Qué Trabajo

Octubre 2020

Somete a precarización, flexibilización, siniestralidad laborales y a devastar por pacto de paz social de la CGT y las CTA con Capital Estado.

 


 

 

 

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /Alternativas emancipatorias

 

 

 

Expropiado y explotado por burguesía

 

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia comun-ista, generalizar el destape al pacto de paz social y a los acuerdos en las mesas tripartitas de negociaciones que, en verdad, sólo representan los intereses de las patronales. Facilitemos el análisis de cómo se garantiza la rentabilidad petrolera atropellando la vida de los trabajadores en todos los sentidos.

 

Petroleros: claves de un nuevo acuerdo

a la medida de las empresas

3 de septiembre de 2020

 

Por Esteban Martine /La izquierda Diario

Este jueves se firmaría un nuevo acuerdo modificando las condiciones laborales para los petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa. “No vamos a firmar absolutamente nada donde se les quiten derechos a los trabajadores”, sostuvo Guillermo Pereyra hace poco más de un mes, tras conocer el plan YPF S.A. para flexibilizar las condiciones laborales.

Desde ese momento hasta ahora se desarrolló una negociación secreta que estaría llegando a su fin.

Como adelantamos en este diario, la negativa “rotunda” de Pereyra, dejaba una puerta abierta, al afirmar que las condiciones laborales no se modifican por empresa, sino con las cámaras del sector.

Efectivamente, la sociedad anónima con mayoría estatal comenzó a actuar como vocera del resto de las empresas del sector, y este sábado llegó a un “preacuerdo” con el líder del sindicato. Para entrar en vigencia, dicho acuerdo deberá ser firmado por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE).

El texto, al que accedió Izquierda Diario, representa un nuevo ataque al salario y las condiciones de trabajo, bajo la bandera de la “sustentabilidad y el empleo”.

Claves de un nuevo ataque a las condiciones laborales

Meses atrás, el jefe de los petroleros respondió a un delegado de una empresa de servicios que no había que enojarse con las empresas, sino aceptar el ajuste: “la soga viene con mierda y hay que agarrarla con los dientes”. Tras levantar, como era esperable, el paro anunciado la semana pasada, Pereyra vuelve a su quehacer habitual: representar a las empresas.

Fuente: https://opsur.org.ar/2020/09/03/petroleros-claves-de-un-nuevo-acuerdo-a-la-medida-de-las-empresas/

 

 

Precisamos analizar a la ruina del país y  las emergencias social, sanitaria, ecológica y climática con enfoque mundial pero subrayando su agravamiento en el Abya Yala, África, Asia. Porque son engendros del avance capitalista. Es decir, nos es indispensable reconocer que no son sólo resultado del creciente pago a los oficializados como acreedores y por subordinación al FMI sino que, sobre todo, es la forma en que se concreta o se hace viable la acumulación gran capitalista en Argentina y en Nuestra América. Por tanto, lo importante es liberarnos del poder real y no, obligarlo a abandonar el cobro de servicios de la que oficializa como deuda externa pública.

 

Hasta las izquierdas partidarias, ya al dar centralidad a su lucha por ser votadas en las elecciones cada dos años, son reformistas del capitalismo y en base a este posicionamiento creen en regulaciones del sistema imperialista de agronegocios que ocupa a Argentina de modo tanto económico como territorial y miran por nacionalizaciones.

 

 

 

Depredación ambiental y primarización económica

para pagar a los bonistas y el FMI

14 de agosto de 2020

 

La explotación parasitaria de las riquezas del país por los pulpos imperialistas.

Por Martín Vacas Vignolo

El acuerdo del gobierno nacional con China para instalar granjas industriales de cerdos en nuestro país, para exportar luego la carne al país asiático, reavivó muchos debates acerca de la antinomia entre la preservación del ambiente y la salubridad de la población, de un lado, y el desarrollo económico, del otro. Para centrar esta discusión es necesario, primero, ubicar cuál es la orientación general de la política económica del gobierno de Alberto Fernández y ver a la luz de ello el agravamiento de la depredación ambiental que se ha acelerado en estos ocho meses.

Después de sellar el pacto colonial con los bonistas para arreglar el repago de la deuda externa, el presidente sostuvo que ahora lo que queda es «exportar todo lo que se pueda». De hecho, todo el relato de la «sustentabilidad» de la deuda -que es compartido con los funcionarios del FMI- parte de la premisa de que el desafío es «pagar la deuda con crecimiento», lo que quiere decir que el país podría generar los dólares necesarios para cumplir esa hipoteca. Incluso ha condicionado la reactivación de la industria a aquellas ramas que no demanden importaciones, en una confesión de que apuntan a una reprimarización de la economía nacional.

Ese norte es lo que explica tanto las tratativas del acuerdo que harían del país una «factoría de cerdos para China», como la ofensiva para habilitar nuevos negocios de la megaminería contaminante, e incluso la carta blanca a la devastación de los terratenientes que incendian las islas del Delta del Paraná en Santa Fe y Entre Ríos.

 

De hecho, la proliferación de focos de incendio intencionales en el Litoral, generados por los terratenientes para trasladar a las islas la explotación ganadera y liberar tierras para los pooles de siembra de la soja y el maíz, se replicó en esos días en humedales de distintos puntos de la Ribera del Plata. La temporada de incendios también está haciendo estragos en las sierras de Córdoba y de las reservas naturales de Ciudad Evita y Laferrere en La Matanza, obra de los especuladores del mercado inmobiliario. En la Región Chaqueña se han deforestado, desde el inicio de la cuarentena, alrededor de 30.000 hectáreas de bosques nativos. Todo ello no solo agrava las infecciones respiratorias en plena pandemia y destruye fauna y flora, sino que además recrudece el drama de las inundaciones por la impermeabilización de los suelos.

Detrás de ese avance de la frontera agropecuaria se encuentra la presión de terratenientes, los grandes pooles de siembra y las cámaras exportadoras, que aprovechan la necesidad de dólares del gobierno para reclamar exenciones impositivas y una devaluación en regla del peso. Esta misma presión logró que en abril se bajen los costos de importación de la Monoisopropilamina y la Dimetilamina, agroquímicos contaminantes utilizados para la producción de herbicidas. La exportación agrícola será la columna vertebral del «plan económico» para garantizar el repago de la deuda, junto con un ajuste en regla contra los trabajadores, todo lo cual será fijado y monitoreado por el FMI. Lo más grave es que la parte del león de este negocio se lo lleva un puñado de multinacionales exportadoras como Bunge y Cargill, mientras que los Bayer-Monsanto y Syngenta se quedan con otra parte de la renta agraria por la dependencia de los productores a sus semillas y paquetes tecnológicos. Es exactamente la antítesis de la soberanía alimentaria que esgrimía el gobierno antes de recular en la intervención de Vicentin, porque asocia los precios internos de los alimentos a la cotización internacional de las materias primas.

Lo mismo puede decirse del intento de habilitar jugosos negocios a los pulpos mineros. Para ello fue designado como secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, que había sido el empleado de la Barrick Gold en el gobierno sanjuanino y parte de los promotores del Acuerdo Federal Minero pactado por Macri y los gobernadores, que fijó las regalías en un insignificante 3% de la ganancia bruta de las mineras. Esto concitó el repudio del pueblo de Jáchal, que lucha desde hace años contra la incesante contaminación de los cursos de agua por los derrames de millones de litros de agua cianurada y otros químicos, producido por la Barrick en la mina Veladero.

 

Fue con este respaldo que la UCR y el PJ votaron en la Legislatura de Mendoza barrer con la ley 7722 que impide la explotación minera contaminante, que desató una verdadera rebelión provincial hasta que el gobierno de Rodolfo Suárez y la oposición no recularon y anularon la «ley cianuro». Pero ese traspié no detuvo el lobby, y en Chubut el gobierno del «albertista» Mariano Arcioni apadrinó un contrato millonario entre el empresario Elsztain y la canadiense Yamana Gold para extraer oro en la provincia, lo cual es un compromiso de remover la ley 5001 (que prohíbe la minería en la provincia), en pos de una zonificación que habilite también los históricos proyectos Suyai y Navidad en la meseta chubutense. Así como la pueblada de Esquel en 2003 arrancó la sanción de la ley 5001, ante este nuevo avance se puso en marcha la segunda Iniciativa Popular con la consigna «No Es No», que en poco más de un mes ha recogido un apoyo masivo.

 

La industria hidrocarburífera es otro punto sensible en la política económica de Alberto Fernández. Antes de su asunción, el presidente ponía sus fichas en los dólares que se proponía recaudar gracias a la exportación de petróleo y gas de Vaca Muerta. La caída de los precios internacionales ha puesto en cuestión la rentabilidad esa extracción no convencional de hidrocarburos, lo que derivó en una parálisis absoluta de las inversiones. Ahora preocupa al gobierno no ya lo que no recaudará, sino las divisas que se pueden fugar si se ve en la necesidad de importar combustibles en el próximo invierno.

Para revertirlo, el gobierno no solo prácticamente eliminó las retenciones a la exportación e instauró el barril criollo para subsidiar a las petroleras, sino que prepara un esquema de tarifazos y anunció una reforma laboral en YPF que así como intensificará la explotación de los obreros petroleros se traducirá en menores prevenciones ambientales en la extracción, cuando en los últimos cinco años fueron reportados más de 4.000 «accidentes ambientales». De nuevo, quienes ganan aquí son los Chevron, la empresa yanqui beneficiada con un acuerdo leonino y secreto firmado por Cristina Kirchner en 2013. A la clase obrera, en cambio, le esperan despidos, una mayor precarización laboral (un esquema que se cobró ocho vidas obreras en los últimos dos años) y mayores precios de la nafta, la luz y el gas.

En semejante contexto, el «revalorizado» Ministerio de Ambiente, encabezado por Juan Cabandié, no puede más que estar pintado. Pero su función es reaccionaria, ya que desde principio de año ha emprendido una política de cooptación de las organizaciones ambientales. La mayoría, sin embargo, rechazó esa integración al Estado bajo el ala de un gobierno que perpetúa y hasta acelera la depredación de los recursos naturales. No se puede tapar el sol con la mano, Cabandié.

Desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero participamos e impulsamos cada lucha en defensa del ambiente y de las condiciones de vida de la población trabajadora. Lo hacemos planteando un programa de salida que se opone por el vértice a la explotación parasitaria de las riquezas del país por parte de pulpos imperialista, cuyo único fin es la recaudación de dólares… ¡para el pago de la deuda externa fraudulenta!

Llamamos a las organizaciones ambientales a convocar un plenario para pelear en común por la aprobación del proyecto de ley presentado por la diputada del FIT Romina Del Plá, que plantea la prohibición de todos los desmontes por dos años, entregando a las organizaciones defensoras del ambiente un poder de veto sobre las rezonificaciones que la Justicia determine para avalar la tala de bosques, y establece una recuperación de las áreas devastadas financiada por las empresas responsables. Por la prohibición de las fumigaciones con agrotóxicos en zonas pobladas, y un poder de veto de las organizaciones ambientales sobre las fumigaciones en el ámbito rural. Por la prohibición de la megaminería a cielo abierto y la nacionalización de los recursos naturales, para poner la producción bajo control obrero y dando poder de veto a las comunidades afectadas por los emprendimientos extractivos. La nacionalización obrera de la industria hidrocarburífera, además, permitiría armonizar las necesidades de abastecimiento de energía con la provisión de formas de generación limpias y renovables. Por el saneamiento de ríos y suelos contaminados, bajo supervisión de organizaciones ambientales y vecinos, a cargo de las empresas responsables; y el fin de la especulación inmobiliaria que devasta bosques y humedales.

Es un programa que debe ir de la mano del repudio de la deuda usuraria para romper con ese mecanismo de expoliación colonial del país, y la nacionalización del comercio exterior para invertir la riqueza en un plan de desarrollo social y nacional que ponga un punto final a la primarización y la depredación ambiental.

Fuente: https://prensaobrera.com/ambiente/depredacion-ambiental-y-primarizacion-economica-para-pagar-a-los-bonitas-y-el-fmi/

En consecuencia, ante tan graves crisis humanitaria y civilizatoria es crucial descubrir y generalizar esa percepción de que el capitalismo es la pandemia a combatir. Advirtamos que somos les diverses de abajo quienes sostenemos a las poderosas y guerreras petroleras para obtener ganancias sea como sea y el Estado se halla a su completo servicio también a través de YPF pese a que: "La política energética nacional basada en subsidios estatales y el fomento a la exportación gasífera se ha demostrado como un fracaso reiterado en el intento de resolver los grandes problemas que tiene el país. Tres claves para entender los tropiezos constantes y las perspectivas diferentes a transitar. La impronta albertista muestra otra vez que en Vaca Muerta no aflora la grieta política y el país se encamina nuevamente a tropezar con la misma piedra imantada que atrajo a la clase dirigente a lo largo de la última década".

 

El gobierno reflota la ilusión de

Vaca Muerta: claves para

entender el tropiezo que viene

23 de junio de 2020

 

Por Marcelo García Extremo Sur .- Vaca Muerta comienza a convertirse otra vez en el epicentro de las miradas petroleras del país, tal como sucedió con el kirchnerismo en 2012 y el macrismo en 2016. El gobierno de Alberto Fernández impulsará una nueva Ley de Hidrocarburos, implementará subsidios a las petroleras y buscará reactivar la explotación de los hidrocarburos no convencionales neuquinos como epicentro productivo del país.

 

La política energética nacional basada en subsidios estatales y el fomento a la exportación gasífera se ha demostrado como un fracaso reiterado en el intento de resolver los grandes problemas que tiene el país. Tres claves para entender los tropiezos constantes y las perspectivas diferentes a transitar.

La impronta albertista muestra otra vez que en Vaca Muerta no aflora la grieta política y el país se encamina nuevamente a tropezar con la misma piedra imantada que atrajo a la clase dirigente a lo largo de la última década.

A poco de asumir la presidencia de la Nación, Alberto Fernández expresó en enero pasado que “Argentina se enamoró de Vaca Muerta” y cuestionó que “se desincentivó el resto de la producción convencional” de hidrocarburos.

 

Parecía que iba a producirse en cambio brusco de timón con respecto a los no convencionales, pero a poco de andar comenzaron a surgir las versiones de un proyecto de ley para los hidrocarburos que podrían nuevamente en la escena principal a Vaca Muerta; donde habría subsidios y amplios beneficios impositivos para las petroleras que operan en esos yacimientos de la Cuenca Neuquina (ver el artículo https://www.elextremosur.com/nota/22147).

En su visita a Neuquén de principios de junio, Fernández se reunió con el gobernador Omar Gutiérrez y manifestó que el desarrollo de Vaca Muerta “ocupa un rol central” para el país.

La vuelta al tapete del gran yacimiento de no convencionales disparó la reaparición del proyecto de ley para impulsar el sector, incluyendo el pago de subsidios atrasados a las petroleras y un nuevo Plan Gas 4, por lo que varios funcionarios nacionales comenzaron a poner otra vez a Vaca Muerta en el epicentro de la política energética nacional.

 

Debates ambientales y sociales: 10 millones de argentinos sin gas

Si bien hay un debate de fondo y mucho más profundo sobre los recursos hidrocarburíferos no convencionales -que implica tener en cuenta la cuestión ambiental y sus impactos sociales sobre las comunidades afectadas- se debe tratar de responder una pregunta esencial que se adentra en determinar si son necesarios para el país pagar esos altísimos costos.

En paralelo surge como otro punto de discusión que implica definir cuál debe ser la matriz productiva de Argentina. Si se incorporará valor agregado a las materias primas generadas o si solamente seguirá siendo un país exportador de commodities.

Avanzando más al fondo de la problemática social vale preguntarse si se debe pensar en una nación exportadora de gas cuando por lo menos 10 millones de personas no tiene acceso al gas natural por redes domiciliarias.

 

Según el INDEC, hasta el segundo semestre del 2019, en los 31 aglomerados urbanos del país un 35,3% de las personas y el 29,6% de los hogares no tenían acceso a la red de gas natural. Esos porcentajes se traducen en 9,8 millones de personas sin acceso al gas natural por redes sobre un total de 28 millones de habitantes localizados en dichos centros urbanos; todo en el marco general que la mitad de la población en cuestión no tiene acceso a alguno de los servicios esenciales como el agua, cloacas y el gas natural.

A principios de los años ’90 solamente el 52% de los hogares nacionales tenía acceso al gas natural por redes. Hoy en día, a más de 25 años, un tercio de los hogares del país sigue sin poder contar con una conexión domiciliaria al vital fluido para calefaccionarse y cocinar.

 

Dilucidar una nueva estrategia petrolera y energética basada otra vez Vaca Muerta puede llevar al país a tropezar por tercera vez consecutiva con la misma roca madre, y de allí la importancia de comprender algunas de claves principales que ponen en superficie la inconsistencia de un plan petrolero que busca volver a poner en el centro del desarrollo a los yacimientos no convencionales del país.

 

Claves para entender los constantes tropiezos con Vaca Muerta

Clave 1: Pila de subsidios estatales a petroleras privadas

Los altos costos de producción que insume la técnica del fracking (fractura hidráulica de la roca madre) sólo podrían ser soportados por la industria petrolera con altos precios del crudo internacional, algo que no está sucediendo en la actualidad y por ende debe suponerse que el Gobierno nacional avanzará nuevamente en un esquema subsidiado para la explotación de los yacimientos convencionales.

 

Ese esquema de subsidios estatales a la industria privada no solamente se direccionó a Vaca Muerta en los últimos años ni fue patrimonio exclusivo de los cuatro años de gobierno del macrismo, sino que arrancó en 2008 durante el primer mandato de Cristina Kirchner.

 

Los incentivos estatales fueron en un primer momento a la producción de petróleo y luego fueron virando a la de gas focalizándose en Vaca Muerta desde 2013, para alcanzar sus puntos más elevados en 2016 y 2017 durante la gestión de Mauricio Macri. Si se toman los últimos 11 años de subsidios a las compañías petroleras, el total de los montos transferidos para incentivar la actividad privada (para el petróleo y gas, tanto convencional como no convencional) ronda los 24.000 millones de dólares. Estos datos surgen de las elaboraciones propias en base a los informes de ASAP y el minucioso trabajo elaborado por Ejes – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (“El Estado, ¿rehén o planificador?: Transferencias económicas al sector hidrocarburífero”, de diciembre de 2016).

 

Según los datos difundidos por la Asociación Argentina de Presupuesto, hasta el 31 de diciembre de 2019 el Estado nacional transfirió a las petroleras subsidios para la explotación gasífera que ascendieron a un total de 27.647 millones de pesos.

De ese total, 24.967 millones de pesos correspondieron a subsidios del Plan Gas no convencional (Resolución 46/2017) focalizado esencialmente en Vaca Muerta y que representaron un 295% de los entregados en el 2018. Mientas que el por el ex Plan Gas la suma fue de 2.680 millones de pesos, un 23,6% menos que en el año anterior.

En tanto que hasta el 30 de abril el Estado liquidó 66,9 millones de pesos por el Plan Gas no convencional (-98,3%).

 

En plena pandemia, según publicó el portal EconoJournal, el actual gobierno de Fernández pagó a las petroleras 18.500 millones de pesos en subsidios a la explotación de gas no convencional adeudados de gestiones anteriores.

“El Ministerio de Desarrollo Productivo trabaja contrarreloj: quiere presentar oficialmente el Plan Gas 4.0 el 1 de agosto para reactivar la perforación durante el último cuatrimestre de 2020. Para eso debe reconstruir la reputación del Estado, que desde 2008 incumplió -al menos parcialmente- los plazos de pago de los subsidios involucrados en los diferentes planes de incentivo que se pusieron en marcha a partir de ese año (el primero fue el Gas Plus). Con ese antecedente, la primera variable que el Ejecutivo debe despejar es de confianza”, dio a conocer el sitio especializado en hidrocarburos y energía.

Desde hace más 10 años la industria petrolera que extrae crudo en yacimientos concesionados por los Estados provinciales viene recibiendo subsidios estatales para mejorar o desarrollar los niveles de extracción de petróleo y gas.

Esa situación se ha profundizado en los últimos años y deja más beneficios para el capital privado que para los verdaderos propietarios de las concesiones, en lo que debe denominarse como un rotundo fracaso de las políticas privatistas de los años ’90 cuando se desguazó la YPF estatal y se dejó al sector en manos del mercado.

 

Clave 2: Producir hidrocarburos para el mercado interno o para exportar y pagar la deuda

El gobierno nacional de Alberto Fernández da muestras de encaminarse en la misma dirección e inclusive profundizar lo acontecido desde 2016 con el macrismo poniendo el epicentro nuevamente en Vaca Muerta.

“Vamos a lanzar la Ley de Hidrocarburos a la salida de la pandemia”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas a mediados de junio; con la mira puesta en darle prioritariamente garantías y horizontes a los inversores privados nacionales e internacionales del sector petrolero.

“Seguimos viendo el mismo potencial en Vaca Muerta, lo mismo que para todo el sector hidrocarburífero de Argentina. Está en condiciones de ser una palanca para el desarrollo para la próxima década”, dijo Kulfas hace tres semanas atrás ante un grupo de empresarios reunidos vía Zoom por la Fundación Mediterránea.

“Seguramente una de las tareas que vamos a emprender a la salida de la crisis es el envío al Parlamento de una ley de inversiones hidrocarburíferas para estimular un salto productivo en Vaca Muerta y en otros proyectos productivos”, insistió el ministro Kulfas y explicó que desde el gobierno ven el recurso natural como “una palanca para el desarrollo del entramado productivos industriales, tecnológicos, integrado por cientos de pymes en todo el país”.

De ahí que se instale la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos y que el flamante CEO de YPF, Sergio Affronti, haya asegurado en las últimas horas que la compañía “va a liderar la industrialización de Vaca Muerta, agregándole mayor valor al crudo y el gas no convencional”.

Con una caída significativa del consumo de hidrocarburos y derivados, tanto a nivel mundial como nacional producto de la cuarentena que originó la pandemia; surgen interrogantes sobre cuáles debieran ser los objetivos centrales del desarrollo hidrocarburífero nacional.

Por un lado, no es posible obviar a esos 10 millones de argentinos localizados en centros urbanos que no tienen acceso al gas natural por redes y que por ahora no parecen tener prioridad de conexión para el gobierno nacional. En paralelo Argentina tendría que plantearse qué tipo de industria quiere desarrollar y en qué tipo de condiciones sociales y económicas.

En la etapa post pandemia, que por ahora parece lejana producto de la trepada constante de la curva de contagios de Coronavirus especialmente en el AMBA, el país se encontrará ante el desafío de hacer avanzar sus industrias, reconstruir el mercado interno y ampliar el tejido social inclusivo. Todas tareas enormes y no concluidas desde hace muchas décadas.

Conseguir la recuperación económica y productiva no será simple, pero tampoco imposible. En una misma dimensión debería repensarse cuál tendría que ser la estrategia hidrocarburífera, apostando al autoabastecimiento perdido, la incorporación de valor agregado sobre ese tipo de recursos naturales y a la vez una mejora redistributiva de los ingresos que se traduzcan en la calidad de vida de los argentinos.

Desechando buena parte de estas premisas, la otra lógica que se ha impuesto en los últimos años es la de desarrollar los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta para así conseguir un mecanismo de producción, exportación y captación de dólares que servirían para pagar la enorme deuda externa que padece desde hace años Argentina.

Lo que dejó entrever el ministro Kulfas es que la implementación del Plan Gas 4 buscará brindar certezas en los precios del gas natural extraído esencialmente en Vaca Muerta para así obtener dólares a través de la exportación.

Por eso que manifestó que “la idea es poder encontrar un mecanismo para contractualizar a largo plazo la demanda de gas a los productores a un precio razonable y que pueda garantizar la rentabilidad del sector como el desarrollo de inversiones”.

Vale mencionar que para desplegar ese mecanismo productivo y exportador, Vaca Muerta se encuentra en una situación compleja de infraestructura que ni el macrismo con sus millonarios subsidios e inversiones estatales en infraestructura pudo solucionar en cuatro años. Quedaron pendientes e inconclusos proyectos de gasoductos troncales, el tren Neuquén a Bahía Blanca y sin avances significativos en la planta de GNL en el puerto de la costa bonaerense (ver el artículo de 2018 https://www.elextremosur.com/nota/vaca-muerta-produce-mas-pero-corre-riesgo-de-estancarse-por-falta-de-inversion-en-produccion-e-infraestructura-social/).

Con las caídas pronunciadas de la demanda mundial de hidrocarburos y los bajos precios internacionales, a lo que se le debe sumar la contracción económica inversora planetaria producto de la pandemia, conseguir hacer realidad ese proyecto productivo y exportador parece poco probable o cuanto menos ilusorio en el futuro cercano.

 

Clave 3: La lógica de rentabilidad privada frente al beneficio social común

Desde 1992 cuando se privatizó YPF y durante casi 30 años Argentina ha retrocedido en materia de hidrocarburos dejando en manos del capital privado la liberalización del mercado, perdiendo reservas de crudo y gas, achicando hasta casi su extinción el rol estatal y perdiendo el autoabastecimiento.

Nada bueno sucedió a lo largo de tres décadas. Por momentos el país que abastecerse a través de las importaciones de gas a costos elevados. Tampoco se revirtió significativamente la problemática con los procesos de “argentinización” o expropiación parcial de YPF.

 

Si bien es cierto que con la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF la compañía cambió su postura frente al esquema productivo en los yacimientos convencionales, eso no fue suficiente para modificar sustancialmente el rol de la empresa insignia que supo tener el Estado nacional. Desde la expropiación en 2012, la nueva YPF no le ha dado grandes beneficios al país y se manejó como una empresa privada más en el mercado.

 

Además de haber en este nuevo siglo 10 millones de argentinos sin gas natural, los precios de los combustibles son elevados y se rigen en el país por la ley de la oferta y la demanda. Siguen respondiendo a variables el como valor internacional del crudo o la cotización del dólar, sin retroceder cuando alguno de los ítems decrecen.

 

Nada diferente ha sido ese mecanismo trasladado a los servicios públicos de gas y luz, primero subsidiados por el Estado y ahora dolarizados en favor de las ganancias de las distribuidoras y generadoras energéticas.

A ese panorama se suma el uso de los fondos estatales subsidiando al capital privado hidrocarburífero o inclusive llevando a cabo las mayores inversiones en infraestructura o desarrollos productivos y exploratorios en yacimientos convencionales o no convencionales.

 

El rol de la actual YPF está lejos de la comandada por Repsol desde las oficinas corporativas en Madrid, pero más distante se encuentra aún de la visión estratégica y social que desempeñaba la YPF estatal antes del desguace menemista.

 

Embarcar, como ha sucedido hasta ahora, a YPF como punta de lanza en Vaca Muerta no ha demostrado ser la estrategia más fructífera para la compañía ni tampoco para el país. Hasta el momento la hipótesis de que con el desarrollo de los no convencionales se posibilitaría fomentar la industria nacional o conseguir los dólares para el pago de la deuda no está demostrada en lo más mínimo.

 

El propio Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, remarcó que es inviable la idea de avanzar con “el fenómeno Vaca Muerta asociado a una salida en donde la Argentina fuera exportadora de gas no convencional y que esto permitiera un salto importante en el ingreso de dólares”.

 

Se debe considerar que en Vaca Muerta se viene llevando a cabo el máximo experimento empresario privado para la obtención de ganancias y maximización de la rentabilidad.

Es allí donde se modificaron los convenios colectivos de trabajo para flexibilizar a los obreros petroleros y reducir los costos laborales, con la consiguiente derivación altísimos costos en vidas de trabajadores que en menos de un año y medio se tradujeron en 8 obreros fallecidos en los yacimientos neuquinos.

(ver el artículo https://www.elextremosur.com/nota/20198). En los últimos 20 años murieron trabajando nada más y nada menos que 100 petroleros en todo el país.

 

Una cuota importante de responsabilidad tiene frente a este panorama la dirigencia sindical del sector, que permite que estos “accidentes” cuesten vidas humanas y en muchas oportunidades luchan solo por conquistas salariales -para nada menores o despreciables- pero que en tiempos de crisis funcionan con la lógica empresarial y con la excusa de defender los puestos de trabajo terminan reduciendo salarios o entregando conquistas laborales históricas.

 

Estas problemáticas no parecen ser tenidas en cuenta por la administración de Alberto Fernández, ni estarían incluidas en el proyecto de nueva ley o de desarrollo productivo de los hidrocarburos en el país.Por ahora no aparecen explicitados como objetivos del gobierno nacional -es cierto, ahogado por la pandemia y la deuda externa- lograr un país autoabastecido con hidrocarburos, sin muertes por súper explotación laboral en los yacimientos, con tarifas y combustibles accesibles para el conjunto de la población, con gas por redes para todos los habitantes del país. Aparece lejano un nuevo Estado que no solamente intervenga en el mercado como un jugador más entre privados sino como un organizador, generador del empleo y desarrollador de PyMES locales, además de definir las políticas energéticas estratégicas.

Fuente: https://opsur.org.ar/2020/06/23/el-gobierno-reflota-la-ilusion-de-vaca-muerta-claves-para-entender-el-tropiezo-que-viene/

 

 Ecocida y genocida

 

Consideremos cómo la siguiente noticia desvía de examinar a qué se debe la crisis humanitaria y orienta hacia la causalidad inmediata que encubre al sistema capitalista. En efecto ya desde el título conduce a una falsa comprensión e irracionalidad de someter el mundo entero a un virus:

 

La pandemia destruyó 400 millones

de empleos en todo el mundo

6 de agosto de 2020

 

La recesión devastó el mercado laboral y los países no pueden frenar el aumento de la desocupación. América, el continente más afectado.

Los efectos de la pandemia del coronavirus impactaron de lleno en la economía del mundo y particularmente sobre el empleo. Distintos países ya informaron balances que demostraron el arrase del coronavirus en el mercado laboral. De acuerdo al último registro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la recesión generada por la pandemia derivó en la pérdida de 400 millones de empleos en el mundo en el segundo trimestre. Como epicentro de la enfermedad, los países de América fueron seriamente perjudicados en ese lapso.

Leer

 

 

Tengamos en cuenta a una importante razón de la emergencia socioeconómica que es la primarización económica y el dominio casi absoluto de los oligopolios locales e imperialistas en el país que planifican como exportador de commodities. Veamos Córdoba a consecuencia de los extractivismos y cómo menosprecian a quienes trabajamos.

 

Córdoba: industria que retrocede;

agro y desempleo que avanzan

10 de octubre de 2020

 

El desempleo llegó a casi el 20% en el Gran Córdoba en el segundo trimestre de 2020, superando la media nacional. El dato fue difundido por el INDEC la semana pasada, y días después, el organismo presentó el indicador de personas bajo la línea de pobreza que llegó al 40%. Con particular incidencia en las infancias. Datos alarmantes pero que sin embargo tienen interpretación a la luz de la dinámica económica provincial y nacional de los últimos años.

 

Por Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad.

Desempleo, informalidad y pobreza en Gran Córdoba

En el segundo trimestre de 2020, es decir, ya en el marco de la pandemia, el desempleo en el aglomerado del Gran Córdoba ascendió al 19,1%. Esto implica un aumento de 8,3% respecto al primer trimestre de 2020 y un 6% respecto a igual trimestre de 2019. La desocupación podría agravarse si tenemos en cuenta que la mitad de las personas que perdieron sus empleos no pudieron iniciar una búsqueda laboral por las limitaciones que impone la pandemia, es decir que a fines de la encuesta, no son desocupadas. Es así que aproximadamente 50 mil personas pasaron a ser consideradas inactivas, lo que se refleja en una caída de la tasa de actividad que pasó del 46,9% al 43,4%.

Sin embargo, este desempleo no afecta a toda la población por igual. El 87% de la disminución del empleo nacional es explicada por caídas en el sector informal. Si bien todavía no fueron publicadas las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en la presentación realizada en el marco de las Jornadas Virtuales de Economía Crítica y Feminista, ya alertábamos que esta situación de falta de empleo era particularmente complicada en las mujeres y en jóvenes. En el Gran Córdoba estos sectores se veían con tasas por encima de la media en términos de desempleo y en términos de informalidad laboral. Tomando en cuenta la desigualdad por género, el desempleo en mujeres es creciente desde el año 2010, pasando de 10,6% a 14,6% para el primer trimestre de 2020. Mientras tanto el desempleo en varones es más bien constante y registraba antes de la pandemia una incidencia de 8,2%.

Por último, el INDEC también anunció que el 40% de la población del Gran Córdoba, alrededor de 635 mil personas, no pueden superar el nivel mínimo de ingresos requeridos para satisfacer necesidades cotidianas. Y un 8,1% no llega ni siquiera a alcanzar la canasta básica alimentaria. Lisa y llanamente, no puede cubrir lo más esencial, que es comer.

La situación se agudiza en el marco de una crisis mundial y nacional que todavía no encuentra salida y es agravada por el Covid-19. Pero hace años que en Córdoba asistimos a cambios en la producción y el empleo que pueden brindarnos algunas pistas para entender cómo llegamos al hoy.

El agro avanza, la industria retrocede

La tensión manifiesta sobre el empleo y la actividad cordobesa es producto de largos años de estancamiento y desarrollos dispares. Mientras que a comienzo de siglo, la dinámica productiva y de empleo era liderada por la expansión industrial, a lo largo de la segunda década se evidencia un declive del sector industrial y el protagonismo se traslada hacia el sector agropecuario.

Este cambio de enfoque productivo tiene implicancias directas sobre el trabajo. El sector agropecuario, enmarcado en las prácticas del agronegocio actual, no tiene la misma capacidad de generación de empleo que ofrece la industria. Es por esto que si evaluamos el producto total cordobés para el año 2018 (último registro estadístico), se observa que si bien la actividad agropecuaria explica el 17% de la producción, sólo participa del 5% del empleo. Llevamos este análisis a la industria y observamos que esta es responsable del 15% del producto y participa del empleo en 20%. En síntesis, la relación empleo/producción es muy superior en la industria que en la actividad agropecuaria.

Este ascenso en la dependencia del sector agropecuario responde a problemas económicos estructurales de Córdoba y Argentina, así como a políticas deliberadas de las diferentes administraciones. En Córdoba los gobiernos de De La Sota y Schiaretti han implementado diferentes políticas para beneficiar al sector agropecuario en detrimento de los otros.

En términos presupuestarios se destaca que gran parte de los subsidios económicos son dirigidos a esa actividad. Hacia 2010 el gasto en servicios económicos destinados al sector agropecuario eran 3 veces superiores a los que iban hacia la industria, sin embargo para finales de la década esa diferencia se amplió a 10 veces. También existen diferentes fondos que permiten mejorar la infraestructura necesaria para la producción y circulación de bienes ligados al sector agropecuario. El Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario y el fortalecimiento de la cadena de valor agroalimentaria que es financiado con el 60% del impuesto inmobiliario rural es la muestra más cabal de esto. Los productores pagan el impuesto inmobiliario (dicho sea de paso, el monto de este impuesto está desactualizado hace años) y parte de eso vuelve a esos mismos productores en obras de infraestructura.

El sector agropecuario sigue sumando puntos, mientras un montón de otros sectores cada vez son más dejados de lado. La pandemia vino a mostrar una de las partes más olvidadas de Córdoba.

Tensiones que se revelan y multiplican

Desde hace semanas se asiste a cada vez más muestras de hartazgos en diferentes sectores de la población cordobesa por la situación general. Las manifestaciones de pequeños propietarios de locales gastronómicos, de empleados de aerolíneas, transportistas, etc., se cruzan con reclamos por el cese de los incendios en zonas rojas de bosque nativo y la salud, así como la vida, sigue estando en el centro de las miradas. Marchas en contra del gobierno nacional y sus medidas, reclamos docentes nacionales y provinciales, crecimientos masivos de contagios y trabajadoras de la salud con malas condiciones laborales. ¿Qué se nos viene para adelante? ¿Qué reclamos tomarán formas de políticas públicas? ¿Qué hará el gobierno de la provincia, los sindicatos y cámaras empresariales? Nada de esto está claro pero sí es evidente que la situación económica y sanitaria es realmente complicada en la provincia y llegó el momento de tomar medidas de fondo.

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Fuente: https://www.anred.org/2020/10/10/cordoba-industria-que-retrocede-agro-y-desempleo-que-avanzan/

 

 

Comprobamos que, por ser el capitalismo representante sólo de los intereses oligopólicos (1% humano), la alta siniestralidad laboral en Vaca Muerta se da en todo el país y en el mundo.

 

 

2,78 millones de trabajadores fallecen cada año en el mundo por

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

 

Muertes en el centro de trabajo,

una sangría global

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1 de septiembre de 2020

Por Enric Llopis (Rebelión)

Eleazar Blandón, jornalero de 42 años y padre de cinco hijos, falleció el 1 de agosto tras un día de trabajo -en plena ola de calor- en una finca agrícola cerca del municipio de Lorca (Murcia). El empresario para el que trabajaba no le dio de alta en la seguridad social. En declaraciones recogidas por Efe, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resumía las condiciones en las que laboraba el temporero: “Su jornada se extendió desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas y luego se prolongó en la recolección de melones en una finca adyacente hasta largas horas de la tarde, a una temperatura de 44 grados sin ningún tipo de protección”. La CGT de Murcia denunció en un comunicado que éste es un ejemplo de “trabajo esclavo”, que se extiende “a sus anchas por los campos de nuestra región”.

Las pruebas de ADN confirmaron, el 19 de agosto, que los restos hallados en el vertedero de la empresa Verter Recycling 2002 en  el municipio de Zaldibar (Bizkaia) correspondían a Alberto Sololuze; este trabajador de 62 años permanecía sepultado –junto a su compañero, Joaquín Beltrán- tras el derrumbe de la escombrera ocurrido en febrero. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco informó que en 2019 entraron en las instalaciones 510.994 toneladas de residuos (4.235 toneladas de materiales de construcción que contenían amianto). La plataforma popular Zaldibar Argitu ha convocado paros laborales y movilizaciones en la calle, con el fin de que se depuren “todas las responsabilidades” (5.000 personas se manifestaron en febrero en el barrio de Zaldibar donde se localiza el vertedero).

En 2019 Mercadona logró unos beneficios netos de 623 millones de euros, un 5% más que el año anterior. El presidente de esta cadena de supermercados, Juan Roig, se sitúa como la tercera fortuna del estado español y 487 del mundo, con un patrimonio –según la revista Forbes- de 4.100 millones de euros. Una trabajadora de la limpieza -de 36 años y con tres hijos- falleció en octubre de 2019 en el centro logístico de Mercadona en Abrera (Barcelona), donde estaba empleada; el cuerpo sin vida fue hallado por los Mossos d’Esquadra -27 horas después de su desaparición- en una zona de máquinas de la nave, destinada a la producción de pan. Por las mismas fechas, un trabajador de 43 años murió tras ser aplastado por una carretilla elevadora en el Centro Comercial Vidanova Parc de Sagunto (Valencia).  

Más allá de los casos concretos, el Ministerio de Trabajo registró en el primer semestre del año 354 muertes por accidentes de trabajo en el estado español, lo que supone un incremento del 21% respecto al mismo periodo de 2019 (ese año se contabilizaron 695 muertes); el mayor aumento de los decesos entre enero y junio se produjo en el sector agrario (109%), seguido de la industria (68%) y con un 25% los servicios (tal vez la reducción del 25% en el sector de la construcción se explique por el parón económico a causa de la pandemia).

El hecho es que, en un contexto de crisis por la COVID-19 y caída del PIB, crece la siniestralidad mortal; entre otras razones, explica en una nota informativa el responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Pedro J. Linares, “porque la precariedad laboral cada vez más extendida empuja a renunciar a derechos y asumir peores condiciones de seguridad para mantener el empleo”. Asimismo, el Instituto de Salud Carlos III reporta –con datos hasta finales de mayo- de 52 defunciones entre el personal sanitario del estado español por la COVID-19.

¿Una sangría global? La Organización Mundial del Trabajo (OIT) dedica este año el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril) al impacto del coronavirus. Quizá por ejemplos como el de un ingeniero de 51 años, empleado de la constructora qatarí Conspel y fallecido en junio; fue la primera víctima mortal por la COVID-19 entre los trabajadores de las infraestructuras para la Copa del Mundo de Fútbol Qatar-2022; “las autoridades qataríes han detenido y expulsado a decenas de trabajadores y trabajadoras migrantes tras decirles que se los llevaban para hacerles la prueba del coronavirus”, denunció el pasado 15 de abril Amnistía Internacional (además de las condiciones laborales de semiesclavitud, la Confederación Sindical Internacional denunció ya en 2014 que al menos 1.200 migrantes de India y Nepal habían muerto –durante cuatro años- en las obras para el mundial de Qatar). Otro caso relevante es el de  Amazon; entre protestas por la falta de medidas de seguridad, huelgas y despidos, tres trabajadores del gigante logístico en los centros de Hawthorne y Tracy (California) y en Staten Island (Nueva York) fallecieron por la COVID-19.

Publicado en 2019, el informe de la OIT Seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo señala que cada año mueren por accidentes laborales y enfermedades profesionales 2,78 millones de trabajadores (la mayoría, 2,4 millones -el 86,3%- debido a enfermedades profesionales); en otros términos, cada día pierden la vida mil personas por accidentes del trabajo y otras 6.500 por dolencias profesionales; la cifra representa entre el 5% y el 7% del total de muertes a escala mundial. En cuanto a la tendencia, el documento apunta un incremento en las muertes, ya que los trabajadores fallecidos en 2014 fueron 2,33 millones. Por regiones, en 2014 África y Asia registraron una tasa de accidentes de trabajo mortales por cada 100.000 trabajadores entre cuatro y cinco veces superiores a las europeas.

El sábado 25 de marzo de 1911 se produjo un incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York, en el que perecieron –en sólo 20 minutos- 146 obreras, la mayoría jóvenes migrantes de Europa del Sur y del Este; “recibían bajos salarios, trabajaban largas horas, el sábado en este caso, y las puertas estaban cerradas con llave. No tenían derechos, ni protección legislativa o representación laboral. Era la clásica ‘fábrica clandestina’, a un paso de la esclavitud”, relató en 2011 la directora de la Oficina para la Igualdad de Género de la OIT, Jane Hodges (en noviembre de 1909 tuvo lugar el levantamiento de las 20.000 o huelga de las camiseras de Nueva York, en la que participaron sobre todo trabajadoras migrantes del sector textil). Otro ejemplo de la época, recogido por el informe de la OIT, es el de la explosión ocurrida el 14 de octubre de 1913 en la mina carbonífera de Senghenydd (Gales del Sur, Reino Unido), que se saldó con la muerte de 439 mineros y un rescatador.

Una fuga de más de 30 toneladas de isocianato de metilo, la afección a más de 600.000 trabajadores y habitantes del entorno, y entre 5.295 (cifra oficial) y 25.000 muertes como resultado de la catástrofe; enfermedades respiratorias, daños en el sistema inmunológico y niños con malformaciones, además de trastornos mentales  y cáncer entre los supervivientes, familiares y población en general. A ello se suman los impactos ambientales y la contaminación del aire, los suelos y el agua potable. Es el balance del escape de sustancias tóxicas ocurrido en la fábrica de pesticidas de Bhopal (estado de Madhya Pradesh, India), el 3 de diciembre de 1984; la planta era propiedad de la corporación estadounidense Union Carbide (firma adquirida en 2001 por la compañía Dow Chemical); 35 años después, las asociaciones de afectados continuaban reclamando justicia.

El recorrido podría continuar en Dhaka, capital de Bangladesh y, en concreto, en el edificio Rana Plaza. Fue el lugar donde el 24 de abril de 2013 murieron al menos 1.132 personas (trabajadoras de la confección) y más de 2.500 resultaron heridas, al derrumbarse el edificio que acogía cinco fábricas de ropa y locales comerciales. La campaña internacional Ropa Limpia, que en el estado español coordina la ONG Setem, convocó movilizaciones y señaló un año después algunas de las responsabilidades: “Marcas como Adler Modemärkte, Ascena Retail, Auchan, Benetton, Carrefour, Cato Fashions, Grabal Alok, Güldenpfennig, Iconix (Lee Cooper), JC Penney, Manifattura Corona, Matalan, NKD, PWT (Texman) y Yes Zee contaban con producción en alguna de las fábricas del edificio Rana Plaza en el momento del derrumbamiento o poco antes”, denunciaron. 

Fuente: https://rebelion.org/muertes-en-el-centro-de-trabajo-una-sangria-global/

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda coherente en su anticapitalismo, tenemos el desafío de comenzar por solidarizarnos con comunidades y pueblos que afirman su dignidad humana defendiendo o recuperando territorios expropiados por el Capital Estado.

 

Vaca Muerta, pandemia y

la vulneración del derecho indígena
16 de octubre de 2020

Por Pablo Quintana para el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) 

El avance petrolero en Neuquén no respeta las leyes vigentes referidas a pueblos originarios. Amnistía Internacional señala la contradicción entre derechos humanos y extractivismo. La contaminación producto del fracking, el rol de YPF y el futuro mapuche.

Todo cambió desde que se organizó la cuarentena a raíz de la pandemia. Inclusive en aquellos territorios en conflicto como el de Vaca Muerta, esa formación geológica de shale (petróleo de esquisto o shale oil), que desde que se conjuró con la firma del acuerdo entre YPF- Chevron, en 2013, se transformó en la pesadilla de los pueblos originarios de la región.

Por un lado, la actividad extractiva se detuvo y con ello los movimientos sísmicos que se registran en la región dejaron de suceder. Pero la llegada del virus también paralizó las conversaciones que comunidades mapuches habían logrado instrumentar para exigir por sus derechos.

“La llegada de la pandemia frenó el diálogo que habíamos conseguido con la implementación de una mesa política a principio de año en la que íbamos a tratar diferentes temas en agenda”, dice Gilberto Wijipan, werken de la Confederación Mapuche Neuquina Zonal Xawvnko.

La Confederación exige a YPF diversos trabajos inconclusos que habían quedado en los diferentes territorios comunitarios como Campo Maripe, Futa Trayen, Lof Wirkaleu en Sauzal Bonito y Nehuen Curá en Rincón de los Sauces, entre otras comunidades.

El primer encuentro se materializó en febrero pasado en un salón de reuniones que concedió la Fiscalía Federal en Neuquén con la anuencia de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda. Allí comenzó a plasmarse la necesidad de contar con un protocolo para que se aplique la consulta a las comunidades, previa información de lo que se piensa desarrollar y los impactos que habrá, no sólo al ambiente sino a la cultura y a la salud.

“La presidenta del INAI así lo entendió -señala Wijipan-, por lo que nos pusimos a trabajar con la participación de YPF, sólo como escucha y sin toma de decisiones. Porque las decisiones son nuestras y del Estado argentino”.

Pese a la quietud, Lorena Maripe, como werken (vocera) de la comunidad Campo Maripe, habla de la alerta permanente a la que están sometidos. “Si bien la crisis sanitaria frenó la actividad, vemos en los anuncios de los medios que la petrolera estatal YPF quiere volver a embestir ingresando los equipos petroleros. Así que estamos en alerta y haciendo recorridas dentro del territorio para evitar que se instale. Sabemos que la conducta de la petrolera es negar nuestros derechos, de que vivimos y existimos en el territorio”, dice desde Fortín Vanguardia, a unos 15 kilómetros de la localidad de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta.

Fracking y sismos

Desde que comenzaron las primeras perforaciones, 2013, nada volvió a ser como antes en la comunidad mapuche. No sólo se registraron impactos en el ambiente sino también en la vida social comunitaria. “El avance de las petroleras trajo consigo mucho movimiento negativo para nuestras vidas y nuestro desarrollo comunitario. El impacto ambiental es fuerte. Hay montes contaminados, donde el pasto ya no crece de la misma forma, el aire cambió. El agua no es buena para el consumo; las cabras, las ovejas, los caballos y las vacas la toman, pero no sabemos qué efectos les está produciendo”, esgrime la werken. Explica que en las noches patagónicas el cielo estrellado se apagó. La alta meseta se transformó en una ciudad por la cantidad de torres iluminadas artificialmente. Esas mismas noches serenas y tranquilas dejaron de ser tales, sólo se escucha el gemir de los generadores y motores de las torres de explotación.

Desde hace un tiempo que el gobierno de Neuquén instaló dos sismógrafos para medir la intensidad de los temblores. Uno en Sauzal Bonito y otro en Añelo. “Cuando arrancó el tema de la pandemia en marzo se paró todo, los sismos que eran constantes cesaron. Algunos eran perceptibles y otros no”, afirma Lorena Maripe.

Cuando la petrolera angloholandesa Shell retomó los trabajos en junio volvió la actividad sísmica. Shell había firmado, en plena pandemia, un acuerdo para construir una planta de procesamiento de gas para el área llamada Bajada de Añelo, en Vaca Muerta. Estos últimos sismos fueron percibidos incluso en la zona urbana de Añelo.

Vaca Muerta y violación de derechos

El virus no sólo trajo aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar su contagio, sino que en algunos escenarios profundizó la situación de vulnerabilidad y afectó los derechos de las comunidades indígenas. Así se desprende del estudio realizado por Amnistía Internacional (https://territorioindigena.com.ar/Casos) que relevó más de 20 casos en todo el país en los que las comunidades indígenas sufren desproporcionadamente los efectos de la pandemia y sus medidas.

“La política indígena es una agenda invisibilizada, no prioritaria, no hay política seria indígena que haya asumido ningún Gobierno hasta el día de hoy. Y no sólo traducido en políticas territoriales de propiedad comunitaria. Argentina tiene la gran trayectoria y liderazgo a nivel internacional en materia de Derechos Humanos pero puertas afuera es un discurso y hacia adentro es otro. El indígena está afuera de esa cartera. Y la verdad que el Covid vino a demostrar justamente lo mismo, que no hay una política de abordaje. Reconocemos el trabajo comprometido de (Magdalena) Odarda, pero sin capacidad de gestión y sin articulación con las provincias es difícil”, sentencia la abogada, especializada en Derecho Internacional y directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.

De ese informe se desprende que en comunidades ubicadas en Chubut, Neuquén y San Juan el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no fue posible concretarlo por las distancias y la falta de acceso a la información, pese a lo dispuesto por el INAI (que reclamó realizar de manera proactiva un relevamiento integral en las comunidades indígenas del país a los fines de asegurar la efectiva prestación de ese beneficio).

“Vaca Muerta es el ejemplo más paradigmático de vulneración de derechos indígenas incumpliendo todos los que están vigentes y que se exigen en la Argentina. O sea, derecho territorial, cogestión de los bienes naturales, derecho a la consulta, lo que yo le llamo la tríada maldita porque son los que más recurrentemente vulneran los Estados con respecto a comunidades indígenas”, es el veredicto que señala la abogada Silvina Ramírez.

“Es cierto que después de la noche del macrismo, el Gobierno puede aparecer como más sensible a determinados reclamos. Pero el panorama sigue siendo oscuro porque más allá de las buenas y malas intenciones, hay una estructura del Estado y un sistema económico que sigue vulnerando el derecho indígena. El actual modelo económico y su matriz energética son incompatible con esos derechos. Siempre el costo se paga con la vulneración de los derechos indígenas”, sustenta.

Integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derechos Indígenas (AADI), Ramírez remarca que es muy difícil avanzar sobre los derechos de los pueblos indígenas si se sigue apostando a este modelo extractivista, sea el Gobierno que sea. “Sí, podés tener algunas diferencias que uno podría remarcar como no menores, pero al final se van produciendo los despojos. Aunque no azucen a las fuerzas de seguridad en contra de las comunidades como pasó en el 2017 con los casos de Santiago (Maldonado) y Rafael (Nahuel)”, ejemplifica.

Ramírez recuerda que antes de la pandemia hubo una suerte de mensaje por parte de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, instando a generar mesas de diálogo. Menciona como ejemplo las gestiones que se realizan en torno al Lof Buenuleo en Río Negro o con el Pu Lof Pailako Futalaufken Mew en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut). Aunque reconoce que son procesos complicados, donde muchas veces el estado nacional y las provincias tienen juegos complejos en el que no articulan. “Ahora podemos pensar que las fuerzas de seguridad como Gendarmería o Prefectura no saldrán a reprimir como lo hicieron durante el gobierno macrista, pero también es cierto que no hay una solución ni respuesta claramente satisfactoria a los pueblos originarios, fundamentalmente en conflictos territoriales”, señala.

Al momento de escribir esta crónica se produjo la irrupción en territorio mapuche por parte de efectivos del Ejército en un territorio que pertenece a la comunidad Millalonco-Ranquehue, en la región de San Carlos de Bariloche, con una fuerte campaña de los medios de comunicación demonizando a la comunidad indígena.

El futuro llegó

En Vaca Muerta también hay una magnificación sobre los supuestos beneficios. “Hay muchos espejitos de colores, por los costos que implicaría la extracción de esos bienes naturales, sin mencionar la caída de los precios de los commodities, que lo hace inviable económicamente”, reseña Ramírez, autora del libro “Horizonte político del movimiento indígena”.

La contaminación ya está en curso, entonces ¿cómo aplicar el derecho a la consulta previa (pilar del derecho indígena)? Para Ramírez existe un juego sucio por parte del Estado: “Se busca la consulta para legitimarse. Es decir ‘cumplimos con la normativa vigente’, pero ¿se consulta después de cuántos años? Cuando el territorio ya está contaminado. Uno de los ingredientes del artículo que regula la consulta y el consentimiento es que sea previa, libre e informada. Eso no se cumple”.

García Rey, de Amnistía Internacional, pronostica que “si el horizonte, como avizoramos, tiene que ver con este modelo de profundización de las actividades extractivas sin respetar los derechos vigentes, las tensiones van a recrudecer”. Y precisó el vínculo que tienen las fuerzas de seguridad con las comunidades indígenas: “Están pensadas desde este modelo económico, desde una idiosincrasia que tiene mucho de discriminación y xenofobia profunda”.

Para explicarse puso como ejemplo el caso de la localidad de Fontana (Chaco), sucedido en junio pasado, donde un grupo de policías atacó con inusitada violencia a una familia qom y tras la brutal agresión continuó con torturas en la comisaría a cuatro jóvenes, una de ellas menor de edad.

Leyes para incumplir

Tierra y territorio es la única forma de garantizar otros derechos para los pueblos originarios. Pero la Ley 26.160, que fue sancionada en 2006 con el objetivo de relevar las tierras de las comunidades indígenas, nunca se cumplió.

“La ley de relevamiento territorial parecía un horizonte que allanaba el camino y terminó siendo una cuestión interminable, muy manoseada”, indica García Rey.

¿Cómo se explica que una ley de emergencia que fue pensada en el 2006 para ser ejecutada en cuatro años lleva 14 años y con final incierto? “Sólo se explica por falta de voluntad política y desidia. El tema indígena no está en la agenda pública y sólo tiene cabida cuando pasa algo tremendo, como cuando fue la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado o el asesinato de Rafael Nahuel”, sintetiza Ramírez.

La abogada sostiene que la ley quedó tan mancillada que si los casos se judicializan hoy la Ley 26.160 no necesariamente es vinculante, ni siquiera inicia el trámite en sede administrativa de titulación colectiva. “Frena los desalojos, pero no va a resolver el tema territorial en Argentina. Pero es cierto que sin esa ley podríamos estar peor”, admite.

Para la integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) es imprescindible una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para resolver el tema de los territorios y sobre todo para solucionar la titulación colectiva, que “es darles seguridad jurídica a las comunidades, sino están como hojas al viento, no se sabe cuándo los vienen a desalojar”.

Se deberían alinear todos los planetas partidarios para que eso suceda. Hay cuatro proyectos que pierden estado parlamentario en diciembre y que hasta entonces no serán tratados. “Es imprescindible porque más allá del inciso constitucional que reconoce la propiedad comunitaria indígena y la Ley de Emergencia que perdió potencia y legitimidad después de 14 años, no hay otra cosa”, expone.

Futuro mapuche

El virus frenó todo. Menos la resistencia mapuche. “No vamos a abandonar esa agenda, vamos a seguir por los títulos comunitarios, vamos a seguir exigiendo que las provincias no tienen por qué reconocer a las comunidades mapuches, no tienen por qué inventar un ‘mapuchómetro’ para decir si nos reconocen o no legalmente. Nosotros somos preexistentes. Que hayan querido invisibilizarnos es otro tema”, dice Wijipan.

El pueblo mapuche vuelve a reivindicarse para exigir y sostener sus derechos. Como Lorena Maripe y la longko Mabel Maripe, que estuvieron contagiadas del Covid y se recuperaron. “No llegamos a necesitar un respirador, pero los dolores fueron intensos”, describe Lorena. Recobraron fuerzas, como lo hicieron tras las diversas tentativas de desalojo, para decir presente en el territorio mapuche.

https://opsur.org.ar/2020/10/14/vaca-muerta-pandemia-y-la-vulneracion-del-derecho-indigena/

Fuente: https://rebelion.org/vaca-muerta-pandemia-y-la-vulneracion-del-derecho-indigena/

 

 

Apreciemos significados del «giro decolonial» que sostienen intelectuales identificados con los gobiernos progresistas y la crítica bien fundamentada de Andrés Kogan Valderrama. El sociólogo chileno nos explica que el «giro ecoterritorial» se diferencia al acoger  "la discusión sobre nuevas alternativas desde y para las comunidades y territorios desde abajo".  También destaca la noción de pluriverso y señala que "debiera ser no solo un horizonte a seguir por los distintos colectivos planetarios, sino una herramienta de cooperación y articulación de mundos de vida alternativos al existente a nivel global".

 

Disentimos con Andrés Kogan Valderrama en pensar como verdadera alternativa a la iniciativa regional denominada “Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural en América Latina” Y además discrepamos en la concepción de agroecología abstraída de la reforma agraria integral y de la soberanía alimentaria. Ambas como procesos de luchas anticapitalistas, antilatifundistas, antirracistas, antipatriarcales y decolonizadoras tanto del poder como del saber.

 

 

Una crítica desde los territorios

al «giro decolonial»

en América Latina

19 de octubre de 2020

Por Andrés Kogan Valderrama (Rebelión)

El denominado «giro decolonial» puede verse como uno de los intentos académicos e intelectuales más importantes de los últimos años en la región, en tanto crítica al eurocentrismo instaurado hace más de 500 años por occidente luego de la conquista de Abya Yala en 1492.

Sus antecedentes teóricos se pueden encontrar en la teoría del sistema-mundo, la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, las teorías de la dependencia, los estudios poscoloniales, los estudios subalternos, los estudios culturales, la pedagogía de la liberación, el feminismo indígena, la filosofía afro-caribeña, el marxismo, el posestructuralismo.

Aparecido en la década del 2000 en Universidades de Estados Unidos (Universidad de Duke, Universidad de Berkeley) como en América Latina (Universidad Andina Simón Bolívar), sus planteamientos han sido capaces de despertar el interés de cientos de investigadores y académicos, que ante la crisis del marxismo, tanto a nivel político como epistémico, luego de la caída de la Unión Soviética, han encontrado en la idea de decolonialidad una forma de pensar de manera situada a los distintos procesos de dominio existentes en la región.

Es así como el llamado Grupo Modernidad Colonialidad ha sido un referente en seminarios, congresos, encuentros, conversatorios y revistas de filosofía y ciencias sociales (2), en los cuales nociones como patrón de poder global, transmodernidad, paradigma otro, pensamiento fronterizo, racismo epistémico, sistema mundo moderno/colonial, hibris del punto cero, diferencia colonial, diferencia imperial, ergo-corpo-geo políticas del conocimiento, norte global, sur global, zona del ser/no ser, han sido usadas en variadas tesis de posgrado, libros y artículos académicos.

Asimismo, sus planteamientos tienen como fuente los planteamientos anticoloniales de autores como Frantz Fanon, CRL James, Aimé Cesaire, Pablo González Casanova, José Carlos Mariátegui, Rodolfo Kusch, Fausto Reinaga, Silvia Rivera Cusicanqui, W.E.B. Dubois, Esteban Ticona, Sylvia Wynter, Ali Shariati, entre otras y otros. Así como también se han nutrido de las luchas de múltiples movimientos indígenas de la región, como es el caso de organizaciones provenientes del mundo mapuche, aymara, guaraní, coya, quechua, nasa, wayuu, entre otros, los cuales junto al zapatismo de Chiapas, son vistos como verdaderos faros en lo que refiere a proceso de descolonización.

Su tesis central es una fuerte crítica al eurocentrismo a través de la idea de colonialidad, acuñada en 1991 por Aníbal Quijano, la cual va mucho más allá de la de colonialismo, entendiendo este último concepto como una experiencia de ocupación territorial y/ o control político de parte de una potencia extranjera sobre otro grupo humano. La idea de colonialidad apela por tanto al control de todas las formas de la existencia humana y no humana. Es decir, la colonialidad se entrelaza a través de una colonialidad del poder (político, económico-militar), una colonialidad del ser (ontológica) y una colonialidad del saber (epistemológica).

En consecuencia, el «giro decolonial» apuesta por desligarse del proyecto de la modernidad, por tener a la colonialidad como su cara oculta, así como por cuestionar una idea de universalidad del conocimiento impuesta por occidente, la cual ha sido sostenida no solo por las grandes ideologías modernas (conservadurismo, liberalismo, socialismo) sino también por la filosofía y los canon de pensamiento de las disciplinas de las llamadas ciencias sociales (sociología, antropología, ciencia política, psicología).

Por lo mismo, el «giro decolonial» lo que propone es descolonizar todos los ámbitos de la vida y al Estado moderno mismo, por ser el principal instrumento de control de occidente (sistema económico, alimentario, educacional, salud, jurídico, vivienda, seguridad), para dar posibilidad así a una transformación que tome en consideración a otros conocimientos, provenientes de epistemologías indígenas de la región.

De ahí que el «giro decolonial» también realice un fuerte cuestionamiento al pensamiento crítico occidental proveniente del marxismo y feminismo por su carácter eurocéntrico. Es así como nociones como clase y género se cuestionen, por ser herederas de un proyecto moderno que oculta su colonialidad, al poner a la clase obrera europea y a la mujer blanca en el centro y en la vanguardia de las luchas por la liberación. 

Asimismo, se les cuestiona por invisibilizar los procesos de racialización a hombres y mujeres negras, indígenas, campesinas, alejadas de los centros de poder urbanos del llamado primer mundo. El capitalismo y el patriarcado por ende se problematizan desde el «giro decolonial» por miradas provenientes desde el sur global.

Sin embargo, a pesar del aporte del «giro decolonial», en tanto crítica al eurocentrismo, ha sido fuertemente criticado por su carácter academicista y endogámico, al presentar su crítica como una novedad en la región, negando así el potencial teórico del pensamiento anticolonial latinoamericano histórico, el cual viene cuestionando lo mismo por décadas, a través de la noción de colonialismo interno.

De ahí que las críticas planteadas por Silvia Rivera Cusicanqui, señalen explícitamente un colonialismo intelectual de parte de los principales referentes del giro decolonial quienes se han apropiado del potencial epistemológico del pensamiento indígena y afro para la descolonización, pero han invisibilizado una práctica descolonizadora que esté situada a los territorios, al poner su centro en un nuevo fetichismo teórico.

Es por eso que la crítica al eurocentrismo, focalizada en lo teórico principalmente, a través de la idea de racismo epistémico, sea una crítica que omite otros procesos previos a 1492, igualmente de estructurante, como lo son el antropocentrismo, androcentrismo, adultocentrismo y cuerdocentrismo, los cuales se han configurado históricamente con las grandes civilizaciones (no solo la occidental), a través del Estado, la familia y la propiedad privada.

No es casualidad, por tanto, que el extractivismo, entendido proceso colonial de apropiación de los cuerpos y territorios, iniciado desde la conquista hasta la actualidad, sea quizás el punto de quiebre de los principales referentes del llamado Grupo Modernidad Colonialidad, en donde algunos hayan tomado posiciones políticas territorializadas y otros desterritorializadas, profundizando estos últimos un fetichismo teórico, funcional a los Estados.

Unas miradas desterritorializadas del «giro decolonial», que han asumido buena parte de sus referentes, en donde la crítica está puesta en una descolonización puramente conceptual, alejada completamente de las luchas por la defensa de los territorios en todo América Latina, como lo puede ser contra la megaminería, el agroegocio, la salmocultura, las inmobiliarias, el fracking, entre otros.

En estas posiciones, el uso de la noción de decolonialidad, está centrado en visibilizar el proceso de pérdida de poderío de occidente, particularmente de su centro en Estados Unidos, ante la arremetida civilizatoria de China, como si la descolonización pasara simplemente por un cambio de una hegemonía por otra. Es decir, como si el eurocentrismo que se critica no estuviera entrelazado desde su origen con el extractivismo.

Los casos de Enrique Dussel y de Ramón Grosfoguel, quizás sean los más llamativos de este proceso de desterritorialización de lo decolonial, en donde ambos han asumido posturas políticas muy cercanas a las izquierdas tradicionales (2), al subordinar sus marcos conceptuales a lógicas estadocéntricas de ciertos gobiernos regionales progresistas, en donde el despojo de bienes comunes como el agua, el aire y la tierra se han visto en peligro de igual manera como en los gobiernos conservadores.

Una situación evidenciada con el apoyo acrítico de estos dos autores decoloniales a los llamados nuevos constitucionalismos suramericanos (Bolivia, Ecuador y Venezuela), luego de importantes procesos políticos, los cuales si bien democratizaron fuertemente aquellos países, la aparición posterior de caudillismos, clientelismos, machismo y represión, al servicio del extractivismo minero, petrolero y energético, se profundizó.

De ahí, que si bien en aquellos países se obtuvieron derechos fundamentales, que pueden ser vistos como verdaderos giros civilizatorios (Derechos de la Naturaleza, Ley de la Madre Tierra, Estado Plurinacional, Estado Comunal, Suma Kawsay, Suma Qamaña), en la práctica han caído en un fetichismo jurídico que ha servido más que nada para llevar esas experiencias a seminarios, foros y encuentros de activistas e intelectuales de izquierda (Foro de Sao Paulo).

Ante esto, los planteamientos decoloniales de aquellos autores, en especial de parte de Ramón Grosfoguel, han sido usados para denostar a cualquier crítica que se haga a aquellos procesos, por hacerles supuestamente el juego a la derecha mundial y al imperialismo estadounidense, cuando justamente lo que se trata es de pensar nuevas formas de vida, alternativas a los lógicas autoritarias de los Estados.

Asimismo, resulta llamativo que una persona que se dice decolonial, como Grosfoguel, siga usando categorías coloniales en su discurso, como lo es la dicotomía izquierda-derecha, omitiendo abiertamente el origen colonial de aquella dualidad (Revolución Francesa). Al igual que su propio uso de la noción de imperialismo, heredera del propio stalinismo, en contexto de guerra fría, al reducir lo imperial a las acciones militares de Estados Unidos.

En otras palabras, la crítica al eurocentrismo de parte de este autor decolonial se reduce a una mirada crítica formal de ciertas categorías de análisis, pero que encubre desterritorializadamente la violencia de los procesos políticos autoritarios progresistas y de izquierda, los cuales están insertos más bien en una imperialidad del poder, en donde China está cumpliendo un rol cada vez más importante en la disputa por el control político y económico del mundo.

Un rol de China, no problematizado críticamente por autores como Grosfoguel y Dussel, quienes parecieran celebrar más bien su nuevo poderío frente a Estados Unidos, a pesar de que no es más que la continuidad de un proceso de conquista de la Madre Tierra que precede a la colonización de Abya Yala de 1492, al estar dentro de un marco de tiempo de miles de años atrás, que como se vio anteriormente, está ligado a dominios de poder mucho más amplios.

En consecuencia, el ecocidio imperante en América Latina, como es el caso de un territorio de vida como la Amazonía por ejemplo, no puede reducirse a lo realizado por occidente en los últimos 500 años de existencia, ya que está cada vez más hegemonizado por China y las grandes corporaciones mundiales, las cuales solo les interesa mercantilizar la vida.

De ahí lo perjudicial para el pensamiento crítico, la existencia de estas miradas dogmáticas decoloniales, en donde el academicismo y la burocratización del conocimiento, al servicio de ciertos gobiernos progresistas de la región, solo empobrecen y niegan la discusión sobre nuevas alternativas desde y para las comunidades y territorios desde abajo.

Sin embargo, a pesar de ello, también han habido miradas territorializadas provenientes del llamado «giro decolonial», que han articulado la crítica al eurocentrismo con el extractivismo. Los casos de Arturo Escobar y de Edgardo Lander, son dos ejemplos de cómo entender la crisis civilizatoria actual, desde lo planteado por distintas miradas, experiencias y comunidades que están resistiendo a los distintos proyectos extractivos y al terricidio imperante.

En ambos casos, se puede ver como sus miradas entrelazan lo decolonial con la ecología política latinoamericana, feminismo territoriales, el decrecimiento, la agroecología, el giro ontológico, la permacultura, y no solo con el pensamiento anticolonial de autores como Frantz Fanon, Aimé Cesaire, José Carlos Mariátegui, Rodolfo Kusch, Fausto Reinaga, Silvia Rivera Cusicanqui, Sylvia Wynter, entre otras y otros, ya que la crítica incorpora la idea de un horizonte post-extractivista.

De ahí que sus miradas apunten más bien a un «giro ecoterritorial» más que decolonial propiamente tal, como bien han planteado autores como Maristella Svampa, Alberto Acosta, Francisca Fernández Droguett, Eduardo Gudynas, Raquel Gutiérrez, María Galindo, Carlos Walter Porto Gonzalvez, Raúl Zibechi, Emiliano Terán Mantovani, Atawallpa Oviedo Freire, Ángel Quintero Weir, Pablo Solón, entre otras y otros, quienes han sido muy críticos de los progresismos latinoamericanos, justamente por su carácter extractivista y profundización de la militarización de los territorios.

Un «giro ecoterritorial» que no hace otra cosa que dejar en evidencia cómo aquellos gobiernos progresistas, a través de proyectos extractivos en el Arco Minero del Orinoco en Venezuela, en el Tipnis en Bolivia y el Yasuní en Ecuador por ejemplo, no fueron capaces de descolonizar nociones coloniales como desarrollo, progreso y una idea de crecimiento económico sin fin, que no ha hecho otra cosa que perpetuar a nuestros países a ser meros exportadores de Naturaleza, dentro de un sistema mundo capitalista, marcado por las relaciones desiguales históricas Norte-Sur por el llamado Consenso de los Commodites, como plantea Maristella Svampa, en donde China ha tenido un protagonismo sin precedentes en la región (3).

Frente a esto que Edgardo Lander plantee una crítica a como estos nuevos progresismos siguen anclados a lógicas binarias de la posguerra, la cual al poner su centro en una geopolítica de la guerra, ignora los múltiples conflictos socioambientales existentes en los territorios de vida de la región. Esto sumado a que estos progresismos, al igual que las izquierdas del Siglo XX, han focalizado sus cuestionamientos desde una mirada productivista, a las relaciones de explotación de clase, por sobre otros dominios referidos al patriarcado, racismo, antropocentrismo, generando una mirada que terminó por profundizar el colonialismo imperante.

Lo que es complementado por la crítica de Arturo Escobar, sobre la apropiación de estos gobiernos progresistas de nociones como Buen Vivir y Plurinacionalidad, mientras han vaciado sus significados a través de sus prácticas desarrollistas y extractivistas, enriqueciendo de esa forma su mirada decolonial, desde lo planteado por autores como Svampa, Zibechi, Acosta y Gudynas.

En consecuencia, en ambos casos, tanto en Edgardo Lander como en Arturo Escobar, a diferencia de Ramón Grosfoguel y Enrique Dussel, hay un intento de situar lo decolonial a los territorios y a las comunidades organizadas en contra del extractivismo imperante, rechazando así su uso académico y partidista al respecto. Por eso, que lo decolonial si tiene pretensiones de ser pensamiento crítico, debe ser un herramienta teórica y política que tome en serio a las distintas alternativas existentes, más allá de los Estados, sino terminará siendo un concepto conservador.

El pluriverso en tiempos de pandemia

Nos encontramos en un momento inédito de lo que conocemos como humanidad, marcado por una crisis socioecológica a escala global, que con la irrupción del Covid-19, nos deja en evidencia un proceso histórico de conquista de la Madre Tierra, en donde la emergencia sociosanitaria actual solo es parte de un entramado de distintos dominios de poder mucho más amplios, en donde a través del nacimiento de las grandes civilizaciones, se generaron las bases que están poniendo en riesgo las condiciones mínimas de vida en el planeta.

De ahí que las miradas sanitarias modernas, que buscan una explicación biomédica a lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia, centradas en la enfermedad y funcionales a las políticas del control desde los distintos gobiernos, en una guerra declarada contra este nuevo virus, más que empobrecer la discusión lo que hacen finalmente es reforzar ese proceso de conquista iniciado hace miles de años.

Un proceso pandémico, el cual está conectado precisamente con la conquista de la Madre Tierra, a través de sus bases patriarcales, coloniales e industriales, en donde con la colonización de hábitats naturales y la urbanización del mundo, por intermedio de la construcción de grandes ciudades con alta densidad poblacional, no hecho otra cosa que generar las condiciones perfectas para el contagio y el colapso sociosanitario.

Por eso que las causas estructurales de esta pandemia actual, no son otra cosa que la consecuencia de modelos insostenibles de vida, a través de la deforestación, el agronegocio y la mercantilización del planeta en general, lo que ha generado la liberación de nuevos patógenos, los cuales tienen sin saber que hacer a los gobernantes, al estar situados desde miradas que han fracasado históricamente.

Un proceso que ha sido invisibilizado por buena parte de los referentes del llamado «giro decolonial», pero que en América Latina y el mundo ha sido discutido por personas como Silvia Ribeiro, Darío Aranda, Rob Wallace, Enrique Leff, Philippe Descola, Bruno Latour, Serge Latouche, Jane Goodall, Horacio Machado, Jorge Riechmann, Silvia Federici, Vandana Shiva, Francisco Javier Velasco. Enrique Viale, Donna Haraway, Nazareth Castro, Isabelle Stengers, Yayo Herrero, Joan Martínez Alier, Soledad Barruti, Leonardo Rossi, entre otras y otros.

Frente a este escenario de crisis sociosanitaria y civilizatoria, que la noción de pluriverso, pensada desde la idea zapatista sobre “Un mundo en donde quepan mucho mundos”, debiera ser no solo un horizonte a seguir por los distintos colectivos planetarios, sino una herramienta de cooperación y articulación de mundos de vida alternativos al existente a nivel global.

Para eso, que esta nueva liberación de patógenos, puede ser vista no solo como una señal de que esta civilización está muriendo sino también como una oportunidad para repensarnos como seres vivos, después de siglos de colonización de la Madre Tierra, y así expandir el pluriverso de mundos, desde lo planteado por feminismos territoriales, agroecología, permacultura, software libre, buenos vivires, ubuntu, agaciro, agdales, amor queer, biocivilización, ecoanarquismo, ecoaldeas, plurinacionalidad, derechos de la naturaleza, sumud, hurai, kyisei y tantas otras expresiones de lucha y de esperanza, sintetizadas en el libro Pluriverso: Un diccionario del posdesarrollo (4). 

Miradas y experiencias pluriversales que buscan ser una real alternativa y no meras recetas continuadoras de la crisis actual, como lo son las propuestas desde los grandes organismos internacionales regionales y mundiales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, UNICEF, OMS, OCDE, Unasur, Mercosur, Celac, Unesco, Cepal, Banco de China, FAO), todos herederos del desarrollismo y del despojo territorial, a través de ideas como cooperación internacional, ayuda al desarrollo, BRICS, ciudad inteligente, desarrollo sostenible, ecomodernismo, economía verde, geoingeniería, transhumanismo,  entre muchas otras.

Por lo mismo, desde la región y mucho más allá de una crítica al eurocentrismo existente, como ha planteado principalmente el «giro decolonial», se hace muy destacable la iniciativa regional denominada “Por un pacto social, ecológico, económico e intercultural en América Latina” (5),enmarcada en este pluriverso y esta emergencia sociosanitaria actual, la cual lo que hace es poner en el centro de la discusión el cuidado de la vida a través de los siguientes puntos: Transformación Tributaria Solidaria, Anulación de las Deudas Externas de los Estados, Creación de Sistemas Nacionales y Locales de Cuidado, Renta Básica Universal, Priorizar la Soberanía Alimentaria, Construcción de Economías y Sociedades posextractivistas, Recuperar y Fortalecer Espacios de Información y Comunicación desde la Sociedad, Autonomía y Sostenibilidad de las Sociedades Locales, y Por una Integración Regional y Mundial Soberana.

Distintos puntos convergentes, que buscan construir imaginarios colectivos que articulen la justicia social con la justicia ambiental de manera horizontal, en donde en el caso de la Soberanía Alimentaria, por ejemplo, no solo se busque generar políticas de redistribución de tierras, ante la fuerte concentración existente, sino darle prioridad a la agroecología como manera de relación sostenible con la Madre Tierra.

Es decir, fortalecer los mercados locales y las redes de distribución de semillas, que permitan generar alimentos saludables y contrarios a la lógica agroindustrial, dominada por el negocio de la carne. De ahí que la agroecología fomente el diálogo intercultural, de manera crítica a los poderes existentes, para rescatar la memoria de distintos pueblos en la historia por miles de años, en relación a como han producidos sus alimentos.

Por eso, que la agroecología es la mejor alternativa frente a la agroindustria actual, ya que es capaz de entrelazar saberes provenientes de las llamadas ciencias naturales y ciencias sociales, rompiendo así con la dicotomía cultura-naturaleza. De ahí que conciba al mundo desde una mirada socioecológica, en donde las desigualdades sociales como ambientales sean parte del mismo entramado.

Asimismo, la agroecología es el resultado de vínculos con movimientos sociales y organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres y trabajadores rurales sin tierra, los cuales conciben la alimentación autónomamente, situada a los territorios y no como algo externo a ellos, como el negocio de la alimentación nos ha querido hacer creer con sus productos provenientes de distintos lugares del mundo, sin importarle en lo más mínimo la huella ecológica generada.

Por último, en lo que respecta a la construcción de horizontes posextractivistas, para el rescate de la diversidad socioambiental del mundo, se hace necesario una transición socioecológica, que vaya progresivamente reduciendo la dependencia de los mal llamados recursos energéticos (petróleo, gas, carbón) como también de la eliminación de la megaminería (cobre, oro, plata, litio), la deforestación y los monocultivos (soja, maíz, pino, eucalipto, palta, plátano, caña de azúcar), para dar paso a sistemas energéticos renovables y desmercantilizados, a través de policultivos y una nueva pos-economía, en donde el centro sea una ética del cuidado.

1: Nos referimos al grupo conformado por Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Enrique Dussel, Walter Mignolo, María Lugones, Zulma Palermo, Ramón Grosfoguel, Edgardo Lander, Catherine Walsh, Nelson Maldonado-Torres, Santiago Castro-Gómez.

2: Un apoyo que se vio materializado políticamente con el anuncio de Nicolás Maduro de la creación el Instituto Nacional para la Descolonización el año 2018, como consecuencia de la III Escuela de Pensamiento crítico Descolonial en Venezuela, en la cual ambos han sido sus principales referentes del llamado giro decolonial.

3: El rol que ha cumplido la Fundación Rosa Luxemburgo por ejemplo, en tanto alternativas al desarrollo, ha posibilitado una articulación del pensamiento crítico latinoamericano.

4: Un libro que fuera coordinado por Ashish Kothari, Ariel Salleh, Federico Demaría, Alberto Acosta y el mismo Arturo Escobar, el cual rescata distintas alternativas al desarrollo, desde África Asia, Europa, América del Norte y América Central y del Sur. Asimismo, si bien Edgardo Lander no participó con algún artículo, si comentó la importancia del libro.

5: Pacto que cuenta con las presencia de múltiples organizaciones de la región y personas comprometidas con el cuidado de la vida en América Latina, de los cuales dentro de los referentes de «giro decolonial», se puede ver nuevamente la presencia de Arturo Escobar y Edgardo Lander, a diferencia del resto que no se han sumado a esta iniciativa.

Andrés Kogan Valderrama. Sociólogo. Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea. Doctorando en Estudios Sociales de América Latina. Integrante de Comité Científico de Revista Iberoamérica Social. Director del Observatorio Plurinacional de Aguas www.oplas.org.

Fuente: https://rebelion.org/una-critica-desde-los-territorios-al-giro-decolonial-en-america-latina/

 

 

Aclarémonos que estamos en una inflexión histórica del país y del mundo. Los reformismos podrán parecer más realistas pero no lo han sido en el pasado reciente y menos hoy.  Reflexionemos sobre dos desafíos de contraposición con el capitalismo que Horacio Machado Aráoz plantea como:

 

(...)Uno podría decir que esta pandemia aparece como una gran problemática socio-ecológica que es una crisis del sistema de salud, de los cuerpos y de la tierra, pero que a la vez puede ser interpretada y leída como un síntoma de una crisis mayor, vinculada a un modelo civilizatorio que va en contra de la vida. Eso queda de manifiesto en estos días.(...)

 

(...)Este sistema ha construido una matriz de relacionamiento basada en una lógica atómica, fragmentaria, nos ha hecho perder de vista hasta qué punto la vida es un fenómeno comunal, depende de la comunidad de vínculos que nos hacen ser partícipes de un sistema de vida. La vida no es un atributo de los individuos.(...)

 

 

  

Horacio Machado:

La crisis del coronavirus y su relación

con la industrialización capitalista

23 de marzo de 2020

 

Por Observatorio Plurinacional de Aguas (OPLAS)

En el marco de la crisis global en torno al Covid-19, la periodista de Radio Nacional Córdoba, conductora del programa Bajo el mismo sol, Fabiana Bringas, entrevistó a Horacio Machado Aráoz, del colectivo de investigación Ecología Política del Sur -CITCA-CONICET, y director del Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Catamarca.

Compartimos algunas de las reflexiones surgidas en la entrevista:

Nos cuesta asociar en qué medida la salud de nuestros cuerpos está profundamente imbricada con la salud de nuestra tierra. Y cómo el régimen de relaciones sociales que establecemos como modo de vida es la gran variable que interviene en la salud y en la enfermedad, tanto del sistema tierra como la de nuestros propios cuerpos. Esto es raro para los enfoques que se suelen dar a la cuestión de la enfermedad. Uno podría decir que esta pandemia aparece como una gran problemática socio-ecológica que es una crisis del sistema de salud, de los cuerpos y de la tierra, pero que a la vez puede ser interpretada y leída como un síntoma de una crisis mayor, vinculada a un modelo civilizatorio que va en contra de la vida. Eso queda de manifiesto en estos días.

Generalmente se dice ‘estamos ante un desastre natural’. Una epidemia, una enfermedad zoonótica. Esto está ocultando lo verdaderamente preocupante que son los orígenes industriales del Coronavirus. Esto tiene que ver con las vinculaciones entre una industrialización y urbanización exacerbada, desenfrenada, y cómo esto está impactando en el sistema climático en general, y ha producido ya alteraciones drásticas en los rasgos geográficos de la vida silvestre. Esto está vinculado al patrón que llamamos ‘desarrollo’ o ‘progreso’ y que está generando una drástica supresión de la vida silvestre, fragmentación de hábitats, toda una serie de transformaciones que están en el fondo de la cuestión.

En la raíz de los problemas tenemos un modelo civilizatorio que ha construido una geometría de los vínculos a contramano del sistema de vida. El problema está en la matriz a través de la cual concebimos y establecemos nuestras conexiones y nuestras relaciones. Nos pensamos desde una lógica individual, el sistema tiende a pensarnos en eso. Hay un problema en términos de cercanía, contacto y vínculo ahora entendido como vector de contagio; o el distanciamiento o aislamiento como medida profiláctica.

El proceso de vida tiene que ver con los procesos colaborativos, las conexiones que se establecen en términos de cadenas tróficas, de flujos de materia y energía que hacen posible la vida. Y el capitalismo, esta sociedad urbano-industrial es una gran maquinaria de fragmentación, como un gran geógrafo la ha descripto. No somos conscientes o hemos ido perdiendo conciencia de hasta qué punto nuestra vida es enteramente dependiente de la colaboración de nuestro prójimo. No sólo de nuestra propia especie. Debemos entender al planeta tierra como una comunidad biótica que nos contiene y nos excede: a nuestra propia especie y a todas las especies como una gran familia. Este sistema ha construido una matriz de relacionamiento basada en una lógica atómica, fragmentaria, nos ha hecho perder de vista hasta qué punto la vida es un fenómeno comunal, depende de la comunidad de vínculos que nos hacen ser partícipes de un sistema de vida. La vida no es un atributo de los individuos.

Toda la vida está conectada. Que venga ahora un pequeño microorganismo sólo perceptible a través de microscopios a decirnos que estamos conectados, por más poderosos, omnipotentes y onmiscientes nos creamos, nos muestra la fragilidad de nuestra civilización hegemónica. Un pequeño microorganismo ha paralizado el planeta. Esto lo debemos pensar como una gran oportunidad para redefinir cómo nosotros estamos concibiendo nuestros vínculos, cómo estamos planteando nuestra vida, y hasta dónde llegan las raíces de lo que nos hace ser seres vivientes.

http://www.ecologiapoliticadelsur.com.ar/

Entrevista en audio: https://ar.radiocut.fm/audiocut/entrevista-al-investigador-del-conicet-horacio-machado-araoz-equipo-ecologia-politica-del-sur/#_=_

Fuente: https://oplas.org/sitio/2020/03/23/horacio-machado-la-crisis-del-coronavirus-y-su-relacion-con-la-industrializacion-capitalista/

 

 Alternativas emancipatorias

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda coherente con sus ideales comun-istas, posibilitar que una creciente mayoría deje de creer en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, integrado por representantes del gobierno, grandes cámaras empresarias y centrales sindicales. Es un simulacro de negociación entre iguales o más precisamente todes les integrantes del Consejo están en lucha contra les trabajadores. Mientras éstos permanezcan sin romper con esa usurpación de su poder laboral y deliberativo, seguirán siendo cada vez más expoliados. La lucha de clases o de les diverses oprimides es cada vez más urgente e implica desobedecer a la democracia cuya función es instaurar la conciliación con les expoliadores o sea la derrota de les trabajadores y los pueblos frente al bloque dominante.

SMVyM: de piso salarial a salario de indigencia

21 de octubre de 2020

Por Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad

Dispositivo clave durante los años de recuperación posteriores a la crisis de 2001 para lograr aumentos de salarios y un piso mínimo, que sin embargo hoy se aleja cada vez más de esa función.

La suba del 28% (en tres cuotas) del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) convalida una nueva pérdida salarial para los sectores populares y le quita relevancia respecto a las discusiones paritarias.

Una negociación no sistemática

Un año después de la última reunión, el pasado miércoles 14 de octubre se reunió el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, integrado por representantes del gobierno, grandes cámaras empresarias y centrales sindicales, para establecer el aumento correspondiente del SMVyM. El acuerdo finalmente fue de 28% en tres cuotas hasta marzo de 2021. Las partes iban con diferentes propuestas donde desde sectores empresariales se anunciaban días anteriores que un 20% era lo correcto para el contexto; mientras que sindicatos y organizaciones sociales elevaban ese número a un 45% o, incluso, hasta igualar la Canasta Básica Total, que ronda los $45.000, cuando el valor al que ascendería el SMVyM, al final de las actualizaciones, sería de $21.600. Este aumento que si bien puede parecer superior a las expectativas del último relevamiento del Banco Central (22,4% de octubre 2020 a marzo 2021), sigue sin recuperar lo perdido desde la última actualización del SMVyM y aún quedaría por debajo del valor de la Canasta Básica Alimentaria.

Los encuentros y negociaciones del Consejo hace años que vienen teniendo vaivenes en la frecuencia de sus convocatorias, volviéndose poco sistemáticas, llegando al punto de que la última actualización fue en octubre de 2019, fecha posterior a la disparada del dólar días después de los resultados de las PASO. Situación esta que responde a la menor incidencia que está teniendo hoy por hoy el SMVyM como herramienta para la recuperación salarial, pero que también impacta directamente en diferentes sectores sociales debido a que se utiliza como valor de referencia en diferentes programas estatales.

De piso salarial a sendero propio de indigencia

El rol del SMVyM, posterior a la crisis de 2001 y en un momento de reactivación sindical, funcionó como instrumento político para fijar un piso de retribución al trabajo.

El SMVyM alcanzó su máximo, en términos reales, en el año 2011 y a partir de entonces, nunca rompió ese techo. Los avances y retrocesos se limitan al periodo 2011-2015, porque a partir de entonces todos fueron retrocesos. Entre el periodo 2016-2020 el SMVyM perdió 37% de su poder adquisitivo.

Esta caída del SMVyM se dió en un contexto donde el conjunto de las personas asalariadas sufrieron una disminución de sus ingresos. Pero también, esto no se dio de igual manera en los diferentes sectores asalariados. En Córdoba, el salario del sector privado cayó 11,5%, mientras que el sector público perdió el 15,9%, pérdidas importantes pero lejos del 37% del SMVyM. Por último, si lo comparamos con la evolución de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que son los alimentos mínimos que necesita una familia tipo para sobrevivir, el resultado es similar. Mientras que a fines de 2015 un SMVyM alcanzaba para comprar aproximadamente 1,5 CBA, en septiembre de este año el valor del SMVyM está por debajo del valor de la CBA. Es decir, no alcanza siquiera para comprar una CBA, por lo tanto es un salario de indigencia.

Estos datos expuestos evidencian por que ya no es una realidad que el SMVyM funcione como piso salarial y cada vez esté perdiendo más relevancia en las demandas de diversos sectores.

El SMVyM como hilo para tejer demandas sociales

Si bien ya no funciona como referencia para las negociaciones paritarias, ni como instrumento sindical real para establecer pisos más elevados para el conjunto de los y las trabajadoras sindicalizadas, la existencia y el gasto en diversos programas están atados a su evolución.

En 2016, sancionada la Ley de Emergencia Social, nace el Salario Social Complementario (SSC). Entre otras cosas significa un reconocimiento a los y las trabajadoras de la economía popular y un compromiso de apoyo económico en donde el Estado otorga el equivalente a medio SMVyM a cada trabajador/a. Este recurso se sumó a la Garantía Salarial Docente, que establece un mínimo de 1,2 SMVyM para el tramo de ingresos más bajo. El actual gobierno del Frente de Todos además lo usó como variable para la implementación de instrumentos de emergencia por la crisis sanitaria . El programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por ejemplo, fija una remuneración máxima en dos SMVyM. La jubilación mínima, por su parte, no puede ser menos del 82% de un SMVyM. Es decir, el SMVyM tiene influencia en diversos programas de suma importancia en el contexto actual.

Sin embargo, el resultado de la negociación está lejos de revertir esta tendencia. Ni reconvierte al SMVyM como un valor de referencia en el mercado laboral registrado, ni recupera el poder de compra perdido (incluso profundiza la pérdida) del SSC en estos últimos años.

En este marco, es que las posiciones de diversos sindicatos, como de organizaciones sociales, exigiendo un SMVyM acorde a una canasta básica total que cubra las necesidades del conjunto de los trabajadores y trabajadoras cobra relevancia. También permitiría mejorar los programas mencionados anteriormente que tienen una fuerte incidencia en pequeñas y medianas empresas en estos momentos. Por último, también puede ser una referencia para una Renta Básica Universal que, desde una perspectiva feminista, reconozca la gran carga de trabajo de cuidados y no remunerados que hacen las mujeres y disidencias. Quedará pendiente entonces la capacidad de articular estos diversos sectores sociales para poder poner en debate público la necesidad del SMVyM como hilo de demandas, así como un valor acorde a las necesidades sociales del momento actual.

Fuente: https://rebelion.org/smvym-de-piso-salarial-a-salario-de-indigencia

 

"Nos situamos en pleno mes de septiembre de 2020 llenas de incertidumbres, dudas y tensiones, viendo cómo crecen los monstruos y vuelven viejas recetas económicas, donde las de siempre, salimos perdiendo. Recortes, privatizaciones, rescates a la banca nos anuncian más presión, más precarización, más angustia… Volvemos a situarnos en un punto de inflexión. Volvemos a jugarnos el cuerpo, la salud, las vidas y los territorios. Y en esta trinchera desesperada de lucha por la supervivencia, radican oportunidades para repensarnos, para repensarlo todo".

 

 

Pensar el trabajo desde los ecofeminismos

29 de septiembre de 2020

Por Joana Bregolat 
Viento Sur

La pandemia de la covid-19 ha desordenado y acelerado procesos que llevaban tiempos definiendo nuestras vidas. La confluencia de una crisis sanitaria global con las crisis económicas y financieras permanentes, las crisis climáticas, energéticas y alimentarias que hacía tiempos que íbamos observando, y las crisis de los cuidados, soberanías y reproducción social que se encarnan en nuestros cuerpos y territorios diariamente, han modificado nuestras formas de vivir y habitar el planeta. La inestabilidad vuelve a presentarse como adjetivo constante que rodea nuestro día a día.

Es en este contexto que nos situamos en pleno mes de septiembre de 2020 llenas de incertidumbres, dudas y tensiones, viendo cómo crecen los monstruos y vuelven viejas recetas económicas, donde las de siempre, salimos perdiendo. Recortes, privatizaciones, rescates a la banca nos anuncian más presión, más precarización, más angustia… Volvemos a situarnos en un punto de inflexión. Volvemos a jugarnos el cuerpo, la salud, las vidas y los territorios. Y en esta trinchera desesperada de lucha por la supervivencia, radican oportunidades para repensarnos, para repensarlo todo.

Los movimientos climáticos juveniles han emprendido el reto y ponen encima de la mesa, para este 25 de septiembre de agitación y movilización, la necesidad de transformar un eje estructural de nuestro sistema: el trabajo.

Revisando la noción de trabajo

En términos generales, la economía política clásica ha definido el concepto trabajo alrededor de miradas que solo entienden de producción, valores de cambio, salarios y beneficios, reduciendo su comprensión a una mercancía y olvidando el vínculo sistémico entre la (re)producción de bienes y servicios y la (re)producción de la vida (Pérez Orozco, 2006: 38). Es una mirada a la economía desarraigada, desencarnada, que en el proceso de compartimentar y jerarquizar las realidades y experiencias que atraviesan nuestras vidas cotidianas nos ha situado de espaldas a nuestra propia supervivencia (Federici, 2010).

La consolidación de esta mirada imbricada con las teorías neoliberales ha construido la noción de trabajo ligada a un paradigma productivista de crecimiento sin freno. Un paradigma donde se naturalizan las dinámicas extractivistas, de explotación y desposesión constante en nombre del progreso y desarrollo. La cotidianidad se expresa entre realidades precarias, invisibilizaciones y desigualdades sociales crónicas, que no solo perpetúan estructuras de poder e injusticias internacionales (Brand y Wissen, 2017), sino aceleran la destrucción de ecosistemas, canibalizan el territorio, privatizan y monetaritzan bienes comunes y naturales básicos, eliminan la biodiversidad… (Littig, 2018). El modelo productivo y laboral se construyen de espaldas a las nociones de vulnerabilidad, interdependencia y ecodependencia.

Así, el trabajo se nos sitúa única y exclusivamente como aquel que es remunerado en una esfera productiva, pública y formal, y el trabajo que no es asalariado, que no es público y que se mueve en redes informales, familiares o domésticas deja de considerarse trabajo y, por lo tanto, acontece invisible en los ojos de la economía (Benería, 2005; Federici, 2010). Estos trabajos invisibles, no son distribuidos de forma neutral (Pérez Orozco, 2006).

La asignación de esferas de trabajo está completamente atravesada por una matriz sistémica de opresiones patriarcales, racistas, clasistas y heterosexuades, que configuran procesos de imposición, desposesión y desvalorización sobre las tareas de reproducción, de sostenibilidad de la vida y de cuidados cotidianas, y se les otorgan unas connotaciones femeninas, privadas, informales, de alteridad y subalternidad (Federici, 2010; Mellor, 2019). En consecuencia, las tareas de regeneración y mantenimiento de la vida se trasladan al ámbito privado, a los hogares, en las casas. Las responsabilidades de realizarlas se desplazan, se devalúan, no se entienden como centrales y recaen sobre las mujeres –como madres, hijas, hermanas, pareja…– naturalizándolas, precarizándolas, convirtiéndolas en algo más fácilmente apropiable (Herrero, Pascual y González, 2018).

En los imaginarios colectivos, pues, impera una mirada hegemónica sobre el trabajo que perpetúa el conflicto capital-vida. El trabajo acontece una noción pensada desde y para el sujeto BBVAh –blanco, burgués, varón, adulto, con funcionalidad normativa y heterosexual–, que de nadie necesita y que, a menudo, a ninguno representa, que es autónomo, no entiende de obstáculos y trasciende los límites de las materialidades encarnadas y territorializadas de nuestros cuerpos y territorios (Pérez Orozco, 2014; Mellor, 2017). Así, las nociones hegemónicas del trabajo se olvidan de todas las tareas de reproducción social y de cuidados implícitas para nuestra supervivencia, se olvidan de las tareas de abastecimiento suficiente de familias y comunidades, se olvidan de los ciclos naturales que condicionan las formas de habitar-producir-transformar nuestros territorios, se olvidan de la división sexual y transnacionales del trabajo en la vida cotidiana y de la sostenibilidad de la vida.

Sostenibilidad de la vida

En un mundo donde es más rentable para los negocios cronificar que sanar, talar que reforestar, ofrecer trabajos precarios que condiciones laborales dignas, cultivar con agrotóxicos que apoyar proyectos locales de agroecología, apropiarse de los tiempos de vida de las mujeres que asumir socialmente la responsabilidad de los trabajos reproductivos y de cura (Herrero, Pascual y González, 2018: 77-78), reivindicar un cambio de paradigma en el mundo del trabajo que posicione las cuidados en el centro, entendidos como un derecho colectivo, es una idea a disputar. Es una idea que deja atrás roles de género que sitúan los cuerpos feminizados en la obligación permanente de cuidar, que abandona los pares opuestos, contradictorios y jerarquizantes (Plumwood, 1993) que rigen nuestras relaciones y formas de vivir, y que nos arraiga, nos encarna, nos comprende como comunitarias. Que no deje a nadie atrás.

Pensar el trabajo desde los cuidados da centralidad a los procesos esenciales para la (re)producción de la vida, expande las miradas sobre el trabajo y reconoce los límites (re)productivos que lleva implícitos de la materialidad de nuestros cuerpos (Mellor, 2017). Es una toma de conciencia que reconoce el valor y potencialidad de los trabajos de cuidados, de reproducción social, del hogar, voluntarios y comunitarios (Shiva, 2005; Littig, 2018), que los hace visibles y los pone en relación con los ciclos naturales de regeneración y restauración de la vida (Biesecker y Hofmeister, 2010). Nos hace hablar del trabajo comprendiendo las necesidades materiales e inmateriales, de bienes comunes, servicios, cuidados, afectos y cuerpos, de todo aquello que rodea la dignidad de “vivir una vida que merezca la pena ser vivida”(Río, 2003: 49).

Queremos abandonar toda ceguera de género y ecológica que dicta el paradigma productivo heteropatriarcal, capitalista y colonial. Queremos poner sobre la mesa, hacer central, el valor metabólico que los trabajos de sostenibilidad de la vida llevan inscritos. Queremos hablar del trabajo sabiéndonos vulnerables, interdependientes y ecodependientes.

Economía política ecofeminista

En los claros-oscuros que van modelando las incertidumbres de este periodo, se nos dibujan oportunidades para repensar, subvertir y transformar nuestras miradas sobre el trabajo, de cambiar el paradigma que organiza nuestras relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, de cuidados y ecológicas.

Es un reto que afrontamos desde un reconocimiento de una deuda implícita en el sistema capitalista en tres niveles: una deuda social con el trabajo explotado, una deuda encarnada con el trabajo reproductivo y una deuda ecológica por los daños al metabolismo natural, a nuestros ecosistemas (Salleh, 2009). La asunción de esta deuda contraída con nuestra propia supervivencia nos obliga a pensar desde las necesidades, desde el aprovisionamiento suficiente. Es aprender y desaprender, abandonando los procesos de alienación y deshumanización que nos aboca la precariedad, y acontecer desde enfoques del “buen vivir” que llevan implícito “un buen trabajo para todas” (Littig, 2018).

La economía política ecofeminista recoge inquietudes y formula una propuesta: trabajar menos, trabajar todas, producir el necesario y redistribuirlo todo. Es repartir el tiempo de trabajo, reducir la jornada laboral a 6 horas y redistribuir el trabajo productivo y reproductivo como un todo, desde miradas centradas en la cooperación, la solidaridad y la interdependencia comunitaria. Es recuperar los bienes comunes y naturales y consolidar unos servicios públicos sociales y comunitarias, donde los procesos de acumulación por desposesión y privatización no tengan lugar. Es un alejamiento del paradigma de crecimiento infinito, situando las limitaciones encarnadas y biofísicas de nuestros cuerpos y territorios como prerrequisito para la actividad económica, y actuar en términos de suficiencia.

En definitiva, transformar el trabajo parte de una voluntad política que nace desde la vulnerabilidad y la dignidad de querer vivir, no sobrevivir. 

Referencias:

Benería, L. (2005). Género, desarrollo y globalización. España: Editorial Hacer, 103-141.

Biesecker, A., y Hofmeister, S. (2010). Focus: (re)productivity. Sustainable relations both between society and nature and between the genders. Ecological Economics, 69, 1703-1711.

Brand, U., & Wissen, M. (2017). Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus. München: Oekom.

Herrero, Y., Pascual, M., i González, M. (2018). La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas. Madrid: Libros en Acción.

Federici, S. (2010). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de Sueños.

Littig, B. (2018). Good Work? Sustainable work and sustainable development: a critical gender perspective from the Global North. Globalizations, 15(4), 565-579.

Mellor, M. (2019). Una propuesta ecofeminista. Aprovisionamiento suficiente y dinero democrático. New Left Review, 116/117, 207-220

Mellor, M. (2017).  Ecofeminist Political Economy. A green and feminist agenda. En MacGregor, S. (ed.), Routledge Handbook of Gender and Environment, 5, 86-100.

Pérez Orozco, A. (2006). Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados. Madrid: Consejo Económico y Social.

Pérez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía: aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de sueños.

Plumwood, V. (1993). Feminism and the mastery of nature. Londres: Routledge, 43.

Río, S. (2003). La crisis de los cuidados: precariedad a flor de piel. Rescoldos. Revista de Diálogo Social, 9, 47-57.

Salleh, A. (2009). Eco-Sufficiency and Global Justice. Londres: Pluto Press, 291-304.

Shiva, V. (2005). Earth Democracy: Justice, Sustainability, Peace. Londres: Zed Books.

Artículo original en catalán

Joana Bregolat es militante de Anticapitalistas y activista climática.

https://vientosur.info/pensar-el-trabajo-desde-los-ecofeminismos/

Fuente: https://rebelion.org/pensar-el-trabajo-desde-los-ecofeminismos/

En consecuencia, "necesitamos plantear el debate sobre el futuro del trabajo superando la visión reduccionista que equipara trabajo con aquello que se hace por un salario. Esta concepción del trabajo desligado de su forma salarial nos permite reconocer no sólo todos los trabajos imprescindibles que han sido invisibilizados por no tener un reconocimiento económico, sino también plantearnos formas de desmercantilizar y colectivizar la resolución de necesidades sociales, es decir, deslaborizar el acceso a derechos y priorizar vías no mercantiles de acceso a los recursos materiales, sociales y culturales necesarios para el desarrollo de una vida digna".

 

Propuestas ecofeministas para defender una vida digna

Una agenda ecofeminista para la transición

 3 de octubre de 2020

Por Júlia Martí Comas
Viento Sur

Han tenido que pasar casi 50 años desde la publicación del informe Los límites del crecimiento para que la consciencia sobre la emergencia climática se haga hueco en la opinión pública y se empiece a tomar en serio el debate sobre cómo responder a la crisis ecológica. Pero no todas las propuestas para hacer frente al cambio climático y al agotamiento de recursos van a la raíz de la cuestión: la imposibilidad de desacoplar el crecimiento material de la economía del crecimiento del PIB. Es decir, la dificultad de responder a la emergencia ecológica sin salir del marco capitalista del crecimiento ilimitado. Asimismo, no todas las propuestas plantean horizontes de transición justa, en los que el decrecimiento material de la economía vaya unido al reparto de la riqueza y los trabajos, a la devolución de la deuda ecológica contraída con los países del sur o a una democratización de todos los procesos socioeconómicos.

En este marco, incorporar la mirada ecofeminista al debate sobre la transición ecosocialista nos puede permitir asumir el carácter multidimensional de la crisis, la necesidad de plantear transformaciones profundas desde varios ámbitos y la importancia de impulsarla desde una multiplicidad de sujetos y esferas políticas.

Una lectura ecofeminista de la crisis

La mirada multidimensional a la crisis incorpora la reproducción social en el análisis. Como afirma Mary Mellor (2019), no podemos olvidar “el papel que juega el trabajo reproductivo a la hora de mediar entre la naturaleza y la economía, a través de la regeneración cotidiana de la vida humana (y no humana)”. Asimismo, la autora plantea la importancia de reconocer que no solo la naturaleza es finita, sino que el trabajo de cuidados necesario para sostener la vida en un contexto cada vez más adverso también lo es. Esta finitud del trabajo de cuidados se compensa con escenarios de cada vez mayor explotación, malos cuidados y su transnacionalización a través de las cadenas globales de cuidado.

Por tanto, cualquier propuesta de transición deberá abordar la crisis de reproducción social. Es decir, la imposibilidad de sostener la vida en un contexto en el que escasea el tiempo y los ingresos, se recortan servicios públicos y se privatizan los espacios y recursos comunitarios que facilitaban la reproducción de la vida. Esta crisis es especialmente acusada para las mujeres, sobre quienes cae la responsabilidad de cerrar el ciclo de la economía, haciendo jornadas interminables para conseguir ingresos y para cuidar a sus familias o a su comunidad cuando todo lo demás falla. También para las mujeres que cuidan de forma remunerada en condiciones muy precarias, especialmente las migrantes, que con su trabajo sostienen de forma invisible este sistema insostenible.

Además, la crisis de reproducción social está siendo agravada por la crisis ecológica, debido a que se incrementan las dificultades para acceder a recursos necesarios para una vida digna (agua, energía, alimentación, vivienda adaptada al clima). Al mismo tiempo se expanden las enfermedades causadas por la contaminación atmosférica, la contaminación del agua o de los alimentos que consumimos, así como por la manipulación de productos tóxicos, ya sea en el entorno laboral o en la propia casa (agrotóxicos, tóxicos industriales, tiques con bisfenol, productos de limpieza…). Esta precarización de las condiciones de subsistencia es especialmente grave en los contextos en los que, debido a la acción directa de las empresas extractivas o a causa de fenómenos meteorológicos extremos, se producen procesos de despojo y desplazamiento que obligan a abandonar los medios de vida.

Por tanto, no podemos desligar la crisis ecológica de la creciente desigualdad y violencia, en un contexto de reconfiguración violenta del sistema con profundos rasgos heteropatriarcales, racistas y clasistas. Como afirma María González (2019), no es solo el planeta el que colapsa, sino que en este sistema biocida también hay muchas vidas colapsadas. Estos procesos violentos se dan en los escenarios de depredación territorial, en las rutas migratorias, en la explotación laboral, en los mecanismos de criminalización de la pobreza, en el endeudamiento, en los hogares patriarcales, en los procesos de ruptura del tejido social… Y, aunque se trate de procesos difusos, hay algunos responsables muy claros: las grandes empresas, los gobiernos neoliberales que privatizan servicios públicos y militarizan las fronteras, y las instituciones económicas internacionales que imponen sus recetas austeritarias. Asimismo, este contexto de violencia y desigualdad viene a ser reforzado por el avance del neofascismo y el autoritarismo; incluso con la aparición de discursos ecofascistas que, asumiendo los límites del planeta, proponen una gestión autoritaria de la escasez.

Partiendo de este análisis, queremos plantear algunas propuestas de transformación que consideramos necesarias para impulsar una transición socioecológica con criterios de justicia y democracia. No se trata de un análisis exhaustivo sino de un intento de enriquecer el debate sobre la transición socioecológica desde la mirada ecofeminista.

Sacar de los hogares la resolución de las necesidades

Una de las medidas recurrentes en las propuestas de transición es el control público de los sectores estratégicos de la economía. Siguiendo esta propuesta, desde una mirada ecofeminista ponemos el foco en democratizar los procesos y bienes imprescindibles para sostener la vida, como son la alimentación, el agua, la energía, la vivienda o los cuidados. Plantearlo desde esta mirada nos permite imaginar formas de hacer sostenible
y accesible su gestión, en las que los hogares dejen de ser meros consumidores de estos servicios o bienes, para politizar todo lo que pasa en su interior. Debemos preguntarnos, en palabras de Verónica Gago, “bajo qué formas y en qué experiencias se desarrolla una reproducción social en términos no extractivos ni explotadores. Con esto vamos más allá de oponer reproducción y producción […] para pensar en reorganizar su relación” (Gago, 2014).

Un primer paso para esta reorganización es descomplejizar y relocalizar. Es decir, pasar de depender de los mercados globales y las grandes transnacionales a establecer mecanismos para que los cuidados, la producción y la distribución de bienes esté arraigado en el territorio, con criterios que no dependan de su rentabilidad y que garanticen la accesibilidad y sostenibilidad. Es decir, que –en un escenario de democratización de la energía, la alimentación, la vivienda o los cuidados– las grandes energéticas, agroindustrias y cadenas alimentarias, constructoras y empresas multiservicio no tendrían lugar. Los procesos y bienes imprescindibles para la vida pasarían a ser bienes comunes al margen de la acumulación capitalista, gestionados desde esferas estatales o comunitarias o a través de la cogestión entre ambas.

En segundo lugar, la necesidad de decrecer, reducir el consumo energético y de materiales nos lleva a plantear estrategias de gestión de la demanda para poner fin al consumismo y lograr un consumo vinculado a las necesidades que no supere los límites biofísicos del planeta. Pero estas estrategias no pueden menospreciar el sesgo de género que atraviesa el consumo; por ello planteamos la necesidad de politizar lo cotidiano y sacar de los hogares la resolución de las necesidades, como una forma de colectivizar esta responsabilidad y buscar formas colectivas de garantizar el acceso a los recursos y servicios necesarios de forma sostenible. Formas de desbordar el confinamiento doméstico de las tareas reproductivas, como las que conseguimos en las sucesivas huelgas feministas (Cavallero y Gago, 2019).

El fin de la explotación laboral y una producción sostenible puede encarecer el precio de ciertos productos y servicios, por lo que habrá que garantizar su acceso más allá del mercado. Al mismo tiempo, la reducción del consumo energético, una alimentación basada en productos agroecológicos y el fin del modelo de usar y tirar puede incrementar el tiempo de cuidados, por lo que será necesario plantear mecanismos de corresponsabilidad que eviten generar mayores sobrecargas de trabajo en las mujeres.

El paso a una vida más austera, pero con las necesidades garantizadas ha sido un tema recurrente en la economía feminista y el ecofeminismo. Mary Mellor defiende que “la suficiencia es un concepto igualitario: lo que es suficiente para uno debe ser suficiente para todos, o de lo contrario alguien tendrá más de lo necesario y otros demasiado poco” (2019). Y, por tanto, defiende equilibrar dos principios: sostenibilidad medioambiental y justicia social. Por su parte, Amaia Pérez Orozco plantea el concepto de desesidades como una forma de complejizar la reflexión sobre las necesidades que siempre dependerá del contexto y vivencias personales. Además, recuerda que “es crucial no olvidar que estas son materiales, tangibles, y también afectivo-relacionales, intangibles”. En este sentido, la reflexión ecofeminista sobre la interdependencia y la importancia de lo afectivo-relacional puede ser un punto de partida para impulsar la necesaria disputa por la hegemonía cultural que consiga extender una concepción de vivir bien no vinculada al consumo, la producción o el crecimiento y “construir horizontes de deseo coherentes con las condiciones materiales que los posibiliten” (Pérez Orozco, 2014).

Al mismo tiempo, esta politización de los procesos intrahogar nos debe permitir visibilizar las profundas desigualdades, así como las relaciones de poder y violencia. Por eso las soluciones a la crisis reproductiva no pueden basarse en el mero reparto de subsidios, en general asistencialistas y moralistas, destinados a apuntalar la familia nuclear patriarcal. Una transición hacia la justicia climática debe incorporar también la justicia reproductiva con todas sus aristas. Reconociendo y expandiendo los hogares diversos y las formas de convivencia libremente elegidas, y asumiendo de forma colectiva la responsabilidad de sostener la vida sin relegar ninguna de las tareas necesarias para proteger la vida al ámbito cerrado de los hogares.

Reparto y democratización de todos los trabajos socialmente necesarios y de la riqueza que generan

Un elemento central de cualquier propuesta de transición es qué hacer con el empleo, cómo impulsar transiciones económicas que no supongan una destrucción de empleo que profundice la crisis social que ya vivimos. Con este objetivo se plantean planes de creación de empleos verdes que absorban la desaparición de trabajos en sectores contaminantes. Pero este enfoque productivista olvida toda la reflexión ecofeminista y de la economía feminista, invisibilizando el trabajo reproductivo y la necesaria superación de la falsa división entre las esferas productiva y reproductiva. Por ello planteamos ampliar la reflexión hacia un escenario de reparto y democratización de todos los trabajos socialmente necesarios.

Sabemos que para sostener la vida son necesarios muchos trabajos, tanto productivos como reproductivos, pagados y no pagados. Es decir, que necesitamos plantear el debate sobre el futuro del trabajo superando la visión reduccionista que equipara trabajo con aquello que se hace por un salario. Esta concepción del trabajo desligado de su forma salarial nos permite reconocer no solo todos los trabajos imprescindibles que han sido invisibilizados por no tener un reconocimiento económico, sino también plantearnos formas de desmercantilizar y colectivizar la resolución de necesidades sociales, es decir, deslaborizar el acceso a derechos y priorizar vías no mercantiles de acceso a los recursos materiales, sociales y culturales necesarios para el desarrollo de una vida digna (Martija, 2020).

Esta cuestión se cruza hoy en día con los debates sobre la renta básica universal. En este sentido, desde el feminismo se está planteando la importancia de buscar la manera de que el reparto de rentas no apuntale el actual modelo de reproducción social. En el que no solo la responsabilidad de los cuidados sigue recayendo de forma mayoritaria en las mujeres, sino que se deja en manos de los hogares la responsabilidad de resolver todos los impactos generados por el mercado.

Desde esta mirada, puede ser interesante la propuesta de Cavallero y Gago (2019) de un salario feminista destinado a las redes de cuidado y autogestión que ya están funcionando como respuesta a la violencia y el despojo. Es decir, un reparto de rentas no individualizado sino colectivo, que sirva como reconocimiento económico y garantice la autonomía de estas iniciativas colectivas, sin mediaciones patriarcales ni connotaciones familiaristas. Si bien su propuesta responde a un contexto concreto, considero que aporta perspectivas fundamentales si lo que queremos es no solo paliar la emergencia, sino impulsar una transformación del actual modelo de reproducción social para que los cuidados y la resolución de las necesidades básicas dejen de ser responsabilidades individuales, privatizadas al interior de los hogares o mercantilizadas.

Al mismo tiempo, plantear escenarios de transición en el ámbito del trabajo debería servirnos para superar los discursos que se limitan a la defensa del empleo, tan útiles también para los intereses corporativos que se escudan en la supuesta creación de empleo para justificar sus impactos. Para defender el trabajo desde una visión más amplia, que nos permita avanzar hacia la creación de trabajos no alienados, basados en lógicas de autogestión y participación, como plantean las experiencias autogestionadas, de la economía social y solidaria o la gestión de servicios públicos con participación comunitaria. Al mismo tiempo, cuando hablamos de democratizar los trabajos, no podemos olvidar tampoco que no se trata solo de poner fin a la explotación laboral o de mejorar las condiciones de trabajo, sino que también debemos confrontar las brechas salariales, la segregación vertical y horizontal, o los cuidados inmolados.

Por otra parte, el reparto de los trabajos, para que sea justo y no genere más desigualdad, debe ir ligado a un reparto de la riqueza y a una reforma fiscal que permita responsabilizar a las empresas de todo este trabajo reproductivo del que se benefician de forma invisible. En este proceso, el Estado juega un rol fundamental, necesario para detraer recursos a la lógica de acumulación de capital, reformando el actual modelo fiscal, revirtiendo las privatizaciones, recuperando el control público de nuevas esferas o blindando actividades y espacios físicos frente a la entrada de grandes empresas. Eso permitiría defender actividades con carácter de bien público como la educación, la atención a la dependencia, la energía o la sanidad, así como espacios urbanos y rurales necesarios para proteger el bienvivir y los ecosistemas. Al mismo tiempo, es necesario frenar el extractivismo financiero, tanto de territorios y trabajos como de la propia reproducción de la vida (Cavallero y Yago, 2019).

Devolver la deuda ecológica e impulsar transiciones locales, populares e interseccionales

Por último, debemos preguntarnos sobre qué sujetos van a impulsar la transición (o transiciones), poniendo especial atención en evitar enfoques urbanocéntricos, eurocéntricos y androcéntricos, que olviden las experiencias y conocimientos de colectivos imprescindibles para impulsar cualquier transición. Es clave que la preocupación por la pérdida de empleos contaminantes ocupados por trabajadores blancos no eclipse la preocupación por el futuro de las defensoras del territorio, el campesinado, las trabajadoras de cuidados, la población desplazada o las y los enfermos por contaminantes.

Este enfoque nos lleva a plantear un horizonte de redistribución y democratización atravesado por criterios de género, antirracistas y decoloniales, en el que entran en juego responsabilidades asimétricas. Una noción que, según Amaia Pérez (2014), “nos ayuda a salir de la dicotomía en la cual o bien eres culpable o bien eres víctima”, para reconocernos con agencia y capacidad de desobediencia. Ni nada es culpa o responsabilidad nuestra, ni somos culpables de todo y debemos asumir la imposición de sacrificios desiguales e injustos. Por tanto, se trata de reconocer desde una mirada interseccional los diferentes ejes de opresión y privilegio que van a atravesar las transiciones. Pensando tanto en el horizonte de transición como en las prácticas cotidianas y en el camino hacia esta.

La justicia global debería permear todo el análisis de la crisis ecosocial y las propuestas de transición. En este sentido, será necesario abordar en toda su profundidad las consecuencias del productivismo, la externalización de costes hacia el sur global, o la mercantilización de bienes comunes. Poner el foco en el papel que juegan las empresas transnacionales (y todo el entramado formado por instituciones financieras, tratados comerciales, tribunales de arbitraje, etc.) en la profundización de estos impactos. Son necesarias, por tanto, medidas efectivas para acabar con la impunidad corporativa y conseguir que las empresas asuman sus externalidades sociales y ambientales –siendo especialmente preocupantes los impactos de los proyectos considerados limpios, pero que mantienen la lógica de depredación territorial y explotación laboral–, así como medidas para desarticular los tratados comerciales y los mecanismos de endeudamiento.

También es fundamental buscar formas de compensar la deuda ecológica contraída con el sur global durante décadas. Un primer paso es la transformación del modelo de producción, consumo y gestión de residuos, para evitar seguir ensanchando esta deuda. Pero también es urgente impulsar estrategias de devolución de las deudas, ya sea a través de financiación no condicionada, transferencia tecnológica y reparación de ecosistemas, y ampliar la solidaridad y la acogida con las supervivientes de este sistema, abriendo las fronteras y acompañando las luchas de las defensoras y defensores del territorio.

Para llevar a la práctica la apuesta interseccional es necesario partir de lo local, impulsar transiciones arraigadas en el territorio y en su población. De esta forma podemos impulsar procesos abiertos, democráticos y sostenibles que se entrelacen con otros proyectos para aumentar de escala. Partir de lo local nos permite, además, visibilizar y reconocer multitud de alternativas locales que ya están en funcionamiento, aunque a menudo no se inscriban ni en el ecologismo ni en el ecofeminismo. Nos referimos a las experiencias que Maristella Svampa (2015) enmarca en el ecofeminismo de la supervivencia, es decir, estrategias de defensa de la salud, la supervivencia, el territorio o la comunidad protagonizadas por mujeres en el sur global.

Poner el foco en el ecofeminismo popular nos debe permitir huir de las tecnoutopías, de las propuestas de transición en abstracto que se basan en planes tecnócratas diseñados desde arriba, para poner en valor las propuestas que parten del aquí y ahora, aprendiendo de la pragmática vitalista popular que busca resolver de forma colectiva los impactos de las lógicas desposesivas, extractivas y expulsivas (Gago, 2014). Asimismo, partir de estas experiencias locales, más o menos autónomas del Estado, debe servirnos para experimentar nuevas formas de relación dialéctica con la institución. Necesariamente, la transición socioecológica dependerá de una articulación entre diferentes actores, entre los que el Estado no puede quedar fuera, pero tampoco puede ser el centro sobre el que pivote todo el cambio, si no queremos correr el riesgo de estancarnos o caer en proyectos burocráticos y centralistas.

En la misma línea, para seguir ampliando la agenda ecofeminista de transición, el papel del movimiento feminista debería ser clave. La capacidad de experimentación colectiva demostrada en la organización de las huelgas feministas puede ser un activo fundamental para seguir ampliando estos aprendizajes y trasladarlos a un marco ecofeminista. En la organización de las huelgas hemos podido poner en práctica gran parte de las reflexiones de la economía feminista, ahora nos toca pensar y experimentar cómo estos aprendizajes nos pueden servir para impulsar la urgente transición ecosocialista. Ante amenazas patriarcales, capitalistas, coloniales y extractivistas entrelazadas urge diseñar horizontes comunes y articular nuestros esfuerzos.

Referencias

Cavallero, Luci y Gago, Verónica (2019) “Diez tesis sobre la economía feminista (o sobre el antagonismo entre huelga y finanzas)”, viento sur,164, pp. 71-83.

Gago, Verónica (2014) La razón neoliberal. Madrid: Traficantes de Sueños.

González, María (2019) “Saber si estamos dispuestas a intentarlo”, elsaltodiario.com, 05/12.

Martija, Gorka (2020) Trabajos emancipados frente a la ofensiva capitalista. Impactos y alternativas a los tratados comerciales en Hego Euskal Herria, OMAL.

Mellor, Mary (2019) “Una propuesta ecofeminista. Aprovisionamiento suficiente y dinero democrático”, New Left Review, 116-117, pp. 207-220.

Pérez Orozco, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. MadridTraficantes de Sueños.

Svampa, Maristella (2015) “Feminismos del sur y ecofeminismo”, Nueva Sociedad, 256.

Júlia Martí es miembro de OMAL (Observatorio de las Multinacionales en América Latina) y forma parte de la redacción web de viento sur

https://vientosur.info/una-agenda-ecofeminista-para-la-transicion/

Fuente: https://rebelion.org/una-agenda-ecofeminista-para-la-transicion/