Monocultivos en la Amazonía:

la distopía de la sustentabilidad y de la riqueza

Una lectura sobre el desarrollo a partir de los plantíos de palma aceitera y de soja

16 de agosto de 2016

Por Verena Glass (texto y fotos)
En diciembre de 2013, el periodista de economía Luis Nassif, uno de los más conocidos y respectados en Brasil, escribió un artículo elogioso en la revista Carta Capital sobre el proyecto de construcción de un complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en el sudoeste de Pará. Dos observaciones en dicho texto se destacan porque reflejan, por un lado, desconocimiento y, por el otro, un sentido común ingenuamente prejuicioso (o brutalmente colonialista) respecto a la Amazonia:

1.    “Hay mucha incomprensión sobre la influencia de las hidroeléctricas en el medio ambiente, especialmente en regiones poco desarrolladas.”

2.    “En Tapajós, será la primera vez en que se construirá una hidroeléctrica en una región no poblada.” [1]

No tenemos la intención de discutir acá lo enorme que es el error de esas afirmaciones sobre el proyecto hidroeléctrico de Tapajós, tema que en Brasil adquiere cada vez más visibilidad en función de la resistencia de la población indígena Munduruku, ancestros habitantes de la región. El enfoque es la intencionalidad puesta en la lectura de mundo que dichas afirmaciones evidencian.
 

Estigmatizar como «subdesarrollado» el más grande bioma brasileño y considerar la Amazonía un «vacío poblacional» se ha configurado en presupuesto básico para una serie de políticas e intervenciones del Estado y del capital en ese territorio. Del proyecto colonizador del gobierno militar en la década de 1970, bajo el lema  “tierra sin hombres para hombres sin tierra», conductor de brutales conflictos agrarios que persisten hasta los días actuales, al «furor infraestructural» en la región – construcción de carreteras, líneas de ferrocarriles, hidroeléctricas etc. -, la explotación predatoria por y para beneficiarios externos a ella, además del desprecio casi absoluto por el universo de los pueblos tradicionales, ha marcado la Amazonia desde que han llegado los europeos a América.
Para comprender mejor uno de los territorios más ricos y, a la vez, más frágiles y complejos de nuestro continente – desde el punto de vista social y de su biodiversidad -, se necesita tener en cuenta que la Amazonia nunca ha sido despoblada. Los estudios antropológicos, arqueológicos y biológicos de la región en los últimos 50 años han mostrado que, en especial en la era precolombina, el bioma sufrió fuerte antropización y puede haber tenido una población de hasta 30 millones de personas en ese periodo. Además de los cento de vestígios que comprprueban la existencia de una multiplicitud de culturas antiguas, se estima que más del 11% de las forestas en la Amazonia brasileña serían antropogénicas (de origen cultural),[2] a partir de las configuraciones ampliamente reincidentes en donde se encuentra una gran heterogeneidad de plantas útiles asociadas (comestibles, medicinales, rituales y para manufacturación) en las cercanías de sitios arqueológicos.[3]

Además de los indicios de «foresta plantada» o manejada, el fenómeno conocido como terra preta (tierra negra – o tierra negra india), suelo de color oscuro y de altísima fertilidad, encontrado en grandes manchas en la Amazonia brasileña, colombiana, peruana, ecuatoriana, venezolana y en Guayana Francesa – es otro elemento que comprueba la intensa presencia y actividad humanas en la región. Producida a partir del descarte de materia orgánica (carbón, restos de comida, forraje vegetal, excrementos, orina, cadáveres animales, conchas, cerámicas etc.), la terra preta se formó en los asentamientos humanos hace más de 2 mil años, y se considera, tanto por la población local como por investigadores nacionales e internacionales, uno de los mejores suelos para la agricultura del planeta.
De manera muy general, lo que se aprende de esos datos es que históricamente la Amazonia ha sido ocupada por una gran variedad de pueblos y culturas en una larga y dinámica trayectoria de desarrollo. Y,  a pesar de devastado el pueblo originario a lo largo de los últimos 500 años de colonización, la reconfiguración de la ocupación humana tradicional de los días actuales – los habitantes indígenas, quilombolas, ribereños, pescadores etc. – sigue reproduciendo, en lo que sea viable, una relación de simbiosis con el medio ambiente.

En otras palabras, siempre hubo gente en la Amazonia en gran número y siempre hubo intervención en la foresta, en el sentido de que las sociedades nativas nunca han sido sujetos pasivos a las limitaciones ambientales.[4] Esa relación, sin embargo, no se parece nada a la perspectiva productivista del capitalismo que ha pasado a dominar el sentido común en el «mundo moderno» y que, más recientemente, ha llegado al Consenso de los Commodities, que marca la transición de América Latina del mero ajuste neoliberal a un nuevo ciclo económico basado en la producción y exportación de productos primarios, como lo señala Maristella Svampa.[5]

El agronegocio amazónico: una triste historia de (relativo) éxito

La estigmatización de la Amazonia como espacio geográfico destinado a la extracción intensiva de bienes naturales no es reciente. En Brasil, como en los demás países panamazónicos, el extractivismo[6] maderero, mineral, energético, petrolero y agroexportador sigue una tradición que remonta, dependiendo del sector, al inicio de la colonización europea. En el último siglo, sin embargo, la explotación de la región ha tenido rasgos más agresivos, en la lógica de lo que ha expresado recientemente el presidente del Parlamento Amazónico de Brasil, el diputado Sinésio Campos (Partido de los Trabajadores, Amazonas): “No podemos dejar que los habitantes del interior de Amazonas, o de otros estados de la región, vivan sobre la riqueza y pasen necesidades. Necesitamos rever nuestros conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable. Amazonia no puede ser un museo”.[7]

En esa declaración hay dos presupuestos emblemáticos: el primero es que los indígenas y pueblos tradicionales viven sobre lo que el capital denomina «riquezas» y que, por lo tanto, deben tener sus derechos territoriales mutilados para permitir su explotación. Ese es el aspecto más grosero del desarrollismo capitalista en la Amazonia. El segundo aspecto, no menos violador de derechos, sin embargo más sutil en sus proposiciones, es el debate sobre los «conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable». A esas dos vertientes del modelo de desarrollo en la Amazonia nos dedicaremos, a partir del recorte del moderno agronegocio practicado en el bioma en el último periodo. Más específicamente, nos proponemos la reflexión sobre el proyecto económico y los impactos de las culturas de  palma aceitera (o palma africana) y de la soja, sectores en expansión que se han beneficiado de una serie de políticas públicas y han transformado radicalmente el universo y los territorios de los pueblos tradicionales amazónicos en donde se ubican[8].

La palma aceitera y los «conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable»

Con la intensificación de los debates mundiales sobre el calentamiento global y, en especial, después del acuerdo que ha generado el Protocolo de Kioto en el ámbito de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas de 1997 (COP 3), una serie de propuestas buscando la descarbonización del planeta han ido tomando cuerpo. Entre ellas, la ampliación del uso de agrocombustibles en sustitución a los combustibles fósiles.[9]
De hecho, la producción de etanol y biodiesel y las investigaciones correlacionadas siempre han estado conectadas mucho más a proyectos de seguridad energética o para abaratar los combustibles – principalmente en periodos de alza de precios de los fósiles – que al debate climático, al que terminaron incorporándose con más consistencia al inicio de los años 2000.
Contradictoriamente, sin embargo, el discurso climático se ha priorizado por los defensores de la agroenergía a partir del momento en que el sector pasó a enfrentarse a denuncias de impactos negativos sobre la seguridad y soberanía alimentarias (a raíz del uso intensivo de maíz en la producción de biodiesel en Norteamérica y de la competencia de los cultivos energéticos en áreas de culturas alimentarias) o sobre derechos territoriales de pueblos locales[10].
Aún en el ámbito de las contradicciones, en los países andinos el cultivo agroenergético que se ha consolidado con más fuerza ha sido la palma aceitera (o palma africana), con efectos devastadores sobre las forestas tropicales y el agravamiento de conflictos sociales y agrarios. Sobre eso, hay registros de que los monocultivos de palma están generando deforestaciones alarmantes en la Amazonia peruana, colombiana y ecuatoriana[11] y graves conflictos territoriales en Colombia y en Perú[12].
 

En Brasil, la expansión de la palma aceitera se ha dado en consonancia con el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB), lanzado por el gobierno federal a fines de 2004 como parte de un ambicioso proyecto de conquista de la hegemonía brasileña en los mercados internacionales de agrocombustibles. Consciente de las críticas al cultivo de la palma en Asia y Latinoamérica por su contribución a problemas socio-ambientales, el gobierno brasileño estableció que el cultivo de la palma aceitera, concentrado en el bioma amazónico, tendría que restringirse a áreas degradadas y se constituiría en una estrategia de fortalecimiento de la agricultura familiar a través de proyectos de integración con grandes compañías.

A partir de 2008, el estado de Pará (más grande productor de palma africana en Brasil), donde el cultivo de palma aceitera ha ocupado históricamente un área estable, ha sufrido un boom de nuevos proyectos agroenergéticos con fuerte apoyo de los gobiernos federal y estatal, de bancos y financiamientos públicos. En los siguientes años y con la consolidación del sector, sin embargo, gran parte de los elementos qua han compuesto el imaginario de sustentabilidad socio-ambiental de la actividad a partir del PNPB se han desconfigurado; tanto por su lógica empresarial-capitalista, como por el conjunto de factores sociopolíticos del universo amazónico. Veamos algunos de esos aspectos:
 

Premisa 1: la palma aceitera ocupará solamente áreas degradadas y no provocará impactos ambientales en Amazonia

 

A pesar de no estar entre los principales conductores de la deforestación en Brasil, el cultivo extensivo de la palma aceitera en un bioma altamente biodiverso y sensible como la Amazonia tiene una serie de impactos negativos sobre el ambiente y los pueblos locales. A pesar del discurso contrario, las deforestaciones en la actividad son prácticas comunes pero sub-registradas, una vez que para la implantación de monocultivos, ocurren mayoritariamente a través de la supresión de manchas de bosques situadas entre las áreas degradadas. Pero el impacto más grande se da a partir de las características del manejo de la palma y su alta dependencia de la aplicación de agrotóxicos, utilizados en el control tanto de plantas invasoras como de plagas. O sea: en 2013, la Secretaría de Agricultura de Pará estimaba que el estado cultivaba 166 mil hectáreas de palma. Con base a los indicadores de manejo de la cultura elaborados por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y del agente financiador Banco de Amazonia (BASA), se puede calcular que en ese año se habrían aplicado a los cultivos de palma aceitera cerca de 332 mil litros de herbicida, 166 mil litros de insecticida, 166 toneladas de hormiguicida cebo, 19.920 cápsulas de insecticida-trampa e 33,2 toneladas de raticida[13] .
En 2014, estudios realizados por el Instituto Evandro Chagas en cursos de agua en áreas contiguas a grandes cultivos de palma aceitera constataron la presencia de agrotóxicos en ríos e igarapés cuyas aguas se utilizan para el lavado de ropas, ocio y consumo de las comunidades locales. Acorde al informe final de la investigación, se han encontrado residuos de endosulfan, sustancia tóxica prohibida en Brasil desde 2013, en casi todos los puntos de muestreo en el periodo de mayor intensidad pluviométrica, señalando a que ese producto se está carreando de los suelos, por procesos de lixiviación, y se está acumulando en los sedimentos de fondo de los ríos e igarapés de la región. “La inserción antrópica de endosulfan (…) en esos ambientes puede provocar daños a los ecosistemas acuáticos y representar riesgos a la salud de la población que reside en esta región”, afirma el estudio; y alerta: “Como la posible acumulación de endossulfan representa un aumento de la carga orgánica natural en el periodo de más lluvias, también se deben evaluar las implicaciones de la presencia de dicho compuesto asociado directamente al aumento de la producción de algas en la región. En ese contexto, este ambiente está propicio al aumento de la producción de cianobacterias y cianotoxinas, que son sustancias tóxicas y representan también grandes riesgos a los ecosistemas acuáticos y a la salud humana. (…) A partir de los análisis morfológicos [de los materiales recolectados], se han identificado para el área de estudio un total de cinco taxones infra genéricos de cianobacterias”.

Otro peligroso impacto de los monocultivos de palma aceitera sobre la foresta es su interferencia sobre los flujos bióticos del ecosistema amazónico. El problema se agravó a partir de recientes cambios en el Código Forestal brasileño (instrumento que reglamenta la conservación y recuperación de la cobertura forestal en las propiedades rurales del país), cuando especies exóticas como la palma africana pasaron a constituir legalmente un sustituto a la recomposición de bosques nativos en la llamada Reserva Legal de las propiedades, desconsiderando la importancia estratégica del mantenimiento de la diversidad biológica y aumentando exponencialmente los riesgos de graves pérdidas de recursos genéticos.

Premisa 2: el cultivo de la palma aceitera beneficia la agricultura familiar en cuanto a una alternativa de renta
 

Cuando se ha lanzado en 2004, una de las premisas del PNPB ha sido la integración de la agricultura familiar a la cadena productiva del biodiesel. Para eso, el gobierno ha creado mecanismos de inserción de la actividad productiva de pequeños agricultores al sector agroindustrial, en la medida en que ha exonerado de una serie de impuestos a las industrias que adquirieran materia prima de la agricultura familiar.
En el caso de la palma aceitera, el programa estipuló el cumplimiento de contratos de 25 años entre agricultores e industrias, que presuponían cultivos de 10 hectáreas, en promedio, por familia, financiados por Pronaf Eco-Dendê con valores de hasta R$ 80 mil. Los contratos también prevén criterios rígidos de manejo (aplicación de agrotóxicos, abonos químicos, poda etc.) estipulados por los agentes financiadores y monitoreados por las empresas, reservándoles el derecho de control de las actividades productivas en el interior de las propiedades familiares.
Ese sistema resulta, en buena medida, en:
– endeudamiento de las familias, de las que parte significativa no es capaz de producir la cantidad suficiente de palma aceitera para librar las deudas en los bancos;
– injerencia de las compañías en la organización productiva de los agricultores, que han pasado a responder ante los contratantes de la producción como si a ellos fueran subordinados, no siendo, sin embargo, beneficiarios de los acuerdos y derechos laborales previstos en la ley;
– disminución drástica o término de otras actividades productivas (culturas alimentarias y otras actividades económicas) y consecuente impacto sobre la seguridad alimentaria (de la familia y regional);
– Renta menor de lo planificado y a veces inferior a la verificada con otras actividades productivas;
– Contaminación e intoxicación por agrotóxicos;
– Cambios drásticos en el modo de vida[14].

Otro efecto de la expansión del cultivo de la palma aceitera sobre la agricultura familiar, no vinculado a los procesos de integración agricultores-compañías, es la presión de los grandes emprendimientos sobre las áreas familiares a partir del surgimiento de un nuevo mercado de tierras y la valorización financiera de los territorios. Relativo a eso, se observa en la región productora de palma aceitera  en Pará un inexorable proceso de concentración de tierras, resultado tanto del asedio para su venta, de parte de las grandes industrias, como la progresiva incapacidad de mantenimiento de otras actividades productivas en las propiedades familiares a partir del abandono de la fuerza de trabajo para ubicarse en los monocultivos agroindustriales. Eso nos lleva al análisis de la siguiente premisa.
 

Premisa 3: El cultivo de la palma aceitera es gran generador de puestos de trabajo y, de esa manera, un instrumento importante para el desarrollo local
O monocultivo de la palma aceitera es, de hecho, uno de los sectores más intensivos en uso de mano de obra del agronegocio amazónico, en especial en las actividades de plantío, manejo y cosecha. El trabajo, sin embargo, se caracteriza por un alto grado de penosidad, una vez que la actividad exige grandes esfuerzos físicos en un ambiente natural adverso. Las jornadas laborales llegan a durar hasta 12 horas (entre la salida, aún por la madrugada, y el regreso a casa al fin de la tarde); hay deficiencias recurrentes en la provisión de agua, alimentación, equipos de protección individual e instalaciones sanitarias en los locales de trabajo; accidentes laborales son sub-notificados; hay falta de atención médica en los locales de los accidentes; y hay registros frecuentes de adicción a drogas, como la cocaína, para aumentar la productividad y soportar el descomunal desgaste físico del trabajo en condiciones climáticas adversas (altísimas temperaturas y lluvias torrenciales, típicas de la región).[15]
Por fin, a pesar de la poca fiscalización de la actividad de parte de los agentes del Ministerio de Trabajo y Empleo por alegada falta de estructura y personal, ya se han registrado casos de trabajo esclavo en el cultivo de la palma aceitera paraense,[16] así como condiciones degradantes en alojamientos de trabajadores que, en áreas distantes de sus locales de vivienda, permanecen por largas temporadas en los locales de empleo.
 

Las falsas soluciones
Impulsada por el Estado bajo la premisa de la «sustentabilidad climática» y del «desarrollo social», el cultivo de la palma aceitera brasileña, después de casi una década de expansión acelerada, no sólo ha fallado en su propósito, sino también ha contribuido a la profundización del desequilibrio socioambiental impuesto a la Amazonia por el desarrollo extractivo. Acorde a la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), por ejemplo, en febrero de 2016, no había ninguna empresa productora de biodiesel registrada como apta a proveer el combustible de palma aceitera. O sea, en la Amazonia, el monocultivo de la palma africana que ha sustituido los bosques nativos no ha logrado siquiera corroborar los discursos de descarbonización del planeta, para lo que se ha justificado en primer lugar.
Por otro lado, el desplazamiento de la agricultura familiar de su misión primordial – la producción de alimentos – y su reposicionamiento, sea en la misma propiedad o como nuevo operario agroindustrial, como «productor de combustible» (materia que no consumirá y de la cual no se beneficiará), desplaza al pequeño agricultor no sólo de la posesión de la tierra sino también de la posibilidad de constituirse como definidor de su propio universo socioeconómico y organizador de su existencia. En ese sentido, como señala la investigadora de la Universidad Libre de Berlín Maria Backhouse, el proyecto de expansión de la palma aceitera en Brasil se caracteriza como green grabbing (proceso de apropiación y financiarización de bienes y territorios naturales por el capital a partir de la premisa de que, para preservar, se necesita ponerle un precio a la naturaleza), en la medida en que engloba no sólo el proceso material de apropiación de los territorios sino también un paradigma discursivo que señala como inexorable la comoditización de la naturaleza. “Cuando nos referimos a green grabbing con base en el concepto de acumulación primitiva continuada[17], tenemos en cuenta no sólo la constatación de que la concentración de tierras a manos de las élites locales sigue ocurriendo, sino sobre todo que tal proceso implica una restructuración de las relaciones sociales. Dicha restructuración está impulsada por la nueva ordenación de las relaciones de propiedad, como ocurre en el caso de la privatización de tierras, o a través de la inserción de la agricultura familiar en la cadena productiva agroindustrial. En el mismo acto de su consecución, dicho proceso se legitima ideológicamente por la doctrina neoliberal, y gana de esa manera un perfil de proyecto hegemónico”. Y eso nos lleva al análisis del segundo sector propuesto para el estudio: el complejo productor de soja en la Amazonia.

 

La soja y la disputa de la «riqueza»

La historia de la soja en la Amazonia brasileña – el país es el único que produce el grano a larga escala en el bioma – es una de las más violentas en el proceso de ocupación de la región por el agronegocio en los últimos 50 años. Uno de los principales componentes de la apertura de la frontera agrícola (al lado de la actividad maderera y de la pecuaria extensiva) en la transición de la producción de commodities del Centro-Oeste para el Norte del país, en el territorio que comprende la Amazonia Legal, el área de soja alcanzó 8,16 millones de hectáreas en 2012,[18] con predominancia de los estados de Mato Grosso, Pará, Maranhão y Rondônia.
No discutiremos los detalles de los impactos ambientales del cultivo de soja en la Amazonia – deforestación al nivel de las 3,4 millones de hectáreas hasta 2012, acorde al monitoreo de las entidades que han firmado la llamada Moratoria de la Soja[19] –, tampoco el uso y contaminación récord de agrotóxicos. No examinaremos el significado de la predominancia de multinacionales como Cargill, Bunge y ADM en el sector y sus crecientes inversiones en la expansión de la cultura y en infraestructura de flujo de producción; no nos atendremos a la descripción de conflictos agrarios – a ejemplo de los 20 asesinatos de trabajadores rurales en la región de expansión de la soja en Rondônia, contabilizados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en el informe sobre violencias en el campo en 2015 -, o de la ocurrencia de trabajo esclavo, a pesar de la disminución de cerca de 60% de demanda de mano de obra en el cultivo de soja después de la mecanización de la actividad. Buscaremos entender como, más allá de las rejas de las haciendas, el complejo agroexportador de soja está reconfigurando el territorio amazónico de manera más profunda a través de las inversiones en infraestructura.
Como ya se ha mencionado, el Consenso de las Commodities impulsó las economías primario-exportadoras latinoamericanas en la última década a partir de los altos precios practicados en el mercado internacional y, en especial, debido a la creciente demanda china. Y, a pesar de la desaceleración de la economía mundial en los últimos años, en el primer semestre de 2015, por ejemplo, el complejo de la soja (granos, harina y aceite) respondió por 16% de las exportaciones brasileñas, aun con la caída de aproximadamente 30% en los precios relativos a 2014[20]. Ese factor ha fortalecido una demanda antigua del sector mirando hacia un reordenamiento radical de los espacios que separan las cosechadoras del mercado consumidor final europeo o asiático: la planificación infraestructural para abaratar los costes de flujo de producción, y en tal proporción que merece la pena volver al primer párrafo de este texto y a las tonterías sobre el complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en Pará.

El terminal de granos de la multinacional Cargill en el río Tapajós, en Santarém, Pará, que funcionó mucho tiempo sin licencia ambiental

La cuenca del Tapajós, que abarca los ríos Tapajós, Teles Pires y Jamanxim, territorio de más de 200 mil indígenas Munduruku, Apiaká, Cayabi, Borari, Arapiun, Arara Vermelha, Jaraqui, Kumaruara, Tapajós, Tapuia, Uupaiú, Maytapu, Cara Preta y Tupinambá, ha sido designado por el gobierno brasileño para acoger la próxima etapa de una mega planificación energética en la Amazonia, iniciada con la construcción de las usinas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, en el Río Madeira (RO), y Belo Monte, en Xingu (PA). Acorde al Plan Decenal de Expansión de Energía (PDE) 2023, está prevista la construcción de siete usinas en los ríos Tapajós y su afluente Jamanxim hasta 2021, además de otras dos en Teles Pires, con el objetivo de asegurar la provisión de energía para un pretendido crecimiento económico de Brasil de 4,3% al año.
A par y paso con la lectura de que la expectativa de crecimiento que empuja la planificación energética del PDE es fantasiosa, dada la profunda crisis económica y política que afecta al país, una serie de otros elementos constituyentes del proyecto infraestructural en el cauce del Tapajós señala que no es la seguridad energética su objetivo final: interdependiente del complejo hidroeléctrico, están previstas la construcción de una hidrovía en los cursos de los ríos Tapajós y Teles Pires y de cuatro esclusas (que permitirán la navegación de grandes embarcaciones) en Tapajós y seis en Teles Pires, como parte del llamado Arco Norte, proyecto de inversiones en las rutas de flujo de producción de commodities que engloba a los puertos de Itacoatiara (AM), Santarém (PA), Vila do Conde (PA), Itaqui (MA), Salvador e Ilhéus (BA), la pavimentación de la BR 163 (que une Mato Grosso al puerto de Santarém, en Pará), el Ferrocarril Norte-Sur (que cortará los estados de Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), el Ferrocarril Paraense (que une el sur y sudeste de Pará al norte del Estado), la Ferrogrão (que estará paralela a la Autopista BR 163), y la hidrovía del río Tocantins (que posibilita su navegación y del río Araguaia a partir del término de la esclusa de la hidroeléctrica de Tucuruí). Si se terminan esos proyectos, estima la Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria (CNA), habría una reducción alrededor de un 30% de los costes de flujo de producción y un aumento de 10% a 20% de los lucros para el sector.[21]

Los ferrocariles en Maranhão atraviesan y afectan profundamente a comunidades y poblados

Aquí es importante observar que, en el cálculo del agronegocio, más allá de la disminución de los costes de exportación, los proyectos infraestructurales en el Norte del país también abren terreno para la expansión de cultivos sobre nuevos territorios, como se entiende del comentario del vocero de la Terminal Granelera de Maranhão, en el puerto de Itaqui, Luiz Cláudio Santos: “Se estima que existan más de 5 millones de hectáreas disponibles en esas regiones para la producción de granos y la llegada de este importante puerto posibilita dicho crecimiento, pues la principal dificultad para la producción de nuevas áreas es la infraestructura portuaria. Recordando que este proyecto era un sueño antiguo de todos los que están involucrados en la cadena del agronegocio de la región Norte de Brasil”[22].
Sueño para algunos, pesadilla para otros. La expansión de la soja en la región de Santarém, por ejemplo, donde se ubica el más grande puerto granelero de Cargill y gran parte de la producción financiada por la multinacional, ha sido uno de los principales factores de conflictos agrarios en la última década. Acorde al informe difundido por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en 2010, “más de 500 familias dejaron sus tierras para darle lugar a los campos de soja. En menos de cinco años, comunidades enteras se volvieron propiedad de productores de soja, mientras que otras han tenido una disminución drástica en su población”.[23] Según la CPT, Pará registró 645 muertes por conflictos en el campo entre 1985 y 2013 (solamente entre 2005 y 2013 fueron 118 casos). El número es casi cinco veces más de lo que ha registrado en el segundo estado en el ranking de asesinatos por cuestiones agrarias, Maranhão, con 138 casos en el mismo periodo. Según el abogado de la organización, José Batista Afonso, la mayoría absoluta de los casos tienen relación directa con la expansión de la soja y de la pecuaria sobre los territorios tradicionales.
La colaboración infraestructura-expansión de la producción agropecuaria y maderera también ha sido directamente responsable por los mayores índices de deforestación en la Amazonia, principalmente en relación a la apertura y pavimentación de autopistas. Acorde al estudio Roads, Deforestation and the Mitigating Effect of Protected Areas in the Amazon, publicado en 2014 por la revista Biological Conversation, 95% de la deforestación en la región se da a 5,5 km de carreteras – entre oficiales y clandestinas.  En ese sentido, la región de la carretera BR-163 es, según el estudio del Instituto Socioambiental, el principal punto de deforestación en la Amazonia en la última década. Ese diagnóstico se confirma en el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sobre el estado de la biodiversidad en Latinoamérica y en Caribe, difundido en mayo de 2016, que señala la ecorregión entre los ríos Xingu y Tapajós, en Pará, como la tercera área con más deforestación en el periodo reciente.[24]
 

Las reacciones
A pesar de la caída de precios de las commodities (como metales, petróleo y granos) en los últimos dos años, y de la desaceleración del crecimiento chino y de su demanda por bienes primarios, en Brasil la reacción vino en forma de intensificación de la producción para compensar los bajos precios con el aumento de volumen y cortes en medidas socio ambientales, manteniendo estables los márgenes de lucro. En ese sentido, avanzan en el Congreso Nacional propuestas que buscan desde la extinción de los mecanismos de otorga de licencias ambientales para grandes obras hasta la liberación de la minería o explotación agrícola en territorios indígenas y otras áreas protegidas, en la lógica de que no se puede seguir consintiendo a los pueblos indígenas el mantenimiento de su vida cuando se asienta y se desarrolla en tierras y bienes naturales convertibles en lucro financiero, «crecimiento» o «desarrollo»[25].
Sin embargo, ese proyecto ha provocado un nuevo ciclo de luchas sociales en los territorios, y muchas ya no se configuran a partir del marxismo revolucionario clásico, pero acorde a las cosmovisiones y a los deseos de las comunidades. O sea, a partir de reflexiones sobre un futuro diverso que desafía el axioma del «desarrollo» como único futuro posible, formulado por Harry Truman en el postguerra en 1949. Grandes luchas de resistencia, como la de los indígenas Munduruku contra el complejo hidroeléctrico en el río Tapajós, o de los Guarani y Kaiowá en Mato Grosso do Sul por los territorios usurpados por el agronegocio de soja, de caña de azúcar y pecuario, tienen como fuerza motriz la interiorización de factores espirituales que recurren a las ascendencias como puntos de partida y llegada.

Mujeres munduruku mapeando amenazas a su territorio en el pueblo Jacaré Velho, Jacareacanga, Pará

Así, no parece raro que, en audiencia sobre los impactos de las usinas en Tapajós con autoridades del gobierno federal en la capital Brasilia, en 2015, un líder Munduruku se puso a relatar la leyenda de como la abuela del niño Karo Ebak le regaló a la etnia, en tiempos antiguos, la tierra negra[26]; y porque hoy la tierra negra, encontrada en todo el territorio Munduruku, es la prueba de la pertenencia ancestral de la etnia a ese territorio. Es parte de un mundo en el que quieren vivir y donde no cabe la modernidad blanca, o pariwat. “Haber estado siempre y siempre seguir estando, pero no así; de otra manera” es la base de lo que quieren los Munduruku.(...)

En consecuencia, el acaparamiento de fundamentales e inmensos territorios que el capitalismo convierte en tierras para súper negocios de corto plazo y concreta a través de etnocidios, es garantizado tanto por gobiernos progresistas como por neoliberales a través de militarizar esa ocupación económico territorial.

 

enred_sinfronteras@riseup.net

 

México: Refuerzan represión creando

la “policía minera” en plena “4T”

11 de octubre de 2020

Zósimo Camacho 

octubre 8, 2020

Una de las últimas travesuras de Alfonso Durazo Montaño al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) –antes de irse a buscar el gobierno de Sonora– es la creación de la “policía minera”. El 28 de septiembre pasado encabezó la ceremonia con que se graduó la primera generación de esta nueva policía de elite: 118 elementos que se “especializaron” en dar seguridad a los polémicos consorcios que se encuentran en permanente conflicto con comunidades indígenas y campesinas de todo el país.

 

¿O no debemos atribuir a la cabeza del sector tal trastada sino al titular de la corporación específica de la que emana el nuevo cuerpo policiaco? Nos referimos al licenciado en administración de empresas por la Universidad del Noroeste Manuel de Jesús Espino Barrientos, mejor conocido como Manuel Espino, comisionado del Servicio de Protección Federal (SPF).

Sí, estamos hablando de la, probablemente, personificación más clara de las contradicciones de la 4T: un expresidente del Partido Acción Nacional (PAN); expresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América; exintegrante de organizaciones como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y, según investigaciones del periodista Álvaro Delgado, de la Organización Nacional del Yunque; militante hasta la fecha de otras igualmente de la derecha y ultraderecha mexicanas como la Asociación de Scouts de México y Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC). Además, férreo activista contra los derechos de las (consideradas por él) “antinaturales” parejas del mismo sexo y contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Pero no vayamos a pensar que se trata de un conservador, ¿verdad? Cómo podría serlo si hoy es integrante del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y funcionario del “juarista” gobierno de México que impulsa la “Cuarta Transformación”. Vaya, hasta se le puso al frente de uno de los órganos administrativos desconcentrados más importantes de la seguridad pública: el que se encarga de la protección de todas las instalaciones federales. En sus manos está el control de los edificios gubernamentales y las plantas estratégicas del país.

Pues bien, de la corporación que dirige Manuel Espino salen los elementos que ahora conforman la “policía minera”. Algunas maniobras habrán hecho Durazo y Espino para convencer al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de utilizar a una institución de seguridad pública para beneficiar los intereses privados de los empresarios mineros.

De hecho, el artículo 3 del Reglamento de Protección Federal señala que “El Servicio de Protección Federal tiene a su cargo la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los órganos de carácter federal de los Poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten”.

Y continúa, en un segundo párrafo, como estirado paraguas para la creación de Durazo-Espino: “Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de instalaciones estratégicas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y prestar servicios a personas físicas o morales cuando se requiera preservar la seguridad de bienes nacionales, de actividades concesionadas o permisionadas por el Estado, u otras que por su condición, relevancia o trascendencia de sus actividades, contribuyan al desarrollo nacional, así como a representaciones de gobiernos extranjeros en territorio nacional, de conformidad con los lineamientos generales que al efecto establezca la Secretaría de Gobernación”.

Ni cuando el PAN gobernaba formalmente recibieron tal regalo los consorcios mineros. Ya no será necesario que paguen guardias blancas como hasta ahora. Contarán con protección a cargo del erario. La nueva corporación fue creada al gusto de las cámaras industriales.

Falta por ver qué protocolo aplicarán ante las disputas que mineras y comunidades sostienen a lo largo de la geografía mexicana. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina documenta 55 conflictos activos en México.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) no da crédito que se le premie con una policía de elite a un sector que “despoja, deforesta, no paga impuestos, incumple contratos con los campesinos e indígenas, viola resoluciones judiciales, está involucrado en la violencia, crímenes como el de Mariano Abarca o Bernardo Vázquez, contamina irremediablemente cuencas como el río Sonora en total impunidad, deja población enferma, fulmina los suelos, no aporta a la economía local más que miseria y pobreza”.

Durazo sabe a qué juega. Quiere ser gobernador del estado de la República más “minero”. Sonora es el principal productor de cobre, grafito, wollastonita, carbón antracítico y el único productor de molibdeno en todo el país. Sólo en esta entidad se extrae el 24 por ciento de todo el oro que produce la nación. Cuenta con los yacimientos de litio más grandes del mundo. También produce de manera importante plata, fierro y minerales no metálicos como barita, silica, yeso, sal y zeolitas.

Sonora, de acuerdo con información del gobierno del estado, tiene concesionado a la industria minera el 23 por ciento de la superficie total de la entidad. Se trata de  43 mil kilómetros cuadrados en 5 mil proyectos. Tal extensión de tierra es mayor que la suma de la superficie de los estados de Querétaro, Aguascalientes, Colima, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México.

Vaya que Durazo, como inminente candidato, llegará con buenas credenciales ante los que mandan en el estado… Mientras, la 4T oficializa e institucionaliza las guardias blancas, aquellos grupos armados al servicio de mineros y hacendados en la Colonia y el porfiriato. ¿Pues no que este gobierno sabe mucho de historia?

Fragmentos

Los zapatistas sacudirán Europa. Romperán el cerco del país y en pleno aniversario 500 de la caída de México-Tenochtitlan y el inicio de la Colonia española en América estarán en suelo europeo. Van a decirles que ellos no fueron conquistados por la Corona Española: resistieron y resisten. Su rebeldía se mantiene. Van reconocer a sus iguales en aquellas geografías que también padecen explotación. Otro movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) que, sin violencia de por medio, cuestionan frontalmente al sistema capitalista y a la “4T”. 

En su comunicado “Una montaña en altamar” (http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/05/sexta-parte-una-montana-en-alta-mar/) también informan de los estragos de la pandemia de Covid-19 en las filas zapatistas. Reportan 12 muertes atribuidas al SARS-Cov-2. Antes que muchos gobiernos, tomaron con seriedad la enfermedad: “Estas 12 ausencias son responsabilidad nuestra.  No son culpa de la 4T o de la oposición, de neoliberales o neoconservadores, de chairos o fifís, de conspiraciones o complots. Pensamos que debimos haber extremado más todavía las precauciones”. Hoy ya se prepararan, con la asesoría de médicos y científicos, para enfrentar un posible rebrote… Y en Nayarit, toda la fuerza del estado contra un trabajador y líder obrero. El secretario general del Sitem (Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios, Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal y Empresas Privadas del Estado de Nayarit), José Antonio Bautista Crespo, fue aprehendido desde el pasado 2 de octubre por haber encabezado las protestas contra la Embotelladora del Nayar-Coca Cola. Ministerio público y Poder Judicial estatal han retorcido la ley para mantenerlo en prisión por supuestas infracciones que no ameritarían cárcel. Incluso se le negó la libertad bajo fianza. Los trabajadores protestaban porque no se les habían pagado sus salarios. 

¿A qué se debe tanta saña? Resulta que la embotelladora es parte del Grupo Alica, del cual es dueña la familia del gobernador, Antonio Echevarría García. El panista se comporta como virrey en su estado. Es un ejemplo grotesco del cacicazgo colonial en pleno sigo XXI. Toño Bautista debe estar libre.

 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/10/08/nace-la-policia-minera-en-plena-4t/

 

CENCOALT  Centro de Comunicación Alternativa

https://www.facebook.com/Cencoalt-291604067620258/

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Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2020/10/11/mexico-refuerzan-represion-creando-la-policia-minera-en-plena-4t/

 

 

 

 Observamos que, como en México, el gobierno progresista de les Fernández continúa y profundiza no sólo los extractivismos sino también el autoritarismo y militarización de la expoliación. Pero es insuficiente para caracterizar  la actualidad del Abya Yala referencias nacionales y como hemos visto con respecto a planificación de incendios para acabar con bosques y selvas,  Colombia prueba hacia dónde avanza la imposición de la acumulación gran capitalista sea como sea. En efecto, lo analizado por Renán Vega Cantor en su país anticipa cómo el capitalismo e imperialismo programa mantenernos sometidos al saqueo y envenenamiento. Que lo prueba no sólo la vigencia del Plan Colombia y la IIRSA sino también el nuevo concepto de seguridad hemisférica de la OEA Leer que Néstor Kirchner comenzó su puesta en práctica a fines del 2003, no bien se formuló.

 

 

 

 

enred_sinfronteras@riseup.net

 

Seguridad contrainsurgente y

construcción del enemigo interno

27 de octubre de 2020

Por Renán Vega Cantor (Rebelión)

El 21 de octubre se realizó un Conversatorio sobre el tema de Seguridad y Defensa en Colombia. Concepciones y desafíos, que convocó la Comisión de la Verdad. Con antelación se nos enviaron seis preguntas (en realidad eran más, porque algunas de ellas tenían otras preguntas incorporadas). Desde el momento en que recibí las preguntas consideré que eran demasiadas y no habría ocasión de afrontarlas con profundidad por el poco tiempo disponible y por el número de personas que íbamos a participar en el Conversatorio. Y en efecto eso fue lo que aconteció, porque además de los cinco foristas que participamos, intervinieron otras personas (aunque en forma breve y puntual), con lo que el tiempo y las posibilidades de argumentar se redujeron en forma significativa.

De todas formas, yo escribí las respuestas, pensando en la brevedad de tiempo y el público general que participaba en la convocatoria, por lo que empleo un lenguaje coloquial y directo.

No se alcanzaron a afrontar todos los temas que se proponían en las preguntas y solamente se abordaron unos pocos. Dado que pensé con cuidado lo que iba a responder, decidí escribirlo como texto orientador y eso es lo que hoy ofrezco a los lectores interesados.  

Enfatizo en la construcción del enemigo interno como lógica contrainsurgente de larga duración en Colombia, porque ese fue el asunto que se me pidió en forma expresa que resaltara en el Conversatorio mencionado.

¿Cómo se entiende la seguridad en Colombia y cuál es su relación con la democracia?

La pregunta que habría que hacer a esta pregunta es de ¿quiénes se está hablando, cuando se nombra la relación entre seguridad y democracia? Si estamos hablando desde la lógica del bloque de poder contrainsurgente (formado por el Estado, las clases dominantes, las altas jerarquías de la iglesia católica, los gremios económicos y los medios de desinformación) que se ha construido en este país en los últimos 70 años tenemos un tipo de respuesta, en la cual existe una relación estrecha entre una forma de entender la seguridad (considerada como seguridad nacional, confeccionada en Estados Unidos) para defender los intereses de ese bloque de poder contrainsurgente y para ellos la democracia se reduce, cuando mucho a unas elecciones periódicas, en las que se escoja al representante de ese bloque de poder que va a ejercer la presidencia de la República.

Si, por el contrario, nos situamos en la perspectiva de las grandes mayorías sociales para las cuales la democracia no debería reducirse a un ritual electoral, sino a una forma sustancial de entender la sociedad, en la que la desigualdad no sea lo dominante, haya justicia, empleo, respeto a las libertades individuales y colectivas y no se persiga y mate a la gente por pensar distinto y tener otro proyecto de mundo y de sociedad. En ese caso se tiene otra idea de seguridad, referida a la garantía de esos derechos, para que puedan ejercerse realmente y no queden en el papel. De qué sirve, por ejemplo, hablar de Estado social de derecho y de “tradición democrática” si somos uno de los países más desiguales del mundo, en donde se asesinaron a 3000 dirigentes sindicales en los últimos 35 años, se exterminaron movimientos políticos y mataron a miles de sus militantes (UP, A luchar, Frente Popular, ahora el Partido de la Rosa), si somos el primer país del mundo en asesinato de ambientalistas, el segundo en asesinato de profesores, durante mucho tiempo el primer país del planeta en desplazamiento forzado de población. Un país donde el racismo, el clasismo, el sexismo son pan cotidiano, como se demuestra a diario, para no ir más lejos con el trato dado en estos momentos a la Minga indígena y popular. Y todavía se repite la mentira de que somos un país que una gran tradición democrática, cuando la democracia colombiana, como lo dijo el político liberal Darío Echandía “es como un orangután en Sacoleva”.

¿A partir de qué modelos se han diseñado históricamente las políticas de seguridad y defensa en Colombia?

Dos modelos, uno informal, y otro formal, que corresponden a dos épocas diferentes. Y aquí voy a presentar un punto de vista heterodoxo que puede escandalizar a los “expertos en seguridad”.

Un primer modelo, el impuesto durante la República Conservadora (1886-1930), tutelado por un poder extranjero: El Vaticano. Este modelo no tenía doctrina militar específica (que se llamara así de Seguridad), ni instructores militares, ni ejércitos en Italia, a donde se prepararan los policías y militares colombianos. Pero si irradiaba un dominio ideológico, cultural y simbólico de gran alcance que se transmitía a través de diversos sectores del Partido Conservador, y principalmente las jerarquías católicas, que tenían presencia nacional y controlaban en forma férrea la educación, los territorios nacionales con la “Reducción de salvajes”, manejaban prensa, y ejercían poder local en las parroquias y veredas. (en virtud del Concordato de 1887).

Los lineamientos venían directamente desde el Vaticano, a través de las encíclicas papales, en las que periódicamente se señalaban los enemigos de la iglesia católica, que se renovaban con relación a las grandes luchas sociales que se vivían en Europa. Las encíclicas las asimilan los obispos y las difunden con un mensaje de odio hacia el liberalismo (la revolución francesa) y lo que fuera considerado comunista o socialista y luego circulan por el país a través de los curas de parroquia, y llegan hasta los lugares más distantes y recónditos.

Esta concepción de seguridad reposa en la idea de fundar un orden teocrático, basado en la máxima Dios y Patria ‒que sigue siendo el lema de la Policía colombiana‒ que en lugar de formar ciudadanos moldea buenos cristianos, sumisos, obedientes, serviles, intolerantes, sectarios, autoritarios, machistas, antiliberales y anticomunistas. Esto hace que la iglesia católica como cancerbera de dicho orden teocrático imponga una noción clerical de seguridad dentro del país, que supone el control de lo que hace y piensa la gente. La iglesia católica controla desde el nacimiento hasta la muerte, tiene el monopolio del bautismo y de los cementerios y logró que durante cincuenta años no existiera otra forma de identificación que no fuera la Partida de Bautismo. Por eso, se va a oponer con saña a la expedición de la cedula de ciudadanía en 1936, y para rechazar ese documento (un reconocimiento elemental de derechos civiles) se alía con el partido conservador para que no se toquen sus privilegios de control de los cuerpos y las mentes. La Violencia de las décadas de 1940-1950 de alguna forma está relacionada con la negación de un derecho civil, que deja de ser un monopolio de la iglesia católica y los ciudadanos puedan tener un documento de identidad expedido por el Estado y no queden a merced de una corporación privada, como es la iglesia católica. Este saboteo al reconocimiento de un elemental derecho civil fue encabezado por Laureano Gómez, ese promotor de odio y de muerte, que se expresaba en la consigna falaz de que el “liberalismo tenía 1,800.000 cedulas falsas”.

De allí surge la doctrina de seguridad que el poder conservador y clerical tenía que enfrentar a sus numerosos y diabólicos enemigos, empezando por el Partido Liberal y poco después a todo lo que se involucraba con el vocablo gaseoso de comunismo.  Las implicaciones militares de esa concepción de seguridad se materializaron en las últimas guerras civiles del siglo XIX que asolaron al país, principalmente la más sangrienta y prolongada, la de los Mil Días (1899-1902), en donde se demostró lo que implicaban las enseñanzas clericales sobre la seguridad, que era la del partido conservador y la iglesia católica. Sus palabras de odio y muerte salieron de la boca santificada de Ezequiel Moreno, Obispo de Pasto, nacido en España, quien afirmó que “matar liberales no era pecado”.  Decía este mismo personaje en 1897: “No es posible la conciliación entre Jesucristo y el diablo, entre la Iglesia y sus enemigos, entre catolicismo y liberalismo. No; seamos firmes: nada de conciliación; nada de transacción vedada e imposible. O catolicismo, o liberalismo. No es posible la conciliación”[1].

Ahí está la esencia de esa doctrina de seguridad nacional, la que se corresponde con la defensa de los intereses del partido conservador y la iglesia católica. Quienes los criticaran y los cuestionaran eran enemigos de la nacionalidad católica, apostólica y romana y debían ser perseguidos, encarcelados o asesinados. Como las fuerzas militares y de policía eran conservadoras en su mayoría, a esas fuerzas también se trasladaba la lógica de que liberales y comunistas eran enemigos que había que combatir y exterminar como bacilos, enfermedades o plagas.

Señalemos un ejemplo. En un documento de 1932, que se encuentra en el AGN de 1932, el gobernador de Caldas transcribe las palabras del cura párroco de Mocatán, cuyos dichos llenos de “fraternidad cristiana” son de este tenor: “Es necesario negarles el agua y el pan a los liberales”; “es mejor ser asesino, es menor pecado clavarle un puñal a la madre que ser liberal”; “las mujeres de los liberales son iguales a las prostitutas. Es menos pecado ser adultera que ser mujer de un liberal”; “las leyes humanas castigan el robo, pero ante Dios no es pecado robar y si es pecado ser liberal”[2]. Esta lógica es trasladada a los comunistas y socialistas, con el mismo tipo de vocabulario, como lo han documentado diversas investigaciones. En esa dirección en 1949, Ernesto Reyes sacerdote de la Diócesis de Tunja aseguraba que el comunismo es “una lepra galopante y le declaraba la guerra a muerte”[3].

Y el segundo modelo, el de 1945 en adelante, tutelado por otro poder extranjero, los Estados Unidos, se instaura durante el período de la hegemonía conservadora y la dictadura militar (1946-1957) y traza los lineamientos básicos de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta preserva de la fase anterior por lo menos cuatro aspectos: la contrainsurgencia, el anticomunismo, el miedo al pueblo y el miedo a la democracia. Estados Unidos se convierte en el formador de la mentalidad castrense (militar y policial) desde entonces hasta el día de hoy. Un momento clave de la instauración de esa doctrina se da en el período señalado, cuando las clases dominantes de este país se pliegan de manera incondicional a los Estados Unidos, incluyendo el plano militar. Las consecuencias de eso son bien conocidas y tienen que ver con los modelos de represión que se imponen en el país, entre los cuales están la persecución a todos los que son catalogados de comunistas y subversivos (trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesores, defensores de derechos humanos…). El trato militar y represivo a cualquier protesta, por justa y legitima que sea, la oposición a cualquier reforma real de la estructura económica y política del país, el aprendizaje de métodos de tortura que son enseñados en los manuales de guerra de Estados Unidos, que son traducidos y adaptados por las fuerzas armadas de Colombia, la creación de grupos paramilitares para combatir a lo que se denomina el “enemigo comunista”. Todo eso se da durante el Frente Nacional y se proyecta hasta el día de hoy, porque hay que decirlo en Colombia la guerra fría nunca ha terminado.

En resumen, en materia de la seguridad contrainsurgente y la construcción del enemigo interno, se “evolucionó” sustancialmente: mientras en la primera época de la seguridad vaticana matar liberales y comunistas no es pecado, en la segunda de estirpe estadounidense matar comunistas no es delito.

¿Qué sujetos han sido considerados como amenazas o enemigos de la seguridad nacional? ¿por qué?, ¿De qué manera ha influenciado la vida social, política y cultural de la sociedad colombiana la configuración de enemigos de la seguridad nacional?

Todos los sectores populares y quienes pudieran presentarse como sus voceros son concebidos como enemigos, siendo el típico miedo al pueblo y miedo a la democracia. Los primeros que entraron en la lista de enemigos fueron, por supuesto, los indígenas y la población negra, desde la misma conquista y eso se amplió y se reforzó durante todo el período republicano, y se proyecta hasta el presente (como lo podemos ver con la Minga). La Regeneración los considero menores de edad, salvajes, y dispuso su reducción por las misiones católicas, que se repartieron el país como un ponqué. En cuanto a la población negra, los esclavistas caucanos se negaron a la abolición de la esclavitud y organizaron una guerra civil en 1851 para oponerse a la misma. Entre esos traficantes de carne humana se encontraba la familia Arboleda que después seguiría explotando a los negros como agregados en las haciendas. Uno de eso prohombres era Sergio Arboleda, cuyo nombre hoy ostenta una universidad, en la misma que se graduaron Iván Duque y otros funcionarios del gobierno actual.

Luego, después de 1918 los trabajadores, sus movilizaciones, luchas, reivindicaciones. Con ellos se formularon desde el año mencionado afirmaciones de odio, provenientes de diversos sectores (empresarios nacionales y extranjeros, jerarquías católicas, prensa). Ese odio se expresó en diversas masacres, entre ellos vale recordar la del 16 de marzo de 1919 (a sastres y artesanos), la de 1928, las bananeras, la del 23 de febrero de 1963, el asesinato de nueve dirigentes sindicales durante el paro nacional estatal de 1998, entre ellos el de Jorge Ortega, vicepresidente de la CUT. En la visión contrainsurgente que domina en Colombia, ninguno de esas eran acciones legitimas, que tenían que ver con las reivindicaciones de los trabajadores, con mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, sino que eran planes bolcheviques, subversivos, de comunistas enemigos de la patria.

Desde la década de 1920, con las movilizaciones agrarias, se demoniza a los campesinos y pequeños propietarios y se coloca como estigma, que podía y puede conducir a la muerte, la lucha por la propiedad de la tierra para quienes la trabajan. Nunca se realizó una reforma agraria de verdad y las veces que se plantearon tímidos intentos, vino la reacción y revancha terrateniente, aupada por la iglesia, el partido conservador e importantes sectores del partido liberal, con miles de campesinos muertos y expulsados de sus tierras.

Los sectores urbanos pobres fueron considerados como enemigos a liquidar después del 9 de abril, aunque existieran manifestaciones anteriores. Pero fue ese día cuando se convirtieron en carne de cañón para las fuerzas represivas del régimen conservador, que dejo solo en las calles de Bogotá unos 5000 muertos. De ahí surge el epíteto despectivo de “chusma nueveabrileña”. Un escritor conservador de la época, Pedro Nel Giraldo, los catalogó como “negros, indios, mulatos y mestizos, rencorosos, vengativos, hombres de palo y cuchillos, defraudados, frustrados y ambiciosos”[4].

Los estudiantes fueron convertidos en enemigos desde 1954, con la masacre del 8 y 9 de junio.

Los profesores universitarios después del 9 de abril, cuando fueron perseguidos intelectuales colombianos y extranjeros en la Universidad Nacional y en La Escuela Normal Superior. Y los profesores de primaria y bachillerado desde la década de 1960, a raíz de importantes luchas y movilizaciones en todo el país.

Y, en general, desde finales de la década de 1950 se amplía la noción del “enemigo interno” hasta incluir a la mayor parte de la población civil, a los que empezó a denominarse “guerrilleros de civil”, “guerrilleros sin armas”, “cómplices de la subversión”, “terroristas sin armas”, “brazo desarmado de la subversión”, “población civil insurgente”, en los que se incluyen  a sindicatos, asociaciones agrarias, movimientos reivindicativos de toda índole. Eso se define en el libro del francés Roger Trinquier (uno de los “grandes torturadores galos”),  titulado La Guerra Moderna y la lucha contra las guerrillas, que el ejército colombiano traduce en 1963 y donde se dice: “En la guerra moderna es difícil de definir el […] límite entre amigos y enemigos [que] está en el seno mismo de la nación, en una misma ciudad, y algunas veces dentro de la misma familia […] Todo individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo debe ser considerado traidor y tratado como tal”[5]

Esto conduce directamente a las campañas cívico-militares y a los crímenes de Estado, presentados con el eufemismo de “falsos positivos”, como resultado de lo cual han sido asesinados miles de colombianos desde la década de 1960, aunque esos asesinatos se hayan reforzado en el período 2002-2010, por una directriz del Ministerio de Defensa, en 2005, cuyo documento está a la vista de todos, en la que se pagaba con dinero y otras prebendas la muerte de los enemigos, en una clara muestra de imposición de la pena de muerte, cotizar la vida humana a un vil precio y medir el éxito militar en litros de sangre[6].

Enemigos son todos los jóvenes humildes y pobres, y a ellos se les persigue y mata y para justificar su muerte se afirma que no son mansas palomas que estaban recogiendo café, como lo dijo el principal responsable de esos crímenes de Estado, bautizados con el eufemismo benigno de Falsos Positivos.

La idea de incluir como enemigos a gran parte de la población civil, la planteó sin eufemismos el general Rafael Samudio Molina, Ministro de Defensa, en su informe al congreso del período 1987-1988: “La subversión actúa en los campos políticos, económicos, educativos, sindical y armado, con propósitos bien definidos […] los grupos subversivos actúan simultáneamente en zonas urbanas y rurales, desarrollan actividad militar paralela a la acción política y utilizan la estrategia de convergencia en los campos político, social, laboral, educativo, judicial y armado”[7].

En el Manual de instrucciones generales para operaciones guerrilleras del Ejército, de 1979, se clasificó a la población civil en tres categorías: la que apoya al ejército (listas blancas), la que apoya a los grupos subversivos (listas negras), y la que tiene una imposición indefinida respecto a los dos bandos en conflictos (listas grises). A partir de allí se planteaba este procedimiento: una acción primordial con boletos (amenazas de muerte) al personal de la lista gris y de la lista negra, para obligarlos a abandonar la región o el país, o abandonar sus posiciones políticas. Y se agrega en ese Manual que la guerra revolucionaria se expresa en “paros y huelgas” y en “la motivación y organización de grupos humanos por la lucha revolucionaria, estudiantado, obrerismo, empleados de servicios públicos, etc.”[8].

Otro elemento, directamente relacionado con los Estados Unidos, en la construcción de un enemigo interno, es el de la supuesta “guerra contra las drogas”, en la cual se califica como peligrosos terroristas a los miles de campesinos cocaleros, a los que el estado ha declarado como enemigos, y contra los cuales viene librando desde hace varias décadas una campaña de criminalización, persecución y exterminio, como se pone de presente con el uso de glifosato, que se quiere volver a usar de acuerdo a los mandatos de Donald Trump.

Entre quienes han contribuido a construir esta imagen del enemigo interno se pueden señalar: las jerarquías de la iglesia católica, los empresarios del campo y la ciudad (grandes propietarios, ganaderos, industriales, comerciantes y sus gremios económicos), la prensa (escrita, radial y televisiva), Estados Unidos, importantes políticos liberales y conservadores o sus derivados y, por supuesto, el Estado colombiano y sus diversos órganos (ejecutivo, legislativo y judicial). Por eso, cuando se habla de la doctrina de seguridad nacional hay que remitirse al bloque de poder contrainsurgente, en el que están involucrados los sectores mencionados, todos funcionales y entrelazados. Al respecto, solo un ejemplo. En 1976 el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal decía: “No es lícito para ningún católico o simple ciudadano de buena fe y voluntad votar por las listas de quienes por principio, objetivos, formas de lucha o alianzas, sostienen doctrinas o políticas marxistas de cualquier tendencia o grado que sea”[9].

Y en cuanto a la otra parte de la pregunta. ¿Por qué se construye un enemigo interno? La respuesta no es difícil de encontrar, y está en la configuración de una sociedad desigual, injusta y antidemocrática y para mantenerla se requiere generar la idea de que la propiedad y la riqueza se deben defender a sangre y fuego y quienes las cuestionen son enemigos que deben ser eliminados, porque son antipatriotas y representan intereses foráneos que conspiran contra la supuesta colombianidad que los dueños del país encarnarían.

Y, por último, ¿de qué manera ha influenciado la vida social, política y cultural de la sociedad colombiana la configuración de enemigos de la seguridad nacional?

Los impactos en el largo plazo son amplios. Se genera un ambiente de violencia generalizada, de persecución a quienes son señalados como enemigos, se entroniza la intolerancia, el odio como patrones de la vida cotidiana, que busca resolver los problemas mediante la fuerza física directa.

Se generaliza el fanatismo que se basa en la ignorancia y el odio, y lleva a que se considere la eliminación del que es diferente como normal, puesto que es mostrado como un virus que debe erradicarse.

Se justifica la formación de los grupos paramilitares, que hacen justicia por sus propios medios, a nombre de la defensa de los supuestos valores de patria y libertad que encarnarían ellos mismos y sus patrocinadores. Cuando se mata a un sindicalista, a un campesino, a un ambientalista… de labios para afuera muchos dicen en Colombia: “por algo será”, “algo habrá hecho”, “se lo merecía”, “quien lo manda…pensar, criticar, oponerse a los ricos” … Esta es la generalización de la impunidad, que se convierte en un nuevo sentido común, que justifica los supuestos valores de grandeza de los colombianos, que tenemos algo especial, un no sé qué, que nos diferencia de los otros países. Que el colombiano se distingue por su viveza, que si se da papaya hay que aprovecharla. Es una mezcla entre neoliberalismo y la lógica traqueta que se ha impuesto en la vida colombiana. Que se difunde además como un gran logro a través de los medios de comunicación, que ensalzan el enriquecimiento fácil, el todo vale, con tal de ser exitosos y triunfadores. Los exitosos pueden ser violentos y criminales pero el éxito y la riqueza ocultan y justifican ese ascenso, y eso es lo que representan Pablo Escobar y los uribeños.

No otra cosa se puede pedir, si desde las altas instancias del poder se exalta la violencia y el crimen, se premian a los que delinquen y se llama a la población a que repliquen esa conducta. Eso se comprueba en momentos críticos, tal como sucedió durante la masacre del 9 y 10 de septiembre, cuando el subpresidente se fue a un CAI (Centro de Asesinato Inmediato) y se disfrazó de policía, lo cual quería decir que legitimaba los lugares, las armas y, sobre todo, a la institución que perpetró una acción criminal contra colombianos humildes e indefensos, por el solo hecho de que se atrevieron a protestar con indignación por el asesinato de un colombiano, Javier Ordóñez, en el interior de un CAI.

¿Por qué desde la perspectiva de seguridad nacional se ha privilegiado la militarización de algunos territorios y procedimientos relacionados con la seguridad ciudadana?

Porque esa doctrina se basa en la lógica de la militarización de la vida interna de una sociedad y supone que cualquier problema que se presente no responde a causas que se origenen en el malestar que genera la desigualdad y la injusticia sino a acciones del “comunismo internacional”. Y a ese enemigo hay que enfrentarlo con instrumentos militares y paramilitares, como lo enseñaron sus maestros estadounidenses y en menor medida franceses. Esa una contrainsurgencia que abarca muchos aspectos, pero que refuerza el poder de lo militar y de la represión. El resultado está a la vista, Colombia es uno de los países más militarizados del mundo en su vida cotidiana. Tiene unas fuerzas armadas hipertrofiadas, con unos 450 mil miembros directos (sumando ejército y policía), sin contar los indirectos, que devora buena parte del presupuesto nacional. Se gasta más dinero en formar soldados que en preparar profesores, médicos o enfermeros.

No es que se militaricen solo unos territorios, son todos en el plano geográfico, pero peor aún es la militarización en el plano mental y cultural. De ver militares y policías a granel y a diario, nos han acostumbrado a su presencia permanente como si fueran parte natural del paisaje social. Se militarizan universidades, huelgas, movilizaciones, protestas y acciones populares.

Todo asunto o problema social se pretende solucionar con militarización, e incluso la presencia del Estado se reduce a ese componente militar, pero se dejan de lado las soluciones a las cuestiones de fondo de injusticia, desigualdad, pobreza, distribución de la propiedad territorial…

 

¿Cómo se relacionan las políticas de seguridad y defensa con el impulso estatal de proyectos agroindustriales y minero energéticos en algunos territorios?

Dentro de la guerra mundial por los recursos que está en marcha, Colombia ha vuelto a ser una economía minero-exportadora (una buena parte de sus ingresos en el comercio exterior provienen de la venta de carbón, petróleo, níquel, oro) y se anuncia con gran bombo nuestra conversión en un “país minero” (como Perú o Chile). En este contexto extractivista (recordemos que Colombia ya no es un país cafetero, y han existido momentos recientes en que incluso se ha tenido que comprar café en el exterior para abastecer el mercado interno). El Plan Colombia, entre otras cosas ha estado ligado a ese proyecto de limpiar el territorio para dejarlo libre a multinacionales y a algunos capitales nacionales (entrelazados y subordinados a esas multinacionales y a Estados Unidos) y como parte de esa limpieza del territorio, habitado por indígenas, campesinos, comunidades raizales, se ha extendido la militarización por el territorio nacional. Los batallones minero-energéticos son una expresión de ese hecho. Y hablamos de unos batallones que protegen los enclaves mineros y petroleros con una gran cantidad de personal militar destinado a ello: 70 mil soldados (algo así como un tercio de la fuerza militar). Para que ese proyecto extractivista sea posible se necesita ocupar militarmente el territorio (y despejarlo) a nombre de la seguridad inversionista. Eso se encubre con el sofisma de la “guerra contra las drogas”. Quienes se opongan van a ser sacados a las buenas o a las malas, porque no pueden ser enemigos del progreso, que beneficia a sectores minoritarios de la población. Presentar esa estrategia de control territorial como un asunto de la “guerra contra las drogas” permite que siga fluyendo la ayuda económica y militar de los Estados Unidos y que se use justamente en algo que beneficia a sus empresas: la inversión minero- energética. Y al mismo ritmo siguen fluyendo armas, asistencia militar, glifosato, odio y muerte. Todo eso para mantener lo que Germán Castro Caycedo denomina en un libro Nuestra guerra ajena.

¿Es necesaria una transformación de la doctrina militar en Colombia?, ¿Por qué? ¿Qué debería cambiar?

Por supuesto, si se quiere democratizar de verdad a la sociedad colombiana, hay que abandonar la doctrina contrainsurgente y anticomunista presente en las fuerzas armadas, debe reducirse su pie de fuerza, debe eliminarse el servicio militar obligatorio (que es de clase, excluyente), cesar los pactos con los Estados Unidos, dejar de enviar militares a la Escuela de las Américas (allí se instruyeron los responsables militares de los falsos positivos, por ejemplo). Que cese la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestro territorio, y se revele la documentación interna y externa sobre esos vínculos. Que se desclasifiquen los archivos de las fuerzas armadas y de las agencias de inteligencia del Estado.

La policía debe dejar de ser una fuerza militar y convertirse en una fuerza civil y abandone su lema de Dios y Patria. Tarde o temprano tendrá que asumirse el asunto de la legalización de las llamadas drogas ilícitas (cocaína, marihuana), por lo que representa en términos militares y represivos para este país, así como por sus elevados costos económicos y destrucción ambiental.

Para terminar, cómo no va a ser necesaria una transformación de la doctrina militar y de las fuerzas armadas, luego de conocer lo sucedido los días 9 y 10 de septiembre con la masacre perpetrada por la policía en Bogotá y Soacha, con un saldo trágico de 14 colombianos asesinados y decenas de heridos y detenidos. Como no se a requerir de una modificación de esa doctrina militar, luego de conocer la denuncia de la periodista Adriana Villegas Botero en La Patria del domingo anterior (18 de octubre de 2020), en el artículo “No es Broma, es violencia”. Ella presenció y escuchó lo que describe a continuación:

Hacia las 7:30 p.m. del lunes festivo un grupo del Batallón Ayacucho trotó 60 vueltas en una calle cerrada. Sé la cantidad porque al cruzar por un punto gritaban: “van 25, faltan 35”, y luego “van 26, faltan 34”. El espacio entre cada conteo lo llenaron con cantos en los que los reclutas repetían en coro lo que gritaba su jefe: su dragoneante, su cabo, su sargento, su teniente, su capitán, su mayor, su coronel, su general. Da igual.

El vecindario entero oyó al pelotón. Cantaron sobre los bigotes de Lucifer, matar delincuentes, la sed de sangre subversiva, la guerra, el betún de las botas, “sube sube guerrillero, que en la cima yo te espero con granadas y morteros”, “los hombres cuando ven un buen trasero” y “taca t ca taca taca taca taca ta”. Izquier, 2, 3, 4.

Un minuto antes de morir / Escuché la voz de mi novia / Que con voz de perra me decía /Si te mueres se lo doy al policía. Porque yo soy, ja, soy, ja, el vampiro negro / Yo nunca tuve madre, ni nunca la tendré / Si alguna vez yo tuve con mis manos la ahorqué. / Yo nunca tuve novia, ni nunca la tendré, / Si alguna vez yo tuve, los ojos le saqué[10].

Estas no son manzanas podridas, es el árbol completo que está irremediablemente descompuesto, por las doctrinas de odio y muerte Made in Usa y remarcadas por la contrainsurgencia nativa. Si eso no requiere ser cambiado, en qué tipo de país queremos que vivan nuestros hijos y con qué noción de seguridad, acaso la seguridad de las fosas comunes, de los asesinatos de Estado, del genocidio permanente,  de la violación de niñas indígenas, en una palabra, una seguridad simbolizada por los huesos y las calaveras que convoca a la población a honrar la muerte fratricida y el odio perpetuo.

 

[1]. Ezequiel Moreno, O catolicismo o liberalismo. No es posible la conciliación, Contra la segunda carta del señor presbítero Baltasar Vélez, Imprenta de La Verdad, 1898.

[2]. Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección Primera, Tomo 1024, f. 371.

[3].Boletín diocesano, mayo – junio de 1948, Tunja, citado por Andrés Felipe Manosalva, Los obispos colombianos en la época de la violencia: paz, guerra y anticomunismo (1945-1965), Tesis de Maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2013, p. 47.

[4]. Pedro Nel Giraldo, Don Fernando. Juicio sobre un hombre y una época, Granámerica, Medellín, 1963, p. 217.

[5]. Roger Trinquier, La guerra moderna, Librería del Ejército, Bogotá, 1963, pp. 32-33.

[6]. El documento con el título de “Circular del Ministerio de Defensa sobre recompensas (Falsos Positivos)” lleva la firma de Camilo Ospina Bernal. Lo hemos publicado como anexo en nuestro libro Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. Informe presentado a la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas (CHCAV), Ocean Sur, Bogotá, 2016, pp. 280-297.

[7]. Ministerio de Defensa, (Rafael Samudio), Memoria al Congreso, 1987-1988, Imprenta Nacional, Bogotá, 1988, pp. 14 y 15.

[8]. Comando General de las Fuerzas Militares, Instrucciones generales para las operaciones de contraguerrilla, Bogotá, 1979, p. 188. Citado en Movice, Paz sin crímenes de Estado. Memoria y propuestas de las víctimas, Bogotá, 2013, p. 111.

[9]. Citado en “El ideario común. Los intereses del hampa”, Alternativa No. 77, abril 5-12 de 1976, p. 7.

[10]. Adriana Villegas Botero, “No es broma, es violencia”, La Patria, octubre 18 de 2020. Disponible en: https://www.lapatria.com/opinion/columnas/adriana-villegas-botero/no-es-broma-es-violencia  

Fuente: https://rebelion.org/seguridad-contrainsurgente-y-construccion-del-enemigo-interno/

En consecuencia, pese a la represión y extorsión económica, la autoorganización comunitaria y plurinacional está abriendo caminos hacia las alternativas anticapitalistas o contrarias a la imposición del acaparamiento oligopólico de bienes comunes y  su mercantilización que condujo a las actuales emergencias social, alimentaria, sanitaria y ecológica-climática. Están concretando bases esenciales a la real y efectiva democracia.

 

Chubut: los intentos de avanzar con la minería encendieron la mecha

16 de noviembre de 2020

 

La provincia atraviesa una profunda crisis socioeconómica desde hace tres años, en el marco de lo que se denomina “diseño de la crisis” o “crisis de diseño”. Su última etapa está reservada al desembarco de la megaminería como salvataje financiero. La reacción social no se hizo esperar y estallaron los espacios públicos en rechazo a la avanzada a pesar de los protocolos establecidos en el marco de la pandemia.

 

Por Pablo Quintana* para Opsur

Para comprender el conflicto social hoy en Chubut hay que realizar un breve repaso de los últimos, al menos, tres años. Donde la economía provincial vive un profundo proceso económico recesivo. La reacción social, en estos días, se desató poco después de que el gobernador Mariano Arcioni anunciara en el marco de la mesa nacional para el Plan Estratégico del Desarrollo Minero su intención de habilitar la explotación a minera cielo abierto en una provincia que viene movilizada desde el 2003, cuando se intentó desarrollar la megaminería en Esquel.

En esa mesa nacional, Arcioni compartió el espacio con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; el secretario de Minería, Alberto Hensel; y gobernadores de otras provincias. Lo secundaron al gobernador el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá; el titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Gerardo Bulacios, y los presidentes comunales de Telsen, Leonardo Bowman, de Gastre, Genaro Pérez, y de Gan Gan, Santiago Huisca. Además del presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut, Gerardo Cladera.

El deterioro de los principales indicadores sociales en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo es el resultado de un diseño que, cuanto menos, tiene orígenes hace tres años. Por ese entonces Arcioni era el vicegobernador que acompañó a Mario Das Neves hasta que éste murió el 31 de octubre del 2017. El contador había sido electo como diputado nacional, pero declinó su banca para asumir la conducción de la provincia y, ya por entonces, la debacle financiera, con un endeudamiento importante, se presentaba como un obstáculo difícil de sortear. No obstante, apañado por Sergio Massa, logró ser reelecto.

Para lograr su elección aseguró que iba a otorgar una paritaria de cerca del 40%, más cláusula gatillo para los docentes y aumentos de sueldos para el sector estatal. Pero tras el período electoral comenzaron los pagos escalonados de los salarios hasta llegar a los dos meses adeudados, más medio aguinaldo. Todo ello sin contar la deuda que acumula Chubut que rondaría los 2700 millones de dólares. Pero no sería la única promesa sin cumplir a poco de asumir.

El escribano Arcioni llegó a conducir los destinos de la provincia con otro eslogan incumplido. Rechazar la actividad extractiva por el cuidado de los bienes naturales en territorio chubutense. Fue durante su campaña como candidato a diputado nacional por Chubut Somos Todos en las elecciones legislativas de 2017.

La megaminería es el último eslabón de esta crisis de diseño de la que se habla en Chubut. El anuncio de la posible explotación minera como única salida para poder paliar la crisis de una provincia atada a las regalías petroleras y la coparticipación federal de impuestos desató la reacción social. Nunca la dirigencia política asumió una verdadera discusión para lograr diseñar una nueva matriz productiva en la región, sabedores sus dirigentes del rechazo a la actividad extractiva y el trance que registra la actividad hidrocarburífera.

 

El economista Facundo Ball, director del Departamento Economía FCE-UNPSJB, sostiene que en el presente semestre hay 20.939 nuevos pobres en el conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, la zona más rica de la provincia, en relación al segundo semestre del año pasado. Según la estimación del INDEC pasaron de 61.054 a 81.993 las personas bajo la línea de pobreza en este aglomerado urbano. Allí donde la extracción hidrocarburífera lleva más de 100 años.

Muchas han sido las avanzadas mineras. La del 2002/2003 está en la memoria y retina de todos, cuando Esquel provocó un sismo al rechazar por plebiscito la realización del emprendimiento minero. Uno de los últimos había sido el del 2018 bajo el régimen del expresidente Mauricio Macri. Fue cuando el mismísimo ex ministro de Energía y Minería de la Nación Juan José Aranguren se hizo presente en la meseta de Chubut para presidir reuniones en la pequeña localidad de Telesen y promover la megaminería.

Todos los atropellos tienen un actor en común. La ley 5001 que prohíbe esa actividad desde 2003 (hoy Ley Provincial Nro. XVII – 68). Pero es a esa misma legislación a la que apeló el gobierno de Arcioni para reactivar las intenciones de una zonificación. Los legisladores de entonces crearon una norma, que surgió ante el temor de las movilizaciones que tuvieron lugar en el 2003, en la que dejaron una puerta abierta para que el lobby minero no diera todo por perdido. En su 2º artículo establece la creación de un Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) para determinar la zonificación del territorio de la provincia para la explotación minera y que la legislatura debería aprobar o rechazar.

 

Papá, ¿cuándo es Navidad?

La madre de todas las batallas se llama “Proyecto Navidad”. Un yacimiento de plata y plomo considerado uno de los más grandes del mundo con sus 600 onzas de plata y 3500 millones de libras en plomo. Un emprendimiento que tiene en su corto historial (en diciembre del 2002 el gobierno provincial había otorgado la concesión de exploración) escándalos por donde se lo mire. Demanda judicial entre dos empresas mineras: IMA Exploration y Aquiline Resources. Curiosamente el litigio por unas 10 mil hectáreas de la meseta chubutense se resolvió en estrados judiciales, pero no argentinos sino canadienses. Sería luego en el año 2009 cuando Pan American Silver, una de las grandes compañías del sector, adquirió el yacimiento. El otro hecho inaudito fue la profanación de un cementerio mapuche que estaba en el pretendido yacimiento. En el 2005 el chenque fue traslado del lugar con el acuerdo de sólo dos de las siete comunidades indígenas de la zona.

Es mucho lo que está en juego en Chubut por estos días. No sólo por lo que implica el pretendido desembarco minero, sino porque la crisis institucional de la provincia pone en evidencia que la democracia representativa tal cual como la conocemos se fue deshilachando hasta convertirse en una mera democracia delegativa. Lo que está en juego es el propio sistema o lo que queda de él.

El movimiento antiminero demostró más vocación democrática que los propios partidos. No sólo por sus dinámicas de participación sino por apelar a un mecanismo de democracia semidirecta garantizada por la Constitución Provincial. De la mano de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses se elevó este año otra Iniciativa Popular (IP). 30 mil firmas la avalan. El propósito es prohibir, en todas sus etapas, la minería metalífera y de minerales radioactivos (como el uranio y el torio) que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa.

Pero este proceso democrático ya había sido estafado. En el 2014 había llegado a la Legislatura la primera IP y la dirigencia política esperó hasta el último día de plazo para darle tratamiento. Fue el 25 de noviembre de ese mismo año. El acto del fraude legislativo para quebrar la voluntad popular terminó con la aprobación de una ley que nada tenía que ver con el proyecto presentado (al año siguiente fue derogada). De esos vergonzosos días queda el testimonio de la foto en la que se ve el intercambio de mensajes entre el diputado justicialista Gustavo Muñiz y Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold.

Hoy, ante la presentación de la segunda IP, el gobierno anunció la zonificación. Otra bofetada a la expresión popular y decisión democrática.

 

Mano dura con protocolo

El modelo extractivo sólo encajaría con represión. De la mano del ministro de Seguridad, Federico Massoni el pasado 12 de noviembre se demoró a vecinos en Rawson que participan en las asambleas. El propio funcionario acompañó a las fuerzas de la seguridad en los allanamientos por incidentes que días atrás habían ocurrido en inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Las intervenciones fueron ordenadas por el juez penal Fabio Monti y el fiscal Fernando Rivarola. El mismo fiscal que fue denunciado en el 2015 por el espionaje ilegal a 26 vecinos de la cordillera chubutense. El fiscal había recibido en ese momento de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia información detallada de vecinos que participaban de asambleas contra la minería, integrantes de pueblos originarios y periodistas. Todos ellos con un punto en común: rechazo a la actividad extractivista.

Como dice el pensador uruguayo Raúl Zibechi, el modelo extractivo tiende a generar una sociedad sin sujetos, porque nos hay sujetos vinculados al modelo extractivo, es un modelo de tierra arrasada.

El escenario se prepara en ese sentido. El gobierno dispuso en los últimos días una polémica resolución que regula la utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y se asemeja al protocolo que fuera impulsado por el macrismo en el 2018 conocida como ‘Doctrina Chocobar’. “Protocolo para utilización de armas de fuego en situaciones complejas con agresiones con armas blancas”, así lo denomina. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew emitieron un comunicado repudiando la resolución 145/2020 impulsada por Massoni.

 

Los guiños de Fernández

El asalto no viene solo. El gobierno nacional ya anunció su deseo de avanzar con la megaminería y actúa en consecuencia. Se aumentaron los beneficios económicos para las mineras con una baja del 12% al 8% a la adecuación de los derechos de exportación de metales. Casi como una continuidad con la ley de inversiones mineras elucubrada en los ’90, el andamiaje jurídico para un negocio perfecto.

En su intención por revertir la situación de Chubut, una de las siete provincias en la cual está prohibida la megaminería, el gobierno de Alberto Fernández le propuso a Chubut que el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martin Cerda estuviera al frente del frente del Consejo Federal de Minería.

Sin olvidar cuando en diciembre del año pasado el mismo presidente sostuvo “hemos logrado que en la meseta de Chubut se explote oro y plata”. Lo dijo en el marco de un almuerzo con la Asociación Empresaria Argentina. La ley que prohíbe la megaminería aún está vigente, aunque los deseos del primer mandatario y el lobby minero sean de facto. El estado de derecho y la movilización popular que se ha multiplicado en los diversos rincones de la provincia, parecieran ser la única garantía para frenar una vez más el avance minero.

*Periodista y docente en contexto de encierro. Desde Trevelin, Chubut.

 

Fuente: https://opsur.org.ar/2020/11/16/chubut-los-intentos-de-avanzar-con-la-mineria-encendieron-la-mecha/