Garante de la acumulación gran capitalista con la impunidad no sólo de ecocidios-genocidios silenciosos sino también de valerse de semiesclavitud, asesinato y desaparición forzada tanto del Estado represor como de las redes de trata.

Las luchas territoriales construyen poder convivencial al comunalizar o sea ir creando la constante armonización entre quienes habitan un lugar geográfico o componen colectivos laborales. Enfrentan, por eso, represión e impunidad capitalista que arraiga en la Doctrina de Seguridad Nacional, a su vez, antecedida por la francesa contra la emancipación de Argelia.

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/
Bloqueo de la lucha de clases/
Alternativas emancipatorias

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

Reflexionemos sobre la democracia vigente desde fines de 1983 que es garante de la acumulación gran capitalista e impunidad de realizarla mediante ecocidios con sus correspondientes genocidios silenciosos, silenciados e invisibilizados. Comprobemos una forma de etnocidio:

«Los wichí toman el agua que rescatan en bidones de glifosato»

24 de febrero de 2020

Mara Puntano, periodista y abogada salteña, contó cómo es la vida de las comunidades wichí en Salta. Las peripecias para tener agua para beber y al abandono estatal que sufren hace tiempo. Puntano habló de genocidio, comparó la situación con la invasión colonizadora y se refirió a la corrupción política. Al momento de la publicación de esta nota, se conoció la muerte de Ayelén Torres, la novena niña wichí que murió en poco tiempo. Era oriunda de Santa María. El hospital más cercano queda a 22 kilómetros.

Por La Retaguardia.

Entrevista: Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero

Texto: Nicolás Rosales

Edición: Fernando Tebele

Mueren niños y niñas por desnutrición en Salta, titularon los medios tradicionales de comunicación. La abogada y periodista Mara Puntano en esta extensa charla, fue más a fondo para entender la realidad de un problema que no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero que necesita soluciones urgentes, que parecen no estar llegando, más allá de algunos anuncios realizados por el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, e incluso algunos empresarios como Marcelo Tinelli, que prometió realizar pozos para extracción de agua, uno de los problemas esenciales de las comunidades.

—La Retaguardia: Lo que pasó ya lo sabemos, pero me gustaría escuchar una primera reflexión tuya y cómo ves que lo vive el resto de la sociedad.

—Mara Puntano: Lo que está pasando es la manifestación de la perversidad de un sistema. Lamentablemente Salta tiene una historia en donde sigue siendo como hace 500 años con la conquista. A partir de ahí se comienza con el plan de extinción de las poblaciones indígenas, y las mismas lamentablemente han buscado las formas de resistencia. Digo esto, porque no han podido en 500 años acabar con ellas. Hay una diversidad. Salta es la provincia argentina con más diversidad etnológica: hay 14 etnias diferentes, formas de hablar, de manifestarse, de luchar. Diferentes silencios y diferentes estrategias para sobrevivir. Evidentemente, este sistema y esta conquista no ha terminado, y Salta sigue siendo una familia feudal en donde esas familias que vinieron de España con la espada y con la cruz siguen gobernando y están en absolutamente todos los lugares de poder. Es por eso que se produce este genocidio específicamente contra alguna de las etnias que son más pacíficas, esa es la característica del pueblo wichí.

—LR: Para quienes no conocen la situación allí en el territorio wichí el desmonte ha avanzado de manera desmedida, como en todo el país, y eso les ha cambiado el modo de vida también.

—MP: Sí, el pueblo wichí naturalmente es nómade, se traslada y vive de la naturaleza, de la Madre tierra, de la pesca, de la caza y de la recolección de frutos.  Entonces, estas políticas que aplican estos gobiernos corruptos —nacional y provincial— entregando, saqueando, terminan expulsando a las comunidades de sus territorios ancestrales, porque hay que decir que el pueblo wichí tiene más de mil comunidades. Muy pocas de ellas tiene personería jurídica, la mayoría no, y son así, la característica es ser nómade. Se trasladan de acuerdo adonde hay alimento, pero con esto han sido cercados por campos de soja en donde se han desmontado todos sus árboles, fundamentalmente ell algarrobo, que es un alimento que da mucha saciedad y tiene muchas propiedades para nutrir a los niños y  los grandes. Su madera sirve para hacer artesanías, muebles, el pueblo wichí es un trabajador excelente de la madera. También con el monocultivo de la soja se les quitó la posibilidad de comer de sus árboles y de trabajar de su madera. Además,  los persigue la policía fluvial cuando van a pescar, o sea los echan de sus ríos. Los wichí se manejan entre los ríos Bermejo y Pilcomayo, parte del límite con Bolivia. Precisamente en esa zona están cercados por los empresarios sojeros y petroleros que aplican el fracking y contaminan las aguas. Aparte, en las empresas petroleras hay cuerpos parapoliciales y en cualquier protesta es criminalizado el aborigen que muchas veces no hablan castellano y por lo tanto no tienen ni acceso a comunicarse en la justicia. Quedan presos sin causa alguna. Tampoco tienen acceso a la salud pública las mujeres, porque a pesar de que tiene que haber leyes que interpreten, no hay un programa que se implemente adonde haya un intérprete bilingüe tanto en la justicia, la educación y la salud. No se cumple con la legislación.

Esto provoca hambre, y la muerte de los más vulnerables. Por eso decimos que es un etnocidio, un genocidio, y no es de ahora. Salta es tan feudal, que la mayor parte de la población naturaliza estas cosas, a tal punto que en la Cámara de diputados se aprobó, a libro cerrado y en tratamiento exprés,  un proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo a través del Gobernador (Gustavo) Sáenz. En vez de llamar y abrir las sesiones legislativas para declarar la emergencia socioalimentaria para ayudar a las comunidades indígenas, se presentó un proyecto de elevar el número de miembros de la Corte de Justicia, precisamente para poner a medida en estos cargos al hermano del ex Gobernador Juan Manuel Urtubey, que es Rodolfo, legislador nacional, quien estaba a cargo del fondo de reparación histórica. Es decir, quien era el responsable de hacer las obras de agua potable para las comunidades que no se hicieron. Y también decimos que ese proyecto es para garantizar la responsabilidad de los responsables de este genocidio, que son: Urtubey, quien recibió millones de parte de la Nación para terminar con la desnutrición y no lo hizo porque siguen pasando todas estas muertes. Hay 32 niñitos internados, pero hay más de 2000 niños en grave riesgo de muerte y este fondo de reparación histórica en manos del hermano, que ahora va a ser Ministro de la Corte de Justicia, dentro de poquito, porque ese proyecto pasa a la Cámara de senadores e inmediatamente aprobado como por un tubo como, es decir todo cierra para que no pase nada.

—LR: Desde el gobierno nacional se anunciaron algunas medidas, Arroyo iba a viajar y adelantó su viaje ¿se ve alguna acción concreta?

—MP: No. Reconozco que hay alguna buena voluntad de los funcionarios nacionales, pero son políticas aplicadas desde un sillón en Capital Federal sin tener en cuenta la realidad del interior: estamos hablando de Rivadavia Banda Norte, Departamento de San Martín, Orán, poblaciones donde la casa de la gente es un ranchito con cuatro palos cubiertos de plástico, un nylon, y arriba igual, duermen en el suelo.

Mara Puntano se quiebra a esta altura de la charla. Su voz se pierde de a poco hasta que la angustia le impide seguir. Sin embargo, respira profundamente y sigue, porque sabe que es necesario levantar la voz y denunciar. “Vuelvo a decir, se quedaron sin lo mínimo que ellos necesitaban que son los árboles, el agua del río y los pescados. O sea, que le entreguen una tarjeta para que vayan a comprar alimentos significa primero que no hay negocios para comprar, tienen que trasladarse muchos kilómetros y sigue la misma esclavitud: porque es el legislador, el concejal corrupto que tiene el supermercado y le agarra todo ese monto a cambio de un paquete de harina o cosas así, se abusan de esa población. Por más que sea buena la intención, no suple.

Acá lo que se necesita son cosas de fondo. Tiene que haber una política nacional y provincial que vea las cosas, que agarre el toro por las astas. Acá el tema es la tierra y el respeto a los pueblos originarios, que se les entreguen las tierras y que se les respete el derecho a la libre autodeterminación. Que tengan control de sus recursos naturales, por lo tanto control de sus ríos, de sus aguas, de su tierra. Que puedan vivir de lo que ellos saben hacer y que se respete su cultura. No son invitados a nada, si no seguimos con esto que es una política planificada de genocidio. Exactamente como hicieron en la Campaña del desierto, nada más que esto es moderno, porque no se aplica ni un tiro, no se gasta una bala, pero se los deja morir de hambre y de sed, se los deja morir por abandono del Estado. Les tiran agrotóxicos, toman el agua que pueden rescatar de los bidones de glifosato. En la Puna la megaminería ya se está aplicando y hay ciento veinte proyectos más de litio. Se contamina con cianuro la poca agua que existe y encima se comercializa la poca agua que queda. Esto es vulneración de los derechos humanos, y si no vamos al fondo del asunto, no hay solución. Se mueren los niños, y si no hay niños no hay futuro.

Al cierre de la entrevista, Mara describió un proyecto esperanzador. “Dentro de esta tragedia salen soluciones de los más excluidos, vulnerables, de los más despreciados: la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, que son quienes reparten el agua como pueden a las comunidades, porque también ellos están sin agua, y que tienen diversidad de proyectos para defender la vida, huertas orgánicas, criaderos de animalitos, fábricas de ladrillos para construir su propia vivienda. Porque el Estado los abandona totalmente. Ellos son los que llevan a las comunidades más cercanas unos tanques de agua. Han presentado un proyecto a la Nación ahora que ha venido toda una delegación para que les permitan hacer los pozos de agua de Rivadavia Banda Norte y en las comunidades wichi en Departamento San Martín y Orán. En donde se pueden hacer los pozos de agua, porque como hay fracking y contaminación hay que ver las napas de donde se puede hacer. Y en donde esté contaminado, ellos han presentado otro proyecto de construcción de viviendas con captación de aguas pluviales para que así haya agüita pura y no se mueran más los chicos. Todavía no se lo han aprobado.

Escuchar: La dramática situación de los y las wichí en Salta

Fuente: https://www.anred.org/2020/02/24/los-wichi-toman-el-agua-que-rescatan-en-bidones-de-glifosato/

Destaquemos porqué la nacionalización del control sobre la agroexportación y la centralidad en el antiimperialismo no son salidas emancipatorias, además de ser ilusas.  En efecto:

Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios , N ° 17, 2 º semestre 2 0 0 2 .

Empresas agroexportadoras y
estrategias globales
en el sistema agroalimentario de fruta fresca*

Mónica Bendini y Norma Steimbreger

(…) Para enriquecer el conocimiento tanto de los cambios en las relaciones sociales al interior de la cadena como de las redes y flujos de capital y de productos que se fueron estableciendo en el sistema de fruta fresca, resulta pertinente incorporar la perspectiva de “historia de empresa” en el análisis de los procesos singulares de emergencia, crecimiento, expansión y transformación empresarial.

El abordaje privilegia el análisis microsocial y considera a la empresa como un proceso de construcción social, en tanto implica por un lado, continuidades y rupturas en la organización empresarial; y, p o r el otro, configuraciones históricas tanto a nivel intersectorial como territorial. (Radonich et al, 2000).

E n la Argentina, al igual que en los ámbitos rurales latinoamericanos se están experimentando “cambios acelerados que se caracterizan po r la intensificación del dominio del capital multinacional sobre el agro expresado en la difusión de diversas formas de flexibilización laboral, del aumen to de la pluriactividad y de la profundización de la articulación subordinada de los productores a las cadenas agroalimentarias en las que predominan los controles externos y las decisiones provenientes de las grandes empresas transnacionales, del deterioro /expulsión de los productores familiares, de la reconfiguración territorial y la redefinición de los actores sociales a escala local, entre otros”. (Bendini y Tsakoum agkos, 2001:1)

Competitividad y estrategias empresariales en el sistema agroalimentario argentino

Históricamente, el desarrollo económico de Argentina está relacionado al sector agrario. Desde mediados del siglo diecinueve hasta la década del treinta, Argentina se inserta en el mercado mundial como producto r y ex p o rtad o r de bienes agro pecuarios, p rincipalm ente granos y carnes, sobre la base de las ventajas “naturales” de la región pampeana. Hacia mediados del siglo veinte y en el marco del modelo económIco basado en el fortalecimiento del mercado interno, el sector agrario argentino se inserta, por un lado, como proveedor de materias primas baratas a la industria alimentaria y de alimentos baratos para
mantener salarios reales altos y bajos costos de reproducción de la fuerza de trabajo.

Por otro, como exportador de productos agropecuarios para obtener divisas que permitan importar bienes intermedios y de capital requeridos por el nuevo proceso de industrialización (Teubal, 1995). Ante el agotamiento de ese patró n de industrialización sustitutiva de im portaciones en la década del setenta,
comienzan a implementarse políticas de liberalización de la economía y de
apertura externa. En los años posteriores de reestructuración productiva, de
cambios en la orientación de las políticas agrarias, se van gestando lentamente primero y aceleradamente a partir de los noventa, importantes transformaciones en el sistem a agro alim entario argentino que afectan a las cadenas de valor agrícolas tradicionales pam p ean as co m o las de las regiones
extrapampeanas, entre las que se destacan, por su dinamismo, las cadenas de frutas y hortalizas.

En un contexto nacional fuertemente condicionado por el endeudamiento externo, el estancamiento productivo, la caída del consumo interno y las dificultades presupuestarias, el sistema agroalimentario recupera un lugar central en los programas de corto plazo debido a su capacidad de aumentar los ingresos externos por medio de las exportaciones (Gutman y Gatto, 1990). El crecimiento relativo de la producción se concentra en las medianas y grandes explotaciones empresariales de la región pampeana y de determinados enclaves agrícolas extrapampeanos.

Esta reestructuración que adopta, en las regiones frutihortícolas, la forma de cambios tecnológicos y a escala, compromete la inclusión de los pequeños
productores quienes quedan vulnerablemente subordinados a los eslabones industriales y comerciales. Durante los años noventa, las exportaciones agro alimentarias argentinas tienen un incremento significativo, situación que convierte al sector agroexportador en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.

El crecimiento internacional de la demanda de los productos agrícolas con valor agregado m arca el camino para una exportación cada vez m ás diversificada y sofisticada gen eran d o una diferenciación entre regiones
productoras. En la producción de frutas y hortalizas frescas para la exportación, este cambio implica un conjunto de actividades de postcosecha: co n tro l de calidad, clasificación, acondicionamiento, enfriado y empaque, que da características de proceso industrial a estas actividades. Por otra parte, la
demanda de productos frescos de mayor calidad y presentación, con menor
contenido de agroquímicos, aumenta las exigencias de los países importadores sobre la sanidad y estética de los productos vegetales. (…)

En el estudio de la empresa “global” parece esencial el análisis de tres
dimensiones: el concepto de estrategia competitiva en tanto adopción progresiva pero acelerada de una visión más amplia de la demanda y de la
competencia apoyada sobre un enfoque más global de la diversidad de actores sociales y de situaciones locales; el punto de vista de la organización y gestión interna que se relaciona con u n a aprehensión más amplia de los recursos internos y externos disponibles que se formula a menudo en términos de
patrimonio, de competencias y /o de tecnologías; la dim eiisió n geo g rá fica que se traduce en formas diversas de territorialidad de las empresas (concentración privilegiada/ descentralización, redes extendidas/regionalización de las em presas a diversas escalas). (Veltz, 1999; Méndez, 1997)

Génesis d e la Empresa y asociación con capitales alemanes para la
comercialización .

L a empresa Expofrut se funda en 1971 por el empresario Hugo Sánchez, quien por esos años incursiona en el negocio agrícola con la venta de tractores y maquinaria en general. Inmediatamente toma contacto con el empresario alemán Ernest Volker Ohlsem , que arriba a la Argentina con la intención de comprar fruta fresca para abastecer directamente a los supermercados
europeos. Es importante destacar que la década del setenta es un momento en que el consum o de frutas y hortalizas frescas a nivel mundial se incrementa
notablemente. Con el fin de satisfacer la demanda alemana de productos de contraestación, el empresario Sánchez convoca a productores frutícolas,
empacadores y propietarios de frigoríficos. A partir de esta unión comercial con capitales alemanes surge la firma E xpofrut S.A., que comienza exportando
manzanas con la m arca C E P E (C ooperativa de Empacadores, Pro d u cto res y E xportadores).

Si bien en un primer momento , la Empresa inicia sus actividades comerciales con la exportación de manzanas, posteriormente se produce una diversificación de la oferta hacia otros productos como pera, uva de m esa, cítricos, cebolla y ajo. A mediados de los años setenta, la Empresa ya es propietaria de tierras y las exportaciones anuales crecen del cinco al diez p o r ciento. (Eurofruit, July 1991). E n 1976, se ubica entre los primeros exportadores de la región y en 1981 ya ocupa el segundo lugar en el ranking de exportadores de manzanas, después de la empresa PAIS.A. y el tercer lugar como firma exportadora de peras y m anzanas. Para 1984, sus exportaciones habían alcanzado un m illón de cajas. (Eurofruit, July 1991). L a adquisición de tierras para la producción le permite no sólo aumentar la oferta comercializable conformada hasta ese
momento p o r fruta proveniente de productores bajo modalidades
contractuales diversas, sino además ampliar su presencia productiva territorial, fortaleciendo su p o d e r de negociación en tanto formadora de precios en el mercado regional.

Así, la empresa E xpofrut se constituye como una firma exportadora de frutas frescas a E u ro p a con una visión innovadora en la p roducción y
comercialización que le p ermite dar un salto cualitativo y pasar a ju g ar con los grandes “players” del negocio de la fruta (La Nación O n Line, 3 /1 /1 9 9 9 ). Su estrategia se basa, en primer lugar, en el abastecimiento directo a sus
mercado s y el desarrollo de una red comercial desde el productor a la góndola. C am bio importante y novedoso para esos años cuando la tendencia de comercialización de productos frescos estaba vinculada con los circuitos tradicionales de remates públicos, como el de la ciudad holandesa de
Rotterdam .

En segundo lugar, Expofrut procura adaptarse a los requerimientos de los consumidores, en una época en que el negocio de la fruta estaba constituido principalmente por empresas familiares que primero elegían qué producir de acuerdo a sus necesidades y luego trataban de colocar sus productos en el
mercado.

L a estrategia productiva y comercial de Expofrut desarrollada mediante la alianza que establece con el capital alemán, le p erm ite posicionarse en el
mercado mundial de frutas frescas como una empresa no familiar que diversifica su p ro d ucción en función de la demanda hasta convertirse en la prim era co m p añ ía del país en ofrecer una canasta frutihortícola variada.

Desarrollo empresarial: E xpansión c omercial mediante alianza
con e l G r u p o B o c c h i

A partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, la red de
supermercados Rewe decide que la cadena de distribución Bocchi se
encargue de la venta de fruta argentina en toda Europa. Este acuerdo
comercial m arca u n a nueva etapa para la Empresa que comienza a
incrementa r sus ventas en E u ro p a y a abso rb er u n a p arte im p o rtan te de la p ro d u cció n regional.

Así, en el año 1987 queda establecida la segunda alianza comercial de Expofrut con la “traiding” italiana B occhi G roup, principal comercializadora y distribuidora de frutas y hortalizas en E uropa. El G ru p o adquiere el 47 % de las acciones de la E m presa y a través de esta nueva asociación se p ro d u ce un imp o rtan te cam bio productivo: comienza a dedicarse a la producción primaria po rq u e no logra el abastecim iento de fruta con la calidad y las variedades que le exige el m ercado europeo. La participación de Bocchi, le
permite a Expofrut ampliar no sólo la línea principal de productos incluyendo
u n a mayor variedad, sino también el volumen de ventas al proveer a otras
importantes cadenas de superm ercados com o Spar, M etro, Tergut, Billa, Interm arch é, adem ás de Revve. Más de cinco m illones de cajas son exportadas en 1990 (Eurofm it, July 1991).

In te g r a c ió n y e x p a n s ió n territorial productiva , en gran escala y
hacia n u e v a s á re a s. A partir de 1990 se observan cambios sustantivos en el comportamiento territorial del capital agroindustrial.

Al igual que otras grandes empresas del tradicional Alto Valle, Expofrut inicia la expansión productiva al Valle Medio del río Negro mediante la adquisición de grandes extensiones de tierra con el propósito de desarrollar su propia producción, en gran escala y de acuerdo a los requerimientos varietales del
mercado internacional. En un primer momento , la Firma incorpora a la nueva asociación un campo de cincuenta hectáreas con riego sistematizado, localizado en la localidad de Chimpay (emprendimiento Chimpay I);
posteriormente y en la misma localidad, la Empresa adquiere un campo de 700 ha. (…)

Fuente: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/riea/riea_v17_n1_02.pdf

Prosigamos con Expofrut teniendo en cuenta su funcionamiento por: “Concentración empresarial, valor agregado en la distribución y competitividad en los precios a base de intensificar la explotación laboral y el uso extractivo de los recursos son los ingredientes que conforman los mercados mundiales de alimentos, en manos de unas pocas empresas«.

De Río Negro a Almería: la desaparición de Daniel Solano y
las cadenas globales de la agroindustria

26 de agosto de 2018

Concentración empresarial, valor agregado en la distribución y competitividad en los precios a base de intensificar la explotación laboral y el uso extractivo de los recursos son los ingredientes que conforman los mercados mundiales de alimentos, en manos de unas pocas empresas.

Por Helios Escalante

Daniel Solano era un joven guaraní procedente de la comunidad Cherenga de Salta, provincia del norte de Argentina. En noviembre de 2011 viajó, junto a otras 20 personas de su zona, a la zona del Alto Valle en la provincia de Río Negro, a trabajar en la cosecha de peras y manzanas. Se trata de una migración habitual por parte de los jornaleros procedentes de las zonas más pobres de Argentina, a quienes se conoce como “golondrinas” y que son, en su mayoría, indígenas. Durante la temporada de la fruta pasan meses hacinados en barracones, con jornadas laborales de 10 o 12 horas.

Daniel y sus compañeros comenzaron a trabajar para la empresa Expofrut, una de las más grandes de la zona, a través de otra empresa intermediaria, Agrocosecha. La primera paga fue menos de la mitad del dinero acordado, una práctica fraudulenta habitual y fuente de importantes beneficios para las empresas intermediarias. La mayoría prefirió no decir nada, muchos ni siquiera podían estar seguros de haber sido estafados por la forma poco clara en que se llevan a cabo los acuerdos. Pero Daniel sí se presentó en las oficinas de la empresa a reclamar el dinero que se le debía. Habló con sus compañeros y comenzó a organizar una huelga de protesta para dos días después. Esa misma noche salió con varios compañeros a una discoteca de la localidad de Choele Choel. Sobre las 3 de la mañana, un grupo de policías lo sacó del local a la fuerza, según diversos testigos. No se volvió a saber nada de él.

Siete años después, y tras una larga lucha encabezada por su padre, el 5 de agosto de 2018 siete policías eran condenados a cadena perpetua por “homicidio agravado”, tras demostrarse su responsabilidad en la muerte y desaparición de Daniel. El caso de Daniel Solano y los demás “golondrinas” asesinados por reclamar sus derechos pone al descubierto una red de explotación y encubrimiento alrededor de la compañía Expofrut en la que participan empresarios, políticos, sindicalistas y policías; pero sobre todo es una muestra de cómo las cadenas agroalimentarias de valor que operan a escala mundial basan su competitividad en la explotación intensiva de la fuerza de trabajo y los recursos naturales en los diferentes territorios.

Las tramas de explotación y los otros desaparecidos

Pocos días de después de la desaparición de Daniel, su padre Gualberto Solano se desplazó desde Salta a Choele Choel para tratar de localizarlo. La empresa le facilitó un abogado, que trató de convencerlo, recurriendo incluso a falsos testigos, de que Daniel se había ido voluntariamente. Con la ayuda de otros abogados —Sergio Heredia y Leonardo Aparicio, próximos a la comunidad guaraní de la que procedían—, lograron no solo reconstruir lo sucedido la noche de la desaparición, sino desentrañar el procedimiento de estafa a los trabajadores inmigrantes y la red que la sostenía, identificando a más de 30 personas, entre ellas los siete policías condenados. Comenzó un largo proceso judicial y de movilización social, simbolizado en la acampada que Gualberto Solano y los abogados mantuvieron durante más de seis años en la plaza de Choele Choel. Gualberto murió en abril de 2018, con la satisfacción de ver sentados en el banquillo de los acusados a los asesinos de su hijo, pero sin haber llegado a oír la sentencia condenatoria.

En el transcurso de la investigación salieron a la luz más desapariciones de trabajadores en la zona. Algunos han sido claramente identificados, como Hector Villagrán, compañero de Daniel en Agrocosecha y natural de Jujuy, desaparecido un mes después que él; Pedro Cabañas Cuba, paraguayo que trabajaba para uno de los falsos testigos de la desaparición de Daniel, y cuyo cadáver apareció en una finca propiedad de uno de los policías condenados, o Umberto Cullevay, otro jornalero, cuyo cadáver apareció en un río. Hay otros cuyos nombres y procedencias se desconocen. Pero lo que ha quedado claro es que la desaparición de Daniel Solano no es un hecho excepcional y aislado, sino que el asesinato de jornaleros es la expresión más extrema de una serie de procedimientos de trata para la explotación laboral en el sector de la fruta de Río Negro.

Este modus operandi no solo tiene paralelismos con el de las redes de trata para la prostitución (captación de personas en provincias pobres bajo ofertas engañosas, retención y hacinamiento, amenazas y violencia…), sino que ambos están conectados por múltiples vías. En el caso de Daniel Solano se ha podido demostrar, por ejemplo, que Paulino Rivera, patrón de Pedro Cabañas y uno de los testigos que declararon en un primer momento para desviar la atención de la desaparición de Daniel, es además responsable de la prostitución de mujeres paraguayas en Choele Choel y Lamarque.

El poder de Expofrut

La provincia de Río Negro es la principal zona productora de fruta de pepita (manzana y pera) de Argentina. Forma parte de las llamadas “economías regionales extrapampeanas”, desarrolladas en los años treinta a partir de una serie de especializaciones productivas en las distintas provincias periféricas (arándanos y cítricos en Entre Ríos, ajo en Mendoza, tabaco en Salta y Jujuy, yerba mate en Misiones y Corrientes, aceitunas en Catamarca y La Rioja…) con el objetivo de diversificar la producción agroganadera argentina. En esta zona se fundó Expofrut SA en 1971, que fue creciendo en el sector de la manzana al controlar no solamente la producción sino también el envasado y la distribución. A mediados de los años 80 comienza su relación con el grupo italiano Bocchi, que le abre las puertas de los mercados europeos y que en 1993 adquirió la totalidad de sus acciones, pasando Expofrut a ser su filial argentina. A su vez, en 2006, el holding belga Univeg, con presencia en cuatro continentes, adquirió la totalidad del grupo Bocchi. Puede establecerse de esta forma la línea que va desde los campos de peras y manzanas de la Patagonia, donde los temporeros trabajan para Expofrut con la intermediación de Agrocosecha, hasta los mercados europeos controlados por grandes empresas distribuidoras como Univeg. Es este control del acceso a los mercados globales, junto al alto grado de explotación al que somete a sus trabajadores, lo que ha permitido a Expofrut y otras pocas empresas conseguir una posición hegemónica en una economía regional dependiente de la exportación internacional.

Un dato que permite comprender la influencia de Expofrut y su vinculación con el poder político es el nombramiento a finales de 2017 de su director, Fernando Oris de Roa, como embajador argentino en Estados Unidos. Esta decisión se enmarca en la política del presidente Mauricio Macri de situar a destacadas figuras empresariales en cargos de responsabilidad política (es el caso de casi todos sus ministros), lo que algunos autores han denominado la “CEOcracia argentina”. Oris de Roa no es el único empresario vinculado con la trata de personas para explotación laboral que ha sido premiado por Macri. El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, fue imputado por prácticas esclavistas, y el actual embajador en España, Ramón Puerta, también lo estuvo por trata de personas y explotación infantil en sus plantaciones de mate en Misiones. Se trata, por tanto, del espaldarazo político a un modelo de explotación laboral intensiva en las zonas rurales.

De Río Negro a Almería

Tal como explica el economista sevillano Manuel Delgado Cabeza, a partir de los años 80 «los procesos de producción, distribución y consumo alimentario se integran por encima de las fronteras estatales; de modo que las formas de gestión de las organizaciones empresariales que modulan la dinámica del sector contemplan ahora el acceso, tanto a los recursos como a los mercados, a escala mundial (global)».

El caso de Expofrut ilustra a la perfección este proceso de globalización de la industria agroalimentaria. El entrelazamiento de capitales y mercancías vinculan a la empresa argentina con los cultivos de invernaderos en Almería por su relación con el Grupo Bocchi, primero, y con Univeg, después.

Bocchi llegó a Almería a principios de los 80 y, al igual que en Río Negro, facilitó la exportación de productos hortofrutícolas a los mercados europeos en el momento álgido de la expansión de los cultivos bajo plástico, llegando a convertirse en el mayor importador de productos almerienses.

Por otra parte, en la primera década de este siglo, el grupo Univeg acabó adquiriendo el 50% del capital de diversas empresas almerienses de comercialización de productos hortofrutícolas, integradas en el grupo YES. La compra del grupo Bocchi por parte de Univeg en 2006 no hizo sino multiplicar la presencia del operador italiano en el poniente almeriense, en el marco de una estrategia de integración vertical (que posteriormente dio otro paso más al fusionarse con otras empresas dentro de la multinacional Greenyard) y de firma de acuerdos laterales con Bayer y Syngenta. Resulta significativo comprobar cómo, por encima de estos vínculos empresariales, la figura paternalista del fundador y líder del grupo, Nino Bocchi, tuvo una presencia similar en territorios tan distantes como la Patagonia y Almería, como muestran las necrológicas aparecidas tras su muerte en 2008 en periódicos locales de ambas zonas.

Concentración empresarial, valor agregado en la distribución y competitividad en los precios a base de intensificar la explotación laboral y el uso extractivo de los recursos (agua, suelo, energía). Estos son los ingredientes que conforman los mercados mundiales de alimentos en manos de unas pocas empresas reproduciendo las mismas dinámicas de especialización exportadora en los distintos territorios. La violencia empleada contra los jornaleros del Alto Valle de Río Negro no es por tanto una particularidad regional, ni una excepción. Los asesinatos de Daniel Solano, Pedro Cabañas o Héctor Villagrán responden a la misma lógica que el de Soumaila Sacko en Calabria, en junio de este año, o que la violencia sexual contra las jornaleras de la fresa, también inmigrantes, en Huelva: son intentos de disciplinar la fuerza de trabajo agraria para imponerle condiciones que hagan competitiva la participación en los mercados globales.

El Salto

Fuente: https://www.anred.org/2018/08/26/de-rio-negro-a-almeria-la-desaparicion-de-daniel-solano-y-las-cadenas-globales-de-la-agroindustriaconcentracion-empresarial-valor-agregado-en-la-distribucion-y-competitividad-en-los-precios-a-base-d/

Comprobamos cómo se fue reestructurando la Argentina vigente o cómo se dio y da la “reorganización nacional” según la dictadura genocida de la comunidad de negocios entre capitales y estados imperialistas con los locales. Ahora veamos, al igual que el Plan Cóndor o la IIRSA y el Proyecto Mesoamérica, el Estado represor-narcotraficante (en vez del Estado de derecho) se afianza continentalmente para viabilizar al capitalismo cuyo avance político económico es, en esencia, mediante extractivismos.

 Daniel Solano y los 43

9 de octubre de 2019

México es un país que está siendo diezmado por los gobiernos, por el narcotráfico y una descomposición social generada, gestada, cuidadosamente planificada. Las guerras y los conflictos han atravesado profundamente la historia de este país en el que coexisten cientos de pueblos indígenas que resistieron a la conquista española. Un país cuyo pueblo protagonizó una revolución social y luchas por cambios profundos en los 60′, que derivaron en masacres como la de 1968. Es emblemática la lucha de Ayotzinapa como emblemática es la causa de Daniel Solano en Argentina. Ambas luchas pusieron a la luz cómo operan los entramados mafiosos, que evidenciaron la forma en que la policía y las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y las autoridades gubernamentales están lejos, muy lejos, de resguardar nuestra vida y dignidad.

 Por Jessica Visotsky, para ANRed.

Ayotzinapa es la lucha emblemática por los desaparecidos en el presente. Son 43 estudiantes de magisterio de las escuelas normales rurales, de tradición socialista, con una gran inserción social. Estos estudiantes están desaparecidos desde el 26 de setiembre de 2014 y se desconocen los motivos, se desconocen los autores, las responsabilidades. Solo el cuerpo de uno de ellos ha aparecido en un río. Se suceden los gobiernos, uno tras otro y nada… Nada de nada se sabe. Nada se ha investigado. Es una lucha emblemática porque en ese lugar la pusieron sus padres, compañeros y compañeras.

Ayotzinapa son 43 de miles. Se habla de 45 mil desaparecidos y desaparecidas desde 2006 hasta el presente y unos 200 mil asesinatos. Son las madres y padres los que hacen la tarea de buscar en México y hay personas que trabajan ya de ayudar en las búsquedas de personas desaparecidas. Madres y padres se traspasan este saber.

Es emblemática la lucha de Ayotzinapa como emblemática es la causa de Daniel Solano en Argentina. Ambas luchas pusieron a la luz cómo operan los entramados mafiosos que existen y evidenciaron la forma en que la policía y las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y las autoridades gubernamentales están lejos, muy lejos, de resguardar nuestra vida y dignidad.

Daniel fue uno, pero son muchos, es Andrés Cuyebay, es Héctor Villagrán, es Sergio Avalos, es Carlos Painevil, es Otoño Uriarte, y todos los cientos desde 1983 por poner una fecha, el supuesto “retorno a la democracia” en nuestro país. Cientos que no están y la metodología fue desaparecerlos. Es también el asesinato de Pedro Cabañas Cuba, pero son otros miles de asesinatos laborales, de muertes por trabajar en esto que se presume democracia, el de mujeres asesinadas también en el marco de la trata y explotación sexual que no conocemos su número, como muertas en femicidios.

Escuchar a una madre diciendo “no nos dejen solos”, y escuchar y ver a esas decenas de jóvenes estudiantes de las normales rurales, valientes, valerosos, gritar con firmeza VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS, y gritarlo una y otra vez, estremece todos los sentidos.

Llevamos la voz y la historia de Daniel a esos padres y a esos compañeros. La llevamos como se llevaban las historias de los desaparecidos en dictadura, boca a boca, contando que en nuestro país también esta democracia está lejos de serlo.

Daniel era guaraní, y los 43 también eran jóvenes de diferentes pueblos indígenas.

México es un país dolorido y que está sufriendo, pero es un país de experiencias esperanzadoras. Hay experiencias de autonomías indígenas que no quieren el llamado desarrollo y progreso, que quieren que los dejen vivir, desarrollarse en sus propios territorios y no tener que migrar. Son pueblos que han resistido y siguen resistiendo y no creen en los falsos dioses que el progreso les ofrece. Hay también experiencias de mujeres que están levantándose contra la violencia machista y una sinnúmero y esperanzadora cantidad de luchas mayores o menores y construcciones del día a día que le están arrebatando al capitalismo los sentidos.

En Argentina y en México y en América toda necesitamos hacer nacer una sociedad otra.

Fuente: https://www.anred.org/2019/10/09/daniel-solano-y-los-43/

En consecuencia, el capitalismo avanza hacia maximizar la concentración y transnacionalización económica territorial. Genera, al mismo tiempo, la acelerada desaparición forzada de comunidades campesinas e indígenas.

Conviene que recordemos a Cristina Fernández como presidenta en Nueva York durante el Consejo de las Américas de junio 2012. Se ufanó que Monsanto decidiese establecer su planta acopiadora de semillas transgénicas más grande del mundo en el barrio cordobés Malvinas Argentinas. Fue en simultáneo al golpe de estado a Fernando Luro bajo influencia de ese oligopolio estadounidense. No sólo ignoró al Monsanto del agente naranja contra la vida en Vietnam sino sobre todo significados e implicancias gravísimas del sistema de soja transgénica-agrotóxicos. Claro, implantó el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 que hizo a la gran expansión de los monocultivos transgénicos en nexo indisoluble con la intensificación de venenos mortales o incapacitantes para toda vida y cuyo paradigma es la soja transgénica. Hoy el gobierno de los Fernández lo continúan como versión digitalizada en el Plan 2020-2030 que fue presentado al Congreso directamente por el llamado poder real que lo es por la vigente democracia contrainsurgente y fue acompañado, en forma desembozada, por el Poder Ejecutivo Nacional bipersonal.

Situémonos en el terrorismo de estado del Paraguay post golpe de estado que asesinó-torturó niñas argentinas, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, hace un año e hizo a la desaparición forzada de Lichita Villalba, el 30 de noviembre de 2020. Recordemos también:

12 años de impunidad, los Seis Campesinos continúan privados de su libertad

 2 MAYO, 2018

Por Cecilia Rodríguez

(…) En abril de 2006 los dirigentes campesinos paraguayos Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera concurrieron a la Argentina a solicitar asilo político. Ellos eran algunos de los mas de veinte militantes políticos y sociales que fueron acusados por la Fiscalía Antisecuestro de ser parte del secuestro de Cecilia Cubas, miembro de una prominente familia empresaria e hija del ex presidente Raúl Cubas Grau.  Esta detención se convirtió en una inmensa operación política que aunó la demonización de sectores populares con el reajuste de políticas represivas internas y el alineamiento del Paraguay en los planes imperiales de control territorial del Cono Sur. (…)

Plan Colombia en Paraguay

Asimismo, ya en el año 2001 se había firmado como parte de la cooperación militar internacional en el marco de los planes estratégicos norteamericanos un convenio de cooperación entre Paraguay y Colombia que implicaban asesoramiento por parte de expertos colombianos a tropas paraguayas en tareas de contrainsurgencia.

El caso Cubas fue la pantalla que se utilizó para aplicar en territorio paraguayo el esquema de militarización del Cono Sur ya coordinado entre EE. UU. Y el gobierno colombiano, de la mano de la excusa de una supuesta incursión de la guerrilla de las FARC en Paraguay. (…)

Los seis dirigentes buscaron refugio político en Argentina. Confiaban en la larga tradición de refugio político que caracterizaba a Argentina, más allá del signo político del gobierno de turno. Pero además el gobierno argentino, encabezado en aquél entonces por Néstor Kirchner, se autoproclamaba como “el gobierno de los derechos humanos”.

Sin embargo. pronto se encontrarían con la evidencia, encarcelados apenas se presentaron a continuar el trámite de refugio, de que el inmenso armado político que se escondía detrás del caso Cubas trascendía las fronteras paraguayas y contaba con sus propios operadores en Argentina como el entonces ministro de Interior Aníbal Fernández que trabajaron junto a la querella y a Juan Carlos Blumberg por el denegamiento del refugio político y la concesión de la extradición.(…)

Advirtamos que, como en Argentina y el Abya Yala entero, el sistema mundo capitalista y sus locales expropia a campesinos e indígenas, los expulsa y avasalla todos sus derechos.

Paraguay: silencioso etnocidio
del pueblo guaraní

15 noviembre 2021

Bernardo Coronel

Los pueblos de la nación guaraní están sufriendo un lento y sostenido etnocidio en Paraguay, como consecuencia de la agresiva invasión de sus territorios por el agronegocio.

Desde la introducción del modelo agroexportador, desde fines del siglo pasado, los indígenas y campesinos fueron perdiendo centenares de miles de hectáreas de tierras, por la vía de desalojos ordenados por la justicia. Las expulsiones se hacen a través de esquemas montados desde el poder, fraguando títulos, en el que están comprometidos políticos, fiscales y jueces.

Millones de hectáreas que antiguamente pertenecían a los indígenas hoy están en manos del capital multinacional. Durante la pandemia, los desalojos aumentaron drásticamente y de la manera violenta. La fiscalía, al mando de batallones de policías y militares dirigen los operativos. No son simples desalojos, los policías se encargan de destruir y quemar templos y lugares sagrados, dejando solo cenizas. Comunidades enteras van desapareciendo para ser suplantadas por sojales. De los milenarios pueblos guaraní no quedan ni siquiera vestigios, solo indígenas desahuciados que deambulan por los centros urbanos mendigando monedas.

La Constitución paraguaya es una de las más progresistas de Latinoamérica. Reconoce la existencia de los pueblos indígenas como formaciones anteriores a la creación del Estado paraguayo, pero, así como es la más avanzada es la que menos se cumple. Según el abogado Juan León, experto en tierras rurales, existen 800 órdenes de desalojo en el poder judicial, y en la medida que se activen, significará mayores desplazamientos del pueblo guaraní.

A pesar de que la pandemia impactó con dureza la economía local, acrecentando el desempleo y la pobreza, el agronegocio se vio favorecido por el aumento de la demanda de alimentos a nivel mundial. El agronegocio está llegando a una gigantesca exportación, y ubica a este pequeño país en el cuarto mayor exportador de soja del mundo, podio disputado con gigantes como Estados Unidos, Brasil y Argentina. La venta del grano llegó a 36% más que el año pasado, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mismo periodo la pobreza, amplificada por la pandemia, creció 3,4%. La realidad es perversamente trágica, mientras aumenta la comercialización de soja, aumentan los indígenas expulsados de sus tierras. Sube la venta de soja y sube la pobreza. La realidad es evidente, la soja es abonada con la miseria de los pobres.

Publicado originalmente en Rebelión

Fuente: https://desinformemonos.org/paraguay-silencioso-etnocidio-del-pueblo-guarani/

Bloqueo de la lucha de clases

Actualicemos el concepto de «lucha de clases» sobre la base de quienes no pueden conciliar con el bloque dominante si no quieren seguir cada vez más amenazados por avasallamiento de derechos básicos como la precarización e inseguridad de vida. Partamos de quienes son despojados por el capitalismo de lo más esencial a lo humano reflexionando sobre:

San Sandra

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Hoy, a un año de la represión y desalojo violento en Guernica y de un Berni, Kicillof y Larroque bancado por toda la progresía, nada cambió. La promesa de entrega de lotes, no se cumplió. La crisis habitacional sigue igual y peor. Familias girando de un lado a otro, en situación de calle, niñez sin escolaridad y mujeres victimas de violencia de género. La lucha sigue.

En Guernica y en todos los barrios, villas y lugares del país donde la concentración de tierra en pocas manos, los agronegocios, la especulación inmobiliaria, los desalojos de comunidades originarias de territorios productivos, la deforestacion, los incendios planificados destruyendo biodiversidad, y entre todo esto el ajuste permanente y la represión, responden a este sistema capitalista, que alguna/os prefieren y elogian por eficiente. A ese sistema también responden quienes miran a otro lado y militan esta fantochada de democracia. Aguante la lucha digna por el derecho a la tierra, a la vivienda y al trabajo!

San Sandra

Bancaron la represión y el desalojo y tiraron mierda a la izquierda como responsable de todo, cuando acompañaban a las familias poniendo el cuerpo. ¡Qué gente horrible! Jamás de los diarios desalojos que ocurren con la yuta cebada operando de noche y reprimiendo, largan algún comunicado. Es la descomposición literal. Es peronismo.

Subrayemos que fue Cristina Fernández de Kirchner, la máxima representante peronista de la publicitada oposición a Juntos por el Cambio, quien prefiere y elogia por eficiente al capitalismo que hunde a la humanidad en creciente crisis civilizatoria e injusticia social.

Para prueba explícita de su falso antagonismo con la dictadura genocida de la comunidad de negocios entre los capitales y estados imperialistas y los locales ese discurso lo dio a jóvenes en la ex ESMA, paradigma del terrorismo estatal para implantar el neoliberalismo que el Partido Justicialista bajo liderazgo de Carlos Menem afianzó estableciendo las bases ineludibles para la expansión acelerada e intensificada de los extractivismos rurourbanos.

ACTO EN LA EX ESMA

Cristina y su defensa del capitalismo:
«es el sistema más eficiente»

19 octubre, 2021

En su acto en la ex Esma, CFK hizo una defensa ideológica del sistema capitalista, al que calificó de «eficiente». Las más de 650 millones de personas que pasan hambre en el mundo y el 42% de pobres en nuestro país no estarían respaldando su afirmación.

Renzo Fabb

Redacción de Izquierda Web.

El sábado pasado se realizó un Encuentro de Jóvenes de la agrupación La Cámpora es la ex Esma. En la víspera al 17 de octubre, Cristina Kirchner emitió un discurso donde defendió al capitalismo y atacó a la izquierda. Nadie puede acusarla de no haber mostrado «lealtad» a los valores históricos del peronismo.

En el acto, CFK esbozó un discurso de contenido ideológico, buscando reafirmar la identidad del peronismo basada en la conciliación de clases. «Hay que recuperar la alianza virtuosa entre los trabajadores y el capital», sostuvo la ex mandataria.

Además, Cristina destacó, como lo ha hecho infinidad de veces, que fue durante los gobiernos peronistas cuando los empresarios tuvieron mejores ganancias. Consideró que existe un «prejuicio cultural» por parte del empresariado hacia el peronismo.

Aunque jamás estuvo en duda la vocación pro-capitalista de Cristina, sorprende (o no) esta defensa cerrada del sistema capitalista en el contexto en donde el país atraviesa una fuerte crisis económica, marcada por la miseria salarial, la pobreza y la precarización.

Sin embargo, su discurso toma sentido en el marco en que el gobierno mismo eligió instalar en la agenda la proximidad del acuerdo con el Fondo, que implicará medidas de ajuste y cambios estructurales «pro-mercado». CFK prepara ideológicamente a su militancia para justificar los ataques que se avecinan contra los trabajadores.

Por la misma razón, hizo un llamado a la oposición de Juntos por el Cambio en pos de garantizar la gobernabilidad: «Muchachos, pinchen los globos y pónganse a pensar en cómo sacar adelante el país, un tercio de los que votaron se fueron a los extremos, a los que quieren quemar el Banco Central y los que piden expropiar todo».

Cristina manifiesta su preocupación por la pérdida de votos tanto hacia la extrema derecha como hacia la izquierda, temiendo que la polarización política desestabilice el país de cara al acuerdo con el FMI.

Llamativamente o no tanto, el kirchnerismo ahora sostiene que para «sacar el país adelante» hay que acordar con el macrismo, caracterizado por la misma Cristina en numerosas ocasiones como «la otra pandemia».

La realidad es que cuando se trata de ajustar a los trabajadores, ambos lados de la grieta estan dispuestos a dejar sus diferencias a un lado. A tal punto esto es así que CFK llegó al absurdo de pedir que «quienes fugaron capitales colaboren en reconstruir la Argentina». Si no lo habría dicho en serio, sería un buen chiste.

Reproduciendo mitos neoliberales

El discurso de «la jefa» fue tan apologético del capitalismo que hasta se permitió reproducir alguno de los lugares comunes que repiten «los que quieren quemar el Banco Central», para ponerlo en sus propias palabras.

Cristina sostuvo que el capitalismo es «el sistema más eficiente», aunque adornándolo con una cuota de keynesianismo aduciendo que el Estado «debe jugar un rol preponderante que regule y proteja a los consumidores».

Pero detengámonos un momento en la primera parte de la frase, porque reúne tanto a liberales como a «progres» en su defensa cerrada del capitalismo como mejor sistema posible. ¿Es efectivamente el sistema más eficiente? Para verlo, tomemos simplemente dos indicadores muy, pero muy básicos que, se supone, un sistema económico «eficiente» debería satisfacerlos sobradamente: alimento y vivienda, las dos necesidades más elementales que hay.

Según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura), cada año el 14% de los alimentos que se producen a nivel mundial se pierden antes de llegar a la venta minorista. Esto equivale a unos 400.000 millones de dólares en alimentos que se pierden durante la cadena.

Si a esto le sumamos el desperdicio de alimentos (que considera la reducción de la cantidad o calidad de alimentos desde que llega a manos del vendedor minorista), el resultado total nos da que casi un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se pierden o desperdician.

Mientras tanto, 690 millones de personas padecen hambre en el mundo, y el número ha ido en aumento en los últimos 5 años. Otras 3000 millones (es decir, un poco menos de la mitad de la población mundial) no pueden permitirse una dieta saludable. ¿En qué sentido podría decirse que esto configura un sistema «eficiente»?

Vayamos ahora al caso de la vivienda. También según la ONU, cerca de 200 millones de personas en el mundo carecen de vivienda, y unas 1500 millones (cerca de un cuarto del total de la población) vive en viviendas precarias.

En América Latina y el Caribe, los estudios más recientes muestran que una de cada tres familias habita en una vivienda inadecuada, construida con materiales precarios o carente de servicios básicos.

El Reporte Mundial de ONU-Hábitat concluyó que el 97% de las viviendas en los países desarrollados o en vías de desarrollo no son accesibles financieramente para aquellos grupos sociales a las que fueron inicialmente destinadas, lo que muestra los efectos de la concentración y la especulación inmobiliaria.

En Argentina, sin ir más lejos, según datos oficiales de la Secretaría de Vivienda, el déficit habitacional alcanza a 3,5 millones de familias, entre déficit cuantitativo y cualitativo.

¿Bajo qué punto de vista puede calificarse de «eficiente» un sistema económico que no puede ni siquiera garantizar algo tan básico como el alimento y la vivienda? Todo esto, claro, sin tener en cuenta que la propia lógica de la producción capitalista, librada a su curso irracional, es la causante del cambio climático que esta poniendo en juego nada menos que nuestra supervivencia como especie.

Al calificar al capitalismo como eficiente, aun con todas sus diferencias y aunque agregue consideraciones sobre la necesidad de «regularlo», Cristina se monta al discurso de los Macri, Espert y Milei, que nos quiere hacer creer que este mundo de explotación y miseria es el mejor de los posibles.

Descubramos otra metodología de inclusión social en el progreso de la acumulación oligopólica en contra de la vida y de la dignidad humana de los pueblos e individuos.

Matías Blaustein

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Gracias Pulso Noticias

«es un proceso creciente a nivel mundial y tiene que ver con la profundización de un modelo de mercantilización de la ciencia, lo que denominamos extractivismo del conocimiento. De la misma manera que se refieren a los recursos naturales, que son depredados a escala planetaria, los mismos científicos, los mismos universitarios, somos parte de un proceso de extractivismo del conocimiento, somos recursos humanos a disposición y lo público o estatal no aparece como separado de lo privado, sino que muchas veces el Estado actúa en connivencia con las grandes empresas estableciendo estos acuerdos mixtos público-privados. Y entonces el conocimiento generado en la universidad, generado en el CONICET, en lugar de ir a parar a quienes más lo necesitan, termina yendo a generar ganancias de estas corporaciones del agronegocio, del negocio ganadero o de corporaciones farmacéuticas que luego lucran con la enfermedad generada por el extractivismo y, da la ‘casualidad’ que muchas veces los CEOs de las empresas del agronegocio o el negocio ganadero son los mismos que los de las corporaciones farmacéuticas. Es un círculo vicioso en el cual el modelo científico hegemónico es digitado por las corporaciones farmacéuticas en función de generar más agronegocio, más extractivismo, esto genera a su vez más contaminación de cuerpos y territorios, eso a su vez te lleva al desarrollo de enfermedades. Luego las corporaciones farmacéuticas se favorecen viniendo a curar las enfermedades generadas por ese mismo modelo».

https://pulsonoticias.com.ar/…/trigo-transgenico-hb4…/

#trigotransgénico

#ConNuestroPanNo

#trigohb4

#conicet

En consecuencia, para garantizar la vida y salud planetaria incluyendo a la humana, urge comprometer a una creciente mayoría con la necesidad de frenar y luego erradicar este sistema mirando en exclusivo por el incremento incesante de ganancias oligopólicas sea como sea. Es lo que se esfuerzan en concretar las defensas de territorios al resistir la ocupación e invasión de la megaminería, las fumigaciones, la deforestación, la autovía de Punilla, el fracking, los megaemprendimientos inmobiliarios, etc.

Alternativas emancipatorias

Apreciemos que las luchas territoriales en defensa de la vida y la dignidad humana de las comunidades locales son hoy cruciales para confrontar con el capitalismo e ir creando verdadera democracia. Analicemos porqué a través de los siguientes ejemplos:

¿Humedales protegidos o destruidos?
La contradicción del “Proyecto pospandemia”

27 de octubre de 2021

En Escobar, provincia de Buenos Aires, el Estado promueve una actividad motorizada por las empresas inmobiliarias que están depredando los humedales. Mientras se multiplican los barrios náuticos, se complejiza el acceso a ecosistemas sanos, al agua segura y a la vivienda para los sectores empobrecidos de la zona.

Por Pablo Varela*

Mañana jueves 28 de octubre comienza Expo Escobar, actividad promocionada por el intendente del partido homónimo, Ariel Sujarchuk y por la provincia de Buenos Aires. El evento es abierto a todo público, «tanto al ámbito educativo, como empresas y público en general» que quieran conocer sobre desarrollo inmobiliario, industria del conocimiento, innovación sostenible, sector productivo, industrial y comercial”. Tendrá lugar en la localidad de Escobar hasta el sábado 30. La actividad convocará a importantes sectores del gobierno, inclusive al presidente Alberto Fernández, a grandes empresas inmobiliarias que tendrán un rol protagónico en un espacio pensado para analizar el futuro después del coronavirus. Sin embargo, los problemas socioambientales que genera la proliferación de los barrios náuticos en la zona no forman parte de la agenda.

Será un espacio con 60 coloquios y más de 200 disertantes «para debatir sobre finanzas personales, criptomonedas, las perspectivas futuras del desarrollo económico nacional, la planificación estratégica de los emprendimientos urbanos, el impacto de la virtualidad en el mundo laboral y educativo, las nuevas industrias de la cultura y el entretenimiento, el desarrollo de la industria del conocimiento, las energías limpias y el lugar de la Argentina en el mundo pospandemia», puede leerse en la web del evento. Sujarchuk lo calificó como ”el evento de negocios más grande de la Argentina”. 

Una feria de empresas y gobiernos

En un mensaje inequívoco sobre los objetivos de la Feria, Sujarchuk explicó: “En Expo Escobar vamos a dialogar para dejar en claro qué modelo de país vamos a construir después de la pandemia”. Para despejar toda duda acerca de quiénes serían (y quiénes no) los encargados de “dejar en claro” la cuestión, expresó que “nos proponemos garantizar un ámbito de encuentro donde Gobierno y oposición, empresas y sindicatos, establezcan los consensos sobre el modelo de producción nacional”. 

El evento convocará a la plana mayor del Gobierno: inaugurará el presidente Alberto Fernández y estarán presentes el gobernador de Buenos Aires Axel Kiciloff, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié, y un numeroso contingente de destacados funcionarios nacionales y provinciales.

Del examen del programa surgen algunas claves de lectura significativa para ayudar a interpretar cuál es ese modelo pospandemia que se propone, traducido a la realidad local. De las 25 mesas temáticas anunciadas, once están dedicadas al “desarrollo inmobiliario”. En contraste, solo una mesa aborda el tema educación y otra el tema infraestructura. El bloque dedicado al “desarrollo sostenible”, por su parte, se sostiene en exposiciones de representantes de “empresas triple impacto“ y “Sistema B”. No parece haber en cambio, un bloque destinado a las estrategias de políticas públicas que son absolutamente necesarias para alinear el “triple impacto”, por ejemplo la incorporación de contabilidad ambiental, la internalización de costos ambientales y el fortalecimiento de los mecanismos de control por parte de la sociedad. Ante la crisis sistémica ambiental y social generada por la acción del capital, la salida es nuevamente confiada al capital.

Haciendo un análisis más detallado, de las once mesas dedicadas al tema inmobiliario, solo una aborda el problema del acceso a la vivienda, un grave déficit del distrito, mientras que las restantes están dominadas por las grandes corporaciones inmobiliarias y los bancos que financian su expansión. El propio intendente Sujarchuk abrirá el Panel Inmobiliario, que cuenta con dos mesas con representantes de las grandes “Desarrolladoras” de barrios náuticos, EIDICO Y Consultatio (Puertos).

Particularmente llamativa resulta la mesa denominada: “Panel Sustentabilidad: el triple impacto positivo en los desarrollos urbanos”, que la mediática Josefina Pouso, coordinadora del programa municipal de voluntariado “Protectores Ambientales”, compartirá con Diego Lanusse (EIDICO) y Nicolás Warren (Puertos). Resulta difícil imaginar cuál podría ser el diálogo posible entre la protectora ambiental y los representantes de dos de las principales empresas arrasadoras seriales de ecosistemas de humedales en el partido de Escobar, Tigre y Pilar, entre otros. 

Resulta igualmente arduo identificar, cuál sería el “triple impacto positivo” de su accionar depredatorio y apropiador de los bienes comunes. Más fácil, en cambio, es imaginar el desconcierto de los voluntarios y las voluntarias que de buena fe se incorporaron al programa municipal con el objeto de colaborar con la protección del ambiente.

Ecosistemas en peligro

Si hay un “triple impacto” que estos emprendimientos producen y que puede señalarse inequívocamente, es sobre los servicios ecosistémicos, sobre el agua subterránea y sobre el acceso a la vivienda para los sectores populares.

En el primer caso, nos referimos a los servicios que los ecosistemas -en este caso, los humedales del partido de Escobar- brindan a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, la depuración del agua, la captura de carbono, la regulación del clima e inundaciones, además de valores recreativos, culturales y usos económicos sostenibles, entre muchos otros. Según las estimaciones del economista norteamericano Robert Costanza, la pérdida de los servicios ecosistémicos brindados por las 3000 hectáreas de humedales ya destruidas – o en proceso de serlo- en Escobar por parte de estos “emprendedores” representan una pérdida económica para la sociedad en su conjunto de 60 millones de dólares anuales, equivalente a dos terceras partes del presupuesto público del Municipio. Algunas cuentas sólo cierran cuando no se hacen completas.

Lagunas artificiales y barrios sin agua

El segundo impacto es sobre el elemento más preciado para la vida: el agua. De acuerdo a cálculos realizados por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados (OAA) y S.O.S Humedales, basados en observaciones y mediciones en el terreno, para excavar las 300 hectáreas de lagunas artificiales que hoy perforan por doquier el territorio antes ocupado por humedales, se han extraído unos 180 mil millones de litros de aguas subterráneas. Es un volumen suficiente para abastecer el consumo domiciliario total de dos millones y medio de personas durante un año.

La falta de evaluaciones y controles por parte de los organismos estatales impide conocer el real alcance e impacto de este derroche de agua escandaloso y banal, que se sigue produciendo en la medida en que estas lagunas siguen conectadas a los acuíferos. Sin embargo, los estudios hidrogeológicos destacan que en la zona de los bajíos ribereños de Escobar, donde se asientan estos emprendimientos, el techo del acuífero Puelches puede encontrarse desde una profundidad de 15 metros. Numerosas fotografías tomadas durante las excavaciones demuestran que las lagunas artificiales alcanzan profundidades de hasta 20 o 25 metros, alertando sobre la posibilidad de alumbramiento del acuífero -es decir, de que quede expuesto al aire libre. De tal modo, las obras en esos desarrollos inmobiliarios generan un riesgo de depresión de nivel y de contaminación del acuífero Puelches, un verdadero santuario hidrogeológico del cual se abastece toda la población del partido y de gran parte del área metropolitana de Buenos Aires

Es difícil determinar -y los organismos de control no lo han hecho- el impacto de esta descomunal extracción en las zonas bajas de descarga, sobre la disponibilidad y calidad de las aguas en las áreas vecinas. Significativamente, en el Cazador, barrio ubicado sobre las barrancas linderas a la zona devastada por estas empresas, un estudio sobre un centenar de perforaciones arrojó preocupantes niveles de contaminantes típicamente provenientes de niveles superiores, en especial nitratos, nitritos y arsénico. El déficit en la calidad de agua está difundido en casi todo Escobar, distrito que además posee bajísimos índices de cobertura de agua potable y cloacas. Este problema se agrava en las familias que habitan barrios carenciados, frecuentemente asentados cerca de basurales y otras fuentes de contaminación, que no disponen de recursos para comprar agua embotellada y quedan expuestas a graves problemas de salud asociados al agua, aun ante el mero contacto con la piel. Así lo vienen denunciando los propios pobladores de esa zona. El derroche de agua en las lagunas recreativas de los barrios náuticos cobra así obscenas dimensiones de inmoralidad.

Casas para ricos

El relato construido por la coalición urbana conformada por gobiernos y especuladores del suelo, frecuentemente ha reivindicado esta forma de urbanismo neoliberal, como proveedora de “fuentes de trabajo” y de “soluciones habitacionales” para el distrito. La primera falacia resulta evidente, ya que la creación de empleos temporales principalmente está asociada a la construcción de viviendas particulares y no a la fase de la infraestructura de los emprendimientos en sí, por lo que la creación de empleo en la construcción podría ser igualmente motorizada promoviendo la densificación urbana o en planes de vivienda social.

Lo cierto es que a más de diez años del desembarco masivo de estos mercaderes de suelos en Escobar, la posibilidad de acceso a la vivienda para los sectores populares es cada vez más lejana, ante un creciente proceso de gentrificación que dispara los precios de la tierra. La gentrificación es una dinámica por la cual la expansión urbana se centra en los sectores medio y altos de la población. Esto produce un aumento del precio de la tierra y pautas de cambios en las prácticas urbanas, que si bien no necesariamente expulsan a los sectores populares (porque están insertos en la economía local, aunque sea informal) sí produce grados crecientes de segregación y marginalización.

Ello se conjuga con la falta de voluntad o capacidad planificadora del territorio por parte del Estado, rol que más allá de los discursos y del trabajo serio y comprometido de algunos equipos técnicos municipales, a la hora de la decisión política, sigue siendo cedido sin disputa a las empresas inmobiliarias.

Después de la pandemia, ¿qué?

Ya muy temprano en los primeros meses de la pandemia, el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) había advertido que la degradación y destrucción de los ecosistemas naturales se encuentra en la raíz de la aparición y expansión de la actual pandemia y, con alta probabilidad, de las futuras. Ya sabemos además, que esa destrucción y degradación es la causa de gran parte de los gravísimos problemas ambientales que hoy ponen a la humanidad al borde del colapso civilizatorio, incluyendo el cambio climático.

Si la ley Yolanda -cuyo objeto es la capacitación en perspectiva ambiental para quienes desempeñan funciones en el Estado- está tardando demasiado en llegar a sus destinatarios, o si se trata de una dificultad objetiva para imponer políticamente otras pautas de desarrollo, es algo que se podrá evaluar con el tiempo. Pero hay algo seguro: si este es el mundo pospandemia que proyecta la dirigencia política y empresarial, hay razones de sobra para preocuparse.

*Pablo Varela es biólogo, miembro de ASAUEE (Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica) y de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados
Fuente:https://agenciatierraviva.com.ar/humedales-protegidos-o-destruidos-la-contradiccion-del-proyecto-pospandemia/

Más litio y megaminería extractiva contaminante
para el norte argentino

 13 de noviembre de 2021

Por Notas Periodismo Popular

El Gobierno nacional anunció una inversión de 400 millones de dólares de capitales franceses y chinos para extraer litio en Salta. Este mineral, codiciado por la economía verde del norte global, consume grandes cantidades de agua y provoca serios impactos socioambientales y socioeconómicos que ya se sufren en las zonas cordilleranas con el aval de las autoridades locales y nacionales.

Este lunes, el presidente Alberto Fernández, desde Casa Rosada, anunció una inversión de 400 millones de dólares por parte del grupo francés Eramet para reanudar la construcción de una planta de litio en la provincia de Salta.

La empresa construirá, junto con la siderúrgica china Tsingshan, una planta de extracción de litio que comenzará a producir a principios de 2024 en el salar “Centenario-Ratones” y que tendrá una capacidad de 24.000 toneladas anuales. Se supone que, además, dará 2.000 puestos de trabajo.

Eramet controlará el proyecto, con una participación del 50,1%, y asumirá la responsabilidad de la gestión operativa, mientras que su socio Tsingshan financiará la construcción de la planta y entrará en el proyecto con hasta un 49,9%.

Un “ambiente favorable” para el extractivismo: el rol del Estado al servicio de los grupos económicos

Este proyecto se encontraba frenado, pero las autoridades de la filial local de la empresa francesa notaron “una mejora y un ambiente mucho más favorable a las inversiones extranjeras en los últimos meses, gracias a las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional”.

“Este es un paso clave en el despliegue de nuestra hoja de ruta estratégica, que tiene como objetivo posicionarnos como un actor de referencia en metales para la transición energética”, dijo desde Francia Christel Bories, presidenta y directora ejecutiva del grupo galo.

“El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero”, había dicho el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias de marzo pasado, a la vez que anunciaba incentivos económicos y beneficios impositivos para las empresas que vengan al país a invertir.

También el anuncio se enmarca en la iniciativa del Gobierno nacional que, en abril pasado, conformó la Mesa Nacional del Litio con los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz, con el objetivo de generar valor agregado en esta actividad extractiva.

El norte de Argentina junto con Bolivia y Chile forman el triángulo del litio, la segunda reserva mundial (70%). Este mineral hace tiempo se volvió clave en la transición energética impuesta por los países del norte global para descarbonizar sus economías y combatir la crisis climática global.

En este esquema, Argentina se ubica en la cuarta posición en la producción mundial de litio, solo por detrás de Australia, Chile y China. Los trabajos de explotación se concentran en la Puna, distribuidos en salares ubicados en Salta, Jujuy y Catamarca. 

Según datos de la Secretaría de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo, hoy en la Argentina hay dos minas de litio en operación, una en construcción y 18 proyectos avanzados. De las dos minas en operación en el país, una pertenece a Catamarca, la otra a Jujuy, la planta de Olaroz, en el salar del mismo nombre.

Además de las facilidades otorgadas por el Estado, el Código Minero vigente le permite a las empresas extractivas tomar las áreas de explotación como propiedad privada, abriendo conflictos socioterritoriales con las comunidades locales.

Las consecuencias socioambientales y socioeconómicas

La extracción megaminera del litio genera grandes pasivos socioambientales. Requiere perforar profundamente en el salar para llegar hasta la salmuera (agua saturada de sal) que contiene el mineral clave que alimenta celulares, computadoras y autos eléctricos.

El agua salada se bombea a unas enormes piscinas en la superficie y se deja evaporar durante meses, resultando en una solución rica en litio.

Su producción consume una enorme cantidad de agua en los territorios de las comunidades de los pueblos originarios. Para producir una tonelada de carbonato de litio, se evapora aproximadamente medio millón de litros de salmuera y se usan 30.000 litros de agua dulce.

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Entre los impactos socioambientales, esta actividad, en líneas generales, hace uso de químicos tóxicos, provoca la salinización del suelo y la contaminación del agua y el aire, y afecta las producciones locales, lo que se traduce también en la pérdida de biodiversidad y sobre todo en el desequilibrio del sistema hidrológico de la región.

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La mayoría de los enclaves megamineros como el litio se encuentran en la parte alta de la cordillera de Los Andes, lo que puede conducir a una potencial contaminación aguas abajo de los ríos que abastecen a las comunidades y sus tierras productivas.

Las empresas se instalan sin el consentimiento de las comunidades y los proyectos que existen ya se aprobaron sin regulación o estudio de impacto ambiental.

Las comunidades buscan que se aplique el convenio 169 de la OIT, para que haya consulta previa, libre e informada. En el caso de la cuenca de Salinas grandes, por ejemplo, sus 33 comunidades incluso tienen un protocolo llamado Kachi Yupi que estipula cómo llevar a cabo esta consulta. Pero hasta el momento no se respetó este derecho de los pueblos originarios.

Transición energética para el norte, pasivos socioambientales para el sur

Los procesos actuales de transición energética impuestos por el norte global para sustituir hidrocarburos por energías limpias traen para América Latina la intensificación de los problemas asociados al modelo megaminero.

Se externalizan los costos ambientales en regiones del Tercer Mundo que, a la vez, se convierten en zonas de sacrificio en las cuales los países del norte global aseguran sus transiciones energéticas. De esta manera, se profundizan los intercambios ecológicos desiguales y la asimetría entre el norte y sur.

En el marco de esta economía verde que proponen las élites económicas y políticas del sistema mundo capitalista, a su vez, se produce un aumento drástico de la demanda de litio para la electromovilidad (autos eléctricos con baterías de litio) y también del cobalto, níquel, grafito, etc., minerales claves de la nueva economía verde. Si se cumplieran los Acuerdos de París para mitigar la crisis climática, para 2040, el Litio va a multiplicar su extracción en un 40%.

Estos países ricos, que con sus modelos de consumo y despilfarro capitalista son los principales responsables del colapso socioecológico, son los mismos que ahora traen sus dólares a Latinoamérica para invertir en energía verde y usar los recursos naturales de la región para mitigar los efectos del colapso que ellos mismos provocaron.

En este sentido, ya está sucediendo que los países del primer mundo aseguran su propia supervivencia a costa de los salares y la biodiversidad de regiones del tercer mundo. Es decir, externalizan impactos socioambientales para mantener los elevados niveles de consumo que mantienen en sus sociedades.

Tal es el caso, entre otros, del proyecto minero Tres Quebradas, de la multinacional canadiense Neo Lithium, ubicado en el salar del mismo nombre a más de 4.000 metros de altura en la Cordillera de Los Andes, en la provincia de Catamarca.

Este salar integra el sistema de Lagunas Altoandinas y Puneñas, protegido desde 2009 por el Convenio Ramsar para la conservación internacional de humedales. Sin embargo,  con la aprobación del gobierno provincial, el proyecto extractivo avanza sin respetar las leyes ambientales ni los derechos de los pueblos indígenas y sin contar con un estudio hidrogeomorfológico, que calcule la capacidad de recarga del acuífero, para una actividad que precisa extraer dos millones de litros de aguas subterráneas por cada tonelada final de litio.

Es decir, la empresa opera sin saber cuántas precipitaciones son necesarias para que la laguna no se seque si se mantiene un ritmo de extracción de millones de litros de salmuera de las aguas subterráneas.

Fuente: https://www.notasperiodismopopular.com.ar/2021/11/09/mas-litio-y-megamineria-extractiva-contaminante-para-el-norte-argentino/

En consecuencia, es patente hoy el Estado garante y promotor de los súper negocios del gran capital local e imperialista en contra de la vida y la salud de la naturaleza que incluye a las humanas. Por eso, abajo y a la izquierda, nos urge generalizar el compromiso con las autoorganizaciones populares para la lucha en defensa y recuperación de territorios. Se trata de solidarizarnos por expansión de comunalidades tendientes a confederalizarse democráticamente. Este camino se ha planteado ante:

El despojo campesino en el siglo XXI:
cuando el que usurpa es el juez

1 de noviembre de 2021

En el trascurso de estos últimos años, todos sus vecinos han sido desterrados. Hoy, ya anciano, resiste junto a hijos y nietos el arrebato de los nuevos dueños de la tierra. Don Manuel Asencio Ardiles tiene 74 años y nació en su campo, que es el de sus padres. Tiene treinta hectáreas con título perfecto por escritura pública. El informe del Registro de la Propiedad lo ratifica, lo mismo que la titularidad en el Inmobiliario Rural y la Dirección Ejecutora de Riego; impuestos que con sacrificio ha sabido mantener al día. Hoy, la incertidumbre se impone y la pobreza comienza a asediarlos.

Esta tierra es de mis nietos”, nos repite don Manuel una y otra vez, como si dudásemos de él, como si no supiéramos lo que está pasando en Santiago.

El alto grado de informalidad dominial que caracteriza las tierras campesinas en nuestra provincia, se ha tornado elemento indispensable para la acumulación desmedida del codiciado bien. No obstante, en las últimas dos décadas, los actores del despojo se han reconfigurado, y las modalidades de usurpación violenta, han sido aggiornadas con relatos épicos. Mientras los organismos encargados de regularizar la posesión de tierras se multiplican y los programas se superponen; las usurpaciones, con diferentes grados de violencia, continúan in crescendo. Si además consideramos el rol que desempeña la justicia provincial sobre esta problemática y su entramado, las expectativas para los habitantes de la ruralidad se tornan desalentadoras.

AUSENCIA Y MALA PRESENCIA DEL ESTADO

Las usurpaciones por despojo han adquirido cierta sistematicidad en nuestra provincia; por lo que inadvertir la incidencia de las múltiples connivencias vinculadas al poder, sería a esta altura del siglo, poco más que una lectura cándida. El Dr. Eduardo López Alsogaray, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero, ha desalojado ya a doce familias campesinas en el Paraje Chaguar Punco, Departamento Robles. Doce familias tradicionales que ocupaban pública y pacíficamente las tierras por más de un siglo, acreditando sobradamente los requisitos que establece nuestra Constitución para la posesión y tenencia de la tierra. No obstante, –y a pesar de tanta oficina, funcionario y mesas de tierra–, el estado “no se ha hecho presente” para estas familias rurales que, ignorando su propia vulnerabilidad, jamás realizaron acciones posesorias ni juicios de prescripción. En este marco, el Dr. López Alsogaray ni siquiera tuvo que realizar demandas judiciales para desalojarlos, solo ordenó a sus peones que actúen “como es habitual”. 

LA HUMILLACION COMO ESTRATEGIA

En conocimiento de la vulnerabilidad dominial de las familias de Chaguar Punco y afianzado en todas las esferas del poder local, cientos de hectáreas que representan la vida y la historia de decenas de hombres y mujeres rurales, han sido apropiadas por el juez, atropello mediante. En la mayoría de los casos, ni siquiera le ha demandado iniciar acciones judiciales; simplemente recurre a contratar peones que se encargarán de amedrentar a las familias hasta quebrarlas. Provocaciones y hostigamientos constantes, esa es la estrategia “menos violenta” para que las familias desistan de defender lo que por derecho les corresponde.

También hay ofrecimientos: hacerles una vivienda social para aglutinarlos en la ciudad. Una ofensa material y simbólica para quienes crían hijos desde el arraigo, transmitiendo generacionalmente los oficios rurales y los saberes de la cultura campesina. Los relatos de las víctimas son estremecedores. – “Llegaban los peones de López Alsogaray y nos pechaban con sus caballos. Yo tenía 10 años y me acuerdo bien, porque no hacíamos tiempo de refugiarnos”. Nos cuenta la hija menor de la familia Ledesma, desalojada por el entonces vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Los Ardiles recurrieron a la justicia para denunciar lo que padecían día a día. “A caballo, nos prendían fuego el monte y se burlaban. Los peones del juez eran muchos, pero igual los enfrentábamos”, relata Juliana mientras amamanta al nieto de don Manuel. Esta estrategia no falla. Desgasta y lastima cualquier dignidad. Continua Juliana, – “nos decían insultos que nos ofendían como mujeres y ofendían a nuestros esposos. Mi suegra sufría mucho y renegaba de estar vieja y no poder callar esos atrevidos”–.

A la familia Ardiles, nunca les tomaron las denuncias. Juliana cursaba un embarazo de riesgo cuando fue detenida, y esposada, fue llevada a la Comisaria N° 52 de Forres por orden de la Fiscal Jaqueline Maccio. El motivo: haber “amenazado” al capataz que contrató López Alsogaray para “limpiar” su campo, su “herencia”.

SANTIAGO DEL ESTERO: ARBITRARIEDAD Y DENEGACIÓN DE JUSTICIA

Santiago del Estero cuenta con un poder judicial que roza lo absurdo. Un Ministerio Público que no recibe al campesino, –que debe trasladarse desde parajes lejanos en búsqueda de justicia–, y Fiscales reticentes a repasar nuestra carta magna. Quizás, para no entrar en contradicciones. Los tiempos que demanda un juicio de reivindicación, suelen hacerse eternos; hecho que por su cotidianidad aporta a sostener la frase popularmente instalada: “si la justicia es lenta, no es justicia”. Pero si las demandas son iniciadas por abogados/escribanos vinculados a la casa de gobierno, la cosa cambia.

Diligente, en un lapso de tiempo inusitado para la justicia santiagueña, la jueza Roxana Vera ha otorgado a su superior, – a través de una medida cautelar–, la posesión de 23 de las 30 hectáreas donde vive y se desarrolla productivamente la familia Ardiles. La demanda de López Alsogaray sobre la tierra de la familia Ardiles, incluye un relato épico. Casi un guion de ficción. El juez aduce que la tierra de don Manuel le pertenece por ser poseedor de una cédula real del año 1600; donde el rey dona a su tátara tía Margarita, una porción de tierras que, casualmente, abarca tierra campesina (y zona de riego) de Chaguar Punco. Y así es como la jueza Roxana Vera, atenta a las cuestiones de la nobleza, otorgó posesión de 27 hectáreas al juez, quién a su vez, ya ejercía posesión de hecho; pues al contar con el derecho a riego de toda la zona, -en tanto ya expulsó a doce familias-, solo tardó algunas horas en cancelar el derecho a riego de la familia Ardiles.

El juez Pedro Juri hizo lo propio en octubre de 2020. En plena pandemia, en vigencia de extremas medidas restrictivas, ordenó el desalojo de Nancy Ardiles de su vivienda, por encontrarse dentro de las 27 hectáreas que el rey donó a la tía Margarita. Pero como no se trata de un cuento, el desalojo fue brutal y desgarrador. Miembros de infantería, policía y peones de López Alsogaray destrozaron a mazazos la vivienda en presencia de niños y ancianos.
 

Al día de hoy, la Subsecretaría de Niñez no se hizo presente para cumplir con su función. Tampoco la Secretaría de DDHH ni la Dirección de Género. A ninguna institución le preocupa fundamentar su existencia ante el campesino, ni siquiera la renombrada Secretaria de Agricultura Familiar. La justicia santiagueña sentenció el desalojo de una familia que, como los árboles que rodean su vivienda, cuentan con más de un siglo de existencia en el lugar.

NOSOTROS QUEREMOS VIVIR DE LO NUESTRO, NO QUEREMOS DEPENDER DE NADIE: LOS ARDILES HOY

Agricultores y crianceros, el monte y sus pasturas era el alimento de sus animales. Relata doña María Luisa: “En un año, ya vendimos los pocos animalitos que nos quedaban. Sin monte, no les podíamos dar de comer. Tampoco pudimos sembrar porque López Alsogaray no nos devuelve el derecho a riego. Mi esposo está muy grande. Solo nos queda ir a amontonarnos a la ciudad a morir de hambre. Vivimos de nuestra producción y de la venta de nuestros animalitos. Con eso nos arreglábamos para pagar los impuestos de la tierra y el riego. Somos campesinos y éramos felices con nuestra vida.

El año pasado López Alsogaray nos cortó el riego en plena pandemia. Cosechamos el último algodón y no pudimos sembrar más”. El viernes 2 de octubre de 2020, en plena vigencia del artículo 205 del decreto que declara la emergencia sanitaria, el juez Pedro Juri ordena el desalojo. Cuarenta miembros del cuerpo de infantería de la provincia, sumado al personal policial de la seccional Chaguar Punco, Forres, se movilizaron hacia la vivienda de Nancy Ardiles. Todo estaba acordado. Y para que sea más traumático y humillante aún, el oficial de justicia concede a los peones de López Alsogaray, la tarea de arrojar las pertenencias de la familia a la calle y de destrozar su vivienda. En las imágenes que circularon, se ve al abogado de la familia Ardiles, Dr. Juan Parra, impugnando el accionar de la justicia en una frase que sintetiza la causa: “No le falten el respeto a la gente. No se crean dueños del pueblo”.

AQUÍ HAY UN TITULO DE PROPIEDAD QUE LA JUSTICIA HA OBVIADO: ESTADO DE LA CAUSA

Dice el abogado de la familia, “En primera instancia, por una justicia absolutamente corrupta, sin ningún tipo de traslado, directamente se los desapodera de 23 de las 30 hectáreas que la familia Ardiles tenía con escritura pública. Aún así, se los ha desposeído ilegalmente, sin siquiera haberles notificado de alguna demanda o algún interés jurídico sobre el bien; cosa que debió haber ocurrido antes de tomar esa medida y desapoderarlos directamen- te”. Afirma el Dr. Parra, “lamentablemente para la familia Ardiles, el actor es el Presidente del Superior Tribunal de justicia de Santiago del Estero.

Luego del desapoderamiento, continuamos litigando, pero no lo hemos podido dejar sin efecto. Perdimos el juicio en primera instancia. Apelamos. Y la apelación, como se trata de la justicia santiagueña, también la perdimos. Ahora, se encuentra en casación”. Continúa diciendo, “paralelamente, realizamos una presentación con Nancy Ardiles, también poseedora del inmueble y damnificada (foto), debido a que nunca había sido notificada ni había tenido participación en el expediente. Hemos hecho una presentación manifestando el interés jurídico en la resolución del conflicto. Como era de esperarse, el juez en primera instancia nos desechó la presentación.

Planteamos un recurso de revocatoria, el cual es rechazado. Planteamos un recurso de apelación que también es rechazado, nos vamos en queja a la cámara, y la queja en la cámara es aceptada. Nos hacen lugar a la queja, ordenando se sustancie el recurso de apelación ante la cámara. Se sustanció el recurso y hemos obtenido, como era de esperar, un fallo adverso. No obstante, surge algo muy interesante: el fallo en sí, sostiene la inaplicabilidad de cualquier resolución en contra de nuestra defendida, al no haber sido parte en la causa principal, en tanto jamás fue notificada de la demanda”, afirma Parra.
 

EL FINAL DE LA VIDA RURAL ESTA EN JUEGO: DEPENDE DE NOSOTROS.

En el campo que vio nacer cuatro generaciones en la familia Ardiles, las ausencias se hacen cada vez más notables. A pasado un año del despojo, y aún no llegan los apoyos de las Secretarias ni Subsecretarias, Direcciones ni Ministerios; Derechos Humanos ni Género. Tampoco algún comunicado o adhesión de las múltiples oficinas de la Agricultura Familiar.

Mientras estos silencios aturden, a pocos kilómetros de Chaguar Punco, se repiten a rabiar consignas agroecológicas, sustentables y sostenibles; pues los movimientos sociales que se disputan la representatividad campesina e indígena se multiplican.

Cabe destacar también, que ya ha pasado más de un año de aquél pedido desesperado de la familia Ardiles al gobernador Zamora.  La usurpación de tierras en la provincia nos viene desgarrando. Pero hoy, más que nunca, representa la mayor amenaza a la continuidad de la vida rural y la dignidad de familias enteras. Como hicieron los peones con los árboles añejos, quieren arrancarlos de raíz, tal vez para borrar los rastros de una historia que es la de miles, que es la de todos nosotros.

Comencemos a reconstruir los lazos comunitarios de nuestros abuelos, apoyemos a una familia que lucha en soledad. No sólo está en juego un pedazo de tierra, el futuro de nuestros hijos también. Acompañemos la resistencia de una familia rural que no renuncia a sus derechos, a su memoria, ni a su autonomía. ……