Qué Sistema

Agosto 2020

Con devastadora expropiación oligopólica de territorios y economía del país-continente.

 


 

 

 

Conciliación de clases/ Concentración y centralización capitalista/ Alternativas emancipatorias

 

Conciliación de clases

 

Pensemos que, como a todos los pueblos del Abya Yala, el sistema capitalista nos condenó a ser países empobrecidos y desestructurados, deformados para el progreso de las naciones "desarrolladas" según el criterio de ciencias y tecnologías mercantilizadas. Pero a nuestro subdesarrollo o desarrollo contra nuestras necesidades de vida humana también debemos fundamentarlo en significados e implicancias de los latifundios no sólo como vastas extensiones de tierra privatizada (hoy transnacionalizada) sino sobre todo como acaparamiento de bienes comunes naturales, como peonazgo e inclusor de trabajadores "golondrinas" y como sistema de dominación en todo el país aunque más represor en las provincias "periféricas":   

Revista eure (Vol. XXXII, N° 95; pp. 95-111, Santiago de Chile, mayo 2006)

Desarrollo regional en la Argentina: la centenaria vigencia de un patrón de asimetría territorial***

Horacio Cao*, Josefina Vaca**

* Centro de Investigaciones en Administración Pública (CIAP), Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. E-mail: horaciocao33@hotmail.com 
** Centro de Investigaciones en Administración Pública (CIAP), Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. E-mail: josefinavaca@yahoo.com.ar

1. Introducción

Uno de los elementos que definen a la Argentina como país subdesarrollado, en transición o periférico, es la asimetría en el desarrollo de las regiones que lo componen.

Como se describirá con mayor detalle a lo largo de este trabajo, tal desigualdad territorial tiene su origen en la modalidad de organización asumida en la última etapa del siglo XIX. En tal momento, y a favor de circunstancias económicas, políticas y militares, el emprendimiento agroexportador de base pampeana ocupó el centro de la dinámica nacional, generándose una brecha con el resto de los territorios que nunca pudo cerrarse.(...)

2. La articulación regional en la etapa de consolidación del Estado-Nación

Hacia fines del siglo XIX intereses europeos pusieron sus ojos sobre la Pampa Húmeda. Aunque se sabía de larga data que sus tierras eran excepcionalmente aptas para la producción ganadera y agrícola de clima templado, sólo cuando confluyeron una serie de factores externos e internos, pudo comenzar a desarrollarse su potencial productivo.

Entre los factores externos cabe mencionar el auge de las exportaciones de productos primarios hacia los países centrales en curso de acelerada industrialización, la oferta de capitales para la modernización y expansión de las economías exportadoras y una vigorosa ola de inmigrantes venidos principalmente desde el sur de Europa.

En el ámbito interno, interesa destacar la importancia que tuvo la pacificación del país y la consolidación del Estado-Nación, procesos que ingresan en su etapa final con el triunfo militar de la provincia de Buenos Aires sobre el resto del país al que se conoce como el interior (Batalla de Pavón, año 1861). Bajo la supremacía militar y económica de Buenos Aires comenzó a construirse una comunidad de intereses entre actores de las distintas regiones que, entrañando una articulación territorialmente jerarquizada, se tradujo en un pacto interregional implícito. Los elementos fundamentales de este pacto fueron:

En lo político:

- El interior reconoce la hegemonía de Buenos Aires y se compromete a no poner en juego la estabilidad del sistema.

- Buenos Aires reconoce al resto de las clases dominantes provinciales como legítimas representantes territoriales y deja de lado proyectos unitarios o de reemplazo de estas élites regionales.

En lo económico:

- Se organiza un mercado único nacional alrededor del Puerto de Buenos Aires y del emprendimiento agrícola ganadero, lo que implica cortar históricas relaciones entre las regiones derrotadas en la guerra civil y mercados que las móviles fronteras de la época habían dejado en países limítrofes (Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile).

- El gobierno central, como contrapartida, despliega una serie de “subsidios y auxilios” hacia provincias que se encontraban en una situación económica y fiscal crítica. Paulatinamente, el emprendimiento agrícola ganadero se extiende hacia otras provincias pampeanas, a la vez que comienzan a implementarse políticas públicas que posibilitarán el surgimiento de economías agroindustriales en otros puntos del país  .(...)

En resumen, en esta etapa histórica, el equilibrio interregional argentino se encuentra caracterizado por contener una típica estructura centro-periferia, donde la última tiene como principal tarea apoyar los procesos que se desenvuelven en el centro, encargado por su parte de garantizar la articulación con el mercado mundial y la integridad de todo el sistema. Adicionalmente, se realiza la incorporación efectiva de extensos territorios, surgiendo así un tercer espacio, con características diferenciadas.

3. La crisis del ’30 y la recomposición bajo un nuevo patrón productivo

La crisis iniciada hacia 1930 provocó profundos cambios en la economía mundial. En el caso de la Argentina, el papel central del sector externo hizo que la caída de los precios internacionales y la expansión de las barreras proteccionistas en los principales mercados donde se dirigían sus productos pusieran en riesgo todo el ordenamiento productivo nacional.

Como respuesta a la crisis en nuestro país se inicia un proceso de industrialización por sustitución de importaciones (en adelante ISI), que se vio favorecido en sus inicios por la dimensión que había alcanzado el mercado interno y por la presencia de mano de obra proveniente de las migraciones.

La etapa de vigencia de la ISI se caracterizó por presentar tasas de crecimiento económico relativamente estables e importantes en particular durante el periodo 1952-1970, en que el PBI por habitante creció a una tasa superior al 4%. Dentro de este importante dinamismo se destaca la perfomance del sector industrial, cuya participación en el PBI se incrementó del 23,8% en 1929 al 35,7% en el año 1970 (OECEI, 1974). Cabe destacar que entre 1914 y 1970 el perfil de la sociedad argentina sufre una profunda transformación; por ejemplo, la población se multiplica por tres, y en su gran mayoría (casi el 80%) habita en centros urbanos; el analfabetismo baja del 36% al 8,4% y la matrícula de las Universidades pasa de 20.000 alumnos en 1930 a más de 230.000 en 1970 (ProvInfo, 2005; OECEI, 1974).

Sin embargo, estos procesos de indudable importancia en la esfera política, social y económica del país, sólo implicaron modificaciones menores en el posicionamiento relativo de las provincias. Una serie de análisis lograron amplio consenso en dividir el territorio nacional en tres áreas: Central, Periférica y Despoblada5 . A grandes rasgos, las principales características de estas áreas eran:

Provincias del Área Central: Posicionada en el centro-este del país, comprende las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Capital Federal (Ciudad de Buenos Aires). Fue el área donde –como en la etapa anterior- se desarrolló la producción de granos (trigo, maíz, cebada, alfalfa y más tardíamente soja) y de ganado. Los excedentes producidos por estos emprendimientos fueron, en gran medida, aplicados al financiamiento de las políticas ISI, que se localizó principalmente en estas provincias. Como resultado de esta situación, el área central se distingue por una concentración de población y un aparato productivo de dimensiones muy superiores y características más modernas que el observado en otras regiones del país.

La industria –que como vimos, fue el segmento más dinámico del período- tuvo su centro en las principales conurbaciones de esta área, situación originada en que el patrón territorial de la ISI se definió en sus primeras etapas, cuando la sustitución se realizaba sobre las industrias livianas. En estos casos, de no mediar políticas expresas, la localización se define en función de la proximidad y magnitud del mercado consumidor, teniendo una influencia de menor relevancia la ubicación de las fuentes de materias primas. A esto debe agregarse que el área central presentaba ventajas relativas a partir de la calidad de su infraestructura, tamaño de su mercado, stock de capital humano calificado, presencia de puertos para abaratar el abastecimiento de materias primas importadas (Buenos Aires y Rosario), etc. Considerando promedios de datos censales (Censo Industrial de 1954 y Censos Económicos de 1963 y 1974), más del 80% de la mano de obra industrial se concentró en las cuatro jurisdicciones del área central.

Provincias del Área Periférica: Comprendida por las provincias de la franja noreste, norte y centro-oeste del país, se distinguen por su bajo desarrollo relativo, sus indicadores de deterioro social y una aguda dependencia del sector público. 
En la economía de estas provincias tienen una importancia cardinal las llamadas “economías regionales”. Se trata de una serie de emprendimientos agroindustriales caracterizados por orientarse hacia el mercado interno y por asumir, en casi todos los casos, el carácter de monoproducción provincial. Sus ejemplos más emblemáticos son los de la producción de azúcar y tabaco (Tucumán, Salta y Jujuy), vitivinicultura (Mendoza y San Juan), algodón (Chaco y Formosa), yerba mate y té (Corrientes y Misiones), etc.

Como vimos, los primeros antecedentes de las economías regionales tuvieron su origen hacia fines del siglo XIX, observándose a partir de 1930 una profundización de las tendencias que, en casi todos los casos, ya se encontraban en desarrollo. Como han hecho notar diferentes autores (Balán, 1978; Rofman y Romero, 1997), estas economías surgen a partir de políticas concretas de la Administración Federal (protección aduanera, subsidios, construcción de ferrocarriles, etc.), y sólo pueden entenderse en el marco de la incorporación de grupos dominantes extrapampeanos al citado pacto interregional implícito.

Los instrumentos utilizados para el desarrollo de las economías regionales –tanto los destinados a evitar crisis de sobreproducción (establecimiento de cupos productivos, limitación del área sembrada) como los que garantizaban un piso de ganancias a los pequeños productores (precios sostén)- fueron consolidando una estructura productiva caracterizada por una penetración irregular de relaciones de producción capitalistas y un quietismo en la política regional que le era consecuente.

Al amparo de la intervención estatal se organizó una forma de tenencia de la tierra, que combinaba minifundios y latifundios en continua regeneración. Los primeros, como fruto de las garantías que se otorgaban para la supervivencia de pequeños campesinos; los segundos, como forma de optimizar ganancias extraordinarias que no se originaban en la incorporación de adelantos tecnológicos, sino en las condiciones de privilegio que garantizaba el Estado. Ambos polos de la escala productiva tuvieron incentivos para exportar la conflictividad de la sociedad regional hacia el ámbito nacional: era de interés común lograr el máximo provecho de las regulaciones que, en competencia con otros actores regionales, se dirimían en el gobierno central.

Las ventajas económicas que ofrecía esta situación hicieron que en torno de las economías regionales se entrelazaran los tradicionales actores locales con otros de origen pampeano, y también con inversores internacionales6 . El poder relativo de este conglomerado explica, en buena medida, el importante nivel de subsidios, obra pública nacional y protección arancelaria desarrollada por el Estado Central.

Dentro de este grupo de provincias, algunos trabajos diferencian dos subconjuntos:

- Provincias de la periferia próspera: aquellas donde las economías regionales ocuparon un lugar central dentro del aparato productivo provincial logrando, a través de su dinamismo, un crecimiento apreciable y la generación de los empleos necesarios como para evitar migraciones masivas de su población. Se trata de las provincias de Tucumán, Salta, San Juan, Mendoza, Misiones, Chaco y Entre Ríos7 .

- Provincias de la periferia rezagada: aquellas provincias donde el despliegue de las economías regionales tuvo una importancia secundaria frente al peso de las actividades rurales de neta subsistencia o del accionar de la Administración Pública. Estas jurisdicciones se caracterizan, además, por las corrientes migratorias hacia las áreas centrales y el deterioro en la participación relativa en el PBI. Involucra las jurisdicciones de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, San Luis y Jujuy.

Área Despoblada: Ubicada en el extremo sur del territorio, en lo que se conoce como Patagonia argentina, comprende las provincias de Río Negro, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y el en ese entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego. Estas provincias se distinguen por una baja densidad poblacional, fruto del tardío proceso de ocupación y desplazamiento de la población aborigen. Como consecuencia de esta situación, su desenvolvimiento económico-social se encuentra cardinalmente influido por políticas de poblamiento, como fueron las de fijación de grandes contingentes de personal de las Fuerzas Armadas, por regímenes preferenciales de producción y una inversión pública en infraestructura económica y social per cápita superior a la que se observa en el resto del país.

Es de destacar que estas políticas tienen su razón de ser en la percepción –no importa aquí si acertada o no– de que la Patagonia podía perderse como parte del territorio nacional. Esto marcó diferencias significativas entre la forma en que fue ocupado este territorio y lo que ocurrió en otras áreas del país, en particular, en la del Chaco argentino, que también fue colonizada tardíamente. A diferencia de lo que ocurrió en la Patagonia, en las jurisdicciones de Chaco, Misiones y Formosa se desarrollaron típicas economías regionales (yerba mate, te, algodón), con características similares a las que se observan en el resto del área periférica8 .

Las características demográficas que describimos, unidas a las peculiaridades de la geografía patagónica –clima semidesértico, cobertura vegetal natural enjuta y esparcida, pocos ríos alóctonos- hicieron que casi el 80% del territorio se dedicara a una cría extensiva de ovejas. Si bien el plantel lanar patagónico –unas 17 millones de cabezas- era importante en el cuadro de la economía argentina a partir de las divisas que generaban las exportaciones de lana sucia, su impronta como factor de crecimiento, poblamiento, inversión y bienestar del ámbito regional era de muy escasa trascendencia (Daus, 1975).

Paralelamente, y al amparo de regulaciones similares a las que habían permitido el surgimiento de las economías regionales, comienza a madurar una agricultura intensiva en torno a los escasos oasis patagónicos. Entre ellos, se destacaba nítidamente el del Alto Valle del Río Negro en la provincia homónima, especializado en la producción de frutas de pepita.

Otro de los hechos importantes de esta etapa fue la consolidación de los emprendimientos ligados a la explotación de carburos –petróleo, gas y carbón- que fueran operados hasta 1990 por Empresas Estatales (YPF, YCF y Gas del Estado).

La explotación de estos recursos por parte del Estado permitió la constitución de emprendimientos mineros, en cuyo desarrollo fue notoria la influencia de políticas dirigidas a fomentar el asentamiento poblacional en la Patagonia. Rofman (1999: 99), refiriéndose específicamente a YPF, señala: “La modalidad de ocupación del territorio no se circunscribía sólo a la explotación del recurso natural, sino que abarcaba una amplia red de equipamientos sociales, culturales, recreacionales y residenciales para el personal permanente. Ello implicaba una estrategia de desarrollo urbano y regional que excedía, en mucho, lo que una empresa tipo estaba obligada a realizar en términos de sus objetivos de obtención de la máxima tasa de ganancia posible. De algún modo, YPF ‘subsidiaba’ al territorio local donde se asentaba y tal decisión superaba una visión mercantilista de su rol y su función como empresa líder en el proceso de extracción, industrialización y comercialización del petróleo”.

Para terminar esta sección, es importante mencionar que hacia la década del ’50 los Territorios Nacionales pasaron a tener el estatus de provincias9 . Esta transformación significó un reconocimiento a la madurez y peso que habían alcanzado los actores sociales territoriales en el mapa político nacional.

4. El ajuste estructural

Los cambios que se producen en el país y en el mundo desde mediados de los ‘70 abren una nueva etapa para las diferentes regiones que componen la República Argentina.

Dentro de las mutaciones que tienen lugar en el ámbito de la política económica, nos interesa destacar el proceso de desmonte de la red de regulaciones que garantizaban un lugar en la economía nacional para actores regionales de todas las latitudes10 . Subyace a estas medidas un cambio en el modo de concebir al espacio geográfico. Como vimos, la configuración de las diferentes regiones fue parte de un proceso de ocupación y colonización de todo el ámbito nacional que se realizó a partir de un modelo global de territorio subsidiado, idea desplazada por el concepto de territorio eficiente. Bajo esta nueva concepción, las decisiones son tomadas en razón de la tasa de retorno lo que obviamente produce modificaciones en el mapa productivo (Yanes, 1998).

Si bien las transformaciones afectan fundamentalmente a los trabajadores (disminución en la participación del ingreso, desocupación, precarización del empleo, etc.) y a los segmentos más débiles de las cadenas productivas (PyMEs, minifundios), en el análisis que nos ocupa es importante remarcar el proceso de renovación que se da en la cúpula económica, donde pierden peso actores de importante impronta territorial. En este sentido es de destacar la decadencia de los actores ligados al proceso ISI, a las economías regionales y a las empresas estatales, como así también el creciente poder de aquellos vinculados a los servicios financieros y el relanzamiento del complejo agrícola de la Pampa Húmeda11 .

Aunque los perfiles del nuevo equilibrio entre regiones no están totalmente delineados, siendo varios de sus elementos fruto de controversia entre especialistas e investigadores, todo parece indicar que aún se mantienen los elementos que llevaron a agrupar el territorio en tres grandes áreas.

Para corroborar esta afirmación, comencemos diciendo que existen varios estudios de base econométrica que confirman que, en el mediano plazo, las diferencias en el nivel de desarrollo de las áreas persisten e inclusive pueden llegar a estar incrementándose (Bolsa de Comercio de Córdoba, 1998; Porto, 1995; Willington, 1998; etc.). De igual manera, si se analizan indicadores básicos que reflejan la situación de las diferentes jurisdicciones y áreas que integran el territorio, se arriba a conclusiones similares. En el siguiente gráfico se puede observar el nivel de desarrollo humano (IDH) de las 24 jurisdicciones.

Más allá de la continuidad que se observa en lo que hace a las diferencias en el nivel de desarrollo relativo de las provincias y áreas que integran el territorio, y reconociendo el carácter provisorio de los razonamientos que se expondrán, todo parece indicar que existen algunos cambios de tipo secundario en la conformación de los diferentes agrupamientos de provincias. En este sentido, sobre la base de un estudio realizado por el PNUD (2002)12 describiremos, en un nivel de hipótesis, lo que se cree es el nuevo equilibrio regional emergente a partir del ajuste estructural.(...)

En resumen, las políticas y el patrón de desarrollo productivo que se implantan a partir de la desestructuración de la ISI tienden a generar una mayor desarticulación territorial. Es lógico que tal variación en las políticas tienda a provocar mayores impactos sobre las áreas Periférica y Despoblada, donde las acciones del Estado tenían un papel crucial en la asignación de una función específica en la división territorial del trabajo. En este sentido, de no mediar importantes y profundos cambios, sólo podrá esperarse que los efectos polarizadores que tan claramente se observan en la estructura social se extiendan a lo territorial, profundizando la asimetría de las regiones que componen la República Argentina.

Notas(...)
Recibido el 16 de agosto de 2005, aprobado el 16 de noviembre de 2005.
Fuente: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612006000100006

 

Necesitamos descubrir al actual Estado extractivista en el Estado que estructuró socioeconómicamente a nuestro país para su ocupación territorial por el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales. Horacio Cao y Josefina Vaca señalan: "Bajo la supremacía militar y económica de Buenos Aires comenzó a construirse una comunidad de intereses entre actores de las distintas regiones que, entrañando una articulación territorialmente jerarquizada, se tradujo en un pacto interregional implícito.(...) Al amparo de la intervención estatal se organizó una forma de tenencia de la tierra, que combinaba minifundios y latifundios en continua regeneración".

 

A su vez Alejandro B. Rofman nos advierte: "La función que el Estado -en los niveles nacional, regional y local- ha ido asumiendo a partir de la plena vigencia del modelo neoliberal, en su relación con el proceso de crecimiento de las economías regionales, dando cuenta así del perfil de la gestión estatal y su responsabilidad en acentuar este proceso dual, cuyo elevado costo económico y social está siendo afrontado, exclusivamente, por los sectores subordinados de cada región analizada". Es hora de poner fin a la impunidad de los partidos de estado: el Justicialismo y la Unión Cívica Radical.

 

 

 

EURE (Santiago) v.23 n.70 Santiago dic. 1997

http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71611997007000002 

Economías regionales 
extrapampeanas y exclusión 
social en el marco del ajuste

Alejandro B. Rofman*

Introducción

Las llamadas "economías regionales", término con que se suele identificar a las regiones argentinas ubicadas fuera del área pampeana, al formar parte constitutiva del sistema económico-social global están afectadas por el mismo proceso crítico que marca el actual desarrollo de nuestra sociedad. Sin embargo, en cada una de las áreas constitutivas del espacio extrapampeano, los procesos de producción y su respectiva gestión, la estructura social, la constelación de los agentes económicos regionales, su vinculación con quienes operan fuera de sus límites y el perfil del modelo político-administrativo local se presentan con significativas diferencias de tipo estructural.

Este documento consta de tres apartados. En el primero se hará mención a los principales factores contemporáneos asociados al modelo de desarrollo dominante y que están provocando una situación paradojal: un generalizado proceso de modernización e incorporación de nuevas actividades de alta productividad acompañado de una acentuada dinámica de destrucción del tejido social, y un difundido fenómeno de desaparición de pequeñas actividades productivas y/o de empleos y la consiguiente emigración de quienes quedan excluidos de la actividad regional. El segundo apartado se ocupará de la función que el Estado -en los niveles nacional, regional y local- ha ido asumiendo a partir de la plena vigencia del modelo neoliberal, en su relación con el proceso de crecimiento de las economías regionales, dando cuenta así del perfil de la gestión estatal y su responsabilidad en acentuar este proceso dual, cuyo elevado costo económico y social está siendo afrontado, exclusivamente, por los sectores subordinados de cada región analizada. En el tercer aparado de cierre, se plantearán los posibles escenarios futuros a nivel regional que se podrían verificar en caso de que el modelo de acumulación actual no modifique sus contenidos esenciales, o de que no se produzcan ajustes significativos al mismo. 
  
 

1. Modelo de acumulación, proceso de crecimiento regional y exclusión social

La crítica situación que actualmente impacta sobre la mayoría de los residentes en las denominadas economías regionales, podría describirse a través de los siguientes enunciados:

a) Crisis generalizada de crecimiento. El proceso de acumulación en las economías regionales extrapampeanas descansó, históricamente, en la dinámica de absorción de los excedentes de producción de las respectivas áreas por parte del consumo interno. Una rápida revisión del conjunto de bienes que identificaron a tales regiones productivas muestra que, a diferencia de lo ocurrido en la Pampa Húmeda, fue el mercado nacional el principal impulsor de su expansión histórica. El Noreste proveía de yerba mate, tabaco, algodón en fibra, frutas tropicales y tanino para la curtiembre; el Noroeste enviaba frutas, vinos, azúcar y hortalizas, además de petróleo y gas; la Región Cuyana se especializaba en vinos, frutas, hortalizas y petróleo y la extensa área patagónica ofrecía productos de la pesca, lana y toda una amplia gama de frutas y combustibles líquidos y gaseosos. En algunos casos, los alimentos y los insumos industriales citados venían industrializados; en otros, se incorporaban al mercado de consumo de los grandes aglomerados de la región pampeana a granel y era aquí donde se fraccionaban o se industrializaban. En su conjunto, la producción solamente accedía al mercado externo como sobrante del consumo interno y, por ende, el sistema de precios que lo regulaba no dependía de las cotizaciones internacionales, sino de la dinámica de consumo local y de la intervención reguladora del Estado.

El cambio del modelo de acumulación a partir de 1975 y la definitiva implantación del proyecto económico-social de corte neoconservador desde 1991, alteraron drásticamente las condiciones de desarrollo productivo de las citadas economías regionales. La apertura externa, la acelerada inserción de la economía en el flujo comercial y financiero internacional y la ausencia de regulación estatal, transformaron la dinámica de acumulación de los agentes económicos involucrados en los diferentes procesos productivos. Ello implicó, para ciertos casos, que el sector externo se constituyese en el principal demandante de la producción, como ha venido sucediendo en los últimos años con el algodón y la fruta de pepita (manzana y pera) del Alto Valle de Río Negro. En las situaciones en que ello no ocurrió así, por cuanto la demanda interna siguió siendo el principal factor de destino de la producción, el proceso de determinación de los precios de realización de todos los bienes comercializados incluyendo, por supuesto, los que se integraron mayoritariamente al flujo exportador, quedó determinado por la cotización de los mercados internacionales. El Estado dejó de intervenir de manera sistemática en la fijación de precios mínimos y en la determinación de pautas comercializadoras. De este modo, la señal prevaleciente en la orientación general de la demanda y de los resultados de los agentes económicos de las regiones extrapampeanas es, ahora, la emitida por los mercados externos.

Tal transformación tiene profundas consecuencias en las respectivas estructuras productivas, pues obliga a los agentes económicos regionales a reorientar de modo drástico su modalidad de inserción en el mercado. La reducción de la demanda interna debido al desempleo y a la baja del salario real, la ausencia de créditos de apoyo, la desregulación estatal y la inequitativa presión tributaria, acompañan este reajuste del proceso de acumulación que, como veremos, deja en pocas manos el liderazgo del crecimiento regional y provoca una crisis generalizada en la pequeña y mediana producción de las regiones extrapampeanas. Al mismo tiempo, frente al deterioro visible del tejido social vinculado estrechamente a la producción de corte tradicional y a los mayoritarios agentes económicos relacionados, emerge un proceso de captación de riqueza e ingresos por grupos cada vez más pequeños. La crisis social descrita puede entonces coexistir con elevadas tasas de incremento de la producción física de muchos de los rubros predominantes en la canasta productiva de las regiones. Es que, como nunca antes, quienes ganan en este proceso paradojal son los segmentos de mayor poder, tamaño y capacidad de negociación frente a una situación cada vez más desventajosa de la mayoría de los actores sociales que se dedican a actividades agroindustriales, extractivas y de apoyo a la comercialización y a los servicios, tanto a nivel de responsables de la gestión productiva como de asalariados o trabajadores no remunerados dentro de tales actividades.

b) Modernización productiva y concentración económica. La apertura externa orientada a abrir nuevos mercados y hacia los que se vincula cada vez más la producción de las regiones extrapampeanas, genera un fenómeno nuevo en la estructura de propiedad, distribución del ingreso y ocupación en estas regiones. Aún cuando el mercado interno sigue siendo fundamental para la realización efectiva de dicha producción, las posibilidades de expansión están marcadas por la inserción internacional, donde la presencia del MERCOSUR juega un papel fundamental. Entonces, es preciso reconvertir los parámetros fundamentales del proceso de producción, por lo que corresponde identificar quiénes son los actores sociales responsables de tal transformación. Un emergente y dinámico proceso de modernización productiva se difunde bajo muy diferentes modelos de producción, perfil tecnológico y reestructuración de la propiedad y de la fuerza de trabajo. Esta novedosa reconversión, que avanza en forma acelerada, abarca a la explotación petrolífera, la pesca y la fruticultura del Alto Valle, en la Patagonia; a la vitivinicultura en Cuyo, a la producción de semillas o frutos exóticos, a segmentos del proceso cañero azucarero, al tabaco y la actividad petrogasífera en el Noroeste argentino, al algodón, arroz y la citricultura en el Noreste, así como a los procesos agroindustriales y extractivos más destacados.

La exigente competitividad internacional impone este proceso de modernización productiva que es llevado adelante de modo parcial o total por agentes económicos que, en numerosos casos, no son los que históricamente poblaron y formaron la red agrícola familiar propia de cada región o condujeron la actividad extractiva minera, en particular las empresas estatales hoy privatizadas. Los nuevos protagonistas son grupos económicos nacionales o extranjeros de gran capacidad económica y recursos financieros, apoyados en algún caso, como en Cuyo, con normas oficiales representadas por un programa de promoción a partir de la capitalización de tributos no abonados. Cuando este respaldo no se verifica en forma explícita, funcionan otros mecanismos que, movidos por las mismas grandes firmas o facilitados por el Estado, les permiten colocarse en una situación privilegiada con respecto al resto del espectro empresarial. Tales mecanismos tienen que ver con el acceso a fuentes crediticias a tasas de interés de nivel internacional, con la concesión de ventajas impositivas ofrecidas por los poderes locales y con la obtención de subsidios encubiertos, ya sea a través de tarifas preferenciales otorgadas por las empresas de servicios públicos o mediante la entrega de tierras fiscales con valores por debajo de los que rigen en el mercado.

Entretanto, la estructura tradicional agraria que tiene a la pequeña unidad familiar como modalidad de producción predominante, se encuentra estructuralmente incapacitada de acceder al necesario proceso de reconversión que le exige la internacionalización de los mercados. ¿Cuáles son los requerimientos imprescindibles a los que están sometidas las actividades productivas, más allá de su inserción en el mercado, para poder incorporarse a las nuevas corrientes del intecambio o hacer frente a la competencia externa? Este es un problema ampliamente debatido en la literatura especializada, de la cual solamente se extraerán sintéticamente los aspectos clave que aparecen con mayor dificultad de resolución por parte de las unidades productivas más débiles del mercado. Los siguientes se citan en orden sucesivo:

1. Capacidad de gestión por parte de la firma a fin de incorporar, de modo eficiente, las diversas innovaciones que las empresas necesitan para reconvertirse;

2. Capacidad de financiamiento, que puede tener tanto un origen interno a la firma como externo a partir de fuentes financieras, a fin de adquirir capital de trabajo e inversión destinado a transformar el proceso de gestión y/o producción;

3. Estrategias de penetración en los nuevos mercados, utilizando a tal efecto herramientas que aseguren resultados satisfactorios, incluyendo el acceso a una adecuada información, políticas innovativas de comercialización y presencia activa en encuentros nacionales e internacionales para difundir sus productos;

4. Reconversión del nivel de conocimiento de los sectores de conducción y de las aptitudes de los trabajadores de las empresas, acorde con los nuevos modelos de gestión y producción que son compatibles con los profundos cambios tecnológicos en marcha, a fin de reducir costos y aspirar a un marco de competitividad creciente;

5. Poder de negociación en el mercado para acceder a los niveles de decisión del sector público, a fin de lograr medidas estatales de apoyo. Además, dicho poder de negociación resulta indispensable al objetivo de replantear relaciones interempresariales o vinculaciones con organizaciones nacionales e internacionales, que puedan facilitar la transición hacia nuevas formas de posicionamiento en los mercados reestructurados.

Estos cinco aspectos fundamentales son difícilmente alcanzables para los amplios sectores de la pequeña producción subordinada. En algunos casos, resultan de imposible concreción por parte de dicho segmento social, por lo que queda de manifiesto una situación estructuralmente diferenciada con respecto a otros sectores productivos que, por su inserción privilegiada en el mercado (tamaño, poder, acceso a beneficios estatales, información abundante y actualizada, etc.), son acreedores a disponer de los mismos. En otros casos, es posible que dispongan parcial o totalmente de algunas de estas condiciones imprescindibles para subsistir en el mercado, pero les resultan insuficientes para asegurar una trayectoria favorable a largo plazo. Si en cambio analizamos la situación de los asalariados ocupados en grandes emprendimientos productivos que son objeto de trascendentales cambios, originados en procesos de reconversión integral, se refleja con nitidez el contraste característico del presente modelo de acumulación que hasta aquí se ha marcado. Si se programa la reinserción integral de los excluidos, se puede evitar el altísimo costo social de la ausencia de ocupación para amplios sectores de la masa laboral comprometida. De lo contrario, se crea la paradoja de la coexistencia de un elevado crecimiento productivo, conjuntamente con la emergencia de niveles de desocupación y pobreza inéditos en las áreas urbanas donde tales emprendimientos -en general ex-empresas del Estado- tienen su localización.

Veamos las experiencias contemporáneas concretas que ilustran la hipótesis central. En algunas áreas los productores agrícolas subordinados son ocupantes precarios de la tierra, por lo que no pueden acceder al financiamiento formal. En otras circunstancias han ido perdiendo progresivamente la capacidad de acumulación y no pueden enfrentar las transformaciones necesarias para adaptarse al nuevo perfil productivo y tecnológico que les exige la salvaje apertura externa. Finalmente, en prácticamente todos los procesos descritos, no existe financiamiento bancario accesible ni apoyo estatal generalizado, ni aun información disponible para la toma de decisiones.

Este proceso de polarización económica y social, donde un segmento de grandes inversores se van progresivamente apropiando de tierras y oportunidades productivas futuras y un segmento mayoritario de pequeños productores se ven marginados y excluidos de esta dinámica modernizadora, repercute desfavorablemente sobre la red urbana que sirve de soporte a la actividad agropecuaria y extractiva regional. En estos aglomerados, que incluyen a las capitales provinciales, la demanda se reduce ante la eliminación irreversible de miles de pequeños productores cercanamente localizados, y las actividades intermedias y de servicios se ven seriamente afectadas. Los grandes propietarios ganadores en esta puja desigual no se vinculan con tales aglomeraciones, ni constituyen un nivel de demanda que pueda reemplazar la que se agota con la desaparición de los productores familiares relegados.

Se asiste, así, a un creciente proceso de transformación del sector primario, acompañado de actividades de industrialización y comercialización en un marco de incorporación de profundas innovaciones tecnológicas -con el consiguiente impacto negativo en la demanda laboral- en casi todas las economías regionales extrapampeanas. Dada la inexistencia de regulación estatal y de apoyo integral a quienes no pueden, con sus propias fuerzas, incorporarse a este fenómeno de reestructuración impulsado por la apertura externa y el MERCOSUR, el segmento mayoritario de los productores familiares queda excluido del mismo. Y el ámbito urbano cercano acusa un fuerte impacto negativo en sus actividades básicas, por lo que el proceso del sector primario se potencia en el debilitamiento de las actividades secundarias y terciarias de las aglomeraciones cercanas. No es extraño, entonces, que muchos de estos aglomerados añadan al debilitamiento de la demanda local que afrontan sus agentes económicos mayoritarios como consecuencia del Ajuste en marcha, los efectos directos e indirectos de una modificación profunda de las relaciones económicas y sociales en el área rural. El siguiente apartado da cuenta de la evolución actual de este fenómeno singular. 

Persistencia de la crisis estructural y expulsión sistemática de los pequeños productores

El análisis previo considera la persistencia de los factores de tipo estructural que siempre identificaron el desarrollo desigual al interior de la estructura social de quienes residen en las regiones extrapampeanas (Manzanal y Rofman, 1989). Los problemas aún no resueltos de tenencia de la tierra en numerosas áreas del país, la presencia dominante del minifundio entre las unidades económicas del sector agrario, los sistemas de comercialización que castigan especialmente a quienes tienen menor poder de negociación en el mercado, la muy desigual capacidad de ser favorecidos por créditos a tasas y plazos accesibles según el tamaño e inserción en el sistema productivo de los agentes económicos, y la ausencia sistemática del Estado para proteger a los actores más débiles de las estructuras de producción y/o comercialización, continúan constituyendo elementos determinantes de los niveles de atraso social y pobreza generalizada que predominan en el conjunto de las regiones extrapampeanas. Es por ello que el proceso de expulsión de las pequeñas unidades productivas que afrontan miles de agentes económicos de reducida dimensión operativa, deja al desnudo las acentuadas deficiencias de tipo estructural que los rodea desde décadas atrás y que, ahora, el Plan Económico oficial agrava como nunca antes. La expulsión adquiere contornos dramáticos, pues consiste en el abandono liso y llano de las fincas y en la migración hacia los centros urbanos cercanos e incluso más distantes, en busca de trabajo y amparo social. Este proceso se va agudizando con el tiempo y repercute sensiblemente en las periferias de las aglomeraciones urbanas más importantes del interior del país, con el consiguiente impacto social por el traslado de familias con situación laboral precaria, a otra de pobreza y exclusión social. Además, plantea una demanda insatisfecha de nuevas fuentes de trabajo en las áreas receptoras y la exigencia de equipamiento social adicional -vivienda, alimentación, salud-, aspecto que los gobiernos locales pueden satisfacer cada vez menos.

Los casos más sobresalientes que vienen ocurriendo durante el último quinquenio se relacionan con procesos de concentración-expulsión por las razones ya mencionadas. Las siguientes áreas son los ejemplos más conocidos:

a) Minifundios algodoneros del Chaco, donde el proceso de mecanización de la cosecha desplazó a miles de braceros residentes en tales minifundios que completaban, con la actividad de la recolección manual, el ingreso necesario para su magra subsistencia. Esta emigración forzosa se da en el contexto de una producción record, con precios internacionales muy elevados hasta inicios de este año, con lo que se reafirma la paradoja de datos macroexcelentes con situaciones micro que generan la más aguda situación de pobreza y exclusión de la mayoría de los pequeños agricultores algodoneros de las últimas décadas. Frente a este panorama, la inacción del gobierno nacional fue total.

Explicando con más detalle este proceso, la tarea de recolección de los capullos de algodón fue, desde prácticamente el inicio de la implantación del cultivo, una actividad altamente intensiva en fuerza de trabajo y una tarea estacional que ocupaba contingentes de "braceros" o recolectores de la misma provincia, de zonas limítrofes e, incluso, de países vecinos. En la década de los años 80 era habitual que estos trabajadores temporarios, luego de recoger manualmente las ramas de algodón, prosiguieran su tarea en otras provincias como las cuyanas para la vid y como las del Valle del Río Negro para los frutales de pepita. Dado que el grueso de tales trabajadores eran productores minifundistas algodoneros de la misma provincia del Chaco o de Formosa, lograban completar sus ingresos vendiendo su fuerza de trabajo a productores medianos y grandes de la cuenca algodonera, que carecían de suficiente fuerza de trabajo permanente para realizar tal tarea. De este modo, el bracero obtenía el complemento de recursos para subvenir a las necesidades básicas de la correspondiente unidad familiar. La incorporación de la cosechadora mecánica, que se inicia a principios de la década de los años 90, supone romper con este esquema a la vez social y productivo. De los dos conjuntos de actores sociales comprometidos con la producción algodonera, uno de ellos -el de los recolectores manuales- tiende progresivamente a desaparecer. Entretanto el otro, el del minoritario segmento de medianos y grandes productores, obtiene crecientes beneficios, dadas la ventajas que en materia de costos de producción supone reemplazar fuerza de trabajo por una tarea mecanizada. En la más reciente cosecha, según testimonios de informantes locales, la recolección mecanizada ya cubre 90% del volumen de producción precisamente cuando, al igual que en la temporada 1995-1996, se verificó el nivel más elevado de producción del insumo textil en la historia algodonera argentina.

Veamos algunos datos que corroboran estas afirmaciones. Según un reciente estudio técnico del INTA, con una adecuada preparación previa del predio a recoger mecánicamente no puede verificarse una pérdida mayor del 5% de la cosecha recolectada. Si éste es el supuesto inicial a partir de un manejo de la cosechadora y de la preparación del terreno en forma adecuada, la utilización de la opción mecanizada supone una reducción de costos de entre 13,2 y 15,8% sobre lo que se afronta por la recolección manual (Elena, 1994). ¿Cuál es el universo de los productores minifundistas que tradicionalmente engrosaban el contingente de braceros que obtenían, así, los indispensables ingresos monetarios para la subsistencia de su unidad familiar? El último relevamiento disponible es el que se efectuó en ocasión del otorgamiento de un subsidio estatal en 1993, para que los productores pudiesen afrontar el fuerte quebranto que les supuso la acentuada caída de precios del algodón en el mercado internacional. Del mismo surge que, de los productores algodoneros censados, 11.032 explotaciones (70,5% del total) se realizan en predios de menos de 20 ha (Dadín, 1992: 52). Este estrato es el que reúne, según los especialistas, al conjunto de fincas algodoneras que pueden ser designadas como minifundios. Dos años después, cuando el incremento de la producción alentó, debido a la mejora en los precios internacionales, la introducción masiva de la cosechadora, y el 50% de la cosecha se recolectó por este método. Un comentario periodístico especializado estimó que los 50.000 trabajadores temporarios (agricultor minifundista y su familia) dedicados a la tarea citada fueron equivalentes a 50% de los que hubieran sido requeridos de no mediar la presencia del implemento mecánico (Diario Norte, mayo 22, 1995: 25). La resultante, entonces, es la desocupación y el consiguiente proceso emigratorio para quienes quedan sin empleo temporario.

El Intendente de una de las ciudades ubicadas en el corazón de la región algodonera chaqueña, Villa Berthet, expresó por esa época y cuando todavía el fenómeno no se había agudizado como en la actualidad, que "...hace muchos años se sabía que la mecanización de la recolección del algodón iba en constante incremento...", y responsabilizó a los últimos cuatro gobiernos provinciales de no prever esta situación. Luego alegó que la participación de la cosechadora ha provocado un descenso significativo en la cantidad de braceros necesarios para levantar la cosecha, lo que ha incrementado la desocupación en una provincia donde no hay industrias (Honcaruk, Diario Norte, febrero 17, 1993: 11). La huida de chaqueños -como alguna vez calificó Carlos Reboratti a este proceso de abandono de sus predios y de emigración hacia las ciudades cercanas- a la capital provincial y a provincias limítrofes ha sido documentado en diversas referencias periodísticas, a partir de declaraciones de funcionarios de las áreas receptoras de la misma y de notas especializadas. En el primer aspecto, sobresalen las opiniones de Ricardo Olivera, Secretario de Acción Social de la gobernación santafesina, quien en referencia a "...la exportación de pobres del Chaco...", como denomina el proceso emigratorio, afirma que "...lamentablemente la gente que llega, por ejemplo, a Santa Fe, se encuentra con una nueva frustración, porque aquí no hay trabajo. Por el contrario, tenemos uno de los índices de desocupación y subocupación más importantes del país" (Diario Norte, febrero 22, 1993). Y esta declaración es de 1993, cuando la crisis solamente despuntaba. Al interior de la provincia del Chaco, un documento periodístico un año posterior a la afirmación previa, consigna que el traslado incesante de familias empobrecidas del campo a la segunda ciudad de la provincia Presidencia Sáenz Peña ha provocado "...el crecimiento del cinturón de miseria en Sáenz Peña" (Diario Norte, julio 28, 1994: 18).

b) Pequeños fruticultores del Alto Valle del Río Negro, incapacitados financiera y técnicamente para reconvertir sus chacras y adecuarlas a la necesaria elevación de la calidad y productividad de sus frutales, debido a las exigencias de la demanda internacional. En el Alto Valle se ha instalado una gran empresa multinacional -Expofrut S.A.- que ha implantado, por primera vez, una estructura de producción para la exportación basada en un predio de gran extensión, con mano de obra asalariada que reúne un contingente laboral menor al que supondría mantener el modelo de chacra familiar intensiva. Frente al forzoso proceso de abandono y emigración de centenares de pequeños productores descapitalizados, se alza esta nueva modalidad productiva que acentúa la polarización social regional y, otra vez, muestra el agudo contraste entre datos macrofavorables y situaciones micro de ribetes sociales desconocidos en la Región.

Una investigación reciente da cuenta de este proceso de agudo deterioro de la fuerza de trabajo rural y urbana, producto del proceso de transformación productiva. El documento hace referencia a la situación laboral del Alto Valle del Río Negro, donde se asienta 52% de la población provincial. En él se detalla cómo el fenómeno de cambio tecnológico en la producción frutícola, debido a las crecientes demandas de competitividad, ha afectado el mercado laboral. Se pone énfasis, en el texto, de que "...la incoporación de tecnologías se hace selectiva y las innovaciones tecnológicas son sólo accesibles a las grandes empresas, especialmente las integradas. Se profundiza, así, la segmentación interna" (Coniglio, 1996: 2). Por ende, se incrementa el trabajo transitorio (estacional y temporario) y decrece la presencia de los productores familiares. Este fenómeno, a nivel rural, se acentúa en el plano urbano con la adopción de tecnologías automatizadas en el proceso de empaque, lo que incide negativamente en la demanda laboral para clasificación y embalaje de fruta. Se produce, de este modo, un claro contraste en la dinámica de dicha demanda característica de los años 80, con respecto a la actualidad. En aquella década, "...el incremento de la expansión física e integración de la actividad frutícola absorbía fuerza de trabajo; ahora aparece un interrogante amenazador: ¿dónde se puede insertar la fuerza de trabajo liberada? ¿dentro o fuera de la región?" (Coniglio, 1996: 3). El documento concluye afirmando que "La competitividad de la fruticultura destruyó puestos de trabajo en la cosecha, el empacado y la industria. Su creciente complejización en todas las etapas genera importantes procesos de segmentación interna...". "Las estrategias empresariales de aumento de productividad, de integración y de expansión hacia nuevas zonas, no permiten augurar un freno a la pérdida de puestos de trabajo" (Coniglio, 1996: 19).

c) Los pequeños viñateros de San Juan y, en menor medida, de Mendoza, no han podido reconvertir sus viñedos para reorientarlos desde una producción destinada al consumo interno de fruta y vino común de mesa, hacia otra de vino fino para segmentos de elevado nivel de ingresos y hacia la exportación, por falta de crédito y asistencia técnica. La medida oficial de apoyo a la ineludible reconversión, consistió en aprobar normas de diferimento, por 10 años, de la exigencia de pagos de impuestos a quienes presenten programas de reconversión y/o implantación de vides aptas para la nueva etapa productiva. A este mecanismo sólo pueden acceder quienes tienen recursos financieros inmovilizables (el viñedo produce uva luego de 3 y hasta 5 años a partir de la plantación de la vid) y que no necesitan obtener ingresos para la subsistencia en el período citado. El pequeño productor, como no posee tales recursos financieros y no dispone de ingresos adicionales, tiene sólo una alternativa abierta: buscar otra actividad, tratando en lo posible de conservar el predio o, finalmente, abandonarlo. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. El segmento que puede avanzar en la iniciativa reestructuradora está claramente liderado por tres grupos económicos concentrados, con base histórica en la industria vitivinícola y con intereses en otros sectores de la economía nacional (Peñaflor, Cartelloni y Catena) (1). Ellos son los ganadores en este proceso, frente a la perdedora presencia de miles de pequeños productores que no tienen una posibilidad cierta de encarar la reconversión o la puesta en valor de nuevas tierras, del mismo modo que la llevan adelante los citados núcleos de empresarios de gran dimensión.

Este proceso ha sido detalladamente estudiado por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de San Juan. De sus conclusiones, se aprecia que los grandes grupos económicos que han hecho inversiones significativas en cepas adecuadas, para producir vino de calidad competitivo internacionalmente, se han incorporado a los sistemas de promoción estatal articulados en torno al diferimento de las cargas impositivas por lo menos en 10 años. Estos consisten "...en una forma encubierta de crédito o subsidio pero que impone la obligación de localizar o desarrollar una empresa agrícola en el territorio provincial" (Gago y Málaga, 1995: 132). Al no establecerse ninguna limitación ni requisito específico para la inversión correspondiente, los agentes económicos que intervienen son los de mayor dimensión económica -la mayoría de los cuales son extraprovinciales- que no solamente están en cadenas productivas altamente integradas, sino que tienen presencia en el eslabón de comercialización-distribución, lo que supone un factor estratégico de concentración económica (Gago y Málaga, op. cit.: 132).

Las presentaciones efectuadas, según un informe fechado en 1995, preveían un sustancial incremento de la superficie dedicada a la actividad agrícola en San Juan, especialmente en el rubro vitivinícola. Los proyectos son necesariamente intensivos en capital, pues exigen cuantiosas inversiones y mejoras extraordinarias (desmonte, nivelación, riego) y ordinarias (alambrado, construcciones, plantaciones, perforaciones y equipos), además de la aplicación de tecnología de riego por goteo y microaspersión (Allub, 1994). Por supuesto que, sin apoyo crediticio promocionado ni orientación derivada de la asistencia técnica, es lógico que la pequeña agricultura de riego, con un producto tradicional con dificultades de ingreso al mercado de consumo y sin las innovaciones técnológicas para reconvertirse, vaya perdiendo espacio y posibilidad de subsistencia.

Se verifican, así, procesos de emigración incontrolada, con el consecuente aumento de la marginalidad social en las aglomeraciones urbanas cercanas o el traspaso de los pequeños productores al rol de asalariados de los nuevos emprendimientos promocionados, que se emplean en la etapa de implantación de las nuevas actividades. Superado el período de incorporación de las nuevas actividades intensivas en capital, gran parte de quienes hoy se encuentran operando en ese proceso no tendrán lugar en la estructura empresarial, altamente tecnificada y poco demandante de fuerza de trabajo.

Coincide con esta afirmación un estudio de la Fundación Mediterránea publicado en la revista Novedades Económicas, organización de consultoría económica conformada por empresarios medianos y grandes del interior y que constituye el grupo generador de las bases esenciales de la política económica oficial implementada entre 1991 y 1996. En el documento respectivo se expresa que "...los diferimentos impositivos producirán la aceleración de un proceso, que igualmente estaba desarrollándose, orientado a la desaparición de los pequeños productores, que tienen costos no sustentables ocasionados por problemas de escala y de permanencia de empresas rentables por su organización..." (Los Andes, noviembre 13, 1994: 8).

e) El proceso de deterioro en la actividad azucarera tucumana reconoce una historia extensa, pero se ha agudizado en los más recientes años por la total ausencia de regulación interna, la incapacidad de los pequeños productores de modificar su perfil productivo sin apoyo financiero externo y el paulatino debilitamiento de la demanda nacional. La emigración de las pequeñas fincas ha aumentado, y no existen perspectivas ciertas de un proceso ordenado de transformación de la actividad agrícola basada en el minifundio cañero sin un plan articulado con los productores, del que hoy se carece por la falta de presencia del Estado en el proceso respectivo. Así lo atestiguan diversos estudios recientes, incluyendo el que realizáramos en colaboración con Nora Marqués un par de años atrás. Allí se expresa que la configuración del sector cañero tucumano muestra una elevada concentración en la pequeña unidad campesina, que reúne no menos de 60% del total de los productores de caña (alrededor de 7.000 sobre 11.000 agentes económicos dedicados a este cultivo perenne). Las características más relevantes de este conjunto social consisten en la producción a elevados costos en términos relativos, respecto de los obtenidos en fincas de mayor tamaño, bajos rendimientos, uso de tecnología atrasada, serias dificultades para acceder a precios remunerativos en las transacciones con los industriales y total imposibilidad de obtener apoyo crediticio de fomento. El análisis efectuado apunta, además, a que numerosos campesinos cañeros trabajan temporariamente fuera del predio (como los algodoneros), lo que les permite seguir produciendo caña. Por otra parte, "...los más pequeños ni siquiera se integran el sistema cooperativo, sino que continúan con prácticas históricas de vinculación directa con un ingenio; todo esto, sumado a su pequeño tamaño, esboza una configuración extremadamente compleja y dificulta el hallazgo de salidas viables..." (Marqués y Rofman, 1994: 14). Este panorama lleva a procesos de expulsión que ya se estaban produciendo en el año consignado y a una perspectiva altamente desfavorable a futuro, dadas las exigencias de competitividad planteadas por la potencial competencia brasileña. Es por ello que en las conclusiones del trabajo planteábamos que, enfrentados los productores locales a la reestructuración de la actividad debido al desafío de la futura inserción en el MERCOSUR, se presenta un conjunto de interrogantes relativos a dicha reconversión. La respuesta a los mismos revelan que, si se deja actuar libremente a las fuerzas del mercado, tal como postula el actual modelo de desregulación estatal, "...lo más probable es que se profundice la incipiente alternativa actual: la expulsión de los actores más débiles a la espera de que el achicamiento signifique que queden los actores más eficientes..." (Marqués y Rofman, op. cit.: 17).

Si este es el panorama generalizado en la actividad azucarera tucumana, el proceso productivo en los grandes ingenios de Salta y Jujuy muestra un perfil diferente, aunque con similares consecuencias económicas y sociales. El caso paradigmático es el del Ingenio Ledesma, en el norte jujeño. Sus propietarios encararon, pocos años atrás, un profundo proceso reestructurador en su actividad productiva, que difiere de la tucumana en tanto se asienta en una economía de plantación con grandes extensiones propias de cañaverales y fuerza de trabajo asalariada. Esa reconversión liberó miles de trabajadores sin perspectivas laborales ciertas, pues todos ellos habitan la ciudad de Libertador Gral. San Martín, cercana al ingenio, que posee aproximadamente 60.000 pobladores totalmente dependientes del destino de dicha empresa. La acentuada desocupación allí reinante, la incesante renovación de los despidos por la ininterrumpida incorporación de procesos técnicos innovativos y la ausencia de planes de reinserción de la fuerza de trabajo desempleada generaron los recientes incidentes, plenamente justificados ante la total inacción estatal, la carencia de una red de protección social en forma de seguro de desempleo para los desocupados y el incierto futuro laboral.

f) La actividad citrícola de Entre Ríos y Corrientes exhibe un patrón similar. La citricultura en dicha región ha experimentado modificaciones importantes en la tecnología utilizada y en su grado de integración internacional. Esta creciente integración, que ha supuesto volcar hacia el mercado externo excedentes cada vez más significativos de la producción regional, impuso condiciones específicas para poder acceder al citado proceso de transformación. Pero ese acceso se fue tornando diferenciado por las exigencias que generaba. Entonces, los agentes sociales involucrados tuvieron y tienen, por lo mismo, suerte diversa en su intento de incorporarse a ese proceso. "Las restricciones para el cambio tecnológico se encuentran ligadas a la capacidad de acumulación de los agentes productivos, lo cual origina un proceso de exclusión de aquellos que no lograron adecuar su función de producción a los nuevos requerimientos de la demanda" (Miranda y Castillo, 1996: 133).

Esta desigualdades estructurales entre quienes tienen potencial para innovar y quienes no logran hacerlo, se acentúa en las diversas etapas del proceso de producción, en particular en la fase de comercialización y en la obtención de financiamiento. Tal conjunto de fenómenos explican el creciente proceso de concentración económica. Algunos signos de esta concentración en plena expansión surgen de datos acerca de cómo se distribuye, entre los agentes económicos intervinientes en el proceso productivo, el volumen de fruta recolectada. Así, 55% de los productores con bajo nivel de innovación técnica y tamaño reducido, sólo cubren 21% de la producción, mientras que en el otro extremo, 6% de los productores con alto y creciente nivel de innovación técnica dan cuenta de 30% del volumen total producido (Miranda y Castillo,op. cit.: 93). Esta diferenciación, en el conjunto de los agentes económicos involucrados en la fase agrícola, se traslada al plano exportador, donde se verifica un acentuado proceso concentrador marcado por la presencia dominante de una empresa multinacional -Expofrut S.A.-, que en 1994 ya cubrió cerca de 18% del total comercializado hacia el exterior.

Estas seis experiencias demostrativas del fenómeno expulsivo, fruto de un modelo de ajuste que no incluye a los actores sociales mayoritarios de cada región, desemboca necesariamente en una expansión de la subutilización de la fuerza de trabajo en los centros urbanos que están vinculados funcionalmente a tales actividades de base rural. A ello se agregan las crisis sociales urbanas en aglomeraciones altamente dependientes de exempresas estatales, que presentan la mayor proporción de oferta de puestos de trabajo en dichos núcleos y que han estado sometidas, por diversas razones, a transformaciones de magnitud, con la pérdida de un caudal mayoritario de fuerza de trabajo y sin mecanismos adecuados y rápidos de reinserción en la red productiva. Se hará referencia a estos fenómenos en el apartado siguiente. 
  

2. Crecimiento del desempleo urbano

Las evidencias estadísticas recogidas por las dos Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC realizadas anualmente, dan cuenta del aumento de la subutilización de la fuerza de trabajo en las áreas urbanas contiguas a los asentamientos rurales, fuertemente dañados por el Ajuste, la Convertibilidad y la ausencia del rol regulador del Estado. La siguiente tabla muestra las variaciones registradas en las respectivas tasas de desempleo y subempleo en algunas aglomeraciones urbanas extrapampeanas que poseen la citada característica. 

Es interesante observar que, en los tres casos, el proceso de subutilización de la fuerza de trabajo se expandió entre el año de inicio del Plan de Convertibilidad y el último relevamiento efectuado. Pero si bien los datos absolutos son extremadamente elevados, las variaciones relativas difieren según se escoja el indicador de desempleo abierto o el de subempleo. El primer índice muestra incrementos muy significativos, en especial en el área chaqueña y, algo menos, en la sanjuanina. No es tan notorio, por otra parte -como ocurre en el resto de las aglomeraciones urbanas relevadas por el INDEC-, el incremento del subempleo. Los fuertes aumentos de la tasa de desocupación verificados en la capital del Chaco se corresponden con las evidencias de que el proceso de migración rural-urbana ha sido muy intenso. En San Miguel de Tucumán y en San Juan dicho proceso -según los testimonios existentes- ha tenido lugar, pero la magnitud del mismo no parece, todavía, haber observado una dimensión excepcional como para afectar de modo singular el nivel de las respectivas tasas.

El impacto ocupacional regresivo en las áreas de extracción de combustibles sólidos y líquidos se advierte con más fuerza en aglomeraciones urbanas más pequeñas, dependientes de la explotación petrolera, como Caleta Olivia, en Santa Cruz. Un estudio contemporáneo consigna, precisamente, que en 1989 y 1990 comienza una profunda reestructuración productiva en la empresa estatal YPF, antes de su privatización, con la consiguiente liberación de fuerza de trabajo. Así, este fenómeno reconversor produjo fuertes desequilibrios laborales y sociales en todo el complejo regional, asentado sobre el Golfo de San Jorge, en Chubut y Santa Cruz. Se verificó, entonces, una particular paradoja. Mientras que en el lapso 1985-1995 el petróleo extraído en esa cuenca creció un 35%, tuvieron lugar notorios incrementos en la subutilización de la fuerza de trabajo fruto de las modificaciones en la gestión empresarial, la "tercerización" de tareas y la incorporación de nuevas tecnologías de gestión y producción. Acompañando ese incremento productivo, en Caleta Olivia el empleo petrolero pasó de 1.436 trabajadores en 1991 a 350 en 1994 y a 250 en 1995 (Olmedo y Salvia, 1996: 14).

La modernización productiva de YPF S.A. fue de la mano con la descentralización de sectores de la actividad, reestructuración de la masa laboral, licitación -en favor de empresas privadas- de actividades que otrora llevaba adelante la petrolera estatal, incorporación de tecnología y modalidades flexibles de contratación de fuerza de trabajo y reducción sistemática de los planteles de personal. Los analistas se preguntan, finalmente, cuáles fueron los mecanismos que adoptaron los mismos afectados para aliviar la desocupación y la subocupación. Parte importante de ellos utilizaron la emigración, con sus respectivas familias, teniendo en cuenta que no eran, en su gran mayoría, nativos del lugar y pretendían regresar a sus lugares de origen. Otros entraron en la precariedad laboral o la informalidad. Ello provocó la caída del consumo y el cierre consiguiente de empresas comerciales y de servicios. La tasa combinada de desempleo y subempleo llegó, en 1995, a 27,8% en un marco laboral donde, diez años atrás, había plena ocupación (Olmedo y Salvia, 1996: 20).

Similares fenómenos han tenido lugar en otros aglomerados del país, en los que recientemente la aguda situación social provocó "puebladas" y cortes de ruta como forma de reclamo por la persistencia de elevadas tasas de desempleo. La reducción de los mercados urbanos -que no abren nuevas posibilidades ocupacionales que surjan directamente del estímulo de una demanda local en descenso abrupto- y lo limitado del contingente poblacional que podría constituirse en masa consumidora, agudizó las condiciones laborales de tales aglomerados: Cutral-Co., Plaza Huincul y Tartagal. Las medidas promocionales y de reconversión asistida brillaron por su ausencia a partir de la aplicación ortodoxa del credo desregulador del Estado.

Al análisis previo, donde se da cuenta del impacto que las estrategias de reconversión agrarias y mineras producen sobre los centros urbanos contiguos, habría que agregar las emigraciones de mayor recorrido como las que vienen del Norte y recalan en Rosario y Santa Fe, agravando la delicada situación laboral en ambas áreas metropolitanas. Se estima, por ejemplo, que diariamente llegan cinco familias expulsadas del agro desde el norte del país hacia el Area Metropolitana de Rosario. Tal circunstancia queda registrada cuando se cotejan los datos de los Censos de Pobladores en Asentamientos Irregulares de la ciudad de Rosario, realizados por la Fundación Banco Municipal de la citada ciudad, en los años 1994 y 1996. Es en este último relevamiento donde se verifica que la población estimada en tales asentamientos creció, en dos años, en alrededor de 25.000 personas, sumando un total de cerca de 120.000 pobladores, lo que supone un 12% de los habitantes de la ciudad. En el mismo informe se consigna que en las "villas miseria" asentadas en la ciudad, 7 de cada 10 jefes de familia son originarios del Chaco, Corrientes, Entre Ríos y el norte de Santa Fe (Fundación Banco Municipal de Rosario, 1996). Una estimación contemporánea (Clarín, febrero 10, 1997: 49) consigna que la mayor parte de los contingentes inmigratorios provienen de las zonas algodoneras del Chaco, con particular incidencia de la población aborigen (indios matacos, tobas y mocovíes). Si se atiende a las calidades educacionales de dicha población migrante y a su inserción laboral, el informe arriba citado da cuenta que la mitad de los mayores de 14 años que viven en dichos asentamientos no completó el nivel primario o no asistió nunca a la escuela. Finalmente alude a que tales porcentajes se corresponden con la creciente población de changarines y cirujas(2) -entre los hombres- y de personal de servicio doméstico -entre las mujeres- que desarrollan su actividad informal en la ciudad (Fundación Banco Municipal de Rosario, op. cit.: 1996). 
 

3. El nuevo rol del Estado nacional y provincial, en su claro perfil de ausencia

En las consideraciones previas, hemos puesto el acento dominante en las condiciones estructurales del modelo de desarrollo predominante en las llamadas "economías regionales". Sólo en forma incidental se ha hecho referencia a la presencia del Estado como protagonista central en la justificación de las transformaciones ocurridas recientemente, y en la persistencia de los desajustes acumulados históricamente. Sin embargo, es preciso dar cuenta en forma específica de las características que asume el desarrollo del Estado, por cuanto su protagonismo -por presencia o por ausencia- y el perfil de las cambiantes modalidades que exhibió en fechas recientes, constituyen referencias ineludibles en la evaluación del comportamiento del sistema regional argentino y de sus eventuales cambios a futuro. 
  

3.1. El modelo "clientelístico tradicional"

Este término, acuñado por Rubins y Cao en un texto aún inédito, da cuenta de una forma de funcionamiento decididamente peculiar de los estados provinciales en gran parte de las economías regionales extrapampeanas. En un documento anticipatorio de tal texto, los autores identifican al sistema clientelar como un modelo de dominación basado en alianzas internas y externas entre sectores del poder provincial y/o nacional, que se acentúa, en general, cuanto más atrasada o rezagada es la estructura económico-social de la provincia respectiva. ¿A qué apunta la persistencia de este modelo sobre el que la estructura política provincial se respalda para la continuidad histórica del mismo, más allá de cambios contingentes en la representación política que detenta el gobierno respectivo? Tales autores lo resumen en el párrafo final de su texto, cuando expresan que el Estado nacional potencia y respalda esta alianza local y extralocal formalizada en las provincias rezagadas, "...a través de la sobrerrepresentación de éstas en la esfera política y de las políticas redistributivas en lo económico, bajo la única condición de que no pusieran en juego el proyecto del centro de acumulación" (Cao y Rubins, 1994).

Esta alianza, entonces, apunta a solventar el modelo global de acumulación a escala nacional a partir del apoyo brindado tanto por los diputados como por los senadores, fundamentalmente en el plano legislativo, para asegurar la continuidad del proyecto oficial. A cambio del respaldo respectivo -que se torna muy estratégico en la Cámara de Senadores-, el uso discrecional de fondos en materia de transferencias y la no exigencia del modo en que tales fondos efectivamente se utilizan (en la mayoría de las ocasiones están destinados a gastos específicos), constituyen la contraparte ofrecida por el Gobierno nacional para soldar esta alianza.

Al interior de las provincias rezagadas, el mecanismo clientelar se basa en la utilización del sector público como refugio laboral ante la imposibilidad de lograr otras fuentes de empleo posibles. Sea cual sea el partido político que gobierne, este esquema de reclutamiento laboral no se agota en buscar una solución alternativa a la carencia de fuentes de empleo genuinas. Se transforma en un contrato de adhesión de quienes logran ingresar al empleo público provincial y, por ende, a la estructura política que está adueñada del aparato administrativo provincial. Cao y Rubins destacan la función de quien asume el rol central en esta estructura tradicional y es sobreviviente a los cambios del partido político gobernante o de los gobiernos de facto: "...en las provincias rezagadas es común encontrar la figura del 'caudillo', que concentra gran poder y maneja la provincia en forma vertical y paternalista. En los hechos, el poder se concentra en el caudillo porque es quien despacha los negocios del poder ejecutivo, coordinando la 'mejor' manera de distribuir la corriente de fondos que llega desde el Estado Nacional. El mandato del 'caudillo' está legitimado por el único que está capacitado para negociar en mejores términos con la nación y las porciones de financiamiento que continúen haciendo viable su papel de redistribuidor de las transferencias nacionales, a la vez que puede disciplinar la puja en la provincia por el acceso a esos fondos" (Cao y Rubins, 1994). La persistencia en el tiempo de estas modalidades de organización, reclutamiento de adhesiones y alianzas con los grupos locales dominantes se refuerza, entonces, desde el poder central como un reaseguro para conseguir apoyo en circunstancias institucionales concretas. En el caso de la política instaurada por el actual gobierno nacional a partir de la Ley de Convertibilidad, fueron notorias las adhesiones legislativas de los representantes electos por partidos provinciales en ambas Cámaras para ratificar, mediante las leyes respectivas, la marcha sin tropiezos del citado Plan.

Claro está que todo proceso económico, social y político no permanece inmutable en el tiempo. Si hasta ahora estas alianzas fueron plenamente funcionales al poder central, comienzan a agrietar tales acuerdos las emergentes condiciones estructurales derivadas de la dinámica de acumulación y de la limitación de recursos del poder central y, con ello, ponen en tela de juicio la perdurabilidad indefinida del sistema clientelar. El Ajuste fiscal es el principal enemigo de la política de trueque de favores mutuos, que como nunca antes caracterizó la gestión del gobierno actual. El histórico proceso de envío de remesas extraordinarias a cada tropiezo del 'caudillo' provincial, para proveer de oxígeno a su gestión y evitar conflictos sociales de magnitud, se vio seriamente limitado en los últimos años. Las exigencias de los organismos internacionales de financiamiento para la eliminación del déficit de los presupuestos provinciales trasladó, por primera vez y en forma descarnada, la estrategia del Ajuste a las mismas provincias e impidió que se pudiese mantener la política clientelística tradicional en toda su magnitud. Por otra parte, el modelo de acumulación que se va consolidando progresivamente impone un fuerte quebranto a la producción regional que está destinada mayoritariamente al consumo interno, con el consiguiente acentuamiento de la crisis laboral del sector privado, frente a la cual la escasez de recursos estatales no permite operar con la generosidad de otrora. Por último, el proceso de modernización arriba descrito agrega un elemento adicional a la crisis en el mercado de trabajo, con el consecuente impacto negativo sobre la capacidad de respuesta de los estados provinciales cuyas economías están rezagadas: el Ajuste Estructural, al reclamar la privatización de organismos específicos de los estados provinciales -como la banca pública, las empresas de energía y las de provisión de agua potable- y al exigir la transferencia de las cajas de jubilación de empleados provinciales, fue cercenando parte del espacio de maniobra más apetecible de los caudillos locales. Entonces, la restricción financiera discrecional y la reducción del tamaño de los estados provinciales impuso, en el último bienio, una estrategia de contención del gasto que tuvo expresiones concretas en baja de sueldos, en demoras de los pagos a trabajadores estatales y a proveedores y en la generalización de la creación de moneda espuria: los Bonos públicos.

El Estado clientelístico se ha defendido con todas sus fuerzas, aún en una situación de marcado deterioro en sus bases de sustentación. En recientes declaraciones públicas, el vicegobernador justicialista de Salta, Walter Guayra, expresó: "Las cosas han mejorado. Desapareció el deficit de 10 millones de pesos por mes que teníamos y pagamos 100 millones de pesos de los 700 de deuda que nos dejó el gobierno anterior. Privatizamos el Banco provincial y la energía y transferimos la caja de previsión, que daba un déficit de 4 millones de pesos al mes; achicamos el Estado rebajando sueldos y pasamos 2.000 agentes a un plan de reconversión". Y agregó después: "Es inevitable tomar este tipo de medidas. La falta de trabajo es un problema acá y en todo el país, pero además,a esa gente no la despedimos, sólo le rebajamos el sueldo en 50% (La Nación, diciembre 8, 1996). Aun a costa de una reducción brutal de las remuneraciones mensuales, el gobierno salteño cumple con el Ajuste pero mantiene casi incólume su plantel laboral. De ese modo reafirma la función del Estado provincial como un proveedor seguro de fuente de trabajo. 
 

3.2. La desregulación estatal en sectores productivos clave

Las experiencias históricas en materia de regulación de la producción regional no fue todo lo exitosa que sus disposiciones preveían. Sin embargo, los instrumentos disponibles en la legislación normativa eran aptos para alcanzar objetivos que son todavía patrimonio de las políticas de apoyo a los productores agrarios y agroindustriales en gran parte de los países del mundo, a saber:

a) fijación de umbrales mínimos en precios a ser abonados al productor, en especial pequeño y mediano, que carece de capacidad de negociación frente a compradores oligopsónicos o monopsónicos, o a industrializadores de gran presencia y poder en el mercado;

b) apoyo a la vigencia de canales de comercialización abiertos y transparentes, que posibiliten no sólo un precio justo sino también criterios de determinación de calidad del producto transaccionado, que no constituyan formas ocultas de reducción del valor de realización del respectivo producto;

c) financiamiento en las operaciones comercializadoras, a fin de evitar apresuramientos de los pequeños productores a entrar en el mercado en condiciones desfavorables de precios, o de permitir que el ente regulador comercialice el producto en el momento que considere más apropiado;

d) determinación de cupos de producción para la industrialización del producto agrícola y/o puesta en marcha de programas concertados entre el agricultor y el industrializador, para asegurar ingresos rentables al primero y prever la entrega pautada de la producción;

e) generalización de información para la toma de decisiones por parte de los productores, tanto en lo referido a los mercados internos como a los externos.

Estos cinco principios fundamentales, que en algunos casos se extendían a transferencia de tecnología apropiada, control de calidad para el consumidor, impulso a políticas de promoción de nuevas variedades más aceptadas por la demanda, etc., constituyeron la base operativa formal de las Juntas o Mercados de Concentración que durante décadas arbitraron en la esfera productiva de la yerba mate, el azúcar, la vid y parcialmente el algodón y la fruta del Alto Valle. Adicionalmente para otros productos, sin que existiesen organismos formales de regulación, regían normas que estaban entre las cinco que anteriormente se citaron como resguardadoras de la capacidad de presencia, en el mercado, de los sectores más debiles de las cadenas agroindustriales.

Además de la vigencia de estos entes estatales, hubo políticas de acompañamiento a las de tales organismos -en momentos diferentes de la historia política argentina- que se ocuparon del grave problema de la tenencia de la tierra, de la necesaria transformación del minifundio mediante formas asociativas entre pequeños productores, de la gestión ante estructuras institucionales nacionales, etc.

Este conjunto de organismos y disposiciones formales desapareció casi en su totalidad al momento de ponerse en vigencia la política de desregulación del Estado. A contramano de lo vigente en otros países latinoamericanos, los vaivenes del mercado interno y la ausencia de crédito promocionado, las desiguales relaciones de poder entre actores económicos y las oscilaciones internacionales de los precios de los bienes agrícolas impactaron totalmente sobre la producción regional en Estados Unidos, Europa, Asia y

Oceanía. Ello ha supuesto incertidumbre en el proceso de producción y efectos regresivos en los ingresos de los respectivos productores acorde con su inserción en el mercado, su poder de negociación y su capacidad de autofinanciamiento y disposición de información.

La puesta en marcha del MERCOSUR ha supuesto un factor de agravamiento de la situación de los pequeños productores, ampliamente mayoritarios en las actividades agrícolas y agroindustriales vinculadas a los mercados de los países miembros de la Unión Aduanera, pues muy poco se ha hecho para fortalecer a este segmento productivo, en sus diversas actividades, para hacer frente a la competencia externa. La producción interna, ahora desprotegida, carece en general de respaldos estatales que la habiliten para sobrevivir si debe competir con la producción subsidiada de terceros países, con un tipo de cambio más favorable y con costos internos sustancialmente inferiores. Los reclamos de quienes se sienten excluidos del nuevo esquema de relaciones económicas internacionales se han hecho oír a través de las organizaciones gremiales más representativas (ver Carballo, 1996). 

3.3. La inexistencia de la planificación del desarrollo regional como estrategia tendiente a la reducción de las desigualdades interregionales

En las páginas iniciales de este capítulo se hizo mención a uno de los pilares de la estrategia neoliberal puesta en ejecución en los últimos años. Se trata de la entronización de las relaciones de mercado como espacio absoluto para la toma de decisiones. El libre juego de las fuerzas productivas implica que toda acción intervencionista estatal, tendiente a regular u orientar el proceso de desarrollo, queda excluida como criterio posible y que sólo excepcionalmente es viable modificar precios o fomentar determinadas acciones privadas por fuera del ámbito del mercado. Ello significó excluir de manera absoluta la implementación de planes de desarrollo mediante estrategias concertadas entre los sectores público y privado, para adecuar el derrotero económico-social a pautas previamente consensuadas. El planteamiento dominante es que el mismo mercado es el que debe corregir tales desequilibrios que son solamente conyunturales y que se presentan precisamente cuando factores extramercado interfieren en su capacidad plena de acción.

La inexistencia de programas de planificación indicativa y concertada, tendientes a reducir las desigualdades sociales de carácter estructural, implica dejar el futuro de las actividades productivas y el desarrollo de los agentes sociales de las regiones extrapampeanas a merced de quienes concentran poder decisional y pueden, de tal modo, tornar totalmente ilusoria la supuesta neutralidad del mercado. De este modo, se habilita a los agentes económicos citados a controlar el desarrollo del mercado en beneficio propio, excluyendo económica y socialmente a la gran mayoría de los demás actores sociales, con reducida presencia y limitados recursos económicos, financieros y tecnológicos. 
 

3.4. La política del gobierno central de reducción de las cargas sociales, como estímulo a la creación de empleo

Una de las excepciones a la vigencia absoluta de un mercado no interferido por el accionar estatal es la política, adoptada por el gobierno nacional, de reducción de los aportes patronales que deben abonar las empresas para financiar el sistema previsional y el Fondo Nacional del Empleo, bajo el argumento de estimular la creación del mismo. La hipótesis explícita en que se basa esta política afirma que cuando las empresas ven reducidas las cargas sociales sobre el plantel laboral que poseen, van a estar más dispuestas a contratar fuerza de trabajo, pues tal disminución del costo se convertirá en un aliciente. La estrategia oficial estableció un esquema de progresiva eliminación de los respectivos aportes patronales para favorecer más acentuadamente con tal política de aliento a las provincias más rezagadas. Esta política ha resultado, hasta el momento, totalmente infructuosa en términos de su objetivo manifiesto, cual es la creación de nuevas fuentes de trabajo. Por ejemplo, el Estado nacional ha dejado de percibir 3.500 millones de pesos en 1996 y se ha acrecentado la desocupación, la subocupación y el trabajo precario. Lo que en verdad ocurrió es que la sociedad en su conjunto, por intermedio de los dineros públicos que administra el Estado central, ha permitido a las empresas favorecidas incrementar sus beneficios en la cifra citada, sin satisfacer el objetivo para el cual esta franquicia impositiva fue creada. En otras palabras, se ha pagado un fuerte subsidio a las empresas a cambio de un notorio incumplimiento de las premisas en que se basó la aplicación de esta medida excepcional. Ella, a más de ser inoperante y altamente gravosa para el fisco nacional, es una evidente comprobación de que el intervencionismo estatal sigue en pie, siempre y cuando se utilice para favorecer al sector empresarial y, por el contrario, se reprueba con duros calificativos todo intento de imponer criterios de regulación en favor de los eslabones más débiles de la trama productiva. 
  

3.5. La desaparición de la banca provincial y el debilitamiento de las PYME frente al crédito bancario

El conjunto de las exigencias contenidas en el reajuste del Pacto Federal establece que, entre los requisitos para que las provincias puedan acceder al apoyo financiero para el necesario ordenamiento de sus respectivas administraciones públicas, es preciso privatizar la institución bancaria de propiedad estatal. Esta condición, impuesta desde el Gobierno nacional, encuentra a la gran mayoría de los bancos provinciales de capital público en una situación financiera angustiosa, por varias causas. En primer lugar, los citados bancos debieron ser verdaderas instituciones de fomento a las actividades productivas locales, en especial para aquellas que no podían acceder a las estructuras financieras privadas habituadas a operar con empresas medianas y grandes. Pero no siempre cumplieron ese rol, pues actuaron como un mecanismo más en el proceso de apuntalamiento del Estado clientelístico, favorecedor de intereses empresariales cercanos a las elites gobernantes de turno. En los años más recientes, dadas las extremas dificultades que afrontaron muchas empresas radicadas en provincias debido a la competencia externa, a las muy elevadas tasas de interés y a los requisitos exigidos por la banca privada -que es o era de propiedad de los estados provinciales-, ésta resultó una vía alternativa apetecible y muy utilizada, pero la persistencia de la situación crítica en las economías locales y la recesión del bienio 94-96 complicó la situación de las carteras crediticias, con altos índices de mora e incobrabilidad.

En segundo lugar, los bancos siempre manejaron los recursos financieros de los gobiernos provinciales. La crisis derivada del Ajuste Estructural, que afectó las finanzas de la gran mayoría de las provincias, supuso que se utilizara la banca provincial estatal para que sirviese de oferente de recursos a los respectivos gobiernos como una estrategia de salvataje en la emergencia. La persistencia de esta política llevó a un creciente endeudamiento, no recuperable, de las haciendas provinciales con sus respectivos bancos públicos, afectando la disponibilidad de sus recursos para los fines que debieron haber cumplido. Finalmente, estas instituciones bancarias también jugaron el rol de receptores de nombramientos de personal por motivos de clientelismo y apoyo electoral, lo que significó un muy elevado nivel de los planteles laborales en muchos bancos provinciales, junto con un abultado costo operativo.

Las razones antedichas desmejoraron progresivamente el perfil de los bancos estatales provinciales y, al momento del compromiso Nación-provincias para su generalizada privatización (con excepción de los bancos Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires), habían dejado de ser herramientas valiosas para el fomento del desarrollo económico local. En cambio, se convirtieron en gravosas cargas para el erario de cada provincia por los déficit que provocaban y la incapacidad operativa que los afectaba.

El paulatino pero irreversible proceso de privatización a que hoy están sometidos deja sin banca de fomento a las estructuras productivas provinciales más necesitadas, bajo el pretexto de que la permanencia de tales instituciones en la órbita estatal las hace inmanejables. Sin embargo, hasta ahora no se han propuesto soluciones opcionales para una necesidad imperiosa de las postergadas economías productivas de las provincias del interior y, sobre todo, para sostener la exigencia de reconversión de los sectores sociales de más débil inserción en el aparato productivo. 
  

3.6. Las políticas promocionales de aliento a la producción

Esta es una cuestión de larga data, que comienza a poseer legislación normativa cuando se cierra la década de los años 50 y que tuvo importantes iniciativas en marcha, a la vez que fuertes cuestionamientos por su ineficiencia, ineficacia y alto costo para el conjunto de la sociedad. El análisis de las medidas promocionales que se pusieron en ejecución en los últimos cuarenta años, con experiencias que todavía están vigentes, nos permite alcanzar estas conclusiones generales:

a) El sistema de promoción regional nunca se basó en una estrategia de desarrollo de las regiones más rezagadas del país, articulada a un proyecto de desarrollo nacional que otorgara una garantía efectiva de beneficios hacia los sectores sociales de menor poder de negociación y capacidad de acumulación. Quizás una excepción a esta regla general, aunque de cumplimiento sólo parcial, fue el conjunto de beneficios impositivos, aduaneros y crediticios que acompañaron las iniciativas económicas encuadradas en el modelo "desarrollista", que marcaron el inicio de esta estrategia de apoyo a la radicación de actividades productivas en el interior y jalonaron una etapa de fuerte expansión de proyectos de envergadura en el área del desarrollo industrial de las ramas pesada y semipesada. Ello tuvo lugar entre 1958 y 1961, manifestándose en una serie de leyes, decretos y resoluciones que alentaban la radicación de ramas productivas previamente inexistentes en el escenario industrial argentino: industria automotriz, química, petroquímica, papel, metalmecánica, etc. Es decir, el intento desarrollista, que supuso alentar inversiones que pudiesen completar el ciclo industrial fronteras adentro, con elevadas barreras proteccionistas, se enmarcó en una propuesta de desarrollo económico y gozó del instrumental adecuado para que los eventuales inversores se favoreciesen con tasas de ganancia muy atractivas, dadas las reducciones de costos y/o los beneficios adicionales obtenidos.

Posteriormente, las iniciativas orientadas a la promoción de las regiones extrapampeanas fueron aisladas, se establecieron fuera de todo contexto global de planificación del desarrollo y, en general, tuvieron beneficiarios específicos, fácilmente identificables con nombre y apellido, abarcando períodos limitados con frecuentes cambios de estrategia y contenido de las disposiciones instrumentadas. Estos beneficios, como la promoción fueguina o la amparada por los decretos referidos a las franquicias otorgadas a las cuatro provincias incluidas en las Actas de Reparación Histórica, fueron y son normas dirigidas a actores económicos concretos: grandes corporaciones multinacionales o grupos económicos locales. Los beneficios brindados no sirvieron más que para acrecentar la tasa de ganancia de tales conglomerados, sin formular ningún tipo de disposición o requisito para que los impactos de tales radicaciones tuvieran efectos o repercusiones sobre el resto del aparato productivo local o sobre el empleo estable.

b) Los costos sociales, o sea la transferencia de ingresos desde el Estado hacia las empresas favorecidas, resultó muy elevado y para nada justificatorio del volumen e impacto de las inversiones realizadas. Estudios objetivos llevados adelante durante la década de los años 80 mostraron, con gran profusión de datos y análisis, el elevado costo social de estas políticas -en especial las instrumentadas desde fines de los años 70-, que no hicieron otra cosa que incrementar las ganancias de poderosos grupos nacionales o multinacionales que, en muchos casos, interrumpieron luego su ciclo inversor o generaron una muy limitada capacidad de entrelazamientos o encadenamientos hacia atrás o hacia adelante, actuando entonces como verdaderos "enclaves" productivos en las áreas promovidas.

Estas dos consideraciones marcan una estrategia de promoción regional inadecuada, altamente gravosa para el conjunto de la sociedad, inefectiva en términos de sus objetivos, desvinculada de todo programa integral de apoyo a las economías regionales y orientada, en gran medida, a satisfacer la voracidad de los "amigos del poder". La ley 20.560 de Promoción Regional, sancionada por el Parlamento en 1973, hubiera sido un excelente instrumento en la dirección que apuntamos, pero nunca fue realmente implementada y la Dictadura Militar terminó por derogarla.

Una estrategia de desarrollo regional que incluya normas de apoyo a experiencias productivas impulsadas por actores locales, identificadas con un proyecto integral de puesta en valor de los recursos productivos, que impulse una expansión genuina y estable de la fuerza de trabajo y que se corresponda con un proyecto a escala nacional, necesita de una Ley de Promoción con principios similares a los de 1973 y que se ajuste a las condiciones antedichas. 

4. Conclusiones

El proceso económico-social reciente, que marcó el ritmo de la evolución de las economías regionales extrapampeanas, estuvo signado por las siguientes características:

1. Un generalizado deterioro de las estructuras productivas y laborales afectadas por las estrategias contenidas en el Plan Económico de Ajuste Estructural, a saber: i) reforma del Estado, ii) apertura externa salvaje e irrestricta, iii) crédito inaccesible y de muy elevado costo para las pequeñas y medianas empresas, iv) reducción del mercado interno debido a la contracción del salario real y la creciente desocupación, y v) desregulación estatal que retiró al sector público como compensador de las diferencias estructurales de quienes operan en el mercado. El Ajuste del Plan de Convertibilidad tuvo particular impacto negativo sobre el comportamiento de la mayoría de los agentes sociales regionales, dada su histórica vocación de atender la demanda del mercado interno.
2. El cuadro anteriormente descrito se asentó sobre un proceso histórico de crecimiento que arrastra profundas desigualdades de tipo estructural, como el acceso no resuelto de muchos productores rurales a la propiedad de la tierra, la cadena comercializadora que opera en perjuicio de los más débiles en el proceso de producción, la generalizada presencia del minifundio en la producción agraria y que impide la capitalización y adecuación a las nuevas exigencias de competitividad, y un sistema crediticio incapaz de apoyar a quienes más requieren un respaldo a sus objetivos de reconversión asistida. La presencia de fuertes conglomerados monopsónicos u oligopsónicos imponen precios y condiciones de comercialización que, desde tiempo atrás, transfieren ingresos desde los agentes económicos con menos poder negociador hacia quienes controlan los respectivos mercados. Estos fenómenos no solamente persisten hoy en día, sino que la estrategia central del Plan de Convertibilidad los potencia, ante la ausencia sistemática del Estado para enfrentarlos y hacerlos desaparecer.
3. La polarización económica y social producto del proceso de modernización productiva, de la concentración progresiva del capital y de la presencia de grupos económicos con orientación exportadora en el liderazgo absoluto de la reestructuración, frente a la creciente exclusión de los mayoritarios sectores sociales. En esta dinámica de acumulación de signo regresivo, lo que la modernización crea como nuevas actividades y puestos de trabajo adicionales no compensa la destrucción de plazas laborales originadas en la expulsión, y desplaza a actores sociales del mercado con el consiguiente costo en términos de mayor pobreza urbana y más acentuada regresividad en la distribución del ingreso.
4. Como resultado de la aplicación de la política económica y social de Ajuste Estructural sobre los sectores sociales de las regiones extrapampeanas, surgen algunas consecuencias que agravan el cuadro. Primero, se ha acumulado un gravoso pasivo del sector agrario que es impagable y puede desembocar en un proceso generalizado de reclamos judiciales, con la liquidación de las unidades económicas altamente endeudadas. Luego, los gobiernos provinciales han ido produciendo ajustes en sus estructuras administrativas, que en general tienden a reducir sueldos antes que a despedir trabajadores. Finalmente, los procesos de reconversión y privatización de empresas estatales productoras de bienes han supuesto la desaparición de numerosas fuentes laborales en áreas geográficas con escasas alternativas abiertas para reincorporarse al mercado de trabajo. Por lo general, tal reinserción nunca tuvo lugar y ello generó, en numerosos núcleos urbanos del país asociados a tales emprendimientos, problemas de desempleo estructural que aún no se resuelven (El caso SOMISA-San Nicolás es paradigmático) (3).
Estos últimos dos fenómenos han contribuido a reducir el consumo local, impactando negativamente las actividades comerciales y de servicios de los centros urbanos afectados. Además, se ha generalizado el uso de bonos de financiamiento emitidos por los gobiernos provinciales para pagar deudas o salarios, que luego son descontados por los comercios locales con singulares descuentos, incidiendo sobre el ingreso real de los empleados públicos. Esta irregular práctica, que aún sigue en pie, abarca ahora a provincias que habían quedado a salvo de su puesta en ejecución y augura, para quienes en tales jurisdicciones dependen del sueldo estatal para su sobrevivencia, un horizonte de reducción de su ingreso real. A la vez, ello contribuye a disminuir la demanda efectiva en los ámbitos locales, donde la nómina salarial del sector público es fundamental. Las políticas promocionales que han quedado en pie son aisladas, desorganizadas, sin un hilo conductor que aliente la producción creadora de nuevas fuentes de trabajo y destinadas, en lo fundamental, a favorecer al segmento de la gran producción agroindustrial y minera.

Una conclusión final indica que, por formar parte de la sociedad argentina actual, los absolutamente mayoritarios residentes de las economías regionales no pampeanas sufren los embates de un Plan Económico regresivo, están afectados por desajustes históricos que no se intentan remover, padecen un proceso de reestructuración productiva que los daña en lugar de favorecerlos y carecen de un programa que aliente una salida a los problemas de deterioro productivo y creciente desempleo que los afecta. Urge, entonces, una política concertada, con la presencia protagónica del Estado y de los mismos agentes económicos urbanos y rurales hoy perjudicados, para comenzar a revertir el grave cuadro descrito.

Notas

(1) Los tres principales grupos económicos en Argentina.

(2) Se entiende por "ciruja" al recolector de basura callejera, que luego la comercializa por su cuenta. Esta actividad se ha convertido en fuente de sustento para decenas de miles de familias urbanas en los principales aglomerados del país. El "changarín" es un trabajador informal de muy baja calificación, que hace tareas ocasionales y que no posee continuidad ni especialización en su actividad laboral.

(3) Se trató de la privatización de la empresa industrial más grande del país, dedicada a la elaboración del acero en diversas modalidades, originariamente de propiedad de la Sección Fabril de las Fuerzas Armadas. En dicha privatización, se destinaron más de 160 millones de dólares para las indemnizaciones de 6.500 operarios sin una orientación para su reincorporación a un trabajo estable, quienes malgastaron tales recursos y quedaron, en su gran mayoría, desocupados.

* Director, Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), Buenos Aires, e Investigador Principal CONICET/CEUR/CEA/ UBA, Argentina. 
 

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Fuente: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71611997007000002

A consecuencia de todos los significados del régimen latifundista somos un país-continente ocupado de manera económica, territorial y represiva por el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales de ahí:

El sometimiento del pueblo mapuche

Tomás Moulian /Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2020

Cuando Chile logra su independencia y cuando el siglo XIX está bien avanzado se produce la ocupación. Las tropas chilenas dirigidas por Cornelio Saavedra se adentran en la zona. Lo hacen, con la excusa de someter a un pueblo insurrecto, pero en realidad es para permitir que colonos blancos, muchos de ellos extranjeros, se conviertan en propietarios de tierras donde vivían los mapuches desde tiempos ancestrales. Una operación de sometimiento.

El nuevo ministro del Interior del gobierno de Sebastian Piñera viajó los primeros días de agosto a La Araucanía.

Como era de esperar se produjeron manifestaciones de apoyo a los dirigentes mapuches presos, quienes realizan una larga huelga de hambre.

En un programa televisivo realizado durante la noche ese ministro hizo declaraciones en las que habla de la presencia en la zona de grupos armados vinculados con el narcotráfico.

Palabras desafortunadas de un político chileno sobre el pueblo mapuche. Pero no son las primeras ni las únicas. Hay una larga tradición de ese tipo de declaraciones, también en los gobiernos de la Concertación y aun mucho antes.

Con una cruel ironía Chile habla de pacificación de La Araucanía para referirse a la ocupación de las tierras mapuches.

Como si ese proceso, comenzado en la mitad de la década del cincuenta del siglo XIX, hubiese sido pacifico. En realidad fue una ocupación violenta de territorios donde habitaba un pueblo que los ocupaba desde antes de la llegada de los españoles.

Cuando Chile logra su independencia y cuando el siglo XIX está bien avanzado se produce la ocupación señalada. Las tropas chilenas dirigidas por Cornelio Saavedra se adentran en la zona.

Lo hacen, con la excusa de someter a un pueblo insurrecto, pero en realidad es para permitir que colonos blancos, muchos de ellos extranjeros, se conviertan en propietarios de tierras donde vivían los mapuches desde tiempos ancestrales. Una operación de sometimiento.

No hay nada en esta ocupación que recuerde los dichos de Ercilla, quien describe con admiración a ese pueblo. En vez del Arauco del poeta se trata de un pueblo esclavizado por sus conquistadores.

Esa fue, ha sido y es la suerte de esta etnia fundadora de Chile. Jose Bengoa, uno de los grandes estudiosos del pueblo mapuche, muestra la importancia para la formación del estado nacional de la existencia, hacia el sur, de una frontera de guerra.

Una frontera, cuya existencia aun hoy día, pone de manifiesto la política agresiva del estado chileno contra ese pueblo al que sometió y sigue sometiendo todavía.

La vos de los que sobran

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/10/nacion-mapuche-el-sometimiento-del-pueblo-mapuche/

 

 

Nos dice que ante “las patologías de este modelo productivo tóxico y saqueador" (...)“seguimos organizándonos, rebrotando todo aquello a lo que el agro-negocio le declaró la guerra, desde la trinchera que más le temen, volviendo a ser monte medicina, monte alimento, monte identidad, monte semilla, memoria adentro”. Pero descubramos la importancia del:

 

 

Conocimiento mapuche para frenar la conquista transgénica del desierto

 julio de 2020

Por Adrián Moyano

Agro-negocios, fumigaciones, monocultivos. Las políticas nacionales para el “campo” tienen su contrapeso en el saber ancestral del vínculo entre el ser humano y el territorio. Desde el corazón sojero del país, un mapuche advierte que “mientras soberanía alimentaria no signifique acceso a la tierra serán solo palabras para título de algún medio de prensa”.

Desvío Arijón queda en el corazón del país de la soja, pero Jeremías Chauque habla de kimün (conocimiento) y de otros conceptos mapuches para fundamentar su activismo por la soberanía alimentaria y necesariamente, contra el agro-negocio. Días antes de su charla con En estos días, el presidente Alberto Fernández había dicho ante empresarios estadounidenses: “la cosecha de este año es récord. Tenemos la oportunidad de desarrollar la agricultura alimentaria, hay que generar industria a partir de lo que cosechamos. El campo es un socio central para el desarrollo, la idea es que nos sentemos a diseñar un modelo posible para no parar de producir”. En el paraje santafesino donde vive Chauque saben muy bien de qué se trata esa continuidad.

Chauque también activa a través de la música: es guitarrista en la banda de Rubén Patagonia, su padre. La primera vez que este cronista habló con él fue como consecuencia de su transitoria detención, al oponerse corporalmente a una fumigación. “Ya pasaron 18 años desde que tomamos la decisión con mi compañera de regresar al campo, para permitirles a nuestros hijos e hijas reafirmar su linaje ancestral de y desde la tierra”, contextualizó. “El lugar que elegimos es un pequeño pueblito rural, costero y frutillero: Desvío Arijón, provincia de Santa Fe.  Pero el campo ya no es el campo”, resaltó.

Al establecerse, “las patologías de este modelo productivo tóxico y saqueador se repetían en cada charla con vecinos y vecinas del pueblo. Problemas de salud a nivel cutáneo, reproductivo, respiratorio, cardiovascular, neurológico, digestivo, cáncer o leucemia, se fueron trasformando también en la identidad del pueblo”, lamentó Chauque. “Nada es casual en los pueblos fumigados: la Campaña del Desierto en su formato transgénico, monocultivo y agro-tóxico, avanza desmontando, fumigando, empobreciendo social, productiva y culturalmente pueblos, suelos, ríos, montes y todo aquello que genere una mínima posibilidad de ponerse de pie y regenerar derechos”, describió.

Hace rato que dejó de tratarse de presunciones o simple sospechas. “A partir de 7.876 registros oficiales del SENASA entre 2011 y 2016, y gracias al compromiso de Fernando Cabaleiro, que logró hacer público estos datos, se confirmó la presencia de 82 agro-tóxicos distintos en todo tipo de frutas, verduras y oleaginosas”, ilustró el agricultor. “Solamente en la producción de frutilla se utiliza un combo mortal, más de 40 tipos de agro-tóxicos, además de fertilizantes sintéticos. La misma lógica de desprecio y explotación también la padecen los y las trabajadoras. En 2016 se hizo un relevamiento en Arroyo Leyes (Santa Fe), en el cual se detectó que el agua está contaminada con nitritos, nitratos y amonios, que son residuos directos de la fertilización sintética en campos fumigados”. ¿No parar de producir? ¿Qué cosa, Presidente?.

Concentración insólita

Ingrediente no menor, “el 60 por ciento de las tierras de la provincia se encuentra en manos del 0,06 por ciento de la población”, ilustró Chauque. “El último Censo Nacional Agropecuario data de 2018 e indicó que la principal oleaginosa fue la soja”, pero “no es una producción, es la invasión. Un agro-genocidio con un aparato represivo de combos mortales: herbicidas, bactericidas, nematicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes sintéticos” y demás, enumeró.

Ante la vocación que cada vez exterioriza más el Gobierno nacional, el campesino mapuche fue claro: “En tiempos en que las pandemias están ligadas profundamente a modelos productivos agroindustriales, fracking, minería y demás extractivismos, profundizarlos sólo es una manera más de acortar la cadena. Es la incapacidad de las políticas que de rodillas, reclaman su parte de limosna, dejando atrás cualquier avance y debate de lo que significan soberanía y seguridad alimentaria para nuestros pueblos”, cuestionó.

Ante la transversalidad inocultable del modelo, “seguimos organizándonos, rebrotando todo aquello a lo que el agro-negocio le declaró la guerra, desde la trinchera que más le temen, volviendo a ser monte medicina, monte alimento, monte identidad, monte semilla, memoria adentro”.

Chauque forma parte de ¡Desvío a la Raíz! Agricultura Ancestral, organización campesina indígena de la que participan más de 45 familias. “Además de denunciar y erradicar las fumigaciones terrestres y aéreas del pueblo, abastecemos desde los patios, baldíos, vías ferroviarias, desde territorios recuperados para la producción campesina, sin agro-tóxicos, a más de 300 familias de diversas ciudades y pueblos con alimentos sin patrones, con sabor y color a dignidad, a derecho y a cultura”.

¡Desvío a la Raíz! forma parte de la Red Provincial de Agricultura Ancestral. “Estamos llevando adelante el Área de Agricultura Social de la CTA de Santa Fe, participamos en instancias colectivas como el Foro Agrario Soberano y Popular o el Agri Salud 2030, y fundamos junto a otras organizaciones, la Campaña Paren de Fumigarnos y la Marcha Plurinacional de los Barbijos. También estamos trabajando junto a la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra) y el diputado (provincial) Leandro Busatto un proyecto de Ley llamado EPAS (Espacios de Producción Ambiente y Sociedad) porque entendemos que debemos ser protagonistas en esta disputa con el agro-negocio, acompañar políticas que nos permitan discutir y debatir qué modelos productivos queremos para nuestros pueblos y combatir las que nada tengan que ver con el urgente desafío de labrar semilla en mano, nuestro propio destino”.

¿Soberanía alimentaria?

Cuando el gobierno nacional decidió intervenir en la situación de Vicentín, invocó un concepto muy caro a las organizaciones campesinas e indígenas. “El agro-negocio y el capitalismo en sí, son profesionales de la confusión, por eso no dudan en robarnos palabras y conceptos, por ejemplo, agricultura”, expresó Chauque. “Tenemos que salir a inventar nombres para hablar de cosas que son antiguas, como agroecología, para intentar reflejar lo que fuimos y lo que queremos volver a ser, conectándonos con nuestro origen, donde palabras como rakizuam (pensamiento) o kimün pueden tendernos mil puentes, llevarnos a muchos lugares. El agro-negocio y el capitalismo lo tienen claro, por eso nos roban esas palabras”.

Sin embargo, ante el horizonte que se abrió con la decisión gubernamental, “creemos que también tenemos que participar de esos debates y esas disputas, debatir por qué avanzar sobre riñones del agro-negocio como Vicentín, porque los pueblos deben tomar la decisión y el protagonismo en esos avances para que no queden solamente en puestas en escena”, resaltó.

Para Chauque, “es un momento estratégico para debatir y tomar posición y para seguir avanzando hacia un concepto, como soberanía alimentaria, que se transforme en la semilla de las futuras generaciones. Eso está ocurriendo”, observó.

Hay razones para cierto optimismo. “La realidad es que hoy, por ejemplo, la provincia de Santa Fe se manifiesta desde los pueblos fumigados y las organizaciones campesinas e indígenas, como la nuestra. Salimos a disputar, a recuperar esos conceptos y a ponerlos en el lugar que deben estar, para seguir avanzando hacia ese momento en el que podamos concretar colectivamente modelos productivos que nos permitan cosechar alimentos para los pueblos y además, soberanía alimentaria, dignidad, derechos, salud y cultura”, proclamó Chaque. Lejos quizá del territorio mapuche, pero enancado en sus fundamentos.

enestosdias.com.ar

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/07/31/conocimiento-mapuche-para-frenar-la-conquista-transgenica-del-desierto/

 

Concentración y centralización capitalista

 

Pensemos que, como a todos los pueblos del Abya Yala, el sistema capitalista nos condenó a ser países empobrecidos y desestructurados, deformados para el progreso de las naciones "desarrolladas" así apreciadas en contraste con quienes componemos les diverses de abajo de cada país de América Latina y el Caribe. Nos evalúan como de una raza inferior y nuestras culturas nativas requieren de la civilización europea para ingresar en la modernidad. De ahí que artistas y científicos adquieran, con frecuencia, renombre cuando son reconocidos en las potencias.

 

Poner fin a este sometimiento nos exige hacer posible que una creciente mayoría de nosotres deje de estar en conciliación con (o naturalice) la violencia de expropiación de los bienes comunes naturales comenzando por las tierras rurales y urbanas; también las montañas y las selvas, etc.. El sistema mundo capitalista hoy ha maximizado el acaparamiento oligopólico de las condiciones de vida y trabajo de la humanidad. Aún peor destruye todos los ecosistemas arrasando milenios de coevoluciones que han adquirido la estabilidad dinámica de las adaptaciones mutuas. Amenaza así de extinción a las vidas planetarias. Nos urge, entonces, que ese ¡basta! mayoritario a la normalidad prepandemia y a su exacerbación postpandemia posea rumbos emancipatorios no modelos programáticos acabados a seguir ni inventos intelectuales.

 

Sobre lo último Roland Denis aclara: La palabra en todo caso la tienen los pueblos que insurgen en su momento histórico como los kurdos en este caso, o los zapatistas y la Sexta declaración de Lacandona. Esas son tesis mucho mas interesantes y universales porque se gestan desde pueblos que rompen un orden, destrozan sus lógicas materiales y culturales de dominio y forjan una realidad nueva en plena lucha. Allí si hay mucho que aprender. Eso sí tiene todo el sentido del mundo estudiarlo y asumirlo, mas no estas pedanterías intelectuales que le venden la salvación al mundo.

Entrevista a Roland Denis sobre la situación política venezolana

«Chávez no se atrevió a hacer lo que tenía que hacerse entre el 2002 y el 2003»

4 de junio de 2015

Por Salvador López Arnal (Rebelión)

Luchador popular revolucionario de larga trayectoria en la izquierda venezolana, Roland Denis se graduó en Filosofía en la UCV y fue viceministro de Planificación y Desarrollo entre 2002 y 2003. En los años 80s militó en el Movimiento La Desobediencia y luego en el Proyecto Nuestramérica /Movimiento 13 de Abril. Es autor de, entre otros, Los Fabricantes de la Rebelión (2001) y Las Tres Repúblicas (2012). Actualmente participa en la organización de las «Asambleas de Militantes» centrada en el apoyo a la construcción de los territorios de «Gobierno Popular».

***

Le quiero preguntar por la actual situación política venezolana. Antes, si me lo permite, me gustaría iniciar nuestra conversación por algunas nociones previas y centrales. ¿Qué es, qué debemos entender por revolución bolivariana?

La revolución bolivariana es esencialmente una revolución popular-democrática, fruto de la rebelión popular que comienza a mediados de los años ochenta y se extiende hasta comienzos de los noventa con las insurrecciones militares y populares que se dieron entre el 92 y el 93. Esa fase rebelde creó las condiciones para generar un movimiento unitario dentro de los sectores organizados en la base del pueblo, hasta extenderse a toda la sociedad pobre. En medio de todo ese proceso inicial se fue armando el primer ideario revolucionario ligado a la idea de justicia social, refundación nacional, proceso popular constituyente, soberanía nacional y nuestramericana, y poder popular. Más adelante ella concluye su fase de radicalización liderizada por Hugo Chávez hacia las posiciones antimperialistas y socialistas en el 2005. Sin embargo, desde ese mismo año y a pesar del radicalismo de las ideas, una casta burocrática y militar muy corrupta se fue adueñando de los mandos políticos y estatales, revirtiendo gran parte de los contenidos democráticos y libertarios originales, hasta crear una suerte de autocracia política que aprovechó el apoyo que le dio el mismo comandante Chávez. Esto fue generando lo que hemos llamado un modelo de república corporativa-burocrática confrontada con la república autogobernante que se ha creado en la base, y por supuesto la república neoliberal impulsada por la derecha. La historia sigue sobre la confrontación de estos tres grandes polos de fuerza.

Desgraciadamente en los últimos tres años, la apropiación descarada de la renta petrolera por parte de los sectores transnacionales, monopólicos, financieros, con la anuencia de esta casta corrupta, ha llevado hasta el desastre la situación. Es un verdadero desfalco nacional para lo cual han utilizado los mecanismos secretos y burocráticos del control de cambio, mas toda una política financiera del estado dirigida a favorecer exclusivamente al sector bancario y oligárquico, con lo cual han llegado a apropiarse de cerca de 300 mil millones de dólares, por fuga de capitales, deuda interna, etc. Algo bestial y vomitable pero que a estas alturas con una industria por el suelo, con una hiperinflación que genera un empobrecimiento galopante, todo ello está generando las condiciones para que la derecha y la vieja burguesía se apropien del poder de nuevo. La revolución, si algo han tenido estos años de ella, está en una situación realmente crítica, y en corto plazo no se ve la posibilidad de la resurrección de una vanguardia colectiva que ponga freno a este despeñadero, mucho menos una disposición política de parte de Nicolás Maduro para liderizar el revuelo político necesario que ponga coto al desastre .

Desde 2005 dice usted, «y a pesar del radicalismo de las ideas, una casta burocrática y militar muy corrupta se fue adueñando de los mandos políticos y estatales, revirtiendo gran parte de los contenidos democráticos y libertarios originales, hasta crear una suerte de autocracia política que aprovechó el apoyo que le dio el mismo comandante Chávez». ¿Y por qué apoyó el comandante Chávez esa autocracia política? ¿Perdió el pulso político, se confundió de arriba abajo, confió en quien no debía confiar, traicionó la revolución si me permite la expresión?

Por qué apoyó esa casta burocrática tan corrupta y por qué no quiso nunca aceptar que así lo era, al menos abiertamente, son hechos cuyas explicaciones nunca son suficientes. Hay evidentemente una razón muy subjetiva de parte de Chávez. Venido de un mundo tan cerrado y corporativo como el militar, idealizó sin duda ese componente que se puso a su lado sobre todo después del golpe del 2002. Luego eso tiene que ver con el «bonapartismo» o «caudillismo» (algo que siempre le molestó mucho que le dijeran) de su propio liderazgo, algo que por su naturaleza lo impulsaba a establecer una relación de mando con su entorno cada vez más vertical -es la psicosis paranoica que se crea en líder máximo- que no acepta la delegación, el mando colectivo, la crítica y la autocrítica sino lealtades incondicionales. Es el terreno perfecto para el oportunista, y para que se afiancen las lógicas burocráticas y autocráticas de mando. Después de ello viene la corrupción, la cajas negras respecto al uso de los recursos, la plaga bancaria, financiera, negociantes y amigos rodeando estos personajes, etc.

Esta es una situación que se extendió a todo el movimiento popular que se fue mimetizando con esa conducta del silencio y la incondicionalidad de una manera bárbara (la ilusión del pobre que le da siempre la razón al buen padre que ama). Por otro lado, tenemos un Estado -y una sociedad que domina- acostumbrada culturalmente a ese comportamiento de las castas políticas. Algo que viene desde nuestra independencia y se acrecienta mucho más con la aparición del petróleo. El estado no es solo un mando colectivo de la burguesía, es una estructura «mágica» como decía Cabrujas, que todo lo define, y todo lo es ilusoriamente, y alrededor del cual individuos y familias, por miles y miles, viven de sus frutos de poder y riqueza.

Eso es una cultura consolidada que erosionó por todos sus costados el mando revolucionario. No tuvimos antibióticos frente a ella.

Y por último, para mí lo más importante, Chávez no se atrevió a hacer lo que tenía que hacerse entre el 2002 y el 2003. Radicalizó su discurso, se hicieron muchas expropiaciones,… Efectivamente, pero los nudos centrales de dominio burocrático, militar y oligárquico no los tocó, en PDVSA la cosa más bien se empeoró terriblemente hasta hoy.

El movimiento obrero y popular que se lanzó a cambiar las cosas de verdad con respecto a la tierra y la industria (bases de una nueva sociedad) fue en gran parte aplastado por la imposición de mandos ferozmente corruptos en todas las empresas y tierras que se tomaron o se invirtieron en ellas cuando eran proyectos nuevos hasta destrozar en una inmensa proporción esta experiencia clave. Allí Chávez tiene una gran responsabilidad y, por supuesto, el tren ministerial que lo acompañaba. Su miedo a la «anarquía» acabo con gran parte de la base productiva revolucionaria. Añádele esa estupidez monetarista, estatista y reformista del control de cambio todos estos años, más las dádivas delictivas financieras a la banca y se entienden muchas cosas.

Eso lo reconoció de alguna manera al final de su vida. Estoy seguro, que esta fue una situación, subjetiva y objetivamente, que se fue haciendo tan terrible para Chávez, que no sé si por fin algún comando demoníaco imperial le indujo el cáncer o no, pero en todo caso la neurosis creciente, la psicosis paranoica que fue creando en él todo este cuadro ayudó en gran parte a desarrollar el cáncer y matarlo.

Habla usted también de la apropiación de la renta petrolera por parte de sectores transnacionales, monopólicos, financieros, con la anuencia de esta casta corrupta. ¿Nos puede documentar esa afirmación? ¿A qué sectores transnacionales está haciendo referencia? ¿Quiénes integran esa casta corrupta a la que hace referencia?

Los datos concretos de todo ese inmenso desfalco están ahora a la vista con las exposiciones que se han hecho de la comisión de Auditoría Pública y Ciudadana que se conformó este fin de semana. Creo que los datos respecto a la fuga de capitales, la manipulación de la deuda, el desvío de recursos, sector por sector, están puestas en Aporrea, por el informe inicial de esta comisión.

Por supuesto faltan muchas cosas por investigar. Por ejemplo, lo que ha pasado con los bonos soberanos, el uso del Fondo Chino, el Fonden que fue la caja chica y secreta del gobierno hasta que lo quebraron por completo junto a PDVSA. Las empresas que mas han recibido dólares allí están: General Motors, Sidor, Polar, farmacéuticas, caucheras, Colgate, Toyota, el reino de consecomercio,… pero no se sabe nada aún de las empresas de maletín y me temo que esa información la desaparecieron.

Lo que ha pasado con la gigantesca corrupción en Corpoelec, CANTV, la Misión Vivienda, los monopolios internos de alimentos y los grandes «chivos» de este negocio ligados al ministerio de alimentación. Estaremos décadas con la lengua afuera descubriendo más y más datos de este desfalco descomunal.

Y si me preguntas por los personajes concretos de esta casta…

Le pregunto, le pregunto.

No son cuatro o cinco, son centenares que a su vez han creado sus propias redes de colaboradores y testaferros. Debe haber alguno que se salve pero todos los gobernadores chavistas obviamente que están en la lista. Una gran parte de los que han pasado por los mandos mayores militares y el ministerio de la defensa, con sus trifulcas internas pero siempre muy parejos con dirigentes como Diosdado Cabello. Suma los que han manejado el Seniat (impuestos) desde Vielma Mora hasta David Cabello, hermano de Diosdado. A ministros como Osorio que han manejado el componente de la alimentación, o Elias Jaua el de tierras hoy en baja. Suma los directorios del BCV, particularmente personajes como Nelson Merentes. Todos los directos desde que se formó Cadivi oficinas que han manejado el control de cambio, especialmente personajes como Barroso. Toda la dirección de PDVSA y en articular el indescriptible Ramírez y las redes de corrupción, tráfico y contrabando de combustibles, empresas de maletín contratistas, etc, que se generaron con su administración. La mayoría si no todos los gerentes de las empresas básicas de Guayana. Los que han pasado por la corporación de alimentos que ya no recuerdo su nombre. Pero allí también hay que sumar lo que ha pasado con las aseguradoras estatizadas, o negocios de este tipo ligados a personajes de la Fiscalía General, Los tribunales principales y el Tribunal Supremo.

Cualquier militante de base y funcionarios comprometidos en cualquier lado de Venezuela hoy en día con todas sus rabias podría darte más y más datos, es el pan de todos los días para uno. La casta corrupta es ya una protoburguesía que tiene el gobierno prácticamente en sus manos, muy enriquecida, con muchos capitales afuera, integrada totalmente al fuero nacional y transnacional del capital .

No es cualquier cosa lo que acaba de decir. Cambio de tema pero sigo dentro de estas preguntas básicas. Cuando hablamos del socialismo del siglo XXI, ¿de qué estamos hablando exactamente?

Personalmente nunca entendí de qué se trataba el bendito socialismo del siglo XXI inventado por Heinz Dietrich. Una combinación o cocktel extravagante entre mercado, estado, socialización, ecología y democracia, por lo visto. De todas formas esas son tesis creadas por cabezas intelectuales aisladas que tienen la suerte de ser secundadas y asumidas en algún momento por la pasión de un líder como Chávez. Pero no hacen parte de una verdad colectiva que se va fraguando en la lucha y dentro de la razón y el pensamiento colectivo. Yo personalmente no creo en inventos revolucionarios de maletín a la venta del público, tengan o no éxito en el mercado político e ideológico. Por ello se trata de una propuesta que para mí no supone nada.

Pero el mismo Hugo Chávez, salvo error por mi parte, habló del socialismo del siglo XXI. Incluso aquí, en Europa, hay colectivos que han tomado esa denominación.

Por supuesto, la premisa ideológica del socialismo del siglo XXI hizo mucha alaraca nacional y luego internacional. Chávez se entusiasmó con ella, queriéndola tomar como síntesis de su propuesta, y luego no sabía cómo explicarla en síntesis porque no son más que discursos sobre discursos, sin piel ni alma colectiva. Eso es un absurdo y una gran equivocación, ya que la revolución socialista o directamente comunista, planteada desde hace mas de siglo y medio, no trae consigo modelos programáticos acabados, Marx se cansó de reafirmarlo.

Yo me preguntaría ¿por qué esta tesis del socialismo del siglo XXI y no el «confederalismo democrático» plateado por la revolución kurda en Turquía y Rojava?. ¿Quiénes tienen la última palabra?. La palabra en todo caso la tienen los pueblos que insurgen en su momento histórico como los kurdos en este caso, o los zapatistas y la Sexta declaración de Lacandona. Esas son tesis mucho mas interesantes y universales porque se gestan desde pueblos que rompen un orden, destrozan sus lógicas materiales y culturales de dominio y forjan una realidad nueva en plena lucha. Allí si hay mucho que aprender. Eso sí tiene todo el sentido del mundo estudiarlo y asumirlo, mas no estas pedanterías intelectuales que le venden la salvación al mundo. (...)

Fuente: https://rebelion.org/chavez-no-se-atrevio-a-hacer-lo-que-tenia-que-hacerse-entre-el-2002-y-el-2003/

 

Subrayemos que las ideas de los cambios estructurales a realizar para el viraje desde los privilegios del bloque dominante hacia la atención a necesidades e intereses de los pueblos no pueden ser apropiadas, mediadas (o delegadas en) por un partido político, el Estado, las burocracias...

 

También los gobiernos progresistas en su identificación plena con los extractivismos, menospreciaron y avasallaron a los pueblos originarios que son protagonistas fundamentales e ineludibles de las transformaciones radicales a realizar para encaminar los buenos vivires convivires  en el abajo sin fronteras ni muros capitalistas.

 

 

¿Revertir los logros constitucionales de los pueblos indígenas? Constituyente y re-colonización indígena: una respuesta a Luis Britto García

11 de agosto de 2017

 

Emiliano Teran Mantovani* y Francisco Javier Velasco Páez**

Hace algunos días, el reconocido intelectual venezolano Luis Britto García publicó el artículo Constitución y Unidad Nacional’ 23 de julio, en el cual ofrecía su visión sobre la cuestión indígena en Venezuela, y su relación con el Estado, el territorio y los llamados “recursos naturales”. Vemos con mucha preocupación este artículo por sus implicaciones, que van más allá de lo teórico, en la medida en la que plantea una serie de sospechas sobre los pueblos indígenas del país y el sentido de la lucha por sus derechos y territorios, asomando subrepticiamente una eventual criminalización de los mismos. Este planteamiento se produce en un contexto de políticas progresivas de flexibilización económica, relanzamiento e impulso de numerosos proyectos extractivistas, crecientes presiones del capital transnacional y cambios constitucionales en puerta.

En el texto, Britto García plantea que existe una estrecha identidad entre las reivindicaciones de los pueblos originarios en toda América Latina, y diversos organismos de asistencia e intervención estadounidense (como el Indian Law Resource Center), que en teoría persiguen consolidar la autonomía de estos pueblos sobre sus territorios. A lo largo del artículo, el autor presenta casos en los que señala que las estrategias de movimientos indígenas latinoamericanos son tuteladas y dirigidas desde Washington, como sería el caso de los misquitos en Nicaragua, los mayas de Belice, los yanomami en la Amazonía y grupos similares en Ecuador. Su conclusión apunta a una generalización en la cual indica que “gran parte” de estos movimientos en toda la región estarían entonces bajo el paraguas de los financiamientos de los EEUU, siendo instrumentos pasivos para favorecer al imperialismo con el objetivo de afectar la soberanía y unidad de los Estados Nacionales y apropiarse de los recursos naturales de nuestros países.

Inspirado en esta sospecha, Luis Britto cuestiona la categorización de “pueblo” que la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV) le asigna a los indígenas debido a que supuestamente en los artículos 119 al 126, se le otorgarían a éstos derechos distintos y superiores respecto al resto de la población venezolana y se sentarían las bases para constituir numerosos Estados distintos del venezolano. En este sentido, el autor propone bajar de rango valorativo a los pueblos originarios, denominándolos ahora solo como ‘comunidades’, al tiempo que sugiere se deje de usar el concepto de ‘tierras’ para hablar solo de ‘habitats’. Queda también claramente cuestionado para Britto el hecho que el Estado tenga que realizar consultas previas e informadas a los indígenas para poder ejecutar el aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación.

A nuestro juicio estos planteamientos están descontextualizados y son tendenciosos y miopes. En primer lugar, es falso que el reconocimiento de la existencia de diversos pueblos (en plural) en la Nación venezolana, dé cabida a supuestos derechos “superiores” de los indígenas y allane el camino a la posibilidad jurídica de afectación de la integridad territorial, debido a que la CRBV es bastante clara en su Artículo 126:

“Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional” (subrayado nuestro).

Si se revisa el conjunto de artículos del Capítulo VIII ‘De los derechos de los pueblos indígenas’, y se hace además hincapié en la explicita delimitación y aclaración que plantea el artículo 126, no queda claro en qué medida éstos supuestamente amenazarían la unidad de la nación.

En segundo lugar, los reclamos a una supuesta amenaza indígena tienen cierto toque de cinismo en la medida en la que, en la realidad concreta, estos derechos consagrados han sido sistemáticamente violados y son realmente escasas las conquistas que se han obtenido hasta la fecha. Más aún, no pocos problemas y conflictos se han suscitado en lo que concierne a la demarcación de tierras comunales, la consolidación de asentamientos y la ausencia de consultas previas. Luchas como la de los yukpas, liderada por Sabino Romero al precio de su vida; los actuales reclamos de diferentes pueblos indígenas de los estados Bolívar y Amazonas por la carencia de consultas para la realización del proyecto del Arco Minero del Orinoco, y por la urgencia de políticas efectivas contra el flagelo de la minería ilegal, son algunos ejemplos de los desmanes cometidos en contra de los derechos de los pobladores originarios venezolanos. De nada sirve preocuparse por “la actitud del gobierno estadounidense hacia los indígenas en su propio territorio”, si se escribe un artículo haciendo completo mutis en lo que respecta al drama de nuestros propios indígenas.

Así que, en vez de inquietarse por lo que establecen unos artículos que no se han cumplido, el profesor Britto García debería denunciar el incumplimiento de los mismos, debería investigar cuáles son las presiones que han obstaculizado su respeto fiel, para terminar perpetuando la situación de injusticia social y ambiental que secularmente ha afectado a los pobladores originarios.

La contracara del problema planteado por Britto, que no es reflejada en su artículo, es el marco histórico de expoliación y exclusión permanentes que, a lo largo de varios siglos, han sufrido los pueblos originarios latinoamericanos y venezolanos. Es en esta perspectiva histórica que hay que entender las tensiones que generan en nuestros días los problemas de tierra y territorio que corresponden en justicia a cada uno de esos pueblos y comunidades, y que pueden ser precisamente la causa de un deseo de separación, tal y como ocurrió con los misquitos en la Nicaragua sandinista de los años 80, caso citado por el autor como ejemplo de sedición.

Cabe recordar que la cúpula sandinista, comenzando por el propio comandante Tomás Borge, admitió haber cometido lo que califican de graves errores al ignorar y considerar peyorativamente la cultura, las formas organizativas y socio-productivas propias de los misquitos y los afrodescendientes de la costa atlántica nicaragüense, lo que, conjuntamente con la represión desatada en su contra, propició la captación de un reducido sector de este pueblo por factores somocistas y contrarrevolucionarios. No obstante, es necesario señalar que, luego de llevar a cabo una autocrítica y con el concurso de expertos, se produjo una rectificación por parte de las autoridades sandinistas quienes reconocieron las molestias causadas a esa población y aceptaron la solución honrosa de la “Autonomía de la Costa Atlántica”.

Convertir a los pueblos indígenas en chivos expiatorios de las maniobras separatistas de grupos dominantes blancos y mestizos, que buscan imponer su perspectiva de clase y sus intereses para apropiarse de determinados recursos, es sumamente injusto y desvía la atención de las verdaderas causas que generan estos procesos.

En cuarto lugar, el reconocimiento de los indígenas como ‘pueblos’ es en cambio un logro histórico obtenido a partir de sus luchas y movilizaciones, consagrando el hecho de que, antes que ‘extranjeros’ o ‘marginales’, son los pobladores ancestrales de los territorios de nuestra actual República, y merecen el resarcimiento ante la discriminación y el despojo histórico del desarrollo capitalista/colonialista.

La propuesta de Britto García de eliminar constitucionalmente su condición de pueblos, reproduce el patrón colonial que ha intentado, racismo por medio, homogeneizar a los pueblos diversos, a las diversidades culturales que los constituyen, subsumiéndolos en la identidad nacional monocultural y generando permanentes procesos de etnocidio.

En su artículo, Britto confunde pueblo con Estado. En este sentido es necesario subrayar que el reconocimiento de los pueblos indígenas no tiene porque apuntar a la conformación de nuevos Estados. El autor incluso parece obviar el importante debate sobre plurinacionalidad que, reconociendo la existencia de múltiples pueblos dentro de un mismo estado o constitución, nutrió los pilares ideológicos del ciclo progresista latinoamericano, del proyecto del Socialismo del Siglo XXI (también pensado como indoamericano) y de la idea del Buen Vivir.

En el territorio de Venezuela no hay pueblos que no formen parte de la venezolanidad, que es una y múltiple. Lejos de atentar contra la identidad nacional, el reconocimiento de los derechos culturales y materiales de los pueblos indígenas (que nunca deberían ser disminuidos sino mas bien aumentados) constituyen un componente fundamental para el enriquecimiento significativo y permanente de nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural. Britto García debería entonces sumarse al coro de voces que exige la consulta a todos los pueblos y comunidades que hacen vida en nuestro país cuando se trata de proyectos y megaproyectos negociados con grandes transnacionales que involucran recursos y elementos estratégicos relativos a la cesión de soberanía, la destrucción masiva de fuentes de agua, biodiversidad y suelos.

Los verdaderos riesgos de pérdida de soberanía y fragmentación del territorio nacional se asocian hoy en día a las políticas y proyectos extractivistas (como por ejemplo ocurre con el Arco Minero del Orinoco), que se insertan en la lógica y las prescripciones del proyecto regional COSIPLAN-IIIRSA. Como sabemos, dicho proyecto tiene como propósito la integración de los diversos territorios de América del Sur, con miras a facilitar el flujo de los ‘recursos naturales’ expoliados por el gran capital y el reforzamiento de la inserción subordinada de nuestros países en la globalización neoliberal.

En quinto lugar, con relación al asunto del poder político, Britto invoca a la razón de Estado. En este sentido, conviene recordar que los imperios coloniales y los Estados republicanos post-independencia surgieron en el marco de un antagonismo étnico territorial contra los pueblos y comunidades indígenas, contra sus matrices de vida y sus modos de convivencia. La reducción de la presencia indígena a un asunto geopolítico y de seguridad de Estado, tal y como lo hace Luis Britto, nos retrotrae a ese antagonismo anclado en el eurocentrismo.

La reivindicación cerrada de “la soberana potestad del Estado de explotar los recursos naturales, sobre todo los del subsuelo, en la totalidad del territorio nacional”, orienta el argumento político-intelectual del autor hacia el interés y la gestión que realizan las élites administradoras del extractivismo y de la renta en el país, actores que, en coalición con el capital transnacional (sea estadounidense, chino, ruso, europeo, etc.) son los que a fin de cuentas deciden qué, cuánto, cuándo y dónde se extraen los apetecidos “recursos naturales” para el mercado mundial.

La postura de Britto implica pues, un posicionamiento preferencial ante ese antagonismo étnico territorial que se desarrolla contra los pueblos y comunidades indígenas durante estos procesos de expansión de la apropiación de la naturaleza. De ahí que desestime y desvalorice claramente la consulta previa a los indígenas. Y ante la supremacía de esta potestad estatal, no son sólo los pueblos originarios quienes se ven desarmados, sino también cualquier experiencia territorial (tales como experiencias comunales, productivas y comunitarias) que se pudieran oponer a cualquiera de estos proyectos, a pesar de que en la CRBV estén contempladas las consultas populares y abiertas (arts. 70 y 299).

En nombre del “pueblo” y el “desarrollo” de la Nación se ha justificado históricamente y en abstracto esta soberana potestad del Estado de explotar los recursos naturales, clausurando además las posibilidades de otras gestiones del territorio y de alternativas económicas. Ya son harto conocidos los resultados que han dejado estos modelos de desarrollo en América Latina (pobreza, exclusión, destrucción ambiental y dependencia). Dichos resultados han motivado históricamente la crítica y las reivindicaciones políticas de diversas expresiones de la izquierda en la región, incluso en el marco de la reciente experiencia de los progresismos. En este período político de los últimos lustros, aunque se produjo una más justa distribución de las rentas, se agudizó notablemente la agresión a los pueblos indígenas, a los territorios y los ecosistemas, profundizando la dependencia de nuestros países al modelo primario exportador y haciéndonos finalmente más vulnerables en el plano internacional ante los efectos de la actual crisis económica global.

En sexto y último lugar, es preciso reconocer que, renunciando a cualquier pretensión de idealizar a los pueblos indígenas, éstos no solo constituyen una parte esencial de la venezolanidad, sino que también encarnan modos de vida y saberes de los cuales podríamos aprender para construir alternativas al modelo capitalista rentista y al propio modelo civilizatorio. A pesar de las numerosas agresiones culturales y físicas a las que son sometidos aún en la actualidad, los pueblos indígenas venezolanos son los principales defensores de las aguas y la biodiversidad del país, notablemente amenazadas por las lógicas depredadoras del desarrollismo y las prácticas de apropiación informal sumamente dañinas. En este orden de ideas, antes que amenazas y potenciales conspiradores, nuestros pueblos originarios constituyen un factor fundamental que puede contribuir medularmente para salir de la crisis profunda que vive la sociedad venezolana en la actualidad. Es por ello que reivindicamos la consigna ‘Sabino marca el camino’.

A nuestro juicio, el artículo de Luis Britto García no cae en saco roto. Cada texto tiene su contexto y se incorpora a campos en disputa sobre sujetos, saberes, territorios, valoraciones, derechos y dignidades. Múltiples prejuicios y apetencias subyacen detrás de la negación de los derechos de los pueblos indígenas. Intereses de transnacionales mineras, petroleras, madereras, entre otras; a los que se suman en su acción etnocida y ecocida mineros artesanales –por lo general ilegales–; las élites burocráticas de los Estados que formalizan y legitiman esta lógica de despojo, extracción y saqueo; todo ello con el concurso de los aparatos argumentales de intelectuales orgánicos que apuntalan estos procesos.

El texto de Britto García parece útil para terminar de neutralizar el ya frágil y carcomido derecho indígena, lo que generaría un desplazamiento jurídico para finalmente allanar el camino de impulso a la mega-minería en el Arco Minero del Orinoco y otra serie de proyectos, ahora de la mano de una mayor participación e incidencia de las compañías transnacionales, como se evidencia en el nuevo esquema de negocios propuesto por el Gobierno nacional. Visto así, el artículo contribuye sobre todo a eso que el intelectual mexicano Pablo González Casanova denominó hace ya un tiempo “colonialismo interno”.

Para finalizar, preocupa la clara advertencia que hace Britto García a quienes puedan oponerse a la tesis por él planteada: quien no esté de acuerdo con este planteamiento es un secesionista, por lo que “todo el que quiera dividirnos es nuestro enemigo”.

Caracas, agosto de 2017

Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador en ciencias sociales y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y es promotor del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

Francisco Javier Velasco Páez es antropólogo de la UCV y ecólogo social, con especialización en Ecodesarrollo de la Universidad de Montreal, master en Planificación Urbana y Regional mención Ambiente en la Universidad Mc Gill y doctor en Estudios del Desarrollo del Cendes. Profesor e investigador. Miembro de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.cl/Constituyente-y-re-colonizacion-indigena-una-respuesta-a-Luis-Britto-Garcia

En consecuencia, para los pueblos del Abya Yala, la concentración y centralización capitalista se verifica, esencialmente, mediante extractivismos yendo cada vez más  contra la salud de la Madre Tierra y la humana que tiene nexos indisolubles con la vida-defensa territorial de los pueblos originarios. Emiliano Teran Mantovani la caracteriza:

 política de Estado que se configura hoy como un régimen de apropiación/extracción, gobernabilidad y territorialización basado en un estado de excepción (jurídico y de facto) de perfil primordialmente militar, que se organiza en torno a la hexada: reformismo neoliberal autoritario / violencia exacerbada / des-territorializaciones / minerías / despojo generalizado / administración de la precariedad.

 

Tendencias en el nuevo tiempo político en América Latina?

Crisis de la civilización petrolera, extractivismo predatorio y

política del saqueo

14 de agosto de 2019

 

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

 

I. Nueva fase del extractivismo y la oleada de acumulación por desposesión

Del llamado ‘neo-extractivismo progresista’ en Venezuela apenas queda hoy una burda y vacía retórica ‘revolucionaria’, que desborda un cinismo escalofriante. En esta ruta al desastre que hemos transitado en el país, lo que viene emergiendo es un nuevo escenario del extractivismo, sui generis, uno de carácter absolutamente predatorio que difícilmente pueda ser entendido sólo bajo los códigos reduccionistas de la polarización, o bien de la puesta en escena y la retórica de los principales líderes político-partidistas.

 

Su contexto inmediato: la maduración de la Gran Crisis venezolana (2013-2019), atravesada por intensas luchas por el poder (en sus múltiples escalas), un aumento de la internacionalización del conflicto político, una desestructuración de la economía (formal) nacional, y un peligroso proceso de descomposición de la política que no sólo impulsa una significativa fuerza derechizante, sino también una mafización (o gangsterización) de la misma.

 

Este extractivismo predatorio no se establece por medio de una maquinaria corporativa que homogéneamente, de arriba hacia abajo, controla el proceso de apropiación/capitalización de la naturaleza y los territorios del país; ni tampoco por medio de la dominación irresistible de un sector o grupo de actores políticos nacionales. Más bien está marcado por la multiplicidad, volatilidad, inestabilidad, fluidez, fragmentación, precariedad; por un mosaico de conflictividades, de diversa intensidad y violencia, de coaliciones ramificadas y accidentadas; por el desgarramiento sistémico y por la trasnacionalización.

Pero no se confunda. A pesar de lo revuelto y movido del escenario, aquí hay una política. El conjunto de grupos y actores que disputan la gestión y participación en el extractivismo, sean actores provenientes de la esfera estatal (en sus diferentes facciones), de los grupos políticos de oposición, de grandes y medianas potencias internacionales, de grupos armados irregulares y criminales, entre otros, se orientan y operan fundamentalmente a partir de una política del saqueo. Esta, sea porque representa el mecanismo esencial de la acción, o porque se produce como una forma de aprovechar la vorágine dominante –lo que a su vez profundiza la crisis y los factores causantes del conflicto–, es la política compartida de los actores en disputa, y formatea el nuevo escenario del extractivismo en el país.

Esto tiene implicaciones tremendas, en la medida en que la geografía venezolana va siendo atravesada por las lógicas de las violentas economías de enclave, por lo que presenciamos la formación de un extractivismo de trincheras, de posiciones, de feudos, en el cual grupos del sector militar, gobiernos locales (alcaldías, gobernaciones, etc.), la criminalidad organizada, grupos armados para-estatales de diverso proceder (nacional e internacional), conforman poderes particulares (dependiendo del territorio donde se desenvuelvan) y tienen como botín los recursos, los territorios y la población.

El trasfondo esencial de esta situación es el impulso de una gran ola de acumulación por desposesión de alcance nacional, que está pulverizando el ya vulnerado estado de derecho y provoca que el muy heterogéneo y fragmentado campo de resistencias, contestaciones y luchas populares ante el expolio, sea atravesado por lógicas de guerra. Es en este sentido que hablamos de un extractivismo predatorio. 

 

II. Rasgos del extractivismo predatorio

 

Política de Estado y estado de la política

No existe ninguna disputa entre demonios y redentores en Venezuela. En este escenario, todos los grupos de poder en pugna son diferentes expresiones de un voraz neo-colonialismo sobre la vida. El extractivismo predatorio y su política del saqueo deben ser entendidos en su doble dimensión: tanto como una política de Estado, encabezada hoy por el Gobierno de Nicolás Maduro –principal gestor de este proceso masivo de acumulación por desposesión en el país–; como una expresión del estado de la política, en franca descomposición y vandalización, la cual, aunque lo abarca, va mucho más allá del poder formalmente constituido, y se manifiesta en una multiplicidad de actores que operan desde la ilegalidad, la corrupción, la criminalidad y la para-política. Ambas dimensiones están profundamente atravesadas por el accionar de actores y lobbys internacionales, principalmente provenientes de los Estados Unidos, Rusia, China, Cuba, Colombia, Turquía, España, entre otros.


 

Esta política de Estado se configura hoy como un régimen de apropiación/extracción, gobernabilidad y territorialización basado en un estado de excepción (jurídico y de facto) de perfil primordialmente militar, que se organiza en torno a la hexada: reformismo neoliberal autoritario / violencia exacerbada / des-territorializaciones / minerías / despojo generalizado / administración de la precariedad.


 

El dramático colapso de la industria y de la renta petrolera, así como del Petro-Estado, junto a la descomunal corrupción, las tensiones políticas internas y los efectos de las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos (principalmente desde 2017), han fragmentado el extractivismo en el país, promoviendo una multiplicación de operaciones de extracción y despojo, en las cuales prevalece la minería como una actividad fundamental para la reproducción de estructuras de poder local y nacional.

 

Convertir a Venezuela en una mina

Esta situación determina esta política de Estado, la cual se expresa tanto en la programática formal del Gobierno de Maduro, como en la proliferación de minas irregulares que sostienen poderes locales vinculados a militares, gobernadores, alcaldes o funcionarios corruptos de alto nivel.

Respecto a lo primero, el Gobierno de Maduro ha insistido en la depredadora opción minera como la supuesta vía para ‘salir de la crisis’ y ‘diversificar la economía’. Dicha opción, que en un principio se orientaba al mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, se presenta en la actualidad como un más amplio y definido mapa minero (extracción metálica y no metálica), que ofrece al expolio prácticamente todo el territorio nacional. Sobre esto destaca la presentación en junio de 2019 del ‘Plan Minero Nacional 2019-2025’, que sistematiza, como nunca, la meta de recuperar y aumentar la “producción” a su ‘máxima capacidad’ de cuanto emprendimiento minero haya disponible en el país (oro, diamante, hierro, carbón, níquel, coltán, fosfato, feldespato, bauxita, mármol, granito, caliza, entre otros). Esto se da en el marco de una progresiva radicalización neoliberal (la que hemos llamado ‘El Largo Viraje’ 2014-2019) que desregula, flexibiliza y adapta crecientemente al país a las lógicas de ajuste y a los requerimientos de las corporaciones transnacionales.


 

Pero esta programática es apenas la fachada normativa y pseudo-institucional que busca recuperar y re-centralizar algunas rentas y excedentes que puedan oxigenar las precarizadas arcas gestionadas por el Poder Ejecutivo, mientras que se presenta una vitrina minera para ahora sí ofrecer las verdaderas ‘oportunidades de negocios’ para el capital transnacional (Plan Minero dixit). Detrás de esta fachada se revela el que es hoy, el extractivismo realmente existente: se multiplican minas y operaciones de extracción a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, extracciones absolutamente arbitrarias, irregulares, atravesadas por la corrupción, el pillaje y la ilegalidad. Areneras que tienen a pobladores locales bajo amenaza; militares sacando carbón vegetal para su comercialización; total complicidad e incluso direccionalidad de funcionarios del Estado en la extracción ilegal de oro en la región Guayana; emprendimientos devastadores y sin ningún control, como el de la minería de arenas en el río Turbio; u otros que emergen bajo las sombras y en el secretismo y que generan conflictos con las poblaciones locales, como el ya conocido caso de las iniciativas de minería de cal y feldespato en el Cerro La Vieja. Son apenas ejemplos de una oleada extractiva que apunta a convertir a Venezuela en una mina.


 

El asalto a la tierra/territorio y la política del más fuerte

Sin embargo, y como ya mencionamos, no se trata sólo de la apropiación minera. La política del saqueo es integral en la medida en la que se orienta, por un lado, de acuerdo al valor y la vocación que puedan tener las tierras (agrícola, maderera, ganadera, turística, etc); y por el otro, al control y dominio territorial. Ambos factores (tierra/territorio) están políticamente entrelazados. Esto nos señala al menos tres cosas fundamentales e interrelacionadas que vale la pena destacar:

a) esta política constituye el marco de la violenta arremetida de persecución y despojo sistemático de tierras que se está produciendo en la actualidad contra los campesinos del país, con el fin de favorecer a viejos y nuevos latifundistas. La Plataforma de Lucha Campesina, organización en la que confluyen diversas agrupaciones del campo venezolano, y que ha ocupado recientemente las instalaciones del Instituto Nacional de Tierras en Caracas, ha señalado más de 100 casos de estos despojos e irregularidades que favorecen al latifundio, además del acoso, la criminalización y la judicialización que están sufriendo los pequeños productores. Lo más grave es que no se ha hecho justicia hasta hoy ante los más de 350 campesinos asesinados durante el proceso bolivariano, lo cual en cambio se ha agravado en los últimos doces meses, donde han sido ultimados 25 campesinos –6 de ellos el pasado 27 julio en el estado Barinas;

 

b) ante el colapso de la renta petrolera, es importante insistir en que el conflicto no se define simplemente por los recursos y el saqueo per se, sino fundamentalmente por una política que busca establecer un modo de gobernanza configurado en torno a estas lógicas del pillaje. Esto implica que para los actores que persiguen la hegemonía, no basta la apropiación económica, si no se establece el régimen de dominación política. Todo esto revela la necesidad por parte de estos actores de asentar geográficamente el poder y, por tanto, muestra el trasfondo de disputas por los territorios;

 

c) ante la debilidad del Estado venezolano, esta fase predatoria del extractivismo está siendo determinada por las lógicas de la imposición del más fuerte, lo que configura a su vez un escenario abierto de conflicto, determinado en muy buena medida por lógicas de guerra. Esto es muy significativo porque hace que, de hecho, el punto de partida de la política sea la extra-legalidad, la excepcionalidad. O para decirlo en otras palabras, las prácticas criminales, al menos en sentido estricto, penetran profundamente la política de Estado y atraviesan determinantemente el estado de la política hoy.

 

Violencia sistemática en expansión y federación del saqueo

En esta fase predatoria del extractivismo en Venezuela, la violencia juega un rol central. Es la mediación política principal. Violencia exacerbada, masiva, sistemática. Violencia acompasada con los nuevos tiempos para América Latina y las crecientes tensiones geopolíticas. Violencia transversal, que determina tanto la política de Estado como el estado de la política.

El Gobierno de Maduro escala cada vez más en el despliegue cuantitativo y cualitativo de la violencia. Todo este avance de la acumulación por desposesión se viene haciendo bajo una intensa represión –fundamentalmente contra los grupos sociales que ofrezcan resistencia– en la cual podemos destacar el rol de los cuerpos de seguridad especiales (como es el caso del FAES) o de grupos para-estatales o para-policiales diversos, muchos de ellos denominados mal llamados ‘colectivos’. El FAES (iniciales de Fuerzas de Acciones Especiales) está siendo empleado para numerosas operaciones de contención de la protesta en el país, por medio de procedimientos militares y actuando como un ejército de ocupación, con formatos de ataque letal mediante los cuales realizan ejecuciones extrajudiciales. Estos cuerpos de seguridad no distinguen si sus objetivos son ‘opositores’ al gobierno o chavistas que lo apoyan, como se dio con el desalojo violento de campesinos chavistas que intentaban recuperar sus tierras en el estado Guárico y la retención del vocero campesino Jesús Osorio. Por otro lado, el papel de los grupos armados para-estatales, que pueden ser provenientes de organizaciones políticas, funcionarios vestidos de civil, hampa, policías, entre otros, ha sido primordialmente de amedrentamiento en las protestas de diverso tipo que se dan contra el gobierno.

El resultado de esto ha supuesto un acorralamiento de la ciudadanía y las organizaciones de base que protestan no sólo antes las muy precarias condiciones de vida actuales, sino también para aquellos que resisten a esta política del saqueo. Ejemplos de ello lo conseguimos en las resistencias del pueblo indígena pemón por la autodeterminación en sus territorios, con la consiguiente respuesta gubernamental de militarización, amedrentamiento, torturas, tratos crueles y degradantes e incluso el asesinato de integrantes de este pueblo; en la situación de acoso y criminalización que, sea por acción u omisión, se produce contra las comunidades yukpa familiares de Sabino Romero y Carmen Fernández; en la criminalización del movimiento campesino por parte de voceros gubernamentales; o en la voraz cooptación de comunidades indígenas para que aprueben el Arco Minero del Orinoco, aprovechando su muy precaria situación humanitaria; entre otros.

Pero como ya se ha dicho, todo esto se solapa con la violencia generada desde los actores que operan más allá del régimen formal: bandas criminales locales controlan, con formas de violencia extrema, buena parte de las minas de oro del sur venezolano; grupos armados vinculados a los poderes del latifundio son señalados por las organizaciones campesinas como los responsables del asesinato de decenas de sus integrantes; disidentes provenientes de las FARC penetran territorios venezolanos, dedicándose a actividades delictivas; del mismo modo,integrantes del ELN operan en territorio nacional, incluyendo en las minas; paramilitarismo colombiano ejerce la fuerza en numerosos territorios fronterizos del país, interesados tanto en el contrabando transfronterizo, como en el posicionamiento colombiano/estadounidense en territorio venezolano; y diferentes formas del crimen organizado transnacional y el narcotráfico, siendo este último el encargado de mantener y controlar las rutas de tránsito de la droga hasta los puntos de desembarco regional. Cabe destacar que, el contrabando transfronterizo es muy significativo (principalmente hacia Colombia) y que fomenta que los commodities extraídos en Venezuela (madera, gasolina, cultivos como la palma aceitera, especies protegidas, etc.) sean mejor vendidos en el país vecino, dado las enormes diferencias existentes entre el valor del bolívar y el peso colombiano (o el dólar).

Sobre todo lo dicho, es fundamental destacar al menos tres cosas: una, que si bien muchos de estos grupos están en confrontación y rivalizan entre ellos, otros más se articulan y cooperan mutuamente en pro de intereses particulares. Esto hace estallar la limitada interpretación de la polarización política que sólo ve disputas entre chavistas y opositores, o bien entre Venezuela y el Imperio estadounidense. El entramado del conflictivo escenario político venezolano es mucho más complejo y movible que eso.

Dos, que la frontera entre lo legal y lo ilegal, entre lo formal y lo informal, se ha hecho en extremo borrosa, y antes que ser sólo una condición anormal, se ha vuelto la normalidad. El caso venezolano revela como la extra-legalidad es la norma y es el factor determinante del extractivismo realmente existente. El Arco Minero del Orinoco es un ejemplo emblemático de ello.

Tres, que estas dinámicas descritas son multi-escalares, fluidas y transfronterizas, en la cuales, las disputas territoriales e intereses locales, que tienen sus propias particularidades, dinámicas y tiempos, se articulan con poderes de más amplia escala, como los gobiernos locales o regionales, el Poder central estatal, las corporaciones transnacionales, las potencias imperiales, los mercados y rutas transfronterizas, el crimen organizado transnacionalizado, entre otros. En el caso venezolano, la precariedad estatal y la diversidad de actores en disputa ha configurado un mapa de coaliciones de poder que, por un lado establece regímenes locales basados en concesiones otorgadas ‘desde arriba’, que sostienen la política del despojo; y por otro lado, conforma canales entre poderes que permite cierta transmisión de riqueza y poder hacia los precarizados mandos centrales o esferas de poder más altas. Todo esto ha generado la formación de una especie de federación del saqueo.

 

III. ¿Qué nos muestra Venezuela de este nuevo tiempo político en América Latina y el Caribe?

La derechización del Gobierno bolivariano y los lastres de la izquierda

El devenir del proceso bolivariano nos ha llevado hasta este desastre que se vive en el país, hasta este largo laberinto del cual aún se busca desesperadamente una salida. Así como es indiscutible que este ha sido un proceso muy conflictivo y que este terrible resultado ha sido también construido por otros actores políticos a parte del Gobierno bolivariano (poderes económicos locales tradicionales, partidos políticos de oposición nacional, derechas regionales, política exterior estadounidense, grandes capitales financieros transnacionales, etc.), del mismo modo es indiscutible que ha sido el propio Gobierno el principal responsable de esta situación, allanándose el camino a ella incluso desde el período de Chávez. No es posible eximirlo de este desastre, como tratan algunos. Pero incluso hay que señalar algo aún más grave: en el período de la Gran Crisis que se inaugura a partir de 2013/2014 hasta nuestros días, se genera un extraordinario despliegue de lógicas del saqueo y el desfalco impulsadas desde las estructuras de poder del Estado –que ya existían previamente y se señalan como una de las causas coyunturales de dicha crisis–, las cuales, ante la suma de intereses y circunstancias acaecidas, terminaron asentando la política del saqueo como sistema de gobierno. En el marco del proceso de descomposición política y derechización del Gobierno bolivariano, antes que poner en primer lugar la solución de la crisis, se ha priorizado el mantenimiento del poder a toda costa, por lo que se fue reorganizando conscientemente el extractivismo hacia esta forma predatoria, administrando la sociedad desde la precariedad y el estado de excepción militarista, con un alto componente criminal. El actual Gobierno de Maduro es absolutamente funcional al capital foráneo y la apertura de nuevos procesos de re-colonización, principalmente vinculados a China y Rusia, lo que no es del agrado del Gobierno de los Estados Unidos, que considera a Venezuela como parte de su patio trasero.

El caso de Venezuela ha sido muy sensible para las izquierdas en el mundo, para sus agendas, su legitimidad y reputación, que hoy se encuentran en un proceso de reflujo y estancamiento, mientras sectores de derecha y extrema derecha han crecido en la región. Sobre esto, de manera general pueden destacarse dos tensiones que evidencia el caso venezolano. La primera, señala que el proceso de derechización en Venezuela, antes que darse por la llegada de un nuevo Presidente de ‘derecha’ (como ocurrió en el caso argentino o brasilero), fue generándose desde el propio seno del proceso bolivariano, y sectores de las izquierdas tienen parte de responsabilidad en esto, al acordar que la política ‘correcta’ era no sólo apoyar y acallar sus críticas, ante el avance de casos de corrupción, errores de gestión y represión a organizaciones sociales, sino incluso señalar, criminalizar y tratar de neutralizar las críticas que otras izquierdas sí realizaron. Esto vuelve a evidenciar que la autocensura y el rol policial es un terrible camino para estos sectores ‘contra-hegemónicos’.

La segunda, y en relación a lo anterior, nos muestra que parte de las izquierdas no han sabido hasta hoy rechazar a un Imperio criminal como el de los Estados Unidos (y sus aliados), sin terminar dando sostén a un gobierno autoritario que, en nombre del ‘socialismo’ y la ‘revolución’, impulsa políticas neoliberales, saquea el país, favorece al capital transnacional, mientras persigue trabajadores, indígenas y campesinos. Los pueblos, en sus luchas concretas y anhelos emancipatorios, sencilla y lamentablemente no tienen sólo un enemigo.

 

Venezuela es un síntoma del nuevo tiempo latinoamericano

Pero, además de los debates en la izquierda ¿qué nos dice Venezuela de este nuevo tiempo político en América Latina y el Caribe? Una de las grandes preguntas que surgen es si esta fase predatoria del extractivismo es sólo la expresión de una crisis localizada y coyuntural, o si bien revela los factores constitutivos de un nuevo período histórico que se despliega en el siglo XXI.

Venezuela podría también ser vista, tal vez, como la más clara expresión de la crisis de la civilización petrolera. Si se quiere, también evidencia muy bien los probables escenarios (ya no tan futuros) del antropoceno: colapso energético, caos sistémico, migraciones masivas, disputas por los recursos, etc. Luego, podemos analizar en detalle la especificidad latinoamericana, y advertimos que en Venezuela lo que colapsa es precisamente una sociedad basada, con un alto sesgo, en el modelo extractivista/rentista/dependiente y lo que estallan son las contradicciones sociales, económicas, culturales, geográficas y políticas propias de nuestras sociedades periféricas (como la dependencia alimentaria, las desigualdades y marginación social, fuerte informalización de la economía, violencia endémica, expansión de la criminalidad, entre otras). Esto nos remite a pensar en dos factores: uno, ante la intensificación histórica de las contradicciones inherentes de nuestras sociedades, es necesario resaltar la inviabilidad de las economías dependientes y de cómo la apuesta extractivista/rentista es más riesgosa y nos va a salir cada vez más cara. Dos, ya es por tanto, una cuestión de sobrevivencia comenzar un tránsito post-extractivista y post-capitalista en la región, que incluya además elementos de adaptación y resiliencia ante los tiempos por venir (ej. el cambio climático). Lamentablemente, caminamos en sentido contrario.

Otro elemento a evaluar es el problema de la derechización. La del Gobierno bolivariano no está desconectada de la ola reaccionaria que tensiona al mundo. En este sentido, conviene más analizar estos procesos de derechización como una reacción y síntoma de la crisis global; pero también cómo esta se refleja no sólo en los gobiernos o partidos contendientes, sino en diversos ámbitos de la vida socio-política. Las políticas de Donald Trump o la radicalización de la avanzada contra la Amazonía por parte de Bolsonaro, no son, en esencia, diferentes de la exacerbación del extractivismo en toda América Latina, de la política del saqueo del Gobierno de Maduro, o de la explosión del crimen organizado transnacional en nuestra región. Todos comparten lógicas de despojo altamente patriarcalizadas y autoritarias, que van extremándose tanto en las formas de violencia, en la devastación de la naturaleza, como en la asfixia a los ya precarios sistemas democráticos.

Así que, hay muchas más cosas que mirar además de los gobiernos, partidos y líderes políticos, cuando se trata de reflexionar sobre este nuevo tiempo en la región. Venezuela nos muestra que, desde las entrañas de los procesos también germinan formas de derechización. La gran expansión y creciente penetración de las economías ilícitas en los territorios y las prácticas sociales y comunitarias se replica en toda la región, con mucha fuerza en Centroamérica, Brasil, Colombia, México y Perú, y de manera creciente en Ecuador, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Paraguay. Estas se conectan con los altos niveles de corrupción estatal de nuestros países y conforman coaliciones de poder, gobernanzas criminales, nuevas geografías del despojo. Transforman la fisionomía de los Estados latinoamericanos y de la política en general, los cuales están respondiendo con menos democracia y más militarización y estado de excepción. A eso nos enfrentamos.

 (...)

* Emiliano Teran Mantovani es sociólogo venezolano, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela e investigador asociado del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes – Universidad Central de Venezuela).

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=259325

 

 

 

 Alternativas emancipatorias

 

Pensemos que, como a todos los pueblos del Abya Yala, el sistema capitalista nos condenó a ser países empobrecidos y desestructurados, deformados para el progreso de las naciones "desarrolladas". Practicó devastación de los territorios mediante el tan elogiado crecimiento económico de la deKada. En ésta no sólo indujo la creencia mayoritaria en que estábamos en un presente promisorio y participábamos de una gesta patriótica. Sino también, ante las graves consecuencias del modelo extractivo, instaló una visión fragmentada de los problemas en que se ocultan las causas profundas de los mismos para analizarlos o mostrarlos, muchas veces de manera sensacionalista, pero siempre aislados y producidos casi como 'fenómenos naturales'. Lo cierto es que el kirchnerismo, como todos los gobiernos progresistas, hacen posible la emergencia actual de un sistema de vida y de trabajo adverso a la dignidad humana de las grandes mayorías. Reflexionemos sobre propuestas en:

 

Tendencias en el nuevo tiempo político en América Latina?

Crisis de la civilización petrolera,

extractivismo predatorio y

política del saqueo

14 de agosto de 2019

 

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

 

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¿Cómo nos enfrentamos a esto? Pueblos en movimiento, nuevas subjetividades y el horizonte de lo común en tiempos de tormenta

El escenario, como ya se evidencia, es bastante complejo y las preguntas son mucho más numerosas que las respuestas. Pero en todo caso, no nos conviene mirar solamente lo que domina, lo que agrede, lo que amenaza. Este nuevo tiempo político no lo define únicamente la violenta derechización. Hay que resaltar también aquello que se opone, que re-existe, que construye alternativas, que las transita en el ahora (por tanto, hablamos de cosas que van mucho más allá de los partidos de izquierda, o de si Cristina va a volver o no en Argentina).

El contagioso movimiento de mujeres que crece en varios rincones de la región; los ya numerosos procesos de consultas populares en Colombia (que se replicaron reciente y exitosamente en Ecuador); el movimiento campesino, las movilizaciones estudiantiles y la Minga indígena del Cauca, nuevamente en Colombia; los movimientos urbanos en Brasil (como el Movimiento Pase Libre); las múltiples movilizaciones y organizaciones sociales que han logrado neutralizar el conjunto de proyectos mineros en el Perú; el movimiento mapuche de recuperación de tierras, en Temuco (Chile); o la Marcha Campesina y la Plataforma de Lucha Campesina que en Venezuela, desde el año pasado, se ha movilizado, ocupando instituciones y por la recuperación de tierras, generando solidaridades de otras organizaciones sociales y enarbolando su lucha contra el latifundio. Son algunos ejemplos. Muchos o pocos, fuertes o débiles, estables o efímeros, son estos movimientos el principal bien de re-existencia que tenemos en la región.


 

Pero además de ellos, emergen también múltiples formas de descontento, de rebeldía, de solidaridades en red, que tienen otros tiempos, otros códigos, otras definiciones. ¿Qué sujetos, qué potencialidades surgen de las sostenidas protestas que se desarrollan en Honduras al menos desde 2017? ¿Qué nuevas subjetividades aparecen de las protestas contra Daniel Ortega en Nicaragua? ¿Qué otras de las movilizaciones que derrocaron a Ricardo Roselló en Puerto Rico? ¿O qué podría emerger de un cierto desgaste de la polarización política en Venezuela, que ha abierto el camino a que actores políticos y organizaciones comiencen a establecer canales, puentes y alianzas para salir de la crisis?


 

Lo cierto es que existen nuevas subjetividades, otras formas de politicidad, expresiones de solidaridad que son más movibles que estables, que parecen no tener la ‘forma’ esperada y una más clara ‘definición ideológica’ para algunas izquierdas, por lo que no son consideradas como sujetos ‘válidos’ para una potencial transformación emancipatoria. El debate sobre el movimiento de los ‘Chalecos Amarillos’ en Francia ha expresado estas tensiones. Por otro lado, existen también contradicciones que, con la agudización de la crisis, se intensifican en el seno de las organizaciones sociales, lo que también se presenta como una tensión en la valoración sobre las potencialidades emancipatorias. Por ejemplo, numerosas comunidades del pueblo indígena pemón, en el sur de Venezuela, ha luchado férreamente por el derecho a la autodeterminación en sus territorios ancestrales. Mediante su lucha han logrado desplazar a bandas criminales y militares corruptos que en sus territorios practicaban la minería ilegal de oro. En su lugar, han ocupado las minas y reiniciado la actividad minera, con motobombas y mercurio, ahora para el usufructo de sus comunidades. Varias organizaciones sociales que acompañan a los pueblos indígenas los han apoyado.

Lo esencial de esta discusión es no sólo reconocer que el campo popular es contradictorio e híbrido, y probablemente lo sea cada vez más, sino que el propio antagonismo está en disputa (y en dicha disputa participan inclusive las derechas). Estas nuevas potencialidades, ¿a qué proyecto pueden tributar? ¿Es viable hoy un gran programa emancipatorio en el que confluya la enorme heterogeneidad de subjetividades que buscan un cambio? A parte de esta última gran pregunta, es claro que entre los retos fundamentales siguen estando las posibilidades de una articulación amplia en la diversidad, que logre sumar fuerzas lo suficientes para enfrentar tanto las fuerzas políticas conservadoras/reaccionarias como el sistema económico global, que funciona en múltiple escalas.


 

Lo único que nos queda es lo común: nuestra casa común, que abriga y envuelve la vida que nos hermana; nuestras memorias ancestrales, nuestro hacer para la reproducción de la vida, que sólo es posible, en su esencia socio-ecológica, si se construyen en colectivo. Si la depredación capitalista se radicaliza, parece necesario radicalizar la apuesta por lo común. Defendiendo lo común existente, las últimas fronteras materiales, culturales y espirituales de los pueblos; y retejer incesantemente en todo lo que ha sido desgarrado por esta lógica civilizatoria, pero también en todo lo nuevo que emerge, que es fluido, contradictorio, maleable, que migra y es nómada.

Si la palabra democracia aún tiene sentido, todo impulso emancipatorio ante y contra la hidra capitalista tiene que ser por más democracia, nunca por menos. Siempre más, más democracia. 

* Emiliano Teran Mantovani es sociólogo venezolano, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela e investigador asociado del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes – Universidad Central de Venezuela).

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=259325

En consecuencia, la construcción de la «reforma agraria integral» como desafío central para la emancipación del capitalismo se está dando por las siguientes subjetividades colectivas que plantean:

 

Nuestros territorios no serán

zonas de sacrificio para

la estafa de la deuda

 

En esta semana el gobierno argentino ha anunciado un nuevo acuerdo con especuladores internacionales de bonos de una deuda que, en nombre de todxs, tomó el Estado. En el anuncio, el actual Ministro de Economía aseguró que a partir de ahora se debe producir para exportar y generar divisas con el fin de pagar esa mal llamada "deuda" que, hasta que no se demuestre lo contrario, es absolutamente ilegítima. Como la cantidad de divisas necesarias es mucho mayor de los que hoy tiene el país y la forma de conseguirlos es mendigar nuevos créditos usurarios y, encima, exportar bienes comunes de las comunidades, queda claro que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales intentarán avanzar con más proyectos extractivos a costa de la destrucción del medio ambiente y privar de medios de sustento a las futuras generaciones.

 

Ante esta situación desde la UNIÓN DE ASAMBLEAS PATAGÓNICAS convocamos a todas las comunidades a organizar, de manera autónoma, autogestiva y horizontal, la resistencia para impedir la concreción de este saqueo y el hambre del pueblo. 

Nuestros territorios no serán las zonas de sacrificio para cubrir ninguna estafa. Si quieren divisas busquen a los responsables del endeudamiento y de la fuga. Su deuda no se pagará con la destrucción de las comunidades.

 

NO PASARÁN.

NO ES NO.

PATAGONIA SIN SAQUEO NI CONTAMINACIÓN.

 

Unión de Asamblea Patagónicas. UAP. Agosto 2020.

Contactos:

Maxi Moreti +54 9 11 6674-9870

Sergio Vázquez 2944 969491

Armando Aligia 0294 4959979

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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
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NUEVO 2018 -->(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) --> https://goo.gl/7GXjqB

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A nuestro pueblo nación mapuche y a

la opinión pública en general

17 de agosto de 2020

 

Por Coordinadora Arauco Malleco y comunidades

Le Monde Diplomatique Chile

Las comunidades y la Coordinadora Arauco Malleco, declaramos lo siguiente: El día sábado 15 de agosto de 2020, en la comunidad de Temulemu Chico, nos hemos reunido distintas comunidades y organizaciones en un trawün en el sector del ex predio San Sebastián en la comuna de Victoria, en el cual se estableció un paliwe y se acordaron los siguientes puntos:

• Kiñe: Que, apoyaremos irrestrictamente el proceso que dio inicio la comunidad de Temulemu Chico, el cual implica la reivindicación territorial y política de los predios Santa Elena, Campusano, El Laurel 1 y 2 y Las Hortensias, pertenecientes a Forestal Mininco, que serían 400 hectáreas. Además el predio Santa Elena Sur, perteneciente al empresario forestal Jaime Muro, que serían 500 hectáreas y, por último, el predio San Sebastián, que serían 100 hectáreas. Este proceso se llevará adelante en base al control territorial y la resistencia, siendo esta la única forma para lograr la expulsión definitiva de las forestales y latifundistas del territorio mapuche.

• Epu: Que, reafirmamos una vez más nuestro compromiso de seguir adelante con una férrea voluntad, el proceso de lucha contra nuestros verdaderos enemigos, el sistema capitalista, representado hoy en el estado neoliberal y colonialista y en los grupos económicos que operan indiscriminadamente en el Wallmapu, quienes son los verdaderos responsables del sistema de dominación y opresión hacia el pueblo nación mapuche, el cual se manifiesta en la negación de todos nuestros derechos fundamentales, sobretodo, en base al territorio y autonomía, situación que trae consigo, además, el aumento del fascismo, el racismo exacerbado y la intolerancia hacia nuestro pueblo mapuche.

• Küla: Que, nos comprometemos a profundizar y fortalecer los procesos de recuperación y control territorial, así como la resistencia y el sabotaje en contra, principalmente, de la industria forestal y demás inversiones capitalistas que atentan contra la vida mapuche, más aún cuando han sido los sucesivos gobiernos neoliberales, tanto de derecha como de la Nueva Mayoría los que han amparado y hecho defensa irrestricta de las políticas extractivistas con las que operan estos grupos económicos asolando y depredando nuestros territorio ancestral.

• Meli: Que, a su vez, reafirmamos el apoyo incondicional a todos los PPM, quienes, en el marco de la reivindicación por territorio y autonomía para la nación Mapuche, hoy se encuentran privados de libertad y en huelga de hambre, el cual se plasmará es acciones concretas de sabotaje y resistencia.

• Kechu: Finalmente, hacemos un llamado a nuestro pueblo nación mapuche a profundizar las verdaderas contradicciones existentes entre la lucha autonomista y el Estado capitalista, a dar continuidad a los diversos procesos de reivindicación territorial y política, en base, principalmente, al trabajo y la lucha en el terreno, como mapuche, como comunidad y como pueblo, es decir, en la resistencia a nuestros verdaderos enemigos históricos. Estando presentes de forma real y concreta en las disputas por el control territorial frente a la industria forestal y el latifundio racista y opresor, no supeditando nuestra lucha a demandas de corto plazo, que resultan así, lastimeras y entreguistas, abandonando de una vez por todas las políticas integracionistas y subordinantes. Por lo tanto, el llamado es a realizar acciones y sabotajes en contra del capital y a hacer recuperación con posesión efectiva de los predios en reivindicación, a través de la restitución de espacios sagrados, siembras, construcción de rukas y demás labores propias de la vida mapuche. Sólo así reconstruiremos el kimün, el rakiduam y el feyentun mapuche, sólo así recuperaremos el ad mongen ka küme mongen.

Inatuliyiñ ka kizu ngünetuliyiñ taiñ chumlekefel ta kuifi, femechi wewnerputuayiñ tañi kizu azumkanetual taiñ mapuche mongen.

AMULEPE TAIÑ WEICHAN!!!

WEUWAIÑ – MARICHIWEU!!!!!

– Lof Temulemu Chico.
– Lof Temulemu.
– Lof Pidenco.
– Lof Lleupeko.
– Comunidad Llollowenko.
– Comunidad Ranquilhue autónomo.
• Org. Williche Kupay Antü Newen.
• Coordinadora Arauco Malleco C.A.M

Fuente: https://rebelion.org/a-nuestro-pueblo-nacion-mapuche-y-a-la-opinion-publica-en-general/