5)Abril-2026

5) Enfrentamiento al Pacto de Julio desde unión de comunidades territorializadas vs. Movilización o construcción de masiva presión social contra el RIGI y a favor de leyes ‘protectoras’
 

INVOLUCRAMIENTO EN AUTORGANIZACIÓN DE ABAJO/ DESOBEDIENCIA A LA DEMOCRACIA / ALTERNATIVAS

 Involucrar en las autoorganizaciones de lucha abajo vs. seguir formas e instituciones de las demandas al Estado como si fuese neutral

LAS AUTOORGANIZACIONES
DE LAS LUCHAS DE

DIVERSIDADES DE ABAJO
SON NUESTROS REFERENTES y ARRAIGO 

  Desobedecer vs. potenciar a la vigente democracia

 

A nivel mundial: una agresiva ola de «leyes de semillas» favorables a las corporaciones, contra los agricultores y la biodiversidad

 

Por GRAIN  Semillas

 

29 de agosto de 2025 

 

La industria de las semillas ha crecido y se ha consolidado enormemente en las últimas décadas. Hoy en día, cuatro empresas controlan el 56 % del mercado mundial, con un valor de 50 000 millones de dólares estadounidenses. [1] Esto refleja el desarrollo del fitomejoramiento como una actividad comercial independiente de la agricultura en sí, y el abandono de la investigación agrícola y de las semillas como bienes públicos.

 

La mayoría de quienes utilizan semillas comerciales son agricultores que producen para grandes mercados, contratistas o empresas agroindustriales. Los pequeños agricultores suelen depender de semillas de canales públicos, de otros agricultores o de sus propios suministros. Incluso en países altamente industrializados, los agricultores comerciales guardan semillas de su cosecha, si pueden, en lugar de comprar semillas frescas cada año. [2]Con la vista puesta en este mercado potencialmente masivo, las corporaciones emplean dos estrategias para expandir su presencia y sus ganancias. Una es biológica: la hibridación. En las condiciones adecuadas, los cultivos híbridos ofrecen un aumento significativo en la producción, pero solo durante una generación. Por lo tanto, los agricultores no tienen interés en conservar las semillas. Los híbridos se han utilizado desde la década de 1930, creando un mercado muy lucrativo para los obtentores. Sin embargo, no todos los cultivos pueden hibridarse.

La segunda estrategia es legal: los derechos de propiedad intelectual y las leyes de comercialización. Estas normas impiden a los agricultores conservar, intercambiar y vender semillas, en el caso de los sistemas de propiedad intelectual, o pueden desincentivar el uso de cualquier semilla que no sea comercialmente certificada, en el caso de las leyes de comercialización.

Leyes de semillas que socavan las semillas de los agricultores (..)

 

 

 

(…) La defensa de las semillas de los agricultores en la práctica

A pesar de décadas de privatización y de una industria de semillas hiperconcentrada, las semillas almacenadas en las fincas aún representan entre el 70 y el 90 por ciento de lo que se planta cada año en la mayoría de los países (e incluso, cuando es posible, en el Norte global). [17]

 

Los sistemas agrícolas siguen siendo la principal fuente de semillas para los pequeños productores de Asia y África. Las semillas locales suelen estar mejor adaptadas a las condiciones locales, como los suelos, las plagas, las enfermedades y el clima. Su promoción fortalece la biodiversidad y la resiliencia del sistema alimentario, protege la salud de la comunidad mediante una mejor nutrición y permite a los agricultores gestionar los riesgos. El uso de semillas conservadas en las fincas, incluso con variedades industriales, ayuda a los agricultores a controlar el costo de producción, lo que también puede beneficiar claramente a los consumidores.

 

En lugar de intentar formalizar los derechos de los agricultores en leyes administradas por el Estado que pueden ir en contra de sus intereses y estar mucho más allá de su alcance, deberíamos luchar agresivamente para revertir la privatización de las semillas e invertir en medidas prácticas para fortalecer y promover las semillas de los agricultores. [18]

MASIPAG, en Filipinas, es un buen ejemplo de cómo esto puede funcionar. Desde la década de 1980, han trabajado para defender las semillas de los agricultores contra la Revolución Verde y la agricultura industrial. En su opinión, las leyes de semillas se centran en protegerlas como producto básico y como lo que el mercado demanda. No se las considera protectoras de los pequeños agricultores, cuyo conocimiento y cultura están arraigados en la diversidad de las semillas locales, ni de los sistemas utilizados para transmitir este conocimiento. MASIPAG trabaja para fortalecer el apoyo público para que los agricultores tengan el poder y la libertad de cultivar, conservar e intercambiar semillas —y no solo variedades tradicionales— que necesitan en sus fincas, como una práctica común que no debería ser restringida por nadie ni por ninguna ley. Al hacerlo, como una alianza entre agricultores y científicos, continúan la práctica que los agricultores han llevado a cabo durante milenios, pero que repentinamente fue declarada «ilegal» cuando el gobierno filipino aprobó la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. En opinión de MASIPAG, es más eficaz y relevante fortalecer estas protecciones sociales y comunitarias, que permiten que las prácticas agrícolas prosperen y que los agricultores conserven su poder e independencia. [19]

En la India, grupos como la Sociedad de Desarrollo del Deccan también se han centrado durante décadas en fortalecer el control directo de las mujeres dalit sobre las semillas locales a través de prácticas comunitarias de almacenamiento de semillas, caracterización, biodiversidad, intercambios de semillas, capacitaciones entre agricultores, promoción de cultivos indígenas, mercados locales y medios de comunicación controlados por los campesinos para transmitir el mensaje correctamente. [20] Estas mismas prácticas están siendo adoptadas por innumerables comunidades a nivel local, regional e incluso nacional en África, las Américas, Europa y el Pacífico.

 

La lucha por los derechos de los agricultores y sus semillas es claramente una lucha por el poder. Ese poder debe construirse desde las bases comunitarias. No provendrá de leyes y aparatos estatales que los agricultores quizá nunca controlen. Si bien puede ser tentador impulsar políticas que reconozcan las semillas de los agricultores como un derecho fundamental o un bien público, los últimos treinta años de experiencia demuestran que las probabilidades de subordinarlas a los intereses corporativos son muy altas.

.Notas: (..)

 Soberanía alimentaria en Argentina:
una situación que se agrava y propuestas para cambiar el modelo

16 de abril de 2026

El Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassaa) de la Red Calisas evidencia un agravamiento de los indicadores tras dos años del gobierno de Javier Milei, con el desmantelamiento de las políticas para la agricultura familiar y la producción de alimentos sanos para la población. Sin embargo, el informe no se queda en la denuncia y ofrece indicadores para activar políticas que se traduzcan en un Plan Estratégico para la Soberanía Alimentaria.

Por Red Calisas*+

La Red Calisas suma esfuerzos desde 2002, coordinados y solidarios a fin de evaluar la evolución de la Soberanía Alimentaria en Argentina. Desde entonces, la Red presentó las ediciones anuales del Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassaa) que abordaron aspectos teóricos-metodológicos en torno al tema, dando cuenta tanto de los retrocesos en materia de soberanía, como de sus consecuencias ambientales, concentración económica en el sistema agroalimentario y crecimiento de la “malnutrición”. También lograron reflejar la diversidad y heterogeneidad de resistencias y propuestas alternativas que emergen desde los territorios y sus comunidades organizadas, destacando ese ejercicio de la soberanía popular.

Ya en esos primeros informes existía la inquietud de generar indicadores sintéticos de dimensiones y variables que permitieran reflejar rápida, eficaz y sucintamente “el estado de la Soberanía Alimentaria”, pero, a partir de 2024, se hace evidente que la utilización de indicadores constituye una herramienta adecuada a las necesidades manifestadas por los actores sociales y políticos, complementando a la vez otros análisis de mayor profundidad. Con ese propósito, los Indicadores de Soberanía Alimentaria tienen como finalidad aportar herramientas de diagnóstico y posibilitar la toma de decisiones sobre la problemática alimentaria, contemplando el derecho de los pueblos a decidir sobre su sistema alimentario.

¿Qué cambios se produjeron en la situación de la Soberanía Alimentaria desde la publicación del Iassaa 2024? En esa oportunidad habíamos concluido que:

  • “Los Indicadores de Soberanía Alimentaria constituyen una herramienta útil para describir el estado actual de la Soberanía Alimentaria y su evolución”.
  • “El país se encuentra en crisis. Si bien cuenta con una alta capacidad de producción, la concentración de la tierra, el predominio del monocultivo y la dependencia del comercio internacional afectan la autonomía en la provisión de alimentos”.
  • “El retroceso en políticas públicas orientadas a la agricultura familiar y al acceso equitativo a los recursos naturales profundiza las desigualdades dentro del sector agropecuario y compromete el acceso a los alimentos por parte de la población”.
  • “Para avanzar hacia la Soberanía Alimentaria es fundamental una mayor diversificación productiva, el acceso equitativo a la tierra y los recursos naturales, y el fortalecimiento de políticas públicas que fomenten la producción agroecológica y el consumo de productos locales”.

En el 2025 observamos que no sólo se repiten las mismas conclusiones, sino que se agravan a niveles alarmantes por la profundización de todas las políticas alimentarias en detrimento de la Soberanía Alimentaria y de los Derechos Humanos que convergen en ella: a una alimentación adecuada, a la salud, al agua y saneamiento, al trabajo y a condiciones laborales dignas, a la tierra y a los bienes naturales.

Derechos a los que Argentina ha adherido en tratados internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Undrip, por su sigla en inglés) y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (Undrop, por su sigla en inglés) y el Acuerdo de Escazú (que protege los derechos de acceso a información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales). Todos ellos han sido afectados por las políticas del actual gobierno, donde no se observa una sola medida a favor de los Derechos Humanos y la Soberanía Alimentaria.

Por ello, el objetivo general del informe se centró en evaluar avances y retrocesos de la Soberanía Alimentaria en Argentina, siendo su objetivo específico aportar a la construcción un sistema de indicadores cuali-cuantitativos de escala nacional para analizar integralmente las diferentes dimensiones de la Soberanía Alimentaria, facilitando el análisis de su evolución a través del tiempo.

 

Dos años de Milei contra la soberanía alimentaria

Crece una ilegítima deuda externa, en tanto se generaliza una deuda interna que afecta sobre todo a los sectores medios y los más vulnerados de la sociedad; la inflación que se mantiene con valores preocupantes afecta sobre todo a los alimentos y servicios; creciente endeudamiento externo y fuga de capitales; caída de los ingresos de trabajadores formales e informales, de los jubilados y pensionados; ajuste y desregulaciones sistemáticas en todos los sectores y actividades a nivel nacional y con el mercado externo constituyen datos relevantes de la gestión de dos años de gobierno.

La toma de posición en los organismos internacionales, su distanciamiento de los BRICS y su incondicional adhesión a las políticas del gobierno de los Estados Unidos suman un elemento fundamental al diagnóstico. El reciente acuerdo comercial bilateral con ese país, las iniciativas definidas y previsibles en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y su impacto en el ambiente y la vida en las provincias no pueden estar ausentes del mismo.

La demolición del Estado también ha sido una clave saliente. Despidos y cesantías, cierre, vaciamiento o parálisis de organismos y programas y privatizaciones se llevaron adelante, Ley de Bases mediante, inspirados en el “desprecio infinito” por el Estado, tal como se manifiesta en las decisiones y declaraciones del presidente Milei y colaboradores cercanos, con el manifiesto apoyo de medios de comunicación, amplios sectores del Estado, corporaciones económicas y grupos de poder.

Además de los evidentes y generalizados casos de corrupción, no puede estar ausente en el análisis la caracterización del presidente Milei y su modo de gestionar el poder. Los permanentes insultos y adjetivaciones peyorativas, los vetos e incumplimientos de decisiones parlamentarias constituyen situaciones de violencia y autocracia atentatorios con una democracia representativa, participativa y federal que garantice los derechos de todxs lxs habitantes de Argentina, y la Soberanía Alimentaria entre ellos. (…)

Políticas Públicas de incidencia en el sistema alimentario implementadas, derogadas y/o modificadas

El actual escenario normativo e institucional muestra un desmantelamiento sistemático de políticas vinculadas a la seguridad y la Soberanía Alimentaria, la agricultura familiar, campesina e indígena y la agroecología. Se disolvieron organismos claves como el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), el Instituto Nacional de Semillas (Inase), la Dirección Nacional de Agroecología (Dinae) y se derogaron programas estratégicos como el ProHuerta, Cambio Rural INTA y múltiples instrumentos de apoyo territorial. Es clave advertir el retroceso en los mecanismos de protección de tierras, semillas y bienes comunes, que afecta especialmente a campesinos y comunidades indígenas.

Las políticas alimentarias centrales (Ley de Emergencia Alimentaria, Programa Alimentar Comunidad, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable) permanecen parcialmente activas, con fuertes recortes y restricciones de acceso. En paralelo, avanzan políticas que facilitan y promueven el uso de agrotóxicos, transgénicos, y sus paquetes tecnológicos asociados, junto a medidas de desregulación comercial, que favorecen a megacorporaciones extranjeras en contra de nuestra Soberanía Nacional, no sólo alimentaria. El conjunto de políticas profundiza la desigualdad territorial y debilita seriamente el rol del Estado como garante de derechos, debilitando instituciones para la Soberanía Alimentaria, la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI) y la alimentación saludable, fortaleciendo un modelo de concentración y acaparamiento empresarial y de expoliación de bienes comunes.

Propuestas para un futuro con soberanía alimentaria

Se hace evidente que ninguno de los problemas existentes en el sistema alimentario han sido resueltos, más bien se han agravado, resultado de las crecientes desigualdades provocadas por las políticas públicas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Por ello es urgente dar respuesta a las graves situaciones de esta crítica emergencia y, en base al aprendizaje social ya realizado, incorporar estas prioridades en un Plan Estratégico para la Soberanía Alimentaria, consensuado por los sectores populares, que permita avanzar participativamente en la democratización del sistema alimentario y el buen vivir de los habitantes en todos los territorios. El alimento saludable y el agua constituyen derechos irrenunciables.

Entre los temas prioritarios no pueden faltar iniciativas para garantizar el acceso a los alimentos básicos para toda la población y asegurando también el carácter sano, seguro y saludable de aquellos dirigidos a población vulnerable. Lograr el efectivo cumplimiento de la Ley de Alimentación Saludable constituye una valiosa herramienta también de organización y movilización comunitaria que contribuye en ese sentido.

Urge desarrollar y fortalecer estrategias colectivas para la producción, distribución y consumo de alimentos agroecológicos; las producciones de cercanía constituyen un importante paso inicial para reducir costos, generar trabajo y arraigo y hacer sustentables los procesos. Las iniciativas al respecto deben complementarse con políticas y estrategias participativas a todos los niveles, a fin de enfrentar el desafío de alimentar saludable y en forma sostenible a los habitantes de las ciudades; en ellas viven unos 40 millones de habitantes que dependen básicamente de sus ingresos monetarios para acceder a los alimentos. ¿Cómo alimentar las ciudades? Es un tema central en la agenda, el compromiso de los actores sociales y políticos es imprescindible.

Avanzar en la democratización del sistema alimentario es fundamental, requiere la participación de la universidad pública, del sistema de ciencia y técnica y de los actores sociales y políticos organizados.

A tal fin, se considera que la actualización y contextualización de los indicadores desarrollados en el Iassa 2025 exponen la situación de la Soberanía Alimentaria y constituye un elemento para orientar políticas y estrategias de los sectores populares, por lo que se considera necesario la conformación de un Observatorio de la Soberanía Alimentaria en Argentina. A la vez, instancias similares de nivel provincial y local deberían observar y proponer para sus respectivos territorios.

Descargá el Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassaa) en https://soberaniaalimentaria.ar/

*La Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y colectivos afines (Red Calisas) nuclea a más de 60 espacios constituidos en universidades públicas, instituciones de educación superior y organizaciones sociales comprometidas por una alimentación sana, segura, sabrosa y soberana.

Fuente:https://agenciatierraviva.com.ar/soberania-alimentaria-en-argentina-una-situacion-que-se-agrava-y-propuestas-para-cambiar-el-modelo/

Día Internacional de Lucha Campesina:
“Transformar el dolor y el luto en organización”

16 de abril de 2026

Organizaciones campesinas de todo el mundo conmemoran los treinta años de la masacre de 19 integrantes del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Ayala Ferreira, integrante de la dirección de la organización rural, recuerda aquel día trágico, describe lo que sobrevino y mira al futuro:

«La reforma agraria no va a ser dada, tiene que ser conquistada». La disputa por los territorios, los bienes naturales, la violencia y la esperanza. (…)

“La defensa de la naturaleza, la democratización en el acceso a la tierra tiene que ser una lucha combinada entre todos los sujetos que viven de la naturaleza, en sus territorios, y de la relación con la tierra en la producción agrícola. Hay un esfuerzo por consolidar cada vez más esa unidad para conquistar los derechos vulnerados en nuestro país”, explica la integrante del Movimiento Sin Tierra.

—¿De qué manera se sostiene esa alianza?
—Desde el MST hemos contribuido con acciones de solidaridad cuando los pueblos indígenas se han movilizado, donando alimentos, contribuyendo con espacios para que sus voces aparezcan, aprendiendo mucho con su forma de ver el mundo, que es muy distinta de otras. Ese diálogo aporta mucho a la formación de la militancia en nuestras organizaciones, para unir nuestras reflexiones y en consecuencia nuestra capacidad de combinar las acciones. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y nos alegra tener en los pueblos indígenas, quilombolas y en otras organizaciones del campo a nuestros aliados de primera línea.

¿Cuál es la situación del campesinado y de la lucha por la reforma agraria en América Latina?
Tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, la concentración de la tierra y un desarrollo del capitalismo que legitimó esa concentración. Nuestros países tienen una concentración grande de tierras que deberían ser destinadas a la agricultura y a los trabajadores rurales. Pero también ha surgido, en los países de América Latina y del Sur Global, una reflexión sobre la ofensiva de las potencias imperialistas sobre los bienes comunes de nuestros países, como los minerales, el agua y los bosques. Esa ofensiva es una búsqueda de control cada vez más desenfrenada por lo que hay en nuestros territorios. Y cuando vemos dónde están los recursos minerales, las tierras raras, los minerales estratégicos, están en tierras indígenas, quilombolas y en asentamientos de reforma agraria. Viene una nueva ofensiva que implica otra fase de violencia para controlar los bienes de nuestros territorios. Veo un escenario de recrudecimientos de esa violencia.

—En ese escenario, ¿ve alguna esperanza?
—Siempre tenemos que alimentar la esperanza. Esa esperanza es lo que mueve a los trabajadores y trabajadoras. A pesar de la realidad adversa, tenemos que seguir resistiendo en un proceso cotidiano de organización, de reflexión, de movilización y de lucha. Porque si hay algo que puede transformar la realidad es la capacidad de lucha del pueblo. Entonces la esperanza no muere. Está presente en nuestro horizonte cotidiano. Por eso es importante preservar la memoria: para que quienes estamos vivos podamos estar presentes en la lucha, apuntando a quienes violan derechos de los trabajadores y trabajadoras y denunciando lo que son capaces de hacer cuando los trabajadores se organizan. Y también reafirmar, a través de la memoria, que tenemos la tarea histórica de seguir luchando por nuestras conquistas.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/dia-internacional-de-lucha-campesina-transformar-el-dolor-y-el-luto-en-organizacion/

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