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Qué
Democracia
Noviembre 2020
De actual legalización, legitimación y
subsidio del sistema de agronegocios que es
concentración-transnacionalización económica territorial.
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Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo
de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias
Legalidad-legitimidad de la
gran burguesía
Nos
urge, ante la emergencia social sanitaria y ecológica climática, destapar la
criminalidad implícita en la legalidad-legitimidad de quienes se han adueñado de
los territorios de Argentina sean grandes capitales sean gobiernos-estados. Y
aún más, el manejo de vastos ecosistemas se hace de manera focalizada en el
lucro individualista e irresponsable socioambientamentalmente.
Tengamos en cuenta a
Javier Souza Casadinho señalando:
"Se busca incrementar la producción sin atender a las
características, posibilidades de vinculación y manejo de los bienes comunes
naturales, apelando a que las tecnologías, ahora las “Agtech”, resolverán los
problemas generados por otras tecnologías, permitirán incrementar la
productividad sin atender al modo en que se hace y sin tener en cuenta al acceso
seguro y continua de nuestros ciudadanos a alimentos sanos y saludables".
La
gran escala agrava las consecuencias de esa omnipotencia e irresponsabilidad.
La
“Iniciativa doscientos millones de toneladas de cereales,
oleaginosas y
legumbres”
4 noviembre 2020
Por
Javier Souza Casadinho
La “Iniciativa DOSCIENTOS MILLONES
de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres”,
un plan del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina que
atrasa y no
atiende a las dimensiones socioambientales
Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Argentina)
se lanzó la “iniciativa 200 millones (200.000.000) de toneladas de cereales,
oleaginosas y legumbres” con los objetivos de fomentar y desarrollar
nuevas inversiones a fin de incrementar la producción agropecuaria, su
transformación y agregado de valor a nivel de las agroindustrias para desde allí
incrementar la producción nacional (PBI), generar empleo registrado, producir
saldos exportables y con ellos divisas a partir del intercambio internacional
atendiendo, para ello a una modificación en el contexto de operaciones. En este
sentido dice la resolución 216/2020 del MAGP, la iniciativa consistirá en
“organizar y poner en funcionamiento una metodología de trabajo y coordinación
de áreas de estudio para la elaboración de alternativas consensuadas de
políticas públicas, no vinculantes, orientadas a alcanzar un incremento de la
producción agrícola”
¿Por qué decimos que esta iniciativa atrasa? porque una vez más se intentará
incrementar la producción y productividad de los sistemas agrarios a fin de generar
ingresos, de fomentar el desarrollo de la agroindustria, de generar
saldos exportables, del mismo modo y bajo los mismos paradigmas reduccionistas
y, extractivistas que aquellos contenidos en otros planes y programas que se han
implementado en los últimos 200 años. Es decir, sin atender al modo,
los caminos, en que se alcanzarán los objetivos, esto es enfatizando en el
incremento en productividad, a secas, sin tener en cuenta a las dimensiones
culturales, ambientales y sociales.
Ni en la resolución, ni en su anexo, se menciona la palabra sustentabilidad,
atender a la composición y características de los agroecosistemas y a su entorno
natural, a su posibilidad de recrear las condiciones de su propia existencia,
sin el aporte permanente y creciente de energía externa vía la aplicación de
fertilizantes, plaguicidas, combustibles. La sustentabilidad es muy diferente a
la sostenibilidad de la misma manera que los bienes naturales no son
recursos naturales, la controversia no solo es semántica, sino que implica la
vinculación con y el manejo de estos bienes que deviene de diferentes
cosmovisiones y niveles de integración de los seres humanos en y con la
naturaleza.
La iniciativa anuncia “Una recuperación de entre QUINIENTOS MIL (500.000) y UN
MILLÓN de hectáreas agrícolas en zonas de exclusión/amortiguamiento con el uso
de nuevas tecnologías seguras (Agtech) con una reducción de hasta el OCHENTA POR
CIENTO (80%) en el uso de agroquímicos”. En el anexo se hace referencia a las
tecnologías “de punta” a fin de reducir el área de amortiguamiento. Cabe
recordar que en muchos distritos, y a partir de la movilización de
las comunidades, se logró poner un límite a la aplicación de plaguicidas dadas
su características químicas, su movilidad en el ambiente y su efecto en la
salud. Retrotraer la medida implicaría una vez más exponer a la población,
especialmente a los niños a sustancias dañinas para la salud.
Respecto a la mencionada reducción en la utilización de agroquímicos, idéntica
promesa se hizo cuando se liberaron los cultivos transgénicos en el año 1996,
cuando las mismas estadísticas permiten observan como pasamos de utilizar 70
millones de litros /kilos de plaguicidas en el año 1994 a más de 400 millones
empleados cada año en los últimos tiempos. Se argumentará que se utilizarán
plaguicidas menos tóxicos o aplicados con “tecnologías inteligentes”, cuando
todos sabemos que las categorías toxicológicas solo toman en cuenta las
afecciones agudas en la salud y nada dicen de las enfermedades crónicas como la
afección en el sistema endocrino o la generación de enfermedades epigenéticas. A
su vez recordamos que en nuestro país se comercializan 123 plaguicidas altamente
peligrosos (HHP) incluidos en la lista de PAN internacional [1] y se
comercializan 109 plaguicidas prohibidos en otros países.
Otro de los temas que figura en el anexo de la disposición, esta vez realizado
en tono de pregunta, es el de la propiedad de las semillas “¿Una ley de
semillas, permitiría acceder a otra genética?”, se interroga la propuesta. Se
desconoce que desde las organizaciones de productores, de consumidores y de la
sociedad civil , desde el año 2012, nos manifestamos en contra de cualquier
iniciativa que coarte la libertad de los productores de disponer la
reutilización de sus propias semillas, las mismas que en algún momento
adquirieron en el mercado o intercambiaron con otros agricultores/as.
También se debe subrayar que la potencialidad genética de las semillas es solo
un aspecto a tener en cuenta en la expresión real de los rendimientos a los que
cabe agregar el clima, los suelos y el manejo realizado, en el cual
los conocimientos de los productores/as es fundamental.
En ningún caso la iniciativa hace referencia a la soberanía alimentaria, al
derecho de las comunidades a decidir qué producir, cómo hacerlo y de qué manera
nos alimentamos, derecho que se vulnera cuando se avanza con monocultivos y
paquetes tecnológicos por sobre los agroecosistemas dedicados a la producción de
alimentos, y a la calidad de estos, cuando solo se propende a la exportación.
Por último, ni en la resolución, ni en su anexo, se menciona las externalidades
negativas, el efecto que las políticas derivadas de ella, pueden tener sobre las
características e integralidad de los bienes comunes o los servicios ecosistémicas
brindados por ellos. Ni tan siquiera se menciona tener presente la necesidad de
atender a estrategias, tecnologías y prácticas relacionadas con la mitigación o
adaptación al cambio climático que tal plan debería tener en cuenta.
Una vez más, como decíamos al inicio, se busca incrementar la producción sin
atender a las características, posibilidades de vinculación y manejo de los
bienes comunes naturales, apelando a que las tecnologías, ahora las “Agtech”,
resolverán los problemas generados por otras tecnologías, permitirán incrementar
la productividad sin atender al modo en que se hace y sin tener en cuenta al
acceso seguro y continua de nuestros ciudadanos a alimentos sanos y saludables.
Cabe también subrayar que el paradigma agroecológico, sin dar recetas, brinda la
posibilidad de diseñar, planificar y llevar a la práctica agroecosistemas
verdaderamente sustentables, viables desde el punto de vista económico,
respetuosos de los saberes de nuestros agricultoras/as y conllevan a la
consecución de la soberanía alimentaria.
Javier Souza Casadinho
Coordinador Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas Argentina
Nota:
[1] Pesticide Action Network 2018 Lista de plaguicidas altamente Peligrosos de
PAN Internacional. Traducción al español de Graciela Carbonetto,
actualización de Lucía Sepúlveda y María Elena Rozas de la Oficina de
Comunicaciones y Administración de RAP-AL
https://rap-al.org/
Contacto: <javierrapal@yahoo.com.ar>
Fuente:
http://www.biodiversidadla.org/Documentos/La-Iniciativa-doscientos-millones-de-toneladas-de-cereales-oleaginosas-y-legumbres
Nos urge recordar: El Plan Estratégico Agroalimentario
y Agroindustrial 2010-2020 que el gobierno de Cristina Fernández publicitó
como un acuerdo ampliamente democrático. RESULTO LO CONTRARIO: legalizó y
legitimó la expansión del monocultivo de soja transgénica-glifosato(herbicida
que elimina la vida constructora de la fertilidad de los suelos, también
ataca a polinizadores como las abejas y afecta a los otros cultivos). Mayor
ocupación e invasión territorial que se realiza por
deforestación y expulsión, despojo a comunidades campesinas e indígenas. El
alabado crecimiento a tasas chinas se debió fundamentalmente a este
acaparamiento de tierras desterritorializadas y reterritorializadas para
agrocombustibles y forraje de animales vs. tierras de producción alimentaria.
Gracias
al PEA2 el poder real concentró y transnacionalizó tanto la economía
como el territorio de Argentina. En continuidad del PEA2, el gobierno de
les Fernández implanta el Plan 2020-2030 donde el trigo transgénico y
las megafactorías de cerdos serán estrellas iluminando la actualización
de la oligárquica Argentina agroexportadora.
¿Será que
la criminalidad de lesa humanidad y de lesa naturaleza de las quemas
intencionales de vida apura la implantación del nuevo Plan? Con miras
focalizadas en la
acumulación oligopólica sin preocupación alguna sobre generar la desaparición forzada de comunidades
campesinas e indígenas o sea de la soberanía alimentaria y de las
biodiversidades que crean los equilibrios ecológicos tan esenciales a la
vida humana.
“¡Con nuestro pan, no!”
17 de
octubre de 2020
El trigo transgénico autorizado por el
Gobierno argentino es denominado HB4 y presenta dos características: resistencia
a la sequía y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio. Fue autorizado por
la Resolución 41/2020 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo
Regional, publicada en el Boletín Oficial el 9 de octubre. Para un conjunto de
organizaciones campesinas y ambientales, así como movimientos sociales y grupos
de estudios, “esta autorización significa un avance del agronegocio sobre la
alimentación de nuestros pueblos y sobre nuestra agricultura”, que sólo puede
explicarse “por la sumisión a los intereses corporativos”. Invitan a sumar
adhesiones al rechazo al trigo transgénico, a través de la Declaración “¡Con
nuestro pan, NO!”.
El
gobierno argentino aprobó el primer trigo transgénico del mundo y está listo
para impulsar su cultivo masivo (sujeto a que Brasil lo acepte, al ser el primer
receptor de las exportaciones argentinas de trigo).
El
trigo transgénico autorizado es denominado HB4 (trigo IND-ØØ412-7) y presenta
dos características: resistencia a la sequía y tolerancia al herbicida
glufosinato de amonio. Fue autorizado por la Resolución 41/2020 del 7 de octubre
de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial el 9 de
octubre.
Esta
autorización significa un avance del agronegocio sobre la alimentación de
nuestros pueblos y sobre nuestra agricultura que no podemos aceptar y que nos
obliga a denunciarla y resistirla por todas las vías posibles.
Por
este motivo exigimos al gobierno nacional que dé marcha atrás con esta medida
autoritaria que sólo puede explicarse por la sumisión a los intereses
corporativos.
Por eso queremos expresar en una breve síntesis los motivos del
rechazo a este trigo transgénico desde las muchas vertientes que nos obligan a
decir ¡Con nuestro pan NO!
SUMÁ TU ADHESIÓN
1- Porque multiplicará el consumo de agrotóxicos
Los
transgénicos con tolerancia a herbicidas multiplican el consumo de herbicidas ya
que esa es la razón para la que se han desarrollado. El uso de agrotóxicos se ha
incrementado exponencialmente desde la introducción de cultivos transgénicos lo
que demuestra la falsedad del discurso con que se impusieron. En Argentina ya se
usan más de 525 millones de litros de agrotóxicos por año, de este modo, esta
nueva autorización implicará aumentar aún más la utilización de estos compuestos
altamente nocivos para la salud.
2- Porque el herbicida al que es tolerante el trigo aprobado es
incluso más tóxico que el glifosato
El
glufosinato de amonio es un herbicida más tóxico aún que el glifosato y está
ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por su alta toxicidad aguda
y sus efectos teratogénicos, neurotóxicos, genotóxicos y alteradores de la
colinesterasa. Además de ser un herbicida, tiene propiedades insecticidas. Es
altamente tóxico para organismos benéficos incluyendo arañas, ácaros
depredadores, mariposas, numerosos microorganismos del suelo, y puede
incrementar la susceptibilidad de la planta a enfermedades, con el consecuente
aumento en el uso y dependencia de agrotóxicos. Es tóxico para algunos
organismos acuáticos y puede aumentar la lixiviación de nitrógeno de los suelos.
En suelos arenosos, el glufosinato es persistente y móvil.
3- Porque expondrá a nuestra población a fumigaciones con
agrotóxicos todo el año
El
trigo es un cultivo de invierno. Hasta ahora, las fumigaciones masivas con
agrotóxicos se circunscribían a las temporadas de primavera y verano (aunque
también se aplican a finales del invierno como “barbecho químico”). La
aplicación del glufosinato de amonio dará lugar a fumigaciones con este
herbicida altamente tóxico en invierno, cuando es aún mayor la susceptibilidad a
contraer enfermedades respiratorias.
4- Porque un nuevo veneno estará presente en el pan nuestro de
cada día
El
trigo es la base de la alimentación de las argentinas y los argentinos y de una
parte muy importante de la humanidad: con él se elabora el pan y gran parte de
nuestras comidas que están basadas en sus harinas (otros panificados, empanadas,
pizzas, pastas, tartas, entre otras). A partir de esta autorización, el trigo
tendrá residuos de glufosinato que se incorporará a las harinas y sus derivados,
es decir, habrá presencia de esta sustancia en alimentos básicos de consumo
diario, hecho inédito en la historia de nuestro país, con lo cual toda la
población estará expuesta a la ingesta de este veneno en su dieta diaria.
5- Porque contaminará todos los trigos
El
trigo se autofecunda en un gran porcentaje pero también se cruza con cultivos de
cercanía, como sucede también con la soja. Los datos científicos hablan de
cruzamientos de entre 1 y el 14%.
Los
empresarios y sus aliados nos explican que no tenemos por qué oponernos, que «el
que no quiera que no adopte la tecnología». Con fundamentos sólidos podemos
afirmar que una vez liberadas las variedades transgénicas en pocos años se van a
diseminar por polinización cruzada y por “bolsa blanca”. Si esto sucede vamos a
estar expuestos a la locura de que nos contaminen los trigos nacionales y a que
nos puedan denunciar por querer «robarles la tecnología». Mantener la
trazabilidad separando las cadenas de producción y distribución entre trigos
convencionales y trigos transgénicos es imposible de lograr.
6- Porque este trigo se ha desarrollado para seguir aplicando un
paquete tecnológico (siembra directa y uso intensivo de agrotóxicos) que ya ha
demostrado los daños que ha producido y que necesita ser replanteado de manera
absoluta
La
misma FAO acaba de afirmar que “hemos llegado al límite del paradigma de la
revolución verde” y que alcanzar una agricultura sostenible requiere un enfoque
integrado. Los transgénicos son hoy la mejor encarnación del paradigma de la
«revolución verde» y avanzar hacia una producción agroecológica libre de venenos
y transgénicos es el principal desafío que hoy tenemos como humanidad.
7- Porque se hace uso de un fenómeno climático extremo, la
sequía, como un argumento falaz para introducir una tecnología de dudosa
eficacia
Las
plantas activan diferentes grupos de genes a lo largo del ciclo de vida, y la
incorporación de un único gen difícilmente podría definir la manifestación de
mecanismos de resistencia. Por un lado, la inserción de un gen adicional no debe
ser interpretada como suficiente para alterar distintos ciclos metabólicos, ya
que los genes trabajan en grupo. Tenemos más de 100 mil características y sólo
cerca de 30 mil genes para definirlas; muchos de esos genes son compartidos con
otros seres como ratones, peces, pájaros y hasta insectos. Por otra parte, la
sequía “no es la misma” porque la planta “no es exactamente la misma” en la fase
de germinación, emergencia, floración, formación de granos, etc. Así, un gen que
permitiera un mejor comportamiento ante la falta de agua en una fase, no
ayudaría de la misma manera en otra fase. Y la posibilidad de frenar el
desarrollo de alguna fase para reducir el estrés por la escasez de agua, puede
perjudicar en vez de ayudar a la planta en el caso que no ocurriera la sequía. Y
difícilmente tendría utilidad si la sequía ocurriese en otro período, donde este
gen no actúa. Un dato concreto es que los estudios para la obtención de plantas
resistentes a la sequía han sido abandonados por falta de éxito en los Estados
Unidos.
8- Porque son parte de la destrucción del sistema de ciencia y
técnica que dicen defender
Porque
necesitamos que la ciencia argentina escuche las voces de transformación y apoye
los procesos de agroecología y soberanía alimentaria que hoy son una realidad en
manos de las organizaciones campesinas y de productores familiares. Necesitamos
ciencia independiente que denuncie el accionar de las empresas de los
agronegocios: en lo sanitario, en lo ambiental y en lo económico. Rechazamos la
complicidad de los sectores científicos que, bajo el paraguas del CONICET, son
socios de las empresas biotecnológicas. Esos académicos tienen responsabilidad
en las consecuencias que sus «desarrollos» producen en los territorios (más
desmontes y afecciones en salud, entre otros).
9- Porque no queremos consumir alimentos transgénicos
En
Argentina no hay etiquetado de transgénicos. Las empresas del agronegocio y las
procesadoras tienen muy claro que el pueblo argentino no los quiere, no los
elige, y por eso no permiten que se etiqueten los alimentos con transgénicos. La
«equivalencia sustancial» (argumento empresario que dice que un transgénico es
igual a un alimento convencional) es un mito creado por los científicos pagados
por las corporaciones. Por lo tanto, nada nos garantiza que el pan que comamos
sea igual en sus características y el impacto en nuestro organismo que el de un
pan hecho con un trigo convencional.
10- Porque las autorizaciones no nacen de sectores
independientes de los sectores corporativos
La
Conabia (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología) recomienda aprobar
transgénicos y el Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria)
autoriza el uso de agrotóxicos: son ejemplos de conflictos de interés. Ambos
organismos están controlados o influenciados por representantes de las empresas
que producen y venden transgénicos y agrotóxicos.
La
Conabia mantuvo durante muchísimos años su composición en secreto. Hoy sabemos
que siempre tuvo una mayoría empresaria, por lo que las empresas con conflictos
de interés, todo este tiempo, se regularon a sí mismas. Si bien su composición
se modificó en marzo del 2020 la aprobación del trigo transgénico por la misma
se dio en el contexto de su composición anterior. El Senasa no cuenta con
laboratorios propios, sino que valida los informes presentados por las propias
empresas. En Argentina se usan 107 plaguicidas prohibidos en otros países del
mundo, 36 de ellos considerados «altamente peligrosos» por la Organización
Mundial de la Salud.
11- Porque los transgénicos promueven los monocultivos y éstos
degradan los ecosistemas y la soberanía alimentaria
Supongamos que el trigo transgénico no fuera resistente al glufosinato y se
evite el uso de este agrotóxico. La tan publicitada y prometida «resistencia a
sequía» se vende como una ventaja para los productores. El trigo transgénico
viene por lo que queda de la destrucción de nuestros bosques y humedales. Los
transgénicos agrícolas sirven hoy sólo para generar lucro para unos pocos. No
son necesarios para garantizar ningún derecho del pueblo. Por otro lado es
imposible no considerar que las sequías que están azotando la región son
justamente producto del modelo de agricultura impuesto.
12- Porque el trigo transgénico ya fue rechazado en el mundo
A
partir del rechazo de diversos sectores vinculados a la comercialización del
trigo en América del Norte (como por ejemplo el Consejo Canadiense del Trigo)
Monsanto retiró en el año 2004 su trigo resistente al glifosato reconociendo que
“como resultado de la revisión de nuestra cartera [de productos] y el diálogo
con líderes del sector triguero, admitimos que las oportunidades empresariales
del trigo primavera Roundup Ready son menos atractivas en relación con otras
prioridades comerciales”. En este momento distintos sectores vinculados a la
comercialización en Argentina están dando ese alerta.
En
Argentina un conjunto de organizaciones de la cadena triguera expresaron “El
daño que se produciría al mercado de trigo argentino sería irreparable e
irreversible, toda vez que la contaminación se propagará y la segmentación
resulta inviable”. Esta posición fue adoptada por las siguientes organizaciones:
Bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Chaco, Entre Ríos y
Santa Fe; la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Industriales Molineros;
el Centros de exportadores de cereales, el centro de de corredores; la
federación de la Industria de la Molinería, los Acopiadores; y las cuatro
entidades de la Mesa de Enlace (CRA, Coninagro, FAA y Sociedad Rural Argentina).
También Argentrigo manifestó su preocupación por esta aprobación.
Lo
mismo acaba de expresar la industria molinera brasileña que en una encuesta
interna expresó que el 85% no estaba a favor de utilizar trigo transgénico y el
90% dijo estar dispuesto a detener sus compras de trigo argentino.
13- Porque es parte de la intención de las transnacionales de
imponer su ley de semillas
Ya los
grupos corporativos están anunciando que el paso siguiente a la autorización de
este trigo debe ser la modificación de la Ley de Semillas vigente para que
garantice la recuperación de la “inversión en investigación” realizada por los
grupos científicos y corporativos involucrados.
14- Porque aumentarán aún más las malezas tolerantes y
resistentes a agrotóxicos
En
nuestro país ya superamos las 40 malezas resistentes a herbicidas, lo cual
genera complicaciones en el manejo de los cultivos, además del aumento de los
costos de producción.
La
producción de trigo en nuestro país no presenta problemas significativos de
malezas (por ser un cultivo denso, naturalmente buen competidor y por realizarse
en invierno, cuando la cantidad de malezas es baja), por lo tanto, no se
justifica el evento de tolerancia al glufosinato de amonio.
Ya se
han aprobado muchos eventos en soja y maíz con tolerancia al glufosinato de
amonio y otros agrotóxicos. La liberación de este trigo transgénico tolerante al
glufosinato de amonio completará el ciclo de uso permanente de este herbicida a
lo largo de todo el año. Esto acelerará la aparición de malezas tolerantes y
resistentes al glufosinato de amonio, complejizando aún más su control para
otros cultivos (de verano e invierno).
15- Porque no se adecuaron los procedimientos de aprobación de
transgénicos a lo recomendado por la Auditoría General de la Nación, siendo la
aprobación nula
El
Informe de la Auditoría General de la Nación N° 064/2019 señaló la existencia de
graves deficiencias en los controles sobre los eventos transgénicos y que
tampoco se tienen en cuenta los impactos sociales, ambientales, además del
riesgo sobre la biodiversidad. Además, concluyó que la forma de aprobar el uso
de los transgénicos en Argentina es poco transparente e incompleto, desoye
convenios internacionales, vulnera leyes ambientales y viola los derechos de los
pueblos indígenas. Lejos de haber adecuado ese marco normativo, se siguió
adelante con la aprobación comercial de este evento transgénico a través de ese
procedimiento viciado, lo cual torna al acto administrativo en nulo de nulidad
absoluta.
16- Porque no se garantizó la participación ciudadana en el
proceso de aprobación de este evento transgénico
La
ciudadanía no tuvo ocasión de participar durante el trámite de aprobación de
este evento transgénico, lo cual vulnera la Constitución Nacional y los tratados
internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, abonando aún
más a la nulidad del acto administrativo.
A esto
se suma que hoy se plantee abiertamente que la decisión está en manos de Brasil,
cuando Argentina es uno de los países que más incorporado tiene el trigo y sus
derivados al consumo alimentario.
17- Porque la autorización va en contra de las recomendaciones
de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos a nuestro
país
El
Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
y la Relatora de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación
Adecuada, Hilal Elver, tras su visita oficial a la Argentina, instaron al país
en 2018 y 2019, respectivamente, a reducir el uso de los agrotóxicos. La
autorización va claramente en contra de dichas recomendaciones, lo cual expone a
nuestro país a ser responsable internacionalmente por la violación a sus
obligaciones en materia de derechos humanos.
18- Porque la autorización torna inviable la agroecología y la
agricultura orgánica que el gobierno nacional dice querer fomentar
Una
parte importante de la producción agroecológica extensiva y la producción
orgánica en nuestro país recurren al cultivo de trigo. La introducción de una
variedad transgénica de trigo al ambiente, con los riesgos de cruzamiento y de
contaminación en el camino de su comercialización ya señalados, torna difícil o
imposible la protección efectiva de dichas producciones, con el riesgo también
de pérdida de sus mercados a futuro.
19- Porque el mercado comercial de trigo sufrirá un impacto
negativo
La
autorización de este evento, sumado a la imposibilidad de evitar el
entrecruzamiento y de garantizar la trazabilidad, generarán desconfianza y
rechazo del mercado interno y otros mercados internacionales, lo cual generará
un impacto comercial negativo en la cadena del trigo en nuestro país.
Fueron
estas razones comerciales las que llevaron incluso al gobierno de Mauricio Macri
–que fue el que más transgénicos aprobó en la historia- a desistir de su
aprobación comercial.
20- Porque aunque el evento tenga un origen nacional, constituye
una entrega a los capitales transnacionales
Más
allá de su origen nacional, la empresa Bioceres tiene a su subsidiaria “Bioceres
Crop Solutions Corp” que cotiza en la bolsa de Nueva York, tiene alianzas
estratégicas con Syngenta/Chemchina, Valent, Dow Agrosciences y tiene entre sus
accionistas a Monsanto. Además, si bien el CONICET y la Universidad Nacional del
Litoral participaron del desarrollo del evento y cada una tiene el 30% de las
patentes sobre el mismo, le confirieron licencia de comercialización exclusiva
de sus derechos a Bioceres, representando una nueva entrega a los grandes
capitales transnacionales. Por otro lado el rechazo a los transgénicos va mucho
más allá del origen del desarrollo de los mismos.
Es
urgente debatir en profundidad qué modelo agropecuario necesitamos como país,
poner en marcha las propuestas que realizó el Foro Agrario en el año 2019 y
anular la resolución que ha habilitado la producción de trigo transgénico.
NO al
trigo transgénico en Argentina.
¡CON
NUESTRO PAN NO!
Más
noticias...
Fuente: https://www.anred.org/2020/10/17/con-nuestro-pan-no/
En
consecuencia, en vez de garantizar la soberanía alimentaria, el gobierno
de les Fernández expande y afianza al sistema globalizado de los
agronegocios. Nos es imprescindible generalizar la toma de conciencia
sobre la:
Agroecología para la soberanía alimentaria
Tierra, semillas y territorios libres de violencias
Agosto 2020
ACCIÓN POR LA BIODIVERSIDAD
La crisis alimentaria a nivel mundial cobra mayor vigencia cada día. Por
un lado, la calidad de los alimentos preocupa a quienes pueden acceder a
ellos; por otro, es cada vez mayor la cantidad de gente que no accede a
una alimentación saludable. Los dos aspectos de este conflicto comparten
una misma raíz: un sistema agroalimentario industrial que se ha desviado
del objetivo de alimentar a los pueblos, para convertirse en un
multimillo-nario negocio que está destruyendo el planeta y la salud de
las personas. Como respuesta a la crisis generada por el agronegocio
surge, en la década de 1980, la agroecología: una propuesta para
resolver integralmente las problemáticas que el propio agronegocio
genera. Hoy, sin embargo, el modelo agroindustrial (inmerso en una
inevitable crisis) pretende reinventarse buscando una imagen que lo
desligue de los crímenes que, desde hace décadas, viene perpetrando
contra la naturaleza y los seres humanos. Agroecología es hoy, entonces,
un término en disputa
“Agroecología no es solo una forma de producción sin químicos, es un
montón de cosas más. Es una forma de vida. Es estar vinculado con el
lugar donde uno está, en el lugar de producción y además en el lugar de
venta. Para todo lo que producimos acá, el principal lugar de venta es
la misma comunidad. No nos ponemos como objetivo la venta de productos
orgánicos hacia otros lados, sino que queremos que se aprovechen estos
alimentos en nuestra zona. Creemos en pertenecer a un grupo, creemos en
el trabajo en red y en las relaciones. No nos interesa estar produciendo
en el campo y desvincularnos de lo que pasa después con nuestros
alimentos, ni tendría sentido producir sin agrotóxicos para que ese
alimento sea destinado a la clase social que más poder adquisitivo
tiene, ni trasladarlo lejos de donde estamos. En la agroecología está
presente lo productivo, pero también lo ambiental, lo social, lo
cultural, lo económico, el acceso a la tierra y tener una mirada
colectiva”. Andrea Tortorolo y Gabriel Arisnabarreta, de Chacra La
Bonita, Saladillo, provincia de Buenos Aires - Argentina
Desde las
organizaciones campesinas, de productorxs, socioambientales y medios de
comunicación alternativos proponemos una «agroecología de base
campesina», heredera de 10.000 años de agricultura, que tiene como
objetivo principal la Soberanía Ali-mentaria de nuestros pueblos.
Cuando hablamos de «agroecología de base campesina», creemos
esencial tener en cuenta dimensiones sociales, políticas y
medioambientales, y no solo las técnicas o prácticas agronómicas
para producir alimentos. Eliminar el uso de agrotóxicos es central
para tener una alimentación sana, pero hay muchos otros aspectos
importantes a tener en cuenta. No podemos, por ejemplo, pensar en la
producción de alimentos sin cuestionar profundamente las condiciones
en las que se producen, y sin reconocer y visibilizar los saberes
que hace años forman parte de los sistemas productivos.
Una «agroecología de base campesina» debe
construirse a partir de la lucha por el territorio en manos de los
pueblos, con circuitos de comercialización locales y de intercambio
justo, donde las relaciones no prioricen el negocio, sino la
solidaridad, la defensa de los bienes comunes, la biodiversidad y la
construcción de relaciones más justas y espacios libres de
violencias.¿Por qué decimos que el concepto de agroecología está en
disputa?
Porque, desde hace algunos años, las corporaciones y los Estados se
están apropiando de la palabra agroecología, otorgándole un sentido muy
distinto. Plantean, sí, la eliminación del uso de agrotóxicos en la
producción; pero no cuestionan el resto de sus prácticas que son igual
de dañinas, como el uso de maquinaria pesada, la concentración de la
tierra, el controlcorporativo de las semillas, las plantaciones de
monocultivos o las relaciones desiguales entre lxs trabajadorxs rurales.
De esta manera se pretende quitar a la agroecología sus múltiples
dimensiones, para reducirla a una técnica uniforme y estandarizada que
no cambie la esencia del modelo agrícola dominante. Es importante
resaltar que la agroecología, para estos sectores, es entendida sólo
como un negocio y no como una forma de alimentar a los pueblos. A través
de este segundo cuadernillo nos proponemos pensar disparadores que
contribuyan a fomentar y enriquecer el de-bate colectivo. Para esto, nos
enfocamos en tres ejes que con-sideramos esenciales a la hora de pensar
una agroecología de base campesina: la construcción, desde las bases, de
un feminismo campesino acorde a las realidades y ne-cesidades de los
territorios y sus habitantes; el rescate y la difusión de los conoci-mientos
ancestrales que permitie-ron preservar y reproducir las se-millas
nativas y criollas durante generaciones; el reclamo por el acceso a la
tierra por parte de lxs campesinxs que la trabajan, con la Reforma
Agraria Integral como única forma de lograrlo.(...)
Las
citas textuales de este cuadernillo pertenecen a entre-vistas de la
serie #QuéAgroecologíaNecesitamos, que reco-ge experiencias de
productorxs, organizaciones campesinas y socioambientales, y medios de
comunicación alternativos. Las entrevistas forman parte del cuadernillo
“Construyendo una agroecología para alimentar a los pueblos” que está
disponible en
www.biodiversidadla.org
Fuente:
www.biodiversidadla.org/.../Agroecología+para+la+Soberanía+Alimentaria.
pdf
Nos urge ir construyendo poder territorial de las comunidades
hacia
la «reforma
agraria integral» que vaya:
Reconectando los alimentos, la naturaleza y los derechos humanos para
superar las crisis ecológicas
17 de noviembre de 2020
Por Observatorio del Derecho a la Alimentación
y a la Nutrición
"Los alimentos no solo nos mantienen saludables y
nos permiten responder a amenazas globales como la pandemia de COVID-19,
sino que también son fundamentales para nuestra naturaleza humana como
seres sociales. Sin embargo, el mundo moderno, marcado por el
capitalismo y el patriarcado, trata a los humanos y al resto de la
naturaleza como dos esferas independientes. Existen vínculos
profundamente arraigados entre las formas en que las sociedades vulneran
los derechos humanos y maltratan la naturaleza. Nuestro sistema
económico y político actual se alimenta de la explotación de los humanos
y la naturaleza para generar ganancias, lo que se manifiesta más
claramente en la perpetuación de las desigualdades, el calentamiento
global y la rápida pérdida de biodiversidad".
El Observatorio del derecho a la alimentación y la
nutrición es una publicación anual de la
Red Global por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición,
iniciativa de organizaciones de la sociedad civil de interés público y
movimientos sociales -campesinas/os, pescadoras/es artesanales,
pastoralistas, gente sin tierra, consumidoras/es, habitantes urbanos que
viven en la pobreza, personas trabajadoras agroalimentarias, mujeres,
jóvenes y pueblos indígenas- que
reconocen la necesidad de actuar conjuntamente para la realización del
derecho a una alimentación adecuada y nutrición.
La producción y disponibilidad de alimentos nutritivos, saludables y
culturalmente adecuados depende de ecosistemas que funcionan bien, pero
también de nuestra capacidad para reconocer los derechos humanos y los
valores intrínsecos de otros seres vivos, desde animales y plantas hasta
microorganismos. Los alimentos no solo nos mantienen saludables y nos
permiten responder a amenazas globales como la pandemia de COVID-19,
sino que también son fundamentales para nuestra naturaleza humana como
seres sociales. Sin embargo, el mundo moderno, marcado por el
capitalismo y el patriarcado, trata a los humanos y al resto de la
naturaleza como dos esferas independientes. Existen vínculos
profundamente arraigados entre las formas en que las sociedades vulneran
los derechos humanos y maltratan la naturaleza.
Nuestro sistema
económico y político actual se alimenta de la explotación de los humanos
y la naturaleza para generar ganancias, lo que se manifiesta más
claramente en la perpetuación de las desigualdades, el calentamiento
global y la rápida pérdida de biodiversidad.
El Observatorio de este año nos lleva de vuelta al origen de la ilusión
de separación entre las sociedades humanas y el resto de la naturaleza,
que prioriza a una élite en detrimento de la mayoría. Los autores y las
autoras de esta edición nos invitan a unir los puntos y explorar una
nueva generación de derechos humanos y derecho ambiental que reinvente
esta interrelación. También proporcionan respuestas sobre cómo podemos
cambiar colectivamente el paradigma desde la separación a la conexión a
través de una convergencia continua de luchas.
Los artículos de esta edición hacen un llamamiento a replantearnos cómo
producimos, distribuimos y consumimos alimentos, si queremos recuperar
el control y transformar radicalmente nuestras sociedades, pero también
cómo podemos combatir colectivamente la explotación de la naturaleza.
- Para descargar la edición #12 del Observatorio del Derecho a la
Alimentación y a la Nutrición en PDF, haga clic en el enlace a
continuación:
Fuente:
http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Reconectando-los-alimentos-la-naturaleza-y-los-derechos-humanos-para-superar-las-crisis-ecologicas
Bloqueo
de la lucha de clases
Nos
enfrentamos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, al
Capital Estado dispuesto a maximizar el acaparamiento de tierras para continuar
profundizando la expansión de los extractivismos. No lo detuvo la actual
pandemia que agrava la emergencia social como consecuencia de la emergencia
ecológica cuya expresión más patente es la climática y todas resultado del modo
capitalista de producción. El bloque dominante junto al PJ, su fiel servidor
está convencido de su supremacía absoluta. Es que las mayorías de
Argentina todavía
creen en la representatividad de gobiernos y estado. Y el gobierno de les
Fernández abusa de esa falta de independencia mental de las mayorías usando no
sólo el doble discurso sino también instalando concretas políticas públicas
en contradicción irreconciliable con los planes extractivistas que está
ejecutando.
Agrotóxicos:
una
convocatoria con 24 años de retraso
14 de noviembre de 2020
Por
Darío Aranda
Agencia de Noticias Tierra
Viva
El Gobierno realizó un llamado a científicos para “estimar” el contenido de
agroquímicos en suelos, agua, aire y organismos biológicos. Fue presentado como
un punto de partida para la “producción sustentable”, pero llega dos décadas
después de haber aprobado el primer transgénico con uso de glifosato. Crítica de
organizaciones socioambientales que sufren las fumigaciones y descreimiento y
desconfianza de investigadores.
Dos décadas después de haber autorizado el primer transgénico con uso de
glifosato, el Gobierno anunció que medirá el impacto de los agrotóxicos en el
ambiente y en organismos biológicos. La iniciativa es impulsada por el ministro
de Ciencia, Roberto Salvarezza, que cuenta como antecedente haber hostigado al
científico Andrés Carrasco por sus estudios críticos sobre el glifosato. Desde
hace décadas que madres de pueblos fumigados, organizaciones socioambientales y
campesinos dan cuenta de los impactos de los agrotóxicos.
En Argentina existen más de 200 publicaciones científicas que dan cuenta del
impacto negativo del glifosato, el herbicida más usado del país.
Anuncio oficial
El ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, encabezó el anuncio, secundado por
sus pares de Agricultura, Luis Basterra, y de Ambiente, Juan Cabandié. “Convocan
a la comunidad científica a participar del ‘Inventario para la producción
sustentable’”, fue el título del comunicado en el que se invitó a investigadores
“que cuenten con resultados de investigaciones y/o desarrollos tecnológicos
orientados a medir y/o estimar el contenido de agroquímicos en suelos, agua,
aire y organismos biológicos”. También estuvo presente la titular de la Unidad
de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ciencia, Carolina Vera, para “ultimar
detalles acerca del Inventario de Uso de Agroquímicos”.
El ministro Salvarezza señaló que busca “poder tener una primera aproximación al
estado actual del uso de agroquímicos” y explicó el por qué de la convocatoria:
“En el mundo hay exigencias cada vez más importantes. Argentina tiene que salir
a ganar nuevos mercados en cuanto a producción con base en línea con el cuidado
ambiental”.
El ministro Basterra reconoció que “la sociedad nos interpela sobre la manera en
la que producimos los alimentos”.
Los funcionarios no especificaron cómo ni quiénes procesarán las informaciones
aportadas por los científicos que concurran a la convocatoria.
“¿Cuánto más van a estudiar?”
Daniela Verzeñassi es parte del Foro Ecologista de Paraná e integrante de la
Coordinadora Basta es Basta de Entre Ríos, que denuncian desde hace más de una
década las fumigaciones con agrotóxicos. Enterada sobre la convocatoria del
Gobierno a científicos, tomó distancia: ¿Dónde estuvieron todos estos años que
pasaron? ¿Recién se dan cuenta lo que a gritos la población y la ciencia digna
viene denunciando? Ya está demostrado lo que provocan estos químicos y no se
trata de la cantidad de veneno, sino del veneno en sí mismo. ¿Cuánto hay que
seguir estudiando?”.
Señaló que es un avance que los ministerios tomen el tema, pero destacó que es
producto de la lucha socioambiental que desde hace años sufre los daños que el
modelo de producción generan en los territorios y en las personas. “Hemos sido
acompañadas por la ciencia digna de nuestro país y el mundo, con publicaciones
científicas que demuestran claramente que los impactos visibles en los
territorios y la salud”, recordó Verzeñassi y planteó la desconfianza: “No vaya
a ser que quieran legitimar el modelo con ‘dosis aceptables’ de veneno. No lo
vamos a permitir”.
Gabriel Arisnabarreta es productor agroecológico en Saladillo (Buenos Aires),
integrante de la Red Nacional de Acción Ecológica (Renace). Al leer la noticia
de la convocatoria oficial a científicos, lo primero que hizo fue enumerar todas
las consecuencias de los 24 años de transgénicos: millones de hectáreas
desmontada, desalojos de campesinos e indígenas, concentración de tierras en
pocas manos, crecimiento de las grandes ciudades, agrotóxicos en suelos, cursos
de agua, aire y cuerpos.
Sin embargo, precisó cuál fue el mayor éxito del modelo de agronegocio: “Su
mayor logro es haber colonizado las cabezas de la mayor parte de la plana
política, que no pueden ver otra salida para nuestro país que no sea el
extractivismo”.
Respecto a la convocatoria, diferenció tres aspectos:
– “El Ministro de Ciencia no tiene buenos antecedentes”.
– “Hay que ver a qué ciencia se consultará. ¿A la ciencia socia de las empresas
de transgénicos o a la ciencia que está con los pueblos?”.
Y finalizó: “Ya está el informe con las pruebas de lo que producen los
agrotóxicos, está en la historia y los cuerpos de los pueblos fumigados, de las
Madres de Ituzaingó (Córdoba), de los Docentes por la Vida (de escuelas
rurales), de movimientos campesinos y de asambleas socioambientales”.
Modificar la forma de producir
Cecilia Gárgano es investigadora del Conicet, de la Universidad de San Martín y
de
la Universidad de Buenos Aires. Trabaja sobre conocimientos científicos y problemas del agro
argentino. Lo primero que advirtió es que la convocatoria del Gobierno es
producto de las luchas de las víctimas del modelo de agronegocio, “ya es
inocultable su impacto negativo”.
Por otro lado, cuestionó que se convoque a un inventario de agroquímicos luego
de 24 años de modelo transgénico. “Evidencia la falta absoluta de información
oficial, hecho que venimos denunciando desde hace años”, denunció y exigió: “A
esta altura de los hechos, y después de haber hecho de Argentina un laboratorio
a cielo abierto, la urgencia no tiene que ver con seguir acumulando datos y
evidencia científica que pruebe ese daño. La urgencia tiene que ver con avanzar
en políticas para modificar esta forma de producir”.
Llamó a “no caer en la trampa de la evidencia”, referido a lo insólito de
gobiernos y empresas que exigen pruebas a las víctimas en lugar de esas mismas
empresas mostrar estudios independientes que den cuenta de la inocuidad de sus
químicos.
También resaltó las contradicciones del Ministerio de Ciencia, que convoca para
conocer los impactos de los agrotóxicos y al mismo tiempo impulsa y aplaude la
aprobación del trigo transgénico. “Cuando vemos quiénes convocan, genera como
mínimo cierto reparo y cierta sospecha”, reconoció.
Y resaltó el rol cómplice de sectores académicos: “La ciencia hegemónica ha
tenido un rol fundamental en este tipo de modelo agropecuario, avalando
cuestionables procesos regulatorios”.
Propuso que los sectores de gobierno recurran a las comunidades, “donde ya se
han sistematizado los datos que demuestran que esta agricultura enferma y es
inviable”. E insistió en el rol que debiera tener el Estado: “Las medidas
políticas deben apuntar a revertir este modelo, no a juntar datos luego de
veinte años”.
Lavado de cara
Juan Wahren investiga los impactos del agronegocio desde hace dos décadas. Forma
parte del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la UBA. Su
lectura del anunció no tienen grises: “Es un intento de lavado de cara. El
agronegocio tiene muy mala imagen, que antes quizá no tenía, y están intentando
cambiarla, ponerles una cara verde, sustentable, incluso quieren apropiarse de
la palabra agroecología vaciándola de contenido”.
Recordó que ya existen numerosas pruebas de impacto, por ejemplo, de glifosato y
destacó que recientemente más de 1500 científicos de Argentina se expidieron en
contra del trigo transgénico y del glufosinato de amonio.
También señaló que una convocatoria seria debiera invitar también a las
comunidades afectadas y a los cientistas sociales, para dar cuenta de los
efectos ya comprobados, como los despojos, la violencia y hasta la pérdida de
identidad cultural, además de los aspectos sanitarios; pero descree que haya una
convocatoria de este tipo: “No creo que estos funcionarios quieran asumir el
riesgo de que demostremos científicamente los impactos graves del mismo modelo
que sustenta sus políticas, tanto de este Gobierno como de los anteriores”.
Matías Blaustein es doctor en ciencias biológicas e investigador del Conicet.
Cree que el Gobierno realiza esta convocatoria porque una parte de la comunidad
científica y organizaciones socioambientales estuvieron (y están) muy activas
contra el avance de los desmontes, la instalación de megafactorías porcinas con
China y el trigo transgénico.
“Ojalá se demuestre lo contrario, pero mucho me temo que es más una estrategia
discursiva del Gobierno y que lo que podamos aportar, o ya hayamos aportado, no
se tenga en cuenta”, sinceró.
Antecedentes de Salvarezza
Andrés Carrasco es el científico más reconocido por las organizaciones
socioambientales, campesinos y víctimas de las fumigaciones con agrotóxicos. Ex
presidente del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la
UBA, en 2009 dio a conocer una investigación que confirmó los efectos letales
del glifosato en embriones anfibios. Y lo denunció en los medios de
comunicación.
Marcó un quiebre en la discusión del modelo transgénico en Argentina. Nunca
antes un científico de su talla había investigado y, sobre todo, cuestionado el
modelo agropecuario en base a transgénicos y agrotóxicos.
De inmediato sobrevino una campaña de desprestigio y persecución, encabezada por
las empresas de transgénicos (nucleados en la cámara empresaria Casafe), los
medios de comunicación socios del modelo (Clarín y La Nación, entre otros) y
funcionarios públicos, encabezados por el ministro de Ciencia, Lino Barañao, y
desde 2012, por el presidente del Conicet, Roberto Salvarezza.
Carrasco falleció en mayo de 2014. Poco antes había pedido su promoción a
investigador superior del Conicet, máximo escalafón del organismo. Contaba con
trayectoria y currículum, pero una insólita comisión (integrada por una
especialista en filosofía budista, un científico ligado a las empresas de
agronegocio y un académico denunciado por su rol durante la dictadura) le denegó
su ascenso.
Carrasco no tuvo dudas de que la negativa se trató de una represalia por sus
denuncias sobre los agrotóxicos. Y apuntó directamente a Barañao y Salvarezza,
los denunció por persecución ideológica. “Al presidente del Conicet ,Roberto
Salvarezza, le cabe toda la responsabilidad de haber firmado la resolución que
niega mi promoción. Ni siquiera echó una mirada sobre cómo fue el procedimiento.
Él sabe que al firmar convalidó la injusticia”, afirmó Carrasco en su última
entrevista.
Trigo transgénico y glufosinato de amonio
El 9 de octubre último, en el boletín oficial, el gobierno nacional informó la
aprobación del primer trigo transgénico del mundo, de la empresa Bioceres-Indear
y con uso de glifosato y el cuestionado agrotóxico glufosinato de amonio.
Un comunicado del Ministerio de Ciencia celebraba: “Se recibió la aprobación
regulatoria de la tecnología HB4 para el cultivo de trigo, una tecnología de
tolerancia a sequía única a nivel mundial”.
“Desarrollado por un grupo de biólogos/as moleculares e investigadores/as
argentinos/as, liderados/as por la investigadora Raquel Chan, directora del
Instituto de Agrobiotecología del Litoral (IAL) y perteneciente al Conicet,
permite obtener semillas más tolerantes a la sequía”, festejó el Ministerio de
Ciencia, a cargo de Roberto Salvarezza.
La titular del Conicet, Ana Franchi, celebró la “unión virtuosa” de científicos
con sueldos estatales pero al servicio del sector privado. Afirmó que esa
relación es para “un país mejor y más inclusivo”.
Salvarezza se mostró exultante: “La ciencia argentina empieza a ser más visible.
Cuando hablamos de ciencia argentina ponemos a nuestros premios Nobel sobre la
mesa. Ahora podemos poner otras cosas. Ahora podemos poner alimentos,
herramientas para cuidar a nuestra población en la salud”.
El comunicado oficial no mencionaba nada sobre los cuestionamientos al nuevo
transgénico ni al glufosinato de amonio.
En agosto de 2012, en soledad, un científico sí alzó la voz sobre ese agrotóxico:
“El glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. En ratones
produce convulsiones, estimula la producción de oxido nitroso y muerte celular
en el cerebro”, denunció Andrés Carrasco en la Cooperativa La Vaca.
1100 pruebas
Existen más de 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del
herbicida glifosato en el ambiente y en la salud. Están detallados en la
“Antología Toxicológica del Glifosato +1000”, un trabajo de 270 páginas
recopilado por Eduardo Martín Rossi y editado por la organización Naturaleza de
Derechos. Dan cuenta del impacto sanitario del herbicida más utilizado del
mundo, pilar del modelo transgénico.
Allí se precisan más de 200 trabajos científicos de universidad públicas de
Argentina.
La investigación recuerda que en Argentina se utilizan más de 300 millones de
litros de glifosato cada año, advierte que los organismos de control no miden la
toxicidad crónica del químico y, desde hace décadas, se suman cada vez más
familias y pueblos que denuncian los efectos de las fumigaciones.
Al inicio de la Antología se aclara que los 1108 trabajos científicos citados
fueron, todos, sometidos a revisión por un comité de científicos o pares, y
aprobados para su publicación académica. Se consultaron base de datos
científicas hasta mediados de 2019 y en todos los casos están disponibles
mediante un link de acceso en Internet.
En el primer capítulo de la Antología Toxicológica se precisan estudios que
vinculan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y
parkinson. El capítulo dos aborda los mecanismos de fisiopatología celular
(promotor el cáncer), apostosis celular (muerte celular programada),
genotoxicidad y trastornos en el sistema endocrino. El tercer capítulo cita
estudios de glifosato y su afectación en los sistemas reproductivo, inmunitario,
digestivo, nervioso, renal y cardiovascular.
En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas. Los campos
de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca,
salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita
(manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A
partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato,
desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del 70,
aunque en el 2000 se venció la licencia. Entre las empresas que comercializan
glifosato en Argentina figuran Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor,
Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y
Dow.
Artículo publicado el 11 de noviembre de 2020 en la Agencia de Noticias Tierra
Viva.
Fuente:
https://rebelion.org/agrotoxicos-una-convocatoria-con-24-anos-de-retraso/
Nos hallamos en emergencias
alimentaria, social, sanitaria y ecológica climática (como la gran sequía en
el noreste) pero el gobierno de les Fernández sigue promoviendo agravarlas
con el Plan 2020-2030 de consolidación de la Argentina agroexportadora, Plan
fracking en Vaca Muerta, el Plan
Estratégico para
el Desarrollo Minero Argentino
para los próximos TREINTA (30) años.
El
presidente Alberto Fernández (así como motivó la convocatoria a
transformar el complejo empresarial Vicentín en motor de la soberanía
alimentaria aprovechando la conciliación mayoritaria con el PJ, el Estado y el
capitalismo y el desconocimiento mayoritario de ese paradigma de nueva sociedad
que es la soberanía alimentaria)
señaló la necesidad de “hacer un plan para que las tierras
del Estado sean dadas a quienes las trabajan” y propuso usar para esa
finalidad terrenos fiscales improductivos. “Cuando lo hagamos vamos a estar
fomentando la agricultura familiar, que será altamente beneficiosa para la
Argentina, para evitarnos el costo del transporte. Y veremos que cada pueblo
se desarrolla de otro modo”, pronosticó.
“No estoy
hablando de reforma agraria. Yo no le quiero sacar el campo a nadie. Quiero
que las tierras del Estado improductivas vayan a manos que produzcan. Son
terrenos inactivos que podríamos dárselos a la gente para que produzcan y
abastezcan a las zonas cercanas".
De modo que el
Movimiento Arraigo desdeña la
«reforma
agraria integral» y así se posiciona junto al llamado poder
real que a través de su neoliberalismo y del funcional progresismo ha
concretado la contrarreforma agraria integral cuyas bases implantó con
terrorismos paraestatal y estatal. Lo más triste es que al creer en la
salvación de su sector por el Estado al servicio del poder económico e
imperialista, no sólo se despreocupa de la expansión desertificante de los extractivismos que le quita futuro sino que favorece a su propia
desaparición forzada por el acaparamiento gran capitalista de todo el país.
Qué
es el Movimiento Arraigo, el proyecto que
busca
producir alimento en tierras fiscales
12 de noviembre de 2020
La idea de realizar un Procrear Rural es impulsada por el
senador bonaerense Francisco Durañona y fue destacada por el presidente Alberto
Fernández en una reunión con el PJ.
Días
atrás, el presidente Alberto Fernández señaló la necesidad de “hacer un plan
para que las tierras del Estado sean dadas a quienes las trabajan” y propuso
usar para esa finalidad terrenos fiscales improductivos. “Cuando lo hagamos
vamos a estar fomentando la agricultura familiar, que será altamente beneficiosa
para la Argentina, para evitarnos el costo del transporte. Y veremos que cada
pueblo se desarrolla de otro modo”, pronosticó.
El
mandatario expuso estas opiniones en una videoconferencia en el seno del Partido
Justicialista realizada a instancias del Movimiento Arraigo, un colectivo de
organizaciones sociales que busca dotar a los pequeños productores de sitios
donde puedan desarrollar sus emprendimientos.
“No
estoy hablando de reforma agraria. Yo no le quiero sacar el campo a nadie.
Quiero que las tierras del Estado improductivas vayan a manos que produzcan. Son
terrenos inactivos que podríamos dárselos a la gente para que produzcan y
abastezcan a las zonas cercanas”, agregó Fernández.
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“Hoy
la cuestión es qué hacemos con un país tan desintegrado, que desarrolló un
centro muy rico y dos periferias muy pobres, una norte y una sur. ¿Qué hacemos
con ese país que se dice federal pero que no lo es? ¿A qué normalidad queremos
volver después de la pandemia? Yo no quiero volver a una situación que concentra
la riqueza en pocos y les deja la pobreza a muchos”, cuestionó.
El
Movimiento Arraigo es impulsado desde hace algunos años por el exintendente de
San Antonio de Areco y ahora senador bonaerense, Francisco Paco Durañona. Cuenta
también con el apoyo de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), la
Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) y Coninagro.
“Así
como existe el Procrear para las viviendas urbanas, queremos armar un programa
similar para que pequeños productores, cooperativas y organizaciones puedan
acceder a la tierra, ser titulares de ella y producir alimentos que promuevan
empleo y garanticen precios justos”, explicó Durañona.
Junto
a la UTT, Arraigo presentó dos proyectos de ley en el Congreso, uno e 2016, que
perdió estado parlamentario, y otro en octubre de este año. Lo mismo hicieron en
la legislatura bonaerense, donde debe ser tratado por el Senado.
En
ellos se busca crear un fideicomiso en el que el Estado pueda entregar terrenos
de su propiedad en desuso, con destino al desarrollo de “colonias o comunidades
agrícolas para el acceso a la tierra y a la vivienda familiar, única y
permanente”. Los beneficiarios pagarán su valor a través de un crédito
hipotecario financiado por el fondo fiduciario.
Entre
los principales objetivos del proyecto figuran:
-
“Garantizar el acceso y la seguridad de la tierra destinada a la vivienda y
la agricultura familiar, en condiciones de seguridad e igualdad para
cualquier persona humana en todo el territorio de la Provincia de Buenos
Aires, promoviendo el arraigo de la población en cada territorio, tendiendo
a la corrección de disparidades, inequidades e injusticias existentes a
partir de la excesiva concentración poblacional en núcleos urbanos y el
desaprovechamiento de nuestro suelo y riquezas productivas”.
-
“Desarrollar, desplegar y garantizar accesibilidad y disponibilidad de
distintos tipos de herramientas financieras públicas, privadas o mixtas que
faciliten, en condiciones sostenibles y subsidiadas, el acceso a la tierra y
la vivienda de productores y productoras”.
-
“Desarrollar y financiar, de manera prioritaria, programas coordinados entre
la Nación, la Provincia de Buenos Aires y los Municipios, para el desarrollo
de la infraestructura necesaria que facilite la instalación y radicación de
familias productoras en condiciones dignas, así como para el buen
desenvolvimiento de las actividades y capacidades productivas”.
-
“Garantizar el acceso y la seguridad de la tierra destinada a la vivienda y
la agricultura familiar, en condiciones de seguridad e igualdad para
cualquier persona humana en todo el territorio de la Provincia de Buenos
Aires, promoviendo el arraigo de la población en cada territorio, tendiendo
a la corrección de disparidades, inequidades e injusticias existentes a
partir de la excesiva concentración poblacional en núcleos urbanos y el
desaprovechamiento de nuestro suelo y riquezas productivas”.
-
“Desarrollar, desplegar y garantizar accesibilidad y disponibilidad de
distintos tipos de herramientas financieras públicas, privadas o mixtas que
faciliten, en condiciones sostenibles y subsidiadas, el acceso a la tierra y
la vivienda de productores y productoras”.
-
“Desarrollar y financiar, de manera prioritaria, programas coordinados entre
la Nación, la Provincia de Buenos Aires y los Municipios, para el desarrollo
de la infraestructura necesaria que facilite la instalación y radicación de
familias productoras en condiciones dignas, así como para el buen
desenvolvimiento de las actividades y capacidades productivas”.
Fuente:
https://www.tiempoar.com.ar/nota/que-es-el-movimiento-arraigo-un-proyecto-que-busca-producir-alimento-en-tierras-fiscales?fbclid=IwAR2xraxalYiIywA-pKhU9j6W83K9uvDUDVNR0w6KDK1PbEu-5m30rx6Ma8A
En
consecuencia, como todas las actuales organizaciones campesinas y de los
productores pequeñes-medianes de Argentina gracias a la desinformación
sesgada y manipulada del kirchnerismo,
el
Movimiento Arraigo desdeña la
«reforma
agraria integral» y de este modo se posiciona junto al llamado poder
real que a través de su neoliberalismo y del funcional progresismo ha
concretado la «contrarreforma agraria integral» cuyas bases implantó con
terrorismos paraestatal y estatal. Lo más triste es que esos actores
fundamentales para la soberanía alimentaria creen en la
salvación de su sector por el Estado al servicio del poder económico e
imperialista. De este modo no sólo se despreocupan de la expansión desertificante de los extractivismos que les quita futuro sino que favorecen a su propia
desaparición forzada por el acaparamiento gran capitalista de todo el país.
Veamos
porqué es imprescindible
la «reforma
agraria integral», porqué es anticapitalista y porqué va más allá de
garantizar la soberanía alimentaria y de centrarse en el protagonismo de
campesinos y pequeñes-medianes productores.
Acaparamiento de tierras y bienes comunes
Bosques, Agua, Soberanía Alimentaria
Perspectivas y dimensiones del fenómeno en Argentina
Marzo 2015
Amigos de la Tierra Argentina
(…) Según Darío Aranda, en la
Argentina “la intensificación de los conflictos territoriales está
ligada a la expropiación histórica de los pequeños campesinos y de los
pueblos originarios de sus territorios. Este proceso ha consolidado un
modelo de agricultura industrial, que se ha inscrito en el marco de un
modelo de extracción basado en el saqueo de los recursos naturales”
(Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, 2014).
Así,
nos interesa situar los acaparamientos que ocurren en la Argentina en el
marco teórico global del extractivismo latinoamericano. Este
término se refiere a los sistemas de explotación de los recursos
espontáneos, tales como los productos vegetales, animales, minerales o
petroleros, para su comercialización (EMPERAIRE L., 1994). Este
extractivismo, promovido de diversas formas (reforma normativa,
subvención financiera), incluye no sólo a las actividades estrictamente
extractivas (sector de minería y petróleo), sino también a otras (como
agronegocios y biocombustibles) que fomentan la lógica extractivista al
consolidar el monocultivo. Entonces, la estrategia económica que domina
hoy en la Argentina se funda en el éxito de las exportaciones combinado
con la búsqueda de inversiones extranjeras. Eso hace que exista un
modelo de desarrollo económico y social basado en la apropiación de los
recursos naturales y en una economía orientada a la exportación. Pero,
como mostraremos a lo largo del presente documento, a viabilidad de este
modelo acaparador sigue siendo cuestionada. Engendra una dependencia
tecnológica hacia las empresas multinacionales y una dependencia
económica a las fluctuaciones de los cursos mundiales de las materias
primas, lo que refuerza la división internacional del trabajo asimétrica
entre los países del norte (que preservan localmente sus recursos
naturales) y los del sur (DUVAL M., 2011).
A nivel ambiental, las minas a
cielo abierto, la sobre-explotación de yacimientos, los agronegocios
o la extracción de hidrocarburos implican el retorno de metales
pesados al medio ambiente, la contaminación de los suelos y de las
capas freáticas, la deforestación y la destrucción de los paisajes,
los ecosistemas y la biodiversidad. Y finalmente, a nivel social,
este modelo se impone en detrimento de las poblaciones locales,
rurales e indígenas. Uno de los objetivos de la presente publicación
es lograr una perspectiva histórica y espacial sobre el proceso
global del acaparamiento de la tierra en la Argentina. Este no es un
fenómeno aislado. Las situaciones de apropiación o usurpación de
tierra están ligadas a la evolución actual del mundo capitalista.
Para entenderlos se tiene que tomar en cuenta la intervención de
diferentes actores, cada uno a su nivel, y su implicancia en las
escalas locales, nacionales, regionales e internacionales. Así,
antes de exponer la lógica de los casos de acaparamiento en el marco
agropecuario y forestal, en la minería, el fracking y en el contexto
urbano, proponemos una revisión de la definición del acaparamiento
de los bienes comunes del país y luego describimos el marco legal
provincial, nacional, regional e internacional.
Nos interesa también, a lo
largo del documento, poner de relieve las resistencias locales y las
posibilidades de reacción frente a los acaparamientos, ya que
nuestro objetivo persigue el desarrollo de una sociedad sustentable
a partir de promover la participación de los distintos sectores de
la sociedad y fomentar su trabajo en redes.
En su informe “Se adueñan de
la tierra. El proceso de acaparamiento agrario por seguridad alimentaria
y de negocios”, la ONG GRAIN califica a la nueva versión de “adquisición
de las tierras a gran escala en los países del sur” como “acaparamiento
de la tierra” o “land grabbing” por el término inglés (GRAIN, 2008).
Esta práctica fue fuertemente mediatizada a raíz del proyecto de
inversiones en Madagascar por parte de la empresa surcoreana Daewoo
Logistics, que implicaba la toma de control a título gratuito de
1.300.000 hectáreas para introducir monocultivos de maíz y para obtener
aceite de palma para exportación (PEDRIAULT M., 2011). Desde entonces,
el tema de los acaparamientos se ha vuelto un punto de preocupación
tanto para las organizaciones de la sociedad civil como para las
instituciones internacionales y la prensa mundial (KARSENTY A., ONGOLO
S., 2012).
La literatura científica
multiplica las palabras para caracterizar a las diferentes formas del
acaparamiento de la tierra: se habla también de “water grabbing”
(“acaparamiento del agua”), “meat grabbing” (“acaparamiento para
producción de carne”) o “green grabbing” (“acaparamiento verde”). De
manera más política, el ex Secretario General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hablaba de
riesgos de “neocolonialismo agrario”. El empleo del término
“acaparamiento de la tierra” es problemático porque se ha convertido en
una expresión que hace difícil la real comprensión del fenómeno. Además,
esta expresión es manchada con cierto carácter de hipótesis: se
referiría a la toma de control por los actores extranjeros (gobiernos e
inversores), se desarrollaría en Estados débiles y estaría ligada a un
contexto de inseguridad alimentaria que refiere a las adquisiciones a
gran escala, violando los derechos territoriales (FEODOROF T., 2013).
En el extenso estudio de la
FAO realizado en 2010 y 2011 sobre 17 países de América Latina y el
Caribe, tres condiciones son usadas para definir los casos de
acaparamiento de la tierra: - La superficie de las tierras controladas
debe ser relevante, es decir mayor a 1.000 hectáreas para un proyecto. -
Tiene que estar implicado directamente un gobierno. - Las inversiones
tienen que ser consideradas como generadoras de un impacto negativo
sobre la seguridad alimentaria del país. Con estos parámetros, sólo
habría acaparamiento de la tierra en dos países de Latinoamérica:
Argentina y Brasil.
Por
supuesto, lo que está en juego es más que la definición de una palabra.
Estos tres criterios aportan una visión reducida del fenómeno, aunque se
trate de los tres aspectos más controvertidos de la situación actual,
esta definición carece de otros elementos importantes que caracterizan a
la problemática. Es por esto que nos proponemos seguir uno de los
criterios del trabajo de S. M. Borras Jr y otros (2012), quienes ponen
en relieve los fallos de la definición propuesta por la FAO, lo que
permitiría tomar en cuenta la complejidad de los proyectos que existen
en la Argentina.
-
Empezamos por interrogar el concepto de “extranjerización”. Éste
hace referencia a la participación de actores del exterior
englobando a los gobiernos y grandes empresas extranjeros y a
personas como el millonario estadounidense Douglas Tompkins, quien
posee alrededor de 140.000 hectáreas en los Esteros del Iberá, en la
provincia de Corrientes4. Sin embargo, vemos que el
acaparamiento no requiere forzosamente la presencia de un “actor del
norte”. El Cuadro 1 muestra la participación de las empresas
llamadas “translatinas” en países de la región. Así se puede ver que
algunas compañías argentinas invierten en Brasil, Uruguay o
Paraguay, mientras que se encuentran en la Argentina, entre tantas
otras, empresas chilenas o de Panamá. En 2011, se implementa la Ley
26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la
Propiedad y Posesión, que regula la tenencia de tierras en manos
extranjeras. Pero el estudio de Miguel y María Mumis (2012), sobre
una muestra de 52 empresas dueñas de grandes superficies en el país,
encontró que 25 de ellas son nacionales contra 22 extranjeras,
siendo el resto de capital mixto (Cuadro 2) 5. Entonces,
resulta útil aclarar que los casos de acaparamiento no son solo por
parte de empresas, Estados o personas “del norte” o del resto de
América Latina, sino también por algunos actores nacionales con
mucha influencia.
-
Algunos se refieren al acaparamiento de tierras, la extranjerización
y la concentración de las tierras en pocas manos como una reacción a
la crisis alimentaria de 2007 y 2008. Nos gustaría poner de relieve
que eso opaca una gran parte del fenómeno de acaparamiento. Por un
lado, como ya lo hemos dicho y mostraremos a lo largo del documento,
el acaparamiento de tierras no es algo nuevo puesto que toma su raíz
en la historia colonial de América Latina. Por otra parte, esta
interpretación se enfoca en el problema agrario y toma sólo el
sector alimentario. Sin embargo, los proyectos de acaparamiento que
Amigos de la Tierra Argentina denuncia no son solamente de
utilización de las tierras cultivables, sino también proyectos de
plantaciones de árboles exóticos, explotaciones mineras, proyectos
de fracking o programas urbanos. Además, entre los “cultivos
alimentarios” hay cada vez más productos llamados “flexcrops”6,
cuya finalidad no es producir alimentos sino agrocombustibles o
directamente para la especulación. Entonces, para S. M. Borras Jr y
otros (2011) es más interesante vincular el renacimiento del uso del
término “acaparamiento” desde los acontecimientos de 2007/2008 con
la convergencia de una crisis alimentaria, energética, climatológica
o financiera para explicar que el fenómeno no es solamente agrario,
sino una fase de la evolución del capitalismo en la que cada crisis
está totalmente ligada una con la otra.
-
Otro
hecho que contribuye a la complejidad de la definición del
acaparamiento de la tierra es el tema del modo en que éste se
realiza. Lo más problemático parece ser la compra de tierras, porque
implica que las poblaciones pierden el control total de lo que se
hace en el lugar. Pero esa no es la única forma de toma de control
que existe. Hay un amplio espectro de mecanismos para controlar la
tierra. Se halla la forma de arrendamiento a largo plazo, más
específicamente de 99 años, aunque también se ven casos en los que
no hay una modificación legal de los derechos sobre la tierra porque
los dueños firman contratos de arriendo. En su estudio ya citado,
Miguel y María Mumis (2012) documentan los tipos de tenencia de la
tierra de 48 empresas de su muestra (Cuadro 3). Sin considerar el
origen de las empresas, explican que 23 son dueños de las tierras,
solamente 7 son casos donde los propietarios la alquilan, y los
restantes son ejemplos de tipo de tenencia de la tierra combinada.
-
Algunos gobiernos con posturas nacionalistas, que parecieran
manifestar un abierto rechazo al acaparamiento de tierras, muchas
veces funcionan a su vez como promotores activos en las
negociaciones a favor de la concentración de la tierra. Es así que
se muestran abiertos a atraer inversiones de empresas extranjeras
que ocupan grandes áreas de territorio, facilitando su ingreso al
país a través de marcos legales favorables a los negocios
extractivos. Por otro lado, tanto a nivel nacional, como provincial
o municipal, aseguran en sus discursos tanto la voluntad de
protección del medioambiente como la importancia de la incidencia de
los proyectos extractivos en la redistribución de la riqueza y en
pos del desarrollo de su población.
-
Finalmente, lo que importa son las consecuencias que tienen los
proyectos de acaparamiento de la tierra sobre las condiciones de
vida de las poblaciones. Siguiendo la International Land Coalition,
consideramos que en el proceso de la negociación sobre la compra o
alquiler de tierras es importante observar los principios de
transparencia y de responsabilidad social y ambiental7.
Las transacciones tienen que cumplir un nivel de consentimiento
libre y soberano por parte de los usuarios de las tierras. En la
actualidad existen mecanismos directos e indirectos de acaparamiento
de tierras, que incluyen desalojos violentos, extorsiones y
contaminación. Por otro lado, los campesinos se ven obligados a
arrendar sus tierras, y si bien mantienen la tenencia, pierden su
trabajo y en muchos casos se deteriora la calidad del suelo, que va
a necesitar años para su reutilización. Otra de las consecuencias es
que en los últimos años se ha observado un incremento en la
movilidad de campesinos hacia las urbes, que se ven obligados a
aumentar la masa de las poblaciones pobres de los barrios precarios
de las grandes ciudades.
Con estos cinco puntos
intentamos poner de relieve algunas pautas en la definición de los
acaparamientos que tienen lugar en la Argentina. Así, tomando la
definición propuesta por Amigos de la Tierra Internacional, entendemos
el acaparamiento como “la toma de control por las empresas, los Estados,
los inversores financieros y las élites, sobre las tierras y los
recursos para su propio beneficio (bosques, agua, suelos)”. Además,
podemos agregar que el acaparamiento en el plano ambiental supone la
práctica directa o indirecta propia de la lógica económica capitalista,
por parte de ciertos sectores de poder en la compra, arrendamiento o
retención de grandes extensiones de tierra, para el beneficio de
intereses privados nacionales o extranjeros, Estados terceros e incluso
el propio Estado nacional con emprendimientos inconsultos a las
comunidades locales. Este modelo de tenencia de tierra trae
inevitablemente consecuencias desfavorables tanto en el ámbito social
como ambiental. Esta definición utilizada por Amigos de la Tierra
Argentina surge desde una mirada transversal a las distintas áreas de
trabajo de la organización. Así, toma en cuenta proyectos a escalas muy
diversas en todo el país: desde pocos metros cuadrados en un parque de
la Ciudad de Buenos Aires hasta las 1.000 hectáreas de las plantaciones
de la millonaria francesa Madame Beaux en los Esteros del Iberá de la
provincia de Corrientes. Consideramos también que lo que importa es el
impacto del acaparamiento más que el tamaño de las tierras acaparadas o
la suma de dinero invertido. Finalmente,
a lo largo de la publicación se
utilizará el término “acaparamiento de los bienes comunes” 8
dado que representa mejor la problemática que expondremos.
(…)
Fuente:
http://www.unter.org.ar/imagenes/ACAPARAMIENTO-web.pdf
Nos es crucial destapar cómo los gobiernos del Partido Justicialista, primero,
bajo liderazgo de Carlos Menem y en este siglo bajo el del matrimonio Kirchner
han hecho viable a la privatización de los bienes comunes tanto sociales como
naturales o sea han instaurado el avasallamiento de derechos de los pueblos e
individuos de Argentina. No sólo ha mercantilizado los bienes comunes con lo cual el acceso a
cada uno depende del poder de adquisitivo del 'usuario', 'consumidor',
'cliente'... Sino también los concesionarios o los propietarios tienen derecho,
por ejemplo, respecto al agua: a consumirla sin límite privando a poblaciones
enteras de ella; a envenenarla; a desviar, profundizar o ensanchar su cauce; a
agotarla.... Más que privatizar ha sido transnacionalización o sea
desterritorialización y reterritorialización en acuerdo con el modelo
extractivista exportador. En esa reconfiguración geoeconómica y sociopolítica
participan los acaparamientos forestal, por fracking, por megaminería y por
desarrolladores urbanos. Pero, en Argentina, el principal es el acaparamiento
por agronegocios.
Acaparamiento de tierras y bienes comunes
Bosques,
Agua, Soberanía Alimentaria
Perspectivas
y dimensiones del fenómeno en Argentina
Marzo 2015
Amigos de la Tierra Argentina
(…)Acaparamiento por agronegocios
(…) V - Hoy en día: Los factores determinantes en el
acaparamiento de la tierra
Desde el principio de los años ‘90, el contexto internacional de los mercados
agrícolas, los flujos crecientes de capitales y de tecnología contribuyeron en
toda América Latina, y especialmente en la Argentina, a la estructuración de un
complejo agroindustrial que se funda en una red de empresas agrícolas
articuladas con firmas internacionales que controlan la totalidad del ciclo de
producción y en una especialización regional orientada hacia los mercados de “commodities”.
“Favorecieron la emergencia de nuevas formas de organización de la producción
agrícola que toman un espacio importante en el paisaje argentino mientras hacen
astillas las estructuras agrarias históricas de la Argentina, las grandes
estancias y las explotaciones familiares” (traducción propia de Fevre, 2010,
p157).
Poco a poco, los pequeños productores tuvieron que elegir entre dos
alternativas: trabajar la tierra o vivir gracias al alquiler de esas tierras
(Cóccaro, Maldonado, 2010). El crecimiento exponencial de las exportaciones
agrícolas durante esa década ha sido acompañado por un deterioro en la
economía de las familias campesinas, a raíz de no poder afrontar éstas los
costos de los insumos industriales necesarios para competir, o subsistir, en
la producción. Así, para mantener sus recursos económicos, muchos
agricultores tenían que aumentar la superficie cultivada y el volumen de
producción. Los productores campesinos que no pudieron alcanzar estas
escalas de mayor rentabilidad debido a la suba importante de los precios de
la tierra, han vendido o bien alquilado sus tierras a otros productores más
dinámicos y capitalizados, o a gente de la ciudad que buscaba invertir en
tierra (Sili, Soumoulou, 2011). La “ventaja” del arrendamiento en “pools de
siembra”4 , modalidad que se expandió rápidamente, es la flexibilidad que
permite este tipo de tenencia de la tierra, ya que cada año la escala de
explotación puede variar de acuerdo a la coyuntura de los mercados o a las
condiciones climáticas, y a su vez les permite evitar la inmovilización del
capital en la tierra. Pero tal flexibilidad de mercado llevó a los
campesinos a convertirse en víctimas de esta modalidad.
Como consecuencia de este proceso “los productores y el país en general, pierden
así su capacidad de control y regulación de su producción debido a la
dependencia de insumos que están patentados en otros países” (Sili, 2005, p27).
Otros inversores, extranjeros o nacionales, mucho más grandes y vinculados a
bancos e instituciones financieras del país toman parte en estos nuevos fondos
de inversiones. La mayoría de estos actores no tienen vínculo alguno con el
mundo rural, más aún, para ellos la agricultura es sólo un medio más para
invertir. Carlos Reboratti estima que los grupos de inversores más grandes
representan 4% de los productores pero producen 60% de la cosecha, el resto está
compartido entre los medianos y pequeños productores (traducción propia, de
Reboratti, 2008, p95). Generalmente, la mayoría de las actividades a lo largo
del ciclo del cultivo se tercerizan y se recurre a suministradores de servicios
agrícolas que incluyen la siembra, el control de malezas e insectos por
fumigación, el monitoreo del cultivo y hasta la cosecha. Así, “se estima que el
50% de la superficie pampeana ya no es trabajada por los productores dueños de
la tierra, sino por grandes contratistas y fondos de inversión” (Sili, 2005,
p31). Este proceso de externalización y el “éxito” de los pools de siembra
conllevan a una inevitable disputa por las tierras, la mayoría de las cuales
pertenecían, o en el mejor de los casos pertenecen, a pueblos originarios o
familias campesinas. Con respecto a esto, Darío Aranda denuncia: “En la
cotidianidad del campo [el corrimiento de la frontera agropecuaria] implicó
desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena
(MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por
el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del
Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pools de siembra y
de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y
Confederaciones Rurales Argentinas)” (Aranda, 2011, p5).
Finalmente, se observa una “financierización”5 de la agricultura del
país. La economía argentina es hoy totalmente dependiente de la soja y de las
grandes empresas responsables de sus negocios. Estos nuevos agentes actúan en
toda la cadena productiva, especialmente en la provisión de insumos (semillas,
fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc.), en la logística y el transporte
(vías férreas, puertos, terminales de carga, etc.), el procesamiento industrial
de la producción agropecuaria (molinos, aceiteras, frigoríficos, fábricas de
alimentos en general) y la comercialización de los productos. Son corporaciones
nacionales y transnacionales responsables de vehiculizar los cambios
estructurales del sistema productivo nacional. Así, el país es actualmente el
tercer productor mundial y 90% de su producción es destinada a las
exportaciones. Los productos derivados de la soja representan 20% de las
exportaciones totales de Argentina (Fevre, 2010). Una de las explicaciones más
conocidas de esta dependencia es el hecho de que desde la devaluación de 2001,
los productores agropecuarios privilegian las inversiones a corto plazo, y por
consecuencia a la soja, gracias a su alta rentabilidad. Sumado al daño
indiscutible sobre la soberanía alimentaria del país, esto vincula directamente
a los insumos de la agricultura con el dólar. La devaluación generó que el tipo
de cambio sea ventajoso para los tenedores de dólares afectando a toda la
población en virtud del incremento de los precios.
Por su parte, un grupo de 5 empresas: Cargill, Bunge, Dreyfus, Aceitera
General Deheza y Vicentin, concentran toda la producción de aceite de soja,
su exportación y la de sus subproductos como la harina de soja. Estas
empresas dominan la cadena, suministrando insumos y servicios a los
productores y asegurándoles a su vez la venta. De esta forma tienen un
amplio poder sobre qué, cómo, cuándo y para quién producir. Además se
encuentran extremadamente ligadas a las instituciones financieras
internacionales, los bancos, las grandes empresas de agroalimentos y las
industrias de energía que controlan el negocio de la soja.
VI - El caso representativo de la soja
La apertura económica y la desregulación del mercado que se produjo en la
República Argentina a partir del año 1991, junto con el cierre de las Juntas
Nacionales de Granos y de Carnes, fueron gestando el modelo de producción que
hoy prevalece. El cultivo de soja se conoce en la Argentina desde 1867, pero la
superficie cultivada a la década de 1970 era casi inexistente. Fue
incorporándose a partir de allí, en vistas de competir en el pujante mercado
internacional. Su expansión en nuestro territorio fue rápida, debido a la alta
demanda, buenos precios y una coyuntura climática favorable. En Santa Fe, la
provincia que la incorporó en forma más generalizada, la producción se
multiplicó trece veces entre 1976 y 1986. “La tecnología [...] fue
incrementándose y adaptándose al cultivo de superficies cada vez mayores, y
terminó por ser antieconómica para el pequeño productor tradicional. El cambio
apuntaló un marcado proceso de concentración [...]. Sin embargo, aunque la
cantidad de pequeños agricultores pampeanos no se redujo, no necesariamente se
deshicieron de su predio sino que también lo suelen hacer trabajar por un
contratista: la actividad como pequeños productores puede considerarse
terminada, ahora son pequeños rentistas urbanos empleados en servicios y en el
comercio” (Brailovsky y Foguelman1998, p334). Si nos situamos en el actual siglo
XXI, “entre el año 2000 y 2011 se produjo un aumento del 32% de la superficie
total cultivada en la Argentina, en el que un 77% de ese incremento se atribuye
exclusivamente al cultivo de la soja transgénica” (Volante et al, 2012).
En 1998, dos años después de la introducción en el país del primer organismo
genéticamente modificado (GMO por sus siglas en inglés), perteneciente a la
firma Monsanto y autorizado por el entonces Secretario de Agricultura Felipe
Solá durante el gobierno de Carlos S. Menem, el 72% del total de la producción
de soja resultaba de la novedosa semilla transgénica. Hoy, ésta ya representa el
98% del total de la producción de la oleaginosa (Fevre, 2010, Prevot-Schapira,
2011). La adopción de este modelo demanda un cambio radical: se precisa mucho
más capital que En el siguiente mapa puede apreciarse el peso indiscutible que
fueron ejerciendo todas esas políticas favorables a la expansión del cultivo en
nuestro país. para la agricultura convencional. Como lo dice Marcelo Sili, “Son
también estas grandes empresas, especialmente las de origen transnacional, las
que impulsaron y promovieron el desarrollo de los cultivos transgénicos,
controlando a través del cuasimonopolio de la tecnología, las semillas y los
insumos en general, el gigantesco mercado de la soja y también del maíz” (Sili,
2005, p19). Eso va acompañado del desplazamiento y la desaparición de pequeños y
medianos productores, quienes no cuentan con los recursos económicos para
competir en el mercado al mismo nivel que los grandes grupos que emergieron
adoptando la nueva metodología. De esta manera, los últimos 18 años fueron
marcados por el crecimiento en la adopción del “paquete tecnológico” y sus
insumos, combinando la práctica de la siembra directa, la dependencia de
semillas genéticamente modificadas y la batería de diferentes agroquímicos que
las acompañan. Es así como en la actualidad, en la temporada 2011/2012,
habiendo pasado por doce años de gobierno de Néstor C.
Kirchner y continuado por su esposa Cristina Fernández de Kirchner, la soja se
ha dispersado ampliamente y representa más del 56% de la superficie cultivada
del país, es decir 19,8 millones de hectáreas (Aranda, 2013). A su vez, en el
año 2011, el gobierno ha presentado el Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial Participativo y Federal (PEA)6 con metas crecientes a lograr en
la década 2010-2020. Si bien es positivo que un país defina sus políticas
agropecuarias a futuro teniendo objetivos claros e intentando fomentar
áreas de producción hoy en decadencia e impulsar, por ejemplo, el agregado de
valor, la principal crítica a realizar a este plan es la insustentabilidad del
mismo.
Los granos siguen llevándose el protagonismo en este modelo, y dentro de él
siguen siendo la soja y el maíz transgénicos los ejes para la expansión de
la superficie cultivada en Argentina, con todas las consecuencias que estos
cultivos acarrean. La antes mencionada dispersión de la soja se extendió
hasta 15 provincias en nuestro territorio, siendo los principales aportes
para las últimas campañas provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos y La Pampa (Guía Estratégica para el Agro, 2013). Más aún, el
“desarrollo” permanente de la biotecnología, por medio de laboratorios tanto
6- El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y
Federal 2010- 2020 o Plan Estratégico Agropecuario (PEA) propone el
“crecimiento sustentable de la producción agroalimentaria y agroindustrial”.
Su documento establece fines, estrategias y cifras meta de producción y
exportación al año 2020 para los 24 complejos agroalimentarios y
agroindustriales más importantes del país. Propone por ejemplo aumentar la
tierra cultivada en 30% hasta 2020 y llegar a producir 160 millones de
toneladas de granos, lo cual traería aparejado un incremento en la
superficie sembrada del 27%. internacionales como nacionales, ha abierto la
posibilidad de, a través de la utilización de semillas especialmente
diseñadas para regiones secas o frías, llegar a “conquistar” provincias como
Mendoza, Neuquén o Chubut, hasta hace unos años algo inimaginable. La
expansión de la frontera agropecuaria llegó a lugares tan impensados como lo
es el caso de una localidad bonaerense que se encuentra a tan solo 38
kilómetros de la Capital Federal: Guernica. Con sectores visiblemente
urbanos por sus características habitacionales de infraestructura y
servicios, pero con ciertas manzanas del barrio mal catalogadas como zona
rural, presenta tres campos de cultivo a su alrededor, que se ubican a
distancias muy próximas de las viviendas, y en algunos sectores sólo con una
calle angosta como separación. La cercanía de los campos hace que la
población, sus casas, plantas y animales reciban constantemente la deriva
proveniente de las fumigaciones que estos cultivos transgénicos implican
(Amigos de la Tierra Argentina, 2012). Esta localidad es una más entre
cientos, los autodenominados “pueblos fumigados”, que sufren características
similares, y replican por todo el país las consecuencias de la expansión
territorial de este modelo agroexportador. Aquí no podemos dejar de hacer
mención a los múltiples casos de pequeñas escuelas rurales que quedan
literalmente rodeadas por los extensos campos de soja, alambrado de por
medio, y por ende a la falta de legislación pertinente que impida estas
situaciones.
VII - Acorralamiento del ganado en el país ganadero
(…)
Fuente:
http://www.unter.org.ar/imagenes/ACAPARAMIENTO-web.pdf
Nos resulta importante
advertir y generalizar esa percepción sobre la imposibilidad de democracia
real y efectiva si se desarrollan acaparamientos de bienes comunes. Tampoco
si son defendidos no sólo con la legalidad vigente sino sobre todo mediante
Estado policial militarizado. Lo último domina en el Abya Yala, dos
ejemplos: uno en México y otro en Chubut.
¡Alto a la
criminalización del movimiento social!
14 de noviembre de 2020
Por
Gilberto
López y Rivas
La Jornada
La
criminalización de la lucha social por aparatos judiciales del Estado
capitalista ha sido una constante en México.
A través de este
recurso legal, hombres y mujeres que resisten la recolonización de
sus territorios por corporaciones que incluyen el crimen organizado,
son encarcelados por delitos comunes, sometidos a juicios
prolongados en los que no se respeta el debido proceso, la
presunción de inocencia, se presentan víctimas y testigos a modo, y
se neutraliza, por esta vía, toda expresión organizativa de protesta
comunitaria y popular.
El reciente
caso de detención e ingreso a prisión preventiva de la abogada indígena
Kenia Inés Hernández Montalván es un ejemplo paradigmático del uso del
Poder Judicial para impedir el libre ejercicio de los derechos a la
libre manifestación de las resistencias, especialmente cuando se cierran
los canales de comunicación con los tres niveles de gobierno. Originaria
de la región de Ometepec y Xochistlahuaca, Costa Chica de Guerrero,
Kenia Inés es hablante de amuzgo, madre soltera de dos niños, de siete y
cuatro años de edad, egresada de Derecho de la Universidad Loyola del
Pacífico, en Acapulco, Guerrero, e integrante, desde estudiante, de
colectivos solidarios con el movimiento social local y nacional. En 2017
y 2018 participó activamente en la Casa de Justicia de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en
Cochopa, municipio de Ometepec, como consejera de derechos humanos,
apoyando la impartición de justicia y promoviendo la unidad de las
distintas Casas de Justicia de la CRAC-PC, dispersas después del
conflicto interno originado, desde 2013, por la intromisión directa del
gobierno estatal. En este contexto de confrontación inducida desde el
poder tuvo que retirarse de ese cargo, pasando, a integrarse, entre 2018
y 2019, a la reorganización del Comité de Enlace de la CRAC-PC, en los
Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, que había sido
severamente reprimido por el gobierno estatal en enero de 2018, cuando
fueron asesinados cinco policías comunitarios y encarcelados más de 30
campesinos, integrantes de la CRAC-PC, incluido el vocero, Marco Antonio
Suástegui.
A finales de
2018, la abogada Hernández Montalván, junto con representantes de
diversas organizaciones, fundan el Movimiento por la Libertad de los
Presos Políticos en el Estado de Guerrero (Molppeg), que luego de
realizar distintas acciones de protesta, y conjuntamente con la labor
jurídica de abogados de Tlachinollan, logran la libertad de todos los
presos en el penal de Acapulco. Con esta articulación unitaria de
organizaciones de La Montaña y la Costa Chica, la abogada participa en
el proceso de reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura
de los pueblos indígenas y afromexicanos en Guerrero. Desde el Molppeg,
participa en la lucha por la justicia para Arnulfo Cerón Soriano,
integrante del Frente Popular de la Montaña y del Molppeg, desaparecido
y asesinado en octubre de 2019, en Tlapa, Guerrero.
Esta
activista, de 30 años, con jóvenes de la Costa Chica, fundan el
colectivo Zapata Vive, a mediados de 2018, promoviendo proyectos de
asistencia social y ecología, así como de solidaridad con otras
organizaciones y movimientos sociales. Reconocida por sus pares de lucha
en su calidad de abogada indígena logra la sentencia condenatoria del
feminicida de Silvia de Jesús, asesinada en Xochistlahuaca.
En septiembre
de 2019 es forzada a salir de Guerrero, al recibir amenazas de muerte
por su labor incansable en la denuncia de abusos e injusticias,
solicitando el apoyo del mecanismo de protección a defensores de
derechos humanos, el cual le otorga refugio en la Ciudad de México,
donde participa en diversos esfuerzos unitarios del movimiento social y
por la defensa de presos políticos. Se integró al Segundo Encuentro de
Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, llevando a cabo
tareas de apoyo, y al Comité Internacional de Solidaridad y por la
Libertad de los Presos Políticos.
El pasado 6 de
junio, Kenia es detenida por la policía mexiquense, acusada de robo, y
puesta en libertad a los pocos días, continuando con sus actividades de
defensa de los derechos humanos, y sumando a sus tareas la defensa legal
de sus excompañeras, injustamente encarceladas, logrando la libertad de
algunas. El 18 de octubre, de nueva cuenta, es detenida con violencia
cerca de la caseta de Amozoc, en la autopista México-Puebla, por
policías ministeriales y estatales del Edomex, sin mostrar orden de
aprehensión, recluida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez,
y trasladada, posteriormente, al Reclusorio Federal, en Coatlán del Río,
Morelos.
¡Libertad a Kenia Inés y cese a la criminalización del movimiento
social!
Fuente:https://rebelion.org/alto-a-la-criminalizacion-del-movimiento-social/
---
Puel Mapu,18
de noviembre de 2020
Desde las
asambleas de la Comarca Andina del Paralelo 42 reunidas en la Unión de
Asambleas de Comunidades de Chubut queremos hacer llegar nuestro
enérgico repudio al comunicado firmado por los intendentes de la comarca
junto a sus pares de otras partes de la provincia por lo que califican
como "episodios de violencia". Las expresiones allí vertidas se hacen
eco de un montaje mediático que persigue la criminalización de la
protesta social en la provincia y en particular de la persecución
política hacia nuestros espacios asamblearios por el simple hecho de
oponernos a este modelo de saqueo y contaminación. De la mano de un
ministro de seguridad fascista que ha instalado el águila imperial como
emblema y por cuyos abusos y excesos la propia Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación ha tenido que intervenir, los intendentes de la
comarca le dan la espalda al pueblo que sufre hace más de tres años los
atropellos de un gobierno ilegítimo y sus aprietes económicos.
A las
diferentes facciones del peronismo que gobiernan nuestra comarca les
reiteramos: ¡No habrá paz social con mineras en los territorios!
No toleraremos
montajes mediáticos ni políticos en favor de una supuesta democracia en
la que el gobierno apalea al pueblo. Rechazamos los allanamientos y la
persecusión a nuestrxs compañerxs de las asambleas. Repudiamos el
protocolo de uso de armas de fuego presentado esta semana por el
ministro Massoni. Recusamos la participación del fiscal Rivarola,
condenado por espionaje contra asambleístas de Esquel, en procedimientos
judiciales que nos involucren. Exigimos se respeten las mas de 30.000
firmas presentadas en favor de la Iniciativa Popular promovida por las
asambleas y declarada de Interés por varios Concejos Deliberantes en
nuestra comarca. El debate ya lo dimos. La violencia fue ejercida desde
el Estado en el 2014 con el fraude legislativo y la represión desatada
entonces, cuando intentaron modificar a la primer Iniciativa Popular
presentada por les vecines.
El diálogo se
basa en la verdad y en el respeto. Si quieren diálogo, que el gobierno
provincial nos saque la bota del cuello y retroceda en sus pretensiones
de avasallar la voluntad del pueblo de Chubut. Los verdaderos violentos
son los intereses que defienden: el extractivismo colonial-capitalista
de matriz patriarcal. Megaminería es saqueo y destrucción, ¿de qué
violencia nos hablan?
Aparición con
vida de Narciso Pino, desaparecido en la meseta el 3/11/2020
Asamblea
Comarcal contra el Saqueo
Asamblea de
Vecinxs de Epuyen
Vecinxs
Autoconvocadxs de El Hoyo en Defensa del Ambiente
Asamblea
Ambiental Cholila No a la mina
Asamblea No a
La Mina El Maitén
Sociedad
Ecológica Regional
En
consecuencia es prioritario descubrir que, en todo el Abya Yala, hay despertares unitarios de los
pueblos por poner fin al autoritarismo del llamado poder real e
instaurar democracia real y efectiva. En un país con lucha por los
territorios desde hace más de medio siglo que la derrota a sus pueblos
se da con un Estado terrorista con fachada (y reconocimiento
internacional) de democracia, comprobamos el potencial emancipatorio de:
La Minga Indígena y la disputa por
un cambio la matriz ideológica de Colombia
noviembre de 2020
El 21 de noviembre se cumple un año de la masiva marcha impulsada por la
Minga Indígena de Colombia. “Fue el resultado de insistir, persistir y
nunca desistir en convocar a la gente a movilizarse, a estar en la
calle”, contó Sebastián Quiroga, parte de Ciudad en Movimiento y del
Congreso de los Pueblos.
“La
minga es un encuentro pero también, y sobre todo en este contexto, es
una dinámica de movilización”, contó
Sebastian Quiroga en
Futura en Casa.
Esta iniciativa se viene expresando desde 2008 cuando el
Consejo
Regional Indígena del Cauca impulsó una serie de paros y
cortes para reclamar al gobierno del entonces presidente
Alvaro Uribe
derechos en materia de salud, educación y otros derechos básicos. Esta
Minga, de carácter reivindicativo, fue la punta de lanza que mostró su
punto más álgido el 21 de noviembre del año pasado: “ese
paro era una acumulación de fuerzas sociales y políticas que por lo
menos en los últimos 12 años se había ido acumulando, se habían ido
forjando en la movilización”, señaló
Quiroga.
Sebastián
contó que “el
paro no se detuvo” y en este sentido dijo que “lo
último que se ha dado en el pueblo colombiano no es una minga indígena.
Es una minga social diversa en términos sociales, unitaria en términos
políticos y que, aunque quien está en el centro de la fuerza y de la
capacidad es el movimiento indígena, la propuesta que está haciendo y la
discusión que está poniendo es una discusión nacional. Quienes estamos
participando somos otro tipo de actores que no estamos solamente
acompañando sino que participamos en todo el ejercicio que implica el
desarrollo de la minga”.
“Si la Minga se sentaba a negociar con Duque iba a mandar un mensaje
equivocado”
Esta minga política se expresó en el año pasado con un paro nacional
donde se movilizó a Bogotá “había
que mantener la llegada a Bogotá para que la Minga mandará el mensaje
que tenía que mandar. Si la Minga se sentaba a negociar con Duque pues
iba a mandar un mensaje equivocado, era que los problemas de Colombia se
resuelven negociando con Duque cuando los problemas de las masacres, el
paramilitarismo y narcotráfico no se resuelven negociando con él sino
cambiando. Hay que posibilitar el camino hacia allá y la Minga entendió
que su papel era sentar un precedente”, explicó
Sebastián.
Un presente para otro futuro
“Este año
la convocatoria no se hizo a una acción de movilización reivindicativa,
es decir para negociar con el Estado, sino que ellos lo llamaron una
Minga Política, una Minga de carácter político”, en este
sentido
Quiroga
señaló que la minga construyó cuatro puntos de debate político con el
actual presidente colombiano
Iván Duque:
“el primero
es el tema de la paz, porque básicamente Duque dijo que iba a hacer
trizas los acuerdos de paz (...); otro tema es el de la vida, porque ya
desde la firma del acuerdo con las FARC van 1000 asesinatos de líderes
sociales, ex combatientes y familiares. Este año van 70 masacres que se
han cometido en el país, hay un crecimiento exponencial y dramático de
la violencia que se siente en las ciudades con mucha fuerza, no
solamente en las zonas rurales donde desafortunadamente suele
presentarse. Hay un tercer reclamo por los territorios y un cuarto
reclamo por la democracia en razón a que hay una absoluta concentración
del poder en manos del Ejecutivo en Colombia, una cooptación corrupta
del Congreso, unas decisiones amañadas para elegir a los que están al
frente de los entes de control: Procuraduría, Defensoría del Pueblo,
Contraloría y una acción temeraria, amenazante y de cooptación también
de la rama judicial”.
Y reflexionó: “creo
que hace algún tiempo en Colombia, con todas las dificultades que hemos
tenido en general, pero también con toda la decisión de resistir y
permanecer en la construcción de alternativas y de otras posibilidades,
ha habido un cambio en la matriz ideológica del país. Hoy la gente está
en otra disposición, en otra mirada, tiene otra perspectiva del país.
Lejos estamos de hace 12 años cuando aparentemente había un consenso en
la opinión pública alrededor del uribismo sostenido también sobre unos
medios que en ese momento eran incuestionables”. “No
sabemos que viene pero que seguramente serán escenarios de mayor
intensidad política generando posibilidades inéditas en Colombia”.
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Fuente:
https://fmfutura.com.ar/2020/11/la-minga-indigena-y-la-disputa-por-un-cambio-la-matriz-ideologica-de-colombia.html