Qué Democracia

Marzo 2021

Con origen en las organizaciones de vecines autoconvocades para afirmar las justicias social y/o socioecológica desde sus territorios.

 

 


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Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

 

Nos urge, ante la emergencia social sanitaria y ecológica climática, destapar la criminalidad implícita en la legalidad-legitimidad de quienes se han adueñado de los territorios de Argentina sean grandes capitales sean gobiernos-estados. Y aún más, el manejo de vastos ecosistemas se hace de manera focalizada en el lucro individualista e irresponsable socio ecológicamente.  

 

Respecto a cómo usa el capitalismo a los ecosistemas, en “La ecología de Marx, materialismo y naturaleza” pp.240-241, John Bellamy Foster destaca que Marx desarrolló una crítica sistemática de la "explotación" capitalista (en el sentido de robo que no conserva los medios de reproducción) del suelo:

Bajo la influencia de Liebig, a quien estudió atentamente -haciendo extensos extractos de la obra de éste en sus cuadernos- Marx desarrolló una crítica sistemática de la "explotación" capitalista (en el sentido de robo que no conserva los medios de reproducción) del suelo." Así, las dos principales exposiciones que hace Marx de la agricultura capitalista terminan con la explicación de cómo la industria a gran escala y la agricultura a gran escala se combinaban para empobrecer el suelo y al trabajador.

Gran parte de esta critica se resume en un notable pasaje al final del tratamiento que hace Marx de "La génesis de la renta capitalista del suelo" en el tomo III de El Capital, donde escribe: El latifundio reduce la población agraria a un mínimo siempre decreciente y la sitúa frente a una creciente poblaci6n industrial hacinada en grandes ciudades. De este modo da origen a unas condiciones que provocan una fractura irreparable en el proceso interdependiente del metabolismo social, metabolismo que prescriben las leyes naturales de la vida misma. El resultado de esto es un desperdicio de la vitalidad del suelo, que el comercio lleva mucho más allá de los límites de un s6lo país. (Liebig) ... La industria a gran escala y la agricultura a gran escala explotada industrialmente tienen el mismo efecto. Si originalmente pueden distinguirse por el hecho de que la primera deposita desechos y arruina la fuerza de trabajo, y por tanto la fuerza natural del hombre, mientras que la segunda hace lo mismo con la fuerza natural del suelo, en el posterior curso del desarrollo se combinan, porque el sistema industrial aplicado a la agricultura también debilita a los trabajadores del campo, mientras que la industria y el comercio, por su parte, proporcionan a la agricultura los medios para agotar el suelo.

También en el tomo I de El Capital ofrece Marx un resumen estrechamente relacionado con esto, y asimismo importante, de su crítica de la agricultura capitalista, al tratar de "La industria y la agricultura a gran escala: La producci6n capitalista congrega a la poblaci6n en grandes centros, y hace que la población urbana alcance una preponderancia siempre creciente. Esto tiene dos consecuencias. Por una parte, concentra la fuerza motriz histórica de la sociedad; por otra, perturba la interacción metabólica entre el hombre y la tierra, es decir, impide que se devuelvan a la tierra los elementos constituyentes consumidos por el hombre en forma de alimentos y ropa, e impide por lo tanto el funcionamiento del eterno estado natural para la fertilidad permanente del suelo ... Pero, al destruir las circunstancias que rodean al metabolismo ... obliga a su sistemática restauraci6n como ley reguladora de la producci6n social, en una forma adecuada al pleno desarrollo de la raza humana ... Todo progreso en la agricultura capitalista es un progreso en el arte, no de robar al trabajador, sino de robar al suelo; todo progreso en el aumento de la fertilidad del suelo durante un cierto tiempo es un progreso hacia el arruinamiento de las fuentes duraderas de esa fertilidad ... La producción capitalista, en consecuencia, s6lo desarrolla la técnica y el grado de combinaci6n del proceso social de producci6n socavando simultáneamente las fuentes originales de toda riqueza: el suelo y el trabajador." Lo que es común a estos dos pasajes de El Capital de Marx -el primero que pone fin a su exposición de la renta capitalista del suelo en el tomo III, y el segundo como conclusión de la forma en que trata la agricultura y la industria a gran escala en el tomo I-·es el fundamental concepto teórico de la "fractura'' en la "interacción metabólica entre el hombre y la tierra', es decir, el "metabolismo social que prescriben las leyes naturales de la vida", mediante el "robo" de sus elementos constituyentes al que se somete al suelo, y que requiere su "sistemática restauración.  Esta contradicción se desarrolla mediante el simultáneo crecimiento de la mdustrla a gran escala y la agricultura a gran escala bajo el capiralismo, proceso en el que la primera proporciona a la segunda los medios para la exploración intensiva del suelo.

 

Al igual que Liebig, Marx argumenta que el comercio a larga distancia en alimentos y en fibras para vestir hacía del problema de la enajenación de los elementos constituyentes del suelo una "fractura irreparable". Para Marx, esto era parte del curso natural del desarrollo capitalista. Tal como escribiera en 1852, "el suelo es una mercancía comercializable, y su explotación ha de llevarse a cabo de acuerdo con las leyes comerciales comunes. Tiene que haber fabricantes de alimentos lo mismo que fabricantes de hilados y de algodón, pero no ya señores de la tierra. Además, las contradicciones relacionadas con el desarrollo toman un carácter global. Tal como Marx observara en El Capital tomo I, el hecho de que el "ciego afán de beneficio hubiera agotado el suelo" de Inglaterra podía verse a diario en las condiciones  que obligaban a abonar los campos ingleses con guano Importado de Perú. El mero hecho de que las semillas, el guano, etc. se importaran desde lejanos países", observa Marx en los Grundrisse (1857 -1858) indicaba que, bajo el capitalismo, la agricultura había dejado de sostenerse a sí misma" y "ya no encuentra las condiciones naturales de su propia producción en sí misma, surgiendo de modo natural, espontáneo y a mano, sino que éstas existen como industria independiente, separadas de ella"." Parte principal de la argumentación de Marx la constituía la tesis de que el carácter inherente de la agricultura a gran escala bajo el capitalismo impide una aplicación verdaderamente racional de la nueva ciencia de la gestión del suelo. A pesar de todo este desarrollo científico y tecnológico en la agricultura, el capital era incapaz de mantener las condiciones necesarias para el reciclaje de los elementos constituyentes del suelo.

Fuente:https://radiozapatistasud.files.wordpress.com/2011/11/bellamy-foster-john-la-ecologc3ada-de-marx.pdf

 

 

 

Sabemos que la actual pandemia tiene como principal causa al sistema global de agronegocio, también responsable fundamental de las emergencias socioeconómica y ecológica-climática. Pero el gobierno de les Fernández lo profundiza con su Plan 2020-2030. De ahí que nos urja recordar:  El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 que el gobierno de Cristina Fernández publicitó como un acuerdo ampliamente democrático. RESULTO LO CONTRARIO: legalizó y legitimó la expansión del monocultivo de soja como paradigma de desarrollo de la agricultura por el capitalismo. Pero:

 

 

Ha llegado un punto de inflexión

en la agricultura

6 de marzo de 2017

 

Por Naturaleza de Derechos

La Relatoría de Derecho a la Alimentación de la ONU condena al agronegocio y reclama por un modelo plenamente agroecológico.

El 27 de febrero de 2017 se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco de su sesión Nro 34, el reporte sobre el derecho a la alimentación adecuada en relación a los agrotóxicos realizado por el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación en colaboración con el Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.

En su momento, ambas relatorías habían realizado un llamamiento internacional a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y empresas para que realizaran los aportes desde sus perspectivas para ser consideradas en el reporte.

A esa convocatoria respondieron sólo 7 Organizaciones no Gubernamentales (Helvetas Swiss Intercooperation, IBFAN and GIFA, NCD Alliance, PAN India, PAN submission to UNCRC, PANAP, University of Bern and Probioma Bolivia) a las que deben sumarse el informe único por Argentina de las más de 40 organizaciones y asambleas que lo suscribieron "Agrotóxicos, Evaluación de Riegos, Salud & Alimentos en Argentina."

Acceder al informe argentino: http://www.ohchr.org/...(PDF)

El reporte es contundente y recepta muchas de las observaciones realizadas en el informe argentino. Ante todo deja en claro que el modelo del agronegocio no tiene respaldo jurídico en los documentos internacionales al desproteger a los seres humanos y el ambiente. Textualmente reza: "No obstante que el presente informe ha ilustrado que no hay escasez de Legislación internacional y nacional, así como directrices no vinculantes, los instrumentos legales no protegen a los seres humanos y al medio ambiente de los Pesticidas".

Se advierte que la implementación del derecho a una alimentación y salud adecuadas requiere medidas para eliminar los pesticidas nocivos; y las empresas tienen la responsabilidad de garantizar que los productos químicos que producen y venden, no supongan amenazas a estos derechos.

Asimismo da cuenta el reporte que si bien los esfuerzos para prohibir y regular adecuadamente el uso de plaguicidas son necesarios y van en la dirección correcta, el método más efectivo en el largo plazo de reducir la exposición a estos tóxicos químicos es alejarse de la agricultura industrial. De modo rotundo se afirma que hemos llegado a un punto de inflexión en la agricultura. El modelo agrícola dominante actual es altamente problemático, no sólo los daños causados por los plaguicidas, sino también sus efectos sobre el cambio climático, la biodiversidad y la incapacidad de garantizar la soberanía alimentaria.

En respuesta a ese diagnostico, las relatorías recomiendan a los estados a promover la agroecologiaEn tal sentido señalan en el documento que existen prácticas más seguras que pueden seguir desarrollándose para minimizar los efectos de ese uso excesivo, en algunos casos innecesario, de plaguicidas que violan una serie de derechos humanos. Un aumento en las prácticas de agricultura orgánica en muchos lugares ilustra que la agricultura con menos o sin plaguicidas es factible. Los estudios han indicado que la agroecología es capaz de proporcionar rendimientos suficientes para alimentar a toda la población mundial y asegurar que se nutran adecuadamente.

La «agroecología», - concluyen - es el estudio integrador de la ecología de todo el sistema alimentario, abarcando dimensiones ecológicas, económicas y sociales. Promueve prácticas agrícolas que se adaptan a los ambientes locales y estimulan interacciones biológicas entre diferentes plantas y especies para construir la fertilidad a largo plazo y la salud del suelo.

Naturaleza de Derechos

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Ha_llegado_un_punto_de_inflexion_en_la_agricultura

 

En consecuencia, en vez de garantizar la soberanía alimentaria, el gobierno de les Fernández expande y afianza al sistema globalizado de los agronegocios. Ante esta criminal concentración y transnacionalización económica territorial nos es imprescindible contribuir a instalar la deliberación de una creciente mayoría abajo sobre la imprescindible «reforma agraria integral» que sólo puede concretarse por asociación de las diversidades de abajo mirando a erradicar los extractivismos e instaurando el sistema social atento a necesidades e intereses populares. Es promisorio el camino de:

 

Un modelo agroecológico y

participativo se abre paso en Chile

17 de febrero, 2021

 

SANTIAGO, 16 feb 2021 (IPS) - Un millar de campesinos hicieron realidad un modelo participativo de producción que rescató saberes ancestrales sumando tecnología y conocimientos para responder a la sequía y a la erosión. Sucedió en San Nicolás, una localidad rural de unos 15 000 habitantes que se declaró como la primera comuna agroecológica de Chile.

Esta condición se reforzó con el proyecto de Comunidades Mediterráneas Sostenibles impulsado desde 2015 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  en sociedad con el Ministerio del Medio Ambiente.

El proyecto se desarrolló en 15 comunas, el nombre de los municipios en Chile, de seis regiones, todas vulnerables y con bajo índice de desarrollo socioeconómico. Son localidades que van de la región de Valparaíso, al norte de Santiago,  hasta la Araucanía, al sur, y conforman una ecorregión mediterránea en este país sudamericano largo y estrecho que discurre entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico.

“Ante el futuro incierto con un cambio climático sin vuelta, el modelo es el agroecológico, para construir un entorno sustentable con salud física, mental, emocional, espiritual. Aportamos un granito de arena con un concepto no productivista que incluye una nueva visión del planeta”: Cristián Pavez.

Una de ellas es la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble, a unos 400 kilómetros al sur de Santiago, que cuenta con 32 agrupaciones campesinas que han alcanzado una  alta conciencia ambiental, buscan potenciar sus recursos y promueven un modelo participativo que apuntale un desarrollo sostenible y les permita afrontar el cambio climático.

El proyecto, cuya ejecución culmina este mes de febrero, impulsó justamente un proceso participativo para afianzar el uso sostenible de la tierra y del ecosistema en la ecorregión, mediante la intervención directa de 4500 hectáreas. La inversión total fue de 1,57 millones de dólares, 1,32 millones aportados por el PNUD a través del Fondo para el Ambiente Mundial (GEF, en inglés), y el resto por entidades chilenas.

Fueron 36 las organizaciones ejecutoras junto a otras 61 aliadas, todas del ámbito local, con 928 familias participantes de las 15 comunas involucradas.

Alfonso Jara, presidente del Comité Coordinador Campesino Comunal de San Nicolás, que reúne a las 32 asociaciones municipales,  y con un terreno de 4,5 hectáreas, aseguró a IPS que la iniciativa “nos llegó al corazón”.

“Jamás tuvimos un proyecto de esta envergadura. La gente está contenta porque tendrá frutas de las cuatro estaciones”, comentó este campesino de 76 años, antes de enumerar que recibieron ejemplares de 29 tipos de árboles frutales, entre ellos castaños, nogales, olivos, perales, duraznos, manzanos, paltos (aguacateros) y limones.

También se les entregó especies nativas, puntualizó en su diálogo por teléfono desde su hogar, como otros protagonistas de la experiencia que hablaron para IPS desde esa y otras comunas. El vive en el pueblo de San Nicolás, la cabecera municipal.

“A las organizaciones se les compró un estanque de 3400 litros, un motorcito de un caballo de fuerza y riego por goteo. También construimos una sede multipropósito donde se seleccionarán semillas, frutas y verduras. Agregamos secadores solares para convertir en frutos secos lo que no se vende”, enlistó Jara con entusiasmo.

Con el apoyo de un caballo, campesinos aran la tierra de un invernadero comunitario construido para beneficio colectivo en una de las comunidades de San Nicolás, un municipio rural de la región de Ñuble, en el sur de Chile. Foto: PNUD Chile

La última iniciativa, contó, es plantar hierbas medicinales que “procesaremos para remedios (medicinas). Ya encargamos alambiques”. Entre ellas, mencionó a la ruda (Ruta), poleo (Pulegium mentha), menta (Arvensis), matico (Piper aduncum) y éter (Artemisa abrotanum) “que antiguamente usaban nuestros ancestros y queremos rescatar”.

“Nunca el Estado había hecho esto porque los grandes capitales se los entregan a los grandes pues solo ven lo productivo. A quienes exportan madera y fruta. Para nosotros nada, y estamos produciendo maíz, trigo y porotos (frijoles) que son claves para la alimentación de Chile”, afirmó Jara.

El dirigente campesino recordó que su zona “es pobre y de secano por lo que nos urge un programa de riego. Que la gente tenga su pozo profundo para obtener agua para ellos, sus arbolitos y sus animales”.

Necesitan, han calculado, un pozo de unos 30 o 35 metros de profundidad, y cada metro de excavación cuesta 75 dólares. “No es tanto, pero los campesinos no tenemos ese dinero”, explicó.

Chile se ha convertido en las últimas décadas en una potencia agroexportadora, cuyo sector aportó en torno a 5,5 por ciento del producto interno bruto en 2020, pero el peso de la agroindustria “aplasta” a la agricultura familiar y de subsistencia, aunque de ella dependa gran parte de la alimentación de los 19 millones de habitantes del país.

El acceso de las comunidades campesinas al agua también se dificulta, porque el recurso en Chile tiene un régimen de concesiones en el Código de Aguas, que en la práctica lo privatiza y permite que se transe en el mercado, en una situación particularmente grave en las tierras de secano de la ecorregión mediterránea. Este régimen, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990),  se pretende que cambie en la nueva Constitución, que saldrá de un proceso ya en curso.

Margarita Riquelme, de 56 años, tiene una hectárea en Peña Santa Rosa, un caserío de San Nicolás, donde cultiva hortalizas y frutas para el autoconsumo familiar y la venta del excedente.

“Entrego dos veces a la semana en San Nicolás (el pueblo cabecera) y una vez en Chillán (una comuna vecina), que me piden por WhatsApp. Nos gustó el proyecto porque trajeron árboles y porque nos conocimos y el grupo tiró todo para el mismo lado”, relató recordando los inicios.

Juanita Venegas, de 50 años, vive en la cercana comunidad de Dadinco,  donde tiene media hectárea, reconoce que participa esporádicamente en el proyecto colectivo, “porque mucho es en línea y a veces no tenía señal”. Pero dice con satisfacción que recibió “mis arbolitos, que en tiempos de pandemia se agradecen especialmente”.

“Después me llegó un tambor (recipiente de almacenamiento) de 1200 litros para recolectar aguas de lluvias que me vino muy oportuno. Lo incorporé al pozo para ocuparlo también en verano”, explicó.

Con ese aliciente, Venegas planea construir ahora en su finca “un pozo más profundo, para aguantar una sequía mayor”.

En su pequeña granja, además de los árboles, al igual que otros campesinos, comenzó a cultivar entre ellos plantas medicinales, a los que se suma la cría de gallinas araucanas, que ponen sus característicos huevos azules, muy demandados.

Además, en su finca ella se dedica a educar a otros sobre “la agroecología, que me enseñaron mis abuelos. Enseño desde lo ancestral. Doy clases por zoom. Antes hacía turismo rural y recibía delegaciones, pero con la pandemia no llega nadie”,  a conocer la experiencia del grupo de campesinos ecológicos de la comuna, se lamentó.

Trabajo colectivo de campesinos en el Huerto Vega de Salas, en una de las comunidades incluidas en un proyecto donde participan un millar de campesinos y que se desarrolla en una ecorregión especialmente vulnerable, sin salida al mar y de tierra de secano, en seis regiones de Chile. Foto: PNUD Chile

La organización comunal, la clave

Cristián Pavez, jefe de Desarrollo Rural de San Nicolás, destacó que en la estrategia de la comuna “el factor clave es la organización de las comunidades”.

“Los territorios deciden hacia dónde organizarse mediante una planificación participativa con equilibrio de suelo, plantas, animales y ser humano. Agroecología, solidaridad social, prácticas sustentables con inclusión social y económica y un desarrollo autosustentable son la base”, resumió a IPS también por teléfono desde el pueblo de San Nicolás.

Destacó que lo que “interesa es el territorio, no la producción. Organizamos 25 comités con planes estratégicos y asistencia técnica mensual”.

La producción de hortalizas, huevos, carne, frutas y otros rubros agropecuarios aportan  unos 250 dólares mensuales para cada campesino, estimó.

“San Nicolás es resiliente frente a la escasez alimentaria, de energía y de agua. Y apunta a agregar valor procesando plantas medicinales y hortalizas y produciendo jugos concentrados. Somos primeros en tener la certificación agroecológica¨, destacó.

“Ante el futuro incierto con un cambio climático sin vuelta, el modelo es el agroecológico, para construir un entorno sustentable con salud física, mental, emocional, espiritual. Aportamos un granito de arena con un concepto no productivista que incluye una nueva visión del planeta”, subrayó.

En Carrizal, una de los caseríos en la precordillera de Linares, en la comuna de Villa Alegre de la región del Maule, Enrique Orellana, de 73 años,  presidente de la Agrupación Ecológica Cultibueno, está orgulloso de la forma en que aprovecharon el proyecto.

“Hay harta participación que es lo fundamental. Yo soy dueño de 1,6 hectáreas que di en comodato por 10 años”, detalló.

“La pandemia nos afectó por el miedo de juntarnos. Por eso, con dos primos nos encargamos de las siembras. La Agrupación hizo una labor muy buena pues dimos agua a todos los habitantes de Carrizal. Los vecinos también aportaron para construir un tanque para almacenar 30 000 litros de agua”, subrayó.

Adicionalmente, acumulan agua de lluvia en estanques que hicieron ellos mismos. “Esta es una zona afectada por la sequía, el agua es escasísima. En 2019 tuvimos problemas y eso que nosotros tenemos riego por goteo”, explicó desde su comunidad, a unos 280 kilómetros de Santiago.

“Hoy en día tenemos un huerto en plena producción que nos sirve para la alimentación y para vender algo para comprar semillas”, agregó.

Gracias al proyecto, los integrantes de Cultibueno están por comenzar el  cultivo de hongos comestibles de la preciada variedad  shiitake (Lentinula edodes), contó, y ya están invirtiendo para construir un invernadero especial para producirlos.

“Tenemos espacio suficiente y para proteger a los hongos del frío instalaremos una estufa a base de aserrín”, detalló.

Balbina Arriagada, de 62 años,  preside la Junta de Vecinos Llames, un sector de Lonquimay, otra comuna de la Araucanía, y alabó del proyecto que “aparte de entregarnos recursos para conservar el medio ambiente aprendimos sobre cada especie”.

“Tuvimos la experiencia de cerrar sectores del predio y eso se reforestó y regeneró. Yo tengo 46 hectáreas. Trabajamos cuidando el ambiente, el agua y a nuestros animales, vacas, ovejas, chanchos (cerdos). Pero la sequía nos trata mal, no cosechamos el forraje Un encuentro en Cayumanque, en el municipio de Florida, en Chile, en que representante de los campesinos planificaron y definieron prioridades junto a dirigentes de organizaciones locales y especialistas del proyecto de Comunidades Mediterráneas Sostenibles. Foto: PNUD Chile

También alertó sobre el problema del agua como un gran hándicap para la producción agrícola a la pequeña y mediana escala campesina. En su comuna, explicó, las fincas son extensas porque buena parte del terreno se dedica al pastoreo, y las restricciones de agua les crean problemas crecientes.

“La gente que tiene dinero ha saneado (inscrito a su nombre) las aguas. Si mañana nos cortan el acceso al río Ranquil nos dejan sin agua. Las grandes empresas pueden entubar. Queremos una oportunidad para sanear nuestras aguas, que nacen y mueren en nuestros predios. Que estas aguas sean nuestras no de empresas extranjeras. Pagar por el saneamiento es caro y a nosotros no nos alcanza”, relató.

“Ojalá en la nueva Constitución quede escrita el agua como fundamental para las personas”, abogó sobre el proceso abierto en Chile para redactar una nueva ley fundamental que sustituya a la aprobada en 1980 durante la dictadura y hasta ahora vigente.

 

Potenciar una ecorregión única

Francisca Meynard, del Ministerio de Medio Ambiente, destacó a IPS que el proyecto de Comunidades Mediterráneas se desarrolló en una zona de secano afectada por “grandes incendios, sustitución de bosque nativo y plantación forestal que degrada la tierra”.

“Esta es la única ecorregión de matorral mediterráneo en Sudamérica y cuenta con alta diversidad biológica, un valor agrícola importante y reservas de carbono”, subrayó en una entrevista en Santiago.

Fernando Valenzuela, coordinador nacional del proyecto de Comunidades Mediterráneas y consultor del PNUD, destacó por su parte “este logró de fomentar y poner en práctica la recuperación del trabajo comunitario que sufrió por décadas un deterioro muy grande”.

“Eso fortalece las organizaciones y es un acto de empoderamiento de las comunidades para identificar problemas y avanzar en soluciones”, aseveró a IPS, también desde la capital chilena.

Para Valenzuela el proyecto ha sido un éxito “porque pudimos lograr resultados en un contexto muy difícil”.

“Primero ocurrieron  grandes incendios forestales el 2017, luego el 2019 fue uno de los más secos. Después (ese mismo año) vino el estallido social que afectó la dinámica de territorios y, finalmente, la pandemia”, enumeró.

A su juicio, “en un escenario de cambio climático, estos resultados demuestran que la manera de trabajar es desde lo local para fortalecer las políticas públicas”.

Fuente: www.ipsnoticias.net/2021/02/modelo-agroecologico-participativo-se-abre-paso-chile/?fbclid=IwAR0B_SQ0P5fag8pAHmE4lLwwv14H9t66ohKlabP3Qdnnl_qjHpQkwLkEc4w

 

 

 

 Bloqueo de la lucha de clases

 

Nos enfrentamos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, al Capital Estado dispuesto a maximizar el acaparamiento de tierras para continuar profundizando la expansión de los extractivismos. No lo detuvo la actual pandemia que agrava la emergencia social como consecuencia de la emergencia ecológica cuya expresión más patente es la climática y todas resultado del modo capitalista de producción. El bloque dominante junto al PJ, su fiel servidor, está convencido de su supremacía absoluta.  Es que las mayorías de Argentina todavía creen en la representatividad de gobiernos y estado. Y el gobierno de les Fernández abusa de esa falta de independencia mental de las mayorías usando no sólo el doble discurso sino también instalando concretas políticas públicas en contradicción irreconciliable con los planes extractivistas que está ejecutando.

 

Pensemos que, como a todos los pueblos del Abya Yala, el sistema mundo capitalista nos condenó a ser países empobrecidos y desestructurados, deformados para el progreso de las naciones "desarrolladas" según el criterio de ciencias y tecnologías mercantilizadas. Pero a nuestro subdesarrollo o desarrollo contra nuestras necesidades de vida humana también debemos fundamentarlo en significados e implicancias de los latifundios no sólo como vastas extensiones de tierra privatizada (hoy transnacionalizada) sino sobre todo como acaparamiento de bienes comunes naturales, como peonazgo e inclusor de trabajadores "golondrinas" y como sistema de dominación en todo el país aunque más represor en las provincias "periféricas". Reflexionemos sobre: 

 

Capitalismo y subdesarrollo en América Latina

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

 

 

Por Andre Gunder Frank

Capítulo Primero: EL DESARROLLO DEL SUBDESARROLLO CAPITALISTA EN CHILE

A. Tesis del subdesarrollo capitalista. 1. La contradicción de la expropiación-apropiación del excedente económico; 2. La contradicción de la polarización metrópoli-satélite; 3. La contradicción de la continuidad en el cambio

 

(…) A. TESIS DEL SUBDESARROLLO CAPITALISTA

Este ensayo sostiene que el subdesarrollo de Chile es el producto necesario de cuatro siglos de desarrollo capitalista y de las contradicciones internas del propio capitalismo. Estas contradicciones son: la expropiación del excedente económico a los más y su apropiación por los menos; la polarización del sistema capitalista en un centro metropolitano y en satélites periféricos, y la continuidad de la estructura fundamental del sistema capitalista a lo largo de la historia de su expansión y transformación, a causa de la persistencia o reproducción de estas contradicciones en todas partes y en todo tiempo. En mi tesis que estas contradicciones capitalistas y el desarrollo histórico del sistema capitalista han generado subdesarrollo en los satélites periféricos expropiados, a la vez que engendraban desarrollo en los centros metropolitanos que se apropiaron el excedente económico de aquéllos; y además, que este proceso continúa. La conquista española incorporó e integró de lleno a Chile en el expansivo sistema capitalista mercantil del siglo XVI. Las contradicciones del capitalismo han engendrado un subdesarrollo estructural en Chile desde que éste comenzó a participar en el desarrollo de ese sistema universal. Contrariamente a la tan difundida opinión, el subdesarrollo de Chile y de otros países no es un atado de costes original o tradicional, ni una etapa histórica del crecimiento económico por la cual han pasado los países capitalistas hoy desarrollados.

 Antes bien, el subdesarrollo de Chile y de otros países, no menos que el desarrollo económico mismo, vino a ser a lo largo de los siglos el producto necesario del proceso, plagado de contradicciones, del desarrollo capitalista. Este mismo proceso continúa engendrando subdesarrollo en Chile, y este subdesarrollo no puede ser ni será eliminado con más desarrollo capitalista. En consecuencia, el subdesarrollo estructural continuará siendo engendrado y profundizado en Chile hasta que los chilenos mismos se liberen del capitalismo. La interpretación que aquí se ofrece difiere no sólo de las interpretaciones generalmente aceptadas de la naturaleza y las causas del subdesarrollo y el desarrollo en general, sino también de las opiniones de importantes comentaristas y analistas de la sociedad chilena de ayer y de hoy. Por ejemplo, durante la campaña electoral de 1964 tanto el candidato presidencial democristiano-liberal-conservador como el candidato socialista-comunista dijeron que la sociedad chilena(…).
 

Fuente: http://theomai.unq.edu.ar/conflictos_sociales/Gunder%20Frank_cap.1y5_%28CapitSubd_AmLat%29.unlocked-1.pdf

 

 

Analicemos un ejemplo de bloqueo de nuestra lucha contra las clases opresoras (a causa de acaparamiento de territorios para mercantilizarlos) por enfoque de un problema fundamental que da la 'casualidad' quien lo fomenta, también distorsionó los logros de estatizar o intervenir Vicentín. En efecto, su convocatoria encubre cuán nefasta es la hidrovía para los ríos Paraná, Paraguay y más precisamente para la cuenca del Río de la Plata afectada también por la devastación de la Amazonía y de El Impenetrable. Advirtamos cómo se circunscribe a pelear por el reparto de beneficios del extractivismo exportador sin cuestionar a este último que afianza nuestro subdesarrollo enraizado en una optimizada contrarreforma agraria integral:

 

 

Se define el futuro de la hidrovía:

 «Hay que recuperar

el Paraná para los argentinos»

19 de febrero de 2021

El diputado provincial Carlos del Frade habló con CLG antes de la marcha del próximo lunes donde exigirán que el Estado se haga cargo de la red fluvial donde pasan el 80% de las exportaciones nacionales

Pese a haber creado la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, el gobierno nacional delegó la licitación de la vía fluvial y dejó en un segundo plano este órgano de fiscalización. En diálogo con CLG, el diputado provincial Carlos del Frade alertó sobre las consecuencias de una falta de control en el sistema fluvial por el que se fugan gran parte de las riquezas que produce el país. «Es la principal artería del corazón de la economía argentina y hay que recuperarla para el pueblo», dijo el legislador. El próximo lunes por la mañana marcharán a la plaza San Martín.

La hidrovía es el canal navegable por el que entran y salen los barcos de carga hacia el puerto de Buenos Aires y los puertos sobre el río Paraná, llevando y trayendo los productos que se importan y exportan. Dicho camino tiene peajes, como en una autopista, y esos pagos terminan influyendo en los precios que pagamos por los productos que llegan al país y en los costos que pagan los argentinos que exportan al mundo. Desde 1995, en pleno menemismo y sin licitación, el dragado y balizamiento del río Paraná lo lleva adelante la empresa Hidrovía S.A., un consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa. Esa concesión vence en poco más de dos meses y el debate sobre el futuro de la red fluvial donde salen el 80% de las exportaciones nacionales está abierto.

Del Frade explicó porqué la concesión realizada hace 26 años bajo el mando de un gobierno neoliberal terminó siendo perjudicial para el Estado Nacional: «Desde aquel momento el Estado siempre puso plata, subvencionó a las dos empresas. Puso 40 millones de dólares anuales, le dio las dragas, los balizamientos y la información fluvial, le entregó absolutamente todo a esta gente, con lo cual cobraban del Estado y en todo caso después pagaban, no hicieron inversión. Fue un fenomenal negocio para las empresas multinacionales y un pésimo negocio para el pueblo argentino».

Para el legislador del Frente Social y Popular «es fundamental recuperar el Paraná y los puertos, que formen parte del Estado o que en todo caso después se abran licitaciones pero que el Estado se haga cargo sí o sí, y que no sea de nuevo un gran negocio de las multinacionales como terminó siendo el río Paraná, que nos dejaron las playas para solamente mojarnos los pies en el verano pero la circulación de la riqueza está en manos de las multinacionales que ocupan los puertos y manejan la hidrovía».

A principios de año y a través del Decreto 949/20, el presidente Alberto Fernández delegó en el Ministerio de Transporte -conducido por el massista Mario Meoni- la licitación de la vía fluvial Paraná-Río de la Plata-Canal Magdalena, lo que generó un debate dentro de la coalición gobernante sobre el futuro de esa vía navegable, ya que la participación de la empresa estatal que anunció el propio jefe de Estado perdía trascendencia. De hecho, el senador kirchnerista Jorge Taiana, que fue una de las voces principales en esa polémica, realizó un pedido de informes sobre el tema.

En este sentido, del Frade expuso: «El triste decreto del gobierno es una marcha atrás a lo que había anunciado en agosto el Presidente de la Nación en Puerto San Martín, cuando habló de una hidrovía federal. En ese decreto, al trasladar la idea de dragar el Canal Magdalena, que es de jurisdicción argentina, y pasarlo a Punta Indio en Uruguay, le entrega todo a las multinacionales y las provincias terminan siendo una especie de ONG en vez de discutir que les queda de la riqueza que entregan, además de que es el triple de costoso».

Sobre qué podría suceder cuando el próximo 30 de abril venza la concesión que tiene la empresa Hidrovía SA, el diputado provincial dijo que «hay una posibilidad, a la que quiere sumarse el radicalismo y el socialismo de la provincia, junto con la Bolsa de Comercio, parte de la Federación Agraria Argentina y todas las multinacionales, de que se renueve la concesión a favor de Jan de Nul». En este punto, apuntó contra el ex gobernador Miguel Lifschitz: «Me decepcionó al decir que ‘hablar de soberanía atrasa 50 años’, lo cual es temible porque efectivamente la cuestión es si las riquezas argentinas no quedan para los argentinos. Es muy triste escuchar eso de un hombre que se dice socialista y que puede llegar a ser de nuevo gobernador de la provincia».

Para exigir que el canal fluvial quede a cargo de la Administradora Hidrovía Sociedad del Estado que se conformó en agosto pasado y que está integrada en un 51% por el Ejecutivo Nacional y en un 49% por las provincias de Santa Fe, Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa, Entre Ríos y Buenos Aires, diferentes organizaciones políticas y sociales se convocarán el próximo lunes a las 10 en la plaza San Martín: «Le queremos ir a decir al Presidente que no haga lo mismo que hizo con Vicentin, que no retroceda porque favorece a los sectores multinacionales y por lo tanto la riqueza argentina se va a ir sin dejar casi nada al pueblo. Solicitamos que elimine el decreto y que piense que el mayor costo es esa modificación que le están pidiendo los sectores exportadores», concluyó del Frade.
Fuente: https://conlagentenoticias.com/se-define-el-futuro-de-la-hidrovia-hay-que-recuperar-el-parana-para-los-argentinos/?fbclid=IwAR1vRbTWicWmo_dAyS-VklMisy1gXwyfK7aV6h_lI1isqMDCLt1e-MVuGFE

 

Recuperar el Paraná es liberarlo de ser integrante de la IIRSA mirando a viabilizar la exportación de la denominada -por Syngenta- República Unida de la Soja (Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina). Pero, sobre todo, es descubrirlo ecosistema dulceacuícola e integrante de la Cuenca del Plata en estrecho vínculo con la Amazonía. Ya varios científicos anticiparon la realidad actual, tomemos en cuenta a:

 

Hidrovía Paraná-Paraguay: consecuencias ambientales

2008

Ignacio Daniel Coria

 

Introducción

Quisiera comenzar con un poco de historia. En 1969, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, firmaron en Brasilia el Tratado de la Cuenca del Plata, por el cual se decidió aunar esfuerzos para la realización de programas, estudios y obras, la formulación de entendimientos operativos e instrumentos jurídicos y la facilitación y adopción de medidas para el incremento y fomento de la navegación fluvial. En 1987 se realizó en Bolivia la XVII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de estos países. En esa oportunidad se promulgó la Resolución Número 210, en la que los cinco países declararon su intención de promover la navegación por la Hidrovía Paraná-Paraguay como asunto prioritario. Esta decisión fue ratificada en abril de 1988, en el Primer Encuentro Internacional para el Desarrollo del proyecto de la HPP, realizado en Campo Grande, Brasil. En la Reunión de Ministros de Transporte y Obras Públicas celebrada en Santiago de Chile en septiembre de 1989, se creó una unidad ejecutora denominada Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), con una secretaría que, con el tiempo, se transformaría en la actual Secretaría Ejecutiva. En junio de 1992, en Las Leñas, Mendoza, los cancilleres, ante la presencia de los primeros mandatarios de los países de la Cuenca, suscribieron el Acuerdo de Transporte Fluvial de la HPP, en el que armonizaron los intereses de los países miembros. En la Argentina fue aprobado por la ley 24 385/94, que entró en vigencia el 13 de marzo de 1995.

 

El proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay consiste en la ampliación y profundización de la vía navegable en un tramo de los ríos Paraná y Paraguay de 3.442 km, desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay), para la navegación permanente de buques y trenes de barcazas. La vía industrial navegable será apta para embarcaciones de hasta 3,3 metros de calado, en un tramo fluvial que atraviesa Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay y se comunica con Bolivia a través del canal Tamengo. El sistema Paraguay/Paraná es el segundo sistema fluvial más largo de Sudamérica; su área de influencia comprende una superficie de 720.000 km2y una población de 40 millones de habitantes. La razón principal que justifica este proyecto es el aumento de la producción con fines de exportación. Los principales rubros previstos a desarrollarse son la expansión a gran escala del cultivo de granos.

 

Si bien se trata de una vía fluvialnatural, para hacerla navegable serán necesarias obras de balizamiento y señalización y modificaciones de alto grado de impacto ambiental, tales como la rectificación de meandros para evitar el desarmado de trenes de barcazas, profundización del lecho del río en varias partes, remoción de rocas que afloran en diversos puntos y cierres de afluentes laterales para mantener el volumen de aguas en el cauce principal, además de otros cambios necesarios para la adaptación de la infraestructura portuaria, provisión de energía y vías de transporte aledañas y relacionadas.

 

Impactos ambientales y sociales del proyecto HPP

Comencemos por los primeros. La ampliación, profundización y rectificación de canales puede alterar el régimen hídrico del río Paraguay, aumentando la velocidad de traslado de las crecidas, aumentando los riesgos de éstas en todo el curso de este río. Las obras proyectadas pueden afectar a los sistemas de humedales a lo largo del tramo del proyecto, incluyendo el Gran Pantanal del Alto Paraguay (Pantanal Matogrossense), perjudicando su condición de esponja natural responsable de la estabilización del flujo de agua del río Paraguay. A su vez, esto puede resultar en una superposición de los picos en los períodos de creciente de los ríos Paraguay y Paraná, aumentando los riesgos de inundaciones aguas abajo de su confluencia.

En resumen, la cadena de impactos se da de la siguiente manera: la canalización y rectificación producen aceleración de la velocidad de traslado de las crecidas y un aumento de sus picos. Entonces, se requieren trabajos de protección contra estas crecidas, que alcanzan a más comunidades e infraestructura. Por otro lado, el aumento del tránsito fluvial de gran volumen, promueve la instalación de industrias pesadas y de núcleos urbanos en las zonas aledañas al río. Esto requiere más obras de protección. Con la venida de una creciente mayor que la del diseño de las obras de protección, la rotura de los diques causa daños catastróficos e instantáneos, sin dar tiempo a las poblaciones para la implementación de programas de emergencia para el control de las inundaciones. Las modificaciones en el canal del río Paraguay pueden producir el desecamiento de partes de los esteros y bañados a lo largo de sus planicies de inundación, incluyendo porciones del Gran Pantanal del Alto Paraguay; los esteros del Chaco, San Pedro y Ñeembucú en el Paraguay; los sistemas de bañados del Yvera (Iberá) en Corrientes (Argentina) y otros sistemas de humedales.

 

La rectificación y profundización artificial del río Alto Paraguay hasta Cáceres proporcionaría un canal de navegación permanente para los sistemas de barcazas propuestas en el diseño del proyecto, pero con el costo de pérdidas substanciales de agua, sedimentos y nutrientes. La disminución del área de humedales puede representar una gran pérdida en la diversidad de vida que contienen estos ecosistemas, de cuya existencia depende en gran medida el equilibrio ambiental en toda su área de influencia. Se podría perder una parte importante de la capacidad de regulación que estos humedales tienen sobre los caudales del río y sus afluentes, amortiguando los efectos de las crecientes y las sequías.Además, la intensificación del tránsito de embarcaciones agudizará la contaminación de las aguas con resultados negativos para toda la vida acuática, disminuyendo el potencial pesquero y afectando la economía y modos de vida de las comunidades de pescadores. El aumento de la contaminación, agudizada por la disminución del efecto purificador de los humedales, encarecerá la provisión de agua potable de las ciudades costeras y aumentará el peligro de enfermedades transmitidas por el agua. La intensificación del tránsito fluvial por grandes empresas de transporte promoverá la conversión de los bosques remanentes a la producción agro-exportadora de gran escala, vinculada a una estructura productiva con fuerte inclinación a la producción de granos, en especial soja, bajo esquemas de crecimiento de corto plazo y de otros monocultivos a gran escala, repitiendo y reforzando una economía de exportación de materias primas sin valor agregado, incentivando la deforestación que se traduce en pérdida de la biodiversidad y mayor degradación de los recursos hídricos.

 

En cuanto a los impactos sociales, hay que tener en cuenta que el patrón de desarrollo establecido en el Cono Sur de América, basado en la implementación de esquemas y proyectos dirigidos a los intereses y beneficio de grupos minoritarios, ha sido la causa principal de la destrucción y degradación de los ecosistemas de la región, de la expansión y profundización de la pobreza, de la concentración del poder y los recursos. Como ejemplos de estos proyectos, podemos citar la eliminación de la selva Paranaense, territorio tradicional de las naciones guaraní, para transformar las tierras boscosas en tierras para la producción empresarial de soja y ganado vacuno para la exportación. Esto ha beneficiado solamente a un pequeño grupo de empresas agrícolas y ganaderas, mientras que se han destruido millones de hectáreas de ecosistemas selváticos, privando a la región entera de invalorables recursos forestales y de biodiversidad, degradando y alterando los sistemas hídricos, deteriorando la productividad de los suelos y destruyendo los territorios del Pueblo Guaraní. Las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, diseñadas principalmente para proveer de energía a los centros industriales de San Pablo y Buenos Aires, inundaron ecosistemas selváticos y de humedales, desplazando a miles de pobladores urbanos, rurales y comunidades indígenas.

 

El proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná como expresión del modelo agroexportador está dirigido a los intereses de empresas de construcción, grandes astilleros y sistemas de navegación, y empresarios mineros. Su implementación según la propuesta de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay promoverá la expansión de la frontera agrícola en el oriente de Bolivia, Mato Grosso en el Brasil y Alto Paraguay en el Paraguay, para conversión de tierras forestales en suelos agrícolas o ganaderos, con lo cual se desplazará a las poblaciones indígenas, tradicionales y campesinos y empeorará la situación de las naciones indígenas de toda la cuenca del río Paraguay, acelerando la destrucción y enajenamiento de sus territorios. Poblaciones y comunidades enteras deberán trasladarse por las inundaciones, o las sequías, o porque se eliminan las bases de su sustentoy de sus medios tradicionales de vida, sustituyéndolas por monocultivos agrícolas o forestales. Además, la instalación de empresas transnacionales aumentará la presión sobre tierras indígenas, forzando el desplazamiento de sus comunidades. También se irá reduciendo cada vez más la cantidad de campesinos, pequeños productores agrícolas, pescadores y pequeños navegantes; al desaparecer lascomunidades a las que ellos pertenecen, se perderá también todo su legado cultural relacionado con el conocimiento, la conservación y el mejoramiento de la biodiversidad agrícola y silvestre que es fuente de alimentos, abrigo y medicinas. Los pobladores de estas comunidades, indígenas, agrícolas o pesqueras, emigrarán obligadamente a las grandes ciudades, donde en su mayoría engrosarán los cinturones de la miseria.

 

La HPP y otros grandes proyectos previstos para la región, como las grandes represas hidroeléctricas de Corpus-Itacua, Itati-Itacora, y Paraná Medio sobre el río Alto Paraná, la de Puerto Caballo en el Alto Paraguay, los proyectos carreteros de corredores bioceánicos, el puente Buenos Aires-Colonia sobre el Río de la Plata, se ajustan al sistemade desarrollo empresarial, ignorando las verdaderas necesidades de la población, el costo económico para los diferentes pueblos de la región o población de la región que debe pagar estos emprendimientos y promueven la degradación ambiental y social con gran beneficio para una minoría empresarial sobre todo.

 

Consideraciones finales

A causa de todos estos factores, el proyecto HPP despertó gran preocupación entre muchas organizaciones no gubernamentales ambientalistas y sociales y entre grupos indígenas. Las demandas de las ONGs y pueblos indígenas se refieren tanto al acceso de la información y al derecho básico de las comunidades a decidir sobre qué tipo de proyectos y qué modelo de desarrollo quieren, como a que se realicen evaluaciones serias y participativas tanto do los impactos que el proyecto traería, así como de alternativas de desarrollo, a partir de proyectos que beneficien realmente a las poblaciones locales y tradicionales y no sólo a ciertos grupos minoritarios, industriales y productores agrícolas, dentro y fuera de la región. Además, exigen que los gobiernos se comprometan a no iniciar ninguna obra de ingeniería hasta que hayan concluido los estudios de impacto ambiental, con sus componentes sociales, culturales, económicos, biofísicos, hasta que éstos hayan sido debatidos públicamente, hasta que la ciudadanía haya expresado su opinión, hasta que haya una difusión inmediata de todos los documentos relacionados con el proyecto y hasta que se establezcan centros de información nacionales y regionales para asegurar el libre acceso del público a estos documentos, en un lenguaje accesible.En el aspecto social, las consecuencias de la puesta en marcha proyecto no son más alentadoras. El modelo agroexportador que justifica este tipo de proyecto es concentrador de la urbanización y la riqueza y conlleva una mayor destrucción ecológica, cultural y social. El efecto de la HPP será reforzar las consecuencias de la división internacional del trabajo, nefasta para los países de la región. Los costos de las inversiones serán onerosos para los agentes locales, que deberán aumentar su endeudamiento para realizar obras. Todo este esfuerzo se realizará con el único objetivo de la exportación de materias primas o poco elaboradas y para países exteriores de la región, con el considerable pasivo financiero, social y ecológico en lo local. Es por ello que la Hidrovía ni siquiera sería lucrativa para los países de la Cuenca del Plata, sino, una vez más, para los países más desarrollados del mundo.

Fuente: http://www.fepai.org.ar/Ecoepisteme/2008/Coria.pdf

En consecuencia, es crucial tener en cuenta que quienes están luchando por los derechos de los pueblos y los de la naturaleza rompen con el Estado al servicio del Capital que garantiza súper negocios del último por sobre las necesidades y aspiraciones populares. Comprendamos porqué este esclarecimiento general reflexionando sobre:

 

Comunicado de

Autoconvocadxs por los humedales

GACETILLA DE PRENSA, 20/02/2021

22F | No al proyecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Colectivos, organizaciones socioambientales, políticas, activistas, ciudadanes, convocamos a concentrar el día LUNES 22 de FEBRERO a las 9 hs. en la Sede de Gobernación, donde se va a realizar la primera reunión plenaria del CONSEJO FEDERAL HIDROVÍA (CFH).

Dicho Consejo estará presidido por el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Andrés Meoni, y participarán el Ministerio del Interior, de Desarrollo Productivo, y las Provincias de BUENOS AIRES, CORRIENTES, CHACO, ENTRE RÍOS, FORMOSA, MISIONES y SANTA FE, integradas al Acuerdo Federal de la Hidrovía, celebrado el pasado 28 de agosto de 2020. Así como también organizaciones sindicales, no gubernamentales y cámaras empresarias. El mismo tiene por objeto ser un “espacio asesor de coordinación política y estratégica para la administración de la Hidrovía Paraguay-Paraná”.

Sabemos que la Hidrovía Paraguay-Paraná, es un proyecto que se puso en marcha en la década de 1990 y entrado el siglo XXI acompañó y consolidó el modelo agroexportador, siendo una vía clave en la exportación de materias primas hacia el mercado mundial. Proceso que conllevó la privatización de gran parte de los puertos, la navegación y la flota mercante de nuestro país.

Por su carácter e importancia estratégica, las organizaciones que convocamos a esta acción, queremos visibilizar y denunciar una serie de reclamos:

· Que desde sus inicios, la Hidrovía ha sido concebida en términos netamente mercantilistas. El dragado, optimización de la capacidad de carga de los buques, disminución de costos y ganancias siempre estuvieron atados a las exigencias del mercado mundial, principalmente agroalimentario. Generando ganancias para las empresas privadas, y divisas para el Estado Nacional volcadas al pago de la deuda externa.

· Que de concretarse un nuevo proyecto, que no solo integraría los Rios Paraná-Paraguay sino también el canal Magdalena; se generarían impactos directos, provocados por las obras y la navegación, que tienen incidencia, por ejemplo, en la fauna ictícola, la biota acuática, las barrancas; y por el otro, indirectos aunque estrechamente vinculados a la Hidrovía.

· Que al día de la fecha es alarmante la falta de información pública del impacto ambiental real que generaría el proyecto Hidrovía, y que carecemos de organismos de control, independientes e integrados por científicos, técnicos y miembros de las organizaciones socioambientales. Los organismos con tales funciones anteriormente creados, nunca se pusieron en marcha, dejando la tan importante tarea del estudio y fiscalización del impacto a consultoras privadas, financiadas entre otros por la Bolsa de Comercio de Rosario.

· Que tampoco existe claridad sobre qué va a suceder con el Contrato de Concesión celebrado en 1993 y prorrogado desde entonces.

_Las organizaciones convocantes denunciamos la firma del Acuerdo Federal de la Hidrovía y la celebración de la primera reunión del Consejo Federal a espaldas del pueblo. Apelamos al "Derecho Democrático", específicamente al "Derecho Constitucional" y al acceso público de la información para el conocimiento de los estudios de impacto ambiental pertinentes._

 

Decimos *No al proyecto de la Hidrovía. No a la IIRSA* (Integración de Infraestructuras Regionales de Sud América, mediante la destrucción de nuestros territorios para acelerar el extractivismo, de la que este proyecto es eje estratégico). *No al modelo extractivista de saqueo, hambre y contaminación. La vida y nuestro río no se negocian.*

 

 

 

Nos urge multiplicar los espacios en común a lo largo y ancho del país para deliberar y decidir sobre:

 

Agroextractivismo y acaparamiento de tierras en América Latina: una lectura desde la ecología política

Rev. Mex. Sociol vol.77 no.4 México oct./dic. 2015

 

 

Omar Felipe Giraldo* 

En el presente artículo quiero discutir que si bien el concepto de la "acumulación por desposesión" contribuye significativamente a aclarar el acaparamiento de la tierra, resulta insuficiente para comprender los dispositivos de poder que el capitalismo moderno está desplegando -y que se apresta a profundizar-, para apoderarse de la tierra y controlar la naturaleza. No es mi deseo refutar de modo alguno la explicación estructuralista realizada por Harvey, pero sí quiero mostrar la necesidad de complementarla con algunas miradas proporcionadas por la ecología política, enriqueciendo la interpretación del agroextractivismo contemporáneo al explorar las relaciones de poder en el saber que se entrelazan entre la estructura de significaciones del capitalismo moderno y los mundos de vida de las personas (Leff, 2004).

El argumento que presentaré en las siguientes páginas puede resumirse de la siguiente manera: en América Latina -sin duda, también en muchas otras partes del mundo-, con el fin de acaparar tierras y apoderarse de la renta diferencial, están poniéndose en marcha mecanismos discursivos y prácticos para desterritorializar ontológica y epistémicamente a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes mediante un régimen tecnológico, cultural y representacional de verdad, y por medio de un ordenamiento imaginario y estético alrededor de los macroproyectos de inversión. El agroextractivismo está desterritorializando por distintas vías a las comunidades rurales latinoamericanas en procesos de disociación entre cultura y la naturaleza, lo cual se logra por medio de la irrupción de ciertos campos enunciativos y la imposición de un mundo transformado en su lógica de homogeneidad, linealidad y disciplinarización de la naturaleza.

TERRITORIO Y DESTERRITORIALIZACIÓN

Es necesario comenzar señalando que el territorio no es una materialidad que puede comprenderse independientemente del conocimiento y la intervención humana, como si los lugares siguieran un proceso evolutivo propio, totalmente ajeno a las diversas maneras como las sociedades significan, perciben y sienten los lugares. El territorio visto de una manera mucho más compleja es todo un híbrido, en el cual, como explica Enrique Leff (2004), se conjugan lo simbólico, lo orgánico y lo tecnológico. No es una fusión en la que lo real y lo cultural se fundan en una mismidad, sino un juego de relaciones en que el orden biofísico se articula con el orden imaginario y simbólico. Se trata de toda una imbricación en la que se entrelazan la physis con las configuraciones económico-políticas, el conocimiento, los rituales, los sentidos, las tecnologías, el lenguaje y todos los demás símbolos de la cultura (Escobar, 2005).

Hablar del territorio de esta manera implica ubicarlo en un juego de relaciones de poder cuyas configuraciones responden a luchas construidas a una escala mucho mayor (Haesbaert, 2011). Sin embargo, dado que estamos entendiendo el territorio no como un lugar ontológicamente dado, sino como un intricado entreveramiento de interrelaciones entre lo real y lo simbólico, entre las palabras y las cosas, entre cultura y naturaleza (Leff, 2004), es necesario prestar atención a un aspecto que no suele tenerse lo suficientemente en cuenta en las discusiones sobre las luchas de poder por el acaparamiento de la tierra: me refiero a las disputas por el control territorial, lo cual requeriría, de acuerdo con la definición antes mencionada, no sólo de la apropiación física del espacio, sino también -y quizá sobre todo- del control simbólico.

Una consecuencia de la comprensión ampliada del territorio es el entendimiento de la desterritorialización, en la medida en que un proceso de tal tipo sólo podría darse a través de una conjugación de desterritorialización material e inmaterial (Haesbaert, 2011), aspecto que debe tenerse muy en cuenta para la comprensión de los procesos de acaparamiento de la tierra. En la literatura sobre el tema, casi toda la atención se ha concentrado en la desterritorialización física, tal vez porque es la más evidente, pero también porque en estos procesos se expresa más claramente la sevicia del capitalismo contemporáneo. De hecho, en América Latina las estrategias de despojo, el desplazamiento forzado, las presiones para la venta de los predios y la descampesinización y migración hacia las ciudades es un hecho real para cientos de familias rurales defenestradas y desposeídas. 6 Aun así, el desalojo violento no representa el dispositivo más frecuente en la región, o por lo menos no en las dramáticas dimensiones vividas en el continente africano (Borras et al., 2012). Por eso es necesario prestar atención a la desterritorialización simbólica, como expresión de la deslocalización de los mundos, tiempos, modos de producción existentes, para territorializar las ontologías dicotómicas del capitalismo/moderno de acuerdo con su intrínseca racionalidad.

A lo que me refiero es que tanto para quienes han sido desplazados de sus territorios, como para quienes se quedan viviendo en un lugar transformado bajo la lógica de los monocultivos, existe una desterritorialización simbólica, no sólo porque pierden el control sobre sus bases territoriales de reproducción y referencia, lo que implica una pérdida sobre el control de sus propias vidas (Haesbaert, 2011), sino porque existe una más profunda y dramática desterritorialización de sus formas de ser, hacer y conocer que están ancladas a sus territorios. En concreto, quiero prestar atención a todas aquellas poblaciones que son forzadas a trabajar en las plantaciones como proletarios agrícolas, a los campesinos que se insertan en la lógica mercantil del paquete tecnológico para la agroexportación, y a todas aquellas personas que deben vivir en las tensiones de un profundo cambio paisajístico 7 que, como se verá más adelante, tiene profundas implicaciones para la territorialización del capitalismo en los campos del Sur global.

Examinemos un poco las interrelaciones de naturaleza y cultura en los campesinos latinoamericanos, para ir comprendiendo estos dispositivos ocultos de poder que el agronegocio está insertando, en contubernio con los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales, en sus discursos y prácticas del desarrollo.

AGRICULTORES DEL SUR GLOBAL: LAS INTERRELACIONES DE NATURALEZA Y CULTURA

Para entender el despojo simbólico, comenzaré por aclarar que el dualismo entre naturaleza y cultura como racionalidad dominante de la cultura occidental no corresponde a todos los supuestos ontológicos y epistémicos de todos los pueblos, sino que concierne a una perspectiva muy específica de saber, que si bien ha pretendido engullir las demás formas de conocimiento para acoplarlas a su estructura de significaciones, aún no ha logrado uniformar y emparejar las diversas maneras en que los pueblos comprenden y se explican la realidad (Giraldo, 2014). La dicotomía naturaleza/sociedad es un supuesto que carece de sentido para muchas culturas asentadas en múltiples lugares del Sur global, para las cuales la materialidad de su entorno y los símbolos se mezclan indisociablemente.

De manera particular en las sociedades indígenas de nuestra América, pero también en algunas comunidades afrodescendientes, las plantas, los animales, los bosques, los ríos, son parte de una sola entidad sociocósmica, puesto que la vida en comunidad no se limita a los lazos entre humanos, sino que abarca el conjunto de los componentes del medio ambiente, los cuales son percibidos y sentidos como parte inseparable del dominio social. En otros términos: el entorno humano y el no humano forman un solo sistema irreductible, donde las personas son parte del medio natural y éste es parte de las personas (Descola y Pálsson, 2001).

Para estas comunidades, pero también para los campesinos tradicionales, las interrelaciones de naturaleza y cultura tienen que ver con el profundo vínculo entre su mundo cotidiano y la tierra, pues para los habitantes del campo la tierra constituye la condición irremplazable para su propia existencia. Es un lugar habitado en el cual, por medio de la práctica de vivir cotidianamente, van conociendo las condiciones locales y descubriendo cómo la semilla retorna en cada ciclo, cómo la fertilidad regresa luego del descanso y la quietud del terreno, y cómo vuelven los periodos de siembra, aporque y cosecha (Giraldo, 2013). Durante milenios los pueblos rurales han construido una manera de entender y vivir la vida que está en continua imbricación con los ciclos anuales referidos al tiempo de lluvias, a la reproducción de los animales y a los ciclos lunares que influyen en el flujo hídrico y los nutrientes de las plantas. Incluso la práctica de roza-tumba-quema implica conocer los ciclos de recuperación del suelo y la vegetación, con el fin de trabajar en los terrenos sólo por algunos años y así dar la oportunidad a la regeneración y el retorno de la fertilidad. El apego a la base cíclica de la naturaleza hace que se cree un acoplamiento temporal de la actividad humana a estos procesos biológicos, lo cual permite la reproducción material de las comunidades (Ziga, 2013).

Esta temporalidad tiene una fuerte carga de reiteración, en la cual siempre se está regresando, retornando, al punto de partida. Por supuesto, en la condición de hibridación de las culturas contemporáneas, este tiempo cíclico coexiste en tensión con el tiempo lineal hegemónico; sin embargo, puede decirse que en la gnoseología de muchas comunidades rurales del Sur global todavía la ciclicidad marca no sólo las épocas de las actividades productivas, sino también el ritmo de la vida cotidiana.

El saber campesino consiste en toda una suerte de conocimientos que no son independientes de sus contextos de vida. Por eso el campesino sabe que en su milpa, su chacra o su parcela no se rompen los equilibrios naturales, pues es ahí donde se ha fincado su residencia. No es una superioridad moral, como muchas veces se pretende aducir cuando con nostalgia bucólica se nombra a los indígenas o a los campesinos como los "ambientalistas naturales" que nos salvarán mesiánicamente de la obra predatoria de la humanidad entera (Giraldo, 2014). Más bien hay que entender esto como una lógica del habitar en el cuidado, lo cual cualquiera comprendería si pensamos en el cuidado que nosotros mismos también le prestamos a nuestra morada.

Durante los últimos 10 milenios, los campesinos han construido una racionalidad anclada al lugar que consiste en la diversidad productiva, la ciclicidad del tiempo inmanente a los ciclos agrícolas y temporales, la reciprocidad en las relaciones comunitarias, la complementariedad entre el bosque y las superficies de cultivo, y un conocimiento localizado en las interrelaciones de las especies, y entre ellas y los acontecimientos lunares y cósmicos. Se está hablando de un saber que interpreta el lenguaje de la naturaleza (Pardo, 1991) y que comprende que una Agri-Cultura -especialmente en áreas equinocciales- no puede ser sino diversa (Giraldo, 2013).

Muchas comunidades rurales en América Latina, independientemente de su origen étnico, tienen aún una concepción local de la economía, la producción y la tierra que fundamentalmente existe en la práctica y que es sustancialmente distinta a los modelos modernos (Escobar, 1999). Algunos autores 8 han denominado estos mundos socio-naturales como ontologías relacionales, es decir, como las maneras en que estos grupos se ubican significativamente en el mundo, lo cual tiene que ver con la apuesta por formas de ser que no pueden subsistir independientes del territorio y por la relacionalidad inmanente a sus prácticas de vida (Escobar, 20122013). La emergencia de la naturaleza es el resultado de la experiencia vivida por dichos pueblos y su relación con los lugares concretos donde moran. A diferencia de la racionalidad moderna, para muchas de estas comunidades rurales no existen mundos naturales y culturales separados, sino que los mismos están siempre en co-surgimiento (Escobar, 2010).

El saber de los Agri-Cultores es todo un corpus de conocimientos desarrollado durante muchas décadas y expuesto a cada generación a través del uso pragmático. Un enfoque fenomenológico del saber tradicional ha sido explicado por el antropólogo Tim Ingold (2000), quien expone cómo en las sociedades de cazadores-recolectores los novicios aprenden no por un código de procedimientos explícitos que especifiquen los movimientos que deben seguirse, sino que son guiados en compañía de cazadores más experimentados, con quienes va generándose una conciencia perceptiva de las posibilidades que el medio ofrece. La principal conclusión que obtiene Ingold es que aprender es indisociable de la acción, del uso pragmático en los contextos naturales donde se vive. Para este autor, la cultura no se transmite independientemente de su aplicación, sino que es inculcada a cada generación sucesiva a través de un relacionamiento práctico con el entorno.

El saber campesino, al igual que el de los cazadores descritos por Ingold, necesita de esa experiencia cotidiana, la cual es inseparable de los lugares donde se mora. Es un tipo de saber totalmente dependiente de su relación con el medio. Se trata de saberes localizados que no pueden pensarse al margen de su praxis cotidiana y de la experiencia del mundo, en la medida en que -parafraseando a Humberto Maturana y Francisco Varela (2003)- existe una coincidencia continua entre el ser campesino, el hacer Agri-Cultura y el conocer -afectivamente- el mundo vivido.

De manera que si entendemos el profundo entreveramiento entre cultura y naturaleza que subyace al ser, hacer y conocer de los Agri-Cultores del Sur global, podemos comprender que la territorialización del agroextractivismo no es sólo un proceso de desterritorialización física, sino también un proceso de desterritorialización ontológica y epistémica. Si, como dice Ingold (2000), el saber no consiste en adquirir un cuerpo de conocimientos fuera del contexto, sino que depende del involucramiento con el medio, una pregunta que necesitaría respuesta empírica es en qué consistiría ese nuevo aprendizaje en contextos donde imperan macroproyectos de inversión regidos bajo el racional de la cosificación de la naturaleza, la separación entre lo real y lo simbólico y la temporalidad lineal del mercado.

Al aceptar que la percepción del ambiente de los Agri-Cultores depende del modo de involucrarse con ese mismo ambiente, es legítimo sospechar que la experiencia vivida por esos sujetos implicados en un lugar transformado -hablo de esos espacios convertidos en paisajes de palma, soya o caña de azúcar- podría estar generando una manera de conocimiento compatible con las formas del ser de esos monocultivos. En otros términos: si el conocimiento de la naturaleza se obtiene mediante un encuentro con un ambiente lineal, delimitado, homogéneo, controlable y profano -como las estéticas inmanentes al agroextractivismo-, la percepción del entorno de las comunidades donde acontecen estos fenómenos se co-crearía como una construcción de representaciones, significaciones y sentidos acordes con los ensamblajes mecánicos impuestos a los sembradíos industriales.

Dominar el territorio implica una forma de control simbólico, una manera de apropiación y un ordenamiento del espacio, por medio del cual pueda dominarse y disciplinarse a los individuos (Haesbaert, 2011). Para ello se le imponen formas rectilíneas al paisaje (Lefevbre, 1974) y los ciclos, relaciones y complementariedades logradas por el saber campesino milenario se convierten en espacios homogéneos, señalados, controlables y delimitados de acuerdo con la geometría euclidiana. Los enmarañados ecosistemas boscosos y los paisajes agrícolas diversos se transforman en insensibles plantaciones mecanizadas que le son impuestas a la naturaleza de acuerdo con la lógica lineal y fordista procedente de la industria (Giraldo, 2013). 9

Mi hipótesis, que aún necesitaría evidencia empírica, es que la desterritorialización ontológica y epistémica de las sociedades rurales, donde impera el acaparamiento de la tierra para la siembra de monocultivos, depende de la producción de lugares congruentes con el modelo de la fábrica como espejo de la naturaleza, con el fin de que se asuma la lógica dicotómica moderna que escinde la naturaleza de la cultura, y así desterritorializar los modos de producción existentes y las prácticas de vida, para que el capitalismo moderno se territorialice de acuerdo con su propia dinámica.

LA INCORPORACIÓN DE LAS COMUNIDADES RURALES Y LOS DISCURSOS DEL DESARROLLO

El desplazamiento forzoso de comunidades rurales y el despojo de la tierra son un fenómeno tan difícil de legitimar en la América Latina de hoy que es poco probable que la "acumulación por despojo" siga su ruta de la misma forma como ha sido llevada a cabo en los primeros años del siglo XXI. De hecho, las organizaciones internacionales como la FAO o el Banco Mundial ya están hablando de la necesidad de aprovechar las oportunidades que brindan las inversiones internacionales en agricultura, siempre y cuando se concilien con las necesidades de la población local. El discurso va en la lógica de incorporar a las comunidades campesinas e indígenas mediante sistemas de subcontratación como la agricultura por contrato, las empresas de participación conjunta y los vínculos empresariales en- tre las cadenas del agronegocio y las cooperativas de pequeños productores. La idea es distinguir realmente lo que son "inversiones responsables" del acaparamiento de la tierra, 10 lo cual significa que las inversiones, para ser bien recibidas, tendrían que ser transparentes, no inducir al despojo, respetar los derechos humanos, no degradar el medio ambiente, crear empleo y contribuir al desarrollo nacional (Grain, 2012).

Según el discurso desarrollista de estas organizaciones, las grandes plantaciones pueden ofrecer ventajas como la construcción de infraestructura, transferencia de tecnología, estímulo a la innovación, incremento de la productividad, generación de puestos de trabajo, dinamización del desarrollo local y estímulo al crecimiento. Por eso la recomendación consiste en que los Estados atraigan a los inversores, pero que al mismo tiempo eviten que los enclaves agrícolas avancen totalmente separados de las realidades locales.

El fenómeno no es de poca monta, pues según el Banco Mundial (2011) para 2030 deben haberse integrado más de 70 millones de hectáreas de los países del Sur global a razón de 6 millones anuales, de las cuales dos tercios corresponderían a tierras del África subsahariana y América Latina. Por supuesto, se trata de un agroextractivismo del monocultivo regido bajo la lógica neoliberal de la globalización económica. En esta "nueva agricultura" -dice el más importante informe sobre desarrollo agrícola que ha escrito recientemente el Banco Mundial (2007)-, a las comunidades rurales se les deben ofrecer oportunidades para salir de la pobreza a través del empleo en los enclaves agroindustriales y por medio de su encadenamiento a las líneas productivas de alto valor. De acuerdo con esta lógica, los "campesinos empresarios" se convertirán en proveedores de los modernos mercados, y así aprovecharán la heterogeneidad del mundo rural donde "conviven armónicamente" pequeños, medianos y grandes productores:

La heterogeneidad económica y social es una característica distintiva de las zonas rurales. Propietarios de grandes explotaciones comerciales coexisten con pequeños agricultores. Esta diversidad se observa también dentro de este último grupo. Los pequeños agricultores comerciales llevan los excedentes de su producción a los mercados de alimentos y participan de los beneficios de la expansión de mercados para la nueva agricultura de alto valor [...]. La "nueva agricultura" está impulsada por empresarios privados integrados en amplias cadenas de valor que vinculan a los productores con los consumidores, e incluyen a numerosos pequeños agricultores con espíritu emprendedor, apoyados por sus organizaciones (Banco Mundial, 2007: 6-8).

La visión del desarrollo agrícola basado en la gran plantación con paquetes tecnológicos orientados hacia la exportación implica que estos "nuevos emprendedores" cuenten con las habilidades técnicas y empresariales necesarias para insertarse en las "oportunidades" de estos mercados globales emergentes. La recomendación es que los Estados sean socios del sector privado y generen un clima adecuado para la inversión, creen servicios públicos esenciales, apoyen la investigación y la extensión agrícola, faciliten mercados de trabajo flexibles, respalden la inclusión de los pequeños productores y trabajadores rurales, amplíen el acceso a los servicios financieros para la puesta en marcha de estos proyectos productivos, 11 y faciliten el acceso a paquetes tecnológicos que incluyan maquinaria, fertilizantes, agroquímicos y semillas genéticamente modificadas (FAO, 20092012b).

Como podrá apreciarse, se trata de toda una geopolítica del desarrollo agrícola que necesita legitimarse a través de la inclusión de las comunidades locales y de la puesta en marcha de buenas prácticas agrícolas. No resulta sorpresivo que enunciados como "la palma, la soya o la caña sustentables" se estén convirtiendo en parte del discurso hegemónico que intenta legitimarse a través de un supuesto acompañamiento a campesinos empresarios aliados con grandes empresas agroextractivas. 12 Corresponde a un discurso totalmente acoplado con las ontologías duales de la modernidad que busca territorializarse en los campos del Sur global, para lo cual -como se ha hecho reiterativamente en América Latina desde el periodo de la Conquista- necesita desterritorializar los saberes locales de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Para entender mejor lo anterior, es importante recordar el argumento de Karl Marx (1946: 608) en torno de la "acumulación originaria", concepto definido por él mismo como un "proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción", es decir, un proceso en el que se escinde al campesino de su tierra. En un comentario conocido como "Proyecto de respuesta a la carta de V. I. Zasulich", Marx (1974) aseguraba que si bien el secreto de la "acumulación originaria" consistía en la separación radical entre el productor y los medios de producción, también era cierto que "a fin de expropiar a los agricultores no es preciso echarlos de sus tierras". Considero que aquí está la clave de la desterritorialización buscada en muchos de los procesos de acumulación de tierras de nuestro tiempo, porque lo que se persigue no siempre es prescindir de las comunidades locales, sino integrarlas a las lógicas de las plantaciones agroindustriales. Es, como señala Rogerio Haesbaert (2011), un tipo de desterritorialización sin desplazamiento físico, que pretende, con la anuencia de las mismas comunidades, insertar todos los territorios en los flujos de conexiones globales que demandan con voracidad los productos agrícolas y forestales del agroextractivismo.

Aunque en América Latina el control de los territorios sin que medie la expulsión previa de los pueblos es una forma antigua de ejercicio del poder -basta con recordar la institución de la encomienda durante el periodo colonial-, no cabe duda de que durante la globalización económica neoliberal las herramientas de despojo simbólico han incrementado su eficiencia. Aquella tarea que desde los años setenta hacían los programas estatales para llevar la revolución verde a las familias campesinas 13 en la época actual pretende ser transferida a inversores privados para que se conviertan en "acompañantes" y "socios" de los "nuevos emprendedores", como asegura el discurso del Banco Mundial. De este modo se cumple el propósito de reducir -en todo lo posible- los costos que implica expandir geográficamente el agronegocio industrial y contribuir así a la ampliación de la reproducción del capital.

La clave del asunto está en comprender que en el mismo hecho de encargar esta responsabilidad a los capitales individuales está favoreciendo que esos mismos agentes privados sean quienes asuman las decisiones sobre el qué, cómo, dónde y cuándo sembrar y comercializar. Al final, ese inmenso poder se traduce en una manera de acaparamiento territorial, pues el control de extensas superficies de tierra termina en manos de los grandes empresarios agroindustriales. El acaparamiento ya no podría definirse entonces como la simple monopolización de tierras por parte de algunos inversores privados, sino que debe replantearse como toda una forma de control territorial que al final queda bajo la potestad de un puñado de capitalistas particulares.

De esta re-conceptualización puede deducirse que, con el fin de acaparar territorios, no basta con tener el dominio directo sobre la tierra, sino que es imprescindible poner en marcha una serie de dispositivos mucho más sutiles y suspicaces para que el poder termine disciplinando no sólo el espacio sino también los cuerpos de los Agri-Cultores. Como hemos señalado, el territorio no debe considerarse como un espacio ontológicamente dado, sino como el resultado de múltiples procesos relacionales (Escobar, 2010), por lo que hablar de control territorial y de disociación entre el campesino y la tierra implica necesariamente un control de los discursos y las prácticas de estos mismos campesinos, lo que en otros términos significa dominar sus campos de enunciación y sus saberes locales. Lo anterior quiere decir, en términos muy foucaultianos, construir todo un régimen de verdad, el cual reproduzca ciertos conocimientos y certezas, al mismo tiempo que excluye todos los discursos y prácticas que no le sean útiles al régimen de verdad del desarrollo agrícola.

Al respecto, el discurso del Banco Mundial (2007) resulta revelador, pues una de las recomendaciones del informe para la configuración de esta "nueva agricultura" consiste en brindar oportunidades educativas que fomenten el espíritu empresarial y desarrollen las habilidades técnicas del agroextractivismo en las comunidades. El discurso habla de modernizar el campo, favorecer la inversión del gran capital transnacional, orientar la producción de acuerdo con las ventajas comparativas y con vocación exportadora, y auspiciar todos los esquemas asociativos para encadenar horizontalmente y verticalmente al sector agropecuario.

En este discurso las prácticas tradicionales se consideran símbolo del subdesarrollo, y en los documentos oficiales de los Estados y de las organizaciones internacionales se cambia la enunciación de campesinos por la de "empresarios agrícolas" o "pequeño o mediano productor"; o los vocablos tradicionales por "material vegetal o de reproducción", y la naturaleza por "recurso natural", y se habla de su "uso", "utilización" y "explotación", o se hace referencia de la inclusión de su relación con la tierra bajo la noción de "competitividad" y "productividad"; ejemplos todos en los que se evidencia cómo el lenguaje del desarrollo contribuye no sólo a un antropocentrismo inexistente en las ontologías relacionales de muchos de estos pueblos, sino también a la economización, la cosificación y la desnaturalización de la naturaleza. Como asegura Leff (2004), la estrategia simbólica de apropiación capitalista consiste en recodificar todos los mundos de vida para someterlos a los términos del valor económico, y así reducir todos sus órdenes simbólicos a la lógica dual que escinde al campesino de la tierra, al objetivizar y capitalizar la naturaleza.

Los discursos globales del desarrollo, cuyos contenidos logran ser reproducidos por los mismos sujetos implicados, hacen que se produzca verdad sobre la naturaleza, en una estrategia de colonialidad epistémica, pues sus enunciados reproducen las ontologías dicotómicas de la modernidad al construir los regímenes socio-naturales que necesita el capitalismo para expandirse constantemente como requisito insoslayable para escapar a sus propias contradicciones.

No obstante, es necesario aquí hacer una aclaración. Estas enunciaciones no son impuestas como si se pudiera transmitir ideológicamente todo un cuerpo de significados a la vida de los sujetos de manera independiente a sus contextos de vida. Más bien esas convenciones verbales son incorporadas una vez que las comunidades que habitan en estos lugares transformados en paisajes de monocultivos encuentran congruentes estos discursos con su propia experiencia. Para encarnar un discurso, como señalaría Ingold (2000), es necesario que se realicen comparaciones entre su propia práctica cotidiana, sus experiencias sensoriales, y todas las construcciones lingüísticas que terminan afectando las percepciones de estos campesinos sobre el mundo que les rodea. La percepción, indica Ingold, es el resultado de un encuentro con el mundo, un proceso de participación activa con el medio, donde se percibe lo que se percibe según la manera como se esté instalado en el mundo.

¿Cuál sería la forma de tomar visión del mundo una vez se está instalando en un ambiente lineal, sojuzgado y disciplinado, como las estéticas inmanentes al monocultivo, y cuando se ejecutan prácticas que objetivizan la naturaleza y se trata a la tierra como un recurso al que se le podrán socavar commodities como si se tratara de una bodega llena de reservas que podrán ser extraídas para siempre?

Conocer el mundo implica descubrirlo de forma directa mientras el cuerpo se mueve en un ambiente específico (Ingold, 2000); por eso, el discurso que intenta imponerse a los habitantes rurales no es adquirido de manera pasiva: está acoplado y en continua emergencia de acuerdo con los ámbitos de vida en los que estos hablantes participan. La separación naturaleza/cultura que subyace a las prácticas agronómicas y las discursividades del desarrollo rural sólo puede ser asimilada cuando de forma práctica y permanente se vive en un mundo dominado por estas significaciones dicotómicas que disocian al campesino de su tierra sin necesidad de expulsarlo de sus predios.

Una muestra de los dispositivos de desterritorialización sin desplazamiento físico es la deslocalización de la temporalidad de las economías campesinas tradicionales. Con la irrupción de los paquetes tecnológicos del agroextractivismo se subsume su tiempo cíclico, pues en los escenarios de incorporación de los nuevos "campesinos empresarios" ya no se puede reservar la mejor parte de la cosecha para la próxima siembra, sino que al tener que comprar las semillas y poder utilizarlas una sola vez y en una sola cosecha, resultan incorporados a la linealidad, progresividad e infinitud del tiempo moderno. La disyunción entre naturaleza y cultura imperante en la racionalidad económica invade la existencia de estos pueblos una vez que se asumen prácticas y saberes que trastocan la temporalidad reiterativa. Muestra de ello es la adquisición de semillas en el mercado de acuerdo con la imposibilidad de retorno del capitalismo moderno, y las labores asociadas con la extracción de nutrientes y fumigación con agroquímicos como parte de la lógica de la competitividad y negación de la complementariedad aprendida por siglos del policultivo. Con la visión que socava, saquea y acumula para llevarse al futuro, se asume la temporalidad lineal que niega la vida, lo cual es parte fundamental de las estrategias de poder en el saber, cuyo raciocinio excluye los conocimientos enseñados por milenios por el lenguaje de la ciclicidad de la naturaleza.

Aunque es cierto aquello de que no por el simple hecho de convertirse en agroproductor comercial el agricultor pierde de inmediato la relación simbólica y cultural con la tierra, también es verdad que el uso de tecnología altamente mecanizada, la siembra directa de semilla transgénica, la ingente dosificación de fertilizantes y pesticidas, y todas las prácticas inmanentes a las agrobiotecnologías contemporáneas, terminan penetrando su cuerpo, transformando la manera de vivir un mundo hasta antes regido por la égida de lo orgánico, por otra forma de existencia en cuya racionalidad se persigue el dominio, el uso de la naturaleza como si fuera un recurso inerte y muerto que entra al ciclo productivo como insumo, y toda una plétora de acciones que olvidan las condiciones que hacen posible la reproducción de las tramas de la vida.

Una nueva pregunta que necesita respuesta satisfactoria es: ¿Por qué el capitalismo realizaría todo este intricado juego de dispositivos de poder, si el agroextractivismo de la gran plantación, como el de la soya, prescinde de las personas? ¿No sería más fácil continuar haciendo negocios al más alto nivel, como el realizado en las negociaciones del land grabbing, sin necesidad de incorporar a las poblaciones locales? Ciertamente, parte de la respuesta está en la imposibilidad de legitimación en las actuales dinámicas del acaparamiento de la tierra, como ya se mencionó. Sin embargo, la respuesta más convincente podría estar en la necesidad de apropiarse de las jugosas rentas del negocio agrícola, tema de la siguiente sección

LAS RENTAS DEL AGRONEGOCIO Y LA CONVIVENCIA ENTRE CAMPESINOS Y LATIFUNDISTAS

Hoy, en pleno siglo XXI, aunque subsista el imaginario de que el agro-extractivismo de revolución verde es el que alimenta al mundo, y que la agricultura familiar es un reducto tradicional en vías de desaparición, lo cierto es que dos quintos de la población mundial hoy es campesina -1 500 millones de personas ubicadas en 380 millones de fincas-, 14 y a pesar de que se ubican en tierras marginales y menos fértiles, y cuentan cada vez con menos territorio, son las responsables de la producción de 70% de los alimentos a escala mundial (ETC Group, 2009).

¿Por qué sobreviven los campesinos en casi todo el mundo y por qué no han sido aplastados por el leviatán del capitalismo, como muchos han presagiado? La respuesta de autores como Armando Bartra (2006) se basa en que el capitalismo no podría existir sin campesinos, conclusión a la que llega al analizar la renta de la tierra.

El argumento podría sintetizarse de la siguiente manera: la agricultura tiene tres características que la hacen diferente de las otras ramas económicas: 1) depende directamente de un cuerpo natural, la tierra; 2) los terrenos tienen ubicaciones y fertilidades distintas, y 3) la tierra es un bien limitado y más aún las mejores tierras, y ahí reside su carácter monopolizable. Bartra sigue a Marx para explicar por qué en la agricultura existen superganancias -ganancias superiores a la media- que son permanentes para ciertos productores. Esas ganancias extraordinarias son explicadas por la renta diferencial, la cual se funda justamente en el monopolio sobre las tierras con mayor fertilidad, pues en la agricultura, a diferencia de la industria, el precio se fija no a partir de los costos medios, sino de acuerdo con los costos de producción de las peores tierras. Esta renta es un tributo que se paga "de más" por la sociedad y que es distribuido entre los terratenientes con mejores tierras, una vez que se han recuperado los costos y se ha obtenido una ganancia media.

En el negocio agrícola, los productores con las mejores tierras requieren que en el mercado concurran diferentes rendimientos, para así apoderarse de la renta diferencial, y ahí estriba la necesidad de que los campesinos no desaparezcan, sino que contribuyan con su producción a favorecer las superganancias agrícolas de los capitalistas obtenidas por las dinámicas internas del sistema (Bartra, 2006). El mismo capitalismo produce y reproduce modos de producción como el de los campesinos, pues ellos pueden producir a precios menores a los requeridos por la unidad capitalista en la misma actividad, además de que son proveedores de mano de obra estacional y barata, sin la cual el agrocapitalismo sería inimaginable. 15 En otras palabras, dada la formación de los precios en el mercado donde coinciden productores campesinos y capitalistas, y debido a que sólo los días trabajados se incorporan como costos de producción, desde diferentes ángulos el campesino termina subsidiando al capitalista (Boltvinik, 2007).

El meollo del asunto está en que el agronegocio requiere de una estructura agraria dual para apropiarse de la renta diferencial, en la que coexistan superficies agrícolas asentadas en planicies de alta fertilidad y economías campesinas ubicadas en los peores suelos. Pero al inversor agrícola no le sirve un campesino agroecológico que produzca bajo su propia racionalidad alimentos provenientes de sus excedentes de cosechas para ser vendidos en mercados locales. Por el contrario: él necesita un "campesino empresario", moderno y mercantil, que genere sus mismos productos pero con rendimientos mucho menores, con el fin de que perdure y se incremente su renta extraordinaria. Prueba de ello lo constituye el hecho de que 33% del aceite de palma a nivel mundial es producido por pequeños agricultores, así como el auge que está teniendo el modelo de incorporación de campesinos en prácticamente todos los países latinoamericanos en los cuales se siembra, lo que en cierta manera muestra la necesidad de aumentar el espectro de productividades para que las grandes empresas palmicultoras logren apropiarse permanentemente de la renta de la tierra.

Este fenómeno también se presenta en el caso de la soya -93% de la producción mundial proviene únicamente de seis países-, pues prácticamente la totalidad de las 10 millones de hectáreas cultivadas en la India están ubicadas en minifundios campesinos -cada uno con apenas entre una y dos hectáreas-, y la producción doméstica en el noreste de China aglutina a 40 millones de pequeños soyeros, quienes cuentan con un tamaño promedio de cultivo de entre 0.2 y 0.3 hectáreas (WWF, 2014). Incluso en América Latina, pese a la preponderancia de las grandes extensiones de cultivo, en Bolivia 78% de los productores de soya es propietario de sembradíos menores a 50 hectáreas (Pérez, 2007), en Brasil se estima que entre 15% y 20% del total de la soya producida en el país proviene de pequeños productores (Dros, 2004), y en Paraguay 13% de los productores de soya tiene menos de 100 hectáreas (WWF, 2014). Recientemente ha emergido el llamado a involucrar a muchos más pequeños productores en todo el mundo en la producción de la soya, y las políticas públicas en América Latina se están enfocando hacia este objetivo desarrollista.

En realidad, es necesario incluir a toda la tierra que sea posible, en la medida en que se prevé que el crecimiento de la demanda de soya en 2020 será de 303 millones de toneladas, de las cuales casi la totalidad serán cubiertas por Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia (Dros, 2004). Esta oferta no estará en manos exclusivas del gran capital, sino que es necesario incrementar la diversidad de rendimientos para que "los empresarios trans (latinoamericanos)" de la soya (Borras et al., 2012) sigan obteniendo ganancias extraordinarias. 16 Lo anterior es una buena forma de entender por qué los Estados priorizan "líneas productivas" y explica que las políticas agropecuarias estén orientándose a que se hagan enclaves productivos en los que convivan "armónicamente pequeños, medianos y grandes productores".

La ampliación del espectro de rendimientos junto a la monopolización de las mejores tierras es un excelente negocio para un capitalismo especulativo en crisis, que requiere "tocar tierra" para acceder a las rentabilidades que no está encontrando en otros sectores productivos (Bartra, 2013). El extractivismo en boga es un respiro para un capitalismo enfermo que solicita extraer minerales, petróleo, madera, nutrientes para alimentos, bioenergéticos y próximamente agua, pero para lo cual no necesita siempre desplazar a las comunidades locales, sino que en muchas ocasiones le es más útil integrar servilmente a todos los sectores de la población en este renovado interés por las rentas.

En el caso del agroextractivismo se presenta toda una colonialidad interna en la que se dispone de diversos dispositivos discursivos para reproducir las ontologías duales y la producción de relaciones socio-naturales útiles al rentismo. Esa inclusión de territorios rurales, hasta antes marginados a la dinámica de acumulación del capital, ampliará la diversidad de rendimientos y con ello las rentas diferenciales. Pero antes es preciso desterritorializar el saber, disciplinar los cuerpos naturales y humanos y avasallar las ontologías relacionales.

CONCLUSIÓN: DOMINAR EL LUGAR CONTROLANDO LOS CUERPOS

Al vislumbrar las complejas interrelaciones de la cultura, el conocimiento, las prácticas, los lenguajes, los cuerpos y la naturaleza que sostienen a los Agri-Cultores del Sur global, debemos aceptar que el acaparamiento de la tierra hay que comprenderlo en toda su radical profundidad. Controlar el territorio, como lo requiere la expansión geográfica del capitalismo moderno, no sólo implica apropiarse de éste materialmente, también demanda ordenarlo, transformarlo y disciplinarlo simbólicamente. La idea es dominar el lugar controlando los cuerpos. Y para ello se trazan monótonos paisajes, formas geométricas y manipulaciones contra natura, que logran colocar el territorio fuera del tiempo vivido de sus habitantes, lo que evita su apropiación (Haesbaert, 2011). Pero también se dispone de discursos globales, como aquellos que son asimilados y reproducidos en los enunciados del desarrollo, y que consiguen cosificar, economizar y objetivizar el ser, el hacer y el conocer de los Agri-Cultores.

No es posible pensar en una sociedad que more en el exterior de la naturaleza, ya que la sociedad es inmanente a ella. Por ello, entender el lugar nos obliga a pensarlo en términos de cuerpos y discursos colectivos, como ensambles e interconexiones de los órdenes orgánico, tecnológico y económico (Leff, 2004). Comprender el acaparamiento territorial para la acumulación económica implica verlo no sólo desde el estructuralismo, como muy bien lo hace el marxismo contemporáneo. Por ello es urgente establecer un diálogo con otros constructos teóricos, como los desarrollados por la ecología política, para así lograr mayor capacidad conceptual de desenmascarar los múltiples y sofisticados mecanismos que está utilizando el gran capital para territorializarse en los campos del Sur global.

REFERENCIAS

Brenner, Robert (2009). "La clave para la izquierda consiste en catalizar la reconstrucción del poder del pueblo trabajador. Entrevista con Robert Brenner" [en línea]. Viento Sur. Disponible en <http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/?x=2454>. [ Links ]

Leff, Enrique (2004). Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza México: Siglo XXI Editores. [ Links ]

Las cifras consolidadas por el Observatorio Global de LandMatrix se actualizan permanentemente, aunque sólo se incluyen transacciones efectivas mayores a 200 hectáreas en las que exista un cambio de producción de pequeña a gran escala. El fenómeno podría ser de una envergadura mucho mayor si se tiene en cuenta el tamaño de la superficie considerada, el hecho de que muchos acuerdos no sean transparentes, que sólo se tome en cuenta a inversionistas extranjeros y que haya ausencia de registro de otras modalidades de acaparamiento.

2En realidad, las inversiones proceden de tres grupos distintos de países: 1) China, India, Brasil, Sudáfrica y Corea del Sur; 2) los países petroleros del Golfo, y 3) Estados Unidos y algunas naciones europeas (Anseeuw et al., 2012).

3Entre 1995 y 2009, en Sudamérica y Centroamérica hubo un incremento de 334.5 a 392.6 millones de bovinos (Borras et al., 2012).

4De acuerdo con Karl Marx (1946), la génesis del capitalismo requirió de la mercantilización y la privatización de la tierra, la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas, la transformación de los derechos comunes en derechos privados, el recambio de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de los modos de producción alternativos (Harvey, 2004).

5Los datos recopilados por Robert Brenner (1999) parecen explicar convincentemente que el capitalismo desde hace cuatro décadas atrás ha caído en una crisis de sobreacumulación crónica que no ha podido remediarse por medio de la ampliación industrial. El autor (2009) señala que la enfermedad crónica del capitalismo radica en la contradicción que supone un escenario mundial en el que compiten tantas naciones, pues al final se termina por producir las mismas mercancías, pero con precios cada vez más bajos. En otras palabras, la larga fase descendente del capitalismo globalizado podría explicarse por las contradicciones inherentes a la competencia internacional, en la medida en que las economías emergentes, una vez que alcanzan a desafiar a las demás, propician una disminución en la tasa de rentabilidad, la cual, en palabras de Brenner (1999: 15), "no es sólo el indicador básico sino el determinante principal de la salud del sistema".

6Por nombrar sólo algunos casos, podríamos hablar del desplazamiento de la comunidad Santa Rosa Leleque en la Provincia de Chubut (Argentina) por parte de la empresa Benetton, o del despojo violento de 30 000 hectáreas por parte de paramilitares en Colombia de las comunidades negras del Pacífico chocoano de Curvaradó y Jiguamiandó, y el desplazamiento en otras regiones como el Alto Mira en Tumaco y el Sur de Bolívar para la siembra de palma africana (WWF, 2009), o los despojos de la empresa palmera Sunway en el Recinto El Samán en la Provincia de los Ríos (Ecuador), o la desterritorialización de las etnias Queqchí y Pocomchí por parte de la refinería de azúcar Chawil Utz'aj en el Valle del Polochic al noreste de Guatemala (fao, 2012a).

7Hay evidencia de que algunas comunidades que se resisten a vender sus tierras han quedado atrapadas entre las plantaciones y sufren problemas para acceder a sus parcelas, como ocurre en el caso de la palma africana y la población rural de Sayaxché, en el sur del departamento de El Petén, al norte de Guatemala.

8El grupo de Arturo Escobar, Mario Blaser y Marisol de la Cadena recientemente se ha ocupado de construir el concepto de "ontologías relacionales".

9En América Latina los casos de profundos cambios paisajísticos son múltiples, como ocurre con el cultivo de la soya, el cual creció de 17 millones a 46 millones de hectáreas entre 1990 y 2010. Entre 2000 y 2010, 20 millones de hectáreas de la Amazonia, el Bosque Atlántico, el Cerrado, el Gran Chaco, la Chiquitanía, las pampas argentinas y los campos uruguayos (wwf, 2014) se convirtieron en uniformados monocultivos de soya. En el caso de la palma aceitera en Colombia, el área cultivada creció en el periodo de 1996 y 2013 de 134 000 a 450 000 hectáreas. En Ecuador, el área de expansión de plantaciones de palma aumentó de 106 000 a 207 000 hectáreas entre 1995 y 2005 (Potter, 2011), situación que de manera similar se presentó en muchos otros países, como Honduras (135 000 hectáreas) y Guatemala (110 000 hectáreas). La caña de azúcar tuvo también un enorme incremento en Brasil, donde la superficie creció un promedio de 300 000 hectáreas por año entre 2000 y 2007 y espera alcanzar 200 millones de hectáreas en 10 años (Grain, 2009). Debido a este auge del agroextractivismo, también existe evidencia de que ganaderos venden sus tierras a los empresarios del agronegocio y se desplazan a otras áreas boscosas para ampliar la frontera agrícola. De hecho, tan sólo en Brasil se estima que ha habido 50 millones de hectáreas deforestadas en la Amazonia para el establecimiento de pasturas (fao, 2012a).

10Son siete los principios que podrían resumirse de la siguiente manera: 1) Los derechos a la tierra y los recursos naturales asociados son reconocidos y respetados; 2) las inversiones no ponen en peligro la seguridad alimentaria y más bien la fortalecen; 3) Los procesos son transparentes, monitoreados, y aseguran la rendición de cuentas a los interesados; 4) Todas las personas afectadas son consultadas y los acuerdos de las consultas son ejecutados; 5) Los inversores aseguran que los proyectos respetan la ley, reflejan las mejores prácticas industriales y son viables económicamente; 6) Las inversiones generan efectos sociales distributivos deseables y no aumentan la vulnerabilidad, y 7) Los impactos ambientales de un proyecto son cuantificables y se toman medidas de mitigación.

11La bancarización está aunada a la integración de los "nuevos emprendedores" a la cadena de valor, pues así las organizaciones financieras evaluarían al posible prestatario no en función de sus características individuales, sino de acuerdo con la solidez del mercado del producto (fao, 2012b). Cabe recordar que en la India, 250 000 agricultores se han suicidado por la imposibilidad de pagar los créditos contraídos para sembrar el algodón transgénico de la compañía Monsanto. Para un análisis detallado del fenómeno del suicidio en comunidades rurales latinoamericanas, véase Arias y Blanco, 2010.

12Las Alianzas Productivas implantadas desde finales de la década de los noventa en Colombia resultan bastante ilustrativas de este "acompañamiento". El objetivo de dicha política consiste en que los campesinos se conviertan en "socios" de las empresas de palma de aceite, para lo cual se estableció una figura en la que los primeros aportan la tierra y su fuerza de trabajo, mientras que los segundos adecuan las tierras, compran la producción, proveen de insumos y asistencia técnica, y gestionan los créditos e incentivos. Los pequeños palmicultores están obligados a vender la cosecha a la empresa -que opera como operadora del proyecto productivo- de 20 a 30 años, muchas veces a precios menores que los del mercado. Sin embargo, cuando los campesinos entregan el fruto, la empresa descuenta las deudas adquiridas por la asistencia técnica y los insumos, a lo cual también se le debe restar el crédito contraído (Suárez, 2013). Hasta finales de 2005, 5 391 nuevos "campesinos empresarios" fueron integrados a este sistema, quienes sembraron 25% de la superficie cultivada entre 1998 y 2005 en todo el país (Balcázar, 2007), y en 2010, 19% del total de la producción del país se le atribuyó a la producción de pequeños palmicultores mediante estas alianzas (Pacheco, 2012).

13Programas como el Desarrollo Rural Integrado (dri) buscaban la modernización de las prácticas campesinas y su especialización productiva, mediante políticas de extensión agropecuaria y asistencia técnica, crédito agrícola, dotación de infraestructura, reforma agraria, capacitación empresarial y apoyo a la comercialización. Para un análisis detallado y crítico de la estrategia, véase Escobar (2007).

14De acuerdo con etc Group (2009), 800 millones producen en huertos urbanos, 410 millones recolectan las cosechas de los bosques y sabanas, hay 190 millones de pastores y más de 100 millones de pescadores artesanales. De esa cantidad, al menos 370 millones corresponden a pueblos indígenas.

15El campesino vende sólo parte de su fuerza de trabajo porque es sólo un ingreso complementario a sus ingresos como productor directo, y por lo tanto está dispuesto a trabajar por un salario menor. Sin campesinos, nadie estaría dispuesto a trabajar sólo durante las cosechas, y la sociedad como un todo tendría que pagar el resto del ingreso necesario para la subsistencia del empleado estacional; por eso concluye Boltvinik (2007) que el capitalismo puro es imposible en la agricultura.

16Un estudio de la soya en Argentina concluyó que la renta extraordinaria de la tierra sólo se produce en tierras con alta fertilidad, ubicadas a corta distancia del mercado, y en estratos de grandes productores. Sin embargo, dado que en el caso de este cultivo la renta diferencial ocurre a escala internacional y los paquetes tecnológicos terminan homogeneizando la productividad -por lo menos en las mejores tierras-, los autores consideran que esta renta tenderá a desaparecer (Denegri, Rosa y González, 2010). Para ilustrar la diferencia de productividades que explican dicha renta diferencial, hay que considerar que en la India el rendimiento es de 1 tonelada por hectárea y en China es de 1.7, en comparación con las 2.9 toneladas por hectárea que rinde en promedio en Brasil, Argentina y Estados Unidos (wwf, 2014). Las conclusiones del estudio muestran claramente la imperiosa necesidad de incluir en el mercado mundial diversos rendimientos para que los grandes pooles de siembra sigan apropiándose de las rentas.

Recibido: Agosto de 2014; Aprobado: 22 de Mayo de 2015

Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032015000400637

 

 

 

 Alternativas emancipatorias

 

Nos es crucial destapar cómo los gobiernos del Partido Justicialista, primero, bajo liderazgo de Carlos Menem y en este siglo bajo el del matrimonio Kirchner han hecho viable a la privatización de los bienes comunes tanto sociales como naturales o sea han instaurado (legalizado y legitimado a diferencia de la dictadura militarizada contrainsurgente del bloque dominante) el avasallamiento de derechos de los pueblos e individuos de Argentina. No sólo ha mercantilizado los bienes comunes con lo cual el acceso a cada uno depende del poder de adquisitivo del 'usuario', 'consumidor', 'cliente'... Sino también los concesionarios o los propietarios tienen derecho, por ejemplo, respecto al agua: a consumirla sin límite privando a poblaciones enteras de ella; a envenenarla; a desviar, profundizar o ensanchar su cauce; a agotarla.... Más que privatizar ha sido transnacionalización o sea desterritorialización y reterritorialización en acuerdo con el modelo extractivista exportador. En esa reconfiguración geoeconómica y sociopolítica participan los acaparamientos forestal, por fracking, por megaminería y por desarrolladores urbanos. Pero, en Argentina, el principal es el acaparamiento por agronegocios no sólo por vastedad sino también por ser la principal causa de megalópolis, de feudos provinciales, de megafusiones dentro del bloque dominante y de mala alimentación de casi toda la población del país. En fin, la mayor parte de la población de Argentina comparte la cuenca del Río de la Plata con Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia. Por eso, la hidrovía Paraguay-Paraná afecta presente y futuro de la gran mayoría nosotres. Cabe que atendamos:

“Sin poner en crisis la necesidad de reconfigurar el tratado de la cuenca del Plata hacia un acuerdo regional o nuevo tratado de paz con la Naturaleza y los pueblos concretos en sus territorios, como para con los  pueblos indígenas en particular”, sostiene el documento y convoca: “O se ratifica y consolida lo más profundo del neoliberalismo en la segunda década  infame de la Argentina del siglo pasado, o construimos una nueva democracia social y  ambiental en la cuenca”.

 

 

Hidrovía: organizaciones ambientales presentaron una contrapropuesta ante el consejo federal

febrero 23, 2021

 

La Asociación de Abogados Ambientalistas participó de la apertura del Consejo Federal Hidrovía y aportó un documento crítico sobre la "visión sesgada" de la licitación de la cuenca del Paraná, como un simple canal para la exportación de commodities, y pidieron llevar la discusión al Comité de Cuenca del Río Paraná.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, abrió ayer el camino hacia el nuevo proceso de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay (HPP) con la reapertura del Consejo Federal de la Hidrovía, del que participaron los gobernadores de las provincias integrantes de la cuenca, y se confirmó que, a fines de abril, se presentarán los pliegos licitarios. Al encuentro fueron convocadas un puñado de organizaciones ambientales, entre ellas, la Asociación de Abogados Ambientalistas que presentó un documento crítico —con el respaldo de otra veintena de organizaciones de la cuenca— en el que solicitaron el freno del proceso de licitación y la conformación del Comité de Cuenca del Río Paraná como espacio de discusión de democracia ambiental, que reconozca la legislación ambiental vigente para alcanzar un sistema de “gestión de cuenca compartida” que respete los ecosistemas y economías regionales, sin simplificarlo a la navegación comercial para la exportación de commodities.   

“No podemos dejar de expresar que no compartimos la visión sesgada de cómo contemplar al río en su complejidad y belleza, en sus diversidades culturales y biológicas, en sus reinos de vida, simplemente como un canal”, expresa el documento presentado ante el Consejo Federal Hidrovía y sintetiza las visiones encontradas entre los gobiernos nacional y provinciales y la propuesta por las organizaciones como “vía-canaleta versus río-cuenca”. 

El documento apunta contra el DNU presidencial anunciado en agosto pasado —aún no publicado en el Boletín Oficial— que impulsa el “Acuerdo de la Hidrovía” y crea la “Administradora Federal Hidrovía  Sociedad del Estado”, una empresa estatal donde el estado federal participa con un 51 por ciento y  las provincias se distribuyen el restante 49 por ciento. Las organizaciones indica que se basa en la noción de “aprovechamiento” de la HPP, que  “íntimamente ligada a una serie de complejas y diversificadas manifestaciones de  modelos de maldesarrollo que promueven, desde la producción de energía basada en  combustibles fósiles, la megaminería a cielo abierto, pasando por la depredación forestal, la  agricultura intensiva a base de organismos genéticamente modificados y agrotóxicos”.

La contrapropuesta de Abogados Ambientalistas —junto a otras organizaciones como Red Nacional de Humedales, Paren de Fumigarnos Santa Fe, Somos Monte y Oikos Red Ambiental— señala que el debate para una nueva concesión de la vía —explotada bajo la figura de Hidrovía S.A desde 1995 por la empresa constructora Jan de Nul, con sede en Luxemburgo— no debe darse en el espacio “reduccionista” del Consejo Federal, ya que el debate se “simplifica a un mega proyecto de mal desarrollo que niega la diversidad legislativa aplicable y la diversidad de los otros reinos de vida en los  ecosistemas en donde pretende desplegarse como expandirse”. 

El documento que fue entregado a las autoridades presentes y, en particular, al representante por el Ministerio de Ambiente, el secretario de Cambio Climático Rodrigo Rodríguez Tornquist, solicita la creación por parte del Jefatura de Gabinete de un Comité de Cuenca del Río Paraná como espacio de debate para que “la navegación comercial, será una iniciativa más, igualada a la  preservación y gestión de los bienes pesqueros, como de la diversidad biológica y cultural del corredor biocultural del río Paraná y también del Paraguay, la protección y garantía del acceso  al agua saludable como derecho humano fundamental y más que prioritario, las políticas de  adaptación al cambio climático”. 

En ese sentido, las organizaciones señalan que en ese espacio deberán considerarse “los modelos de desarrollo y sus escalas como impactos acumulativos más allá del río”, la reformulación del ordenamiento ambiental de los territorios de humedales, la conformación de su inventario, la  urgente sanción de la ley de protección de los mismos, el análisis de los niveles de contaminación de todas las cuencas hídricas, territorios y comunidades integradas a la cuenca.

El proyecto HPP se ha transformado en uno de  los medios (y fines) fundamentales de las corporaciones ligadas al crecimiento y expansión de  la agroindustria de base biotecnológica”, resume el documento las razones de la explotación de la hidrovía desde su privatización en la década del 1990.  

La hidrovía del Paraná o un nuevo caso Matanza-Riachuelo

No se puede avanzar en un proceso de mayor intervención en el cauce principal del río Paraná y más allá de todos los producidos desde los inicios de los años ‘90, sin un estudio de impacto ambiental acumulativo y una Evaluación Ambiental Estrategia  de los proyectos en carpeta planificados por la gestión nacional y las provinciales”, sentencia el documento. 

Y advierte que,de lo contrario, “nos encontraremos, si ya no lo estamos, frente a un nuevo caso  “Matanza Riachuelo”, en términos jurídicos y ecológicos, desde la visión de la injusticia social  y ambiental, realmente escandaloso y ecocida, pero ahora en la cuenca y su río más  importante de la República, el Paraná”. En ese tono, las organizaciones recordaron que aún están a la espera de la  respuesta oficial a una solicitud de acceso a la información ambiental.  

A pesar de la posición expresada por Abogados Ambientalistas, durante la reunión del Consejo Federal Hidrovía, el titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Hidrovía”, Pablo Barbieri, confirmó que se espera presentar los pliegos licitatorios antes de fines de abril e iniciar un proceso que durará, al menos, 180 días hábiles. “Apuntamos a mejorar las condiciones de navegabilidad, a preservar el medioambiente y a diseñar una hidrovía que en el futuro permita potenciar nuestro comercio interior y exterior”, sostuvo Barbieri. 

El documento de las organizaciones enumeró los riesgos ambientales que se corre con la profundización del modelo de “vía-canaleta” sin contemplar el marco legal ambiental vigente en materia de protección y gestión de cuenca compartida:  

  • riesgos de inundaciones 

  • contaminación de agua potable

  • creciente  emplazamiento de agroindustrias y de terminales portuarias en zonas residenciales y costeras  de uso público

  • congestionamiento vial

  • aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero 

  • urbanización aceleradas y no planificada 

  • hostigamiento sobre los modelos productivos de  subsistencia de comunidades indígenas, campesinas y ribereñas vulnerables  

  • concentración  de la tierra en manos de corporaciones y degradación de los territorios  

Un marco legal para otra hidrovía del Paraná 

La presentación de Abogados Ambientalistas sustenta su pedido de suspensión del proceso licitatorio y una “urgente” creación del Comité de Cuenca del Río Paraná como espacio de discusión a partir de los marcos legales vigentes, la jurisprudencia acumulada y normativas aprobadas recientemente como la Ley de Cambio Climático y la adhesión al Acuerdo de Escazú, que entrará en vigencia el próximo 22 de abril, y que compromete al Estado a comprometer la participación de la sociedad civil.  

Entre el marco legal citado, el documento enumera desde los requerimientos de ordenamiento territorial, evaluaciones de impacto ambiental, información ambiental y participación ciudadana, vigente en la Ley General de Ambiente (25.675) hasta el principio de “gestión integrada del recurso hídrico” presente en los principios rectores de la política hídrica nacional. Por otra parte, señala que a lo largo de la cuenca existen áreas preservadas, como los humedales protegidos por el acuerdo Ramsar y, sin embargo, la voz de Parques Nacionales está ausente en la mesa de discusión.  

Además, el documento recuerdo la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de gestión de los recursos hídricos desde el fallo que creó, en 2008, el Plan integral Estratégico para la conservación y aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS); pasando por el fallo Matanza-Riachuelo y hasta fallos a favor de la provincia de La Pampa contra Mendoza por el uso del río Atuel, que incorpora los principios de “estado  participe de la cuenca” y “sistemas ecológicos compartidos”. 

“Sin poner en crisis la necesidad de reconfigurar el tratado de la cuenca del Plata hacia un acuerdo regional o nuevo tratado de paz con la Naturaleza y los pueblos concretos en sus territorios, como para con los  pueblos indígenas en particular”, sostiene el documento y convoca: “O se ratifica y consolida lo más profundo del neoliberalismo en la segunda década  infame de la Argentina del siglo pasado, o construimos una nueva democracia social y  ambiental en la cuenca”.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/hidrovia-organizaciones-ambientales-presentaron-una-contrapropuesta-ante-el-consejo-federal/?fbclid=IwAR1ntNn5jhzBViKIJQ3R_nnlO4PEcSDH7nX_vId3HRBaC0UfTmMKecwcso4

 

 

 

Nos urge, ante la gravedad de las emergencias que tiende a agudizarse, posibilitar que todas estas elaboraciones y fundamentaciones de luchas arraiguen y confluyan en espacios comunes de deliberación contrastando con las campañas electorales cada vez más decadentes. Al mismo tiempo de bregar para que la campaña mediática-electoral no desplace los problemas centrales del país, se trata de esforzarse por articular los proyectos de vida que hay en los distintos territorios de Argentina. Pensemos que partidos e intelectuales de izquierdas se oponen a esta conclusión:

 

 

 

Las insurrecciones populares

no caben en las urnas

20 de febrero de 2021

Por Raúl Zibechi
Desinformémonos

Aunque los movimientos antipatriarcales y anticoloniales han desplegado sus alas en las últimas décadas, los resultados en la cultura política hegemónica aún son muy débiles. Los medios de comunicación no hegemónicos y las izquierdas siguen reflejando, en sus coberturas y discursos, la enorme dificultad para trascender las formas más tradicionales de dominación.

Las recientes elecciones en Ecuador son una prueba de ello. La atención desplegada ante la posibilidad de que Yaku Pérez alcance la presidencia por Pachakutik no se compara con la que obtuvo el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019.

Por más que este levantamiento sea un parteaguas en la historia reciente del país andino, las miradas vuelven una y otra vez hacia las urnas, aunque éstas nunca modifican la relación de fuerzas. La votación de Yaku roza el 20%, siendo la más alta en la historia del movimiento indígena, claro reflejo de la potencia del levantamiento de octubre.

La candidatura de Yaku arrasó en la selva, obteniendo el 50% de los votos en Morona Santiago. En la sierra superó el 40% en Chimborazo, Cotopaxi, Cañar, Bolívar y Azuay, algo que no pudo repetir en Pichincha, Imbabura y Carchi, en la región andina al norte del país. En la costa se impuso Andrés Arauz, el candidato del progresismo, corriente que se volvió hegemónica durante la década de gobierno de Rafael Correa, desplazando la tradicional hegemonía de la vieja derecha.

 

Una división geográfico-política del país que merece explicación

Yaku Pérez encarna la resistencia de las comunidades rurales, y cada vez más de las ciudades medianas, al extractivismo minero que se viene desplegando en la sierra andina y en la selva, pero también a la expansión de la frontera petrolera. También es alternativa al progresismo que se empeñó en un “desarrollismo” anclado en la minería, que judicializó y criminalizó la protesta indígena y popular atacando a la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), a los sindicatos y agrupaciones estudiantiles.

 

Yaku fue uno de los cientos de dirigentes acosados y encarcelados por el gobierno de Correa. Proviene de la resistencia anti minera en la provincia de Azuay, donde las comunidades se vienen movilizando contra la minería aurífera que contamina las nacientes de los ríos y los páramos productores de agua. En 2019 fue elegido prefecto de Azuay y en las recientes elecciones el 81% de los habitantes de Cuenca, capital de la provincia y tercera ciudad del país, se pronunció a favor de detener la actividad minera.

El apoyo de los ecuatorianos a Yaku Pérez no es un cheque en blanco a su persona, sino la forma de canalizar el levantamiento de octubre. Ese mes, durante diez días decenas de miles coparon el centro de Quito para revertir el paquete de medidas neoliberales del gobierno de Lenín Moreno. Ganaron y esa victoria es lo que permite decir que hubo un quiebre en Ecuador.

Como ya había sucedido en los levantamientos anteriores, desde el primero en 1990, la región costeña se mantuvo al margen y la movilización se concentró en las regiones de mayorías indígenas. Mientras en éstas predomina la economía agrícola, sostenida por miles de comunidades rurales, en la costa predomina la producción agroexportadora en la cual el banano juega un papel destacado.

Las ciudades son un tema aparte: en Quito, con 3,5 millones y amplia población indígena y mestiza (sólo un 6% se definen blancos), el peso del sector terciario y financiero, con su corolario de masiva economía informal, se está convirtiendo en un bastión de la derecha vinculada al capital financiero.

Por mucho que nos pese, un gobierno de Yaku Pérez, que estuvo al borde de pasar a la segunda vuelta, no habría conseguido sus principales objetivos como frenar la mega minería y dejar atrás el neoliberalismo. Con apenas el 20% de los escaños, está obligado a pactar con las demás fuerzas que apoyan fervientemente el extractivismo.

El levantamiento de octubre alcanzó para revertir el paquete neoliberal, pero fue insuficiente para deslegitimar el neoliberalismo. La continuidad de aquel movimiento no puede buscarse en las elecciones, ni en las pasadas, ni en las futuras. El propio levantamiento marcó el rumbo: su principal creación fue el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, donde convergieron más de 180 organizaciones.

“Una Minga por la Vida” fue el programa elaborado por el Parlamento, que en la campaña electoral fue retomado por Yaku Pérez como su plataforma de gobierno.

Aquel Parlamento de abajo no se extinguió. Recorrió parte del país promoviendo el programa alternativo que elaboraron sus integrantes, agrupando movimientos locales y generando debates. Comenzó a recorrer un camino, lento y trabajoso, necesario para organizar a las y los de abajo hasta que la campaña mediático-electoral desplazó los problemas centrales del Ecuador.

El futuro no va a emerger de las urnas sino de la capacidad de los movimientos y de los pueblos de seguir transitando por las brechas abiertas por el levantamiento, profundizarlas hasta neutralizar un modelo de muerte, de expropiación del agua y la tierra.

https://desinformemonos.org/las-insurrecciones-populares-no-caben-en-las-urnas/

Fuente: https://rebelion.org/las-insurrecciones-populares-no-caben-en-las-urnas/

 

En consecuencia es prioritario descubrir que, en todo el Abya Yala, hay despertares unitarios de los pueblos por poner fin al autoritarismo del llamado poder real e instaurar una democracia real y efectiva. Comprobamos el potencial emancipatorio de:

 

Por una minga popular, plurinacional y antineoliberal

19 de febrero de 2021

Por Ecuadorminka (Rebelión)

¿Cómo entender el rompecabezas de las elecciones en Ecuador?

La minka

Después de una semana convulsa y saturada de información, llegamos el viernes a una minka virtual para compartir nuestras lecturas sobre las elecciones del domingo 7 de febrero en Ecuador. Cada quien trajo sus análisis, dudas, miedos y esperanzas para ponerlas en común. Poner en común, para nosotrxs, no significa homogeneizar nuestros puntos de vista. Lo lindo de espacios colectivos como Ecuadorminka es que confluimos seres con diversas miradas e historias. Con nuestros pensares y sentires entrelazados, sin aplanar las diferencias, vamos interpretando el rompecabezas político. ¿Nuestro horizonte común? Simple, un país en el cual la oligarquía deje de atentar contra el pueblo y una sociedad que luche contra el neoliberalismo hasta que la dignidad se haga costumbre. Las demandas históricas de justicia social, que ruedan y se acumulan como una gran bola de nieve, nos inspiran a honrar de dónde venimos y a pincelar hacia dónde queremos caminar.     

El viernes por la noche, también llegamos a la minga emocionadxs. Nuestrxs compañerxs de otros rincones de América Latina/Abya Yala han latido con nosotrxs en estos días queriendo entender qué está pasando y cómo será la segunda vuelta en Ecuador. De primera, algo nos queda muy claro: Perdieron las derechas tradicionales. Fracasó la sagrada alianza entre las rancias oligarquías banqueras-agroexportadoras y los intereses fondomonetaristas. La marea popular sintió en carne propia y entendió bien quiénes vulneran sus derechos, quiénes precarizan el trabajo e imponen inhumanamente despidos sin liquidación, quiénes entregaron a Julian Assange al imperio, quiénes privatizaron los bienes públicos, quiénes prefirieron pagar anticipadamente la deuda externa en vez de invertir en salud, quiénes organizaron la repartición de hospitales a usurerxs del dolor…La indolencia mayor: Toda esta embestida antipopular se dio ¡en medio de la pandemia! Con memoria y decisión gritamos NO a la precarización de la vida, en las calles y en las urnas.

 

Las derechas fondomonetaristas derrotadas

En el 2017 Lenín Moreno asume la presidencia desconociendo rápidamente el proyecto progresista por el que fue electo y se vuelca a (des)gobernar ilegítimamente de la mano de Jaime Nebot, jerarca del socialcristianismo, y de Guillermo Lasso, artífice del «feriado bancario» cuando fue ministro de economía del gobierno de Jamil Mahuad en 1999. Dicha crisis económica, política y social sin precedentes expulsó del país a cientos de miles de compatriotas. Hoy, a pesar del bombardeo mediático apoyando su candidatura, la memoria histórica del pueblo venció en las urnas a la alianza entre estos actores nefastos encabezada por el candidato de la banca (19,74%, cifra sujeta al reconteo actual). El pueblo también rechazó el vergonzoso desfile de representantes pírricos de la clase política en decadencia (13 candidatos que no llegaron ni al 2% individualmente).

No era para menos, la masiva movilización popular e indígena de octubre de 2019 contra la imposición de la agenda de austeridad del FMI vive y nos inculca la urgencia de combatir a las élites político-económicas que, armadas hasta los dientes, no tuvieron reparos en masacrar a los sectores populares. Mientras las fuerzas represoras asesinaban ocho manifestantes, herían gravemente a más de 1500 personas y detenían irregularmente a 1228 movilizadxs en las calles, la ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, tildaban de vándalos y terroristas a miembros de la CONAIE, correístas, estudiantes, feministas, transportistas y comunicadorxs de medios alternativos. Con la maquinaria mediática hegemónica a su favor, intentaron imponer el odio a un supuesto enemigo interno que, según ellxs, era comandado por el «correísmo» y el «castro-chavismo», mientras en las calles, en realidad, se articulaba una lucha común por los derechos sociales y la vida digna. Los resultados del sufragio del domingo 7 de febrero demuestran que el co-gobierno de las derechas no logró martillar el libreto «anticomunista», cuyas infames consecuencias conocemos bien a raíz de la sangrienta historia de nuestro continente. 

 

Las izquierdas y la lucha por la vida digna

El candidato progresista de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, quedó en primer lugar con el 32,70% de votos. Por su parte, Yaku Pérez Guartambel, candidato de Pachakutik, alcanzó una votación histórica para el brazo electoral del movimiento indígena con el 19,38% (cifra sujeta al reconteo). Para la Asamblea Nacional compuesta por 137 curules, fueron elegidxs 49 candidatxs de la Unión por la Esperanza, 27 de Pachakutik y 18 de la Izquierda Democrática, frente a las fuerzas de derecha con 18 asambleístas del Partido Social Cristiano y 12 de CREO. Desde las organizaciones sociales exigiremos que este apoyo mayoritario a las fuerzas desde el centro hacia la izquierda se traduzca en alianzas antineoliberales que trabajen en pos de la vida digna y no en pactos antipopulares a favor del capital. 

Al llegar a este punto de la minga para descifrar las elecciones, entramos en las arenas políticas movedizas que caracterizan la disputa por el Estado. Entender lo que está en juego demanda de nosotrxs suma honestidad intelectual. Por un lado, Arauz deberá profundizar su agenda progresista de ampliación de derechos sociales, alejándose firmemente del conservadurismo machista y la arremetida extractivista de Rafael Correa 

y planteando diálogos respetuosos con los sectores que luchan por la defensa de los territorios. Por el otro lado, Yaku Pérez deberá retractarse de propuestas como la eliminación del impuesto a la salida de divisas —que pondría en riesgo la estabilidad monetaria y el flujo de circulante al interior del país, facilitando la fuga de capitales— y acatar el mandato antineoliberal de las bases para respetar el proyecto colectivo histórico del movimiento indígena. En ambos casos, será vital que los sectores más a la izquierda impulsen la radicalización de los proyectos de cambio y no se dejen amilanar. Desde Ecuadorminka, hacemos eco de las palabras de Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi y líder del paro de octubre de 2019: «¡Combatiremos a la derecha venga de donde venga!»

Únicamente el respeto a la voluntad antineoliberal, de la que octubre 2019 fue el más reciente y combativo episodio, puede asegurarles legitimidad a las organizaciones políticas que, sin duda, necesitarán apoyo popular para enfrentar el potencial bloqueo político y económico por parte de las élites oligárquicas y los países del llamado «primer mundo». No olvidemos que la dolarización hace al Ecuador dependiente de Estados Unidos, sin capacidad para definir soberanamente su política monetaria. Ante este escenario, la radicalización de un proyecto de cambio nos exige mantenernos movilizadxs y tejer lazos fuertes de solidaridad internacional. ¿Está la sociedad preparada para transformaciones estructurales más profundas, existe acumulación de fuerzas revolucionarias? ¿Cómo organizarnos para caminar en esta dirección?

 

Un proceso electoral lleno de turbulencias

La primera vuelta tomó un giro inesperado cuando la diferencia de votos entre los candidatos que disputan el segundo lugar se tornó muy estrecha y Lasso superó a Pérez por 0,36% el viernes 12 de febrero. Ante esta situación, ambos pidieron el reconteo de votos. Es de vital importancia que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano depositada en las urnas. Para ello, el Consejo Nacional Electoral tiene el deber de revisar y corregir cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido dar, siempre guiándose según el Código de la Democracia. Sin embargo, el extenso debate público entre Lasso y Pérez, promovido por el CNE en sus instalaciones el 12 de febrero, desconoce toda ley. La función del máximo organismo de sufragio del país no es facilitar un acuerdo entre dos candidatos particulares, cual «pacto entre caballeros»,1 sino garantizar la voluntad de todo un pueblo expresada en un proceso electoral del que participaron dieciséis candidatos. Es por esto que debió convocarse al Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas para decidir cómo proceder con la posible revisión de las actas y reconteo de votos. 

La observación electoral, de igual manera, deberá estar salvaguardada para lxs veedores de todas las siglas políticas, lxs observadorxs ciudadanxs y todas las delegaciones internacionales. Las organizaciones sociales nos declaramos en máxima alerta ante el rol prominente que el CNE le atribuye a la Organización de Estados Americanos para la observación electoral en el «Acuerdo de diálogo entre candidatos Yaku Pérez y Guillermo Lasso» del 12 de febrero. No olvidamos la repudiable actuación antidemocrática y antisoberana que tuvo la OEA en provocar y luego avalar el golpe de Estado en Bolivia en octubre de 2019. Asimismo, condenamos los intereses intervencionistas e intimidatorios que se esconden detrás de la llegada del fiscal general de Colombia en estos momentos de alta tensión con supuestas pruebas de apoyo económico del ELN a la campaña de Arauz. Hacemos un llamado a lxs compañerxs internacionalistas a estar pendientes de que se respete la voluntad popular en Ecuador sin ningún tipo de injerencia desestabilizadora. 

 

Tejiendo sueños colectivos de colores y dignidad

Estamos conscientes de que los procesos electorales son solo una parcela en la colorida montaña de las luchas por la transformación social. Sin embargo, sabemos que las elecciones marcan la cancha donde expresaremos y profundizaremos nuestras luchas y procesos organizativos desde abajo. El camino es empinado y está lleno de desafíos. Por eso, apostamos por juntar las fuerzas sociales movilizadoras de las organizaciones populares: indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, feministas, ecologistas, antirracistas, contrahegemónicas, entre otras. Es hora de ejercitar el diálogo tolerante y (auto)crítico para superar dicotomías inútiles que únicamente nos dividen. Solo así podremos impulsar la unidad y renovación de las izquierdas, con bases sociales fortalecidas que legitimen la construcción de un proyecto político antineoliberal, sin sectarismos ni egos. Desde Ecuadorminka, les invitamos a soñar y acompañarnos en una gran minka popular, plurinacional y antineoliberal para experimentar nuevas prácticas políticas y dibujar nuevos horizontes del Sumak Kawsay, tanto en Ecuador como más allá: un horizonte que se extienda por toda Abya Yala.

«Nosotrxs somos como los granos de quinua, si estamos solxs, el viento lleva lejos. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer. Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer…y de paja de páramo sembraremos el mundo.»

Dolores Cacuango (1881-1971, lideresa indígena, dirigenta del Partido Comunista Ecuatoriano)

Nota:

1 Los acontecimientos de los siguientes días se han sucedido vertiginosamente. El encuentro entre Pérez y Lasso terminó convirtiéndose en desencuentro. Los candidatos al segundo lugar emitieron cartas unilaterales al CNE durante el fin de semana pidiendo modificaciones del «acuerdo» y han incurrido en descalificaciones mutuas en redes sociales.

Fuente: https://rebelion.org/por-una-minga-popular-plurinacional-y-antineoliberal/

 

 

 

Observemos cuánta lucha del pueblo de Chubut que sigue frenando la legalización de la zonificación provincial para el saqueo de megamineras. Recordemos a fines de enero:

 

 

 

Pronunciamiento de la

Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh)

Publicada el 25 enero, 2021 por uac-admin         

 

Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh), en el marco de un encuentro los días 23 y 24 de enero:

 

Reunidas en Trelew los días 23 y 24 de enero de 2021las asambleas participantes en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, celebramos el encuentro postergado por la utilización política de la pandemia de COVID-19 y reivindicamos los procesos participativos que hemos sido capaces de tejer como pueblo en lucha durante 2020 usando a nuestro favor las herramientas virtuales. Somos conscientes del privilegio que conlleva hacernos parte de este encuentro en este contexto, y declaramos:

 

«1. Denunciamos la farsa de debate sobre el proyecto de zonificación minera promovida por el Gobierno Provincial la última semana y repudiamos el rol del Gobierno Nacional en la figura del presidente Alberto Fernández que, con sus declaraciones públicas y mediáticas, sigue promoviendo la violación de los Derechos Humanos en nuestros territorios. Con esta nueva avanzada se hace explícito su objetivo: quieren terminar el genocidio que iniciaron con la invasión de estos territorios.

 

2. Exigimos a los gobiernos nacional y provincial a que cumplan los tratados y convenios internacionales suscriptos respecto de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, respetando el derecho a la autodeterminación de las comunidades mapuche tehuelche que se vienen manifestando reiteradamente en contra de la zonificación minera y en favor de la Iniciativa Popular.

 

3. Frente a la violencia de los gobiernos, encarnada en la perversidad de los operativos policiales y judiciales del ministro Federico Massoni contra les vecines movilizades, reivindicamos todas las formas de lucha contra sus planes de saqueo. Denunciamos las campañas estigmatizadoras contra nuestras herramientas como pueblos en lucha y reivindicamos la práctica del escrache para visibilizar las complicidades de personas, organizaciones e instituciones en los planes de sacrificio de nuestros territorios.

 

4. Repudiamos las políticas de criminalización de la protesta desplegadas corporativamente por los tres poderes del Estado. La infiltración de policías en las marchas populares en defensa del agua, las represiones, detenciones y allanamientos desatadas en contra de asambleístas y los procesos judiciales abiertos contra luchadoras y luchadores son parte de la maquinaria del terror que ponen en funcionamiento para llevar adelante sus planes de saqueo. En nuestros territorios esa máquina se ha cobrado vidas desde la invasión hasta nuestros días, como en la desaparición forzada de Raimundo Pino, la desaparición seguida de muerte del compañero Santiago Maldonado o en el asesinato por la espalda del peñi Rafael Nahuel iem.

 

5. Reafirmamos el camino de la autogestión comunitaria y del asambleísmo, ante las consecuencias de una gestión de gobierno que, en su afán de imponer políticas genocidas de saqueo, genera cada vez más exclusión, al abandonar las tareas principales que le corresponden: garantizar la Salud y Educación del pueblo. Entendemos que el gobierno de Arcioni y Sastre sólo se limita a intentar cumplir el compromiso que asumió con el poder económico transnacional para entregar el agua del pueblo a las mineras.

 

6. Ante las estrategias en danza por parte de los sectores del poder político provincial y nacional, advertimos que no toleraremos un cambio de figuras a modo de lavado de cara. En las calles y en las rutas el pueblo de Chubut está empezando a gritar “que se vayan todos”. Este quiebre en la paz social de la provincia es absoluta responsabilidad de quienes llevan adelante los planes de saqueo a nuestros territorios, y no del pueblo que los resiste.

 

7. Exigimos el tratamiento inmediato y la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley 129/20,generado por Iniciativa Popular en un proceso participativo ejemplar de todas las comunidades de la provincia. Traemos a la memoria el fraude de la primera Iniciativa Popular en 2014 y denunciamos que el proyecto de zonificación presentado por el gobierno de Arcioni ha servido para invisibilizar la voluntad del pueblo de Chubut expresada a través de esa herramienta constitucional. Denunciamos la complicidad de legisladores y legisladoras que, en flagrante desconocimiento de las herramientas participativas consagradas en la Constitución Provincial, favorecen esa campaña de silenciamiento.

 

8. Repudiamos el rol de los medios de comunicación acólitos al poder, que no sólo generan y  reproducen las campañas de estigmatización contra nuestra lucha, sino que también amplifican las mentiras del poder sobre los impactos de la megaminería en nuestros cuerpos y territorios. Denunciamos la falsedad de la discusión respecto del uso o no de cianuro en los procesos extractivos: toda minería a gran escala es minería hidroquímica, lo que quiere decir que se utilizan enormes cantidades de agua y diferentes químicos altamente contaminantes. Exigimos a comunicadores y legisladores que se informen fehacientemente sobre los temas que tratan. Son nuestras vidas y las suyas lo que está en juego.

 

9. Denunciamos la invisibilización de las diversas problemáticas vinculadas al acceso al agua en los territorios. En la meseta, en la costa y en la cordillera les vecines de Chubut estamos sufriendo la escasez de agua, que es también consecuencia de la desigualdad promovida por el Estado. Les pobladores de la meseta no son escuchados en sus reclamos al gobierno al respecto, mientras les vecines de grandes ciudades como Comodoro Rivadavia comienzan a organizarse para hacerse oír. Saludamos y reivindicamos la lucha del pueblo de Caleta Olivia, que salió a las calles exigiendo agua para la vida, y visibilizando las consecuencias del extractivismo petrolero en las comunidades y los territorios.

 

10. Reafirmamos la enorme dignidad de este pueblo en lucha y llamamos a fortalecer las asambleas con una clara vocación de autoconvocarse en defensa de la vida. Seguiremos en las calles y ante el peligro inminente de la zonificación paralizaremos la provincia.

 

11. Instamos a los medios libres, populares e independientes a dar difusión al presente comunicado. Aprobación sin modificaciones de la Iniciativa Popular. Retiro inmediato del proyecto clandestino e ilegal de zonificación. Aparición con vida de Narciso Pino. Absolución de Lautaro González Curruhuinca. Liberación del lonco Facundo Jones Huala, preso político mapuche. Basta de criminalizar las luchas. Si tocan a uno nos tocan a todes. Toda forma de lucha es válida.»

 

25 de Enero 2021 / Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh)

https://asambleasciudadanas.org.ar/2021/01/pronunciamiento-de-la-union-de-asambleas-de-comunidades-de-chubut-uacch/?fbclid=IwAR0-MbzVswBxl2Q0Y14rK-M3ATkAcmng8Spr4Xe-UCJsBgNUWmmvW4yadk0