta de una democracia superadora. La defensa de lo público no debería confundirse, sin más, con la defensa del Estado, mucho menos del actual. De manera aún más complicada: en el campo intelectual habrá que defender a la ciencia como principio, pero criticar sin complejos a las instituciones científicas realmente existentes, mercantilizadas en su mayoría y sometidas de manera directa o indirecta a las necesidades del capital. Habrá que defender a la ciencia del «terraplanismo» de la derecha troglodita, pero no menos del irracionalismo de la izquierda posmoderna. (También del cientificismo: optimismo tecnológico de Silicon Valley, prometeísmo solucionista del Green New Deal, salubrismo tecnocrático pospandemia de los grandes laboratorios y la OMS, etc.). Y habrá que desarrollar una política socialista de la ciencia pensada para sustraerla de las garras del capital y del academicismo woke, y orientarla en otras direcciones: por ejemplo, priorizando la ciencia básica por encima de la aplicada, incentivando la investigación en tecnologías de bajo impacto ecológico en lugar de tecnologías «extremas», fomentando la criticidad y el debate, alentando la totalización y divulgación del saber…

Una orientación intelectual o política, cualquiera que sea, puede ser ejecutada con virtuosismo o sin él. En cualquier caso, conviene diferenciar las partituras de los intérpretes. En nombre de la crítica al dogmatismo, Canary critica en realidad al radicalismo que es consustancial a la izquierda revolucionaria. Sin embargo, es evidente, se puede defender sin dogmatismo alguno una perspectiva revolucionaria en general, así como la necesidad –e incluso la posibilidad– de una política revolucionaria en el presente. Robert Brenner, uno de los historiadores y economistas más sofisticados del último medio siglo, escribió en 2017:

“Tras cuatro décadas de continuo declive económico y descenso del nivel de vida, las promesas de la Edad de Oro del capitalismo se han visto brutalmente frustradas. El llamamiento a la eliminación del capitalismo, que no hace mucho podía tacharse de irrealista y utópico, debe ser hoy el punto de partida de cualquier izquierda realista.”6

Aunque pueda parecer disonante y en ocasiones se den notas en falso, para que la humanidad no pierda toda esperanza de realización de los ideales de libertad, igualdad y solidaridad, son las estrofas de La Internacional las que habrá que interpretar, hoy y en las décadas por venir.

Fuente: https://kalewche.com/cuando-la-mejor-defensa-es-un-buen-ataque/?fbclid=IwY2xjawFQStZleHRuA2FlbQIxMQABHQ1Lk5exaiDBxhtoiQJWTA7BF_lea8gwMngOJkGTgM6vG-EV7lm1Gv3XtQ_aem_F7pDgXvNo3gIpTKaTFtj1w

Qué Democracia

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/
Bloqueo de la lucha de clases/
Alternativas emancipatorias

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

Hal Draper sobre Marx y democracia (1)

Rolando Astarita

En notas anteriores he planteado la importancia, en la tradición de Marx y Engels, de la lucha por libertades democráticas. Lo hice en oposición a corrientes que se reivindican socialistas y revolucionarias y apoyan, de hecho, a regímenes dictatoriales como el que existe hoy en Venezuela. El argumento preferido de esta gente es que las libertades democráticas son agitadas por el imperialismo (EEUU en primer lugar) y la oposición burguesa, y por lo tanto no deben ser reivindicadas por los marxistas. En este marco, el fraude electoral perpetrado por el régimen de Maduro sería un tema de importancia muy secundaria, por no decir nula. Con este argumento, esta izquierda también acusó de pro-imperialista el informe de Michelle Bachelet (Alta Comisionada para los Derechos Humanos) sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, con fecha septiembre de 2021. Una postura que se ha repetido, una y otra vez, a lo largo de décadas y hasta el presente.

A fin de aportar elementos para el análisis, y rescatar la tradición revolucionaria del socialismo marxista, en lo que sigue presento, en forma resumida, el escrito de Hal Draper (1914-1990) “Marx on Democratic Forms of Government”, 1974 (tomado de Hal Draper: Marx on Democratic Forms of Government (1974) (marxists.org). Dada su extensión, he dividido la nota en dos partes.  

Presentación del tema

Según Draper, el socialismo de Marx, como programa político, puede ser definido, desde el punto de vista marxista, no solo como una democratización de las formas políticas, sino también como la completa democratización de la sociedad. Sin embargo, el movimiento democrático del siglo XIX comenzó poniendo en primer plano la lucha por formas políticas avanzadas, y lo mismo hizo Marx, aunque en un contexto programático distinto. Es que para Marx la lucha por formas democráticas de gobierno –la democratización en el Estado- era una punta de lanza del esfuerzo socialista. No lo más importante, pero una parte integral del todo. 

Pues bien, a lo largo de la historia de los movimientos socialistas o comunistas, uno de los problemas fue establecer la relación, en teoría y práctica, entre la lucha por el socialismo y la lucha por la democracia (o derechos democráticos); entre los temas socialistas y los democráticos. En este respecto, cada corriente o escuela socialista ha tenido su propia respuesta. En un extremo está el enfoque que pone en el primer plano la defensa de las formas democráticas, como un fin en sí, y considera la lucha por las ideas socialistas como un tema accesorio. Desde el punto de vista marxista, se trata meramente del ala más izquierdista del liberalismo democrático burgués. En el otro extremo están los tipos de ideología radical que contraponen las ideas socialistas –entendidas como anticapitalistas- a la preocupación por las luchas democráticas, ya que consideran a estas sin importancia o hasta perjudiciales. Entre los dos extremos hay todo tipo de combinaciones. Por ejemplo, en la tensión entre objetivos socialistas y medios democráticos, la preocupación podría ser 50-50, 60-40, 30-70, etcétera.

El enfoque de Marx es cualitativamente diferente a este eclecticismo, y no intenta establecer una escala deslizante de preocupación entre los dos lados de la dualidad. Para él, la tarea de la teoría es integrar objetivamente ambos lados de la dualidad.

La respuesta característica de Marx al problema fue anticipada en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, donde buscó mostrar que “la verdadera democracia” requiere un nuevo contenido social, el socialismo. Este enfoque será redondeado en su análisis de la Comuna de París, la cual mostró que un Estado con un nuevo contenido social implica formas verdaderamente democráticas. Por eso, la teoría de Marx va en la dirección de definir la democracia consistente en términos socialistas y el socialismo consistente en términos democráticos. La tarea de la teoría entonces no es arbitrar en el choque entre los dos enfoques mencionados, sino entender las dinámicas sociales de la situación bajo la cual es resuelta la aparente contradicción entre ambos.

Marx no elaboró esto simplemente en su cabeza. Es que el avance hacia una solución del dilema se produjo en el curso de la revolución de 1848-1849, cuando las demandas democráticas y los objetivos socialistas parecieron llegar a un cruce de espadas. Uno de los resultados de la elaboración de Marx fue la llamada teoría de la revolución permanente. 

La vieja tesis

Desde un comienzo se planteó el problema de los militantes supuestamente radicales que, si bien desde una dirección opuesta, tenían la misma hostilidad y desprecio por las formas democráticas que las que emanaban del viejo régimen. En La ideología alemana Marx y Engels llamaron a este enfoque, despectivamente, “la vieja tesis”. Esta, propuesta a menudo tanto por revolucionarios como por reaccionarios, decía que en una democracia los individuos solo ejercen la soberanía por un momento, y luego se retiran de inmediato de su dominio. Marx no dedicó mucho espacio a esta posición –que entre otros defendía el anarquista Stirner- porque pensó, equivocadamente, que era un mero vestigio del pasado y no tenía futuro. Pero la realidad es que este rechazo de cualquier cosa conectada con la democracia burguesa persistió y terminaría asociada con el radicalismo ultraizquierdista.

Sin embargo, en sus orígenes era distinto. En una carta a Marx, Engels se refirió a un tal Bernays, editor del Vorwärts, quien estaba en contra del sistema de jurados, de la “libertad burguesa de prensa”, del sistema representativo y otras formas democráticas. Engels había intentado explicar a Bernays que con tales posiciones “estaba trabajando para el rey de Prusia, e indirectamente contra nuestro partido”. Los ataques a las instituciones democráticas ayudaban a que el régimen desacreditara al movimiento democrático.

El abordaje de Marx y Engels a la cuestión de las formas democráticas (derechos, libertades, instituciones) era totalmente diferente al que defendía Bernays. Es que este no podía comprender el planteo sobre las libertades democráticas porque su socialismo era meramente anti-capitalista y no pro-proletario. La suya no era una teoría acerca de un movimiento de clase, sino una simple preferencia por cierta reorganización social. Su objetivo no era poner el poder en manos de las masas del pueblo. Solo buscaba a personas de bien que quisieran realizar los cambios imaginados. Por eso, con este encuadre, el control popular sobre el gobierno podía convertirse en un peligro “dado que las masas estúpidas bien podrían ser más hostiles a sus esquemas que las almas iluminadas”. Su postura no se debía a que “odiara” al sistema burgués más que Marx, sino a que expresaba un punto de vista que no era de clase.

Según Marx y Engels, la democracia pasaba por el establecimiento de un control popular pleno sobre el gobierno. O sea, para el «extremista democrático” el control popular significaba control popular ilimitado, y la eliminación de todas las restricciones o distorsiones jurídicas, estructurales y socio-económicas sobre el control popular desde abajo. Esta es la razón de por qué, según Marx y Engels, el control popular apuntaba al socialismo. 

Sin embargo, en un país como Alemania, que no había tenido su revolución burguesa, el problema era cómo atravesar esa fase (en que la burguesía era parte de “las masas populares”) de manera que el poder pasara a los estratos subyacentes de la clase trabajadora. Esto es lo que definirá el problema de la “revolución permanente”. Para Marx se trataba de hacer un análisis de clase de los elementos de la democracia burguesa y separar lo que era específicamente burgués (por ejemplo la cualificación de propiedad para ejercer el voto) de lo que promoviera la más amplia extensión del control popular

Revoluciones de 1848

Las revoluciones de 1848-1849 establecieron temporalmente gobiernos democrático-burgueses en Francia y Alemania. Eran regímenes burgueses y más o menos democráticos en comparación con los regímenes previos. Por lo tanto, planteaban muchos problemas concretos acerca de qué formas políticas debía adoptar la democratización.

El criterio aplicado por Marx y Engels se definió en torno a la siguiente pregunta: ¿qué maximizaría la influencia ejercida desde abajo por las masas en movimiento sobre las fuerzas políticas de arriba? Estas últimas eran el régimen monárquico y su gobierno, que todavía era el ejecutivo, aunque a la defensiva; y los representantes del pueblo en las asambleas surgidas con el levantamiento revolucionario. Este último representaba la potencialidad de la “soberanía popular”, esto es, el control democrático por el pueblo. Sin embargo, cuando en Frankfurt se estableció la Asamblea Nacional, elegida por los estados germánicos, se evidenció que los delegados democrático-burgueses evitaban el choque con la monarquía. 

En oposición, Marx y Engels plantearon que la Asamblea debía tomar las medidas necesarias para frustrar los esfuerzos de la reacción, mantener los fundamentos revolucionarios sobre los que se asentaba, asegurar las conquistas de la revolución y la soberanía del pueblo contra todos los ataques. Pero la Asamblea no hizo nada de esto. Transcurrido un año de su instalación, incluso la izquierda de la Asamblea demostraba que no tenía estómago para pelear contra el poder real del Estado, encabezado por la Corona. De ahí que Marx y Engels criticaran a los diputados liberales por su retórica vacía. Más precisamente, la diferencia entre la retórica acerca de la “libertad” y la lucha democrático-revolucionaria real debía ser planteada en términos de cuestiones concretas.

Una de las más elementales era la libertad de prensa. Desde el primer número de la Nueva Gaceta Renana Marx y Engels hicieron de ella un grito de batalla. La libertad de prensa no podía ser separada de la libertad de expresión en todas sus formas. Toda la existencia de la NGR fue una batalla por sobrevivir contra su supresión que buscaba el gobierno. Llevados a la Corte, Marx y Engels transformaron sus defensas en denuncias políticas, y fueron absueltos. Pero no bien la reacción ganó fuerza, la NGR fue cerrada por decreto. Esto es, a decir de Marx y Engels, cualquiera podía ponerse por fuera de la ley por manifestar su opinión. La falta de libertad de prensa era un barómetro de la arbitrariedad gubernamental, y se mostraba que el Estado alemán era “puramente policial”.

En el mismo sentido, cuando el ministro Hansemann presentó un proyecto de ley para regular la prensa, Marx escribió que “de nuevo encontramos el más clásico de los monumentos al despotismo napoleónico sobre la prensa”. Agregaba que “los funcionarios del Gobierno pueden, con impunidad, cometer cualquier acto arbitrario, cualquier tiranía, cualquier ilegalidad. Pueden administrar o permitir flagelaciones, o hacer arrestos, o mantener en prisión sin juicio. El único control efectivo, el de la prensa, se hace ineficaz. El día en que la ley entra en vigencia, la burocracia puede celebrar: se hace más poderosa y desenfrenada, más fuerte que antes”.

Más tarde, cuando el gobierno suprimió el movimiento de clubes en dos ciudades, Engels denunció la continuidad del Estado policial, y preguntaba: “¿Usted piensa que posee el derecho a la libre reunión, la libertad de prensa, el derecho al armamento del pueblo y otras magníficas consignas que se lanzaron desde las barricadas de marzo? Ilusión, solo ilusión”.

De manera persistente, la NGR desarrolló campañas por derechos democráticos contra la presión gubernamental, incluyendo el programa de la izquierda de Frankfurt por el inmediato establecimiento, proclamación y garantía de derechos fundamentales del pueblo, contra los ataques de los gobiernos de los estados alemanes. Asimismo, criticó a los liberales de la Asamblea por ser demasiado imprecisos en el tema del sufragio universal contra el sufragio indirecto; y denunció las formas antidemocráticas de elecciones.

Según Marx y Engels el derecho de reunión también comprendía el derecho del pueblo a ejercer presión contra sus propios representantes. Esta cuestión cobró relevancia cuando la prensa de la derecha denunció la presión que se ejercía sobre la Asamblea prusiana, en Berlín, por la presencia de miles de personas durante las deliberaciones. Marx defendió el derecho de las masas democráticas a ejercer influencia moral sobre la asamblea constituyente, y sostuvo que era un antiguo derecho revolucionario del pueblo desde la revolución inglesa y francesa. La historia le debía a este principio casi todas las medidas enérgicas tomadas por las asambleas parlamentarias.

Por otra parte, se planteaba la cuestión de si un gobierno debería permitir actividades, incluso las que están santificadas como derechos democráticos, que puedan resultar en su propio derrocamiento. La respuesta de Marx y Engels fue si el ejercicio de los derechos del pueblo ponía en peligro al gobierno, pues entonces peor para el gobierno. Los gobiernos siempre creen que las actividades que son peligrosas para ellos constituyen “violaciones a la libertad”; o sea, a su propia “libertad” a existir. El pueblo no debía sacrificar sus derechos para aliviar los problemas del gobierno.

Este criterio también se advierte en la respuesta que Marx y Engels dieron a una moción presentada por Jacoby, un diputado de izquierda liberal. Proponía que las decisiones de la Asamblea tuvieran fuerza de ley sin necesidad de cualquier otro consentimiento. La iniciativa buscaba impedir que una minoría recurriera “a los de afuera”. Pero “los de afuera”, dice Engels, era el pueblo que votaba el cuerpo legislativo. Por eso, lo que buscaban Jacoby y asociados, bajo el pretexto de evitar guerras civiles, era abolir la agitación política. Pero la agitación no era nada más que la aplicación de la inmunidad a los representantes, la libertad de prensa, el derecho a organizarse. Por otra parte, si esas libertades llevaban, o no, a la guerra civil, no era un tema que concerniera a la izquierda revolucionaria. Era suficiente que esas libertades existieran, y luego se vería a dónde conducían si el ataque contra ellas continuaba.

Pocos días después, Engels precisaba: “La condición básica del derecho a la libre organización es que ninguna asociación o sociedad pueda ser disuelta o prohibida por la policía; que eso solo pueda llevarse a cabo como resultado de un veredicto judicial que establezca la ilegalidad de la asociación o sus actos y objetivos, y el castigo a los autores de esos actos”.

El poder a la Asamblea

La orientación política de Marx y Engels apuntaba a que todo el poder recayera en la Asamblea, como representación de la soberanía popular, y en contra del objetivo de la mayoría de la Asamblea de llegar a un acuerdo con la Corona. Por eso acusaban a la Asamblea de ser irresoluta y blanda Marx presentaba su propuesta democrático-revolucionaria en términos de la concentración del poder legislativo y ejecutivo en manos de los representantes del pueblo. El ala radical de la Asamblea reclamaba un gobierno ejecutivo “elegido para un período determinado por la Asamblea Nacional y responsable ante ella”. Pero, decía Marx, eso no era suficiente. El poder ejecutivo debía ser seleccionado en las filas de la misma Asamblea, como lo demandaba el ala izquierda de los radicales.

Según la NGR, si la Asamblea renunciaba a asumir todos los poderes del Estado, si en particular era desprovista del derecho a ejercer el control sobre el Ejecutivo a través de sus comisiones de investigación, entonces eso equivalía a renunciar a la soberanía del pueblo. El asunto de la inmunidad de arresto por parte del Gobierno de los diputados era un aspecto muy concreto de la soberanía. La NGR hacía campaña por plena e íntegra inmunidad, sin lagunas. Sin embargo, de hecho, en lugar de que la Asamblea dominara sobre el poder Ejecutivo, era este el que usaba todos los medios posibles para fortalecerse. Marx ponía el ejemplo del proyecto de Ley de la Milicia: la idea de una milicia popular se había convertido en un plan para instalar una fuerza burocrática. Draper dice que todo esto reflejaba el leitmotiv de la actitud de Marx hacia los problemas de la democratización: minimización del poder ejecutivo, de la burocracia estatal, y maximización del peso, en la estructura gubernamental, del sistema representativo. Y no solo en el período de la revolución.

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2024/09/04/hal-draper-sobre-marx-y-democracia-1/

(…) a lo largo de la historia de los movimientos socialistas o comunistas, uno de los problemas fue establecer la relación, en teoría y práctica, entre la lucha por el socialismo y la lucha por la democracia (o derechos democráticos); entre los temas socialistas y los democráticos. En este respecto, cada corriente o escuela socialista ha tenido su propia respuesta. En un extremo está el enfoque que pone en el primer plano la defensa de las formas democráticas, como un fin en sí, y considera la lucha por las ideas socialistas como un tema accesorio. Desde el punto de vista marxista, se trata meramente del ala más izquierdista del liberalismo democrático burgués. En el otro extremo están los tipos de ideología radical que contraponen las ideas socialistas –entendidas como anticapitalistas- a la preocupación por las luchas democráticas, ya que consideran a estas sin importancia o hasta perjudiciales. Entre los dos extremos hay todo tipo de combinaciones. Por ejemplo, en la tensión entre objetivos socialistas y medios democráticos, la preocupación podría ser 50-50, 60-40, 30-70, etcétera.

El enfoque de Marx es cualitativamente diferente a este eclecticismo, y no intenta establecer una escala deslizante de preocupación entre los dos lados de la dualidad. Para él, la tarea de la teoría es integrar objetivamente ambos lados de la dualidad. (…)

El abordaje de Marx y Engels a la cuestión de las formas democráticas (derechos, libertades, instituciones) era totalmente diferente al que defendía Bernays. Es que este no podía comprender el planteo sobre las libertades democráticas porque su socialismo era meramente anti-capitalista y no pro-proletario. La suya no era una teoría acerca de un movimiento de clase, sino una simple preferencia por cierta reorganización social. Su objetivo no era poner el poder en manos de las masas del pueblo. Solo buscaba a personas de bien que quisieran realizar los cambios imaginados. Por eso, con este encuadre, el control popular sobre el gobierno podía convertirse en un peligro (…)

El criterio aplicado por Marx y Engels se definió en torno a la siguiente pregunta: ¿qué maximizaría la influencia ejercida desde abajo por las masas en movimiento sobre las fuerzas políticas de arriba? Estas últimas eran el régimen monárquico y su gobierno, que todavía era el ejecutivo, aunque a la defensiva; y los representantes del pueblo en las asambleas surgidas con el levantamiento revolucionario. Este último representaba la potencialidad de la “soberanía popular”, esto es, el control democrático por el pueblo. Sin embargo, cuando en Frankfurt se estableció la Asamblea Nacional, elegida por los estados germánicos, se evidenció que los delegados democrático-burgueses evitaban el choque con la monarquía. (…)

(…) el leitmotiv de la actitud de Marx hacia los problemas de la democratización: minimización del poder ejecutivo, de la burocracia estatal, y maximización del peso, en la estructura gubernamental, del sistema representativo. Y no solo en el período de la revolución. (…)

Hal Draper sobre Marx y democracia (2)

Rolando Astarita

En la década que siguió a la derrota de las revoluciones de 1848-1849 Marx escribió extensamente acerca de las formas democráticas constitucionales. El principio que surge de estos escritos es que una de las señas principales de una verdadera constitución democrática es el grado en el cual la misma restringe y limita la independencia del Poder Ejecutivo. Es acorde con la idea de que más democracia significa más control popular desde abajo. Este enfoque subyace en varios análisis críticos que hace Marx de constituciones particulares.

Análisis de una Constitución

El primero, escrito en 1851, se refiere a la Constitución de la República de Francia. El principal fraude en esa Constitución, dice Marx, es que deja espacio para que las proclamadas garantías democráticas sean anuladas por leyes subsecuentes dictadas por el Poder Ejecutivo. En El 18 Brumario, publicado poco después, insiste con la crítica: “El inevitable Estado Mayor de las libertades de 1848, la libertad personal, de prensa, de palabra, de asociación, de reunión, de enseñanza, de culto, etcétera, recibió un uniforme constitucional, que hacía a éstas invulnerables.

 En efecto, cada una de estas libertades era proclamada como el derecho absoluto del ciudadano francés, pero con un comentario adicional de que estas libertades son ilimitadas en tanto en cuanto no son limitadas por los “derechos iguales de otros y por la seguridad pública”, o bien por “leyes” llamadas a armonizar estas libertades individuales entre sí y con la seguridad pública. Así, por ejemplo: “Los ciudadanos tienen derecho a asociarse, a reunirse pacíficamente y sin armas, a formular peticiones y a expresar sus opiniones por medio de la prensa o de otro modo. 

El disfrute de estos derechos no tiene más límite que los derechos iguales de otros y a la seguridad pública” (cap. II de la Constitución francesa, art. 8). “La enseñanza es libre. La libertad de enseñanza se ejercerá según las condiciones que determina la ley y bajo control supremo del Estado”. “El domicilio de todo ciudadano es inviolable, salvo en las condiciones previstas por la ley” (cap. II. art. 3).

Por lo tanto, la Constitución remite constantemente a futuras leyes orgánicas que precisarían y pondrían en práctica aquellas reservas, y regularían el disfrute de estas ilimitadas libertades, de modo que no chocaran entre sí, ni con la seguridad pública. Más tarde estas leyes orgánicas, continúa Marx, fueron promulgadas por los amigos del orden, y las libertades fueron reguladas de modo que no afectaran a la burguesía. Allí donde la Constitución vedaba “a los otros” esas libertades, o consentía su disfrute bajo condiciones que eran otras tantas celadas policíacas, lo hacía siempre, pura y exclusivamente, en interés de la “seguridad pública”, es decir, de la seguridad de la burguesía, tal y como lo ordena la Constitución.

Por eso, en lo sucesivo, los amigos del orden invocaron, con plena justicia, el derecho constitucional a anular las libertades; y los demócratas lo invocaron, también con plena justicia, para reivindicarlas. Escribe Marx: “cada artículo de la Constitución contiene su antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general, la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad. Por tanto, mientras se respetase el nombre de la libertad y sólo se impidiese su aplicación real y efectiva -por la vía legal se entiende-, la existencia constitucional de la libertad permanecía íntegra, intacta, por mucho que se asesinase su existencia común y corriente”.

Minimización del poder ejecutivo

En 1853 Marx analizó los borradores de las constituciones para Schleswig y Holstein, y destacó su carácter no democrático. Entre otras cuestiones señaló que uno de los pasajes más remarcables de esos textos era el que quitaba el antiguo derecho de las Cortes de cancelar decretos administrativos. Tales disposiciones eran malas porque “es el poder de la burocracia el que debe mantenerse bajo”.

Esto también es planteado en el análisis, escrito en 1858, de la Constitución prusiana de 1850. Una vez más, Marx observa que los derechos constitucionales son nulificados por la libertad de acción que se concede al Poder Ejecutivo. La realidad prusiana, escribe, muestra la brecha entre la teoría constitucional y la práctica real. Draper cita a Marx: “Cada paso que usted dé, incluso un simple movimiento, es falseado por la acción omnipotente de la burocracia, esa segunda providencia de genuino crecimiento prusiano.  Usted no puede vivir ni morir, ni casarse, escribir cartas, pensar, imprimir, emprender un negocio, enseñar ni ser enseñado, organizar una reunión, construir una fábrica, emigrar ni hacer nada sin el permiso de las autoridades”.  Las leyes orgánicas borraban garantías que existían incluso en los peores tiempos de la monarquía absoluta y con la independencia de las cortes. Draper señala que es la segunda vez que Marx defiende la independencia de las Cortes con respecto al Poder Ejecutivo.

Draper también destaca que Marx consideraba que la Constitución de Hesse, de 1831, era la más liberal de Europa –aunque su método de elegir representantes no era democrático- porque restringía los poderes del Ejecutivo a límites estrechos que lo hacían más dependiente de la Legislatura y otorgaba un elevado poder de control a la rama judicial. Esto es, Marx reivindica la independencia de las Cortes de la ley frente al Poder Ejecutivo.

Posteriormente, dice Marx, la revolución de 1848-1849 democratizó las formas de elección e hizo otras dos mejoras, ambas dirigidas contra el poder del Ejecutivo: puso el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema en manos de la legislatura, y quitó a la monarquía el control del ejército, pasándolo al ministro de Guerra, responsable ante los representantes del pueblo. Otro rasgo democrático de esa constitución que destacó Marx es que la policía, tanto local como general, era administrada por consejeros comunales nominados por elección popular. Una década más tarde Marx sostenía que el control sobre la policía, establecido por la Comuna de París, era un logro democrático. En general, señala Draper, las ideas de Marx acerca de la minimización o subordinación del Poder Ejecutivo, alcanzaron su más completa expresión en sus análisis de la Comuna de París. 

Válvulas de seguridad para la burguesía

En este apartado pasamos lista a otros aspectos de la concepción de Marx y Engels sobre las libertades, que destaca Draper:

* Denuncian el ahogo de la libertad de prensa durante la ofensiva del bonapartismo en Francia.

* Critican las restricciones, en la Francia posterior a la derrota de 1848, al derecho al voto; también en otras elecciones europeas.

* Critican la manipulación de los distritos electorales por parte de la burocracia prusiana.

* Defienden el sistema unicameral, o sea, favorable a una única asamblea representativa, y contra el sistema bicameral, diseñado para frenar la soberanía popular.

* Defienden el derecho de manifestación. En 1872, en Londres, se llevó a cabo un mitin, organizado por miembros irlandeses de la Internacional, pidiendo una amnistía general. En respuesta, el Gobierno pasó una ley en el Parlamento regulando las manifestaciones públicas. Engels denunció la medida como un ataque “a uno de los más preciosos derechos de los trabajadores londinenses”.

* Denuncian el uso de espías e informantes por parte de los gobiernos y la policía contra los movimientos radicales y obreros. Critican la disposición del comandante austriaco en Milán por la cual todo aquel que no denunciara actos ilegales era pasible de ser acusado de transgredir la ley.

* Reclaman la libertad de prensa en tiempos de guerra. Cuando estalló la guerra franco prusiana Bebel y Liebknecht fueron arrestados por el gobierno de Bismark bajo el cargo de alta traición.     

Estafa democrática

Draper observa que no es posible extraer de los escritos de Marx y Engels un reporte sistemático de lo que Marx llamó “estafa democrática”, en referencia a los métodos con los cuales la burguesía utilizaba (utilizaba y abusaba) las formas democráticas para estabilizar su gobierno socioeconómico. Sin embargo, se pueden señalar un par de puntos básicos.

Lo principal es la idea de que la “estafa democrática” constituía una estafa no porque era democrática sino, por el contrario, porque utilizaba formas democráticas para frustrar el control democrático y genuino desde abajo. La misma frase viene de una referencia de Marx al país que, bien entendido, era en su tiempo el más democrático en su forma constitucional, los EEUU. Este era el modelo de “estafa democrática”, no porque fuera menos democrático que otros, sino precisamente por la razón opuesta.  

Es que dado que EE.UU. había desarrollado la estructura formal de la república constitucional en la forma más democrática, su burguesía había tenido que llevar a su punto más elevado el arte de mantener a la opinión pública dentro de canales satisfactorios para sus intereses de clase. El principal método de esta empresa fue el sistema de corrupción política. En la medida en que era posible realizarlo, dentro del marco de un país que se estaba expandiendo económica y geográficamente, podían evitarse las explosiones. El gasto valía la pena mientras se ganara una válvula de seguridad para las pasiones efervescentes del país. Después de todo, un Estado democrático, permaneciendo iguales otras cosas, resulta más barato que el despotismo. En la medida en que es posible, el Estado democrático es una ganga para la clase dominante, interesada en mantener bajos los costos. Lo cual es cierto no solo en términos de gasto en dinero contante y sonante –gasto necesario para un aparato estatal hinchado-, sino también en términos de intangibles, tales como el interés voluntario de la masa de la población en cooperar en su propia explotación. En polémica con el liberal Heinzen, Marx señaló que la monarquía implica grandes gastos, lo cual se veía comparando las finanzas gubernamentales de Norteamérica con las finanzas de los estados germánicos.

Por otra parte, y refiriéndose a la burguesía británica, Marx planteó que el objetivo ideal, en política, de los principales representantes de la burguesía, era un Estado barato. “Necesariamente su última palabra es la República Burguesa, en la cual la libre competencia rige suprema en todas las esferas de la vida; en la cual permanece solo el mínimo de gobierno que es indispensable para la administración, interna y externa, de los intereses de clase comunes y los negocios de la burguesía, y donde este mínimo esté sobria y económicamente organizado tanto como sea posible”.    

En otras oportunidades Marx o Engels caracterizaron la política democrático-burguesa como un ejercicio de convencer al máximo de personas de que estaban participando en el poder del Estado, por medio de un mínimo de concesiones a las formas democráticas. En vísperas de la revolución de 1848 Engels retomó el manifiesto lanzado por Lamartine, el político poeta que encabezaba el partido Republicano, moderado, y sostuvo que el significado de las medidas políticas propuestas por Lamartine era entregar el gobierno a manos de la burguesía inferior, pero bajo la apariencia de entregarlo a todo el pueblo. Este era el significado de su sufragio universal con su doble sistema de elección.

Draper señala que el siglo XIX asistió a una plétora de inteligentes sistemas electorales diseñados para insertar un factor manipulativo en las formas de un sufragio más o menos universal, comenzando con la Constitución de EEUU. Como lo señaló Engels en el caso de Lamartine, los mecanismos fueron calibrados para conseguir un único tipo de efecto: ¿cuán bajo en la escala social, en las manos de qué clase, o estrato de clase, se esperaba que residiera el poder político? Este era el vínculo entre la lucha de clases y las formas constitucionales que a menudo parecían cuestiones técnicas. Un movimiento destinado a ubicar el poder político en las manos de la clase obrera podía permitirse el lujo de presionar por la democratización completa, sin torcerse.

Hacia la socialización de la democracia

En su crítica a Lamartine Engels escribió que “los principios de la regeneración social y política habían sido encontrados 50 años atrás: el sufragio universal, la elección directa, la representación paga, eran las condiciones esenciales de la soberanía política… Lo que queremos no es la conveniencia de la clase media inglesa, sino un nuevo sistema de economía social para realizar los derechos y satisfacer las necesidades de todos”. Esto se publicó en un medio cartista, que todavía luchaba por el programa de los extremistas democráticos. Pero los amigos cartistas de Engels, pertenecientes al ala izquierda del movimiento, peleaban por extender la idea democrática a un programa social. Era lo que había planteado también Engels desde su llegada a Inglaterra. Engels había comenzado oponiendo el “comunismo” a la democracia, en la línea de Proudhon y Weitling.

Sin embargo, en 1844 había corregido esto al plantear ir por encima de la mera democracia política, hacia una transformación social de base. En un artículo escrito ese año analizó las formas constitucionales de la democracia británica en ese espíritu. Admitiendo que Inglaterra era el país más libre, incluso más que Norteamérica, encaró el examen de los métodos y formas del sistema político “sobre líneas puramente empíricas”, para mostrar cómo la estructura estaba diseñada para hacer concesiones solo para preservar todo lo posible esa decrépita estructura, y mantener el gobierno de la clase media en asociación con la aristocracia de mentalidad progresista. Dado que la Cámara de los Comunes ejercía todo el poder, se seguía que “Inglaterra debería ser una democracia pura”. Pero esto solo sería así si el mismo elemento democrático fuera realmente democrático”. Es esta condición la que Engels somete a un análisis detallado, midiendo las pretensiones constitucionales y formales contra los hechos empíricos del poder de clase. Su conclusión fue que el hombre inglés no era libre a causa de la ley, sino a pesar de la ley, si es que podía ser considerado libre, dado que era la constante amenaza desde abajo la que aseguraba el reconocimiento de los derechos democráticos.

De la misma manera, era la lucha de clases la que haría avanzar las cosas. “La lucha ya está en marcha. La Constitución ha sido sacudida en sus fundamentos. Cómo resultarán las cosas en el futuro se puede ver de lo que se ha dicho. Los nuevos elementos en la Constitución son de naturaleza democrática. La opinión pública también se desarrolla de acuerdo con el lado democrático, como lo mostrará el tiempo. El futuro cercano de Inglaterra es la democracia. Pero no una democracia como la de la Revolución de Francia, cuya antítesis era la monarquía y el feudalismo, sino una democracia cuya antítesis es la clase media y la propiedad. Esto es evidente a partir de todo el desarrollo precedente. La clase media y la propiedad están en el poder; el hombre pobre está privado de derechos y oprimido; la Constitución lo repudia; la ley lo maltrata: la lucha de la democracia contra la aristocracia en Inglaterra es la lucha del pobre contra el rico. La democracia hacia la que se dirige Inglaterra es la democracia social”.

Sin embargo, la mera democracia es incapaz de remediar los males sociales. La igualdad democrática es una quimera, la lucha del pobre contra el rico no puede ser peleada en el terreno de la democracia o la política en general. La “mera democracia” es democracia meramente política, una democracia que no se extiende a la “cuestión social”, a la democratización de la vida socio-económica.

Conclusión

En resumen, Marx y Engels siempre observaron los dos lados del complejo de instituciones democráticas y derechos que surgieron bajo la democracia burguesa. Ambos se correspondían con las dos clases que lucharon hasta el final dentro de este marco. Un lado fue la utilización de las formas democráticas como medio, barato y versátil, de contener a las masas explotadas, dándoles la ilusión de  participación en el Estado mientras el poder económico de la clase gobernante se aseguraba los centros reales de poder. Este era el lado de la “estafa democrática”. El otro lado era la lucha para dar a las formas democráticas un nuevo contenido social, de clase, ante todo empujándolas al extremo democrático del control popular desde abajo, el cual, a su vez, implicaba extender la aplicación de las formas democráticas fuera de la esfera meramente política y hacia la organización de toda la sociedad.

La clave era el control popular desde abajo. Esta idea se puede ver en la crítica al resbaladizo eslogan del “Estado libre”, el lema de Lasalle. Tomándolo literalmente, Marx respondió que no queremos un Estado que es libre, sino uno que esté completamente subordinado a la sociedad. En su Crítica al Programa de Gotha escribe: “¿Qué es el Estado libre? De ningún modo es propósito de los obreros, que se han librado de la estrecha mentalidad del humilde súbdito, hacer libre al Estado. En el imperio alemán, el Estado es casi tan “libre” como en Rusia. La libertad consiste en convertir al Estado de órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella. Las formas de Estado siguen siendo hoy más o menos libres en la medida en que limitan la “libertad del Estado”.

Para bajar el documento: https://docs.google.com/document/d/1g8YUw8JBpxOcYXU8y0WLXEDyJ_-jj2R45gEt46ApKC8/edit?usp=sharing

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2024/09/12/hal-draper-sobre-marx-y-democracia-2/

(…) la Constitución remite constantemente a futuras leyes orgánicas que precisarían y pondrían en práctica aquellas reservas, y regularían el disfrute de estas ilimitadas libertades, de modo que no chocaran entre sí, ni con la seguridad pública. Más tarde estas leyes orgánicas, continúa Marx, fueron promulgadas por los amigos del orden, y las libertades fueron reguladas de modo que no afectaran a la burguesía. Allí donde la Constitución vedaba “a los otros” esas libertades, o consentía su disfrute bajo condiciones que eran otras tantas celadas policíacas, lo hacía siempre, pura y exclusivamente, en interés de la “seguridad pública”, es decir, de la seguridad de la burguesía, tal y como lo ordena la Constitución.

Por eso, en lo sucesivo, los amigos del orden invocaron, con plena justicia, el derecho constitucional a anular las libertades; y los demócratas lo invocaron, también con plena justicia, para reivindicarlas. Escribe Marx: “cada artículo de la Constitución contiene su antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general, la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad. Por tanto, mientras se respetase el nombre de la libertad y sólo se impidiese su aplicación real y efectiva -por la vía legal se entiende-, la existencia constitucional de la libertad permanecía íntegra, intacta, por mucho que se asesinase su existencia común y corriente”.

Minimización del poder ejecutivo (…)

Lo principal es la idea de que la “estafa democrática” constituía una estafa no porque era democrática sino, por el contrario, porque utilizaba formas democráticas para frustrar el control democrático y genuino desde abajo. La misma frase viene de una referencia de Marx al país que, bien entendido, era en su tiempo el más democrático en su forma constitucional, los EEUU. Este era el modelo de “estafa democrática”, no porque fuera menos democrático que otros, sino precisamente por la razón opuesta.  

Es que dado que EE.UU. había desarrollado la estructura formal de la república constitucional en la forma más democrática, su burguesía había tenido que llevar a su punto más elevado el arte de mantener a la opinión pública dentro de canales satisfactorios para sus intereses de clase. El principal método de esta empresa fue el sistema de corrupción política. En la medida en que era posible realizarlo, dentro del marco de un país que se estaba expandiendo económica y geográficamente, podían evitarse las explosiones. El gasto valía la pena mientras se ganara una válvula de seguridad para las pasiones efervescentes del país. Después de todo, un Estado democrático, permaneciendo iguales otras cosas, resulta más barato que el despotismo. En la medida en que es posible, el Estado democrático es una ganga para la clase dominante, interesada en mantener bajos los costos. Lo cual es cierto no solo en términos de gasto en dinero contante y sonante –gasto necesario para un aparato estatal hinchado-, sino también en términos de intangibles, tales como el interés voluntario de la masa de la población en cooperar en su propia explotación. (…)

El Supremo Poder Restaurador

13 de septiembre de 2024

Por Eduardo Nava Hernández | Rebelión

Por fin, en este accidentado y violento fin de sexenio el muy anunciado desde la campaña de 2018 cambio de régimen ha asomado, ha llegado. Nunca la autonombrada Cuarta Transformación definió en qué consistía tan rimbombante anuncio o en qué nueva forma de régimen desembocaría. Como si un enunciado tan simple y abstracto bastara para definir cambios trascendentes, necesarios, sí, y acordes con lo requerido por la nación.

Ahora sí, a partir del pasado 5 de febrero, un racimo de iniciativas presidenciales, 18 constitucionales y dos a leyes secundarias —asumidas también desde un inicio por la ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo— ha perfilado el nuevo régimen anhelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador: partidización y control del poder judicial, militarización total y permanente de la seguridad pública (Guardia Nacional), eliminación de órganos con autonomía constitucional que acotan al Poder Ejecutivo (INAI, Cofece, Comisión Reguladora de Energía, Instituto Federal de Telecomunicaciones, etc.), o control sobre ellos (INE, CNDH), eliminación de las diputaciones de representación proporcional, y con ello, de las minorías en la Cámara de Diputados y el Senado. En pocas palabras, supremacía absoluta y sin contrapesos del poder presidencial.

No es algo estrictamente nuevo en nuestra historia nacional. En el siglo XIX los caudillismos omnipotentes fueron dominantes durante largos periodos en la joven república. Si bien el periodo de la República Restaurada, los diez años en que los civiles Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada gobernaron bajo la potestad de la Constitución liberal, se buscó romper con esa lógica, el ascenso de Porfirio Díaz al poder, primero por un golpe militar y luego refrendado mediante múltiples reelecciones, restableció el predominio total del Ejecutivo sobre cualquier otro componente del Estado: imposición de los gobernadores, de los senadores y diputados, y de los presidentes municipales más importantes, aunque todos ellos pasaran por un proceso electoral más aparente que real. En el siglo XX el régimen posrevolucionario renovó el autoritarismo bajo la modalidad conjunta de un presidencialismo absolutista y un partido de Estado, el fundado en 1929 por el jefe máximo Plutarco Elías Calles, Partido Nacional Revolucionario, transformado durante el cardenismo en Partido de la Revolución Mexicana y por el alemanismo en 1946 en el PRI.

Como se sabe, durante largas décadas el partido oficial, manejado enteramente por la voluntad del presidente en turno, funcionó como partido virtualmente único, sin oposición o con una oposición extremadamente débil (el PAN, principalmente, y algunos organismos de vida más efímera). Gobiernos estatales y Congreso fueron ocupados en su totalidad por el PRI, salvo algunas simbólicas diputaciones ganadas por el panismo o adjudicadas al PP-PPS de Vicente Lombardo, o al PARM de ex militares revolucionarios, para aparentar un pluralismo en realidad inoperante.

Hoy, la súper representación que el INE y el Tribunal Electoral dieron al oficialismo en la Cámara de Diputados, y la mayoría casi calificada en el Senado — acrecentada con la traición de dos legisladores electos bajo el emblema del PRD, en extinción, más lo que se acumule— hace del Legislativo la pieza clave, a través de la cual se operarán los cambios constitucionales y legales diseñados desde la presidencia. La absoluta sumisión del Morena, PT y “Verde” son garantía de un renovado poder presidencial sin cortapisas ni contrapesos. La reforma al Poder Judicial avanza ya en ese sentido: una restructuración profunda del Estado para afianzar el dominio de un poder sobre los otros. El contar con un partido de Estado, dotado de los mayores recursos económicos, políticos y propagandísticos, permitirá también asegurar en la mayoría de los casos el señorío del presidente en las elecciones locales: gobernadores y congresos. Un neopriismo o, para usar un término apreciado por López Obrador, un neoporfirismo pleno.

¿Qué significa, entonces, este proceso de reconcentración del poder en la presidencia y su partido como aparato electoral y legislativo? Sin duda, como ya se ha manifestado por opositores, comentaristas y estudiosos del sistema político y constitucional mexicano, un retroceso a tiempos pasados, una reversión de los avances democráticos logrados durante poco más de tres décadas bajo —y muchas veces a pesar o en contra de— los gobiernos priistas y panistas. Es un cambio drástico a la República misma como hasta ahora la hemos conocido y, de hecho, la erección de un nuevo andamiaje de poder de carácter unipolar, pero articulado en dos niveles: la presidencia de la República como pieza clave y centro rector, y el Congreso, dependiente de ella y operador de cualquier cambio que al Ejecutivo se le antoje realizar. El Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, quedarán prácticamente anulados, imposibilitados de actuar con autonomía. ¿No desde ahora se amenaza a sus miembros con someterlos a juicio político, destituirlos y hasta hacerles cargos penales?

Entre las experiencias de gran concentración del poder en nuestro país hay otra, menos conocida y recordada, ocurrida en el periodo de los caudillismos militares de la temprana República, antes de la pérdida de Texas y de la intervención francesa de 1838. A mediados de 1835 el Congreso, originalmente con tinte político moderado y dividido en dos cámaras, fue ganado por los centralistas, que decidieron modificar la constitución federalista de 1824. Unificaron la Cámara de Diputados y el Senado formando un solo cuerpo legislativo y durante más de un año, de octubre de 1835 a diciembre de 1836, expidieron las llamadas Bases Constitucionales o las Siete Leyes. En éstas se fortaleció, dotándolos de más atribuciones, tanto al Ejecutivo como al poder Judicial, mientras se restringían las facultades del Legislativo.

Pero en la Segunda Ley, por encima de la triada de poderes separados ideada por el barón de Montesquieu, y bajo la clara influencia de Benjamin Constant, que formuló la teoría del “poder neutro”, el Congreso mexicano estableció un cuarto órgano, denominado Supremo Poder Conservador. “Este nuevo poder —nos ilustra Reynaldo Sordo Cedeño— tenía como función regular los actos de los otros poderes, cuidar de que las leyes fueran observadas exactamente, declarar cuando alguno de ellos quebrantara la Constitución o se excediera en sus facultades y declarar cuál era la voluntad nacional en los casos extraordinarios que pudieran ocurrir. […] Este Supremo Poder no era responsable de sus acciones más que ante Dios y ante la opinión pública, y sus miembros en ningún caso podrían ser juzgados ni reconvenidos por sus opiniones” (En Patricia Galeana, Comp.: México y sus constituciones. 2ª edición. México, FCE, 2003).

Durante la vigencia de esas leyes, cinco individuos integrantes del Supremo Poder se colocaban por encima de la presidencia, el Congreso y el poder Judicial, pudiendo reconvenir a sus integrantes o recusar incluso sus resoluciones. Era una forma, sin anular la división formal de poderes, de concentrar el poder todo de la República en una sola instancia. Es, acaso, el antecedente del porfirismo y el régimen priista de su apogeo, entre Miguel Alemán y Carlos Salinas de Gortari. Pero no es muy distinto lo que a lo largo del sexenio que está por expirar (y que pretende perpetuarse como “segundo piso”) hemos presenciado. Es el presidente el intérprete único de la voluntad del “pueblo”, en cuyo nombre se descalifica las acciones de cualquier forma de oposición y, sobre todo en el periodo reciente, de la Suprema Corte y el PJF en su conjunto. El Tribunal de Disciplina Judicial en el proyecto lopezobradorista aprobado ya en la Cámara de Diputados, integrado por cinco miembros (curiosa casualidad) electos por voto popular, se colocaría por encima de la ya no suprema Corte de Justicia y sustituiría, con facultades henchidas, al actual Consejo de la Judicatura Federal. Pero al igual que los ministros, magistrados y jueces, estos tribunos, electos popularmente, resultarán fácilmente partidarios, por la lógica electoral misma; es decir, morenistas seguros. Y podrán vetar resoluciones judiciales, del mismo modo que los tribunos de la República romana podían hacerlo con las del Senado.

La justificación política del Supremo Poder Conservador de 1835 era preservar la vigencia de la constitución de 1824, a la cual, empero, los centralistas realizaban modificaciones. La del nuevo tándem Ejecutivo-Legislativo es la de supuestamente avanzar en la democratización del poder, cuando en realidad es lo contrario: convertida esa fórmula en Supremo Poder Restaurador, su verdadero propósito es centralizar el poder estatal y restaurar el ya conocido régimen que predominaba con que reinaban gobernantes como Luis Echeverría o José López Portillo. Muy pronto, de no ocurrir algún hecho imprevisto, en esas nos veremos los mexicanos.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.

Fuente: https://rebelion.org/el-supremo-poder-restaurador/

 Bloqueo de la lucha de clases

«La conflictividad global está atravesada por factores económicos, comerciales y bélicos que tienen a las plataformas, las redes sociales, la Inteligencia Artificial (IA), los satélites y los cables de fibra óptica submarina como elementos claves que definen los espacios soberanos, el espionaje y la capacidad para influir, condicionar y determinar formatos cognitivos y conductas sociales.(…)

El tema fundamental de la disputa, que tiene a Telegram como parte de la disputa, es la soberanía. El globalismo otantista busca imponer su lógica de doble rasero. Lo que no controla para ser ilegal, peligroso o subversivo. Pero si algún país ajeno a su vigilancia pretende controlar su constelación de C4ISR, pasa de forma inmediata a convertirse en un cómplice del terrorismo internacional. En los últimos años, Turquía ha exigido que las redes sociales tengan ejecutivos locales basados en el país, demanda que ha sido rechazada por las grandes plataformas.

El último 17 de agosto, Elon Musk informó que X cerrará sus oficinas en San Pablo dada la exigencia del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes para que nombre un representante legal en el país. El plazo otorgado al socio político de Donald Trump venció el último jueves y este viernes el juez ordenó la suspensión inmediata de la red social en Brasil. Las ciber-batallas que tienen como núcleo la competencia por el control cognitivo serán un vector de la conflictividad global en las próximas décadas.»

Telegram, Musk y la ciberguerra

5 de septiembre de 2024

Por Jorge Elbaum | Página/12

La conflictividad global está atravesada por factores económicos, comerciales y bélicos que tienen a las plataformas, las redes sociales, la Inteligencia Artificial (IA), los satélites y los cables de fibra óptica submarina como elementos claves que definen los espacios soberanos, el espionaje y la capacidad para influir, condicionar y determinar formatos cognitivos y conductas sociales.

Los analistas militares denominan a la constelación estructural que le da soporte a Internet como el C4ISR, sigla con la que se hace referencia a las actividades de comando, control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. La geopolítica actual es inseparable de la dotación de información y manipulación que posee la ciberesfera. Esta constatación ha generado la ampliación de los espacios de operatividad de las fuerzas armadas, sumándose la ciberdefensa al ejército, la marina y la aeronáutica.

La detención del fundador y CEO de la red social Telegram Pavel Durov (foto) se inscribe en el control de esta dimensión cada vez más relevante del poder global. Uno de sus orígenes se vincula con la guerra que llevan a cabo los 32 países de la OTAN contra la Federación Rusa. Una segunda causa se relaciona con la capacidad que posee Telegram para sortear a los aparatos de inteligencia del G7. La plataforma de Durov fundada en 2013 cuenta en la actualidad con mil millones de usuarios, un soporte de mensajería cifrada que no pudo ser penetrado por la OTAN y múltiples protocolos criptográficos que los integrantes de la plataforma se han negado a compartir.

El caso Pavel Durov se inscribe en la ofensiva de occidente para limitar la independencia y la autonomía de lo que no pueden controlar. Los antecedentes de Julian Assange (WikiLeaks), del analista Edward Snowden (refugiado en la Federación Rusa, luego de difundir documentos de inteligencia), y de Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei detenida en Canadá durante más de dos años, exhiben el malestar de quienes no aceptan la pluralidad de los dispositivos, plataformas y redes que no pueden monitorear.

Durov fue acusado por el Centro de Lucha contra la Delincuencia Digital (C3N) y de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONAF), por no moderar los contenidos. La imputación de la justicia está caratulada como “complicidad en la administración de una plataforma en línea por permitir una transacción ilícita, en banda organizada”. Entre los otros delitos imputados, figura el rechazo a cooperar con las autoridades en las intercepciones autorizadas por la legislación francesa. La imputación, en síntesis, se vincula con la negativa de Durov a violar la confidencialidad comprometida a los usuarios de la plataforma.

Aunque Durov fue liberado bajo control judicial, y se le prohibió abandonar el país, sus defensores dejaron trascender que podría dejar de ser acusado si colaborara con las autoridades de inteligencia y accediera a compartir los códigos criptográficos que permitirían acceder a los mensajes privados, sobre todos a los relacionados con la guerra entre de la OTAN contra Moscú. Telegram se ha convertido en una fuente fundamental de información y es utilizado por las tropas rusas para difundir posicionamiento y videos de las batallas que generan desánimo entre los combatientes de Kiev. Telegram se ha convertido en una aplicación donde se entabla “una batalla virtual» que es utilizada para hacer geolocalizaciones de tropas y organización de comando por parte de analista rusos agrupados en el canal de Telegram denominado Rybar.

Antes de llegar al aeropuerto de París-Le Bourget, proveniente de Azerbaiyán, Durov estuvo dos días en Bakú, lugar al cual también viajó Vladimir Putin. Los servicios de inteligencia de la OTAN sugirieron que el CEO de Telegram se había reunido con el líder ruso. Según el vocero del Kremlin Dmitri Peskov, no existieron contactos entre ambos. Luego de la detención, Moscú denunció que Emmanuel Macron –aliado a Volodymir Zelensky– pretendía “intimidar” a Durov con el objeto de controlar las claves de la red social. Por su parte, la Defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, acusó a París de detener a Pavel con el fin de clausurar la plataforma para que la información se derive a plataformas en las que la OTAN puede interferir.

El tema fundamental de la disputa, que tiene a Telegram como parte de la disputa, es la soberanía. El globalismo otantista busca imponer su lógica de doble rasero. Lo que no controla para ser ilegal, peligroso o subversivo. Pero si algún país ajeno a su vigilancia pretende controlar su constelación de C4ISR, pasa de forma inmediata a convertirse en un cómplice del terrorismo internacional. En los últimos años, Turquía ha exigido que las redes sociales tengan ejecutivos locales basados en el país, demanda que ha sido rechazada por las grandes plataformas.

El último 17 de agosto, Elon Musk informó que X cerrará sus oficinas en San Pablo dada la exigencia del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes para que nombre un representante legal en el país. El plazo otorgado al socio político de Donald Trump venció el último jueves y este viernes el juez ordenó la suspensión inmediata de la red social en Brasil. Las ciber-batallas que tienen como núcleo la competencia por el control cognitivo serán un vector de la conflictividad global en las próximas décadas. 

https://www.pagina12.com.ar/763764-telegram-musk-y-la-ciberguerra

Fuente: https://rebelion.org/telegram-musk-y-la-ciberguerra/

¡Es la clase, estúpido!

14 de septiembre de 2024

Por Atilio A. Boron | Página/12

En la Argentina “la casta” se ha convertido en la clave interpretativa a la que apelan tanto los políticos como los comentaristas de la turbulenta coyuntura por la que atraviesa la vida nacional. La victoria electoral de una coalición neofascista presidida por un producto de laboratorio fabricado para captar el malestar social reinante instaló a “la casta” como la síntesis de todos los males que aquejaban al país. La historia, sin embargo, demostró la poca utilidad de esa categoría porque quien, como el Presidente, hizo uso y abuso de la misma para fulminar con la furia de un profeta a la clase política y sus usos y costumbres poco demoró en convertirse en un miembro más de “la casta.” Aprendió, o le enseñaron, en poco tiempo todas sus mañas y adoptó sus peores métodos, que los practica con indisimulada fruición. El chantaje, la corrupción, la desembozada compraventa de voluntades de gobernadores, legisladores y “perioperadores” así como la represión más brutal cuando las víctimas de su letal experimento económico tienen la osadía de manifestar pública y pacíficamente su descontento.

Pero vayamos un poco más allá. La “casta” en realidad es el conjunto de funcionarios del capital encaramados en la estructura del estado, en sus tres poderes: gobernantes y altos administradores públicos en el Ejecutivo; legisladores, diputados y senadores en el Legislativo, y jueces y fiscales en el Poder Judicial. Todos ellos convenientemente apalancados desde afuera por los medios de “confusión y desinformación” de masas concentrados en un puñado de antidemocráticos oligopolios, cómplices necesarios de las maldades y los delitos de “la casta”.

Por supuesto que hay algunas excepciones dentro de cada una de estas categorías, pero son una minoría. Por consiguiente “la casta” es la abreviatura del conjunto de empleados de la clase dominante, es decir, del gran capital, nacional y extranjero. La ruinosa política del Milei presidente nada tiene que ver con su supuesta disputa con “la casta” sino que es el desenlace natural de su extensa carrera como empleado de algunas de las más grandes empresas extranjeras, como el banco HSBC; o nacionales, la Corporación América presidida por el magnate Eduardo Eurnekián. Sus decisiones como gobernante obedecen linealmente a los intereses estructurales del bloque dominante del capitalismo argentino, fuertemente imbricado con las más grandes transnacionales de la economía mundial detrás de las cuales se encuentra el imperialismo norteamericano. (…)

Es por eso que Milei ha demostrado una irresistible vocación de convertirse en el lacayo mayor del imperio en la región, antagonizando a presidentes de países hermanos como Brasil, Colombia y México y militando activamente en contra de la integración latinoamericana, para ni hablar de los insultos que le ha reservado al gobierno de la República Popular China. Nada de esto es casual: debilitar los lazos de Argentina con Brasil y China es uno de los objetivos estratégicos de Washington en la región, y Milei es un fiel ejecutor de ese antipatriótico designio. Además ha inmiscuido a nuestro país en la guerra de Ucrania e invitado nada menos que al hipercorrupto Volodimir Zelenski a su ceremonia de asunción presidencial. No sólo eso: con su indigna sumisión colonial convalida la presencia de la OTAN en las Islas Malvinas, deja de lado el reclamo por nuestra soberanía sobre esa parte del territorio nacional, compra aviones F-16 desechados por la OTAN y paga un precio exorbitante por ellos, guarda silencio, como Washington, ante el genocidio del régimen sionista en Gaza y traslada la sede de la embajada argentina en Israel a Jerusalén, donde sólo Estados Unidos, Papúa Nueva Guinea y Guatemala tienen allí radicada sus embajadas.

Dado todo lo anterior, ¿de qué “casta” estamos hablando? ¡Es la clase, no “la casta”! Lo que hay en la Argentina es un gobierno “colonial-fascista”, rabiosamente clasista, oligárquico, al servicio de las fracciones más concentradas del capital nacional e internacional y punto. Su mandato es enriquecer a los más ricos (“vengo a agrandar sus bolsillos”, dijo Milei con total desparpajo); aumentar la concentración empresarial liquidando a las pymes; organizar reforma laboral mediante la superexplotación de las clases y capas populares crecientemente pauperizadas durante su gobierno y practicar un lento y feroz genocidio –sin derramamiento de sangre pero igualmente mortífero– contra los adultos mayores, privándolos de sus medicamentos, atención médica y acceso a los insumos mínimos para una vida más que austera.

¿No constituye esto la figura de un delito: “abandono de personas” previsto en el artículo 106 del Código Penal, como lo recordara la sesión de días pasados la diputada Gisela Marziotta? Ese y no otro es el proyecto de los libertarios (una verdadera “elite de forajidos”, como Harold Laski denominaba a los elencos dirigentes del fascismo) que se han apoderado de la Argentina. Por eso cantan victoria, mientras siguen mintiendo como ningún presidente -repito: ninguno- lo hizo en la historia argentina. Los “forajidos” están de festejo y agrandados. Por ahora.

https://www.pagina12.com.ar/766891-es-la-clase-estupido
Fuente: https://rebelion.org/es-la-clase-estupido/

  Alternativas emancipatorias 

Demasiado ricos y egoístas para que el mundo vaya bien

13 de septiembre de 2024

Por Juan Torres López | Ganas de escribir

La confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam Internacional acaba de publicar otro informe demoledor sobre la concentración de la riqueza en el mundo que, además, pone de relieve la injusticia que lleva consigo y el profundo egoísmo de los sujetos más ricos del planeta.

Según las estimaciones de Oxfam, el tipo impositivo máximo del impuesto sobre la renta de las personas físicas más ricas de la Unión Europea cayó del 44,8 al 37,9 por ciento, entre 2020 y 2023, y el pagado por las mayores corporaciones del 32,1 al 21,2 por ciento.

Por el contrario, los tipos que principalmente recaen sobre la gente común han aumentado: del 33,3 al 34,8 por ciento el del trabajo y del 17,7 al 18,7 por ciento el que recae sobre el consumo.

Los impuestos sobre el trabajo proporcionaron 3,23 billones de euros, tres veces más que los que proprcionan los impuestos sobre ganancias del capital (1,03 billones) y casi nueve veces más que los establecidos sobre el capital social (374.000 millones).

Eso quiere decir que la política impositiva europea, en lugar de mejorar la distribución de la renta, la empeora. Algo que es muy grave porque la concentración del ingreso y la desigualdad son ya de por sí muy elevadas.

Según Oxfam, el 1% de la población más rica de la Unión Europea acumulaba el 25% de la riqueza. Una concentración extraordinaria que no sólo se da en Europa.

La misma organización ha mostrado en otro informe que en los 20 países más ricos que conforman el llamado G-20, solamente 8 céntimos de cada dólar recaudado por impuestos provienen de los que gravan la riqueza.

Mientras que la proporción de la renta nacional que se destina al 1% de los que más ganan en los países del G20 ha aumentado un 45% en los últimos 40 años, la tasa impositiva máxima que se aplica a sus ingresos ha bajado del 60% en 1980 al 40% en 2022.

No es de extrañar, así, que el aumento en la última década del patrimonio medio neto del 1% más rico del mundo (400.000 dólares) sea 1.200 veces mayor que el de la mitad de la población más pobre (335 dólares), según los informes de Oxfam.

Esta organización estima que un impuesto sobre la riqueza del 5% para los multimillonarios y billonarios del G20 podría recaudar casi 1,5 billones de dólares al año. Con esa cantidad se podría acabar con el hambre mundial que provoca más de 20.000 muertes cada día del año, ayudar a los países de ingresos bajos y medios a adaptarse al cambio climático y empezar a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Aun así, sobrarían más de 500.000 millones de dólares para que los países ricos invirtieran en servicios públicos que eliminen la desigualdad y los efectos del cambio climático.

Nos dicen constantemente que no hay recursos, que no hay dinero suficiente y es mentira. Lo que sucede es que sobra egoísmo y avaricia, y que un puñado de seres auténticamente inhumanos no tiene otro objetivo que ganar dinero sin cesar y sin pararse a considerar los efectos que su comportamiento tiene sobre el resto de la humanidad y sobre la naturaleza.

Todo lo anterior no sólo provoca un problema económico, sino también político y social.

Acumular riqueza de ese modo tan brutal y exagerado es incompatible con la democracia porque el enriquecimiento de unos se hace inevitablemente a costa de otros.

La fortuna de las cinco personas más ricas del mundo viene aumentando a un ritmo de 14 millones de dólares por hora, desde 2020, más de 122.000 millones cada año, justo cuando 5.000 millones de personas de todo el mundo se han empobrecido.

No puede ser de otro modo. El enriquecimiento de unos se hace a costa de los otros y, cuando ese proceso no tiene límites y produce tantos efectos desastrosos y tanta frustración e insatisfacción, no se puede dejar que sean libres y tomen decisiones por sí mismos y democráticas los seres que los padecen.

La desigualdad tan exagerada y su crecimiento sin freno en todo el planeta es la auténtica razón del deterioro de la democracia, lo que explica que se difunda constantemente el odio y se genere artificialmente el enfrentamiento y la polarización, para que así resulte imposible la deliberación y el entendimiento entre las personas. O acabamos con la concentración tan extrema de la riqueza y del poder de decisión y se pone coto a la avaricia antidemocrática de los ultrarricos que dominan el mundo, o acabarán destruyendo la civilización. El desequilibrio y sus consecuencias ya no se pueden disimular y comienzan a ser insostenibles.

https://juantorreslopez.com/demasiado-ricos-y-egoistas-para-que-el-mundo-vaya-bien/
Fuente: https://rebelion.org/demasiado-ricos-y-egoistas-para-que-el-mundo-vaya-bien/

A escala global y en América Latina se ha instalado una verdadera fiebre por la aceleración de la producción, comercialización y exportación del hidrógeno “verde” o libre de emisiones, como “nuevo energético”. Este interés está marcado por las necesidades y compromisos de descarbonización de países del Norte Global; y la urgencia de proveer un sustituto de los combustibles fósiles allí donde la electrificación no sea posible o suficiente, como sucede con el transporte de carga y la industria metalúrgica. Así, el hidrógeno se promociona con todo tipo de frases esperanzadoras, como “el combustible del futuro” o “la pieza faltante de la descarbonización”, prometiendo dar respuesta a una necesidad crítica y todavía sin responder: la mantención de la actual sociedad industrializada y de alto consumo de energía y materiales sin el uso de combustibles fósiles.

Desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur consideramos que existen fundadas razones para sospechar del entusiasmo que atraviesan las élites políticas y económicas. Reproduciendo las históricas relaciones de subordinación económica y política entre el Norte y el Sur Global, las promesas y los acuerdos para la producción de hidrógeno están determinando cuáles serán los territorios de América Latina que albergarán la infraestructura energética – principalmente eólica y solar – necesaria para la producción y exportación del hidrógeno y sus derivados. A esto se agrega que la gran escala de la producción, considerando sus distintas fases (desalinización, electrólisis, almacenamiento y transporte), potencia el estrés ecológico en regiones históricamente afectadas por grandes intervenciones extractivas o, por el contrario, en regiones que aún conservan su alto valor ecosistémico. Antofagasta y Magallanes en Chile, La Guajira en Colombia, el istmo de Tehuantepec en México y la pequeña localidad de Tambores, en el norte de Uruguay, por citar algunos, son lugares donde se han proyectado los grandes complejos industriales destinados a la instalación de esta industria.

Pero también en África, por ejemplo Suráfrica y Namibia, se impulsan proyectos similares, configurando nuevamente un escenario en el que los países del Sur global van a competir entre sí para abastecer una demanda que ni siquiera está asegurada. En Alemania, uno de los países del Norte Global que empuja con fuerza estos proyectos, está lejos de estar saldado el debate sobre qué industrias efectivamente comprarán cuánto hidrógeno y cuál es el mejor diseño para su cadena global de producción, dados los altos riesgos y costos asociados a su transporte.

Considerando la grave crisis ecológica, climática, económica y política en curso, los esfuerzos de la transición energética deberían orientarse tanto a la reparación de territorios y comunidades afectadas, como a la protección de los socioecosistemas. Asimismo, la construcción de infraestructura solar y eólica debería estar al servicio de una agenda descentralizada y democrática de transición energética, que priorice el abastecimiento de los hogares, los hospitales y centros educativos, en armonía con los usos de la tierra propios de quienes habitan y resguardan los territorios. Pero los megaproyectos de hidrógeno “verde” o “libre de emisiones”, pese a su publicidad como alternativa energética, parecen ir en la dirección opuesta. De hecho, las comunidades de los territorios priorizados para su producción ya están expuestas a una avalancha de iniciativas que buscan obtener su consentimiento “informado”, iniciativas que segmentan la presentación de proyectos y no proporcionan claridad sobre los alcances, costos y beneficios de la industria, reproduciendo de este modo las mismas prácticas nefastas de los megaproyectos fósiles.

La necesidad de descarbonizar no debe convertirse en una excusa para perpetuar las relaciones de subordinación y dependencia dentro y entre países, destinando territorios y comunidades a convertirse en canteras energéticas. Tal como se ha presentado en las estrategias y hojas de ruta nacionales, la promoción del hidrógeno está más orientada a satisfacer las demandas del mercado energético global y del modo de vida imperial en los grandes centros de producción y consumo, antes que las necesidades de las comunidades y territorios del Sur global donde se instalan, tal como ha sucedido históricamente con la industria fósil.

Desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur consideramos que priorizar el hidrógeno verde como nueva commodity significa dejar una vez más de lado las urgentes agendas de una transición energética justa y popular, que buscan promover el derecho a la energía y proteger los sistemas socioecológicos. Para los países del Sur global, y muy particularmente para América Latina, cumplir con las metas de producción y comercialización de hidrógeno a gran escala supone aceptar la posibilidad de crear nuevas zonas de sacrificio – ahora “verde” – en aras del mismo modelo económico energívoro responsable de esta crisis. Lejos de ser una alternativa superadora, estamos nuevamente ante falsas soluciones a la crisis socioecológica, que impulsan una lógica neocolonial y exacerban estrategias de concentración económica y social propia del paradigma fósil.

Fuente: https://pactoecosocialdelsur.com/hidrogeno-una-falsa-solucion/?fbclid=IwY2xjawFVFKJleHRuA2FlbQIxMAABHddx7Qj3a2Q2bzlAdVDcq3O1wcduJabdadnI8iW4R4V0bPP3xtat0kRZjg_aem_oO9-9gYZ3ibMcvraio38Jg

La otra cara del Corredor Interoceánico:
Misión Civil de Observación

6 de julio de 2024

Por Gilberto López y Rivas | La Jornada

El 27 de junio pasado, en la ciudad de Oaxaca, la Misión Civil de Observación, conformada por 22 organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional defensoras de la naturaleza y el territorio, presentó su informe en que documenta y visibiliza las agresiones a pueblos indígenas, personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio frente a la imposición del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, entre mayo de 2021 y mayo de 2024 (https://acortar.link/4JF8Bf).

Los datos del informe tienen su origen en las labores de registro y documentación realizadas por colaboradores de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y Territorios Diversos para la Vida AC, así como en testimonios directos, investigación en el terreno, notas periodísticas, artículos de prensa, trabajos académicos y reportajes de medios de comunicación independientes, locales, regionales y nacionales.

Además, la Misión Civil de Observación, acompañada de medios de comunicación, nacionales e internacionales, efectuó un recorrido del 25 al 27 de julio de 2023, por municipios habitados por indígenas en el estado de Oaxaca, en que visitó a personas y comunidades afectadas, recabando la descripción narrativa y la información pertinente para la misión de observación.

En las cuatro secciones del informe se presenta el contexto del proyecto a gran escala del Corredor Interoceánico y en torno a la situación generalizada de las personas defensoras ambientales y del territorio en México; los datos relativos a las agresiones perpetradas contra las personas y comunidades defensoras del Istmo de Tehuantepec; las violaciones especificas a los derechos humanos, y por último las recomendaciones elaboradas por las personas, comunidades, organizaciones y colectivos participantes en la Misión Civil de Observación.

El informe estipula que la investigación de las agresiones tienen como unidad de medida el ataque, que se entiende como un evento de fecha, lugar y circunstancias específicas en que pudieron perpetrarse una o más agresiones contra una o más personas defensoras del territorio, por uno o más agresores, identificados éstos en 27 categorías, entre las que se incluyen agentes particulares y funcionarios de Estado, federales, estatales, municipales y locales, así como integrantes de las fuerzas armadas.

En el contexto se hace un recuento de los orígenes y contenidos del proyecto de Corredor Interoceánico, anunciado en 2018 como parte del Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo principal es hacer más eficiente el enlace entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, y a través de la modernización del trasporte ferroviario, puertos comerciales, red de carreteras principales y secundarias, la infraestructura y las redes de conectividad digital, abastecimiento de gas, insumos básicos, agua potable, energía eléctrica, productos petrolíferos y petroquímicos, vivienda, movilidad y desarrollo tecnológico, red aeroportuaria y creación de polos de desarrollo; todo ello en 76 municipios de Oaxaca y Veracruz, donde se localizan, precisamente, comunidades de los pueblos indígenas zapoteco, mixe, zoque, huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popolucas nahua y también afromexicanos.

Las agresiones en el periodo señalado registran 72 ataques, en los que se cometieron al menos 226 agresiones, que comprenden: intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, criminalización, daños a propiedad, difamación, detención arbitraria, estigmatización, desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, uso indebido de la fuerza, allanamiento, despojo, robo, desaparición.

Además, se documentaron tres homicidios contra defensores zapotecos, Jesús Manuel Martínez (2022), Félix Vicente Cruz (2023) y Noel López Gallegos (2023). Se evidencian violaciones a los derechos a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, a la propiedad, a no ser desplazado o desaparecido forzadamente, a la libertad personal, al derecho de las mujeres y las infancias a una vida libre de violencia y el derecho a contar con un entorno seguro para los defensores.

Es de esperarse que el gobierno entrante tome en cuenta las recomendaciones asentadas en el informe, entre ellas, garantizar la implementación de medidas de protección efectivas en favor de los defensores del ambiente y el territorio, poner un alto a su criminalización; reconocer y respetar los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, su autonomía y libre determinación, la asamblea comunitaria como órgano máximo, deteniendo de manera urgente el proceso de militarización en el istmo.

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/07/05/opinion/la-otra-cara-del-corredor-interoceanico-mision-civil-de-observacion-5912
Fuente: https://rebelion.org/la-otra-cara-del-corredor-interoceanico-mision-civil-de-observacion/

Lineamientos para una transición ecosocial en Argentina

Equipo Transiciones

Julio 2024

El Equipo de Transiciones. Somos un grupo de equipos y colectivos de diferentes puntos del país, que nos autoconvocamos desde el año 2023 con la idea de construir horizontes y alternativas comunes hacia la transición energética justa y popular en el marco de una transición ecosocial para Argentina. Integramos dicho espacio el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (capítulo argentino), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, el Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), el Taller Ecologista, Trama Tierra, Observatorio Observatorio Petrolero Sur (OPSur), el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA), el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI), el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL-oficina Cono Sur) y diferentes especialistas que hacen parte de redes de investigaciones y experiencias colectivas.

Entendemos que vivimos tiempos de caos e inestabilidad. El nuevo status quo global instalado luego de la pandemia del Covid 19 refleja el empeoramiento de varias crisis entrelazadas (social, económica, política, ecológica, sanitaria, geopolítica y de los cuidados), que se potencian entre sí y adquieren una dimensión civilizatoria. Vemos con gran preocupación el debilitamiento de las instituciones y prácticas democráticas en gran parte del mundo, la expansión de las extremas derechas y de los autoritarismos, la ampliación de las brechas de la desigualdad, el agravamiento de la crisis climática y energética, así como la potenciación de los conflictos bélicos, asociados al capitalismo, el colonialismo y la exacerbación del patriarcado y el racismo.

En esta crisis múltiple, uno de los grandes desafíos de nuestra época es el de construir colectivamente propuestas de Transición ecosocial justas y populares. La urgencia por articular justicia social y justicia ambiental, parte del reconocimiento de un diagnóstico acerca de los límites ecológicos y biofísicos del planeta, visibles en la aceleración de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, y en la responsabilidad de la dinámica capitalista actual en dicho proceso, que además de potenciar las desigualdades sociales, se apoya sobre modelos productivos y alimentarios que son destructivos de los ecosistemas y los bienes comunes, de la salud y la vida en el planeta.(…)

Equipo Transiciones

(…)

-Consideramos que desde Argentina es urgente adoptar una óptica crítica y propositiva que contemple y combine necesidades sociales, nacionales y regionales, con el objetivo de diseñar estrategias para una transición ecosocial, con énfasis en la transición energética, que enlace justicia social con justicia ambiental. Tal como sostienen diferentes movimientos sociales: «La Transición es inevitable, la justicia no lo es”. Tarde o temprano estos temas serán el centro del debate público, incluso en nuestro país y a pesar de sus gobernantes.

La propia idea del desarrollo centrada en la expansión económica a toda costa está en crisis. Por una parte, porque los efectos positivos de ese crecimiento siempre quedan en pocas manos, no terminan de llegar nunca al conjunto de la sociedad: la pobreza, la desigualdad, la precarización laboral, y un largo etcétera que persiste incluso tras largas fases de crecimiento administradas por gobiernos progresistas. Por otra parte, porque para sostener esa expansión, una vez tras otra se propone el uso y abuso de bienes comunes, hasta agotarlos, y postular un nuevo recurso como la siguiente salvación. En el camino, perdemos biodiversidad y acceso a lo común, pagando un costo que no sabemos con certeza hasta dónde llega. Adicionalmente, estamos ante el fin de la energía abundante y barata. Lo que queda de combustibles fósiles son las llamadas energías extremas (como los hidrocarburos no convencionales, que se extraen con la metodología del fracking, y la extracción offshore, en aguas profundas), que son más caras, más contaminantes, con mayor tasa de accidentes laborales, y con menor rendimiento energético.

En consecuencia, tanto los límites biofísicos como los impactos destructivos de los actuales modelos de desarrollo sobre los ecosistemas, abren a un necesario escenario de desfosilización. En razón de ello, más allá de la coyuntura política negativa y el desguace del estado al que asistimos hoy en Argentina, creemos necesario intervenir y apuntar a una construcción colectiva de propuestas de Transición Ecosocial, en términos de planificación estratégica. -Partimos del reconocimiento de que los Derechos Humanos son hoy indisociables de los Derechos de la Naturaleza. Los seres humanos tenemos que abandonar la mirada utilitarista y admitir que somos parte inherente de la Naturaleza, con la cual debemos convivir armónicamente, respetar sus ritmos y capacidades. Esto supone también encaminarnos hacia una sociedad del Cuidado, en un marco de interrelación e interdependencia que contemple nuestro estar en y con otros/a, seres humanos y no humanos. Por ello, diversos equipos de trabajo, organizaciones, activistas y académicos nos hemos autoconvocado a una tarea de articulación colectiva, impulsada por el objetivo de prefigurar horizontes y alternativas comunes hacia una transición ecosocial justa y popular para la Argentina. Nuestro objetivo constituye también un llamado urgente a la conversación e intercambio con una diversidad de actores y organizaciones democráticas del país: sindicatos, sectores de la economía social y popular, cooperativas, movimientos sociales, colectivos ecoterritoriales, indígenas, feminismos y diversidades, científicos e intelectuales, campo de la cultura y referentes sociales y políticos.

Fuente: https://pactoecosocialdelsur.com/wp-content/uploads/2024/08/Equipo-Transiciones-Lineamientos-para-una-Transicion-Ecosocial-1.pdf

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /
Alternativas emancipatorias

Expropiado y explotado por la burguesía

La crisis subjetiva de la clase trabajadora

17 de septiembre de 2024

Por Henrique Canary | Jacobin

Por primera vez en la historia, una debacle económica de dimensiones globales se combinó con el ápice de una crisis subjetiva del proletariado. Este es el contexto en el que la extrema derecha está ganando terreno.

Cuando se habla del auge de la extrema derecha en el mundo contemporáneo, se hace mucho hincapié en la crisis económica de 2008. Esto tiene mucho sentido. El colapso financiero derivado de la quiebra de la pirámide subprime de los bancos estadounidenses parece haber sido el detonante de una vertiginosa escalada de las fuerzas neofascistas en todo el mundo. Desde entonces, la mayoría de los grandes acontecimientos de la lucha de clases internacional han tenido como resultado el fortalecimiento de las fuerzas más reaccionarias del espectro político.

La Primavera Árabe, que levantó una ola de esperanza mundial —especialmente entre los jóvenes—, terminó con la masacre de los Hermanos Musulmanes en Egipto y el restablecimiento de un régimen bonapartista en el país y con el asesinato sumario y sangriento de Muamar Gadafi en Libia y la transformación de una república relativamente próspera en un protoestado semitribal controlado por potencias extranjeras y «señores de la guerra». En Siria dio lugar a una guerra civil que duró casi una década, y a la fundación, aunque efímera, de un califato impulsado por el Estado Islámico.

El lento declive de la Unión Europea, sumado a la crisis migratoria, ha favorecido el ascenso del neofascismo europeo, que continúa sus esfuerzos por hacerse con el control del continente después de casi ochenta años. El levantamiento de la plaza Maidán en Ucrania, que inicialmente contaba con una importante presencia de la izquierda, ha creado un régimen que normaliza el nazismo histórico e incorpora fuerzas abiertamente fascistas al ejército del país.

Las masivas protestas de junio de 2013 en Brasil, también disputadas inicialmente por la izquierda, condujeron al ascenso al poder del golpista Michel Temer mediante el impeachment de Dilma Rousseff, y luego a la victoria electoral del fascista Jair Bolsonaro. En Estados Unidos, el neofascista Donald Trump es el candidato natural absoluto de la clase obrera blanca tradicional y, ahora, con el mal desempeño del Gobierno de Biden, avanza peligrosamente también sobre la juventud y la comunidad negra. En Argentina, la alta inflación y la fuerte caída del nivel de vida han despertado al monstruo Milei.

Pero hay algo que falta en este análisis. La afirmación de que la extrema derecha avanza exclusivamente a causa de la crisis económica de 2008 no parece corresponderse con la complejidad exhibida por el fenómeno. No es la primera vez en la historia que estalla una crisis económica. Hemos tenido muchos colapsos financieros desde el final de la Segunda Guerra Mundial (la crisis del petróleo en 1973, la crisis de la deuda en la década de 1980, la «crisis de las .com» en 2000) y ni una sola vez ha vuelto el fascismo a la escena histórica. Solo lo ha hecho ahora. ¿Por qué?

Nuestra hipótesis es que hubo una combinación especial: por primera vez en la historia, una debacle económica de dimensiones globales se combinó con el ápice (o, si se quiere, el fondo) de una crisis subjetiva del proletariado: una crisis que involucra su identidad, sus organizaciones, su imaginario y su conciencia. Esta combinación específica impidió a la izquierda en general —tanto reformista como anticapitalista— posicionarse como una alternativa capaz de impugnar esos procesos. La crisis económica encontró un proletariado disperso, precario, confuso, dividido, asfixiado por la competencia entre iguales, dispuesto a culpar de su amargura a sus compañeros de clase, siempre y cuando fueran negros, inmigrantes, LGBTQI, árabes o indígenas.

¿Crisis del capitalismo oportunidad para la izquierda?

La ideología liberal establece que las crisis son también momentos de oportunidad: para ganar dinero, para derrocar a un competidor, para abrir un nuevo negocio. Por otras vías, la izquierda ha interiorizado la misma idea. Es comprensible. Los momentos de estabilización en el capitalismo son difíciles para la izquierda: bienestar general, crecimiento salarial, concesiones, pleno empleo. En estas condiciones, las crisis revolucionarias no se producen, porque entre otras cosas requieren que la sociedad haya entrado en un periodo de decadencia y regresión. Por eso la izquierda siempre ha visto con tan buenos ojos las crisis del capitalismo.

La historia ha justificado, hasta cierto punto, estas esperanzas. La crisis económica, social y política resultante de la Primera Guerra Mundial desencadenó la Revolución Rusa; la crisis de la dominación colonial portuguesa condujo a la Revolución de los Claveles; la crisis de las dictaduras latinoamericanas desembocó en varias revoluciones democráticas en el Cono Sur en los años ochenta, lo que provocó el crecimiento y el arraigo social de las fuerzas de izquierda en el continente. Este esquema general (crisis = posibilidad de revolución) ha quedado impreso en el imaginario de la izquierda, que piensa en secreto ante cada turbulencia del capital: «por fin ha llegado nuestro turno».

El problema es que este esquema ignora un importante factor de la realidad. Para que una situación revolucionaria sea victoriosa para la izquierda, no basta con que «los de arriba no puedan y los de abajo no quieran» vivir como antes. Esta fórmula leninista sirve para identificar la crisis en sí, pero no resuelve el problema de su desenlace. Para que triunfe una revolución, las masas deben adoptar un determinado programa en sus acciones, que solo puede ser proporcionado por una organización o frente de organizaciones de la izquierda revolucionaria. En otras palabras, la resolución positiva de una crisis revolucionaria depende fundamentalmente de un factor subjetivo.

La ultraizquierda dogmática ha interpretado este «factor subjetivo» como la simple existencia de un núcleo revolucionario activo, aunque tenga un peso ínfimo en la realidad. Basta con que un pequeño grupo de camaradas «levante un programa» para que, tarde o temprano, las masas reconozcan el mérito de la organización y la sigan en su camino hacia el asalto a los cielos. Un análisis superficial podría asociar esta visión mesiánica a los grupos trotskistas, pero no es así. La realidad ha demostrado que el mesianismo ultraizquierdista es una característica que se distribuye democráticamente entre todas las corrientes del marxismo, incluyendo diversas aglomeraciones estalinistas que actúan precisamente sobre la base del principio de la «crisis de dirección».

Según este punto de vista, la cualidad fundamental de un revolucionario no es la inteligencia política, sino únicamente la perseverancia. Se trata de una visión teleológica según la cual una pequeña organización revolucionaria está destinada a hacerse grande una vez que las masas «comprendan» el verdadero carácter de las direcciones traidoras y reformistas.

De este modo, una parte de la izquierda radical se ha vuelto cada vez más objetivista, es decir, cree que las «condiciones objetivas» son suficientes para que triunfe una revolución. Este objetivismo es ciertamente positivo en comparación con la visión escéptica de que las condiciones materiales para la revolución socialista aún no están maduras (como sostenía el reformismo clásico del siglo XIX). Sin embargo, dada la complejidad e importancia del factor subjetivo, este objetivismo es ciertamente insuficiente e incluso perjudicial.

A su vez, conduce a esta misma parte de la izquierda radical a apoyar acríticamente cualquier proceso de lucha o levantamiento, independientemente de su dirección, programa, sentido y estrategia. Todo se justifica porque la entrada en escena de las masas sería el único factor determinante.

Lecciones de las últimas décadas

El problema es que este esquema se ha derrumbado en los últimos treinta años. Al menos desde el fin de la URSS y el triunfo del neoliberalismo y la globalización, las masas se han visto sumidas en una profunda crisis subjetiva con graves implicaciones objetivas. La idea del socialismo se ha desprestigiado y ha pasado del horizonte político al horizonte histórico. Esto significa que las masas ya no ven a las organizaciones de izquierda como «alternativas» naturales y obvias, ni al socialismo como un fin a perseguir. La crisis subjetiva es tan grande que no solo se cuestionan las ideas del socialismo, sino incluso las ideas de la Ilustración: la razón, la dignidad humana, la ciencia, la cultura.

La noción ingenua de que las masas no actúan contra sus propios intereses ha sido aniquilada, y su opuesto exacto se ha demostrado a cada paso. Así, en cada nueva «crisis», la «alternativa» está representada por las fuerzas premodernas del fascismo, ya sea político o religioso. El colapso de la razón neoliberal se ha entendido como el colapso de la razón misma. Por tanto, nada más natural que el crecimiento del oscurantismo, perfectamente expresado en las fuerzas fascistas.

Cuando estallan los procesos de lucha, las fuerzas del progreso histórico representadas por el socialismo se ven incapaces de disputar la dirección de los acontecimientos y son apartadas con la mayor facilidad por la ultraderecha. La izquierda estuvo presente en junio de 2013 en Brasil, pero fue expulsada de las manifestaciones por la ultraderecha organizada; luchó en la plaza Maidán en enero de 2014, pero fue masacrada al grito de «Slava Ukraini» y acabó quemándose en el incendio de la Casa de los Sindicatos de Odessa en mayo del mismo año.

En cada proceso de lucha, la ultraderecha consigue alejar a las fuerzas de izquierda del centro de la escena política. Esto habría sido inimaginable hace treinta años, y solo puede explicarse por la crisis subjetiva del proletariado. Antes del fin de la URSS, la lucha de masas favorecía ampliamente a la izquierda y era su terreno natural. Hoy, debido a las confusiones del proletariado (y también al hecho de que una parte importante de la izquierda ha abandonado el terreno de la lucha directa), es mucho más fácil para la ultraderecha imponerse en este tipo de procesos.

Hace treinta años, la izquierda podía apostar por el agravamiento de la crisis porque había muchas posibilidades de que le fuera favorable. La derecha, en cambio, solo se sentía cómoda en el terreno institucional y parlamentario y en la represión policial. Hoy, en cambio, la movilización de masas es un terreno disputado a brazo partido entre el fascismo y la izquierda, con ventaja para el primero en la mayoría de los casos.

No se trata solo de una ventaja subjetiva. El fascismo no solo está extremadamente motivado. Opera en condiciones materiales mucho más favorables (no olvidemos que, para Marx, la conciencia de las masas es una fuerza material) porque se dirige al sentido común y a prejuicios muy arraigados entre los trabajadores. En los años 1930, ser obrero era casi sinónimo de ser antifascista. El fascismo se concentraba entre la pequeña burguesía y el campesinado. Hoy el fascismo está dentro de nuestra clase. Lo que abrió espacio a la derecha fue la crisis de la subjetividad proletaria. Por eso la situación es mucho más difícil que en los años 1930, y el resultado podría ser peor.

De la frustración a la reacción

Hay, pues, dos crisis en marcha: la crisis general del capitalismo y la crisis subjetiva del proletariado, que se combinan para reforzar las salidas de ultraderecha. Pero a estas dos crisis hay que añadir un tercer factor: los límites de las experiencias de los gobiernos de izquierda o progresistas en los últimos años. Esto ha generado un sentimiento de frustración con la gestión y las ideas progresistas que ha sido muy bien aprovechado por las fuerzas fascistas.

En 2015, el pueblo griego dio a Syriza la oportunidad de demostrar su valía. El sentimiento general entre las masas griegas era de apoyo incondicional al nuevo Gobierno, de rechazo a la Troika (la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo) y de exigencia de reformas de gran alcance que tuvieran en cuenta la historia de opresión del país por parte de la Unión Europea. En contra de las expectativas populares, Alexis Tsipras y Syriza optaron por la conciliación con la CE, el FMI y el BCE y la aplicación de un plan de recuperación en el marco de la austeridad. El resultado fue la progresiva erosión del Gobierno hasta su derrota ante la derecha tradicional, encarnada en la coalición Nueva Democracia, en 2019.

Del mismo modo, otros experimentos de izquierda han resultado en la frustración de las expectativas y el consecuente realineamiento de una parte significativa de las masas con las fuerzas de ultraderecha que se proponen como alternativa radical a la crisis estructural.

En casi toda América Latina, las corrientes de ultraderecha supieron reaccionar ante los tímidos intentos de reformas populares de las décadas de 2000 y 2010 y llegaron al poder gracias a la manipulación del descontento popular (fake news, boicots gubernamentales, violencia política, etc.). Esto plantea una importante señal de alerta para los gobiernos de izquierda o progresistas que aún siguen activos en el continente, como es el caso de Lula en Brasil, Gabriel Boric en Chile e incluso Gustavo Petro en Colombia. Si bien este último hasta ahora ha procurado desmarcarse de la dinámica general, aplicando una política más ofensiva basada en la movilización de las masas y enfrentando al parlamento desde la izquierda, de no abordarse los problemas históricos de estos países y seguir sumando promesas de campaña incumplidas, el peligro de que se produzca una nueva «ola parda» en todo el continente será cada vez más real. Argentina apunta en esta segunda dirección.

Henrique Canary. Doctor en Literatura y cultura rusa.

Fuente: https://rebelion.org/la-crisis-subjetiva-de-la-clase-trabajadora/

 Ecocida y genocida

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)
en la ofensiva extractivista actual

13 de septiembre de 2024

Por José Seoane, Inés Haye |Rebelión

Una de las características de las políticas neoliberales es promover la apropiación privada y explotación intensiva por el gran capital de los bienes naturales para su exportación y valorización en el mercado mundial, eso que se llama habitualmente el modelo extractivo exportador o, sucintamente, extractivismo.

Así, cada una de las cuatro olas neoliberales que sufrió nuestro país trajo su cuota extractiva: la de la dictadura de Videla y Cía. con la liberalización y reprimarización económica; la del menemismo con las privatizaciones y las reformas legales pro-corporaciones; la del macrismo con la devaluación y la disminución de las retenciones y regulaciones; y ahora la del actual Gobierno. No es una casualidad que estos sectores del gran poder económico local y trasnacional (el agronegocio, las megamineras, las petroleras, etc.) hayan sido y sean hoy en Nuestra América uno de los principales sostenes de los gobiernos de extrema derecha y de facto que vienen a profundizar aún más el despojo y la destrucción socioambiental propios de la agenda neoliberal.

De este modo, bajo el Gobierno de Milei se acentúa una ofensiva extractivista que golpea territorios y poblaciones bajo la expansión de la frontera agrícola y la deforestación, o con desplazamiento de pobladores y ataques y criminalización a las comunidades campesinas y de pueblos originarios, o con la autorización de nuevos emprendimientos extractivos. Hechos repetidos en estos meses en diferentes regiones de nuestro país. Y, claro está, acompañados las más de las veces con violencias estatales o paraestatales.

En ese camino se inscribe la sanción de la Ley Bases -con la declaración de la emergencia, la reforma del Estado, las privatizaciones y la reforma energética- y, en particular, uno de sus apartados principales, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, o RIGI. Abarcando 65 artículos en 12 capítulos, más de un cuarto de la extensión de la Ley Bases, el RIGI condensa una serie de descomunales privilegios y concesiones al gran capital que decida invertir como mínimo 200 millones de dólares en la industria forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. A ellos les otorga estabilidad fiscal, tributaria, cambiaria y jurídica por un período de 30 años; les permite exenciones de ganancias e IVA que reducen a insignificante su tributación; excluye a sus exportaciones de cualquier gravamen (retenciones) a partir del segundo o tercer año que es cuando fructifican estos proyectos y los habilita a importar máquinas e insumos sin pagar aranceles ni priorizar proveedores y empleo locales en detrimento de la industria y el trabajo argentinos; les asegura libre y completa disponibilidad de las divisas obtenidas por la exportación a partir del tercer año y desde el primero a las que ingresen para la inversión. Es decir, desfinancia al Estado, bloquea toda política de redistribución de sus hiperganancias, golpea a los territorios y poblaciones locales por su impacto socioambiental y a las pequeñas y medianas industrias; mientras facilita el saqueo de nuestros bienes comunes naturales. Y, por si todo esto fuera poco, dispone que toda controversia se dirima en tribunales extranjeros, entre ellos el tristemente famoso CIADI; un verdadero nuevo estatuto legal del coloniaje, como ha sido señalado.

Las consecuencias de este régimen de promoción del extractivismo pueden estimarse con precisión a la luz de su pasado reciente que lejos de las falaces promesas de progreso y desarrollo solo dejó pobreza y destrucción ambiental en las provincias donde se realizó la extracción; y saqueo y crisis a nivel nacional. Su examen sería largo, pero quisiéramos, en esta ocasión, concentrarnos en cuatro cuestiones.

Como señalamos esta ofensiva extractivista no es nueva, y tampoco lo son sus concesiones legislativas. El RIGI se parece a la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras sancionada bajo el menemismo en 1993 que también aseguraba tres décadas de estabilidad fiscal, tributaria, arancelaria y cambiaria a ese sector. Ya se sabe cuánto el actual Gobierno admira y se inspira en los 90 del menemato, en una reedición más farsesca, y también más trágica. El RIGI amplia esos beneficios a otras muchas actividades. Pero no es la única novedad. La reforma constitucional del 94 otorgó a las provincias la potestad sobre los recursos del subsuelo acorde a los vientos descentralizadores que inflamaban al neoliberalismo de entonces. En contraposición, el RIGI se impone a las provincias e impide e inhabilita cualquier tributación y regulación que los gobiernos locales decidan. Un unitarismo del ajuste que se ha expresado en otros campos (y en la tensión con los ejecutivos provinciales) y que señala el mayor autoritarismo de la ola neoliberal actual.

Por otra parte, aquella descentralización de la soberanía sobre los bienes naturales no solo favoreció a las corporaciones y las élites provinciales sino que modeló también las resistencias. Desde la victoria de Esquel de 2003 que detuvo el proyecto megaminero, un sinnúmero de conflictos y movimientos se desplegaron por todo el país en confrontación con estos emprendimientos obteniendo conquistas. En esta dirección, entre 2007 y 2010 en nueve provincias se conquistaron legislaciones que regulaban o prohibían la minería contaminante y, a nivel nacional, se sancionaron la Ley de Bosques y la de glaciares. La violación de estas legislaciones o su derogación posterior no opacan los logros de las resistencias que, posteriormente, se manifestaron como los “azos” contra el extractivismo en el Mendozazo (2019) y el Chubutazo (2022) ante los intentos de derogar las conquistas legislativas pasadas. El RIGI al imponer una ley nacional por sobre toda regulación provincial se yergue contra todos estos logros y contra los movimientos y poblaciones que vienen rechazando al extractivismo en el país.

Pero este adversario principal del RIGI y del extractivismo es nominado por el propio presidente y sus comunicadores como los “ambientalistas”. Hemos escuchado cuanto esta identidad de ecologistas radicales es sindicada como responsable de impedir el progreso, el desarrollo y el bienestar. Una campaña que construye su estigmatización y criminalización. Como todo en este neoliberalismo rancio se trata de un discurso antiguo. Construye una falaz oposición entre la resolución de las necesidades económicas y sociales y la afectación del ambiente, entre lo social y lo ambiental. Falaz porque como sabemos las olas extractivistas pasadas, particularmente cuando se privó de toda política redistributiva, solo trajeron más miseria y deterioro ambiental. Allá están las cifras de la pobreza y la indigencia de las llamadas provincias mineras. Falaz también porque promueve una idea de los territorios como vacíos de poblaciones, economías, cultura y vida, como de pura naturaleza, y resignifica las resistencias asociándolas a un ambientalismo bobo. Resuenan todavía las palabras de Patricia Bullrich y tantos dirigentes y casta afirmando que en Chubut, en la meseta patagónica, no vive nadie, solo hay guanacos. Allí están los vecinos, los maestros, los trabajadores de la salud y de otros sectores, los pueblos originarios, los campesinos, los pequeños y medianos productores y comerciantes, los científicos, los técnicos, dando vida a los “azos”.

Las injustificadas concesiones al gran capital que promueve el RIGI merecen una última reflexión. Se fundan en razones ideológicas; las de este anarcopitalismo que extrema la teoría del derrame y llega a considerar verdaderos héroes a los grandes empresarios, a los milmillonarios del neoliberalismo. Da cuenta también de otras razones más menudas, las urgencias prácticas de un plan de ajuste sin fin que requiere de modo apremiante el ingreso de divisas para evitar su colapso. Y no debemos olvidar que ese fue el final de las tres olas neoliberales anteriores.

José Seoane. Sociólogo. Profesor e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, F. Soc., UBA.

Inés Hayes. Periodista, docente universitaria e integrante del Instituto de Estudios y Formación, CTA Autónoma.

Fuente: https://rebelion.org/el-regimen-de-incentivos-para-grandes-inversiones-rigi-en-la-ofensiva-extractivista-actual/

Impacto del transporte rodado sobre
el consumo de minerales y metales críticos: ¿hacia dónde vamos?

14 de septiembre de 2024

Por Javier Pérez Rodríguez/The Conversation

Al evaluar el impacto o sostenibilidad ambiental de productos y procesos, es habitual abordar esta problemática únicamente de forma parcial. A veces, solo desde la huella de carbono (relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: acción por el clima). Otras aproximaciones evalúan también la huella hídrica (relacionada con el ODS 6: agua limpia y saneamiento) y un número reducida de ellas incluye otros impactos ambientales como la acidificación, la eutrofización o, de forma agregada, los daños en la salud de las personas (relacionados, entre otros, con el ODS 3: salud y bienestar).

No obstante, es menos frecuente abordar el consumo de recursos minerales y metálicos, finitos en nuestro planeta y que la humanidad no va a tener a su alcance durante toda la eternidad.

El informe Global Resources Outlook 2024, de Naciones Unidas, advierte que la extracción global de materiales se ha triplicado en los últimos 50 años, y se espera que en 2060 crezca un 60 % respecto a 2020. La tasa de agotamiento de estos recursos está siendo particularmente alta, lo que representa una preocupación significativa para la sostenibilidad a largo plazo de la economía global.

Esta problemática está directamente relacionada con cómo producimos, pero también con qué y cómo consumimos, y durante cuánto tiempo lo utilizamos. Así queda reflejado en la Agenda 2030, en el ODS 1: producción y consumo responsables y, en concreto, en su meta 12: lograr el uso eficiente de los recursos.

Este impacto está provocado por:

– Las materias primas necesarias para la fabricación de los materiales que constituyen los productos que consumimos.

– Cómo se fabrican esos productos.

– Durante cuánto tiempo empleamos ese producto.

– Cómo se gestiona durante su vida útil (mantenimiento) y al final de la misma: reparar, sustituir o reutilizar componentes, recuperar materiales, reciclar u otras formas de valorizar tienen una importante influencia sobre este consumo.

A nivel europeo, de acuerdo con la herramienta Consumption Footprint Tool de la Plataforma Europea de Análisis de Ciclo de Vida, en el año 2021 el sector del transporte supuso el 34,4 % del consumo del recurso mineral/metálico. Se convierte así en el segundo sector contribuyente, por detrás de los aparatos eléctricos y electrónicos, que tienen una contribución del 44,4 %.

El impacto del sector transporte

De acuerdo con estos datos y ante la penetración de distintas tecnologías y fuentes energéticas en el sector del transporte, merece la pena preguntarse cómo pueden condicionar este impacto en los próximos años. Para ello hemos llevado a cabo una revisión bibliográfica (no publicada previamente) de artículos científicos sobre el consumo de recursos de vehículos de combustión y eléctricos publicados en los últimos 6 años. De dicho análisis se han obtenido algunas evidencias:

– Los vehículos eléctricos de batería podrían incrementar el consumo del recurso un 16-50 % respecto a los vehículos de combustión interna. Estas variaciones están condicionadas por la forma en la que se genere la electricidad; algunas formas pueden provocar un alto impacto en el consumo de este recurso (caso de la energía solar fotovoltaica).

– Los vehículos híbridos presentarían un impacto un 10-20 % inferior a los de batería y los híbridos enchufables, un 10 % superior. Los vehículos de célula de combustible con hidrógeno podrían presentar mayores impactos que los de batería debido a los materiales empleados en la fabricación de las propias pilas de combustible.

– En los vehículos eléctricos de batería la contribución del ciclo de vida del vehículo (fabricación, mantenimiento y gestión al final de vida útil) podría suponer el 97 % del impacto total, siendo el ciclo de vida de la fuente energética (producción y consumo de esta) responsable del 3 %. Estas contribuciones están condicionadas por cómo se genera la electricidad que alimenta a estos vehículos. En los vehículos de combustión interna, la contribución del ciclo de vida del vehículo está en torno al 85 %.

– Entre los elementos que presentan una mayor contribución, la batería puede llegar a suponer el 70 % del impacto en los vehículos eléctricos de batería y el 45-50 % en los híbridos enchufables.

Materias primas críticas para fabricar baterías

La fabricación de las baterías se presenta entonces como un reto a resolver no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el económico y social. El previsible incremento de consumo de materiales debido a su producción es una de las razones por las cuales la Unión Europea (UE) ha promovido la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales.

Se identifican 34 materias primas críticas, escasas a nivel mundial y esenciales para la economía europea; 17 de ellas, estratégicas. El litio, el cobalto y el níquel que se utilizan para la fabricación de las baterías están dentro de este marco, junto con otros metales básicos como el aluminio y el cobre, y otros de usos más específicos como el galio (en paneles solares), el boro (en tecnologías eólicas) y el titanio y el wolframio (en el sector espacial y de defensa).

Esta ley pretende reforzar las capacidades de la UE a lo largo de todas las fases de la cadena de valor, aumentar la resiliencia reduciendo la dependencia y promover la sostenibilidad y circularidad de la cadena de suministro. Así, establece los siguientes pilares:

– Fijar prioridades. El 10 % de las necesidades de la UE deben cubrirse con la extracción de recursos propios, el 40 % con la transformación y el 15 % con el reciclado.

– Desarrollar las capacidades europeas. Reforzar su cadena de valor de materias primas, de la minería al refinado, pasando por la transformación y el reciclado.

– Mejorar la resiliencia. Creación de reservas estratégicas y fomento de la inversión y el comercio sostenibles.

– Invertir en investigación, innovación y capacidades. Apuesta por tecnologías de vanguardia en este ámbito.

– Promover una economía de materias primas fundamentales más sostenible y circular. Promoción del reciclado, fomentando avances en la reducción de los efectos adversos sobre los derechos laborales y la protección de la salud de las personas y del medio ambiente.

Ante la penetración esperable de los vehículos eléctricos, si bien pueden desempeñar un papel importante en la mitigación del cambio climático (si la electricidad que consumen se genera con fuentes renovables), su consumo de recursos naturales se presenta como un reto a resolver no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también social y económico.

Javier Pérez Rodríguez. Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente. Miembro del Grupo de Tecnologías Ambientales y Recursos Industriales, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

La crisis subjetiva de la clase trabajadora

17 de septiembre de 2024

Por Henrique Canarí | Jacobin

La unidad de la izquierda ayer y hoy

La lucha contra el fascismo en el siglo XX tuvo lugar en condiciones completamente diferentes a las actuales. La clase obrera era relativamente homogénea, tanto en lo social, como en lo económico, político y cultural. Además, había dos fuerzas esenciales en la izquierda: los comunistas y la socialdemocracia. Ambas tenían influencia de masas y se disputaban la hegemonía sobre el proletariado. Así, la lucha por la unidad era también la lucha por un programa para romper con el capitalismo y hacer avanzar el socialismo.

Hoy las cosas son muy diferentes. La lucha contra la extrema derecha actual se desarrolla en un marco mucho más defensivo, de derrota histórica y de crisis de la subjetividad proletaria. Una unidad que tiene como condición la ruptura inmediata con el capitalismo es una unidad imposible, y por tanto perjudicial para la lucha. Además, la relación de fuerzas entre reformistas y revolucionarios ya no es la misma.

En el siglo XX, la lucha por la hegemonía era entre dos fuerzas comparables, similares en peso e influencia. Hoy ya no es así. Las organizaciones reformistas se han distanciado mucho de las fuerzas revolucionarias, que han quedado reducidas a pequeños grupos de propaganda. ¿Qué comparación puede haber hoy entre el PT y las corrientes revolucionarias brasileñas? ¿Entre el peronismo y la izquierda trotskista argentina? ¿O entre el PS y los pequeños grupos revolucionarios que habitan el Bloque de Izquierda en Portugal?

Las condiciones para la unidad han cambiado, y no precisamente a favor de los revolucionarios. No se trata de «imponer un programa revolucionario de ruptura a los reformistas», sino de cerrar filas en torno a banderas defensivas, mínimas, democráticas. Esta es la realidad que hay que afrontar. Si orientamos nuestras acciones en torno a la necesidad de una ruptura inmediata con el capitalismo, estaremos condenados a actuar como meros testigos, a lo sumo propagandistas.

La unidad contra el fascismo debe darse no sobre la base de un programa de ruptura con el capitalismo, sino en torno a banderas que reaviven la movilización y la actividad independiente de las masas, condición necesaria —aunque no suficiente— para hacer avanzar su conciencia y superar su crisis subjetiva. El objetivo inmediato de los revolucionarios no debe ser intentar sustituir al capitalismo en una revolución antifascista que se convierta inmediatamente en anticapitalista, sino avanzar todo lo posible en la autorganización, la conciencia, la solidaridad y la voluntad de lucha.

Un paso atrás para dar dos adelante

Es necesario reconocer que esta orientación está en contradicción con las orientaciones de los clásicos del marxismo que elaboraron la lucha antifascista, sobre todo León Trotsky en los años 1930. Para el fundador del Ejército Rojo, la lucha antifascista no era solo una lucha unitaria de toda la clase (este aspecto, como hemos tratado de subrayar, sigue siendo válido), sino también una lucha anticapitalista directa, un intento de traducir la resistencia antifascista en revolución proletaria. Prueba de ello es el peso central de la consigna de armamento inmediato del proletariado para la lucha contra el fascismo.

Creemos que esta orientación ya no es válida, dada la crisis de subjetividad del proletariado. Ya no tenemos un proletariado concentrado y organizado, dispuesto a luchar, pero carente de una orientación clara, como en los años treinta. Lo que tenemos es una dura disputa ideológica y política porque una parte de la clase obrera ha sido ganada por el fascismo. Al tratar de imponer un programa anticapitalista a los aliados reformistas (mayoritarios dentro del movimiento de masas), lo único que logran los revolucionarios es eliminar la posibilidad de unidad y pierden la oportunidad de entrar en contacto con una amplia capa de la clase obrera dirigida por el reformismo.

Por lo tanto, la idea de que la lucha antifascista se basa en un programa mínimo de movilización, educación e independencia de clase debe llevarse hasta sus últimas consecuencias. Los revolucionarios debemos dar un paso atrás porque el proletariado ya ha dado demasiados y está cada vez más lejos, casi fuera de nuestro alcance. Debemos recuperar la confianza de la clase, que ahora se deja seducir por los cantos de sirena de los fascistas. Con todas las debilidades, la gente lo está intentando: trabajo en barrios, territorios, con los pueblos originarios, en luchas locales específicas, a través de campañas y redes de solidaridad.

¿Se trata este de un enfoque reformista? En la forma, sí. En el fondo, es la acción más revolucionaria de nuestro tiempo: volver a conectar con las masas. Se habla mucho de que la izquierda se ha alejado del trabajo de base. En parte es cierto, aunque hay disparidades y una buena dosis de prejuicio en esa afirmación. En cualquier caso, es cierto que la izquierda está marginada. De hecho, incluso la izquierda electoralmente hegemónica nunca ha sido tan marginal.

La nueva normalidad

Estamos entrando en una fase histórica en la que las acciones del neofascismo y su disputa con la izquierda son la nueva normalidad. No se trata de un ciclo corto ni de una mera coyuntura. Es un fenómeno estructural y global. Entran en juego la crisis del proletariado, la distancia histórica de la derrota del nazifascismo alemán (el tiempo es enemigo de la memoria), las crisis económica, social, migratoria, ambiental y del sistema mundial de Estados. Todo contribuye a que tengamos un largo período de lucha contra el fascismo, que es, por tanto, la tarea primordial de la fase histórica actual.

Una correcta comprensión de la naturaleza de las etapas históricas, de sus características, posibilidades y límites ha sido siempre una condición ineludible —aunque, de vuelta, no suficiente— para el éxito. Lo mismo ocurre ahora. El fin de la URSS, la avalancha neoliberal de los años 1990, la crisis económica de 2008, la «policrisis» actual, todo ello contribuye a dar forma a este nuevo momento que vivimos, un momento de disputa con la ultraderecha en el que la propia supervivencia del proyecto histórico del socialismo está puesta sobre la mesa.

Aquellos que insisten en una orientación dogmática, basada en una realidad de hace cien años y, por tanto, basada en una clase trabajadora completamente diferente, tienden a perder una importante oportunidad: de ser parte de un lento pero esencial proceso de reorganización y recuperación de la conciencia, que solo puede hacerse con inteligencia política, paciencia histórica y sentido de la estrategia.

Henrique Canary. Doctor en Literatura y cultura rusa.

Fuente: https://rebelion.org/la-crisis-subjetiva-de-la-clase-trabajadora/

“(…) Hoy las cosas son muy diferentes. La lucha contra la extrema derecha actual se desarrolla en un marco mucho más defensivo, de derrota histórica y de crisis de la subjetividad proletaria. Una unidad que tiene como condición la ruptura inmediata con el capitalismo es una unidad imposible, y por tanto perjudicial para la lucha. Además, la relación de fuerzas entre reformistas y revolucionarios ya no es la misma.

(…) Las organizaciones reformistas se han distanciado mucho de las fuerzas revolucionarias, que han quedado reducidas a pequeños grupos de propaganda. ¿Qué comparación puede haber hoy entre el PT y las corrientes revolucionarias brasileñas? ¿Entre el peronismo y la izquierda trotskista argentina? ¿O entre el PS y los pequeños grupos revolucionarios que habitan el Bloque de Izquierda en Portugal?

Las condiciones para la unidad han cambiado, y no precisamente a favor de los revolucionarios. No se trata de «imponer un programa revolucionario de ruptura a los reformistas», sino de cerrar filas en torno a banderas defensivas, mínimas, democráticas. Esta es la realidad que hay que afrontar. Si orientamos nuestras acciones en torno a la necesidad de una ruptura inmediata con el capitalismo, estaremos condenados a actuar como meros testigos, a lo sumo propagandistas”.

Lineamientos para una transición ecosocial en Argentina

Equipo Transiciones

Julio 2024

 (…) CONTEXTO GLOBAL

– La existencia de una deuda ecológica por parte de los países centrales hacia los países periféricos es innegable. No solo porque han sido los países centrales quienes han monopolizado el espacio común atmosférico, contaminándolo con gases de efecto invernadero (GEI), sino porque países periféricos en América Latina y El Caribe se han incorporado al mercado mundial como exportadores de materias primas o commodities, en el marco de un intercambio socio-económico-ecológico desigual signado por la explotación y el despojo. Asimismo, en el caso de Argentina, al igual que otros países de la región, donde la deuda externa es un problema estructural que tiende a agravarse, la presión sobre los bienes naturales, la inversión en sectores extractivos y agroindustria, es cada vez mayor, con el objetivo de obtener divisas para pagar los servicios de la deuda externa. Así, la deuda ecológica, lejos de retroceder, se incrementa y amplifica, al calor de un círculo perverso, que implica un incremento mayor de la deuda externa y una destrucción ampliada de los bienes naturales. A su turno, la búsqueda de obtención de divisas como expectativa asentada de manera central sobre un modelo de producción primario extractivo-exportador, es un contrasentido no sólo histórico (a partir de la idea del deterioro de los términos del intercambio) sino más aún en el contexto de crisis socioecológica. Este es un sector que ya ha demostrado ser absolutamente vulnerable a las condiciones climáticas adversas. Olas de calor o de frío, incendios, sequías e inundaciones, tornados y vientos fuertes, cada vez más frecuentes generan colapsos localizados que producen la destrucción de infraestructura, y enormes pérdidas económicas, ocasionando crisis sociales, aumento de precios y un mayor deterioro de la calidad de vida para el conjunto de la población.

– Frente a la gran desigualdad que existe entre países y economías en el mundo, así como la inviabilidad de eliminar esas desigualdades dentro de los actuales patrones de uso de energía de las potencias centrales y emergentes, no hay otra opción que pensar en grandes procesos de redistribución donde evidentemente las economías centrales deberán consumir menos materia y energía e importantes sectores de la población en las economías periféricas deberán consumir más energía, pero todos deben/debemos aceptar que será necesario consumir distinto.

-No hay que confundir la deuda ecológica que los países centrales tienen con los países capitalistas periféricos con derecho al desarrollo. El llamado “desarrollo” o su visión predominante está basado en una lógica del crecimiento insostenible y en el desconocimiento de las fronteras planetarias, que hoy nos empuja al colapso ambiental. Además, está comprobado que ese tipo de “desarrollo” en realidad ha consolidado diferentes formas de explotación del trabajo y de los bienes comunes, violencia, apropiación e intercambio desigual. Por ende, si apostamos a un horizonte de transición justa y sostenible, será necesario abandonar la consigna de “derecho al desarrollo” tal como éste es entendido desde la visión dominante, y reemplazarla por el derecho al Buen Vivir, un horizonte de cambio socioecológico, que articule justicia social y climática, con sostenibilidad de la vida. Esto implica también avanzar en un contexto transformador que conlleve cambios no solo en el modelo de extracción, producción y distribución de bienes y servicios, sino también en los actuales patrones de consumo, y generación o tratamiento de desechos (cambio en el metabolismo social).

-Disputar la noción de “necesidades sociales” es uno de los objetivos más ambiciosos de la transición y se vincula con la búsqueda por construir procesos y mecanismos de satisfacción de necesidades humanas con menos consumo de materia y energía. Si queremos alcanzar la sostenibilidad que permita la habitabilidad en este planeta, es imprescindible modificar el sistema de producción y reproducción capitalista, pero también el sistema de creencias actual, lo cual exige un cambio importante en las conciencias y en las prácticas sociales y culturales de consumo, así como una profunda redistribución social.

-Entre los patrones de consumo insustentables, probablemente el sector del transporte basado en los combustibles fósiles y en la propiedad individual sea uno de los sectores que presenta mayores perspectivas de transformación, a la hora de disputar los sentidos dominantes. Consolidando una movilidad pública-colectiva, multimodal, baja en carbono, de proximidad o cercanía, pero que atienda de manera central la integración nacional y regional de las personas, alimentos y bienes.

– Resulta urgente abandonar los combustibles fósiles, principales responsables de la crisis climática, y realizar una transición energética, en pos de energías limpias y no contaminantes. Una transición energética que sea justa y popular para los países periféricos, diferente del tipo de transición corporativa dominante que impulsan los países centrales, pues ésta última refuerza la concentración y las asimetrías geopolíticas y exacerba la explotación de bienes naturales en el sur global, configurando un nuevo “extractivismo verde” o “colonialismo verde”.

Tal como se afirma en el Manifiesto de los Pueblos del Sur por una Transición energética Justa y Popular, promovida, entre otros por el Pacto ecosocial e intercultural del sur, una vez más, pero ahora en nombre de la descarbonización, vemos que se condena a nuestros territorios y países a transformarse, en proveedores de commodities y zonas de sacrificio.

-Eso implica comprender que no existe una única definición de la transición energética, sino concepciones ideológicas diversas, miradas sobre el desarrollo e intereses económicos diferentes, que van diseñando un espacio de disputa en torno a lo que se entiende por transición energética. (…)

(…) si apostamos a un horizonte de transición justa y sostenible, será necesario abandonar la consigna de “derecho al desarrollo” tal como éste es entendido desde la visión dominante, y reemplazarla por el derecho al Buen Vivir, un horizonte de cambio socioecológico, que articule justicia social y climática, con sostenibilidad de la vida. Esto implica también avanzar en un contexto transformador que conlleve cambios no solo en el modelo de extracción, producción y distribución de bienes y servicios, sino también en los actuales patrones de consumo, y generación o tratamiento de desechos (cambio en el metabolismo social). -Disputar la noción de “necesidades sociales” es uno de los objetivos más ambiciosos de la transición y se vincula con la búsqueda por construir procesos y mecanismos de satisfacción de necesidades humanas con menos consumo de materia y energía. (…)

-La transición energética no es un problema sólo tecnológico, una cuestión de fuentes de energía, sino un problema eminentemente social, económico, político y ambiental vinculado a la organización de la sociedad. La descarbonización es necesaria pero no suficiente. Se hace necesario repensar la actual forma de organización social y el sistema de relaciones sociales, colocando el eje en la desmercantilización de los satisfactores a las necesidades sociales y ambientales indispensables para la vida. Asimismo, transformar el sistema energético requiere transformar el modelo productivo, y pensar qué o cuáles sectores económicos deberían tener menor peso en un futuro no lejano, al mismo tiempo que prefigurar cuáles son los sectores que deberán crecer, los trabajos que deberán crearse y la nueva institucionalidad movida bajo el principio de la prevención de riesgos socio-ambientales.

-La grave crisis climática no se debe sólo al incremento en el uso de combustibles fósiles sino también a los cambios en el uso de la tierra, la deforestación y el impulso del agronegocio y la ganadería, que avanzan sobre zonas marginales, destruyendo el bosque nativo y/o erosionando los ecosistemas y sus ciclos naturales. El modelo de agronegocios imperante, que requiere poca mano de obra, depende de los agroquímicos, destruye bosques nativos, humedales y produce forraje para ganado, es cada vez más cuestionado por su concentración, insustentabilidad y sus impactos sobre la salud.

Quienes suscribimos la necesidad de una transición socioecológica consideramos que el Estado y la sociedad deben apuntalar una nueva ruralidad, basada en un paradigma agroecológico-ecocéntrico, que promueva la soberanía alimentaria. Necesitamos una agricultura con agricultores, que impulse el trabajo digno, con derechos y sin desigualdades sociales, étnicas ni sexo-genéricas, en el campo y que produzca alimentos sanos a precios justos: ésa es la agricultura del futuro.

-Por último, contrariamente a lo que proponen desde el neoliberalismo y sus expresiones más extremas, necesitamos más Estado y no menos Estado, pero no cualquier Estado, sino un Estado Eco-social. Nuestro imperativo de época es la creación de un Estado Ecosocial que incorpore los riesgos ambientales, en el marco de una sociedad del Cuidado, orientada a la sostenibilidad de la vida. Se trataría de un Estado diferente del que conocemos, a partir de una reorganización del mismo, que ponga en jaque las bases del Estado de bienestar, que por otro lado en los países del Sur nunca se consolidaron. Ello implicaría reformas amplias, que apunten al corazón de las desigualdades existentes y de los riesgos ecológicos, que confronte con la doble injusticia -social y ambiental- de esta nueva realidad, desde el ingreso universal y la reforma tributaria, el reparto del trabajo, la creación de nuevos oficios y empleos verdes, hasta políticas de adaptación a los riesgos ambientales y un sistema nacional de cuidados, entre otros.

-Solamente la articulación entre justicia social y justicia ambiental es lo que permitirá a nuestra región latinoamericana y a nuestro país la creación de otras vías de posdesarrollo o posextractivas que combatan el destino de pobreza y neodependencia estructural en las nuevas condiciones globales y, a su vez, revivan los anhelos históricos de autonomía e independencia. (..,)

Fuente: https://pactoecosocialdelsur.com/wp-content/uploads/2024/08/Equipo-Transiciones-Lineamientos-para-una-Transicion-Ecosocial-1.pdf

Los bienes comunes contra y más allá del capitalismo

George Caffentzis y Silvia Federici

Resumen

Este ensayo contrasta la lógica que subyace a la producción de «bienes comunes» con la lógica de las relaciones capitalistas, y describe las condiciones bajo las cuales los «bienes comunes» se convierten en las semillas de una sociedad más allá del Estado y el mercado. También advierte contra el peligro de que los «bienes comunes» puedan ser cooptados para proporcionar formas de reproducción de bajo costo, y analiza cómo se puede prevenir este resultado. (…)

Los bienes comunes y la lucha de clases

A pesar de todos los ataques que han recibido, los bienes comunes no han dejado de existir. Como ha sostenido Massimo De Angelis, siempre ha habido bienes comunes «fuera» del capitalismo que han desempeñado un papel clave en la lucha de clases, alimentando la imaginación radical y los cuerpos de muchos comuneros. De Angelis, 2007). Las sociedades de ayuda mutua del siglo XIX son ejemplos de ello (Bieto, 2000). Más importante aún, constantemente se crean nuevos bienes comunes. Desde el movimiento del «software libre» hasta el de la «economía solidaria», está surgiendo todo un mundo de nuevas relaciones sociales basadas en el principio del compartir comunitario (Bollier y Helfrich, 2012), sostenidos por la constatación de que el capitalismo no tiene nada que darnos excepto más miseria y divisiones. De hecho, en un momento de crisis permanente y constantes ataques a los empleos, los salarios y los espacios sociales, la construcción de bienes comunes –“bancos de tiempo”, huertos urbanos, agricultura apoyada por la comunidad, cooperativas de alimentos, monedas locales, licencias de “creative commons”, prácticas de trueque– representa un medio crucial de supervivencia. En Grecia, en los dos últimos años, cuando los salarios y las pensiones se han reducido en promedio un 30 por ciento y el desempleo entre los jóvenes ha alcanzado el 50 por ciento, han aparecido diversas formas de ayuda mutua, como servicios médicos gratuitos, distribuciones gratuitas de productos por parte de los agricultores en los centros urbanos y la “reparación” de los cables eléctricos desconectados porque no se pagaron las facturas.

Sin embargo, las iniciativas de creación de espacios comunes son más que diques contra el asalto neoliberal a nuestro sustento. Son las semillas, la forma embrionaria de un modo de producción alternativo en ciernes. Así es como deberíamos ver también los movimientos de ocupantes ilegales que han surgido en muchas periferias urbanas, signos de una creciente población de habitantes de las ciudades «desconectados» de la economía mundial formal, que ahora se reproducen fuera del control del Estado y del mercado. (Zibechi, 2012 ).

La resistencia de los pueblos indígenas de las Américas a la continua privatización de sus tierras y aguas ha dado un nuevo impulso a la lucha por los bienes comunes. Mientras que el reclamo de los zapatistas en favor de una nueva constitución que reconozca la propiedad colectiva ha sido desatendido por el Estado mexicano, el derecho de los pueblos indígenas a utilizar los recursos naturales de sus territorios ha sido sancionado por la Constitución venezolana de 1999. También en Bolivia, en 2009, una nueva Constitución ha reconocido la propiedad comunal. Citamos estos ejemplos no para proponer que nos apoyemos en el aparato legal del Estado para promover la sociedad de los bienes comunes que reclamamos, sino para destacar cuán poderosa es la demanda que surge de las bases para la creación de nuevas formas de socialidad organizadas según el principio de la cooperación social y la defensa de las formas ya existentes de comunalismo. Raquel Gutiérrez (2009) and Como ha demostrado Raúl Zibechi (2012), las «guerras del agua» de 2000 en Bolivia no habrían sido posibles sin la intrincada red de relaciones sociales que proporcionaban los  ayllu  y otros sistemas comunales que regulaban la vida entre los aymaras y los quechuas.

Las iniciativas de mujeres de base han desempeñado un papel especial en este contexto. Como ha demostrado una creciente literatura feminista,1 Debido a su precaria relación con el empleo asalariado, las mujeres siempre han estado más interesadas que los hombres en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y en muchas regiones han sido las primeras en manifestarse contra la destrucción del medio ambiente: contra la tala de árboles, contra la venta de árboles con fines comerciales y contra la privatización del agua. Las mujeres también han dado vida a diversas formas de puesta en común de recursos, como las «tontinas», que han sido una de las formas más antiguas y extendidas de banca popular que existen. Estas iniciativas se han multiplicado desde la década de 1970, cuando, en respuesta a los efectos combinados de los planes de austeridad y la represión política en varios países (por ejemplo, Chile, Argentina), las mujeres se han unido para crear formas comunales de reproducción, que les permitieran estirar su presupuesto y al mismo tiempo romper la sensación de parálisis que producían el aislamiento y la derrota. En Chile, después del golpe de Pinochet, las mujeres establecieron cocinas populares -comedores populares- que cocinaban colectivamente en sus barrios, proporcionando comidas para sus familias, así como para las personas de la comunidad que no podían permitirse alimentarse por sí mismas. de comunismoa las mujeres que montaban los comedores. Fisher 1993). De diferentes maneras, esta es una experiencia que a lo largo de los años 1980 y 1990 se ha repetido en muchas partes de América Latina. Zibechi (2012) informa que miles de organizaciones populares, cooperativas y espacios comunitarios, que se ocupan de la alimentación, la tierra, el agua, la salud, la cultura, en su mayoría organizados por mujeres, han surgido también en Perú y Venezuela, sentando las bases de un sistema cooperativo de reproducción, basado en valores de uso y que opera de manera autónoma tanto del Estado como del mercado. También en Argentina, frente al casi colapso económico del país en 2001, las mujeres dieron un paso adelante «comunizando» las carreteras y los barrios, llevando sus ollas a los piquetes, asegurando la continuidad de los cortes de ruta, organizando también asambleas populares y consejos municipales.(2002 ).

También en muchas ciudades de Estados Unidos, como por ejemplo Chicago, está creciendo una nueva economía bajo el radar de la formal, ya que, en parte por necesidad y en parte por necesidad de recrear el tejido social que la reestructuración económica y la «gentrificación» han desgarrado, las mujeres en particular están organizando diversas formas de comercio, trueque y ayuda mutua que escapan al alcance de las redes comerciales.

Cooptación de los bienes comunes (…)

Redefiniendo los bienes comunes

¿Qué se puede calificar entonces de «bienes comunes anticapitalistas»? A diferencia de los ejemplos que hemos analizado, los bienes comunes que queremos construir tienen como objetivo transformar nuestras relaciones sociales y crear una alternativa al capitalismo. No están destinados únicamente a proporcionar servicios sociales o a actuar como amortiguadores contra el impacto destructivo del neoliberalismo, y son mucho más que una gestión comunitaria de los recursos. En resumen, no son vías hacia el capitalismo con rostro humano. O bien los bienes comunes son un medio para la creación de una sociedad igualitaria y cooperativa o corren el riesgo de profundizar las divisiones sociales, creando refugios para quienes pueden permitírselos y, por lo tanto, pueden ignorar más fácilmente la miseria que los rodea.

Los comunes anticapitalistas, por tanto, deberían concebirse como espacios autónomos desde los que recuperar el control sobre las condiciones de nuestra reproducción y como bases desde las que contrarrestar los procesos de cercamiento y desenredar cada vez más nuestras vidas del mercado y del Estado. Por eso difieren de los defendidos por la Escuela de Ostrom, que los imagina en una relación de coexistencia con lo público y lo privado. Idealmente, encarnan la visión a la que han aspirado marxistas y anarquistas pero que no han logrado hacer realidad: la de una sociedad formada por «asociaciones libres de productores», autogobernadas y organizadas para asegurar no una igualdad abstracta sino la satisfacción de las necesidades y los deseos de las personas. Hoy sólo vemos fragmentos de este mundo (de la misma manera que en la Europa medieval tardía tal vez sólo hayamos visto fragmentos del capitalismo), pero los comunes que construyamos ya deberían permitirnos ganar más poder con respecto al capital y al Estado y prefigurar embrionariamente un nuevo modo de producción, que ya no se construya sobre un principio competitivo, sino sobre el principio de la solidaridad colectiva.

¿Cómo alcanzar este objetivo? Algunos criterios generales pueden ayudar a responder a esta pregunta, teniendo en cuenta que en un mundo dominado por las relaciones capitalistas, los bienes comunes que creamos son necesariamente formas transicionales.

  • Los bienes comunes no se dan, se producen . Aunque decimos que los bienes comunes están a nuestro alrededor –el aire que respiramos y los idiomas que utilizamos son ejemplos clave de riqueza compartida–, sólo a través de la cooperación en la producción de nuestra vida podemos crearlos. Esto se debe a que los bienes comunes no son esencialmente cosas materiales sino relaciones sociales, prácticas sociales constitutivas. Por eso algunos prefieren hablar de “comunalidad” o “lo común”, precisamente para subrayar el carácter relacional de este proyecto político.Linebaugh, 2008 ). Sin embargo, los bienes comunes deben garantizar la reproducción de nuestras vidas. La dependencia exclusiva de bienes comunes «inmateriales», como Internet, no es suficiente. Los sistemas de agua, las tierras, los bosques, las playas, así como diversas formas de espacio urbano, son indispensables para nuestra supervivencia. Aquí también lo que cuenta es la naturaleza colectiva del trabajo reproductivo y los medios de reproducción involucrados.
  • Para garantizar nuestra reproducción,  los bienes comunes deben implicar una riqueza común , en forma de recursos naturales o sociales compartidos: tierras, bosques, aguas, espacios urbanos, sistemas de conocimiento y comunicación, todos ellos para ser utilizados con fines no comerciales. A menudo utilizamos el concepto de lo común para referirnos a una variedad de bienes públicos que con el tiempo hemos llegado a considerar como nuestros, como las pensiones, los sistemas de atención sanitaria y la educación. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre lo común y lo público, ya que este último es gestionado por el Estado y no está controlado por nosotros. Esto no significa que no debamos preocuparnos por la defensa de los bienes públicos. El público es el lugar donde se almacena gran parte de nuestro trabajo pasado y nos interesa que las empresas privadas no se apropien de él. Pero en aras de la lucha por los bienes comunes anticapitalistas es crucial que no perdamos de vista la distinción.
  • Uno de los desafíos que enfrentamos hoy es  conectar la lucha por lo público con las luchas por la construcción de lo común , de modo que se refuercen mutuamente. Esto es más que un imperativo ideológico. Reiterémoslo: lo que llamamos «lo público» es en realidad riqueza que hemos producido y debemos reapropiarnos de ella. También es evidente que las luchas de los trabajadores públicos no pueden tener éxito sin el apoyo de la «comunidad». Al mismo tiempo, su experiencia puede ayudarnos a reconstruir nuestra reproducción, a decidir (por ejemplo) qué constituye una «buena atención sanitaria», qué tipo de conocimiento necesitamos, etcétera. Aun así, es muy importante mantener la distinción entre lo público y lo común, porque lo público es una institución estatal que presupone la existencia de una esfera de relaciones económicas y sociales privadas que no podemos controlar.
  • Los bienes comunes requieren una comunidad.  Esta comunidad no debe seleccionarse en función de una identidad privilegiada, sino en función del trabajo de cuidados que se realiza para reproducir los bienes comunes y regenerar lo que se toma de ellos. Los bienes comunes, de hecho, implican obligaciones tanto como derechos. Por lo tanto, el principio debe ser que quienes pertenecen a los bienes comunes contribuyan a su mantenimiento: por eso (como hemos visto) no podemos hablar de «bienes comunes globales», ya que éstos presuponen la existencia de una colectividad global que hoy no existe y tal vez nunca existirá, ya que no creemos que sea posible o deseable. Por lo tanto, cuando decimos «No hay bienes comunes sin comunidad», pensamos en cómo se crea una comunidad específica en la producción de las relaciones por las que se crea y se sostiene un bien común específico.
  • Los bienes comunes requieren regulaciones que estipulen cómo se debe usar y cuidar la riqueza que compartimos, siendo los principios rectores el acceso igualitario, la reciprocidad entre lo que se da y lo que se toma, la toma de decisiones colectiva y el poder desde la base, derivado de habilidades probadas y cambiando continuamente a través de diferentes sujetos dependiendo de las tareas a realizar.
  • El acceso igualitario a los medios de (re)producción y la toma de decisiones igualitaria deben ser la base de los bienes comunes.  Esto debe enfatizarse porque históricamente los bienes comunes no han sido los mejores ejemplos de relaciones igualitarias. Por el contrario, a menudo se han organizado de una manera patriarcal que ha hecho que las mujeres desconfíen del comunalismo. Hoy también, muchos bienes comunes existentes discriminan, sobre todo en función del género. En África, como la tierra disponible se está reduciendo, se introducen nuevas reglas para prohibir el acceso a personas que no pertenecían originalmente al clan. Pero en estos casos las relaciones no igualitarias son el fin de los bienes comunes, ya que generan desigualdades, celos y divisiones, proporcionando una tentación para algunos comuneros a cooperar con los cercamientos.

Conclusiones (…)

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2024/09/02/los-bienes-comunes-contra-y-mas-alla-del-capitalismo/

Qué Abya Yala

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Historia y presente

Incendios en el Amazonas: la tragedia de lo que no se ve

25 de agosto de 2019

Jo Adetunji

Editor, The Conversation UK

Lo que no vemos, no existe. Quizá sea un poco exagerado, pero por algo se dice “ver para creer”. Ha tenido que llegar el humo a Sao Paulo y oscurecer el cielo de la ciudad a las tres de la tarde el pasado 20 de agosto para creernos que el Amazonas se está quemando más de la cuenta en esta temporada de 2019.

Pero lo más grave no se ve. Hay muchos y muy importantes efectos de estos incendios. Las consecuencias no se reducen a las llamas y los árboles calcinados que aparecen en las fotos. Nadie puede ver a simple vista un proceso ecológico, del mismo modo que nadie puede observar el río más grande del planeta sin elevarse lo suficiente.

Pero el río más grande del planeta es en realidad invisible; es el río formado por la suma de las columnas de agua que cada árbol amazónico extrae del suelo y transporta a la atmósfera. Es otro río que no se ve, pero su estado influye profundamente en la salud del planeta y en nuestro propio bienestar.

Ese río invisible se genera gracias a la transpiración de billones de árboles. Cada uno de ellos moviliza hasta una tonelada de agua diariamente. Este fenómeno da lugar a un clima regional único, evita que la región sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y norte de Argentina se conviertan en desierto y regula el clima de toda la Tierra.

Vandalismo con consecuencias globales

Los incendios, provocados para deforestar, son la forma más rudimentaria, destructiva y barata de abrirse paso en el bosque. Se provocan a gran escala en todas las regiones tropicales del mundo, pero en el Amazonas se han batido récords este agosto.

Aunque la cautela científica sugiere que aún es pronto para afirmarlo con certeza, dos de estos récords resultan incuestionables: – El número de focos de incendio, con más de 75 000 (se contaban 2 500 activos en el momento de escribir este artículo). – La extensión afectada: más de 3 000 kilómetros cuadrados, el triple de lo que se ha quemado otros años.

Y la temporada de incendios continúa oficialmente hasta finales de septiembre, así que las cifras pueden aumentar.

A la hora de buscar culpables, difícilmente se puede señalar a una sequía inusualmente severa. La de este año es normal. Más bien floja. El fenómeno de El Niño, que se asocia con los incendios más importantes en esta región, ha sido débil en el 2019. El hecho de que los focos se localicen principalmente en la periferia de las grandes masas boscosas termina de confirmar el origen humano de las llamas.

Quemar el bosque supone no solo eliminar los árboles, sino también destruir la fertilidad del suelo y eliminar miles de especies de animales, plantas, hongos y bacterias que cumplen una función biológica esencial. De hecho, todos estos organismos mejorarían el rendimiento de las plantaciones y pastos ganaderos que pudieran cultivarse tras el incendio.

Prender fuego a todo eso es un acto de vandalismo. Y al igual que un vándalo que destruya el mobiliario urbano se queda sin un banco para sentarse, quienes queman el bosque se quedan sin funciones ecológicas clave que permitirían una producción más elevada y una mayor resiliencia ante perturbaciones, sean naturales o no.

Dada la magnitud de los incendios de los que hablamos y la contribución del Amazonas a los grandes ciclos globales, como el del carbono, el oxígeno y el agua, es un vandalismo de consecuencias planetarias. No en vano, el Amazonas produce la quinta parte del oxígeno que respiramos y captura la quinta parte del CO₂ que emitimos. Por el río Amazonas circula la quinta parte de las reservas mundiales de agua dulce.

Cambios en el bosque y en el clima

Incendios, Amazonas, clima y CO₂. Estos cuatro conceptos están estrechamente ligados. Los incendios cambian el bosque amazónico y la destrucción de este bosque modifica el clima. Los incendios emiten a la atmósfera el carbono almacenado durante largo tiempo en los árboles y en el suelo, favoreciendo el calentamiento global. Además, la desaparición de los árboles disminuye la capacidad de secuestrar el carbono por fotosíntesis, con lo que perdemos eficacia para mitigar este calentamiento global.

La deforestación generada por los incendios hace que llegue más radiación a las capas bajas del bosque. Como consecuencia, el suelo se seca, cambian las comunidades de animales y plantas y se produce menos transpiración. Se genera así un nuevo clima local debido a la deforestación que cambia a su vez el bosque.

El nuevo bosque afectado por los incendios transpira menos, mueve menos agua, produce menos compuestos volátiles que favorecen la lluvia en la atmósfera. Con todo ello, se genera un ciclo sin control que lleva al avance de la sabana donde antes había bosques. Este bosque alterado crece menos y, por tanto, fija menos carbono.

Ya se tienen evidencias de que la productividad del bosque amazónico y, por tanto, su fijación del carbono atmosférico, se han reducido a la mitad en los últimos treinta años. Varios estudios demuestran un importante avance de la sabana a expensas del bosque amazónico: en sesenta años se ha perdido ya la quinta parte de este bosque. Y este 2019 va a contribuir más de lo normal a esta tendencia negativa.El Acuerdo de París y la Agenda 2030

La recuperación del bosque amazónico es lenta y, en ciertas situaciones, el paso a la sabana es irreversible. Así que, incluso en el mejor escenario de prevención de incendios y de conservación de los bosques existentes, tardaremos décadas en recuperar la función ecológica que se ha perdido en las últimas semanas y, con ello, una parte de la capacidad del Amazonas de mitigar el cambio climático y regular el clima regional y planetario. (…)

Fuente: https://theconversation.com/incendios-en-el-amazonas-la-tragedia-de-lo-que-no-se-ve-122341

Cumbre del Agua: «No somos dueños, somos parte de la Pacha»

16 de septiembre de 2024

Por Manuel Fontenla| Tierra viva

La cumbre latinoamericana, que hace pie en el agua como eje transversal de las luchas de pueblos indígenas, organizaciones socioambientales, asambleas y la ciencia anti-extractivista, tuvo su quinta cita anual en Jujuy. El Tercer Malón de la Paz y las comunidades de Salinas Grandes fueron los anfitriones. Crónica de un encuentro para enmarañar identidades, compartir estrategias y extender territorios.

Como ha escrito y relatado el intelectual aymara Simón Yampara-Huarachi, la vida andina se da en un diálogo de comunidades cósmicas. Todas las cosmovisiones que atraviesan el mundo andino-amazónico señalan como fundamental la existencia de mundo espiritual y un mundo de la vida material, unidos. El calendario agrícola-social está lleno de wakas (deidades) sagradas y cada elemento de la naturaleza tiene su propia entidad sagrada: Yacumama (la madre agua), Killamama (la madre luna), Saramama (la madre maíz) y muchas otras. Por cada una de ellas hay fiestas, ofrendas, cantos y ceremonias. Este cosmocentrismo sagrado sitúa y explica cómo fueron los días, 6, 7 y 8 de septiembre en los que se realizó la quinta Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos en el territorio indígena de El Moreno (Jujuy), porque la mayor parte del tiempo se estuvo entrando y saliendo de rituales. Entrando y saliendo de ofrendas y ceremonias, entrando y saliendo de la palabra al canto y del canto al abrazo y del abrazo a la comida, y de nuevo a la ceremonia y el ritual.

La cumbre es organizada, desde 2018, por asambleas socioambientales en alianza con Pueblos Indígenas, organizaciones de Derechos Humanos, científicos e investigadores anti-extractivistas. Independiente de cualquier gobierno y partido político, la cumbre tuvo su primer encuentro en Catamarca y siguió cada año, con el intervalo de la pandemia, en Jachal (2019), Allen (2022) y Mar del Plata (2023). Esta quinta cumbre, organizada por el Tercer Malón de la Paz junto a las Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc fue, más que cualquier otra, un largo ritual en defensa del agua.

Y ese largo ritual, fue también una continuidad entre el agua y el nosotros, entre los vientos y el frío, el calor y el fuego, la Pacha y la presencia allí. Este contexto, fue el que propuso y el que dispuso, Raúl Sajama (autoridad de la Comunidad Angosto El Perchel, Tilcara), quien ofició como uno de los moderadores y guía para ir transitando las entradas y salidas de esos momentos.

La voz de Sajama es, literalmente hablando, reconocida entre las comunidades indígenas de Jujuy y de todo el noroeste argentino, ya que durante años llevo la realidad de los conflictos indígenas a todo el territorio a través de Radio Nacional, y en los últimos años, también a través de los canales de televisión local y nacional. Fue Raúl, en las palabras de bienvenida a la Cumbre del Agua para los Pueblos, quien estampó con una frase certera y corta cuál sería el camino a seguir para el resto de los días: “No somos dueños, somos parte de la Pacha. Le pertenecemos a ella, y no al revés”.

Esa sentencia, fue ganando cuerpo y experiencia, espacio y tiempo, en el transcurrir del día a la noche y de la noche al día. Cada mañana, con cada nueva discusión, con cada mate cocido compartido, con cada plato de guiso, con cada proyección y mesa de discusión, con cada intercambio de palabras, esa sentencia nos adentró en la pertenencia a la Pacha, reflexionando, sobre cuál es el camino indicado, para cuidarla, recuperarla, defenderla, regenerarla, ante tanto saqueo, daño y dolor.

Resistir y recrear, defender y sembrar

Cada ceremonia y ritual tuvo su particularidad. En la de bienvenida, una dualidad de chacha-warmi (varón mujer) pasó a realizar su ofrenda y entregar unas palabras. Todos lo hicieron a orillas de la boca abierta de la Pacha, respetuosamente, unidos y protegidos por un poncho que fue rotando de espalda en espalda. Allí se escucharon gritos de guerra, muchos Jallalla, Kausachun, Chey Chey, Marici we, con potencia y coraje, pero también, hubo voces entre cortadas, lágrimas y tristeza.

Esas sensaciones transitaron los cuerpos de todas y cada una de las vidas que habitan los territorios de saqueo. Sea los de allí, como los de todos aquellos que habían viajado cientos de kilómetros para participar de una Cumbre del Agua para los Pueblos que colmó las expectativas de todos y multiplicó el compromiso de lucha. Desde Perú, Chile, Uruguay, Colombia y diversos rincones de Argentina, todos tuvimos un momento para acercarnos a la Pacha a rendir nuestra ofrenda, durante las casi tres horas que duró la ceremonia de apertura.

La segunda mañana, bien temprano y con el sol recién salido, se hizo una ceremonia del agua, a orillas del pequeño río que atraviesa el pueblo. En esta ocasión, los hermanos del Perú, del pueblo de Puno, integrantes de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería e Hidrocarburos (Conacamhi), fueron los encargados de guiar el ritual. Otra vez, durante más de tres horas, llevamos adelante un largo compartir con el agua.

En distintas lenguas, como el quechua y el aymara, fuimos nombrados cada uno de nuestros territorios en peligro. Mirando al imponente apu (abuelo) Chani que se encontraba frente a nosotros, fuimos trayendo el eco y los nombres de nuestros otros cerros-apu amenazados por el extractivismo: el Aconquija, el Famatina, el Aconcagua, entre tantos otros.

Luego, al sonido de quenas y pututus, el círculo de ceremonia fue deviniendo, de baile y canto, en una caminata que recorrió las callecitas de El Moreno hasta llegar a la Escuela Secundaria Agrotécnica N° 9, donde se realizó toda la jornada de debates, conversaciones e intercambios.

El tercer día por la mañana, las autoridades locales de la comunidad indígena de El Moreno, junto a las autoridades del pueblo de Perú, se acercaron a las cenizas que habían quedado de la gran fogata de ofrenda. Allí, sentados en silencio y con paciencia, leyeron el mensaje de los apus, los abuelos y la Pacha, y transmitieron con alegría que la ofrenda había sido recibida con plenitud. Cenizas blancas y completas, una señal de que la lucha y toda la jornada había estado acompañada por la fuerza del agua y el territorio.

Sin embargo, como señaló uno de los hermanos de Tilcara: “El Inti está lleno de rojo, y entonces habrá sangre… pero ese no es el camino”. Efectivamente, en cada relato de los hermanos jujeños, de quienes caminaron y acamparon con el Tercer Malón de la Paz, de quienes vienen resistiendo contra los gobiernos y las empresas, en cada una de sus palabras, la violencia esta siempre presente, marcada en el cuerpo, impresa en la memoria.   

Ese fue también otra gran péndulo que atravesó la cumbre; el dolor y la alegría, el miedo y la esperanza, la violencia y el cuidado, la destrucción y la siembra. Solo que no fue a la manera occidental, de opuestos enfrentados, sino como la dualidad complementaria del mundo andino y aymara. Por eso, todas las ceremonias, todos los rituales, los grandes y los pequeños, fueron abrazados en la resistencia y la reproducción de la vida. No como polos enfrentados, sino como las dos tareas complementarias que debemos afrontar, resistir y recrear, defender y sembrar.  

 “Nosotros sabíamos hachar la sal, vivir de la sal” 

Para llegar hasta la localidad de El Moreno, hicimos un viaje de diez horas. Luego de subir por la imponente cuesta de Lipán, desembocamos en una gran planicie que da ingreso a Salinas Grandes. En esos últimos kilómetros de asfalto, los que siguen al final de la cuesta, todavía se imponen algunos tonos verdes y amarillos. Pero en cuanto uno llega a Santuario 3 Pozos, allí, el terreno muestra un corte abrupto, tajante. El verde y amarillo se detiene ante una línea recta que nada tiene de imaginario, allí, empieza el reino de la sal. La blancura agrietada de los imponentes salares, y eso, es apenas un pestañeo de lo que se pueda apreciar desde la ruta.

Antes de tomar el desvió de tierra hacia el pueblo, ahí mismo sobre la ruta, le da la bienvenida a todo el mundo la Feria de la Sal. Un gran puesto de artesanías, con la oficina de turismo y algunas construcciones más. Desde ese mismísimo inicio, los carteles lo ponen a uno en contexto: “No al Litio”. “El agua vale más que el litio”, reza el gran cartel de ingreso a la feria.

  Para las miradas urbanas y para las turísticas, el salar es un lugar inhabitable, otro de los tantos desiertos construidos por el imaginario occidental. Sin embargo, al estar allí con sus habitantes, al escuchar sus voces y relatos, las largas y extensas memorias de vida, se empieza a comprender qué significa para estos pueblos la “sal” y por qué los salares son lugares que alimentan la vida, tanto como son hogar de una enorme biodiversidad.

Para adentrarse en ese mundo, el sábado por la tarde en el gran salón de la escuela secundaria, compartimos el documental Kaplla Kachi (La fuerza de la Sal) realizado por las Comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. En él, Walter Alancay, de la comunidad de Aguas Blancas, relata: “Aquí los arrieros llegaban (al salar) con sus burritos, hachaban su sal y se iban a la Quebrada. Llegaban a la Quebrada y hacían intercambio por frutas y verduras… O sea, no había que pedir permiso como ahora, ahora el Estado se ha hecho dueño de las salinas… Antes la salina era de todos”.  

Testimonios como el de Walter se repitieron una y otra vez en el transcurso de la Cumbre del Agua para los Pueblos. No solo sobre el trabajo en las salinas, sino sobre todas las formas de trabajar la tierra. La escuela misma tiene sus cultivos de papines, habas y ajo, que la directora Etelvina mostraba con orgullo y que sus estudiantes vendieron con alegría. Las economías alternativas, las cooperativas, todas las otras formas de sustento, abastecimiento y producción estuvieron en el eje de las discusiones.

Las comunidades lo saben con total certeza, no alcanza con decir que “no al litio”, también hay que pensar en los modos propios de vida, sustento y producción. Por eso, se habla tanto de las empresas transnacionales, como se habla de las llamas y vicuñas. Se menciona por igual, la violación a la consulta, previa, libre e informada —contemplada en el Convenio 169 de la OIT y en el Acuerdo de Escazú— como se habla de tejidos y semillas.

En cada territorio están presentes los elementos que hacen a la identidad. Cada pueblo trajo el suyo, en su vestimenta y su palabra, en su canto y sus instrumentos, y no hubo quien no mencionara como una lucha fundamental de esta época recuperar la identidad, la lengua y la espiritualidad. En el territorio de las comunidades anfitrionas, la “sal” es, antes que nada, identidad. Por eso, el pequeño recordatorio de la cumbre que obsequió la cooperativa de Salinas Grandes a cada participante, no fue un puñado de sal, sino un pedacito de territorio y memoria, un obsequio para “hacernos parte” del vínculo con los salares.

Eso es parte de la fortaleza de la Cumbre del Agua para los Pueblos, tejer esos vínculos, generar esos compromisos, hermanar las luchas, enmarañar identidades, extender territorios, una vez más, ser parte: somos agua y también somos sal.

 “Díganle a Milei que yo voy a morir con las ojotas puestas”

Como en muchos otros encuentros actuales de lucha, la presencia mayoritaria es de mujeres. Y en este caso, una presencia importante de mujeres jóvenes. Si bien no hubo paneles específicos para abordar la violencia de género, las mujeres le pusieron palabras y cuerpo a las realidades que sufren a diario y a las maneras en las que las enfrentan. Mujeres que sostienen el hogar, mujeres docentes, mujeres campesinas, mujeres maloneras, que marchan y acampan, mujeres que toman el micrófono y hacen retumbar su mensaje.

Mujeres, que son mamitas, doñitas, abuelas y paisanas. Mujeres como Aurora Choque, que en un discurso conmovedor y lleno de fuerza dio el alerta: “¡Está secándose el cerro! El cerro Coyahuima reparte para tres (pueblos), para El Toro, para Colanzuli y para Coyahuima, y esa agua nos están sacando a nosotros”.  Y luego, con ironía y valor, parafraseó al presidente Javier Milei, quien, en 2023, había dicho que “como un gladiador, estaba dispuesto a morir con las botas puestas”. Aurora, como kolla, retrucó: “Díganle a ese Milei que yo voy a morir con las ojotas puestas”.

Fueron también las mujeres mapuche, llegadas desde Río Negro, las que le pusieron voz a una brutal persecución que lleva adelante el Estado contra sus machis y sus territorios. Y otra mujer campesina la que remarcó que “el agua no es problema del futuro, acá ya nos quedamos sin agua, ya se sacaron las vertientes”.  Esa frase fue puente para traer todas las situaciones de lucha que atraviesa el país y el continente.

Las palabras que compartieron desde Uruguay, las que trajeron desde Chile, las que contaron vecinos afectados de la cuenca del Rio Paraná, de la cuenca del Plata, de las represas en el sur y los ríos secos en Antofagasta de la Sierra; las aguas contaminadas en las grandes urbes y también, la escasez total de agua, como contaron las mujeres de la organización La Poderosa, que vivieron épocas terribles durante la pandemia, sin ningún tipo de acceso al agua potable en los barrios marginales del Gran Buenos Aires.

La cumbre hace pie en el agua como eje transversal de todas las luchas. Del Kollasuyu al Tawantinsuyo pasando por el PuelMapu, no importa quién lo diga, desde qué territorio o qué realidad. En casi todos los discursos, en todos los debates, en los documentales y libros que circularon, en las paredes pintadas, en las banderas, en los carteles intervenidos, la consigna es una y es clara: “Sin agua no hay vida”. Ese fue también el llamado que se reiteró, una y otra vez, para unir las luchas sociales del país, para dejar de lado, como lo dijo muy claro Pablo Salas, de la Conacamhi: “No debemos dejar que nos dividan, ni los credos, ni los gobiernos, ni los partidos políticos”.

Cumbre del Agua para los Pueblos o seguir construyendo caminos en defensa del agua

La realidad argentina, y de todo el continente, es crítica. La declaración de la Quinta Cumbre del Agua para los Pueblos ofrece un resumido estado de situación de la región entorno al extractivismo: petroleras offshore en los mares, agronegocio, monocultivo, agrotóxicos, desmonte, quema de bosques y humedales nativos. Falsos discursos de desarrollo, transición energética, megaminería de litio, entrega y apropiación de territorio marítimo. Acuerdos de gobiernos con empresas extranjeras para la privatización del agua, con Mekorot a la cabeza; pero también con transnacionales como Danone, Nestlé, Coca-Cola o el avance de empresas locales como Manaos en Santiago del Estero. Derechas extremas dirigiendo gobiernos; autoritarismo y xenofobia. Un panorama de colapso climático y profundización de la desigualdad, el hambre y la pobreza, escalofriante.

Pero también, del otro lado de la moneda, durante los tres días del encuentro se compartieron experiencias de victoria, avances en la protección de los territorios y alianzas, que auguran un futuro por el cual vale la pena seguir peleando. Las asambleas socioambientales, las organizaciones barriales y urbanas, las organizaciones de la sociedad civil —como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que lleva años de trabajo territorial con las comunidades de Salinas Grandes— y las comunidades indígenas tienen, por ejemplo, una larga acumulación de saberes en materia legal.

Desde fallos ambientales promisorios como el de la Comunidad indígena Atacameños del Altiplano en Catamarca a fallos internacionales como el de Lakha Honhat, desde las experiencias de creación de protocolos propios de consulta como el Kachi Yupi o el Jarkaspa hasta las experiencias de lucha por instrumentar la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena (26.160).  Todas estas experiencias demuestran que la vía legal es una importante y valiosa estrategia de lucha.

En otro sentido, la otra gran lucha presente, fue la de los organizadores y anfitriones, el Tercer Malón de la Paz. En un momento de pausa, entre un almuerzo a las corridas y la redacción de la declaración, el cacique del Pueblo Ocloya Néstor Jerez, quien estuvo los cuatro meses y medio de acampe en la Ciudad de Buenos Aires, compartió con este cronista un balance sobre la gesta del año pasado. La respuesta de Néstor fue larga y pausada. Lo primero que dijo, con palabras simples y serenas, es que “no pasa todos los días. Unas pocas veces en la historia se pueden ver marchas así… Para nosotros, que se haya dado el Tercer Malón, ya de por si es un hecho histórico”. 

Luego mencionó la importancia del reclamo, de todo lo que significó la protesta en Jujuy, los cortes de ruta, las alianzas que se tejieron y la solidaridad de quienes se acercaron al acampe. Pero ninguna de esos aspectos fue el que más resalto, en su relato hubo otra cosa, un reconocimiento a sus pares, a lo que significa dejar la hacienda, los animales, la chacra, la familia, dejarlo todo para ir a defender, contra todas las adversidades, una causa, una lucha. Ese, también es el otro lado de la moneda. No importa que esté Milei, que las transnacionales tenga comprado al Poder Judicial, a los organismos internacionales, a la Policía y a Gendarmería, la gente ya sabe eso, hace años. Lo increíble, es que sabiendo todo eso, emprenda la caminata igual, salga a seguir dando la lucha.

En este sentido, la Cumbre del Agua para los Pueblos es también un hecho histórico. Porque no importa cuán poderosas sean las transnacionales del litio, no importa cuántos Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones quieran beneficiarlas, cuántos gobiernos de derecha o progresistas quieran vender los territorios. Lo que realmente importa, es que hay una larga, larguísima memoria de lucha y resistencia, que los pueblos actualizan una y otra vez. El Tercer Malón y la cumbre forman parte de ese tejido de memoria y resistencia. Una vez más, ser parte de la Pacha manteniendo nuestros rituales, ser parte de la memoria, sosteniendo nuestras luchas.

El cierre fue, como no podía ser de otra manera, con un gran ritual alrededor de unas vasijas colmadas de agua y rodeadas de sal. Luego, abrazos, alegrías, lágrimas, cantos y despedidas. Unos minutos antes de eso, se realizó, como siempre, la votación para decidir el próximo lugar donde se realizará la cumbre: será en Chile, en San Pedro de Atacama. El Consejo de Pueblos Atacameños, integrado por 18 comunidades atacameñas-Lickanantay de la cuenca del Salar de Atacama, será el anfitrión. Hacia allí irán asambleas, pueblos indígenas, organizaciones ambientales y científicos anti-extractivistas el año que viene, a seguir construyendo los caminos en defensa del agua.

https://agenciatierraviva.com.ar/cumbre-del-agua-no-somos-duenos-somos-parte-de-la-pacha/
Fuente: https://rebelion.org/cumbre-del-agua-no-somos-duenos-somos-parte-de-la-pacha/

Incendios en Brasil, Bolivia y Paraguay: las llamas del agronegocio

12 de septiembre de 2024

El humo presente en una decena de provincias de Argentina tiene como responsables a los empresarios de monocultivos y ganaderos. Así lo denuncian organizaciones e investigadores de Brasil, Bolivia y Paraguay. Las consecuencias del corrimiento de la frontera agropecuaria y el rol cómplice, por acción u omisión, de los gobiernos.

Los incendios forestales en Brasil, Bolivia y Paraguay afectaron a la Amazonía y a otros biomas como el Gran Chaco, el Pantanal y el Cerrado brasileño. El denominador común es la influencia del agronegocio en las quemas. En Bolivia, se arrasaron más de cuatro millones de hectáreas en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y La Paz. Paraguay lleva ya 70.000 hectáreas consumidas por el fuego. Y, en Brasil, en un solo día, se registraron 5.132 focos de incendio. La sequía acelera la propagación del fuego en la región.

En Argentina, en tanto, se registraron incendios en Córdoba y San Luis. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el humo proveniente de los países vecinos para 14 provincias. Desde Greenpeace Argentina advierten: “La degradación del Ministerio de Ambiente, la falta de política ambiental y el negacionismo sólo pueden traer la ruina de nuestros bosques nativos y con ellos agravar nuestra existencia”. 

Brasil: la deforestación de la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal

Desde hace semanas, Brasil vive una temporada de quemas que superan al llamado «Domingo de fuego» de 2019 y al «Mar de llamas» de 2004. “La ocupación acelerada de las fronteras agrícolas por parte del agronegocio, desde la época de la dictadura militar, nos ha acostumbrado a imágenes cada vez más gigantescas de bosques y otros ecosistemas devorados por las llamas a lo largo de meses”, contextualiza el economista y ambientalista brasileño Jean Marc Von der Weid, en su artículo «Queimada!», del 8 de septiembre.

Brasil enfrenta, además, una de las sequías más largas de las últimas décadas, según el Centro Nacional de Monitoreo de Desastres Naturales (Cemaden) de ese país. Esto incide en el impacto de los incendios, sobre todo en áreas como bosques primarios (vírgenes) que pierden su humedad habitual y resultan por lo tanto más fáciles de quemar.

Los incendios forestales en Brasil, Bolivia y Paraguay afectaron a la Amazonía y a otros biomas como el Gran Chaco, el Pantanal y el Cerrado brasileño. El denominador común es la influencia del agronegocio en las quemas. En Bolivia, se arrasaron más de cuatro millones de hectáreas en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y La Paz. Paraguay lleva ya 70.000 hectáreas consumidas por el fuego. Y, en Brasil, en un solo día, se registraron 5.132 focos de incendio. La sequía acelera la propagación del fuego en la región.

En Argentina, en tanto, se registraron incendios en Córdoba y San Luis. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el humo proveniente de los países vecinos para 14 provincias. Desde Greenpeace Argentina advierten: “La degradación del Ministerio de Ambiente, la falta de política ambiental y el negacionismo sólo pueden traer la ruina de nuestros bosques nativos y con ellos agravar nuestra existencia”. 

Brasil: la deforestación de la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal

Desde hace semanas, Brasil vive una temporada de quemas que superan al llamado «Domingo de fuego» de 2019 y al «Mar de llamas» de 2004. “La ocupación acelerada de las fronteras agrícolas por parte del agronegocio, desde la época de la dictadura militar, nos ha acostumbrado a imágenes cada vez más gigantescas de bosques y otros ecosistemas devorados por las llamas a lo largo de meses”, contextualiza el economista y ambientalista brasileño Jean Marc Von der Weid, en su artículo «Queimada!», del 8 de septiembre.

Brasil enfrenta, además, una de las sequías más largas de las últimas décadas, según el Centro Nacional de Monitoreo de Desastres Naturales (Cemaden) de ese país. Esto incide en el impacto de los incendios, sobre todo en áreas como bosques primarios (vírgenes) que pierden su humedad habitual y resultan por lo tanto más fáciles de quemar.Von der Weid explica que, por los incendios, los vientos que llevan la humedad evaporada por la selva amazónica para irrigar el centro-oeste y sureste de Brasil (los llamados «ríos voladores»), trasladaron el humo hasta los bosques menos densos del Cerrado y los campos inundables del Pantanal. Estos dos biomas permanecen secos debido a los siete meses de sequía. A esta situación se suma además la quema de campos de caña de azúcar (59.000 hectáreas) en el estado de São Paulo. 

Las quemas están ligadas a la deforestación. Así lo explica Von der Weid. «Los procesos de desmonte comienzan con la remoción de madera dura, seguida de la llamada tala rasa, realizada con topadoras que arrastran grandes cadenas, dejando a los árboles en el suelo. El siguiente paso, tras un tiempo de espera a que se seque la materia vegetal, es la quema».

Sin embargo, los incendios en la Amazonía o en otros biomas no se limitan a zonas sometidas a deforestación. «Se queman pastos para estimular el crecimiento de la hierba y áreas boscosas en los bordes de los bosques vírgenes. Es menos común quemar bosques primarios, porque eliminan las ganancias de madera dura y porque por su humedad son más difíciles de quemar», aclara.

Mientras el gobierno de Lula da Silva celebra haber reducido los niveles de deforestación registrados durante la presidencia de Jair Bolsonaro, los incendios en el Amazonas aumentaron significativamente. Además, este año, la temporada de fuegos comenzó más temprano de lo habitual. Entre enero y julio la superficie quemada aumentó un 83 por ciento respecto al mismo periodo de 2023. Teniendo en cuenta el promedio de los diez años anteriores, subió un 38 por ciento, precisa el economista.

Otro aspecto significativo, subrayado por el economista, es que entre enero y marzo de 2024, las quemas en áreas de deforestación reciente fueron el nueve por ciento. En los bosques vírgenes, del 34 por ciento. En 2023, solo el cinco por ciento de los incendios se produjeron en bosques primarios y el 21 por ciento en áreas de deforestación reciente.

Para Von dei Weid, dos factores influyen en esta tendencia. Por un lado, la sequía. Por el otro, que los sistemas de control satelital del INPE sean hoy capaces de localizar en tiempo real cualquier área de bosque talada por encima de las 30 hectáreas. Y agrega que las imágenes satelitales disponibles, en relación a los incendios, muestran que el 95 por ciento de las quemas empiezan en propiedades privadas, predominando aquellas destinadas a la ganadería

Los incendios forestales en Brasil, Bolivia y Paraguay afectaron a la Amazonía y a otros biomas como el Gran Chaco, el Pantanal y el Cerrado brasileño. El denominador común es la influencia del agronegocio en las quemas. En Bolivia, se arrasaron más de cuatro millones de hectáreas en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y La Paz. Paraguay lleva ya 70.000 hectáreas consumidas por el fuego. Y, en Brasil, en un solo día, se registraron 5.132 focos de incendio. La sequía acelera la propagación del fuego en la región.

En Argentina, en tanto, se registraron incendios en Córdoba y San Luis. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el humo proveniente de los países vecinos para 14 provincias. Desde Greenpeace Argentina advierten: “La degradación del Ministerio de Ambiente, la falta de política ambiental y el negacionismo sólo pueden traer la ruina de nuestros bosques nativos y con ellos agravar nuestra existencia”. 

Brasil: la deforestación de la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal

Desde hace semanas, Brasil vive una temporada de quemas que superan al llamado «Domingo de fuego» de 2019 y al «Mar de llamas» de 2004. “La ocupación acelerada de las fronteras agrícolas por parte del agronegocio, desde la época de la dictadura militar, nos ha acostumbrado a imágenes cada vez más gigantescas de bosques y otros ecosistemas devorados por las llamas a lo largo de meses”, contextualiza el economista y ambientalista brasileño Jean Marc Von der Weid, en su artículo «Queimada!», del 8 de septiembre.

Brasil enfrenta, además, una de las sequías más largas de las últimas décadas, según el Centro Nacional de Monitoreo de Desastres Naturales (Cemaden) de ese país. Esto incide en el impacto de los incendios, sobre todo en áreas como bosques primarios (vírgenes) que pierden su humedad habitual y resultan por lo tanto más fáciles de quemar.

Von der Weid explica que, por los incendios, los vientos que llevan la humedad evaporada por la selva amazónica para irrigar el centro-oeste y sureste de Brasil (los llamados «ríos voladores»), trasladaron el humo hasta los bosques menos densos del Cerrado y los campos inundables del Pantanal. Estos dos biomas permanecen secos debido a los siete meses de sequía. A esta situación se suma además la quema de campos de caña de azúcar (59.000 hectáreas) en el estado de São Paulo. 

Las quemas están ligadas a la deforestación. Así lo explica Von der Weid. «Los procesos de desmonte comienzan con la remoción de madera dura, seguida de la llamada tala rasa, realizada con topadoras que arrastran grandes cadenas, dejando a los árboles en el suelo. El siguiente paso, tras un tiempo de espera a que se seque la materia vegetal, es la quema».

Sin embargo, los incendios en la Amazonía o en otros biomas no se limitan a zonas sometidas a deforestación. «Se queman pastos para estimular el crecimiento de la hierba y áreas boscosas en los bordes de los bosques vírgenes. Es menos común quemar bosques primarios, porque eliminan las ganancias de madera dura y porque por su humedad son más difíciles de quemar», aclara.

Mientras el gobierno de Lula da Silva celebra haber reducido los niveles de deforestación registrados durante la presidencia de Jair Bolsonaro, los incendios en el Amazonas aumentaron significativamente. Además, este año, la temporada de fuegos comenzó más temprano de lo habitual. Entre enero y julio la superficie quemada aumentó un 83 por ciento respecto al mismo periodo de 2023. Teniendo en cuenta el promedio de los diez años anteriores, subió un 38 por ciento, precisa el economista.

Otro aspecto significativo, subrayado por el economista, es que entre enero y marzo de 2024, las quemas en áreas de deforestación reciente fueron el nueve por ciento. En los bosques vírgenes, del 34 por ciento. En 2023, solo el cinco por ciento de los incendios se produjeron en bosques primarios y el 21 por ciento en áreas de deforestación reciente.

Para Von dei Weid, dos factores influyen en esta tendencia. Por un lado, la sequía. Por el otro, que los sistemas de control satelital del INPE sean hoy capaces de localizar en tiempo real cualquier área de bosque talada por encima de las 30 hectáreas. Y agrega que las imágenes satelitales disponibles, en relación a los incendios, muestran que el 95 por ciento de las quemas empiezan en propiedades privadas, predominando aquellas destinadas a la ganadería. El fuego no afecta solamente a la Amazonía brasileña. Entre 2022 y 2023 se quemaron 665.000 hectáreas de vegetación nativa del Cerrado, una ecorregión ubicada en el centro del país. En este bioma ya habían ardido 500.000 hectáreas entre 2011 y 2015. Se estima que hoy cuenta con un 50 por ciento menos de su cubierta vegetal original, lo que equivale a 100 millones de hectáreas. Allí, según un informe de Ecologistas en Acción, se produce entre el 50 por ciento y el 70 por ciento de la soja producida en Brasil (solo un diez por ciento procede del Amazonas, donde prevalece la ganadería). El agronegocio en esa zona es impulsado por multinacionales como Cargill, Bunge y ADMI.

También en estas semanas se consumen hectáreas del Pantanal, considerado el mayor humedal del mundo. Esta región se ubica en el Mato Grosso del Sur y alcanza también a Bolivia y Paraguay. Su superficie quemada aumentó un 2.362 por ciento en 2024, respecto al primer semestre de 2023 y un 529 por ciento en relación a la media de los últimos cinco años.

Bolivia: financiamiento estatal al agronegocio

Las quemas en Bolivia afectaron más de cuatro millones de hectáreas, según un reporte de la Fundación Tierra. Los departamentos más perjudicados son Santa Cruz con 2,6 millones de hectáreas, Beni con 1,3 millones de hectáreas y La Paz con 18.990 hectáreas, zonas pertenecientes a la Amazonía boliviana. La organización reporta además afecciones en la salud (respiratorias, oculares y diarreicas) como consecuencia del humo.

“En estos sectores hay sitios donde se producen recurrentemente incendios. Pero también hay nuevas afectaciones a bosques primarios que requerirán entre 50 a 100 años para reponer las áreas naturales”, lamenta en el informe Efraín Tinta, investigador de la Fundación Tierra.

Durante 2023 se perdieron tres millones de hectáreas de bosque nativo, según el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM). Para ampliar la frontera agrícola, los empresarios agroindustriales (dedicados por ejemplo al cultivo de palma) realizan el chaqueo, la quema de ciertas áreas para luego realizar agricultura. Lo hacen indiscriminadamente y rebasan la frontera agrícola, indican desde el WRM. 

Stasiek Czaplicki es economista ambiental especializado en temas agropecuarios. Consultado por Tierra Viva, explica la relación entre los incendios forestales y el agronegocio a través de datos relacionados con la tenencia de la tierra. Señala que el 16 por ciento de la tierra en Bolivia es considerada de tenencia «mediana» o «empresarial». Y el 44,9 por ciento de los incendios ocurrieron en ese tipo de propiedad.

«Uno podría pensar que esos incendios son provocados por terceros malintencionados, pero las denuncias recibidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de parte de los empresarios son menos de 500, sobre un total de 50.000 predios afectados en el país», dice Czaplicki.

Los incendios son un fenómeno conexo a la deforestación. «Pero en el caso particular de Bolivia no se sobrepone», matiza. «En 2022 se quemaron cerca de cuatro millones de hectáreas y de ese total se desmontaron 60.000. Quiere decir que los incendios no tienen una finalidad productiva o de habilitación de tierras como uno podría pensar», explica.

Si las quemas ocurren en territorios pertenecientes a empresarios, pero no tienen un fin necesariamente de desmonte, ¿por qué otros motivos se están incendiando esas masas boscosas? «Por las quemas controladas que se salen de control, lo que señala una incapacidad para contener los incendios, y también porque las quemas son usadas para amedrentar a territorios indígenas«, responde.

Czaplicki es autor del libro «Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación». El concepto de «finanzas grises» alude —por contraposición al financiamiento «verde»— a los fondos destinados a sustentar actividades extractivas como las quemas o la deforestación. «En Bolivia no se usa la plata de los empresarios para eso, sino los ahorros de los fondos de pensión de los bolivianos y de la banca. Las sumas ascienden a 2.500 millones de dólares», informa el investigador. El Gobierno es el encargado de orientar esos fondos para favorecer a la agroindustria, en particular a los sectores sojeros, azucareros y ganaderos.

Sin matices entre los sucesivos gobiernos, el Estado boliviano apuesta a favorecer al agronegocio como política de desarrollo económico: «El gobierno actual (de Luis Arce) sigue negociando más y más medidas a favor de la agroindustria, continuando con las políticas públicas desarrolladas por Evo Morales y por Jeanine Áñez».

En comparación, los fondos destinados a prevenir incendios son solo 1,4 millones de bolivianos, lo que equivale a 200 mil dólares. Es menos que el 1,4 por ciento del presupuesto que maneja la ABT. Los reportes del organismo reportan, por ejemplo, que en 2022 recaudaron cerca de 140 millones de bolivianos (20 millones de dólares). Pero al año siguiente, su presupuesto total para la protección de bosques fue de 50 millones de bolivianos.

«Hay una voluntad de no financiar las instituciones públicas, de no darle las herramientas correctas para poder asistir a la situación actual. En el marco de una crisis financiera y macroeconómica, las autoridades han ido implementando incentivos económicos para apoyar la expansión agropecuaria, particularmente en los bosques bolivianos», explicita Czaplicki.

Paraguay: un puñado de empresarios contra miles de hectáreas

Según el último reporte oficial, fechado el 11 de septiembre, en Paraguay existen 118 incendios en bosques nativos, 37 en áreas protegidas, 19 en palmares y tres en plantaciones forestales. Los focos más intensos se registran en el oeste del país, en la zona del Chaco Paraguayo.

Con seis millones de hectáreas deforestadas entre 2001 y 2019, Paraguay es el segundo país que más cubierta arbórea perdió en la región sudamericana, después de Brasil, según el sistema satelital Global Forest Watch. Desde 2001 hasta 2021 se perdieron 466.230 hectáreas por incendios forestales. El peor fue 2019, con 121.000 hectáreas incendiadas. El Chaco Paraguayo fue la región más deforestada de ese país durante el periodo 2001-2021. Los años con mayor pérdida de cobertura arbórea a consecuencia de los incendios fueron 2017, 2019, 2020 y 2021.

Un estudio de la organización brasileña Agro é Fogo menciona que los incendios forestales y de campo en el Chaco paraguayo ocurren entre los meses de agosto y octubre, con mayor incidencia desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre. Y confirma que el origen de estos incendios es por la acción humana, ya que son utilizados por el sector agrícola de forma recurrente para gestionar los pastos, basándose en la práctica de “quema controlada” de campos.

Un informe de la organización Bases IS sobre la deforestación en 2023 también alude a la concentración de la tierra. «Si en el país se deforesta mucho, es porque se necesita esa tierra para pastura (de ganado) o para agricultura extensiva. El elemento a remarcar en este contexto es que dicha deforestación es realizada por un pequeño puñado de gente», advierten. En Paraguay, el 90 por ciento de la tierra está en manos de 12.000 grandes propietarios. El resto se reparte entre 280.000 pequeños y medianos propietarios. 

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/incendios-en-brasil-bolivia-y-paraguay-las-llamas-del-agronegocio/

Revista Biodiversidad, sustento y culturas

número 111 enero de 2022

Acaparamiento de tierras, deforestación y crisis climática: un trío inseparable

(…) Obviamente podemos dar por sentado que la compra, adquisición o renta de tierras para la producción de monocultivos industriales implica el desmonte de vastas superficies de bosques y otros ecosistemas frágiles como los humedales y el Cerrado brasileño; ya que los mismos son, en el marco de este modelo, un “obstáculo” para el avance de los monocultivos. Sin embargo. informes recientes sobre la deforestación en Brasil, Colombia, Argentina nos permiten establecer claramente el lazo y tener una medida, aunque sea aproximada desde una de las regiones del mundo donde se está produciendo la mayor concentración de tierras y el avance sin freno de la agricultura y la ganadería industriales. (…)

  Ofensiva del sistema mundo capitalista

Asia Meridional en la nueva crisis mundial de la deuda –
Hacen falta soluciones colectivas

4 de septiembre de 2024

Amali Wedagedara

Los pagos que generan las deudas de los países en desarrollo son superiores a la renta nacional de cada uno de ellos. De acuerdo con un nuevo informe, Resolving The Worst Ever Global Debt Crisis, 118 países en desarrollo están pasando apuros, ya que en 2024 una parte desproporcionada de su renta nacional se destina al pago de los intereses y amortizaciones de sus deudas (Martin y Waddock 2024). Treinta y un países han suspendido pagos o dejado de recibir financiación externa debido a su elevado nivel de endeudamiento.

Por mucho que la deuda externa esté paralizando las economías del Sur global, ni las políticas de reforma financiera y económica (reformas estructurales) preconizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), ni los países en desarrollo como bloque geopolítico han respondido debidamente para abordar la crisis actual. Las reformas estructurales defendidas por el FMI y el BM son contraproducentes. Es más, las respuestas aisladas de los distintos países en desarrollo a sus respectivas crisis de la deuda han impedido formar un frente común con vistas a responsabilizar a instituciones financieras internacionales como el FMI y el BM. Estas respuestas tampoco han abordado los problemas crecientes de los países en desarrollo tras las alzas de los tipos de interés en Estados Unidos (EE UU) y la Unión Europea (UE) a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia y la pandemia de covid-19, en lo que podemos calificar de nueva crisis de la deuda.

La ausencia de una respuesta colectiva informada al problema de la deuda externa es más palpable en el sur de Asia en comparación con América Latina o África. Este artículo es un intento preliminar de profundizar en la situación analizando la crisis de la deuda sudasiática. Al contextualizar la nueva crisis de la deuda que afecta a los países de esta parte de Asia, sostengo que las explicaciones culturales de la crisis de la deuda de los países en desarrollo, al desautorizar la dimensión de política económica de la corrupción, no solo han desviado nuestra atención de la necesidad de abordar las debilidades estructurales de las economías sudasiáticas, sino que también nos han llevado a aceptar veneno como remedio. Además nos han impedido responsabilizar al FMI y al BM por ser incapaces de asegurar la estabilidad del orden financiero mundial, particularmente en interés de los países en desarrollo.

Perfil de la deuda externa de Asia Meridional

Las repercusiones de lo global en lo local, es decir, la nueva crisis de la deuda, también son evidentes en el sur de Asia. Tras el impago de su deuda externa por parte de Sri Lanka en abril de 2022, el FMI informó de que Pakistán y Maldivas se hallaban en grandes apuros, indicando que sus niveles de deuda pública eran insostenibles. Además, tanto Nepal como Bangladés solicitaron ayuda financiera del FMI en 2022 y 2023 para hacer frente a sus necesidades de la balanza de pagos.

La comparación de los perfiles de la deuda externa de algunos países sudasiáticos en el Cuadro 1 sugiere que existe una correlación entre la regularidad de los compromisos con el FMI y el grado de dificultades con la deuda. Excepto en el caso de Maldivas, India y Nepal, todos los demás países de la región han recurrido al FMI más de diez veces. Mientras que Pakistán encabeza la lista con 25 acuerdos con el FMI, Sri Lanka ocupa el segundo puesto con 17 rondas.

La incidencia de las interacciones con el FMI parece indicar el alcance de la transformación de los regímenes nacionales, políticos y económicos, tras las reformas de ajuste estructural que promueven el FMI y el BM. En lugar de unas políticas favorables al crecimiento y alineadas con los intereses locales, se obliga a los países en desarrollo a adoptar el modelo de la economía de libre mercado acorde con los intereses del capital global. Con el tiempo, los sectores productivos de las economías nacionales, en la fabricación y la agricultura, se desvanecen limitando la economía a la exportación de bienes primarios de escaso valor añadido. Se endeudan de modo importante para financiar importaciones esenciales, incluidas las de alimentos básicos. Así, la dependencia financiera, la austeridad presupuestaria, las crisis crónicas de la balanza de pagos, la desigualdad y la pobreza son rasgos permanentes de estas economías. En vez de salir del círculo vicioso de dependencia y crisis, la ortodoxia política del FMI y del BM ha mantenido a esos países bajo su control.

Por ejemplo, las reformas implantadas en Sri Lanka tras el impago de su deuda, impuestas por el FMI y el BM, mostraron la ausencia total de una reflexión sobre las políticas económicas practicadas durante 45 años desde la liberalización de la economía en 1977. Existe una puerta giratoria entre las políticas de desregulación y restructuración y la corrupción: la estrecha relación existente entre las elites políticas y económicas implica que la desregulación y la restructuración inducen la especulación privada. Por mucho que las elites políticas cooperen con el FMI y el BM en la implementación de reformas estructurales y de buena gobernanza, ninguna de las partes se ha interesado por explorar la falta de legitimidad de la deuda pública a causa de la corrupción o los flujos financieros ilícitos. Los sindicatos de Sri Lanka han cifrado en 40.000 millones de dólares estadounidenses las pérdidas para la economía nacional entre 2009 y 2018 derivadas de los flujos financieros ilegales asociados al comercio y cuentas en paraísos fiscales (Arulingam, 2023).

Las políticas de austeridad, con sus recortes del gasto público (presupuestario), fuerzan a los gobiernos a aplicar planes de gasto a corto plazo en vez de programar el desarrollo a largo plazo. Los recortes presupuestarios no solo menosprecian los efectos a largo plazo de las crisis económicas para las mujeres, niñas y niños, campesinos y otras gentes trabajadoras, retrasando así el retorno a la normalidad –las condiciones de vida anteriores a la crisis–, sino que también exacerban las vulnerabilidades.

Ortiz y Cummins (2022), en su estudio sobre el impacto de las políticas de austeridad durante más de una década, documentan el deterioro de los sistemas de seguridad social, educación y sanidad y el aumento de la violencia contra las mujeres. Las reformas del sector público combinadas con las políticas de estabilidad presupuestaria eliminan más empleos femeninos que masculinos. Como ha ocurrido recientemente en Sri Lanka, Kenia y Bangladés, el malestar social, las tensiones y revueltas se han atribuido directamente a las políticas de austeridad.

Los recortes presupuestarios crean cárceles para los deudores. En vez de priorizar inversiones productivas, necesarias para librarse de la trampa de la deuda, el cortoplacismo inherente a las políticas de austeridad fuerza a los gobiernos a pagar los intereses y plazos de devolución de la deuda recurriendo incluso a nuevos préstamos. Los países en desarrollo, incapaces de planificar y restructurar sus economías para ir más allá de la exportación de productos de bajo valor añadido, han perdido décadas de desarrollo. Cuando las pequeñas y medianas empresas en la agricultura, la pesca, la producción de leche y los sectores de fabricación cierran, las personas que trabajan en estos sectores pierden su base de sustento y su fuente de ingresos. La creciente proporción de deuda exterior, denominada en divisas, redobla la presión sobre los menguantes ingresos fiscales de los gobiernos.

Debt Service Watch 2024, que documenta las obligaciones de pago derivadas de la deuda de 145 países, sitúa a Sri Lanka y Pakistán en segundo y tercer lugar en una lista, encabezada por Egipto, de los países con la mayor carga en 2024 (Martin y Waddock 2024). El importe total del servicio de la deuda en proporción al ingreso presupuestario del Estado asciende en Sri Lanka al 202 % y en Pakistán al 189 %. Bangladés ocupa el décimo lugar con un 102 %. India y Maldivas aparecen en los puestos 25 y 29, con una proporción del 64 % y del 62 % respectivamente. El cálculo del servicio de la deuda exterior en proporción a los ingresos brutos del comercio de estos Estados  mostrará un cuadro todavía más tenebroso de la sostenibilidad de la deuda incluso a medio plazo.

Además, los graves problemas con el pago de la deuda repercuten en el acceso a los mercados de capitales. Sri Lanka, Bangladés, Pakistán y Maldivas han obtenido financiación para el desarrollo mediante la venta de bonos soberanos internacionales (ISB) a fondos de inversión como BlackRock, JPMorgan y HSBC en los mercados de capitales. El elevado importe de la deuda contraída con prestamistas comerciales, un rasgo distintivo de la crisis de la deuda que afecta a los países en desarrollo, se asocia con la política de reducción de riesgos financieros mediante la diversificación de fuentes, promovida por prestamistas multilaterales como el BM y la UE.

Se esperaba que las reducciones de los fondos institucionales asignados a proyectos de desarrollo harían fondo común con prestamistas privados, combinando la ayuda y los préstamos multilaterales con finanzas privadas y diversificando el riesgo. Sin embargo, esta teoría de reducción de riesgos financieros ha resultado ser falsa cuando acreedores privados “percibieron 185.000 millones de dólares más en concepto de devolución del principal que lo que habían desembolsado como préstamos” (Banco Mundial 2023: X) tras el repunte de los tipos de interés en EE UU y la UE en 2021.

Las implicaciones inherentes de las políticas instigadoras de las crisis se ocultan tras el difundido rumor de la trampa de endeudamiento vinculada a los préstamos chinos. La verdadera trampa de la deuda está en los préstamos del FMI y del BM, que imponen reformas estructurales que impiden el desarrollo y anulan la autonomía política de los países en desarrollo, y en los ISB de altos tipos de interés emitidos por fondos privados en los mercados de capitales que priorizan la extracción de deudas sobre el desarrollo.

Respuestas coercitivas a la nueva crisis de la deuda

El International Debt Report 2023, publicado por el BM, documentó una crisis de la deuda de una magnitud sin precedentes. Dieciocho países en desarrollo han suspendido pagos desde 2021, superando el número de impagos de las dos últimas décadas. Veinticuatro países legitimados para pedir préstamos a la Asociación Internacional para el Desarrollo (IDA), el brazo crediticio del BM para países de renta baja, tienen dificultades para atender sus pagos, mientras que otros once experimentan graves problemas. El mismo informe indica que la deuda se ha convertido en una “carga paralizante” (Banco Mundial 2023: IX), lo que dificulta el cumplimiento de los plazos de pago.

Tres países sudasiáticos sufren actualmente crisis de endeudamiento: Bangladés y Nepal están incluidos en un programa del FMI junto con Sri Lanka. Si tomamos el importe de la deuda externa o la proporción entre deuda y PIB como indicador de la crisis, cabe preguntarse cómo Maldivas, con una deuda de un poco más de 3.000 millones de dólares, tiene problemas para cumplir sus compromisos. El hecho de que tantos países sufran crisis de endeudamiento solo puede explicarse si examinamos el problema en relación con varios acontecimientos ocurridos desde 2021, a saber: 1. el alza de los tipos de interés en EE UU y la UE en 2021; 2. la pandemia de covid-19 (2021-2022); y 3. la guerra entre Rusia y Ucrania. Es imposible comprender la actual crisis de la deuda sin relacionarla con estos procesos globales.

  1. Alza de los tipos de interés en EE UU y la UE en 2021: La Reserva Federal de EE UU redujo los tipos de interés en 2008 al 0 % para hacer frente a la crisis financiera de aquel año. Se esperaba que unos tipos de interés más bajos facilitarían la gestión y refinanciación de la deuda pública en los países del Norte global y mantendrían a flote los mercados financieros. Estos bajos tipos de interés hicieron que unos países en desarrollo que normalmente habrían evitado acudir a los mercados de capitales (debido a los elevados tipos de interés) contrataran préstamos a una escala sin precedentes. Países como Sri Lanka, que no estaban legitimados para obtener préstamos blandos después de ascender a la categoría de países de renta media, tuvo que acudir a los mercados de capitales para cubrir sus necesidades de financiación externa. Sri Lanka tomó prestados 17.000 millones de dólares entre 2007 y 2019 a unos tipos de interés del 5 al 8 %. En 2021, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE) incrementaron sus tipos de interés en un 4 a 5 %. Al apreciarse el valor del dólar estadounidense, los inversores repatriaron sus capitales a países del Norte global. Ante la fuga de capitales en el Sur global, los países en desarrollo tuvieron que incurrir en unos costes extremadamente altos para refinanciar sus préstamos. Por ejemplo, Zambia y Egipto pagaron unos intereses del 26 % (para préstamos contratados al 6 a 8 %).
  2. La pandemia de covid-19 (2020-2021): La pandemia de covid-19 paralizó la economía mundial. Afectó con particular dureza a los países en desarrollo que dependían excesivamente del turismo, de las remesas del extranjero y de las exportaciones de materias primas y productos de bajo valor añadido, tuvieron que financiar importaciones de productos esenciales y atender los pagos de sus deudas externas denominadas en dólares. Por ejemplo, el sector turístico de Sri Lanka sufrió un duro golpe poco después de los bombardeos del domingo de Pascua en 2019. Además del declive de las remesas del extranjero, Sri Lanka perdió el 24 % de sus ingresos por exportación. La economía maldiva, que depende enormemente del turismo, contrató préstamos a un tipo de 33,5 % (Banco Asiático de Desarrollo 2022).
  3. Guerra entre Rusia y Ucrania (2023): La especulación en torno a las sanciones a Rusia y la disrupción de las cadenas de suministros mundiales a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia provocó aumentos de precios del petróleo, alimentos en grano y fertilizantes, afectando a los países en desarrollo al incrementar drásticamente sus costes de importación (Ghosh 2022).

La coincidencia parcial en el tiempo de la pandemia de covid-19 y la guerra entre Ucrania y Rusia a escala global, junto con el aumento de los tipos de interés en EE UU y la UE, han tenido impactos sistémicos que han desestabilizado las economías de países en desarrollo como Sri Lanka, Pakistán, Maldivas y otros Estados del Sur global apurados por la deuda. A resultas de ello, el coste de la refinanciación de la deuda se ha multiplicado, forzando a países como Sri Lanka, Zambia, Ghana y Surinam a suspender pagos.

El impacto de estas causas externas de la crisis de endeudamiento es más significativo que las causas internas. No obstante, las respuestas del FMI y del BM no reflejan un conocimiento real de la nueva naturaleza de esta crisis. En vez de abordar los efectos de dichos impactos externos y asumir su responsabilidad en la creación de un mecanismo que permita suavizar las vulnerabilidades agravadas por los impactos externos, el FMI y el BM echan la culpa de los países en desarrollo e imponen reformas estructurales más duras.

Existe una clara falta de comprensión de la crisis y su amplitud, como se pone de manifiesto en la distancia que media entre los intereses de las instituciones financieras internacionales (IFI) y las intervenciones que necesitan los países en desarrollo. Reformas económicas como la desregulación de los mercados de capitales y del tipo de cambio de las divisas, la privatización de empresas públicas y la reducción del gasto presupuestario en servicios públicos no harán más que deteriorar la vulnerabilidad estructural de los países en desarrollo. No solo esta reformas no permitirán abordar los problemas que se derivan de fenómenos que ocurren en el Norte global, como hemos explicado más arriba, sino que también vienen a decir que los países en desarrollo deben cargar el peso de los problemas generados por las políticas aplicadas en el Norte global.

¿Acción colaborativa y coordinada contra la deuda en Asia del sur?

Sobre el telón de fondo de la crisis financiera de Asia en 1997, los países asiáticos afectados por la crisis, como Tailandia, Malasia y Japón, propusieron un sistema de ayuda mutua, el Fondo Monetario Asiático (FMA) con el fin de asegurar la “fuerza nacional, regional y asiática, no necesariamente para competir, sino para tener un margen de amortiguación” (Takahashi 2023). A pesar de que la FMA nunca vio la luz del día debido a la firme oposición de EE UU y la falta de compromiso de China, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con la Iniciativa Chiang Mai, ha actuado conforme a las ideas críticas subyacentes al FMA (Takahashi 2023).

El Jubileo 2000 fue otro ejemplo en que los países en desarrollo se unieron para exigir justicia para los deudores. Movimientos sociales de la clase trabajadora, campesinos, mujeres, estudiantes, activistas ambientales y sectores académicos destacaron las consecuencias peligrosas de las políticas del FMI y del BM y defendieron reformas durante mucho tiempo (por ejemplo, el Foro Social Mundial, La Vía Campesina, el Proyecto Bretton Woods o el Comité por la Abolición de la Deuda Ilegítima). Thomas Sankara, expresidente de Burkina Faso (asesinado en 1987), denunció la naturaleza depredadora e imperialista de la deuda y llamó a la creación de un frente único contra la deuda (Sankara 2018).

La urgente necesidad de que los países en desarrollo se unan para proponer soluciones colectivas a la nueva crisis de la deuda, responsabilizando a las instituciones financieras internacionales, salta a la vista. Sin embargo, el FMI y el BM aprovechan su mediación para reforzar su control sobre los países endeudados. En vez de animar a estos países a buscar soluciones colectivas, la intervención de estas instituciones no ha hecho más que atraparlos en reformas estructurales y procesos de restructuración de la deuda que favorecen a los acreedores. Argentina, cliente del FMI desde hace mucho tiempo, experimenta crisis de endeudamiento recurrentes y ha sido objeto en repetidas ocasiones de una restructuración de la deuda, dejando claro el destino de los países que siguen el rumbo marcado por el FMI.

Las crisis de endeudamiento, las dificultades para cumplir los plazos de devolución y pago de los intereses y los impagos tienen efectos sistémicos. Destruyen las bases de sustento de la población. Las economías retroceden años al pasado. Las mujeres, las niñas y niños y otros sectores vulnerables asumen una carga desproporcionada. Se obliga a la clase trabajadora a pagar más en el proceso de recuperación económica. El impacto arrollador de las crisis económicas sugiere que estas crisis no deberían volver a ocurrir jamás. Sin embargo, asegurar que las crisis de la deuda sean cosa del pasado exige intervenciones innovadoras en vez de reformas estructurales y restructuraciones de la deuda que favorecen a los acreedores. El “Frente Único contra la Deuda” y las “Alianzas del Sur Global por el Desarrollo” empoderarán a los países en desarrollo y permitirán que una visión colectiva trascienda los apuros del endeudamiento.

12/08/2024
Referencias …

 Fuente: https://vientosur.info/economia-asia-meridional-en-la-nueva-crisis-mundial-de-la-deuda-hacen-falta-soluciones-colectivas/

Estado del mundo: crisis económica y rivalidades geopolíticas

12 de septiembre de 2024

Por Claude Serfati| Viento sur

Este texto corresponde a la intervención del autor en la Universidad de verano del NPA en el debate: «1954-2024: 70 años después, ¿qué equilibrios de poder mundiales? Resistencia popular y solidaridad internacional frente al imperialismo, el colonialismo y la guerra». Agradecemos al autor la autorización para reproducirlo.

 (…)

Para comprender la situación actual, y en particular la multipolaridad capitalista jerárquica, disponemos al menos de dos puntos de apoyo teóricos.

En primer lugar, la definición dada por Lenin en El imperialismo, fase suprema del capitalismo: “Si fuera necesario dar una definición lo más breve posible del imperialismo, debería decirse que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo”. Esta definición abarcaría todo lo esencial, ya que, por una parte, el capital financiero es el resultado de la fusión del capital de algunos grandes bancos monopolistas con el capital de grupos monopolistas industriales y, por otra parte, el reparto del mundo es el paso de la política colonial, que se extiende sin trabas a regiones aún no apropiadas por ninguna potencia capitalista, a la política colonial de posesión monopolizada de los territorios de un planeta totalmente compartido.

El capital monopolista financiero y el reparto del mundo están estrechamente ligados, y ésta es la singularidad del imperialismo. Es cierto que, a menudo, los análisis marxistas han tenido dificultades para vincular ambas cosas. Sin embargo, el capitalismo camina sobre dos pies: es un régimen de acumulación con un componente predominantemente financiera, como ya detectó François Chesnais en los años noventa, pero, sobre todo, es un régimen de dominación social, cuya defensa –y a veces su supervivencia– esta garantizada por las fuerzas del orden en el plano interno y el Ejército en el exterior. Estos son los mensajes deLa mondialisation armée, libro que publiqué unos meses antes del 11 de septiembre de 2001, y también de Un monde en guerres, publicado en marzo de de este año.

Otra herramienta analítica para analizar el imperialismo contemporáneo es la hipótesis del desarrollo desigual y combinado de Trotsky. Para mí, esta hipótesis forma parte integral del análisis del imperialismo, aunque para muchos marxólogos su nombre sea a menudo ignorado como teórico del imperialismo junto a Bujarin, Hilferding, Luxemburg y algunos otros.

Trotsky basó su análisis en la existencia de un espacio mundial que constriñe a las naciones y les impide pasar por las mismas etapas de desarrollo que los países avanzados. Esto era lo contrario del enfoque etapista de Stalin. Este concepto de etapas sucesivas también se encuentra en las recomendaciones del Banco Mundial, que considera que los países del Sur deben seguir las etapas de desarrollo seguidas por los países del Centro. Para el Banco Mundial, deben aplicarse las normas de buen gobierno y el programa económico de los países desarrollados. (…)

Es un hecho innegable que desde la Segunda Guerra Mundial se han producido muchos cambios en la fisonomía del imperialismo, en particular la construcción de la hegemonía estadounidense. Estos cambios llevaron a algunos marxistas a anunciar la obsolescencia del imperialismo, basándose en particular en el fin de las guerras intercapitalistas. En las últimas décadas, los procesos de globalización también han dado lugar a afirmaciones de que el imperialismo ha sido superado por la aparición de una clase capitalista transnacional, o incluso de un Estado transnacional.

La coyuntura histórica actual contradice estos análisis y subraya el hecho de que, en el marco del imperialismo contemporáneo, las relaciones sociales capitalistas siguen estando políticamente construidas y territorialmente circunscritas.

La concordancia de temporalidades: el momento 2008

Cabe destacar tres puntos:

a) Desde finales de la década de 2000, el mundo se caracteriza por una convergencia de crisis. Utilizo el término crisis a falta de otro mejor, porque cada una de ellas tiene su propia temporalidad, determinada por su especificidad económica, geopolítica, social y medioambiental. Sin embargo, el hecho de que confluyeran a finales de la década de 2000 confirma que el capitalismo se enfrenta a un trastorno existencial, a una crisis multidimensional. Entre ellas

– la crisis financiera de 2008, que se convirtió en una “larga depresión” (Michael Roberts) .

– la emergencia de China como rival sistémico de Estados Unidos (en el lenguaje de los documentos estratégicos estadounidenses). Esta es otra forma de ver el declive de la hegemonía estadounidense;

– la espiral de destrucción medioambiental producida por el modo de producción y consumo capitalista;

– la resistencia social que se ha extendido por todo el planeta desde la revolución tunecina de 2011, clamando por “Trabajo, pan, libertad y dignidad”.

Los esfuerzos de las clases dominantes para superar estas crisis sólo pueden acelerar la marcha hacia la catástrofe y la barbarie.

b) Una característica importante de este momento de 2008 es que restablece una estrecha proximidad entre la competencia económica y las rivalidades político-militares. Como he mencionado anteriormente, esta proximidad ya era una característica de la situación anterior a 1914.

c) El momento de 2008 abre un espacio de rivalidad mundial más amplio que la confrontación Este-Oeste de la época de la Guerra Fría, y no el de un mundo Occidental enfrentado al Sur Global. Mi marco de análisis es el de una multipolaridad capitalista jerárquica y, por tanto, de rivalidades interimperialistas. Estas rivalidades parecen nuevas tras el periodo transitorio de abrumadora dominación estadounidense que siguió a la Segunda Guerra Mundial, pero fueron una característica importante de la era anterior a 1914.

Sin embargo, en el espacio de un siglo, el mundo se ha vuelto mucho más denso. Como consecuencia, las rivalidades son más abiertas, con un mayor número de países que aspiran a desempeñar un papel en una economía global marcada por la formación de bloques regionales. Las rivalidades también adoptan formas más diversas que antes de 1914. Establecen un continuo entre la competencia económica y la confrontación militar, incluyendo lo que algunos expertos denominan guerras híbridas (ciberguerra, desinformación y vigilancia, etc.).

Sin embargo, quiero señalar que aunque la jerarquía y el estatus de los imperialismos eran más limitados, estos temas ya se discutían antes de 1914. Es interesante recordar la caracterización que hizo Trotsky de la Rusia zarista en su Historia de la Revolución Rusa. Escribió:

La beligerancia de Rusia venía a ocupar un lugar intermedio entre la de Francia y la de China. Rusia pagaba en esta moneda el derecho a estar aliada con los países progresivos, importar sus capitales y abonar intereses por los mismos; es decir, pagaba, en el fondo, el derecho a ser una colonia privilegiada de sus aliados, al propio tiempo que a ejercer su presión sobre Turquía, Persia, Galitzia, países más débiles y atrasados que ella, y a saquearlos. En el fondo, el imperialismo de la burguesía rusa, con su doble faz, no era más que un agente mediador de otras potencias mundiales más poderosas.

Evidentemente, este estatus ambiguo de Rusia no impidió a los marxistas situar a Rusia del lado de los países imperialistas. Esta flexibilidad de análisis y la toma en consideración de factores multidimensionales -económicos, políticos y militares- permiten dar cuenta de la diversidad y la jerarquía que caracterizan la multipolaridad capitalista. Por ejemplo, siguiendo los trabajos del sociólogo brasileño Ruy Mauro Marini, algunos marxistas utilizan hoy el término subimperialismo para designar una lista más o menos larga de países (Sudáfrica, Brasil, India, Irán, Israel, Pakistán, Turquía, etc.) que se encuentran en una posición intermedia.

Desde cierto punto de vista, la multipolaridad capitalista es la norma histórica. Es jerárquica, y los imperialismos dominantes, en declive o emergentes, se disputan una porción del pastel mundial (la masa de valor creada por el trabajo), que no sólo ya no crece lo suficiente, sino que exige una gigantesca degradación del medio ambiente para poder producirse. La aspiración de los países emergentes a alcanzar el estatus de potencia regional o mundial está ampliando el ámbito de las rivalidades económicas y militares. Estos países emergentes no son antiimperialistas; al contrario, intentan hacerse un lugar dentro del imperialismo contemporáneo. Los gobiernos de estos países desarrollan a menudo una retórica antioccidental que se equipara falsamente con el antiimperialismo.

Es evidente que el movimiento social debe aprovechar las rivalidades y contradicciones interimperialistas. Sin embargo, en nombre de la multipolaridad antioccidental, esto nunca debe llevar a apoyar a los gobiernos de países como Rusia, Irán o India, y dar así la impresión de que podrían abrir perspectivas emancipadoras para los pueblos víctimas de la explotación capitalista, cundo reprimen duramente a su propio pueblo.

China y Estados Unidos: un choque de imperialismos

En mi opinión, son estas transformaciones del espacio mundial las que justifican el término choque de imperialismos entre China y Estados Unidos.

Debemos examinar brevemente cómo ha evolucionado su relación, porque confirma que la interdependencia entre países rivales ha aumentado considerablemente. Antes de 1914, la interdependencia servía para justificar las tesis liberales que veían en el comercio internacional un factor de paz. La interdependencia también fue utilizada por Kautsky para anunciar la aparición de un ultraimperialismo que pondría fin a las guerras.

Está claro que es importante no cometer los mismos errores de apreciación y no limitarse a observar la creciente interdependencia de las naciones, sino considerar el entorno económico y geopolítico en la que se desarrolla.

En las décadas de 1990 y 2000 (hasta 2008), la interdependencia entre Estados Unidos y China era un juego en el que todos ganaban para las clases capitalistas. China proporcionaba nuevos territorios al capital occidental, que entonces sufría una sobreacumulación como consecuencia de la crisis de los años setenta y ochenta. Esta crisis de sobreacumulación, que reflejaba una caída de la rentabilidad del capital, no había sido superada en los países centrales. En cambio, había sacudido a los países emergentes, víctimas repetidas de crisis financieras: México en 1983, Asia, Rusia y Brasil en 1997-1998 y Argentina en 2000.

Sin embargo –confirmando la hipótesis del desarrollo desigual y combinado – China no sólo ha seguido siendo un territorio de acogida para la acumulación de capital occidental y asiático, sino que se ha convertido en una potencia económica y militar que desafía el dominio estadounidense.

La irrupción de China en el mercado mundial ha proporcionado así una solución temporal a los males estructurales que aquejan al capitalismo. Sin embargo, la intensificación de la competencia económica en un contexto de bajo crecimiento económico ha transformado rápidamente el mercado mundial en el “espacio de todas las contradicciones”, como decía Marx. A la inversa, al convertirse en el taller del mundo, la economía china ha trasladado a su propio territorio las contradicciones de la economía mundial que surgen cuando el capitalismo alcanza sus límites. La industria china lleva años acumulando capital en exceso. La crisis se desencadenó primero en la construcción inmobiliaria, pero según los análisis de los economistas, esta sobreacumulación afecta ahora a decenas de sectores tradicionales relacionados con la construcción (acero, cemento, etc.), e incluso a sectores industriales emergentes. Es el caso de los paneles solares, donde China ha conquistado un virtual monopolio mundial, y, más fundamental aún, del sector de las baterías para vehículos eléctricos. Así que no es de extrañar que este sector sea uno de los que experimentan mayores tensiones comerciales entre China, Estados Unidos y la Unión Europea (es decir, principalmente la industria alemana).

La interdependencia económica tiene, pues, efectos contradictorios. “El crecimiento económico de China no debe ser incompatible con el liderazgo económico estadounidense”, declaró la Secretaria de Estado del Tesoro, y propuso deslocalizar las actividades de los grandes grupos estadounidenses presentes en China hacia “países amigos” (nearshoring). Escuchemos la respuesta del Director General de RTX (antes Raytheon), diseñador del sistema de defensa antimisiles estadounidense e israelí y segundo grupo militar mundial: “Es imposible salir de China porque tenemos cientos de subcontratistas esenciales para nuestra producción”. Esto dice mucho del grado de interdependencia creado por las cadenas de producción mundiales de los grandes grupos, incluidos los del ámbito militar.

Otro ejemplo de interdependencia: el Gobierno chino participa ahora en la elaboración de normas reguladoras para los mercados financieros, introducidas a raíz de la crisis de 2008 y destinadas a prevenir la aparición de nuevas crisis financieras. El Secretario de Finanzas Internacionales de EE UU acogió con gran satisfacción la excelente relación entre el Tesoro estadounidense y “nuestros homólogos chinos del Banco Central de la República Popular China como copresidentes del grupo de trabajo del G20 sobre el desarrollo de las finanzas sostenibles”. Este llamamiento de Estados Unidos a China significa que, para las clases dominantes estadounidenses, preservar la estabilidad y, por tanto, la prosperidad del capital financiero no debe verse comprometido por las rivalidades comerciales. Se trata, sin embargo, de un equilibrio delicado.

China, un imperialismo emergente

China es, de hecho, un imperialismo emergente, porque, al igual que los países capitalistas anteriores a 1914, combina un fuerte desarrollo económico con capacidades militares de primer orden.

Por supuesto, sería absurdo comparar el papel del Ejército en la expansión económica mundial de China con el de Estados Unidos, y sólo pueden hacerlo quienes aplican el concepto de imperialismo únicamente al modelo estadounidense. Por el contrario, al emerger como país imperialista rival de Estados Unidos, China se ve obligada, casi automáticamente, a desarrollar una política exterior expansiva, como confirma su inserción diplomática en la guerra que libra Israel. China ya tiene una fuerte presencia en Oriente Próximo, donde está desarrollando relaciones tanto con Irán como con las monarquías petroleras (e Israel), aliadas de Estados Unidos.

La iniciativa de la Ruta de la Seda  (BRI, por sus siglas en inglés) que impulsa China es una construcción tentacular de infraestructuras físicas y digitales. Recuerda a la expansión de los ferrocarriles antes de 1914 –nfraestructura esencial de la época– en los países dominados, cuyo papel tanto económico (rentabilizar el exceso de capital en los países europeos) como geopolítico (¡el papel del tren Berlín-Bagdad en la alianza entre Alemania y el Imperio Otomano!) fue largamente analizado por Lenin, Rosa Luxemburg y otros.

Israel, el pirómano defensor del bloque transatlántico

La guerra de Israel se ajusta plenamente al marco analítico del imperialismo: es un proyecto neocolonial. Veamos las cifras: 40.000 muertos en Gaza equivalen, en proporción a la población palestina, a más de la mitad de los muertos que causó en Francia la guerra de 1914-1918. Sin embargo, hay una diferencia esencial: la mayoría de las víctimas eran soldados, mientras que en Gaza el 60-70% de las personas muertas son mujeres y niños.

“Nuestros enemigos comunes en todo el mundo nos observan y saben que una victoria israelí es una victoria del mundo libre liderado por Estados Unidos”, declaró el ministro de Defensa de Israel al día siguiente del 7 de octubre de 2024. Confirmaba así que su país es un pilar importante del bloque transatlántico. Sin embargo, el modo en que el gobierno de Netanyahu se comporta frente a la administración Biden confirma también que la multipolaridad capitalista contemporánea está más diversificada que antes de 1914.

Desde el punto de vista del análisis de la estructura imperialista actual y de su jerarquía, es innegable que el gobierno israelí se vería obligado a detener la guerra en cuanto Estados Unidos pusiera fin a su entrega de armas. En este sentido, la imagen de Israel como vasallo de Estados Unidos sigue siendo sin duda acertada. Sin embargo, el deterioro de la posición de Estados Unidos en el orden mundial, el auge del militarismo israelí, en gran medida vinculado a las fracciones dominantes del establishment estadounidense y a su complejo militar-industrial, y, por último, el caos global que sustenta las relaciones internacionales contemporáneas, permiten al vasallo jugar su propio juego sin que éste se corresponda con los imperativos inmediatos de las clases dominantes estadounidenses.

La política de tierra quemada aplicada por los gobiernos israelíes ya no es sólo una imagen, como demuestra el deseo de Israel de arrasar Gaza (es decir, de arrasar el territorio) y de pulverizar físicamente al pueblo palestino. Se basa en procesos asesinos –genocidas– que ni Estados Unidos ni la Unión Europea, que es al menos tan culpable de apoyar la guerra de Israel como Estados Unidos, quieren detener, incluso cuando Israel prepara la siguiente fase de su ataque contra Irán. Para los dirigentes de Estados Unidos y de la UE, el apoyo incondicional a Israel es el precio que hay que pagar por defender los intereses materiales y los valores del mundo occidental.

Sin embargo, todos los dirigentes occidentales saben que esta guerra está llevando a la región –y posiblemente a otras regiones– al borde del colapso. También saben que está acelerando la desintegración del orden internacional basado en normas, por utilizar el eslogan que ha servido de sustento político e ideológico a la dominación del bloque transatlántico desde la Segunda Guerra Mundial. Este es el dilema al que se enfrenta Occidente. Tienen que apoyar la conducta del gobierno israelí en un momento en que la política de Netanyahu está precipitando el fin de este orden internacional liberal y anuncia nuevas áreas de conflicto entre el bloque transatlántico y muchos países.

El horizonte Indopacífico de Francia

Anunciado en 2013 bajo la presidencia de François Hollande, el horizonte Indopacífico ha ocupado un lugar ascendente en la estrategia militar-diplomática de Francia desde la elección de Emmanuel Macron en 2017. Sin duda, el interés de Macron por esta región se vio sin duda estimulado por el hecho de que, nada más ser elegido, había sido informado por el Estado Mayor del desastre que se avecinaba en las guerras libradas por el Ejército francés en el Sahel. La estrategia indopacífica planteada por Macron es, por tanto, el resultado de la necesidad de ofrecer a los militares un nuevo horizonte, aunque el África subsahariana siga siendo indispensable en términos económicos y geopolíticos a pesar de la debacle en el Sahel.

Por tanto, la determinación de Macron para mantener Nueva Caledonia dentro del Estado francés se debe, principalmente, a este revés en el Sahel, pero también hay otras razones. La posesión de estos territorios otorga a Francia una zona económica exclusiva (ZEE) veinte veces mayor que la de Francia continental. Esta ZEE ofrece la perspectiva de apropiarse de recursos submarinos. Sobre todo, permite al Ejército francés navegar en la zona con submarinos con sistema de misiles nucleares. Junto con la Fuerza Aérea francesa, estos buques son el otro componente de la disuasión nuclear. Esta presencia de fuerzas nucleares en el Pacífico protege el estatus de Francia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a pesar del considerable declive de su posición económica en el mundo. Otra razón de la política de Macron es la importancia de los recursos de níquel del archipiélago.

La determinación de Macron de privar al pueblo canaco de sus derechos legítimos y mantener el estatus neocolonial de Nueva Caledonia es, por tanto, comprensible si tenemos en cuenta todas las ventajas que ofrece a la economía y la diplomacia francesas. Sin embargo, hay que medir sus efectos negativos, incluso más allá de la represión sufrida por el pueblo canaco, con más de una decena de personas muertas. De hecho, las decisiones de Macron han provocado una explosión social en Nueva Caledonia de una magnitud desconocida desde los años ochenta, lo que da fe de la magnitud de la resistencia popular. Además, la sangrienta represión de estas manifestaciones está dañando la imagen de la llamada patria de los derechos humanos entre las poblaciones de la región del Pacífico, y complica la actividad diplomática de Francia.

Al igual que las intervenciones en el Sahel en 2000 y 2010, el despliegue de 3.000 soldados se apoya en el aparato militar. Macron busca reforzar su poder vacilante y atraer, a través de este proyecto neocolonial, al electorado reaccionario metropolitano de derecha y extrema derecha. Desde cierto punto de vista, la determinación de Macron recuerda a lo que ocurrió en Argelia a finales de los años cincuenta. La posición de la facción fascista en el Ejército, apoyada por la mayoría de la población europea, era mantener Argelia dentro de Francia. En su opinión, era la única manera de mantener la grandeza de Francia. Por el contrario, De Gaulle, también militar, abogaba por poner fin a la guerra contra el pueblo argelino y concederle la independencia para mantener lo que él llamaba “la posición de Francia en el mundo”. En su opinión, la salida de Argelia permitiría, por fin, a Francia volcarse en el mundo, gracias a las armas nucleares, a la construcción de una Europa en la que Francia podría proyectar su poder y a una reactivación industrial basada en grandes programas tecnológicos con fines militares y estratégicos. Por supuesto, fue esta visión gaullista de una Francia imperialista la que prevaleció sobre la retirada a Argelia. El hecho de que Macron envíe tres mil soldados para proteger a 73.000 europeos en Nueva Caledonia (de los 270.000 habitantes de la isla, según cifras del INSEE) muestra hasta qué punto ha girado la rueda de la historia para el lugar de Francia en el mundo. Las políticas de Macron solo pueden alentar los impulsos nacionalistas y chovinistas en la Francia continental, que son un caldo de cultivo para el racismo.

Para concluir, como sugerí a lo largo de la exposición, las transformaciones del capitalismo no pueden leerse únicamente a partir de sus determinantes estructurales. La observación de Marx en El 18 Brumario de Louis-Napoleón Bonaparte de que “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen arbitrariamente, bajo condiciones elegidas por ellos”, subraya la importancia de lo que en la literatura marxista se denominan factores subjetivos. Estos incluyen el comportamiento y las acciones de las clases dominantes y los gobiernos, así como la resistencia y las ofensivas de cientos de millones de individuos que son víctimas de las decisiones tomadas por los de arriba. “La Historia no hace nada […] no libra batallas. Por el contrario, es el hombre, el hombre real y vivo, quien hace todo esto, posee todo esto y libra todas estas batallas” (Marx y Engels, La Sagrada Familia).

https://vientosur.info/estado-del-mundo-crisis-economica-y-rivalidades-geopoliticas/
Fuente: https://rebelion.org/estado-del-mundo-crisis-economica-y-rivalidades-geopoliticas/

Alternativas emancipatorias

Este ensayo contrasta la lógica que subyace a la producción de «bienes comunes» con la lógica de las relaciones capitalistas, y describe las condiciones bajo las cuales los «bienes comunes» se convierten en las semillas de una sociedad más allá del Estado y el mercado. También advierte contra el peligro de que los «bienes comunes» puedan ser cooptados para proporcionar formas de reproducción de bajo costo, y analiza cómo se puede prevenir este resultado.

Los bienes comunes contra y más allá del capitalismo

George Caffentzis y Silvia Federici

Introducción

El término «bienes comunes» se está convirtiendo en una presencia omnipresente en el lenguaje político, económico e incluso inmobiliario de nuestro tiempo. Tanto la izquierda como la derecha, neoliberales y neokeynesianos, conservadores y anarquistas, utilizan el concepto en sus intervenciones políticas. El Banco Mundial lo ha adoptado en abril de 2012, exigiendo que toda investigación realizada internamente o financiada por sus subvenciones sea «de acceso abierto bajo licencia de derechos de autor de Creative Commons, una organización sin fines de lucro cuyas licencias de derechos de autor están diseñadas para dar cabida al acceso ampliado a la información que ofrece Internet» (Banco Mundial, 2012 ). Incluso The  Economist , defensor del neoliberalismo, le ha dado la espalda en su elogio a Elinor Ostrom, la decana de los estudios sobre los bienes comunes, como lo indica el panegírico en su obituario:

A Elinor Ostrom le parecía que el mundo contenía un gran cuerpo de sentido común. La gente, abandonada a su suerte, encontraría formas racionales de sobrevivir y sobrevivir. Aunque la tierra cultivable, los bosques, el agua dulce y las pesquerías del mundo eran finitos, era posible compartirlos sin agotarlos y cuidarlos sin luchar. Mientras otros escribían con tristeza sobre la tragedia de los bienes comunes, viendo únicamente la sobrepesca y la sobreagricultura en un caos de codicia, la señora Ostrom, con su risa fuerte y sus trompos aún más ruidosos, ofrecía una imagen alegre y contraria. Economista,  2012 )

Por último, es difícil ignorar el uso prodigioso de la palabra «común» o «bienes comunes» en el discurso inmobiliario de los campus universitarios, los centros comerciales y las comunidades cerradas. Las universidades de élite que exigen a sus estudiantes el pago de tasas de matrícula anuales de 50.000 dólares llaman a sus bibliotecas «bienes comunes de información».  Es casi una ley de la vida social contemporánea que cuanto más se atacan los bienes comunes, más se los celebra.

En este artículo examinamos las razones de estos acontecimientos y planteamos algunas de las principales preguntas a las que se enfrentan hoy los comuneros anticapitalistas:

  • ¿Qué queremos decir con “bienes comunes anticapitalistas”?
  • ¿Cómo podemos crear, a partir de los bienes comunes que nuestras luchas generan, un nuevo modo de producción que no se base en la explotación del trabajo?
  • ¿Cómo podemos evitar que los bienes comunes sean cooptados y se conviertan en plataformas sobre las cuales una clase capitalista en decadencia pueda reconstruir su fortuna?

Historia, capitalismo y bienes comunes

Partimos de una perspectiva histórica, teniendo presente que la historia en sí misma es un elemento común,  aun cuando revele las formas en que hemos sido divididos, si se narra a través de una multiplicidad de voces. La historia es nuestra memoria colectiva, nuestro cuerpo extendido que nos conecta con un vasto mundo de luchas que dan sentido y poder a nuestra práctica política.

La historia nos muestra que el «bien común» es el principio según el cual los seres humanos han organizado su existencia durante miles de años. Como nos recuerda Peter Linebaugh, casi no hay sociedad que no tenga los bienes comunes en su núcleo (Linebaugh, 2012). Incluso hoy en día, los sistemas de propiedad comunal existen en muchas partes del mundo, especialmente en África y entre los pueblos indígenas de América Latina. Por lo tanto, cuando hablamos del principio de «lo común», o de los comunes, como formas imaginarias o existentes de riqueza que compartimos, no solo hablamos de experimentos a pequeña escala. Hablamos de formaciones sociales a gran escala que en el pasado eran continentales, como las redes de sociedades comunales que existían en la América precolonial, que se extendían desde el actual Chile hasta Nicaragua y Texas, conectadas por una amplia gama de intercambios económicos y culturales. En Inglaterra, la tierra comunal siguió siendo un factor económico importante hasta principios del siglo XX. Linebaugh estima que en 1688, una cuarta parte de la superficie total de Inglaterra y Gales era tierra comunal (Linebaugh, 2008 ). Después de más de dos siglos de cercamientos que implicaron la privatización de millones de acres, según la undécima edición de la Enciclopedia Británica , la cantidad de tierra comunal restante en 1911 era de 1.500.000 a 2.000.000 de acres, aproximadamente el 5 por ciento del territorio inglés. A fines del siglo XX, la tierra comunal todavía representaba el 3 por ciento del total del territorio ((Naturenet, 2012).

Estas consideraciones son importantes para disipar la suposición de que una sociedad basada en los bienes comunes es una utopía o que los bienes comunes deben ser proyectos de pequeña escala, incapaces de proporcionar la base de un nuevo modo de producción.

Los bienes comunes no sólo han existido durante miles de años, sino que elementos de una sociedad basada en la comunidad todavía están a nuestro alrededor, aunque están bajo ataque constante, ya que el desarrollo capitalista requiere la destrucción de las propiedades y relaciones comunales. Con referencia a los «cercamientos» de los siglos XVI y XVII que expulsaron al campesinado de la tierra en Europa -el acto del nacimiento de la sociedad capitalista moderna-, Marx habló de acumulación «primitiva» u «originaria». Pero hemos aprendido que no se trata de un asunto puntual, limitado espacial y temporalmente, sino de un proceso que continúa hasta el presente (Midnight Notes Collective, 1990).

La «acumulación primitiva» es la estrategia a la que siempre recurre la clase capitalista en tiempos de crisis cuando necesita reafirmar su control sobre el trabajo, y con la llegada del neoliberalismo esta estrategia se ha extremizado, de modo que la privatización se extiende a todos los aspectos de nuestra existencia.

Vivimos en un mundo en el que todo, desde el agua que bebemos hasta las células y los genomas de nuestro cuerpo, tiene un precio y no se escatiman esfuerzos para garantizar que las empresas tengan derecho a cercar los últimos espacios abiertos de la Tierra y obligarnos a pagar para acceder a ellos. No sólo se apropian tierras, bosques, lagos y mares para usos comerciales en lo que parece una nueva «apropiación de tierras» de proporciones sin precedentes. Desde Nueva Delhi y Nueva York hasta Lagos y Los Ángeles, el espacio urbano se está privatizando, se está prohibiendo la venta ambulante, sentarse en las aceras o estirarse en una playa sin pagar. Se construyen represas en los ríos, se talan los bosques, se embotellan aguas y acuíferos y se ponen en el mercado, se saquean los sistemas de conocimiento tradicionales mediante regulaciones de propiedad intelectual y las escuelas públicas se convierten en empresas con fines de lucro.  Esto explica por qué la idea de los bienes comunes ejerce tal atractivo en nuestra imaginación colectiva: su pérdida está expandiendo nuestra conciencia de la importancia de su existencia y aumentando nuestro deseo de aprender más sobre ellos.

Los bienes comunes y la lucha de clases

A pesar de todos los ataques que han recibido, los bienes comunes no han dejado de existir. Como ha sostenido Massimo De Angelis, siempre ha habido bienes comunes «fuera» del capitalismo que han desempeñado un papel clave en la lucha de clases, alimentando la imaginación radical y los cuerpos de muchos comuneros.De Angelis, 2007 ). Las sociedades de ayuda mutua del siglo XIX son ejemplos de ello (Bieto, 2000 ). Más importante aún, constantemente se crean nuevos bienes comunes. Desde el movimiento del «software libre» hasta el de la «economía solidaria», está surgiendo todo un mundo de nuevas relaciones sociales basadas en el principio del compartir comunitario (Bollier y Helfrich, 2012), sostenidos por la constatación de que el capitalismo no tiene nada que darnos excepto más miseria y divisiones. De hecho, en un momento de crisis permanente y constantes ataques a los empleos, los salarios y los espacios sociales, la construcción de bienes comunes –“bancos de tiempo”, huertos urbanos, agricultura apoyada por la comunidad, cooperativas de alimentos, monedas locales, licencias de “creative commons”, prácticas de trueque– representa un medio crucial de supervivencia. En Grecia, en los dos últimos años, cuando los salarios y las pensiones se han reducido en promedio un 30 por ciento y el desempleo entre los jóvenes ha alcanzado el 50 por ciento, han aparecido diversas formas de ayuda mutua, como servicios médicos gratuitos, distribuciones gratuitas de productos por parte de los agricultores en los centros urbanos y la “reparación” de los cables eléctricos desconectados porque no se pagaron las facturas.

Sin embargo, las iniciativas de creación de espacios comunes son más que diques contra el asalto neoliberal a nuestro sustento. Son las semillas, la forma embrionaria de un modo de producción alternativo en ciernes. Así es como deberíamos ver también los movimientos de ocupantes ilegales que han surgido en muchas periferias urbanas, signos de una creciente población de habitantes de las ciudades «desconectados» de la economía mundial formal, que ahora se reproducen fuera del control del Estado y del mercado. (Zibechi, 2012 ).

La resistencia de los pueblos indígenas de las Américas a la continua privatización de sus tierras y aguas ha dado un nuevo impulso a la lucha por los bienes comunes. Mientras que el reclamo de los zapatistas en favor de una nueva constitución que reconozca la propiedad colectiva ha sido desatendido por el Estado mexicano, el derecho de los pueblos indígenas a utilizar los recursos naturales de sus territorios ha sido sancionado por la Constitución venezolana de 1999. También en Bolivia, en 2009, una nueva Constitución ha reconocido la propiedad comunal. Citamos estos ejemplos no para proponer que nos apoyemos en el aparato legal del Estado para promover la sociedad de los bienes comunes que reclamamos, sino para destacar cuán poderosa es la demanda que surge de las bases para la creación de nuevas formas de socialidad organizadas según el principio de la cooperación social y la defensa de las formas ya existentes de comunalismo. Raquel Gutiérrez (2009) and Como ha demostrado Raúl Zibechi (2012), las «guerras del agua» de 2000 en Bolivia no habrían sido posibles sin la intrincada red de relaciones sociales que proporcionaban los  ayllu  y otros sistemas comunales que regulaban la vida entre los aymaras y los quechuas.

Las iniciativas de mujeres de base han desempeñado un papel especial en este contexto. Como ha demostrado una creciente literatura feminista,1 Debido a su precaria relación con el empleo asalariado, las mujeres siempre han estado más interesadas que los hombres en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y en muchas regiones han sido las primeras en manifestarse contra la destrucción del medio ambiente: contra la tala de árboles, contra la venta de árboles con fines comerciales y contra la privatización del agua. Las mujeres también han dado vida a diversas formas de puesta en común de recursos, como las «tontinas», que han sido una de las formas más antiguas y extendidas de banca popular que existen. Estas iniciativas se han multiplicado desde la década de 1970, cuando, en respuesta a los efectos combinados de los planes de austeridad y la represión política en varios países (por ejemplo, Chile, Argentina), las mujeres se han unido para crear formas comunales de reproducción, que les permitieran estirar su presupuesto y al mismo tiempo romper la sensación de parálisis que producían el aislamiento y la derrota. En Chile, después del golpe de Pinochet, las mujeres establecieron cocinas populares
-comedores  populares- que  cocinaban colectivamente en sus barrios, proporcionando comidas para sus familias, así como para las personas de la comunidad que no podían permitirse alimentarse por sí mismas. de comunismo a las mujeres que montaban los comedores. Fisher 1993). De diferentes maneras, esta es una experiencia que a lo largo de los años 1980 y 1990 se ha repetido en muchas partes de América Latina. Zibechi (2012) informa que miles de organizaciones populares, cooperativas y espacios comunitarios, que se ocupan de la alimentación, la tierra, el agua, la salud, la cultura, en su mayoría organizados por mujeres, han surgido también en Perú y Venezuela, sentando las bases de un sistema cooperativo de reproducción, basado en valores de uso y que opera de manera autónoma tanto del Estado como del mercado. También en Argentina, frente al casi colapso económico del país en 2001, las mujeres dieron un paso adelante «comunizando» las carreteras y los barrios, llevando sus ollas a los piquetes, asegurando la continuidad de los cortes de ruta, organizando también asambleas populares y consejos municipales. (2002 ).

También en muchas ciudades de Estados Unidos, como por ejemplo Chicago, está creciendo una nueva economía bajo el radar de la formal, ya que, en parte por necesidad y en parte por necesidad de recrear el tejido social que la reestructuración económica y la «gentrificación» han desgarrado, las mujeres en particular están organizando diversas formas de comercio, trueque y ayuda mutua que escapan al alcance de las redes comerciales.

Cooptación de los bienes comunes

Ante estos acontecimientos, nuestra tarea consiste en comprender cómo podemos conectar estas diferentes realidades y cómo podemos garantizar que los bienes comunes que creamos sean verdaderamente transformadores de nuestras relaciones sociales y no puedan ser cooptados. El peligro de cooptación es real. Durante años, una parte del establishment capitalista internacional ha promovido un modelo más suave de privatización, apelando al principio de los bienes comunes como remedio al intento neoliberal de someter todas las relaciones económicas al dictado del mercado. Se ha dado cuenta de que, llevada al extremo, la lógica del mercado se vuelve contraproducente incluso desde el punto de vista de la acumulación de capital, impidiendo la cooperación necesaria para un sistema de producción eficiente. Testigo de ello es la situación que se ha desarrollado en las universidades estadounidenses, donde la subordinación de la investigación científica a los intereses comerciales ha reducido la comunicación entre los científicos, obligándolos a mantener el secreto sobre sus proyectos de investigación y sus resultados.

El Banco Mundial, deseoso de aparecer como un benefactor mundial, incluso utiliza el lenguaje de los bienes comunes para dar un giro positivo a la privatización y mitigar la resistencia esperada. Haciéndose pasar por el protector de los «bienes comunes globales», expulsa de los bosques y selvas a las personas que los habitaron durante generaciones, mientras que permite el acceso a ellos, una vez convertidos en parques de caza u otras empresas comerciales, a quienes pueden pagar, con el argumento de que el mercado es el instrumento más racional de conservación. También las Naciones Unidas han afirmado su derecho a gestionar los principales ecosistemas del mundo –la atmósfera, los océanos y la selva amazónica– y abrirlos a la explotación comercial, siempre en nombre de la preservación del patrimonio común de la humanidad .

El comunalismo es también la jerga que se utiliza para reclutar mano de obra no remunerada. Un ejemplo típico es el programa de la Gran Sociedad del Primer Ministro británico Cameron, que moviliza las energías de la gente para programas de voluntariado destinados a compensar los recortes en los servicios sociales que su administración ha introducido en nombre de la crisis económica. En una ruptura ideológica con la tradición que Margaret Thatcher inició en los años 80 cuando proclamó que «no existe tal cosa como la sociedad», el programa de la Gran Sociedad instruye a las organizaciones patrocinadas por el gobierno (desde guarderías hasta bibliotecas y clínicas) a reclutar artistas locales y jóvenes que, sin remuneración, participarán en actividades que aumenten el «valor social», definido como la cohesión social y, sobre todo, la reducción del costo de la reproducción social. Esto significa que las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen programas para personas mayores pueden calificar para algún financiamiento gubernamental si pueden crear «valor social», medido de acuerdo con una aritmética especial que tiene en cuenta las ventajas de una sociedad social y ambientalmente sostenible inserta en una economía capitalista (Dowling, 2012). De esta manera, los esfuerzos comunitarios para construir formas solidarias y cooperativas de existencia, fuera del control del mercado, pueden utilizarse para abaratar los costos de reproducción e incluso acelerar los despidos de empleados públicos.

Bienes comunes productores de mercancías

Un problema de otro tipo para la definición de los bienes comunes anticapitalistas lo plantea la existencia de bienes comunes que producen para el mercado y están impulsados ​​por el «afán de lucro». Un ejemplo clásico son las praderas alpinas no cercadas de Suiza que cada verano se convierten en campos de pastoreo para las vacas lecheras, que suministran leche a la enorme industria láctea suiza. Las asambleas de productores lecheros, que son muy cooperativos en sus esfuerzos, gestionan estas praderas. De hecho, Garret Hardin no podría haber escrito su «Tragedia de los bienes comunes» si hubiera estudiado cómo llegaba el queso suizo a su frigorífico (Red, 1981 ).

Otro ejemplo que se cita a menudo de producción de bienes comunes para el mercado son los organizados por los más de 1.000 pescadores de langosta de Maine, que operan a lo largo de cientos de millas de aguas costeras donde millones de langostas viven, se reproducen y mueren cada año. En más de un siglo, los pescadores de langosta han construido un sistema comunal de reparto de la captura de langosta sobre la base de divisiones acordadas de la costa en zonas separadas gestionadas por «bandas» locales y límites autoimpuestos sobre el número de langostas que se pueden capturar. Este no siempre ha sido un proceso pacífico. Los habitantes de Maine se enorgullecen de su individualismo rudo y los acuerdos entre diferentes «bandas» han fracasado ocasionalmente. La violencia ha estallado entonces en luchas competitivas para ampliar las zonas de pesca asignadas o superar los límites de captura. Pero los pescadores han aprendido rápidamente que tales luchas destruyen la población de langosta y con el tiempo han restaurado el régimen de bienes comunes.(2004 ).

Incluso el departamento de gestión pesquera del estado de Maine ahora acepta esta pesca basada en bienes comunes, prohibida durante décadas por ser una violación de las leyes antimonopolio (Caffentzis, 2012 ). Una de las razones de este cambio de actitud oficial es el contraste entre el estado de la pesca de langosta en comparación con el de la «pesca de fondo» (es decir, la pesca de bacalao, eglefino, platija y especies similares) que se lleva a cabo en el Golfo de Maine y en Georges Bank, donde el Golfo se conecta con el océano. Mientras que la primera en el último cuarto de siglo ha alcanzado la sostenibilidad y la ha mantenido (incluso durante algunas crisis económicas graves), desde la década de 1990, una especie tras otra de peces de fondo ha sido sobrepescada periódicamente, lo que llevó al cierre oficial de Georges Bank durante años. (En el centro de la cuestión están las diferencias en la tecnología utilizada en la pesca de fondo y la pesca de langosta y, sobre todo, la diferencia en los sitios donde se realizan las capturas. La pesca de langosta tiene la ventaja de tener su recurso común cerca de la costa y dentro de las aguas territoriales del estado. Esto hace posible delimitar zonas para las bandas locales de langosteros, mientras que las aguas profundas de Georges Bank no son fácilmente susceptibles de una partición. El hecho de que Georges Bank esté fuera del límite territorial de 20 millas ha significado que los forasteros, utilizando grandes arrastreros, pudieron pescar hasta 1977, cuando los límites territoriales se extendieron a 200 millas. No se les pudo mantener fuera antes de 1977, lo que contribuyó de manera importante al agotamiento de la pesquería. Finalmente, la tecnología bastante arcaica que emplean uniformemente los pescadores de langosta desalienta la competencia. En cambio, a principios de los años 90, las «mejoras» en la tecnología de la pesca de fondo –«mejores» redes y equipos electrónicos capaces de detectar peces de forma más «eficaz»– han causado estragos en una industria que está organizada según el principio de acceso abierto («consigue un barco y pescarás»). La disponibilidad de una tecnología de detección y captura más avanzada y más barata ha chocado con la organización competitiva de la industria que se regía por el lema: «cada uno contra cada uno y la Naturaleza contra todos», lo que ha desembocado en la «tragedia de los bienes comunes» que Hardin imaginó en 1968. Esta contradicción no es exclusiva de la pesca de fondo en Maine. Ha afectado a las comunidades pesqueras de todo el mundo, que ahora se ven cada vez más desplazadas por la industrialización de la pesca y el poder de los grandes arrastreros, cuyas redes de arrastre agotan los océanos. Los pescadores de Terranova se han enfrentado a una situación similar a la de los de Georges Bank, con resultados desastrosos para el sustento de sus comunidades.

Hasta ahora, los pescadores de langosta de Maine han sido considerados una excepción inofensiva que confirma la regla neoliberal de que los bienes comunes sólo pueden sobrevivir en circunstancias especiales y limitadas. Sin embargo, visto a través de la lente de la lucha de clases, el bien común de langosta de Maine tiene elementos de un bien común anticapitalista, ya que implica el control de los trabajadores de algunas de las decisiones importantes relativas al proceso de trabajo y sus resultados. Esta experiencia constituye, por tanto, una formación inestimable, que proporciona ejemplos de cómo pueden funcionar los bienes comunes a gran escala. Al mismo tiempo, el destino de los bienes comunes de langosta sigue estando determinado por el mercado internacional de productos del mar en el que están insertos. Si el mercado estadounidense se derrumba o el estado permite la perforación petrolera en alta mar en el Golfo de Maine, se disolverán. Los bienes comunes de langosta de Maine, por tanto, no pueden ser un modelo para nosotros.

Los bienes comunes como “tercer sector”: ¿una coexistencia pacífica?

Si bien los bienes comunes para el mercado pueden considerarse vestigios de antiguas formas de cooperación laboral, también existe un creciente interés por los bienes comunes en una amplia gama de fuerzas socialdemócratas que se preocupan por los extremos del neoliberalismo y/o reconocen las ventajas de las relaciones comunales para la reproducción de la vida cotidiana. En este contexto, los bienes comunes aparecen como un posible «tercer» espacio además del Estado y el mercado, e igual a ellos. Como lo formulan David Bollier y Burns Weston en su análisis de la «gobernanza verde»:

El objetivo general debe ser reconceptualizar el Estado/Mercado neoliberal como una «triarquía» con los Bienes Comunes (Estado/Mercado/Bienes Comunes) para realinear la autoridad y el abastecimiento en formas nuevas y más beneficiosas. El Estado mantendría sus compromisos con la gobernanza representativa y la gestión de la propiedad pública, al igual que la empresa privada seguiría siendo dueña del capital para producir bienes y servicios vendibles en el sector del Mercado.Bollier y Weston, 2012 , pág. 350).

En la misma línea, una amplia variedad de grupos, organizaciones y teóricos consideran hoy los bienes comunes como una fuente de seguridad, sociabilidad y poder económico. Entre ellos se encuentran los grupos de consumidores, que creen que la «propiedad común» puede permitirles obtener mejores condiciones de compra, así como los compradores de viviendas que, junto con la compra de su vivienda, buscan una comunidad como garantía de seguridad y de una gama más amplia de posibilidades en cuanto a espacios y actividades. Muchos huertos urbanos también entran en esta categoría, ya que el deseo de alimentos frescos y alimentos cuyo origen se conoce sigue creciendo. Las residencias de vida asistida también pueden concebirse como formas de bienes comunes. Todas estas instituciones, sin duda, responden a deseos legítimos. Pero el límite y el peligro de tales iniciativas es que pueden generar fácilmente nuevas formas de cercamiento, ya que los bienes comunes se construyen sobre la base de la homogeneidad de sus miembros, a menudo produciendo comunidades cerradas, que brindan protección frente al «otro», lo opuesto de lo que el principio de los bienes comunes implica para nosotros.

Redefiniendo los bienes comunes

¿Qué se puede calificar entonces de «bienes comunes anticapitalistas»? A diferencia de los ejemplos que hemos analizado, los bienes comunes que queremos construir tienen como objetivo transformar nuestras relaciones sociales y crear una alternativa al capitalismo. No están destinados únicamente a proporcionar servicios sociales o a actuar como amortiguadores contra el impacto destructivo del neoliberalismo, y son mucho más que una gestión comunitaria de los recursos. En resumen, no son vías hacia el capitalismo con rostro humano. O bien los bienes comunes son un medio para la creación de una sociedad igualitaria y cooperativa o corren el riesgo de profundizar las divisiones sociales, creando refugios para quienes pueden permitírselos y, por lo tanto, pueden ignorar más fácilmente la miseria que los rodea.

Los comunes anticapitalistas, por tanto, deberían concebirse como espacios autónomos desde los que recuperar el control sobre las condiciones de nuestra reproducción y como bases desde las que contrarrestar los procesos de cercamiento y desenredar cada vez más nuestras vidas del mercado y del Estado. Por eso difieren de los defendidos por la Escuela de Ostrom, que los imagina en una relación de coexistencia con lo público y lo privado. Idealmente, encarnan la visión a la que han aspirado marxistas y anarquistas pero que no han logrado hacer realidad: la de una sociedad formada por «asociaciones libres de productores», autogobernadas y organizadas para asegurar no una igualdad abstracta sino la satisfacción de las necesidades y los deseos de las personas. Hoy sólo vemos fragmentos de este mundo (de la misma manera que en la Europa medieval tardía tal vez sólo hayamos visto fragmentos del capitalismo), pero los comunes que construyamos ya deberían permitirnos ganar más poder con respecto al capital y al Estado y prefigurar embrionariamente un nuevo modo de producción, que ya no se construya sobre un principio competitivo, sino sobre el principio de la solidaridad colectiva.

¿Cómo alcanzar este objetivo? Algunos criterios generales pueden ayudar a responder a esta pregunta, teniendo en cuenta que, en un mundo dominado por las relaciones capitalistas, los bienes comunes que creamos son necesariamente formas transicionales.

  • Los bienes comunes no se dan, se producen . Aunque decimos que los bienes comunes están a nuestro alrededor –el aire que respiramos y los idiomas que utilizamos son ejemplos clave de riqueza compartida–, sólo a través de la cooperación en la producción de nuestra vida podemos crearlos. Esto se debe a que los bienes comunes no son esencialmente cosas materiales sino relaciones sociales, prácticas sociales constitutivas. Por eso algunos prefieren hablar de “comunalidad” o “lo común”, precisamente para subrayar el carácter relacional de este proyecto político. Linebaugh, 2008 ). Sin embargo, los bienes comunes deben garantizar la reproducción de nuestras vidas. La dependencia exclusiva de bienes comunes «inmateriales», como Internet, no es suficiente. Los sistemas de agua, las tierras, los bosques, las playas, así como diversas formas de espacio urbano, son indispensables para nuestra supervivencia. Aquí también lo que cuenta es la naturaleza colectiva del trabajo reproductivo y los medios de reproducción involucrados.
  • Para garantizar nuestra reproducción, los bienes comunes deben implicar una riqueza común, en forma de recursos naturales o sociales compartidos: tierras, bosques, aguas, espacios urbanos, sistemas de conocimiento y comunicación, todos ellos para ser utilizados con fines no comerciales. A menudo utilizamos el concepto de lo común para referirnos a una variedad de bienes públicos que con el tiempo hemos llegado a considerar como nuestros, como las pensiones, los sistemas de atención sanitaria y la educación. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre lo común y lo público, ya que este último es gestionado por el Estado y no está controlado por nosotros. Esto no significa que no debamos preocuparnos por la defensa de los bienes públicos. El público es el lugar donde se almacena gran parte de nuestro trabajo pasado y nos interesa que las empresas privadas no se apropien de él. Pero en aras de la lucha por los bienes comunes anticapitalistas es crucial que no perdamos de vista la distinción.
  • Uno de los desafíos que enfrentamos hoy es  conectar la lucha por lo público con las luchas por la construcción de lo común , de modo que se refuercen mutuamente. Esto es más que un imperativo ideológico. Reiterémoslo: lo que llamamos «lo público» es en realidad riqueza que hemos producido y debemos reapropiarnos de ella. También es evidente que las luchas de los trabajadores públicos no pueden tener éxito sin el apoyo de la «comunidad». Al mismo tiempo, su experiencia puede ayudarnos a reconstruir nuestra reproducción, a decidir (por ejemplo) qué constituye una «buena atención sanitaria», qué tipo de conocimiento necesitamos, etcétera. Aun así, es muy importante mantener la distinción entre lo público y lo común, porque lo público es una institución estatal que presupone la existencia de una esfera de relaciones económicas y sociales privadas que no podemos controlar.
  • Los bienes comunes requieren una comunidad.  Esta comunidad no debe seleccionarse en función de una identidad privilegiada, sino en función del trabajo de cuidados que se realiza para reproducir los bienes comunes y regenerar lo que se toma de ellos. Los bienes comunes, de hecho, implican obligaciones tanto como derechos. Por lo tanto, el principio debe ser que quienes pertenecen a los bienes comunes contribuyan a su mantenimiento: por eso (como hemos visto) no podemos hablar de «bienes comunes globales», ya que éstos presuponen la existencia de una colectividad global que hoy no existe y tal vez nunca existirá, ya que no creemos que sea posible o deseable. Por lo tanto, cuando decimos «No hay bienes comunes sin comunidad», pensamos en cómo se crea una comunidad específica en la producción de las relaciones por las que se crea y se sostiene un bien común específico.
  • Los bienes comunes requieren regulaciones que estipulen cómo se debe usar y cuidar la riqueza que compartimos , siendo los principios rectores el acceso igualitario, la reciprocidad entre lo que se da y lo que se toma, la toma de decisiones colectiva y el poder desde la base, derivado de habilidades probadas y cambiando continuamente a través de diferentes sujetos dependiendo de las tareas a realizar.
  • El acceso igualitario a los medios de (re)producción y la toma de decisiones igualitaria deben ser la base de los bienes comunes.  Esto debe enfatizarse porque históricamente los bienes comunes no han sido los mejores ejemplos de relaciones igualitarias. Por el contrario, a menudo se han organizado de una manera patriarcal que ha hecho que las mujeres desconfíen del comunalismo. Hoy también, muchos bienes comunes existentes discriminan, sobre todo en función del género. En África, como la tierra disponible se está reduciendo, se introducen nuevas reglas para prohibir el acceso a personas que no pertenecían originalmente al clan. Pero en estos casos las relaciones no igualitarias son el fin de los bienes comunes, ya que generan desigualdades, celos y divisiones, proporcionando una tentación para algunos comuneros a cooperar con los cercamientos.

Conclusiones

En conclusión, los comunes no son sólo el medio por el cual compartimos de manera igualitaria los recursos que producimos, sino un compromiso con la creación de sujetos colectivos, un compromiso con el fomento de intereses comunes en todos los aspectos de nuestra vida. Los comunes anticapitalistas no son el punto final de una lucha por construir un mundo no capitalista, sino su medio. Porque ninguna lucha logrará cambiar el mundo si no organizamos nuestra reproducción de manera comunitaria y no sólo compartimos el espacio y el tiempo de reuniones y manifestaciones, sino que ponemos nuestras vidas en común, organizándonos sobre la base de nuestras diferentes necesidades y posibilidades, y del rechazo a todos los principios de exclusión o jerarquización.

Reconocimiento

Los autores desean agradecer  a Upping the Anti: a Journal of Theory and Action  por el permiso para reimprimir este artículo que apareció por primera vez en esa revista N.15 (septiembre de 2013), pp. 83-97.

Ver Referencias, notas y enlaces en el original:  https://academic.oup.com/cdj/article/49/suppl_1/i92/307214

fuente (en inglés) : https://watermark.silverchair.com/bsu006.pdf

Video (2016): Commons against and beyond capitalism? Interview with Silvia Federici and George Caffentzis
https://youtu.be/REliNI4z_wI?si=14-4jeg4-9UnW4BK

otro video relacionado:
https://youtu.be/REliNI4z_wI?si=14-4jeg4-9UnW4BK

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2024/09/02/los-bienes-comunes-contra-y-mas-alla-del-capitalismo/