Qué Sistema

Diciembre 2020

Con ecocidios-genocidios. La minga social lo enfrenta en Colombia pese a estar bajo terrorismo de estado.

 


 

 

 

Conciliación de clases/ Concentración y centralización capitalista/ Alternativas emancipatorias

 

Conciliación de clases

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, que una creciente mayoría de les oprimides, por el sistema mundo capitalista y su local, rompa con la conciliación de clase implícita en la resignación a la continuidad-profundización del avasallamiento de nuestros derechos y los de la naturaleza cuya salud es básica tanto para la vida humana como para la no humana.

 

Ante la pandemia, hemos comprobado cómo el capitalismo -que la generó por producir modificaciones irreversibles a gran escala de la vida planetaria-ha impuesto el agravamiento de su fomento del individualismo entre les diverses de abajo, de su criminalización de les desposeídes y del Estado policial militarizado. De modo que hoy lo más subversivo y emancipador es recuperar o reconstituir comunalidades. Es luchar contra el saqueo y la contaminación ambiental mediante el entrelazamiento de comunalidades cuyo potencial social resulta invencible por el campo bélico y el manipulador conque nos enfrenta el sistema.

 

Colombia muestra hacia dónde progresan los planes de devastación y dominación del sistema mundo capitalista respecto al Abya Yala. Pero también nos enseña, a quienes nos identificamos con la autodeterminación de los pueblos y el internacionalismo revolucionario, iniciativas tan valiosas como:

 

La Minga y el Cauca

26 de octubre de 2020

Por Fernando Dorado (Rebelión)

La Minga, el movimiento social liderado por los indígenas caucanos que acaba de colocar un punto alto en la lucha política colombiana, es un fenómeno social, político y cultural que solo se puede entender conociendo los antecedentes de la región de donde surge: el Cauca.

Este departamento (estado, provincia) es de una complejidad que sólo se puede asimilar a Bolivia. El concepto de “formación social abigarrada” construido por René Zabaleta para el país andino es todavía más preciso para definir esta región del sur-occidente colombiano. En pocas líneas trataremos de describirla.

Desde el punto de vista geográfico la característica más relevante de esta región consiste en que está dividida en dos subregiones claramente diferenciadas: una, la andina, constituida por las cordilleras central y occidental que la atraviesan de norte a sur, en medio de las cuales existen tres valles en donde se asienta la mayoría de la población: el Valle de Pubenza (Popayán), el Valle Geográfico del Río Cauca (a partir de Santander de Quilichao) y el Valle del Patía (semidesértico pero muy estratégico).

Allí está ubicado el sistema montañoso conocido como Macizo Colombiano en donde nacen los 5 ríos más importantes del país, entre ellos el río Cauca y el río Patía, que atraviesan el suroccidente colombiano y en gran medida lo determinan. 

Desde el punto de vista histórico, la más importante peculiaridad del Cauca consiste en que las áreas estratégicas de esta región fueron conquistadas y colonizadas por fuerzas españolas que hacían parte del ejército de los hermanos Pizarro (Francisco y Gonzalo), que derrotaron a los incas en Cajamarca, se apoderaron de Cuzco y, aprovechando la división y enfrentamiento entre los hermanos Atahualpa y Huáscar, muy rápidamente lograron dominar y controlar el imperio incaico, estableciendo para ello una alianza con los principales caciques aymará-quechuas a quienes les interesaba mantener su poder.

Es por ello que este territorio de la actual Colombia está habitado en su gran mayoría por herederos de pueblos “yanaconas”, término con el que identificaron los cronistas españoles a los numerosos y diversos contingentes de comunidades indígenas que fueron reclutadas en Perú y Ecuador durante las jornadas de conquista y avanzada hacia el norte como parte de la gesta conquistadora que encabezó inicialmente el extremeño Sebastián de Belalcázar, pero que fue continuada en las siguientes décadas (desde 1536) por otros conquistadores y colonizadores españoles.

Debemos recordar que el pasado 16 de septiembre de 2020 la estatua de ese “conquistador español” fue derribada por el pueblo Misak (guambiano) de un pedestal que le construyeron sus herederos payaneses sobre una especie de pirámide indígena (cerro o morro de Tulcán) ubicada en Popayán. Fue un acto simbólico que antecedió a La Minga y envió un mensaje muy claro a las castas coloniales que todavía se encuentran enquistadas en nuestra sociedad.

Desde el punto de vista étnico es importante señalar que la región está poblada por los pueblos indígenas nativos que se resistieron a la invasión (guambianos o misak, nasas, totoróes, coconucos, etc.), que fueron empujados y desplazados hacia las montañas, principalmente de la cordillera central en el Cauca; por descendientes de los esclavos africanos que se ubicaron en cercanías a las minas o ríos ricos en oro, tanto en el norte del Cauca, como en el valle del Patía y toda la Costa Pacífica del actual departamento, con algunos núcleos dispersos de acuerdo a las necesidades de los colonizadores (Itaibe en el municipio de Páez); y finalmente, el grueso de los herederos españoles y “yanaconas”, se ubicaron en el territorio central que hoy se puede definir como la región atravesada por la carretera panamericana en un rango de 25 a 30 kms de lado y lado. En algunas ciudades como Popayán, quedan escasas familias herederas de la aristocracia señorial y terrateniente de la época colonial, con sus tradiciones, prejuicios, apellidos y abolengos de vieja data.

Y lo más interesante de todo este “abigarrado” panorama es que la lucha por el territorio nunca terminó. Fuimos colonizados por los europeos pero los pueblos indígenas, especialmente nasas y guambianos, nunca renunciaron a ser ellos mismos. Han continuado y fortalecido el proceso de recomposición como pueblos, recuperando y reordenando el territorio usurpado por los grandes terratenientes, reconstruyendo sus culturas e identidades, y restaurando su autoridad y autonomía. Y desde hace tres décadas (1991) ese proceso ha calado entre diversos pueblos negros (“afros”) y campesinos mestizos, que con sus propias identidades y experiencias, siguen el ejemplo y el camino que les han trazado los pueblos indios.

En este año 2020, en medio de la pandemia y demás restricciones, La Minga Social y Comunitaria del Sur-occidente colombiano, logró dar un salto de calidad para bien de esta nación. Levantó un programa de carácter político en defensa de la Vida, el Territorio, la Paz y la Democracia, y al lanzarse al encuentro con el “país nacional” con la excusa de obligar a dialogar al presidente Duque, logró mostrar que en Colombia se puede potenciar la lucha social a los niveles que la han llevado los pueblos de Bolivia, Ecuador y Chile.

Viajaron a la capital del país, Bogotá, mostraron su organización, disciplina, valentía y alegre creatividad, dieron ejemplo de cómo se puede evitar la infiltración y la provocación policial, y dejaron un mensaje de máxima importancia a todo el pueblo colombiano: la vida, el territorio, la paz y la democracia se puede y debe defender en las calles, pero no para derrocar o revocar a un presidente (que apenas es “subpresidente” porque es un títere de Uribe y Trump), sino para elevar el nivel de conciencia de todos los colombianos, impulsar y fortalecer los procesos organizativos de base, y también, prepararnos para –por primera vez– derrotar en las urnas en el 2022 a la más rancia y criminal oligarquía de América Latina.

La Minga se ha movilizado y ha hablado. La Minga acaba de darle un golpe de legitimidad social y política a un gobernante que corrió asustado a refugiarse en sus fuerzas armadas y burocracia, demostrando que le teme al pueblo y que no puede ni siquiera dialogar con él. La Minga vibró e hizo vibrar a nuestro pueblo. Seguiremos su camino y ejemplo.

https://elcomejen.com/2020/10/23/la-minga-y-el-cauca/

Fuente: https://rebelion.org/la-minga-y-el-cauca/

En consecuencia, el potencial social de logro de la autodeterminación de los pueblos en el Abya Yala requiere abrevar en siglos de resistencia de los pueblos originarios. Tengamos en cuenta a Colombia:

Y lo más interesante de todo este “abigarrado” panorama es que la lucha por el territorio nunca terminó. Fuimos colonizados por los europeos pero los pueblos indígenas, especialmente nasas y guambianos, nunca renunciaron a ser ellos mismos. Han continuado y fortalecido el proceso de recomposición como pueblos, recuperando y reordenando el territorio usurpado por los grandes terratenientes, reconstruyendo sus culturas e identidades, y restaurando su autoridad y autonomía. Y desde hace tres décadas (1991) ese proceso ha calado entre diversos pueblos negros (“afros”) y campesinos mestizos, que con sus propias identidades y experiencias, siguen el ejemplo y el camino que les han trazado los pueblos indios.

Pese a que rige el Plan Colombia Leer sus pueblos nos ejemplifican la posibilidad de asumir la política de los cambios radicales a la plebeya y no a la capitalista.

 

La Minga Indígena y la disputa por

un cambio la matriz ideológica de Colombia

noviembre de 2020

El 21 de noviembre se cumple un año de la masiva marcha impulsada por la Minga Indígena de Colombia. “Fue el resultado de insistir, persistir y nunca desistir en convocar a la gente a movilizarse, a estar en la calle”, contó Sebastián Quiroga, parte de Ciudad en Movimiento y del Congreso de los Pueblos.

 La minga es un encuentro pero también, y sobre todo en este contexto, es una dinámica de movilización”, contó Sebastian Quiroga en Futura en Casa. Esta iniciativa se viene expresando desde 2008 cuando el Consejo Regional Indígena del Cauca impulsó una serie de paros y cortes para reclamar al gobierno del entonces presidente Alvaro Uribe derechos en materia de salud, educación y otros derechos básicos. Esta Minga, de carácter reivindicativo, fue la punta de lanza que mostró su punto más álgido el 21 de noviembre del año pasado: “ese paro era una acumulación de fuerzas sociales y políticas que por lo menos en los últimos 12 años se había ido acumulando, se habían ido forjando en la movilización”, señaló Quiroga.

Sebastián contó que “el paro no se detuvo” y en este sentido dijo que “lo último que se ha dado en el pueblo colombiano no es una minga indígena. Es una minga social diversa en términos sociales, unitaria en términos políticos y que, aunque quien está en el centro de la fuerza y de la capacidad es el movimiento indígena, la propuesta que está haciendo y la discusión que está poniendo es una discusión nacional. Quienes estamos participando somos otro tipo de actores que no estamos solamente acompañando sino que participamos en todo el ejercicio que implica el desarrollo de la minga”.

“Si la Minga se sentaba a negociar con Duque iba a mandar un mensaje equivocado”

Esta minga política se expresó en el año pasado con un paro nacional donde se movilizó a Bogotá había que mantener la llegada a Bogotá para que la Minga mandará el mensaje que tenía que mandar. Si la Minga se sentaba a negociar con Duque pues iba a mandar un mensaje equivocado, era que los problemas de Colombia se resuelven negociando con Duque cuando los problemas de las masacres, el paramilitarismo y narcotráfico no se resuelven negociando con él sino cambiando. Hay que posibilitar el camino hacia allá y la Minga entendió que su papel era sentar un precedente”, explicó Sebastián.

Un presente para otro futuro

Este año la convocatoria no se hizo a una acción de movilización reivindicativa, es decir para negociar con el Estado, sino que ellos lo llamaron una Minga Política, una Minga de carácter político, en este sentido Quiroga señaló que la minga construyó cuatro puntos de debate político con el actual presidente colombiano Iván Duque: “el primero es el tema de la paz, porque básicamente Duque dijo que iba a hacer trizas los acuerdos de paz (...); otro tema es el de la vida, porque ya desde la firma del acuerdo con las FARC van 1000 asesinatos de líderes sociales, ex combatientes y familiares. Este año van 70 masacres que se han cometido en el país, hay un crecimiento exponencial y dramático de la violencia que se siente en las ciudades con mucha fuerza, no solamente en las zonas rurales donde desafortunadamente suele presentarse. Hay un tercer reclamo por los territorios y un cuarto reclamo por la democracia en razón a que hay una absoluta concentración del poder en manos del Ejecutivo en Colombia, una cooptación corrupta del Congreso, unas decisiones amañadas para elegir a los que están al frente de los entes de control: Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría y una acción temeraria, amenazante y de cooptación también de la rama judicial”.

Y reflexionó: creo que hace algún tiempo en Colombia, con todas las dificultades que hemos tenido en general, pero también con toda la decisión de resistir y permanecer en la construcción de alternativas y de otras posibilidades, ha habido un cambio en la matriz ideológica del país. Hoy la gente está en otra disposición, en otra mirada, tiene otra perspectiva del país. Lejos estamos de hace 12 años cuando aparentemente había un consenso en la opinión pública alrededor del uribismo sostenido también sobre unos medios que en ese momento eran incuestionables”. “No sabemos que viene pero que seguramente serán escenarios de mayor intensidad política generando posibilidades inéditas en Colombia”. 

Escuchá/Descargá la entrevista completa

Fuente: https://fmfutura.com.ar/2020/11/la-minga-indigena-y-la-disputa-por-un-cambio-la-matriz-ideologica-de-colombia.html

 

 

Concentración y centralización capitalista

 

Apreciemos cuán importante es la solidaridad desde otros países no sólo para ayudar a que el enfrentamiento local con el capitalismo se decida a favor de los pueblos sino también para ir construyendo otro mundo posible.

 

Respaldamos a la Minga Social por la Defensa de la Vida,

el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.
27 de marzo de 2019

 

Desde MUGARIK GABE expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz que desde el día 10 de marzo de 2019 congrega a pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas y sectores sociales del Suroccidente colombiano y que se ha ampliado en los últimos días a otros departamentos de Colombia.

La Minga es fiesta, es tejer la palabra, es caminar, dialogar entre muchas voces en aras a lograr la unidad de luchas de los pueblos, comunidades, organizaciones sociales y populares. Ante todo, es una manifestación pacífica para garantizar la pervivencia de los pueblos y el buen vivir.

 

Así, en un ejercicio de gobernabilidad territorial y de legítimo derecho a la protesta social se ha convocado a una gran Minga, teniendo en cuenta la grave coyuntura en la que se encuentra el país.

Este comunicado está firmado por:

Coordinadora de ONGDs de Euskadi (con 79 organizaciones), Cear Euskadi, Emigrad@s sin fronteras y Colombia Euskadi.

Lee nuestro comunicado completo aquí.

Señor Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Casa de Nariño Bogotá,

COLOMBIA País Vasco (Estado español),

22 de marzo de 2019

 

Cordial saludo, La ONGD vasca MUGARIK GABE expresa su solidaridad y respaldo a la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz que desde el día 10 de marzo de 2019 congrega a pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas y sectores sociales del Suroccidente colombiano y que se ha ampliado en los últimos días a otros departamentos de Colombia. La Minga es fiesta, es tejer la palabra, es caminar, dialogar entre muchas voces en aras a lograr la unidad de luchas de los pueblos, comunidades, organizaciones sociales y populares. Ante todo, es una manifestación pacífica para garantizar la pervivencia de los pueblos y el buen vivir. Así, en un ejercicio de gobernabilidad territorial y de legítimo derecho a la protesta social se ha convocado a una gran Minga, teniendo en cuenta la grave coyuntura en la que se encuentra el país:

 

· El Gobierno está poniendo en riesgo la paz, incumpliendo los Acuerdos de Paz y poniendo objeciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

· La pasividad gubernamental frente a la reconfiguración del conflicto armado y los actores, que mantiene los territorios en una crisis humanitaria profunda.

· La creación de las zonas de interés de desarrollo rural económico y social, ZIDRES, lesivas contra los intereses de los pueblos y comunidades que habitan los territorios.

· El aumento de la estigmatización, criminalización, amenazas y asesinatos del liderazgo social.

· El Plan Nacional de Desarrollo presentado al Congreso incumple los acuerdos establecidos en mesas de concertación entre el Gobierno y los pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, y pone aún más en riesgo la vida en los territorios.

· Acuerdos con comunidades étnicas y organizaciones sociales y populares incumplidos sistemáticamente por los Gobiernos.

 

 

Ante esta situación,

 

DENUNCIAMOS, el tratamiento militar y la respuesta violenta que desde el Gobierno colombiano se está haciendo contra la Minga, lo que ha dado lugar a flagrantes vulneraciones a los derechos humanos de las personas que han salido a manifestarse pacíficamente. Se han presentado múltiples asaltos y ataques a los campamentos donde se concentran las familias en Minga. Ya son más de 25 heridos, 6 de ellos de gravedad. Además, la masacre contra la guardia indígena de la ORIVAC ocurrida en Dagua (Valle del Cauca) el 21 de marzo, deja 9 guardias indígenas muertos y 15 heridos. En este marco, rechazamos los señalamientos realizados por el Ministro de Defensa en contra de quienes están ejerciendo su derecho a la libre asociación y manifestación, y la negativa a iniciar un diálogo que conduzca a la implementación de una ruta de cumplimiento a los acuerdos pactados históricamente con las comunidades étnicas y organizaciones sociales y populares del país.

 

SOLICITAMOS, al Presidente Duque: - Que haga presencia urgente en el Cauca y se siente a dialogar, ya que el diálogo es la vía política para acercar los procesos. Que el Presidente de la República Iván Duque Márquez que acuda al llamado de las comunidades movilizadas para entablar un diálogo directo que conduzca a la solución de las problemáticas que plantean las organizaciones participantes y que haya verdadera voluntad en el cumplimiento de los acuerdos pactados como muestra clara de que hay disposición de construcción de paz en los territorios. - Que garantice el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica contenido en la Constitución Política, acatando los estándares del marco internacional de los derechos humanos. Estas garantías deben incluir la no judicialización de los pueblos que se encuentran hoy movilizados. - Que no se estigmatice, judicialice, ni se siga militarizando la Minga, poniendo fin a la represión con armas de fuego por parte del Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR), del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. - Que se realicen investigaciones exhaustivas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las movilizaciones, especialmente el esclarecimiento de la masacre ocurrida el pasado 21 de marzo en el Corregimiento Cisneros, municipio de Dagua (Valle del Cauca) que conlleve al juzgamiento de los responsables y al restablecimiento de derechos de las víctimas, otorgando atención integral a los pueblos, comunidades y familias afectadas de manera directa e indirecta. - El cumplimiento de los acuerdos pactados históricamente con las comunidades étnicas y organizaciones sociales y populares del país. - El respeto y cumpliendo los Acuerdos de Paz firmados con las FARC-EP y el establecimiento de una mesa de diálogos con el ELN. - Que el Plan Nacional de Desarrollo respete los acuerdos establecidos en mesas de concertación entre el gobierno y los pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas.

 

Finalmente, hacemos un LLAMAMIENTO al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias, acompañen a las comunidades y familias afectadas por este hecho que enluta la Minga social del Sur Occidente colombiano.

 

Fuente: https://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2019/03/nuestro-comunicado.pdf

 

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Declaración de apoyo a la “minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz” del suroccidente colombiano. Grupos de trabajo de CLACSO

Los centros miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) abajo firmantes apoyan a los pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos del suroccidente colombiano que se asentaron en la vía Panamericana durante veintisiete días para reclamar el respeto a la vida y a sus territorios.

Desde la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), se han registrado, al menos, 482 asesinatos de líderes sociales según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Las principales víctimas son líderes campesinos, ambientalistas y comunales, seguidos por líderes indígenas.

Varios de estos crímenes se articulan con los conflictos por la tierra y el territorio y con la defensa de la autonomía y del gobierno propio de las comunidades indígenas, elementos contemplados en la Constitución Nacional de 1991 y en sucesivas legislaciones. Los indígenas, los campesinos y los afrocolombianos movilizados sostienen que estos conflictos se han profundizado con el modelo de agronegocios y con la minería a gran escala, procesos que vulneran el derecho a la consulta previa y amenazan la integridad ecológica y social.

La “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz”, iniciada el 12 de marzo, ha dejado un saldo de nueve indígenas y un policía muertos y 88 manifestantes heridos. A este saldo se suma el ataque a la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca en Popayán y las amenazas de muerte a los dirigentes de la movilización por parte de organizaciones paralegales como las Águilas Negras.

Desde el comienzo de esta Minga, las organizaciones convocantes afirmaron la necesidad de concertar un debate político con el Presidente Iván Duque, hecho que ha ocurrido en ocasiones anteriores, con los ex presidentes Juan Manuel Santos (2012) y Álvaro Uribe (2008). El pasado 9 de abril, el Presidente Iván Duque viajó hasta el territorio ancestral Sat Tama Kiwe, resguardo indígena San Lorenzo de Caldono en el departamento del Cauca, con el objetivo de reunirse con la Minga. Sin embargo, aduciendo razones de seguridad, el presidente se negó a conversar con las más de 13 mil personas que aguardaban en la plaza principal.

Finalmente, celebramos los acuerdos preliminares firmados entre el Gobierno y las organizaciones movilizadas el pasado 5 de abril, y esperamos que la reunión frustrada entre el Presidente Iván Duque y los sectores sociales movilizados no ponga en riesgo el avance en el cumplimento efectivo de dichos acuerdos.

Elaboró esta declaración:

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Adhieren los siguientes centros miembros:....

Fuente: http://iealc.sociales.uba.ar/novedades/declaracion-de-apoyo-a-la-minga-por-la-defensa-de-la-vida-el-territorio-la-democracia-la-justicia-y-la-paz-del-suroccidente-colombiano-grupos-de-trabajo-de-clacso/

 

En consecuencia, contra la concentración y centralización capitalista es prioritario construir la unión de los pueblos locales, continentales y planetarios pero tratando de arraigarla en las culturas e historias de sus defensas y recuperaciones territoriales.

 

Histórica, heterogénea y hecha para protestar

En quechua, la palabra "minga" o "minka" hace referencia a la reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común.

Es una institución precolombina que sirve para todo: desde la construcción de un puente hasta la preparación de un almuerzo.

"En lo político es igual", explica Marilen Serna, miembro de la comisión política de la Minga. "Cada grupo apoya con lo que puede, comida, guardia, autoridades, música, pero el fin es la construcción de un país mejor".

Una cosa es la minga como acto de reunión y otra es la Minga Indígena, el movimiento de protesta que se creó en el sur de Colombia a finales del siglo pasado en busca de reivindicar sus derechos.

Cuando los indígenas de varios grupos sintieron que las pautas multiétnicas e igualitaristas de la Constitución de 1991 no se estaban cumpliendo, se organizaron y empezaron a protestar bloqueando una neurálgica carretera del sur del país, la Panamericana.

Desde entonces, los miembros de la Minga —con sus bastones de mando al hombro y un himno cumbiero que reza "defender nuestros derechos así nos toque morir"— se enfrentaron a todos los gobiernos, pero con dos picos de tensión importantes: en 2008, con Álvaro Uribe en el poder, y ahora, con su aliado, Iván Duque, al frente del Palacio de Nariño.

"En el 2008 nos movilizamos por cuatro elementos: vida y derechos humanos, territorio, paz y modelo económico. Y hoy, incluso con la firma de la paz, la situación es la misma. O peor, porque tiene el sinsabor del fracaso del proceso", explica Serna.

La firma del acuerdo de paz con la guerrilla en 2016 fue, en parte, una promesa de un país destinito para los pueblos, no solo indígenas, que habitan los territorios remotos de Colombia.

Pero desde la firma de la paz al menos 300 líderes indígenas —y 600 líderes campesinos, afro y sindicales— han sido asesinados, según la ONG Indepaz.

"Antes nos mataban, pero ahora estamos ante un genocidio", dice Serna.

A eso se añade la situación estructural de los indígenas en Colombia, que representan un 5% de la población de 50 millones de habitantes: de los 66 pueblos indígenas del país, reporta la ONU, 34 están en vías de extinción; y, según cifras oficiales, la pobreza en poblaciones indígenas es del 63%, el triple que el promedio nacional.

El impacto en el Paro Nacional

Es probable que la Minga Indígena tenga más experiencia en protesta que cualquier otro movimiento político en Colombia.

"Así como el año pasado los estudiantes fueron el movimiento duro que jalonó la protesta, esta vez la minga indígena puede ser el impulso de una protesta más amplia", dice Sandra Borda, politóloga y autora de "Parar para avanzar", un libro sobre el Paro Nacional.

La analista explica que los indígenas tienen varias cosas en común con el Paro: la demanda por una implementación más proactiva del acuerdo de paz y principios como la protección al medio ambiente.

Ambos, además, cuentan con el apoyo de Claudia López, una líder emergente que sacudió la política colombiana.

Pero también cuentan con críticos, como el Consejo Gremial Nacional, una asociación de empresarios, que en un comunicado aseguró que el "incumplimiento (de protocolos de bioseguridad) atenta contra la salud, no solo de quienes hacen parte de la marcha, sino de todos los colombianos".

"Reiteramos nuestro llamado a que no se obstaculice el proceso de reactivación que avanza en el país y se respete el derecho de los ciudadanos a su libre movilidad y al trabajo, para garantizar el sustento de las familias y la sostenibilidad de los sectores productivos y las empresas", indicó la entidad.

Borda, por otra parte, se pregunta si la sociedad colombiana está fatigada con la paz: "Enmarcar la protesta en la paz puede no resultar eficiente, pero si se hace una propuesta más amplia, como de protección a líderes sociales, la cosa puede funcionar mejor".

Margarita Martínez, codirectora de Robatierra, un documental sobre la Minga, coincide en que las demandas de los indígenas se alinean con las del Paro: "Venir a Bogotá va más allá de reunirse con Duque: lo que buscan es ayudar a concientizar a la Colombia urbana, que ha estado tan alejada de la guerra, de lo que viven en sus territorios".

"Porque en el sur del país la vida está siendo mancillada, atacada y asesinada permanentemente. Y el objetivo de La Minga es decirle una cosa al país: que la vida es lo primero".

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54625586

 

 

Apreciemos qué señala Raúl Zibechi "parece evidente que los pueblos en movimiento, los movimientos sociales y anticapitalistas están lejos de haber sido derrotados por la mayor ofensiva lanzada por el sistema en décadas".

 

 

2020: el año más difícil para

los movimientos anticapitalistas

21 de diciembre de 2020

 

 

Por Raúl Zibechi

Fue un año en el que se acumularon dificultades: desde el crecimiento de la militarización y los diversos controles estatales (materiales y digitales) hasta la imposición de confinamientos que impidieron la movilidad y acentuaron el aislamiento y el individualismo. Un cóctel opresivo y represivo como no se veíamos desde hacía mucho tiempo. Las limitaciones impuestas a la población en general, y a la movilización en particular, sumadas al abandono de los Estados, llevaron a los movimientos a replegarse, primero, para estar en condiciones de volver a relanzar la protesta y la movilización más adelante.

El momento del repliegue fue importante para salvaguardar la salud colectiva y comunitaria, evitar contagios masivos en los territorios de los pueblos y fortalecer las autoridades propias. Las guardias de autodefensa comunitaria jugaron un papel decisivo, ya sea en áreas rurales como urbanas, destacando entre éstas los controles realizados en ciudades como Cherán y en espacios como la Comunidad Acapatzingo en Iztapalapa, en Ciudad de México.

En vastas regiones rurales el EZLN, el Consejo Regional Indígena del Cauca, los gobiernos autónomos de pueblos amazónicos, comunidades mapuche, palenques y quilombos, además de comunidades campesinas, decidieron impedir o restringir el ingreso de personas que provenían de las ciudades, como forma de regular la pandemia.

Si no lo hubieran hecho así, sobreponiéndose a la violencia estatal y paraestatal, especialmente mortífera en regiones de Chiapas y del Cauca colombiano, hubieran sufrido una severa desestabilización interna. Esa fue la condición para acotar daños y el paso previo a retomar la iniciativa hacia afuera.

Hacia mediados de año, los pueblos comenzaron un nuevo activismo que en varios casos los llevó a romper el cerco militar y mediático.

En el mes de julio la huelga de hambre de veintisiete presos mapuche sacudió a las comunidades del sur de Chile que comenzaron una oleada de movilizaciones en apoyo a los detenidos en las cárceles de Temuco, Lebu y Angol. Los huelguistas demandaban el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT que les permite cumplir la condena en sus comunidades, que se revise la prisión preventiva y para denunciar las condiciones inhumanas en las cárceles.

A pesar de las dificultades generadas por la militarización y la pandemia, se registraron manifestaciones y concentraciones en el norte, centro y sur de Chile. Las huelgas de hambre denunciaron, además, la represión que están sufriendo los mapuche en todo el país, como la persecución contra las vendedoras de hortalizas y de cochayuyo, un alga marina altamente nutritiva.

En los primeros días de agosto se produjeron masivos bloqueos de carreteras en Bolivia en al menos 70 puntos, por grupos de campesinos e indígenas contra la postergación de las elecciones por el gobierno golpista de Jeannine Añez. Los bloqueos fueron levantados cuando el gobierno aceptó celebrar elecciones el 18 de octubre, que ganó ampliamente el MAS con más del 55% de los votos, superando con holgura el cuestionado resultado de un año atrás.

El 30 de setiembre comenzaron manifestaciones en Costa Rica contra un acuerdo con el FMI que implica aumento de impuestos y una mayor austeridad en el gasto público. Ante la oleada de protestas, el 4 de octubre el gobierno anunció la suspensión de la negociación para abrir un ámbito de diálogo y rever la postura.

El 5 de octubre el EZLN emitió el primer comunicado desde que cerró los caracoles por la pandemia, el 16 marzo de 2020. Informan que en ese lapso fallecieron 12 personas por coronavirus y asumieron la responsabilidad, a diferencia de lo que hacen los gobiernos, y que decidieron “enfrentar la amenaza como comunidad, no como un asunto individual”. Apuestan a la movilización global contra el capital e informan que en abril de 2020 comenzarán una primera gira por Europa, que luego extenderán a otros continentes, con una amplia delegación integrada mayoritariamente por mujeres, porque “es tiempo de nuevo para que bailen los corazones, y que no sean ni su música ni sus pasos, los del lamento y la resignación”.

A fines de octubre de 2020 en Colombia se realizó la Minga Indígena, Negra y Campesina, que arrancó en el suroccidente, en el Cauca y continuó en Cali, recorrió varias ciudades y pueblos para llegar ocho días después a Bogotá. En todo su recorrido, la minga (trabajo comunitario o tequio) dialogó con poblaciones que comparten sus mismos dolores, en un país que se desangra por la violencia narco-militar-paramilitar, con cientos de líderes sociales asesinados.

La Minga hacia Bogotá, en la que participaron ocho mil personas fue escoltada por la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona y la Guardia Campesina, con especial protagonismo de las mujeres y los jóvenes. Fue recibida y acompañada por miles de personas que vienen luchando contra la represión de cuerpos militarizados, contra los que se levantaron en las jornadas memorables del 9 al 11 de setiembre, en las que ardieron o fueron vandalizadas decenas de dependencias policiales.

El 18 de octubre, a un año del inicio de la revuelta social de 2019, miles de chilenos volvieron a salir a las calles de Chile en conmemoración de aquella protesta. Ese día hubo 580 detenidos y un fallecido tras la represión de Carabineros.

El 25 de octubre el pueblo chileno desbordó las urnas en el referendo para redactar una nueva Constitución que sustituya a la heredada por la dictadura militar de Pinochet. El 80% de los votantes aprobó el inicio de un proceso constituyente, cuando se esperaba un resultado de un 60% a favor de la iniciativa. La movilización popular por el referendo la continuación de la revuelta iniciada en octubre de 2019 que le cambió la cara al país, deslegitimando la política oficialista neoliberal y represiva.

En Perú se produjo una notable movilización popular a raíz de la destitución ilegítima del presidente Martín Vizcarra, instalando en su lugar un gobierno corrupto considerado golpista por la población, ya que la mayoría absoluta de los parlamentarios tienen acusaciones de corrupción. En una semana de gigantescas manifestaciones, el golpista Manuel Merino debió abandonar la presidencia abriendo una coyuntura inédita en el país.

El 21 de noviembre en Ciudad de Guatemala miles se concentraron para protestar contra el proyecto de ley de presupuesto que había sido aprobado en el Congreso y que reducía los fondos destinados a la educación, el combate a la desnutrición, defensa de derechos humanos y la respuesta a la pandemia. Los manifestantes ingresaron a la sede del legislativo e incendiaron parte de las instalaciones.

Habría mucho más para relatar. Por todo lo anterior, parece evidente que los pueblos en movimiento, los movimientos sociales y anticapitalistas están lejos de haber sido derrotados por la mayor ofensiva lanzada por el sistema en décadas.

Desinformémonos

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/2020-el-ano-mas-dificil-para-los-movimientos-anticapitalistas

 

 

 Alternativas emancipatorias

 

Estamos aprendiendo a involucrarnos con la lucha de comunidades del pueblo nación Mapuche y  Mapuche Tehuelche por afirmarse en sus territorios.

 

Nación Mapuche. Relmu Lafken Winkul Mapu: Nuestro territorio aún conserva la memoria

Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2020

Nuestro territorio aún conserva la memoria. Memorias del despojo y del intento de aniquilación que sufrió nuestro pueblo a manos del Estado, memorias que hablan de una invasión militar e ideológica como la que llevaron a cabo la Iglesia, los Registros Civiles y, como corolario, también Parques Nacionales. Una institución que se crea a partir de una donación de quienes se apropiaron de nuestro territorio, como el caso del perito Moreno.

Memorias de nuestros desplazamientos o, como decían nuestras abuelas y abuelos, cuando éramos “arreados como animales”, mutilados, empalados e íbamos con los pies en carne viva.

Los que sobrevivimos quedamos presos en los campos de concentración.

Mientras estábamos encerrados nuestro territorio era fraccionado y repartido entre las clases dominantes y empresarios extranjeros que colaboraron con las campañas militares.

Mientras tanto, ¿qué titulaban los diarios en Buenos Aires? “Hoy reparto de indios”.

Memorias de los que sobrevivimos y regresamos, quienes nos reorganizamos en las escasas tierras infértiles o pasamos a engrosar las incipientes ciudades.

Memorias de quienes vivimos en las ciudades, hacinados, marginados, siendo mano de obra barata o esclava.

El territorio nos llamó y retornamos. Volvimos para proteger el lugar de la ambición, del exterminio de nuestro Wallmapu, de una cultura que piensa el territorio como negocio inmobiliario, como recurso minero y petrolero, que en sus ríos ve represas… De todo eso protegemos a nuestro territorio.

Este territorio cuenta la memoria más reciente.

Memorias de represión, de balaceras contra niños, jóvenes y mujeres y de los heridos por esas balas.

Memorias del asesinato del joven weychafe Rafael Nahuel Yem, fusilado por la espalda hacer tres años.

Memorias de provocaciones y difamación mediática.

Memorias de los sectores sociales que hoy encabezan el pedido de desalojo y de muerte.

Nos preguntamos, ¿Quiénes son los violentos?

Sin embargo, hoy recuperamos una de las principales enseñanzas de nuestros antepasados: la capacidad de parlamentar.

Lo hicieron los grandes Toki y los grandes Longko, en escenarios muy complejos. Hoy lo hacemos nosotros.

En este territorio parlamentaremos Lof (comunidades) venidas de los cuatro puntos cardinales de la Puelmapu, los días 21, 22 y 23 de noviembre.

El día 24 convocamos a la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, al Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandie.

Generamos este espacio autónomo y ancestral de diálogo para sentarnos a discutir en términos políticos.

Contra la usurpación eclesiástica!!!Las tierras ancestrales mapuche no son de la Iglesia Católica!!!LOF LAFKEN WINKUL MAPU RESISTE!!RAFAEL NAHUEL VIVE!!

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/18/nacion-mapuche-relmu-lafken-winkul-mapu-nuestro-territorio-aun-conserva-la-memoria/

 

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Relmu lafken Winkul Mapu, 24 de noviembre de 2020

Documento colectivo del Parlamento Autonómo

Mapuche Tehuelche Rankulche

 

Mari mari pu machi, pu lonko, pu pillan kushe

Mari mari pu peñi, pu lamgen, kompuche

Las siguientes Lof, comunidades y miembros del Pueblo Mapuche y Mapuche Tehuelche: Lof Newentuaiñ Inchiñ, Lof Pillan Mawiza, Lof Cañio, Lof Pichiñan Cerro Cóndor, Lof Fentren Kimun, Puel Ko Lafken Mo, Puel Futa Lafken, Kula Leufu, Futa Trawn Ranquel La Pampa, Comunidad Los Toldos Mapuche Rankulche, miembros del Pueblo Mapuche del Depto. Cushamen y pu lamngen del Valle del Río Negro, hemos llegado a un kiñe rakizuam.

Reunidos en Trawn en el territorio recuperado del Lof Lafken Winkul Mapu los días 21, 22 y 23 de noviembre, expresamos lo siguiente:

Nuestra lucha se sostiene con la trasmisión espiritual y política de nuestros mayores acerca de cómo relacionarnos con la naturaleza, internamente entre las lof y hacia afuera, esto es, de nuestro kuyfi nglam. Nuestra lucha se fortalece con la memoria y el permanente acompañamiento de nuestro weichafe Rafael Nawel yem, asesinado en este territorio por el Estado Argentino. Nunca acallaremos nuestra denuncia al Estado por encubrir a los autores materiales e ideológicos de su asesinato

Reivindicamos y reconocemos las autoridades ancestrales: Lonko, Machi, Pillan Kushe, Werken, y Kona del Lof Lafken Winkul Mapu, su territorio recuperado y la legitimidad de su autodefensa. Reivindicamos y reconocemos las autoridades que resisten y permanecen en cada uno de los territorios. Manifestamos nuestro legítimo derecho de retornar al territorio. Repudiamos la condena mediática hacia nuestro Pueblo, la persecución judicial y el racismo social. No somos tomadores de tierras ni usurpadores, somos un pueblo milenario retornando a su ancestral territorio.

Es preciso reconocer que la lucha por la recuperación territorial de nuestro Pueblo es política e histórica y no debe ser reducida a meros actos administrativos y a la judicialización.

Manifestamos nuestro profundo rechazo a todo el sistema extractivista: mineras, petroleras, hidroeléctricas, forestales, robo sistemático de fósiles en nuestros territorios, turismo depredador, agrotóxicos, monocultivos, fracking, arenas silíceas, desmontes de bosques nativos, incendios intencionales y todo lo que atente contra nuestro territorio y nuestro desarrollo como Pueblo Mapuche.

Nuestro territorio es permanentemente violentado mediante el saqueo, la contaminación, el extractivismo o la destrucción de la naturaleza como los incendios intencionales. Identificamos como operadores de este macabro plan al poder político, al poder económico, a los medios de comunicación mercenarios y al sistema judicial que allana el camino para legalizar ese violentamiento. Con la excusa de la falta de energía, el desempleo y el desarrollo turístico, el sistema extractivista Estatal-Privado propone instalar represas en los ríos, zonificar la meseta para la megaminería y el fracking, y arrasar con el bosque antiguo con los centros de Sky, negocios millonarios que vulneran el equilibrio en nuestros territorios.

En nombre de la ciencia y la preservación del patrimonio, los museos saquean, usurpan, distorsionan y exhiben. Jamás tienen en cuenta nuestros derechos territoriales –por ejemplo cuando el Museo Egidio Feruglio se lleva fósiles que “por algo están” en territorio mapuche—ni los sentimientos y memorias colectivas de nuestro pueblo. Estos son los casos, por ejemplo, del Museo de la Plata que, como dijo una papay, aun tiene “en cautiverio” a nuestros antepasado; y de los Museos de Bariloche y de Benetton que se adjudican el relato de “más de 10 mil años”.

Asimismo, recordamos y repudiamos la desaparición de pu peñi ka pu lamngen en los distintos territorios como los casos jamás olvidados de Lucerinda Quintupuray, Genaro y Cristian Calfullanca, Reimundo y Narciso Pino, Luciano González y tantos otros peñi ka pu lamngen desaparecidos y muertos en circunstancias dudosas y que no han sido investigadas ni esclarecidas.

 

La pandemia del covid19 profundizó la política negacionista estatal. Complejizó aun más el acceso libre a nuestro sistema de salud milenario porque no pudimos atravesar las fronteras interprovinciales e internacionales que hoy mantienen dividido a nuestros Wallmapu. Nuestro sistema de salud es la conjunción de una multiplicidad de actividades colectivas, como por ejemplo: el nguillatun, el camarikun y la participación en muchas otras ceremonias; la búsqueda del lawen, visitas y encuentros con Machi y Lawentuchefe, y cuidar las fuerzas del territorio que equilibran nuestra integridad espiritual y física.

En estos últimos años, los gobiernos han intensificado la violencia a través de las fuerzas represivas sobre la lucha de nuestro pueblo, sofisticando las metodologías de criminalización con amenazas, provocaciones, espionaje o invención de causas. Denunciamos a los grupos a gendarmería, policía federal, grupo albatros de la prefectura, las policías provinciales; y a los grupos parapoliciales privados y estatales (como la Seguridad Rural en Chubut) que operan en los territorios en resistencia, avalados por los Estados Provinciales de Chubut y Río Negro y alentados por los medios de comunicación racistas que desinforman y confunden a la sociedad en general.

Hacemos todo lo posible para resguardar a los pichikeche (niños y niñas) cuando las fuerzas reprimen, pero sabemos que la violencia impacta de formas a veces irreversibles en la niñez. La crueldad de estos actos evidencia que el Estado racista y supremacista nada ha cambiado desde fines del siglo XIX.

El Estado debe respetar nuestra autonomía y libre determinación como pueblo preexistente en estos territorios. A su vez, manifestamos que la legislación existente en términos de reconocimientos de derechos, es limitada y restrictiva.

Finalmente, advertimos que estamos en conocimiento de los planes de depredación y despojo. No dudaremos en tomar medidas de acción directas para impedir que se siga destruyendo nuestro territorio. Toda forma de lucha es válida en la defensa de nuestro wallmapu.

Desde la llegada del winka intentaron exterminarnos, ocuparon militarmente nuestro territorio, nos intentaron colonizar ideológicamente, nos encarcelaron… pero nunca podrán quitarnos la esencia del ser mapuche: la libertad. La mayor venganza contra este sistema winka es seguir existiendo como mapuche.

Kompuche, ñanquilpe taiñ mapuche ñi kuifi tukulpan zungu, ñi kuifi ngulam, ñi kuifi kimun, ñi kuifi rakizuam.

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/nacion-mapuche-documento-colectivo-del-parlamento-autonomo-mapuche-tehuelche-rankulche/

 

En consecuencia, pese a la represión y extorsión económica, la autoorganización comunitaria con tendencia a plurinacional está abriendo caminos hacia las alternativas anticapitalistas o contrarias a la imposición del acaparamiento oligopólico de bienes comunes y  su mercantilización que condujo a las actuales emergencias social, alimentaria, sanitaria y ecológica-climática. Están concretando bases esenciales a la real y efectiva democracia.

 

Dieciocho años de lucha:

un pueblo que hace historia

2 diciembre, 2020 | Chubut

En medio de una nueva embestida megaminera, la lucha de Esquel y todo Chubut cumple dieciocho años. Aquellas primeras asambleas y la primera marcha masiva el 4 de diciembre; el plebiscito y la ley provincial; las nuevas empresas que llegaron con sus empleados en los medios y en los gobiernos; las asambleas que tomaron la iniciativa y nunca dejaron la calle. Un repaso por la historia de un pueblo consciente y luchador, que nuevamente le está dando lecciones a quienes gobiernan dándole la espalda.

Por Julián Raso para Dame Una Mag  (Descargá la revista acá)
 

Allá por octubre del 2002, se realizaban las primeras asambleas vecinales ante la alerta que generó en la población el conocimiento de que se pretendía realizar, a solo seis kilómetros de la ciudad, un megaemprendimiento minero que movería toneladas de piedra y utilizaría agua con cianuro para extraer oro.

A fines de noviembre, tras esos debates, se llevó a cabo la primera marcha bajo la consigna “No a la Mina” y, en esos agitados días, la población se dirigió al Concejo Deliberante para exigirles a los representantes información y una postura al respecto. Se logró una “sesión abierta” en la Sociedad Española para el 2 de diciembre y la posterior suspensión de la Audiencia Pública que iba a realizarse el día 4.

Para ese día, estaba convocada una nueva marcha en la que, lejos de cancelarse, el pueblo salió a las calles para reafirmar su postura y festejar el triunfo popular. Fue la primera movilización realmente masiva, en la que participaron también manifestantes de Trevelin y de la Comarca del Paralelo 42. De este modo, los gobernantes que pretendieron hacer entrar a la minera sin consultar a la sociedad, aceptaron convocar a un plebiscito que, en principio, no era vinculante, pero el nivel de participación social y el resultado hicieron que no queden dudas: más de 8 de cada 10 habitantes de Esquel estaban en contra del proyecto minero en su cordón montañoso.

 

¿Pero por qué tanto alboroto?

Lo que en pocos meses la sociedad esquelense tuvo que aprender, informarse y compartir a sus pares, era de qué se trataba esto de la megaminería. A partir de contactarse con otras poblaciones del país y de Latinoamérica para conocer sus experiencias, se tomó dimensión de las consecuencias que el proyecto tendría: desde las afectaciones al ambiente, los cambios en los modos de vida y cómo las deslumbrantes promesas sobre trabajo y desarrollo no se cumplían en las regiones mineras.

Lo primero que activó la alarma fue el cianuro que la minera pretendía usar para separar el oro de la piedra. Pero no era el único aspecto ambiental. La minera utilizaría grandes volúmenes de agua, generaría polvo en suspensión, drenaje ácido, deforestación y abriría un enorme pozo en la montaña de la que brota el agua que en parte abastece a la laguna Willimanco y de ahí se dirige hacia la toma de la que se provee la ciudad. A medida que se investigaba sobre la megaminería en otras regiones del mundo, se confirmaba que además de los accidentes recurrentes, la actividad genera una contaminación inevitable por sus propias características.

Así se fue enterando la población esquelense de que en la megaminería participan empresas trasnacionales que cotizan en bolsa y funcionan captando accionistas. Empresas realmente grandes y desterritorializadas: la mayoría figura con sede en Canadá, pero sus inversores son de todas partes del globo y no tienen vinculación con los territorios que explotan.

La megaminería ocupa superficies extensas, de miles de hectáreas. Y por medio de las exploraciones se determina el lugar posible a explotar, dado que el metal no se encuentra puro, en vetas, sino diseminado en el ambiente a razón de pocos gramos por tonelada de piedra. Por eso hablamos de “megaminería”, que es minería a gran escala. Grandes extensiones, millones de toneladas de piedra molida y pulverizada, millones de litros de agua, toneladas de químicos y enormes necesidades energéticas: un uso descomunal de energía eléctrica y combustible.

Por eso, para que un proyecto sea factible, las empresas analizan la ley mineral (cuál es la relación gramo de metal por tonelada de piedra), qué extensiones se deben dinamitar y remover, qué infraestructura hay que desarrollar, cómo es el acceso al agua y cuánto va a costar el transporte de la electricidad, la mano de obra, la maquinaria, los insumos y la exportación de lo extraído.

A estos cálculos, se les suman aspectos sociales y políticos. En nuestro país, las empresas gozan de leyes que les aseguran el negocio, muchas más garantías y subsidios que cualquier actividad sustentable. Hasta pareciera que las redactaron las mismas empresas, si no fuese porque ni lo que hay les alcanza y siempre piden más.

Toda esta información fue recolectada y puesta en común en las primeras asambleas. Vecinas y vecinos aportaron sus conocimientos sobre química, medicina, economía, o sus propias experiencias: todavía estaban frescas las promesas incumplidas en la construcción de la represa sobre el río Futaleufú.

Las empresas habían hecho todos los cálculos, y los números cerraban. Toda la infraestructura estaba a su disposición (ruta nacional, aeropuerto, tendidos de alta tensión, un cordón montañoso que provee agua, una ciudad a pocos kilómetros) y una muy buena relación en gramos de oro por tonelada de piedra.

Lo que todavía no tenían en cuenta en ese momento era que se iban a encontrar con el rechazo de la sociedad, y que iban a tener que invertir bastante más si pretendían dar la pelea.

 

Primeros triunfos populares

Con el resultado del plebiscito de Esquel, las acciones de Meridian Gold se fueron a pique. Pero la movilización popular no se detenía y, desde la legislatura, buscaron un mes después frenarla (o contenerla) con una ley que, si bien no es completa, hasta hoy prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, la ex Ley 5001, hoy denominada LEY XVII-Nº 68. Si bien la ley contemplaba una posible zonificación –que tenía que realizarse en 120 días corridos- el artículo venció sin aplicarse, con lo cual hace 17 años la ley es efectiva en toda la provincia.

La legislación vigente complica los planes económicos de las mineras. Si bien no está prohibida la megaminería en su totalidad, sí lo están sus variantes más rentables. Eso llevó a que las mineras sigan explorando el territorio chubutense y tanteando alternativas para avanzar con algunos de los proyectos. Lo único que las detuvo fue la movilización popular.

Desde aquel 4 de diciembre,Esquel marcha todos los meses. A eso hay que sumarle todas las movilizaciones espontáneas o surgidas entre cuatro y cuatro, y las de los 23 de marzo en que se conmemora el plebiscito. Durante algunos años, en donde no se veían intenciones de las mineras, la marcha se sostenía con menor participación, cual llama piloto de un calefón. Cada vez que las mineras o los gobernantes insinuaban alguna posibilidad de querer reactivar un proyecto minero, la llama piloto se convertía en un fuego mayor y la población volvía a ratificar su NO masivamente en las calles.

 

Mineras de mayor peso entran a la cancha

Como se indica al comienzo, las mineras trasnacionales no tienen un apego territorial ni mucho menos. Su patria son las ganancias extraordinarias y pueden comprar y revender proyectos, explorarlos y venderlos, cambiarlos como figuritas e, incluso, bajar la persiana e irse cuando no les brindan lo que esperan.

Es más, hay empresas que se dedican a comprar proyectos a bajo precio por el rechazo social ya generado, para imponer su poder de lobby y esperar algún tiempo en que puedan dar el zarpazo. Una de ellas es Pan American Silver (PAS), quien compró el proyecto Navidad en la meseta chubutense. El descubrimiento lo había realizado una empresa denominada IMA, a partir de información confidencial de la minera Aquiline que había descubierto el yacimiento Calcatreu en Río Negro, pero dentro del mismo macizo rocoso. Un tribunal canadiense obligó a IMA a entregar el proyecto a Aquiline y esta se lo vendió a Pan American Silver, que ya había realizado el principal trabajo sucio: remover un chenque (un enterratorio de 1200 años) que ponía en peligro el proyecto por su valor arqueológico y sagrado para los pueblos originarios.

PAS es una de las mineras de plata más grandes del mundo. Tiene sede en Canadá pero, salvo por una mina de oro en ese país, sus operaciones están dispersas por Latinoamérica. Se caracteriza por comprar proyectos conflictivos y sus inversiones más destacadas se encuentran en Guatemala, en una mina frenada por la oposición de la población, y en México, en donde se instaló en territorios y se apoyó en la violencia narco para desplazar a la población que vivía en la zona del proyecto. En Perú, hizo lo contrario: tras recibir 22 multas por daños ambientales, en lugar de hacerse cargo, vendió el proyecto a otra minera. Los nuevos dueños dejaron Quiruvilca y, desde entonces, la mina está abandonada, con inestabilidad en sus depósitos de desechos y generando drenaje ácido, contaminando las aguas de agricultores a quienes nadie les brinda respuestas.

En Chubut, PAS apunta a un negocio similar. En 2009, compró el proyecto Navidad sabiendo de la ley que prohíbe su explotación y se dedicó al lobby político, apostando fuertemente a los medios de comunicación. La minera se apoya en el abandono estatal de la región para proponerse como quien llevará a la meseta central energía eléctrica, transporte e internet: servicios y derechos en los que el Estado incumple.

La otra minera que adquirió un proyecto devaluado con la intención de poder explotarlo en un futuro es Yamana Gold, también con sede en Canadá. Para evadir la ley que prohíbe la minería a cielo abierto, diseñó un proyecto por galerías, pero también comenzó a operar de manera subterránea, es decir, a escondidas de la sociedad.

La nueva minera se apoyó en la filial local “Minas Argentinas S. A.” para proponerse un lento trabajo que logre cambiar la percepción de la sociedad sobre la actividad. Comenzó por cambiar el nombre del proyecto y, de paso, el del pueblo de Esquel: en su informe anual del año 2010, ofrecía un proyecto en la “Sierra de Suyai”, a seis kilómetros de una localidad con el mismo nombre. Coincidentemente, en el supuesto Suyai, la empresa se encontraba trabajando para revertir el rechazo generalizado de la población que, con un plebiscito, había frenado el proyecto de una empresa anterior. Otra paradoja, la traducción de Suyai en quichua es esperar, o bien, esperanza.

También de forma subterránea, Yamana Gold contrató a un operador mediático que, como periodista, se instaló en la mañana radial esquelense sin blanquear quiénes eran sus patrones. A finales de 2011, Ricardo Bustos le entregó a una periodista un tarjeta personal, en la que se presentaba como “Gerente de Relaciones Comunitarias de Suyai del Sur S. A.” con el logo de la minera canadiense. Bustos no solo operaba desde el micrófono, sino que se había encargado de organizar charlas a las que invitaba particularmente a vecinos y vecinas con necesidad de trabajo, y les enviaba un remis el día de la reunión clandestina.

Las operaciones subterráneasse descubrieron, las asambleas se volvieron a llenar de participación y la población se movilizó para clausurar simbólicamente las oficinas de Minas Argentinas S. A., lo que se lograría oficializar en 2013, bajo la sanción de una ordenanza que negó la habilitación comercial para el ejercicio de actividades prohibidas. Yamana Gold, salvo por perder una apelación judicial en 2014 y por no lograr ubicar a su vasallo en Radio Nacional en 2017, no volvería a ser noticia hasta el 2020.

 

Las asambleas toman la iniciativa

Paralelamente a estas operaciones de Yamana Gold, el gobierno de Martín Buzzi intentó en 2012 aprobar un marco regulatorio para la actividad hidrocarburífera y minera. Con el apoyo de Nación y de gran parte de los legisladores, el gobernador debió haber creído que el pueblo no tenía memoria, o quizás confundió el apoyo de algún sindicato y la legislatura con tener licencia social. Pero la sociedad retomó las asambleas y la calle en forma masiva, nuevamente dijo presente y se manifestó, y recibió, como contraparte, la represión paraestatal de la UOCRA en la legislatura.

En esos meses, se fue conformando la UACCh (en ese entonces Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, hoy Asamblea de Comunidades). Buzzi intentaría volver a presentar su marco minero el año siguiente, pero ya estaba cada vez más claro que la lucha era provincial. Se venían las elecciones legislativas de 2013 y se lanzó “La otra campaña”, que buscaría desde abajo poner en discusión lo que los candidatos evitaban discutir: el No a la megaminería era definitivo y era necesario buscar modelos de desarrollo sin saqueo y sin contaminación.

Para ello, se resolvió hacer uso de una interesante herramienta de democracia participativa que habilita la Constitución Provincial, por medio de la cual la sociedad puede presentar sus propios proyectos de ley. Si estos están avalados por la firma de al menos el 3 % del padrón electoral, la legislatura debe tratar el proyecto obligatoriamente en un lapso máximo de seis meses.

Esta herramienta no había sido utilizada aún en la provincia. Las asambleas se propusieron elaborar un proyecto que mejore la ley 5001, dado que estano prohíbe distintas modalidades de megaminería (como la subterránea por galerías) y permite la exploración del territorio por parte de las empresas, lo que les había permitido a las mineras en Navidad contaminar el territorio y algunas aguadas, así como remover el chenque.

En Agosto de 2013, se lanzó la campaña y, para mayo del año siguiente, el proyecto ingresó a la legislatura avalado por 13 007 firmas. Cumplidos los seis meses, la legislatura debió tratarlo obligatoriamente, y, a finales de 2014, se llevaría a cabo la más alta traición de quienes deberían estar en sus bancas para representar a la población. En una sesión bochornosa, que tomó relevancia nacional por la foto lograda sobre un celular del legislador Gustavo Muñiz, quien recibía instrucciones en directo sobre cómo redactar el proyecto por parte del gerente de Yamana Gold, Gastón Berardi, legisladores y legisladoras hicieron de la Iniciativa Popular una ley minera. Pero fue tal el escándalo que, tras la asunción del gobierno, fue derogada antes de que se ponga en marcha.

El cambio de gobierno nacional en 2015 no modificaría mucho la situación en la que desde el poder central se busca imponer a las provincias con modelos de desarrollo primarios, basados en la explotación de la naturaleza a costa de la salud del territorio y la población. Las reuniones presidenciales con el CEO de Pan American Silver y con representantes rusos de mineras que buscan extraer uranio en Chubut adelantaban lo que se venía. A nivel provincial, se destacaba el desembarco del sindicato jerárquico minero ASIJEMIN, que realizaba actividades y recibía currículums, y la recolección de 20 000 mil firmas en diez días contra un nuevo proyecto de zonificación.

El hecho más destacado fue la Cumbre Minera realizada en Telsen en febrero de 2018, que tuvo la visita del entonces Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren; la Cumbre finalizó con represión a los manifestantes tras el envío, por parte del gobierno de Chubut, de 300 policías a una localidad que no llega a los 600 habitantes. Nuevamente, la movilización ciudadana frustraba los planes de Nación y sus socios locales. Imposible no destacar la presencia de los entonces intendentes de Madryn (Sastre), Comodoro (Linares) y Trelew (Maderna), quienes junto a jefes comunales de la meseta hacían de nexo con Nación.

Mariano Arcioni, que venía de hacer campaña electoral contra la megaminería y de declararse como un defensor de un NO rotundo en entrevistas televisivas, así como de participar de la Cumbre Ambiental en la que aplaudió a un Das Neves que se había vuelto defensor del agua, evitó mostrarse en Telsen y se escapó todas las veces que pudo cuando le consultaron si sostenía su postura electoral sobre la megaminería. En su campaña de 2019, declaró que la minería no era un debate urgente, que podía darse en 50 o 100 años, que no era algo inmediato. Una mentira más en la línea de la ya bien conocida: “el mes que viene terminamos con el pago escalonado”.

 

2020: nueva embestida minera

Este 2020, en términos de megaminería, en verdad, comenzó en diciembre del 2019. En un almuerzo de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina, un recién asumido Alberto Fernández exponía que habían logrado que salga una ley para hacer minería en Mendoza y que habían logrado explotar oro y plata en la meseta de Chubut. En ambas provincias, las leyes que limitan o prohíben la extracción de metales a cielo abierto o el uso de sustancias tóxicas como el cianuro seguían vigentes.

Unos días después, el 20 de diciembre, se trataría en una sesión extraordinaria de la legislatura mendocina la modificación de esa ley para permitir el uso de sustancias tóxicas antes prohibidas, como el cianuro y el ácido sulfúrico. La sanción se realizó en un edificio completamente vallado, con reclamos en toda la provincia, pero con un fuerte apoyo de los legisladores y las legisladoras del frente Cambiemos y del Partido Justicialista.

Lo que el gobierno nacional había confundido era que contar con un consenso de los principales partidos políticos no implicaba, de hecho, contar con licencia social: una enorme caravana hacia la capital, multitud de movilizaciones, cortes de ruta y tractorazos demostraron que la población no compartía el cambio de ley. La cancelación de la Fiesta Nacional de la Vendimia y otras actividades turísticas terminaron de demostrar que el rechazo era casi total. En pocos días, y no sin antes reprimir las concentraciones en Casa de Gobierno, el gobernador Rodolfo Suárez anunciaba que daría marcha atrás; diez días después de la sesión extraordinaria, volverían a reunirse en ambas cámaras para derogar la fallida ley y restablecer la vigencia de la 7722.

Unos meses después del Mendozazo, sin haber aprendido nada, apuntarían los cañones a Chubut. Comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio en el que se incluyó a la megaminería dentro de las actividades esenciales. Esto no implicaba solo a aquellas mineras que ya están explotando y extrayendo metales, sino que incluyó también al lobby y el trabajo subterráneo de las empresas y los funcionarios.

Ya en abril, el gobierno provincial publicaba en el Boletín Oficial la contratación de un “servicio de monitoreo de medios” para lo que le pagaban 450 000 pesos a José Luis Gaud, un asesor de Pan American Silver en el Proyecto Navidad que, en su currículum público virtual de Linkedin, se jacta de haber hecho “un manual para interpretar cómo trabajan los activistas del No a la Mina”.

Ese mismo mes, la minera Yamana Gold informaba en su sitio web que había cerrado un acuerdo con Eduardo Elsztain, empresario argentino-israelí dueño del grupo IRSA, la compañía inmobiliaria más grande del país, que también cuenta con importantes inversiones bancarias y en el agronegocio, no solo a nivel nacional sino también en Nueva York e Israel. El negocio de uno de los principales millonarios del país consiste en encargarse de los “asuntos legales, sociales y de gobierno” del Proyecto Suyai, y, en caso de lograr su aprobación, entrar como socio principal en la explotación.

Se veía venir una nueva embestida minera en la provincia, y las asambleas, que ya habían suspendido la marcha del 4 y el aniversario del plebiscito, entendieron que mientras nos pedían que nos quedáramos en casa los proyectos mineros estaban aprovechando para avanzar. Se decidió, entonces, con los protocolos correspondientes, iniciar la recolección de firmas para presentar una Segunda Iniciativa Popular que vuelva a demostrar que si hay que modificar alguna ley sea para alejar más la megaminería de la provincia.

Entre junio y finales de octubre, se recolectaron miles y miles de firmas. Paralelamente, se llevó a cabo un intenso trabajo de verificación con el padrón electoral provincial, con el que se logró presentar 30 916 firmas provenientes de toda la provincia. El requisito del 3 % del padrón fue más que duplicado. En pocos meses, se demostró que cada vez es más fuerte el rechazo a la megaminería y que este abarca a toda la provincia: los pueblos de la meseta firmaron con una amplia participación.

Sin embargo, el gobierno de Mariano Arcioni venía avanzando en dirección contraria. Entre los hechos públicos, se destacó la autorización del Instituto Provincial del Agua a la minera Pan American Silver para bombear agua del acuífero Sacanana y abastecer un campamento minero que no tendría razón de ser si no hubiese explotación. A nivel nacional, fue relevante la elección del Ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, como presidente del Consejo Federal Minero, un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación del que Chubut ni siquiera venía participando. A nivel provincial, se modificó la estructura de dicho ministerio, en el que se creó la Subsecretaría de Minería y un sinfín de dependencias destinadas a la actividad.

Se trata de un plan coordinado con la Secretaría de Minería de Nación, a cargo del sanjuanino Alberto Hensel, quien llegó al gobierno nacional después de hacer méritos como delegado de Barrick Gold en la Secretaría de Minería de dicha provincia; allí, se encargó de garantizar la impunidad de la empresa responsable de los derrames de agua cianurada que envenenaron con metales pesados el río Jáchal. Justamente fue Hensel quien dio a conocer estos trabajos en una reunión de la Comisión de Energía, Minería y Combustibles del Senado: ante la pregunta del senador por Chubut Alfredo Luenzo sobre qué estaban haciendo en Chubut, respondió que estaban acompañando la iniciativa del gobernador de desarrollar minería en la meseta y que habían mantenido al menos siete reuniones desde enero hasta octubre por ese tema. Mientras tanto, Arcioni seguía sin blanquear sus planes con la sociedad chubutense.

Un mes después, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Rawson, tras la correspondiente verificación de las firmas enviaba a la legislatura la Segunda Iniciativa Popular, Arcioni presentaba el mismo día su propio proyecto con la firma de todos sus ministros, incluso la de Fabián Puratich, el Ministro de Salud que días antes había declarado que no tenía una opinión formada sobre la megaminería en la provincia.

 

¿Y ahora qué pasa?

En legislatura hay dos proyectos que se contraponen. Uno representa el resultado de 18 años de debate social, es público hace más de seis años y fue discutido y apoyado por más de 30 mil firmas. El otro, el que medios provinciales presentan como el que “inaugura el verdadero debate”, pretende ser aprobado por Zoom en tiempo récord, esquivando las comisiones que deberían debatirlo y de espaldas a la sociedad, en un contexto signado por la peor crisis económica y social que recuerde la provincia, a la que se le suma una pandemia.

Sin embargo, no son solo las asambleas, los vecinos y las vecinas en históricas movilizaciones quienes se oponen al proyecto oficial. Conviene repasar la amplitud de sectores sociales que este último tiempo han alzado su voz contra la megaminería y contra la zonificación, o, al menos, que han pedido que algo tan trascendental y controversial sea discutido seriamente y no como pretende el gobierno provincial, comenzando por las autoridades científicas, académicas y tecnológicas, las principales autoridades del INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el CENPAT-CONICET y la Universidad Tecnológica Nacional, quienes manifestaron que no fueron tenidas en cuenta para la elaboración del proyecto y que sin licencia social no hay comunidad que pueda tener un desarrollo sustentable.

Una multitud de parlamentos de pueblos originarios se han expresado ya mil veces reclamando que se les escuche y no se avance sin realizar la Consulta Previa que manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Distintos Concejos Deliberantes han manifestado su oposición a la megaminería, a la zonificación, e incluso su apoyo a la Iniciativa Popular (Esquel, Trevelin, Puerto Madryn, Rawson, Lago Puelo, Cholila, Río Pico). Quienes representan a nuestra provincia en el Congreso Nacional, casi la totalidad de los gremios provinciales, las organizaciones de comerciantes, los productores agropecuarios, los prestadores de servicios turísticos, los trabajadores de áreas protegidas, los trabajadores de la salud, los artistas nacionales… una lista interminable en la que también se destacan organismos de Derechos Humanos y las iglesias Católica y Metodista llaman al gobernador a entrar en razón y escuchar al pueblo.

Si nos enfocamos en quienes deben legislar, y, a fin de cuentas, levantar la mano para representar o traicionar a la sociedad chubutense, en la legislatura no debería ser aprobada ninguna zonificación. Basta repasar las declaraciones de legisladores y legisladoras provinciales para comprobar que, si fuesen consecuentes con lo que han dicho, no habría posibilidad matemática de que esto se apruebe. El problema es justamente que nadie puede afirmar que no terminarán priorizando los intereses personales.

El pueblo está en la calle pidiendo a gritos que el resto del país ponga los ojos en la traición que se avecina. El presidente Alberto Fernández convocó a que, si alguna vez se equivocaba, el pueblo salga a la calle a hacérselo saber. El ejemplo mendocino demuestra que, aunque confundan apoyo político y empresarial con licencia social, la sociedad en la calle los hará mil veces retroceder. Nación deberá entender que, aunque tenga un plan minero para todo el país, no se lo pueden imponer a las provincias que ya decidieron otro futuro. La sociedad chubutense ya se expresó de todas las formas pacíficas e institucionales posibles. Queda ver hasta dónde están dispuestos quienes gobiernan a avanzar en contra de la concluyente voluntad popular que ya resolvió apostar por un futuro sostenible para las próximas generaciones, por un Chubut digno, sin saqueo y sin contaminación.

Fuente: https://noalamina.org/argentina/chubut/item/44603-dieciocho-anos-de-lucha-un-pueblo-que-hace-historia

 

 

Descubramos que es importante la Asamblea constituyente si el proceso de su organización y programa es asumido por los pueblos en resistencia al avasallamiento de derechos. Ollantay Itzamná explica: "Está más que claro que Guatemala no necesita únicamente destituir gobernantes para que nuevos administradores perversos asuman el gobierno como si fuese una finca. El país necesita debatir ¿por qué Guatemala debe funcionar como finca? ¿Por qué no consensuar el diseño de un Estado Plurinacional?… Y, este debate se hace en el marco de un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional originario (con poder absoluto)".

 

 

 

Guatemala, a dos siglos de la República fallida, Asamblea Constituyente Plurinacional

11 de diciembre de 2020

Por Ollantay Itzamná (Rebelión)

El sistema neoliberal atrofió a los bicentenarios estados naciones de Abya Yala a tal grado que en pleno festejo oficial de los “agasajos bicentenario” de éstos, los pueblos y sectores excluidos plantean desde las calles y plazas la urgente necesidad de nuevos procesos de asambleas constituyentes plurinacionales para consensuar y fundar nuevos estados. Ocurre en Perú, Chile, Guatemala… Bolivia tomó la delantera.

¿Cómo y dónde nace la demanda de la Asamblea Constituyente Plurinacional en Guatemala?

En el caso de Guatemala, la propuesta del proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional (ACPP) surgió en 2012, cuando el entonces Presidente Otto Pérez Molina intentó impulsar una reforma constitucional que no prosperó.

En aquella oportunidad, comunidades indígenas y campesinas organizadas en resistencia, y articulados en el movimiento sociopolítico Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), salieron a las calles bajo la consigna: “No a la reforma constitucional, Sí a una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional”.[1]

En ese entonces, incluso opinadores progresistas, dirigentes de las izquierdas políticas y sociales…, con cierto desprecio, catalogaron a CODECA de ilusos, radicales… “No hay condiciones subjetivas, ni objetivas para una Asamblea Constituyente. No tenemos correlación de fuerzas políticas a favor…”, fueron algunos de los “argumentos” en contra de la Constituyente. ¡Ni pensar en una Constituyente Plurinacional![2]

Meses después, CODECA, bajo los árboles de cacao, en Costa Sur, de manera inédita, sorprendió al país con la aprobación, en una multitudinaria asamblea plurinacional, de su propuesta titulada: Vamos hacia un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.[3]

Como nunca antes en la bicentenaria historia republicana del país, indígenas y campesinos proponían 14 ejes temáticos para el debate en la próxima Asamblea Constituyente Plurinacional. Incluso, con propuestas básicas de metodología y la conformación del sujeto constituyente plurinacional.

En 2015, cuando la “sociedad civil” protestaba en contra de la corrupción, las comunidades de CODECA también salieron a las calles exigiendo y convocando a la ciudadanía movilizada a acuerpar la propuesta del proceso de ACPP.[4] Pero, la “efervescencia ciudadana” se acabó cuando el gobierno norteamericano llamó al “orden democrático electoral” a la sociedad civil movilizada y al país.

Propuestas de reformas al Estado de Guatemala

Las ONG y asociaciones aglutinadas en Waquib’ kej, en 2015, con el apoyo del  PNUD, publicaron y presentaron una propuesta de reformas al Estado.[5] El Concejo del Pueblo Maya (CPO), publicó un documento sobre la necesidad de construir un Estado Plurinacional en Guatemala.[6] Si bien estos documentos planteaban reformas al Estado, pero aún no mencionan la Asamblea Constituyente Plurinacional para conseguir dichas reformas.

Para acelerar el proceso constituyente plurinacional indígenas y campesinos crean su propia organización política

Para el 2018, las comunidades y pueblos en resistencia de CODECA, MRRP, CNOC… sorprenden nuevamente al país al crear, por vez primera en la historia de dos siglos de República, una organización política con sello y aroma indocampesina (Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP) con la finalidad de acelerar el proceso de ACPP.[7] Nunca antes, indígenas y campesinos habían logrado constituirse en sujeto sociopolíticos. Apenas, si acaso, se les había permitido como folclóricos sujetos culturales.

Desde el 2012, CODECA, y ahora, con su brazo político MLP, no ha parado en su apuesta por la construcción ascendente y asamblearia del sujeto constituyente plurinacional en diferentes territorios y pueblos del país. Las propuestas para los contenidos de la nueva Constitución Política Plurinacional se ha convertido en el horizonte teórico que moviliza la voluntad colectiva de las comunidades y pueblos en resistencia

Y allí, van, (como les dijera, en 2014, Otto Pérez Molina) como un “cáncer social” contagiando la idea/demanda de la ACPP, ya no únicamente en el área rural del país, sino también en el relato de las organizaciones de la sociedad civil y estudiantes movilizados en estos tiempos.

Está más que claro que Guatemala no necesita únicamente destituir gobernantes para que nuevos administradores perversos asuman el gobierno como si fuese una finca. El país necesita debatir ¿por qué Guatemala debe funcionar como finca? ¿Por qué no consensuar el diseño de un Estado Plurinacional?… Y, este debate se hace en el marco de un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional originario (con poder absoluto).

Notas:

[1] Véase, https://rebelion.org/codeca-un-movimiento-indigena-campesino-propone-la-refundacion-del-estado-mediante-una-asamblea-constituyente-popular/

[2] Véase, https://www.servindi.org/actualidad/131581

[3] Véase, http://gazeta.gt/wp-content/uploads/2018/10/propuesta-codeca-guatemala-proceso-asamblea-constituyente.pdf

[4] Véase, https://kaosenlared.net/guatemala-indigenas-y-campesinos-exigen-la-renuncia-del-gobierno-y-proponen-una-asamblea-constituyente/

[5] Véase, https://issuu.com/waqibkejconvergencia/docs/demandas_y_propuestas_waqib__kej_co

[6] Véase, https://es.scribd.com/document/269242436/Proyecto-Poli-tico-Un-Nuevo-Estado-para-Guatemala-Consejo-del-Pueblo-Maya-CPO-2

[7] Véase, https://ollantayitzamna.com/2019/01/01/indigenas-y-campesinos-de-guatemala-crean-su-propia-organizacion-politica/

Ollantay Itzamná. Defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos

Blog del autor: https://ollantayitzamna.com/

@JubenalQ

Fuente: https://rebelion.org/guatemala-a-dos-siglos-de-la-republica-fallida-asamblea-constituyente-plurinacional/

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