Qué democracia-octubre 2021

Con militarización creciente reforzando al pacto entre todas las centrales sindicales y las cámaras patronales capturando al Estado.

Significa que la pandemia no sólo agravó el ajuste o empobrecimiento mayoritario para el incesante enriquecimiento del polo de privilegios sino también justificó el Estado policial militarizado.

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/
Bloqueo de la lucha de clases/
Alternativas emancipatorias

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

Examinemos la actual realidad de Argentina. A poco de la escenificación de Cristina atribuyendo la derrota electoral a Alberto por ajustar, el gobierno de les Fernández en unidad tomó la prosecución de la promoción al sistema de agronegocios contra las comunidades campesinas e indígenas y contra la soberanía alimentaria. Implica mayor ajuste a las diversidades de abajo para costear los “beneficios fiscales e impositivos” de los oficializados como inversores. Implica sostener investigaciones e instituciones científicas contra necesidades e intereses populares, el despilfarro de agua y energía de esos grandes capitales; implica compensar su fuga de capitales, etc.

Gobierno transgénico: una ley a medida del agronegocio

1 de octubre de 2021

Luego de la derrota electoral, y sin escuchar a los que “salen a la calle”, el Gobierno redobla su faceta extractiva. Envía al Congreso un proyecto de ley gestado junto con las cámaras empresarias del agro, mientras cajonea proyectos claves: acceso a la tierra, humedales y etiquetado de alimentos. El oficialismo pone todas las fichas a un modelo que lleva tres décadas con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.

“La Argentina ha decidido poner a la acción climática y ambiental en el centro de sus prioridades”

Alberto Fernández (8 de septiembre de 2021)

 

Por Darío Aranda

Lejos del discurso ambiental y aún más lejos del sector campesino y cooperativo, el Gobierno anunció su proyecto de ley de “fomento al desarrollo agroindustrial”, con el que propone alcanzar las 200 millones de toneladas de cereales y oleaginosas para 2030. El plan busca “consolidar al país como líder agroalimentario” mediante “beneficios fiscales e impositivos”. El plan, que presentaron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, llega de la mano de Gustavo Idigoras, un ex ejecutivo de Monsanto/Bayer.

El proyecto tiene 26 páginas y señala que promoverá “24 cadenas” productivas, pero el eje será aumentar las exportaciones de los cultivos que más divisas generan, entre ellos: soja, maíz y trigo. Los cinco pilares que utiliza son producción, empleo, ventas, exportaciones e inversiones. En ningún momento se habla de ambiente, ni de agroecología ni (mucho menos) soberanía alimentaria. La traducción no publicitada es un plan con mayor uso de transgénicos y agrotóxicos, mayor alianza con el agro empresario y con las consecuencias por demás conocidas: desmontes, conflictos por la tierra, desalojos, concentración de la tierra en pocas manos, afectaciones a la salud y al ambiente, entre otras.

Un plan para el agronegocio

El Presidente, junto a Cristina Fernández de Kirchner y los ministros Julián Domínguez y Juan Manzur, habló durante casi 30 minutos. Textuales:

-“Estamos seguros que este es el camino para ubicar a la Argentina como líder agrobioindustrial”.

-“Esta no es una ley cualquiera, es una ley construida con un criterio federal muy claro, donde participaron gobernadores, universidades de todo el país; donde participaron grandes productores y pequeños productores de la agricultura familiar”.

-“Es una ley que lo que más le interesa es que la Argentina produzca alimentos de calidad. No es lo mismo comer que alimentarse”.

-“Todos han sido oídos. Todos”.

Cualquiera que conozca mínimamente el agro argentino sabe que el Gobierno no escuchó a pequeños productores, ni cooperativas, ni campesinos, ni pueblos indígenas. Mucho menos se tuvieron en cuenta las numerosas denuncias que pesan sobre el modelo que el proyecto de ley impulsa.

Muchas empresas, un hombre de Monsanto y nada de agroecología

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) es un espacio nacido en 2020 que reúne a casi la totalidad del sector empresario del agronegocio del país. Su plan para la próxima década se llamó “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”. Y fue la base para el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Se trata de la profundización del modelo de agronegocio durante diez años, donde prometen aumento de exportaciones (dólares que el Gobierno prioriza), con leyes a medida de las empresas, donde sobresalen beneficios impositivos. Traducido: menores impuestos.

El Consejo Agroindustrial está integrado por todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja). Las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados, entre otros. Aunque al principio se mostraron reticentes, también están presentes las cuatro patas de la Mesa de Enlace: Coninagro, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentina -CRA- y la Sociedad Rurales Argentina.

A poco de crearse, el Consejo Agroindustrial se reunió, en solo tres meses, con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa; los entonces ministros Felipe Solá (Cancillería) y Luis Basterra (Agricultura), y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Lograron el apoyo de los gobernadores de Córdoba (Juan Schiaretti), Entre Ríos (Gustavo Bordet), Santa Fe (Omar Perotti) y Chaco (Jorge Capitanich). También se entrevistaron (el 30 de julio del 2020) con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y con el Presidente. “En toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”, resumió Alberto Fernández, reflejado por la agencia oficial Télam.

El Gobierno reforzó diálogo con el Consejo Agroindustrial también como forma de debilitar a la Mesa de Enlace. Algunos sectores oficialistas (desde organizaciones hasta medios de comunicación) intentan disfrazar a este sector empresario como «otro campo» o, argumentan, que así debilitan a la Sociedad Rural y compañía. Nada más equivocado: los jugadores dentro del Consejo Agroindustrial son mucho más poderosos que las entidades protagonistas de la resolución 125. Y, sobre todo, representan a capitales internacionales mucho más concretados, con mayor poder para condicionar políticas.

La cara más visible del Consejo Agroindustrial es Gustavo Idigoras, que llegó como presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), pero tiene un mayor recorrido, en distintos engranajes del agronegocio: agregado agrícola por Argentina ante la Unión Europea (2004-2009), responsable por el Ministerio de Ciencia de la Mesa de Semillas (durante el macrismo), coordinador de la Red de Buenos Prácticas Agrícolas (donde confluyen todas las grandes multinacionales de transgénicos y agrotóxicos). Y, entre 2014 y 2018, ejecutivo de Monsanto (hoy Bayer).

El reclamo de la calle y la sordera gubernamental

“Quiero ser el presidente que escucha, el del diálogo y convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo”, pidió Alberto Fernández en su discurso de asunción, el 10 de diciembre de 2019.

El 20 de septiembre, en la Plaza del Congreso, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) acampó durante dos días en reclamo de la aprobación de la Ley de Acceso a la Tierra para los pequeños productores. El proyecto de ley fue presentado en 2016, 2018 y 2020. En febrero pasado, el presidente Alberto Fernández se comprometió a aprobar la norma.

El 21 de septiembre, organizaciones sociales se movilizaron de forma masiva. “Ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza. Salario mínimo, vital y móvil de 70.000 pesos”, fue uno de los reclamos principales. Estuvieron presente el Polo Obrero (PO), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros.

El viernes 24 de septiembre, organizaciones socioambientales marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso en rechazo al extractivismo y exigieron la aprobación de la Ley de Humedales y la Ley de Etiquetado de Alimentos, entre otras iniciativas. En un hecho sin precedentes, a la movilización se sumó La Cámpora.

Nada de lo reclamado en las tres manifestaciones ameritó acciones positivas del Gobierno.

Al contrario, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, hizo una defensa irrestricta del trigo transgénico (primer evento de su tipo en el mundo, muy cuestionado y rechazo incluso por empresas del agronegocio). Y el Gobierno impulsa nuevas leyes para aumentar la actividad petrolera y minera.

Ambiente, incendios y dólares

En lo que va el del año se quemaron más de 153.000 hectáreas, una superficie equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires.

En su “lucha” contra los incendios, el Ministerio de Ambiente (a cargo de Juan Cabandié) envió una gacetilla el 28 de septiembre. “Avanza la construcción de torres para la detección de incendios en el delta del Paraná”, fue el título. Ante la gravedad y magnitud de los incendios, el Ministerio Nacional difundió que se “finalizó la construcción de las dos primeras torres” para “avistar focos de incendios” en el Parque Nacional Predelta (Entre Ríos) y en el peaje del viaducto Rosario-Victoria. Las torres de hierro, al estilo antenas de radio, forman parte de lo que el Ministerio llama pomposamente “estrategia de faros de conservación”. Aspirinas frente al cáncer.

Donde el ministro Cabandié sí fue más serio fue en el programa “Fuego Amigo” de Canal 9. Sinceró la relación entre extractivismo, deuda externa y Fondo Monetario Internacional: “Queremos canjear deuda por acción ambiental. Porque conseguir dólares, para el vencimiento de deuda, no podemos hacerlo sin contaminar”.

Hambre, pobreza y una “soja riquísima”

En diciembre de 2019, el Gobierno lanzó el “Consejo Federal Argentina contra el Hambre”, con empresas del agro (como Syngenta) y una variedad de figuras mediáticas: desde Marcelo Tinelli y Narda Lepes, hasta el periodista Martín Caparrós. Al frente de la cruzada estaba la hoy candidata Victoria Tolosa Paz.

El precio de la carne aumentó 400 por ciento en los últimos cinco años. El precio del pan se incrementó 230 por ciento en cuatro años. Y el precio de la yerba aumentó 55 por ciento en solo un año.

El mismo día del lanzamiento del proyecto de ley agroindustrial, el Indec difundió que la pobreza afecta al 40,6 por ciento de la población de Argentina y la indigencia llega al 10,7 por ciento. En los menores de 16 años la pobreza alcanza al 55 por ciento. Para graficarlo: seis de cada diez chicos de Argentina es pobre.

El Gobierno ya no habla del hambre en Argentina. Pero sí de supuestas opciones: Fernando “Chino” Navarro, referente del Movimiento Evita y secretario parlamentario de la Jefatura de Gabinete, difundió orgulloso su trabajo junto al empresario Gustavo Grobocopatel (alias “el rey de la soja”). Y celebró: “Él nos ayudó mucho, con otros empresarios, aportando soja que se puede consumir, y es riquísima, para comedores populares del Gran Buenos Aires”.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/gobierno-transgenico-una-ley-a-medida-del-agronegocio/?fbclid=IwAR1vgFZll154csuu5sryVihvq0XB9xkjgmH_Dbs_WWm6usiZBIMlzyQ47bI

Observemos cómo la «democracia de sobornos» construye la legalidad a través de los fundamentos conque:

La Fiscalía Federal pide suspender la aprobación del trigo HB4

Publicado por Agencia de Noticias Tierra Viva

15 de octubre de 2021

El Ministerio Público Fiscal solicitó detener de inmediato el avance de la siembra y comercialización del trigo transgénico de la empresa Bioceres. Advierte que fue aprobado de manera irregular, en violación de leyes ambientales y administrativas. El organismo genéticamente modificado va acompañado de los agrotóxicos glufosinato de amonio y glifosato.

 Por Lucía Guadagno

El fiscal Fabián Canda pidió a los jueces federales que suspendan lo antes posible la aprobación del trigo transgénico en la Argentina, llevada a cabo el año pasado por el Ministerio de Agricultura de la Nación. En un dictamen dado a conocer esta semana, el fiscal afirma que la aprobación no es válida porque no respeta el artículo 41 de la Constitución Nacional -que garantiza el derecho a un ambiente sano- ni el principio precautorio dispuesto por la Ley General del Ambiente. Este principio establece: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

El trigo HB4 es promocionado como tolerante a la sequía y al glufosinato de amonio -un herbicida más tóxico que el glifosato-. Es un transgénico de la empresa Bioceres, desarrollado por científicos de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet. Es el primer trigo transgénico que se aprueba en el mundo. Otras empresas, como Monsanto, habían intentado años atrás aprobar trigos transgénicos en países como Estados Unidos, pero no lo consiguieron.

Fue Marcelo Alos, titular de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, quien en octubre de 2020 autorizó la comercialización del trigo HB4 mediante al Resolución 41/2020. Pero estableció una condición: que sea aprobado por Brasil, principal importador del trigo argentino. Hasta ahora, ese país no lo autorizó. Sin embargo, Bioceres y sus clientes ya sembraron por segundo año consecutivo el trigo HB4 en al menos cinco provincias argentinas y lo mantienen acopiado a la espera del visto bueno brasileño.

Para el fiscal, la aprobación del transgénico viola la ley porque se decidió pese a la incertidumbre acerca de los efectos en la salud y el ambiente. “La resolución de autorización desconoce el objetivo primario de la tutela ambiental consistente en el aseguramiento de la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales”, advierte Canda, titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 8.

Al referirse a los riesgos, el fiscal Canda cita un cuestionamiento realizado por más de mil investigadores del Conicet y una treintena de universidades públicas de todo el país, que advirtieron sobre los daños a la salud pública y al interés común que generaría la aprobación del trigo HB4.

Además, reitera los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal ante un pedido anterior de suspensión de semillas transgénicas de soja, maíz, arroz y algodón. En esa oportunidad, la Fiscalía advirtió que esos transgénicos están ineludiblemente unidos a las fumigaciones con agrotóxicos. “Considerando que el uso exorbitante de agrotóxicos, que ubica a la Argentina en el segundo lugar mundial de mayor utilización de herbicidas por hectárea en su sistema productivo, ha generado – por sus consecuencias- reacciones en el mundo científico, académico, en el plano de la salud y del medio ambiente, este Ministerio Público centrará su análisis en la cuestión que con mayor urgencia y evidencia preocupa al interés general (…), esto es la situación de amenaza grave sobre dos de los derechos más preciados que desde el punto de vista individual y social interesan: la salud, en tanto requisito para la vida, y el medio ambiente, en tanto condición indispensable para la vida digna de las generaciones presentes y futuras”.

Otros defectos de la aprobación

El fiscal también afirma que la autorización del trigo HB4 presenta otros dos “defectos insuperables”: la secretaría Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional (que conduce Marcelo Alos) no puede aprobar transgénicos y, además, la decisión no está fundamentada de manera correcta.

Según la normativa nacional, la Secretaría de Agricultura es la única autorizada para aprobar la liberación comercial de transgénicos. Sin embargo, el trigo de Bioceres fue aprobado por la Secretaría de Alimentos. “Este defecto se potencia aún más si se considera que la Resolución Nº 41/20 constituye un acto estatal que debe ser dictado por un organismo altamente especializado”, señala el fiscal Canda en su dictamen.

En cuanto a los fundamentos para aprobar el transgénico, que figuran en los considerandos de la resolución oficial, el fiscal señala que son insuficientes. “Se limitó a transcribir las conclusiones de los tres dictámenes técnicos exigidos (del Senasa, de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia- y de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios )”, señaló. “La mera transcripción de las conclusiones de las evaluaciones formuladas por los organismos intervinientes no satisface el estándar de motivación suficiente exigido.” Y advirtió, en especial, una omisión. Al transcribir el dictamen de la Conabia, no se incluyeron “importantes recomendaciones efectuadas por el organismo”. Entre ellas, pautas para retrasar el hecho inevitable de que las malezas se hagan resistentes al herbicida glufosinato de amonio.

Megacausa contra los transgénicos

Este dictamen del fiscal Canda se enmarca en una causa judicial conocida como «Alicia Fany Giménez y otros contra el Ministerio de Agroindustria», que comenzó en 2012. En ella, grupos de vecinos y organizaciones de la sociedad civil piden al Poder Judicial que ordene la suspensión definitiva de todos los cultivos transgénicos y que sea obligatorio el etiquetado de los alimentos que contengan transgénicos, entre otras exigencias vinculadas a la salud y el ambiente. Mientras tanto, se pide a los jueces que ordenen una medida cautelar de suspender la comercialización y cultivo de transgénicos y el uso de agrotóxicos, así como el etiquetado.

La causa lleva años de idas y vueltas sin que se concrete ninguna de esas medidas. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Defensoría General de la Nación se expresaron a favor de aplicar el principio precautorio y hacer lugar a la medida cautelar de suspender los transgénicos y agrotóxicos. En este momento, la causa está en la Corte Suprema de Justicia.

En octubre de 2020, los denunciantes agregaron el pedido de suspensión del trigo transgénico. Éste se encuentra en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, que fue el que solicitó la Fiscalía el dictamen.

Días atrás, el colectivo Trigo Limpio, integrado por científicos, académicos y activistas por la salud y el ambiente, hizo un llamado a las autoridades para que se aplique el principio precautorio y se suspenda el trigo transgénico.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/la-fiscalia-federal-pide-suspender-la-aprobacion-del-trigo-hb4/?fbclid=IwAR1QLtWCbKZHIxYo98oVfB-7lZigQeKsuaOvOsZFseAAcOn9U7H7Kf0N8CE

Completemos cómo los gobiernos de turno se suceden para dar continuidad/profundización de la legalidad del saqueo aniquilador de la vida y los subsistemas que la hacen posible.

El lado B de Vaca Muerta: los basureros del fracking

El Gobierno presentó hoy su proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que tiene como objetivo favorecer la extracción de petróleo y gas. Rafael Colombo, abogado ambientalista, explica las consecuencias del fracking y la denuncia penal sobre los basureros petroleros

15 de septiembre, 2021

Redacción Canal Abierto | El 28 de agosto se cumplieron 8 años de la aprobación por parte de la legislatura neuquina del llamado pacto Chevron – YPF, con una represión en las calles de la capital provincial sobre quienes se movilizaban para oponerse a la propuesta como escenario. Esta decisión legislativa daba vía libre a la instalación del fracking en Argentina y en Latinoamérica con eje en la formación Vaca Muerta, meca y desvelo de la clase política y empresarial nacional y sus socios multinacionales.

En la Argentina de la grieta, si hay un consenso sin disidencias es el de la explotación de Vaca Muerta, cueste lo que cueste, tanto en inversión o estímulo estatal vía desgravaciones de impuestos y regímenes preferenciales como en el pasivo ambiental y social que genera.

Para contrarrestar estas consecuencias ambientales ya se desarrollan acciones desde la sociedad civil como la denuncia que inició la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de Argentina (AAdeAA) sobre Comarsa una de las tantas empresas que gestiona los basureros del fracking que acumulan millones de metros cúbicos de material de descarte a cielo abierto y sin ningún tratamiento, provenientes de las perforaciones de Vaca Muerta.

El fracking es una técnica de perforación que comenzó a instalarse en Argentina a partir del pacto YPF-Chevron que marcó un punto de inflexión en la política energética sobre hidrocarburos no convencionales. La técnica de la fractura hidráulica tiene dos grandes momentos: una perforación vertical de 2000 a 3000 metros de profundidad y una segunda perforación de carácter horizontal de 1000 a 1500 metros de longitud”, explica Rafael Colombo, abogado ambientalista de la AAAA. “En esas perforaciones, a la vez se lleva a cabo un proceso de inyección de millones de litros de agua y de una gran sopa química de entre 500 y 900 componentes y de remoción de muchos metros cúbicos de tierra y rocas. Después, cuando se lleva a cabo el proceso de extracción de los hidrocarburos no convencionales es importante mencionar el fluido de retorno, todo lo que regresa: el agua, las arenas, la sopa química, que se lleva a sitios de deposición y de tratamiento (entre comillas) que es lo que precisamente nosotros estamos denunciando sobre la empresa COMARSA”.

Ubiquemos la escena. Estamos en la estepa patagónica, en la que el agua es un bien escaso, ¿de dónde se extraen esos millones de litros de agua para la fractura hidráulica?

-Este agua sale de los ríos y de los acuíferos y se utiliza de forma indiscriminada sin ningún tipo de control por parte de las autoridades competentes de Irrigación. Estamos hablando de millones de litros de agua que se utilizan por cada pozo fracturado. Para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando, según estadísticas oficiales, hoy en Vaca Muerta hay unos 2200 pozos fracturados: de los cuales 1900 se concentran en Neuquén, unos 200 en Río Negro y unos 24 en Mendoza. Si hacemos una operación simple podemos dimensionar los enormes volúmenes de agua que utilizan estas empresas, que es agua que cuando vuelve a la superficie está contaminada por la sopa química y contiene metales pesados y minerales radiactivos. Todos esos residuos son transportados por miles de camiones hacia los sitios de deposición y tratamiento.

Gran parte de los pozos se hacen en territorios indígenas, ¿es así?

-Algunos procesos de fractura hidráulica se llevan a cabo en territorios que pertenecen ancestralmente a comunidades indígenas. La afectación sobre estas comunidades y las familias campesinas se hace vulnerando todo el armazón legal, constitucional y convencional en materia de derechos de los pueblos indígenas como el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Como respuesta se ha generado un importante proceso de movilización por parte de las comunidades y de la sociedad civil con organizaciones como la Confederación Mapuche o la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, y muchos otros que resisten el avance del fracking en Vaca Muerta y cuestionan esta matriz energética extractivista y fosilista que no posee licencia social.

¿Cuáles son las consecuencias ambientales y sociales del fracking?

-En primer lugar, estamos hablando de la remoción de millones de toneladas de tierra. Mencionábamos previamente la utilización y contaminación de un enorme volumen de agua. Por otro lado, está lo que denominamos el lado B de Vaca Muerta: los basureros petroleros donde se acumulan a cielo abierto millones de toneladas de residuos, que en este momento son objeto de una investigación penal sobre empresas como COMARSA, Treater, Indarsa y muchas otras que forman parte de un conglomerado empresarial con respaldo del establishment político de Neuquén y Río Negro, en relación a generar un negociado millonario.

La basura no se trata, los residuos se acopian a cielo abierto en montañas en las plantas de tratamiento. Hay, a la vez, un blanqueo de residuos, no se declara efectivamente lo que se recibe y lo que producen las grandes corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta. Buena parte de los impactos provienen de responsabilidades concretas de compañías como YPF, Shell, Pluspetrol, Vista Oil, Chevron, Pan American Energy (PAE).

Otra afectación es la que produce el transporte de los residuos por miles de camiones que levantan muchísimo polvo impactando en el ecosistema y en la salud de la población, afectando la calidad del aire. Estas plantas producen contaminación sobre el agua, la tierra y la salud de la población, ya que están ubicadas a escasos metros de asentamientos precarios y en localidades donde hay gravísimos problemas ambientales.

La estepa tiembla

“En Sauzal Bonito (Neuquén), por poner un ejemplo, hay un significativo aumento de los niveles de sismicidad. Esta es otra de las grandes consecuencias del fracking: los movimientos sísmicos que producen las perforaciones.”

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“Hay un cuestionamiento global del fracking, sobre todo en Estados Unidos y Europa, a raíz de estudios que demuestras sus consecuencias en la sismicidad, por la utilización de millones de litros de agua que contaminados vuelven a las napas y el sinfín de accidentes laborales para los trabajadores del sector.”

Causa Comarsa

“El 17 de diciembre de 2020 presentamos una denuncia penal. Son 160 páginas que revelan el lado B de Vaca Muerta: este gran negociado millonario en torno a la basura petrolera. Tenemos que diferenciar los impactos del uso de esta técnica. La técnica del fracking generalmente aparece invisibilizada por las características técnicas que posee y nosotros entendimos que los basurales son el lado más visible de este modelo insustentable que tanto daño produce”.

“Interviene Maximiliano Breide Obeid, fiscal jefe de la unidad de delitos ambientales del Ministerio Público de Neuquén, con quien nos reunimos en abril y le ratificamos la voluntad de continuar avanzando con la investigación y colaborando con la fiscalía aportando información, testimoniales e inspecciones, e incluso la realización de una prueba pericial para probar que existe un daño en las dos plantas que denunciamos de Comarsa que son la que está en el Parque Industrial de Neuquén, emplazada a pocos metros del corazón de la ciudad, cerca del edificio municipal, y la planta de Añelo, ciudad a la que se la presenta como la cuna del boom petrolero”.

“Añelo es una prueba evidente de las grandes inequidades del modelo fosilista y extractivista que representa Vaca Muerta, una ciudad donde abunda la precarización laboral y la explotación sexual mientras las grandes corporaciones generan miles de millones de dólares”.

“En materia de extractivismos, no hay grieta política”

“En materia de extractivismos, no hay grieta política. Esto quedó en evidencia con las transiciones gubernamentales entre Cristina Fernández y Mauricio Macri, y ahora con la llegada de Alberto Fernández. Pueden haber matices, pero en líneas generales los funcionarios de más alto nivel coinciden en presentar a Vaca Muerta como la gran salvación de la Argentina. Sin embargo, los últimos 20 o 30 años demuestran que estos modelos de mal desarrollo no sólo han incumplido las promesas de erradicación de la pobreza sino que han ayudado a la profundización de las desigualdades.”

“No vemos que Argentina esté avanzando en un proceso de diversificación de su matriz energética. Por el contrario, vemos una profundización de un modelo que implica –entre otras cosas– subsidios por más 78 mil millones de pesos para la explotación de combustibles fósiles.”

La resistencia en Neuquén

“Además de la comunidad mapuche, hay muchas organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Observatorio Petrolero Sur que hace años vienen investigando y comunicando sobre los efectos y consecuencias de este modelo extractivista. También hay muchas voces de la política, concejales y concejalas provinciales que alzan su voz, pero la lucha es muy desigual frente a los partidos políticos tradicionales”.

Agradecemos los materiales utilizados para la edición de la entrevista producidos por: 
Cartago TV, KVME FELEN, Síntesis. y a Alejo Di Risio de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de la Argentina. Muchas gracias.

Fuente: https://canalabierto.com.ar/2021/09/15/el-lado-b-de-vacamuerta-los-basureros-del-fracking/

En consecuencia, la legalidad-legitimidad construida por la «democracia de sobornos» y contrainsurgente es la de naturalizar y convertir en impune a la criminalidad tanto de lesa humanidad como de lesa naturaleza que son los ecocidios con sus correspondientes genocidios silenciosos, silenciados e invisibilizados. La criminalidad también de transferencia de bienes comunes sociales y naturales e ingresos sociales y fondos públicos desde las diversidades de abajo hacia el poder real que lo es ante todo por la imposición de la conciliación de clases o la de los expoliados con sus opresores-represores.

En la actual situación límite del 99% humano es hora de despertar que no se trata sólo de derrotar las derechas explícitas sino también a las enmascaradas de nac&pop. Ante todo hay que contextualizar discursos y gestos simbólicos para destapar a los K en cómo han contribuido y contribuyen a la eficiencia del capitalismo que Cristina Fernández acaba de loar ante la juventud reunida en la ex ESMA o sea donde se torturó y mató a la militancia que entregó su vida por otra sociedad y otro mundo posibles. Subrayemos la perversidad de la vice presidenta y sin embargo, persiste tanto la idolatría de los K como la apreciación de la izquierda electoralera de la derecha sólo en Juntos por el Cambio.

 Bloqueo de la lucha de clases

Señalemos clave en la actual inflexión histórica generalizar la ruptura del Pacto Social que establecieron los Fernández (Alberto y Cristina) aprovechando su rotundo triunfo en las PASO de 2019. Es decir, hicieron virar el Nunca Más a Macri-Juntos por el Cambio hacia un contubernio entreambos (pese a presentarse como de antagonismo irreconciliable) para garantizar la continuidad y profundización de la acumulación gran capitalista local e imperialista. Durante los cuatro meses hasta la asunción de los F-F el gobierno de Macri agravó la precarización tanto de la vida como del trabajo, en tanto que los F-F construyeron la gobernabilidad de la intensificación de ajuste y de extractivismos. La concretaron con el bloqueo a las luchas reivindicativas a través del Pacto Social y el Plan Argentina contra el Hambre. Pero se multiplican las luchas en defensa de territorios por diversidades de abajo a lo largo y ancho del país que plantean, por ejemplo, como:

Naturaleza de Derechos

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🔸No a la Ley del Veneno (Promoción Agroindustrial) propuesta por el Minsiterio de Agricultura de la Nación, que proyecta la extensión de la Soja Transgénica a 25 millones de hectáreas, y con ello la profundización del modelo contaminante y extractivista del agronegocio y todas su externalidades ambientales. climáticas y sanitarias.

🔸Vamos a la Justicia por la exigencia de la reglamentación urgente de la Ley de Agricultura, Familiar, Campesina e Indigena, para imponerla en la agenda política del Estado ante la afrenta del agronegocio a través del proyecto de ley del Gobierno Nacional cuyo efecto es consolidar los intereses económicos del sector agroindustrial ignorando las violaciones de derechos humanos que el mismo implica.

🔸Ahi no hay, ni hubo, ni habrá grieta !

🔸Comenzó la Campaña Política Electoral. Nuestros Sueños no Caben en sus Urnas.

Link para ver la Infografía con detalles:

https://drive.google.com/…/10uTvqaiPPgmVA1…/view…

Aclaremos que «la lucha de clases» hoy abarca a la totalidad de subjetividades colectivas emergiendo del ser negadas por el capitalismo o del avasallamiento capitalista de derechos y reconociéndose en antagonismo irreconciliable con el sistema. Que se esmera en bloquear esos despertares y hoy instala tergiversaciones como:

El debate del clima no es sobre moléculas de CO2

4 de octubre de 2021

Declaración de Oilwatch Latinoamérica .- La extracción, quema y uso industrial de combustibles fósiles es la causa principal de la crisis climática. Desde 1830, y de manera exponencial en las últimas dos décadas, el planeta se ha calentado debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Tan solo 100 corporaciones energéticas son responsables del 71% de las emisiones generadas desde 1988.

Es necesario entender que las políticas basadas en la contabilidad, suma y resta de moléculas de dióxido de carbono (CO2), son también parte del problema, puesto que, hábilmente, los mismos responsables de la crisis desvían la atención de la causa principal del cambio climático: la extracción y uso de carbón, petróleo y gas en un modelo económico energívoro y petrodependiente.

La contabilidad de carbono consiste en mover moléculas de un lado a otro, crear falsas equivalencias, borrar con un “click” las emisiones y ocultar responsabilidades, con el fin de hacer negocios sin importar de ninguna manera el clima. Las instituciones centran sus iniciativas en inventarios de emisiones, porcentajes que hay que reducir – o mejor dicho, que se pueden emitir – y por ende llevar a la falsa propuesta de que estas se pueden “compensar” con el pago por “transferencia de moléculas”. 

Cuantificar las emisiones de CO2 es la cortina de humo que permite a los gobiernos de los países del Norte global seguir financiando la industria fósil con millones de millones de dólares, incluso desde la firma del Acuerdo de París. Con cada contabilización de emisiones de carbono equivalente se privilegia el mercado, mientras que las comunidades tradicionales continúan sufriendo con las constantes violaciones de los derechos humanos y de la naturaleza, mientras la crisis climática se exacerba. 

Como parte de esta farsa está la propuesta de “carbono neutralidad” o de “cero emisiones netas” que consiste en suponer que las emisiones generadas en la cadena de extracción fósil se pueden restar (compensar) de la fijación de carbono de los procesos naturales o mediante geoingeniería. El desequilibrio entre las emisiones debidas a la quema de fósiles y las removidas en procesos naturales, significa más calentamiento. De esta manera, los impactos de la crisis climática aumentan con la abundancia de propuestas enmarcadas en falsas soluciones: MDL, REDD+, mercados de carbono, SBN, agricultura y ganadería climáticamente inteligentes, BECCS, y otras que, aunque sean planteadas como programas de conservación, son negocios especulativos que no tienen nada que ver con una respuesta real a la crisis. 

Todas estas propuestas borran las deudas con la naturaleza y los pueblos y engañan a la opinión pública, haciendo creer que trabajan en una solución mientras su modelo de negocio sigue intacto. No necesitamos más farsas como la compensación de emisiones. Una acción climática orientada a dejar los hidrocarburos en el subsuelo haría posible llevar las emisiones a un “cero real” en el cortísimo plazo, una manera eficaz, medible y enmarcada en los preceptos de la justicia climática. 

Este es el camino por el que hace décadas OILWATCH propone transitar, como nos lo enseñaban los Ogoni del Delta del Níger en 1995, el pueblo U´wa de Colombia en 1997, Acción Ecológica en Ecuador en 2007 con la iniciativa Yasuní, el mismo que reafirman hoy los pueblos, las organizaciones y los movimientos sociales de toda América Latina. En esta línea, OILWATCH planteó en la COP de París la creación del Anexo Cero¹, en la que podrían estar países, estados, naciones, que hayan iniciado el camino a convertirse en lugares libres y emancipados de la dependencia de las energías fósiles. 

La única manera de afrontar eficazmente las crisis ambientales es dejar el carbón, el petróleo y el gas enterrados, e implementar de manera masiva e inmediata, una reparación integral de los pueblos, de las tierras, de los territorios sacrificados por las actividades extractivas y de la naturaleza. El camino para afrontar la crisis climática se recorre junto con los pueblos y organizaciones que luchamos por una Tierra para la vida de nosotras y nosotros, junto al resto de seres que hacen que vivir tenga sentido.

¡El carbón, el petróleo y el gas deben dejarse bajo tierra!

¡No a las falsas soluciones!

¹ Challenge: annex zero 

Firman esta declaración OILWATCH Latinoamérica y sus organizaciones: (…)

Fuente: https://opsur.org.ar/2021/10/04/el-debate-del-clima-no-es-sobre-moleculas-de-co2/#:~:text=Con%20cada%20contabilizaci%C3%B3n%20de%20emisiones,la%20crisis%20clim%C3%A1tica%20se%20exacerba.

Destaquemos que, en tiempos de pandemia, el capitalismo modeló amplia obediencia a la vacunación experimental masiva y hasta indujo a la gran mayoría a que no se pregunte:

¿Por qué vacunar a los niños contra el Covid 19?

13 de octubre de 2021

Por Mario Borini y Eduardo Yahbes (Rebelión)

En la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) el 4-10-2021, todos los ministros de salud del país decidieron la vacunación de los niños desde los 3 a los 11 años.

La razón que trascendió en los medios es el aumento de la proporción de casos entre esas edades y el consiguiente riesgo de contagio para terceros.

¿Es que realmente aumentó esa proporción? ¿Hay datos oficiales para afirmarlo?

Oficialmente se internaron 10 mil niños en ese grupo de edad desde que comenzó la pandemia. Equivale a uno cada 600, dado que en ese grupo hay 6 millones de niños en todo el país. Es una tasa de internación más que baja, lo que reafirma la idea de que la gravedad en los niños es de una magnitud prácticamente insignificante.

La proporción de niños en el total de casos no se debe al aumento de casos en los niños. Al menos, no es lo que se dice. Entonces, esa proporción puede depender de otras variables, como por ejemplo de la proporción de testeos en las distintas edades. O de los cambios en la definición de “caso”. O de la inclusión de niños en esa definición en mayor grado que en otras edades. O de cierta recuperación de la inmunidad natural en los mayores luego de la deprivación que les produjo la cuarentena. Y si se argumenta que esa inmunidad se debe al aumento de vacunados, ¿por qué tendríamos que protegerlos como si se afectaran más que los niños no vacunados?

El segundo motivo para vacunar niños es el incremento de su participación en el total de casos. ¿Esto es una prueba del aumento de la contagiosidad entre ellos, con riesgo para los demás? Nos encontramos con una falta de datos para certificarlo. Y los hay en contrario. Los niños contagiados no necesariamente contagian, porque su inmunidad natural es muy alta desde el nacimiento, salvo en el síndrome de Down, que tiene una proporción de 1 entre 500 recién nacidos. Esa inmunidad incluye barreras físicas, químicas y celulares que impiden que el contagio se transforme en infección. Si esas tres barreras fallan, aún queda la posibilidad de que la infección se elimine con inmunidad humoral, o sea, con la producción de anticuerpos naturales sin necesidad de vacuna alguna. Una defensa inmediata, gratuita y sin riesgos contra la infección de sí mismos y del contagio a terceros.

Aun admitiendo el contagio desde los niños, su posibilidad depende del contagiado por ellos, que, siendo sano, podrá controlarlo mediante su inmunidad natural.

En el peor de los casos, existen tratamientos con elevada eficacia y seguridad para el COVID 19 en todas las edades.

Además, se sabe, por estadísticas oficiales, que la tasa de mortalidad en niños atribuida al COVID 19 es extremadamente baja, al igual que en todos los países del mundo.

Entre las comorbilidades que pueden aumentar la mortalidad por COVID 19, interesan en mayor grado las cardiopatías congénitas que pudieran agravarse al contraerlo. La tasa de tales cardiopatías es de 1 cada 100 nacimientos, pero una mitad se debe a comunicaciones interventriculares e interauriculares menores a 3 mm., que en general cierran espontáneamente, de manera que este riesgo afectaría solamente a 3.500 entre los 700.000 nacimientos anuales en todo el país.

El peligro de la cepa Delta se ha exagerado. La India, su país de origen, tiene una tasa de mortalidad de 320 por millón de habitantes, contra 2.600 de Argentina que tiene apenas unas decenas de casos con esa cepa. No hay error: unas 8 veces más que la India.

Pero los casos atribuidos diariamente al COVID 19 disminuyeron drásticamente en la población general, desde 41.000 a 1.500 desde mayo-2021 a la fecha. Y las muertes desde 750 diarias a menos de 50 en el mismo período. Quiere decir que no estamos desde este punto de vista en emergencia, sino frente a una situación controlada que no requiere instalar medidas extraordinarias ni urgentes.

El efecto de la vacunación merece interrogarse. Países con menor vacunación tienen tasas de mortalidad que son varias veces inferiores a la de Argentina, como Hong Kong, Japón, Taiwán, Australia, Egipto, India, Cuba y Haití. Y con la vacunación desde el 29-12-2020 en nuestro país, las muertes diarias llegaron a 750, cuando excepcionalmente fueron 500 en unos pocos días de 2020. De manera que deben reexaminarse los dos puntos fuertes que se promueven para la vacuna: impedir la gravedad de los casos y reducir las muertes.

Por otra parte, se admitió oficialmente que, en otras edades, la vacuna produjo cuadros clínicos graves de miocarditis y trombosis. Y que se requiere mayor tiempo de observación para evaluar la incidencia de, enfermedades autoinmunes, cáncer y trastornos de la fertilidad, entre otros. Hay que considerar también que, aunque la incidencia de efectos adversos de la vacunación sea baja, el total de dichos efectos puede ser alto en caso de que la vacunación de universalice a todos los menores.

Pese a estos problemas en argumentos, pruebas y referencias para la vacunación de los niños, la decisión se tomó de un momento para el otro, y la Sociedad Argentina de Pediatría interpeló justificadamente al gobierno porque aún no se había expedido la CONAIN (Comisión Nacional de Asesoramiento en Inmunizaciones). ¿Para qué fue creada entonces esta Comisión? Es inaceptable  que luego de una reunión con el Ministerio, la SAP haya dado su aprobación basándose en que accedió a “información aún no publicada” y que la misma no se publique de inmediato  (https://www.sap.org.ar/uploads/documentos/documentos_comunicado-vacunas-covid-19-277.pdf ). Por otra parte, esta información fue restringida por el Ministerio, desde que informó que para la reunión con la SAP no podría presentarle toda la información debido al convenio de confidencialidad con los productores de vacunas (Ley 27573). Una restricción inédita en la historia de la salud. Que merecería un recurso jurídico para impedirla.

La fase 3 de investigación de las vacunas no se ha completado con ninguna de ellas. Recién se prevé completarla entre fines de 2021 y 2023. De ahí que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó al Ministerio de Salud de la Nación el uso de la vacuna Sinopharm en los niños solamente en carácter de “emergencia”.  Esta vacuna se encuentra en fase III de experimentación que terminará en diciembre de 2021.  El ensayo clínico que se realiza en Argentina está registrado como NCT04560881. Se lleva a cabo en población sana de 18 a 85 años, o sea, sin incluir niños. El Investigador Coordinador es Pedro Cahn en representación de la Fundación Huésped,  y los Investigadores Principales son Florencia Cahn, Pablo Bonvehí y Ricardo Ruttiman en nombre de la Fundación Vacunar (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021-03-01_vacuna-sinopharm-conain.pdf ). De manera que la propuesta es vacunar niños sin completar un ensayo que ni siquiera los incluye, con un conflicto de intereses que está a la vista, porque sus autores son miembros del Comité de Expertos que asesora al Presidente.

Entonces nos preguntamos autorizadamente: ¿qué se pretende con los niños mediante esta vacunación? Carece de prioridad justificada en la frecuencia de casos y muertes. Es diagnosticable y tratable. En todo caso, si es una prioridad, hay varias prioridades mucho mayores en la infancia, comenzando por el hambre. Que las medidas restrictivas seguramente agravaron, aumentando la pobreza por encima del 50% entre los niños. Entonces, si la evidencia científica no avala esta experimentación con niños, no estamos frente a una emergencia, …. sino ante decisiones políticas. Que son las que la ciencia prometió evitar.

Mario Borini. Prof. Tit. Salud Pública, UBA, 2003-2008, Médico especialista en Clínica Médica MN 33200, Epidemiólogo, Diplomado en Salud Pública, Especialista en Metodología de la Investigación

Eduardo Yahbes. Médico Pediatra, Prof. Emérito en la Sociedad de Homeopatía Argentina.

Fuente: https://rebelion.org/por-que-vacunar-a-los-ninos-contra-el-covid-19/

Volvamos a ubicarnos en el enfrentamiento medular, como es la disputa territorial, con los poderes que nos dominan a partir de aplicar terrorismos paraestatal y estatal en los setenta para su neoliberalismo. Durante el gobierno de Macri:

[UAC] Comunicado público de Pu Lof Resistencia Cushamen

Desde el Puel Willi Mapu.

A nuestra Gloriosa Nación Mapuche.

A la sociedad en general:

El 23 de noviembre del año pasado hubo un intento de desalojo en el Lof Huincul MaPu Relmu Lafquen, zona conocida como Lago Mascardi en la ciudad de Furilofche.

En esa ocasión reprimieron fuertemente a las mujeres y sus hijos quienes resultaron todos detenidos y aun los niños con las manos precintadas.

La lamien Betiana Coluan Nahuel, Machi Autoridad Ancestral del Puel Mapu fue obligada a comer tierra.

A los dos días fuerzas represivas del grupo Albatros por orden del Juez Gustavo Villanueva, irrumpe en la comunidad a los tiros asesinando por la espalda al peñi/lamien hueichafe Rafael Nahuel yem. No hay ningun un detenido a casi un año del fusilamiento de Rafa. Ni se ha visto justicia.

Pocas veces el Pueblo Mapuche, desde la mal llamada conquista del desierto ha visto algun gesto de justicia. Ciento treinta años de opresión, despojo, masacre, carcel, judicialización, hambre y frío. Eso es lo que el Estado Argentino ha generado sobre nuestro pueblo.

Por eso repudiamos tanta violencia, racismo y hostilidad.

Nuestra solidaridad con la lamien Machi Betiana Coluan Nahuel y a todos los integrantes del Lof Huincul Mapu Relmu Lafquen ante la citación a Indagatoria por parte del mismo juez que ordenó el desalojo, el asesinato de Rafa que hoy acusa a nuestros lamien de Usurpadores.

Usurpadores de un territorio donde vivió y murió el abuelo paterno de la Lamien Machi.

Territorio Mapuche que el estado se apropió para convertirlo en un parque nacional.

Desde el 6 al 9 de Noviembre a las 9 hs. en el Juzgado Federal de Bariloche acompañemos a nuestros hermanos en el marco de esta causa. A sabiendas que es un montaje más por parte del poder político, mediático y jurídico.

Nehuentuleimi Machi Betiana Coluan Nahuel ka pu lamien Lof Huincul Mapu Relmu Lafquen.

Basta de criminalizar al Pueblo Mapuche.

Taiñ Cufiquecheiem trecaleingun.

Nuestros Ancestros caminan junto a nosotros.

Libertad a los Presos Políticos Mapuche.

Libertad al Lonko Hueychafe Facundo Jones Huala.

Justicia por Santiago Maldonado y Por el hueychafe Rafael Nahuel Yem.

Fuera mineras, petroleras, hidroeléctricas de nuestro Wal Mapu.

Marici wew

Marici wew!!!!!

 
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Generalicemos la toma de conciencia y de partido respecto a solidarizarnos con las comunidades Mapuche, en este caso, atacadas por la corporación Benetton apoyada por el Estado en sus distintas jurisdicciones.

Pu Lof Cushamen: cómo es y de qué manera se vive
en el «territorio sagrado» mapuche
donde Prefectura halló el cuerpo.

20 de octubre de 2017

Funciona sobre 1.200 hectáreas desprovistas de vegetación y con tierras que complican la agricultura. Carece de luz y hay poca cobertura de celulares.

Por Patricio Eleisegui (Enviado especial a Esquel, provincia de Chubut)

Kilómetro 1.840 de la ruta nacional 40. Una recta de asfalto derruido que se escabulle entre banquinas de pedregullo y pastizales escudándose del ventarrón con postes y varillas.

En tránsito desde Esquel hacia El Maitén, todo lo que se observa a lo largo de hora y media de viaje en auto pertenece casi en su totalidad al italiano Grupo Benetton.

De hecho, a poco más de 20 kilómetros de ese punto, se ubica uno de los ingresos a Leleque, el establecimiento de 183.100 hectáreasen el que la compañía europea lleva adelante desde la explotación de lana hasta el cultivo de enormes extensiones de pino.

Esto último, no exento de controversia en tanto se trata de dos especies introducida que vienen diezmando las variedades autóctonas.

Sólo una superficie apartada escapa a los alambrados de Leleque: las más de 1.200 hectáreas que comprende el Pu Lof en resistencia de Cushamen.

Se trata de la zona bajo control de la comunidad mapuche desde marzo de 2015, momento en que el Movimiento Mapuche Autónomo de Puel Mapu (MAP) inició, según indicaron distintos integrantes contactados por iProfesional, «un proceso de reconstrucción a partir de la recuperación de territorio ancestral».

A ese lugar llegó este cronista para dar cuenta de la posición que predomina en el Pu Lof.

En las márgenes del sitio en cuestión fue que se dio la aparición, a mediados de esta semana, del cuerpo que presuntamente pertenece a Santiago Maldonado.

Un territorio en el que los arbustos predominan como vegetación y la corriente helada del río Chubut asoma como la única posibilidad de agua en kilómetros.

La superficie que pueblan los mapuches, cuyo número en la zona es omitido por la misma comunidad a modo de medida de seguridad, se ajusta al paisaje de estepa patagónica que prolifera fuera de los puntos más visitados por los turistas que visitan la Patagonia.

«Nos protegemos como podemos, pero sobre todo pensando en los chicos, en las mujeres. Por eso vamos rotando en la vigilancia», contó a iProfesional uno de los habitantes del Pu Lof que accedió a hablar durante la visita concretada por este medio.

Piedra suelta, una ráfaga en remolino y una bandera con el rostro de Santiago Maldonadose combinan en torno a la tranquera amarilla que franquea el ingreso a la comunidad en resistencia de Cushamen.

A poco más de 100 metros de esa entrada se ubica el primero de los puestos de vigilancia montados por los mapuches: se trata de una estructura de troncos ensamblados con barro y cuyos huecos se mantienen cubiertos con bolsas y telas. A muy pocos pasos de ahí se encuentra el tendido de La Trochita, el emblemático expreso del Sur.

«Tenemos varios puestos en determinados puntos de nuestro territorio. Quien ve de afuera o no es de acá, por ahí se puede sorprender. Pero es algo necesario paracuidar el lugar. Nosotros tenemos esto a diferencia de Benetton, que directamente tiene a la policía a su entera disposición», explicó otro de los integrantes de la comunidad.

Durante las más de dos horas que duró la visita de iProfesionalal Pu Lof, los interlocutores variarán hasta sumar cuatro.

El puesto de vigilancia que garantiza una visual de la ruta 40 es de piso de tierra y la única manera de aclimatar la casilla es mediante un fuego que se alimenta con las pocas ramas caídas, quebradizas de tanto soportar heladas, que garantizan los árboles junto al río.

Precisamente muy cerca del curso de agua se ubica otro de los puntos de control de la comunidad. A poco más de 60 metros de esa construcción, también precaria, fue ubicado el cuerpo luego trasladado a Buenos Aires.

Vida ancestral
La cotidianidad en el Pu Lof se rige bajo los criterios de una etnia que, indicaron las voces consultadas en el lugar, apunta a recuperar una autonomía que para los mapuches deviene ancestral, dado el origen precolombino del pueblo.

«Esta recuperación es un ejemplo de la idea de autonomía que se impulsa desde el movimiento mapuche. Todo parte desde la liberación nacional de nuestro pueblo y la lucha contra los extranjeros que usan al Estado argentino para tener el control de los territorios. Un control que tiene un trasfondo siempre económico«, opinó uno de los voceros que accedió a dialogar con este medio. 

La rutina en ese apartado del departamento de Cushamen implica el resguardo de zonas por respeto a la naturaleza, la realización de rituales y ofrendas y, por supuesto, también el trabajo. Crí­a de gallinas, huertas que se ensayan una y otra vez sobre terrenos rebeldes, procurarse la leña o asegurarse el agua son parte de las tareas. Tampoco faltan quienes tejen, confeccionan sogas o practican la orfebrerí­a en plata.

Trigo, papa, tomates, perejil, son algunos de los cultivos que más se llevan a cabo en el Pu Lof, aunque siempre sujetos al comportamiento del clima.

El charqui, carne salada expuesta al sol, también forma parte casi a diario de la dieta de la comunidad. Todo integrado a una cosmovisión de mapuche en la que se privilegia la interacción con el ambiente.

«Nuestras creencias ancestrales tienen su espacio acá. La relación con las fuerzas de la naturaleza, el respeto del territorio, es algo que se practica sin pensarse porque está directamente en nosotros como pueblo», aseguraron los mapuches.

Las ceremonias hacen también a la rutina diaria en el Pu Lof: según los entrevistados, los dí­as se inician con ritos de adoración a la tierra y el cielo.

«Cuando corresponde se hacen fogones pero siempre con el cuidado de sostener los rituales en lugares determinados. Ante todo se evita la profanación, el saqueo de la tierra que puede verse en el capitalismo. Las construcciones que hacemos, por ejemplo, responden a una necesidad. La armoní­a es lo que más se busca mantener», dijo uno de los interlocutores.

En todo momento, la referencia es al movimiento del ya mencionado Mapuche Autónomo del Puel Mapu (MAP). La figura en cuestión, de acuerdo a su pronunciamiento en Internet, «nuclea comunidades, organizaciones y militantes mapuches que se reconocen parte de la NaciónMapuche y que también se definen en la práctica como parte de un movimiento autónomo (independiente del Estado, fundaciones, de las empresas capitalistas y ONGs), desde que existe un sector que se define como tal». 

«Queremos territorio y autonomía. El territorio se recupera y se controla y la autonomí­a se practica, no se pide», expone un manifiesto de MAP, al tiempo que aclara que «la confrontación no es con cualquiera, sino sobre todo contra el gran capital, las grandes estancias y las multinacionales».

Los mapuches que accedieron a dialogar con este cronista señalaron a las mineras, los intentos de represas hidroeléctricas, y la presencia de dueños de grandes extensiones de tierras como Grupo Benetton y Joe Lewis, como los enemigos a vencer y desterrar en la búsqueda de un estado independiente.

«La descolonización es algo que está en marcha, lo mismo el plan de autonomí­a y el planteo de liberación nacional mapuche. Demorará tiempo, claro, porque tenemos a todo un Estado en contra. Que se sostiene a partir de la lógica capitalista que nuestra cosmovisión condena. Pero el pueblo mapuche entiende que la única forma de sobreponerse a todo esto es a través de la lucha. Y eso es lo que sostenemos y sostendremos hasta el final», expuso el último interlocutor que atendió a este enviado.

Territorio invisible


Por su posición geográfica, el Pu Lof en resistencia de Cushamen se encuentra prácticamente desprovisto de cobertura en términos de telefonía -sólo puede ubicarse la tenue señal de una sola operadora móvil en puntos determinados- y la comunidad carece de tendido eléctrico.

El nivel de desconexión del área es tal que incluso las imágenes disponibles en Google View corresponde a 2014. O sea, registros previos al establecimiento de la comunidad en las 1.200 hectáreas que el Estado todaví­a reconoce como propiedad de Benetton.

Para asegurarse el control del territorio, los mapuches rotan a diario entre puestos de vigilancia -al menos seis- ubicados mayormente en puntos cercanos al trazado de la ruta 40.

La escasa vegetación simplifica la vigilancia aunque la etnia denunció en reiteradas oportunidades sendas incursiones llevadas a cabo por fuerzas de seguridad. La mayoría de estos ingresos ocurrieron en horas de la noche.

En plena convulsión inherente a la aparición de un cuerpo que presuntamente pertenece a Santiago Maldonado, la cotidianidad del Pu Lof vuelve a verse sacudida por un proceso que lejos está de garantizar la armonía pretendida por los mapuches.

Las definiciones que se esperan para las próximas horas dejan en claro que la Patagonia seguirá siendo el epicentro de tiempos agitados.

Fuente: http://www.iprofesional.com/politica/257480-tierras-gobierno-protesta-Pu-Lof-Cushamen-como-es-y-de-que-manera-se-vive-en-el-territorio-sagrado-mapuche-donde-Prefectura-hallo-el-cuerpo

[UAC] Flia.Benetton

Buenos días, compañeros y compañeras de pu  lof Cushamen : 

La tragedia del puente que cae en Génova que ha dejado tantas víctimas,  es parte de Austrostrade per l’Italia de la cual el mayor accionista es la familia BENETTON. 

Es lamentable esperar que un drama así doloroso sea finalmente la ocasión para que las personas comunes en Italia se den cuenta y tomen conciencia de la responsabilidad de la multinacional italiana BENETTON que una vez más ha privilegiado los propios intereses , faltando a los controles de manutención y de seguridad de estas infraestructuras que están en sus manos,  por las cuales reciben millones y millones de euros , las fáciles ganancias , manchadas de  sangre inocentes , culpa de esta violencia capitalista que BENETTON está  aplicando en territorio Mapuche , en Italia y en otros lugares del mundo,

Hoy,,las miradas están fijadas en el grupo BENETTON,  la web y la prensa han explotado delante a esta terrible masacre humana, pero sin embargo,  ellos siguen hablando de los valores en la Bolsa , de pérdidas y de ganancias , totalmente indiferentes al dolor humano, 

Como solidaria con la LUCHA del pueblo mapuche,  espero con todo el respeto que merece esta tragedia, que será momento para fortalecer nuestra protesta y denuncia contra BENETTON,  de abrir los ojos y la conciencia a las personas a boicotear sus productos y sobre todo a detener toda violencia y acción deshonesta en territorio Mapuche,  aquí en Italia y en cualquier lugar donde estos criminales quieran explotar en nombre del dinero.

Será sólo nuestra LUCHA que ya estábamos llevando adelante, a debilitar su Imperio capitalista, a defender nuestras propias vidas y sobretodo la vida de los pueblos oprimidos y reprimidos.

Espero que será finalmente el momento de unir todas las fuerzas, para alzar la voz, para movilizarse y para exigir que United killers of BENETTON paguen por sus crímenes y que  no continúen en ejercer impunemente  su sucio poder .

Por los reprimidos, perseguidos y encarcelados en territorio  mapuche.

Por SANTIAGO y RAFAEL.

Por todas las víctimas de Génova.

BASTA DE LA VIOLENCIA CAPITALISTA DE BENETTON!

FACUNDO LIBRE !

CUSHAMEN RESISTE!

Geraldine.

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Tengamos en cuenta cómo el capitalismo nos fragmenta y nos distancia de otros de abajo con los cuales, aparentemente no compartimos nada. Sin embargo, en verdad, nos necesitamos mutuamente para el pluriverso antagónico a la homogeneización implantada por el sistema para dominarnos.

Santiago Maldonado y el pueblo mapuche.

Bajo el signo de viejos estereotipos.

6 de agosto de 2018

Por Fernando Coll

Santiago Maldonado puso en primera plana el escenario de los pueblos originarios en Argentina, en especial  la situación de los mapuches en la Patagonia. Una historia plagada de demandas insatisfechas y estereotipos.

La construcción discursiva del Estado nación capitalista responde a lógicas que subordinan a ciertos grupos sociales por su identidad cultural y que legitiman la dominación de otros actores a nivel simbólico y material. Tanto las instituciones sociales más elementales de la sociedad como la familia, la escuela y el Estado, así como otras esferas, entre ellas la academia, producen y reproducen indiscriminadamente estereotipos.

Al  pueblo mapuche a lo largo de la historia argentina se lo ha clasificado socialmente por medio de signos muy simplificados y generalizados, maloneros,  chilenos, apátridas, terroristas, guerrilleros, entre otros. Representando un conjunto de valores juicios y suposiciones acerca de sus conductas y su historia; que representan los intereses de los sectores oligárquicos. Uno de los objetivos de la utilización de estos estereotipos es la organización del discurso de sentido común en el conjunto de población.

Los medios de comunicación han desempeñado un papel fundamental al generar y legitimar estereotipos y prejuicios en relación a todo aquello que no se adscribe al ser “nacional”.  La programación de las grandes empresas de comunicación está plagada de contenidos en los que, a nombre del sentido común, se denigra la diversidad cultural de nuestro país y  la identidad del  pueblo mapuche. Los discursos y representaciones abiertamente discriminatorias en términos étnicos se refuerzan con prejuicios de género, regionales y de clase. Problematizar este racismo sin tomar en cuenta las contradicciones entre actores antagónicos de la sociedad en términos de su posicionamiento en el proceso productivo resulta limitado, sobre todo al reflexionar sobre las alternativas a la discriminación en sus diversas expresiones.

Una de las claves para entender la producción y reproducción de patrones de discriminación étnica y cultural radica en identificar y analizar las interacciones entre la dimensión simbólica de los estereotipos como construcción histórico-social y las relaciones materiales, las cuales se combinan fuertemente con dinámicas de clase y con comportamientos cotidianos que subordinan la diferencia.

El año 2017 estuvo marcado por la visibilización en Argentina de una serie de conflictos que involucraron al pueblo mapuche. La represión desplegada por las fuerzas de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y las policías provinciales de Chubut y Río Negro se cobró las vidas de  Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Estos casos forman parte y son el resultado de una política del gobierno nacional en acuerdo con los gobiernos provinciales de criminalización de la protesta social, especialmente la de las comunidades de los pueblos originarios, que ha llevado a la judicialización de sus acciones y demandas, y al procesamiento y encarcelamiento de sus miembros.

El gobierno de Macri desarrolló una política de seguridad basada en la represión  a los futuros conflictos sociales. El acuerdo entre Estado, grupos económicos y fuerzas represivas en Argentina parece no haberse corrido desde que las corporaciones nacionales e internacionales asumieron el ejercicio del poder en la Argentina. Tal vez valga la pena una vez más, recordar que la desaparición de Santiago Maldonado se produce en un contexto de apropiación de territorios campesinos e indígenas.

Ha pasado un año desde la desaparición de Maldonado. La represión a la Lof en Resistencia, comunidad ubicada en el departamento patagónico de Cushamen,  alcanzó una enorme notoriedad. Estos hechos expresaron la intención represiva ejemplificadora del Estado nacional y los poderes económicos contra las formas de organización y los reclamos populares.

Desde entonces, distintos medios de prensa y diversos sectores políticos han profundizado su  campaña de estigmatización de la comunidad mapuche y del propio Maldonado, presentándolos como peligrosos. El discurso es simple: se los describe como violentos que amenazan la propiedad privada y que estarían vinculados con organizaciones terroristas internacionales.  Esta construcción no es novedosa. Es la reactualización del viejo estereotipo de los pueblos originarios, calificados históricamente como aquellos que amenazan los bienes, la seguridad de las personas, la integridad y el progreso nacional.

Se los describe como fundamentalistas étnicos, violentos, irracionales y como una amenaza a los bienes y personas, a la propiedad privada de la tierra y a las mismas áreas naturales protegidas como los parques nacionales como un peligro para la integridad nacional y la seguridad de los ciudadanos, todo esto anclado en el viejo argumento que cuestiona la condición  de “pueblo originario” al pueblo mapuche, la única extranjería cuestionada en la Patagonia, siendo que existen numerosos sectores de la población, especialmente entre los grandes terratenientes e inversionistas en actividades extractivas, que en efecto son extranjeros, inmigrantes o descendientes de inmigrantes.

La particularidad de pueblo invasor atribuida a los mapuche, un elemento cultural instalado de forma muy profunda en la sociedad argentina, está relacionada con el estereotipo del indígena malonero que se construyó desde la década de 1870 en el contexto del sometimiento e incorporación estatal de las poblaciones de la Pampa y la Patagonia y de sus territorios con las llamadas campañas al desierto de 1878 a 1885. En otras palabras, se trata de la construcción de un enemigo interno, amenazante del orden social y económico, que ha servido en distintos momentos históricos para establecer el proceso mismo de construcción de la matriz Estado-nación-territorio.

La representación de los malones indígenas como grupos organizados para saquear que debían ser neutralizados por las campañas de conquista ocultó las previas relaciones entre hispano-criollos y pueblos originarios. Estas relaciones habían comprendido alianzas, intercambios económicos, enfrentamientos y firma de tratados entre autoridades indígenas, coloniales y luego republicanas.  Se argumentaba entonces que se trataba de “salvajes” que no conformaban entidades sociopolíticas con las cuales fuese posible y correspondiese negociar más allá de la rendición incondicional o su aniquilamiento; se consideraba que el “indio malonero” debía desaparecer, debía ser eliminado, un ser sacrificable para la construcción de la matriz Estado-nación-territorio. La población de las Pampas y la Patagonia era asociada en conjunto a la poderosa figura del malón; el estereotipo del indígena malonero constituirá una imagen y una construcción cultural de aquello que no puede ser incorporado a la comunidad nacional, con el objeto de marcar el modo en que se deberán comportar y actuar los indígenas que deseen no ser sacrificados.

Otro elemento clave en el contexto de las campañas estatales de sometimiento a los mapuches  es la construcción de la idea de “desierto”. El desierto es donde proviene el no-asimilable “indio malonero”, pero es también la idea fundamental para definir al espacio como territorio del Estado, ya que de esta forma no se lo reconoce como un otro territorio y mucho menos como un territorio indígena. Al mismo tiempo, se lo describe como espacio no cultivado, no trabajado y no social, que espera por el brazo laborioso de los argentinos que le extraiga sus riquezas, lo habite y transforme.

Es necesario recorrer los procesos históricos para comprender por qué y cómo determinados acentos fueron fijados en la definición de la otredad indígena en relación con la construcción de las ideas de nación, territorio y Estado. Los estereotipos del “indio malonero” y del desierto no sólo vinieron a cumplir, en el discurso político, sino que permanecerá como una construcción cultural clave en las elaboraciones ideológicas de la diferenciación social, la explotación y el orden y disciplina social. El genocidio desplegado por el Estado argentino es fundamentalmente la eliminación del otro, del enemigo interno, en aras de la construcción de una nueva sociedad capitalista.

Desde fines del siglo XIX y principio del XX hasta la actualidad, los distintos gobiernos nacionales invisibilizaron la existencia de comunidades de los pueblos originarios en la Patagonia.  En muchas ocasiones, se utilizó al aparato represivo del Estado y la justicia letrada para su expropiación, reclusión injustificada y aun torturas. En ocasión de las masacres de Napalpí (1924), en Chaco, y en La Bomba (1947), en la localidad norteña de Formosa, la prensa difundió previamente entre la población que los indígenas se estaban reuniendo para preparar un malón. La expropiación de la comunidad de Boquete Nahuelpán, en Chubut, en 1937, tuvo como único argumento que se trataba de indígenas araucanos y que practicaban el cuatrerismo. En todas las oportunidades se justificaba el accionar estatal como respuesta a un peligro a la propiedad y por parte de una agresión foránea.

Recordemos que la última dictadura militar desplegó un discurso reivindicatorio de la llamada “epopeya del desierto”, celebrando en 1979 el centenario de las campañas de  Roca con una serie de actividades.  No sólo se dedicó  a reeditar la narrativa de la conquista del desierto sino de hacerla presente en la ciudadanía. En  la figura del “indio malonero”, eliminado para la cimentación cultural de la sociedad, se reflejaba la construcción del enemigo interno que la dictadura hacía sobre la movilización política a la que identificaba en términos de guerrilla subversiva. Los sacrificables eran violentos que representaban una amenaza a los bienes, las personas y al mismo orden social, una violencia identificada con otras amenazas externas. Para ellos no había asimilación posible.

La construcción de la idea de nación en la matriz Estado-nación-territorio ha estado hegemónicamente sostenida en aquello de lo que se diferenciaba al ser excluido, el enemigo interno. En las complejas relaciones entre las construcciones de nación y de territorio, este mismo umbral de la inclusión/exclusión ha estado representado también, entre otros seres sacrificables, por la cuestión indígena tanto a través del estereotipo del “indio malonero” como de la idea de desierto en tanto territorio estatal, pero no social. Por lo tanto, quienes lo habitan, quienes provienen de él o se dirigen a él, a quienes les ha sido colocada dicha clasificación, devienen en eliminables, sacrificables.

De esta forma, a través de las «campañas del desierto», desde el Estado e instituciones de la sociedad civil, se operó tanto hacia la eliminación del orden social, económico y cultural de los pueblos originarios, como también hacia el disciplinamiento y la limitación de las formas de vida, acceso reducido a la tierra, censura de sus formas de expresión cultural, negación de sus formas de organización social. Simultáneamente, se aseguró la distribución de los territorios incorporados a favor los sectores oligárquicos, y como parte de la acumulación primitiva del capital,  desposeyendo a la población mapuche y tehuelche  del acceso a la tierra.

La larga lucha de los pueblos originarios multiplicó las formas de acción política.  Las modalidades de la articulación han variado según las regiones, los pueblos involucrados y los contextos políticos locales y nacionales. Se han producido recuperaciones de territorios ancestrales y también expropiaciones y desalojos, judicialización de reclamos y criminalización y represión de protestas. También se han hecho visibles las articulaciones entre demandas de comunidades y pobladores indígenas con otros habitantes rurales y urbanos en contra de emprendimientos extractivos.

La respuesta por parte del Estado argentino fue sistemáticamente, el uso de la fuerza para reprimir, la violencia, el manejo arbitrario y la utilización del andamiaje judicial, que necesita de ese estereotipo del sujeto peligroso, guerrillero, militante, irracional y violento , como justificación ideológica. Utilizando como instrumentos; los artículos en la prensa hegemónica, las expresiones en las redes sociales, producidas desde usinas oficiales pero también desde sectores de la misma sociedad que comparten y construyen las nuevas imágenes y los viejos estereotipos; los “mapuches chilenos”, de los violentos, los terroristas, de una asociación ilícita, no de una organización social o una comunidad; de un sucio hippie.

El relato del poder sobre el asesinato de  Santiago Maldonado, reproducido sistemáticamente por gran parte de la prensa, ha servido al gobierno nacional  en alianza con los gobiernos provinciales y diferentes sectores vinculados a los latifundios patagónicos para afirmar ante la población que existe un nuevo enemigo interno; el supuesto terrorismo mapuche al cual se le atribuye todo; un otro peligroso para los bienes, las personas y la misma integridad nacional, que con su accionar convierte en “desierto” y territorio “salvaje” lo que ocupa y ante lo cual se anuncian como necesarias, nuevamente, medidas especiales para su exterminio.

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/santiago-maldonado-y-el-pueblo-mapuche-bajo-el-signo-de-viejos-estereotipos/

Reparemos que hoy el gobierno de los Fernández junto a los provinciales, sin importar a cuál bando de la falsa grieta pertenezcan, siguen acelerando e intensificando la expansión extractivista. Pero, al mismo tiempo, se refuerzan las luchas socioecológicas y tienden a unirse con las de las comunidades campesinas e indígenas.

Vaca Muerta: sismos, sequía, contaminación, pobreza y deuda

Por Multisectorial Contra la Hidrofractura de Neuquén .- Hace ocho años se aprobó el Pacto Chevron YPF y el fracking se instalaba en Argentina y en Latinoamérica. Aquel 28 de agosto la Legislatura de Neuquén aprobaba el acuerdo. Afuera, la policía reprimía a una masiva manifestación social de quienes nos oponíamos a las falsas promesas de desarrollo hidrocarburífero.

El Pacto Chevron YPF fue la primera expresión de una política estatal que buscó satisfacer la necesidad energética del país, impulsando la extracción de hidrocarburos no convencionales y profundizando la casi total dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, el tiempo nos dio la razón. En estos 96 meses no se cumplieron las promesas con que intentaron convencernos en 2013: No hay soberanía energética en el país, ni bienestar económico en las provincias donde se extraen hidrocarburos.

Hoy las petroleras presentan sin ninguna vergüenza sus récords de extracción pero los ríos se secan y las empresas están autorizadas a usar y contaminar hasta el 4,5% del caudal del río Neuquén. ¿Cuánto saqueo en los ríos vamos a aguantar?

La tierra tiembla, cada vez son más las investigaciones científicas que vinculan fracking y sismos. Son 320 los temblores que les habitantes de Sauzal Bonito vienen padeciendo y denunciando desde 2018. ¿Cuántos sismos más tienen que hacernos temblar para que nos movamos?

La degradación ambiental se multiplica. El Estado conoce a la perfección los desmanejos en los basureros petroleros y, sin embargo, los avala. ¿Cuántas toneladas más de basura petrolera pueden soportar nuestros cuerpos?

Hoy, el mundo pone en tensión las consecuencias del cambio climático porque lo estamos padeciendo. Sin embargo, los mismos funcionarios que deben garantizar soluciones se esfuerzan para atraer nuevas inversiones petroleras profundizando el modelo extractivista de saqueo y contaminación. ¿Qué otros desastres ambientales esperamos para exigir medidas reales contra este proceso?

Después de 2922 días, los Lof/comunidades directamente afectadas en sus territorios comunitarios por el fracking siguen sufriendo la criminalización de la resistencia y la contaminación de las empresas petroleras amparadas por el Estado.

En estos ocho años prometieron crear miles de puestos de trabajo pero lo único que se acentuó fue la deuda pública, el desempleo, el trabajo precarizado, la inestabilidad laboral, económica y emocional, y las violencias machistas y sexistas. Todo esto es consecuencia de la violencia extractiva, que hace nuestras vidas cada vez menos vivibles.

Vaca Muerta es riqueza para unos pocos y deuda pública para todes, generando que la salud y la educación estén en estado crítico y su calidad dependa del compromiso de quienes trabajan en esos sectores. Vaca Muerta es violencia extractiva que resistimos de diversas maneras: con el cuidado, habitualmente femenino, con otras formas de habitar los territorios, como las que promueve el Kvme Felen/Buen Vivir y con la organización y el activismo militante.

¡Ya pasaron ocho años! Seguir apostando todo al fracking es un gran error que pagamos quienes vivimos y vivirán en la cuenca ¡No hay más tiempo! ¿Cuánto más vamos a esperar para ponerle un freno a este drástico deterioro de nuestras vidas? ¿Cómo tendremos así alternativas de futuro? ¿Qué más tiene que pasar para que frenemos el fracking?

Como lo hicimos hace ocho años, convocamos una vez más a encontrarnos en el estacionamiento de la Legislatura el 28 de agosto a las 17 horas para compartir un evento cultural. Traé tu mate, tu paño, tus volantes, tus bailes, tus canciones, tu música, tu arte, tus creaciones. Vamos a compartir, por qué seguimos enfrentándonos al fracking.

¡Vaca Muerta es saqueo y contaminación!

¡Queremos vidas vivibles!

Fuente: https://opsur.org.ar/2021/08/26/sismos-sequia-contaminacion-pobreza-y-deuda-las-consecuencias-de-vaca-muerta/

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Entrevista a Margarita Peñailillo, coordinadora de Pueblos Originarios en Lucha

«Las comunidades se levantan para que no avancen más
las mineras, ni las petroleras,
ni las deforestaciones sobre nuestro territorio»

19 de octubre de 2021

Por Mario Hernández /Rebelión

 (…) A 18 días del acampe humanitario que permanece en la Cuesta del Ternero, compartimos el comunicado de la comunidad. 

Cuesta del Ternero
11/10/2021 

Quemquemtrew tu nombre va Resonando 

A 15 días del acampe humanitario que permanece en la Cuesta del Ternero, para acompañar, observar y legitimar la reivindicación territorial del Lof Quemquemtrew, a pesar de estar sitiados por la policía de la provincia de Río Negro y las Fuerzas del COER que mantienen cortada la ruta provincial número 6, varias son las muestras de apoyo que se han recibido en estos días. Comunidades de distintos puntos del Puel Mapu. Acompañamiento espiritual por parte del Lof Nahuelpan de Esquel. El nehuen de pu Lonko y Pillan Cushe de diferentes territorios, marca la unión. Kiñe rakizuam que evidencia la responsabilidad que tenemos como Protectores de la tierra.

A su vez el estado rionegrino abusa constantemente de su poder. La semana pasada se hicieron en Bariloche dos audiencias las cuales fueron impugnadas por no notificar a los imputados. Y aun así sostienen medidas cautelares en contra de integrantes del Lof, prohibiendo el ingreso de abrigo y alimento.

También desmentimos a Alejandro Huenchupan quien no tiene ninguna autoridad para hablar en nombre de ninguna comunidad. Justamente, este servil personaje, que vende su propio territorio, ampara los negociados y vive de un alquiler pago por la municipalidad de El Bolsón.

Como miembros del pueblo Mapuche no necesitamos el reconocimiento del Estado. El Lof Quemquemtrew es respaldado por una gran cantidad de comunidades de diferentes puntos del Puel Mapu, así como también por la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y el Consejo de Participación de Comunidades Indígenas.

Hoy el estado rionegrino es denunciado por los Guardias Ambientales a quienes les quitan una casilla rodante de la Secretaría de Ambiente para entregársela a las fuerzas de seguridad que actúan en el paraje de la Cuesta.

¡¡¡¿Qué tan grande es el negociado que el poder político necesita resguardar?!!!

Por todo esto se agradecen las muestras de solidaridad por parte de vecinos, vecinas y organizaciones sociales que también repudian este constante avasallamiento. Y el accionar ilegal del Estado.

Destacando que ejercemos nuestro legítimo derecho de retorno al territorio ancestral.

¡¡¡Con la fuerza de taiñ Kuifikechiem, Quemquemtrew Resiste!!!
Fuera Rocco del territorio. Concesionario, testaferro del poder político.
Cuesta del Ternero fue, es y será Territorio Mapuche. 

Quemquemtrew, tu nombre va resonando. 

Agradecemos a todos los que nos acompañan. 

La APDH exigió el fin del bloqueo  

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) exigieron que se ponga fin al bloqueo que impide la llegada de alimentos, ropa y abrigos a les integrantes de la Lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro. 

El organismo de derechos humanos denunció que “la forma en que se está arbitrando el conflicto viola los Derechos Humanos más elementales: expone a la Comunidad a medidas extremas de supervivencia; está en riesgo no solo su derecho al territorio sino también su salud, su vida”. 

Compartimos el comunicado completo: 

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos exigimos se ponga fin al bloqueo que impide la llegada de alimentos, ropa y abrigos a lxs integrantes de la Lof (Comunidad) Quemquemtrew que se encuentran resistiendo el hostigamiento policial, empresarial y judicial en el territorio recientemente reivindicado en Cuesta del Ternero (Río Negro). 

La Comunidad ejerce su legítimo derecho al territorio ancestral. Desde hace 17 días, lxs comunerxs lo sostienen y resisten en el territorio que reclaman y cuyo título nominal está a nombre del Estado provincial. 

Como respuesta, el Gobierno provincial ha establecido un bloqueo policial permanente a la ruta provincial N° 6, que comunica el paraje rural Cuesta del Ternero con las localidades vecinas de El Maitén (Chubut, al este) y El Bolsón (Río Negro, al sudoeste) 

Desde el día 26 de septiembre no se pueden acercar ni alimentos, ni medicamentos, ni ropas, ni abrigos, a pesar de los muchos intentos y de las diversas presentaciones legales realizadas. 

Por si fuera poco, la escuela intercultural 211, Lucinda Quintupuray, estuvo ocupada por las fuerzas represivas del Gobierno provincial. Se interrumpió el dictado de clases; y sólo se retomó ante el clamor social que la situación produjo. De todos modos, sólo pueden ingresar quienes están en un listado; y lxs niñxs llegan y salen de su escuela atravesando el nutrido cerco de uniformadxs. 

Cuesta del Ternero se encuentra sitiada desde hace 17 días. Están siendo afectadas, además de lxs integrantes de la Lof, muchas familias de pobladorxs del lugar y quienes necesitan transitar por la ruta hacia localidades vecinas. 

Consideramos que la forma en que se está arbitrando el conflicto viola los Derechos Humanos más elementales: expone a la Comunidad a medidas extremas de supervivencia; está en riesgo no solo su derecho al territorio sino también su salud, su vida. 

Exigimos el inmediato fin del sitio policial que impide la llegada de alimentos, ropas, medicamentos y abrigos. 

Exigimos también, a los Estados nacional y provincial, la puesta en marcha de una mesa de diálogo con participación de la Comunidad, de ambos niveles gubernamentales, y de las organizaciones representativas del pueblo mapuche, de Derechos Humanos, o las que cada parte considere. 

La represión, el desconocimiento de la legislación que ampara los derechos de los pueblos originarios, la militarización que suspende todos los derechos, no son el camino correcto. 

Otros conflictos 

En Jujuy se realizó la sexta caminata por el agua y la vida 

El lunes 4 de octubre desde La Quiaca se inició la sexta caminata por el agua y la vida, denominada Qhapaq Ñan 2021. El propósito fue arribar el 12 de octubre, fecha que para los pueblos indígenas de Latinoamérica representa el comienzo del genocidio étnico, a San Salvador de Jujuy, y recordarle al gobernador Gerardo Morales el principio de la libre determinación de los Pueblos Indígenas. 

La preocupación latente de las comunidades es el continuo avance de distintos proyectos, sobre todo mineros, que no respetan el derecho a la consulta previa, libre e informada, y que encuentran un aval por parte del gobierno provincial. Ante ello, se declararon en estado de alerta y piden a los legisladores nacionales que exijan el cumplimiento de las leyes que los amparan. 

El antropólogo indígena Gustavo Ontiveros, de la comunidad de Valiazo, de la Nación Omaguaca, dijo que el Qhapaq Ñan es una “forma de protesta” ante el incumplimiento de las leyes que protegen y respetan a los pueblos indígenas. “Si mínimamente no se respetan (los derechos indígenas), continúa vigente el colonialismo en todas sus facetas”, sostuvo. 

Las caminatas por el agua y la vida comenzaron en 2017, después de que integrantes de la Comunidad Rodeo, que viven cerca del monumento natural Laguna de los Pozuelos, en el norte de Jujuy, recibieran informes que dejan en evidencia graves problemas en el acceso al agua provocados por las empresas mineras que se ubicaron en la zona “extrayendo millones de litros de agua por día”, recordó Ontiveros. 

Eso derivó que en los sectores donde están los pobladores haya sequías, con el consiguiente perjuicio, por la falta de agua para consumo humano, y porque afecta también a la actividad económica de las familias. Al tratarse de una zona de llanura, casi la totalidad de los habitantes se dedican a la agricultura y al pastoreo, pero con el correr del tiempo empezaron a ver que el agua escaseaba. 

Así fue que en enero de ese año decidieron realizar una primera marcha en marzo, que fue repetida para el 12 de octubre, fecha que se sostiene hasta hoy. El antropólogo aseguró que cada año no sólo se planteaba la problemática del agua, sino “que las familias terminaron denunciando muchos otros problemas”. El más latente, es la presión sobre el territorio indígena. 

Por eso, este último 2 y 3 de octubre las comunidades de la zona de Valles, la Quebrada y la Puna, exigieron que los derechos de los pueblos preexistentes sean amparados y respetados, como lo establecen normativas nacionales y tratados internacionales que tienen fuerza de ley en el país. En ese marco, exigieron la prórroga de la Ley Nacional N° 26.160, que declara la Emergencia Territorial Indígena, y piden que se legisle en materia de propiedad comunitaria, para defender los territorios indígenas. 

Los pueblos Kolla, Omaguaca, Tilcara, Tilian y Ocloya denuncian desde hace años que el gobierno de Morales avala proyectos extractivistas sin realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades, a pesar de que estas iniciativas afectan directamente su cultura y su forma de vida. 

“Aquí en Jujuy tenemos una dictadura”, sostuvo Ontiveros, al asegurar que el gobernador no los escucha y tampoco responde a los petitorios que presentaron ante los casi 100 proyectos mineros que ya están instalados o intentan instalarse en la provincia. 

El último despojo 

Uno de los últimos intentos de despojo lo están viviendo recientemente las comunidades de Quitacara, Villa Perchel, La Huerta, Villa Las Rosas, El Molino y Yacoraite, que denunciaron que en la localidad de Huacalera, departamento de Tilcara, “están a la venta 18.485.487 hectáreas a tan solo 15 millones de dólares”, según un comunicado que emitió Claudia Pérez, de la comunidad de Mudana. 

La mujer aseguró que el gobierno provincial “ofrece todo un pueblo, toda una cordillera de imponentes cerros de colores, llenos de minerales preciosos, codiciados por capitales extranjeros, que ponen el ojo en el uranio, la piedra caliza y otros bienes naturales que pretenden arrasar, en un área de valor ecosistémico, usando millones de litros de agua, generando sequía, enfermedades y despojos”. 

Por eso, exigieron la inmediata entrega de los títulos comunitarios a los integrantes de la Nación Kolla que habitan en el lugar. Pérez aseguró en el mismo escrito que la venta se lleva adelante por la inmobiliaria RE/MAX, que tiene prohibida la actividad, según una decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) del 10 de marzo del 2021. 

Ante el revuelo mediático, autoridades de la provincia de Jujuy, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el intendente de la ciudad de Tilcara, Ricardo Romero; la comisionada del pueblo de Huacalera, Patricia Alemán; y concejales de la zona afirmaron desconocer este hecho, y aconsejaron que se hagan las denuncias. 

A esa problemática, sumaron que también en Huacalera el gobierno provincial habilitó que se hagan caminos para facilitar el trabajo de las empresas mineras ya presentes. Pero esta zona es parte de la Quebrada de Humahuaca, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. “Rompieron caminos ancestrales para estos caminos mineros”, denunció la abogada Pérez, quien alertó que con ello “están en peligro las Yungas y parte de la zona del monumento que es Patrimonio de la Humanidad”. 

El nuevo camino se ubica en la zona conocida como Los Amarillos, a la altura de la ruta nacional 9, donde una minera extrae uranio. Ya en 2019 las comunidades impidieron que se siga cruzando por esa entrada, pero este año advirtieron que están haciendo otro camino alternativo. Pérez reiteró que el “Estado provincial toma el territorio originario sin la consulta previa e informada”, por lo que en las caminatas piden la adhesión de toda la sociedad jujeña. 

La alerta no sólo está puesto en los emprendimientos mineros, sino que desde el año pasado las comunidades están viendo cómo se instalan empresas vitivinícolas, que cavan pozos de 50 a 60 metros de profundidad. Esto provoca que se “lleven el agua que es para la gente”. “Los empresarios siguen ingresando y no permitiendo el uso del agua para nosotros”, denunció la comunera. 

Por eso, otro de los pedidos del Qhapaq Ñam, es que se derogue la Ley provincial N° 5915, que permite el uso de la propiedad comunitaria para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Desde su sanción, en 2016, las comunidades denuncian que con esta ley se violan los derechos indígenas porque se habilita la explotación de los territorios sin la consulta y el consentimiento de los pueblos involucrados. 

En la caminata se hicieron eco de esto, y difundieron un video situado en la zona de La Quiaca Vieja, que fue “elegida por el gobernador de Jujuy para expropiar estas tierras de la comunidad y entregárselas a algunos empresarios, seguramente extranjeros y para hacer la zona franca”. El video muestra la zona de la Quebrada, indicando que Morales pretende “instalar los paneles solares”, despojando a las comunidades de sus tierras. 

Por eso, en el comunicado oficial de la sexta caminata, se expresó que “el colonialismo de las políticas estatales y los asociados intereses extranjeros, pretenden escribir el último capítulo de la conquista y la colonización”. Pero “todavía resistimos, caminamos. Por eso, proponemos a toda la sociedad una amplia reflexión sobre la situación actual. Destruir la Pachamama, es destruirnos a nosotros mismos”, alertaron. 

Fuente: Salta/12 

Relevamiento Territorial en Neuquén 

El lunes 4/10 se realizó la reunión planificada entre las autoridades del gobierno de la provincia de Neuquén y las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para acordar los lineamientos que permitan la firma del Convenio Nación/Provincia que ponga en marcha el Relevamiento Territorial en todos los territorios comunitarios de la provincia. 

“Estamos esperanzados con el anuncio que se formuló. Esto tiene que ver con la serie de conflictos que hubo recientemente y tuvo que intervenir la provincia tras la mediación del fiscal Jerez y así fue que se logró esta reunión”, contextualizó el werken de la Confederación Mapuche Neuquina, Florentino Nahuel. 

Tal como se anunció oficialmente, Nahuel aseguró también que la comunidad local entrará en el primer tramo del Relevamiento. “Hemos sido una de las prioridades porque esto arrancó hace 6 años y luego quedó inconcluso”. 

No obstante, planteó que el anuncio si bien fue recepcionado con esperanza, aún tienen algunas sospechas de que se trate solo de un gesto con fines electoralistas. 

“Siempre está la desconfianza porque varias veces se anuncian cosas que finalmente el gobierno provincial no las cumple. Nosotros creemos que esta vez se puede avanzar porque el próximo 12 de octubre se firmará el convenio entre el INAI y la Provincia, pero vamos a ver cómo se sigue”, indicó Nahuel y precisó que en esta ocasión “no fue voluntad de la Provincia avanzar con el tema, sino que fue producto del conflicto que mantienen varias comunidades en todo el territorio neuquino lo que terminó desembocando en el convenio.” 

A nivel local, Nahuel explicó: “Nosotros estamos con varias situaciones en nuestro territorio, con varias causas abiertas. Pero tenemos esperanza que hoy se pueda avanzar porque no le queda otra salida al gobierno de la provincia”. 

Respecto de lo que resuelva el Relevamiento, Nahuel fue contundente: “El objetivo de la Ley 26.160 habla del Relevamiento de los Territorios de uso tradicional y, por lo tanto, nosotros vamos a mencionar todas las fracciones que son parte de nuestro territorio. Luego la provincia se tendrá que hacer cargo de todas las macanas que se mandó porque los conflictos con los privados los generó la provincia que entregó tierras a terceros y luego estos se enteraron que son tierras mapuches. Nosotros tenemos la propuesta del recorrido y tenemos la seguridad de que las tierras nos pertenecen porque no hay papeles (de los privados)”, culminó. 

Fuente: www.diarioandino.com.ar    

El usurpador Javier Critto contra miembros de la Comunidad Pueblo de Tolombón 

Mediante un comunicado del Equipo de Comunicación con Identidad – Los Chuschagasta, comuneros dieron a conocer que nuevamente los esbirros de Critto procedieron a electrificar los alambrados de un cerco por donde circulan adultos y niños, que ya sufrieron una descarga hace algunas semanas. 

Esta nueva provocación se da en el marco de graves ataques en la zona de Trancas, de donde proviene el actual gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y que tuvo como episodio más grave la represión e intento de desalojo del comunero Máximo Román Ríos a quién le demolieron la casa, edificaciones que “datan de más de cien años”, puesto que es la vivienda que ocuparon por generaciones los antepasados del comunero, por lo cual es una pérdida “incalculable por su valor simbólico y cultural”. 

También destacan en su comunicado que se están violando las leyes 26.160, que impide los desalojos de las comunidades indígenas y artículos y convenios internacionales que van en ese sentido, consagrados en la Constitución. 

En este nuevo ataque que se suma a una verdadera ola en la zona del Valle de Choromoro, y que también vemos en provincias como Jujuy, Salta, Córdoba y la Patagonia, nuevamente se destaca la complicidad y el apoyo activo de los poderes del Estado, poniendo a disposición de los terratenientes usurpadores la Policía, la Justicia e incluso la relación espuria que mantiene el Poder Ejecutivo y Legislativo con estos feroces empresarios que quieren despojar a las Comunidades Originarias de sus territorios y derechos ancestrales. 

Vimos el asesinato la autoridad tradicional de Los Chuschagasta, Javier Chocobar, quien fue ultimado en defensa del territorio por Darío Amín en 2009, quien murió impune y cobrando un sueldo de la Legislatura presidida por Osvaldo Jaldo, actual gobernador interino. El año pasado y durante el corriente también sucedieron gravísimos ataques en bases de la Comunidad Indio Colalao, que incluyeron matanza de animales, la demolición de un hogar ancestral y ataques físicos muy graves contra un comunero y su compañera 

Ahora aplican el mismo repertorio contra la Comunidad Pueblo de Tolombón, esta vez a través de Javier Critto, cuya familia acosa y expulsa a los comuneros desde hace generaciones. Este abogado, miembro del Colegio de Abogados, y también ferviente militante vía twitter de la candidatura de Germán Alfaro (Cambiemos), recibe -al igual que el terrateniente asesino Darío Amín- un sueldo del Superior Gobierno de la Provincia.

https://www.laizquierdadiario.com 
Fuente: https://rebelion.org/las-comunidades-se-levantan-para-que-no-avancen-mas-las-mineras-ni-las-petroleras-ni-las-deforestaciones-sobre-nuestro-territorio/

En consecuencia, es hora de generalizar la percepción (conocimiento con su correspondiente hacerse cargo) de que las posibilidades de vida humana/no humana se están decidiendo en estas asimétricas disputas de territorios que los poderes constituidos con democracia de sobornos y contrainsurgente militariza cada vez más demostrando que no hay antagonismo con la dictadura genocida del llamado poder real. Comprobemos de qué lado está la violencia:

Cuesta del ternero, 18 de octubre del 2021. 

Declaración pública desde el acampe humanitario:

A un mes de la recuperación de la Lof Quemquemtrew, desde el acampe humanitario, que lleva 21 días reafirmamos nuestro acompañamiento. Seguimos enviando todo el newen a pu peñi ka pu lamuen que resisten en el territorio. Continuamos con fuerza a pesar del hostigamiento de la policía de Rio Negro y del COER, que día a día nos provocan intentando confrontarnos. Denunciamos que hace 21 días el Estado rionegrino no deja ingresar alimentos ni abrigos a la Lof poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente. Además esta medida política no reconoce el derecho ancestral y espiritual que tiene la Lof sobre el territorio en la Cuesta del Ternero, tapando los negociados que los distintos gobiernos tiene con los empresarios que devastan la biodiversidad. Hacemos responsable de lo que nos pueda pasar tanto en el acampe como en el territorio recuperado a la gobernadora Arabela Carreras, a la Fiscal Betiana Cendon, a los jueces  Calcagno y Campana y a los medios hegemónicos que son operadores de los gobiernos y de los empresarios. 

Seguimos sosteniendo e invitando a este acampe que garantiza la vida de pu peñi y pu lamuen. 

Solidaridad y lucha con la Lof Quemquemtrew.

Alternativas emancipatorias

Advirtamos la urgencia e importancia de construir real y efectiva democracia mediante la otra sociedad posible que está implícita en la soberanía alimentaria. Nos desafía al enfrentamiento con :

La ONU y el capitalismo verde atacan la soberanía alimentaria

Conoce las críticas de las mujeres a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios y el avance del poder corporativo sobre la alimentación y la naturaleza

Por Capire

Los movimientos sociales que luchan por la soberanía alimentaria y la agroecología denuncian y rechazan la ofensiva del poder corporativo sobre la alimentación y la naturaleza, representada por la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (UNFSS – UN Food Systems Summit).

Esta conferencia resulta de un acuerdo entre la ONU y el Foro Económico Mundial y forma parte de la estrategia de las grandes corporaciones transnacionales para avanzar sobre la alimentación. La Cumbre está organizada según el modelo de “múltiples partes interesadas”, que sitúa a las empresas transnacionales en el centro de la elaboración política. De este modo, se consolida la privatización de la política y la captura corporativa del sistema de Naciones Unidas.

La Cumbre pasa por alto procesos e instancias construidos desde hace décadas con la participación de los movimientos campesinos e indígenas, ignora la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y ataca directamente la soberanía alimentaria. Por ello, la Vía Campesina hace un llamado a boicotear la Cumbre bajo el lema: “¡Nunca más en nuestro nombre!”

Las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra Internacional, FIAN y La Vía Campesina denuncian[1] la ofensiva de la apropiación de la naturaleza, los territorios y alimentos por parte del mercado. En esa ofensiva convergen varios frentes del capitalismo racista, patriarcal y colonialista. La apropiación de los sistemas alimentarios, la agricultura 4.0, la economía verde y las soluciones conocidas como “basadas en la naturaleza” están interrelacionadas y tienen como trasfondo la digitalización.

Una vez más, las élites económicas utilizan la profunda crisis que estamos viviendo como una justificación para sus falsas soluciones, que incorporan más aún la naturaleza al circuito financiarizado de la acumulación capitalista.

Nuestra resistencia parte de la crítica y la afirmación de que los modos como los pueblos, campesinos, indígenas y las mujeres históricamente hacen agricultura y se relacionan con la naturaleza son las verdaderas soluciones. 

El lugar de la alimentación y la naturaleza en el conflicto capital-vida

No se puede considerar la alimentación de forma aislada porque está en el centro de la organización de la sociedad y de nuestra vida común. Cuando las corporaciones transnacionales se organizan para controlar todo el sistema alimentario, quieren controlar la sociedad y la vida.

Las mujeres advierten que lo que está en juego es un cambio en el sentido y el significado de los alimentos y la comida. Está relacionado con el actual proceso de reestructuración de la industria alimentaria. En ello, los productos alimenticios ultraprocesados presentan la “fortificación” como solución. Añaden “más calcio” en la leche o cambian el azúcar de la Coca-Cola por stevia, como si ser saludable se redujera a eso. Lo “nutritivo” se mide ahora por la fragmentación de las sustancias, que pueden producirse en los laboratorios, en un proceso avanzado de hacer artificial todo lo que comemos.

Por lo tanto, es importante estar atentas en nuestros análisis integrales, comprendiendo la relación entre el acaparamiento de tierras y la expulsión de campesinos por parte del agronegocio, y las inversiones en biología sintética y molecular, por ejemplo.

Bill Gates es una de las figuras que más representan esta articulación corporativa para el control de los sistemas alimentarios: sus fundaciones y fondos de inversión están comprando simultáneamente grandes cantidades de tierra, realizando inversiones en pesticidas, corporaciones de semillas, propiedad intelectual y aplicaciones para poner a los pequeños agricultores y campesinos bajo su control digitalizado, empresas de proteínas vegetales, entre otros. No es casualidad que la persona que encabeza la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios sea el presidente de AGRA (Alianza para una Revolución Verde en África), una iniciativa financiada por Bill Gates.

Un aspecto central de la reflexión feminista sobre los peligros de la Cumbre es la relación entre la alimentación y la naturaleza. El marco de tal relación es el capitalismo verde. Reduciendo la complejidad de la crisis ambiental al cambio climático, los proyectos de economía verde se orientan a la creación de nuevos mercados, insertados en la lógica de la especulación y la financiarización. Se trata de los mercados de carbono, de los que REDD+ es una referencia, y de los mercados de ecosistemas constituidos, por ejemplo, por el pago por servicios ambientales. Los fondos de inversión de impacto en “sistemas alimentarios climáticamente inteligentes” son un ejemplo de incorporación de la agricultura al circuito de la economía verde.

La disputa política en torno a la alimentación y la naturaleza pasa por explicitar la incompatibilidad entre dos lógicas: la de la sostenibilidad y del cuidado de la vida, por un lado, y la de la acumulación de capital (que incluye la acumulación de datos como capital), por otro. Son lógicas irreconciliables, con concepciones sobre la naturaleza absolutamente distintas.

Diversidad y complejidad frente a la reducción y homogeneización

Aplicaciones, drones y sensores son ofrecidos bajo la promesa de facilitar el trabajo agrícola. Por detrás de ellos, está el paquete tecnológico de las empresas. Estas tecnologías no son neutras. Su sentido es fragmentar y reducir todo a datos binarios, homogeneizar y apropiarse de lo que está vivo.

Los algoritmos hablan el lenguaje del agronegocio, sólo conocen una manera de cultivar (en línea), con semillas modificadas, patentadas y pesticidas. Este modo de cultivar no tiene nada que ver con el cultivo agroecológico, en el que predominan la complejidad y la diversidad.

La datificación pretende artificializar la vida, acelerando los ritmos sin respetar los tiempos de regeneración de la naturaleza, de los cuerpos, del cuidado de lo que está vivo. Y para ello oculta la dependencia que tenemos entre nosotros y con la naturaleza.

En la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, Bayer, Syngenta y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible [World Business Council for Sustainable Development – WBCSD] – organización internacional que agrupa a más de 200 empresas vinculadas al desarrollo sostenible – impulsan el debate sobre las “oportunidades de inversión en el suelo”. Se guían por una visión que reduce el suelo a un sumidero de carbono. Por otro lado, las agricultoras agroecológicas consideran el suelo como un organismo vivo y diverso. Uno de los aportes de las mujeres a la agricultura agroecológica es el cuidado y cultivo de suelos fértiles, ricos y complejos.

Ampliando la discusión sobre el tema, las compañeras denuncian el discurso de las corporaciones que llegan a los territorios con la promesa de invertir en “territorios ociosos”. En Mozambique, por ejemplo, las empresas consideran “ociosas” las tierras que no se utilizan para la machamba (cultivo). Pero no hay espacio inutilizado en los territorios de las comunidades. De esos espacios las mujeres extraen las plantas medicinales y son los que se utilizan para el culto y el rezo, donde las comunidades encuentran la fuerza para resistir y crear la vida común. A las comunidades, son negados esos espacios vitales, que son apropiados en nombre de una visión de progreso devastadora. Afirmar el derecho a esos territorios y sus usos es reconocer las prácticas ancestrales y el aprendizaje intergeneracional – prácticas que incluso han sido criminalizadas por los proyectos de economía verde.

La política ambiental conservacionista, impulsada por organizaciones transnacionales como WWF y TNC, conlleva un racismo ambiental profundamente colonialista. En nombre de una supuesta conservación ambiental, expulsan a las comunidades de sus territorios, como si sus modos de vida ancestrales entraran en contradicción con la naturaleza. Pero son esas comunidades las que históricamente cuidan y nutren la biodiversidad.

Uno de los grandes peligros de la Cumbre es el establecimiento de los marcos necesarios para incorporar la agroecología al circuito de la economía verde. Basándose en la idea de “carbono neutral”, con soluciones basadas en la naturaleza, sus agentes plantean la ampliación del mercado del carbono a los manglares, océanos y la agroecología como modo de ampliar la financiarización de la naturaleza. La agroecología es una práctica, una ciencia y un movimiento. No puede ser apropiada de forma fragmentada y selectiva, y mucho menos desvinculada del sujeto político que la construye. Lo que se considera como ciencia y tecnología también es objeto de disputa en la Cumbre. El poder corporativo intenta legitimar una ciencia antropocéntrica y androcéntrica[2] para los sistemas alimentarios, vinculada a sus intereses y a la reorganización del lenguaje del capital.

La agroecología es un conocimiento estratégico. Las mujeres reivindican el saber y las tecnologías de los pueblos y denuncian el epistemicidio, que consiste en la destrucción de los conocimientos y las culturas de los pueblos racializados.

El maquillaje verde (greenwashing) y lila se articula en la agenda corporativa de la Cumbre, teniendo como eje transversal el empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva neoliberal. De ahí resultan consignas como “la naturaleza contrata a las mujeres”.

En los proyectos de carbono azul en océanos y manglares (como el proyecto Vida Manglar en Colombia), la publicidad está dirigida a la contratación de mujeres como guardianas. Son proyectos que se basan en la asociación entre el sector público y el privado y que tienen como resultado el acaparamiento de territorios y la expulsión de comunidades. Por esta razón, los movimientos han decidido llamarlos “opresiones y exclusiones basadas en la naturaleza“.

Cuando las empresas llegan a los territorios, encuentran comunidades en situación precaria y desprovistas de políticas públicas. Llegan con medidas compensatorias que integran a las comunidades en el mercado, con herramientas de cultivo y cría de animales más tecnificadas, creando dependencia entre la comunidad y los propietarios de las tecnologías. Un ejemplo compartido por las mujeres de Brasil es la instalación de estanques de pesca en las comunidades indígenas, una contrapartida a los proyectos de REDD+. En esas comunidades, donde siempre se ha pescado en los ríos – que a menudo están contaminados por la minería u otras intervenciones. Poco a poco, el poder corporativo desmantela las economías locales y acentúa los obstáculos a la autodeterminación y soberanía de los pueblos.

Las mujeres se oponen a esta ofensiva y apuestan por la afirmación de sus prácticas y movimientos: la diversidad de la naturaleza, sus múltiples funciones y relaciones. Como dicen las compañeras: en el patio de una agricultora hay mucha más diversidad que en un programa de bioeconomía de la industria farmacéutica.

Desmantelar el discurso que incorpora a las mujeres y a la agroecología al capital es una tarea del feminismo popular en la lucha por la soberanía alimentaria.

Tal tarea se vincula a la reivindicación de la agricultura llevada a cabo por las mujeres campesinas y los pueblos ancestrales, a través de la diversidad y la complejidad de la agroecología. Esta práctica, ciencia y movimiento implica disputar el significado de los territorios y cuestionar la propiedad privada – territorial e intelectual –, reivindicando los territorios y las tecnologías libres.

La Contracumbre de los pueblos será un momento de convergencia entre diferentes movimientos sociales y de construcción de fuerzas entre los pueblos contra el poder corporativo.


[1] Este texto se basa en la síntesis del taller celebrado el 6 de julio, con la participación de compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra Internacional, FIAN y Vía Campesina.

[2] El antropocentrismo considera como central y prioritario al ser humano en sus análisis. El androcentrismo remite a las experiencias masculinas como universales a todos los seres humanos.

Redacción por Tica Moreno
Edición por Helena Zelic
Traducido del portugués por Luiza Mançano

Fuente: https://capiremov.org/es/analisis/la-onu-y-el-capitalismo-verde-atacan-la-soberania-alimentaria/?fbclid=IwAR31omK-AM8Ghgb5jo5LIeEeJK5Y_zzno6mR1W9PwR-fpB-02vdwBr4HF7k

Reflexionemos con Leonardo Rossi, integrante del Colectivo Ecología Política del Sur (Catamarca) e investigador del Conicet, sobre: qué comemos, cómo producimos y qué impacto tiene en los cuerpos y en los territorios. Son algunas de las preguntas que aborda . Afirma que los alimentos están atravesados por, al menos, cinco dimensiones: sanitaria, ambiental, social, cultural y, fundamentalmente, lo político.

Todo alimento es político

junio 22, 2021

Por Leonardo Rossi

Periféricamente en un Occidente epistémico, bajo la anestesia de las promesas siempre frustradas de la urbanidad, con el ensordecedor ruido de la fe en el progreso cientificista, y el candil cegador de la falsa idea de desarrollo nos hemos olvidado de los componentes esenciales que nos tejen a la trama de la vida. Pero ni siquiera este desgarrador olvido, de por sí grave, es lo más drástico. Esa amnesia colectiva lleva como correlato intrínseco una encallada tara civilizatoria por la cual nos obstinamos día a día en dañar a las fuentes mismas de nuestros soportes elementales que nos permiten devenir organismos vivientes. Y al hacerlo, bajo una marca profunda de soberbia, celebramos desde un supuesto deber ser de la historia los éxitos en el avance de una carrera frenética, que si en algo no tiene competidores es en su capacidad (auto) destructiva.

¿Alimentos o productos que enferman?

Esta potencia erosiva opera de una vez en varios planos, profundamente entrelazados: sanitario, ambiental, social, cultural y fundamentalmente -esto es el interés de estas líneas- en el de las subjetividades políticas. Se hace hincapié aquí acerca de lo auto-destructivo a partir de observar a uno de esos nodos que hacen al entramado de eso que llamamos humanidad: pondremos en el centro de este relato al alimento.

Hablaremos de esa fibra nutricia que permite que la humanidad devenga vida biológico-cultural. Recuperaremos entonces al alimento, a esa urdimbre que brota en la danza de infinitos procesos entreverados que surgen del fluir de la luz solar, del agua, de la tierra, del aire, de los minerales, y de las comunidades humanas y no humanas, para decantar en energía disponible para nuestros cuerpos, como parte de un tapiz de complejas y solidarias redes de reciprocidad.

Partamos de resituar la mirada en lo más terrenal. En esos alimentos que cada día en menor o mayor medida ingieren en la actualidad buena parte de las mujeres y hombres que conocemos. O al menos eso que creemos, entendemos, confiamos son alimentos. O tal vez eso que ya ni siquiera cuestionamos si son o no son alimentos. Pensemos en una fruta con residuos de veintitantos pesticidas; un puñado de fideos a base de una harina ultra-refinada producto de un trigo tratado con agroquímicos que acabará en nuestro intestino; una carne vacuna con origen en un feed-lot que dejó un suelo muerto cargado de desechos sin capacidad ya de ser asimilados, y hará otro tanto en nuestro metabolismo; galletas de fórmula con derivados de soja y de maíz transgénico que para llegar a ser cosechados dejaron napas, ríos y cuerpos de su entorno más próximo cargados de tóxicos y así dialogarán con nuestro sistema digestivo. ¿Por qué esto deviene norma? ¿Qué mandato justifica esta cotidianeidad? ¿Cuáles son las consecuencias de tamaña sin-razón-emoción por la vida propia?

Al menos como primera propuesta surge revisar nuestra propia humanidad, su andar en esta tierra, y entonces recordar que, salvo situación fortuita o una primera experimentación, mujeres y hombres buscaron en la larga marcha humana evitar la ingesta sistemática –más allá de bebidas o frutos que formaban parte de experiencias religiosas puntuales- de alimentos que pusieran en riesgo su salud. Más bien, la pulsión a la vida, entendida ésta no en términos individuales sino como supervivencia de la colectividad, indica todo lo opuesto.

Múltiples trabajos de perfil antropológico, etnográfico, histórico y económico dan cuenta desde hace siglos de que el alimento era alimento en tanto y en cuanto tenía como fin satisfacer y cancelar la necesidad fisiológica-cultural de saciar el hambre de diversas comunidades, brindar las mejores condiciones sanitarias para adaptarse al territorio habitado, al tiempo que surgía de la labor colectiva y tenía profundo sentido de arraigo cultural.

¿Cómo alcanzamos este presente de híper-conocimiento científico-aplicado donde sobran productos derivados del agro en términos de cuotas alimentarias según los organismos internacionales, y no cesan su hambre los hambrientos, mientras que otra gran parte de la masa que sí se alimenta, según los cánones de estas entidades, asiste a marcados procesos de afección en su salud producto de esa misma supuesta alimentación? ¿Cómo nos hemos vaciado de esa intensa historia que vincula el cuidado de la tierra, de nuestros cuerpos, de nuestras culturas y nuestras comunidades?

Violentos procesos expropiatorios han hecho la tarea inicial con productos insanos nutricionalmente, episitemicidas agro-culturalmente, y extremadamente nocivos ecológicamente. Y como nudo, esos objetos llevan intrínseca la fundamental huella despolitizadora de la vida, tan claramente expresa en la disputa por el alimento.

Recuperar el alimento

No podemos ya ignorar que la política se ha basado esencialmente en la forma en las que las comunidades humanas se han organizado para reproducir la vida en vínculo con su naturaleza exterior. Esa articulación colectiva, en búsqueda de adaptación a diversas geografías y ciclos naturales, ha tenido en la obtención del alimento y del agua sus más elementales sentidos, aunque ya casi no lo recordemos. La politicidad del alimento y la politicidad de la reproducción de la vida humana en su más literal sentido material son dos aspectos inseparables.

Por tanto se tornan claves del hacer y, sobre todo, del pensar político, aunque no por casualidad hayan sido borrados de las páginas más difundidas de la teoría política. Re-situarnos allí, tal vez, nos permita desandar caminos, para enfrentar la calamitosa crisis civilizatoria (climática, ecológica, migratoria, política, emocional) que atravesamos y encontrar entonces sí algunas posibles respuestas y propuestas.

Será entonces tarea urgente dotar de sentido político nuestra palabra-territorio en cuestión: el alimento. Ingerir un objeto cargado de veneno no es saludable. Si no es saludable entendemos que no es alimento. Un objeto que destruye la tierra sólo para generar una ganancia abstracta hiere en ese proceso nuestros propios soportes biofísicos. Por tanto, digámoslo, no es alimento. Un objeto, fruto del suelo y del trabajo humano, que puede descartarse a gran escala porque no encontró el mejor precio de mercado o sirve para especular es absolutamente lesivo en términos sociales. Entonces, claro está, no es alimento. Y así podríamos continuar.

Pero de lo que se trata no es de caer en un binarismo vano de quién está en el camino correcto de la alimentación y quién no. Por el contrario, se trata de la búsqueda sensata del cuidado siempre sentido en términos colectivos; de asumir que hemos llegado a este presente cargado de profundas heridas que se nos hacen carne, permean nuestros imaginarios, y se manifiestan en nuestras inconscientes claudicaciones cotidianas operadas a través de la alimentación.

Es cuestión de caminar la senda para recuperar el sentido pleno del alimento, no como objetivo personal en pos de una dieta de mejor calidad para un cuerpo aislado sino como impostergable disputa política del retejernos como comunidades que comprenden su ser parte de esta trama de la vida.

Es desde este punto de partida que se torna imperioso dejar explícito que eso de lo que hablamos a diario no es alimento. El alimento socialmente producido como objeto de lucro (bien de cambio y dudoso bien de uso), atravesado por la génesis mercantil-colonial, la expansión industrial capitalista, y agravado a niveles extremos en los marcos del neoliberalismo vigente ha dejado hace tiempo de ser alimento. Y sus consecuencias eminentemente políticas son cruciales. Porque el alimento fue y será semilla indispensable del más profundo sentido de la politicidad de la vida.

Allí se han forjado los lazos que sostienen a esta especie humana en el planeta, como parte de una diversa gama de “apoyos mutuos”, como bien ha señalado hace más de un siglo Kropotkin. El vínculo espiritual inalienable con la tierra (que fue, es y será) habitada, el trabajo en común, el saber y el sabor colectivo, y el cuidado del ecosistema (exterior-territorio e interior-cuerpo) se encuentran –en su doble acepción– en el alimento. Todo eso han intentado, y aún insisten, en socavar desde arriba, con gran eficacia en inocular la amnesia de crecientes franjas de “los abajos”.

Monocultivo o biodiversidad

Cuando la filósofa y activista hindú Vandana Shiva lanza la idea de ‘monocultivos de la mente’ para condensar la potencia del agronegocio en términos de subjetividades invita a revisar los imaginarios que circulan a diario, sea en forma de noticias, políticas públicas, legislaciones, conversaciones en el hogar o en el espacio público. “Cosechas récord”, “gran expectativa por la entrada de divisas del agro”, “pujanza de la industria alimentaria: crece la venta de primeras marcas”, son frases que podemos recrear en base a la experiencia discursiva hegemónica que nos habita. Estos eufóricos mensajes celebratorios tienen su reverso en la preocupación de sectores político-partidarios, académicos y comunicacionales cuando estos indicadores decaen.

Una y otra vez, desde la llamada “opinión pública” alertan por las alicaídas cifras macro-económicas, como si de forma lineal esos movimientos de mercado fueran una marca indeleble de un supuesto bienestar. En el medio de esa propaladora, vaciados de sustancia, quedan la agricultura y el alimento. Cuando la marea de los grandes mercados anda en la buena, según esas concepciones, poco o nada dicen los aduladores del crecimiento per se sobre los impactos ecológicos, sanitarios, y subjetivos de esos gráficos al alza. Cuando viene la mala, claro, mucho menos. En el mejor de los casos, la calidad del alimento, quién y cómo lo produce, qué entramado social tiene en su composición es un debate siempre pospuesto, nunca tan urgente como poner un plato de comida para todes de forma inmediata. Y quién podría oponerse a eso. No es ese el punto en cuestión. Es que las discusiones no son excluyentes, más bien indefectiblemente deben darse en simultáneo si es que genuinamente deseamos que la comunidad se alimente; si anhelamos una salud próspera de los cuerpos y los territorios.

Decía Hipócrates que “el alimento sea tu medicina”, y en pleno Siglo XXI pareciera que buena parte de las voces hegemónicas, a derecha y buena parte de la izquierda, no han llegado a comprender del todo la frase.

“Que las dietas vuelvan a tener más fruta, que vuelva a crecer el consumo de carne y pescado, y que aumente la ingesta de leche”, enfatizan dirigentes político-partidarios, comunicadores y opinadores varios. Y otra vez, nadie puede oponerse. Frente al brutal saqueo de arriba, el tiempo alimentario apremia. Pero qué duda cabe de que ya entramos tarde a la discusión, de que es impostergable dejar de manifiesto si queremos alimentarnos para sanar o seguiremos con la ingesta de sucedáneos que multiplican las problemáticas sanitarias a escala masiva.

Quién puede desconocer ya las graves patologías causadas por los alimentos ultra-procesados, por las micro dosis de pesticidas que ingerimos a diario, por el sobre consumo de carnes y leches de pésima calidad, saturadas de antibióticos; de pescados extraídos de ríos teñidos de glifosato y demás agrotóxicos.

La recuperación del alimento no se trata de un tema que deba quedar reducido a círculos del activismo, que bien pueden marcar otros horizontes posibles tal como nunca han dejado de hacer comunidades campesinas e indígenas, pero de lo que se trata es de interpelar y (con)mover estructuras socio-políticas y emotivas profundas. Claro que los “formadores de opinión”, decisores de políticas públicas y agentes del mercado, sean liberales, conservadores o progresistas ignoran esta urgencia o deliberadamente la niegan.

Posponer esta discusión con la información hoy disponible es temerario. Es no tomar nota de la catástrofe social, ecológica, sanitaria que implica el actual patrón civilizatorio con un modelo agro-alimentario brutal como cimiento. Debemos remarcar este negacionismo, sin dudas, pero sobre todo habrá que orientar el flujo de energías políticas en una profunda pedagogía por abajo, basada en un hondo sentido del amor, que retome la politicidad de la vida en la mayor diversidad de ámbitos posibles. Será este (y ya lo es) un proceso, plagado de complejidad, como lo es la vida en su devenir. No se plantean aquí instantáneos cambios, movimiento de algunas piezas y nombres como parte de la (nunca alcanzada) transformación. Esa es la lógica que prometen siempre desde arriba.

Habrá que, artesanalmente, cultivar el suelo para que el retorno del alimento a nuestras vidas crezca con raíces sanas y duraderas.

En la diversa geografía que habitamos están dadas las condiciones para transitar hacia alimentaciones diversas, saludables, sostenidas en procesos agro-productivos agroecológicos, libres de xenobióticos, basados en su gran mayoría en circuitos cortos de comercio, justos para agricultores y consumidores, con marcado sentido de solidaridad. Ya tenemos abono para iniciar el cultivo de nuestros huertos de futuro porque existen gran cantidad de experiencias que multiplican estas semillas de esperanza: comunas por la agroecología, cooperativas de huerteras y huerteros, y redes agrícolas en transición agro-ecológica, colectivos de consumo consciente, y una infinidad de ejemplos. Que el alimento vuelva a ser esencia de nuestras humanas existencias, esas que saben del cuidado de la tierra, del agua, de la biodiversidad, del cuerpo y del espíritu, del hacer en común para dignificar nuestros sentires y prácticas, y en última instancia nuestro propio sentido de concebir la densidad política de la vida.

*Publicado en Revista Ardea con el título «Recuperar el alimento»

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/todo-alimento-es-politico/?fbclid=IwAR15TGjt1Nv_9Yk5MaGEBbrmhxHuBy2ZpNKcT8Yci5NxxxjOzPPfGDdClIY

En consecuencia, como Leonardo Rossi sostiene:

“No podemos ya ignorar que la política se ha basado esencialmente en la forma en las que las comunidades humanas se han organizado para reproducir la vida en vínculo con su naturaleza exterior. Esa articulación colectiva, en búsqueda de adaptación a diversas geografías y ciclos naturales, ha tenido en la obtención del alimento y del agua sus más elementales sentidos, aunque ya casi no lo recordemos. La politicidad del alimento y la politicidad de la reproducción de la vida humana en su más literal sentido material son dos aspectos inseparables.

Por tanto, se tornan claves del hacer y, sobre todo, del pensar político, aunque no por casualidad hayan sido borrados de las páginas más difundidas de la teoría política. Re-situarnos allí, tal vez, nos permita desandar caminos, para enfrentar la calamitosa crisis civilizatoria (climática, ecológica, migratoria, política, emocional) que atravesamos y encontrar entonces sí algunas posibles respuestas y propuestas”.

Se han cumplido 25 años de lucha por la «soberanía alimentaria». Es decir, 25 años de una lucha por el derecho de los pueblos a producir y alimentarse de manera sana; por el sostenimiento de sistemas agroecológicos de producción; por más organización y movilización.

Soberanía alimentaria:
25 años defendiendo la vida y los territorios

Por Equipo Feminismo MNCI Somos Tierra

Tierra viva

Desde los territorios los y las campesinas —ellas, en particular, como guardianas y proveedoras de alimento— sostienen el concepto acuñado hace 25 años por La Vía Campesina para enfrentar la crisis alimentaria, ambiental y social desatada por el neoliberalismo reafirmando viejas convicciones: una economía que defienda la vida y produzca alimentos saludables.

La Soberanía Alimentaria surgió en 1996 y, desde entonces, muchas voces, manos y andares la sostuvieron. Lo que nació como un grito se convirtió en horizonte de resistencia y transformación para nuestro movimiento. Camino que se vuelve esperanza. En estos años, resistimos la crisis global, el cambio climático, los desmontes, la violencia, las injusticias. Incansablemente continuamos la lucha del pueblo por la defensa de la vida campesina, que es la base desde la que podemos garantizar el derecho a la alimentación sana y el cuidado de nuestra tierra, nuestros mares, ríos, montes. Defender los derechos y la vida campesina fue lucha del pueblo.

Si la vida campesina no es posible sin la defensa de nuestros territorios, no podemos permitir que la soberanía alimentaria se convierta en un concepto vacío. En ella se nombran 25 años de una lucha por el derecho de los pueblos a producir y alimentarse de manera sana; por el sostenimiento de sistemas agroecológicos de producción; por más organización y movilización.

Las mujeres campesinas, guardianas de los alimentos

La propuesta dela soberanía alimentaria se vuelve entonces estratégica en lo político y decisiva en el reconocimiento de les campesines, especialmente, las mujeres campesinas: guardianas de la tierra, de las semillas y del cuidado de la vida.

Somos 1600 millones de mujeres campesinas en el mundo. Las mujeres campesinas somos quienes aportamos mayoritariamente a la alimentación y a la nutrición de la población mundial, a la biodiversidad y a la preservación de las semillas. En la Argentina —como se denunció en la Campaña Fuera de Registro—, las mujeres somos titulares sólo del 20 por ciento de las explotaciones agropecuarias de menos de 100 hectáreas. En el mundo, sólo el 13 por ciento de las personas que poseen tierra agrícola son mujeres y sólo un diez por ciento accede a un crédito agrario, aunque seamos el 43 por ciento de la fuerza laboral agrícola.

Son las manos de las mujeres campesinas indígenas las que alimentan al pueblo. Pero cuáles son sus historias, cuáles sus voces, cuáles sus memorias. 

“Y tenía como cinco chiquillos que tenía que andar trayendo en caballo aparte. Otro por delante de cada uno…Tenía que ir haciendo el pan de camino. Cuando parábamos dos días, para dar descanso a los animales, hacía pan, tortas fritas para que alcanzara para toda la semana, pero no alcanzaba. Nosotros demorábamos  hasta 15 días, porque no se arreaba todos los días sino que se dejaban descansar los animales uno o dos días. Llegaban a otro lugar, otros dos días para que tomaran bien agua y descansaran los animales. También es que los animales venían tan flacos de la invernadas.”

Se trata de seguir poniendo en discusión el tema de la soberanía alimentaria desde la memoria histórica y las luchas de los pueblos para luego poder contextualizar y comprender el escenario actual. Este escenario político a nivel nacional y latinoamericano tiene una clara inclinación hacia fortalecer el modelo del agronegocio, el poder de las transnacionales y el poder financiero generando exclusión y marginación. 

Desde los movimientos sociales planteamos la soberanía alimentaria como la alternativa a un modelo de destrucción. Nos convoca, nos reúne alrededor de nuestra memoria y de nuestro presente para seguir luchando por el alimento sano para el pueblo, la tierra en manos de quien la trabaja y la preservación de la madre tierra. Es de fundamental importancia en esta lucha la vinculación de la zona rural con la urbana y viceversa.

Hoy vivimos en la urgencia de resolver el conflicto entre el capital y la vida. La economía capitalista está acabando con la vida de las comunidades, con las culturas, con la naturaleza, con las relaciones sociales y con el tiempo para compartir.

“De producción hago todo. Siembro trigo, alfalfa. Yo soy socia del tractor cuando tengo que cortar el pasto, vienen a acarrear el pasto…Yo cosecho todo y no compro nada de verdura: poroto, arveja, zapallo, papa, cebolla. Hasta diciembre tengo todo. Paso el invierno con esa verdura y solo lo que compro es la harina arriba nomás para comer. Este año no sé si siembro trigo si no tengo nadie para ayudar… Me duele dejar esta chacra tirada. Si esta chacra da todo lo que uno siembra… Se puede repartir un cuadro para que tenga pasto para vender.”

Las crisis actuales provocan nuevas preguntas pero reafirman viejas convicciones. La soberanía alimentaria es potencia para seguir pensando y construyendo futuro. Campesinas y campesinos tenemos una misión fundamental de sostener la producción de alimentación saludable. Bandera de lucha y proyecto fundamental para una economía que defienda la vida.

Construir soberanía alimentaria desde cada territorio

En estos años, nuestro movimiento fue haciendo camino hacia la soberanía alimentaria construyendo alianzas para fortalecer proyectos populares en cada uno de nuestros territorios. Nuestros proyectos de comercialización colectivos fortalecen los intercambios; los vínculos campo-ciudad. Fortalecen sistemas de producción agroecológicos con el cuidado de las semillas, nuestra tierra, nuestra agua.

Construimos soberanía alimentaria desde nuestros espacios de formación. Nuestras escuelas, talleres y jornadas siguieron sin pausa, aún en pandemia, buscando fortalecer la participación sobre todo de jóvenes, mujeres en una lucha por las ideas, por la formación política, alimentando el fuego de la lucha.

Nuestros medios de comunicación son voces que buscan nombrar, gritar injusticias y romper silencios caminando junto a lxs que luchan en cada territorio. Soberanía alimentaria es nuestra historia viva, hecha de identidad y memoria, de lucha y futuro.

Soberanía alimentaria somos las mujeres organizadas para defender el territorio. Les jóvenes retornando al campo para seguir produciendo. Organización y sabiduría aprendida de nuestras hermanas, madres, abuelas que nos enseñaron la vida en el campo  y que producimos para la vida.

—¿Cómo ves el futuro? —Y pensar en sembrar nomás, tener los animalitos; vivimos de eso, de los chivitos.

Las voces que aparecen en esta nota pertenecen a compañeras de nuestro movimiento rescatadas de nuestros espacios de formación y de las sistematizaciones de experiencias y de proyectos. Grabadas para guardar su memoria, para abrazar sus saberes, para darle sentido profundo a este andar luchando por la soberanía alimentaria que es luchar por la vida en nuestra tierra y por el pueblo.  

¡No hay futuro sin soberanía alimentaria! ¡Somos tierra para alimentar a los pueblos!


https://agenciatierraviva.com.ar/soberania-alimentaria-25-anos-defendiendo-la-vida-y-los-territorios/

Fuente: https://rebelion.org/soberania-alimentaria-25-anos-defendiendo-la-vida-y-los-territorios/

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