Qué Sistema

Octubre 2020

Denomina tierras a territorios para despojarlos de vida humana-no humana e implantar lucro oligopólico de corto plazo.

 


 

 

 

Conciliación de clases/ Concentración y centralización capitalista/ Alternativas emancipatorias

 

Conciliación de clases

 

Examinemos porqué destapar la impostura de todos los gobiernos e intelectuales progresistas.

 

lalineadefuego.info 

Territorios indígenas y descolonización.
1 de septiembre de 2015

 

 Por Raúl Prada Alcoreza

(…)Patético exhibicionismo y desesperación extractivista

El apego de los llamados gobiernos progresistas al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente es una clara muestra del carácter histórico-político de estos gobiernos. No dejaron de ser Estado-nación subalternos; administradores de la transferencia de los recursos naturales de las periferias a los centros del sistema-mundo capitalista. Entonces son cómplices no solo de las dominaciones imperialistas, sino de mantenerlas alimentándolas con las concesiones extractivistas a las empresas trasnacionales; manteniendo, de esta manera, el ciclo dominante y hegemónico del capitalismo vigente; extractivista y financiero, inscribiendo la deuda infinita en los cuerpos de los pueblos subyugados.

El exigir que las naciones y pueblos indígenas entreguen sus tierras a la vorágine del capitalismo extractivista es la patética desesperación de comediantes, que fungen de líderes populistas, cuando, en realidad, desarman a los pueblos de su capacidad de lucha, haciendo gala de su demagogia, que se sostiene en redes clientelares. Es una clara muestra de lo distante que se está de la Constitución. Constitución que, además de establecer el carácter plurinacional del Estado, en transición, Estado plurinacional Comunitario y Autonómico, establece los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Por otra parte, deja claro el carácter ecologista de la Organización Económica del Estado, al establecer la condición sustentable del “desarrollo”, definiendo las condiciones no mercantilizables de los recursos naturales, destinados al vivir bien. Este, el dispositivo gubernamental que exige a los pueblos entregar sus recursos naturales y abrir las áreas protegidas, es un gobierno que ha adoptado el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

Territorios indígenas

En primer lugar, es indispensable definir lo que se entiende por territorios indígenas. Cuando queremos hacer esto, definir el concepto de «territorios indígenas», nos encontramos con distintos discursos que lo contienen; en cada discurso la interpretación es distinta. En términos del uso político, territorios indígenas, tiene que ver con las luchas de las naciones y pueblos indígenas por recuperar y reconstituir sus territorios ancestrales. Ciertamente cuando decimos esto, de recuperar y reconstituir, hablamos en el contexto de la geografía política de los Estado-nación. Esto significa que la recuperación y la reconstitución están circunscritas dentro de esta geografía. Generalmente se habla de los territorios donde están asentados los pueblos indígenas. Entonces se trata de la protección de los pueblos indígenas, de la defensa de sus culturas, de sus lenguajes, de sus instituciones, de sus normas y procedimientos propios. Para tal efecto, la lucha de los pueblos indígenas ha buscado el reconocimiento de sus territorios por parte de los Estado-nación. Naciones Unidas ha recogido las reivindicaciones, las demandas, sobre todo las conquistas de los pueblos indígenas, después de décadas de luchas descolonizadoras. Les ha dado un leguaje jurídico y las ha extendido como derechos colectivos a todo el orbe planetario. Muchos Estado-nación han firmado convenios internacionales, que establecen universalmente los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, los territorios indígenas son territorios reconocidos internacionalmente y por los estados firmantes de los convenios internacionales.

Vulnerar estos derechos adquiridos, asumidos internacionalmente y por los Estados firmantes, es violar los derechos humanos, en su extensión colectiva. En otras palabras, es violar las condiciones de posibilidad democrática, tal como han sido constituidas hasta ahora. Es comportarse despóticamente ante estos derechos establecidos. Es esto precisamente lo que pasa cuando se exige abrir las áreas protegidas a concesiones extractivistas de empresas trasnacionales.

Cuando se hace esto, violar derechos colectivos, con el desparpajo más grande, acusando, además, a los pueblos indígenas que no quieren hacerlo, de inmorales, se patentiza no solamente el despotismo más desvergonzado, sino que no se ha entendido nada de nada. No se ha entendido la Constitución, no se ha entendido el sentido primordial del llamado proceso de cambio, que es el de la descolonización. Tampoco se ha entendido el significado histórico-político, en el presente, de la democracia, del ejercicio de la democracia, que, de acuerdo con la Constitución, es participativa, directa, comunitaria, pluralista, representativa. Es como creer que basta con pretender ser indígena o parecerlo para legitimar cualquier cosa, incluso actos y acciones políticas que van contra los derechos de los pueblos indígenas. Esto no es otra cosa que una desorientación enorme respecto a las emancipaciones y liberaciones en la actualidad. Y lo más grave, esto no es más que la continuación del despojo y la desposesión colonial; primero, en el periodo colonial propiamente dicho; después, en el periodo liberal, con las repúblicas; para prolongarlo con el periodo nacionalista; posteriormente, asombrosamente, para perpetuarlo en el periodo del llamado gobierno progresista, sobre todo con el denominado gobierno indígena.

La definición del concepto de territorios indígenas no queda ahí, en el uso político, “ideológico”, jurídico, incluso técnico, en las oficinas de Naciones Unidas, en las ONG y en las instancias gubernamentales. Se ha desarrollado también como una concepción teórica de territorios indígenas. Se habla, en este sentido, de territorios indígenas, como espesores culturales; como ámbitos de relaciones entre comunidades y ciclos vitales, del agua, del aire, del suelo, de los bosques, de las cuencas. En una de las versiones de esta interpretación filosófica, el concepto de territorio indígena adquiere el carácter de arquetipo, de originariedad; se les atribuye esta connotación territorial a las comunidades originarias. Sin embargo, hay que hacer notar que para los pueblos ancestrales el territorio no es indígena o, mejor dicho, del pueblo indígena, que tampoco se consideraba como tal, sino que se nombraba como gente, como humano, en la lengua propia. El territorio no puede ser de alguien, persona o colectivo; la comunidad es la que forma parte del territorio. Lo común, en este caso, no corresponde solamente a los miembros de la comunidad o de las comunidades con las que se comparte, sino también con los otros seres con los que se convive.

Como se puede ver, a pesar de la importancia, la utilidad, “ideológica”, política, jurídica y cultural del concepto, no deja de plantear problemas hermenéuticos la decodificación y la interpretación del concepto. Problemas que hay que asumirlos plenamente, precisamente por la importancia y significación histórica que tienen los pueblos indígenas.

Otra semántica del concepto de territorios indígenas tiene que ver con la perspectiva ecológica. Los pueblos indígenas se encuentran en ecosistemas biodiversos vulnerables, forman parte de estos ecosistemas. Claro que también forman parte de los ecosistemas, en general, las ciudades, las poblaciones no indígenas; sin embargo, no hablamos de esta pertenencia ecológica, en general, sino de la vinculación de los pueblos indígenas con ecosistemas vulnerables, de las cuencas, de los bosques, de los territorios todavía no suficientemente afectados por la integración capitalista. En este sentido, territorio indígena adquiere una connotación ecológica. Hay una versión light, por así decirlo, de esta perspectiva ecológica, que es, mas bien, ambientalista; concibe a los territorios indígenas como áreas protegidas.

Después de esta breve revisión de parte de la polisemia de territorios indígenas –no podemos extendernos, por el momento–, podemos ver que más que tratarse de un concepto, estamos ante una distribución conceptual heterogénea. Distribución heterogénea que hace a una formación no solo discursiva, sino política-cultural. Esta formación discursiva-político-cultural se despliega en las sociedades contemporáneas, en los Estados-nación, en el mundo, buscando ocasionar acontecimientos emancipativos y libertarios descolonizadores. Por lo tanto, en este ánimo y activismo, busca ocasionar enunciaciones que hagan inteligible el entramado de relaciones sociales e institucionales, donde se disputan dominaciones y contrapoderes.

En consecuencia, la formación discursiva-político-cultural de la que hablamos, que nombraremos como des-colonial –preferimos usar el término que asume Silvia Rivera Cusicanqui, con la explicación del caso, que decolonial–, es una heurística y hermenéutica de contra-poder, de prácticas discursivas-políticas-culturales contra- hegemónicas.

En este sentido, la defensa de los territorios indígenas es parte de la lucha descolonizadora. Defender los territorios indígenas de su desterritorialización extractivista, de su despojamiento y desposesión por parte del capitalismo dependiente, es no solamente pieza importante de la lucha anticapitalista, no solamente segmento fundamental de la lucha anticolonial y descolonizadora, sino, sobre todo, es primordial en la defensa de la vida.

Raúl Prada Alcoreza es escritor, docente-investigador de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia). Demógrafo. Miembro de Comuna, colectivo vinculado a los movimientos sociales antisistémicos y a los movimientos descolonizadores de las naciones y pueblos indígenas. Ex-constituyente y ex-viceministro de planificación estratégica. Asesor de las organizaciones indígenas del CONAMAQ y del CIDOB.

 Fuente: https://lalineadefuego.info/2015/09/01/territorios-indigenas-y-descolonizacion-por-raul-prada-alcoreza/

 

 

Advirtamos que «el progresismo» en todos sus gobiernos e intelectuales volvió las espaldas a los pueblos cuya rebelión antineoliberal les dio origen. En efecto, promovió los extractivismos. Pero también usó la comunicación de interpretación inmediata por su simplicidad pragmática y las lógica propia a investigaciones encerradas en esquemas dogmáticos que conducen a personificar al capitalismo e imperialismo contemporáneos fomentando la creencia de la existencia de un capitalismo y un imperialismo buenos (el gestionado por progresismos y China respectivamente). Verifiquemos que olvida la alianza del gobierno de Lula con el de George W. Bush Leer  en 2007 para producción de agrocombustibles falsamente clasificados como energía limpia y de sustitución del petróleo. Por eso plantea:

 

 

¿Dejará Bolsonaro algún bosque en la Amazonía?

3 de octubre de 2020

 

Por Hedelberto López Blanch (Rebelión)

Un estudio realizado por la Universidad Federal de Pará (UFPA) y el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM), resulta demoledor sobre la forma en que son arrasadas las tierras por latifundistas con la plena autorización del gobierno de Jair Bolsonaro. 

La investigación fue publicada a finales de junio en la revista Land Use Policy bajo el título: «Tierra sin ley en la tierra de nadie: las áreas forestales públicas no destinadas de la Amazonia brasileña”. El artículo científico afirma que esa ocupación indiscriminada es «fuente de deforestación, explotación predatoria de recursos naturales, actividades económicas insostenibles y violencia en el campo».

Claudia Azevedo-Ramos, profesora del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la UFPA denuncióen entrevista al medio brasileño Eco: «Si el propio Gobierno, que debería estar fiscalizando estas áreas que son públicas, está transmitiendo un mensaje de que no les va a pasar nada (a los usurpadores), que sus tractores no van a ser quemados o confiscados, que la Policía Federal no los va a controlar, que pueden entrar en Tierras Indígenas, pueden extraer minerales a gusto…eso definitivamente son tierras sin ley”.

Recordemos que el presidente Jair Bolsonaro, denominado como el “depredador ambiental”, desde el inicio de su campaña electoral enfatizó que no reconocería ni un centímetro más de tierras indígenas y tras la llegada al poder impulsó la explotación económica de los recursos naturales amazónicos “sin regulaciones ni burocracia”.

En sus planes de explotación del Amazonas, Bolsonaro despojó de atribuciones y recursos a administraciones públicas como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), vinculado al Ministerio de Medio Ambiente y responsable de la ejecución de esa Política Nacional.

Con el fin de impulsar el agronegocio que cataloga como el eje fundamental de la economía, Bolsonaro está destruyendo el principal pulmón verde del planeta.

En casi todas sus intervenciones públicas ha insistido en que los incendios registrados en la Amazonia son «mentira» y que cada país de la región tiene derecho a explotar los recursos naturales de sus territorios.

Como no quiere que nadie se le interponga en ese destructor camino, cuando el director del Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe), Ricardo Galvao presentó a principios de 2020 un informe donde denunciaba que la Amazonía había perdido 5 879 kilómetros cuadrados en los últimos 12 meses, 40 % más que un año antes, Bolsonaro lo destituyó inmediatamente.

Solo en el mes de julio de este año, el área desbrozada por talas indiscriminadas e incendios, según el Inpe, es tres veces más grande que la ciudad de Nueva York y se cuadruplicó con respecto al año anterior.  

En la explotación de los recursos de la Amazonía brasileña, con la plena autorización del gobierno derechista, se han involucrado empresarios, políticos, individuos con gran capital económico y hasta compañías transnacionales.

Bajo esas circunstancias, unas 12 millones de hectáreas de tierras públicas, un área del tamaño de Guatemala y El Salvador juntos, han sido ocupadas ilegalmente por esos propietarios privados que desalojan sin contemplación a los nativos de esas zonas. La tala ilegal dentro de Tierras Indígenas en 2019-2020 aumentó 80 % en relación con 2018.

La Amazonia comprende 5 % de la superficie terrestre del planeta, 40 % de América del Sur y 4,2 millones de kilómetros cuadrados (61 % del total) cubren la mitad de Brasil, en la región norte.

En julio, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, registró 82 900 hectáreas deforestadas, un récord mensual en relación a los últimos cinco años, lo cual confirma un crecimiento continuado de la deforestación en los últimos 13 meses y un aumento total del 78 % en relación al período 2018-2019.

En los meses de julio, agosto y septiembre, una de las regiones que más ha sufrido la deforestación ha sido el Gran Pantanal, situado en el extremo sudoriental en los Estados de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur (su alcance se extiende a Bolivia y Paraguay) con una superficie de 187 818 hectáreas y abarca las cabeceras de los ríos Cuiabá y Paraguay. Es uno de los ecosistemas humedales de agua dulce más vastos del mundo.

Los enormes incendios han destruidos el hábitat de numerosas especies y afectado a pobladores de las ciudades de Aquidauana, Cáceres, Corumbá, Coxim, Miranda, Poconé, Barao de Melgado, Puerto Suárez y Puerto Guijarro.

La directora adjunta del Instituto Centro de Vida, Alice Thuault, explicó que debido al cambio climático, el Pantanal vive la mayor sequía de los últimos 47 años, situación que se incrementa con los prolíferos incendios.

La situación es dramática en el Parque de las aguas, dentro del Pantanal que ya ha perdido el 85 % de su territorio, lugar de mayor concentración del mundo de jaguares y sitio natural del raro guacamayo jacinto o guacamayo azul.

Thuault denunció que son muy raros los incendios espontáneos, la mayoría de ellos se originan en terrenos privados, con el objetivo de limpiarlos y acaban extendiéndose a zonas protegidas.

La dura realidad es que el mundo de la Amazonia va reduciéndose a pasos agigantados, mientras un presidente inconciente, agresivo e inepto niega el cambio climático y a la par impulsa la deforestación para incrementar el agro negocio. Y el mundo se pregunta: ¿con esa arbitraria política antiambiental dejará Bolsonaro algún bosque en la Amazonía? 

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Fuente: https://rebelion.org/dejara-bolsonaro-algun-bosque-en-la-amazonia/

 

 

Destaquemos que todos los gobiernos progresistas han subordinado sus países a hacer posible el crecimiento económico e industrial de EEUU, China y Europa sin importarles la vida humana y no humana del presente ni del futuro. Si recordamos en 2019 los incendios en la Amazonía de Bolivia pero también, en 2009, Evo Morales-Álvaro García Linera prefieren al petróleo en vez de a los pueblos indígenas y la Amazonía. Y llegan a extorsionar de desfinanciamiento del Estado social si no se explota a los hidrocarburos en la Amazonía.

 

 

Brasil y Bolivia. Incendios en Amazonia

amenazan a

350 pueblos indígenas

Resumen Latinoamericano / 24 de agosto de 2019

Los incendios en la Amazonía, región que ha perdido más de 500.000 hectáreas en los últimos 20 días, ha llevado a los pueblos indígenas a declarar el estado de emergencia ambiental y humanitaria debido al impacto del fuego sobre el ecosistema y sus comunidades aledañas. Se estima que son 350 pueblos originarios los que habitan entre Brasil y Bolivia sumando cerca de 1.5 millones de habitantes de la cuenca amazónica los que podrían verse afectados por esta crisis ambiental.

Entre el 20 y 21 de agosto de 2019, de los 3.752 focos de incendios en Sudamérica, el 59% ocurrió en Brasil (25.871), 27.8% en Bolivia (12.144), 4.7% en Paraguay (2054) y 1.2% en Perú (522), situación que ha llevado a según datos preliminares más  de 100.000 indígenas damnificados.

Róbinson López, coordinador de cambio climático y biodiversidad de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) expresa que además de las afectaciones ambientales, también están siendo vulnerados sus conocimientos tradicionales y espirituales.

«Los pueblos indígenas tenemos un relación intrínseca con los territorios y sin ellos no podemos vivir, ahí están nuestras plantas sagradas; han puesto en grave riesgo los conocimientos de la oralidad, nuestro territorio está caracterizado y se mira de una manera integral».

Uno de los casos más emblemáticos – señala Robinson – es el del bosque chiquitano en Bolivia, que tras 20 días de conflagración del fuego ha perdido 471.000 hectáreas de bosque endémico, una zona donde existen 554 especies de animales y más de 55 plantas de las que aún se desconoce cuántas han sido afectadas. Por su parte, el pueblo chiquitano que habita en Santa Cruz hoy requiere atención humanitaria, agua potable y alimentos.

La responsabilidad de los Gobiernos

Mientras se señala al presidente Evo Morales de ser permisivo frente a acciones que han permitido la quema en el Bosque Seco Chiquitano derivando en la deforestación de más de 600.000 hectáreas, el coordinador indica que en Brasil, Jair Bolsonaro ha asumido una posición regresiva utilizando estrategias de desmonte de la protección ambiental, «dando vía libre a empresarios y generando normativas que permiten el libre accesos a las tierras, el cultivo de soja y caña».

Para López, estas acciones estarían facilitando que la Amazonia sea «la despensa para el extractivismo» para actividades como la minería, la deforestación, la ganadería a gran escala y la ampliación de la frontera agrícola, «la culpa no la tienen los grupos ambientalistas, la responsabilidad es de estos gobiernos que no tienen clara la importancia del bioma de la Amazonia», reitera Róbinson.

Frente a estas políticas, considera que las demás naciones ejerzan estrategias de presión para sancionar a Gobiernos como el de Bolsonaro que cabe resaltar, se retiró del Acuerdo de París dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Afectaciones  a la Amazonia son graves y el daño irreversible

Si el fuego sigue propagándose – advierte el coordinador de la COICA – no solo estarían en peligro los 350 grupos indígenas que habitan el Amazonas, también serían afectadas 6.7 millones de km2 de bosques, 44.000 especies de plantas, 2.200 especies de animales, 10% de la reserva de carbono del planeta, 2.500 especies de peces de agua dulce y del 17 al 20% del total del agua dulce del planeta.

Según información adicional proporcionada por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), la deforestación en los estados Amazónicos en este país suma 10.788 km2 en el 2019, lo que equivale al tamaño de Jamaica.

Contagio Radio

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2019/08/24/brasil-y-bolivia-incendios-en-amazonia-amenazan-a-350-pueblos-indigenas/

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Bolivia: exploración petrolera en la Amazonía presenta nuevos desafíos al proceso de cambio

21 de julio de 2009

 

Sólo en los discursos la Amazonía conserva su ropaje de pulmón de la Tierra. Desde hace años se transformó en la última frontera a conquistar por el extractivismo: el mito de El Dorado fue reconstruido a fuerza de concesiones madereras, mineras, hidrocarburíferas y agronegocio. En Perú y Ecuador la profundización del modelo es resistida por las poblaciones locales y ya expresó su rechazo en masivos levantamientos; ahora Bolivia avanza en esa dirección y se escuchan voces de alerta.
 

“Queremos mantener la vida, queremos mantener nuestro ambiente limpio, sano de toda contaminación”, dice Daniel Gigasi, cura católico y cacique de la comunidad mosetén Simay. “Empecemos a sentarnos y decir qué hacemos para compensar todos los daños que se están haciendo, y no así, en una forma abusiva y atropellada de destruir la tierra y después recién pensar en la vida del ser humano”, se queja. La exploración petrolera avanza sobre Tierras Comunitarias de Origen (TCO, territorio tradicional) de los mosetenes  y de otros pueblos, como lecos y chimanes.

Una extensa franja del oriente boliviano -que atraviesa los departamentos de La Paz, Beni y Cochabamba- ha sido concesionada a la empresa PetroAndina, que conformaron las estatales Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).  Organizaciones indígenas denuncian que la exploración se puso en marcha sin la realización del proceso de consulta previa y por ende, sin su acuerdo. En tanto el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) se suma a las críticas y plantea otras formas de desarrollo, que estén en consonancia con la preservación de la Amazonía andina, y propone dejar el crudo bajo tierra. 

“Hay una preocupación acerca de los trabajos que están haciendo las empresas petroleras en territorio étnico mosetén, en el cual estamos sufriendo atropellos, inclusive en contra del decreto 29.033 [que obliga el proceso de consulta y participación indígena previo a la aprobación de un proyecto petrolero]”, apunta Gigasi. “Incluso la nueva Constitución demanda respeto de parte del gobierno hacia los pueblos étnicos, pero sólo queda escrito”, agrega.

Vocación

“La parte de la Amazonía que le corresponde a Bolivia está muy vinculada a la cordillera de los Andes, es el origen de los ríos más importantes que abastecen al Amazonas”, explica Patricia Molina, del Fobomade. “Por tanto, es una zona altamente vulnerable, de una diversidad muy poco conocida. Tenemos ahí una serie de endemismos, de ecosistemas aislados, de lugares secos y de lugares muy húmedos. Hay un gradiente muy alto de pendiente, entonces, en muy pequeño espacio se baja abruptamente”, completa. “Es en esta región donde hay la intención de hacer exploración petrolera para la búsqueda de crudo, líquido”, advierte. “Porque el país es fundamentalmente productor de gas, pero en este caso es búsqueda de líquido.”
 
“Existen proyectos de exploración desde hace ya tiempo, de Repsol y de Petrobras, que de una u otra manera han sido paralizados porque la gente allá vive del turismo [hay proyectos de etno-eco-turismo], de la producción de café de altura -que es de muy alta calidad-, del cacao… Nadie quiere saber de exploración petrolera, pero también nadie conoce lo suficientemente la exploración, entonces [las empresas y el gobierno] han estado tratando de convencer a la gente de que sólo es exploración. ‘Primero vamos a ver si hay’, pero sabemos que la exploración puede ser tan dañina como la propia explotación”, destaca.


“Durante la Guerra del Gas, en 2003, había varias reivindicaciones en torno a los hidrocarburos, entre ellas estaba poner plantas de separación de líquido y de gas. Actualmente toda la exportación de gas que se va a Brasil y a Argentina, va con líquidos, y eso no se cobra”, cuenta Molina. “Algo se negoció en el caso del nuevo contrato con Argentina, pero estamos regalando líquidos en el gas y estamos subvencionando a las transnacionales que operan en Brasil al no cobrar eso. Incluso tenemos que importar diesel y gasolina, por la falta de líquidos”, continúa. “En lugar de explorar nuevas áreas, donde no se sabe si se va a encontrar o no se va a encontrar, por qué no ir a lo seguro y separar el líquido donde sabemos que hay y, además, dejar de regalar nuestros recursos a empresas transnacionales”, subraya.

 
“En el ’78, durante el gobierno de [el dictador Hugo] Banzer, se hizo un trabajo en el cual se determinó que no existía petróleo. Sin embargo ahora el gobierno de Evo Morales se empeña en volver a hacer un trabajo”, remarca Gigasi. “Se está aprovechando la circunstancia de la nacionalización de los hidrocarburos, que [en la población] hay una conciencia de recuperación de la renta petrolera… Pero sea estatal o no, el país no se puede abrir a la explotación petrolera a todo lo largo de su territorio, habrá zonas que tienen otras vocaciones y que de ninguna manera pueden compatibilizar esas vocaciones con la actividad petrolera”, subraya Molina.

 
Ante las críticas a la exploración de crudo en la Amazonía boliviana, funcionarios del gobierno respondieron que se trata de una campaña orquestada por una ONG que se opone al desarrollo de la región. “Todo eso nosotros [lo] hemos desmentido, claro que queremos el desarrollo de la región, pero no en una forma así, arbitraria, engañosa, como el gobierno lo está manejando”, enfatiza Gigasi. “Pensamos que no está suficientemente informado nuestro presidente y no sabe realmente lo que pasa”, interviene Molina.


 
Consulta previa

Las TCO de los mosetenes tienen una superficie cercana a las 100 mil hectáreas. “Las mismas líneas [de exploración] que están pasando por estas TCO atraviesan las TCO de los chimanes y de los lecos. Están siendo afectados del norte del departamento de La Paz hasta el sur; parte de lo que es la provincia de Ayopaya, en el departamento de Cochabamba; más la provincia Ballivián, del departamento del Beni”, explica Gigasi. “El gobierno ha entrado en una forma atropellada, no se están cumpliendo los convenios que tienen que hacerse de acuerdo a las leyes y tratados, de la OIT incluso”, acota el cacique.

“En 2005, antes del cambio de gobierno, se trabajó mucho una nueva Ley de Hidrocarburos. En esa nueva legislación las luchas ecologistas e indígenas lograron colocar una serie de artículos para proteger los territorios indígenas y las áreas protegidas, que prohíben todo tipo de actividad en estas áreas y establecen que la consulta a los indígenas tiene carácter vinculante”, reseña Molina. “Esto fue lo más que se logró avanzar y, posteriormente, ya en el gobierno de Evo Morales, se sancionó un reglamento que establece cómo debe ser esa consulta. Porque consultar… hasta pasar un video puede ser ‘consulta’”, ironiza. “Ahí se establecían los niveles que se deberían involucrar, respetar las jerarquías dentro de las propias organizaciones, y eso es lo que no se ha cumplido. Se ha ido directamente a visitar comunidades, a hacer un serie de ofertas -que iban a hacer un estadio, que iban a repartir tal cosa, que iban a poner tal proyecto-, y de esa manera conseguir el apoyo. Y en algunos casos, cuando no se pudo ni conseguir [apoyo con esas ofertas], se ha hecho firmar a niños como si se estuviera efectuando la consulta”, denuncia la ambientalista.

 
“Se ha trabajado de una manera aberrante, estamos viendo los mismos métodos que hemos visto con las otras empresas antes. Obviamente también es la misma gente que se recicla, la que hace las consultorías, la que hace los estudios, etc.”, enfatiza Molina.

Amazonía sin petróleo

“‘Amazonía sin petróleo’ es básicamente que no pueda haber petroleras interfiriendo con actividades que ya están en curso, que hacen de la zona una zona económicamente bien diversificada, por tanto, mucho más sostenible”, resume Molina. “La propuesta apunta a que discutamos el desarrollo que quiere la región y después, a partir de no contaminar, de no sacar el petróleo, se puede hacer otro tipo de negociaciones de fondos para la protección [de la biodiversidad]”, amplía. “Extender el alcance de la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo, nos parece fantástico.”

El plan de Fobomade no sólo fue rechazado por el primer mandatario, sino que además lo denunció como parte de una estrategia para obstaculizar su gestión. Sin embargo, poco tiempo antes, Evo Morales había destacado el valentía del presidente ecuatoriano Rafael Correa al presentar al mundo la iniciativa de mantener bajo tierra el crudo del bloque ITT, en el Parque Nacional Yasuní. Esa propuesta, nacida de los movimientos sociales y formalizada por Correa, en buena medida inspira a los ambientalistas bolivianos.

 
“Lamentablemente [el presidente Evo Morales] tuvo una reacción negativa con la campaña ‘Amazonía sin Petróleo’, pero consideramos que es la falta de información y los técnicos que se encuentran en el Ministerio de Hidrocarburos, que tienen la visión absolutamente de ‘exportación, exportación y exportación’; que todos los recursos a distribuir [a través de políticas sociales] van a venir de la venta de petróleo”, afirma Molina. “Creemos que hay una desinformación”, reitera. “Le hemos pedido oficialmente [al presidente] hacer un debate, ver las visiones y los tipos de desarrollo que quiere la gente de la región, que tenemos que tener en el país. Hacer un debate interno pero público sobre el tema esencial que es el desarrollo, que es el fondo de la cuestión”, puntualiza.


El desafío está planteado para el gobierno de Evo Morales, al proceso de cambio que encarna también le piden nuevas propuestas ante viejos paradigmas. La respuesta aún es abierta.
 
  
Evitemos otro Bagua en Bolivia, paremos la violencia fratricida
Al Hermano Evo Morales, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y al pueblo boliviano en general. Al Compañero Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, y a la comunidad internacional solidaria con los pueblos indígenas de la Amazonía.

El miércoles 15 de julio de 2009, la comunidad Mosetén de Simay, encabezada por su cacique y sacerdote católico Daniel Jigasi, detuvo en sus predios a un grupo de camionetas de la empresa estadounidense Geokinetics -contratada por Petroandina SAM- que ya ha empezado los trabajos de exploración sísmica de la Fase 2 del proyecto Lliquimuni, pero ahora dentro de territorio indígena, a pesar de las declaraciones oficiales del Ministro de Hidrocarburos, Oscar Coca, en sentido contrario.


La detención de los vehículos y del personal a cargo fue realizada de manera pacífica y tenía como único objetivo llamar la atención de las autoridades sobre el proceder inconsulto y abusivo de las empresas y personeros del ministerio del ramo, hecho que ya fue denunciado por las máximas instancias representativas nacionales de indígenas y campesinos de Bolivia, en una resolución dada a conocer el 8 de julio en la ciudad de La Paz.


En horas de la noche, el cacique Daniel se comunicó por radio con un representante de la empresa Petroandina, exponiéndole la única demanda de la comunidad: que se haga presente el Ministro de Hidrocarburos para hacerle conocer que en Simay no se había realizado ningún proceso de consulta y que, por lo tanto, debían cesar las labores de la referida empresa contratista, a la vez, de la estadounidense Geokinetics.
Ante esta situación, con una asombrosa rapidez y capacidad logística de operación, cientos de colonizadores de la comunidad de Tucupí, acompañados por el cacique de la comunidad Mosetén de Covendo (quien firmó un acta de aceptación de los trabajos exploratorios, rompiendo la estructura orgánica de la OPIM, es decir la Organización del Pueblo Indígena Mosetén) se trasladaron en taxis y camiones a la comunidad de Simay para hostigar a sus moradores y exigir la devolución de los vehículos a la empresa.


La devolución de los vehículos se constató dado el amedrentamiento evidente sufrido por los indígenas de Simay y por su convicción de que así evitarían un baño de sangre entre hermanos indígenas y colonos. A la vez, porque los hermanos de Simay fueron informados de la toma de rehenes y de una coche perteneciente al Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) por parte de los dirigentes de la comunidad Tucupí, rehenes que fueron usados como medida de presión, y tampoco aquí se quiso lamentar ningún daño.


Frente a estos hechos, queremos denunciar, ante todo al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el hermano Evo Morales, que la situación en los territorios Mosetenes se está volviendo incontrolable, producto de la manipulación que están sufriendo los colonizadores por parte de la empresa Petroandina, y que si esta vez no estalló la violencia en Simay, esto puede ocurrir en cualquier momento.


Esta violencia, como la sufrida en Bagua, Perú, en meses pasados, no es fruto de la casualidad, sino consecuencia del accionar desaprensivo y violatorio de los derechos humanos de las comunidades indígenas, en este caso por parte de los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia y de la empresa Petroandina, que han dividido y enfrentado a las comunidades indígenas y están usando a los colonos como fuerza de choque.


En ese sentido, hacemos un llamado clamoroso al Presidente de Bolivia y a la comunidad internacional solidaria con los pueblos indígenas de la Amazonía para que cese la violencia en la Amazonía Sur de Bolivia y vuelva a imperar el respeto intercultural y las leyes.
Para ello, el gobierno debería escuchar no sólo a los indígenas Mosetenes, directos afectados por la violencia, sino también la última Resolución de la Mesa Indígena Amazónica de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), dada en la ciudad de Cobija el 16 de julio, y la Resolución del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), dada en la misma ciudad el 11 de julio, contra "las acciones denigrantes" que "atentan a la vida y la integridad de la Amazonía".


POR EL RESGUARDO Y LA SEGURIDAD DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
POR UNA AMAZONÍA TODA DE PIE, EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA MADRE TIERRA
NO MÁS VIOLENCIA NI MAS MUERTES POR EL PETRÓLEO

La Paz, 21 de julio de 2009
Manuel Lima
PRESIDENTE FOBOMADE
Evelin Mamani Patana
VICE PRESIDENTA FOBOMADE
John Zambrana
SECREATARIO GENERAL

 

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Morales denuncia estrategias para evitar exploración de hidrocarburos en Bolivia 

10 de julio de 2009


 

ABI Bolivia - EXPLORACION - EXPLOTACION 

El presidente Evo Morales denunció el viernes que "algunas" Organizaciones No Gubernamentales (ONG) utilizan reclamos de pueblos originarios para trabar la exploración de hidrocarburos en Bolivia, bajo tuición estatal, con la interposición de una serie de requisitos para la adquisición de las licencias ambientales expedidas en Europa.


    "Lamentablemente algunas ONGs usan algunos dirigentes sindicales para oponerse y no facilitan las licencias ambientales para que haya más pozos y más petróleo", se quejó el mandatario boliviano, cuya política enfila a la potenciación de las reservas de gas y petróleo en el país andino, poseedor de la segunda reserva de gas natural en el continente (47 trillones de pies cúbicos) después de la de Venezuela.

    Un día después de inaugurar los trabajos de explotación en la inexpugnada cabecera de la cuenca de la Amazonia boliviana, en el norte de La Paz y límite con los departamentos de Pando y Beni, donde evidencias empíricas señalan la existencias de promisorias reservas de gas y crudo, Morales se dijo dispuesto a cumplir con todos los requisitos para la preservación del medioambiente, pero deploró el penoso trámite que el país debe realizar para obtener las licencias.

    "Por supuesto, cuidando el medio ambiente , es nuestra obligación, y lamento mucho decir, en este momento, y es la verdad. Algunos dirigentes nos dicen que la licencia ambiental se va a negociar en Bruselas, en Europa. Claro, desde ahí, alguna gente financia a esas ONG y hay que pedir permiso a algunas ONGs europeas, desde Bruselas (Bélgica), es una vergüenza", protestó.

    Denunció que "algunas ONG" plantearon un proyecto para evitar se perfore en la Amazonia.

    "Decían, ‘Amazonia sin petróleo’ y emplazo, de manera directa y pública, si dicen algunas ONG ‘Amazonia sin petróleo’, eso quiere decir que no haya gas ni petróleo para los bolivianos. Mi respuesta, entonces, que me digan qué tengo que hacer, ¿tapar estos pozos de petróleo y de gas? que están en Santa Rosa, en Carrasco, en Cochabamba, en Santa Cruz y el Chaco boliviano", cuestionó.

    El gobernante, que ha nacionalizado los hidrocarburos en el país y que enrrumba hacia la industrialización del combustible fósil y también del gas, dijo que si su política de estatización de los recursos naturales no hubiera coronado, su administración no podría cubrir los recursos para asistir, con bonificaciones estatales, a niños en edad escolar, madres en estado de gravidez y abuelos desocupados para procurarles un buen pasar, en salud y alimentación.

    Lo peor, subrayó, se podarían los recursos provenientes de la renta petrolera que han permitido fortalecer las arcas de los nueve departamentos del país.

    En caso de frenar su política hidrocarburífera, "de qué, entonces, Bolivia va a vivir, si algunas ONG dicen ‘Amazonía sin petróleo’", retó.

   "Están diciendo, en otras palabras, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya IDH, que no haya regalías, pero también van diciendo que no haya (el bono) Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy", apostrofó.(...)

 

Apreciemos cómo Juan Evo Morales Ayma siendo presidente de Bolivia tergiversó informaciones y con qué fines.

 


  (...)
Bolivia - Campaña Amazonía sin Petróleo
CARTA ABIERTA
La Paz, 24 de abril de 2009
Señor:
Juan Evo Morales Ayma
Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia
La Paz.-
Ref: Campaña Amazonía sin Petróleo
 
De nuestra mayor consideración:
El Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) es una organización nacional comprometida con los derechos humanos y ambientales de los bolivianos y las bolivianas, desde hace más de 15 años. Articula organizaciones sociales, productivas, académicas, grupos juveniles, parlamentarios, ecologistas, de consumidores y personas que trabajan en sus comunidades para la protección de su ambiente y recursos naturales. La agenda de intervención pública incluye la elaboración y seguimiento a la aplicación de políticas socioambientales, el apoyo a comunidades para la gestión de sus conflictos ambientales, el ejercicio de derechos ambientales y la incorporación de las visiones de sustentabilidad y soberanía alimentaria en el debate político nacional, a través de la promoción de actividades de uso sustentable de los recursos naturales, ejercidas por actores locales. Para cumplir esta labor, la organización  promueve articulaciones y genera insumos de información sistematizada, documentos de análisis e investigación y material de formación y capacitación, que se plasman en campañas públicas.


La campaña "Amazonía sin Petróleo" se inició por la demanda de los pueblos amazónicos, cuyos derechos están siendo afectados por actividades petroleras, de la misma manera que sus formas de vida, sus actividades económicas: ecoturismo comunitario, artesanía, actividades extrativistas, producción de paños de jatata, miel y derivados. La Campaña tiene la misión de informar sobre los procedimientos legales, derechos y deberes relacionados a la actividad petrolera en todas las fases de la cadena productiva, etapas previas y posteriores, en particular en territorios habitados por pueblos indígenas y campesinos, porque el conocimiento de los mismos, tanto por parte de las comunidades como del mismo Estado, es un instrumento para la convivencia en el marco del Vivir Bien, directriz o paradigma de toda la política nacional, acorde a lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo.

Entendemos el Vivir Bien, expresión del "vivir bien entre nosotros", como una convivencia comunitaria, con interculturalidad y sin asimetrías de poder, que establece que "no se puede Vivir Bien si los demás viven mal". Entonces se trata de vivir como parte de la comunidad, con protección de ella, Vivir Bien en armonía con la naturaleza, en equilibrio con lo que nos rodea.

Por lo que comprendemos que el proceso de desarrollo, en el marco del Vivir Bien, es un desarrollo humanizado en que la colectividad, junto al Estado, decide las políticas y programas, como sujeto activo y no como receptor de "directrices verticales" impuestas.


En la Asamblea de la ONU, el día 22 de abril, usted señor presidente, logró que se declarara el Día de la Madre Tierra, reconociendo que "la Tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella", por lo que señaló cuatro derechos de la Madre Tierra: el derecho a la vida de los ecosistemas, el derecho a la regeneración de la biodiversidad, el derecho a vivir sin contaminación y el derecho a la convivencia armónica con la naturaleza. Esta visión sustenta el posicionamiento justo de las decisiones propias de pueblos indígenas que por las políticas excluyentes enmudecieron sus reclamos, sus demandas y sus derechos y cuyo reconocimiento, sin duda, ha sido el mayor logro de la actual administración, no sólo dentro de la política interna, sino de la política internacional, haciendo hincapié en la necesidad de evitar la discriminación y utilización de pueblos indígenas bajo razonamientos desarrollistas como el "progreso lineal", las relaciones de las culturas "modernas" y "atrasadas", "primitivas" y "avanzadas".

La nueva Constitución Política del Estado, aprobada por voto soberano en enero del 2009, define a Bolivia como un Estado Unitario Plurinacional Comunitario y establece nuevos derechos para todos los bolivianos y bolivianas. Éste es el marco de las acciones de FOBOMADE para la participación en políticas públicas y control social de procesos desarrollistas que siempre atentaron contra los excluidos de ayer y protagonistas de hoy: los pueblos indígenas, cuyos derechos, intereses, la tierra y territorio que habitan y su autodeterminación fueron afectados, a la vez que eran contaminados ambiental y socialmente.
 
La nueva Constitución considera la Amazonía como un espacio estratégico que se debe proteger por "su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad, recursos hídricos y ecoregiones". La CPE manda al Estado priorizar "el desarrollo integral sustentable de la Amazonía, a través de una administración integral, participativa, compartida y equitativa…", fomentar las actividades turísticas, ecoetnoturísticas y otras iniciativas regionales, en coordinación con autoridades indígenas, originarias, campesinas y los habitantes de la Amazonía". Se establece que el Estado debe implementar políticas especiales a favor de las naciones y pueblos indígenas amazónicos.(...)

El 2006 el Estado boliviano creó la Zona Intangible y de Protección Integral de Reserva Absoluta para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario Toromonas, comprometiéndose a respetar sus formas de vida individual y colectiva. Con la nueva Constitución, el Estado boliviano (Art. 31) perfeccionó dicha resolución, comprometiéndose a proteger a los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el territorio nacional, evitando que sean perseguidos, acosados y exterminados por grandes proyectos que se instalan en sus zonas de vida, que los asfixian hasta desaparecerlos. A pesar de ello, el 2008 se firmó contratos petroleros precisamente en el área de protección, con la empresa Petroandina SAM, a la cual, entre mayo y agosto de 2007, se le adjudico más de 3 millones de hectáreas, además de que se renovaron los contratos petroleros con Repsol YPF, Petrobras, Total E&P, en una superficie de 1 millón y medio de hectáreas, todo ello en la Amazonía.
 
La intención de realizar exploración sísmica en la TCO Pilón Lajas y en Madidi data de 1999, cuando la empresa REPSOL inició el trámite de licencia ambiental. La Campaña realizada contra la REPSOL, hizo desistir a esta empresa. Durante el gobierno de Carlos Mesa fue aprobada la licencia ambiental para uno de los proyectos de Petrobras: Río Hondo Sur, lo que llevó al FOBOMADE a apoyar una masiva campaña liderizada por las organizaciones locales, desde municipios, hasta comunidades, la misma que obligó a la empresa a desistir de ingresar en la región, si bien no renunció a la concesión Río Hondo, renovando su contrato el 2007. El 2008 fue firmado el contrato para el Bloque Liquimuni, entre el Estado Boliviano y la empresa Petroandina, sin cumplir con las nuevas condiciones establecidas en la nueva Ley de Hidrocarburos, con respecto a las actividades petroleras en las TCO y Áreas Protegidas, que es el caso de Pilón Lajas y Madidi y sobre la consulta pública.
 
Los Andes Tropicales o Amazonía Andina es el núcleo de numerosos pueblos indígenas, cuya diversidad cultural está íntimamente asociada a la diversidad biológica, lo que se manifiesta en la diversidad de lenguas, costumbres, prácticas de domesticación de diversos organismos, de manejo de recursos, suelos y del ambiente, en sus hábitos alimenticios, reproductivos, en elementos textiles y en general en todos los instrumentos que acompañan el uso cotidiano y sagrado de los recursos biológicos. Por tanto, más allá de la dinámica biológica y ecológica del planeta, la distribución de la biodiversidad está íntimamente relacionada a la diversidad cultural presente en la Amazonía Andina.
 
Por otro lado, la región occidental del Amazonas permanece como una zona de grandes reservas potenciales de diversos recursos naturales, poco explotados, entre ellos los hidrocarburos, minerales, agua y, sobre todo, diversidad biológica. Por ello, diferentes estrategias buscan consolidar la ocupación de los territorios andino-amazónicos, combinando el crecimiento y conservación desde un enfoque de patrimonio de la humanidad, reserva medioambiental del planeta, un gran parque de secuestro de carbono y provisión de servicios ambientales.
 
Dichas estrategias se articulan en la Iniciativa de Conservación de la Amazonía Andina (ICAA), un programa de 5 años de duración financiado por USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, que promueve acciones internacionales para la conservación de la biodiversidad andino amazónica, que es parte de lo que se conoce como la Estrategia de Internacionalización de la Amazonia. La internacionalización de territorios implica la interferencia en políticas nacionales bajo el argumento de la protección de un ecosistema de importancia global o regional y puede pretender realizarse de manera impuesta, por consensos mundiales, o de manera más sutil, por ejemplo, a través de la gestión compartida de cuencas o corredores entre países con asimetrías profundas, donde de manera natural se produce la subordinación del o los países menores a un país hegemónico, que normalmente cuenta con políticas bien definidas y con importantes intereses transnacionales asentados en esos territorios.
 
En el caso de los corredores biológicos o de conservación, la presencia de ONG internacionales que responden a su Agencia de Cooperación, determinarán las políticas nacionales en materia de conservación, el destino del financiamiento de la gestión de las áreas protegidas e inclusive las actividades e instituciones que pueden formar parte de dicha gestión, en una incidencia abierta en asuntos que hacen a la soberanía de las naciones. En el caso de la Amazonía boliviana, la agencia principal es la norteamericana USAID, seguida de la GTZ alemana y entre las ONG están Conservación Internacional, The Nature Conservancy y World Conservation Society (WCS), todas con sede en Estados Unidos de Norteamérica.
 
Estas conocidas ONG de conservación dictan las pautas de políticas ambientales en todo el mundo. La creación de áreas protegidas primero como islas de conservación, posteriormente como corredores transfronterizos y la creación de reservas o territorios indígenas forman parte de la misma lógica que permite en algunos casos anteponer los recursos biológicos, la sensibilidad por las especies en extinción y la preocupación por los problemas globales a las necesidades locales, a través del manejo de programas de sensibilización mediática. Cuando esto no funciona, son los pueblos indígenas los que pueden ser utilizados para defender las áreas protegidas y sus recursos, principalmente de otros grupos humanos empobrecidos, pero rara vez de corporaciones petroleras, de empresas madereras o mineras. Como ejemplo de ello, cuando Petrobras consiguió la licencia ambiental para explotar el Bloque Río Hondo colindante al Parque Madidi, ni Conservación Internacional, ni WCS dijeron una palabra y sólo fue la voluntad de las comunidades, las OTB, municipios, subprefectura y organizaciones económicas de la región lo que logró hacer desistir a Petrobras de ingresar a la Reserva de la Biosfera y TCO Pilón Lajas. 
 
Las ONG mencionadas, junto con la corporación ambiental The Nature Conservancy y algunas locales, forman parte del consorcio de instituciones que conforman la Iniciativa de Conservación de la Cuenca Amazónica , de USAID, que ha elaborado un Plan de Conservación para la Amazonía. Este Plan fue rechazado por el Parlamento de Brasil, que considera como intromisión inaceptable que consorcios de ONG extranjeras actúen libremente en territorio brasileño y de otros países, fortaleciendo sectores que ellas consideran estratégicos. Incluso, fue denunciado por el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en ocasión del Primer Foro Amazónico, realizado en Guayaramerín, en junio del año 2007. Usted mismo, señor Presidente, en el discurso inaugural señaló que ya no se aceptaran políticas "desde arriba y desde afuera".
Para las grandes ONG internacionales, las actividades de extracción intensiva de recursos no son incompatibles con los objetivos de conservación de las áreas protegidas. Prefieren creer en la "responsabilidad corporativa" que hará que las empresas utilicen "tecnología de punta". Para estas organizaciones internacionales, los impactos más graves ocasionados por una empresa petrolera o minera son los llamados "impactos indirectos", es decir, los procesos de destrucción que producen las poblaciones locales que se asientan alrededor de las operaciones de las empresas.
 
Por estas razones, el FOBOMADE ha denunciado permanentemente las actividades de estas ONG, recordando que obtienen grandes ganancias de empresas petroleras negociando a nombre de comunidades indígenas como es el caso de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano FCBC, que logró más financiamiento que todo el SERNAP de las empresas Shell y Enron, vendiéndose como garantes de la conservación de dicha región, aprovechando para ello las acciones de resistencia de diversas organizaciones nacionales y locales. (El Proyecto Cuiabá: como comprar conservacionistas, en: Miradas, Voces y Sonidos. Conflictos Ambientales en Bolivia. FOBOMADE 1999).
 
Hemos sido informados que el Gerente General de la empresa Petroandina Sociedad Anónima Mixta, a nombre de la empresa consultora ECONAT, en vista de haber sido descubierto en actos de soborno a dirigentes, violación de derechos y deberes como empresa contratada, ha intentado enfrentar estos cuestionamientos socioambientales con actitudes que creíamos forman parte del pasado, a través de notas oficiales en las cuales nos involucra con las ONG mencionadas.
 
En justicia nos corresponde señalar enfáticamente a su autoridad que nuestra organización no tiene vínculo alguno con USAID ni con sus ONG y menos recibe financiamiento de empresas petroleras, lo cual está abierto a verificación inmediata. Alertamos, al mismo tiempo, de la conveniencia de confundir las actividades de las ONG financiadas por USAID con las acciones de organizaciones indígenas y de FOBOMADE, para encubrir el objetivo real de USAID de permitir el ingreso de las empresas petroleras socias de sus capitales, como es el caso de Petrobras.
 
Debemos recordar que el 2006, las ONG mencionadas, juntamente con sus socios locales y de cooperación, financiaron la toma del SERNAP en contra de la política de nacionalización de áreas protegidas del gobierno, que claramente se orientaba a la recuperación de la soberanía sobre estos espacios de territorio nacional que habían sido paulatinamente cedidos a las ONG internacionales, sin mencionar el control privado sobre el conocimiento de la biodiversidad, establecido como patrón de conducta en el país, con total impunidad y que hoy debe ser un eje de nacionalización real considerando que aún está en peligro nuestro patrimonio genético, ya  constitucionalizado.
 
Por ello reiteramos lo que señalamos en esa ocasión (2006): "Si el gobierno actual está decidido a gestionar la riqueza biológica del país, debe tener presente la necesidad de mirar en conjunto la totalidad de los recursos estratégicos yuxtapuestos en la región: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua y la infraestructura de transportes creada para su explotación. Tomando en cuenta que la naturaleza y la biodiversidad no pueden construirse sin el control social de los espacios colectivos, debe colocar con firmeza el debate de la conservación alrededor del control social del conocimiento y abrir una batalla política, teórica y social en contra de cualquier mecanismo que silencie la producción colectiva, invisibilice los procesos de construcción social del saber y genere nuevos mecanismos de pérdida de control geopolítico". (Áreas protegidas: Del discurso de la Conservación, a la nacionalización. FOBOMADE. 2006.)
 
La Declaración de la ONU ha reconocido el derecho de los pueblos al desarrollo con identidad. "Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones". Si el Estado pretende aplicar una estrategia de desarrollo nacional, en relación a los pueblos indígenas, la concertación de las políticas que puedan afectar sus territorios y sus tierras es fundamental, pues, de lo contrario, se estaría aplicando la misma vieja política de implantación verticalista de los proyectos de explotación que van "si o si".
 
Reciba usted, señor Presidente, nuestros saludos fraternos.

Javier Aramayo Caballero 
PRESIDENTE FOBOMADE
cc. Ministro de Planificación - Noel Aguirre
Ministro de Medio Ambiente y Agua - René Orellana
Ministra de Desarrollo Rural - Julia Ramos
Ministra de Justicia - Celima Torrico
Ministro de Relaciones Exteriores - David Choquehuanca
Ministro de La Presidencia - Juan Ramón Quintana
Ministro de Hidrocarburos - Oscar Coca
Ministro de Autonomías - Carlos Romero
Ministro de Culturas - Pablo Groux
Ministra de Transparencia - Nardy Suxo
Presidencia Cámara de Diputados - Edmundo Novillo
Vicepresidencia de la República - Álvaro García Linera

Fuente: http://www.abyayalacolectivo.com/web/compartir/noticia/bolivia--exploracion-petrolera-en-la-amazonia-presenta-nuevos-desafios-al-proceso-de-cambio

En consecuencia, abajo y las izquierdas coherentes con su esencia comunista (al perseguir lo comunal y las creaciones de buenos vivires por les propies pueblos, comunidades) precisamos reconocer que los progresismos e izquierdas reformistas son quizás más peligrosas que las derechas desembozadas. Apartan de romper la conciliación con el capitalismo o con las clases dominantes en el país y con el orden mundial del sistema cuya división internacional del trabajo somete a nuestros países del Abya Yala a los extractivismos mintiendo que es para atender a les pobres. Pero lo cierto es que los extractivismos hacen a la concentración y transnacionalización económica territorial o sea al afianzamiento del capitalismo dependiente que es subdesarrollo( pobreza estructural, reterritorialización cuyos efectos son tanto el desarraigo como la aculturación y aniquilamiento de la soberanía alimentaria). Lo último coincide con el progreso del sistema mundo capitalista hacia la desaparición forzada de comunidades campesinas e indígenas.

 

Hernán Ávila: “El conflicto del TIPNIS

ha develado el modelo de gestión de

la tierra que el Gobierno implementa”
12 de abril de 2013

 

 

Por Carola Aranibar

Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (ODPIB)

A tan sólo un año de las elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia, el actual mandatario Evo Morales Ayma –quien atraviesa su segunda gestión consecutiva[1]– se apunta como fehaciente candidato al sillón presidencial. Mientras tanto, las manifestaciones del movimiento indígena develan las contradicciones de su gobierno posicionado, a nivel nacional e internacional, con un discurso caracterizado por la promoción y defensa de la madre tierra, los recursos naturales y los pueblos indígenas.

En este contexto, Hernán Ávila Montaño, quien tiene una trayectoria de más de diez años como asesor de las reivindicaciones y demandas de las organizaciones indígenas y campesinas de tierras bajas de Bolivia, hace un análisis de la situación política del país y del movimiento indígena.

Ávila, es actualmente director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídico e Investigación Social (CEJIS), institución que lleva 35 años trabajando en el campo de los Derechos Humanos desde una perspectiva jurídico y social.

C.A.* – ¿Cómo analizas la situación política del Estado Plurinacional de Bolivia, un año antes de las elecciones presidenciales 2014?

H.A.- Se debe entender que Bolivia está viviendo un momento diferente al del 2005, donde el presidente Evo Morales contaba con toda la fuerza del movimiento indígena originario campesino y sectores populares de las ciudades.

El 2014 será un momento político muy distinto, por un lado, el conflicto por la carretera atravesando el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) ha develado el rostro que oculta Morales detrás de la máscara indígena que utiliza en los eventos internacionales. Por otro lado, el escándalo de las redes de chantaje y extorsión en el aparato judicial[2] que involucra a cercanos funcionarios del presidente y que no logró opacar a pesar de la cortina de humo que lanzó con el show mediático de losSoldaditos”[3] detenidos en Chile.

De alguna manera estos dos grandes problemas, entre otros, han repercutido en las últimas elecciones para gobernador en el Departamento del Beni. La derrota del Movimiento al Socialismo (MAS) alerta al Gobierno de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones de 2014, por ello las campañas electorales ya se han iniciado y la apuesta a partir de las ultimas señales es el de conquistar los sectores urbanos y pactar con los sectores económicamente fuertes.

Es curioso mencionar que después de la VIII Marcha indígena por el TIPNIS[4], el Gobierno -en enero de 2012- asume un acuerdo con el sector agroindustrial y ganadero para la no verificación de la Función Económica Social (FES) en absoluto desmedro del sector indígena y campesino, cuyas expectativas de acceso a nuevas tierras productivas se esperanzan en la verificación de la FES como lo establece la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Como parte de esta nueva alianza del Gobierno con el sector agroindustrial, ganadero y maderero de tierras bajas se encuentra la Ley Nº 337 del perdonazo agricola[5] que termina blanqueando todos los desmontes ilegales ampliando irresponsablemente la frontera agrícola en Bolivia.

Queda claro que el actual Gobierno, desde el 2009 ha reemplazado su base social indígena originaria por los sectores agroindustriales madereros, ganaderos y cooperativistas mineros. Constituyéndose estos al lado de los cocaleros y cúpulas campesinas -como diría René Zabaleta Mercado- en el nuevo Bloque Social Dominante.

En este sentido, el contexto en el que se desarrollarán las próximas elecciones arrastrará dos conflictos que el gobierno nacional no podrá evadir: El caso de la construcción de la carretera por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y los casos de corrupción y extorsión que se han destapado en el ámbito judicial. Estos han sido dos fenómenos, que le han restado mucha fuerza política y le han bajado varios puntos en las encuestas de popularidad al gobierno nacional.

Por otra parte, los resultados electorales en las últimas elecciones departamentales en el Beni[6] han tenido múltiples efectos. Uno de ellos fue la Sentencia del Tribunal Constitucional, respecto a la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización que permitían suspender a una autoridad electa a sola acusación formal de un fiscal.[7]

 

Está claro que la estrategia del gobierno nacional de deshacerse de sus enemigos políticos a través del uso del Órgano Judicial que apelaban a estos artículos -hoy inconstitucionales- al contrario de debilitar  a la oposición la ha fortalecido, como se puede verificar con la derrota electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Beni y en algunos municipios de Bolivia en los que se ha revocado a sus autoridades.

 

 

C.A. – ¿En este contexto, qué crees que sucederá con el conflicto del TIPNIS?

 

H.A.- La línea que ha mantenido el Gobierno, hasta ahora, sobre  la construcción de la carretera “quieran o no quieran”[8] por medio del TIPNIS será por el momento postergada, porque saben que atizar este conflicto les resta para las próximas elecciones presidenciales del 2014.

 

Se han visibilizado varios signos de debilidad, a raíz del cuestionamiento de la población sobre la realización de la consulta sin los mínimos estándares establecidos en la normativa nacional e internacional. Este cuestionamiento ha sido corroborado con la información brindada por la Comisión Interinstitucional que ha visitado el TIPNIS[9].

 

Esta Comisión ingresó a las comunidades del TIPNIS, después de la supuesta consulta del Gobierno y constató un conjunto de irregularidades, omisiones, presión y hasta chantaje ejercido, por parte de las brigadas, a las comunidades y sus dirigentes, con el fin de doblegar su voluntad y lograr de ellos una respuesta favorable a la construcción de la carretera por su territorio.

 

El conflicto del TIPNIS ha debelado en el fondo el modelo de gestión de la tierra y los recursos que el gobierno implementa. Los pueblos indígenas, sus territorios y toda la legislación conquistada en los más de 30 años de lucha que llevan, se constituyen en un estorbo o traba para la implementación de las políticas y proyectos de desarrollo desde el enfoque del Gobierno.

 

C.A. -¿Cómo analizas la situación del movimiento indígena de tierras bajas de Bolivia?

H.A.- Si comparamos el movimiento indígena con organizaciones obreras y sindicales, se percibirá a éste como débil y fragmentado. Pero esto no es así porque una de las características propias del movimiento indígena de tierras bajas es que siempre ha sido la suma de partes confederadas que han actuado a partir de alianzas coyunturales y no un bloque unitario.

 

Por ejemplo, en la II Marcha Indígena de 1996 se encontraban aparentemente fragmentados y sin embargo sacaron adelante la movilización logrando la aprobación de la Ley INRA[10]. De la misma manera, antes de la VIII Marcha Indígena, por un lado se encontraba un bloque favorable a la dirigencia de CIDOB[11], uno muy crítico y otro que no lo reconocían, no obstante, se plantearon la movilización en defensa del TIPNIS y todos confluyeron en ella.

 

En la IX Marcha del 2012[12], la situación fue distinta porque hubo una acción directa del Gobierno de desmantelar y dividir la estructura del movimiento indígena, lo hicieron mediante “convenios programáticos”[13] celebrados con algunas organizaciones para que abandonaran la movilización. A pesar de esto, la IX Marcha Indígena cumplió su objetivo de llegar a la ciudad de La Paz, sin duda, éste fue el gran logro de las y los indígenas.

 

Los resultados inmediatos traducidos en acuerdos –que luego no se cumplen-no son un indicador de éxito de una movilización indígena, porque los resultados del movimiento indígena son a largo plazo, es decir, no pasa por la modificación inmediata de una norma o conseguir alguna cosa concreta, sino, que los efectos de una movilización indígena van dirigidas a cambiar o modificar el universo simbólico de la sociedad, su cultura política, afectar a las creencias sociales o al pensamiento de la sociedad.

 

En este sentido, la VIII y IX Marcha han incorporado en el imaginario del sector urbano, el tema de la defensa de la Nueva Constitución Política del Estado[14], del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y los territorios indígenas, estos son su efectos. Por eso, cuando señalan que el movimiento indígena está dividido, es porque han creado una estructura artificial, que funciona al impulso y la energía que le da el Gobierno a un grupo de dirigentes que obedecen plena y absolutamente a las acciones del presidente Morales y sus ministros, es por eso, que ahora la organización paralela de la CIDOB[15] ha viajado a los Estados Unidos acompañando al ministro Carlos Romero en la sesión con la CIDH.[16]

 

Por su parte, Adolfo Chávez -presidente de la CIDOB- todavía tiene el respeto de la mayoría de las organizaciones regionales, porque ha sido elegido dentro las instancias orgánicas y de las estructuras propias del movimiento indígena, no obstante, también tiene críticas debido al acercamiento que tiene con el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas y los grupos de poder en tierras bajas. Al mismo tiempo, ha llevado a que sectores indígenas que siempre han sido críticos a los gobiernos neoliberales, ahora también sean críticos del mismo Chávez.

 

En el caso de los pueblos guaraníes, mojeños y chiquitanos, los más numerosos y quizá los más fuertes en tierras bajas, debido a sus expresiones organizativas ni el gobierno ni la denominada derecha de tierras bajas han logrado controlarlos. Por tanto, es un error del Gobierno pensar que controlando o dividiendo la estructura nacional del movimiento indígena logrará controlarlos.

 

Cada uno de estos pueblos maneja su propia agenda y sus propias lógicas lo que evidentemente representa una debilidad en algunos contextos, también representa una fortaleza en otros lo que obedece a su legado histórico, no son un pueblo homogéneo, son diferentes pueblos y lógicas.

 

C.A. -¿Cómo crees que ha afectado el Conflicto del TIPNIS en las elecciones departamentales en el Beni?

 

H.A.- Para los pueblos indígenas el conflicto del TIPNIS representa la defensa de su propio estilo de vida y de su permanencia como pueblo. Sin embargo, para sectores políticos como la derecha tradicional del Beni, que representa la agrupación ciudadana Primero el Beni de Carmelo Lenz y Ernesto Suarez, es una oportunidad electoral, un nicho discursivo para corroer a la derecha reciclada que representa el MAS en este Departamento.

Además, observo con preocupación que hay muchas similitudes entre la propuesta de Lenz con los planteamientos del partido de gobierno (MAS), ambos están en la lógica de explotación de los recursos, del extractivismo y lo único que les divide en este momento son los espacios de poder regional en disputa.

 

Por lo tanto, me parece un peligro más en contra del movimiento indígena. En este momento el partido de gobierno se está confrontado con la derecha de Lenz lo que abre posibilidades para la acción política del movimiento indígena, podrían ganar fuerza con el apoyo de la Gobernación del Beni para su propio beneficio en cuanto a la defensa de sus derechos colectivos. Sin embargo, no sé cuán sostenible será la alianzas con ellos, pues estos son lo más conservador del Beni y no sé si están dispuestos a conceder al movimiento indígena alguna reivindicación.

 

Por ejemplo, en la adecuación del Estatuto Departamental de Beni el movimiento indígena tiene una propuesta y no se si será posible incluirla, si se pudiera fuera una victoria. Le darían espacio, pero a cambio de tener la base social indígena y la simbología del TIPNIS para explotarla electoralmente en sus próximas elecciones. En este contexto veo más factible un pacto o una alianza entre la derecha reciclada en el MAS del Beni y la agrupación de Lenz.

 

C.A. -¿Crees que en este contexto es posible una especie de reconciliación entre el movimiento indígena de tierras bajas y el Gobierno?

 

H.A.- Puede ser que los pueblos indígenas de tierras bajas planteen la unificación, no sé si este año o el próximo. No lo sé, como es un año electoral, es posible que se abran más espacios para los pueblos indígenas, no solo por parte del Gobierno sino también de la oposición. Aquellos espacios que han estado cerrados para el movimiento indígena puede que coyunturalmente se abran para tener mejores alianzas en miras de las próximas elecciones.

Fuente: http://www.cejis.org/hernan-avila-el-conflicto-del-tipnis-ha-debelado-el-modelo-de-gestion-de-la-tierra-que-el-gobierno-implementa/

 

 

Prestemos atención a que les progresistas y reformistas nos convocan a exigir a los gobiernos e instituciones internacionales (en verdad, imperialistas) asuman la responsabilidad de detener la deforestación de la Amazonía. En forma coincidente Ecologistas en Acción de España Leer reclama medidas a la ONU de respeto por las biodiversidades y la armonía con la Naturaleza cuando el objetivo de ilimitado lucro oligopólico del capitalismo se concreta por superexplotación tanto de la Naturaleza como de los trabajadores y los pueblos sobre todo sobre los del capitalismo periférico condenados al empobrecimiento eterno.

Los gobiernos sean progresistas o neoliberales componen al sistema mundo capitalista que arrasa las biodiversidades, fuentes de equilibrios ecológicos y de vida planetaria. Lo hace para acaparar tierras,  desterritorializarlas implantando sus megaemprendimientos y usando las ciencias para artificializarlas en contra de la Madre Tierra. De ahí que la pandemia sea el capitalismo que sólo será frenado y erradicado por la unión en diversidad dentro de cada pueblo y de los pueblos planetarios entre sí.

 

Una respuesta a los incendios de California se encuentra en la Amazonia

2 de octubre de 2020

Por Olivia Lazard

Carnegie Europe

Traducido por Eva Calleja

Resumen: Los graves incendios en la Costa Oeste de EE.UU son en parte el resultado de la desintegración ecológica en la Amazonia. Por eso, los estados del norte y del sur de América deberían trabajar juntos por el interés que comparten en la protección de los bosques húmedos. 

Las imágenes de los cielos anaranjados sobre San Francisco por los intensos incendios de California podrían marcar un punto de inflexión en nuestra conciencia colectiva sobre los efectos futuros del  cambio climático. Estas imágenes no solo fueron extraordinarias por la catástrofe que retrataban sino también porque la realidad se encontró con la ficción: las imágenes tenían un asombroso parecido con Dune, una serie de libros de los años 60 de Frank Herbert cuya reciente adaptación cinematográfica tiene previsto estrenarse a finales de este año.

Herbert dedicó sus libros a los ecólogos de las tierras áridas, diciendo que, “dondequiera que estén, en cualquier época en la que trabajen, les dedico esta tentativa de predicción con humildad y admiración”.

1965, este es 2020. Omitiste una pandemia global en tu argumento.

No vivimos exactamente en el mundo apocalíptico descrito en Dune, pero nuestro fracaso en el desarrollo de una alfabetización ecológica adecuada, en priorizar el cambio climático como emergencia nacional  y global,  en reestructurar las economías políticas en torno a objetivos medioambientales y climáticos están haciendo que un futuro seco y distópico sea cada vez  posible.

Los últimos comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre la situación en California son particularmente preocupantes, como cuando supuestamente le dijo a Wade Crowfoot, el secretario de recursos naturales del estado incendiado, que “empezará a hacer más frio, ya verás”. Parte de su falta de previsión se puede explicar por los sucesos que se desarrollan en otro lugar, no tan lejano como podría parecer, Brasil.

LA ECOLOGÍA DEL AMAZONAS SIMPLIFICADA

La Amazonia es un bioma complejo, uno de los bosques húmedos más grandes del mundo, y un tesoro de biodiversidad. Es también la fuente de uno de los ríos aéreos más grandes del mundo, que transporta vapor de agua a la atmosfera. El Amazonas emite unos 20 mil millones de toneladas de agua al día a través de la evapo-transpiración. Los árboles y la vegetación biodiversa juegan un papel central en este proceso físico, que consiste en absorber agua del subsuelo y transpirarlo a la atmosfera como humedad, que más tarde vuelve al suelo en forma de lluvia. Este fenómeno diario es esencial para la regulación de nuestro régimen de clima global a través del ciclo del agua que en parte rige la dinámica de calor global. Es igual a las reacciones fisiológicas humanas: los cuerpos humanos transpiran para enfriarse.

Por medio de su compleja biodiversidad vegetal, la Amazonia es esencial en la creación, reciclado y distribución de humedad a lo largo del norte y del sur de América. Esta continuamente bombeando y generando vapor de agua que se redistribuye en forma de lluvia en la Amazonia y en otras regiones. Piensa en ello de esta manera: a menudo llamamos a la Amazoniael pulmón de la tierra debido al oxigeno que produce. Pero también es uno de los corazones latentes del planeta, bombeando y distribuyendo sangre, agua dulce, a otros órganos. Si debilitamos su función como bomba de agua, la tierra muere, emitiendo todavía más dióxido de carbono y calentando nuestro clima global. Cuanto más aumente la temperatura, más incendios tendremos,  quedando encerrados en un círculo vicioso creado por nosotros mismos.

Todavía podemos arreglarlo. Pero necesitamos darnos prisa antes de que suframos un fallo orgánico. Literalmente.

La Amazonia aporta servicios ecológicos que sustentan la vida, la producción de alimentos, la integridad del agua tan al norte como el Medio Oeste Americano, el Golfo de México, y la Costa Pacífica.  ¿Qué implica esto para California? Los niveles de precipitación invernal en el estado, y la subsiguiente cantidad de agua que puede almacenar, son en parte el resultado de los efectos combinados dela Amazonia y de otros bosques húmedos. El almacenamiento de agua en el subsuelo es esencial para hacer que el paisaje californiano sea más resiliente a la desertificación, a la sequía y a los incendios.  En otras palabras, la Amazonía es un amortiguador esencial contra los desastres en California.

Sin embargo, la deforestación en la Amazonia se está produciendo a un ritmo cada vez más alarmante, especialmente de desde que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, llegara al poder.  De hecho, Bolsonaro se enorgullece de estar reduciendo la Amazonia a cenizas. Como consecuencia, las precipitaciones han disminuido en Brasil, haciendo que no solo la Amazonia sea más propensa a incendios devastadores sino también las regiones lejanas a las que envía humedad.

Este descenso de precipitaciones no solo se manifiesta en megaincendios que también son el resultado de largas sequias. Este mes también vimos las protestas en Chihuahua en México, provocadas por la compensación de la deuda de agua a los Estados Unidos en medio de una sequía catastrófica que ocasionó pérdidas en la producción de alimentos en México y en Texas. Estos disturbios son un aperitivo de lo que está por venir si la deforestación en la Amazonía sigue avanzando sin tregua.

Si la Amazonia es una fuente de agua y las regiones de EE.UU. están entre sus destinatarios, entonces los Estados Unidos son efectivamente dependientes de la integridad ecológica del bosque húmedo para su agua, sus alimentos y su seguridad medioambiental. Si Trump es cómplice de las políticas agresivas de Bolsonaro contra la Amazonia y las poblaciones indígenas que allí habitan, indirectamente está debilitando la seguridad de los EE.UU. por medio de una política exterior equivocada.

Durante siglos, hemos dado por hecho nuestro entorno natural y hemos construido nuestros sistemas humanos sobre él. Pero si nuestro entorno falla como resultado de nuestra mala gestión política y económica, ¿qué nos espera? La integridad ecológica de la Amazonia es fundamental para la seguridad medioambiental mundial, no solo porque absorbe dióxido de carbono y lo convierte en carbono sino porque genera humedad y mantiene los patrones de precipitación por todo el continente americano y por todo el globo. No es el único ecosistema en el mundo que tiene esa función, pero la triste realidad es que la mayoría de los ecosistemas están siendo destruidos a un ritmo abrumador, dejando a nuestro clima y a nuestros ciclos del agua y del carbón en mal estado.

La geopolítica, la geoeconomía y la política regional y nacional necesitan apoyarse en una comprensión de las interdependencias ecológicas fundamentales que gobiernan los sistemas de la Tierra. Son vitales para entender las perturbaciones naturales actuales y la fundamental importancia de la integridad ecológica para la seguridad global. Esto  no trata solo de las emisiones de dióxido de carbono sino también de la administración medioambiental para proteger y mantener la actividad humana.

GESTION POLÍTICA INCENDIARIA

Trump y Bolsonaro comparten la estrategia de convertir los desastres medioambientales en un arma, como los megaincendios en cuestiones partidistas, alimentando la polarización y una guerra informativa. En los Estados Unidos, Trump achaca los incendios en California a la mala gestión de los bosques en un estado gobernado por los Demócratas, aunque las tierras más susceptibles a los incendios están en realidad gestionadas por el gobierno federal. Ha amenazado en numerosas ocasiones con retener la ayuda federal en respuesta a los incendios, afortunadamente no ha sucedido así. En Brasil, Bolsonaro ha culpado de los incendios a las poblaciones indígenas, a las oenegés medioambientales y a sus oponentes políticos. Ha llegado hasta a acusar a los medios de comunicación de inventarse los fuegos (aunque se podían ver desde el espacio). Sus estrategias han fomentado constantemente la desconfianza social y política, han causado un aumento de violencia, y han abierto un camino a las políticas económicas agresivas centradas en los intereses a corto plazo. Estos intereses destrozan los estándares y la normativa medioambiental y social y con ello la seguridad de sus ciudadanos.

Sí, Trump y Bolsonaro siguen impulsando las agendas nacionalistas y populistas, ambos aplaudiendo al sonido de América y Brasil primero. De manera retórica se presentan como la solución a los problemas que ellos causan o que empeoran, negando la ciencia que habla de las interdependencias fundamentales en las que se asienta la estabilidad nacional.

En un mundo con el clima alterado, esto no es solo demagogia, es un intento incendiario de socavar la seguridad local, nacional, regional y global para las generaciones actuales y para las futuras.

La salud de los ecosistemas más grandes depende de la salud de los ecosistemas locales. Lo macro se comunica con lo micro y viceversa. La Amazonia, al igual que otros ecosistemas esenciales en todo el mundo, es una responsabilidad global común que las soberanías nacionales deberían administrar. Sin embargo, esta responsabilidad no debería llevarse a cabo en solitario. Debería estar apoyada y compensada.  Este apoyo solo puede tener lugar una vez que los sistemas de gobierno se alinean, de lo local a lo global, para mantener los ecosistemas que proporcionan las funciones que sustentan la vida. Aunque decir esto ahora suene como un disco rayado, intentémoslo de nuevo, aunque solo sea para apoyar a la ONU en estos días de Asamblea General: la cooperación es esencial. Incluso las agendas nacionalistas se benefician del multilateralismo en un mundo que está profundamente interconectado a niveles económicos, ecológicos, culturales y políticos.  Desear que no exista la interconectividad natural y artificial solo tiene como resultado daños extremos.

Es del interés de Bolsonaro, de Trump y de todos los jefes de estado de las Américas cooperar para proteger la Amazonia. Aparte de ellos, es del interés de la comunidad mundial proteger y regenerar la Amazonia y nuestros ecosistemas globales, por los beneficios multidimensionales generados para todas las naciones independientemente de  las fronteras nacionales y medioambientales.

Históricamente hemos fracasado en entender este axioma fundamental de la paz mundial: la seguridad global y nacional se entrecruzan cuando se trata de preservar la integridad ecológica. Esta interconectividad debería ser para los actores de la paz y de la seguridad mundial como el descubrimiento de nuevos elementos lo es para la física: una revolución de pensamiento.

Que empiece la edad de la diplomacia ecológica.

Olivia Lazard es una profesora visitante en Carnegie Europe. Su investigación se centra en la geopolítica del clima, la transición marcada por el cambio climático, y el riesgo de conflictos y la fragilidad asociada al cambio climático y al colapso medioambiental.

https://carnegieeurope.eu/2020/09/28/one-answer-to-california-s-fires-lies-in-amazon-pub-82799?fbclid=IwAR21SSA3s8WckHA1_ZZeJvnnpt3-4sdVDpYgH0ialMCuzJzwPqR6Jw8PVaM

Fuente: https://rebelion.org/una-respuesta-a-los-incendios-de-california-se-encuentra-en-la-amazonia/

 

Concentración y centralización capitalista

 

Discutamos mi idea sobre que los extractivismos son determinantes principales de la estructura social y del Estado. Han impuesto la contrarreforma agraria integral desterritorializando y reterritorializando a favor de sus mega emprendimientos que acaparan tierras y todos los otros bienes naturales esenciales a la vida como el agua, el suelo, el aire, la energía, las biodiversidades. Respecto a estas últimas es clave que se las respete en enfoques y praxis de las luchas por la «reforma agraria integral» que sólo será efectiva si es anticapitalista, antilatifundista, antirracista, antipatriarcal y descolonizadora tanto del poder como del saber.

 

Analicemos junto a Verena Glass a través de su muy esclarecedor artículo que desgloso para subrayar, a través de interrupciones, conceptos muy imprescindibles para internacionalizar un compromiso activo con la Amazonía y sus pueblos originarios.

Monocultivos en la Amazonía:

la distopía de la sustentabilidad y de la riqueza

Una lectura sobre el desarrollo a partir de los plantíos de palma aceitera y de soja

16 de agosto de 2016

 Por Verena Glass (texto y fotos)
En diciembre de 2013, el periodista de economía Luis Nassif, uno de los más conocidos y respetados en Brasil, escribió un artículo elogioso en la revista Carta Capital sobre el proyecto de construcción de un complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en el sudoeste de Pará. Dos observaciones en dicho texto se destacan porque reflejan, por un lado, desconocimiento y, por el otro, un sentido común ingenuamente prejuicioso (o brutalmente colonialista) respecto a la Amazonia:

  1. “Hay mucha incomprensión sobre la influencia de las hidroeléctricas en el medio ambiente, especialmente en regiones poco desarrolladas.
  2. “En Tapajós, será la primera vez en que se construirá una hidroeléctrica en una región no poblada. [1]

No tenemos la intención de discutir acá lo enorme que es el error de esas afirmaciones sobre el proyecto hidroeléctrico de Tapajós, tema que en Brasil adquiere cada vez más visibilidad en función de la resistencia de la población indígena Munduruku, ancestros habitantes de la región. El enfoque es la intencionalidad puesta en la lectura de mundo que dichas afirmaciones evidencian.
Estigmatizar como “subdesarrollado” el más grande bioma brasileño y considerar la Amazonía un “vacío poblacional” se ha configurado en presupuesto básico para una serie de políticas e intervenciones del Estado y del capital en ese territorio. Del proyecto colonizador del gobierno militar en la década de 1970, bajo el lema  “tierra sin hombres para hombres sin tierra”, conductor de brutales conflictos agrarios que persisten hasta los días actuales, al “furor infraestructural” en la región – construcción de carreteras, líneas de ferrocarriles, hidroeléctricas etc. -, la explotación predatoria por y para beneficiarios externos a ella, además del desprecio casi absoluto por el universo de los pueblos tradicionales, ha marcado la Amazonia desde que han llegado los europeos a América.
 

Para comprender mejor uno de los territorios más ricos y, a la vez, más frágiles y complejos de nuestro continente – desde el punto de vista social y de su biodiversidad -, se necesita tener en cuenta que la Amazonia nunca ha sido despoblada. Los estudios antropológicos, arqueológicos y biológicos de la región en los últimos 50 años han mostrado que, en especial en la era precolombina, el bioma sufrió fuerte antropización y puede haber tenido una población de hasta 30 millones de personas en ese periodo. Además de los centros de vestigios que comprueban la existencia de una multiplicitud de culturas antiguas, se estima que más del 11% de las forestas en la Amazonia brasileña serían antropogénicas (de origen cultural),[2] a partir de las configuraciones ampliamente reincidentes en donde se encuentra una gran heterogeneidad de plantas útiles asociadas (comestibles, medicinales, rituales y para manufacturación) en las cercanías de sitios arqueológicos.[3]

Además de los indicios de “foresta plantada” o manejada, el fenómeno conocido como terra preta (tierra negra – o tierra negra india), suelo de color oscuro y de altísima fertilidad, encontrado en grandes manchas en la Amazonia brasileña, colombiana, peruana, ecuatoriana, venezolana y en Guayana Francesa – es otro elemento que comprueba la intensa presencia y actividad humanas en la región. Producida a partir del descarte de materia orgánica (carbón, restos de comida, forraje vegetal, excrementos, orina, cadáveres animales, conchas, cerámicas etc.), la terra preta se formó en los asentamientos humanos hace más de 2 mil años, y se considera, tanto por la población local como por investigadores nacionales e internacionales, uno de los mejores suelos para la agricultura del planeta.
De manera muy general, lo que se aprende de esos datos es que históricamente la Amazonia ha sido ocupada por una gran variedad de pueblos y culturas en una larga y dinámica trayectoria de desarrollo. Y,  a pesar de desbastado el pueblo originario a lo largo de los últimos 500 años de colonización, la reconfiguración de la ocupación humana tradicional de los días actuales – los habitantes indígenas, quilombolas, ribereños, pescadores etc. – sigue reproduciendo, en lo que sea viable, una relación de simbiosis con el medio ambiente. En otras palabras, siempre hubo gente en la Amazonia en gran número y siempre hubo intervención en la foresta, en el sentido de que las sociedades nativas nunca han sido sujetos pasivos a las limitaciones ambientales.[4] Esa relación, sin embargo, no se parece nada a la perspectiva productivista del capitalismo que ha pasado a dominar el sentido común en el “mundo moderno” y que, más recientemente, ha llegado al Consenso de los Commodities, que marca la transición de América Latina del mero ajuste neoliberal a un nuevo ciclo económico basado en la producción y exportación de productos primarios, como lo señala Maristella Svampa.[5]
(...)

Fuente: https://rosalux-ba.org/2016/08/16/monocultivos-en-la-amazonia-la-distopia-de-la-sustentabilidad-y-de-la-riqueza/

 

Verena Glass señala que los extractivismos vienen del pasado pero en el siglo XXI han adquirido agresividad extrema y destaca cómo el desarrollismo justifica arrasar la Amazonía con monocultivos.

Monocultivos en la Amazonía:

la distopía de la sustentabilidad y de la riqueza

Una lectura sobre el desarrollo a partir de los plantíos de palma aceitera y de soja

16 de agosto de 2016

 

 

Por Verena Glass (texto y fotos)


 

(...)El agronegocio amazónico: una triste historia de (relativo) éxito

La estigmatización de la Amazonia como espacio geográfico destinado a la extracción intensiva de bienes naturales no es reciente. En Brasil, como en los demás países panamazónicos, el extractivismo[6] maderero, mineral, energético, petrolero y agroexportador sigue una tradición que remonta, dependiendo del sector, al inicio de la colonización europea. En el último siglo, sin embargo, la explotación de la región ha tenido rasgos más agresivos, en la lógica de lo que ha expresado recientemente el presidente del Parlamento Amazónico de Brasil, el diputado Sinésio Campos (Partido de los Trabajadores, Amazonas): “No podemos dejar que los habitantes del interior de Amazonas, o de otros estados de la región, vivan sobre la riqueza y pasen necesidades. Necesitamos rever nuestros conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable. Amazonia no puede ser un museo”.[7]
En esa declaración hay dos presupuestos emblemáticos: el primero es que los indígenas y pueblos tradicionales viven sobre lo que el capital denomina “riquezas” y que, por lo tanto, deben tener sus derechos territoriales mutilados para permitir su explotación. Ese es el aspecto más grosero del desarrollismo capitalista en la Amazonia. El segundo aspecto, no menos violador de derechos, sin embargo más sutil en sus proposiciones, es el debate sobre los “conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable”. A esas dos vertientes del modelo de desarrollo en la Amazonia nos dedicaremos, a partir del recorte del moderno agronegocio practicado en el bioma en el último periodo. Más específicamente, nos proponemos la reflexión sobre el proyecto económico y los impactos de las culturas de  palma aceitera (o palma africana) y de la soja, sectores en expansión que se han beneficiado de una serie de políticas públicas y han transformado radicalmente el universo y los territorios de los pueblos tradicionales amazónicos en donde se ubican[8].
(...)

Fuente: https://rosalux-ba.org/2016/08/16/monocultivos-en-la-amazonia-la-distopia-de-la-sustentabilidad-y-de-la-riqueza/

 

Verena Glass señala que ante las denuncias contra monocultivos de agrocombustibles por encarecer la canasta alimentaria se priorizó presentarlos como solución a la crisis climática. cuando lo cierto, además de ser petrodependientes, eliminan los reales y efectivos modos en que la Amazonía absorbe gases de efecto de invernadero y hace al ciclo del agua en la naturaleza. Para peor, como en todos los extractivismos, genera gravísimas consecuencias socioambientales.

Monocultivos en la Amazonía:

la distopía de la sustentabilidad y de la riqueza

Una lectura sobre el desarrollo a partir de los plantíos de palma aceitera y de soja

16 de agosto de 2016

 

Por Verena Glass (texto y fotos)

 

(...)La palma aceitera y los “conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable”

Con la intensificación de los debates mundiales sobre el calentamiento global y, en especial, después del acuerdo que ha generado el Protocolo de Kioto en el ámbito de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas de 1997 (COP 3), una serie de propuestas buscando la descarbonización del planeta han ido tomando cuerpo. Entre ellas, la ampliación del uso de agrocombustibles en sustitución a los combustibles fósiles.[9]
De hecho, la producción de etanol y biodiesel y las investigaciones correlacionadas siempre han estado conectadas mucho más a proyectos de seguridad energética o para abaratar los combustibles – principalmente en periodos de alza de precios de los fósiles – que al debate climático, al que terminaron incorporándose con más consistencia al inicio de los años 2000.
Contradictoriamente, sin embargo, el discurso climático se ha priorizado por los defensores de la agroenergía a partir del momento en que el sector pasó a enfrentarse a denuncias de impactos negativos sobre la seguridad y soberanía alimentarias (a raíz del uso intensivo de maíz en la producción de biodiesel en Norteamérica y de la competencia de los cultivos energéticos en áreas de culturas alimentarias) o sobre derechos territoriales de pueblos locales[10].

Aún en el ámbito de las contradicciones, en los países andinos el cultivo agroenergético que se ha consolidado con más fuerza ha sido la palma aceitera (o palma africana), con efectos devastadores sobre las forestas tropicales y el agravamiento de conflictos sociales y agrarios. Sobre eso, hay registros de que los monocultivos de palma están generando deforestaciones alarmantes en la Amazonia peruana, colombiana y ecuatoriana[11] y graves conflictos territoriales en Colombia y en Perú[12].

En Brasil, la expansión de la palma aceitera se ha dado en consonancia con el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB), lanzado por el gobierno federal a fines de 2004 como parte de un ambicioso proyecto de conquista de la hegemonía brasileña en los mercados internacionales de agrocombustibles. Consciente de las críticas al cultivo de la palma en Asia y Latinoamérica por su contribución a problemas socio-ambientales, el gobierno brasileño estableció que el cultivo de la palma aceitera, concentrado en el bioma amazónico, tendría que restringirse a áreas degradadas y se constituiría en una estrategia de fortalecimiento de la agricultura familiar a través de proyectos de integración con grandes compañías.
A partir de 2008, el estado de Pará (más grande productor de palma africana en Brasil), donde el cultivo de palma aceitera ha ocupado históricamente un área estable, ha sufrido un boom de nuevos proyectos agroenergéticos con fuerte apoyo de los gobiernos federal y estatal, de bancos y financiamientos públicos. En los siguientes años y con la consolidación del sector, sin embargo, gran parte de los elementos qua han compuesto el imaginario de sustentabilidad socio-ambiental de la actividad a partir del PNPB se han desconfigurado; tanto por su lógica empresarial-capitalista, como por el conjunto de factores sociopolíticos del universo amazónico. Veamos algunos de esos aspectos:
Premisa 1: la palma aceitera ocupará solamente áreas degradadas y no provocará impactos ambientales en Amazonia
A pesar de no estar entre los principales conductores de la deforestación en Brasil, el cultivo extensivo de la palma aceitera en un bioma altamente biodiverso y sensible como la Amazonia tiene una serie de impactos negativos sobre el ambiente y los pueblos locales. A pesar del discurso contrario, las deforestaciones en la actividad son prácticas comunes pero sub-registradas, una vez que para la implantación de monocultivos, ocurren mayoritariamente a través de la supresión de manchas de bosques situadas entre las áreas degradadas. Pero el impacto más grande se da a partir de las características del manejo de la palma y su alta dependencia de la aplicación de agrotóxicos, utilizados en el control tanto de plantas invasoras como de plagas. O sea: en 2013, la Secretaría de Agricultura de Pará estimaba que el estado cultivaba 166 mil hectáreas de palma. Con base a los indicadores de manejo de la cultura elaborados por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y del agente financiador Banco de Amazonia (BASA), se puede calcular que en ese año se habrían aplicado a los cultivos de palma aceitera cerca de 332 mil litros de herbicida, 166 mil litros de insecticida, 166 toneladas de hormiguicida cebo, 19.920 cápsulas de insecticida-trampa e 33,2 toneladas de raticida[13] .
En 2014, estudios realizados por el Instituto Evandro Chagas en cursos de agua en áreas contiguas a grandes cultivos de palma aceitera constataron la presencia de agrotóxicos en ríos e igarapés cuyas aguas se utilizan para el lavado de ropas, ocio y consumo de las comunidades locales. Acorde al informe final de la investigación, se han encontrado residuos de endosulfan, sustancia tóxica prohibida en Brasil desde 2013, en casi todos los puntos de muestreo en el periodo de mayor intensidad pluviométrica, señalando a que ese producto se está carreando de los suelos, por procesos de lixiviación, y se está acumulando en los sedimentos de fondo de los ríos e igarapés de la región. “La inserción antrópica de endosulfan (…) en esos ambientes puede provocar daños a los ecosistemas acuáticos y representar riesgos a la salud de la población que reside en esta región”, afirma el estudio; y alerta: “Como la posible acumulación de endossulfan representa un aumento de la carga orgánica natural en el periodo de más lluvias, también se deben evaluar las implicaciones de la presencia de dicho compuesto asociado directamente al aumento de la producción de algas en la región. En ese contexto, este ambiente está propicio al aumento de la producción de cianobacterias y cianotoxinas, que son sustancias tóxicas y representan también grandes riesgos a los ecosistemas acuáticos y a la salud humana. (…) A partir de los análisis morfológicos [de los materiales recolectados], se han identificado para el área de estudio un total de cinco taxones infra genéricos de cianobacterias”.

Otro peligroso impacto de los monocultivos de palma aceitera sobre la foresta es su interferencia sobre los flujos bióticos del ecosistema amazónico. El problema se agravó a partir de recientes cambios en el Código Forestal brasileño (instrumento que reglamenta la conservación y recuperación de la cobertura forestal en las propiedades rurales del país), cuando especies exóticas como la palma africana pasaron a constituir legalmente un sustituto a la recomposición de bosques nativos en la llamada Reserva Legal de las propiedades, desconsiderando la importancia estratégica del mantenimiento de la diversidad biológica y aumentando exponencialmente los riesgos de graves pérdidas de recursos genéticos.

Premisa 2: el cultivo de la palma aceitera beneficia la agricultura familiar en cuanto a una alternativa de renta

Cuando se ha lanzado en 2004, una de las premisas del PNPB ha sido la integración de la agricultura familiar a la cadena productiva del biodiesel. Para eso, el gobierno ha creado mecanismos de inserción de la actividad productiva de pequeños agricultores al sector agroindustrial, en la medida en que ha exonerado de una serie de impuestos a las industrias que adquirieran materia prima de la agricultura familiar.
En el caso de la palma aceitera, el programa estipuló el cumplimiento de contratos de 25 años entre agricultores e industrias, que presuponían cultivos de 10 hectáreas, en promedio, por familia, financiados por Pronaf Eco-Dendê con valores de hasta R$ 80 mil. Los contratos también prevén criterios rígidos de manejo (aplicación de agrotóxicos, abonos químicos, poda etc.) estipulados por los agentes financiadores y monitoreados por las empresas, reservándoles el derecho de control de las actividades productivas en el interior de las propiedades familiares.
Ese sistema resulta, en buena medida, en:
– endeudamiento de las familias, de las que parte significativa no es capaz de producir la cantidad suficiente de palma aceitera para librar las deudas en los bancos;
– injerencia de las compañías en la organización productiva de los agricultores, que han pasado a responder ante los contratantes de la producción como si a ellos fueran subordinados, no siendo, sin embargo, beneficiarios de los acuerdos y derechos laborales previstos en la ley;
– disminución drástica o término de otras actividades productivas (culturas alimentarias y otras actividades económicas) y consecuente impacto sobre la seguridad alimentaria (de la familia y regional);
– Renta menor de lo planificado y a veces inferior a la verificada con otras actividades productivas;
– Contaminación e intoxicación por agrotóxicos;
– Cambios drásticos en el modo de vida[14].

Otro efecto de la expansión del cultivo de la palma aceitera sobre la agricultura familiar, no vinculado a los procesos de integración agricultores-compañías, es la presión de los grandes emprendimientos sobre las áreas familiares a partir del surgimiento de un nuevo mercado de tierras y la valorización financiera de los territorios. Relativo a eso, se observa en la región productora de palma aceitera  en Pará un inexorable proceso de concentración de tierras, resultado tanto del asedio para su venta, de parte de las grandes industrias, como la progresiva incapacidad de mantenimiento de otras actividades productivas en las propiedades familiares a partir del abandono de la fuerza de trabajo para ubicarse en los monocultivos agroindustriales. Eso nos lleva al análisis de la siguiente premisa.
Premisa 3: El cultivo de la palma aceitera es gran generador de puestos de trabajo y, de esa manera, un instrumento importante para el desarrollo local
O monocultivo de la palma aceitera es, de hecho, uno de los sectores más intensivos en uso de mano de obra del agronegocio amazónico, en especial en las actividades de plantío, manejo y cosecha. El trabajo, sin embargo, se caracteriza por un alto grado de penosidad, una vez que la actividad exige grandes esfuerzos físicos en un ambiente natural adverso. Las jornadas laborales llegan a durar hasta 12 horas (entre la salida, aún por la madrugada, y el regreso a casa al fin de la tarde); hay deficiencias recurrentes en la provisión de agua, alimentación, equipos de protección individual e instalaciones sanitarias en los locales de trabajo; accidentes laborales son sub-notificados; hay falta de atención médica en los locales de los accidentes; y hay registros frecuentes de adicción a drogas, como la cocaína, para aumentar la productividad y soportar el descomunal desgaste físico del trabajo en condiciones climáticas adversas (altísimas temperaturas y lluvias torrenciales, típicas de la región).[15]
Por fin, a pesar de la poca fiscalización de la actividad de parte de los agentes del Ministerio de Trabajo y Empleo por alegada falta de estructura y personal, ya se han registrado casos de trabajo esclavo en el cultivo de la palma aceitera paraense,[16] así como condiciones degradantes en alojamientos de trabajadores que, en áreas distantes de sus locales de vivienda, permanecen por largas temporadas en los locales de empleo.
(...)

Fuente: https://rosalux-ba.org/2016/08/16/monocultivos-en-la-amazonia-la-distopia-de-la-sustentabilidad-y-de-la-riqueza/

 

Verena Glass nos permite aclarar que la concentración de tierras a manos de las elites locales implica una reestructuración de las relaciones sociales impulsada por la nueva ordenación de las relaciones de propiedad, como ocurre en el caso de la privatización de tierras, o a través de la inserción de la agricultura familiar en la cadena productiva agroindustrial.

Monocultivos en la Amazonía:

la distopía de la sustentabilidad y de la riqueza

Una lectura sobre el desarrollo a partir de los plantíos de palma aceitera y de soja

16 de agosto de 2016

 

 

Por Verena Glass (texto y fotos)

 

(...)Las falsas soluciones
Impulsada por el Estado bajo la premisa de la “sustentabilidad climática” y del “desarrollo social”, el cultivo de la palma aceitera brasileña, después de casi una década de expansión acelerada, no sólo ha fallado en su propósito, sino también ha contribuido a la profundización del desequilibrio socioambiental impuesto a la Amazonia por el desarrollo extractivo. Acorde a la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), por ejemplo, en febrero de 2016, no había ninguna empresa productora de biodiesel registrada como apta a proveer el combustible de palma aceitera. O sea, en la Amazonia, el monocultivo de la palma africana que ha sustituido los bosques nativos no ha logrado siquiera corroborar los discursos de descarbonización del planeta, para lo que se ha justificado en primer lugar.


Por otro lado, el desplazamiento de la agricultura familiar de su misión primordial – la producción de alimentos – y su reposicionamiento, sea en la misma propiedad o como nuevo operario agroindustrial, como “productor de combustible” (materia que no consumirá y de la cual no se beneficiará), desplaza al pequeño agricultor no sólo de la posesión de la tierra sino también de la posibilidad de constituirse como definidor de su propio universo socioeconómico y organizador de su existencia. En ese sentido, como señala la investigadora de la Universidad Libre de Berlín Maria Backhouse, el proyecto de expansión de la palma aceitera en Brasil se caracteriza como green grabbing (proceso de apropiación y financiarización de bienes y territorios naturales por el capital a partir de la premisa de que, para preservar, se necesita ponerle un precio a la naturaleza), en la medida en que engloba no sólo el proceso material de apropiación de los territorios sino también un paradigma discursivo que señala como inexorable la comoditización de la naturaleza. Cuando nos referimos a green grabbing con base en el concepto de acumulación primitiva continuada[17], tenemos en cuenta no sólo la constatación de que la concentración de tierras a manos de las élites locales sigue ocurriendo, sino sobre todo que tal proceso implica una restructuración de las relaciones sociales. Dicha restructuración está impulsada por la nueva ordenación de las relaciones de propiedad, como ocurre en el caso de la privatización de tierras, o a través de la inserción de la agricultura familiar en la cadena productiva agroindustrial. En el mismo acto de su consecución, dicho proceso se legitima ideológicamente por la doctrina neoliberal, y gana de esa manera un perfil de proyecto hegemónico”. Y eso nos lleva al análisis del segundo sector propuesto para el estudio: el complejo productor de soja en la Amazonia. (...)

Fuente: https://rosalux-ba.org/2016/08/16/monocultivos-en-la-amazonia-la-distopia-de-la-sustentabilidad-y-de-la-riqueza/

En consecuencia, la «reforma agraria integral» -de nuestros tiempos- debe ser ante todo anticapitalista y confrontar con la expropiación sistémica de tierras rurales, urbanas y amazónicas, selváticas, montañosas, costeras... Debe basarse en el protagonismo deliberativo y hacedor de las comunidades recuperando sus territorios. Donde el desalambrar consiste en liberar del Estado a las tierras fiscales y de les capitalistas-terratenientes a las privatizadas mirando hacia que son bienes comunes a gestionar por las comunidades de cada territorio y en acuerdo a una confederación plurinacional con hermanamiento internacionalista.

 

A continuación Verena Glass nos explica cómo se reterritorializó la Amazonía brasileña. Digamos, que se realizó a favor del sistema imperialista de agronegocios y gracias a los gobiernos de Lula y Dilma. Pero también, al igual que en la actual Argentina de intensificación planificada de la expansión de todos los extractivismos, en Brasil se impone "la lógica de que no se puede seguir consintiendo a los pueblos indígenas el mantenimiento de su vida cuando se asienta y se desarrolla en tierras y bienes naturales convertibles en lucro financiero, «crecimiento» o «desarrollo»”.

 

Monocultivos en la Amazonía:

la distopía de

la sustentabilidad y de la riqueza

Una lectura sobre el desarrollo a partir de los plantíos de palma aceitera y de soja

16 de agosto de 2016

 

 

Por Verena Glass (texto y fotos)

 

La soja y la disputa de la “riqueza”

La historia de la soja en la Amazonia brasileña – el país es el único que produce el grano a larga escala en el bioma – es una de las más violentas en el proceso de ocupación de la región por el agronegocio en los últimos 50 años. Uno de los principales componentes de la apertura de la frontera agrícola (al lado de la actividad maderera y de la pecuaria extensiva) en la transición de la producción de commodities del Centro-Oeste para el Norte del país, en el territorio que comprende la Amazonia Legal, el área de soja alcanzó 8,16 millones de hectáreas en 2012,[18] con predominancia de los estados de Mato Grosso, Pará, Maranhão y Rondônia.


No discutiremos los detalles de los impactos ambientales del cultivo de soja en la Amazonia – deforestación al nivel de las 3,4 millones de hectáreas hasta 2012, acorde al monitoreo de las entidades que han firmado la llamada Moratoria de la Soja
[19] –, tampoco el uso y contaminación récord de agrotóxicos. No examinaremos el significado de la predominancia de multinacionales como Cargill, Bunge y ADM en el sector y sus crecientes inversiones en la expansión de la cultura y en infraestructura de flujo de producción; no nos atendremos a la descripción de conflictos agrarios – a ejemplo de los 20 asesinatos de trabajadores rurales en la región de expansión de la soja en Rondônia, contabilizados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en el informe sobre violencias en el campo en 2015 -, o de la ocurrencia de trabajo esclavo, a pesar de la disminución de cerca de 60% de demanda de mano de obra en el cultivo de soja después de la mecanización de la actividad. Buscaremos entender como, más allá de las rejas de las haciendas, el complejo agroexportador de soja está reconfigurando el territorio amazónico de manera más profunda a través de las inversiones en infraestructura.


Como ya se ha mencionado,
el Consenso de las Commodities impulsó las economías primario-exportadoras latinoamericanas en la última década a partir de los altos precios practicados en el mercado internacional y, en especial, debido a la creciente demanda china. Y, a pesar de la desaceleración de la economía mundial en los últimos años, en el primer semestre de 2015, por ejemplo, el complejo de la soja (granos, harina y aceite) respondió por 16% de las exportaciones brasileñas, aun con la caída de aproximadamente 30% en los precios relativos a 2014[20]. Ese factor ha fortalecido una demanda antigua del sector mirando hacia un reordenamiento radical de los espacios que separan las cosechadoras del mercado consumidor final europeo o asiático: la planificación infraestructural para abaratar los costes de flujo de producción, y en tal proporción que merece la pena volver al primer párrafo de este texto y a las tonterías sobre el complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en Pará.

 

La cuenca del Tapajós, que abarca los ríos Tapajós, Teles Pires y Jamanxim, territorio de más de 200 mil indígenas Munduruku, Apiaká, Cayabi, Borari, Arapiun, Arara Vermelha, Jaraqui, Kumaruara, Tapajós, Tapuia, Uupaiú, Maytapu, Cara Preta y Tupinambá, ha sido designado por el gobierno brasileño para acoger la próxima etapa de una mega planificación energética en la Amazonia, iniciada con la construcción de las usinas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, en el Río Madeira (RO), y Belo Monte, en Xingu (PA). Acorde al Plan Decenal de Expansión de Energía (PDE) 2023, está prevista la construcción de siete usinas en los ríos Tapajós y su afluente Jamanxim hasta 2021, además de otras dos en Teles Pires, con el objetivo de asegurar la provisión de energía para un pretendido crecimiento económico de Brasil de 4,3% al año.
A par y paso con la lectura de que la expectativa de crecimiento que empuja la planificación energética del PDE es fantasiosa, dada la profunda crisis económica y política que afecta al país, una serie de otros elementos constituyentes del proyecto infraestructural en el cauce del Tapajós señala que no es la seguridad energética su objetivo final: interdependiente del complejo hidroeléctrico, están previstas la
construcción de una hidrovía en los cursos de los ríos Tapajós y Teles Pires y de cuatro esclusas (que permitirán la navegación de grandes embarcaciones) en Tapajós y seis en Teles Pires, como parte del llamado Arco Norte, proyecto de inversiones en las rutas de flujo de producción de commodities que engloba a los puertos de Itacoatiara (AM), Santarém (PA), Vila do Conde (PA), Itaqui (MA), Salvador e Ilhéus (BA), la pavimentación de la BR 163 (que une Mato Grosso al puerto de Santarém, en Pará), el Ferrocarril Norte-Sur (que cortará los estados de Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), el Ferrocarril Paraense (que une el sur y sudeste de Pará al norte del Estado), la Ferrogrão (que estará paralela a la Autopista BR 163), y la hidrovía del río Tocantins (que posibilita su navegación y del río Araguaia a partir del término de la esclusa de la hidroeléctrica de Tucuruí). Si se terminan esos proyectos, estima la Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria (CNA), habría una reducción alrededor de un 30% de los costes de flujo de producción y un aumento de 10% a 20% de los lucros para el sector.[21]

Aquí es importante observar que, en el cálculo del agronegocio, más allá de la disminución de los costes de exportación, los proyectos infraestructurales en el Norte del país también abren terreno para la expansión de cultivos sobre nuevos territorios, como se entiende del comentario del vocero de la Terminal Granelera de Maranhão, en el puerto de Itaqui, Luiz Cláudio Santos: “Se estima que existan más de 5 millones de hectáreas disponibles en esas regiones para la producción de granos y la llegada de este importante puerto posibilita dicho crecimiento, pues la principal dificultad para la producción de nuevas áreas es la infraestructura portuaria. Recordando que este proyecto era un sueño antiguo de todos los que están involucrados en la cadena del agronegocio de la región Norte de Brasil[22].
Sueño para algunos, pesadilla para otros. La expansión de la soja en la región de Santarém, por ejemplo, donde se ubica el más grande puerto granelero de Cargill y gran parte de la producción financiada por la multinacional, ha sido uno de los principales factores de conflictos agrarios en la última década. Acorde al informe difundido por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en 2010, más de 500 familias dejaron sus tierras para darle lugar a los campos de soja. En menos de cinco años, comunidades enteras se volvieron propiedad de productores de soja, mientras que otras han tenido una disminución drástica en su población”.
[23] Según la CPT, Pará registró 645 muertes por conflictos en el campo entre 1985 y 2013 (solamente entre 2005 y 2013 fueron 118 casos). El número es casi cinco veces más de lo que ha registrado en el segundo estado en el ranking de asesinatos por cuestiones agrarias, Maranhão, con 138 casos en el mismo periodo. Según el abogado de la organización, José Batista Afonso, la mayoría absoluta de los casos tienen relación directa con la expansión de la soja y de la pecuaria sobre los territorios tradicionales.
La colaboración infraestructura-expansión de la producción agropecuaria y maderera también ha sido directamente responsable por los mayores índices de deforestación en la Amazonia, principalmente en relación a la apertura y pavimentación de autopistas. Acorde al estudio Roads, Deforestation and the Mitigating Effect of Protected Areas in the Amazon, publicado en 2014 por la revista Biological Conversation, 95% de la deforestación en la región se da a 5,5 km de carreteras – entre oficiales y clandestinas.

En ese sentido, la región de la carretera BR-163 es, según el estudio del Instituto Socioambiental, el principal punto de deforestación en la Amazonia en la última década. Ese diagnóstico se confirma en el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sobre el estado de la biodiversidad en Latinoamérica y en Caribe, difundido en mayo de 2016, que señala la ecorregión entre los ríos Xingu y Tapajós, en Pará, como la tercera área con más deforestación en el periodo reciente.[24]

Las reacciones
A pesar de la caída de precios de las commodities (como metales, petróleo y granos) en los últimos dos años, y de la desaceleración del crecimiento chino y de su demanda por bienes primarios, en Brasil la reacción vino en forma de intensificación de la producción para compensar los bajos precios con el aumento de volumen y cortes en medidas socio ambientales, manteniendo estables los márgenes de lucro. En ese sentido, avanzan en el Congreso Nacional propuestas que buscan desde la extinción de los mecanismos de otorga de licencias ambientales para grandes obras hasta la liberación de la minería o explotación agrícola en territorios indígenas y otras áreas protegidas, en la lógica de que no se puede seguir consintiendo a los pueblos indígenas el mantenimiento de su vida cuando se asienta y se desarrolla en tierras y bienes naturales convertibles en lucro financiero, “crecimiento” o “desarrollo”[25].
Sin embargo, ese proyecto ha provocado un nuevo ciclo de luchas sociales en los territorios, y muchas ya no se configuran a partir del marxismo revolucionario clásico, pero acorde a las cosmovisiones y a los deseos de las comunidades. O sea, a partir de reflexiones sobre un futuro diverso que desafía el axioma del “desarrollo” como único futuro posible, formulado por Harry Truman en el postguerra en 1949. Grandes luchas de resistencia, como la de los indígenas Munduruku contra el complejo hidroeléctrico en el río Tapajós, o de los Guarani y Kaiowá en Mato Grosso do Sul por los territorios usurpados por el agronegocio de soja, de caña de azúcar y pecuario, tienen como fuerza motriz la interiorización de factores espirituales que recurren a las ascendencias como puntos de partida y llegada.

Así, no parece raro que, en audiencia sobre los impactos de las usinas en Tapajós con autoridades del gobierno federal en la capital Brasilia, en 2015, un líder Munduruku se puso a relatar la leyenda de como la abuela del niño Karo Ebak le regaló a la etnia, en tiempos antiguos, la tierra negra[26]; y porque hoy la tierra negra, encontrada en todo el territorio Munduruku, es la prueba de la pertenencia ancestral de la etnia a ese territorio. Es parte de un mundo en el que quieren vivir y donde no cabe la modernidad blanca, o pariwat. “Haber estado siempre y siempre seguir estando, pero no así; de otra manera” es la base de lo que quieren los Munduruku.(…)

Fuente: https://rosalux-ba.org/2016/08/16/monocultivos-en-la-amazonia-la-distopia-de-la-sustentabilidad-y-de-la-riqueza/

 

 

 Alternativas emancipatorias

 

Generalicemos el debate crítico sobre el kirchnerismo y les otres progresistas e izquierdistas reformistas que deconstruya los conceptos y concepciones claves para la emancipación de la opresión capitalista e imperialista de EE.UU., China y Europa. Son más peligroses que les de derecha explícita al caracterizar la situación nacional e internacional cercana a la verdad pero se justifican seguir sometidos por el capitalismo con un argumento anacrónico y un embaucamiento sobre un capitalismo controlado por el Estado al servicio de los pueblos. Constatemos: En  vista de la desfavorable correlación de fuerzas entre el capitalismo y cualquier otro modelo que pretenda detener la crisis para el periodo económico post pandemia que se avecina, las acciones con motivo de las distorsiones del sistema pudieran ser: Un capitalismo controlado por el Estado y difundido en el entendimiento público para la aplicación de estrategias de acción colectivas que configuren la fabricación de medios de producción como mecanismo de mitigar la dependencia,  incentivar la competencias del Estado para el manejo de las deudas, el gasto,  la importación y fiscalización rigurosa del crédito; la aplicación de impuestos a la riqueza y reformas tributarias para captar recursos para desarrollar e incentivar las capacidades inmersas en la población para fabricar medios de producción, registrar productos en  la Oficina Mundial de Patentes y captar las divisas a través del intercambio de productos terminados y recursos con valor agregado impulsadas desde las zonas económicas especiales para mirar por decir un ejemplo a China e India con una demografía que supera los 2500 millones de consumidores donde mil millones aproximadamente se incorporan a la clase media aumentando dicho consumo.

 

En el contexto internacional actual confluyen

elementos que asoman la gran crisis global,

se obliga un economicismo

9 de octubre de 2020

 

Por Carlos Ellis
Barómetro latinoamericano

 

El mundo transita una crisis sistemática sin precedente en la historia de la humanidad que afecta todas sus dimensiones.

 El panorama actual internacional se perfila para el periodo post pandemia en la competencia por los recursos y bienes económicamente vitales para alimentar nuevamente la moderna sociedad industrial; este fenómeno se conoce como “economicismo: Doctrina que concede a los factores económicos prioridad sobre cualquier otra índole”. Esta apariencia obliga a los actores en su afán por posicionarse sobre el tablero mundial expresar el interés sobre espacios importantes ejerciendo alianzas, sanciones, bloqueos hasta llegar a  la disposición, despliegue y empleo de fuerzas militares. El COVID-19 acelera el proceso y la competitividad económica eclipsa a las rivalidades ideológicas nuevamente, la plutocracia toma espacios y abre la brecha entre capitalismo y cualquier otro modelo.

Se evidencia la gestación de una crisis económica que superará “La gran depresión de 1929”, su efecto político, económico y social fue tan devastador que configuró el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939; ahora pudiera no ser menor dicho efecto. Aquella inició por una competencia empresarial que excedió los mercados y produjo la caída del valor de los títulos de las empresas en la Bolsa de Valores en New York; hoy, es la misma caída, pero por un elemento exógeno al mercado de valores:

Una pandemia que paraliza el consumo y la rotación de capitales, pero a su vez acompañada de una guerra comercial entre las primeras economías del mundo y modelos económicos conceptuales que representan más del 42% del PIB mundial; obligando su negativo efecto no solo en las Bolsas de Valores en los Estados Unidos de Norteamérica, sino que también en la de Tokio, Hong Kong, Shanghái, Sao paulo y Londres entre otras principales; su efecto será exponencial al de 1929 por las distorsiones actuales en la cadena de producción y la conectividad avanzada de la actividad económica responsable de abastecer las necesidades de más de siete mil cuatrocientos millones (7.400.000.000) de habitantes en el mundo;  en 1929 la población rondaba los  2000 millones de habitantes y los vasos vinculantes a la dependencia  para el comercio entre países aún era precaria. 

Ahora. Para los acontecimientos y factores económicos que se desarrollan obliga la atención de lo siguiente: Cuando comenzó aquella crisis en Estados Unidos, Octubre de 1929, apenas 3 meses después y tomando en cuenta solo cinco años posterior a su inicio, el mundo experimentó más de 40 cambios de regímenes políticos; lo que pudiera ser más drástico para el periodo crítico por venir y en especial para los países no fabricantes de medios de producción,  menos competitivos y suplidores históricos de materia prima para el sistema económico mundial; ese espacio será la arena para el combate hibrido entre núcleos de poder.

Importante es interpretar como aquella crisis desde su inicio arrastro la estabilidad política y social de países en todos los continentes: Pudiéramos iniciar por el nuestro y señalar la dictadura que inicia en República Dominicana en 1930 y que  Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua,  Argentina y Brasil en los siguientes años experimentaron “Golpes de Estado”; que inicia una guerra entre Colombia y Perú en 1932 por temas limítrofes, así como Bolivia y Paraguay por El Chaco por medianos reservorios de petróleo; en Chile la depresión económica pugnó la caída del gobierno de Carlos Ibáñez, inicia una dictadura en Uruguay y en Venezuela transitaba la dictadura de Gómez entregando toda concesión a las trasnacionales extranjeras para mantenerse en el poder.

En Europa por señalar los más importantes fue la caída de la Monarquía española en 1931 y ese mismo año se pierde la paridad oro y la libra esterlina, en 1932 inicia una dictadura en Portugal, en 1933 Hitler asume el poder en Alemania y se afianza el fascismo de Mussolini en Italia que invade a Etiopia y así en  África se establece  el neocolonialismo en la mayoría de los países  por parte de los ingleses y franceses, en el continente asiático Japón invade a Manchuria en territorio chino.

 En el 2021 los efectos de la pandemia para el orden económico afectará a la sociedad mundial obligando a que el ámbito político vaticine tensiones que lleven a conflictos de mediana y alta intensidad. Las nuevas tendencias para el ámbito económico, las criptomonedas como instrumentos de intercambio, el oro y los recursos estratégicos para el desarrollo de la tecnología G-5 así como el petróleo pugnan las perturbaciones en el sistema de naciones. 

Luego del decreto de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 13 de marzo:  Se recrudecen los conflictos en Libia que involucran a Francia, EE.UU,  Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Turquía y Qatar; se pretende perpetuar las guerras y conflictos en el Medio Oriente: Irak, Siria, Afganistán y Yemen que al espectro político se añade el petróleo y el narcotráfico como elementos que permiten mayor fluidez de capitales; se enciende nuevamente el conflicto en el Cáucaso Sur entre Azerbaiyán y Armenia y por donde se extienden gasoductos que colocan los recursos fósiles del Mar Caspio a Europa, surgen alteraciones políticas en Líbano que ocupa un área privilegiada a orillas del Mar Mediterráneo obligando la renuncia de su Primer Ministro,  golpe de Estado en Mali por el control de zonas ricas en oro, diamante y petróleo; conflictos internos en Níger, Sudan del Sur y Nigeria que acumulan reservas de petróleo y uno miembro de la OPEP, así como a Etiopía, Eritrea y Somalia con ubicación geográficas para el tránsito de mercancías se les acreditan problemas étnicos a sus conflictos internos.

Las tensiones EE.UU – Irán – Corea del Norte aumentan y los países del Mar Meridional de China, Malasia, Filipinas, Indonesia, Singapur y Vietnam (ASEAN), arman nuevas estrategias para los mercados cuando patrullan en sus amistosas aguas fragatas militares norteamericanas en provocación a China a quien se les pretende declarar su Mar Meridional a la categoría de  internacionales para instalar bases militares; el  conflicto en Ucrania con efecto político en Bielorrusia genera tensiones en países exsoviéticos salpicando a  los del Mar Caspio Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán por la influencia rusa;  la alianza de Emiratos Árabes Unidos con Israel y EE.UU rompe con criterios milenarios, el resurgimiento del conflicto entre India y Paquistán y el enfile de tropas chinas e indias en sus fronteras impulsado desde los EE.UU afecta a los BRICS (Brasil, India, China, Sur África),  y más importante la llegada de tropas norteamericanas a Colombia que junto a miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) estructuran planes para recuperar espacios de su interés ocupado por China y Rusia en  América Latina siendo el foco de inicio para el conflicto Venezuela.

 A los acontecimientos antes mencionados se les debe añadir la dependencia de actores no estatales y estructuras corporativas como los nuevos actores de peso en la geopolítica: hablamos de Google, Apple, Facebook y Amazon, poder acreditado para el 2021 por los más de 5.500 millones de usuarios de internet en el mundo lo cual nutren la “Big Data” para direccionar fines políticos, mercados y gobiernos así como la conectividad a la desinformación para la polarización social e inestabilidad política en cualquier país de interés.

El tema migratorio y los desplazados por conflictos ascienden a 170 millones en todo el mundo con poco margen de movilización por el tema de la pandemia que junto a la tasa de desocupación que supera los 400.000 millones en el mundo según la Organización Internacional del Trabajo dan fe de la venidera crisis.

En  vista de la desfavorable correlación de fuerzas entre el capitalismo y cualquier otro modelo que pretenda detener la crisis para el periodo económico post pandemia que se avecina, las acciones con motivo de las distorsiones del sistema pudieran ser: Un capitalismo controlado por el Estado y difundido en el entendimiento público para la aplicación de estrategias de acción colectivas que configuren la fabricación de medios de producción como mecanismo de mitigar la dependencia,  incentivar la competencias del Estado para el manejo de las deudas, el gasto,  la importación y fiscalización rigurosa del crédito; la aplicación de impuestos a la riqueza y reformas tributarias para captar recursos para desarrollar e incentivar las capacidades inmersas en la población para fabricar medios de producción, registrar productos en  la Oficina Mundial de Patentes y captar las divisas a través del intercambio de productos terminados y recursos con valor agregado impulsadas desde las zonas económicas especiales para mirar por decir un ejemplo a China e India con una demografía que supera los 2500 millones de consumidores donde mil millones aproximadamente se incorporan a la clase media aumentando dicho consumo.

La competencia y la subsistencia de cada actor está en interpretar que somos parte de una sociedad internacional de mercados, de consumo y de productos que se torna más agresiva obligando el cambio de paradigma para nuestra América Latina en la fabricación de medios de producción; los poderes fácticos buscarán adelantar la parálisis económica provocando una estampida política y social que cambiará la historia y afianzará nuevas tendencias políticas, sociales e ideológicas.

Carlos Ellis. Analista Internacional. carlosellis1@gmail.com

https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2020/10/en-el-contexto-internacional-actual.html

Fuente: https://rebelion.org/en-el-contexto-internacional-actual-confluyen-elementos-que-asoman-la-gran-crisis-global-se-obliga-un-economicismo/

 

 

Apreciemos porqué "la correlación de fuerzas" es una visión anacrónica así como creer en el imperativo de "partidos políticos" y "vanguardias revolucionarias". Reparemos sobre el enfoque a asumir para que los pueblos se autoorganicen en su lucha emancipadora del capitalismo e imperialismos como lo demuestran el zapatismo y la marcha indígena en Bolivia.

 

 

 

TIPNIS: ¿Un conflicto ambiental o de territorio?

 

 

[Verónica Barroso Mendizabal*, Revista Letras Verdes–FLACSO/Abril de 2013]

Nota: A continuación un artículo muy interesante que brinda luces históricas sobre el conflicto del #TIPNIS, que aún configura una herida abierta en Bolivia

 

El pasado agosto de 2011 se iniciaba la octava marcha indígena en Bolivia, en la cual más de 2.000 personas, entre ellos ancianos, hombres, mujeres, niñas y niños partieron desde las tierras bajas del oriente boliviano a la sede de gobierno. Fueron sesenta días de caminata, cuya consigna principal fue la defensa y el respeto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Así también, la exigencia del cumplimiento de leyes[1] que protegen a dichas áreas de políticas desarrollistas que el gobierno pretendía realizar en dicho territorio, sin considerar los daños ambientales, sociales, económicos y culturales que ocasionaría el mega proyecto de construcción de una carretera transoceánica que dividiría el TIPNIS en dos partes.

A raíz de este conflicto, pueblos indígenas amazónicos, la población boliviana en general y movimientos ambientalistas internacionales mostraron su apoyo a estas comunidades e hicieron frente al gobierno de Evo Morales para evitar la construcción de la carretera. El mencionado proyecto significaba la destrucción de un espacio rico e inexplorado en diversidad biológica y se demostró que las normas legales y constitucionales del Estado boliviano no se estaban respetando.

 

Las demandas principales fueron la defensa y el reconocimiento de los derechos de los pueblos y naciones indígenas sobre su territorio, reclamo que fue iniciado desde 1990 cuando se realizó la primera marcha de los indígenas de las tierras bajas de Bolivia. En esta oportunidad, la población boliviana conoció la existencia de las organizaciones indígenas de los grupos étnicos amazónicos que eran y son aún avasallados por los colonos, cocaleros, el narcotráfico y los madereros. La marcha logró cambios fundamentales en la mentalidad boliviana y sobre todo en las políticas estatales que tenían que ver con territorio y medio ambiente. En este sentido, después de poco más de dos décadas, estas demandas aún siguen vigentes; no han cambiado, se sigue buscando mejorar tanto las posibilidades de vida social, económica y cultural, como las de inclusión de los indígenas amazónicos en el gobierno indígena:

nos dio mucha esperanza de respetar nuestros derechos que están constitucionalizados. Sin embargo, nuestros derechos han sido violados, y no hay palabras para contar lo que ha pasado en la marcha del TIPNIS que defendía nuestro territorio indígena (Oblitas, 2011).

 

A pesar de la significancia simbólica e ideológica que ha tenido para los bolivianos el contar con un presidente indígena, que surge ante la inexistencia y desgaste de los partidos tradicionales y el cual toma como bandera un modelo diferente de defensa, revalorización y cuidado de la madre tierra, es evidente que la situación no ha cambiado respecto al tema planteado. Se devela que el tema ambiental está estrechamente relacionado con el territorio, que no se ha solucionado y que se agudiza cada vez más entre cocaleros e indígenas. Por una parte, tenemos a los cocaleros que buscan nuevas tierras para sus cultivos sin importar los daños ambientales, sociales y culturales. Por otra parte, los indígenas amazónicos que ven al territorio con otros ojos, ven al bosque como la “casa grande”, su fuente de bienestar, su medio de vida, y es en ella donde afirman su identidad.

 

El objetivo del presente artículo es realizar una breve revisión de cómo se origina el conflicto del TIPNIS y a su vez, conocer cuál o cuáles son los problemas que inician el conflicto y cómo estos cambian o se profundizan. En este sentido, para la realización del presente trabajo se recurrió principalmente a fuentes secundarias. Por tanto, se realizó revisión hemerográfica y de ensayos producidos por instituciones y personas involucradas en la temática.

El documento se encuentra dividido en tres partes. La primera parte es una breve revisión histórica acerca del TIPNIS. En la segunda parte, se analizan Los impactos ambientales en el TIPNIS a raíz de la ocupación de los cocaleros. Por último, se presentan las conclusiones que pretenden mostrar de manera somera la magnitud de aquellos problemas que han sido invisibilizados por más de una década y que se agudizan y profundizan.

Por otra parte, es necesario precisar lo que se entiende por «territorio». Aquí, el «territorio» es entendido a partir de la interpretación de Mazurek (2006) donde el lugar de la población es fundamental; es decir, no se puede hablar de territorio sin hacer referencia a la población. La interacción tiene lugar en un territorio y éste es, por tanto, un proceso de apropiación donde se construye la identidad: un producto de la actividad humana que se va modificando constantemente.

 

Breve historia acerca del TIPNIS

Las demandas de los indígenas sobre el TIPNIS datan de los años ochenta y en los próximos párrafos haré mención a los procesos históricos que marcaron hitos y que nos permitirán comprender los intereses reales que giran en torno a esta reserva. Esta revisión nos permitirá comprender el proceso de molestia, descontento y orígenes del conflicto.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en el año 1952 inicia una fuerte campaña de colonización en zonas selváticas de Bolivia situadas en Cochabamba, La Paz, el Beni y Santa Cruz. De esta manera, la conocida “Marcha hacia el Oriente” se convirtió en el eje de la política económica del MNR, que decidió realizar importantes inversiones en infraestructuras camineras que permitieran canalizar los flujos migratorios hacia las zonas colonización (Viola, 1999:164) como parte del inicio de los cambios que poco a poco el territorio del TPNIS fue atravesando.

Pero ¿cuándo es que el Territorio Indígena y Parque Nacional (TIPNIS) es reconocido como parque? En el año 1965 se considera por primera vez como área protegida y en 1990 es reconocido como territorio indígena. En dicho parque habitan tres grupos étnicos: los Yuracarés, Mojeños y T´simanes. Estos grupos étnicos llegan a ocupar este espacio en el siglo XIX, al huir del trabajo forzado de la siringa al cual fueron sometidos desde 1867 y fue el motivo que los impulsó a buscar la “loma santa o la tierra sin mal”, estableciéndose de esta manera en el territorio del TIPNIS.

En los setenta, por otra parte, la empresa petrolera Shell empezó a realizar estudios de prospección petrolera; la realización de estos estudios requería la construcción de un camino que “produjo la colonización, siendo la década del 80 y sus últimos años, los más dinámicos en cuanto a ocupación del territorio” (Paz, 2011a) dando origen a un proceso que traería grandes consecuencias culturales, sociales y ambientales.

La muy conocida década perdida (Ministerio de Población y desarrollo y UFPA, 2007: 96) vivida por los bolivianos en los ochenta, representó un “hito que marcó las corrientes de movilidad de la población” (Ministerio de Población y desarrollo y UFPA, 2007: 96) debido a una aguda crisis económica que vivió Bolivia, la cual representó ajustes de la política económica del país. Esta crisis, se debió principalmente a el “colapso del precio internacional del estaño (la principal exportación del país hasta ese momento), que entre 1980 y 1984 disminuyó en un 27%, y el crecimiento acelerado de una deuda externa” (Viola, 1999: 167).

Este ajuste significó el desempleo de muchos mineros que se vieron obligados a migrar a otros departamentos en búsqueda de mejores y nuevas oportunidades de vida. Estas movilizaciones fueron impulsadas por los proyectos estatales de colonización, en las cuales: “se presentaba a la naturaleza como el enemigo al cual derrotar a través del trabajo: (…) La fórmula mágica del desarrollo es la combinación del esfuerzo del hombre y la potencia de la maquina” (Viola, 1999: 167). En este sentido, los colonos que llegan en esta época al TIPNIS ingresan de manera violenta, impactando fuertemente a las poblaciones indígenas que fueron despojados de su territorio y su cultura y se introdujo a la hoja de coca y por ende el narcotráfico. Al respecto, Sarela Paz nos dice y nos recuerda que:

… les quemaron sus casas, intentaron ponerse al frente ante las acciones de avasallamiento, que recuerden los dirigentes de hoy día, antes los niños y adolescentes, cómo las comunidades Yuracarés poco a poco tuvieron que desalojar sus asentamientos por la fuerte presencia de los productores de coca, como la comunidad mencionada, tuvo que sindicalizarse aceptando las reglas de vida del sindicato cocalero, tuvo que cambiar su forma de vida (Paz, 2011b: 2).

Estos cambios han representado para la población y el territorio un cambio considerable e importante y que quizás no se está tomado en cuenta. La colonización pone en riesgo no sólo a una o varias culturas, sino también a un entorno natural que ante, el uso inapropiado de los recursos naturales, está poniendo en riesgo a varias especies vegetales y animales.

En el año 1990, con la primera ‘marcha por la justicia y la dignidad’ se logró la incorporación del territorio indígena en la Ley INRA de 1996 y el reconocimiento legal del TIPNIS como parque nacional y área protegida. A raíz de ello, el Estado boliviano ha elaborado una serie de normas ambientales[2] que nos hizo pensar que se comprometían con los boques, la naturaleza y el medio ambiente. No obstante, dichos mecanismos legales y constitucionales de cuidado y respeto, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio, no han sido respetados y son vulnerados a pesar de toda la normatividad y la seguridad del Estado y de los tratados internacionales, como el artículo 169 de la OIT donde se reconocen los derechos de los indígenas, sus principios reivindicativos y de diversidad étnica.

Desde la primera marcha indígena de los amazónicos en Bolivia, subsiguieron siete más en las cuales se reivindica y recuerda al Estado y a la población boliviana que hay un sector excluido, no atendido, que requiere de la devolución de sus territorios. Así también, se declaran los atropellos y despojos a los cuales son sometidos los indígenas de las tierras bajas por parte de los cocaleros, los madereros, el narcotráfico y los ganaderos en su territorio. Ante esto, en el año 2010, dirigentes indígenas iniciaron la séptima marcha, la cual no tuvo grandes impactos. Sin embargo, las tensiones sociales se reiniciaron cuando el presidente Evo Morales y el ex presidente de Brasil Lula Dasilva firmaron un convenio en el cual el vecino país se comprometía a financiar uno de los proyectos más grandes a nivel nacional y que el mismo implicaría la integración interoceánica, la cual beneficiaría a países como Brasil, Bolivia y Chile y que, para ello, se planea atravesar el corazón del TIPNIS.

Para el sector indígena amazónico, la noticia de la construcción de la carretera significó la futura destrucción de su territorio, sus modos de producción y la concepción identitaria que tienen de su territorio. Fueron ellos quienes declararon durante meses que éste era un proyecto que destruiría la diversidad biológica que existe en el lugar y su cultura.

Por otra parte, el sector de los colonos cocaleros, los madereros y las políticas extractivitas del actual gobierno veían a esta carretera como el símbolo de progreso y bonanza a sus intereses personales, sindicales y de partido, justificándola con base en cuatro razones que el vicepresidente de Bolivia declaró: “una razón social, una razón histórica, una razón económica y una razón geopolítica” (García, 2011), aspectos que se tomaron en cuenta para la construcción de la carretera, advirtiendo además que la detención de este proyecto significaría que “800 mil niños ya no reciban el bono Juancito Pinto, la reducción del 70% de los ingresos de los municipios y la suspensión del bono dignidad a más de 600 mil ancianos” (García, 2011). En este sentido, el gobierno se reusó a negociar los 16 puntos que los indígenas demandaban, entre ellos la paralización completa y total de la construcción de la carretera, la cual se logró finalmente después de una violenta y sorpresiva represión para detener la marcha. Para ellos se efectuó un gran despliegue de la policía especial boliviana en contra de los marchistas[3].

Si bien, estas declaraciones hechas por el gobierno sobre los beneficios y ventajas de esta obra para el país eran positivas, nunca se pensaron ni se consideraron los efectos ambientales, sociales y culturales que implicaría, pero tampoco se imaginó que esta movilización indígena después de sesenta días de discusiones, polémica y represión, lograra rescindir el contrato con la empresa constructora brasilera IIRSA y formulara una ley denominada la “Ley Corta TIPNIS”, propuesta que surge a raíz de los acontecimientos suscitados en Yucumo y en los cuales se respetaron 16 puntos de interés de los indígenas.

Dicha ley no tardó en ser descalificada por el propio gobierno y hoy se argumenta que sólo fue una solución urgente y momentánea. Tanto el gobierno, como los cocaleros y madereros lanzaron una contraofensiva, mencionando y retomando la importancia de la construcción de la carretera. Una muestra de ello, es la actitud que los sindicatos de cocaleros y madereros quienes a pesar de la Ley Corta inician la apertura de la senda que se proyecta como el nuevo camino, destruyendo una parte de la reserva que se supone es intocable. Esto es sólo una muestra de que los conflictos persisten y los enfrentamientos por el territorio entre cocaleros e indígenas continuarán.

Impactos ambientales en el TIPNIS a raíz de la ocupación de los cocaleros

¿En qué medida la ocupación de cocaleros ha afectado ambientalmente al TIPNIS? La presencia de este sector, se inicia una vez que las medidas estructurales se aplicaron en Bolivia. Los colonos fueron llegando de esta manera atraídos también por aquellas promesas de tierras productivas y ricas. A veinte años de su establecimiento, se ha generado un fuerte impacto ambiental, primeramente con la apropiación de espacios que son parte de la reserva protegida por las normas y leyes nacionales, la creciente y excesiva producción de la hoja de coca, la tala indiscriminada de árboles nativos y el reciente interés de este sector y el gobierno en apoyar la construcción de una de las carreteras más destructivas para la diversidad biológica del parque, con consecuencias sociales y culturales que significarían la desaparición de los grupos indígenas que viven en el TIPNIS.

Respecto al primer punto, el «territorio» en la concepción indígena tiene mucha importancia ya que representa un espacio que tiene recursos que le permite sobrevivir y relacionarse con la naturaleza. Segundo, el territorio ha permitido construir su base de derechos y reconocimiento como ciudadanos ante un Estado que los anuló históricamente y, por último, el TIPNIS como territorio es lo que ellos llaman la “casa grande”, que les permite construir y recrear su identidad, pese a que hoy sufren el desplazamiento y la usurpación violenta por parte de cocaleros en sus territorios.

El uso intensivo de los suelos por parte de los cocaleros asentados en el sur del TIPNIS ha significado que estos territorios sufran de un acelerado desgaste de los suelos. El cultivo de la coca ha ocasionado la pérdida de los nutrientes naturales de los suelos, la degradación y erosión de las tierras, con muy pocas posibilidades de recuperar estos territorios.

Ante estos problemas de desgaste de la tierra y la poca productividad de la hoja de coca, los cocaleros han empezado a realizar la rotación de suelos, lo cual ha significado el requerimiento de nuevos espacios para la expansión de sus cultivos. La necesidad de tierras en el TIPNIS, enfrenta constantemente a los cocaleros quienes ven la tierra como una propiedad individual y a los indígenas quienes entienden el «territorio» como un espacio de uso libre, representando así un problema de lógicas étnicas que, desde hace varios años, los enfrenta: por un lado, los cocaleros, que tienen una concepción parcelaria y, por otro, los indígenas amazónicos como conservadores de su «territorio».

El boom de la coca en la década del ochenta sigue siendo una de las prácticas que crece cada vez más manteniendo y caracterizando a la economía boliviana como una “economía adicta caracterizada por su dependencia hacia los ingresos económicos ofrecidos por el narcotráfico, hasta el extremo que, en 1986, los narcodólares representaran, según diversas estimaciones, en torno al 65% del PIB del país” (Viola, 1999: 171). Esta actividad agrícola fue y es para muchos colonos una fuente de ingresos económicos.

Por otra parte, la excesiva y creciente producción de la hoja de coca ha modificado la relación de espacialidad, identidad, cultura y prácticas productivas (caza, pesca, recolección de frutos, crianza de animales, artesanía y etnomedicina) de los tres grupos indígenas que habitan en el TIPNIS, lo que ha “significado un cambio y quizás, la pérdida de valores y saberes locales amazónicos por uno mutante cuyas prácticas, relación y conocimientos son distintas y que no se adecuan a su espacio natural”. Esto ha ocasionado cambios considerables en la relación que tiene la población con su territorio y con el medio ambiente.

La tala de árboles, por otra parte, es también una actividad que se realiza desde hace más de veinte años y que coincide con la llegada de los colonos al TIPNIS. La misma ha representado la pérdida de especies nativas, lo cual significa un riesgo para la sobrevivencia de otros organismos que dependen de éstas. A pesar de los grandes esfuerzos por parte del Estado por hacer prevalecer las normas forestales, son las comunidades indígenas quienes sufren la expropiación de sus recursos naturales, son ellas quienes sienten los cambios en su entorno y en sus relaciones productivas.

 

Por último, como ya mencionamos, a finales de 2010 el presidente de Bolivia Evo Morales anunció la construcción de la megacarretera transoceánica. A raíz de esto, indígenas del TIPNIS e instituciones ecologistas se manifestaron en contra. La realización de esta obra presentaba una serie de anomalías como la falta de una evaluación técnica y legal, un estudio de impacto ambiental y el derecho a consulta ciudadana que está establecido en la Constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia. El problema fue empeorando aún más con las declaraciones del presidente, quien dijo:

No puedo entender que hermanos indígenas del oriente, de la Amazonía y del norte paceño se opongan al desarrollo que requiere el pueblo boliviano. Si bien Bolivia es respetuosa del medio ambiente, no puede dejar de desarrollarse explotando racionalmente sus recursos naturales… Es una necesidad tener más petróleo, más gas, más caminos e industria (Sena- Fobomade, 2011).

El gobierno boliviano asume de esta manera “la reproducción larga de la destrucción de los Recursos Naturales (RRNN) y los indígenas de tierras bajas” . Al final, como señala Crespo (2010): “son minorías étnicas que se encuentran en el último eslabón en las jerarquías que ha creado el Estado postcolonial” (Crespo, 2010). De manera que, nos encontramos con un gobierno que devela claramente los intereses políticos y económicos puestos en la construcción de esta carretera.

Es importante mencionar que la extracción de los recursos naturales ha sido practicada no sólo por el actual gobierno sino por gestiones pasadas; pero, particularmente, el gobierno de Evo Morales se distingue porque basa su política de desarrollo económico en la extracción desmedida, agresiva e inconstitucional de recursos naturales, lo cual contradice su propuesta y discurso político. Así, este ‘progreso’ tan anhelado ha significado más problemas como bien menciona Acosta:

Estos países estarían atrapados en una lógica perversa conocida en la literatura especializada como “la paradoja de la abundancia”, “la maldición de la abundancia de recursos naturales”, o simplemente, como la define Joseph Stiglitz (2006), “la maldición de los recursos” (Acosta 2009: 22).

Esta abundancia ha significado una explotación desmedida de los recursos, un progreso que arrasa, que tropieza con el único fin de lograr el ansiado desarrollo. Este desarrollo ha representado un alto costo ecológico, social y cultural, una muestra de ello es el TIPNIS. Un claro ejemplo es que estudios realizados prevén que la construcción de esta carretera afectará notoriamente las fuentes naturales de agua, sean arroyos, manglares o curiches que son necesarios para el ecosistema del TIPNIS. Por otra parte, como ya se mencionó, la construcción de este proyecto dividiría al parque en dos, dañando todos los ecosistemas y la diversidad animal y vegetal, generando a su vez una remodificación espacial del territorio. La apertura de esta carretera significaría también profundizar aún más los conflictos étnicos entre indígenas y cocaleros.

La construcción de la carretera significaría una gran movilización poblacional (la cual ya ha comenzado), invadiendo territorios protegidos de una manera violenta e ilegal. Los colonos se justifican en el llamado que hace el presidente y los dirigentes a las bases cocaleras, a que se construya la carretera “sí o sí”.

La presencia de los colonos cocaleros ha ocasionado que la reproducción de la vida social, económica y cultural de las comunidades indígenas se vea fuertemente influenciada y debilitada culturalmente. Hoy por hoy, éstas se encuentran

(D)esesctructuradas en su sistema de vida, la cacería, tan importante para construir formatos de masculinidad, se encuentra profundamente debilitada, los intercambios familiares y clánicos que caracterizan a los pueblos originarios de la selva, acompañados por tomadas de chicha de yuca que definen sentidos de feminidad, se encuentran desestructurados en la lógica de la sindicalización (Paz, 2011 a).

Como hemos podido ver hasta el momento, la construcción de la carretera representa un fuerte impacto económico, social, cultural y territorial. Los elementos expuestos nos muestran la complejidad del conflicto y la importancia de verlo no solamente desde los daños y consecuencias medio ambientales, sino desde cuándo y cómo es que este problema se va complejizando.

 

Conclusiones

El conflicto ocurrido en Bolivia en agosto de 2011 pone en evidencia los intereses políticos, sociales y económicos que entran en juego en el conflicto responde a varios intereses, por un lado, están los indígenas amazónicos y por otro, los colonos cocaleros, los madereros y el gobierno. Las tensiones entre estos sectores se encuentran claramente identificadas: por una parte, tenemos a los indígenas que están en desacuerdo con la construcción de la carretera y ven al proyecto como una amenaza a su territorio y estilo de vida y, por otra parte, tenemos a aquéllos que sí están a favor del proyecto, como son los colonos cocaleros, los madereros y el gobierno del presidente Morales.

Considero que el TIPNIS es ante todo un problema de territorio y no podemos hablar de un problema ambiental sin situarnos en un espacio geográfico y sus complejidades. Muchas veces nos detenemos en aquellas que son evidentes, como la construcción de una obra de esta envergadura, pero pocas veces pensamos si estas son las verdaderas dificultades. ¿Cómo es que se empieza a generar el malestar? ¿Se puede pensar en un problema ambiental sin situarnos en un territorio?

El territorio en Bolivia se entendió desde una visión andina como el espacio individual, de propiedad privada, de minifundio o de parcelización (herencia de la reforma agraria de 1952). Pero, a raíz de la primera marcha por el territorio y la dignidad en 1990 hasta el reciente conflicto en el TIPNIS, nos permite replantear al territorio desde otro punto de vista: la inclusión de la amazonía en el pensamiento del territorio. Esto implica ver más allá de lo geográfico, más allá de trescientos metros o mil hectáreas. Es ver a este como un espacio donde se reproducen relaciones sociales personales y sobre todo, de relación estrecha con la naturaleza: como “la casa grande”.

 

La ocupación de los cocaleros en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure ha significado un impacto ambiental importante por el uso excesivo de los suelos para el cultivo de la hoja de coca. A esto se suma, la construcción de la mega carretera que divide la reserva natural en dos y, de la cual, los actores más favorecidos serán los cocaleros, los madereros, los ganaderos y el narcotráfico. Para el caso específico de los cocaleros, tendrán vías de comunicación que les permitirá acceder al mercado y así poder comercializar la hoja de coca, ya sea para el consumo tradicional o para otros fines ilícitos.

 

En medio de un modelo de desarrollo extractivista y progresista -característica del actual gobierno boliviano que explota recursos, pone en riesgo la diversidad biológica e ignora y ajusta la normatividad a su conveniencia-, se complejizó el problema ocurrido el pasado agosto en Bolivia.

(*) Licenciada en Sociología en la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba – Bolivia) y, actualmente, estudiante de la maestría en Estudios Socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ecuador. Ha trabajado en procesos de Educación Intercultural Bilingüe en la Amazonia Boliviana (EIBAMAZ) y fortalecimiento en gestión y educación ambiental.

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Notas
[1] La primera marcha por la tierra y la dignidad realizada en 1990 en Bolivia logró una serie de reformas legales que incorporaron las necesidades y peticiones de los indígenas amazónicos respecto a territorio, reconocimiento identitario y recursos naturales. Las leyes, convenios y otros surgieron después de la primera movilización. Estos fueron: Ratificación del convenio 169 (1991), Ley de Medio Ambiente (1993), Ley de Reforma Educativa (1994), Ley de Participación Popular (1994), Nueva Ley INRA (1996), Ley Forestal (1996), Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007), Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) y Ley de Autonomías (2010).
[2] El Estado Boliviano ha promulgado leyes que protegen el medio ambiente y estas son: Ley de Medio Ambiente, Ley Forestal, Ley de Aguas y la Ley de los derechos de la madre tierra.
[3] Dicha represión se realizó en las afueras de la comunidad de Yucumo, a catorce horas de la sede de gobierno. El ataque sorpresivo se realizó mientras los marchistas descansaban y se disponían a alimentarse. Esta acción ocasionó que niñas y niños se escondieran en la espesura del monte por días, solos. Mujeres y hombres fueron agredidos físicamente recibiendo un trato inhumano y donde los derechos civiles y humanos fueron completamente atropellados.
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Referencias citadas
Acosta, Alberto (2009). La Maldición de la abundancia. Quito: Abya Yala.
Crespo, Carlos (2010). “El Estado contra los comunes en el TIPNIS”. Nueva Crónica http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id
 =562
García, Álvaro (2011). “Posición oficial del gobierno boliviano sobre el TIPNIS: 4 motivos por qué se debe construir la carretera”. La Razón. Visita en diciembre 20 de 2011 http://www.laraz
ón.com/versionphp?Articled=142174.
Mazurek, Hubert (2006). Espacio y territorio: Conceptos, enfoques y metodologías de investigación. La Paz: PIEB.
Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas (2007). Bolivia: Población, Territorio y Medio ambiente. La Paz: Sagitario.
Oblitas, Mónica (2011). “Indígenas fustigan al Gobierno en Sudáfrica”. Los Tiempos, diciembre 1 de 2011, sección Internacional.
Paz, Sarela (2011a). “¿Cuáles serían los impactos ambientales de la carretera por el TIPNIS?”. Visita en diciembre 20 de 2011http://somossur.net/index.php
Paz, Sarela (2011b). “Entre la indignación y el desconcierto: avasallamiento en el TIPNIS por la ley de protección del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Ley 180)”. Visita en diciembre 20 de 2011http://www.cambioclimatico.org.bo/derechosmt/122011/031211_1.pdf
Sena-Fobomade (2011). “Evo desahucia los ´innegables e imposibles´ pedidos de la VIII marcha indígena”. Visita en diciembre 20 de 2011http://somossur.net/index.php
Viola, Andreu (1999). “Crónica de un fracaso Anunciado: coca y desarrollo alternativo en Bolivia”. En Los límites del desarrollo. Modelos ´rotos´ y modelos ´por construir´ en América Latina y África, Víctor, Bretón y F. García (Comp.): 161-203. Barcelona: Icaria.

Fuente: https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/919

En consecuencia, abajo y a las izquierdas coherentes en facilitar la autodeterminación de los pueblos, hoy es fundamental atender al pronunciamiento de la Unión de Asambleas de comunidades (UAC) por la vida y los territorios.

 

UAC: “Si no buscamos una alternativa, será tarde para detener la proliferación de nuevas pandemias”

12 de septiembre de 2020

Para la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), “en lugar de terminar con las causas de esta pandemia que tienen origen en la destrucción de los ecosistemas, las políticas del Estado van en el sentido contrario al que deberíamos transitar”, al tiempo que advierte sobre “nuevos peligros dentro de este modelo de saqueo y contaminación: la agricultura 4.0, el nuevo trigo transgénico, el reciente Consejo Agroindustrial Argentino, el acuerdo para instalar megafactorías porcinas para China, el Plan Minero 2030, la destrucción de humedales y la construcción de represas”.

ANRed  difunde la Declaración.

Ni una pandemia más

Como Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), red de asambleas socioambientales, que venimos denunciando la explotación y destrucción de la naturaleza y de nuestros cuerpos para las ganancias de unos pocos, queremos hacer un llamado a toda la sociedad para detener este mundo de pandemias.

Esta crisis sanitaria, social y económica que vivimos tiene que llevarnos a reflexionar sobre la ilusoria creencia en el crecimiento económico basado en el despojo y la expropiación de territorios y de vidas, y a centramos en crear nuevas realidades acordes con las necesidades de los pueblos.

En medio de la cuarentena, en lugar de terminar con las causas de esta pandemia que tienen origen en la destrucción de los ecosistemas, las políticas del Estado van en el sentido contrario al que deberíamos transitar, potenciando actividades que sólo traen más destrucción ambiental, más enfermedades y más crisis económicas que generarán más pobreza y peor calidad de vida. Mientras que toda la población cumple con un aislamiento social que ya lleva más de cuatro meses, estas actividades fueron declaradas esenciales por el Gobierno y continuaron operando impunemente.

Si no buscamos una alternativa general como sociedad, como los caminos que asambleas y grupos socioambientales se encuentran transitando, si seguimos cayendo en la trampa de que no hay otra salida al sistema actual, será tarde para detener la proliferación de nuevas pandemias. Y las habrá si no terminamos con el capitalismo a través de una lucha que aúne nuestras rebeldías, las que buscan justicia ambiental y las que buscan justicia social, que tienen bases compartidas en los caminos alternativos hacia la dignidad de la vida y otras formas no destructivas de relacionarnos con la naturaleza.

El modelo de sobre-explotación de la tierra, que tiene como objetivo gubernamental generar divisas, también genera otras consecuencias invisibilizadas: cada año en el mundo se envenenan cerca de 3 millones de personas por el uso de agrotóxicos, -siendo la Argentina el segundo país del mundo en cantidad de litros utilizados de estos venenos-, se desmontan o incendian miles de hectáreas de bosques nativos, selvas y humedales, se contaminan ríos y cursos de agua potable con efluentes industriales tóxicos como los de las curtiembres que, además, envenenan el aire, y se pierde la biodiversidad necesaria para el equilibrio de la vida, debido a la minería a cielo abierto, el monocultivo y el fracking. Además, casi el 63 % de lxs niñxs pasan hambre o están malnutridxs, entre otras pestes provocadas por el sistema económico que todos los gobiernos nos han vendido como progreso, para el beneficio del 1% y en detrimento del 99% restante. Por otro lado, esa búsqueda desesperada de divisas tiene como fin principal el pago de la deuda externa, no la resolución de los problemas de lxs de abajo. Y mientras lxs de abajo sufrimos estas consecuencias, los de arriba festejan las oportunidades de nuevos negocios, transformando en ganancias nuestros bienes comunes.

Como si todo ello fuera poco, actualmente nos enfrentamos a nuevos peligros dentro de este  modelo de saqueo y contaminación: la agricultura 4.0 promovida por el Estado, Bill Gates y el IICA (el plan AgTech con más automatización digital, más OGM, carne artificial, etc.), el nuevo trigo transgénico, el reciente Consejo Agroindustrial Argentino -que se propone consolidar el rol exportador del país y convertirlo en líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal-, el acuerdo para instalar megafactorías porcinas para China, el Plan Minero 2030, la destrucción de humedales, la construcción de represas (Hidrovía del Río Paraná /COSIPLAN-IIRSA) y todo esto en medio de una crisis sanitaria que nos obliga a permanecer en confinamiento con pocas o escasas posibilidades de salir a reclamar por nuestros derechos. Denunciamos, a su vez, que cuando estas políticas no logran el consenso social, la respuesta del estado es la represión y la persecución a quienes se oponen.

Frente a un escenario en el que crece la certeza de que más extractivismo generará más pandemias, reafirmamos nuestras convicciones:

-Rechazamos la vuelta a la “normalidad”, así como también las “nuevas normalidades” que sean impuestas desde este sistema económico mundial, con sus políticas extractivas, con la militarización de los territorios, con los tratados de libre comercio y con el sistema de patentes sobre la naturaleza. Hacemos responsable al gobierno por estas políticas perversas.

-Reclamamos, como comunidades con derecho a la autodeterminación, un cambio urgente y profundo acorde a nuestras necesidades reales. Para ello, alentamos a la construcción de nuevas prácticas que incluyan otras alternativas, con proyectos agroecológicos y de respeto a las diversidades. Tenemos la certeza de que somos capaces de impulsar y fortalecer estas alternativas ancladas en la regeneración de nuestros lazos con la tierra y la construcción de redes sociales cooperativas y solidarias. Creemos que estos caminos no sólo representan una mejora en la calidad de vida de todxs sino que son la única salida ante un futuro lleno de pandemias para nuestros pueblos y las futuras generaciones.

-Proyectamos un mundo donde aceptemos la pluralidad y la diversidad necesarias para que todos los pueblos quepamos en él, en armonía con la Naturaleza de la que somos parte.

¡Ni una pandemia más!

¡Basta de destrucción de Naturaleza!

¡Frenemos el extractivismo!

Fuente: https://www.anred.org/2020/09/12/uac-si-no-buscamos-una-alternativa-sera-tarde-para-detener-la-proliferacion-de-nuevas-pandemias/

 

Comprometámonos con unir las luchas por la vida y los territorios mediante la praxis de la «reforma agraria integral» anticapitalista, antilatifundista, antirracista, antipatriarcal y descolonizadora tanto del poder como del saber. En este proyecto emancipatorio son fundamentales:

 

 

 

Claves para el debate de los comunes, la economía social y  solidaria en diálogo con perspectivas feministas 

Otra Economía, vol. 12, n. 21:16 - 31, enero - junio 2019. ISSN 1851

Otra Economía, vol. 12 , n. 21 , enero - junio 2019 

 

 

Por Daniela Osorio, Gabriela Veras Iglesias CabreraGerardo Sarachu Lucía Fernández  

  

Resumen: En el presente artículo nos proponemos sintetizar algunas claves del debate que establecemos entre la Economía Social y Solidaria (ESS), la teoría de los comunes en diálogo con perspectivas feministas. El  cruce de miradas que desplegamos busca articular una serie de debates que enriquecen el abordaje de la  complejidad de estas experiencias. Las reflexiones que compartimos en este texto son el fruto de nuestro s recorridos como docentes e investigadora/es en las temáticas desarrolladas, específicamente nos  une el trabajo  con organizaciones de la ESS, así como la participación en el Núcleo de Estudios sobre la producción de lo  común, procesos colectivos y territorio, promovido por el Servicio de Extensión y Actividades en el Medio de la  Universidad de la República del Uruguay.

Partimos de la lectura de los comunes anticapitalistas para dialogar  con las experiencias de ESS entretejiendo los ejes de poder, conocimiento y propiedad. Apostamos por superar  miradas binarias que obturan el pensamiento y apelamos a la construcción de lógicas transversales de análisis.  Ponemos en tensión la categoría trabajo, construyendo una mirada crítica que le de reconocimiento a todos los  trabajos que hacen posible la vida. Las conexiones que establecemos se convierten en herramientas de lucha que  se despliegan en distintos ámbitos, para la realización de necesidades que permitan resistir y construir la  autonomía hacia una vida que valga la pena ser vivida. 

Hay imágenes de cambio que nos impiden cambiar. Entonces, para pensar o cambiar, necesitamos dotarnos en lo posible de otro imaginario:  depósitos o semilleros de imágenes que organicen nuestra mirada de otro modo, que nos orienten  en sentido diferente.  Otros lentes, otras brújulas . 

 

Introducción 

Las diferentes formas de autogestión, experiencias de Economía Social y Solidaria (en adelante  ESS), que se vienen concretando con diferente intensidad en la región y en el mundo, no se  desarrollan en forma  abstracta sino en contextos determinados y condicionados. Son experiencias variadas donde las personas combinan su hacer con el de sus semejantes para la  resolución de diversos problemas y necesidades que hacen a la producción, la reproducción,  distribución, el consumo, la reutilización, la gestión cultural, etc.  Surgidas de la necesidad, se constituyen como formas de creación de satisfactores para la resolución  colectiva de diferentes situaciones y problemas impulsadas por distintas expresiones colectivas y  comunidades. En algunos casos, estas experiencias, son parte de movimientos de resistencia y  búsqueda de alternativas ante los imperativos del proceso de valorización, producción y reproducción  de la vida como mercancía subalternizadas en la dinámica capitalista.  

Siguiendo los análisis del comunalismo que desarrolla Gutiérrez y Salazar (2015) no se puede  afirmar que estas alternativas: pervivan en una burbuja aparte, en un mundo idílico sin capital, estas formas variadas de reproducir  la vida están constantemente asediadas por el capital, y buena parte de las relaciones que se generan  y regeneran y de la riqueza social concreta que se crea a partir de ellas, están subordinadas y  funcionalizadas por el capital, así como muchas de ellas, mediadas por la forma estatal de la política  (Gutierrez  y Salazar, 2015: 22). 

 

Sin duda el proceso de apropiación capitalista de las diversas prácticas, se puede re mitir a los  cercamientos y mercantilización de los comunes en el desarrollo del capitalismo, y resulta evidente  para quienes intentan construir estas alternativas en condiciones adversas o directamente hostiles.  

Desde el comunalismo mencionado es necesario distinguir aquellas prácticas comunitarias que son  funcionalizadas por el capital, de aquellas que son realizadas de entrada por el capital. Esta  diferenciación es clave en el entendido de que permite pensar, que siempre hay algo más, que la vida  no se r educe, ni se orienta necesaria y exclusivamente, para el capital e incluso muchas iniciativas van  en su contra, se resisten y/o desarrollan su existencia de otro modo, dado que buscan centralmente  reproducir la vida y no destruirla. 

 

Es desde esas experiencias que se puede levantar una nueva agenda para el estudio y  acompañamiento de los procesos cooperativos, asociativos y de economía solidaria. Al mismo tiempo  estas reflexiones, nos permiten profundizar la crítica al carácter destructivo e incontrolable de l  metabolismo social del capital y el tipo de desarrollo que se viene produciendo y reproduciendo en la  actualidad. 

 

En este artículo procuramos introducir el debate de los comunes como un campo en disputa que  entendemos fértil para nutrir el diálogo y la interpelación mutua con el ámbito de la ESS que también  se concibe como un campo en disputa, donde confluyen múltiples concepciones. Integramos en este  diálogo las contribuciones desde perspectivas feministas, tanto aquellas que atraviesan la lectura de  los comunes, como las que provienen de la economía feminista. El cruce de miradas busca articular una serie de debates que permean entre las diferentes propuestas y que ayudan en el abordaje de la  complejidad de estas experiencias.  Planteamos entonces una serie de preguntas en este diálogo: ¿Qué le aporta el debate de los comunes a la Economía Social y Solidaria? ¿De qué forma las experiencias de ESS nutren el debate  de los comunes? ¿Cuáles son los atravesamientos posibles con las perspectivas feministas?

 

Son  algunas de las interrogantes que impulsan a la búsqueda, siempre tentativa de explorar las conexiones  entre los campos. Se parte de identificar las similitudes que encontramos entre los procesos de economía social y  solidaria, el debate de los comunes y  las perspectivas feministas, aunque no necesariamente son  debates que se nombren de la misma forma, invitan a trascender el nominalismo, orientando las  reflexiones hacia la autogestión, la reproducción de la vida, rompiendo con la centralidad o  exclusividad omnipresente del trabajo productivo, integrando otros ámbitos de la vida.  

  • Establecer un diálogo con los estudios de alternativas de producción y gestión de los comunes,  resulta relevante, en el entendido de que dichos estudios tienen la capacidad o potencialidad de habilitar una revisión crítica de los abordajes de la “economía social y solidaria” , rompiendo con el  internalismo de sus analistas y habilitando una crítica a las políticas públicas y a los límites de la  forma estatal en el capitalismo actual .

  • Atravesar de feminismo este debate, amplía los márgenes de  visibilidad sobre aquellos procesos que históricamente han quedado relegados a un segundo plano, en  relación a la reproducción de la vida.  

Organizaremos este texto comenzando por los principales debates en relación a los comunes, tomando posición por una de las lecturas, los comunes anticapitalistas. Señalaremos posteriormente  los aportes para pensar la ESS en tanto entreteje los ejes de poder, conocimiento y propiedad.  Retomaremos a continuación los debates en relación al pensamiento binario, apostando por la  construcción de lógicas transversales de análisis, mirada que nos permite retomar los debates en  relación al trabajo e incorporar una mirada más amplia y crítica en relación a esta categoría. Para ir  cerrando, analizaremos el aporte de de la conexión entre las luchas y cuáles son los desafíos que abre  el diálogo entre ESS, comunes y feminismos.  

 

El campo de los comunes en debate 

Son crecientes los análisis que se dedican a investigar sobre los denominados “bienes comunes”  desde diversas perspectivas. Uno de los aportes más reconocidos es el de  Ostrom (2002) que desde la  economía identifica las componentes institucionales que hacen a los modos de resolver la gestión de  los  bienes comunes evitando así la “tragedia de los comunes” , que señala Garrett Hardin. El trabajo de  este último, publicado originariamente en 1968, considera explícitamente los retos que implica evitar  la sobreexplotación y degradación de un recurso natural compartido, y las inhibiciones que se  producen para cooperar. En estas situaciones, donde cada individuo espera limitar sus propios costos,  beneficiándose al mismo tiempo de las contribuciones de otros, constituye un dilema social que  implica un conflicto entre la racionalidad individual y los resultados óptimos para un grupo, lleva al  autor a enfatizar la importancia de los derechos de propiedad bien delimitados. Los estudios de  Ostrom contribuyeron al desarrollo de la teoría, al identificar diversos factores políticos, sociales y  económicos  — más allá de los derechos de propiedad — que influyen en el manejo de los recursos de  uso común, por lo que no necesariamente se concluye en una tragedia, existiendo amplia evidencia  donde el trabajar juntos (Poteete , Janssen y Ostrom 2012) abre nuevas posibilidades y arreglos  institucionales para la acción colectiva con los recursos de uso común. 

 

McDonald y Ruiters (2012), realizan una recopilación de estudios de los comunes donde procuran  identificar alternativas a los procesos de privatización de los bienes comunes como la educación, la  energía eléctrica, el agua potable entre otras. Los autores señalan la necesidad de ampliar la  concepción d e lo público no reducido a lo estatal,  que permita comprender las formas de significación  de los servicios públicos en sistemas capitalistas y no capitalistas, para entonces poder situar las  “alternativas a la privatización” en marcos teóricos que permita n un análisis más general en términos  sociales y económicos.  

 

Desde la crítica a los modos imperantes, Laval y Dardot (2014) proponen claves de politización de  los comunes en el capitalismo actual que conciben lo común como la recuperación de un principio  político que logra combinar la democracia radical más allá de la representación y el derecho de uso  más allá de la propiedad privada. Otra de las concepciones críticas que encontramos refieren al estudio de los comunes en clave  anticapitalista y antipatriarcal, desarrolladas por Caffentzis y Federici (2015) y los trabajos de  Gutiérrez (2017). A partir de la crítica al economicismo y la mercantilización de los comunes, las  autoras destacan las luchas abiertas por los sujetos colectivos en movimiento, sostenidas en tramas  comunitarias con relación a la tierra, al agua, a la vida, en América Latina (en especial Bolivia y  México) (Caffentzis y Federici, 2015; Gutiérrez, 2017) .

 

Estas autoras ubican la producción y  sostenimiento de lo «común» en la construcción de tramas comunitarias en luchas territoriales con fuerte  protagonismo de las mujeres. Evidencian así la necesidad de romper las dicotomías y prestar especial  atención a los modos en que estas prácticas de producción de lo «común» sostienen efectivamente la  vida. Lo «común», para las concepciones señaladas que cuestionan la idea predominan te de “bienes  comunes”, permite una crítica al economicismo, al poner énfasis en lo «común»como proceso a generar  o a producir.

 

Esta concepción de lo «común», se sustenta en una multiplicidad de tramas asociativas y  relaciones sociales que lo defienden, sostienen y producen (Gutiérrez, 201 7) y constituyen una clave  para entender las luchas sociales en la actualidad, como se desarrollará en próximos apartados. Abordar conceptualmente esta multiplicidad de tramas comunitarias y asociativas, supone  comprender las potencialidades de lo colectiv o, siempre atentas a la profundidad de sus  condicionamientos y determinaciones, abiertos al devenir de sus luchas, sus resistencias y  posibilidades de emancipación que se van entretejiendo.

 

Nos interesa particularmente explorar a partir  de los aportes de e sta última corriente, cuáles son las confluencias entre los procesos colectivos, las  territorialidades que se configuran y los comunes. Estas tres nociones: procesos colectivos, territorios, producción de lo común, estructuran el trabajo  del núcleo de estu dios 3 que en el marco de la extensión universitaria venimos desarrollando.

Los  «territorios» no se reducen a los espacios físicos, sus flujos y conexiones, sino que suponen formas  vividas y sentidas, espacios de experiencias. Lo «común» se va configurando como un modo peculiar de  disponer esas acciones para producir, conectar, sostener, recuperar, ampliar y expandir esas tramas de  luchas y creaciones para la reproducción de la vida. Los procesos colectivos que se generan pueden  tener la producción de lo común c omo proyecto ampliando así sus posibilidades, de sostenimiento,  ampliación y proyección social y comunitaria. 

La ESS como posibilidad de nuevas combinaciones entre conocimiento, poder y  propiedad 

Cruz (2006) propone un modo de concebir a las experiencias económicas asociativas solidarias, que  invita a pensar a las prácticas de economía solidaria como una posibilidad de generar y construir  nuevos modos y relaciones entre conocimiento, poder y propiedad. Proponemos profundizar en estas  combinaciones. La men cionada definición propuesta por el autor acerca de las iniciativas de ESS,  dice:  El conjunto de iniciativas económicas asociativas en las cuales: a) el trabajo, b) la propiedad de sus  medios de operación (de producción, de consumo, de crédito, etc..);  c) los resultados económicos  del emprendimiento; d) los conocimientos acerca del funcionamiento; e) el poder de decisión sobre  las cuestiones que hacen al mismo; son compartidos por todas aquellas personas que participan  directamente, buscando relaciones d e igualdad y solidaridad entre sus participantes (Cruz, 2006: 69) .  

 

En las experiencias de ESS, adquieren sentido las críticas a las formas tradicionales de concebir la  relación entre conocimiento, poder y propiedad, habilitando las bases sustantivas para esa nueva  agenda en co - construcción que busca recomponer las capacidades de los directamente afectados, entre  luchas, realizaciones y alianzas. En esa construcción aparecen con fuerza los modos de relaciones que  se construyen entre las personas, en sus colectividades y con el ambiente del que forman parte. En relación al conocimiento, resultan estimulantes las críticas a la colonialidad del poder/saber  desarrolladas contra el eurocentrismo y que se sintetizan en  los esfuerzos de recuperar las  “epistemologías del sur” (Santos y Meneses, 2014), estableciendo rupturas con la p retensión de  neutralidad del conocimiento, por lo que se exploran los vínculos entre saber, compromiso y  posicionamiento.

 

Se presta además especial atención en esta perspectiva, a las relaciones existentes  entre las prácticas de conocimiento y otras prácticas sociales y sus formas de construir y combinar saberes y a los procesos de co - producción, cooperativos y/o colaborativos. Estos aspectos son claves  para ampliar la disputa en el campo de la economía social y solidaria, mediante mecanismos de  reconocimie nto de saberes, certificaciones participativas, redes de colaboración solidaria (Mance,  2008) . 

 

Los esfuerzos por favorecer nuevas condiciones para el intercambio y la producción conjunta de  conocimiento, por ejemplo, entre Europa y América Latina (Coraggio  y Laville, 2014) desde una  perspectiva crítica y no autocomplaciente, se vienen desarrollando con importantes aportes.

 

Las  discusiones mencionadas marcan nuevas posibilidades temáticas para reinventar la agenda, que debe  superar falsas oposiciones y realizar un balance crítico de las experiencias, en la clave de extraer  aprendizajes significativos para los diferentes contextos nacionales y las búsquedas genuinas para la  transformación social global. Como lo señalan los autores mencionados: Esto implica otras formas de conocimiento y reconocimiento de la realidad social y natural  (incorporando otros modos culturales de producir y convalidar el conocimiento humano), así como  revisar las hipótesis o certezas básicas del siglo  XX : una sociedad de clases (básica mente burguesía  y clase obrera), un Estado (aparato instrumentado en el sentido gramsciano), un concepto de poder  (relaciones de dominio), unas tendencias sociales regidas por leyes inmutables de la historia  (secuencia de modos de producción, formas de regulación del capitalismo), un concepto de progreso  (desarrollo de las fuerzas productivas y crecimiento de riqueza mercantil).

 

También parece  necesario superar el esquema clásico de oposiciones/opciones binarias: Estado/mercado; propiedad  privada/pública - es tatal; Estado centralizado/territorios autónomos; reforma/revolución; etc. Esto  implica dejar de pensar en términos de dilemas unidimensionales para hacerlo alrededor de  cuestiones complejas, multidimensionales, sin simples opciones instrumentales, que com binan  diversas formas de determinismo y múltiples actores y que no se dan ni pueden encararse de igual  manera en todos los momentos y lugare s (Coraggio y Laville, 2014: 31). 

 

Con relación al poder recurrimos a Quijano (2014), que sin duda aporta claves para avanzar en otra  concepción del poder, que siguiendo a Dussel (2006), sería la capacidad que radica en la voluntad de  poder vivir dignamente. Esta concepción, exige un desplazamiento de formas negativas de entender el  poder, exclusivamente como dominación, a nuevas formas positivas de entender el poder, como  potencia de la comunidad. El poder como la voluntad que empuja a evitar la muerte y a permanecer en  la vida. Siguiendo entonces el planteo de Quijano (2014), se concibe el poder como un espacio y una malla  de relaciones sociales de explotación/dominación/conflicto, articuladas con base a la disputa de  diferentes ámbitos de la existencia y resistencia social, donde se ejercen concretamente las tentativas  de control sobre y a partir de: (1) El trabajo y sus productos; (2) en dependencia del anterior, la “naturaleza” y sus recursos de  producción; (3) el sexo, sus productos y la reproducción de la especie; (4) la subjetividad y sus  productos, materiales e intersubjetivos, incluido el conocimiento;  (5) la aut oridad y sus  instrumentos, de coerción en particular, para asegurar la reproducción de ese patrón de relaciones sociales y regular sus cambios (Quijano, 2014:70) desarrolladas contra el eurocentrismo y que se sintetizan en  los esfuerzos de recuperar las  “epistemologías del sur” (Santos y Meneses, 2014), estableciendo rupturas con la p retensión de  neutralidad del conocimiento, por lo que se exploran los vínculos entre saber, compromiso y  posicionamiento.

En todos esos ámbitos se abren posibilidades para introducir, en el campo en disputa que implica la  ESS (Sarachu y Torrelli, 2013), prácticas que habilitan la crítica a las relaciones de poder  (explotación/dominación/conflicto) existentes en cada uno de esos espacios. Se trata de recuperar la  capacidad de hacer y cuestionar los modos dominantes.  La propia idea del buen vivir, que recupera la  práctica d e los pueblos originarios, abre la perspectiva de las alternativas que se pueden clasificar  como búsquedas “más allá del desarrollo” (Gudynas, 2011). Comprender los nuevos modos de producir conocimiento, introduce la posibilidad de cuestionar las  hegemonías existentes y producir nuevas, donde los consensos consistentes no surjan unilateralmente  de la amenaza de la coerción, habilitando rupturas y cambios superadores, prácticas horizontales y  asamblear ias de tomar decisiones, responsabilidades compartidas y descentralizadas. 

Finalmente, en relación a la propiedad, la ESS amplía el repertorio de posibilidades, superando la  visión tradicional de la propiedad limitada y privada, en el desarrollo de sus prá cticas. Se producen  nuevas modalidades que desplazan el eje de lo público - estatal y lo privado - empresarial, p ero que no  se configuran en un “tercer sector” , sino que se producen sinergias, combinaciones y simultaneidades  sobre el criterio de búsqueda de lo común. Estas modalidades se van haciendo del orden de lo público,  a partir del compromiso colectivo de todas las afectadas en su defensa y ampliación; deja de ser  privativo para habilitar la efectiva participación colectiva en su apropiación, uso, gestión , control,  preservación y proyección. 

 

Romper los binarismos analíticos 

Como nos proponemos en este artículo resulta pertinente superar algunas dicotomías. Se abre  entonces un desafío epistemológico central si queremos abordar esta problemática, ¿Cómo  reconfigurar nuestros marcos conceptuales de análisis? Encontramos una limit ante en las formas del  análisis socio - económico, que se sostiene sobre una mirada dicotómica. Hacemos referencia a  binarismos instalados en el análisis socio económico tales como: productivo - reproductivo, público - privado, autonomía - dependencia. Nos intere sa reflexionar como estos binarismos atraviesan las  experiencias de ESS y la posibilidad de interpelarlos y resignificarlos.  

 

Para realizar esta reflexión epistemológica retomamos los trabajos de las economistas feministas  Carrasco (2009) y Pérez - Orozco (2 015) en su crítica al modelo socio - económico hegemónico y la  construcción de su mirada dicotómica de lo social. Una mirada que no solamente produce y reproduce  binarismos, sino que construye jerarquías entre los elementos que la componen. Con esto nos  refe rimos a la invisibilización que se produce en la interrelación de los elementos del sistema, que no  permiten explicar ese “entre”. Explicitaremos a continuación las principales dicotomías cuestionadas,  considerando la propuesta que venimos desarrollando. U na de las grandes dicotomías que se ha sostenido en el campo de las teorías económicas es la  referida al par productivo - reproductivo.

Este binarismo se sostiene sobre la base de lo que Picchio  (2009) ha denominado el estrabismo productivista. Con esta expr esión se refiere a la centralidad que  adquiere la producción de mercancías en el plano teórico y metodológico del análisis económico,  manteniendo en la invisibilidad toda la esfera de la reproducción social. Asimismo, no solamente  invisibiliza toda una parte del sistema sino que anula la explicación de la interrelación entre ambos  subsistemas, sobre todo en lo que refiere a la necesidad de la esfera reproductiva para hacer posible la  producción (Picchio, 2009). De esta manera, no solo infravalora su aporte  al sistema, sino que facilita  el desplazamiento de los costos de producción capitalista hacia la esfera doméstica (Carrasco, 2001;  Federici, 2012) 

A esta infravaloración no escapa la propia ESS a la hora de proponer sus modelos alternativos  (Osorio - Cabrera , 2018). Por ejemplo en las propuestas en relación a la intercooperación y la  interconexión de sectores de la ESS. La constitución de mercados alternativos, que conecte  experiencias socioeconómicas entre las diferentes esferas del sistema productivo (consu mo,  distribución, financiamiento, producción), es una de las principales estrategias que se vienen  desarrollando en la ESS en algunos territorios. La propuesta avanza, y mucho, en relación a la  constitución de un circuito alternativo que permita articular  experiencias y potenciarlas a partir de la  intercooperación.

 

El problema está en que nuevamente se reproduce el foco sobre la esfera visible de  la economía, la productiva. Seguir sosteniendo esta centralidad del mercado no hace más que  reafirmar una lógica de valoración que no resuelve aquellas necesidades que se expresan más acá del  mercado. Otro de los pares dicotómicos a los que hace referencia el análisis socio - económico está vinculado  con la relación público - privado. Como señala Carrasco (2009) el enfo que tradicional de la economía  liberal se basa en el par público - privado, que los señala como espacios sociales únicos y antagónicos.  Espacios que están atravesados por una lectura binaria sexo - género, que implica identificar el espacio  público como el asi gnado a los hombres (espacio económico con reconocimientos social) y el privado  asignado a las mujeres (espacio doméstico carente de poder).

 

En esta rígida división señala Carrasco  (2009), sólo el mundo público se beneficia del reconocimiento social, siendo la participación privada  socialmente asignada a las mujeres. Se entiende que el debate de los comunes contribuye en el mismo sentido a otro aspecto de la  superación de esta dicotomía público y privado. Las consideraciones sobre la producción de lo  comú n, nos permiten comprender las experiencias de ESS sin caer en visiones dicotómicas del  mercado y del Estado. En el capitalismo se producen procesos de mercantilización de lo común. Es  importante visualizar la complejidad del proceso donde coexisten, la de s - estructuración del sector  público, reformas del estado que viabilizan la mercantilización, cercamientos originarios y actuales,  privatizaciones directas, disputas de fondos públicos junto a una multiplicidad de formas híbridas de  cooperación público - privadas. Resulta pertinente entonces discutir la noción de “lo público”  entendiéndose como “lo común deformado” (Gutiérrez, 2017), sin quedar reducidos a las formas  estatales. 

 

Otro de los binomios que ha sostenido el discurso económico refiere al de autonomía - dependencia.

 

(...) 

 

Desafíos de producir un diálogo ESS - Comunes - Feminismos 

Nos interesa en este apartado, a modo de consideraciones finales, retomar nuestro planteo inicial,  donde nos preguntamos sobre las posibles formas de leer las experiencias de la ESS a partir del  andamiaje teórico de la producción de los comunes. Para este  diálogo los aportes de los feminismos son centrales y enriquecen esta relación, considerando particularmente la importancia que tiene la  reproducción de la vida en estos procesos. A partir de la definición que tomamos de Cruz (2006) para enmarcar los emprendimientos de ESS  planteados inicialmente, desplegamos tres claves que nos ayudan a tejer este diálogo que  profundizaremos a continuación entre: conocimiento, poder y propiedad.

 

 A modo de ejercicio para una primera aproximación propuesta por el artículo,  consideramos  importante presentar dimensiones abordadas por Gutiérrez (2017) para pensar la política de la  producción de lo común y luego asociarla con algunas líneas del pensamiento feminista y de la ESS.  La autora destaca cinco características como forma comunal o comunitaria de la política y lo político,  que destacamos en estos fragmentos:  1. Establece un nosotras para desplegar su actividad (...) se funda en la vida colectiva (...) 2. Designa a figuras destacadas (...) al tiempo que busca sujetar las  relaciones de mando  mediante la no delegación o entrega de decidir colectiva y de cada quien (...) 3. (...) abren posibilidades maleables o fluidas  - jamás no contradictorias  - de autorregulación  colectiva. 4. (...) centra su atención en la reproducción de  la vida y en la creación de los medios necesarios  para garantizarla (...) 5. (...) cuidado de aquella riqueza material de la que aún se dispone. Sin embargo no son  inmutables ni impermeables a las transformaciones (...) (Gutiérrez, 2017: 125 - 126) . 

 

La primera dimensión del “nosotras” es un elemento central de las experiencias de ESS. La  enunciación desde un nosotras también se refiere a trabajar el sentido de la política desde lo femenino  que supone una politización del cotidiano, romper con lógicas represent ativas jerárquicas y priorizar  las relaciones de cuidados entre las personas que participan de las experiencias. La vida colectiva es  un rasgo fundante de los grupos que se rigen bajo los principios de la ESS. A esta dimensión también  se puede asociar la p ráctica de la propiedad colectiva. Desde la gestión de la propiedad común se  despliegan formas de pertenencia de las personas que integran los colectivos, basados en reglas y  códigos comunes que regulan estas relaciones. Se trata también del ejercicio del  hacer política, al vivir  la experiencia las personas se transforman en ese aprendizaje común. El sentido de pertenencia  implica una responsabilidad compartida sobre lo común, de lo cual se despliegan relaciones de  solidaridad más horizontales que rompen co n la idea de un único dueño que tiene el poder de decidir  sobre los demás.  

 

-La segunda dimensión aborda el tema de la representatividad y el poder en el colectivo. Desde una  fábrica recuperada a redes de consumo y clubes de trueque, el ejercicio del poder  común y  destituyente está latente. No es algo que surja automáticamente, hay que trabajarlo y cultivarlo a la  vez que se asumen las contradicciones que se despliegan al transitar por ellas. La instancia de la  asamblea y las reuniones de equipo son formas comúnmente utilizadas para practicar la autogestión,  aunque se elijan representantes es constante el ejercicio sobre la “capacidad de decidir sobre”. La  horizontalidad es una apuesta para trabajar las diferencias sin jerarquizarlas (Navarro, 2018: 359). Se  trata de los principios de la autogestión como la forma que los colectivos eligen para gestionarse.  

-La tercera dimensión también está permeada por el tema del poder y la autoregulación colectiva.  Esta regulación permite el control colectivo ante acciones de uso abusivo del conocimiento específico  o del rol político que ocupan sus integrantes. Una estrategia para trabajar la dispersión del poder es  regular y diseminar la comunicación, socializar el conocimiento, fomentar la autoformación (Navarro,  2018). El  conocimiento compartido sobre lo común fortalece las relaciones horizontales y alimenta la  confianza en el otro/a. En la medida que estas experiencias buscan recuperar el control sobre los  medios de subsistencia, habilitan el desarrollo de la autonomía, es decir, la capacidad de los colectivos  de definir sus propias normas y modificarlas de acuerdo con sus propias determinaciones. 

 

-La cuarta dimensión nos ayuda a pensar experiencias de la ESS que integran otras dimensiones de la  vida, como por ejemplo las cooperativas de vivienda. En esas experiencias los vínculos están  mediados por el ejercicio diario de compartir la vida cotidiana. Desde este lugar es posible observar  cómo los conocimientos populares operan para enfrentar una dificultad común. Como ejemplo  podemos nombrar el caso de FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por  Ayuda Mutua) ,que desde una comisión de género ha creado una guía 6 para abordar los casos de  violencia doméstica. A partir de la difusión de la guía fue posible trabajar situaciones de violencia  dando apoyo e información a las mujeres que lo sufrían. Además ha creado condiciones para generar  redes de apoyo mutuo entre mujeres y nuevos desafíos para el accionar de la Federación, al colocar en  jaque la cuestión de la titularidad de las casas, que en general la tenían los hombres de las familias.  Así como el ejemplo señalado, otorgar la centralidad a los procesos de la reproducción de la vida ha  permitido revalorizar todas las prácticas y trabajos que los colectivos desarrollan y que no se reducen  meramente a los aspectos productivos.  Nos referimos a visibilizar prácticas de autocuidado,  reorganización de los tiempos de acuerdo con la situación personal de los integrantes, gestión de las  diferencias en relación a lo doméstico buscando cierta complementariedad y valoración de los afectos  para sostener el nosotras.  

 

-Finalmente la quinta dimensión dice respecto a la propia producción material de lo común de la  experiencia. En el caso de una cooperativa, por ejemplo, todos los bienes de producción son comunes,  su colectivización lo torna un bien que los integrantes buscan preservar a través del trabajo, pero  también a través de los vínculos que sostienen entre sí. En ese caso lo común se alimenta de las  relaciones personales y de la reproducción material colectiva. La propiedad colectiva opera como lo  común, representa la riqueza que pertenece a todas y que depende de todas para reproducirse, la  interdependencia sostiene estos vínculos y el vivir de la cooperativa. El recorrido presentado en este artículo constituye una hoja de ruta para seguir transitando en la  búsqueda de conectar los procesos colectivos de la ESS, las territorialidades en movimiento y la  producción de lo común. Estas interrelaciones adquieren nueva significación al colocarlas en diálogo  con los aportes del pensamiento feminista. Las reflexiones se ponen al servicio de las experiencias de  las luchas que se despliega n en los diferentes ámbitos, donde la solidaridad se forja al combinar mi  hacer junto al hacer de las demás personas, para realizar necesidades, resistir y construir la autonomía  hacia una vida que valga la pena ser vivida. 

*dosorio@psico.edu.uy, ** gv.iglesias@gmail.com,  *** gsarachu@gmail.com, **** lucia.fruy17@gmail.com

 

Referencias Cómo citar este artículo: Osorio - Cabrera, D.; Veras Iglesias, G.; Sarachu, G. y Fernández, L.  ( 2019 ). Claves para el debate de los  comunes, la economía social y solidaria en diálogo con perspectivas feministas .  Otra Economía ,  12 (21), 16-31  Fuente: https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/09/Claves_para_el_debate_de_los_comunes_la-ess-en-dialogo-con-perspectivas-feministas.pdf