Qué Sistema

Septiembre 2020

De acaparamiento oligopólico del poder científico-tecnológico contra la naturaleza y los pueblos planetarios.

 


 

 

 

Conciliación de clases/ Concentración y centralización capitalista/ Alternativas emancipatorias

 

Conciliación de clases

 

Advirtamos que se está restaurando la agroexportación oligárquica de siglos pasados. Claro hoy esta especialización extractiva que será central a la Argentina y al Abya Yala requiere altas tecnologías. Al mismo tiempo, atendamos a las mentirosas o tramposas consignas de la "guerra contra un enemigo invisible", la "grieta" y la intervención estatal de Vicentín para la soberanía alimentaria como motores fundamentales para ir uniendo a una mayoría de les diverses de abajo en torno a impulsar el crecimiento económico bajo la creencia general que implica al país cuando sólo es acumulación gran capitalista de riquezas y poder sobre nosotres como leemos a continuación.

 

Alianza transgénica: el plan 2030

que une al gobierno y la oposición e

intensifica el modelo extractivo y contaminante

9 de agosto de 2020

El gobierno y la oposición dieron luz verde a un plan de las corporaciones empresarias para profundizar el modelo de agronegocio en Argentina. Bajo el pretexto de la búsqueda de dólares, no se miden las consecuencias ambientales ni el impacto social. La génesis de nuevas pandemias, y el adiós a la soberanía alimentaria. Qué dice el proyecto y cómo lo analizan productores campesinos, investigadores y vecinos de asambleas. Las falsas promesas bajo palabras amables, y por qué lo que está en juego no es sólo un modelo de país sino de vida y futuro: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué.

Por Darío Aranda

No hay grieta en Argentina. Oficialismo y oposición están de acuerdo y se aferran al modelo de agronegocio, de producción de commodities para exportación. Así queda en claro, una vez más, con el plan de diez años impulsado por un amplío sector empresario y que ya tuvo el visto bueno del Presidente, la Vicepresidenta, de gobernadores y de Juntos por el Cambio (Pro-UCR).

Mientras parte de la discusión pública se centró en la (frustrada) expropiación de Vicentín, los chanchos para China y la quema de humedales, el sector empresario y el gobierno nacional cerraron filas en un plan que propone profundizar el agronegocio transgénico, con nuevas promesas de “empleos”, divisas, “desarrollo” y, una vez más, dejando de lado las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del modelo que lleva tres décadas en el país.

“Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)” es el nombre del nuevo espacio que reúne al sector empresario del agronegocio. Su plan para la próxima década lleva ya tiene nombre: “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”.

El plan 2020-2030

El sector empresario busca imponer la profundización del modelo de agronegocio durante diez años, hasta 2030, donde prometen aumento de exportaciones (dólares que el Gobierno prioriza), con leyes a medida de las empresas, más hectáreas sembradas, más transgénicos y agrotóxicos.

En el documento de presentación, de 19 carillas, explicitan qué buscan: “Definir una política activa de corto plazo con herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas”. La promesa, que tanto sedujo al Gobierno, es aumentar en 35.000 millones de dólares las exportaciones (pasar de los 65.000 actuales a 100.000 millones) y “generar 700.000 empleos”. No precisa cómo llegarán a esas cifras, pero igual lograron que muchos artículos periodísticos lo dieran por cierto y difundieran como la salvación pospandemia.

Más exportaciones del agro implica el avance sobre nuevas áreas. La experiencia de las últimas décadas confirma que el modelo de agronegocio implicó el avance sobre campesinos, indígenas, montes nativos y humedales. El plan del agronegocio no menciona nada de esto, pero sí promete que su acción será “sin descuidar el entorno ambiental”.

El documento de presentación señala que el Consejo “representa” a economías agroindustriales de todo el país. Entre los integrantes figuran todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja).También están presentes tres de las cuatro patas de la Mesa de Enlace (Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentina -CRA-). Están las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de Puertos Privados, entre otros.

El listado de integrantes dejar ver a los principales actores del agronegocio local y, también, jugadores del tablero internacional.

Y ellos planean marcar políticas de Estado. Incluso fijan tiempos: “Las propuestas deberán estar listas en 60 días”. E insta a desarrollar una ley “de desarrollo agroindustrial exportador, con estabilidad fiscal y financiera de diez años”.

El documento de las empresas fija tiempos al Poder Legislativo: “El proyecto de ley debería ser tratado por el Congreso de la Nación en 2020”.

También está presente el impulso al “sector forestal”, que en muchos territorios es sinónimo de monocultivos de pino y eucaliptus, con similares consecuencias a la soja: desalojos de campesinos e indígenas, violación de derechos, desmontes, agrotóxicos, concentración de tierras de pocas manos. Misiones, con la multinacional Alto Paraná, es un emblema de esa actividad.

El Consejo Agroindustrial señala que la ley debe incluir “un plan nacional de fomento a la agrotecnología” para el agro y las forestales.

Prometen un impacto anual de 16.000 millones de dólares de aumento de exportaciones y 210.000 empleos (directos e indirectos). Pero no dejan de destacar su objetivo central: “Consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio”. Destacan el uso de “biotecnologías y edición génica” (nueva y cuestionada técnica de transgénicos).

Alineamientos políticos

 Lo que a una organización social le puede llevar meses, años o quizá nunca logre, las empresas  del Consejo Agroindustrial en solo un mes sentaron a la mesa al presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa), al canciller Felipe Solá; a los ministros de Agricultura y Producción (Luis Basterra y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas). Lograron el apoyo de los gobernadores de Córdoba (Juan Schiaretti), Entre Ríos (Gustavo Bordet), Santa Fe (Omar Perotti) y Chaco (Jorge Capitanich).

El jueves 30 de julio tuvieron un encuentro con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La visitaron en el Senado José Carlos Martins (presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino), Roberto Domenech (presidente de la Cámara de Empresas Avícolas) y Gustavo Idigoras (presidente de la Cámara de la Industria Aceitera). «Nos dio un respaldo al proyecto, se puso a disposición y nos alentó a seguir trabajando. Fue una reunión muy cordial. Nos atendió de primera, muy amable», señaló Martins en diálogo con el diario La Nación. El empresario relató que cuando llegaron al encuentro se sorprendieron porque la Vicepresidenta ya tenía leído el trabajo de la agroindustria y la charla se focalizó en aspectos que más finos del plan exportador.

El 4 de agosto llegaron hasta la Quinta de Olivos, donde presentaron su plan al presidente Alberto Fernández. La agencia oficial Télam dio cuenta de la reunión y tituló que el Presidente afirmó que “en toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”.

 

Presidencia emitió un comunicado: «Se evaluó el camino a seguir para aprovechar el potencial del sector agroindustrial para exportar y generar empleo teniendo a la Cancillería como una institución fundamental para que los productos argentinos lleguen a los mercados del mundo».

El canciller Felipe Solá es un actor clave, tanto como fue en 1996, como secretario de Agricultura de Carlos Menem, cuando aprobó la primera soja transgénica de Monsanto.

El Consejo Agroindustrial (CAA) también difundió un comunicado: “El Presidente valoró y felicitó a la agrupación por la iniciativa, destacando la unión y representatividad federal de las entidades que lo componen».

Alberto Fernández estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

 

Por el sector empresario participaron José Martins, Gustavo Idígoras, Roberto Domenech, Patricia Calderón (Federación Olivícola Argentina) y Dardo Chesa (Mesa de las Carnes).

El Consejo Agroindustrial no deja cabos sueltos. Dos días después de reunirse con el Presidente tuvieron un encuentro con la oposición de Juntos por el Cambio (Pro-UCR), espacio político que celebró el plan agropecuario a diez años y comprometió su apoyo en el Congreso Nacional. Participaron el presidente del interbloque, Mario Negri, los diputados Cristian Ritondo (presidente del bloque del PRO), Maximiliano Ferraro (presidente del bloque de la Coalición Cívica), Ricardo Buryaille, Atilio Benedetti, Alfredo Cornejo, Lucila Lehmann, Fabio Quetlas, Pablo Torello y Alfredo Sciavone, entre otros. Mario Negri no dudó: “Al campo hay que ayudarlo con medidas que le permitan seguir desarrollándose. Apoyaremos la propuesta del Consejo Agroindustrial en el Congreso Nacional. El desarrollo del campo es vital para un país que necesita exportar más”.

 

Doble discurso

El presidente Alberto Fernández tuvo una charla en vivo con jóvenes de diferentes provincias, transmitida por TV Pública el 21 de julio. Ante la pregunta respecto al ambiente, el Presidente no dudó: “La Argentina que tenemos que construir es una Argentina medioambientalmente sustentable, dejar de producir contaminando. Dejar de infectar el aire que respiramos, dejar de ensuciar el agua que tomamos. Esa es una oportunidad que tenemos. Eso (el ambiente), que tanto le preocupa a los jóvenes, hay que cuidarlo mucho. Esta es nuestra casa, la Argentina es nuestra casa, el mundo es nuestra casa. Y no tenemos derechos a seguir destruyendo y maltratándola como hasta ahora. Y que no me vengan con los argumentos económicos para tratar de sostener que sigamos contaminando al mundo”.

 El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, twiteó ese extracto del discurso presidencial.

 El mismo día, seis horas después, Alberto Fernández tuvo una reunión online ante el Consejo de las Américas, de lo más rancio de las corporaciones estadounidenses. Y les hizo una extensa invitación a explotar los recursos naturales de Argentina: “Tenemos para adelante muchas oportunidades para invertir en el país. Este es un país que tiene muchas riquezas, tiene riquezas en hidrocarburos, Vaca Muerta (…) La minería tiene un enorme potencial. Un mundo que luego de la pandemia seguramente reclamará alimentos tiene una enorme oportunidad en Argentina, porque Argentina es un enorme productor de alimentos y como país tenemos que comenzar a pensar cómo desarrollamos la agroindustria y como el Estado ayuda a ese desarrollo. Lo ideal sería dejar de vender alimentos para los animales que otros tienen y comenzar a alimentar a nuestros propios animales y vender nuestra carne faenada. Siento que además tenemos una enorme actividad pesquera que está absolutamente poco desarrollada y que podría ser una gran oportunidad para Argentina».

 

“Lo que pasa en Chaco es trágico”

 Jorge Milton Capitanich era jefe de Gabinete de Cristina Fernández en febrero de 2015, cuando en conferencia de prensa rompió en vivo y directo un diario Clarín. Lo llamó “periodismo basura”, “mentira sistemática”, “(Clarín) todo el tiempo es mentira”.

 Cinco años después, una eternidad para el pragmatismo político, Capitanich escribió un extenso artículo de opinión en Clarín. Las diferencias políticas y disputas de antaño quedaron de lado, ahora lo une el agronegocio: “Chaco. Oportunidades de la agroindustria en la pospandemia”, es el título del 2 de agosto donde promociona a la provincia para el avance del modelo transgénico.

El gobernador celebra que entre la década de 1980 y la actualidad se pasó de 800 mil hectáreas a 1,8 millones de hectáreas cultivadas, con un fuerte incidencia de soja transgénica. “Chaco tiene potencial para llegar a las tres millones de hectáreas sembradas para el año 2030”, afirma el Gobernador.

El artículo promociona todas las “ventajas” que tendría la provincia para recibir inversiones del agronegocio. Propone el avance de la frontera agropecuaria, fábricas de agrocombustibles, recuerda que están abiertos “al mercado de capitales”, señala nuevas rutas, “tarifas energéticas diferenciales” para empresas, subsidio a las contribuciones patronales, exención del impuesto a los ingresos brutos y de sellos por diez años. “Chaco puede aportar mucho para la recuperación económica del país”, finaliza el artículo en Clarín.

 

El gobernador Capitanich no hizo ninguna mención al impacto social, ambiental y sanitario que tuvo (y tiene) el modelo agropecuario en Chaco. El más notorio, no el único, el desmonte masivo del El Impenetrable.

Somos Monte es un espacio multisectorial de Chaco, que reúne a organizaciones, activistas y académicos que desde hace décadas denuncian las consecuencias del extractivismo en la región. Micaela Camino, integrante de Somos Monte, cuestionó con dureza el escrito de Capitanich. Recordó que la provincia sufre una crisis ambiental, social y sanitaria, donde el modelo que propone el Gobernador solo agravará los problemas.

“Lo que está pasando en Chaco con el agro y los desmonte ya es trágico. Pero si encima se realiza lo que propone Capitanich… sería como un suicidio”, afirmó Camino y remarcó que el plan agropecuario que se aplica en la provincia solo acentuó la desigualdad, la injusticia, la pobreza “y todo fue para llenar los bolsillos de unos pocos”.

 La integrante de Somos Monte hizo una repaso de todas las consecuencias ambientales que padece Chaco (sequías, aumento de salinidad de aguas y suelo, erosión, desertificación, impacto en la crisis climática), pero también se refirió a lo sanitario: “El impacto de los venenos (agroquímicos) es terrible en algunas localidades, repleto de casos de cáncer y malformaciones, parece Chernobyil”.

Micaela Camino acaba de releer la nota del Gobernador en Clarín y durante unos minutos explica con paciencia el estado de situación de la provincia, sin agua, con “epidemia de chagas”, con madres que no tienen donde parir, con casos de desnutrición que no salen en las noticias y con las empresas madereras que no pararon ni un día durante la pandemia. Recuerda que los pueblos indígenas tienen numerosas leyes y convenios internacionales que los protegen, pero que ni el Poder Judicial ni el poder político las cumplen. No para de enumerar, hasta que se enoja: “Es toda una gran mentira lo que dice Capitanich. Y avanzar con más agronegocio será una tragedia”.

“El viejo discurso de más de ese agro para alimentar al mundo ya no lo cree nadie. Hablan de alimentos y acá crece el hambre. Y la otra falacia es cuando menciona a los biocomustibles como energía verde, cuando en realidad es nocivo para el ambiente. Da vergüenza, no debiera ni decirlo”, lamentó.

 

 Qué modelo

 En una rápida consulta a actores en lucha de diversos territorios del país surge una coincidencia total: el plan de las empresas y el Gobierno implicará más avanzada territorial, más desmontes, más agrotóxicos, más efectos en la salud, más concentración de tierras en pocas manos, más problemas para los sectores populares del campo.

Gabriel Arisnabarreta es productor agroecológico, integrante de la organización Ecos de Saladillo  y del colectivo de Pueblos Fumigados de Buenos Aires. “Vemos con mucha preocupación y no oponemos al plan del Consejo Agroindustrial y que aparentemente fue recibido con beneplácito por el gobierno nacional”, es lo primero que menciona en la entrevista.

 Remarca que es más de lo mismo, con el discurso de transformar al país en líder del comercio de alimentos cuando en realidad se trata de commodities con más y nuevos agrotóxicos, fertilizantes artificiales y transgénicos. Afirma que implicará más deforestación, más contaminación y más “territorios de sacrificio”. Vincula este plan al impulsado por el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), llamado AgTech, que ya contó con la adhesión del Ministerio de Ciencia y de Agricultura. También vinculó estas iniciativas al acuerdo con China por la cría industrial de porcinos y el aumento del corte de mezcla del gasoil (con agrocombustibles).

 “Lo que está en juego es el modelo de país”, resume. Y puntualiza: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué. Afirma que el plan del Consejo Agroindustrial es una profundización del modelo, con más concentración de las tierras y de la producción.

Recuerda que el Foro Agrario (histórico encuentro campesino de mayo de 2019) redactó 21 puntos del plan agrario popular. Y señala que el gobierno no solo no tomó esas iniciativas, sino que abraza un plan que está en las antípodas. “Es terrible que en medio de una pandemia, que mucho tiene que ver con la destrucción del ambiente y la ganadería y agricultura intensiva, se reciba con beneplácito una propuesta para profundizar aun más ese mismo modelo. Esto no tiene nada que ver con los 21 puntos del Foro Agrario y mucho menos con la soberanía alimentara”, denunció.

 

 Profundizar la desigualdad  

Fernando Albrecht es miembro de los Vecinxos Autoconvocados por la Salud y el Ambiente de Hersilia (Santa Fe). Analizó el discurso con el que se publicita el plan agroindustrial: “Usa algunos nombres que quedan bien, como ‘federal’, ‘sustentable’; es como estuvieran en el lugar de los que van a traer el bien, el desarrollo de un país. Pero son los mismos actores que aplican este modelo del que ya conocemos las consecuencias”, advierte.

Recuerda que muchas de esas entidades son las responsables de la “expansión sojera”, de la ganadería industrial, de fumigaciones y de un modelo que provocó un desastre ambiental. “Este tipo de planes tiene relación con lo que impulsan corporaciones financieras y grupos concentrados del agro mundial. Un modelo que se aplica acá desde mediados de los 90. Que no solo no ha resuelto la pobreza, sino que ha profundizado la desigualdad”, afirma Albrecht. Y recuerda que el agronegocio destruyó las economías regionales, que en esa región de Santa Fe tenía forma de pequeños tambos y agricultores familiares.

Llama la atención sobre la insistencia, en el discurso empresario, de las palabras “estabilidad fiscal”. Albrecht, que también es parte del Equipo para la Promoción de la Agroecología de Hersilia, advierte que eso implicará menos impuestos para el agronegocio o, parecido, que el resto de la población se haga cargo de financiarles las obras de infraestructura que requiere la agricultura industrial. Por otro parte, remarca cómo la casta política actúa según el sector al que se parece: “Qué facilidad tienen los gobiernos para abrir la puerta a los empresarios y patronales, enseguida llegan a acuerdos y se dan la mano; mientras que no escucha a las organizaciones que elaboramos propuestas agroecológicas, comunidad campesinas, agricultores familiares, indígenas, a los pueblos que elaboramos propuestas desde abajo”.

  

Dólares para la deuda externa  

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) fue una de las organizaciones que impulsó el Foro Agrario de 2019. Agustín Suárez es uno de los voceros de la UTT y acaba de leer el plan del Consejo Agroindustrial. “El Gobierno, con el argumento de necesitar dólares, sigue apoyándose en los grupos de lobby más importantes nacionales e internacionales para profundizar un modelo de producción agroexportadora. Ya vimos que, con 30 años de este modelo, nos llevó a más concentración de la producción y más dependencia. Y solo queda contaminación y saqueo”, advierte.

Recuerda que la UTT señala desde hace años que son las organizaciones de pequeños productores, campesinos y cooperativas las que pueden solucionar el hambre de la Argentina. Remarca que es necesario discutir el modelo agropecuario y cuestiona que el Gobierno deje afuera de la discusión a las organizaciones populares del campo. “La agroindustria promete dólares que, si es que entran, no solucionan el problema porque se vuelven a ir mediante el pago de la deuda externa”, cuestiona.

Remarca que el plan del Consejo Agroindustrial es, al igual que el posible acuerdo con China por la cría de chanchos, la profundización del modelo con las consecuencias ya conocidas.

  

Excusa perfecta

Juan Wahren es investigador del Conicet y del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA. Entiende que el plan acordado por el Consejo Agroindustrial y el Gobierno es una readecuación de algunos de los actores más importantes del agronegocio para consolidar el modelo agrario hegemónico. “Es la excusa perfecta, el explotar recursos naturales para salir, supuestamente, de la crisis de la pospandemia”, cuestiona.

Wahren leyó los lineamientos del plan y lo evalúa como una vuelta de tuerca más a los planes que impulsaron Cristina Fernández de Kirchner (“Plan Estratégico Agroalimentario”) y el de Mauricio Macri (“Argentina exporta”).

Recuerda que Alberto Fernández ya había anunciado en campaña que iba a impulsar el agronegocio con mayores exportaciones. Como también su apoyo a la megaminería, Vaca Muerta, explotación de litio “que la venden como una minería limpia, cuando no lo es y cuando no hay acuerdo de muchas de las comunidades indígenas de esos territorios”.

Paradojas de la política, aporta que el nombre del nuevo espacio empresario le hizo recordar al “Consejo Agrario Nacional”, espacio estatal de la década del ‘30 que luego fue tomado por el primer peronismo con una político muy interesante de distribución de tierras. “Fue lo más parecido  a una reforma agraria, con todas sus limitaciones y a años luz de otros países de América Latina, pero que entregó millones de hectáreas en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, en beneficio de los pequeños chacareros. Fue un espacio odiado por los terratenientes y destruido por la dictadura militar”, describe.

Un siglo después, otro peronismo implementa políticas en las antípodas.

Wahren advierte que el Gobierno y las empresas también se encontrarán con más resistencias en los territorios. Afirma que la profundización del agronegocio agudizará las contradicciones dentro del gobierno y también en los territorios.

Una gran pregunta, sin respuesta aún, es qué harán las organizaciones campesinas e indígenas frente al gobierno que impulsa el extractivismo en sus territorios.

  

Lucha de trincheras

Roger Almaraz es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, con base en la comunidad Pozo del Castaño. “Somos lechuza ya cascoteada. Sabemos cuando nos quieren engañar”, avisa. Y se remonta cuando a inicios del 2000 les decían que un “nuevo paquete tecnológico” (soja transgénica más glifosato) les traería beneficios y sucedió todo lo contrario.

 Leyó el proyecto del Consejo Agroindustrial y comparte una primera devolución. “Escriben tan lindo esos señores que hasta parece bueno lo que proponen, dicen ‘inclusivo’, sustentable’, ‘generar trabajo’. Pero para obtener esas cifras millonarias que prometen de seguro intentarán más avance sobre nuestras tierras, más desmontes. Y no podemos permitir eso”, avisa.

Explica que ellos dialogan con distintos sectores del Estado. Y que la propuesta campesina es producir sin contaminar, acceso a la tierra, reservas campesinas, comercio justo. Remarca las “contradicciones” del Gobierno, que habla de cambio climático y crea un Ministerio de Ambiente, y otro lado impulsa un modelo que impactará aún más en los territorios.

 

“Debe haber cambios drásticos en el modo de producir. Todos los sabemos, pero el Gobierno no plantea eso. Al contrario, apoya a estos empresarios”, cuestiona. Y resume lo que es “el modelo sojero” para el Mocase: “Para nosotros la soja no fue progreso. Ese modelo implicó desalojos, contaminación y muerte”.

Almaraz afirma que son dos modelos en disputa: el agronegocio y el campesino-indígena. “¿Cuál persistirá en Argentina? Van ganando los poderosos, se ve al mirar las millones de hectáreas desmontadas, aunque nuestra lucha ha evitado que volteen muchas también”, reflexiona.

Comparte dos hipótesis. Los cambios pueden llegar cuando algún gobernante se convenza de que es necesaria una reforma agraria. O, más probable quizá, cuando la sociedad tome conciencia. “No sé cuánto tiempo tomará, pero es necesario ese cambio de conciencia, para un cambio de modelo. Como dicen los compañeros del campo, el problema de tierras no es solo de los campesinos de Santiago, es de toda la sociedad argentina”, arriesga.

 

¿Y mientras tanto?

Propone Almaraz: “Hasta que ocurra eso, seguiremos dando luchas desde nuestras trincheras. No entiendo que pueda ser de otra manera. Y para eso debemos ir intentando hacer ese camino desde nuestras pequeñas luchas, para alguna vez integrarlas en luchas mayores, vincularlas a sectores de todo el país y ahí ver si podemos instalar otro modelo, que sea para todos y no para unos pocos. Es el gran desafío”.

Fuente: https://www.lavaca.org/notas/alianza-transgenica/

 

 

 

"En una rápida consulta a actores en lucha de diversos territorios del país surge una coincidencia total: el Plan 2020-2030 de las empresas y el Gobierno implicará más avanzada territorial, más desmontes, más agrotóxicos, más efectos en la salud, más concentración de tierras en pocas manos, más problemas para los sectores populares del campo. Aún más, el Foro Agrario (histórico encuentro campesino de mayo de 2019) redactó 21 puntos del plan agrario popular. Y señala que el gobierno no solo no tomó esas iniciativas, sino que abraza un plan que está en las antípodas. Gabriel Arisnabarreta productor agroecológico, integrante de la organización Ecos de Saladillo  y del colectivo de Pueblos Fumigados de Buenos Aires señala:Es terrible que en medio de una pandemia, que mucho tiene que ver con la destrucción del ambiente y la ganadería y agricultura intensiva, se reciba con beneplácito una propuesta para profundizar aun más ese mismo modelo. Esto no tiene nada que ver con los 21 puntos del Foro Agrario y mucho menos con la soberanía alimentara”.

 

Juan Wahren  evalúa el Plan 2020-2030 como una vuelta de tuerca más a los planes que impulsaron Cristina Fernández de Kirchner (“Plan Estratégico Agroalimentario”) y el de Mauricio Macri (“Argentina exporta”).

 

Sin embargo, desde principios del gobierno FF se trabaja en un programa nacional “Argentina armónica”  que pretende “armonizar”, como es evidente por sus firmantes, a los pooles de siembra y los pulpos de los agronegocios con la llamada agricultura familiar. Atrae a esta última mediante la promesa de un desarrollo de la agroindustria basado en los progresos técnicos, en generar miles de nuevos puestos de trabajo y duplicar el PBI argentino en una década.

 

En suma, hay amplio consenso abajo contra el plan 2020-2030 pero de poco sirve ante el predominio de concepciones reformistas y falsas respecto a «soberanía alimentaria», a agricultura familiar. Incluso se siguen agitando consignas anacrónicas como nacionalizar el comercio exterior, los bancos...

 

 

 

La “Argentina armónica”

del Movimiento Evita y Grobocopatel
12 de junio de 2020

 

Un planteo agroindustrial firmado por el Rey de la Soja y el “Chino” Navarro

Por Iván Hirsch   

Un curioso documento fue elaborado por el presidente del pulpo agropecuario Los Grobo, el dirigente del Movimiento Evita y un emisario del Papa. Gustavo Grobocopatel, Fernando “Chino” Navarro y Enrique Palmeyro (director de Scholas Ocurrentes) firmaron un texto común en el marco de los encuentros promocionados por el programa nacional “Argentina armónica”, a cargo de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias que preside Navarro. El objetivo de ese programa es avanzar en una suerte de superación de “la grieta”, para lo cual reúne en conferencias a grandes empresarios, rectores de universidades, funcionarios y hasta burócratas sindicales.

El documento en cuestión pretende “armonizar”, como es evidente por sus firmantes, a los pooles de siembra y los pulpos de los agronegocios con la llamada agricultura familiar, en un desarrollo de la agroindustria basada en los progresos técnicos de la denominada economía del conocimiento. De esta manera, afirman, podría incrementar en 30.000 millones de dólares las exportaciones agropecuarias y agroindustriales y generar miles de nuevos puestos de trabajo, e incluso hasta duplicar el PBI argentino en una década. En momentos en que todo se desploma, tamaño optimismo llama la atención.

Resumiendo, el texto señala que ninguna de las formas de organización social pudo hasta ahora “compatibilizar adecuadamente el progreso individual con el colectivo”, y concluye señalando que “nos planteamos juntos si la economía popular y su permanente evolución puede ser un factor decisivo para la transformación que anhelamos”. Entre las escasas definiciones sostiene que se debe “recrear un modo de financiación del sector productivo”, porque “sea cual sea la evaluación del capitalismo hay que incentivar la competencia, una mayor participación de los usuarios y, por supuesto, un Estado inteligente para poner límites a los monopolios” (Clarín, 7/6).

Con la intervención estatal sobre Vicentin el asunto suma mayor atracción, porque se puso a este “sector estratégico” de la economía en el centro del debate. La alusión sirve, además, porque detrás de la inexplicable quiebra de una de las mayores exportadoras de oleaginosas del país como Vicentin, le sigue de cerca la crisis de Los Grobo. El grupo hace cuatro años que arroja balances negativos por el peso de su deuda dolarizada, y debió afrontar entre fines 2019 y principios del 2020 una pérdida de 300 millones de pesos. La caída de los precios internacionales pone al “Rey de la Soja” en la cuerda floja, antes que en posición de capitanear una disputa por una mejor inserción en el mercado mundial.

El cuadro del sector es más grave si se considera el cierre del mercado estadounidense de biocombustibles por las restricciones fijadas por Trump y la contracción de la demanda europea por la cuarentena, lo que derivará en una caída de un cuarto de la producción nacional (Comercio y Justicia, 8/6). Agreguemos de paso que otro gigante como Molinos Cañuelas tiene una deuda en dólares mayor que la llevó a la quiebra de Vicentin.

En este escenario, el nivel de inversiones en todo el sector está por el suelo y lo que prima es la retención de las cosechas a la espera de una fuerte devaluación del peso. Lo dicho muestra que la ilusión en que el gran capital nacional motorice un desarrollo agroindustrial que beneficie a la agricultura familiar y al país en general es una “utopía reaccionaria”, porque esconde que los empresarios criollos se benefician como socios menores de un régimen de saqueo del país por el imperialismo -en crisis con la guerra comercial y la depresión mundial-, y porque coloca a los pequeños productores como furgón de cola de los reclamos de la gran patronal agraria –como un tipo de cambio “más competitivo”.

Lo demuestra, sin ir más lejos, que el propio Gustavo Grobocopatel defendió el año pasado el principio de acuerdo Mercosur–Unión Europea sosteniendo que “hay que permitir que algunos sectores desaparezcan”, sumándose al lobby de la reforma laboral, en aras de “mejorar la competitividad”. De eso hablan los Grobo cuando reclaman “incentivos a la competencia”, lo que para los trabajadores del campo y la ciudad solo puede ser más desocupación y flexibilidad laboral.

 

El proyecto de un desarrollo “armónico” del país finge desconocer que la sociedad argentina (como a nivel mundial) está divida en clases sociales con intereses antagónicos. El carácter conservador de este planteo se desprende del hecho de que pretende encubrir que la mentada burguesía nacional fracasó en abrir paso a un desarrollo autónomo del país. Los empresarios del sector agropecuario, en particular, son el mayor ejemplo de la posición subordinada de la economía nacional frente al capital imperialista, que caracteriza toda la infraestructura productiva desde que Argentina es Argentina.

 

El hecho de que la intervención sobre Vicentin por el gobierno de Alberto Fernández dé paso a una sociedad entre el Estado argentino y el gigante suizo Glencore, en una reversión agraria del pacto YPF–Chevron, evidencia que no se trata de una cuestión de “presencia” estatal. El reciente intento del Ministerio de Agricultura Familiar de Misiones de poner a todos los productores a depender de la provisión de semillas de la multinacional Syngenta -y por ende de todo su paquete de insumos agrícolas-, es otra muestra de que no es el Estado el que “pone límites a los monopolios” si no al revés. La movilización de las familias productoras, que hizo retroceder al gobierno provincial, es una muestra de que la lucha contra la superexplotación de los productores rurales es una pelea contra el Estado, que sostiene el dominio de los Deryfus y Cargill.

 

Bajo el rótulo de agricultura familiar, por otra parte, se encuadra un espectro muy heterogéneo de productores, la mayoría en los grandes cordones frutihortícolas. Un sector, propietario de las tierras que explota y de mayor capitalización, contrasta con un amplio número de familias arrendatarias que trabaja de sol a sol sin convenio colectivo ni tener garantizados sus ingresos, víctimas de los pulpos que controlan la logística y la comercialización de la producción. El planteo pequeñoburgués de elevar la agricultura familiar al rango de modelo agrícola “alternativo” es utilizado no para una pelea contra los pooles de siembra y las exportadoras en pos de mejorar la posición de las familias trabajadoras, sino para justificar la integración al Estado y la asociación con los Grobocopatel -que son quienes hacen jugosos negocios en base a la venta de semillas, agroquímicos, fertilizantes y agroinsumos a… los pequeños productores. Este derrotero es un testimonio de los límites de clase de quienes reivindican como “economía popular” la precarización laboral y la informalidad a la que son condenados millones de trabajadores.

 

El acuerdo que está tejiendo el gobierno de Alberto Fernández con los bonistas y el FMI para el rescate de la deuda externa no mejorará sustancialmente las posibilidades de acceso las empresas argentinas al crédito internacional, pero menos aún permitirá “recrear la financiación del sector productivo” porque agudiza la dependencia del país a los dictados de capital financiero. La impotencia del gobierno en evitar la corrida al dólar y la fuga de capitales lo ejemplifican. En definitiva, los únicos roces que el gobierno tiene con la patria sojera son en función de la captación de una parte de las divisas para garantizar el repago de la deuda, no para la reinversión en un desarrollo productivo que mejore la posición de Argentina en el mercado mundial.

 

La única salida ventajosa para el país solo puede partir de la nacionalización del comercio exterior y la apertura de los libros de toda la cadena de producción y comercialización agropecuaria para terminar con la especulación de precios que afecta a los pequeños productores y encarece el costo de vida de las familias trabajadoras. Un comercio exterior nacionalizado y bajo control obrero permitiría invertir la riqueza del país en un desarrollo de la infraestructura productiva que abarate los costos, y en un desarrollo de la agroindustria que no sea a costa de los pequeños productores. Un plan de créditos a bajo costo para invertir en mejorar la producción de las pequeñas explotaciones exige la nacionalización y centralización de la banca, bajo control obrero. La ejecución de un plan integral de desarrollo agroindustrial requiere, además, de la expropiación de la gran propiedad terrateniente y de las tierras ociosas, para ponerlas a disposición de un plan económico debatido y dirigido por los trabajadores.

 

Para “compatibilizar el progreso individual con el colectivo” hay que quebrar el dominio del capital y su Estado. La “armonía” de la conciliación de clases, como muestra ahora el Movimiento Evita, termina en la subordinación a la clase explotadora.

Fuente: https://prensaobrera.com/politicas/la-argentina-armonica-del-movimiento-evita-y-grobocopatel/

En consecuencia, abajo y a la izquierda coherente con su esencia comunista (al mirar por poderes, convivencias e inteligencias comunales y bienes comunes en vez de públicos/privados), nos urge generalizar un enfoque integral sobre el Plan 2020-2030 del contubernio de capitales locales e imperialistas con los gobiernos-Estados en sus distintas jurisdicciones y sobre cómo manipulan la opinión pública. En esto último recordemos el uso de Tecnópolis, cuán importante fue para esceneficación de medidas CFK e inducción de admiración acrítica de las ciencias, tecnologías. Nos interpela a superar el porqué tuvo éxito que Alberto Fernández hablase de promover la soberanía alimentaria, en vez del descubrir cómo el gobierno nos estaba dividiendo, distrayendo y fanatizando. De suerte que nos alejaba, extrañaba de que: “AgTech de IICA y AgOne de Bill Gates no van al Congreso Nacional. No habrá una ley nacional, ni debate real. Una mera resolución administrativa es suficiente para imponer un modelo de agricultura que puede condicionar nuestras libertades y la soberanía alimentaría por siempre. El régimen agroindustrial en la Argentina jamás fue escenario de un debate democrático”.

 

Technópolis: qué es AgTech,

la nueva avanzada transgénica
1 de agosto de 2020

Corporaciones cada vez más grandes y poderosas. Nuevos (y cuestionados) transgénicos y más agrotóxicos. Organismos internacionales y la fundación del multimillonario Bill Gates. Es el resumen de la nueva etapa del agronegocio en Argentina, que incluye el desarrollo de carne sintética (de laboratorio) y políticas científicas al servicio de un modelo con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. A contramano de la soberanía alimentaria, el gobierno nacional ya dio el visto bueno a la profundización del modelo transgénico.

 

Por Darío Aranda.

 

La historia se repite. 

Corría el 23 de marzo de 1996 cuando Felipe Solá, entonces secretario de Agricultura, hoy canciller,  aprobó la soja transgénica de Monsanto. Firmó la resolución en tiempo récord: el trámite administrativo para autorizar la soja de Monsanto y provocar una cambio drástico del modelo agropecuario argentino duró solo 81 días

Las consecuencias son bien conocidas: desmontes, desalojos masivos del campo (violencia incluida), fumigaciones con agrotóxicos y enfermedades, empobrecimiento de suelos, contaminación de cursos de agua, dependencia, concentración de tierras en pocas manos. 

Veinticuatro años después, lejos de promover un cambio de modelo, corporaciones y funcionarios van por la profundización del modelo, ahora bajo un nombre técnico-cibernético-futurista: “AgTech”. 

Formalmente está impulsado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), organismo “especializado en agricultura” del sistema interamericano, integrado por 34 países del continente. Su objetivo es “estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia”. Su lema: “Sembrando hoy la agricultura del futuro”.

El nuevo plan para el agro argentino está plasmado en un documento de 60 páginas titulado “AgTech. El nuevo paquete tecnológico del sector agropecuario”, que desde su tapa muestra praderas verdes, sol brillante y drones fumigadores. 

El documento hace un breve repaso del modelo transgénico y señala que fue exitoso en base al “paquete tecnológico” con cuatro ejes fundamentales: organismos genéticamente modificados (transgénicos), uso intensivo de agroquímicos, siembra directa y máquinas de mayor porte.

Celebra que con ese modelo se logró aumentar la producción, pero reconoce que “aparecieron nuevos problemas, resistencias de malezas a los herbicidas, problemas ambientales, empobrecimiento de suelos, resistencias, enfermedades en animales a vacunas, reducción dramática de polinizadores por efecto de la deforestación”. Lo que más les preocupa es que “estos problemas se traducen en mayores costos”.

Lejos de una autocrítica o indicio de cambio de modelo, desde IICA (junto a empresas y gobiernos) impulsan profundizar el agronegocio con el eufemismos de “soluciones tecnológicas” ahora bajo el nombre de «AgTech».

Se trata –según el documento– de tecnologías de sensores, mayor automatización de procesos, menos mano de obra, dispositivos de procesamiento de datos estadísticos, “herramientas de inteligencia artificial” y la  técnica transgénica llamada “CRISPR”. Aseguran que con esas herramientas obtendrán mayor producción, reducción de costos y más rentabilidad. “Se podrán aumentar los rendimientos de cultivos globalmente en un 22 por ciento”, promete el IICA.

AgTech abarca desde soja, maíz y trigo hasta arroz, caña de azúcar, porotos e incluso árboles transgénicos. También incluye a la ganadería; modificación en los engordes a corral para aumentar los kilos de los animales en menos tiempo, nuevas técnicas de modificación genética y hasta la masividad de la producción de carne artificial o sintética (que ya se produce) bajo un discurso “verde”, que apunta al sector creciente de vegetarianos. El propio informe anuncia que los primeros avances serán en Argentina y Brasil, los países con más hectáreas de transgénicos de la región.

 

Manipulando genes

Un pilar fundamental de AgTech es una nueva técnica para cortar y pegar genes. Y así lograr cultivos (o animales) de laboratorio a medida del cliente. Desde soja resistente a más agrotóxicos hasta papas que no se oxidan (“ennegrecen”), caballos supuestamente más fuertes y vacas con más kilos. 

La técnica se llama CRISPR/Cas9 (“Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas”, por sus siglas en inglés) y aparece una docena de veces en el documento del IICA. Las empresas de biotecnología la publicitan como una solución mágica para “producir más” y mejorar razas. Los gobiernos (con Argentina y Brasil a la cabeza) impulsan la propuesta empresaria e incluso evaden las regulaciones con la que cuentan los transgénicos.

“Tarde o temprano será posible modificar la especie”, tituló el diario La Nación en Argentina. “La edición de genes logra luchar contra las infecciones”, destacó el diario Clarín. Por su parteInfobae celebró: “La vaca argentina del futuro. Logran mejorar el ADN de los animales en una sola generación”.

Los artículos periodísticos difunden acríticamente la técnica de modificación de genes llamada “edición genética”. Consiste en un conjunto de métodos y tecnologías que permiten realizar modificaciones en el genoma sin requerir la introducción de un gen foráneo. Con esta nueva tecnología se pueden eliminar genes, invertirlos, modificar su secuencia, silenciarlos o potenciarlos. 

La publicitan como una forma más precisa, barata y eficaz que los transgénicos anteriores, que permitiría resolver el hambre, las enfermedades y hasta “diseñar” seres humanos que resistirán enfermedades. Cuenta con una gran maniobra de propaganda mediática para no pasar por ninguna ley de bioseguridad y, al mismo tiempo, ocultar las críticas o dudas que implica la tecnología. Con edición genética las empresas pueden producir cualquier tipo de transgénico, resistente a diversos y cuestionados agrotóxicos.

“Argentina es el primer país del mundo que tiene regulación para la edición génica”, solía ufanarse Martín Lema mientras era titular de la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura. Lema, que tiene papers “científicos” firmados junto a Bayer-Monsanto y Syngenta, es un camaleón político, pasa de un color a otro sin sonrojarse: fue funcionario del kirchnerismo y luego del macrismo. Siempre defensor de los intereses de las empresas y laboratorios, fue vital en la aprobación de decenas de transgénicos y en el avance de edición genética en Argentina.

Lema fue eyectado recientemente por Marcelo Eduardo Alos, secretario de Alimentos y Bioeconomía. Su reemplazanate es otra militante transgénica, Dalia Lewi, proveniente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e integrante de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), la oficina que aprueba los transgénicos en base a estudios de las propias empresas. En la Dirección de Biotecnología permanece en su cargo la responsable de dar luz verde a la edición genética y mano derecha del saliente Lema, Agustina Whelan, licenciada en biotecnología de la Universidad de Quilmes.

Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos y miembro de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt), explica que estas nuevas tecnologías moleculares alteran la estructura y funciones de la molécula viva, la forma como estas se relacionan con su medio ambiente inmediato, trastocan los ciclos biológicos y evolutivos. “Hasta ahora no es técnicamente posible hacer ni un solo cambio aislado en el genoma usando CRISPR y que sea totalmente preciso y seguro. Esa técnica acaba generando en múltiples ocasiones modificaciones distintas a las deseadas, incorporando más ‘ruido genético’, más alteraciones”, afirma.

Bravo cuestiona que, ignorando estos hechos, los genetistas y biólogos moleculares han creado sistemas experimentales artificiales en los que las fuentes de variación ambientales o de otro tipo se ven minimizadas.

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Millonarios multinacionales

La organización Naturaleza de Derechos publicó una detallada investigación que da cuenta del vínculo entre AgTech en Argentina y los actores que hay detrás. “El socio menos pensado. El desembarco de Bill Gates en el sistema alimentario argentino”, es el título del trabajo realizado por el abogado Fernando Cabaleiro. Allí detalla que AgTech es una fiel copia de “AgOne”, una iniciativa de la fundación del creador de Microsoft, llamada “The Bill y Melinda Gates Agricultural Innovations LLC”. 

Cabaleiro retoma el escrito de la reconocida activista india Vandana Shiva (junto a Prerna Anilkumar y Urvee Ahluwalia) que analiza el plan global de Bill Gates y el título resume todo: “La recolonización de la agricultura”. Y dice: “AgOne está siendo aclamada como una nueva organización sin fines de lucro para ‘llevar los avances científicos a los pequeños agricultores cuyos rendimientos están amenazados por los efectos del cambio climático’. El objetivo es ‘acelerar el desarrollo de innovaciones que son necesarias para mejorar la productividad de los cultivos y ayudar a los pequeños agricultores, la mayoría de los cuales son mujeres, a que se adapten al cambio climático’. Pura retórica para una emulación perfecta, el AgOne de Bill Gates, que en Argentina se llama AgTech. La Agricultura 4.0 que Gates quiere imponer en el mundo”, denuncia Cabaleiro.

La investigación de Naturaleza de Derechos precisa que el plan AgTech nace del acuerdo en 2018 firmado por el director general del IICA, Manuel Otero, y el presidente de Microsoft Latinoamérica, César Cernuda, bajo el título “Alianza digital educativa para las Américas”. Allí  se citan todos los términos y propuestas que ahora figuran bajo el nombre de AgTech: digitalización completa de la agricultura, “internet de las cosas”, “big data” e “inteligencia artificial”, tecnologías de información, drones, sensores para el agro y agricultura de precisión, entre otros.

“AgTech, presentado de la mano de Manuel Otero del IICA, no es otra cosa que el AgOne que soñó, diseñó y construyó Bill Gates desde el filantrocapitalismo, desarrollando e invirtiendo en investigaciones y proyectos tecnológicos para ser aplicados sin evaluación de riesgos en el sistema agroalimentario, y que no tienen otro fin que generar procesos de acumulación del capital, concentración económica, apropiación de recursos genéticos y dominación social”, afirma Cabaleiro y describe el modus operandi de Bill Gates: cooptar instituciones de carácter público para imponer su agenda en la agricultura de los países.

La investigación de Cabaleiro, que está disponible en Internet, detalla otros actores que forman parte de AgTech: el multimillonario mexicano Carlos Slim (mediante la corporación Global Hitss), Bayer-Monsanto, Corteva (Dow, Dupont, Pionner) y Syngenta. Cabaleiro no tiene dudas: “Conforman la alianza más peligrosa para la agricultura y la soberanía alimentaria de cada país en América Latina y el Caribe”. 

El propio informe del IICA, en su página 33, precisa en un gráfico el rol protagónico de esas empresas. Y suma a John Deere, Cargill, ADM, Land’O Lakes, MGV y a las argentinas Grupo Insud, Bagó y Bioceres.

 

Ciencia extractiva

La profundización del agronegocio impulsada por IICA y las corporaciones transgénicas le otorgan un rol protagónico al mundo académico. Muestra de ello es que el plan AgTech se presentó formalmente el 30 de junio bajo el título “el impacto científico tecnológico en el desarrollo del sector agropecuario”. Fue un evento de alta diplomacia regional, ya que además de IICA estuvo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Presentaron en detalle en qué consiste AgTech. Hablaron, entre otros, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, el de Ciencia, Roberto Salvarezza, y el director de la Asociación Semilleros Argentinos (donde confluyen las grandes multinacionales transgénicas), Alfredo Paseyro.

Basterra dio la bienvenida a lo planteado en AgTech, señaló que el Estado interviene para que las “innovaciones” lleguen a pequeños y medianos productores, y celebró la “articulación pública-privada” en emprendimientos de maquinaria y biotecnología. 

Salvarezza destacó que el Ministerio de Ciencia está alineado para aportar al desarrollo del sector agropecuario, “uno de los sectores más importantes para el desarrollo del país”. Afirmó que entre los “grandes temas” sin dudas estará aportar al desarrollo de la biotecnología “con semillas propias”, y dio como ejemplo a seguir a la empresa Bioceres (donde participan los millonarios argentinos Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros), que en sociedad con la científica Raquel Chan (de la Universidad del Litoral y Conicet Santa Fe) desarrolló una soja y un trigo que resistirían “a la sequía y a la salinidad”.

También participó del evento Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, mano derecha de Salvarezza. Calificó como “excelente” la propuesta de AgTech y afirmó que “la ciencia y tecnología es crucial para el agro”. Hurtado, que suele mostrarse como progresista en público, fue un entusiasta aplaudidor de las políticas de Lino Barañao durante el kirchnerismo. Tomó distancia de él durante el macrismo y, junto con Salvarezza, fue de los mayores críticos de la gestión en ciencia durante el gobierno de Cambiemos. Pero su mayor cuestionamiento fue a la falta de presupuesto, no al modelo científico al servicio de las empresas, en el que coinciden con Barañao.

En el evento, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura le marcó la cancha a los gobiernos: “La adopción de las AgTech es también un problema de políticas públicas, tanto para el sector de producción agropecuaria como para el de ciencia y tecnología. La función del Estado es la de facilitar la adopción del cambio tecnológico por parte de las empresas, muchas veces con énfasis en la vinculación con el sistema de ciencia y tecnología”.

El IICA llamó a “facilitar la vinculación” entre el sistema científico y tecnológico con los “emprendedores” (empresarios). Recomendó “regímenes especiales” para áreas agronómicas y de ciencias exactas. “En el caso de Argentina, también es clave alinear las expectativas de ambos sectores –científico y emprendedor– para generar un lenguaje común donde convivan el mundo científico y la lógica capitalista”, instó el IICA.

Soberanías y democracias

La Vía Campesina es el movimiento internacional de campesinos y trabajadores rurales presente en setenta países. Es la organización iniciadora del concepto de soberanía alimentaria como derecho de los pueblos a decidir las políticas agrarias y alimentarias. El paradigma fue presentado en 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO). Y marcó un camino hacia un sistema agropecuario que prioriza a campesinos, indígenas y la autodeterminación de los pueblos por sobre el modelo que privilegia a las grandes empresas de insumos, transporte y comercialización. “Soberanía alimentaria es el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce”, resume la Vía Campesina. Implica un sistema que da prioridad a las economías locales, la producción sana, el comercio justo, semillas criollas, políticas públicas para los sectores populares del campo, redistribución de tierras, acceso y gestión de territorios en manos de campesinos.

El lunes 8 de junio, el presidente Alberto Fernández anunció la expropiación de la cerealera Vicentín. Argumentó que el objetivo era contribuir a la “soberanía alimentaria” que abrió un debate que continúa en algunas organizaciones socioambientales y campesinas que siguen discutiendo en plataformas virtuales sobre la expropiación. Pero ya ningún funcionario de primera línea menciona la palabra “expropiación” y mucho menos hablan de soberanía alimentaria.

El 8 de julio, en un acto por videoconferencia, Alberto Fernández mandó un mensaje claro: “El campo tienen mucho para dar en la Argentina que viene”. Y ponderó “el desarrollo tecnológico del sector”. 

El 9 de julio, en el acto por el Día de la Independencia, el presidente Fernández brindó su discurso escoltado de los titulares de cámaras empresarias entre los que estaba el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, la entidad más conservadora del campo local.

La asambleas socioambientales acuñaron un término muy gráfico aprendido de la lucha: “A más extractivismo, menos democracia”. Fernando Cabaleiro, en su investigación sobre Bill Gates en el agro argentino, explicita los abusos del modelo: “AgTech de IICA y AgOne de Bill Gates no van al Congreso Nacional. No habrá una ley nacional, ni debate real. Una mera resolución administrativa es suficiente para imponer un modelo de agricultura que puede condicionar nuestras libertades y la soberanía alimentaría por siempre. El régimen agroindustrial en la Argentina jamás fue escenario de un debate democrático”.

 Fuente: https://www.lavaca.org/mu149/technopolis-que-es-agtech-la-nueva-avanzada-transgenica/

 

Concentración y centralización capitalista

 

Apreciemos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia comunista (al mirar por poderes e inteligencias comunales y bienes comunes en vez de públicos/privados),que una mayoría importante en Argentina no cuestiona sino que coincide con: "“En toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”, remarcó el Presidente. En el encuentro se evaluó el camino a seguir para aprovechar el potencial del sector agroindustrial para exportar y generar empleo".  Es decir, la mayoría de les diverses de abajo asume como propia a la lógica del Capital y hasta lo hace el Foro Nacional Agrario.

 

 

Representantes del Consejo Agroindustrial con Alberto Fernández

El modelo agroexportador de la cúpula
5 de agosto de 2020 

 

El núcleo más concentrado del agronegocio promociona su proyecto con predominio exportador.

Tras el acuerdo de la reestructuración de la deuda externa, el gobierno busca delinear estrategias con distintos

sectores económicos para avanzar en la recuperación económica. Este martes, el presidente Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos a representantes del Consejo Agroindustrial (CAA) para analizar cómo reactivar el potencial de ese sector. Esta entidad presentó un plan que busca alcanzar en una década 100 mil millones de dólares en exportaciones y 200 mil empleos directos. 

El Consejo Agroindustrial fue creado este año por entidades de la industria y del agro. Busca diferenciarse de la Mesa de Enlace, y entre sus representantes no hay ningún miembro de la Sociedad Rural. De hecho, fueron criticados por el sector agropecuario luego de que la semana pasada se reunieran con la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

 

“En toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”, remarcó el presidente. En el encuentro se evaluó el camino a seguir para aprovechar el potencial del sector agroindustrial para exportar y generar empleo. Fernández estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el ministro de Agricultura Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.(...)
 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/283014-el-modelo-agroexportador-de-la-cupula

 

El modelo consolida el poder económico, estatal y mediático de las transnacionales

 

En consecuencia el desafío, abajo y a la izquierda coherente con su esencia comunista (al mirar por poderes, convivencias e inteligencias comunales y bienes comunes en vez de públicos/privados), es suscitar la necesidad de unión multisectorial, plurinacional y latinoamericana en torno a poner en práctica la «reforma agraria integral» para confrontar con el Plan 2020-2030 y erradicar la impunidad de los poderes establecidos mediante dictadura genocida cuya actualidad( engendro de todos los gobiernos constitucionales desde Alfonsín hasta el de les Fernández) se expresa como contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales como sucede en el Abya Yala sea gestión progresista (o derecha moderada) sea de la derecha desembozada.

 

Observemos a continuación que sectores populares persisten eligiendo seguir luchando por mejorar el funcionamiento del capitalismo en vez de inclinarse a posibilitar y afianzar el Nunca Más opresión sistémica. Su conducta se asemeja a comportamientos de izquierdas políticas que luchan por dominar el Estado y nacionalizar empresas, bancos, comercio exterior, etc. como si esos objetivos se restringiesen a cambio de clases sociales gobernantes y de propietarios. Se diferencia de estas últimas en que santifican al Papa Bergoglio y se refieren al gobierno FF como gobierno a favor del pueblo. Por tanto, no hacen revisión crítica del presente e historia estatal al servicio del Capital en contra de los derechos mayoritarios y se desentienden de las luchas socioambientales pese a que su producción agropecuaria depende más que ninguna de la Naturaleza.

 

Tratemos de aclarar, la mayoría de dichos sectores populares atiende las ruinas de la Argentina pero desprecia el trasfondo: la presencia del dominio gran capitalista. No las ve resultado de la reorganización impuesta por la dictadura militarizada del poder real. Las ven menospreciando que el empobrecimiento y marginación fue por acaparamiento oligopólico que se implantó con terrorismos por genocidio, hiperinflación, desempleo y quiebra masivos, colapso de economías regionales, desmantelamiento y transnacionalización de los servicios públicos, etc.. Fue a través de esa violencia expropiatoria y avasalladora que los grandes capitales locales e imperialistas garantizaron, gracias a la legalidad y legitimidad de la 'democracia', su creciente acaparamiento de los bienes comunes.

 

Se proponen restaurarlas en acuerdo con el pasado del capitalismo peronista de alianza obrera con la burguesía que resulta subordinación y tolerancia hacia la oligarquía terrateniente. "Castro, el dirigente, aclaró que no se plantean expropiaciones ni una reforma agraria. “La idea sería comenzar por relevar las tierras fiscales y además habilitar créditos baratos para la compra de tierra privada, controlando su valor para evitar especulaciones”".

 

En acuerdo con el kirchnerismo depositan en el Estado lo fundamental de las soluciones y olvidan que garantizó de distintos modos a la acumulación gran capitalista o transnacionalización económica territorial. Asimismo concilian con los principales genocidas que llaman sector privado.

 

“Un millón de chacras”: la propuesta de los movimientos populares

para “volver al campo”

5 de septiembre de 2020

 

Por Martín Mazzoleni 

Mientras los grandes medios instalan temor por las tomas y parte de la dirigencia política trata la problemática como un hecho de inseguridad  y de “mafias”,  otros sectores buscan dar el debate de fondo sobre la gran concentración poblacional y el cada vez más lejano derecho a la tierra y a la vivienda digna para todos.

Gran parte de los movimientos populares que apoyaron en las últimas elecciones al Frente de Todos buscan avanzar con la premisa que enarbola el Papa Francisco: “Tierra, Techo y Trabajo”.

Uno de los proyectos, de estas organizaciones fue titulada “Un millón de chacras, un millón de viviendas”. TODO PROVINCIAL entrevistó  al secretario General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP),Esteban “Gringo” Castro.

“Es un número simbólico, no estamos pidiendo un millón de chacras para mañana. El eje del planteo es que así como hay una gran concentración económica que genera una desigualdad tremenda también hay una concentración población, sobre todo en el AMBA”, explicó el dirigente social.

“En el 1% del territorio nacional se concentra alrededor del 40% de la población. Se necesitan estrategias para descomprimir el conurbano y para eso hay que pensar propuestas. Se necesita dar un debate integral”, señaló.

El proyecto de la UTEP piensa como un puntapié la creación de chacras en pueblos “fantasmas” y también la creación de nuevas urbes , con industrias y conectividad a través del ferrocarril. Las chacras serían unidades productivas mixtas de no más de 10 hectáreas.

“Se podría pensar en repoblar pueblos que quedaron destruidos por la falta del paso del tren. Esas localidades se deben reconstituir. Además se deben construir nuevas ciudades, obviamente pensando en el transporte”, explicó Castro.

El objetivo central de los movimientos populares es instalar en la agenda pública el debate sobre la necesidad de iniciar políticas de desconcentración poblacional que permitan el acceso a la tierra y también a la vivienda digna.

“Nosotros queremos que se abra el debate porque hay millones de propuestas. Me han llamado ingenieros forestales que me contaron que desde principios de 1900 se perdieron 37 millones de hectáreas de árboles. Hay un montón de personas que saben y quieren colaborar con propuestas para elaborar una visión integral”, remarcó el secretario General de la UTEP.

Y agregó: “Queremos que entren todos en el debate, falta incorporar al sector privado aunque creemos que el sector económico más concentrado se va a resistir”.

Castro aclaró que no se plantean expropiaciones ni una reforma agraria. “La idea sería comenzar por relevar las tierras fiscales y además habilitar créditos baratos para la compra de tierra privada, controlando su valor para evitar especulaciones”, explicó el dirigente social.

El documento presentado junto a organizaciones obreras también propone la construcción de 1 millón de viviendas y la urbanización de los barrios populares, que permitiría la creación de “cuatro millones de puestos de trabajo directos y otro tanto de indirectos”.

“Tienen que sentarse a la mesa todos los sectores para incluir a quienes viven fuera de todos los derechos. Esto se puede discutir ahora porque la pandemia mostró que el proyecto de globalización neoliberal está destruyendo el mundo y con otra pandemia de esta no habrá sobrevida de nadie, ni de los ricos ni de los pobres”, consideró Castro.

Sobre la desigualdad, el titular de la UTEP expresó: “Eldescarte y la segregación hace que haya gente que vive en countries y otra que vive en barrios populares en las peores condiciones. Nosotros también planteamos la necesidad de mejorar estos barrios”.

El proyecto también contempla la compra de grandes macizos rurales por parte del Estado para una posterior subdivisión y creación de unidades productivas más pequeñas que pueden ser vendidas a precios accesibles y con planes de pago.

Para la vuelta al campo también hay que tener en cuenta a técnicos y profesionales, sectores medios y empresas. No es que queremos mandar al campo a los pobres. Si ofrecen la posibilidad de tener tierra y te dan algunos elementos para vivir con dignidad creo que muchos se van a sumar”, aseguró Castro.

Actualmente, hay algunas experiencias concretas bajo premisas similares como la que impulsó recientemente el municipio de Tapalqué con quinteros agroecológicos de Florencio Varela.

Son experiencias mínimas. Otra cosa sería diseñarlo con la participación del movimiento obrero, movimientos populares, las Pymes y el gobierno para desarrollar una propuesta integral. Hay que tomar decisiones políticas e integrar a todos los sectores que pueden colaborar con una cuota importante de patriotismo”, destacó el dirigente social.

Y aseguró: “El gobierno nos escucha y se debate. Estamos en medio de una pandemia de la que hay que salir y este es un debate más estratégico que de todos modos se puede dar. Este tipo de proyectos es obvio que es bueno para todos”.


“Lo nuevo es lo viejo que se olvidó”

“Un compañero me dijo que lo nuevo es lo viejo que se olvidó. Creo que hay que retomar muchas cosas de antes pero con la tecnología actual. Hay zonas del conurbano que son invivibles que potencian todo tipo de violencias y enfermedades sociales”, comentó el “Gringo” Castro.

Los movimientos populares promueven varios proyectos en simultáneo. Uno lo presentó Juan Grabois junto a dirigente de la CGT. También hay un manifiesto articulado con el Movimiento por el Trabajo y la Vida digna iniciado con Monseñor Lugones, y otro impulsado por la Corriente Clasista y Combativa.

“Todos buscan instalar el tema en agenda para que se desarrolle. Obviamente que las propuestas instalan discusiones y luego se define qué se puede hacer. Lo bueno es que mucha gente lo está debatiendo y eso es algo novedoso”, remarcó Castro.

Y opinó: “Si los movimientos populares y las centrales obreras toman en sus manos una propuesta integral con un gobierno que está a favor del pueblo pueden salir cosas maravillosas”.

“Si las reglas son claras, gran parte del sector privado estará de acuerdo porque crear un millón de vivienda generaría un gran impulso a la actividad económica nacional. Toda esa plata queda en el país”, concl77uyó.Fuente: https://www.todoprovincial.com/un-millon-de-chacras-la-propuesta-de-los-movimientos-populares-para-volver-al-campo/

 

 

Insistamos les referentes del sector productivo y de organizaciones sociales se mantienen identificados con el capitalismo. En el conversatorio organizado por el Foro Nacional Agrario reclaman mayor transparencia y que se abra a un debate en el que los distintos actores involucrados puedan participar en las negociaciones y en análisis de los riesgos sociales, ambientales y productivos que podría generar este acuerdo con China de las megafactorías de cerdos. No se convencen de su subalternidad tendiente, en el corto o mediano plazo, a transformarse en exclusión dentro del sistema mundo. Tampoco quieren examinar o reparar que esa subalternidad implica renunciar a la mercantilización de sus trabajos y funciones. Por eso, ningunean las múltiples evidencias que los espacios institucionales y gubernamentales como el Ministerio de ciencia y tecnología, el INTA, el CONICET, el INTI y las universidades obedecen a los grandes capitales.

 

Repiten discursos del bloque dominante sin averiguar, por ejemplo, si el país necesita generar divisas y mirar hacia exportar. Lo dan por cierto y como nacional-popular  a lo único que atinan a producir cerdos en escala semejante a la del acuerdo pero teniendo como actores a los pequeños y medianos propietarios con financiación estatal. Total: “Estamos en condiciones de producir cerdos en esa cantidad en Argentina. Tenemos producción de granos suficiente para alimentarlos.Frigoríficos. Puertos y lugares para facilitar exportación. Todo eso existe, el tema es con quién y cómo lo hacemos, si es que lo hacemos”.

 

 La que se acerca un poco al paradigma de soberanía alimentaria es "la socióloga especialista en economía social y agricultura familiar Mercedes Caracciolo, de la Cooperativa La Yumba, apeló a los consumidores y propuso abrir un debate amplio y profundo sobre los modelos de producción, comercialización y consumo de alimentos.Las y los consumidores, organizados en cooperativas y de otras formas, podríamos traccionar a los productores y al Estado para que los proyectos que surjan para el campo se diseñen priorizando las necesidades de los seres humanos por alimentos sanos, seguros y elaborados en forma sustentable”

 

 

Cerdos sobre la mesa

20 de agosto de 2020

 

Referentes del sector productivo y de organizaciones sociales se reunieron en un conversatorio organizado por el Foro Agrario para debatir sobre las negociaciones con China para construir factorías de cerdos en la Argentina. Frente a los riesgos de la producción a gran escala proponen la diversificación, las granjas mixtas, mayor participación del Estado y la vinculación con el sistema de ciencia y tecnología para responder a los problemas de desarrollo territoriales.

 

Por Vanina Lombardi  
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Agencia TSS – Antes de la última dictadura militar, trabajadores del INTA y de las universidades, junto con productores de comunidades campesino-indígenas de Chaco, lograron mejorar gallinas ponedoras adaptadas al alimento disponible, principalmente el sorgo “antipájaros”, pero intereses comerciales y políticos más fuertes, de la mano de las compañías farmacéuticas, interrumpieron ese avance. El relato, según las memorias de Sigfrido Krakt, lo rescata el ingeniero agrónomo Fernando Frank, que en diálogo con TSS destacó que, pese a los vaivenes del sector y más allá del avance de la revolución verde que transformó al campo argentino, el sistema de ciencia y tecnología en agricultura “es fuerte y hay mucha experiencia en cada una de las cadenas de valor, de carne o cualquier cuestión alimentaria”.

El ingreso de la soja transgénica y del paquete tecnológico asociado, que utiliza químicos y agrotóxicos, se habilitó a mediados de los noventa a puertas cerradas, sin debate ni participación de los distintos sectores involucrados ni de la sociedad. Por entonces, el actual ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, ocupaba el cargo de Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. El cambio de modelo se celebró bajo la promesa de más desarrollo e ingreso de divisas, pero hoy, casi 25 años después, los resultados demuestran lo contrario: esa soja ocupa el 60% de la tierra cultivada del país, concentrada en grandes empresas (según el último Censo Nacional Agropecuario hubo un retroceso de 100.000 unidades productivas familiares en todo el territorio). Las consecuencias: el aumento en el uso de agrotóxicos, el desplazamiento territorial y expulsión de campesinos a las ciudades, y el desmonte en las provincias del norte, que hoy ubica a la Argentina entre los 10 países con más deforestación del mundo.

Por eso, cuando el 6 de julio se conoció el comunicado de Cancillería sobre un posible acuerdo con China para la construcción de megafactorias de cerdos en la Argentina, para exportarlos a ese país asiático, las voces de alerta no tardaron en multiplicarse, generando controversias en distintos sectores y un rechazo no solo desde las organizaciones sociales, civiles y ambientalistas, sino también de ciudadanos de manera individual, que al 20 de agosto suman más de 123.300 firmas.

“No sé si hay muchos antecedentes de un tema agroalimentario que haya tenido este nivel de rechazo”, destacó Frank, que participó en la elaboración del Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, y cuestionó: “Hay expertos en todas las provincias, de las facultades de Agronomía y Veterinaria y del INTA, por ejemplo, algunos con más de 30 años trabajando en producciones animal. Que ninguno haya sido consultado quiere decir que hay unos pocos funcionarios que están comprando a carpeta cerrada una propuesta que no tiene en cuenta la situación argentina, la experiencia y capacidad de discutir”.

Más de un mes después de que Cancillería difundiera la comunicación, Solá y el ministro de Comercio de la República Popular China, Zhong Shan, anunciaban una “asociación estratégica” entre ambos países, referida a la producción de carne porcina, y una “inversión mixta entre las empresas chinas y las argentinas”. Todavía no se conocen los detalles del acuerdo, quiénes participarán de estos emprendimientos, ni cómo se desarrollarán. Por eso, ante el hermetismo de las negociaciones y los riesgos sociales, ambientales y productivos que podría generar este acuerdo, desde diversos sectores reclaman mayor transparencia y que se abra a un debate en el que los distintos actores involucrados puedan participar.

“No hay ningún motivo por el cual hacer cerdo a lo loco, porque está demostrado que si se hace mal, se generan un montón de problemas. La producción de cerdos, en un esquema de diversificación de producciones, puede funcionar perfectamente. Hay que pensar esa producción integrada con las necesidades de los territorios y con las necesidades alimentarias, hay muchas experiencias y conocimientos para hacerla así”, sostuvo Frank, que trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) desde hace más de 10 años.

“La Argentina tiene espacios institucionales y gubernamentales muy importantes, como el Ministerio de ciencia y tecnología, el INTA, el CONICET, el INTI y las universidades, que generan un sistema de innovación y desarrollo tecnológico que deben, y en muchos casos lo hacen, abordar soluciones tecnológicas para los problemas de desarrollo productivo”, coincidió el médico veterinario y trabajador social Sergio Dunrauf, de la Corriente Agraria Nacional y Popular, durante un conversatorio organizado por el Foro por un Programa Agrario Nacional.

“Estamos de acuerdo con la necesidad de generar divisas y valor agregado a partir de las exportaciones, y también que es importante la relación geopolítica con China, pero nos parece que un proyecto llave en mano, como el que se ha planteando, con 25 granjas de 12.500 hembras cada una, no está pensado en este sentido, ya que viene con toda la tecnología, una genética, instalaciones y formas de producción que no sabemos cómo serán y que nos generan grandes dudas en cuanto al desarrollo nacional y a cuánto soluciona de los problemas que tiene nuestro país”, agregó Dunrauf, que además fue investigador en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región Pampeana (IPAF) del INTA.

“Nos ven como un actor marginal dentro de la estructura agraria pero nosotros podemos demostrarles que no lo somos, que nuestro sector da de comer a nuestro país, que garantizamos la salud y el alimento, porque el modelo de la revolución verde no dio de comer ni garantizó el trabajo”, sostuvo durante le conversatorio Paola Escobar, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de Santiago del Estero.

“Debatamos, pongamos sobre la mesa la cuestión del cerdo, con quiénes y de qué modo producirlo”, agregó el productor de cerdos José Luis Ivolti, del Movimiento Campesino Liberación, y propuso la creación de una mesa nacional porcina, “similar a lo que fue el plan ovino nacional y otros planes de desarrollo, en la que todas las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, los pequeños y medianos productores, tengamos la posibilidad de debatir e intercambiar opiniones sobre cómo no perder esta oportunidad de producir alimentos sanos, seguros y soberanos, con una gran participación del Estado, para garantizar la producción de cerdos para el mercado interno, y que los pequeños productores también puedan participar en las exportaciones de esa carne, a China u otros países”.

Por su parte, la socióloga especialista en economía social y agricultura familiar Mercedes Caracciolo, de la Cooperativa La Yumba, apeló a los consumidores y propuso abrir un debate “amplio y profundo” sobre los modelos de producción, comercialización y consumo de alimentos. “Las y los consumidores, organizados en cooperativas y de otras formas, podríamos traccionar a los productores y al Estado para que los proyectos que surjan para el campo se diseñen priorizando las necesidades de los seres humanos por alimentos sanos, seguros y elaborados en forma sustentable”, subrayó.

Durante el conversatorio, referentes de distintas organizaciones de productores expusieron sus preocupaciones y compartieron propuestas alternativas para esquemas de producción de cerdos, que generen trabajo y minimicen los impactos ambientales.

 

Debatir la producción

“¿Estamos en condiciones de producir cerdos en esa cantidad en Argentina? Sí. ¿Tenemos producción de granos suficiente para alimentarlos? Sí. ¿Frigoríficos? Sí. ¿Puertos y lugares para facilitar exportación? También. Todo eso existe, el tema es con quién y cómo lo hacemos, si es que lo hacemos”, planteó Ivolti, y dijo que en la producción porcina actual en la Argentina más del 95% de los productores tienen menos de 200 madres, son productores de la agricultura familiar y pymes, que tienen más de la mitad de la producción y son el número más importante de productores, mientras que solo 100 productores representan el 30% de la producción.

“Si se piensa en el ingreso de divisas según lo planteado, a corto plazo puede haber una inversión de 2.200 millones de dólares, pero a mediano plazo habrá que “comprar genética, químicos, sanidad e instalaciones que, si está dado por esta tecnología llave en mano, difícilmente se generen en nuestro país, sino que haya que comprarlas en el exterior. Es lo que pasa hoy con maquinaria agrícola, con semillas importadas, agrotóxicos e insumos químicos”, dijo Ivolti.

De manera similar, Frank advirtió que no es lo mismo la cantidad de puestos de trabajo que se van a crear para la instalación de estas granjas que los que luego se sostengan a largo plazo, que serán menos. Además, afirmó que “si se generaran 15.000 puestos de trabajo, que es lo que se escuchó, no es un número significativo para un país grande, en comparación con otros sectores como la construcción, el empleo público o la educación”.

Frente al riesgo de mayor concentración, durante el conversatorio se expusieron distintas alternativas. A la creación de 25 granjas de 12.500 madres, por ejemplo, Ivolti contrapuso una idea compartida por varios durante el conversatorio, así como por otras organizaciones como la UTEP Agraria y el Consejo Asesor de Agricultura Familiar, que propone la creación de 5.000 granjas con 50 madres cada una. “Hay infinidad de productores que desaparecieron, que si tuvieran subsidios o créditos blandos podrían reincorporarse a la producción nuevamente en granjas, de acuerdo con la extensión de tierra que tienen, de 50, 100 y hasta 200 madres”, destacó.

Carlos Ramos, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST), advirtió que el acuerdo que se está negociando “no es sustentable ni sostenible desde lo sanitario, y tampoco desde lo socioeconómico y ambiental. Estamos convencidos de que otro modelo agroecológico, con más cantidad de gente, es posible. El 70% de los productores solo tiene acceso al 3% de la venta o producción. Queremos que sean muchos pequeños campesinos distribuidos en el territorio, con proyectos más chicos y diversificados, no dependiendo de una sola producción, y que sean seguros, teniendo en cuenta el impacto ambiental”, sostuvo.

Dunrauf, que también es Coordinador del programa de Promoción y Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Consejo Social en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), recordó que en la Argentina han funcionado, con diversos éxitos y fracasos, las SAPEM (sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria o de otro tipo) en las que se puede articular la participación del Estado junto con cooperativas y otras organizaciones. “Tal vez haya que pensar modelos organizacionales diferentes, así como repensar la exportación desde el modelo de la producción agroecológica, posiblemente reorganizando la cuestión de escala, pero involucrando a las pymes y pequeños productores campesinos, indígenas y de la agricultura familiar”, sostuvo.

“El Estado debe ser el que articule y garantice la sanidad, que no deje de invertir recursos en SENASA ni en investigación del INTA y las universidades, donde discutamos modelos productivos y el desarrollo nacional”, coincidió Isaías Ghio, Vicepresidente de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), y destacó que la chacra mixta es un deseo de los pequeños productores. “El desafío es debatir la producción. Compartimos las preocupaciones sanitarias, pero las grandes granjas que quedaron en la Argentina hoy funcionan como las chinas”, advirtió Ghio, que además es administrador de la Cooperativa Camilo Aldao, al sudeste de la provincia de Córdoba, y lamentó que, de los 360 productores que había en los años 70 en esa cooperativa, “hoy están trabajando alrededor de 80. En 2011, 40 eran productores porcinos, mientras que hoy solo existen tres. El desafío es recuperar a esos productores que se tuvieron que ir porque se fundían, donde el Estado no estuvo presente y el proyecto siempre fue la revolución verde y la soja”.
Fuente: http://www.unsam.edu.ar/tss/cerdos-sobre-la-mesa/

 

 Alternativas emancipatorias

 

Generalicemos la percepción (conocimiento y posicionamiento respecto) de que ya se han abierto caminos hacia otra sociedad y mundo posibles. Están marchando desde el compromiso colectivo de graduados universitarios en aportar a los imprescindibles cambios fundantes de la dignidad humana de su profesión y de la confraternización con les diverses de los pueblos. Su sentipensar cuestiona la cotidianeidad social y no la naturaliza. Ejemplifiquemos con el colectivo Habitar Argentina y comencemos por algunas reflexiones suyas para situar cómo surge su hacer y análisis en contraposición con la normalidad capitalista:

"Hemos reproducido por décadas un modelo mercantil de ciudad que agudiza las condiciones de precariedad e informalidad de las familias más vulnerables. En este contexto de expulsión, la ocupación de tierras es hoy una salida inmediata y desesperada para amplios sectores de pobladores".

"El problema de la desigualdad urbana y sus múltiples implicancias en la vida cotidiana de los pobladores de los barrios populares requiere un abordaje complejo y relacional, incorporando otras dimensiones además de la física, que nos permitan desnaturalizar y comprender en qué proceso se ha producido esa mancha urbana. Comprender de forma relacional la estructura de la ciudad nos permite visibilizar las acciones que profundizan la desigualdad, y allí tenemos una gran oportunidad para transformar la realidad".

"Este modelo de construcción social es injusto, se sustenta con el trabajo oculto e invisibilizado, y es una de las múltiples manifestaciones de la desigualdad que podemos encontrar en los procesos de producción de nuestras ciudades. Como arquitectes y urbanistas, la restitución histórica de estas omisiones nos moviliza a pensar en el desarrollo de procesos apropiados consciente y colectivamente, que promuevan la universalización de conocimientos y la construcción de políticas públicas que incluyan los problemas territoriales de forma situada, y un acompañamiento técnico-profesional a la altura de las circunstancias. Parados sobre estas preocupaciones, desde el colectivo Habitar Argentina y junto a otras organizaciones profesionales, académicas y sociales, hemos promovido la elaboración de un Proyecto de Ley Nacional de Acompañamiento Técnico-Profesional y Público".

Proyecto Habitar: arquitectura para la lucha territorial

18 de septiembre de 2020

 

Son un grupo de arquitectes y urbanistas que trabajan para contribuir a una sociedad más justa, ponen sus esfuerzos en la problemática de la crisis habitacional para intervenir en barrios populares “Nos interesa fortalecer los procesos de lucha territoriales para alcanzar el derecho a la ciudad”. Están asesorando a las más de 2500 familias que ocupan el predio en Guernica en donde un grupo inversor proyecta realizar country&club. Entre la proyección intelectual y la militancia territorial.

Por Eli Baez para ANRed.

Están colaborando con las familias que recuperan territorio en Guernica. Hay relatos comunes; mujeres que fueron despedidas de sus trabajos, personas que no pueden ya pagar un alquiler, que vivían hacinados, mujeres que huyen por violencia de género, niñeces que buscan ser libres; niñeces que merecen una vida digna, personas que vivían en situación de calle, disidencias abandonadas por el estado hace décadas. Este grupo de persona solo buscan que se garantice un derecho, un derecho humano como es el obtener una vivienda digna.

¿Por qué son Proyecto Habitar? ¿Qué significa el proyecto? ¿ Por qué son arquitectos /urbanistas?

Proyecto Habitar es un colectivo de arquitectes y urbanistas, que trabaja en procesos de transformación urbana vinculados a los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires. Desarrollamos diferentes procesos: desde asesorías urbanas, consultorios de atención primaria de hábitat, proyectos de espacios comunitarios barriales, talleres por los derechos urbanos (acceso al agua, a la electricidad, a un hábitat saludable) hasta la asistencia técnica a organizaciones sociales para la implementación de políticas públicas vinculadas al mejoramiento del hábitat, en la escala de lo arquitectónico y lo urbano. Un aspecto fundamental es que para llevar adelante esta tarea existan organizaciones sociales o pobladores que, reunides a partir de un problema urbano, están dispuestos a trabajarlo de forma conjunta con otres actores para alcanzar una transformación. El foco en lo colectivo es una forma que resulta necesaria para desarrollar procesos de apropiación por parte de sus protagonistas. Nos interesa fortalecer los procesos de lucha territoriales para alcanzar el derecho a la ciudad.

Llevamos adelante proyectos de investigación que buscan intelectualizar los problemas que existen en los barrios populares y las prácticas que realizamos para transformarlos. Este trabajo intelectual se ha reflejado en artículos académicos, libros, tesis. Nuestras acciones buscan ser un aporte desde el saber disciplinar, por ello nos parece relevante hacer público nuestro trabajo, promoviendo el acceso universal al conocimiento. En el mismo sentido, trabajamos en espacios de enseñanza aprendizaje con la perspectiva de profesionalizar el trabajo en los barrios populares, y que no se trate de tareas voluntaristas que ocupan un espacio marginal en la formación de arquitectes, por la orientación elitista de nuestra profesión. Es necesario que dada su complejidad este sea un trabajo colectivo e interdisciplinario. En síntesis, nos reúne un interés profundo por transformar la injusta desigualdad, desde nuestra práctica, entendiéndonos como trabajadores del hábitat.

¿Countries en relación a quienes viven hacinades sin vivienda y no tienen tierra propia?, ¿Cómo relacionar esto con los altos valores de tierra en el negocio inmobiliario y la falta de claridad en la construcción de vivienda? Los procesos de toma de tierras que estamos presenciando estas últimas semanas son un reflejo de las decisiones urbanas que históricamente se han tomado. Hemos reproducido por décadas un modelo mercantil de ciudad que agudiza las condiciones de precariedad e informalidad de las familias más vulnerables. En este contexto de expulsión, la ocupación de tierras es hoy una salida inmediata y desesperada para amplios sectores de pobladores.

El AMBA, que es el territorio donde nosotros trabajamos, tiene una superficie de 3.833 km2 donde viven 13 millones de pobladores. Según los datos del censo 2010, el 0.38% de la población vive en barrios privados que ocupan 300 km2 (1,5 veces la CABA), mientras que el 8.19% de la población vive en villas y asentamientos, sobre una superficie de 64.8 km2. Esta relación asimétrica de acceso al suelo, refleja las posibilidades que tienen unes u otres de gozar del derecho a la ciudad, a una vivienda, a un ambiente sano.

El mapeo de barrios populares en el Área Metropolitana de Buenos Aires nos aproxima a conocer su localización. El AMBA contiene al 23% de la totalidad (son 4416) de barrios populares que ha registrado el RENABAP en 2017 en todo el territorio nacional. Estos barrios populares, se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, con diferentes grados de precariedad y hacinamiento, acceso informal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo. Se han localizado en zonas donde la tierra tiene menor valor de mercado, pero nuevamente, es necesario mirarlos en una relación urbana mayor, observando su proximidad con las centralidades, que son zonas de oportunidad para reproducir renta urbana. La especulación inmobiliaria en estas áreas se encuentra a la orden del día.

El problema de la desigualdad urbana y sus múltiples implicancias en la vida cotidiana de los pobladores de los barrios populares requiere un abordaje complejo y relacional, incorporando otras dimensiones además de la física, que nos permitan desnaturalizar y comprender en que proceso se ha producido esa mancha urbana. Comprender de forma relacional la estructura de la ciudad nos permite visibilizar las acciones que profundizan la desigualdad, y allí tenemos una gran oportunidad para transformar la realidad.

  Actualmente existen muchas personas que viven en barrios contaminados y sin servicios; ¿existe una política pública en concreto a estos problemas?

Quienes han tenido la posibilidad de acceder a unos metros cuadrados de tierra para construir su hogar, lo hacen en tierras indudables, sin servicios de saneamiento, lejos de las infraestructuras de servicios sociales; es decir, tierras que lejos están de ser un buen terreno. Estos pobladores, cargan a sus hombros la ardua tarea de hacer de esa tierra un espacio para la vida.

Existe una relación directa entre habitar en barrios populares y el profundo riesgo ambiental que los atraviesa. Esta condición que afecta la vida cotidiana de sus habitantes tiene origen en otras dimensiones propias de una producción urbana que es excluyente: las dificultades en el acceso laboral, las deficientes condiciones de la infraestructura urbana, por mencionar algunas. Con la pandemia, se ha visibilizado la situación crítica que viven las personas que no tienen acceso a servicios básicos como la provisión de agua. En el Barrio 31 de CABA, en el barrio Ferroviario de San Fernando, en las Casitas de La Matanza, y en muchos otros del AMBA el acceso al agua potable es un problema desde antes del aislamiento. Este es un servicio esencial, y frente a un contexto de propagación y aumento de contagios por Covid 19, la imposibilidad de higienizarse y de poseer un espacio de aseo adecuado ha llegado a cobrarse la vida de muchas personas.

Sumado a esto, son barrios que se encuentran en áreas inundables, terrenos con presencia de metales pesados, ubicados a la vera de ríos y arroyos, cercanos a basurales. Esta última característica es una de las más frecuentes, con la falta de controles y quemas permanentes, ocasiona problemas de salud graves en les pobladores.

Estas situaciones cotidianas que requieren de un esfuerzo diferenciado para sobrellevarlas, han sido naturalizadas como parte de un proceso social de construcción histórica, en base a parámetros estructurales alejados de las posibilidades reales de la población, y que entonces producen y reproducen la desigualdad urbana. Si bien durante estos meses de aislamiento se han implementado algunas políticas públicas, principalmente de desarrollo social, para resguardar las condiciones de salud de les pobladores de los barrios, estas no son suficientes para contrarrestar esta situación desigual, que se acrecienta en el contexto de las tomas de tierras.

Ante la falta de políticas públicas, las personas siguen exigiendo el derecho a la vida, y cuando ponen en el centro los derechos, el estado criminaliza, ¿cómo lo ven?

La demanda por parte de la población por el derecho a la vivienda es un acto totalmente necesario. Frente a la cuestión de la toma de tierras, la intervención del Estado no debe basarse en acciones punitivas, omitiendo la función social de la propiedad y negando el derecho a una vivienda adecuada para todes. El problema hoy no es la ausencia de políticas públicas de hábitat, sino de que en alguna medida estas continúan siendo inalcanzables para la población más vulnerable.

Para estos sectores el Estado debe abordar con urgencia una reformulación e implementación de políticas y medidas de acción directa dirigidas a garantizar el derecho colectivo a un hábitat digno. La existencia de un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y de una Secretaria de Integración Socio Urbana gestionada por las organizaciones sociales, son ámbitos de oportunidad para desarrollar políticas públicas apropiadas que transformen esa situación de desigualdad urbana. Algunas iniciativas como el Plan Nacional de Suelo Urbano puede ser también un diferencial en el acceso al hábitat.

¿Cómo ven las recuperaciones del territoriales, la socialización en tanto y cuanto el proyecto de un barrio en progreso?

La recuperación y apropiación del territorio y el trabajo sostenido que realizan les pobladores para autoproducir su hábitat no está socialmente reconocido como tal, a pesar de representar una actividad que ocupa a millones de personas, que moviliza múltiples recursos y que desde el inicio de nuestra historia, transforma el territorio.

Este modelo de construcción social es injusto, se sustenta con el trabajo oculto e invisibilizado, y es una de las múltiples manifestaciones de la desigualdad que podemos encontrar en los procesos de producción de nuestras ciudades. Como arquitectes y urbanistas, la restitución histórica de estas omisiones nos moviliza a pensar en el desarrollo de procesos apropiados consciente y colectivamente, que promuevan la universalización de conocimientos y la construcción de políticas públicas que incluyan los problemas territoriales de forma situada, y un acompañamiento técnico-profesional a la altura de las circunstancias.

Parados sobre estas preocupaciones, desde el colectivo Habitar Argentina y junto a otras organizaciones profesionales, académicas y sociales, hemos promovido la elaboración de un Proyecto de Ley Nacional de Acompañamiento Técnico-Profesional y Público.

Esta propuesta retoma otras experiencias latinoamericanas (Ley de Asistencia Técnica Federal de Brasil de 2008) y locales (Ley Provincial de Asistencia Técnica de Santa Fe de 2019), y se inscribe dentro de un debate sostenido durante años, por múltiples actores en distintos ámbitos: encuentros y prácticas académicas en universidades de todo el país; jornadas legislativas; mesas barriales; consejos de hábitat; encuentros de equipos técnicos y debates en instituciones profesionales.

Entre los principios rectores de la ley, el acompañamiento técnico-profesional se reconoce tanto en la producción de proyectos y obras, como así también en las múltiples dimensiones que inciden en la vida cotidiana. Asimismo, complementa los saberes populares con el aporte de les diverses actores y disciplinas que participan en la transformación del hábitat.

Otro aspecto sustantivo del proyecto es el reconocimiento del trabajo sostenido de técnicos y profesionales en el territorio, posibilitando relaciones de proximidad con la población. Hace 10 años, Proyecto Habitar trabaja la propuesta de promover un Sistema Integral de Atención Primaria de Hábitat (Jaime; Salvarredy, 2011) donde les pobladores puedan recurrir para abordar sus problemas habitacionales.

Hoy, y en medio de la emergencia sanitaria, se hicieron visibles los problemas habitacionales y urbanos con los que convivía la población previamente, y que a pesar de todos los esfuerzos sociales y políticas públicas implementadas resulta muy complejo contrarrestar en tan poco tiempo. Principalmente porque estos problemas son el resultado de un proceso histórico de reproducción urbana que ha excluido a la población, negándole el derecho a la vivienda y a la ciudad. Entre otras propuestas valiosas, entendemos que este proyecto de ley, asociado a las políticas de hábitat, puede aportar a contrarrestar progresivamente esta situación.

Más noticias

Fuente: https://www.anred.org/2020/09/18/proyecto-habitar-arquitectura-para-la-lucha-territorial/

En consecuencia, abajo y a la izquierda coherente con su esencia comunista (al mirar por relaciones, poderes, convivencias e inteligencias comunales y bienes comunes en vez de públicos/privados), nos urge apoyar y promover rumbos emancipatorios del capitalismo que han emprendido pueblos originarios, asambleas socioambientales, etc. y también la:

Ciencia Digna,

Revista de la UCCSNAL,

mayo 2020 Vol. 1 Nro. 1
30 de abril de 2020

Editorial: Otro inédito posible
Verzeñassi, Damián

“Preferimos buscar, para construir los otros futuros mas deseables; menos probables tal vez, pero sin duda posibles”
Oscar Varsavsky

 

Aquel 16 de junio de 2015, se conmemoraba en Rosario el “Día de la Ciencia Digna” y nacía la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) también como un homenaje a Andrés Carrasco.

Generar un espacio para la publicación y visibilización del trabajo de quienes, a lo largo y ancho de nuestra Abya Yala, construyen conocimientos desde paradigmas que ponen en crisis las estructuras de los modelos extractivistas, fue uno de los propósitos de la UCCSNAL desde su nacimiento.

Es que las tradicionales “revistas científicas” (denunciadas por el Premio Nobel de Medicina de 2013 como un “daño a la ciencia” por su compromiso con intereses ajenos a la calidad y al bien común) no suelen habilitar sus páginas a estas “otras” voces. Sin embargo, que no se lea en “grandes revistas” no quiere decir que otra Ciencia, la que nace desde los Pueblos y se construye a partir de sus necesidades, no exista.

Por el contrario, cada día mas equipos e investigadores asumen el compromiso de  poner sus saberes en juego (arriesgando en muchos casos su trabajo) para evidenciar los impactos negativos del extractivismo y los modos de acumulación por despojo sobre los territorios que habitamos, destruyendo la diversidad biológica y cultural, poniendo en riesgo la mismísima integridad genética del planeta y por tanto nuestras vidas.

Esa otra Ciencia (muchas veces ninguneada por el establishment tecnocientífico rendido a los intereses del mercado) es también la que sistematiza los resultados de prácticas productivas saludables, agroecológicas, la que reconoce el valor de las culturas campesinas, indígenas, urbanas, para la reconstrucción de los vínculos sociales que, desde la diversidad como elemento constituyente de nuestros Pueblos, hagan nacer nuevas formas de organizaciones en las cuales la solidaridad, el mutualismo y la cooperación sean la columna vertebral.

La UCCSNAL es un espacio colectivo, plural, nacido para acompañarnos en los andares, reflexionando críticamente sobre lo que sabemos, aprendemos y hacemos. Es una Unión para amplificar el sonido de las voces de quienes consideran que la Ciencia tiene sentido si está al servicio de la Naturaleza y de los pueblos que somos parte de la Madre Tierra.

Una Ciencia que reconoce que NO es neutra, ni universal, ni objetiva. Una Ciencia que asume su posicionamiento ideológico, ético y político como un punto de partida para pensar críticamente,  incluso sus propias estructuras.

Una Ciencia que no se subordina al mercado, ni acepta las presiones de corporaciones, ni de gobiernos para pensar y/o actuar.

Una Ciencia que recupera la mirada integral de la Vida y acompaña y estimula el cuidado de la Naturaleza.

Una Ciencia que, en palabras de Andrés Carrasco, espera ser capaz de estar a la intemperie, para poder pensar “con una perspectiva que permita crear espacios donde el debate abra nuevas posibilidades, abra nuevos actores, incremente la participación”.

Una Ciencia Digna, que a partir de hoy, tiene un nuevo espacio para hacerse oír. En tiempos de crisis civilizatoria, de pandemias, de miedos que paralizan a muchos y aceptan transcribir los dictados del sistema tecnocientífico que nos llevó a una situación de inestabilidad genética tal que una mutación en un virus pone al mundo en situación de guerra, es mas que necesario.

Esta Revista, como la misma UCCSNAL, es fruto de la convicción y el trabajo colectivo. Es un inédito posible. Una evidencia clara de lo que somos capaces de hacer cuando nos encontramos, nos miramos a los ojos, nos escuchamos, nos abrazamos y empezamos a andar para reconstruir los lazos que hagan posibles esos futuros que deseamos.

Acceda a la Revista Completa: Revista Ciencia Digna N° 1 – Junio 2020

Fuente: http://uccsnal.org/ciencia-digna-revista-de-la-uccsnal-mayo-2020-nro-1/