Qué Trabajo

Junio 2020

Ecocida, etnocida, genocida y empobrecedor, enyugador de les trabajadores.

 


 

 

 

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /Alternativas emancipatorias

 

 

 

Expropiado y explotado por burguesía

 

 

El trabajo expropiado y explotado por la burguesía convierte cada vez más en contrario a la vida presente y futura de quienes lo ejecutan. Los disminuyen en sus capacidades físicas e intelectuales de distintas maneras pero sobre todo por su estar siendo partícipes de la destrucción, el empobrecimiento y el envenenamiento de su localidad, provincia, país.

HIDROCARBUROS

Vaca Muerta: extractivismo, desigualdad social

y política energética

14 de julio de 2019

Lorena Riffo es Becaria doctoral de Conicet y docente en la Licenciatura de Comunicación Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Investiga en torno a la expansión de la frontera hidrocarburífera no convencional, a partir de la explotación del megaproyecto Vaca Muerta.

 

Analía Robles

@revueltalmundo

La Izquierda Diario conversó con la investigadora Lorena Riffo sobre el plan productivo para la formación geológica Vaca Muerta en el presente y en los próximos años, donde no hay grieta ante el único objetivo de explotar la segunda reserva mundial de shale gas a como dé lugar.

En la entrevista Lorena Riffo habla sobre la relación entre el aumento de los ritmos de producción en la extracción de hidrocarburos con la desigualdad social y la flexibilización laboral.

-En cuanto al plan energético y productivo para la explotación de Vaca Muerta, planteas que no hay grieta. ¿Por qué lo definís así?

-Lorena Riffo: Sobre todo porque en los últimos años, se profundizó durante el gobierno de Macri, que se hable de una grieta, que hay una diferencia tangencial entre el gobierno actual y el gobierno anterior.

Y cuando empezás a analizar en particular en relación al tema de los hidrocarburos y a la energía basada en los combustibles fósiles, encontrás pocas diferencias, por lo menos en relación a sostener este sistema.

Las diferencias las podemos pensar, quizás, en cómo se piensa el desarrollo nacional, entre comillas, o cómo se piensa el uso de la energía. El gobierno de Macri sí tiene una tendencia más de usar la energía para exportar y en cambio el gobierno kirchnerista o ese arco peronista, lo que piensa es una idea de contribuir al desarrollo nacional, sea para las ensanmbladoras de Tierra del Fuego o para otros esquemas. El tema es que de ninguna manera, lo que se está discutiendo, es ese insumo energético básico para poder seguir manejando la rueda de la acumulación de capital. Es decir ninguno de los dos cuestiona eso como base.

Y cuando empezás a pensar en cómo se usó la energía durante el gobierno kirchnerista, hacia dónde estaba destinada principalmente, no hacia el desarrollo industrial como lo podríamos pensar en esto del agregado de valor, de producción de manufacturas y demás, sino que estaba pensado para otras actividades extractivas. Extraés energía para favorecer a la extracción de otros elementos, sea minería, sea soja, y seguís fortaleciendo con el insumo energético, un modelo que se basa en la extracción y solidificando el esquema de la desigualdad estructural y la división internacional del trabajo. Donde hay países que aportan bienes primarios y otros países que aportan la industrialización de esos bienes.

En ningún caso se discute lo de fondo que es, ¿por qué la energía y para qué queremos ese tipo de energía? y ¿para qué vamos a profundizar una extracción indiscriminada, basada en la desigualdad estructural en los territorios en los que se extrae? Eso significa que mucha gente que está cerca de los lugares de extracción, no tienen esos beneficios que brindaría la energía fósil, como el gas en sus casas, sin embargo están al lado de los pozos. Y eso no está en cuestión, ni en el caso de Cambiemos ni en el PJ.

Varios especialistas analizan que con el convenio flexibilizador, conocido como la adenda petrolera, hubo un aumento de las muertes obreras. ¿Qué relación creés que existe entre los ritmos de producción y lo que está ocurriendo con el aumento de muertes obreras en Vaca Muerta?

LR: Creo que esto pasa en todos los aspectos industriales, hoy lo estamos viendo mucho más cercano el problema por el ritmo que está adquiriendo la zona de Vaca Muerta.

Cuando recién empezamos a pensar y a militar, porque yo un poco me acerco desde las dos vías al tema, allá por 2012 teníamos algunas hipótesis de lo que iba a pasar y hoy se comprueban muchas de las cosas que pensábamos en aquel momento.

Esa aceleración productiva lo que lleva es, por una parte, a un desprestigio de la vida humana, entonces, así como se desprestigia la vida de la naturaleza, en términos generales, también la vida humana empieza a ser un recurso más y ese recurso es fácilmente cambiable.

Entonces, ¿por qué vas a sostener o a tener un esquema de seguridad, que implique un sostenimiento en la defensa de la vida humana desde otro lugar, si en realidad sos un instrumento más? Tenés cuatro camiones, diez personas y todo eso es considerado recurso.

La lógica es esa, y eso se repite sin diferencias, en la empresa que se supone de capitales nacionales, que podría tener otro esquema, porque está el Estado interviniendo ahí, y tampoco pasa.

Por una cuestión de rentabilidad dicen es imposible que vos saques a las personas de los trailers y las lleves a donde sea que las lleves, porque el costo en traslado, hoteles, etcétera, es un costo que jamás van a asumir las empresas, porque no es redituable. Una cuestión central es que la explotación no convencional es más cara que la de convencional. La explotación de hidrocarburos no convencionales necesita más herramientas, más insumos y tecnología que la hacen más cara, entonces aparece la adenda como la forma de resolver eso. ¿De dónde se puede sacar mayor rentabilidad? esto lo dijo Marx en el capital, es de la fuerza de trabajo humana, que es la que puede producir más tiempo, puede extraer en más tiempo ayudada por la tecnología, que también fue en su momento trabajo humano subsumido ahora en esa máquina. Entonces el humano deja de tener la figura en sí mismo de una persona y pasa a ser meramente esto, un instrumento más dentro de la herramienta.

Mientras aumentan los ritmos de producción aumenta la desigualdad social en Vaca Muerta...

 

LR: La estructura de los hidrocarburos es esa desigualdad de donde se produce la energía y desde donde se consume, eso es histórico, no es nuevo, pero lo que hace Vaca Muerta, es profundizar ese esquema. Cuando la AIE (Agencia de Energía de Estados Unidos) dice que acá existe efectivamente la segunda reserva de shale gas de mundo, lo que de alguna manera estructura es esa desigualdad territorial, porque va a seguir produciéndose energía en Neuquén y la energía se va a seguir yendo a otros lugares del país y del mundo.

Eso a su vez sigue sosteniendo que termina siendo más barato, entre comillas, para el desarrollo del Estado y para las empresas inyectar el gas en los gasoductos, inyectar el petróleo en los oleoductos que hacer el proceso de accesibilidad del gas a todas las personas que están a la orilla de los yacimientos.

Entonces a la orilla de los yacimientos vos tenés un montón de gente que no tiene gas de red. Y vos decís pero cómo si están a 500 metros de sus casas. Entonces eso que se supone y te lo muestran como el gran desarrollo, también hay que ponerlo y situarlo en el lugar en el que se está produciendo, justamente porque la gente que vive en otros lugares, no sabe que la gente que está al lado de los pozos no tiene gas.

Estructurar e iniciar la extracción de no convencionales en esa zona tiene esa impronta, de que ya es una zona que garantiza ese esquema de extracción, a diferencia de cuando se empezaron las exploraciones en la cuenca Chaco paranaense, en la zona de la Mesopotamia, que la gente se levantó y hoy tenemos todo Entre Ríos libre de fracking. ¿Por qué acá no se logró eso a ese nivel y hay solamente algunos pueblos que consiguen algunas ordenanzas? Porque en realidad, el petróleo ya está instalado y naturalizado en el imaginario social como actividad que permite el desarrollo, que permite los puestos de trabajo, que es un discurso centenario porque hay extracción de hidrocarburos en Neuquén desde antes que fuera provincia del Estado, cuando aún era territorio nacional.

Entonces toda esta memoria colectiva que vamos acumulando hace posible eso. De hecho hacer bandera con la YPF S.A como si fuera YPF Sociedad del Estado, también tiene que ver con eso, porque activa un recuerdo histórico de la importancia de la YPF Sociedad del Estado. Yo tengo a mi papá y mi abuelo paterno que son ex ypefianos, entonces utilizar esto activa algo en la memoria colectiva, que dice bueno vamos a volver a ser la empresa bandera del país y un montón de cosas positivas, y de alguna manera nos hace pensar que podemos volver atrás de los años 90’, cuando lo único que pasa es que se vuelve a una empresa con la lógica capitalista de hoy, que es esa búsqueda incesante de acumulación, mucho más en base al capital financiero que al capital productivo.

De todas maneras, yo creo que la memoria histórica de las resistencias y de las luchas, a partir de hechos claves, como fueron las puebladas en Cutral Có y los recuerdos de lo que deja el petróleo, cuando de repente ya no empieza a ser el negocio y las empresas se van. Y también la intromisión de los capitales extranjeros en la extracción de hidrocarburos, todo eso me parece que va dejando enseñanzas, que también vamos tomando en esta complejidad histórica. Los estudios que se han hecho a las comunidades mapuche, sobre todo cercanas a los yacimientos, que con la intromisión del capital extranjero, lo que hace es que un ritmo de producción acelerado que en ese momento pasó lo mismo porque ya estaban hechas las exploraciones por YPF. Los estudios que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Kaxipayiñ y Paynemil a fines de los 90’, es algo que nos queda, porque ahí tenemos evidencias claras de las consecuencias de la contaminación ambiental en la salud de las personas.

El nacimiento de fetos anencefálicos, problemas en la gestación, metales pesados en los huesos y en la sangre, casos de cáncer, y al mismo tiempo la contaminación del agua que hace que todas esas enfermedades, que ademas se van generando por vivir cerca del yacimiento, no haya chances de poder mejorar, a menos de que te cambies de lugar de habilitabilidad.

Eso es bastante difícil porque a todo este esquema se suma esa desigualdad territorial, donde ya no tenés derecho a vivir donde está tu territorio, donde han vivido todos tus ancestros en el caso de las poblaciones indígenas.

¿Qué nos podés decir sobre el plan productivo para Vaca Muerta en los próximos cuatro años?

LR: Pensar en que hoy las dos figuras candidateables con expectativas de ganar, ninguna de las dos está poniendo en discusión el plan de Vaca Muerta. El plan de expansión de los hidrocarburos no convencionales en la región, cuando esto empezó, pensamos en Vaca Muerta como esa formación geológica, que es la segunda reserva de shale gas mundial, pero hoy Vaca Muerta es mucho más que eso.

Digamos que cualquier explotación que se perfore, en las formaciones geológicas, se habla, se conoce y se ilustra con la denominación de Vaca Muerta, entonces hoy Vaca Muerta es tight gas, es shale gas, no importa, es todo bajo el mismo mote. Y eso también lleva a que la planificación pública vaya en ese mismo sentido, por eso los encuentros de planificación que se han hecho interprovinciales entre las provincias que tendrían acceso a Vaca Muerta de una forma u otra, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, sobre todo por el sur de Buenos Aires y el puerto, las refinerias, etcétera, cuando hacen todo un desarrollo poblacional y hablan de la región Vaca Muerta para pensar ese desarrollo, están pensando en una ampliación de cantidad de personas viviendo en la región, que cuadruplica la cantidad de personas que actualmente vivimos en la región, algo que llevaría a un número exagerado. Sobre todo para pensar en cómo se va a estructurar la vida pública en esas zonas, porque si viene esa cantidad de gente hay que pensar en rutas, en infraestructura, en cómo va a vivir la gente, circular, etcétera.

Si hoy somos menos de un cuarto de la población que se espera con el desarrollo de Vaca Muerta. Las escuelas, los hospitales, donde viviría la gente, infraestructura básica para las ciudades, cloacas, abastecimiento de agua, servicios básicos, etcétera, hay un planteo que no contempla todo esto. Va a venir este crecimiento poblacional y no hay mínima planificación.

En el 2013 explota Vaca Muerta con el pacto Chevrón-YPF el primer acuerdo internacional, para expandir todo este avance de los no convencionales y se comienza en todo el país a comprar esa idea de que acá estaba el desarrollo, que acá había laburo, que había plata.

Entonces se viene a vivir mucha gente, en condiciones deplorables, donde no tienen ni casa, llegan a una provincia en función de ese imaginario que circuló de bonanza, que no es tal.

El Estado no se hace cargo de garantizar servicios básicos. Hoy estamos viendo gente viviendo en la calle, que era algo que en Neuquén no estaba tan extendido, hasta hace poco tiempo, y que no tiene que ver sólo con la crisis. Tiene que ver por un lado con la crisis, pero por otro con esta imagen que se vendió de Neuquén, que no satisface ni las necesidades mínimas de las personas que vienen con el objetivo de búsqueda laboral en la zona.

El proyecto para Vaca Muerta es seguir extrayendo y seguir incorporando tecnología para poder extraer cada vez más, a más corto plazo y con más posibilidades de acumulación, que es un esquema atado a la variación del precio, por lo menos en el caso del barril de petróleo. Lo grave de todo esto es justamente que quedamos a merced de lo que pasa en el mercado internacional, entonces cuando se habla de soberanía energética entre comillas, de qué estamos hablando si en el fondo vos quedás a merced de lo que imponga el mercado internacional.

De acá a cuatro años en el mercado internacional pueden pasar mil cosas, y de alguna manera, tener la economía atada a eso, lo que hace es que toda la población esté condicionada por esto. Neuquén ha cerrado en los últimos dos años las mejores paritarias del empleo público y eso se ha logrado porque las regalías ingresan a la provincia en dólares y el dólar se disparó. Es algo que no puede hacer el resto de las provincias del país, como Neuquén puede hacer esto en este contexto, en el futuro los saltos o turbulencias en la crisis internacional, donde primero va a golpear es en nuestra provincia. Dependemos absolutamente del mercado internacional.

La disputa de la OPEP, por ejemplo, que es una disputa de la que no participamos, en esta zona hay una creencia muy fuerte de que somos un país productor, porque en realidad quienes están en la OPEP son países que tienen unas reservas extraordinarias, muchísimo más grandes que las que pudiéramos tener.

 

Vaca Muerta es una reserva que aún siendo muy importante, sirve para el abastecimiento del país, lo básico, no abastece regiones enteras. En cambio hay países que tienen tantas reservas que sirven para el abastecimiento del mundo.

Argentina sigue estructurada en el modelo agroexportador que nos enseñaban en la primaria, cómo se configura el modelo agroexportador a fines del siglo XIX principios del siglo XX , ese sigue siendo hoy el modelo productivo de nuestro país.

Cambiaron los cultivos al monocultivo, pero esa es la estructura principal del país, centralmente agraria y con algún pequeño agregado de valor en esa cadena productiva, después todo el resto son cosas que tienen más que ver con el abastecimiento interno del país que con otra cosa.

 

Hay que pensar el insumo energético en función de qué intereses y para qué usos, ahí aparece el problema de la extracción, que se extrae para entregarlo, para que se construyan nuevos elementos y se extraigan otros nuevos, así funciona el modelo extractivo. Después un esquema donde el petróleo se reduce a ser el insumo energético para algo más, pero no es la actividad central.

Entonces si pensamos de acá a cuatro años lo que nos toca pensar es que vamos a seguir a merced de lo que pase en el mercado internacional, y la guerra comercial centralmente, entre E.E.U.U. y China, en el fondo está atravesada en parte por toda la cuestión del insumo energético, porque es básico.

Lo que pudo permitir el combustible fósil cuando se descubre, es esa capacidad inusitada de acumulación, que no lo había podido hacer ningún otro combustible antes, y de a poco estamos llegando a límites, donde cada vez es más difícil acceder a ese recurso para seguir garantizando ese tipo de acumulación en términos financieros y productivos del petróleo, por funcionar como commodity.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Vaca-Muerta-extractivismo-desigualdad-social-y-politica-energetica

 

El capitalismo progresa extendiendo y profundizando la desigualdad social e internacional o sea el esfuerzo y talento de les trabajadores se vuelca a empobrecerles y someterles cada vez más al Capital Estado.

 

Francisco Louça explica el porqué del título de su nota:  "Lo que muestra el estudio es que estas pandemias han exacerbado las desigualdades y que el proceso continuó en los años posteriores, incluso después de que la enfermedad estuviese bajo control. Pero las pandemias mencionadas en el estudio alcanzaron una extensión continental pero no mundial, y no condujeron a un cierre generalizado. Por esta razón, los autores prevén efectos más graves en el contexto del covid-19, que las impuestas por aquellas pandemias. Además, al analizar las políticas ahora adoptadas, concluyen que tienen efectos regresivos, es decir, acentúan la desigualdad. La desigualdad es el virus que continúa creciendo y extendiéndose en 2020".

 

 

La desigualdad es el virus visible

12 de junio de 2020

 

Por Francisco Louça

Sin permiso

Tres investigadores del FMI, Furceri, Loungani y Ostry, publicaron hace unos días un estudio que cubre los impactos de las cinco pandemias anteriores del siglo XXI (SARS en 2003, H1N1 en 2009, MERS en 2012, Ebola en 2014 y Zika en 2016). Lo que muestra el estudio es que estas pandemias han exacerbado las desigualdades y que el proceso continuó en los años posteriores, incluso después de que la enfermedad estuviese bajo control. Pero las pandemias mencionadas en el estudio alcanzaron una extensión continental pero no mundial, y no condujeron a un cierre generalizado. Por esta razón, los autores preven efectos más graves en el contexto del covid-19, que las impuestas por aquellas pandemias. Además, al analizar las políticas ahora adoptadas, concluyen que tienen efectos regresivos, es decir, acentúan la desigualdad. La desigualdad es el virus que continúa creciendo y extendiéndose en 2020.

El pasado que nos amenaza

Otros economistas añaden motivos de preocupación. Sergio Correia, de la Junta de la Reserva Federal de EEUU, y sus coautores, Luck y Verner, estudiaron los costes sociales de la gripe de 1918, que puede haber sido más mortal que la pandemia actual, especialmente para la población en edad laboral, y han medido la evidencia disponible sobre la estrategia de recuperación económica que se siguió en 30 estados de EEUU. Su conclusión es que cuanto más intensa es la respuesta no farmacéutica (las medidas de contención y protección social), más rápida es la recuperación económica y que, por lo tanto, el esfuerzo por defender la salud pública fue virtuoso para la economía. El tema no es menor, sobre todo porque algunos gobernantes utilizan el argumento de la alternativa salud-economía para reducir las medidas sanitarias, como en el caso de Trump y Bolsonaro. Si Correia y sus colegas tienen razón, esta alternativa es falsa y es protegiendo la salud como se salva la economía.

El tema es esencial para las decisiones inmediatas. Y siempre pone sobre la mesa el tema de la desigualdad, que debería ser la guía para elegir las políticas concretas en caso de emergencia.

La desigualdad exacerba la enfermedad

A raíz de esta preocupación, un equipo dirigido por Carla Nunes, directora de la Escuela Nacional de Salud Pública, ha estudiado una hipótesis fundamental: ¿qué pasa si la desigualdad, que se ve agravada por la pandemia, es también uno de los mecanismos sociales que facilita la propagación de la enfermedad? Algunos de sus resultados preliminares se describen en el gráfico e indican que es así. Al comparar la propagación del covid-19 y los indicadores de desempleo y desigualdad por país, el equipo de la ENSP encuentra una fuerte correlación en varios casos, pero también diferencias significativas.

Como resultado, entre los países que tuvieron la mayor incidencia de la enfermedad por cada 100.000 habitantes se encuentran España e Italia, que también son los que tienen la mayor desigualdad y el mayor desempleo. Portugal destaca por su nivel de contagio promedio y su alto nivel de desigualdad. Es una correlación y no una demostración de causalidad, como conviene señalar. Estos datos sugieren en cualquier caso la hipótesis de que las condiciones sociales están relacionadas con el grado de contagio, particularmente en algunos países. Como resultado, y si los datos en el estudio del equipo del FMI son válidos, podemos anticipar una prolongación de los efectos sociales desigualitarios y desigualizantes. El problema social ya es el principal problema económico de 2020 y seguirá siéndolo en los próximos años. No desaparecerá.

La desigualdad proviene de los salarios y el empleo

Este impacto social era predecible, dado que los canales de transmisión económica de la pandemia son el desempleo y otras formas de pérdida de ingresos y, considerando las primeros datos para las economías desarrolladas y emergentes, son los sectores populares más frágiles los que sufren los peores embates. En el caso de los EEUU, de marzo a mayo de 2020, el impacto de la crisis actual en el desempleo es mayor que el registrado en la recesión a partir de 2009. En el mundo, uno de cada seis jóvenes perdió su trabajo como resultado de las perturbaciones económicas con el tsunami del covid-19, según la OIT.

Y, aunque la publicación de la información estadística portuguesa es más lenta, el crecimiento del desempleo en Portugal parece ir en la misma dirección: hay un aumento del 31.5% de parados registrados en los Centros de Empleo entre el 15 de marzo y el 20 de mayo y se han multiplicado por ocho las solicitudes de subsidio de desempleo en esas semanas, de 13 a 123 mil, pero en números reales habrá más de 550 mil parados. Al mismo tiempo, para más de un millón de trabajadores, la austeridad comenzó con la pérdida de un tercio de sus salarios.

La pobreza y el desempleo, o la desigualdad que generan, aumentan la propagación de la enfermedad, ya que debilitan las condiciones sociales de la vida de sus víctimas, como lo señala el estudio de la ENSP. Era de esperar que fuese así, tanto por las condiciones de vivienda, como de desplazamiento y laborales de la población más pobre. Pero también sabemos que si las respuestas a la crisis consisten en empeorar la desigualdad con recortes salariales y ajustes sociales a través de una ola de despidos, entonces el resultado será peor que el de la crisis anterior.

https://www.sinpermiso.info/textos/la-desigualdad-es-el-virus-visible

Fuente: https://rebelion.org/la-desigualdad-es-el-virus-visible/

En consecuencia, la puesta en práctica de la «reforma agraria integral» la inician e impulsan las asambleas contra los extractivismos al afirmar la vida por sobre el Capital.

 

El pasado 5 de junio a las 14 hs. se reunieron a través de una plataforma de videoconferencias, representantes de distintas asambleas con actuación en la provincia de Río Negro (participaron asambleas de Viedma - Carmen de Patagones, Las Grutas, Cipolletti y General Conesa), con el objetivo de compartir información sobre las actividades que vienen desarrollando y pensar acciones conjuntas a futuro. En la reunión se trataron distintos asuntos, desde la situación de los basureros a cielo abierto en el Alto Valle y otros puntos de la provincia, la preocupación por la caducidad de los proyectos de ley de creación de las áreas naturales protegidas provinciales Geoparque Cerro Azul y Bajo de Santa Rosa y Trapalcó, la intención de relocalizar el acceso de actividades náuticas-recreativas al Cañadón de la Paloma en Las Grutas, el incremento de los sismos en la región de Vaca Muerta, a partir de la reactivación de la extracción hidrocarburífera, y otros temas. Se coincidió en la necesidad de articular acciones entre las distintas asambleas de la provincia, y de sostener estos encuentros virtuales en forma quincenal. Las asambleas de la provincia de Río Negro seguimos movilizadas. A pesar de la paralización parcial o total de las actividades económicas en la provincia y en otros puntos del país, las actividades extractivas no se han detenido, sino que por el contrario, han sido beneficiadas casi desde el comienzo de la cuarentena como “actividad esencial”. Los empresarios mineros, con la complicidad de los gobiernos nacional y provincial, han visto la oportunidad de avanzar en sus proyectos y pretenden aprovecharla, presintiendo la inacción de los movimientos de resistencia a partir de las restricciones impuestas por la cuarentena. En una maniobra miserable, los gobiernos nacional y provincial han generado las condiciones para que estas mismas empresas que nos contaminan y nos enferman, se presenten ahora, en medio de la pandemia, como salvadoras, con donaciones en insumos médicos, alimentos, dinero y la instalación de antenas y artefactos para la conectividad. Las conocemos: hicieron lo mismo hace exactamente nueve años con motivo de la erupción del volcán Puyehue. Es la que llaman “RSE” Responsabilidad Social Empresaria: nosotros la llamamos Compra Vil de Voluntades. A las empresas extractivas no les interesa la salud: ni la nuestra ni la de sus trabajadores. A estos últimos los expone al contagio para satisfacer su voracidad, aprovechando el momento para avanzar sin oposición en sus proyectos de saqueo y contaminación. Más allá de nuestra crítica insistente a este tipo de emprendimientos depredatorios del ambiente, socialmente injustos y económicamente inviables, más allá del origen del virus y su vinculación con la destrucción de los hábitats naturales, queremos hacer aquí una reflexión con relación a la salud, su relación con el ambiente, y nuestra actitud de cara al futuro post-pandemia. Se afirma que nada será igual después de la pandemia. Que habrá otra mirada y otra sensibilidad con respecto al rol del Estado, al cuidado de la salud, y que habrá cambios en nuestros hábitos de higiene y modos de relacionarnos con los demás. Estamos de acuerdo: seguramente de aquí en más nada será igual. Pelearemos con mayor vigor por defender un sistema de salud pública fuerte, pero ¿seguiremos tolerando, por acción u omisión, que nuestros gobiernos promuevan emprendimientos extractivos como la megaminería de oro o uranio, aun estando demostrado que afectan a la salud pública, y que causan un daño ambiental irreparable, desplazando comunidades enteras de los territorios que habitan? Seguramente de aquí en adelante valoraremos más la labor esencial de los trabajadores de salud y de otros sectores, pero ¿modificaremos la opinión de que los emprendimientos extractivos son una fuente de generación de trabajo y un motivo de progreso? Nos lavaremos las manos con mayor frecuencia, pero ¿seguiremos viendo pasivamente cómo avanza la instalación de torres de tecnología 5G sabiendo que en todo el mundo se levantan sospechas sobre el uso y las consecuencias de esta tecnología? Evitaremos los abrazos y los congestionamientos, pero ¿continuaremos indiferentes ante el avance del fracking en el Alto Valle, viendo cómo se depositan residuos petroleros en las bardas de Allen, relativizando o directamente rechazando su impacto en la salud pública y el ecosistema local? ¿Nos pondremos a trabajar en serio por una provincia con mayor justicia socioambiental, respetuosa de los derechos comunitarios, que promueva y defienda una mejor calidad de vida, con ciudadanos mejor alimentados y en un ambiente más limpio? Defender la salud es también defender el ambiente. La mala alimentación, los ambientes degradados, la mala calidad de vida en definitiva, favorecen la propagación de las enfermedades. Hagamos que eso sea posible. Desde las asambleas socioambientales de Río Negro hacemos un llamado a unirse en la lucha y coordinar esfuerzos para lograr que estos cambios sucedan. Cuidarnos entre todos es luchar contra el extractivismo.

 

 

Les trabajadores precisan descubrir que: "el avance del capital hacia los rincones más recónditos del planeta y todas las dimensiones que hacen a la vida digna de las personas (la alimentación, la salud, la educación, la cultura y hasta… ¡el aire!) produce necesariamente un aumento en la desigualdad. Lo macabro de todo esto, tal como se presenta en Licencia para saquear, es que ni siquiera se puede apelar a la ilegalidad de los procesos, porque todo esto se produce respetando los marcos legales de los países. Lo interesante de los casos que presenta el libro es que la característica común de todos ellos es que la norma es la legalidad. También existen procedimientos ilegales, claro, pero los mismos no explican la totalidad de la extracción de recursos de las comunidades, necesarios para la reproducción de una vida digna". Aún más, les trabajadores deben hacer al viraje acorde con la verdad objetiva: el Capital depende de les trabajadores y no al revés como impone la dictadura burguesa con o sin fachada de democracia.

 

 

 

Licencia para saquear:

el capital contra la vida digna

5 de junio de 2020

 

“¿De repente a los gobiernos de países tan pobres como Uganda, Kazajistan o Paraguay se les ocurrió que era buena idea unificar sus territorios nacionales a través de la infraestructura? (…) La infraestructura juega un doble rol. Por un lado, se trata de disminuir los costos de producción a través de la construcción de estos recursos. Pero, por otro lado, el capital avanza sobre la infraestructura como un negocio en sí mismo, se da, tal como pude interpretar de los ejemplos del libro, un proceso de “acumulación por desposesión” sobre el bien público infraestructura”. Accedé a la descarga gratuita del libro.

 

 

Por Agostina Constantino  / Huerquen, Colectivo de Comunicación

 

 “Licencia para saquear. Infraestructura y extracción financiera en el Sur Global”, escrito por el investigador inglés Nicholas Hildyard y traducido por Nancy Viviana Piñeiro, es un material clave para entender una de las formas que ha adoptado la acumulación de capital en los países de esta parte del mundo. El autor es fundador y director de una organización llamada The Corner House, que se dedica a apoyar movimientos comunitarios en favor de la justicia ambiental y social (desde luchas por el derecho a la tierra y el agua, hasta la mejor atención en salud, pasando por campañas en contra de proyectos mineros y más). Este dato no es menor, pues el objetivo ulterior del libro es, justamente, éste: brindar material a la comunidad que sirva de apoyo para cuestionar y resistir los mega proyectos de infraestructura que atentan contra la vida digna de las personas.

 

Hildyard comienza planteando la paradoja de que, en la actualidad, muchos organismos internacionales se muestran preocupados frente al cada vez más grave problema de la desigualdad, pero siguen sin preguntarse por sus causas estructurales. Esta corrección política institucional se suma a la incómoda tarea de ahondar en las razones que explican que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres, para explicar el hecho de que se hayan convertido en best sellers libros que plantean esta problemática desde la superficialidad. Como si gravar con un impuesto a la herencia de los patrimonios, que, por cierto, bienvenido fuera si tan solo se planteara, fuera a evitar que los procesos escandalosos que producen la desigualdad se siguieran reproduciendo.

La idea general del libro es que el avance del capital hacia los rincones más recónditos del planeta y todas las dimensiones que hacen a la vida digna de las personas (la

alimentación, la salud, la educación, la cultura y hasta… ¡el aire!) produce necesariamente un aumento en la desigualdad. Lo macabro de todo esto, tal como se presenta en Licencia para saquear, es que ni siquiera se puede apelar a la ilegalidad de los procesos, porque todo esto se produce respetando los marcos legales de los países. Lo interesante de los casos que presenta el libro es que la característica común de todos ellos es que la norma es la legalidad. También existen procedimientos ilegales, claro, pero los mismos no explican la totalidad de la extracción de recursos de las comunidades, necesarios para la reproducción de una vida digna.

 

El ejemplo que usa para analizar esto es el caso de los proyectos de infraestructura, a los que presenta como proyectos de extracción financiera. ¿Por qué han proliferado en los últimos años en todo el mundo propuestas y ejecuciones de mega proyectos de infraestructura, como rutas que unen muchos países, grandes puentes, puertos enormes y vías férreas? ¿De repente a los gobiernos de países tan pobres como Uganda, Kazajistan o Paraguay se les ocurrió que era buena idea unificar sus territorios nacionales a través de la infraestructura? El autor plantea que no, que la proliferación de estos proyectos no responde a satisfacer necesidades de las comunidades, sino pura y exclusivamente a satisfacer las demandas del capital. Y esto por varias vías.

La desintegración de las cadenas productivas ha llegado a un punto tal que para producir cualquier bien industrial pueden hacer falta miles de componentes y recursos traídos de cualquier rincón del mundo, por más recóndito que sea. Este bien se vende a su vez en diversos territorios, incluso los más alejados de su lugar de ensamble final. Esta dislocación entre la producción y el consumo hace que sea necesario acortar cada vez más esas distancias. Y, en este caso, acortar las distancias no es más que un eufemismo para decir “achicar los costos”, o en las palabras del geógrafo David Harvey que se repiten en el libro: “aniquilar el espacio a través del tiempo”.

Ahora bien, el avance del capital se da cada vez más sobre territorios tan lejanos y antes inaccesibles: bosques, selvas, montes que a simple ojo pueden considerarse “vírgenes”. Una mirada más atenta da cuenta que son en realidad territorios habitados por comunidades y manejados bajo otras lógicas de producción. Por esto mismo, son necesarias obras cada vez más grandes y faraónicas para unir estos territorios con los espacios de consumo de las mercancías extraídas de allí. En este punto, la infraestructura juega un doble rol. Por un lado, se trata de disminuir los costos de producción a través de la construcción de estos recursos.

Pero, por otro lado, el capital avanza sobre la infraestructura como un negocio en sí mismo, se da, tal como pude interpretar de los ejemplos del libro, un proceso de “acumulación por desposesión” sobre el bien público infraestructura. Es decir, se transforma en capital un recurso que antes no lo era, o en palabras del autor transformando a la infraestructura en un activo. La novedad de esto es que, en lugar de materializarse a través de la privatización de estos bienes públicos, esta transformación se da través de proyectos público-privados, o PPP, como son popularmente conocidos. Estos proyectos resuelven, al mismo tiempo, el problema de acortar las distancias para el capital y de funcionar en sí mismos como una oportunidad de inversión para ese mismo capital, con el aditivo de obtener, de manera totalmente legal, concesiones y beneficios por parte de los gobiernos que, Hildyard, considera como extractivos.

 

Ahora bien, ante este planteo, ¿por qué es importante la lectura de este libro para Argentina? Si bien el caso de este país no aparece más que en algún ejemplo (y como parte del mega proyecto IIRSA, que se detalla con minuciosidad), la operatoria de los PPP está muy bien explicada a través de ejemplos de otros países, y parece ser posible generalizar este comportamiento.

 

Desde hace varios años en Argentina, hay un ímpetu de los gobiernos por bajar los costos logísticos. En particular, en los últimos cuatro años, éste fue un objetivo explícito que se buscó lograr a través de PPP para la construcción de autopistas, cárceles, hospitales, viviendas y mejoras en el sistema energético. Hasta se creó una Subsecretaría de Participación Público Privada en el Ministerio de Finanzas de la Nación (esta dependencia  aún existe, pero depende la Jefatura de Gabinete de Ministros).

 

En la actualidad, hay 3 proyectos agendados en el área energética (construcción y mantenimiento de líneas de alta tensión); 5 proyectos en transporte, telecomunicación y tecnología; 3 en agua saneamiento y vivienda; y 1 en defensa. Todos estos proyectos aun sin ejecutar se suman a los 6 que ya se están ejecutando, que venían del gobierno anterior. En el caso de estos últimos, donde se suponía que la parte privada iba a conseguir el financiamiento para la ejecución, la crisis que se desata en el país en 2018 hace que esto resulte imposible. Por eso, en muchos de los acuerdos, sobre todo en obras provinciales, los fondos los terminó poniendo el Estado porque no aparecía la financiación privada por parte de bancos extranjeros, con lo cual los PPP perdieron la característica que los distinguía de los contratos de obras públicas tradicionales. Esta operatoria en la que los fondos los termina poniendo el Estado es la que se describe en el libro, mostrando cómo en la mayoría de estos proyectos el costo fiscal termina siendo casi el mismo que si el propio Estado se hubiera hecho cargo de la construcción, pero cediéndole a los privados las rentas casi eternas de estos proyectos.

 

Si bien muchas de las prioridades de política económica han cambiado con los sucesivos gobiernos nacionales, existe una presión estructural, organizada a través de cámaras y asociaciones dedicadas al lobby político y mediático, que busca garantizar ciertas continuidades. Entre ellas, destaca justamente la presión extractivista sobre los recursos comunes, que desde el inicio del siglo XXI han ido en aumento. Ante la crisis legada por Cambiemos, que incluye como componente central un endeudamiento feroz, se volvieron a presentar como alternativa una mayor integración exportadora del país. Es imposible pensar en profundizar este sesgo sin avanzar sobre nuevos megaproyectos mineros, poner en producción más territorios o intensificar la desbalanceada matriz energética. Esta lógica de poner en valor los recursos ha entrado y seguirá entrando en conflicto con quienes habitan en esos territorios, quedando como auténticas zonas de sacrificio en aras de un siempre elusivo desarrollo. Al mismo tiempo, seguirá reproduciendo las desigualdades que ninguna política social logrará compensar. Por todo ello, lectura de este libro resulta urgente para entender la Argentina que vivimos y la necesidad de prontos cambios.

Fuente: https://www.opsur.org.ar/blog/2020/06/05/licencia-para-saquear-el-capital-contra-la-vida-digna/

 

 

Les trabajadores autoorganizados( al liberarse de las nefastas burocracias sindicales) deben incorporarse a la lucha de las asambleas de autoconvocades en defensa de los territorios y la vida. Hacerlo desde su identidad de proletariado para no dar mano de obra a los extractivismos o ecogenocidios. Es plantearse:

 

 

El capital o la vida

12 de junio de 2020

 

Por Héctor López Terán (Rebelión)

El discurso sobre la economía o la vida retoma la palestra de los debates contemporáneos en tiempos de la pandemia de COVID-19. Tras meses de confinamiento, las empresas y los gobiernos impulsan la reactivación paulatina de la economía capitalista ante su posible colapso en tiempos en que el número de contagios es volátil y en algunos lugares persiste en ascenso. El retorno laboral emerge con ciertos protocolos de seguridad para intentar palear una posibilidad de rebrote sobre trabajadores y trabajadoras requeridos en sus puestos de trabajo o para aquellos en los que el sustento es producto del trabajo cotidiano.

El retorno a las actividades presenciales nos permite centralizar el debate entre la economía o la vida, o mejor dicho entre el capital o la vida. No resulta complejo entender que la producción depende de los trabajadores, también se sabe que sin ellos las sociedades podrían colapsar. Lo mencionaba Marx a Kugelmann en 1868 “cualquier muchacho sabe que si una nación dejase de trabajar, no digo durante un año, sino durante unas cuantas semanas, estiraría la pata”.[1] Los trabajadores –del campo y la ciudad- solventan las necesidades de la sociedad, sin ellos prácticamente la producción sería nula. Aún en sociedades con altos niveles tecnológicos de producción en las que subyace la obtención de plusvalía relativa los trabajadores y las trabajadoras mueven la economía.  

La reincorporación laboral para sostener la economía de mercado capitalista impulsa una reactivación laboral en la que se invisibiliza un problema siempre presente en la lógica de reproducción del capital: el capital importa más que la vida. No es una cuestión de economía, sino de capital, porque se pueden construir relaciones económicas o formas de organización que prioricen la vida como lo evidencian diversas alternativas alrededor del mundo.[2] La vida subsumida por la economía capitalista acumula ejemplos en la historia de los trabajadores y trabajadoras: condiciones deplorables de trabajo, enfermedades laborales, agotamiento paulatino de las condiciones de vida y de su sustento vital (la naturaleza), entre tantos otros.

Para el capital la vida nunca ha sido prioridad y difícilmente podría serlo ahora. La sociedad capitalista moderna -aludía Bolívar Echeverría- se caracteriza por ser una época de “genocidios y ecocidios”[3], para poder reproducirse tiene que someter al ser humano y la naturaleza. Por eso no resulta extraña la presión de grupos económicos para restablecer las condiciones de una “nuevas normalidad” de la reproducción de capital en tiempos de una nueva oleada de casos de COVID-19. “Nueva cotidianidad” que en la esfera laboral afecta al sector laboral mayormente desprovisto y excluido por la economía de mercado capitalista. La pandemia bien que entiende de condiciones sociales.

En la lógica de reproducción del capital la vida nunca ha sido prioridad. Resulta esencial hacer hincapié que bajo la lógica de reproducción de capital la vida quedará subsumida a la valorización. La “nueva normalidad” nos debe impulsar a un trastocamiento de reproducción social con la centralidad en los seres humanos y la naturaleza para valorar la vida por encima de cualquier interés económico, un esquema diferente de (re)construir o (re) inventar el mundo.

Notas:

[1] Carta de Marx a Kugelmann del 11 de julio de 1868.

[2] Kothari Ashish, Salluh Ariel, Escobar Arturo, Demaria Federico y Acosta Alberto (coords).Pluriverso. Un diccionario del posdesarrollo. Icaria editorial, Barcelona, 2019. https://rebelion.org/pluriverso-un-diccionario-del-posdesarrollo/

[3]  Echeverría Bolívar, La modernidad de lo barroco, Ediciones ERA, México, pág. 35.

Fuente: https://rebelion.org/el-capital-o-la-vida/

 

 Ecocida y genocida

 

"La ciencia es digna cuando promueve el cuidado y salud comunitarios" definen y continúan:

“Consideramos que una actividad extractiva, disruptiva socialmente, contaminante y poco beneficiosa en lo económico, no debe ser considerada una alternativa para Chubut. Dinamitar cerros y destruir toda su naturaleza para extraer unos gramos de mineral, no parece ser un beneficio para ningún/a habitante de esta provincia, sólo para las empresas que fundirán y comercializarán esos metales. Ningún gobierno de turno tiene potestad para dar este paso con consecuencias irreversibles para el ambiente y la población. En nuestras instituciones y grupos de investigación estudiamos e investigamos nuestro territorio, los bienes comunes, la historia y actividades de la región desde hace muchos años, más de lo que dura la vida política de cualquier gobierno. Por lo tanto, comprometido/as con ello y con la vida de las próximas generaciones, intentamos sintetizar aquellas facetas de la minería metalífera (de oro, plata, uranio, plomo, cobre, entre otros) que ponen en gran riesgo la población que ustedes representan y a la que deben responder por haber sido elegidos”

Comunidad científico académica de Chubut

rechaza la megaminería

17 de junio de 2020

 

Ayer en el día de la Ciencia Digna en homenaje a Andrés Carrasco, referentes de la comunidad científica y académica de Chubut alertaron al gobierno provincial sobre las consecuencias irreversibles que deja la actividad minera metalífera. Mediante una carta explicaron su rechazo a la avanzada minera que renovó su impulso en forma inversamente proporcional a la crisis creciente que vive la provincia y como contrapartida a la propuesta de la Secretaría de Minería de Nación que busca crear un consejo de notables para avalar la actividad, como la red de académicos por una minería sustentable.

Por Flavia Nuñez para ANRed

Ayer en el día de la Ciencia Digna en homenaje a Andrés Carrasco, referentes de la comunidad científica y académica de Chubut alertaron al gobierno provincial sobre las consecuencias irreversibles que deja la actividad minera metalífera. Mediante una carta explicaron, su rechazo a la avanzada minera que renovó su impulso en forma inversamente proporcional a la crisis creciente que vive la provincia y como contrapartida a la propuesta de la Secretaría de Minería de Nación que busca crear un consejo de notables para avalar la actividad, como la red de académicos por una minería sustentable.

En Chubut no hay licencia social para la megaminería y quienes firman la carta así lo consideran, al renovar su compromiso con la sociedad y demostrar que la ciencia es digna cuando promueve el cuidado y salud comunitarios, ya que como expresan en el comunicado “la habilitación de la minería metalífera en cualquier punto de la provincia representará una condena para todo el territorio chubutense”.

El documento esta dirigido al Gobernador de la provincia Mariano Arcioni, y otras autoridades provinciales.

“Consideramos que una actividad extractiva, disruptiva socialmente, contaminante y poco beneficiosa en lo económico, no debe ser considerada una alternativa para Chubut. Dinamitar cerros y destruir toda su naturaleza para extraer unos gramos de mineral, no parece ser un beneficio para ningún/a habitante de esta provincia, sólo para las empresas que fundirán y comercializarán esos metales. Ningún gobierno de turno tiene potestad para dar este paso con consecuencias irreversibles para el ambiente y la población. En nuestras instituciones y grupos de investigación estudiamos e investigamos nuestro territorio, los bienes comunes, la historia y actividades de la región desde hace muchos años, más de lo que dura la vida política de cualquier gobierno. Por lo tanto, comprometido/as con ello y con la vida de las próximas generaciones, intentamos sintetizar aquellas facetas de la minería metalífera (de oro, plata, uranio, plomo, cobre, entre otros) que ponen en gran riesgo la población que ustedes representan y a la que deben responder por haber sido elegidos” expresa el texto de la carta.

Asimismo en una serie de puntos establece cuales serían las principales consecuencias de la implementación de dichos proyectos extractivos en cuanto a su impacto sobre el medio y las poblaciones que allí habitan.

  1. Las sustancias químicas que se utilizan en esta actividad (cualquiera sea su grado de manejo) producen daño ambiental irreversible y ponen en riesgo la salud de las poblaciones del área de influencia de las minas. Este hecho ha sido comprobado en otros lugares donde se desarrolló este tipo de minería: A las poblaciones cercanas a la mina la contaminación química las afectará directamente por cercanía; a las poblaciones asociadas a cuerpos de agua (ríos, arroyos, lagos y lagunas, napas de agua subterránea, mar) por vinculación hidrológica; los vientos arrastran partículas contaminadas, por lo que algunas poblaciones recibirán la contaminación por afectación de vientos; debido a que los químicos para el tratamiento del mineral deben entrar a la provincia, también se expondrá a las poblaciones de los puertos de entrada y salida de estas sustancias y los caminos de transporte de insumos y residuos; las poblaciones rurales serán las más afectadas por cercanía y contacto directo con la tierra y el agua.
  2. El drenaje ácido de la mina es inevitable y libera metales pesados de las rocas (arsénico, cadmio, plomo, cromo, cobre, cobalto, mercurio, níquel, estaño y zinc) que entran en las redes tróficas y por efecto de bioacumulación enferman y matan durante miles de años.
  3. Hasta la fecha no existen registros de pueblos mineros sin daños registrados por contaminación de suelos y de cuencas hidrológicas, emisiones gaseosas o polvo tóxico en el aire, afectación a salud humana y a la diversidad biológica.
  4. Se reconocen graves impactos ambientales vinculados a la minería metalífera subterránea en relación a los depósitos de residuos contaminados y material rocoso, alteración a gran escala de la estructura interna de la corteza terrestre, alteración de calidad y flujo de aguas subterráneas.
  5. El agua dulce es afectada irremediablemente: la minería utiliza volúmenes de agua equivalentes a millones de litros por mes. Esto reduce considerablemente la cantidad de agua disponible para consumo, riego y otros usos productivos, y definitivamente contamina los cuerpos de agua en forma irreversible inhabilitándolos para uso de las comunidades.
  6. La infancia es la etapa más vulnerable del desarrollo del ser humano, por su inmadurez anátomo-fisiológica y dependencia psicosocial. El impacto de la contaminación minera sobre los niño/as, se manifiesta en varios problemas de salud y enfermedades neurológicas, gastroenterológicas, dermatológicas, respiratorias, endocrinas, cardiovasculares y reproductivas. Además puede afectar a través de las madres embarazadas a las nuevas generaciones, causando malformaciones en los bebés en desarrollo.
  7. La aprobación de la actividad mega minera como está planteada puede ser interpretada como una violación de la Constitución Nacional que en su Art. 41, expresa: “Todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
  8. Así también, la Ley General del Ambiente Nro. 25.675 brinda un marco de seguridad frente a este tipo de actividades de altísimo riesgo, según importantes principios preventivos, precautorios y de sustentabilidad.
  9. El uso frecuente del cianuro como insumo minero es de alto riesgo ya que su manipulación y manejo requiere condiciones muy específicas y costosas de lograr, y además, durante su descomposición libera productos intermedios que son igualmente tóxicos.
  10. Se constataron diversas enfermedades en las poblaciones que se encuentran dentro del área de influencia de las minas metalíferas, desde vómitos y diarreas, hematuria, cirrosis, hipertensión, leucopenia, fibrosis, diabetes, EPOC, encefalopatías, neuropatías, abortos espontáneos, microcefalia, cáncer espinocelular, basocelular y saturnismo, entre otras dolencias agudas y crónicas, derivadas de la exposición a metales pesados.
  11. La minería no genera sustentabilidad laboral ni económica. Se trata de un sector capital-intensivo que depende de los manejos financieros en bolsas extranjeras. Es decir, no tienen ningún compromiso con el territorio donde explotan, ya que los capitales de este tipo y los directorios de estos fondos de inversiones, están integrados por personas que desconocen donde ha sido invertido su capital, pero esperan grandes rentabilidades. Cuando esa rentabilidad no sea tal, inmediatamente destinan sus inversiones a otra explotación más rentable.
  12. Existe alta rotación de trabajadores por alta tasa de accidentes y enfermedades. En cada etapa de avance de la mina se hace una reducción sustancial de puestos de trabajo básico.
  13. Por último debemos remarcar que la actividad minera conlleva impactos negativos que son ocultados a la población general que se constatan en todos los proyectos de Latinoamérica que son estudiados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

Finalmente, la campaña de firmas cierra el 19 de junio y hasta el momento se han sumado adhesiones de toda la provincia, como las de trabajadoras/es de institutos provinciales dependientes del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad del Chubut. Quienes quieran sumar su adhesión deberán hacerlo escribiendo al mail asamblea.madryn@gmail.com

Más noticias

Fuente: https://www.anred.org/2020/06/17/en-chubut-no-hay-licencia-social-para-la-megamineria/

En consecuencia, la «reforma agraria integral» debe erigirse en poder territorial de los pueblos de desarrollar el trabajo comunitario, multisectorial e intercultural en consonancia con ir constituyendo sus respectivos buenos vivires. De modo previo a emprender esa lucha y organización es clave la discusión sobre rumbos:

Hacia un Nuevo Paradigma Social*

David Barkin

Universidad Autónoma Metropolitana - CampusXochimilco, Ciudad de México, México.

Email: barkin@correo.xoc.uam.mx

1. Ante los progresivos estragos sociales y ambientales de la sociedad mercado-céntrica, muchos sectores de las sociedades alrededor del mundo reconocen la urgente necesidad de virar hacia formas alternativas de organización social y económica. Desde la academia, también, desde hace mucho tiempo se está reconociendo que es imprescindible proponer nuevos paradigmas que trasciendan las disciplinas que han evolucionado para respaldar el sistema actual, con su énfasis en el individualismo, la transformación de la naturaleza y las relaciones sociales en mercancías, la subyugación de todo al mercado y la centralidad de la propiedad privada. En las prácticas ancestrales de las comunidades campesinas e indígenas, así como en sus formas actuales de organización y comportamiento, se hallan algunos principios para la construcción de otras sociedades. Sin embargo, también podemos encontrar estos principios entre los paradigmas heterodoxos de las ciencias sociales. Analizarlos e incorporarlos a un conjunto teórico es la labor de los intelectuales comprometidos con las víctimas del sistema y con la consecución de un mundo mejor.

2. La triple crisis que hoy padecemos –económica, social y ambiental– es fruto de la operación normal de un sistema actual que promueve la organización productiva para la acumulación de capital, concentrada en unas cuantas manos. Como parte inherente en este sistema de producción, se ha generado una miseria humana sin precedentes en la historia de las “civilizaciones”, acompañada de la degradación de muchos ecosistemas alrededor del mundo. Esta crisis nos recuerda la observación de Alfred Schmidt (1978) de que sólo nos damos cuenta del significado de la relación entre la sociedad y la naturaleza cuando la forma peculiar en que ha evolucionado la organización social dominante y ha ejercido su capacidad devastadora.

3.El debate actual en torno a la forma de superar las contradicciones que se evidencian en esta crisis ocupa parte importante de las discusiones en las esferas políticas; las recetas económicas están mostrándose inadecuadas para atender a las prioridades del momento. Sin embargo, como hemos visto en numerosas ocasiones durante los decenios recientes, es evidente que las propuestas de remiendos posibles dentro de la institucionalidad existente no podrán dirigirse a atender efectivamente a los objetivos de una mínima agenda social y ambiental.

4.Para superar el impasse propositivo actual, sería necesario entender las limitaciones de los paradigmas vigentes e identificar los caminos alternativos ofrecidos por otros paradigmas, otras epistemologías. La presente reflexión es producto del descontento generado por los abordajes que pretenden remendar los graves problemas actuales –cuyo diagnóstico es evidente para cualquier analista pensante– y el reconocimiento de que disponemos de los instrumentos y del conocimiento para construir los múltiples caminos que permitirían otra calidad de vida, otra forma de convivencia, otra relación con el planeta. Para estos propósitos es evidente que habría que integrar las mejores lecciones del actuar social con los más perspicaces análisis del funcionamiento del sistema natural del cual somos parte. En particular, se requiere aprovechar de las corrientes del pensamiento de la economía social y solidaria así como las de la economía ecológica, las cuales, a su vez, son cuerpos de conocimiento que han integrado una comprensión sensible de las ricas y variadas experiencias de los muchos pueblos que ofrecen otras formas de plantear el problema fundamental de la relación sociedad-naturaleza.

Hacia la construcción de nuevas teorías

5. La necesidad de aprovechar otros paradigmas, de replantear nuestros análisis, sugiere un profundo cuestionamiento respecto a la responsabilidad de los intelectuales y de nuestras instituciones.1

¿Hasta qué grado contribuimos o somos cómplices en nuestra práctica actual de la malevolencia del tipo de modernidad emanada del proyecto civilizatorio occidental, de una globalización que está construyendo mayores injusticias cada día, intensificando el alcance y el impacto de la violencia, destruyendo las propias bases naturales de que dependemos para nuestra existencia?, ¿con qué instrumentos podríamos evaluar nuestra práctica actual de enseñar, para no reproducir y extender el sistema vigente, para criticarlo, para generar su reforma, si sus raíces están extendiéndose para ampliar y profundizar su malignidad?

6. Nuestra herencia académica deja en claro las respuestas a este planteamiento. La lamentable y terrible historia del siglo pasado, y de los anteriores, ha llevado a la sociedad, a gran parte de la humanidad, a someterse a un individualismo metodológico, el cual exige que cada quien sea responsable por sus propias acciones frente al bienestar colectivo. A la luz de la historia reciente, y de la acumulada a través de los siglos, nos damos cuenta que no es aceptable permitir a cada uno el juzgarse por sí mismo, el tomar decisiones en provecho propio sin considerar sus impactos en los demás, y el seguir incólume como si el camino de crueldad y rapiña, que deja atrás no fuera asunto suyo. Cierto, no contamos con las instituciones, con el coraje o con la capacidad colectiva para exigir a los poderosos su cumplimiento con esta normatividad; pero desde nuestros parapetos, las trincheras que cavamos y defendemos, donde nos dedicamos a la búsqueda de verdades y de la definición de los más altos valores sociales, humanos, esa carencia no nos absuelve de la responsabilidad de insistir en su cumplimiento y, sobre todo, en nuestra obligación de difundir estos valores y evaluar nuestro desempeño en términos de sus estándares.

7. La evolución de la ciencia, y sobre todo de los mecanismos para su ratificación, han hecho difícil esta labor, ya que la especialización y la compartimentación del conocimiento, con sus muy particulares patrones de evaluación y convalidación, pretenden asegurar la dominancia de expertos muy calificados en cierta área, pero con muy poca comprensión de cómo funciona el mundo en el que viven. Hay múltiples esfuerzos para superar las limitaciones de la especialización; la combinación de las ciencias sociales con las ecológicas está engendrando numerosas salidas que tendrían que ser evaluadas por sus aportaciones a nuestra capacidad colectiva para enfrentar y superar los problemas candentes que sufrimos o, mejor aún, para evitarlos. Es evidente que una nueva teoría tendría que desplantarse de la suposición de que la noción del crecimiento desplegado en la economía –en todas nuestras instituciones– es incompatible con la justicia social y el equilibrio planetario y, como consecuencia, tendría que ser remplazada por otra, esto es, si las sociedades humanas logran sobrevivir en la Tierra. Es claro que la evidencia actual es suficiente para demostrar que los cuerpos teóricos construidos con base en la homeostasis y de los equilibrios sociales operando con base en la armonía –como es el caso de la teoría económica neoclásica– no son aptos para describir el mundo actual y mucho menos explicar su dinámica, aun si fueran intelectual y técnicamente consistentes, que no es el caso.

8.Ya ha pasado mucho tiempo desde que las Leyes de la Termodinámica fueron (re)introducidas en el centro de la reflexión de las ciencias sociales (Georgescu-Rogen, 1971), sobre todo en las económicas, sin que hayan tenido el efecto deseado de obligar a las disciplinas a reexaminar profundamente sus axiomas que resultan incompatibles con ellas. Este trabajo propone partir de una versión de la economía ecológica que insiste en la inconmensurabilidad monetaria de la valoración de la naturaleza, el reconocimiento de la importancia del metabolismo social, los preceptos de la entropía, junto con una visión latinoamericana de conceptos tales como justicia social y equilibrio ecológico, en un nuevo modelo para la consolidación de un distinto camino para la construcción en las ciencias sociales. Entre otras cosas, este modelo insiste en informarse con las aportaciones y los debates sobre el “buen vivir” del mundo andino, del “mandar obedeciendo” de las selvas de Chiapas, del “irékua” en la meseta Purépecha en Michoacán2, de la comunalidad de la Sierra Juárez (Martínez Luna 2003) de Oaxaca y Abya Yala del sur de Panamá; esta exploración ofrece plantear una organización alternativa de la vida social, la producción material y la conservación ambiental; es un modelo surgido de las profundas críticas sociales de los pensadores de la convivialidad (Illich, 1985; Esteva y Robert en este volumen), de la joie de vivre.

9De igual manera, ha pasado mucho tiempo desde que varios estudiosos reconocieran la importancia de la solidaridad como factor fundamental en la evolución de nuestras sociedades. Podríamos remontarnos a las aportaciones de diversos antropólogos, quienes identificaron la centralidad de la reciprocidad (Sahlins, 1983; 1972) o del “regalo” en la formación de sociedades en todo momento de la historia social (Mauss, 1979); sus herederos intelectuales se han asociado en el Movimiento Antiutilitarista de las Ciencias Sociales que publica una revista de gran creatividad intelectual (Revue du MAUSS). Asimismo, podríamos reconocer la originalidad de las aportaciones de algunos economistas que han identificado la importancia del carácter condicional de un “mercado” –aquella institución universal– que es una institución profundamente arraigada en los intersticios sociales de los cuales es parte (Polanyi, 2003). La comprensión de la complejidad del funcionamiento de estas instituciones, evidente en la abultada literatura de análisis y descripción, ofrece amplia evidencia del profundo error de los economistas en suponer que pueden examinar sus instituciones abstraídas de las sociedades de que son parte y que sus procesos de intercambio son simples transacciones monetarias, “campos de juego” planos donde todos los participantes son iguales; de igual importancia conceptual es su erróneo anclaje en el individualismo metodológico.

10Hoy en día, los estudios de la economía social y las economías de solidaridad carecen de los sellos de aceptación o legitimidad de que gozan los campos surgidos del reconocimiento de la crisis ambiental (como es el caso de la economía ecológica). Son considerados como el reino de grupos vecinales o redes alternas que no inciden de manera importante en los sistemas dominantes de producción o de intercambio; aun las empresas cooperativas, que gozan de algo más de legitimidad, no son relevantes en las evaluaciones del funcionamiento global. Sin embargo, estos estudios revelan su importancia para los miembros de los grupos participantes en términos del nivel y calidad de vida, del control sobre sus condiciones de trabajo y, de distintas maneras, en sus posibilidades de conservar y rehabilitar los ecosistemas en que producen y viven. En América Latina, en particular, sus experiencias ofrecen ricas vetas de exploración para los resultados que han permitido a los trabajadores seguir manejando los centenares de fábricas que recuperaron de las ruinas de la debacle económica en Argentina; de las aportaciones a la solución del problema alimentario del movimiento “campesino a campesino” que está en el centro de la que es quizá la red social más importante del mundo, Vía Campesina (Rosset y Martínez Torres, 2012); de las alianzas sociales y políticas de grupos amerindios en todo el hemisferio para defender sus territorios, sus culturas, sus capacidades de construir modelos alternativos de civilización; y de los numerosos movimientos solidarios que están resistiendo y, con frecuencia, revertiendo los esfuerzos que hace el capital internacional para acelerar el proceso de expoliación de los recursos naturales a costa de la posibilidad de seguir viviendo de los pueblos afectados.

11Desafortunadamente, la construcción de una nueva teoría es un tema recurrente que ha sido resistido eficazmente en la academia; hoy en día, el embate de las élites contra estos modelos está cobrando su cuota, marginando a muchos, obligándonos a construir nuestras propias instituciones, nuestros propios canales de colaboración y comunicación. Somos pocos los que estamos dispuestos a hablar de la bancarrota de la teoría recibida, de la necesidad de abandonar las sendas del crecimiento. Existe una urgencia de aprender de otras culturas, de otros pueblos, aun cuando estos últimos no hayan pasado por los pasillos de la academia; debemos profundizar y ampliar el diálogo de saberes que refleje nuevas formas de aprendizaje. Más aún, que nos ofrezca la posibilidad de integrar la reflexión teórica con una práctica académica y social, que nos dé una ampliación del pluralismo metodológico necesario, que propone la construcción de sociedades post-capitalistas, debemos incentivar el proceso de consolidación de modelos de coexistencia que les permitan a dichas comunidades ofrecer importantes opciones para sus miembros frente al empobrecimiento social y material, de cara al deterioro de la calidad de la vida planetaria. Si tenemos suerte y capacidad, quizá también esas mismas comunidades nos ofrecerán la oportunidad de transformarnos antes de que sea demasiado tarde.

Hacia la comprensión de las sociedades post-capitalistas

12Afortunadamente, en México –y en muchas partes de América Latina– no tendremos que atender la llamada de los altermundistas, que proclaman desde Estocolmo hasta Rio, vía Seattle y Copenhague, que “otro mundo es posible.” En nuestra región, ya están en construcción, y ¡desde hace mucho tiempo! Se están construyendo entornos que prometen una mejor calidad de vida y una cierta autonomía ante los embates del neoliberalismo. En ninguna parte lo vemos con mayor claridad que en Chiapas (Baronnet, et al., 2011); sin embargo, estos nuevos entornos existen también en otras partes donde vemos una gran diversidad de enfoques y caminos.

13En contraste con sus conductas en periodos anteriores de crisis, las acciones de obreros, de campesinas, de indígenas, representan un desafío frontal a la política neoliberal de hoy. Su praxis refleja un rompimiento histórico, un abandono de procesos de colaboración, negociación y acomodo que entablaron con los primeros gobiernos de la Revolución, empeñados en incorporarles al proceso de modernización globalizante mediante su participación en los programas oficiales. Frente a la política de integración internacional y de modernización urbano-industrial que amenaza con dejarles fuera de una nación en “reconstrucción”, importantes segmentos de la sociedad rural están proponiendo sus propias estrategias alternativas: enmarcadas en una nueva comunalidad que sustituye al mercado para definir cómo asignar recursos (Fuente, en este volumen). Esta nueva comunalidad plantea la necesidad de garantizar un nivel de vida digno para todos sus miembros, donde se puedan generar nuevas oportunidades y respeto a las exigencias ambientales. Esto hace posible una verdadera sustentabilidad, fincada en los atributos de responsabilidad social y ambiental. Sus experiencias nos reafirman algo muy significativo: para que estas sociedades “tradicionales” sobrevivan, para que puedan definir y realizar sus propios modelos de progreso, tendrán que seguir innovando. Como hemos aprendido de la milenaria experiencia de innumerables pueblos, la tradición sólo puede mantenerse viva y con fortaleza a partir de un proceso de cuidadosa y continua innovación (Wolf, 1987).

Para entender este proceso les invito a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y acciones, así como respecto de sus relaciones con estos protagonistas y sus nuevas propuestas, con su invitación implícita para acompañarles a construir nuevos ámbitos de solidaridad y respeto mutuo. Parafraseando a Luis Villoro (2010): nos invitan a acompañarles en su abandono y rechazo a la hegemonía de la cultura occidental. ¡Qué apropiado sería que nuestras instituciones aceptaran esta invitación, comprometiéndonos a forjar nuestras labores de docencia e investigación en colaboración con estos grupos!

14Ya han pasado muchos lustros desde que terminaron las ilusiones del “desarrollo hacia adentro”, “el milagro mexicano”, junto con sus promesas de una vida mejor, de cumplir con las reivindicaciones que simbolizaron los mejores ideales de la vanguardia Cepalina, los sueños de la Revolución Mexicana, la Boliviana, la Unidad Popular. En aquellos años, los campesinos colaboraron con los “proyectos de nación”, haciendo producir a las tierras que les entregó, aceptando los magros beneficios de sus encomiables esfuerzos por elevar la productividad del campo, y así alimentar a los mexicanos y financiar los cimientos del mundo urbano-industrial, que el gobierno ha entregado a los capitales de aquí y de allá.

15En toda la región, nos hemos desengañado con las promesas incumplidas del Estado, y sobre todo las más recientes que les ofrecen levantarlos de la marginalidad que él mismo creó. A la vez, nos damos cuenta de la imposibilidad de mejorar los condiciones de vida mediante la incorporación a la fuerza de trabajo obrero, o a la informalidad, o de la conversión en clientela de los programas asistencialistas, las únicas rutas ofrecidas por la política oficial. Por eso, se están llevando a cabo nuevas propuestas para producir las condiciones necesarias para su propio progreso social y económico –un progreso alejado de los valores mundanos de un mundo de consumo y derroche– fincado en una vida comunitaria y un respeto por los ecosistemas de que dependemos todos.

16Las respuestas sociales han resultado mucho más creativas de lo esperado; están llegando más lejos de lo que jamás imaginaron, como vemos en el caso de la experiencia zapatista, de la cual estamos celebrando el decimosexto aniversario del levantamiento. Estos son esfuerzos ambiciosos de importantes grupos de comunidades colaborando entre sí y construyendo alianzas para enfrentar y superar las diversas estrategias del capital que continúa intentando apropiarse de sus territorios y recursos. Sus esfuerzos son también una reacción al rompimiento del pacto social que resultó ser más retórica que realidad, promesas que algunos nuevos regímenes están tratando de resucitar, construyendo nuevas coaliciones y prometiendo nuevas formas de incorporación. Sin embargo, muchos siguen escépticos y prosiguen con sus propuestas alternativas, reorganizándose para redoblar sus exigencias de “justicia social”, repudiando los repetidos embates a que fueron sometidos, para tomar control de las riendas para su bienestar.

Ahora son aguerridos promotores de otra forma de sociedad, una que atienda a sus propias necesidades y a las de la mayoría de los mexicanos; una que mueva la expansión productiva al tiempo que genera nuevas formas de asegurar la rehabilitación y la conservación de sus ecosistemas, contribuyendo de esta manera no solamente a su propio bienestar, sino al de la sociedad en su conjunto.

17En sus acciones se puede observar la construcción o reconstrucción de otros mundos, en los que importantes grupos sociales rechazan ser condenados a la marginalización, a la extinción; insisten en un nuevo estilo de progreso social y económico que ofrece frutos materiales e inmateriales, sin amenazar al medio ambiente. Estos mundos alternativos son ámbitos donde se exigen los derechos y se superan los ataques para avanzar en sus propias propuestas; este crisol social incluye a pobladores de casi todos los países de América Latina. Sus mundos dejarían de depender de la integración económica de la política internacional y de la asimilación cultural; con ellos se plantea la construcción de alianzas nacionales e internacionales, de pueblos comprometidos con proyectos afines para asegurar sus necesidades básicas, otro estilo de vida y la (re)construcción de una interculturalidad (Villoro, 2010).

Reconstruyendo el mundo

18Los paradigmas dominantes están condenando a los campesinos, a los indígenas, a la extinción. Recordemos el debate de una generación anterior –campesinistas frente a descampesinistas– cuando los eruditos del momento rechazaron la posibilidad de la supervivencia de los campesinos porque representaban los rezagos de un modo de producción del pasado.3La discusión actual gira en torno a la cuestión de la forma y las repercusiones de las estrategias que los campesinos están elaborando para su supervivencia. Aun cuando ahora mismo grupos dominantes en la academia, y en las instituciones rectores del mercado global, ofrecen doctas explicaciones para respaldar los análisis oficiales de las burocracias nacionales y de las agencias internacionales al servicio del capital, dictaminando el hundimiento de los moradores del campo, de los indígenas, de los que resisten su proletarización, en una crisis, hay amplia evidencia de otra realidad. Están demostrando que son actores con iniciativa, con sus propias estrategias de innovación tecnológica y organización social; en todas partes del país están construyendo un futuro alterno a las limitaciones impuestas por las estructuras dominantes de un mundo capitalista que los condenaría a la subyugación proletaria. Sus innovaciones sociales y tecnológicas han generado una amplia gama de nuevos productos que buscan dar mayor valor a los espacios productivos tradicionales, nuevos sistemas para la gestión de sus recursos sociales y naturales y nuevas formas para su gobernanza; en fin, los otros saberes que deben integrarse en nuestra práctica.

Sus innovaciones abarcan nuevos espacios geográficos y nuevos grupos sociales, generando oportunidades sociales y económicas así como la recuperación de sus ecosistemas y sus recursos naturales, retirando éstos del dominio del capital o de la posibilidad de su futura expansión.

19Hemos denominado esta visión como la nueva ruralidad comunitaria, una realidad donde dominan las ideas de: 1) comunalidad (basada en cohesión social, democracia participativa, trabajo comunitario, y la centralidad de territorio) (Escobar, 2010; Martínez Luna, 2003), 2) autonomía(formación político-social), 3) autosuficiencia, 4) formación político cultural, 5) solidaridad y redes de apoyo, 6) diversificación productiva y de mercado(desarrollo de fuerzas productivas comunitarias, generación de excedentes), y finalmente, 7) gestión sustentable de recursos regionales (ordenamiento, restauración, conservación, aprovechamiento definido culturalmente). La práctica real de las comunidades es fuente de enorme fuerza social, dando contenido a estos criterios metodológicos vinculados con una contribución fundamental en la orientación de los procesos de innovación tecnológica para la construcción de la sustentabilidad: la articulación de la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental (Barkin, 2008, 2009 y 2010; Barkin y Lemus, 2011; Barkin, et al., 2012).

20Se destaca la emergencia de la asociación comunitaria con sus formas de democracia directa o participativa reconfiguradas (González Casanova, 2010) como un mecanismo alterno a las funciones desempeñadas por el mercado y por el Estado en la asignación de los recursos y en el desarrollo de capacidades tecnológicas, incluyendo la orientación hacia la innovación tecnológica. Este despliegue, esta reorientación de los procesos innovadores tiene como sustento otros modos de acumulación no capitalista, controlados por los propios productores y sus comunidades. Este planteamiento supone la posibilidad de desarrollar procesos de innovación tecnológica desde la construcción de otras racionalidades; conlleva asumir que otros mundos son posibles, guiados por los principios de la justicia social, la equidad intergeneracional y la gestión sustentable de recursos regionales, con una reorientación hacia lo colectivo (en oposición a lo individual); al desarrollo del bienestar (en oposición al crecimiento); y el respeto a la explotación de los recursos naturales (en oposición al capital).

21Lejos de ser ideas emanadas desde una torre de marfil, esta presentación ofrece ser una síntesis de esta praxis y de las aspiraciones de las organizaciones sociales actualmente en marcha, encaminadas en las múltiples rutas de su propia transformación; sugiriendo que esta síntesis tendría que integrarse como parte del contenido de nuestra práctica docente y de investigación.

22La innovación social y política, la productiva y la tecnológica, desempeñan un papel fundamental en los proyectos de estos actores, los miembros de las numerosas comunidades involucradas en el proceso. Es parte central del compromiso para la construcción de una verdadera alternativa; comprende una nueva relación con el poder para montar sus propios modelos de progreso social y económico para generar formas sustentables distintas y novedosas de apropiación social de (o, mejor dicho, colaboración con) la naturaleza. Se trata de integrar los saberes locales, usando la ciencia para crear una sociedad fincada en una nueva racionalidad que conjugue las exigencias planetarias con las aspiraciones de los pueblos que están emprendiendo diversos caminos para su liberación.

23La variedad de estas experiencias no tiene límites. Algunas han sido desplegadas por comunidades campesinas con las que tenemos la fortuna de colaborar o compartir sus experiencias y que a continuación mostramos como ejemplos; aunque cada ejemplo es de una sola actividad productiva, se conciben como partes en el proceso de la construcción de la autonomía y del empoderamiento. Son ejemplos de comunidades, de alianzas de pueblos, pero también son parte de un amplio movimiento antisistémico que está acumulando fuerzas.

La reserva campesina de la biosfera en las Chimalapas en el sur de Oaxaca. La comunidad indígena zoque maneja la reserva (todavía no reconocida oficialmente) –el reducto de selva tropical húmedo más grande de México, unas 600.000 hectáreas– canaliza los recursos para el sustento de la comunidad y asume la responsabilidad del entrenamiento profesional para colaborar con investigadores extranjeros; algunos miembros de la comunidad se formaron como biólogos y se entrenaron en el manejo de recursos forestales e hidráulicos en escuelas técnicas nacionales e internacionales. Se inició la siembra selectiva de viveros para ciertas especies de árboles en peligro de extinción y se puso en práctica un pequeño programa de ecoturismo; sus miembros se capacitaron para ordenar sus territorios y combatir agresiones a los recursos naturales, como los incendios forestales. Este logro comunitario no fue fácil, pero se hizo posible con el apoyo de grupos ambientalistas y la asistencia financiera del gobierno inglés a principios del proceso, en la década de 1980.4Hoy en día, siguen inmersos en una lucha para defender su territorio y sus planteamientos (Barkin y García 1999).

Algunas alternativas locales para el Istmo de Tehuantepec. La cruel polarización social ha llevado a las comunidades a realizar una serie de alianzas entre ellas para fortalecer el potencial natural de la región, respaldadas por la planta cementera de propiedad cooperativa (Cruz Azul). Se asociaron con un Fideicomiso para la Infraestructura Ambiental del Istmo para promover la gestión sustentable de los recursos naturales, basada en la organización de las cuencas de los ríos. Las propuestas incluyen un programa ambicioso para la rehabilitación de los cauces de los ríos y el manejo del agua y la tierra, con lo que se generarán nuevas oportunidades a partir de la rehabilitación de los bosques, cierta producción de exportación agrícola, así como y el mejoramiento y la expansión del sector artesanal (Barkin y Paillés, 1999). Esta experiencia contrasta marcadamente con los conflictos que se están intensificando por la expoliación que están sufriendo otras comunidades en la región (como La Ventosa) por la instalación de grandes “granjas” de aeroturbinas para generar energía eléctrica eólica, mayormente con inversión española, que no redundará en beneficio de los pueblos asentados en estas tierras.

La revalorización de la producción tradicional de cerdos en las comunidades Purépechas de Michoacán frente a las tendencias nacionales y globales hacia la desaparición de la economía de traspatio. La respuesta propuesta involucró la colaboración con la organización indígena regional para producir “carne de puerco lite”, con niveles reducidos de colesterol en condiciones de traspatio con un sobreprecio importante. La colaboración contribuye a los esfuerzos para fortalecer la capacidad social para promover la democracia directa, fortaleciendo la economía de la región y el papel de la mujer dentro de las comunidades, ya que esta actividad es realizada principalmente por mujeres. También está atacando la contaminación ocasionada por el desecho de una parte de la cosecha de la fruta sin valor comercial y sus impactos severos en el manejo del agua en la región (Barkin, et al., 2003).

La producción de huevos enriquecidos con omega-3 (un ácido graso benéfico para la salud humana) en condiciones domésticas periurbanas, ha resultado eficaz como alternativa para fortalecer organizaciones sociales, atender a problemas ambientales, generar ingresos adicionales y arraigar las familias a sus comunidades en mejores condiciones sociales y materiales, ya que la venta de los huevos ha encontrado una elevada demanda. En este sistema se están forjando nuevas formas de acumulación, al servicio de las comunidades para sus futuros proyectos. Es importante señalar que las protagonistas son mayormente mujeres (Barkin, et al., 2009).

De manera similar, se observan esfuerzos en muchas comunidades forestales, en algunas áreas naturales protegidas y en muchas otras defendiendo sus recursos naturales y especialmente sus fuentes de agua y el derecho a garantizar su acceso a ella. En este aspecto, México es conocido mundialmente por los avances en el control comunitario de sus bosques, por el éxito de centenares de comunidades que lograron arrancar el control de los concesionarios y transformar su gestión con base en una visión diferente, la que se pregunta para qué sirven los bosques y también cómo conservarlos para las generaciones futuras (Fuente, 2009). Los recientes éxitos de los pueblos en Guerrero y Jalisco en torno a la cancelación del proyecto de La Parota y la postergación del proyecto de Arcediano también ofrecen ejemplos de variadas estrategias para consolidar acciones comunitarias para construcciones alternativas; sin embargo, hay otros ejemplos no tan exitosos: la todavía incierta victoria para detener la explotación de la mina San Xavier (en San Luis Potosí, México) refleja la profundidad de la resistencia del capital y la complejidad de las batallas comunitarias. Asimismo, estamos viviendo numerosas acciones en todo el país para detener las intenciones oficiales de privatización del manejo del agua y asegurar su disponibilidad para la vida colectiva.

Otros ejemplos, menos conocidos, también ofrecen aliento al mostrar la variedad de caminos que se están recorriendo en esta construcción de nuevos mundos. La recuperación de un millón de hectáreas en la Mixteca Alta con la participación de más de un centenar de comunidades, durante más de un cuarto de siglo construyendo obras de manejo de agua y suelo que demuestra la manera en que los conocimientos milenarios pueden enriquecer el uso de tecnologías modernas para mejorar la calidad de vida de los participantes y generar recursos para el futuro; su iniciativa de aprovechar estas tierras y agua recuperada para producir amaranto e industrializarlo como alimentos nutritivos, contribuye a su sostén y el beneficio de los consumidores. Las experiencias se multiplican: cooperativas de artesanos; proyectos autogestionados de ecoturismo; las redes de productores de café comercio justo, comercializados por organizaciones solidarias, de miel, cacao, chocolate y mezcal; la red de comercialización de granos ANEC; y el movimiento “Sin maíz no hay país” que tanto impacto ha tenido en los debates políticos nacionales, entre otros.

24Estas experiencias son evidencia de la importancia de los otros saberes y del diálogo con los conocimientos del presente; son ejemplos de cómo la academia ha colaborado y podría intensificar su colaboración mediante una reflexión seria frente a las crisis en las cuales participa actualmente. Su premisa es la necesidad de tomar en cuenta a la gente en la solución de problemas, reconocer como válidos sus conocimientos y colaborar con ellos en la construcción de soluciones. Las lecciones de las Juntas de Buen Gobierno de los Caracoles Zapatistas reflejan poderosamente esta capacidad de aprovechar y enriquecer lo heredado con ciertas aportaciones de frontera. La sinergia tecnológica entre saberes y conocimientos ha sido clave en el desarrollo de estos proyectos, pero la distinción fundamental con respecto a otros proyectos impulsados por organismos no gubernamentales (ONG) y organismos multilaterales ha sido su diferente orientación ética: la construcción de una verdadera sustentabilidad desde los atributos de responsabilidad social y ambiental. Esto es, la puesta en marcha de procesos de una nueva ruralidad comunitaria.

25De esta manera, las sociedades que participan en el proceso de esta construcción social alternativa están también reconociendo su compromiso con otra forma de “contrato social”, una asociación comunitaria heredada de la cultura mesoamericana, expresada elocuentemente por Floriberto Díaz, de la región mixe, y algunos de sus herederos intelectuales (Robles y Cardoso, 2008). Es una perspectiva ética diferente a la racionalidad económica fincada en intereses individuales para la asignación de recursos; descansa en los procesos de apropiación social de la naturaleza y por tanto en los procesos de innovación tecnológica guiados por los compromisos de una verdadera sustentabilidad. Requiere asimismo de un compromiso colectivo, de sujetar la voluntad individual a las decisiones colectivas, como se plasma con fuerza artística en la película mexicana Corazón del Tiempo (Dir. Alberto Cortes, 2009); este compromiso para la construcción de los otros mundos ofrece un contraste tajante con las visiones dominantes que premia a los individuos por ejercer su interés particular, como ya se mencionó, muchas veces a costa de la comunidad (Villoro, 2010).

Los nuevos paradigmas

26Las experiencias mencionadas aquí son mayormente ejemplos mexicanos de un proceso que está procediendo a escala mundial. Sociedades alrededor del mundo están abjurando de los modelos dominantes para mejorar su calidad de vida a favor de forjar nuevos caminos para asegurar su bienestar, concentrando en sus necesidades básicas, y el equilibro con sus ecosistemas. Parte integral de este proceso es negociar su autonomía frente a las crecientes presiones para que integren a la economía nacional y sucumben a la lógica de las racionalidades mercantiles fincada en el beneficio individual y la valorización monetaria de las relaciones sociales y los recursos naturales.

27La evidencia para esta dinámica es abundante. Algunos intelectuales comprometidos han insistido en su importancia política y práctica (Castoriadis, 2005; Santos, 2009). Sin embargo, muchas sociedades en todo el hemisferio están avanzando con sus propias respuestas que trasciendan estas propuestas; lo están haciendo sólo, o en alianza con otros agentes, para defender sus territorios, sus culturas, más aún, su propia existencia como “pueblos originarios”. Llama la atención el volumen de literatura documentando estos esfuerzos, tanto los que están actualizando las costumbres tradicionales de los que defiendan sus herencias cosmológicas y productivas (Toledo y Barrera Bassols, 2008), así como los que están buscando nuevos caminos, que ellos pueden controlar directamente (e.g., Baronnet, et al., 2011; Zermeño, 2010). En todas partes del mundo es factible ahora encontrar grupos directamente creando sus propias reservas naturales, intensificando su capacidad de producir sus necesidades básicas, y consolidando sus alianzas con otras comunidades; estas acciones están fincadas en su convencimiento que tendrán que fortalecer sus propias formas de auto-gestión y su capacidad de evitar integración (Borrini-Feyerabend, et al., 2007; Borrini-Feyerabend, 2010).

28La construcción de nuevos paradigmas –un nuevo paradigma social– para “otros mundos mejores” ha estado en proceso por mucho tiempo. A diferencia de la presentación ortodoxa de la multidisciplinariedad y la interculturalidad, el diálogo de saberes incorpora de manera explícita el rechazo de la concentración del poder frente a la posibilidad de la “negociación” y “democratización del conocimiento”. Presenta, entonces, el reconocimiento de los saberes –autóctonos, tradicionales, locales– que aportan sus experiencias y se suman al conocimiento científico y experto; pero implica la ruptura de una vía homogénea hacia la sustentabilidad; es la apertura hacia la diversidad que rompe la hegemonía de una lógica unitaria y va más allá de una estrategia de inclusión y participación de visiones alternativas y racionalidades diversasLa construcción de otros mundos está en proceso – ¡ofrece esperanzas insospechadas! –.

David Barkin, « Hacia un Nuevo Paradigma Social », Polis [En línea], 33 | 2012, Publicado el 23 marzo 2013, consultado el 17 mayo 2020.

URL: http://journals.openedition.org/polis/8420

Bibliografía...

Fuente: https://journals.openedition.org/polis/8420  https://journals.openedition.org/polis/10909

 

 Alternativas emancipatorias

 

La ruptura con el progresismo y el Partido Justicialista es prioritaria para facilitar la incorporación autoconciente de una creciente mayoría en las luchas por las justicias social y ecológica. Porque la incoherencia del discurso de ambos con sus políticas de Estado han hecho a décadas de legitimación de la incesante transnacionalización económico territorial y devastación de las condiciones tanto de vida como de trabajo. Ejemplifiquemos:

 

 

Argentina

Energías renovables,

un plan a medida del mercadoTweet about this on Twitter

18 de junio de 2020

 Por OPSur*

Durante los últimos años se multiplicaron los discursos y promesas de aumentar la generación eléctrica a través de fuentes renovables. Pero, ¿cuál es la situación de las renovables en Argentina? Los principales proyectos dejan en evidencia que, aunque crece la generación con fuentes más limpias, aún es marginal y profundiza la visión mercantil de la energía. 

La pandemia del Covid-19 encontró al sistema energético argentino en una de sus crisis recurrentes. Los mínimos históricos del precio del petróleo demuestran, una vez más, la fragilidad de Vaca Muerta, que durante la última década fue prácticamente la única política de Estado en materia energética. Esta crisis que atraviesa la situación sanitaria, económica y climática, obliga a pensar transiciones hacia nuevas fuentes, como las renovables, que durante los últimos años muestran un continuo crecimiento, aunque siguen siendo marginales. El 8,3 % de la demanda eléctrica del país durante marzo de este año fue cubierta por renovables, dentro de las cuales destaca la eólica que representa un 6 % del total de generación, según los datos que entrega la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

El desarrollo de las renovables se traza irremediablemente en paralelo con las fuentes fósiles, que desde hace un siglo prácticamente monopolizan el sector energético en el país. Dos hitos que se remontan a la década de 1990 marcaron la estructura energética actual: la privatización de los servicios públicos, por la que el Estado perdió el rol de planificación de la energía; y la reforma constitucional, que transfirió a las provincias el control de sus recursos energéticos y las redes de distribución de baja y media tensión. Como consecuencia, algunas provincias consolidan su rol como generadoras y exportadoras, y otras solo como importadoras; lo que provoca desigualdades regionales en costos y accesos diferenciados a la energía.

La privatización del sector, junto a la extracción sin regulación de la década menemista (1989 – 1999), dejó a los hidrocarburos en una situación crítica, tras su pico histórico de extracción en 1998, en el caso del petróleo, y en 2004 del gas. La escasez de la fuente fósil, su dependencia, y el aumento de la demanda en el período pos 2001, hizo que desde el 2006 se pase del auge exportador a la creciente importación. Esto se intensificó sobre todo con el gas, que implicó una extensa sangría de dólares y a inicios de la década de 2010 se volvió crítica. En ese momento, la solución fue apuntar toda la política energética hacia Vaca Muerta, es decir, de la crisis generada por la falta de hidrocarburos se buscó salir apostando nuevamente a través de la explotación de gas y petróleo, en lugar de aumentar la diversificación energética; un capítulo más del histórico consenso fósil que guía la política energética en nuestro país desde hace un siglo.

En paralelo, entre el 2010 y el 2017, los costos de la producción de energías renovables a nivel mundial cayeron, por ejemplo, la fotovoltaica bajó un 73 % en ese período. A lo largo de esa década comienzan a implementarse diversos proyectos de energías renovables, que revisaremos en esta nota, con hincapié en las energías renovables no convencionales. De este modo centraremos el análisis pensando en fuentes renovables como la eólica, fotovoltaica, las bioenergías y los pequeños aprovechamientos hidráulicos de menos de 50 MW (no incluimos a la generación hidráulica de mayor escala por sus diversos impactos sociales y ambientales).

Las renovables en los discursos

La actividad renovable comenzó a ser regulada en nuestro país en 1998 cuando se promulgó la Ley 25.019, primer reglamento de incentivo a las energías eólica y solar. Dicha legislación fue modificada en 2007 por la Ley 26.190 que incorpora otras fuentes como la mareomotriz y el biogás, y establece como meta la generación de un 8 % de renovables en la matriz eléctrica para 2016. Durante este período los proyectos de energías renovables fueron llevados adelante bien por convenios con agencias de cooperación, o bien a través de programas como el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) y el de Licitación de Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables (GENREN).

Sobre el final del segundo gobierno de Cristina Fernández (2011-2015), volvieron a ser modificadas las metas de generación en renovables a través de la Ley 27.191. Allí se planteó un progresivo aumento bianual para llegar a la meta de un 20 % para 2025. Por otra parte, fijó que los grandes usuarios deben cumplir con el 8 % su demanda de energía eléctrica con renovables. Se dio así la posibilidad (concretada por la resolución 281/2017), de elegir sus propios proveedores y negociar de forma particular un convenio de compra a un precio fijo en dólares más bajo del establecido por CAMMESA. Esto se denominó Mercado a Término de las Energías Renovables (MATER).

El gobierno de Mauricio Macri (2015 – 2019) asumió con un discurso supuestamente verde, con el que prometía avanzar hacia un sistema energético más renovable. Para esto impulsó el programa RenovAr, centrándose de manera casi exclusiva en la generación privada y con presencia de varios megaproyectos. Si bien licitó una cantidad importante de proyectos, finalmente tampoco llegó a cumplir sus metas. Durante este período también se promulgó la Ley 27.424 de Generación Distribuida integrada a la red eléctrica, que introduce la figura de “usuario-generador” para la generación a pequeña y mediana escala. De manera similar a leyes promulgadas en varias provincias, permite generar energía de fuentes renovables en hogares para consumo pero, además, la venta del excedente no utilizado. Sin embargo, la ley no fue reglamentada a nivel nacional.

Lo que sucedió en la práctica durante el gobierno de Macri es que toda la política energética giró en torno a Vaca Muerta y la tampoco concretada ilusión exportadora de ese megaproyecto. Más grave aún fue el avance de una concepción mercantilizada de la energía, cuya expresión más brutal fueron los tarifazos, que derivó en un aumento de la pobreza energética y movilizó a miles de personas en todo el país. El tarifazo tuvo como objetivo sostener los márgenes de ganancias de las empresas del sector, focalizadas en las que extraen en Vaca Muerta, a través de subsidios públicos y el traslado de los costos hacia las y los usuarios. Según la Secretaría de Energía de la Nación, durante el gobierno de Cambiemos los subsidios energéticos pasaron del 3.3 % al 1,1 % del PBI y los ingresos por ventas al mercado doméstico se incrementaron. A su vez, dentro de esos ingresos, la relación entre precio e incentivos que era pareja en el 2015 (53 % y 47 % respectivamente) pasó a volcarse mayoritariamente a los precios (88 % y 12 %).

Las renovables más allá de los discursos

El programa RenovAr surgió en el 2016 con el objetivo de generar electricidad a partir de fuentes renovables, para lo que se proyectó una cobertura del 20 % para el 2025. Se organizó en tres rondas de licitaciones donde fueron adjudicados 147 proyectos por 4.466,5 MW de los cuales 41 fueron proyectos solares, 36 de biogás, 34 eólicos, 18 de biomasa, 14 hidroeléctricos a pequeña escala y 4 de biogás de relleno sanitario. En todas las rondas las licitaciones más grandes se hicieron en torno a la energía eólica y en segundo término a la solar. La distribución estuvo en torno a 21 provincias, pero con participación principal de Buenos Aires, NOA y Cuyo.

El RenovAr tuvo un programa antecesor que se llamó GENREN (2009), cuya finalidad era disminuir el gasto de importación de energía fósil, pero solo logró concretar el 10 % de lo licitado. En ese sentido el RenovAr tuvo mayor aplicación que el GENREN y la potencia instalada de energía renovables creció 205 % entre 2016 y 2019. Por otra parte, los precios del RenovAr estuvieron muy por debajo del GENREN, en sintonía con el pronunciado descenso de los costos a nivel mundial, y fueron disminuyendo ronda tras ronda.

Sin embargo, al momento de la redacción de este artículo muchos de esos proyectos no han entrado en funcionamiento. En mayo de este año, el total de la potencia instalada de renovables en el país es de 3.153 MW, donde se destacan 2.030 MW de eólica, 496 MW de minihidro, y 457 MW de solar, lo que en parte se explica por proyectos instalados previamente al RenovAr. Como antes señalábamos, esto representó el 8,3 % de la demanda eléctrica de marzo, lo que verifica un sostenido aumento en los últimos años, pero se mantiene lejos de la meta del 12 % para diciembre de 2019, fijada por el sendero de la Ley 27.191. Por otra parte, el porcentaje de energía solar y eólica, dentro de la energía total generada, no llega aún al 0,6 %.

Sobre la localización geográfica de los proyectos RenovAr, se distribuyeron según factores técnicos favorables, por ejemplo, energía fotovoltaica en el NOA. Esto puede verse de varias maneras: si bien es correcto y eficiente aprovechar los factores locales, si solo se promueven esas zonas, quedan muchas otras sin acceso a la generación. En una etapa inicial puede ser favorable este aprovechamiento pero si la perspectiva es meramente económica, sólo buscando inyectar mayor cantidad de energía en el mercado, se generan varios problemas. Al no haber articulación de los niveles del Estado (nacional, provincial y municipal), la generación centralizada en megaproyectos y la falta de planificación provoca que se implementen en lugares alejados de los centros urbanos de mayor demanda. Dado que el RenovAr fue el principio rector de la política renovable del último tiempo, es deseable que hubiera incorporado desde el principio un criterio descentralizador, y no meramente enfocado en grandes proyectos que reproducen la lógica de las zonas de sacrificio de las energías fósiles. Aquí hay dos puntos a destacar en contra del modelo RenovAr: la pérdida de energía en el traslado lo hace menos eficiente y que no contempló las limitaciones propias de la red de transporte eléctrico. Argentina se está quedando sin redes de transporte de alta tensión, por lo que quienes generen deben, además, producir su propia red, lo cual encarece el costo de los proyectos.

Una característica del programa RenovAr es que la empresa generadora se asegura el contrato de compra de lo generado por CAMMESA durante 20 años. Mientras que en el MATER la generadora debe conseguir a quien venderle, lo que termina marginando a las empresas pequeñas. Sin embargo, también el RenovAr fue un programa al que terminaron accediendo en su mayoría grandes participantes del mercado energético, como es el caso de la termoeléctrica GENNEIA, que desarrolló sus propios proyectos eólicos.

Esto se explica por la orientación a grandes proyectos que tuvo el RenovAr, los que demandan una intensa inversión y se requieren créditos internacionales para su implementación. Este tipo de proyectos depende de la importación de capital y además de tecnología, lo que hace que terminen siendo adjudicadas empresas de capitales internacionales o que muchas empresas locales funcionen como intermediarias de capitales externos, que ven una oportunidad de negocios en la participación accionaria en el mercado de renovables. Por otra parte, a nivel local una tajada del negocio “verde” se lo llevaron sectores cercanos a Mauricio Macri, como Nicolás Caputo, a través de CP Renovables y Joe Lewis por medio de Patagonia Energía.

Renovables sí, pero no así

Pese a la implementación y el crecimiento de los proyectos de energías renovables nuestra matriz sigue dependiendo casi exclusivamente de los combustibles fósiles, hacia donde estuvo orientada la política energética y las inversiones millonarias del segundo gobierno de Cristina Fernández y el de Mauricio Macri. Sin embargo, la proyección es que la generación de renovables crezca en todo el mundo, en parte por el abaratamiento de sus costos, la dificultad de acceso a hidrocarburos convencionales y diversos programas de reducción del consumo de fósiles que generan gases de efecto invernadero.

Los vaivenes de los precios internacionales del petróleo dejan hoy al desnudo la inviabilidad de esta política dependiente y las enormes dificultades de cumplir con el sueño neoliberal de la exportación vía fracking. El escenario general en términos energéticos es incierto, característica que se acentúa aún más en la coyuntura pandémica. Este contexto crítico nos pone en mayor relevancia la necesidad de comenzar un proceso de transición que utilice fuentes renovables pero que también diversifique, descentralice, desmercantilice y democratice la matriz abogando por una perspectiva que incluya a las y los trabajadores de la energía. A contravía de los discursos del poder, enquistados en las grandes compañías petroleras y los gobiernos, creemos que es urgente avanzar hacia el derecho a la energía en donde las renovables como emergente nos permiten disputar la concepción mercantil que cercena ese derecho. Ahí deben estar puestos nuestros esfuerzos.

Fotos: Martín Álvarez Mullally

* Agradecemos los aportes y comentarios de Joaquín Turco.

Fuentes consultadas: …

Fuente: https://rebelion.org/energias-renovables-un-plan-a-medida-del-mercado/ 

 

 

El estatismo y la concepción nacional de la autodeterminación de los pueblos componen lo medular del sentido común que predispone a las grandes mayorías a caer cautivas del embaucamiento ejercido por las dirigencias progresistas y justicialistas. Pero, ante la situación límite en que está la humanidad y la monstruosa superexplotación laboral en acelerado progreso, urge generalizar el esclarecimiento sobre:

 

 

La crisis sanitaria vista desde las infraestructuras

del capitalismo globalizado

Pandemia logística

18 de junio de 2020

Viento Sur

 

Cada crisis -ya sea económica, política o sanitaria- agrava y hace visibles las estructuras, las lógicas profundas y las contradicciones de una sociedad dada. En la que estamos viviendo, la logística se está afirmando una vez más como ámbito estratégico y como talón de Aquiles de la economía globalizada. Desde los trabajadores de los almacenes catapultados a la primera línea a las cadenas de suministro globales que difunden el virus, desde los aviones de carga que transportan mascarillas desde China a los escándalos sanitarios en los almacenes, el sector de la logística asume alternativamente la imagen del salvador y del culpable. Con el objetivo de identificar líneas de análisis y perspectivas de intervención política, a mediados de marzo se inició una investigación colectiva, mediante la creación de un Grupo de Investigación Logística (Groupe d’Enquête Logistique, G.E.L). Este texto es la primera síntesis de un trabajo colectivo todavía en curso.

Pandemia just in time

Más que nunca, la actual crisis sanitaria pone en evidencia la logistización del mundo. La pandemia sigue la ruta del comercio mundial y forma parte de una generación de virus cuya nocividad no se debe tanto a nuevas formas biológicas como a modalidades aceleradas de transmisión y circulación. Viajando en seres vivos u objetos, en camiones, autobuses, aviones o cargueros, en los mercados, en los aeropuertos y en las metrópolis, la Covid-19 se introduce en cada poro (y puerto) de las economías globalizadas. Confiriendo a las infraestructuras del capitalismo una impronta viral, exacerba y hace visible su carácter nocivo.

La dependencia decisiva del capitalismo con respecto a las infraestructuras logísticas globales ha provocado reacciones políticas contradictorias, que inicialmente han consistido en movilizar el cierre de fronteras, como si la pandemia fuese sensible a los reflejos nacionalistas.

Pero los circuitos logísticos han superado rápidamente estos vínculos. Para evitar el cierre de las fronteras entre Francia e Italia, por ejemplo, el flujo de mercancías ha sido desviado a través de Suiza y Luxemburgo, como testimonian los trabajadores.

Muy rápidamente, los sectores del transporte de mercancías y del almacenaje han aparecido como indispensables para la reproducción de la sociedad confinada, especialmente en el sector alimentario y sanitario, y el sector ha aprovechado la ocasión para reivindicar el glorioso status de operador de vital importancia. El Secretario de Estado para la Economía Digital, Cédric O., incluso ha dado un paso adelante, haciéndose eco de la retórica militarista de Macron, comparando el sector de la logística con las “retaguardias” que deben “resistir” y empujar a los propios asalariados a seguir trabajando, dejando de lado rápidamente las preocupaciones sobre las condiciones sanitarias en los puestos de trabajo. Peor todavía, la ministra de trabajo, Muriel Pénicaud, anunció el aumento del límite máximo de la jornada diaria de trabajo, desplazándolo hasta las 12 horas, y del horario de trabajo semanal hasta las 60 horas en los sectores considerados estratégicos, incluida la logística 1/. Aplicar estos ritmos infernales, físicamente insostenibles, para las actividades de desplazamiento significa querer destrozar los cuerpos además de infectarlos. Estas excepciones al estatuto del trabajo constituyen también una forma sin precedentes y muy preocupante de extensión de las disposiciones del estado de emergencia al mundo del trabajo. Advierten del riesgo de una oleada disciplinaria que, además del aspecto policial, contaría también con un aspecto relativo a la gestión.

El virus del beneficio

Desde el punto de vista de las empresas, esta importancia estratégica en tiempos de pandemia se presenta repentinamente como una oportunidad para los negocios. Al comienzo de la crisis, la gran distribución ha tomado ventaja de la necesidad de almacenar los alimentos para las familias y de satisfacer las exigencias de aprovisionamiento de las poblaciones confinadas, tanto en Francia como en otros lugares 2/. En las revistas especializadas, la crisis sanitaria se ha presentado como un maná caído del cielo para las grandes empresas de logística, con almacenes y centros de distribución que funcionaban a pleno rendimiento para reabastecer a los supermercados o distribuir directamente a los particulares 3/. Los principales grupos de venta al por menor han acelerado así su conversión al e-commerce y a la entrega a domicilio, también mediante formas de colaboración con las principales plataformas de entrega (Uber Eats y Deliveroo), modalidades que son susceptibles de convertirse en el modo de consumo privilegiado por una sociedad bajo la amenaza constante de una crisis sanitaria.

Puesto que las actividades logísticas son muy sensibles a las variaciones económicas, el sector ha registrado sucesivamente una ralentización general, debida a un cambio coyuntural de los modelos de consumo durante el confinamiento. Los líderes de la logística de congelados, por ejemplo, han anunciado pérdidas sustanciales y el Grupo STEF ha tratado incluso de compensar las pérdidas aumentando los precios un 8,5%, antes de tener que retirarse bajo presiones de la competencia. En los almacenes del grupo Carrefour las cantidades manipuladas han disminuido un 15% a mediados de abril y el valor medio del envío ha sufrido un fuerte descenso, lo que demuestra de forma evidente que las compras se han desplazado hacia los bienes de primera necesidad, como demuestran también los datos INSEE 4/. Más que las medidas gubernativas, es sobre todo esta reacción —de necesidad, de cautela, pero que puede ser definida como política— la que ha frenado al sector de la gran distribución.

En su conjunto, también el comercio online parece haber acusado la reducción de las adquisiciones. En los primeros reconocimientos efectuados a finales de marzo por la federación del sector, tres cuartas partes de las empresas han anunciado una reducción en las ventas, a veces significativas 5/. Sólo los gigantes del e-commerce y de las entregas —como Amazon, UPS y Fedex— han logrado mantener o incluso aumentar los beneficios a pesar de la crisis. La prueba es que las multinacionales de la logística están reclutando y tratando de atraer trabajadores en todo el mundo. En la que parece también una importante operación de comunicación, Amazon ha anunciado el reclutamiento de 175.000 personas en EE UU en sólo dos meses. Los inversores comprendieron bien el dato y las acciones de Amazon alcanzaron máximos históricos 6/.

A pesar de la ralentización de los negocios debida al cierre de restaurantes y alos despidos, también la logística urbana del capitalismo de plataformas podría ser, a largo plazo, una gran vencedora de la crisis, extendiendo su cuota de mercado habitual a otro tipo de servicios y a colaboraciones público-privadas. Uber Eats, Deliveroo y los otros gigantes de la gig-economy se limitan a enviar emails a los riders –que asumen el riesgo que los clientes no quieren correr— para recordarles las medidas higiénicas de una entrega sin contacto imposible de realizar de hecho. En el otro extremo de la cadena, a los restaurantes que los utilizan se les ofrece comisiones más bajas como incentivo para entrar en el mercado. En EE UU, Uber y Lyft están tratando de tomar ventaja en el transporte de personas vulnerables y bienes sanitarios, desarrollando aplicaciones específicas (Uber Health y LyftUp) mientras DoorDash se ha convertido en socio de la ciudad de Nueva York para repartir comida a los estudiantes vulnerables. En Europa, Deliveroo, JustEat y Uber estarían en negociaciones con el gobierno británico para desarrollar servicios de entrega para las personas ancianas y/o vulnerables.

También la logística farmacéutica se encuentra entre las principales beneficiarias de la emergencia sanitaria. La enorme exigencia actual de estos productos están creando jugosos mercados públicos y privados para los cuales están en curso guerras comerciales entre los grandes grupos que controlan este sector. En concreto, frente a la carencia de mascarillas, el gobierno ha hecho llamamiento a las redes tentaculares de subcontratación de estas multinacionales, esperando compensar así sus tardías reacciones. Encomendándose antes de nada a grupos logísticos, farmacéuticas, como el líder europeo EHDH, se dirigió después —de forma relativamente caótica— a las filiales privatizadas de grupos públicos y privados y, en particular, a Geodis, la filial logística de la SNCF 7/. Publicitada como la solución milagro, la realización de un puente aéreo con China —con los aviones de carga Antonov y por un millón de euros por vuelo— parece sobre todo una huida hacia adelante, una zambullida todavía más profunda en los mecanismos que están precisamente en la raíz de la crisis.

Así pues, en cada subsegmento del sector parece tomar forma una nueva fase de concentración de las actividades y de los beneficios en manos de unos pocos grandes operadores. Como tras la crisis financiera del 2008, se está asistiendo a fallos en cascada entre la miríada de pequeños subcontratistas de transporte sobre los cuales presionan las multinacionales. A esto podrían seguir masivas adquisiciones por parte de grandes grupos, acompañadas de reestructuraciones, oleadas de despidos y una intensificación general del trabajo. El precio de la crisis será pagado en última instancia por los trabajadores y trabajadoras del sector bajo la forma de regímenes de explotación más duros.

El precariado del flujo

La gestión capitalista de la pandemia ilumina la centralidad de todo un mundo de trabajo cuyo salario es inversamente proporcional a la utilidad social. Por el lado de la cadena logística, obviamente, están las cajeras: encargadas de garantizar la continuidad de las ventas están, junto a los riders, entre las más expuestas al contagio. Pero la primera línea se compone también de aproximadamente 800.000 trabajadores y trabajadoras de la logística, cuya mayor parte trabaja en almacenes situados en la periferia de grandes áreas urbanas. Más del 80% de estos trabajadores son hombres, la mayor parte de los cuales son racializados. Contando las 550.000 personas que trabajan en el transporte de mercancías (en camiones, furgonetas, bicicletas o motos), son más de 1,3 millones de trabajadores y trabajadoras las que trabajan cotidianamente en la circulación de mercancías, es decir, más del 25% de las y los trabajadores de Francia hoy en día, frente a sólo el 16% en los años 80.

La logística ha sido desde hace tiempo un sector marcado por la precariedad del trabajo y un frente de experimentación de todas las formas atípicas de contrato y de elusión del derecho laboral. Mientras en los almacenes la fuerza de trabajo es a veces en su mayoría temporal, en el transporte una parte creciente del «proletariado de las carreteras» es trabajador autónomo (artesano, autotransportador) o trabajador desplazado. Además, en los últimos diez años, se ha asistido a una creciente utilización de varias formas de contratos indefinidos degradados, como los «grupos de empleadores», y desde el comienzo de la epidemia al lanzamiento de una plataforma para compartir a las y los asalariados mediante el préstamo de trabajo.

La crisis sanitaria evidencia y exacerba las condiciones de trabajo y ocupación de estos trabajadores de los servicios. Para garantizar la continuidad del comercio y sobre todo para sustituir, de forma preventiva, a las y los empleados de baja por enfermedad o de permiso, las multinacionales de la logística tratan de captar la mano de obra disponible a partir la caída de la actividad en otros sectores 8/. Las agencias de trabajo temporal en los grandes centros urbano están viendo una explosión de la demanda para los centros logísticos de Amazon o para las compañías de mensajería multinacional. Del mismo modo, las plataformas se apoyan en gran medida en la mano de obra migrante, que opera alquilando cuentas de terceros, que no tiene acceso al amplio sostén financiero excepcional del Estado, y que por lo tanto no tiene otra opción sino la de continuar trabajando.

Para las y los trabajadores temporales de la logística, que a menudo trabajan sin protección, el derecho de retirada [abandonar el trabajo porque no reúne las condiciones sanitarias adecuadas] es sólo teórico. Al contrario, están constreñidos a esconder posibles debilidades físicas para no ser excluidos de los canales de reclutamiento. Además en un trabajo ya difícil y patógeno, actualmente también añade el miedo al contagio, desplazándose de un puesto de trabajo a otro o manejando objetos mediante los cuales el virus puede transmitirse. Es esta difusión en cascada del riesgo de contaminación lo que llevó a la muerte de un trabajador temporal infectado de Covid-19 en el almacén Fedex de Roissy [norte de Paris] y a la de un trabajador temporal que trabajaba como agente de rampa en el aeropuerto de Roissy. Hasta el 15 de marzo, este último descargaba «cargueros provenientes de China, hasta cinco al día, sin guantes, sin mascarilla, sin protección». El 2 de abril, diversas agencias de trabajo temporal retiraron a sus empleados de la web de Fedex a consecuencia de un aviso formal de la inspección del trabajo; un trabajador temporal resumió así el dilema afrontado por estos trabajadores precarios: «o tienes el Covid o te mueres de hambre» 9/.

Por el contrario, para las empresas que están sufriendo una ralentización de la actividad, el trabajo temporal les ha permitido desembarazarse de gran parte de la mano de obra sin ningún coste. Contratados con contratos semanales, estas decenas de miles de trabajadores y trabajadoras no son objeto de las medidas de trabajo sobre horario reducido y deben contentarse con prestaciones menguadas por las sucesivas reformas de la cobertura del desempleo 10/. Sin embargo, tampoco las y los asalariados estables salen indemnes: en un sector en el que las primas de productividad y las pagas extras pueden representar hasta una cuarta parte de la retribución; pasar a una jornada de trabajo reducida implica a menudo pérdidas de beneficios mensuales de aproximadamente 500 euros.

Resistencias sanitarias en los almacenes

La experiencia de quien tiene un trabajo precario es sólo una lente de aumento de las condiciones de trabajo habituales en todo el sector. En muchos almacenes no se respetan las reglas sanitarias fundamentales. Y en tiempos de pandemia más que nunca, puesto que faltan las mascarillas, los guantes y el gel. Los paquetes llegan desde cualquier parte, circulan de mano en mano, como los instrumentos de trabajo. Algunos puertos de carga requieren de la colaboración de más personas y, en las líneas de clasificación, el trabajo se desarrolla en proximidad. En las filiales del grupo logístico farmacéutico EHDH, por ejemplo, la falta de dispositivos de protección es evidente, mientras en las plataformas circulan paquetes llenos de mascarillas. En Eurotranspharma los casos se están multiplicando y sólo a consecuencia de interrupciones y presiones por parte de las secciones sindicales se ha efectuado una limpieza completa de locales y camiones, al mismo tiempo que la dirección ha proporcionado mascarillas y gel en cantidades suficientes.

Los testimonios en el almacén demuestran que, en realidad, en muchos casos es la propia gente asalariada quien pone a disposición los medios individuales y colectivos de protección. En los centros de trabajo en los que están presentes sindicatos combativos, las y los representantes de los trabajadores son a menudo los primeros en darse cuenta de la entidad del peligro. Aquellos que están habituados a gestionar los paquetes provenientes de China y de todo el mundo se han dado cuenta antes que nadie que el virus estaba mucho más cerca de lo que pensábamos y que ellos mismos ya habían sido expuestos. Antes de que fuesen puestas en marcha las medidas de confinamiento, y mientras los medios presentaban al virus como lejano, ya habían dado la alarma pidiendo reuniones urgentes con la dirección. Provenientes en su mayoría de los barrios populares, estos precursores y precursoras son quienes, sistemáticamente, son acusados de comportamientos incívicos por los medios mainstream y por gran parte de la clase política.

En diferentes almacenes, son los trabajadores con contratos indefinidos quienes se han encargado de distribuir los equipamientos sanitarios, de forma que también las y los temporales pudiesen beneficiarse de ellos. Al comienzo de la crisis, en el almacén del Grupo Geodis en Gennevilliers no se proporcionaron dispositivos de protección, obligando a las secciones sindicales a organizar por sí mismas la distribución de mascarillas, recurriendo a las reservas acumuladas para protegerse de los gases lacrimógenos durante las manifestaciones. Para colmo, la empresa se ha adjudicado uno de los principales contratos para el transporte de las mascarillas FFP2 pagadas por el Estado francés. El 17 de marzo, sólo cuando un empleado mostró una insuficiencia respiratoria en un andén de carga, dio positivo en Covid-19 y fue internado en el hospital en estado grave durante una semana, la dirección tomó medidas significativas. Bajo la presión del sindicato, esta plataforma, que no suministra ningún bien de primera necesidad, fue finalmente ralentizada, ya que las y los asalariados pudieron hacer valer su derecho al trabajo en jornada reducida.

Por norma, cuando estos trabajadores y trabajadoras ponen en riesgo su salud, lo hacen para velar por sí mismos y por sus familias. Pero con la pandemia, la contradicción entre salud y beneficios se ha llevado al límite. La protección de los cuerpos (propios y de los seres queridos) llega a ser entonces una posible fuente de conflicto y de rechazo del trabajo. Muchos asalariados han explicado que iban al trabajo con un «nudo en el estómago» y que volvían a casa con esta ansiedad, temiendo contaminar a las personas con las que vivían, ancianas en ocasiones. A falta de una estructura sindical que controle el nivel de protección —como ocurre en la mayor parte del sector— se han multiplicado las formas de absentismo o de rechazo del trabajo. Las tasas de absentismo han sufrido una explosión, superando el 50% en algunos lugares. En muchas empresas, esta situación contrasta con el trabajo de la gerencia, que se encuentra en teletrabajo y envía mensajes de ánimo a los trabajadores a través del correo electrónico.

Frente a los riesgos que corren estos trabajadores y trabajadoras, el gobierno invita simplemente a las empresas a pagar una prima exento de impuestos, dejando la iniciativa a la discreción de la empresa, según el mismo modelo propuesto en respuesta al movimiento de los Chalecos amarillos. Esta política de bonificaciones casuales parece ser la única respuesta del gobierno a la precariedad. Diversos sindicalistas locales han rechazado ya las irrisorias sumas que le han ofrecido a cambio de un riesgo mortal. En los grupos logísticos farmacéuticos como EHDH, se habla de 100 euros en condiciones de presencia continuada. Por tanto, no afectará a quien haya debido tomarse un día libre, para ocuparse de los hijos o para asistir a sus padres. Un acontecimiento extraño: en Clermont-Ferrant, 80 trabajadores temporales de una plataforma de Auchan, apoyados por 200 nuevos asalariados, abandonaron el trabajo cuando el director del establecimiento anunció que no habría ninguna bonificación para ellos.

Alcanzar un nivel de protección satisfactorio implicaría en todo caso una profunda transformación de la organización del trabajo, lo que resulta impensable para las empresas, incluso en tiempos de crisis sanitaria. En la mayor parte de los sitios logísticos, sólo el cierre o una drástica reducción de los volúmenes gestionados puede realmente proteger a las y los empleados. Para mantener los niveles de producción, la gestión se aferra a la incertidumbre por la falta de test. Cuando aparecen los síntomas, los trabajadores se retiran o son enviados a casa sin informar al resto del personal. Muchos responsables sindicales explican que ellos mismos deben llevar a cabo investigaciones, en un lapso de tiempo que aumenta el peligro, para identificar los riesgos. Solamente cuando se presiona la dirección termina por reaccionar ante el temor de escándalos mediáticos o a demandas legales en caso de situaciones graves. La propia dirección de Amazon fue obligada a reconocer su falta de preparación y las numerosas «lagunas» en la implementación de las medidas de protección 11/. Más tarde, los testimonios de los trabajadores y trabajadoras probaron la existencia de un verdadero peligro, en particular en el almacén de Brétigny-Sur-Orge, donde a principios de abril se verificaron cuatro casos confirmados de Covid-19, entre los cuales se encuentra una persona en coma. En un montaje de vídeo amateur, podemos ver a los trabajadores y trabajadoras amontonados a la entrada del almacén tras haber tomado el transporte público abarrotado.

El 14 de abril, una decisión judicial dio la impresión de que la actual tragedia sanitaria estaba siendo afrontada de forma inadecuada. El Tribunal de Nanterre ordenó a Amazon implementar medidas de protección para sus trabajadores y trabajadoras, así como limitar su actividad sólo a los productos esenciales. Dos días después, la multinacional anunció el cierre de sus principales almacenes franceses hasta el 5 de mayo. Si la noticia es sorprendente, recuérdese ante todo que Amazon está lejos de representar al sector de la logística y que miles de almacenes permanecen abiertos. Como sucede ya desde hace algunos años, Amazon sirve de pantalla, un blanco mediático fácil, que finalmente exculpa a todos los demás. Amazon reaccionó rápidamente anunciando que sus entregas se mantendrían. El grupo se encomendará efectivamente a sus almacenes en el exterior —como ya hace en caso de huelga— y a la red de suabastecimiento tentacular que utiliza también en tiempos normales 12/. Conocida por estar siempre a la vanguardia en la innovación en el campo de la explotación de las y los trabajadores, la multinacional está inventando así el dumping sanitario en plena pandemia.

¿Qué es lo esencial?

La cuestión de qué es esencial y qué no subraya fundamentalmente la asunción de riesgos diferenciados a los que están expuestas las diferentes categorías de trabajadores. A nivel nacional, muchos gobiernos afirman constantemente que la producción se limita sólo a las actividades esenciales. Pero este límite es eminentemente político. En Italia, donde se han verificado huelgas espontáneas u organizadas en muchos almacenes del norte para pedir medidas de seguridad, todo el sector de la logística se incluye en la lista de los sectores esenciales publicada por el gobierno el 2 de marzo. No importa si se trata de comida o de zapatos de marca. Del mismo modo, en Francia, los supermercados permanecen abiertos y siguen vendiendo electrodomésticos o aparatos de alta tecnología, arrastrando a contracorriente toda la cadena logística para el suministro de estos productos. Sin embargo, para reducir la actividad sería suficiente con desactivar una línea del código en el software de gestión, el código no alimentario, por ejemplo, como hacen ya los grandes grupos en respuesta a las grandes huelgas.

Una vez más, el caso Amazon ha dado vida a toda una dramaturgia de Estado y de justicia frente a la sociedad recalcitrante. Desde los primeros momentos de contención, Amazon ha jugado en la ambigüedad prometiendo limitar su actividad sólo a los bienes alimentarios y del hogar, una categoría sacada de la nada y expandible a voluntad. Como resultado del procedimiento iniciado por Sud-Commerce en el Tribunal de Nanterre, el tribunal ordenó a la multinacional limitar la actividad a la «preparación y expedición de órdenes de productos alimentarios, productos higiénicos y productos médicos». En tanto esta decisión fue confirmada tras el recurso, con una sentencia sin precedentes, el Tribunal de Versalles amplió la lista de los productos afectados, añadiéndole dispositivos high-tech e informáticos, considerándolos «indispensables para el teletrabajo». Así los trabajadores y trabajadoras deben trabajar corriendo riesgos, mientras que los dirigentes trabajan bajo protección, una especie de serpiente (capitalista) que se muerde la cola.

Estas contradicciones muestran hasta qué punto las empresas anteponen la producción a la salud de las y los empleados y de sus familias. Están en línea las del gobierno, que adoptó un tono marcial —de protección y unidad nacional— al mismo tiempo que evocaba de forma inmediata una vuelta a la «guerra económica» que será necesario desarrollar. Los dirigentes de los principales grupos logísticos no dudan en utilizar este apoyo incondicional, explicando a los representantes del personal que el Estado les está obligando a continuar con la actividad, como hemos escuchado en Amazon, Geodis o EHDH. El significado de este discurso es claro: no se puede proteger a todo el mundo, es necesario hacer sacrificios por la economía. El hecho de que los empleados del sector metalúrgico y logístico se hayan movilizado en Italia con el eslogan no somos carne de cañón es ya un indicativo de la conciencia de la hipocresía que está detrás de las peticiones de mantener la producción.

Por lo tanto, es hacia los modos de producción —y no hacia los modos de consumo— hacia donde debe dirigirse la reflexión acerca de lo que es esencial y lo que no. Las acusaciones a consecuencia de peticiones de sex toys o esmalte para uñas, realizadas por los principales medios de comunicación, son un buen ejemplo de la ambigüedad de este discurso. Tienen una evidente carga moral, orientada además a la sexualidad, con el pretexto de proteger a las personas. En realidad, sólo cuando se establece una relación de fuerzas dentro de las empresas, o desde el exterior pero hacia la empresa, es cuando se pueden imponer limite a la producción y a la distribución. En otras palabras, no poner el foco en el comportamiento de las y los consumidores, sino en la organización productiva en su conjunto. El caso de Lombardía nos muestra hasta qué punto son fundamentales estas luchas, porque hoy sabemos que la región está siendo duramente golpeada debido a la densidad de su tejido industrial y urbano… y porque las fábricas cerraron demasiado tarde o siguen funcionando.

Hacia el cuerpo a cuerpo

Si por un lado las cadenas de aprovisionamiento global son designadas por el papel que desempeñan en la difusión de la pandemia, por otro se les señala paradójicamente como salvavidas para la supervivencia en tiempos de confinamiento. Estos salvavidas son a veces inoperantes, considerando la dificultad que las economías occidentales tienen para obtener suficientes mascarillas de Asia. Hay pocas posibilidades de que estas «lagunas logísticas» —identificadas por el propio Macron— se resuelvan tras la crisis. Y hay motivos para temer una próxima fase de concentración-reestructuración del sector, del tipo de la que desde hace cuarenta años está degradando las modalidades de organización y de trabajo a todos los niveles de la cadena logística: desde quien trabaja en el almacén al rider.

Ya sea a nivel empresarial, estatal o internacional, lo que resulta evidente es sobre todo la incapacidad de las instituciones capitalistas para gestionar la crisis sanitaria. El mundo de la gestión y sus avatares gubernativos no tienen, en sus sistemas de pensamiento, instrumentos adecuados para una situación que exige ante todo la tutela de los cuerpos. En los almacenes, el virus se suma a la lumbalgia, a los trastornos músculo-esqueléticos y a otras patologías derivadas del gesto repetido infinitamente. A veces estas se acumulan, como en el caso de los factores de co-morbilidad —como la insuficiencia cardíaca y pulmonar y la diabetes— que notoriamente golpean más frecuentemente a las clases populares, precisamente a causa de las condiciones de trabajo y de vida.

Subráyese el papel saludable desempeñado por las y los trabajadores que supieron tomar las riendas de la situación en estas enormes y dramáticas lagunas. En algunos casos se puede decir que han sido las y los activistas sindicales quienes asumieron la gestión sanitaria de los almacenes, garantizando la distribución de los dispositivos de protección y monitorizando la implementación de las medidas sanitarias. Esta afirmación de un poder autónomo en la fábrica recuerda también a lo observado en los hospitales, con los equipos médicos que sustituyen una gestión obsoleta. Cuando este poder no puede ser expresado por falta de organización colectiva, las formas de elusión o de rechazo del trabajo, ya sea mediante la ocupación o mediante la interrupción del trabajo, son igualmente decisivas y vitales en el ambiente pandémico.

Contrariamente a las insinuaciones de los medios de comunicación y a los discursos políticos sobre la [quienes están en] primera línea» —que equiparan a las y los trabajadores de servicios con los soldados, víctimas involuntarias de una guerra que han sufrido— muchos trabajadores y trabajadoras ocuparon y continúan ocupando un puesto central en la resistencia al virus. Confiaron en formas de solidaridad y de apoyo mutuo y en un poder social que preexistía pero que ha sido reforzado por esta situación. Mediante su lugar en el proceso productivo y reproductivo, en el centro del flujo de paquetes o de enfermos, han anticipado lo que los propios gobiernos no querían ver.

En línea con el inconcluso movimiento contra la reforma de las pensiones, la autodefensa sanitaria del mundo del trabajo reafirma el rechazo a sacrificar la salud en el altar de la economía. Sugiere una apertura de posibilidades en las luchas por venir, orientada contra uno de los principales anclajes del capitalismo, aquel que golpea directamente los cuerpos y lo vivo. Con la certeza ya comprobada de una capacidad autónoma y de una fuerza popular capaz de hacerse cargo de lo que no puede ser delegado a la gobernanza neoliberal.

Notas:
1/ A estas excepciones se suma la posibilidad de hacer trabajar los domingos, la extensión del periodo mínimo de descanso de 9 a 11 horas, la extensión del trabajo nocturno de 8 a 12 horas al día y la posibilidad de imponer hasta 6 días libres retribuidos con un solo día de antelación (con respecto a las 4 semanas iniciales).

2/ En la última semana de febrero, Carrefour, Leclerc y Lidl han visto aumenatr sus ventas más de un 6%. El uso del reparto a domicilia ha aumentado un 74%, contra el 13% de los autoservicios (fuente: MoneyVox, 09/03/2020).

3/ “Ouest France” del 14 de marzo, “UsineNouvelle” del 18 de marzo.

4/ En su examen de la coyuntura económica del 9 de abril de 2020, el INSEE ha estimado que el consumo de las familias ha disminuido un tercio en total. El consumo de productos manufacturados han disminuido un 38% y los de servicios un 33%.

5/ Tres cuartos de las empresas entrevistadas por la Federación de ventas a distancia han declarado haber registrado una caída en las ventas desde el 15 de marzo.

6/ Durante las primeras semanas de lockdown, las acciones de Amazon han registrado tres sesiones de record histórico en Wall Street. El título ha subido aproximadamente un 30% desde el inicio del año, mientras que el índice Dow Jones ha bajado un 18% en el mismo periodo, a causa de la crisis del coronavirus. El 1 de mayo, en respuesta a la naciente movilización en el sector del e-commerce en los Estados Unidos, el grupo ha anunciado que habría invertido todos los beneficios del trimestre (abril-mayo-junio) en reforzar las medidas de seguridad en los propios almacenes. Esta decisión ha hecho bajar el precio de la acción un 5%, porcentaje que se mantiene relativamente baja con respecto al impacto político y mediático de una multinacional que se declara a la vanguardia en la tutela de la salud, o incluso capaz de superar a la acción de gobierno.

7/ Laura Brenas, CEO del CSP (Centre SpécialitésPharmaceutiques, una filial del EHDH) ha declarado, levemente ofendidad: “nos han pedido nuestra disponibilidad, luego hemos sabido que habían decidido atravesar Geodis sin consultarnos” (Fuente: Libération, 25/03/2020).

8/ Médiapart: “Illavorosotto epidemia: Per i lavoratoriinterinali, le crepe sonoprofonde”, de Mathilde Goanec, 21/03/2020.

9/ Declaraciones de Souad, un temporal de Fedex, publicada por AFP, el 08/04/2020.

10/ En respuesta a la crisis, el gobierno ha anunciado también el aplazamiento hasta septiembre de la segunda parte de u reforma del seguro de desempleo, que pretende endurecer las condiciones de compensación de los trabajadores precarios.

11/ Como revela la grabación pirata de una encuentro a distancia con los sindicatos, transmitida por Mediapart el 21/03/2020. El extracto muestra también como los gestores han utilizado inicialmente el discurso del gobierno para justificar el mantenimiento de la actividad.

12/ Al criticar el modelo de Amazon, es importante incluir el hecho de que la multinacional se encomienda a una enorme rede de subcontratación que implica una multiplicidad de actores: empresas públicas como La Poste o su filial Chronopost, filiales privatizadas de SCNF como Geodis, grandes grupos logísticos como TNT, Fedex o XPO, así como un gran número de PMI en el sector de los transportes y de las entregas.

Texto original: https://acta.zone/pandemie-logistique/

Traducción: David Cardozo y Anxo Garrido para viento sur

https://vientosur.info/spip.php?article16075

Fuente: https://rebelion.org/pandemia-logistica/

En consecuencia, la programación de la «reforma agraria integral» requiere que las singulares subjetividades colectivas con origen en sus respectivas confrontaciones al Capital Estado se sacudan de la verticalidad o el autoritarismo implícito en no interrogarse sobre:

¿La pandemia del pensamiento único?

9 de mayo de 2020

Por Darío Aranda

Lavaca

No negar ni minimizar los peligros del virus. Cumplir con las recomendaciones para el cuidado de la salud. Rechazar el negacionismo de Trump y Bolsonaro. Escuchar a médicos y científicos. Pero, ¿quiénes son «los especialistas»? ¿Hay que obedecer ciegamente a la Organización Mundial de la Salud? ¿Se trata de una opción binaria «salud o economía»? ¿Es imprescindible y sano el “aislamiento social obligatorio”? ¿Quién y cómo se van a cuantificar las consecuencias sociales en los sectores populares? ¿Por qué se invisibilizan las causas de las pandemias? ¿Sirve que los medios cuenten los muertos en tiempo real? Como en la guerra el miedo se impone, la disidencia se castiga y el pensamiento único se contagia. Investigadores, epidemiólogos, médicos, científicos, periodistas, economistas e indígenas se permiten plantear preguntas, aristas silenciadas y otros caminos posibles en tiempos pandémicos.

¿Economía o vida?

“En Argentina instalaron una falsa opción, como dijo el Presidente: «Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida». Pero una cuarentena puede contemplar la salud y la economía al mismo tiempo, en beneficio de ambas. ¿Cómo? Con una cuarentena selectiva de entrada. Limitada a los susceptibles. Porque es un principio básico de la epidemiología exponer a los no-susceptibles y no exponer a los susceptibles”, explicó a inicios de abril con didáctica docente Mario Borini, exprofesor titular de Salud Pública y docente de Epidemiologia en la Facultad de Medicina de la UBA.

   Su escrito apunta a los principios básicos de la epidemiología: al comienzo de la epidemia el aislamiento físico podría haber incluido a unos cinco millones de personas (4,5 millones son mayores de 65 años) y el resto, cerca de 40 millones de habitantes, podría haber mantenido sus actividades habituales, familiares, laborales, siempre con una política social para que la población mantenga los cuidados básicos de limpieza de manos, distancia física de metro y medio, barbijos y uso de protección en el personal de salud.

   Borini se hace la pregunta retórica de por qué el Gobierno no hizo lo epidemiológicamente obvio. Y él mismo responde: “Porque el sistema de salud está desquiciado. Mientras se prioriza declamativamente la salud, no hay capacidad para atenderla ni prevenirla de otra forma que descargando el gasto y la angustia en la población, cuyas condiciones habitacionales y laborales hacen insufrible la cuarentena y el parate económico”.

Borini explica que hay un conocimiento propio de las “ciencias de las poblaciones”, donde figura la epidemiología, pero también la estadística, la demografía y las ciencias sociales, que hoy no son escuchadas por el gobierno nacional ni por los provinciales. Resalta que se impuso una mirada relacionada a pruebas de laboratorio propias de la infectología-virología-inmunidad, sin tener en cuenta el marco de referencia social que debe existir ante cualquier epidemia. “La mirada impuesta está vinculada a lo que propone la industria de medicamentos (…). Además hay conflictos de intereses, como la OMS financiada por laboratorios comerciales y la Fundación Gates. Y ese conflicto de intereses penetra al ‘comité de expertos’ (del gobierno nacional), con Pedro Cahn de la Fundación Huésped, que es financiada por laboratorios comerciales”, cuestiona Borini.

   Menciona como contra-ejemplos a la Argentina a cuatro países asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán), con cuarentenas selectivas, “pese a que los tres últimos superan a Argentina en el número de casos”. Y también señala a Suecia, con trece veces más muertos que Argentina con Covid-19: “Sus autoridades consideran que ‘es tan peligroso salir como quedarse en casa’ y que es indigno imponer a su población una cuarentena total”. Precisa que Costa Rica no hizo cuarentena y tiene la menor tasa de mortalidad de América Latina. “Alemania, con cuarentena parcial, tienen una tasa de ocho fallecimientos por millón de habitantes, que es ocho veces menor a la de Bélgica, con cuarentena total, nacional y obligatoria”, explica.

   Plantea que Argentina, con esta política ante la pandemia, no prioriza a la población respecto a la salud y la economía, sino que se prioriza el sistema de salud, “que a la espera de la epidemia no atiende ni siquiera en los consultorios habituales”.

   “El sistema de salud no tiene capacidad porque durante siete décadas hubo reducción de camas de internación en relación al crecimiento de la población, retaceo de terapias intensivas y respiradores, obsolescencia tecnológica, caída presupuestaria, desabastecimiento de insumos, no reemplazo de personal (por fallecimiento, jubilación, renuncia), magros salarios (…) Por eso se apeló en Argentina a la cuarentena total, para evitar el bochorno de la desatención masiva”, aseguró Borini.

   Sostiene que instalar camas de emergencia en “lugares impropios” como Tecnópolis es una muestra más de la “miseria que supimos conseguir” para el sistema de salud. Y alerta por las consecuencias de la cuarentena obligatoria: “De persistir con esta dicotomía entre salud y economía se profundizarán el empobrecimiento de la población y la extranjerización de la economía, con su grave y evitable efecto boomerang sobre la salud física, mental, social y ambiental, que habría que medir con el mismo ahínco que se pone en contar los casos afectados por el Covid-19”.

¿Contar muertos?

Otra voz disidente es la del virólogo y doctor en farmacología molecular Pablo Goldschmidt que cuestionó que decenas de países paren sus actividades por el Covid-19. Recordó que definir una enfermedad como “pandemia” no quiere decir algo grave sino un mal que sucede en muchos países. “El Covid-19 es muy contagioso, sí, como el resfrío, que es como muere la gente en los geriátricos. Antes no los contaban, ahora sí. Hubo más de medio millón de casos de neumonía en el mundo el año pasado. Hay un millón de personas que se pueden agarrar meningitis en África, y se transmite por la saliva, y los aviones van y vienen. Y a nadie le importa nada. A mí, cuando algo hace mucho ruido como con el corona… Se está teatralizando mucho. Desde el primer día dije que las cuentas no daban, como cuando apareció la gripe H1N1”, destacó.

   Goldschmidt es autor del libro La gente y los microbios, donde analiza el rol de las bacterias, virus, hongos, protozoos y priones, “seres invisibles” que afectan gravemente la salud, pero también son vitales para la existencia del pan, quesos, bebidas fermentadas y medicamentos. Cuestiona a la universidad británica Imperial College de Londres, fuente inicial de datos epidemiológicos de donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) basó sus proyecciones de posibles muertes: 2,2 millones en Estados Unidos y 500.000 en el Reino Unido.

   El portal de noticias Infobae es el más leído de Argentina. En su encabezado contabiliza en tiempo real los contagiados, fallecidos y recuperados, en el mundo y en Argentina. Para el país contabilizan 241 muertos. Los diarios destacan mapas online para ubicar las provincias y ciudades con más afectados. Los canales de noticias informan con un “urgente” o “último momento” cada nuevo fallecimiento.

   Desde el primer fallecimiento, el 7 de marzo, Argentina contabiliza un promedio de 4 muertes por día. Muy lejos de las 31.916 muertes por neumonía e influenza del 2018, según el informe oficial “Estadísticas vitales”, del Ministerio de Salud de la Nación, un promedio de 88 fallecimientos por día.

   Al momento de escribir este artículo se contabilizan 244.229 fallecidos en el mundo por coronavirus. Mario Borini, médico de la UBA, recordó que en el mundo hay anualmente entre 400.000 y 600.000 muertos por gripe común (y está subdiagnosticada). Según la propia Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 6,5 millones de personas por la contaminación del aire. «Sólo una de cada diez personas respira un aire que está en los límites establecidos por la OMS. Los otros nueve respiran aire que es nocivo para su salud», afirmó en conferencia de prensa María Neira, directora del departamento de Medioambiente y Salud del organismo.

   Ningún portal de noticias, ningún canal de televisión, ningún funcionario contabiliza en tiempo real esos fallecimientos.

   Abordar la contaminación del aire implica poner en cuestionamiento el modelo económico contaminante, que es la base del capitalismo.

Desocupación y pobreza

   La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) emitió un informe sobre el futuro de la región luego de la pandemia: “Sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. El PBI caerá más de 5 por ciento en 2020. Se prevé un fuerte aumento del desempleo”.

   La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el 29 de abril su reporte titulado “El Covid-19 y el mundo del trabajo” en el que advirtió que “casi la mitad de la población mundial podría llegar a perder los medios de vida”. Afirmó que el efecto pandemia y la suspensión de actividades tendrán un “efecto devastador”.

   “Casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial, corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento”, advirtió la OIT. Y prevé la pérdida de 305 millones de empleos a tiempo completo.

   Julio Gambina, economista de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (Fisyp), explicó que Argentina terminará este año con una pobreza de entre 40 y 42 por ciento, con un desempleo de hasta el 12 por ciento y con irregularidades del empleo en torno al 40 por ciento. También alertó sobre la fuerte presión que habrá para mayor flexibilización laboral y reforma previsional.

   Gambina se caracteriza por sus opiniones económicas y sociales que privilegian a los sectores populares; quizá por eso no suele ser consultado en los grandes medios de comunicación y sí en los medios alternativos, comunitarios, cooperativos. Es un referente crítico al neoliberalismo y a los organismos financieros internacionales.

   “El debate entre salud y economía es falso, mezquino y miserable, que escamotea la discusión del qué hacer en la coyuntura y más allá en el tiempo para superar los problemas del presente”, afirmó Gambina. Y llamó a discutir el modelo productivo y de desarrollo, el sistema financiero y la inserción internacional del país. “La situación de emergencia habilita esta discusión, evitada por años de oscurantismo y hegemonía desbordante de ideología y política neoliberal”, destacó.

 

Salud y ambiente

   El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) alertó en 2016 sobre el aumento mundial de las epidemias zoonóticas. Señaló que 75 por ciento de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son de origen animal y que dichas afecciones están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas (Fuente).

   El Instituto de Salud Socioambiental (Inssa) funciona en el marco de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Se trata de un grupo de docentes y graduados que realizan desde hace nueve años una práctica educativa inédita llamada “campamento sanitario”, en el marco de la materia Ciclo Práctica Final, que consiste en instalarse durante una semana en una ciudad y, censo mediante, conocer y sistematizar los problemas de salud de la población. Ya llevan realizados 40 campamentos y detectaron incremento de abortos espontáneos, malformaciones congénitas, enfermedades oncológicas y aumento de los casos de mujeres que no pueden completar sus embarazos a término. Perfiles epidemiológicos vinculados al modelo agropecuario con uso masivo de agrotóxicos.  

 

Ante el coronavirus, emitieron un comunicado de análisis: “Las graves consecuencias de esta pandemia, desnudan la fragmentación, desfinanciación y vaciamiento que ha sufrido el sistema público de salud producto de las políticas neoliberales y la consecuente mercantilización de la salud”. Apoyaron la decisión de medidas que ponen el foco en la urgencia, pero remarcaron que solo “son acciones encaminadas a gestionar la enfermedad”, sin abordar políticas de fondo para un sistema de salud que permita enfrentar pandemias.

 

   El Inssa afirma que la crisis producida por la Covid-19 no representa un hecho aislado o fortuito, sino que emerge de condiciones que el mismo ser humano generó, por sus acciones u omisiones, ante la falta de un pensamiento crítico, previsor y solidario y se suma a varias zoonosis precedentes: SARS-CoV (2002), gripe aviar (2005), gripe A-H1N1 (2009), el MERS-CoV (2012) y el ébola (2014), “pudiendo todas ellas ser consideradas como enfermedades prevalentemente antropogénicas”.

   Afirma que es necesario buscar las causas de las pandemias en el modelo extractivo (agronegocio, minería, explotación petrolera), que provocó un deterioro progresivo en la salud de las comunidades y redujo la capacidad de la respuesta inmunológica humana ante diferentes agresiones. “Los modos de producción explotan nuestros territorios, con la consecuente contaminación del agua, aire y suelo con agrotóxicos, microplásticos, metales pesados y gases tóxicos, imponen la deforestación con corrimiento de la frontera agrícola, la explotación animal en condiciones deplorables, constituyen un medio de cultivo ideal para la génesis de mutaciones virales (…) Si no nos reconocemos como parte de un todo viviente, dinámico y naturalmente cíclico, será complejo salir fortalecides de esta crisis”, advierten los investigadores y docentes del Instituto de Salud Socioambiental.

 

   Se ha publicado mucho sobre la relación pandemias y ambiente. Matías Mastrangelo y Guillermina Ruiz escribieron un artículo que condensa las acciones humanas que repercuten en la salud de millones de personas. Titulado “Cinco formas en las que transformando el ambiente creamos una pandemia”, aborda el tráfico de fauna, la destrucción de ecosistemas naturales, la extinción de especies silvestres, y el cambio climático global y urbanización-globalización. Explican los cinco ejes de forma detallada y concluyen: “Nuestras formas de producir y consumir son grandes responsables de la pandemia, por sus impactos sobre la salud del ambiente, de la cual depende la salud humana. Es necesario gestionar mejor a la salud ambiental y humana, como una sola salud, la salud planetaria”.

 

OMS y empresas

   “Lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. “La OMS determinó que…”. “Hay que seguir los lineamientos de la OMS”.

   Funcionarios, políticos de distintos colores, periodistas de pelaje variopinto y, claro, mucho panelista televisivo/radial hace propios los dichos de la Organización Mundial de la Salud para justificar la cuarentena, seguir ciertas “recomendaciones”, hacer o no hacer determinada acción. Incluso gobiernos (desde municipales a nacionales) establecen políticas de “cuidado” según lo diga el organismo internacional.

   “LA OMS gestiona la pandemia financiada por farmacéuticas y multimillonarios”, escribió Miguel Jara, periodista español especializado en temas de salud, alimentación y ecología. Recordó, en base a información de la propia OMS, que el mayor financiamiento del organismo internacional proviene de la Fundación Bill & Melinda Gates (dueños de Microsoft) y de las grandes empresas farmacéuticas.

   La Fundación Gates aportó en un año 185 millones de dólares, precisa Jara. Lo que significa 95 veces más que España. Le siguieron en aportes las multinacionales GlaxoSmithKline -GSK- (7,7 millones de dólares), Novartis (6,9 millones), Sanofi Pasteur (6,1 millones) y Merck (2,4 millones). Jara remarca que se trata de las principales compañías fabricantes de vacunas.Es sabido que en el actual modelo económico quien paga es el que manda”, sentencia.

   Recuerda el antecedente de 2009, ante la gripe A, “nos decían que mataría a más de 100 millones de personas”, los laboratorios recibieron un trato preferencial para obtener la vacuna: desde apoyos económicos de gobiernos hasta evasión de protocolos de control (en la etapa de experimentación). Destaca que la británica GlaxoSmithKline (GSK) obtuvo la vacuna llamada “pandemrix”.

   “La vacuna provocó una multitud de cuadros de narcolepsia, una enfermedad del sistema nervioso”, cuestionó Jara y afirmó que ante el Covid-19 se están haciendo las cosas mal. “Nuestra salud no puede dejarse en manos de organismos mundiales que gestionan pandemias subvencionados por los fabricantes de los principales remedios para esas pandemias”, resumió.

   La Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) difundió el 8 de abril un artículo de Sharon Lernet titulado “las grandes farmacéuticas se preparan para lucrar del coronavirus”. Quien a su vez cita a Gerald Posner, autora del libro Farmacéuticas: avaricia, mentiras y envenenamiento de América.

   “Las compañías farmacéuticas ven a Covid-19 como una oportunidad de negocio única en la vida (…) La crisis global será potencialmente un éxito de taquilla para la industria en términos de ventas y ganancias. Cuanto peor es la pandemia, mayores son sus ganancias”, resumió Posner.

   La investigadora detalla cómo las compañías logran millonarios financiamientos estatales y luego fijan precios exorbitantes para sus medicamentos. Precisa que, solo en 2019, la industria farmacéutica gastó en Estados Unidos 295 millones de dólares en “cabildeo”, eufemismo de lobby, manejo de influencias. La cifra es más del doble de lo que invierten las petroleras. “La industria farmacéutica es también muy generosa en sus contribuciones de campaña a legisladores, tanto demócratas como republicanos”, describe Posner.

   El martes 21 de abril el presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos a las grandes compañías farmacéuticas, nucleadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme). “Los directivos de los laboratorios se comprometieron a mantener las fuentes laborales y manifestaron su ‘compromiso con las políticas del Estado nacional’ para contener la pandemia del Covid-19”, señala la noticia del diario Página12. También remarca que las empresas realizarán una donación de 14 millones de pesos para la construcción de dos hospitales.

   Entre las empresas que se reunieron con el Presidente estuvieron las multinacionales GSK, Pfizer, BMS, AbbVie y MSD. “Durante el encuentro se destacó la importancia de potenciar todas las actividades referidas a la investigación y desarrollo en la ciencia y en la industria farmacéutica, en particular en tiempos extraordinarios como los actuales, y en general como una manera de mejorar la calidad de vida de la población”, señala el artículo del diario.

 

Ciencia todopoderosa

“Los especialistas determinaron que…”. “Los científicos recomendaron…”. “Las políticas que deben seguirse, según el comité de expertos, son…”.

 

La casta política, y mediática, repite al unísono que se deben seguir acciones determinadas por un grupo muy reducido de especialistas en determinadas materias, casi siempre con una mirada biologicista por sobre lo social.

 

“La pandemia nos ha permitido ver en acción, con plenos poderes, a una nueva forma de autoridad mundial. Una autoridad fundada en razones científico-técnicas, no políticas, que imparte sus órdenes mediante protocolos de actuación y no mediante leyes o normas. Puede ser difícil saber qué voluntades inspiran a los protocolos de la OMS, pero algo es seguro: no es la voluntad democrática de los pueblos, que no han sido consultados, ni siquiera a través de sus parlamentos. No obstante, la mezcla de miedo, respeto a la autoridad científica, y la prédica constante de los medios de comunicación, legitiman y convierten a esos protocolos y recomendaciones médicas en mandamientos sagrados”, alertó el periodista uruguayo Hoenir Sarthou.

   Su crítica apunta también a las consecuencias sociales del parate mundial. Su planteo, a diferencia de Donald Trump o Jair Bolsonaro, es por izquierda y preocupado por los sectores populares: “¿Cuántos niños y adultos, además de los que mueren cada año, morirán de hambre este año y el que viene a consecuencia de este inédito mandato de detención “sanitaria” del mundo? ¿Alguien habrá hecho el cálculo? ¿Habrá comparado esos números con los de potenciales muertes por el virus?”.

   Alicia Massarini es doctora en ciencias biológicas, investigadora del Conicet y crítica del rol de la ciencia hegemónica, representada en Argentina por, entre otros, Lino Barañao y Rodolfo Salvarezza (ex y actual ministro de Ciencia). Cuestiona el rol de la ciencia como una voz de “autoridad” y llama a debatir la representación social, el imaginario, que recae sobre la ciencia como portadora de la verdad. “La ciencia es un pilar del sistema capitalista”, resume.

   Aclara que, ante la pandemia, no hay una sola opinión científica. No hay un consenso. Y lamenta que en Argentina se esté dando un enfoque “reduccionista” del rol del saber científico frente al virus. “La idea de que los gobiernos sean asesorados por llamados ‘especialistas’ le imprime una enorme pobreza al análisis. Porque en general se trata de epidemiólogos, médicos y virólogos. Se dejan fuera otras especialidades muy necesarias y pertinentes, como sociólogos, geógrafos y psicólogos. Una serie de especialidades que aportarán dimensiones indispensables ante este problema”, propone.

   Massarini, que es parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (Uccsnal), afirmó que hay falta de “transparencia” en las decisiones políticas basadas en supuestos argumentos científico-técnicos. Llamó a la necesidad de “abrir un debate político”, donde la ciencia sea una opinión más, interdisciplinaria pero sin ser la verdad que defina lo que necesita o qué debe hacer la población.

   “Estamos en un escenario que se requiere una democratización del conocimiento científico, dando cuenta de las limitaciones, teniendo en cuenta los contextos, que promueva nuevos conocimientos, junto a los actores sociales que forman parte del problema a abordar. No nos podemos quedar solo con el saber científico; hay otros saberes que tener presentes, hay que tener criterios éticos y todo debe ser parte de un debate político amplio”, propuso.

   Sobre las causas de la pandemia, no tiene dudas: “Es el avance del neoliberalismo, la mercantilización de la vida, la destrucción de ecosistemas. Las causas profundas están siendo invisibilizadas cuando se habla de un murciélago de China o un ‘virus invisible’”. Ante todo, llamó  a “no caer en el pensamiento único, no a la malvinización del problema”.

 

   Mario Quinteros es un dirigente del Pueblo Diaguita de Tucumán. Escribió una carta abierta que difundió por redes sociales: “La crisis que estamos viviendo está lejos de ser solamente una crisis sanitaria (…) Es una crisis sistémica de la globalización”.

Señala que el futuro implica necesariamente cambiar las normas para no repetir los males producto de “la expansión de la economía que fuerza a una homogeneización, degradando el equilibrio en nuestras sociedades, impactando en ella y en nuestros cuerpos”.

“Esta crisis mundial debe llevarnos a pensar otros mundos posibles, donde se busque restablecer el equilibrio que enuncia el Sumak Kawsay (el “buen vivir” de los pueblos indígenas, piedra basal de su cosmovisión ancestral, propuesta política, cultural y social)”, propone.

   Los pueblos indígenas plantean desde hace años el agotamiento del actual sistema de producción-consumo, exigen el respeto al territorio, que repercutirá en beneficio de la salud de la población. Quinteros llamó a la “construcción de otra normalidad, plural y diversa, que convoque a las sociedades del mundo a recuperar el equilibrio perdido detrás de la homogeneización, el derroche y la expropiación que provoca el extractivismo”.

Artículo publicado el 7 de mayo de 2020 en la Cooperativa La Vaca

Fuente: https://rebelion.org/la-pandemia-del-pensamiento-unico/

 

 

 

Alejandro Carrasco y Javier Zúñiga, desde Chile, nos advierten que:

No se puede formular una perspectiva anticapitalista sostenida en afirmaciones generales. No se puede pretender el desmonte del capitaloceno sin apuntar a las formas concretas que éste asume. De lo contrario, se trataría de ideologismos, afirmaciones desancladas de la historia, por lo mismo, fuera de la política. Con este motivo, sugerimos algunos elementos para el debate:

 

Imaginar y disputar una apuesta ecosocialista

Caminos (o propuestas) para la socialización y gestión democrática

de los bienes comunes

9 de junio de 2020

 

Por Alejandro Carrasco y Javier Zúñiga (Rebelión)

Pareciera que, después de todo, necesitamos imaginar. La experiencia de revuelta popular, aún en curso, iniciada el 18 de octubre y todas las facetas de precariedad que ha revelado la pandemia, ameritan imaginar rupturas. No es posible que pueda parecer más deseable el acostumbrarse a normalizar la fragilidad y la emergencia que redefinir los horizontes de lo posible. Se trata de que hoy la amplitud de la catástrofe es tal, que pensar en un mundo más allá del desastre se presenta como la articulación de una autodefensa.

Sin embargo, pese a que la pandemia es realmente un virus que ha revelado y agudizado problemas estructurales de fondo, que ya estaban ahí, no dejan de haber singularidades históricas en ella. Por ejemplo, el hecho de la simultaneidad de la propagación y afectación del virus en todo el mundo. Simultaneidad que es, consideramos, condición de posibilidad de una germinal conciencia internacionalista, en tanto se ha vuelto evidente la interconexión y vinculación entre pueblos del mundo y, sobre todo, es claro que los sectores más afectados pertenecen a la clase trabajadora. Otro ejemplo es que el virus ha aportado a una visión universal de la catástrofe, un estado de alerta y emergencia mundial como nunca vista, pero que se caracteriza por cierto pesimismo, por la constatación, si es que le queremos sumar el cambio climático y otros fenómenos de escala global, del mundo como zona de sacrificio.

Para nosotros, este ciclo socioambiental abierto por el COVID-19 representa una enorme posibilidad. Y decimos esto no a la manera de un optimismo abstracto, voluntarista y, por lo tanto, sin estrategia. Lo planteamos al modo en que se constatan las bifurcaciones: o se profundiza la sociedad capitalista y sus múltiples vidas precarizadas o se abre al menos la oportunidad de resarcir el camino andado y explorar nuevos horizontes de ruptura. Lo cierto es que, sea como sea, el capital ya es una fuerza geológica global con la cual cualquier programa de cambio y de transiciones, debe lidiar si es que pretende un mínimo de responsabilidad histórica. Es el tiempo del capitaloceno, de un conjunto de relaciones sociales que nos han llevado a este punto y modifican toda la faz de la tierra, así como en otras épocas fue el pleistoceno o el holoceno como temporalidades geológicas. Ya nada volverá a ser como antes en el mundo. A una fuerza tal se requiere contrarrestar con otras fuerzas equivalentes. Es improbable que una alternativa a la sociedad del capital provenga, en un mundo radicalmente sometido a sus lógicas, de otra parte, de un “más allá”, de un “afuera” que no esté ya inscrito en esta sociedad. Por lo mismo, consideramos que toda propuesta alternativa emana de elementos ya existentes, pero que se expresan hoy como contradicciones y potencias históricas latentes. Es sobre algunas de ellas que nos referiremos, a la manera de contenidos concretos de una propuesta ecosocialista hoy.

Socialización y gestión democrática

No se puede formular una perspectiva anticapitalista sostenida en afirmaciones generales. No se puede pretender el desmonte del capitaloceno sin apuntar a las formas concretas que este asume. De lo contrario, se trataría de ideologismos, afirmaciones desancladas de la historia, por lo mismo, fuera de la política. Con este motivo, sugerimos algunos elementos para el debate:

1.- El problema de la renta de la tierra. América Latina se ha caracterizado por producir mercancías que al ser vendidas en el mercado mundial se transforman en un tipo de ganancia capitalista conocida como renta de la tierra. Las mercancías que portan este beneficio, llamadas “materias primas”, “recursos naturales”, etc., requieren un tipo de producción que necesariamente se organiza a través de la naturaleza. Acaparando bienes comunes naturales no reproducibles por el trabajo humano, limitados y apropiables privadamente. Es por esto por lo que la producción rentista es tan devastadora con la vida socioambiental en esta parte del mundo, porque al buscar incrementar sus ganancias, intensifica la degradación ambiental y social.  Sin el reconocimiento de este punto de partida, que la búsqueda de renta de la tierra constituye una relación social que produce metabolismos socioambientales, es sumamente dificultoso orientar las medidas ecológicas a seguir. Si interesa desmontar este mecanismo, que también se ha llamado “extractivismo”, hay que indicar las responsabilidades de las grandes empresas apropiadoras de renta de la tierra, los terratenientes (mineros, agrícolas, forestales, etc.).

2.- Enfoque de clase. Estos terratenientes, que poseen no solo tierra y agua en un sentido genérico, sino que relacionan y subordinan una variedad de agentes ecosistémicos: características geográficas, geológicas, morfológicas, explota diferencias naturales entre un territorio y otro, aprovecha la abundancia o mejor calidad (desde el punto de vista productivo) de la tierra, yacimientos mineros, caudales hídricos, sistemas glaciares, regímenes de lluvia, etc. Se constituyen como un grupo o clase diferenciada de otras fracciones capitalistas y, por supuesto, de los sectores y clases sociales que someten. Es necesario abordarlo así. No son cualquier grupo de poder, sino uno formado con objetivos muy específicos, apropiar renta, lo cual los constituye como clase. Una perspectiva clasista no puede ser una consigna general sin contenido, sino que debiera preguntarse, ¿cómo avanzar en concreto contra esta clase en particular, responsable de la crisis socioambiental del país?

3.- Medidas transicionales, la cuestión del poder. Son múltiples las medidas transicionales, desde la sociedad en que vivimos actualmente hacia otra: restauraciones de ecosistemas, incentivo de la agroecología, decrecimiento, desincentivo de las emisiones contaminantes, expropiaciones de la Gran Minería, etc. Sin embargo, si no se orientan por el problema del poder, reconociendo que cualquier medida tendrá una contraparte en otros actores con mayor capacidad de hacer valer sus decisiones, es extremadamente difícil puedan dar frutos. En primer lugar, la formación de una clase capitalista transnacional que se reproduce por el control de los bienes comunes y la apropiación de renta; una clase capitalista “local” que hace lo mismo, pero en otra escala; e instituciones del Estado y un sistema de partidos, moldeados por los intereses de estos grandes rentistas. En segundo lugar, pensamos que las medidas ecológicas transicionales deben contener en todo momento la preocupación respecto a cómo hacer frente a estos grandes poderes. De lo contrario, es muy posible, si es que se llegan a implementar, sean revertidas o ancladas a una experiencia hiperlocal. 

4.- Una política de socialización y gestión democrática. Un elemento clave en la fortaleza rentista es el derecho de propiedad que ejercen los grandes grupos económicos. Este priva al resto de la sociedad de la posibilidad de decidir y, por lo tanto, de hacerse cargo de la precarización que el ejercicio y producción en esa propiedad privada provoca. Una política de socialización tiene en su núcleo una concepción democrática: que la sociedad, y no un grupo de capitalistas, pueda hacerse cargo del conjunto de la vida social. Implica la perspectiva de un cambio en el régimen de propiedad actual en Chile y transitar hacia formas públicas, colectivas y comunitarias. Supone, por lo tanto, expropiación a los grandes terratenientes, condición necesaria para decidir qué hacer posteriormente con estas grandes porciones de tierra. Socializar es una respuesta también a las nociones que homologan la propiedad pública a la “centralización estatal”. Si bien es cierto el Estado puede expresar las formas jurídicas de cambios en la propiedad, no es la garantía fundamental para que los procesos socioambientales estén efectivamente socializados: si no hay participación activa, gestión, planificación democrática permanente por parte de la población en todo nivel, sobre todo de la clase más afectada por este modo de vida y directamente involucrada en la (re)producción de la vida social, el cambio de propiedad podría ser tan solo un reemplazo de unos dueños del capital por otros. La socialización de los productos de la vida social y la gestión democrática son perspectivas estratégicas para afrontar coyuntural y tácticamente la crisis en curso, pues permiten orientar hacia dónde dirigir la crítica al actual régimen de propiedad y cómo organizar democráticamente metabolismos socioambientales que marquen una ruptura con los modos rentistas.

5.- La vida internacional. Si algo ha puesto con fuerza sobre la mesa la pandemia, es la necesidad de actuación global, internacionalista. Lo que genéricamente se conoce “cambio climático”, que en realidad es una acumulación de experiencias y casos concretos muy diversos entre sí, necesita de un nivel de intervención global. Los principales organismos con capacidad de gestión al respecto, como la ONU y las COP’s, si bien toman acuerdos que podían ser considerables, luego no se observan por sus involucrados y, más aún, algunos estados hacen exactamente lo contrario. Si bien la perspectiva ideal sería la solidaridad, cooperación e interrelación entre pueblos desde una perspectiva internacionalista y ecológica, las redes actualmente existentes no tienen la capacidad de gestión de las grandes instituciones mundiales. Hay que profundizar el debate sobre las posibilidades de estos organismos de “gobernanza” mundial, como los mencionados: ¿Un horizonte ecosocialista apuesta a abolirlos, reformarlos o construir “por fuera de ellos? Si bien es cierto es necesario reconocer los estrechos márgenes de disputa que estas instituciones ofrecen y afirmar también que en gran medida obedecen a los intereses de la fracción transnacional dentro de la clase capitalista, es importante bregar porque se hagan efectivos los acuerdos que allí se toman. Pese a sus límites y restricciones. Además, es posible, dentro de ellas, el asumir ciertas prácticas ecológicas implementadas o en curso por algunos estados: las medidas de reforestación en Burkina Faso o la agroecología cubana, por ejemplo. Por último, esto tampoco es excluyente a que se formen organismos de solidaridad entre pueblos, que presionen a cada gobierno por cambios de fondo, se intercambien programas de transformación, experiencias de organización y lucha, etc. Este punto es, consideramos, medular, porque el ecologismo puede ser, junto a la acción internacionalista feminista, pasos concretos hacia la reconstitución de una Internacional.

Estos son algunos puntos de visión estratégica, pero es necesario también orientar las proposiciones programáticas por consideraciones coyunturales y tácticas, que capten, no obstante, la radicalidad del momento que vivimos en beneficio de los pueblos.

Propuestas para una transición

Cuando hablamos de desmontar las formas concretas que asume el capital en los distintos territorios, también queremos decir que, las propuestas que se presentarán a continuación no son por ningún motivo acabadas, ni tampoco expresivas de la totalidad de las contradicciones y problemas que experimentan los territorios a lo largo y ancho del Chile Plurinacional. Esta propuesta es una más dentro de muchas otras que deben someterse a diálogo, discusión y retroalimentación. En concreto, proponemos: 

  1. Reorientación y transformación de la matriz productiva, sobre todo su dimensión minera y energética. Creemos que es necesario pensar medidas transicionales que nos permitan definir hacia dónde se proyecta una política de recuperación de los áreas estratégicas. Se proponen tres ejes: i) La generación energética está subordinada a la producción minera, por lo que no es posible detener la sobre-intervención de centrales energéticas sin una regulación y cambio en la política minera del cobre. La principal dinámica que detener entonces, sería la sobreproducción de cobre, causante de la alta demanda de energía. A su vez, los agentes impulsores de esta dinámica son las transnacionales mineras. A ellas hay que aplicar un alto impuesto a la renta diferencial que se apropian producto de que se benefician al poseer los yacimientos de mejor calidad y una capacidad superior de invertir en tecnología, lo que le da una ventaja sobre otros productores. ii) Al mismo tiempo, fortalecer la propiedad de CODELCO (Corporación Nacional Del Cobre de Chile) y la regulación del precio y masa total de cobre producido por parte del Estado. iii) Impulsar paralelamente una política de expropiación a las grandes empresas energéticas, actualmente en proceso de centralización, en tanto que ningún interés público justifica su actividad desregulada y orientada por el lucro.
  2. Reorientación pública y de carácter social y ambiental de los sectores estratégicos (Sanitarias, generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía). Proponemos dos reivindicaciones urgentes, para encaminarnos hacia una reorientación pública y social de los llamados servicios públicos estratégicos: i) En primer lugar, el carácter “estratégico” que les concede el Estado a estas empresas transnacionales sólo se traduce en la prohibición de huelga, debilitando la capacidad de los trabajadores para contrarrestar el poder de las transnacionales. Por ende, una reivindicación de carácter urgente debe ser, el restablecimiento del derecho a huelga; ii) junto con lo anterior, planteamos la necesidad de bloquear todas las formas legales que permiten lucrar. Por ejemplo, las empresas del sector energético, mediante la gran farsa de la crisis energética, emprendieron el despliegue de una serie de proyectos que les permitieran aumentar su capacidad productiva con el único fin de exportar energía hacia el extranjero. Por su parte, tal como profundizamos en otro artículo 1/, el Decreto con Fuerza de Ley N°70, promulgado en plena dictadura cívico-militar y destinado a promover e incentivar el ingreso de capitales privados, garantiza para las sanitarias un 7% de ganancias mínimas. En 2013, las utilidades de las 25 sanitarias más grandes del país fueron $261.000 millones, siete veces más que las obtenidas por las ISAPRES el mismo año.
  3. Desprivatización del agua. Es necesario partir señalando que, i) cuando hablamos del agua hacemos referencia a un elemento complejo y multidimensional, con distintas formas (Lagunas, lagos, humedales, glaciares, ríos) y significaciones culturales para los distintos territorios y sobre todo para los pueblos originarios. Por tanto, lo primero sería reconocer el agua junto con la tierra como sujeto de derechos, ya que son elementos fundamentales para la reproducción de la vida en todas sus formas; ii) en este sentido, como medidas de urgencia, exigimos la paralización de todas las transacciones del mercado de aguas y las políticas orientadas a continuar mercantilizándolas. En el marco de la grave crisis hídrica y sanitaria que vive el país, no se pueden seguir rematando o vendiendo derechos de agua. Tampoco se pueden seguir impulsando infraestructura y otras medidas que apunten a seguir mercantilizando el agua (carretera hídrica, proyectos hidroeléctricos, venta de agua a empresas de otros países, etc.). Sabiendo, además, que los únicos capaces de competir en dicho mercado, son las grandes corporaciones nacionales y transnacionales dedicadas principalmente a la Gran Minería, agroindustria y forestales. Pero no basta con medidas urgentes, iii) necesitamos avanzar hacia una nueva gestión del agua. Chile es el único país del mundo que tiene la gestión y fuentes de agua privatizadas, por lo que, para comenzar a discutir sobre una nueva gestión, el primer paso debe ser cambiar el estatus del derecho de aprovechamiento del agua como derecho privado. En concreto esto significa derogar el Código de Aguas de 1981 –impuesto en dictadura- que separa los derechos de agua y de la tierra, e impulsar vía nueva constitución, un código de aguas que reoriente el agua como derecho público y humano.
  • Reforma Agraria Integral. Se plantea como una forma y orientación concreta para definir políticas de expropiación y que, fundamentalmente, rehabilita la relación indivisible entre el agua y la tierra, con todas sus complejidades. Su objetivo es reactivar una agricultura sustentada en distintos tipos de productores asociados orientados a sostener la agroecología como mecanismo y relación socioambiental vital para enfriar el planeta y resolver el problema del hambre en el mundo. En concreto, consiste en: i) democratizar la tierra garantizando el derecho de las trabajadoras/es para acceder a la tierra para vivir y producir en ella, expropiando todas las tierras que no cumplan su función social; ii) garantizar el reconocimiento y restitución de territorios de los pueblos indígenas; iii) nueva organización de la producción agrícola que tenga por objetivo la soberanía alimentaria, promoviendo la agroecología como principio y forma de organizar la reproducción de la vida y la subsistencia más elemental. Para lo anterior, iv) el Estado debe ser garante de promover políticas que regulen los mercados y favorezcan el trabajo comunitario, cooperativo y asociativo para hacer frente a los grandes monopolios y corporaciones agroalimentarias. Finalmente, v) se considera integral, porque debe asumir tantas formas como territorios y problemas particulares existan en Chile y Latinoamérica. Debe ser situada y responder a las diversas necesidades de los territorios.
  • Reconversión productiva y laboral. Debido a las altas tasas de desempleo y hambre que se viven en Chile actualmente, las empresas y corporaciones ligadas a la extracción de recursos naturales, están reimpulsando y profundizando su actividad, justificándose en la creación de empleos 2/. Este dispositivo de legitimidad no es nuevo, es un rasgo histórico tanto en Chile como Latinoamérica. Pero en medio de una crisis global, se hará más evidente, al mismo tiempo que representará para los sectores desempleados, una oportunidad real contra el hambre. No obstante, por el carácter de las empresas extractivas, dichos proyectos profundizarán: 1) la tercerización y precarización laboral en todos sus niveles; 2) la destrucción de ecosistemas que, a su vez, permiten la subsistencia de vastos sectores de la población trabajadora. Será “pan para hoy, hambre para mañana”. De ahí la necesidad de avanzar hacia una reconversión productiva y laboral fuera de los márgenes de la extracción ilimitada de recursos naturales limitados. Para ello es necesario que los movimientos socioambientales construyan alianzas con el movimiento sindical desde una perspectiva clasista común, se hagan parte de las huelgas y lucha en general. Por qué no son luchas distintas, son distintas expresiones de las formas en las que el capital destruye la naturaleza y a todos los seres vivos. Es en ese quehacer colectivo donde se irá fraguando, no un apoyo a la continuidad de los proyectos, sino más bien, tácticas de presión y disputa frente al carácter lucrativo y precarizador de los proyectos extractivos. Es solo un paso para una estrategia que desmonte dichas formas de organizar el metabolismo social y ambiental. No existirá ningún tipo de trabajo en un planeta muerto.  
  • Reconfiguración de los servicios de evaluación y fiscalización ambiental. Actualmente, la institucionalidad ambiental, lejos de proveer herramientas que permitan denunciar, fiscalizar, penalizar y prohibir proyectos que atenten contra los ecosistemas,apuntan a satisfacer y maximizar las inversiones y las ganancias del empresariado, acelerando el proceso de aprobación de proyectos, y atentando contra la soberanía de las comunidades y localidades afectadas sin importar los impactos sociales y ambientales. Funciona como una maquinaria institucional de aprobación de proyectos y la transforma en un simple “Check list”. Frente a eso, nuestras propuestas concretas son: i) Mayor rigurosidad en las fases iniciales de evaluación y aprobación de proyectos, especialmente en lo que se refiere a la Declaración Estudio Ambiental y a las líneas de base; ii) Crear mecanismos vinculantes de participación y control democrático de las comunidades afectadas por la intervención extractivista en los procesos de toma de decisión y en las resoluciones de los servicios de evaluación y fiscalización ambiental del Estado; iii) garantizar la voz de los no propietarios, la interlocución tiene que dejar de estar limitada a los propietarios de tierras, derechos de aguas y medios de producción; iv) Exclusión total de estos entes públicos de aquellas personas (naturales o jurídicas) con conflictos de interés; v) Creación de figuras penales que tipifiquen delitos ambientales perpetrados por empresas nacionales, transnacionales o el Estado, y que a su vez, tengan un carácter vinculante y realmente proporcional en materia de sanciones para aquellas empresas que incumplan la normativa ambiental.
  • Derogación del TPP-11 y reevaluación de todos los TLC. Es imposible desmontar la maquinaria que destruye ecosistemas y territorios si no se desarticulan los tratados político-económicos que han permitido su construcción. Por tanto: i) exigir la derogación del TPP-11 que busca profundizar el vínculo de la economía nacional, bajo las necesidades de los capitalistas, con el resto del mundo. Es contraria, además, a una articulación de los pueblos. Por otro lado, si queremos enfrentar la grave crisis ambiental, en el marco del itinerario definido por el Acuerdo del 15N para una nueva Constitución, habría que reconocer una traba, la cual radica en la imposibilidad de reevaluar los Tratados de Libre Comercio (TLC). Creemos que una asamblea constituyente, verdaderamente soberana y democrática, debiese posibilitar la reevaluación de estos tratados que, como sabemos, moldean la forma en la cual se organiza la economía y la extracción de grandes cantidades de recursos naturales para el mercado mundial.
  • No+AFP. Sistema de reparto como alternativa democrática y ecológica para el pueblo trabajador. El modelo de previsión en Chile, caracterizado por la capitalización individual y por el manejo de millonarios fondos por parte de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) –entes privados- se constituye como una de las herramientas estructurales que dinamiza y profundiza el problema ambiental en Chile. Son los fondos de los millones de trabajadoras y trabajadores los que, sin ninguna consulta ni regulación, han oxigenado parte del despliegue y desarrollo de los diversos proyectos de carácter extractivista que destruyen a los territorios y ecosistemas que en ellos habitan. Por tanto, si queremos avanzar en desmontar la maquinaria capitalista y rentista, es fundamental transformar el actual sistema de pensiones y proponer, como movimientos socioambientales, un nuevo sistema de seguridad social que sea de reparto, solidario y tripartito (con aportes del trabajador, el empleador, y el Estado). Bajo esta reivindicación, no solo mejoramos las pensiones de las y los trabajadores, hasta ahora pensiones de miseria, sino que también, robustecemos la capacidad de gestionar dichos fondos y reorientarlos a las necesidades sociales y ambientales. 
  • Pedagogía ecosocialista. Necesitamos disputar y construir un sentido común con elementos concretos que argumenten: 1) la innegable crisis ambiental a nivel mundial. Una crisis que tiene culpables históricamente constatables: el capitalismo. Por ende, introducir la noción de la “necesidad y urgencia del cambio”: evitar la profundización de la crisis climática y civilizatoria. Lo anterior tiene relación con debatir y criticar una de las formas mediante las cuales sectores de la izquierda evaden el problema ambiental: creer que las propias contradicciones del capitalismo se encaminarán, mecánicamente, hacia un momento en el cual ya no habrá más formas para apoderarse de la naturaleza y el ser humano, generando un momento de ruptura natural o apocalíptica. Esas lecturas desmovilizan, y desconocen la capacidad histórico-tecnológica del capitalismo para afrontar las crisis y su reestructuración, siempre a costa de la clase trabajadora. En términos concretos, no hay límites. El capitalismo puede destruir la naturaleza y el ser humano hasta el infinito. Por lo mismo, tampoco hay límites en la degradación de la clase trabajadora. Por tanto, ante la crisis necesitamos organizarnos y dotarnos de una perspectiva. 2) Exponer posibilidades y propuestas alternativas. Ante un escenario de desesperación, necesitamos mostrar un camino. Esto implica una acción pedagógica sobre la posibilidad de otra forma de vivir. Hay que llegar a la iglesia, a los colegios, a las juntas de vecinos. Aquí es cuando la dualidad eco socialismo o barbarie cobra sentido literal. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Qué necesidades? Profundizar el discurso y los contenidos para que no puedan ser cooptados por sectores dominantes ni ser parte de una salida a la crisis por arriba. El miedo, la crisis y la inseguridad sobre el futuro, puede traer consigo el fortalecimiento de salidas de carácter reaccionario o fascistas, una tendencia preocupante a nivel global. De esta manera, el despliegue de una pedagogía ecosocialista contiene un componente estratégico: ¿Cómo enfrentar el proceso de expropiación en el marco de la existencia de clases sociales que no permitirán destrabar sus núcleos de acumulación? Para ello no basta tener claridades programáticas. La pedagogía ecosocialista no es un ejercicio meramente de educación o construcción de una conciencia ambiental. Es más bien el punto de partida para abrir paso a la conformación de un actor colectivo que haga suyas dichas reivindicaciones dotándolas de una perspectiva anticapitalista.

Palabras al cierre

Finalmente queremos expresar que lo presentado en este artículo intentó abstraerse lo menos posible de la realidad. Presenta síntesis de pasos a seguir, pero al mismo tiempo el desafío de preguntarnos ¿Cómo podemos ir concretando dichos pasos? ¿Qué tipo de organización necesitamos para afrontar el camino? ¿con quiénes caminar? Lo que nos posiciona, por tanto, en el campo de las discusiones tácticas y estratégicas. Podemos imaginar un mundo ideal, pero a la larga, la efectividad de un cambio radica en calibrar nuestras fuerzas reales y nuestro marco histórico de posibilidades. No se trata de saltar al futuro sin tener en cuenta la cuestión del poder, se trata de avanzar preguntándonos siempre dónde se encuentra, quiénes lo ejercen, para así construirlo en un proceso de disputa y no de imaginación autocomplaciente.

Alejandro Carrasco y Javier Zúñiga, Organización Contratiempos (Chile)

 

1/ https://www.revistaposiciones.cl/2018/07/12/privatizacion-de-las-sanitarias-lucro-y-el-rol-del-estado-el-caso-de-aguas-andinas/

2/ http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107913

Fuente: https://rebelion.org/caminos-o-propuestas-para-la-socializacion-y-gestion-democratica-de-los-bienes-comunes/