Qué trabajo – Noviembre 2021

Sometido por el Estado merced al uso sistemático de su poder legal y coactivo para ponerlo a disposición de los propietarios en poder acumular capital. 

Las luchas territoriales enfrentan al gobierno-Estado extractivista que fuerza al trabajo social a ecocidios-genocidios.

Expropiado y explotado por burguesía /
Ecocida y genocida /Alternativas emancipatorias

Expropiado y explotado por burguesía

Destaquemos la centralidad de los extractivismos. Concentran y transnacionalizan tanto a la economía como al territorio de Argentina. Implican retroceso del país a especializarse en exportar commodities y sumirse más en subdesarrollo o mayor pobreza estructural, atraso científico técnico respecto a atender necesidades e intereses populares, sometimiento al sistema mundo capitalista. Y no es sólo por el gobierno de Macri sino por toda la democracia fiel a lo instaurado por el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales mediante terrorismos paraestatal y estatales en los setenta. Aún más, la democracia restringida se empeña en viabilizar el acelerado acaparamiento gran capitalista de bienes comunes sobre todo derrotando las luchas de les expoliades, lo concreta por: maceración ideológica, desinformación, superexplotación laboral y desnutrición desde la más tierna edad como que hoy la mitad de la infancia ha sido arrojada a la condición de desposesión total de sus padres.

Para situarnos como trabajadores apreciemos qué explica Octavio Colombo

Capitalismo y trabajo asalariado

22 de enero de 2021

Por Octavio Colombo

Para destruir el capitalismo, primero hay que entenderlo.

Al analizar la relación asalariada estamos acostumbrados a pensar en una relación basada en la coacción económica, donde los productores se ven obligados a trabajar para otros por carecer de los medios necesarios para vivir. Por contraste, en las formas precapitalistas de explotación, los productores son compelidos por medios políticos, físicos o legales. Aunque se suele aludir a este contraste como una oposición entre trabajo forzado y trabajo libre, es más precisa la definición que da Marx en los Grundrisse, cuando refiere a formas directas e indirectas de coacción, lo que pone el acento en el cambio del mecanismo de forzamiento, antes que en la existencia (o no) del mismo.

La coacción económica que sustenta a la relación asalariada, por su lado, se originaría en la acumulación originaria, ese «proceso histórico de escisión entre productor y medios de producción» que Marx analiza en el capítulo XXIV del tomo I de El Capital. Esta separación, en la que los trabajadores son «liberados» de su vínculo con la tierra y demás instrumentos de trabajo, se realizaría fundamentalmente por medio del uso del poder estatal, con el objetivo de crear las condiciones de posibilidad para la reproducción capitalista. Es por ello que este proceso «configura la prehistoria del capital y del modo de producción correspondiente al mismo». A partir de esas condiciones creadas por medio de la fuerza directa se despliega la lógica capitalista, que produce de modo constante a la riqueza como capital en un polo, y al trabajo como fuerza de trabajo desposeída en el otro. Es decir que, en el curso del propio proceso de acumulación ampliada, se reproduce el capital y también la relación social capitalista, recreando las condiciones para que la coacción económica opere como mecanismo indirecto de sojuzgamiento del trabajo al capital.

Esta imagen dicotómica de una «prehistoria del capital» signada por el uso de la fuerza política para despojar al productor y crear las condiciones de existencia del capital, por contraste con una «historia» capitalista en la que sólo opera la coacción económica del mercado y la reproducción ampliada, domina en las discusiones sobre la acumulación originaria y los orígenes de la relación asalariada moderna. Siguiendo el planteo de Marx de que «la expropiación que despoja de la tierra al trabajador constituye el fundamento de todo el proceso», y que dicha expropiación «reviste su forma clásica» en la Inglaterra del siglo XVI, se ha enfatizado especialmente la importancia de los cercamientos (enclosure) de las tierras, la privatización de los comunales y el «despejamiento» (cleaning) de las haciendas, es decir, la expulsión de los pobladores, como acta de nacimiento del proletariado moderno.

Aunque por supuesto contiene elementos verdaderos, esta concepción ha sido criticada por esquemática y reduccionista. En especial, fue revisado en dos sentidos claves. Por un lado, se ha cuestionado la idea de que la acumulación originaria refiera a un período pretérito y caduco, anterior al capitalismo propiamente dicho (su «prehistoria»). Según esta perspectiva, la reproducción contemporánea del capital sigue dependiendo de procesos político-estatales de expropiación de los productores. Planteada originalmente en el marco de las discusiones sobre el intercambio desigual entre el centro y la periferia, esta concepción ha tomado nueva fuerza en ciertos análisis del proceso de reconversión capitalista que conocemos como neoliberalismo. Estos «nuevos cercamientos» operarían entonces como modalidades actuales de separación de los productores respecto de los medios de producción por mecanismos extraeconómicos. La continuidad de la acumulación originaria, su reproducción en el capitalismo contemporáneo, remitiría a la actualidad de la expropiación de los productores y a toda transferencia, desde las deudas externas de los países periféricos hasta las privatizaciones neoliberales, en que la intervención de organismos políticos y estatales contribuya a reproducir la desposesión.

Por otro lado, también se puede objetar la forma dicotómica y excluyente en que se plantea la relación entre coacción extraeconómica y capital. En rigor, el propio capital se ha valido de la coacción extraeconómica, esto es, de relaciones de explotación distintas al trabajo asalariado «libre», para su valorización. En efecto, la idea de la acumulación originaria como una prehistoria de coacciones políticas por contraste con una historia capitalista de trabajo asalariado «libre» tiende a embellecer el desarrollo real del capitalismo, relegando a un período conceptualmente anterior todo fenómeno de trabajo abiertamente forzado, e interpretando como un «resabio» del pasado toda presencia contemporánea del mismo. Este es el aspecto que desarrollamos en lo que sigue.

EL CONTROL DE LA FUERZA DE TRABAJO

AUNQUE NO ES NUESTRO OBJETIVO AHORA, PUEDE DEMOSTRARSE QUE MARX TENÍA UNA CONCEPCIÓN MÁS COMPLEJA DE LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA QUE LA SOLA EXPROPIACIÓN VIOLENTA DE LOS PRODUCTORES, ENTENDIDA COMO «PREHISTORIA» DEL CAPITAL.

DE HECHO, SI BIEN CON BREVEDAD, EN EL TERCER APARTADO DEL CAPÍTULO XXIV DE EL CAPITAL SE PRESTA ATENCIÓN AL DISCIPLINAMIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO PROLETARIA, ESTO ES, A LA UTILIZACIÓN DEL PODER POLÍTICO Y LEGAL PARA SOJUZGAR AL OBRERO, PARA OBLIGARLO A PONERSE BAJO EL MANDO DEL CAPITAL. ESTE ASPECTO TIENE UNA IMPORTANCIA FUNDAMENTAL.

  • DICHO DE MODO TAXATIVO, SI ES NECESARIO DISCIPLINAR AL OBRERO ES PORQUE LA COACCIÓN ECONÓMICA POR SÍ MISMA NO LO HACE. EN OTRAS PALABRAS, EXPROPIAR AL PRODUCTOR NO LO CONVIERTE AUTOMÁTICAMENTE EN ASALARIADO: AL DECIR DE MARX EN LOS GRUNDRISSE, ES NECESARIO EL USO DE «LA HORCA, LA PICOTA, EL LÁTIGO» PARA INTRODUCIR A ESA MASA DESPOSEÍDA EN «EL ESTRECHO CAMINO QUE LLEVA AL MERCADO DE TRABAJO».

Este hecho relativamente simple tiene consecuencias importantes para nuestra comprensión del proceso de formación de la relación asalariada. Por lo pronto, al prestar atención al uso de la violencia directa para formar al proletariado, la perspectiva cronológica se modifica por completo. Ya no se trata de atender a una expropiación que, en el «clásico» caso inglés del siglo XVI, en algún momento hace surgir a la clase obrera moderna, sino de un largo período, correspondiente a toda la historia moderna, en que se impone sobre la clase obrera una legislación brutalmente represiva, destinada a obligarla a trabajar para el capital, a convertir a una masa de desposeídos en una clase asalariada propiamente dicha. Desde esta perspectiva, el uso de la fuerza directa deja de ser una «prehistoria» del capital para convertirse en la historia misma de la formación y desarrollo de la sociedad moderna: desde la crisis feudal del siglo XIV hasta el siglo XVIII (y más tarde aún en ciertas regiones), el Estado usó sistemáticamente su poder legal y coactivo para poner a disposición de los propietarios la mano de obra necesaria para la acumulación.

Esta legislación es muy variada, pero podemos resumir esquemáticamente sus temas más importantes y recurrentes. Hacia mediados del siglo XIV, diversas monarquías europeas promulgan leyes destinadas a regular el trabajo asalariado, basándose en principios que la normativa de escala local o urbana ya había esbozado previamente. Se establece la duración de la jornada laboral, prolongándola normalmente de sol a sol e imponiendo la pérdida del jornal a quienes no la cumplan en su totalidad. Se imponen salarios máximos para distintas actividades y momentos del año, en función de la estacionalidad del trabajo agrario.

Esto no obedece solamente a la coyuntura de caída demográfica provocada por la Peste Negra, puesto que se mantienen vigentes una vez revertida la curva poblacional. Pero además, y esto es lo más importante, la propia legislación informa que existe una masa de hombres baldíos, vagabundos, sin empleo ni recursos propios, mientras las tierras de los medianos y grandes propietarios permanecen sin labrar. Esto habla a las claras de una situación donde fallan los mecanismos de compulsión indirecta, económica, y por lo tanto el poder del Estado viene no a crear esa compulsión, sino a sustituirla por otra más eficiente, legal y directa.

En esta línea se impone la obligación de trabajar, a la que podríamos llamar, usando la expresión de Robert Miles, trabajo asalariado forzado. Todo aquel que no tenga hacienda propia ni practique un oficio de modo independiente está obligado a tomar empleo so pena de ser encarcelado u obligado a trabajar gratuitamente para quien lo denuncie. No casualmente en el siglo XIV se inaugura lo que durante toda la historia moderna europea va a ser la legislación represiva de la mendicidad y la vagancia. El caso inglés de las Poor Laws y las workhouses comentado por el propio Marx tal vez sea el más conocido, pero el fenómeno se reproduce a escala continental: se trata discriminar con exactitud quién está efectivamente incapacitado para el trabajo (y, por tanto, puede vivir de la caridad) y quién está en condiciones físicas de trabajar y, por tanto, legalmente obligado a ello.

La importancia que adquiere el tema de la vagancia y todo el dispositivo estatal orientado a regularla y a exprimir trabajo asalariado de ella revela la enorme dificultad que se experimenta, durante el largo período del capitalismo preindustrial, para obtener fuerza de trabajo en las cantidades y condiciones necesarias para la acumulación. Otras formas más amplias de represión hacia las prácticas populares deben interpretarse en el mismo sentido.

Las investigaciones feministas han mostrado cómo la caza de brujas se enmarca en estas estrategias de ofensiva estatal contra las formas de vida y los ámbitos de autonomía y resistencia de los sectores subalternos. Más en general, la legislación de los propietarios está permeada de hostilidad hacia las tabernas, la bebida, los juegos de azar y demás prácticas de sociabilidad popular. El miedo al relajamiento de la disciplina se combina aquí con la represión de espacios identificados con prácticas horizontales potencialmente peligrosas, desde la circulación de información y la comercialización de objetos robados, hasta la organización de acciones de resistencia.

Este conjunto de prácticas laborales, muy alejadas de la supuesta imposición generalizada de la disciplina impersonal del mercado, permite comprender la continuidad entre las formas capitalistas preindustriales y formas de explotación anteriores. En rigor, el modelo de la acumulación originaria exclusivamente centrado en la expropiación del productor supone que el capital surge a partir de la destrucción de una economía de pequeños productores campesinos libres. Si bien Éste es el caso en algunas regiones, y en particular podría ser válido como modelo para ciertas áreas del campo inglés en los siglos XV y XVI, se trata claramente de una circunstancia particular antes que un modelo universal.

En otros casos, como señalara el propio Marx al pasar, el origen de la relación capitalista bien puede limitarse al cambio en la forma del sojuzgamiento del productor, esto es, la transformación de la explotación feudal en explotación capitalista; o incluso, podemos agregar, a la resignificación de formas de sometimiento anteriores en función de la acumulación de capital.

A estos fenómenos aludía Lenin cuando conceptualizó la «vía prusiana» o «capitalismo desde arriba». Modalidades serviles de sometimiento personal (lo que se ha dado en llamar servilidad, por contraste con la servidumbre propiamente feudal), heredadas de la Baja Edad Media, son utilizadas durante todos los siglos iniciales del desarrollo capitalista. En especial, la amalgama entre jurisdicción y propiedad, característica del universo señorial, se traslada a la mano de obra contratada, entendida como un bien o servicio adquirido en propiedad y sobre el que, por tanto, el propietario detenta un poder de mando jurisdiccional de amplio alcance. Las formas de trabajo asalariado forzado que hemos mencionado más arriba, de hecho, comienzan a ser delineadas en la normativa feudal local del siglo XIII, adquieren amplio alcance con la legislación monárquica central del XIV y pasan de allí, como prácticas regulares, a integrarse en todo el repertorio de instrumentos de dominio patronal de la era moderna a escala global.

La llamada servidumbre por contrato, una de las modalidades más extendidas hasta el siglo XIX, es un buen ejemplo de ello. Todavía a fines del siglo XVIII una hacendada rioplatense podía afirmar con naturalidad ante los tribunales que el peón «por su salario, se sujeta a servidumbre» y debe obedecer en todo «lo que el amo le ordena». En la autobiografía de Fred Kitchen, un jornalero inglés de fines del siglo XIX que experimentó en carne propia la situación, los contratos que obligaban a los peones a permanecer en el establecimiento por todo el año son descriptos como una situación en que el obrero llega a «convertirse realmente en propiedad de su amo», una forma de dependencia que no excluye ni las limitaciones a la movilidad ni los castigos físicos sobre el asalariado, y que en la agricultura debe haberse prolongado por más tiempo dada la lentitud de la trasformación tecnológica en esa rama.

Una percepción histórica más sensible de las formas de coacción directa sobre la clase trabajadora de los primeros siglos de desarrollo capitalista, a su vez, diluye la forma polar en que estamos acostumbrados a pensar el mundo laboral en la Modernidad. En efecto, la suposición de la existencia de una mano de obra «libre» en Europa occidental se suele contrastar con la existencia de una mano de obra forzada en el resto del globo, sea la llamada «segunda servidumbre» de Europa oriental o las diversas formas de trabajo forzado (esclavitud de plantación, esclavitud y peonaje por deudas, mita, servidumbre por contratos, etc.) en el mundo extraeuropeo.

Sin embargo, no es tan fácil hacer un contraste simplista entre formas libres y forzadas. Como dicen dos especialistas en el tema, Europa Occidental no tuvo «segunda servidumbre» pero sí leyes laborales coactivas, que cumplieron un rol similar. En todos los casos, la violencia del estado y la coacción legal son utilizadas para obligar a la mano de obra a ingresar en la relación laboral y a permanecer en ella. Las formas más brutales, esclavistas, del trabajo forzado directo llevan este principio hasta el extremo más radical, en que la retención del productor se perpetúa mediante su cosificación. Esta situación sin duda se diferencia con claridad del trabajo asalariado, pero no porque éste estuviera radicalmente exento de coacción política o legal. Marx entendía esta continuidad de la coacción legal en el proletariado europeo cuando recordaba en El Capital que la legislación que permitía demandar en el fuero criminal al obrero por la ruptura del contrato laboral, «mantiene hasta la fecha su plena vigencia».

El problema a resolver para el capital en estos siglos tempranos, entonces, no es «liberar» a la mano de obra, sino fijarla y retenerla. La separación de productores respecto de los medios de producción, el corazón de la interpretación tradicional de la acumulación originaria, generaliza abusivamente ciertos aspectos particulares la transición en Inglaterra. A escala más amplia, sin embargo, la generación de una masa de mano de obra desarraigada y flotante fue también producto de la propia evolución de la sociedad feudal tardía, de una expropiación realizada por efecto de «resortes puramente económicos», como señala Marx previendo lecturas demasiado unilaterales del capítulo XXIV. Frente a ello, la intervención del estado y el uso de la violencia directa tienen la función de crear una fuerza de trabajo disciplinada, valiéndose de formas represivas que combinan la naturaleza contractual de la relación laboral con formas de alienación de la persona del productor que prolongan y refuerzan, en la modernidad capitalista, formas de sojuzgamiento anteriores.

En resumen, los tres primeros siglos del desarrollo capitalista se basaron más en formas de trabajo asalariado legal y políticamente forzado que en formas de lo que hoy consideraríamos trabajo asalariado «libre». La disciplina no la impone el mercado sino el estado. La violencia directa no se usa solo, en ocasiones ni siquiera principalmente, como método de expropiación de los medios de producción, sino como forma de obligar a la mano de obra a trabajar para el capital. La amenaza que pesa sobre el obrero no es la expulsión del trabajo, la pérdida del empleo, sino la cárcel en caso de que quiera dejarlo. La criminalización de la ruptura del contrato laboral por parte del obrero expresa una modalidad asalariada históricamente específica, que debe entenderse en función de los patrones de la acumulación capitalista preindustrial. Pero entonces, ¿cuándo y por qué se generaliza la coacción económica y el trabajo asalariado formalmente «libre»?

LA FORMA DESARROLLADA DEL TRABAJO ASALARIADO.

LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA EN SENTIDO AMPLIO, ENTENDIDA NO COMO PRECONDICIÓN DEL CAPITAL SINO COMO EL LARGO PERÍODO DE SU ESTRUCTURACIÓN ENTRE LA EDAD MEDIA TARDÍA Y EL SIGLO XVIII, SE IDENTIFICA CON LO QUE MARX DENOMINÓ LA SUBSUNCIÓN FORMAL DEL TRABAJO AL CAPITAL; ESTO ES, UN PERÍODO EN QUE EL CAPITAL SE HA APROPIADO DE LA PRODUCCIÓN PERO TODAVÍA NO HA REVOLUCIONADO EL PROCESO DE TRABAJO MISMO, ADECUÁNDOLO A SUS NECESIDADES DE ACUMULACIÓN.

Hasta que esto no ocurra, primero con la manufactura centralizada y luego con la gran industria, el capital subordina procesos de trabajo existentes y los absorbe en su dinámica de acumulación, pero sin transformar radicalmente, de un modo revolucionario, las condiciones materiales de la producción. Por lo tanto, el capital no es externo al proceso productivo, como podría ser el caso tradicional del capital comercial precapitalista, pero ese proceso productivo tampoco es una creación del capital mismo.

En este contexto histórico, en estas condiciones materiales concretas, se reproducen las formas de trabajo asalariado forzado (y de trabajo forzado directo a secas) que hemos analizado antes justamente porque los mecanismos de control y disciplinamiento no emanan de las propias condiciones materiales del proceso de trabajo. La expropiación de los productores, que se inicia con su pérdida de control sobre la tierra y demás medios de producción, no es plenamente efectiva como forma de dominio de clase hasta tanto el capital no ha expropiado y transformado las condiciones de la producción social en su totalidad, lo que solo ocurre cuando la base técnica artesanal y campesina que pervivía como sustrato de la subsunción formal es radicalmente barrida de la escena.

En cambio, cuando se produce la subsunción real, esto es, a medida que se desarrollan en el período manufacturero la división del trabajo y la reconfiguración de los procesos productivos, adquiere realidad el obrero colectivo, basado en «la unilateralidad e incluso la imperfección del obrero parcial». Esta mutilación del obrero individual supone un salto cualitativo en su dependencia y subordinación al capital. Como señala Marx:

el individuo mismo es dividido, transformado en un mecanismo automático impulsor de un trabajo parcial… Si en un principio el obrero vende su fuerza de trabajo al capital porque él carece de los medios materiales para la producción de una mercancía, ahora es su propia fuerza de trabajo individual la que se niega a prestar servicios si no es vendida al capital.

Esta idea es de suma importancia para comprender desde una perspectiva histórica las transformaciones de la relación asalariada y las condiciones concretas en las que la coacción económica va adquiriendo el lugar privilegiado como mecanismo de control del trabajo. Con la creciente transformación del proceso productivo por parte del capital, se internalizan las condiciones de dominación sobre el trabajo, que ahora aparecen emanando del propio proceso material de la producción. La dependencia del obrero pasa a estar inscripta en las condiciones técnico-económicas de la producción y deja de aparecer como un condicionamiento legal a su autonomía. Esta situación, que se potencia con la gran industria, permite por primera vez al capital prescindir realmente de la coacción directa como forma general de disciplinamiento y retención de la fuerza de trabajo. La coacción política adquiere entonces la forma de coacción económica.

Las determinaciones concretas de la relación asalariada plenamente desarrollada incluyen también los patrones del consumo proletario. El desarrollo del capital impulsa la ampliación de las necesidades sociales y del consumo obrero, al menos en la medida en que este último no se torna incompatible con la acumulación. Esta participación parcial del proletariado en el progreso civilizatorio y el desarrollo más pleno de sus necesidades materiales y espirituales, una situación «que lo distingue del esclavo» es un aspecto en el cual, según Marx, «se basa la justificación histórica, pero también el poder actual del capital» (Grundrisse).

Como señala Michael Lebowitz, «cada nueva necesidad se convierte en un nuevo eslabón en la dorada cadena que amarra a los trabajadores al capital». Por el contrario, afirmaba el conde de Liniers en el siglo XVIII, es difícil obtener la obediencia de los asalariados «si son seguros de subsistir en cualquier parte donde hallan un animal para matar y agua para beber». A la expropiación material del obrero, a la mutilación de sus capacidades productivas autónomas, se suma entonces su creciente dependencia del mercado y de la producción capitalista para la satisfacción de necesidades más complejas y elaboradas.

En definitiva, el trabajo asalariado «libre» en su forma clásica, lejos de ser la consecuencia espontánea de un acto de expropiación, es el resultado de un largo proceso de desarrollo histórico, de construcción de la subordinación del trabajo al capital. Solo al término de este recorrido se puede prescindir de la coacción directa; solo entonces la coacción económica se impone como forma dominante. La necesidad de disciplinamiento del capital sobre el trabajo deja de sostenerse en la retención legal de la mano de obra y pasa a descansar en la amenaza de expulsión.

Al mismo tiempo, las funciones del Estado capitalista se transforman. La normativa sobre salarios máximos y prolongación de la jornada de trabajo, sostenida por los Estados desde la crisis feudal en adelante, se transforman en la legislación moderna sobre reducción de la jornada e imposición de salarios mínimos. Paulatinamente se abandona, primero, la obligación legal de trabajar y, luego, los castigos penales para la ruptura del contrato de trabajo, que van a ser sustituidos por los modernos sistemas de asistencia al desocupado y por un derecho laboral que asume la desigualdad de la relación social.

A partir del siglo XIX comienza a desmantelarse la proscripción legal de las asociaciones obreras, progresivamente reconocidas y reguladas por la legislación. Al mismo tiempo que deja de intervenir de modo inmediato en la relación laboral, el Estado pasa a tener un rol clave en la formación y reproducción de la fuerza de trabajo a nivel social, a través de su injerencia en los sistemas de instrucción, de sanidad, de asistencia social, etc.

La ideología del Estado de bienestar y, más en general, del Estado como árbitro, se apoya materialmente en este estadio preciso del desarrollo capitalista y de subordinación del trabajo al que se ha llegado por medio del uso de esa coerción estatal, que ahora se reserva para los momentos en que peligra la reproducción del orden social y del statu quo. Entonces sí, la coerción directa, la violencia abierta, vuelven a manifestarse como el sustrato oculto de la relación social capitalista.

A modo de conclusión

La acumulación originaria tiene un status ambiguo en el interior de la teoría marxista. Entendida como «prehistoria del capital», aparece como un excursus pintoresco, cargado de denuncia política, pero irrelevante para la compresión actual del sistema (salvo por contraste con lo que este no es). La dependencia del trabajo respecto del capital se reduce a la expropiación material, lo que brinda una imagen empobrecida, simplificada y deshistorizada de la relación asalariada que constituye el fundamento de la sociedad burguesa.

Los proyectos de trasformación social basados en la sola modificación de las relaciones de propiedad son tributarios de esta concepción reduccionista. El conocimiento de la complejidad de las determinaciones concretas, históricamente construidas, del trabajo asalariado, por el contrario, permite una mejor valoración de la importancia de la autonomía obrera, de la crítica de las fuerzas productivas capitalista y de las normas capitalistas de consumo y del cambiante rol del Estado en ese proceso; en definitiva, una mejor comprensión no solo del pasado de la sociedad capitalista, sino también de su presente y de las tareas necesarias para transformarlo.

En consecuencia, si retomamos a Octavio Colombo señalando imprescindible una mejor valoración de la importancia de: la autonomía obrera, la crítica a las fuerzas productivas capitalistas y a las normas capitalistas de consumo; y del cambiante rol del Estado en ese proceso. Es grato comprobar que las luchas en defensa y recuperación de territorios tienden a esas características fundamentales a la emancipación del capitalismo. De ahí la aplicación de las leyes antiterroristas (que promulgaran los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner) en donde hay mayor organización comunitaria y provincial contra los extractivismos.

 Ecocida y genocida

Observemos la situación en que estamos inmersos comprobando cómo el capitalismo actúa contra los pueblos planetarios.  En efecto, «el sistema agroalimentario mundial va invadiendo más y más espacios para establecer monocultivos, al aire libre o en invernaderos, saturados de agroquímicos y utilizando una mano de obra ultra-precarizada, a veces incluso en condiciones de semi-esclavitud o esclavitud abierta. Las condiciones de vivienda y salud que imponen son sumamente precarias, el calor (sobre todo en los invernaderos) es de los 40 grados y más, y el rocío de los agrotóxicos es constante (al grado de ser de los grupos más expuestos a los efectos envenenantes de los agroquímicos). Tras de sí, estas empresas van acumulando el acaparamiento de tierras, la contaminación de aguas (que es otro acaparamiento), la devastación del suelo, los bosques y el ambiente en general».

Editorial

Revista Biodiversidad, Sustento y Culturas 96

Biodiversidad | 25 Abril 2018 | Biodiversidad 96 / 2018-2

(…)Estamos en un momento del mundo donde el sistema agroalimentario mundial va invadiendo más y más espacios para establecer monocultivos, al aire libre o en invernaderos, saturados de agroquímicos y utilizando una mano de obra ultra-precarizada, a veces incluso en condiciones de semi-esclavitud o esclavitud abierta. Las condiciones de vivienda y salud que imponen son sumamente precarias, el calor (sobre todo en los invernaderos) es de los 40 grados y más, y el rocío de los agrotóxicos es constante (al grado de ser de los grupos más expuestos a los efectos envenenantes de los agroquímicos). Tras de sí, estas empresas van acumulando el acaparamiento de tierras, la contaminación de aguas (que es otro acaparamiento), la devastación del suelo, los bosques y el ambiente en general. La obsolescencia programada hace de las infraestructuras  e instalaciones cascarones inútiles que infestan los espacios con fantasmas, con ruinas que son el símbolo del destino que nos tienen programado con tal de sumar ganancia tras ganancia.

Para el agronegocio nada importa: todo son costos externalizados y la sociedad en su conjunto pagamos para que las corporaciones sigan lucrando.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “el número de trabajadores activos en la producción agrícola mundial es de mil 300 millones de personas, lo que corresponde al 50% de la mano de obra en el mundo”. Lo contundente es que mientras “la fuerza de trabajo dedicada a la agricultura representa menos del 10% de la población económicamente activa en los países industrializados, alcanza el 59% en las regiones menos desarrolladas”.

Pero hay que resaltar que esa población trabajando empleada en el campo fue expulsada por el desplome de su actividad agrícola como efecto directo de la cauda de regulaciones y políticas públicas (y sus reglas de operación), surgidas de los tratados de libre comercio que están perturbando la vida de las comunidades y los pueblos debido a las ventajas comparativas que lograron imponer desregulando las disposiciones laborales y las medidas de protección al ambiente y la naturaleza. (…)

Fuente: https://www.grain.org/article/entries/5932-editorial

Tenemos que revisar la historia reciente y constatar en el presente que los científicos, tecnólogos y gobiernos están identificados con el progreso gran capitalista. Es inútil confiar en su sensibilidad y ética cómo en el siguiente llamado:

«Hacemos un llamado para que los gobiernos propongan respuestas significativas y equitativas a la crisis climática, que respeten los derechos humanos, se centren en tecnologías probadas bajas en carbono, reduzcan el consumo excesivo y el desperdicio, y protejan los bosques y otros ecosistemas».

La industrialización de la Bioeconomía plantea riesgos para
el clima, el medio ambiente y las personas

1 de noviembre de 2018

 A las organizaciones que aquí se suscriben les preocupa que la ampliación del uso de la bioenergía y otros bio-productos de vida corta (la llamada bioeconomía) tengan un impacto perjudicial sobre el clima, los derechos humanos, la protección de la naturaleza y sobre la transición a un sistema energético bajo en carbono. Rechazamos la Plataforma Biofuture y otros desarrollos similares.»

Grupos de la sociedad civil rechazan el impacto de un crecimiento exponencial de la Bioeconomía

En los últimos años, en nombre del cambio climático, los gobiernos han apoyado la sustitución de combustibles fósiles por biomasa para producir energía. También se está considerando cada vez mas a menudo apoyar otros productos hechos con biomateriales, a lo cual se ha puesto de moda llamarlo ‘bioeconomía’.

Un ejemplo de esto es la Plataforma Biofuture, una iniciativa propuesta por el gobierno brasileño y puesta en marcha en el 2016 con el apoyo de 20 países. Sin embargo, si se mira mas de cerca, esta Plataforma demuestra que la bioeconomía es simplemente una tapadera para un aumento significativo de la bioenergía, que junto con otros ‘productos biológicos’ de corta duración, cuentan con unas credenciales climáticas tan malas para el clima como las de la bioenergía. [1] La Unión Europea y varios países (que hasta ahora no se han suscrito a la Plataforma Biofuture) también están desarrollando ‘estrategias de bioeconomía’ con propósitos similares. [2]
 
A las organizaciones que aquí se suscriben les preocupa que la ampliación del uso de la bioenergía y otros bio-productos de vida corta (la llamada bioeconomía) tengan un impacto perjudicial sobre el clima, los derechos humanos, la protección de la naturaleza y sobre la transición a un sistema energético bajo en carbono. Rechazamos la Plataforma Biofuture y otros desarrollos similares por las siguientes razones:

1. Malo para el clima:

Para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados, debemos disminuir rápidamente las emisiones, así como incrementar la cantidad de carbono que puede ser eliminado por los bosques, pastizales y suelos. Contrario a esto, la Plataforma Biofuture aboga por la transición de los sectores energético, del transporte y la industria hacia la bioenergía y los biomateriales. Esto hace caso omiso a la ciencia (la quema de biomasa para producir energía genera tantas emisiones como la quema de carbón [3]), y además la producción y consumo de biocombustibles, bioplásticos y otros biomateriales reduce la tierra disponible para cultivos, causa deforestación, así como otras conversiones en el uso de las tierras y libera óxido nitroso.
 
Para mitigar los peores efectos del cambio climático, necesitamos que los gobiernos, las ONG, los académicos y el sector privado trabajen juntos para reducir el consumo excesivo de energía y descarbonizar los sectores energético, de transporte y la industria, en vez de permitir que los ricos continúen consumiendo en exceso mientras se hace una transición a otro recurso que es también intensivo en carbono.

2. Malo para los derechos humanos:

Una bioeconomía industrial aumentaría la demanda de tierras para el cultivo de biomasa. Esto causaría mas deforestación y otros cambios en el uso de la tierra a una escala que tendría impactos devastadores sobre las personas. Un estudio conservador sobre el potencial de biomasa global [4] encontró que para que la bioenergía proporcione un cinco por ciento del consumo de energía global, requeriría la conversión de un área de tierra más grande que la India (386 millones de hectáreas). La bioeconomía que Plataforma Biofuture plantea necesitaría aún más cantidad de tierras para convertirla en bioproductos. La suposición subyacente es que la mayor parte de la tierra necesaria para convertir la economía de combustibles fósiles a la bioeconomía sería provista por el Sur global. Pero la creciente demanda de biocombustibles y biomasa para calor y electricidad, ya ha llevado al acaparamiento de tierras a gran escala y al desahucio de aldeas enteras, así como a una reducción en el acceso a tierras de cultivo, bosques y recursos hídricos [5]. El aumento de la demanda empeorará esos impactos, especialmente cuando los bosques sean reemplazados por plantaciones, aumentando la intoxicación por plaguicidas y las violaciones de los derechos laborales, y reduciendo el agua limpia y la soberanía alimentaria. Además, el procesamiento y la quema de biomasa para energía libera una variedad de emisiones tóxicas, lo cual plantea riesgos adicionales para la salud.

3. Malo para la naturaleza y la biodiversidad:

Estamos en medio de una crisis de biodiversidad que empeorará con las propuestas de la Plataforma Biofuture de aumentar la demanda de tierras, agua y bosques. La demanda de aceite de palma y soja ya están acelerando la destrucción de los bosques en muchos países y la intensificación de la agricultura (más productos químicos, menos tierras en barbecho) en Europa y América del Norte está acelerando la perdida de insectos y aves. [6] La demanda de bioenergía ya ha llevado a la tala indiscriminada de bosques altamente biodiversos en el sur de los Estados Unidos, [7] los Estados Bálticos [8] y en otros lugares, y a medida que avanzan las plantaciones de monocultivos, la agrobiodiversidad se reduce y la naturaleza sufre. Las plantaciones para bioplásticos y otros biomateriales empeorarán estos problemas. Necesitamos reducir la demanda de madera y cultivos, no aumentarla. También existe la suposición de que la producción de bioproductos dependerá en gran medida del uso de cultivos genéticamente modificados, árboles y microbios, los cuales presentan riesgos graves para el medio ambiente y la salud humana.

La visión de la Plataforma Biofuture desvía la atención y los recursos de soluciones reales y probadas al cambio climático, afianzando injusticias energéticas, sociales y económicas en el mundo. Esta Plataforma promovería el seguir aumentando los subsidios para la bioenergía a expensas de la energía renovable genuinamente baja en carbono, como la eólica y la solar, que deben ampliarse de inmediato. “La bioenergía Moderna” (biocombustibles y biomasa para calor y electricidad) que la Plataforma Biofuture promueve se utiliza sobre todo en el Norte global por las industrias que requieren insumos elevamos de energía, las cuales deberían centrarse en reducir ese consumo. La bioenergía les da una vía de escape para no tener que lidiar con su consumo derrochador.
 
Los grupos signatarios piden a los 20 países y a las organizaciones multilaterales que son firmantes de la Plataforma Biofuture que no apoyen ni la bioenergía ni otros bioproductos de corta duración. Llamamos a otros gobiernos a abstenerse de apoyar la Plataforma y sus demandas. Hacemos un llamado para que los gobiernos propongan respuestas significativas y equitativas a la crisis climática, que respeten los derechos humanos, se centren en tecnologías probadas bajas en carbono, reduzcan el consumo excesivo y el desperdicio, y protejan los bosques y otros ecosistemas.

4. Malo para una transición justa para dejar la economía de combustibles fósiles:

Notas(…)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Campanas-y-Acciones/La-industrializacion-de-la-Bioeconomia-plantea-riesgos-para-el-clima-el-medio-ambiente-y-las-personas2

En consecuencia, el capitalismo progresa contra todos nosotros, los diversos de abajo sin fronteras ni muros burgueses y lo hace como sistema mundo. Su acumulación oligopólica de riquezas y poder implica ecocidios con sus correspondientes genocidios silenciosos, silenciados e invisibilizados. El sistema global de agronegocios es fundamental en esa desertificación y arranca de vastos monocultivos de transgénicos cuyo modelo es el de la soja transgénica en nexo indisoluble con agrotóxicos cada vez más mortíferos por cantidad y calidad.

Contra el sistema de agronegocios de la comunidad de negocios entre capitales y estados imperialistas con los locales están en primera línea las luchas territoriales como las de diversas autoorganizaciones vecinales que procuran frenar las fumigaciones y documentan tanto la contaminación ambiental(aire, agua, suelo, alimento) como las consecuencias sanitarias y socioeconómicas. También las que se esfuerzan en parar la deforestación, en cuidar los humedales y los ríos, etc.. En fin, destaquemos como luchas territoriales de suma relevancia a las que llevan a cabo las comunidades campesinas e indígenas y las redes extendiendo la agroecología y el consumo responsable.

Alternativas emancipatorias

Comencemos por una falsa alternativa emancipatoria con alta representatividad en Argentina por el predominio político e ideológico de estatistas y nacional populistas no sólo en los progresistas sino también en las izquierdas.

Hace falta un sistema agrario emancipador.

10 de noviembre de 2021

Publicado en El otro campo

Por Marcos Britos

 Cómo funciona y qué hace falta hacer con el sistema exportador del sector agrario argentino.

Como todo país económicamente dependiente de los centros del poder mundial, Argentina basa sus exportaciones en productos llamados comodities, es decir, de materias primas con poco valor agregado. En el año 2015, la región pampeana generó el 75,05% de las exportaciones totales y de ellos, sólo el 23% fueron productos industriales. A nivel nacional, las exportaciones agropecuarias significaron el 41% del total. A su vez, de las 600.000 empresas registradas en Argentina, apenas 5.000 son exportadoras. De estas, solo 550 son agroexportadoras y para el 2017, solo 4 de ellas [Cargill, BUNGE, Dreyfus y AGD] representaron el 44% del total de exportaciones de granos, subproductos y aceites. Las condiciones que imponen estas cifras afectan a la totalidad de la estructura productiva, comercial y social del país, lo cual se evidencia a partir de una evaluación de las características del sistema exportador.

Casi el 90% de las cosechas son transportadas mediante unos 90.000 camiones (90.000 grandes motores de combustión). Que a su vez necesitan miles de kilómetros de carreteras y autopistas que se construyen y mantienen con asfalto (es decir, petróleo) que pagan con creces los usuarios, no con sus impuestos (como era antes de Carlos Menem) sino con los peajes. Esta estructura de distribución pensada para favorecer a las petroleras y las automotrices extranjeras (y de la cual participó con entusiasmo el sindicato de camioneros con diversas y jugosas prebendas) necesitó reducir a la mínima expresión el ferrocarril como medio de transporte. Y lo poco que mantienen en funcionamiento está en manos de las propias empresas exportadoras, que en los hechos trasladan sólo sus cargas y a veces ni siquiera realizan las inversiones imprescindibles para un normal funcionamiento y quedan para que las haga el Estado. Los principales sindicatos ferroviarios participaron de estas concesiones con jugosas porciones de la privatización como premio por no impedirlas.

A su vez el 76% de las exportaciones de granos se despachan por la Hidrovía (cuya columna vertebral es el río Paraná) y, en definitiva, el 80% de las exportaciones agrícolas se concentra en el Paraná. Son unos 20 puertos concesionados a empresa privadas (de estrecha vinculación con las propias exportadoras) desde la gestión destructora de Carlos Menem, que nunca se revirtió. Esta estructura portuaria define una logística según los tiempos de carga, descarga, estadía y trayectoria de los buques. Eso define costos del cereal y por lo tanto, del pan y los fideos. A su vez, la buques de transporte no son de bandera argentina y, menos aún, del Estado Nacional (como era antes de Carlos Menem). Por lo tanto, el costo de 3500 millones de dólares anuales por fletes se suma al precio de los cereales y pagan los pobres cuando compran pan o fideos.

 Esto sigue siendo así aún con los gobiernos kirchneristas de por medio, desde el tsunami neoperonista de Carlos Menem que, acompañado por toda la dirigencia peronista (incluyendo a Néstor y Cristina), arrasó el Estado que aún se mantenía en base a la estructura heredada del primer gobierno de Juan Domingo Perón. En el caso del Comercio Exterior, mediante el Decreto 2284/91 se disolvió toda forma de control y regulación estatal regresando a la Argentina de principios del siglo XX, pero agregando condiciones anteriores a la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845), cuando los ríos interiores con acceso marítimo eran de libre navegación para buques de bandera extranjera. La Ley 24.093/92 modificó el sistema portuario nacional transfiriendo a las provincias la regulación de los puertos fluviales y autorizando su privatización. Las grandes concentradoras de granos generaron holdings empresarios para quedarse con los puertos (donde instalaron grandes plantas aceiteras) y el transporte terrestre, fluvial y marítimo. Y por último, pudieron disponer libremente de los dólares pagados por las exportaciones. Como detalle del nivel de derechos otorgados a las empresas puede mencionarse que la custodia de los puertos – que desde los orígenes del Estado Nación, le correspondía a las Fuerzas de Seguridad del Estado – puede quedar en manos privadas. Por supuesto que también se recortaron derechos laborales y también los sindicatos del sector fueron premiados con posibilidades de negocios a cambio de no entorpecer la reconversión portuaria.

Mucho antes del gobierno de Carlos Menem, en 1933, el Estado conservador de Agustín P. Justo, había regulado las exportaciones mediante la creación de la Junta Reguladora de Granos. Lo hizo con un argumento hoy en desuso: defender los intereses nacionales. En 1946, Juan Domingo Perón creó el Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI) con el plan de centralizar (monopolizar) el comercio exterior para acumular y transferir los recursos logrados entre los diferentes sectores de la economía. Se lo consideró como un acto de Soberanía Nacional. En 1963, bajo un gobierno de la UCR (de aquellos años), se creó la Junta Nacional de Granos que iba en el mismo sentido y absorbió las atribuciones de la Junta Reguladora creada en 1933. Queda claro que el control por parte del Estado Nacional sobre las exportaciones era un planteo político de la propia burguesía nativa, que desde el gobierno de Carlos Menem, fue dejado de lado por los siguientes gobiernos (radicales, kirchneristas o macristas).

Esta apretada síntesis deja en claro que las condiciones necesarias para que la exportación de granos brinde divisas al servicio de las necesidades de los sectores populares y más desprotegidos de la sociedad tienen un piso a partir del cual se deben pensar nuevas construcciones. El piso es el que el propio Estado de la burguesía nativa había impuesto a los largo de casi sesenta años (1933/1992): regulación y control del comercio exterior por parte del Estado Nacional.

Pero siendo lo imprescindible, lo verdaderamente necesario es revertir totalmente la entrega del comercio exterior a las empresas multinacionales. Esto significa:

1) Recuperar el monopolio estatal del comercio exterior.

2) Imposición de cupos de exportación para garantizar el abastecimiento interno.

3) Imposición de un precio máximo de compra para las distintas cosechas (exportables o no).

4) Recuperación estatal del sistema ferroportuario, centralizado nacionalmente.

5) Construcción de una marina mercante del Estado.

6) Exportación obligatoria bajo bandera nacional.

7) Distribución de la renta agraria nacional según las necesidades públicas y sociales, no según las necesidades particulares de los propietarios de los campos.

8) Definir, construir y poner en funcionamiento, una organización democrática de control, obrero y popular, sobre el funcionamiento de todo el sistema exportador.

Mientras no se le impongan estas condiciones al gran capital, las harinas con las que el pueblo conforma la mayor parte de su dieta alimentaria mantendrán sus precios en constante aumento (incluso por encima de la inflación) por estar atadas a los precios internacionales. El pueblo y los sectores populares seguirán pagando de su bolsillo la fiesta de acumulación monstruosa de capital de la gran burguesía nacional e internacional.

Marcos Britos vaticina un futuro ¿emancipado? ¡Sorpresa a la vez que tristeza! Porque propone nuestra coexistencia (o conciliación de clases) con las agroexportadoras y conformarnos con sólo regularlas. Cuando las agroexportadoras construyen y mantienen posiciones hegemónicas en el mercado global al tiempo que operan en espacios sociales y territorios de cada país condicionando las relaciones intersectoriales del último.

Menciona como las cuatro concentradoras del súper negocio de integrar cadenas de valor y realización en escala planetaria a: Cargill, BUNGE, Dreyfus y AGD. No sé porqué olvida a la segunda en importancia y según Bichos de Campo es la mayor en Argentina: el gigante estatal China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (Cofco).

¿No la nombra por su carácter estatal y por interpretar la relación de China con Argentina como cooperación y no, como lo que es, de sometimiento a su imperialismo? Un imperialismo como el de las otras corporaciones que ocupan e invaden nuestra economía y nuestros territorios de modo ‘democrático’ gracias al Estado en todas sus jurisdicciones que tiene comunidad de negocios con los grandes capitales locales e imperialistas.

Es reaccionario irresponsabilizar al Estado y a sus partidos de gobierno sobre todo al PJ. Pero también es anacrónico asumir la realidad del capitalismo como si estuviéramos en los 50. Incluso progresistas e izquierdas electoraleras niegan la actual degradación y perversión de la democracia vigente. En efecto, el 30 de septiembre( pese a derrota en las PASO y en pleno período electoral) el Consejo Agroindustrial ‘Argentino’ bajo dominio de las cinco agroexportadoras presentó al Congreso su Plan 2020-2030 que digitaliza el agro instaurando (aunque les incluye como asalariades, cuentapropistas, rentistas…) la desaparición forzada de comunidades campesinas e indígenas. Y el CEA o poder real fue acompañado por el Presidente, la Vice Presidenta y el Ministro Nacional de Agricultura.

Antes el llamado poder real necesitaba golpes de estado para imponer su lucro por encima de necesidades e intereses populares, ahora la casta política desembozadamente ejerce su lacayismo.

Agreguemos que el contenido y sentido emancipatorio de la propuesta se reduce a ilusionar de poder disfrutar las divisas de la super explotación de la naturaleza, los pueblos y los trabajadores. Patentiza ausencia de pensamiento crítico que comparten las izquierdas desde hace años en grave crisis.

Contextualicemos las disputas territoriales en el Abya Yala. Estamos todos los pueblos del continente «en medio de una desposesión de la tierra y un penetrante acaparamiento agrario impulsado por la competencia entre las potencias globales y las élites locales por controlar los recursos mundiales a expensas de los pequeños productores de alimentos y de la soberanía alimentaria de los países pobres. A esto lo acompaña un militarismo creciente y una represión de las comunidades rurales. Entre las personas más afectadas por esta profundización de la pobreza y el hambre, así como por las crecientes violaciones a los derechos humanos, están las juventudes rurales».

Con el vigor de la juventud, intensifiquemos
la lucha por la tierra y la vida

Declaración conjunta del Día de la Gente Sin Tierra, 2018

29 de marzo, 2018

Este año marcamos el Día de la Gente sin Tierra en medio de una desposesión de la tierra y un penetrante acaparamiento agrario impulsado por la competencia entre las potencias globales y las élites locales por controlar los recursos mundiales a expensas de los pequeños productores de alimentos y de la soberanía alimentaria de los países pobres. A esto lo acompaña un militarismo creciente y una represión de las comunidades rurales. Entre las personas más afectadas por esta profundización de la pobreza y el hambre, así como por las crecientes violaciones a los derechos humanos, están las juventudes rurales.

Pero encaramos estos desafíos con resolución aún mayor y con optimismo pues confiamos en la energía y el compromiso renovado de la juventud para que ayuden en la defensa del derecho de la población rural a la tierra y a la vida.

El agravamiento de la desposesión de tierras. 

La tierra es el aspecto central de la vida y la sociedad rurales. El aumento de la mercantilización de la tierra con el implacable embate neoliberal, el recrudecimiento del control monopólico corporativo sobre la agricultura, la falta de una genuina reforma agraria que garantice el derecho de la gente a la tierra y la falta de un respaldo adecuado por parte del Estado, están amenazando el acceso de los pueblos rurales a la tierra y los recursos naturales. Los procesos regionales y globales (hablamos de continuadas crisis económicas y financieras globales, de la implacable puja por liberalizar la agricultura, de la emergencia de nuevas potencias económicas hambrientas de nuevos mercados de capital excedentario y productos y fuentes de materia prima, más el surgimiento de gobiernos autoritarios y fascistas) también están provocando condiciones que intensifican el desasosiego y los conflictos en las áreas rurales.

Así, por ejemplo, la agresiva expansión de China mediante su Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda (o simplemente Nueva Ruta de la Seda-NRS), que contempla 890 mil millones de dólares, está despojando y desplazando a comunidades tradicionales sembradoras, pesqueras, indígenas y otras, por todo el mundo. La iniciativa NRS, apodada “el más grande proyecto multilateral de desarrollo del siglo XXI”, implica a 65 países con 900 proyectos de infraestructura planeada, que van desde el Pacífico hasta Asia occidental, y a todo lo ancho de África y Europa, y están en curso.

De acuerdo a Land Matrix, una iniciativa independiente de monitoreo de los negocios agrarios, 26 millones 700 mil hectáreas de tierra agrícola a nivel mundial han sido transferidos a las manos de inversionistas extranjeros desde el año 2000. China pudo así adquirir 2 millones 230 mil hectáreas de éstas tan sólo en el periodo que va de 2000 a 2014. Y fue entonces que la NRS ganó terreno.

Entretanto, las instituciones financieras multilaterales tales como el Asian Development Bank (ADB) y el Banco Mundial, trabajando con políticos corruptos e inversionistas extranjeros, continúan financiando e implementando programas y proyectos que resultan en la dislocación y la marginación masivas de las comunidades rurales. La infraestructura de desarrollo, puesta a operar mediante asociaciones público-privadas en el transporte, la energía, y las llamadas zonas económicas, están acaparando o destruyendo enormes tractos de tierras y otros recursos agrícolas.

La competencia en pos de tierras agrícolas y recursos ocurre en medio de un intensificado militarismo de las potencias mundiales encabezadas por Estados Unidos. Su pivote en Asia para contener el surgimiento de China ha significado, entre otras cosas, incrementar el respaldo a los militares de la región, notorios desde hace mucho tiempo por sus atrocidades en relación con los derechos humanos. Han estado promoviendo guerras y campañas de contrainsurgencia que con frecuencia tienen como objetivo las comunidades rurales, incluidas aquellas implicadas en conflictos agrarios con gobiernos y corporaciones. Esto ha incrementado la represión y los abusos de derechos humanos en áreas rurales.

Las crecientes amenazas contra quienes defienden el acceso y control sobre su tierra y recursos naturales no sólo perpetúan sino que empeoran el círculo vicioso del subdesarrollo en las áreas rurales y la pobreza y el hambre entre los pueblos rurales. Según La Organización de Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación (conocida como FAO por sus siglas en inglés) más de 80% de las personas en extrema pobreza vive en áreas rurales, y 65% trabaja en la agricultura. Cerca de la mitad de quienes viven en extrema pobreza tiene menos de 18 años.

La situación de la juventud rural. Las personas jóvenes en el campo —que conforman 55% de la población joven a nivel mundial— ya sufrían de antaño limitaciones en el acceso a los servicios básicos como educación, salud y refugio, así como a oportunidades en términos de sus condiciones de vida y sustento. En general, es dos o tres veces más probable que la gente joven esté desempleada, según un informe conjunto del Banco Mundial y el Fondo Mundial para el Desarrollo de la Agricultura (IFAD por sus siglas en inglés). La tasa de desempleo entre la juventud rural va de 7.5 % en el África subsahariana, 8 % en Asia, 19.7 en Europa Oriental y Asia Central, 21% en América Latina y El Caribe, hasta llegar a un 22.8% en Medio Oriente y el Norte de África.

Cuando esas personas jóvenes encuentran empleo, la mayoría permanece en la economía informal o se involucra en actividades relacionadas con la agricultura y los cuidados de la casa propios de los trabajadores familiares, el campesinado de subsistencia, la gente con microempresas caseras o los obreros no calificados. La experiencia de las jóvenes rurales es peor, ya que también sufren los tradicionales estereotipos y la división del trabajo basados en el género.

Esta situación de las comunidades rurales, que empeora inexorable, está forzando a la juventud rural a una migración laboral. La juventud conforma el grueso de los flujos migratorios: los datos de FAO muestran que las personas entre 15 y 34 años dan cuenta de un tercio de todas las migraciones internacionales. Sin embargo, la juventud rural “es la más propensa a migrar en respuesta a la falta de empleo significativo o de oportunidades empresariales en la agricultura o en las actividades económicas rurales relacionadas”.

En el corazón de esta falta de oportunidades para ser económicamente productivos está la desposesión crónica y prevalente en las áreas rurales, que se recrudece por el acaparamiento de tierras y recursos.

La lucha desde un fuerte movimiento de jóvenes. Para defender el derecho a la tierra y la subsistencia, y proteger los modos de vida de sus comunidades, muchas personas jóvenes campesinas y pueblos originarios están en el frente de la lucha por detener el acaparamiento de tierras y recursos, por promover soberanía alimentaria y una genuina reforma agraria. Esto, a pesar de la intensificada represión de las comunidades rurales con el objeto de pavimentar el camino para la agricultura corporativa de gran escala y los proyectos de mega-infraestructura orientados a la ganancia —proceso que tuvo por resultado, tan sólo en estos pasados 14 meses, 166 personas asesinadas, 342 arrestadas y detenidas debido a los conflictos de tierra. Son jóvenes campesinos y campesinas, trabajadores agrícolas y gente perteneciente al monitoreo PAN Asia y Pacífico (Panap).

Es por eso que le damos la bienvenida, con entusiasmo y maravillamiento, a la primera asamblea de Jóvenes en pos de la Soberanía Alimentaria (YFS, por sus siglas en inglés) que se celebró del  30 de marzo al 2 de abril. El YFS es una red internacional de organizaciones juveniles que promueve la soberanía alimentaria y respalda la lucha campesina en pos de una genuina reforma agraria y por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios a sus territorios ancestrales. Nosotros, con fuerza, respaldamos a la asamblea del YFS pues busca resaltar las reivindicaciones y luchas de las juventudes rurales y “reclutar el vigor de la juventud campesina para intensificar la lucha por las tierras y la vida”.

El futuro pertenece a la juventud, y ellas y ellos forjarán su futuro con una tierra que realmente le pertenezca a quienes labran y enriquecen la tierra para beneficio de los pueblos y del planeta, y no sólo para aquellos que buscan las ganancias de unos cuántos.

 ¡Con el vigor de la juventud, nos comprometemos a intensificar nuestra lucha por la tierra y por la vida!

PAN Asia Pacific (PANAP). Asian Peasant Coalition (APC). Peoples’ Coalition on Food Sovereignty (PCFS). Youth for Food Sovereignty (PCFS). International League of Peoples’ Struggle (ILPS) Commission No. 6. Coalition of Cambodian Farmers Community (CCFC). Andra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union (APVVU). Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Roots for Equity. Pakistan Kissan Mazdoor Tehreek (PKMT). Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP). National Fisheries Solidarity Organization (NAFSO). GRAIN. Más otras 81 organizaciones de Asia

Fuente: https://grain.org/es/article/5940

 Necesitamos dudar de nuestra creencia en que los cambios estructurales son posibles desde arriba y no desde abajo. Modifiquemos esa convicción y atendamos las resistencias e iniciativas de organizaciones populares.

 Las semillas: una campaña basada en el diálogo y el intercambio

12 de septiembre de 2005

Francisca Rodríguez Huerta 

Hace diez años, la Vía Campesina enarboló las banderas de la lucha por la Soberanía Alimentaria, como una respuesta al planteamiento de Seguridad Alimentaria, realizada en el marco de la 1ª Cumbre Mundial de la Alimentación impulsada por la FAO y a la formulación de su Plan de Acción para combatir el hambre en el mundo.

Esta formulación de la FAO sobre Seguridad Alimentaria, fue establecida en el contexto de una agricultura impuesta por el capitalismo neoliberal, donde los alimentos pasan a ser meras mercancías, y la alimentación se va convirtiendo en una herramienta de dominación, presión y control sobre los pueblos al garantizar alimentos solo a quienes tengan la capacidad de adquirirlos. Este concepto nada dice en relación a la calidad y procedencia de los alimentos, o respecto a cómo éstos son producidos, ni de quienes los están produciendo. Es frente a esta concepción, que los campesinos del mundo hacen su propuesta a la humanidad y establecen que sólo la Soberanía Alimentaria de los pueblos podrá garantizar la producción de los alimentos, disminuyendo la falta de éstos, para así avanzar en el combate contra la pobreza.

Sin duda vivimos momentos de gran incertidumbre, donde el mundo campesino está en serio peligro, amenazado de extinción, como lo están muchas culturas de la humanidad y especies de la naturaleza. En esta situación, en la que está en riesgo la alimentación de miles de seres humanos, el imperio trata de tomar en sus manos la alimentación del mundo como un elemento más de poder para utilizarlo imponiendo su ideología de muerte. Y lo hace a fuerza de una ofensiva publicitaria que nos invade a través de los medios de comunicación, incitándonos a consumir productos ajenos a nuestra cultura y dañinos para la salud.

Ante esta dramática situación, Vía Campesina levanta su planteamiento de Soberanía Alimentaria, estableciendo así un conjunto de Derechos para los campesinos y los pueblos al afirmar que: “La Soberanía Alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias, en materia de alimentación y producción, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida quieren ser autosuficientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del “dumping”…

Al contrario de los fundamentos de la Soberanía Alimentaria, las grandes corporaciones transnacionales han impuesto en el mundo un sistema productivo de monocultivos, cuya característica principal ha sido el contar con un gran contingente de trabajadores desocupados, constituyendo grandes contingentes de mano de obra de bajo costo y/o flotante, producto de la expulsión de sus fuentes de trabajo o de la tierra, la contra- reforma agraria y las acciones del militarismo.

Es así como Vía Campesina lleva adelante dos grandes Campañas. Una de ellas es por la Reforma Agraria y tiene como su punto mas relevante la lucha por la tierra para los campesinos y los territorios para los pueblos indígenas. La otra es la Campaña por la Defensa de las Semillas Criollas y Nativas. Ambas campañas arrancan o están en el centro mismo de la Soberanía Alimentaria, sus contenidos son profundamente políticos y atacan directamente al sistema y a su máxima expresión: el modelo económico neoliberal.

La Campaña “Las Semillas Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad”, se da en un contexto mundial en donde el mundo campesino (agricultoras/es, mujeres y hombres indígenas), su cultura y conocimientos, ya casi no son un referente para la humanidad que ha sido obligada al desplazamiento y hacinamiento en las ciudades, consecuencias de la aplicación de las políticas de exterminio y de “libre mercado”, impuestas por el imperio estadounidense y las transnacionales que hoy dominan e imponen su ideología de muerte y depredación a casi todo el mundo.

Las semillas campesinas, que siempre estuvieron disponibles libremente para el uso, reproducción y consumo de todas y todos, hoy, muchas de ellas han desaparecido o su acceso lo controlan las empresas que imponen y exigen precios altos a los campesinos por su uso, vía las patentes o las alteraciones genéticas que impiden su reproducción, limitando su acceso por parte de los pequeños productores y generando una importante reducción de las variedades locales disponibles.

De este modo, la biotecnología se ha puesto al servicio del capital sin considerar las necesidades reales de los países y sus pueblos, y sin consultar a la opinión ciudadana que demanda alimentos naturales y limpios, que clama que no necesitamos semillas transgénicas; que se reactiven las miles de semillas campesinas que nos han alimentado a través de la historia; que no necesitamos alimentos convertidos en fármacos; que necesitamos decidir soberanamente cómo alimentarnos para disfrutar y mantenernos sanos.

Significado de la campaña

Para los movimientos y organizaciones campesinas e indígenas asumir la defensa de las semillas, significa mantener una lucha política contra el gran imperio estadounidense y toda su institucionalidad como el FMI, Banco Mundial, la OMC, los Tratados de Libre Comercio, los Estados nacionales cómplices, etc.

El objetivo principal de esta Campaña, que la hemos definido de lucha de vida y por la vida, es rescatar del camino hacia la extinción, que se nos pretende imponer a las agro-culturas campesinas e indígenas, los conocimientos, ideas, rituales, tabúes, ideología, estilos de vida del mundo campesino y de las comunidades, es decir, nuestra cultura, que se expresa en el quehacer cotidiano de hombres y mujeres del campo en donde la vida, la biodiversidad y las semillas son consideradas patrimonio de todos los pueblos y que siempre las hemos mantenido al servicio de la humanidad.
 

Es una Campaña basada en el diálogo directo con la gente, en conversar, en compartir experiencias, intercambiar conocimientos. Creo que se está generando una forma nueva de hacer un trabajo político militante más directo, rescatando formas de comunicación que siempre han sido nuestras. Nos paramos en las plazas públicas, en los colegios, en las ferias, para ir restituyendo espacios a los mercados locales, para ir compartiendo no solamente semillas sino saberes y haceres. Y hemos ido dando guerra al consumismo. De esta forma vamos restituyendo conciencia, porque el sistema, el modelo, con los medios de comunicación a la cabeza, también hacen perder conciencia. Hablamos de nuestra alimentación y nuestra cultura alimentaria y hemos encontrado mucho entusiasmo en la gente.

Es por ello que la Campaña de la Semilla de Vía Campesina ha adquirido especiales expresiones en cada región. En nuestro continente, a través de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), busca fortalecer y articular sistemas locales de conservación de la biodiversidad, conocidos en lenguaje técnico como sistemas in- situ, que se caracterizan por ser mantenidos por agricultores, recolectores, crianceros y especialmente por las mujeres campesinas e indígenas.

Estos sistemas han ido sufriendo debilitamiento de sus redes de intercambio, refrescamiento y creación de variedades y razas de especies vegetales y animales empleados en la alimentación y en las actividades culturales y productivas de cada comunidad, perdiendo desde hace veinte años al menos en forma creciente la conectividad entre ellas.

Es por esto, que la Vía Campesina, CLOC y las diversas organizaciones campesinas, indígenas y de la pesca artesanal, sabios y sabias de nuestras comunidades, y muy especialmente las organizaciones de mujeres, a través de la Campaña “Las Semillas Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad”, hemos enfrentado esta situación a distintas escalas, generando un escenario favorable para el encuentro y reencuentro de los actores locales y globales en los ámbitos político, cultural, económico y técnico.

El propósito es que puedan dialogar y orientar acuerdos respecto de un “Sistema de Semillas de los Comunes” que opere a escala global en el ámbito rural. Para ello, este sistema requiere de una Plataforma Campesina y Popular para su aplicación y difusión. Sin duda, este será un tema relevante de nuestro próximo IV Congreso de la CLOC, a realizarse en Guatemala, del 7 al 11 de octubre del presente año. 

Francisca Rodríguez Huerta es Coordinadora de la Campaña de la Semilla de Vía Campesina -ANAMURI.

Fuente: https://www.alainet.org/es/active/1950

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