Con concepción mercantilista de Estado y de Soberanía Nacional vs. Con atención a derechos de la naturaleza o a su desmercantilización y liberación de la propiedad tanto estatal como privada.

Destacamos porqué el Frente por la Soberanía Nacional y las luchas socioecológicas están en antagonismo irreconciliable.

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/ Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

Es clave en la actual inflexión histórica generalizar la ruptura con la legalidad-legitimidad de la gran burguesía. Implica cuestionar la creencia mayoritaria en que la democracia vigente es antagónica a la dictadura genocida de los setenta para destapar que los poderes establecidos con terrorismo de estado siguen acumulando riquezas a través del acaparamiento extractivista de bienes comunes y del dominio sobre nosotres, les diverses de abajo, mediante Estado supranacional-nacional en guerra de amplio espectro contra nosotres, les oprimides.

Sin atender esta última realidad el Frente por la Soberanía Nacional lucha por estatizar la gestión comercial mirando a la distribución abajo de beneficios de los extractivismos o ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciosos, silenciados e invisibilizados. Las organizaciones Naturaleza de Derechos y Unidos por el Río (Buenos Aires), Foro Ecologista del Paraná (Entre Ríos) y Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente (Santa Fe) explican en su demanda a la Corte Suprema de la Nación:

“El Paraná dejaría de ser un río para transformarse exclusivamente en un canal de navegación. Se trata de un punto inflexión entre la reflexión y una mirada ecocéntrica intergeneracional en el camino a la reconexión con la naturaleza -bajo el manto del concepto de una sola salud inevitable para los tiempos de pospandemia- y la irracionalidad antropocéntrica profundizando su camino sobre la cornisa del ecocidio aún sin haber salido de las consecuencias de la pandemia Covid-19 y una sequía históricas. Ambas tienen que ver con el modelo agroindustrial insostenible e inconstitucional y del que el megaproyecto en ciernes de la hidrovía forma parte”.

El Frente por la Soberanía Nacional no repara en que la hidrovía sirve sólo a la exportación de la República Unida de la Soja como Syngenta denominó a Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina. Son negadores de la realidad bien patente no sólo que no existe Estado benefactor en el mundo contemporáneo y que el capitalismo sume a la humanidad entera en crisis civilizatoria terminal sino también que la hidrovía sostiene la destrucción del ecosistema dulceacuícola más importante para la vida de la mayor densidad poblacional de Argentina y la catástrofe socioambiental con origen en el modelo agroexportador.  Exigir la estatización les convierte en cómplices de la criminalidad de lesa humanidad y lesa naturaleza implícitas en la expansión del sistema global de agronegocios y otros extractivismos.

Alianza transgénica: el plan 2030 que une al gobierno con la oposición e intensifica el modelo extractivo y contaminante

9 de agosto de 2020

El gobierno y la oposición dieron luz verde a un plan de las corporaciones empresarias para profundizar el modelo de agronegocio en Argentina. Bajo el pretexto de la búsqueda de dólares, no se miden las consecuencias ambientales ni el impacto social. La génesis de nuevas pandemias, y el adiós a la soberanía alimentaria. Qué dice el proyecto y cómo lo analizan productores campesinos, investigadores y vecinos de asambleas. Las falsas promesas bajo palabras amables, y por qué lo que está en juego no es solo un modelo de país sino de vida y futuro: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué.

Por Darío Aranda

No hay grieta en Argentina. Oficialismo y oposición están de acuerdo y se aferran al modelo de agronegocio, de producción de commodities para exportación. Así queda en claro, una vez más, con el plan de diez años impulsado por un amplío sector empresario y que ya tuvo el visto bueno del Presidente, la Vicepresidenta, de gobernadores y de Juntos por el Cambio (Pro-UCR).

   Mientras parte de la discusión pública se centró en la (frustrada) expropiación de Vicentín, los chanchos para China y la quema de humedales, el sector empresario y el gobierno nacional cerraron filas en un plan que propone profundizar el agronegocio transgénico, con nuevas promesas de “empleos”, divisas, “desarrollo” y, una vez más, dejando de lado las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del modelo que lleva tres décadas en el país.

   “Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)” es el nombre del nuevo espacio que reúne al sector empresario del agronegocio. Su plan para la próxima década lleva ya tiene nombre: “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”.

 El plan 2020-2030

   El sector empresario busca imponer la profundización del modelo de agronegocio durante diez años, hasta 2030, donde prometen aumento de exportaciones (dólares que el Gobierno prioriza), con leyes a medida de las empresas, más hectáreas sembradas, más transgénicos y agrotóxicos.

   En el documento de presentación, de 19 carillas, explicitan qué buscan: “Definir una política activa de corto plazo con herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas”. La promesa, que tanto sedujo al Gobierno, es aumentar en 35.000 millones de dólares las exportaciones (pasar de los 65.000 actuales a 100.000 millones) y “generar 700.000 empleos”. No precisa cómo llegarán a esas cifras, pero igual lograron que muchos artículos periodísticos lo dieran por cierto y difundieran como la salvación pospandemia.

   Más exportaciones del agro implica el avance sobre nuevas áreas. La experiencia de las últimas décadas confirma que el modelo de agronegocio implicó el avance sobre campesinos, indígenas, montes nativos y humedales. El plan del agronegocio no menciona nada de esto, pero sí promete que su acción será “sin descuidar el entorno ambiental”.

   El documento de presentación señala que el Consejo “representa” a economías agroindustriales de todo el país. Entre los integrantes figuran todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja).También están presentes tres de las cuatro patas de la Mesa de Enlace (Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentina -CRA-). Están las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de Puertos Privados, entre otros.

   El listado de integrantes dejar ver a los principales actores del agronegocio local y, también, jugadores del tablero internacional.

   Y ellos planean marcar políticas de Estado. Incluso fijan tiempos: “Las propuestas deberán estar listas en 60 días”. E insta a desarrollar una ley “de desarrollo agroindustrial exportador, con estabilidad fiscal y financiera de diez años”.

   El documento de las empresas fija tiempos al Poder Legislativo: “El proyecto de ley debería ser tratado por el Congreso de la Nación en 2020”.

   También está presente el impulso al “sector forestal”, que en muchos territorios es sinónimo de monocultivos de pino y eucaliptus, con similares consecuencias a la soja: desalojos de campesinos e indígenas, violación de derechos, desmontes, agrotóxicos, concentración de tierras de pocas manos. Misiones, con la multinacional Alto Paraná, es un emblema de esa actividad.

   El Consejo Agroindustrial señala que la ley debe incluir “un plan nacional de fomento a la agrotecnología” para el agro y las forestales.

   Prometen un impacto anual de 16.000 millones de dólares de aumento de exportaciones y 210.000 empleos (directos e indirectos). Pero no dejan de destacar su objetivo central: “Consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio”. Destacan el uso de “biotecnologías y edición génica” (nueva y cuestionada técnica de transgénicos).

 Alineamientos políticos

   Lo que a una organización social le puede llevar meses, años o quizá nunca logre, las empresas  del Consejo Agroindustrial en solo un mes sentaron a la mesa al presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa), al canciller Felipe Solá; a los ministros de Agricultura y Producción (Luis Basterra y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas). Lograron el apoyo de los gobernadores de Córdoba (Juan Schiaretti), Entre Ríos (Gustavo Bordet), Santa Fe (Omar Perotti) y Chaco (Jorge Capitanich).

   El jueves 30 de julio tuvieron un encuentro con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La visitaron en el Senado José Carlos Martins (presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino), Roberto Domenech (presidente de la Cámara de Empresas Avícolas) y Gustavo Idigoras (presidente de la Cámara de la Industria Aceitera). «Nos dio un respaldo al proyecto, se puso a disposición y nos alentó a seguir trabajando. Fue una reunión muy cordial. Nos atendió de primera, muy amable», señaló Martins en diálogo con el diario La Nación. El empresario relató que cuando llegaron al encuentro se sorprendieron porque la Vicepresidenta ya tenía leído el trabajo de la agroindustria y la charla se focalizó en aspectos que más finos del plan exportador.

   El 4 de agosto llegaron hasta la Quinta de Olivos, donde presentaron su plan al presidente Alberto Fernández. La agencia oficial Télam dio cuenta de la reunión y tituló que el Presidente afirmó que “en toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”.

   Presidencia emitió un comunicado: «Se evaluó el camino a seguir para aprovechar el potencial del sector agroindustrial para exportar y generar empleo teniendo a la Cancillería como una institución fundamental para que los productos argentinos lleguen a los mercados del mundo».

   El canciller Felipe Solá es un actor clave, tanto como fue en 1996, como secretario de Agricultura de Carlos Menem, cuando aprobó la primera soja transgénica de Monsanto.

   El Consejo Agroindustrial (CAA) también difundió un comunicado: “El Presidente valoró y felicitó a la agrupación por la iniciativa, destacando la unión y representatividad federal de las entidades que lo componen».

   Alberto Fernández estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

   Por el sector empresario participaron José Martins, Gustavo Idígoras, Roberto Domenech, Patricia Calderón (Federación Olivícola Argentina) y Dardo Chesa (Mesa de las Carnes).

   El Consejo Agroindustrial no deja cabos sueltos. Dos días después de reunirse con el Presidente tuvieron un encuentro con la oposición de Juntos por el Cambio (Pro-UCR), espacio político que celebró el plan agropecuario a diez años y comprometió su apoyo en el Congreso Nacional. Participaron el presidente del interbloque, Mario Negri, los diputados Cristian Ritondo (presidente del bloque del PRO), Maximiliano Ferraro (presidente del bloque de la Coalición Cívica), Ricardo Buryaille, Atilio Benedetti, Alfredo Cornejo, Lucila Lehmann, Fabio Quetlas, Pablo Torello y Alfredo Sciavone, entre otros. Mario Negri no dudó: “Al campo hay que ayudarlo con medidas que le permitan seguir desarrollándose. Apoyaremos la propuesta del Consejo Agroindustrial en el Congreso Nacional. El desarrollo del campo es vital para un país que necesita exportar más”.

      Doble discurso

   El presidente Alberto Fernández tuvo una charla en vivo con jóvenes de diferentes provincias, transmitida por TV Pública el 21 de julio. Ante la pregunta respecto al ambiente, el Presidente no dudó: “La Argentina que tenemos que construir es una Argentina medioambientalmente sustentable, dejar de producir contaminando. Dejar de infectar el aire que respiramos, dejar de ensuciar el agua que tomamos. Esa es una oportunidad que tenemos. Eso (el ambiente), que tanto le preocupa a los jóvenes, hay que cuidarlo mucho. Esta es nuestra casa, la Argentina es nuestra casa, el mundo es nuestra casa. Y no tenemos derechos a seguir destruyendo y maltratándola como hasta ahora. Y que no me vengan con los argumentos económicos para tratar de sostener que sigamos contaminando al mundo”.

   El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, twiteó ese extracto del discurso presidencial.

   El mismo día, seis horas después, Alberto Fernández tuvo una reunión online ante el Consejo de las Américas, de lo más rancio de las corporaciones estadounidenses. Y les hizo una extensa invitación a explotar los recursos naturales de Argentina: “Tenemos para adelante muchas oportunidades para invertir en el país. Este es un país que tiene muchas riquezas, tiene riquezas en hidrocarburos, Vaca Muerta (…) La minería tiene un enorme potencial. Un mundo que luego de la pandemia seguramente reclamará alimentos tiene una enorme oportunidad en Argentina, porque Argentina es un enorme productor de alimentos y como país tenemos que comenzar a pensar cómo desarrollamos la agroindustria y como el Estado ayuda a ese desarrollo. Lo ideal sería dejar de vender alimentos para los animales que otros tienen y comenzar a alimentar a nuestros propios animales y vender nuestra carne faenada. Siento que ademas tenemos una enorme actividad pesquera que está absolutamente poco desarrollada y que podría ser una gran oportunidad para Argentina».

 “Lo que pasa en Chaco es trágico”

   Jorge Milton Capitanich era jefe de Gabinete de Cristina Fernández en febrero de 2015, cuando en conferencia de prensa rompió en vivo y directo un diario Clarín. Lo llamó “periodismo basura”, “mentira sistemática”, “(Clarín) todo el tiempo es mentira”.

   Cinco años después, una eternidad para el pragmatismo político, Capitanich escribió un extenso artículo de opinión en Clarín. Las diferencias políticas y disputas de antaño quedaron de lado, ahora lo une el agronegocio: “Chaco. Oportunidades de la agroindustria en la pospandemia”, es el título del 2 de agosto donde promociona a la provincia para el avance del modelo transgénico.

   El gobernador celebra que entre la década de 1980 y la actualidad se pasó de 800 mil hectáreas a 1,8 millones de hectáreas cultivadas, con un fuerte incidencia de soja transgénica. “Chaco tiene potencial para llegar a las tres millones de hectáreas sembradas para el año 2030”, afirma el Gobernador.

   El artículo promociona todas las “ventajas” que tendría la provincia para recibir inversiones del agronegocio. Propone el avance de la frontera agropecuaria, fábricas de agrocombustibles, recuerda que están abiertos “al mercado de capitales”, señala nuevas rutas, “tarifas energéticas diferenciales” para empresas, subsidio a las contribuciones patronales, exención del impuesto a los ingresos brutos y de sellos por diez años. “Chaco puede aportar mucho para la recuperación económica del país”, finaliza el artículo en Clarín.

   El gobernador Capitanich no hizo ninguna mención al impacto social, ambiental y sanitario que tuvo (y tiene) el modelo agropecuario en Chaco. El más notorio, no el único, el desmonte masivo del El Impenetrable.

Somos Monte es un espacio multisectorial de Chaco, que reúne a organizaciones, activistas y académicos que desde hace décadas denuncian las consecuencias del extractivismo en la región. Micaela Camino, integrante de Somos Monte, cuestionó con dureza el escrito de Capitanich. Recordó que la provincia sufre una crisis ambiental, social y sanitaria, donde el modelo que propone el Gobernador solo agravará los problemas.

   “Lo que está pasando en Chaco con el agro y los desmonte ya es trágico. Pero si encima se realiza lo que propone Capitanich… sería como un suicidio”, afirmó Camino y remarcó que el plan agropecuario que se aplica en la provincia solo acentuó la desigualdad, la injusticia, la pobreza “y todo fue para llenar los bolsillos de unos pocos”.

   La integrante de Somos Monte hizo una repaso de todas las consecuencias ambientales que padece Chaco (sequías, aumento de salinidad de aguas y suelo, erosión, desertificación, impacto en la crisis climática), pero también se refirió a lo sanitario: “El impacto de los venenos (agroquímicos) es terrible en algunas localidades, repleto de casos de cáncer y malformaciones, parece Chernobyil”.

   Micaela Camino acaba de releer la nota del Gobernador en Clarín y durante unos minutos explica con paciencia el estado de situación de la provincia, sin agua, con “epidemia de chagas”, con madres que no tienen donde parir, con casos de desnutrición que no salen en las noticias y con las empresas madereras que no pararon ni un día durante la pandemia. Recuerda que los pueblos indígenas tienen numerosas leyes y convenios internacionales que los protegen, pero que ni el Poder Judicial ni el poder político las cumplen. No para de enumerar, hasta que se enoja: “Es toda una gran mentira lo que dice Capitanich. Y avanzar con más agronegocio será una tragedia”.

   “El viejo discurso de más de ese agro para alimentar al mundo ya no lo cree nadie. Hablan de alimentos y acá crece el hambre. Y la otra falacia es cuando menciona a los biocomustibles como energía verde, cuando en realidad es nocivo para el ambiente. Da vergüenza, no debiera ni decirlo”, lamentó.

 Qué modelo

   En una rápida consulta a actores en lucha de diversos territorios del país surge una coincidencia total: el plan de las empresas y el Gobierno implicará más avanzada territorial, más desmontes, más agrotóxicos, más efectos en la salud, más concentración de tierras en pocas manos, más problemas para los sectores populares del campo.

   Gabriel Arisnabarreta es productor agroecológico, integrante de la organización Ecos de Saladillo  y del colectivo de Pueblos Fumigados de Buenos Aires. “Vemos con mucha preocupación y no oponemos al plan del Consejo Agroindustrial y que aparentemente fue recibido con beneplácito por el gobierno nacional”, es lo primero que menciona en la entrevista.

   Remarca que es más de lo mismo, con el discurso de transformar al país en líder del comercio de alimentos cuando en realidad se trata de commodities con más y nuevos agrotóxicos, fertilizantes artificiales y transgénicos. Afirma que implicará más deforestación, más contaminación y más “territorios de sacrificio”. Vincula este plan al impulsado por el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), llamado AgTech, que ya contó con la adhesión del Ministerio de Ciencia y de Agricultura. También vinculó estas iniciativas al acuerdo con China por la cría industrial de porcinos y el aumento del corte de mezcla del gasoil (con agrocombustibles).

 “Lo que está en juego es el modelo de país”, resume. Y puntualiza: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué. Afirma que el plan del Consejo Agroindustrial es una profundización del modelo, con más concentración de las tierras y de la producción.

   Recuerda que el Foro Agrario (histórico encuentro campesino de mayo de 2019) redactó 21 puntos del plan agrario popular. Y señala que el gobierno no solo no tomó esas iniciativas, sino que abraza un plan que está en las antípodas. “Es terrible que en medio de una pandemia, que mucho tiene que ver con la destrucción del ambiente y la ganadería y agricultura intensiva, se reciba con beneplácito una propuesta para profundizar aun más ese mismo modelo. Esto no tiene nada que ver con los 21 puntos del Foro Agrario y mucho menos con la soberanía alimentara”, denunció.

   Profundizar la desigualdad  

   Fernando Albrecht es miembro de los Vecinxos Autoconvocados por la Salud y el Ambiente de Hersilia (Santa Fe). Analizó el discurso con el que se publicita el plan agroindustrial: “Usa algunos nombres que quedan bien, como ‘federal’, ‘sustentable’; es como estuvieran en el lugar de los que van a traer el bien, el desarrollo de un país. Pero son los mismos actores que aplican este modelo del que ya conocemos las consecuencias”, advierte.

   Recuerda que muchas de esas entidades son las responsables de la “expansión sojera”, de la ganadería industrial, de fumigaciones y de un modelo que provocó un desastre ambiental. “Este tipo de planes tiene relación con lo que impulsan corporaciones financieras y grupos concentrados del agro mundial. Un modelo que se aplica acá desde mediados de los 90. Que no solo no ha resuelto la pobreza, sino que ha profundizado la desigualdad”, afirma Albrecht. Y recuerda que el agronegocio destruyó las economías regionales, que en esa región de Santa Fe tenía forma de pequeños tambos y agricultores familiares.

   Llama la atención sobre la insistencia, en el discurso empresario, de las palabras “estabilidad fiscal”. Albrecht, que también es parte y parte del Equipo para la Promoción de la Agroecología de Hersilia, advierte que eso implicará menos impuestos para el agronegocio o, parecido, que el resto de la población se haga cargo de financiarles las obras de infraestructura que requiere la agricultura industrial. Por otro parte, remarca cómo la casta política actúa según el sector al que se parece: “Qué facilidad tienen los gobiernos para abrir la puerta a los empresarios y patronales, enseguida llegan a acuerdos y se dan la mano; mientras que no escucha a las organizaciones que elaboramos propuestas agroecológicas, comunidad campesinas, agricultores familiares, indígenas, a los pueblos que elaboramos propuestas desde abajo”.

   Dólares para la deuda externa  

   La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) fue una de las organizaciones que impulsó el Foro Agrario de 2019. Agustín Suárez es uno de los voceros de la UTT y acaba de leer el plan del Consejo Agroindustrial. “El Gobierno, con el argumento de necesitar dólares, sigue apoyándose en los grupos de lobby más importantes nacionales e internacionales para profundizar un modelo de producción agroexportadora. Ya vimos que, con 30 años de este modelo, nos llevó a más concentración de la producción y más dependencia. Y solo queda contaminación y saqueo”, advierte.

   Recuerda que la UTT señala desde hace años que son las organizaciones de pequeños productores, campesinos y cooperativas las que pueden solucionar el hambre de la Argentina. Remarca que es necesario discutir el modelo agropecuario y cuestiona que el Gobierno deje afuera de la discusión a las organizaciones populares del campo. “La agroindustria promete dólares que, si es que entran, no solucionan el problema porque se vuelven a ir mediante el pago de la deuda externa”, cuestiona.

   Remarca que el plan del Consejo Agroindustrial es, al igual que el posible acuerdo con China por la cría de chanchos, la profundización del modelo con las consecuencias ya conocidas.

   Excusa perfecta

   Juan Wahren es investigador del Conicet y del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA. Entiende que el plan acordado por el Consejo Agroindustrial y el Gobierno es una readecuación de algunos de los actores más importantes del agronegocio para consolidar el modelo agrario hegemónico. “Es la excusa perfecta, el explotar recursos naturales para salir, supuestamente, de la crisis de la pospandemia”, cuestiona.

   Wahren leyó los lineamientos del plan y lo evalúa como una vuelta de tuerca más a los planes que impulsaron Cristina Fernández de Kirchner (“Plan Estratégico Agroalimentario”) y el de Mauricio Macri (“Argentina exporta”).

   Recuerda que Alberto Fernández ya había anunciado en campaña que iba a impulsar el agronegocio con mayores exportaciones. Como también su apoyo a la megaminería, Vaca Muerta, explotación de litio “que la venden como una minería limpia, cuando no lo es y cuando no hay acuerdo de muchas de las comunidades indígenas de esos territorios”.

   Paradojas de la política, aporta que el nombre del nuevo espacio empresario le hizo recordar al “Consejo Agrario Nacional”, espacio estatal de la década del ‘30 que luego fue tomado por el primer peronismo con una político muy interesante de distribución de tierras. “Fue lo más parecido  a una reforma agraria, con todas sus limitaciones y a años luz de otros países de América Latina, pero que entregó millones de hectáreas en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, en beneficio de los pequeños chacareros. Fue un espacio odiado por los terratenientes y destruido por la dictadura militar”, describe.

   Un siglo después, otro peronismo implementa políticas en las antípodas.

   Wahren advierte que el Gobierno y las empresas también se encontrarán con más resistencias en los territorios. Afirma que la profundización del agronegocio agudizará las contradicciones dentro del gobierno y también en los territorios.

   Una gran pregunta, sin respuesta aún, es qué harán las organizaciones campesinas e indígenas frente al gobierno que impulsa el extractivismo en sus territorios.

   Lucha de trincheras

   Roger Almaraz es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, con base en la comunidad Pozo del Castaño. “Somos lechuza ya cascoteada. Sabemos cuando nos quieren engañar”, avisa. Y se remonta cuando a inicios del 2000 les decían que un “nuevo paquete tecnológico” (soja transgénica más glifosato) les traería beneficios y sucedió todo lo contrario.

   Leyó el proyecto del Consejo Agroindustrial y comparte una primera devolución. “Escriben tan lindo esos señores que hasta parece bueno lo que proponen, dicen ‘inclusivo’, sustentable’, ‘generar trabajo’. Pero para obtener esas cifras millonarias que prometen de seguro intentarán más avance sobre nuestras tierras, más desmontes. Y no podemos permitir eso”, avisa.

   Explica que ellos dialogan con distintos sectores del Estado. Y que la propuesta campesina es producir sin contaminar, acceso a la tierra, reservas campesinas, comercio justo. Remarca las “contradicciones” del Gobierno, que habla de cambio climático y crea un Ministerio de Ambiente, y otro lado impulsa un modelo que impactará aún más en los territorios.

   “Debe haber cambios drásticos en el modo de producir. Todos los sabemos, pero el Gobierno no plantea eso. Al contrario, apoya a estos empresarios”, cuestiona. Y resume lo que es “el modelo sojero” para el Mocase: “Para nosotros la soja no fue progreso. Ese modelo no implicó desalojos, contaminación y muerte”.

   Almaraz afirma que son dos modelos en disputa: el agronegocio y el campesino-indígena. “¿Cuál persistirá en Argentina? Van ganando los poderosos, se ve al mirar las millones de hectáreas desmontadas, aunque nuestra lucha ha evitado que volteen muchas también”, reflexiona.

   Comparte dos hipótesis. Los cambios pueden llegar cuando algún gobernante se convenza de que es necesaria una reforma agraria. O, más probable quizá, cuando la sociedad tome conciencia. “No sé cuánto tiempo tomará, pero es necesario ese cambio de conciencia, para un cambio de modelo. Como dicen los compañeros del campo, el problema de tierras no es solo de los campesinos de Santiago, es de toda la sociedad argentina”, arriesga.

   ¿Y mientras tanto?

Propone Almaraz: “Hasta que ocurra eso, seguiremos dando luchas desde nuestras trincheras. No entiendo que pueda ser de otra manera. Y para eso debemos ir intentando hacer ese camino desde nuestras pequeñas luchas, para alguna vez integrarlas en luchas mayores, vincularlas a sectores de todo el país y ahí ver si podemos instalar otro modelo, que sea para todos y no para unos pocos. Es el gran desafío”.

Fuente: https://www.lavaca.org/notas/alianza-transgenica/

En consecuencia, la «reforma agraria integral» anticapitalista tendría que ser la respuesta a la contrarreforma del sistema mundo capitalista que desterritorializa la vida humana y la no humana para reterritorializar la desaparición forzada de ambas y uniformar las existencias en acuerdo al ilimitado crecimiento oligopólico de riquezas y poder. Sin embargo, uno de los principales actores sociales de los cambios radicales (acompañado de intelectuales) está subsumido en creer que el capitalismo se puede humanizar y que elles son les responsables de ese cambio presionando sobre gobierno o eligiendo uno afín. Siguen dándole las espaldas a Andrés Carrasco que nes advirtió de enfocar la agricultura industrial sin campesines ni comunidades indígenas como componente de todo el modelo extractivo exportador.

En efecto, por un lado, los oficializados como ‘recursos naturales’
integran ecosistemas y por tanto, su extracción devasta. Por otro lado, los subsistemas planetarios que son imprescindibles para la vida humana/no humana (agua, aire, suelo, biodiversidades) resultan arruinados y agotados a causa de todos los extractivismos.

No puede haber soberanía alimentaria y agroecología para todes mientras haya extractivismos a lo largo y ancho del país. Ejemplifiquemos con el fracking por ahora en Vaca Muerta (formación geológica que abarca Neuquén y parte de Río Negro y de Mendoza.

El gobierno reflota la ilusión de Vaca Muerta:
claves para entender el tropiezo que viene

23 de junio de 2020

Por Marcelo García / Extremo Sur .-

Vaca Muerta comienza a convertirse otra vez en el epicentro de las miradas petroleras del país, tal como sucedió con el kirchnerismo en 2012 y el macrismo en 2016. El gobierno de Alberto Fernández impulsará una nueva Ley de Hidrocarburos, implementará subsidios a las petroleras y buscará reactivar la explotación de los hidrocarburos no convencionales neuquinos como epicentro productivo del país.

La política energética nacional basada en subsidios estatales y el fomento a la exportación gasífera se ha demostrado como un fracaso reiterado en el intento de resolver los grandes problemas que tiene el país. Tres claves para entender los tropiezos constantes y las perspectivas diferentes a transitar.

La impronta albertista muestra otra vez que en Vaca Muerta no aflora la grieta política y el país se encamina nuevamente a tropezar con la misma piedra imantada que atrajo a la clase dirigente a lo largo de la última década.

A poco de asumir la presidencia de la Nación, Alberto Fernández expresó en enero pasado que “Argentina se enamoró de Vaca Muerta” y cuestionó que “se desincentivó el resto de la producción convencional” de hidrocarburos.

Parecía que iba a producirse en cambio brusco de timón con respecto a los no convencionales, pero a poco de andar comenzaron a surgir las versiones de un proyecto de ley para los hidrocarburos que podrían nuevamente en la escena principal a Vaca Muerta; donde habría subsidios y amplios beneficios impositivos para las petroleras que operan en esos yacimientos de la Cuenca Neuquina (ver el artículo  https://www.elextremosur.com/nota/22147).

En su visita a Neuquén de principios de junio, Fernández se reunió con el gobernador Omar Gutiérrez y manifestó que el desarrollo de Vaca Muerta “ocupa un rol central” para el país.

La vuelta al tapete del gran yacimiento de no convencionales disparó la reaparición del proyecto de ley para impulsar el sector, incluyendo el pago de subsidios atrasados a las petroleras y un nuevo Plan Gas 4, por lo que varios funcionarios nacionales comenzaron a poner otra vez a Vaca Muerta en el epicentro de la política energética nacional.

Debates ambientales y sociales: 10 millones de argentinos sin gas

Si bien hay un debate de fondo y mucho más profundo sobre los recursos hidrocarburíferos no convencionales -que implica tener en cuenta la cuestión ambiental y sus impactos sociales sobre las comunidades afectadas- se debe tratar de responder una pregunta esencial que se adentra en determinar si son necesarios para el país pagar esos altísimos costos.

En paralelo surge como otro punto de discusión que implica definir cuál debe ser la matriz productiva de Argentina. Si se incorporará valor agregado a las materias primas generadas o si solamente seguirá siendo un país exportador de commodities.

Avanzando más al fondo de la problemática social vale preguntarse si se debe pensar en una nación exportadora de gas cuando por lo menos 10 millones de personas no tiene acceso al gas natural por redes domiciliarias.

Según el INDEC, hasta el segundo semestre del 2019, en los 31 aglomerados urbanos del país un 35,3% de las personas y el 29,6% de los hogares no tenían acceso a la red de gas natural. Esos porcentajes se traducen en 9,8 millones de personas sin acceso al gas natural por redes sobre un total de 28 millones de habitantes localizados en dichos centros urbanos; todo en el marco general que la mitad de la población en cuestión no tiene acceso a alguno de los servicios esenciales como el agua, cloacas y el gas natural.

A principios de los años ’90 solamente el 52% de los hogares nacionales tenía acceso al gas natural por redes. Hoy en día, a más de 25 años, un tercio de los hogares del país sigue sin poder contar con una conexión domiciliaria al vital fluido para calefaccionarse y cocinar.

Dilucidar una nueva estrategia petrolera y energética basada otra vez Vaca Muerta puede llevar al país a tropezar por tercera vez consecutiva con la misma roca madre, y de allí la importancia de comprender algunas de claves principales que ponen en superficie la inconsistencia de un plan petrolero que busca volver a poner en el centro del desarrollo a los yacimientos no convencionales del país.

Claves para entender los constantes tropiezos con Vaca Muerta

Clave 1: Pila de subsidios estatales a petroleras privadas

Los altos costos de producción que insume la técnica del fracking (fractura hidráulica de la roca madre) sólo podrían ser soportados por la industria petrolera con altos precios del crudo internacional, algo que no está sucediendo en la actualidad y por ende debe suponerse que el Gobierno nacional avanzará nuevamente en un esquema subsidiado para la explotación de los yacimientos convencionales.

Ese esquema de subsidios estatales a la industria privada no solamente se direccionó a Vaca Muerta en los últimos años ni fue patrimonio exclusivo de los cuatro años de gobierno del macrismo, sino que arrancó en 2008 durante el primer mandato de Cristina Kirchner.

Los incentivos estatales fueron en un primer momento a la producción de petróleo y luego fueron virando a la de gas focalizándose en Vaca Muerta desde 2013, para alcanzar sus puntos más elevados en 2016 y 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.

Si se toman los últimos 11 años de subsidios a las compañías petroleras, el total de los montos transferidos para incentivar la actividad privada (para el petróleo y gas, tanto convencional como no convencional) ronda los 24.000 millones de dólares.

Estos datos surgen de las elaboraciones propias en base a los informes de ASAP y el minucioso trabajo elaborado por Ejes – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (“El Estado, ¿rehén o planificador?: Transferencias económicas al sector hidrocarburífero”, de diciembre de 2016).

Según los datos difundidos por la Asociación Argentina de Presupuesto, hasta el 31 de diciembre de 2019 el Estado nacional transfirió a las petroleras subsidios para la explotación gasífera que ascendieron a un total de 27.647 millones de pesos.

De ese total, 24.967 millones de pesos correspondieron a subsidios del Plan Gas no convencional (Resolución 46/2017) focalizado esencialmente en Vaca Muerta y que representaron un 295% de los entregados en el 2018. Mientas que el por el ex Plan Gas la suma fue de 2.680 millones de pesos, un 23,6% menos que en el año anterior.

En tanto que hasta el 30 de abril el Estado liquidó 66,9 millones de pesos por el Plan Gas no convencional (-98,3%).

En plena pandemia, según publicó el portal EconoJournal, el actual gobierno de Fernández pagó a las petroleras 18.500 millones de pesos en subsidios a la explotación de gas no convencional adeudados de gestiones anteriores.

“El Ministerio de Desarrollo Productivo trabaja contrarreloj: quiere presentar oficialmente el Plan Gas 4.0 el 1 de agosto para reactivar la perforación durante el último cuatrimestre de 2020. Para eso debe reconstruir la reputación del Estado, que desde 2008 incumplió -al menos parcialmente- los plazos de pago de los subsidios involucrados en los diferentes planes de incentivo que se pusieron en marcha a partir de ese año (el primero fue el Gas Plus). Con ese antecedente, la primera variable que el Ejecutivo debe despejar es de confianza”, dio a conocer el sitio especializado en hidrocarburos y energía.

Desde hace más 10 años la industria petrolera que extrae crudo en yacimientos concesionados por los Estados provinciales viene recibiendo subsidios estatales para mejorar o desarrollar los niveles de extracción de petróleo y gas.

Esa situación se ha profundizado en los últimos años y deja más beneficios para el capital privado que para los verdaderos propietarios de las concesiones, en lo que debe denominarse como un rotundo fracaso de las políticas privatistas de los años ’90 cuando se desguazó la YPF estatal y se dejó al sector en manos del mercado.

Clave 2: Producir hidrocarburos para el mercado interno o para exportar y pagar la deuda

El gobierno nacional de Alberto Fernández da muestras de encaminarse en la misma dirección e inclusive profundizar lo acontecido desde 2016 con el macrismo poniendo el epicentro nuevamente en Vaca Muerta.

“Vamos a lanzar la Ley de Hidrocarburos a la salida de la pandemia”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas a mediados de junio; con la mira puesta en darle prioritariamente garantías y horizontes a los inversores privados nacionales e internacionales del sector petrolero.

“Seguimos viendo el mismo potencial en Vaca Muerta, lo mismo que para todo el sector hidrocarburífero de Argentina. Está en condiciones de ser una palanca para el desarrollo para la próxima década”, dijo Kulfas hace tres semanas atrás ante un grupo de empresarios reunidos vía Zoom por la Fundación Mediterránea.

“Seguramente una de las tareas que vamos a emprender a la salida de la crisis es el envío al Parlamento de una ley de inversiones hidrocarburíferas para estimular un salto productivo en Vaca Muerta y en otros proyectos productivos”, insistió el ministro Kulfas y explicó que desde el gobierno ven el recurso natural como “una palanca para el desarrollo del entramado productivos industriales, tecnológicos, integrado por cientos de pymes en todo el país”.

De ahí que se instale la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos y que el flamante CEO de YPF, Sergio Affronti, haya asegurado en las últimas horas que la compañía “va a liderar la industrialización de Vaca Muerta, agregándole mayor valor al crudo y el gas no convencional”.

Con una caída significativa del consumo de hidrocarburos y derivados, tanto a nivel mundial como nacional producto de la cuarentena que originó la pandemia; surgen interrogantes sobre cuáles debieran ser los objetivos centrales del desarrollo hidrocarburífero nacional.

Por un lado, no es posible obviar a esos 10 millones de argentinos localizados en centros urbanos que no tienen acceso al gas natural por redes y que por ahora no parecen tener prioridad de conexión para el gobierno nacional. En paralelo Argentina tendría que plantearse qué tipo de industria quiere desarrollar y en qué tipo de condiciones sociales y económicas.

En la etapa post pandemia, que por ahora parece lejana producto de la trepada constante de la curva de contagios de Coronavirus especialmente en el AMBA, el país se encontrará ante el desafío de hacer avanzar sus industrias, reconstruir el mercado interno y ampliar el tejido social inclusivo. Todas tareas enormes y no concluidas desde hace muchas décadas.

Conseguir la recuperación económica y productiva no será simple, pero tampoco imposible. En una misma dimensión debería repensarse cuál tendría que ser la estrategia hidrocarburífera, apostando al autoabastecimiento perdido, la incorporación de valor agregado sobre ese tipo de recursos naturales y a la vez una mejora redistributiva de los ingresos que se traduzcan en la calidad de vida de los argentinos.

Desechando buena parte de estas premisas, la otra lógica que se ha impuesto en los últimos años es la de desarrollar los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta para así conseguir un mecanismo de producción, exportación y captación de dólares que servirían para pagar la enorme deuda externa que padece desde hace años Argentina.

Lo que dejó entrever el ministro Kulfas es que la implementación del Plan Gas 4 buscará brindar certezas en los precios del gas natural extraído esencialmente en Vaca Muerta para así obtener dólares a través de la exportación.

Por eso que manifestó que “la idea es poder encontrar un mecanismo para contractualizar a largo plazo la demanda de gas a los productores a un precio razonable y que pueda garantizar la rentabilidad del sector como el desarrollo de inversiones”.

Vale mencionar que para desplegar ese mecanismo productivo y exportador, Vaca Muerta se encuentra en una situación compleja de infraestructura que ni el macrismo con sus millonarios subsidios e inversiones estatales en infraestructura pudo solucionar en cuatro años. Quedaron pendientes e inconclusos proyectos de gasoductos troncales, el tren Neuquén a Bahía Blanca y sin avances significativos en la planta de GNL en el puerto de la costa bonaerense (ver el artículo de 2018 https://www.elextremosur.com/nota/vaca-muerta-produce-mas-pero-corre-riesgo-de-estancarse-por-falta-de-inversion-en-produccion-e-infraestructura-social/).

Con las caídas pronunciadas de la demanda mundial de hidrocarburos y los bajos precios internacionales, a lo que se le debe sumar la contracción económica inversora planetaria producto de la pandemia, conseguir hacer realidad ese proyecto productivo y exportador parece poco probable o cuanto menos ilusorio en el futuro cercano.

Clave 3: La lógica de rentabilidad privada frente al beneficio social común

Desde 1992 cuando se privatizó YPF y durante casi 30 años Argentina ha retrocedido en materia de hidrocarburos dejando en manos del capital privado la liberalización del mercado, perdiendo reservas de crudo y gas, achicando hasta casi su extinción el rol estatal y perdiendo el autoabastecimiento.

Nada bueno sucedió a lo largo de tres décadas. Por momentos el país que abastecerse a través de las importaciones de gas a costos elevados. Tampoco se revirtió significativamente la problemática con los procesos de “argentinización” o expropiación parcial de YPF.

Si bien es cierto que con la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF la compañía cambió su postura frente al esquema productivo en los yacimientos convencionales, eso no fue suficiente para modificar sustancialmente el rol de la empresa insignia que supo tener el Estado nacional. Desde la expropiación en 2012, la nueva YPF no le ha dado grandes beneficios al país y se manejó como una empresa privada más en el mercado.

Además de haber en este nuevo siglo 10 millones de argentinos sin gas natural, los precios de los combustibles son elevados y se rigen en el país por la ley de la oferta y la demanda. Siguen respondiendo a variables el como valor internacional del crudo o la cotización del dólar, sin retroceder cuando alguno de los ítems decrecen.

Nada diferente ha sido ese mecanismo trasladado a los servicios públicos de gas y luz, primero subsidiados por el Estado y ahora dolarizados en favor de las ganancias de las distribuidoras y generadoras energéticas.

A ese panorama se suma el uso de los fondos estatales subsidiando al capital privado hidrocarburífero o inclusive llevando a cabo las mayores inversiones en infraestructura o desarrollos productivos y exploratorios en yacimientos convencionales o no convencionales.

El rol de la actual YPF está lejos de la comandada por Repsol desde las oficinas corporativas en Madrid, pero más distante se encuentra aún de la visión estratégica y social que desempeñaba la YPF estatal antes del desguace menemista.

Embarcar, como ha sucedido hasta ahora, a YPF como punta de lanza en Vaca Muerta no ha demostrado ser la estrategia más fructífera para la compañía ni tampoco para el país. Hasta el momento la hipótesis de que con el desarrollo de los no convencionales se posibilitaría fomentar la industria nacional o conseguir los dólares para el pago de la deuda no está demostrada en lo más mínimo.

El propio Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, remarcó que es inviable la idea de avanzar con “el fenómeno Vaca Muerta asociado a una salida en donde la Argentina fuera exportadora de gas no convencional y que esto permitiera un salto importante en el ingreso de dólares”.

Se debe considerar que en Vaca Muerta se viene llevando a cabo el máximo experimento empresario privado para la obtención de ganancias y maximización de la rentabilidad.

Es allí donde se modificaron los convenios colectivos de trabajo para flexibilizar a los obreros petroleros y reducir los costos laborales, con la consiguiente derivación altísimos costos en vidas de trabajadores que en menos de un año y medio se tradujeron en 8 obreros fallecidos en los yacimientos neuquinos (ver el artículo https://www.elextremosur.com/nota/20198). En los últimos 20 años murieron trabajando nada más y nada menos que 100 petroleros en todo el país.

Una cuota importante de responsabilidad tiene frente a este panorama la dirigencia sindical del sector, que permite que estos “accidentes” cuesten vidas humanas y en muchas oportunidades luchan solo por conquistas salariales -para nada menores o despreciables- pero que en tiempos de crisis funcionan con la lógica empresarial y con la excusa de defender los puestos de trabajo terminan reduciendo salarios o entregando conquistas laborales históricas.

Estas problemáticas no parecen ser tenidas en cuenta por la administración de Alberto Fernández, ni estarían incluidas en el proyecto de nueva ley o de desarrollo productivo de los hidrocarburos en el país.

Por ahora no aparecen explicitados como objetivos del gobierno nacional -es cierto, ahogado por la pandemia y la deuda externa- lograr un país autoabastecido con hidrocarburos, sin muertes por súper explotación laboral en los yacimientos, con tarifas y combustibles accesibles para el conjunto de la población, con gas por redes para todos los habitantes del país. Aparece lejano un nuevo Estado que no solamente intervenga en el mercado como un jugador más entre privados sino como un organizador, generador del empleo y desarrollador de PyMES locales, además de definir las políticas energéticas estratégicas.

Fuente: https://opsur.org.ar/2020/06/23/el-gobierno-reflota-la-ilusion-de-vaca-muerta-claves-para-entender-el-tropiezo-que-viene/

 Bloqueo de la lucha de clases

Es clave en la actual inflexión histórica generalizar que -en el capitalismo- es imposible mirar hacia buenos vivires abajo. Impiden ese despertar de una creciente mayoría de les oprimides por el sistema quienes son estatistas como el Frente por la Soberanía Nacional. Coinciden con el gobierno de turno cuando afirma la necesidad de inversiones extranjeras (ampliamente favorecidas por ley de la dictadura genocida) y el deber central de honrar la deuda externa pública. Razonan la solución a favor de les de abajo como regulación estatal de las primeras. Ilusionan que el Estado distribuirá beneficios y que también logrará financiar políticas sociales si hay suspensión o no pago de la estafa oficializada como deuda externa pública. No se han convencido que el Estado viabiliza el capitalismo mirando por el 1%. Pues no se interrogan sobre cómo la democracia hoy patentiza representar al llamado poder real ni cómo la clase política devino casta política.

Al leer «El gobierno reflota la ilusión de Vaca Muerta…» hemos comprobado que el Estado nes fuerza a ser inversores para que las petroleras se enriquezcan aún más y no sólo a costa de mayor pobreza estructural y superexplotación laboral sino también de aniquilamiento de las condiciones de vida y de trabajo tanto en el presente como en el futuro. Estas gravísimas consecuencias de la política de estado no interpela a quienes miran por necesidades e intereses populares pero desde su sector como el redentor y desde su recepción de aparentes favores gubernamentales. Examinemos:

 Argentina. Mercado Esperanza

Por Santiago Somonte / Resumen Latinoamericano, La luna con gatillo – Revista Sonámbula, 7 abril 2020

Segunda publicación del dossier “Escrituras de #Cuarentena, una crítica política de la cultura y la lucha de clases”, una iniciativa conjunta de las revistas Sonámbula y La Luna con gatillo. A lo largo de toda esta semana iremos compartiendo artículos de ambas revistas con distintos acercamientos a la pandemia mundial desde la cultura.

Una pandemia inusitada se esparce como algoritmos infinitos, con velocidad inaudita por los confines del planisferio. Cualquier hipótesis, cualquier proyección, se enfrascan en un camino sinuoso, sin señales claras y con un tendal de muerte, que llega desde lugares, que ayer nomás, mirábamos como sitios con cierta “estabilidad”. Y es cierto, pues. En esta Abya Yala sangrante, aplastada por cinco siglos de opresión colonialista todo pende de un hilo, o de madejas tambaleantes, para ser compasivxs. Porque gobiernos al margen, la salud, la economía, el sistema es hiperdeficiente. En esta pandemia sólo tracciona, a pura voluntad y amor, la vocación de profesionales, voluntarixs de todo tipo y laburantes que sostienen este presente incierto. También hubo un par de reflejos rápidos, aparentemente a tiempo, de quienes llevan las riendas.

Entonces, hay que evadirse un rato de la catarata de información que vuela por guasap, redes y correrías sórdidas. Y ante el miedo omnipresente, porque la globalización no permite esquivar tamaño desastre histórico, el pánico toma la escena. La ineptitud u omisión de la clase política de los países más poderosos como gendarmes del nuevo-viejo orden mundial, empeora el panorama. Pero, ¿Qué rol tenemos nosotrxs?. Ese amplio nosotrxs que malabarea desde hace tiempo entre laburos formales, militancias diversas, contradicciones lógicas y un montón de cosas que tenemos pendientes.

En ese bagaje variopinto, en esos pequeños submundos, emerge la construcción colectiva: la solidaridad, la empatía, la interacción voluntaria. Articuladas por decenas de organizaciones que nacieron antes de la crisis del 2001, y aguantaron el menemato; herederxs de aquellos fuegos de las décadas anteriores, y de cientos de espacios que surgieron recientemente en un enclave nacional más que diverso. Así, la economía social, el cooperativismo, los movimientos barriales, articulan sobre la marcha, improvisan, activan, despliegan solidaridad. Del otro lado, siempre enfrente, las presiones empresariales en la segunda parte de la cuarentena, afloran con su natural capacidad destructiva, con su inercia de ambición.

El recorrido de UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, es una muestra de toda esa conjunción: el sentido comunitario contra los embates de los especuladores de siempre. Más de diez años de lucha, de visibilizar una realidad tapada por los grandes medios, y sus aliados-socios que se han autotitulado en afiatada sintonía como “el campo”. Sobre las periferias de las ciudades, en las márgenes de la economía formal y la rutina marcada por patrones y horarios, surge a diario otra realidad, que ahora propone y dispone; toma protagonismo y a la vez precisa de soluciones urgentes, en las villas y los caseríos.

En plena pandemia, el gobierno nacional le confió a Nahuel Levaggi, referente nacional de la UTT, la presidencia del Mercado Central. Enorme desafío ante una economía inflacionaria, regida por una decena de supermercadistas y la inefable cadena de intermediarios. “Fueron tomados muchos de los planteos que veníamos haciendo históricamente. Para nuestra organización representa un claro apoyo al modelo de producción, comercialización y consumo que proponemos. La primer medida fue fortalecer y poner en funcionamiento un protocolo sanitario para cuidar la salud de todo la comunidad del mercado, para quienes trabajan y quienes transitan diariamente: extremamos tareas de limpieza y desinfección, cambiamos sistemas internos de circulación…”, cuenta Nahuel a la distancia prudencial que obliga la pandemia y el aluvión de notas que lo ocupan más de la cuenta, a partir de la designación en uno de los mercados más grandes de Sudamérica, territorio hostil y símbolo de los vaivenes económicos que atraviesan la alimentación básica del área metropolitana de Buenos Aires. Un conglomerado de más de quince millones de personas, que directa o indirectamente destinan una porción de sus salarios allí.

“El compromiso social de abastecimiento lo deben tener todos los sectores de la producción y comercialización agroalimentaria. Tienen que hacerse cargo del rol social que cumplen”, asegura. Para contrarrestar la suba de precios, se lanzaron una serie de artículos básicos, urgentes, con precios mayoristas. Entre medio se dispararon los costos de carne, verduras y lácteos en locales y grandes supermercados. ¿Cómo fijar precios ante el riesgo de un virus invisible, persianas de comercios que se bajan y millones de personas en un encrucijada vital?: sino laburan, no comen. Corta y sencilla ecuación ante cualquier versito neoliberaloide. “Fue un acuerdo de consenso y no de imposición. Se planteó en una reunión con operadores, a partir de la conciencia social que se había generado. Es un acuerdo histórico”.

A pesar del malestar general y los bolsillos que empiezan a flaquear por la inactividad laboral, la ecuación no es tan sencilla: el Mercado Central alquila los puestos pero los valores de cada producto se fijan desde cada uno de ellos, entonces resulta difícil el control. “Con mucha iniciativa se establecieron precios con cada uno de los operadores”, remarca Levaggi. En tanto, la incertidumbre y las medidas económicas marcan el pulso diario. No hay certeza del mañana, sugieren políticos, rosqueros de turno, opinólogos de todos los colores y periodistas-estrellas. Las jornadas se acortan en la vorágine imparable de marchas y contramarchas, atadas a precios regidos con logística reducida y una población con necesidades de aprovisionamiento, desde un letargo producto del encierro hogareño, inverso al de quienes encaran de frente al virus.

En el interior de cada organización, ya sea social, política o no gubernamental hay necesidad de (re) organizarse, ser rápidos y expeditivxs. Todos los colectivos, cuando las urgencias arrecian, son la vanguardia ante situaciones desbordantes. ¿Cómo afrontaría esta realidad el gobierno nacional, provincial o barrial, sin aquellxs que están asistiendo a los sectores más desprotegidos, desde hace semanas?. Los roles parecen intercambiarse, y estos espacios comunitarios, en muchos casos autogestivos, con historias que se leen en este y otros medios compañeros, sostienen este presente. Las bases campesinas de la UTT son parte de ese entramado, muchas veces ninguneado en las consideraciones generales. Pero desde esas zonas postergadas llega la solidaridad: desde los Verdurazos y las ollas populares a las donaciones recientes de frutas, verduras y alimentos.

“Lo primero que entendimos fue el estado de excepcionalidad que estamos viviendo, a partir de la emergencia de salud y el acceso a los alimentos. Hacer algo para garantizar el bienestar del pueblo, se transformó en una cuestión de responsabilidad”, cuenta desde su casa-quinta-huerta en las afueras de L+a Plata, Rosalía Pellegrini, coordinadora de la Secretaría de Género de la organización, y mujer todoterreno en tiempos de pandemia. Las detenciones arbitrarias a compañerxs es uno de los principales temas que la ocupan en estos días: salen de sus casas de zonas rurales en busca de alimentos y terminan durmiendo a la intemperie por la persecución policial, por agentes que les impiden regresar. La coordinación del funcionamiento de los almacenes de Capital Federal y Gran Buenos Aires, la recolección de plantas medicinales para diversos proyectos de la organización y la críanza de sus hijxs, ocupan el resto de su tiempo.  

“Venimos hace muchísimos años denunciando la injusticia en la comercialización de lo que producimos, entonces la designación en el Mercado Central representa un desafío: ver si desde cierto lugar de la cadena que provee de frutas y verduras, podemos generar este cambio, que es en definitiva, la regulación de los precios con fines sociales, por el bien común. No dejamos de trabajar la tierra y seguimos realizando asambleas con los referentes de cada base. Lo que están ganando nuestros productores y productoras, no tiene nada que ver con lo que están cobrando supermercados y verdulerías”, remarca Pellegrini. Una asimetría que se intentará cambiar dentro del mercado con una nave propia para la venta de alimentos de la agricultura familiar, y fuera de él, con la implementación de nuevas colonias agrícolas, y el acceso a la tierra, reclamo y motor de lucha de todos los movimientos campesinos de la historia argentina.

A través de las horas, se insiste desde estas líneas que también caducarán, la situación social se altera. Los contagios y muertes, las roscas y presiones para reactivar las actividades comerciales, aumentan. El futuro ya llegó, como lo presentíamos, pero no lo esperábamos. La voluntad dispar de aquel concepto discutido por sociólogos y filósofos, al que llaman sociedad, no funciona evidentemente, en bloque. La heterogeneidad de su composición económica, los lazos que emparentan a las distintas sub-clases, si cabe el término, han evidenciado comportamientos identitarios de esperanza, solidaridad colectivizada y por otro lado, fragmentación e individualismo, que se emparentan indirectamente con la imagen de pobres reprimiendo pobres, o aposentadxs huyendo a lugares más peligrosos que un campo rodeado de frutos y animales, lejos de ciudades que escuchan un inquietante silencio.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/04/07/mercado-esperanza/

Observamos que el autodenominado otro campo sólo descubre su «nosotros» como el sujeto protagónico y esto lo comparte con el Frente por la Soberanía Nacional. Aún más, ambos persiguen objetivos descontextualizados de la realidad capitalista contemporánea y cuyo estado nacional funciona para viabilizar la maximización en la concentración-centralización del Capital transnacional y transnacionalizado.

Pero restrinjámonos al segundo, no asume que el río Paraná pertenece a la IIRSA indisolublemente conectada con los extractivismos de la República Unida de la Soja y que la confrontación esencial contra ese saqueo/envenenamiento la concretan las luchas socioecológicas con arraigo en todos los territorios del país-continente.

El Frente por la Soberanía Nacional se focaliza en que se debe combatir la pobreza en vez de al capitalismo o acumulación de riquezas y poder por el 1% de la humanidad.

De ahí que piense en un Estado distributivo y sin obligación de pagar la deuda externa pública. Ahora así como gira 180º la mirada de a quiénes eliminar, razona que los extractivismos se despliegan para atender a los grandes acreedores. Cuando lo cierto es que sin extractivismos no hay capitalismo como advierte Horacio Machado Aráoz.

Y estos ecocidios-genocidios requieren ser financiados por las propias poblaciones saqueadas, envenenadas pero esta transferencia es demasiada perversa para explicitarla.

La democracia oculta y escenifica el mito del desendeudamiento encubriendo que la verdad es el mito de Sísifo para les diverses de abajo.

Depredación ambiental y primarización económica para
pagar a los bonistas y el FMI

14 de agosto de 2020

 La explotación parasitaria de las riquezas del país por los pulpos imperialistas.

Por Martín Vacas Vignolo

El acuerdo del gobierno nacional con China para instalar granjas industriales de cerdos en nuestro país, para exportar luego la carne al país asiático, reavivó muchos debates acerca de la antinomia entre la preservación del ambiente y la salubridad de la población, de un lado, y el desarrollo económico, del otro. Para centrar esta discusión es necesario, primero, ubicar cuál es la orientación general de la política económica del gobierno de Alberto Fernández y ver a la luz de ello el agravamiento de la depredación ambiental que se ha acelerado en estos ocho meses.

Después de sellar el pacto colonial con los bonistas para arreglar el repago de la deuda externa, el presidente sostuvo que ahora lo que queda es «exportar todo lo que se pueda». De hecho, todo el relato de la «sustentabilidad» de la deuda -que es compartido con los funcionarios del FMI- parte de la premisa de que el desafío es «pagar la deuda con crecimiento», lo que quiere decir que el país podría generar los dólares necesarios para cumplir esa hipoteca. Incluso ha condicionado la reactivación de la industria a aquellas ramas que no demanden importaciones, en una confesión de que apuntan a una reprimarización de la economía nacional. Ese norte es lo que explica tanto las tratativas del acuerdo que harían del país una «factoría de cerdos para China», como la ofensiva para habilitar nuevos negocios de la megaminería contaminante, e incluso la carta blanca a la devastación de los terratenientes que incendian las islas del Delta del Paraná en Santa Fe y Entre Ríos.

De hecho, la proliferación de focos de incendio intencionales en el Litoral, generados por los terratenientes para trasladar a las islas la explotación ganadera y liberar tierras para los pooles de siembra de la soja y el maíz, se replicó en esos días en humedales de distintos puntos de la Ribera del Plata. La temporada de incendios también esta haciendo estragos en las sierras de Córdoba y de las reservas naturales de Ciudad Evita y Laferrere en La Matanza, obra de los especuladores del mercado inmobiliario. En la Región Chaqueña se han deforestado, desde el inicio de la cuarentena, alrededor de 30.000 hectáreas de bosques nativos. Todo ello no solo agrava las infecciones respiratorias en plena pandemia y destruye fauna y flora, sino que además recrudece el drama de las inundaciones por la impermeabilización de los suelos.

Detrás de ese avance de la frontera agropecuaria se encuentra la presión de terratenientes, los grandes pooles de siembra y las cámaras exportadoras, que aprovechan la necesidad de dólares del gobierno para reclamar exenciones impositivas y una devaluación en regla del peso. Esta misma presión logró que en abril se bajen los costos de importación de la Monoisopropilamina y la Dimetilamina, agroquímicos contaminantes utilizados para la producción de herbicidas. La exportación agrícola será la columna vertebral del «plan económico» para garantizar el repago de la deuda, junto con un ajuste en regla contra los trabajadores, todo lo cual será fijado y monitoreado por el FMI. Lo más grave es que la parte del león de este negocio se lo lleva un puñado de multinacionales exportadoras como Bunge y Cargill, mientras que los Bayer-Monsanto y Syngenta se quedan con otra parte de la renta agraria por la dependencia de los productores a sus semillas y paquetes tecnológicos. Es exactamente la antítesis de la soberanía alimentaria que esgrimía el gobierno antes de recular en la intervención de Vicentin, porque asocia los precios internos de los alimentos a la cotización internacional de las materias primas.

Lo mismo puede decirse del intento de habilitar jugosos negocios a los pulpos mineros. Para ello fue designado como secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, que había sido el empleado de la Barrick Gold en el gobierno sanjuanino y parte de los promotores del Acuerdo Federal Minero pactado por Macri y los gobernadores, que fijó las regalías en un insignificante 3% de la ganancia bruta de las mineras. Esto concitó el repudio del pueblo de Jáchal, que lucha desde hace años contra la incesante contaminación de los cursos de agua por los derrames de millones de litros de agua cianurada y otros químicos, producido por la Barrick en la mina Veladero.

Fue con este respaldo que la UCR y el PJ votaron en la Legislatura de Mendoza barrer con la ley 7722 que impide la explotación minera contaminante, que desató una verdadera rebelión provincial hasta que el gobierno de Rodolfo Suárez y la oposición no recularon y anularon la «ley cianuro». Pero ese traspié no detuvo el lobby, y en Chubut el gobierno del «albertista» Mariano Arcioni apadrinó un contrato millonario entre el empresario Elsztain y la canadiense Yamana Gold para extraer oro en la provincia, lo cual es un compromiso de remover la ley 5001 (que prohíbe la minería en la provincia), en pos de una zonificación que habilite también los históricos proyectos Suyai y Navidad en la meseta chubutense. Así como la pueblada de Esquel en 2003 arrancó la sanción de la ley 5001, ante este nuevo avance se puso en marcha la segunda Iniciativa Popular con la consigna «No Es No», que en poco más de un mes ha recogido un apoyo masivo.

La industria hidrocarburífera es otro punto sensible en la política económica de Alberto Fernández. Antes de su asunción, el presidente ponía sus fichas en los dólares que se proponía recaudar gracias a la exportación de petróleo y gas de Vaca Muerta. La caída de los precios internacionales ha puesto en cuestión la rentabilidad esa extracción no convencional de hidrocarburos, lo que derivó en una parálisis absoluta de las inversiones. Ahora preocupa al gobierno no ya lo que no recaudará, sino las divisas que se pueden fugar si se ve en la necesidad de importar combustibles en el próximo invierno.

Para revertirlo, el gobierno no solo prácticamente eliminó las retenciones a la exportación e instauró el barril criollo para subsidiar a las petroleras, sino que prepara un esquema de tarifazos y anunció una reforma laboral en YPF que así como intensificará la explotación de los obreros petroleros se traducirá en menores prevenciones ambientales en la extracción, cuando en los últimos cinco años fueron reportados más de 4.000 «accidentes ambientales». De nuevo, quienes ganan aquí son los Chevron, la empresa yanqui beneficiada con un acuerdo leonino y secreto firmado por Cristina Kirchner en 2013. A la clase obrera, en cambio, le esperan despidos, una mayor precarización laboral (un esquema que se cobró ocho vidas obreras en los últimos dos años) y mayores precios de la nafta, la luz y el gas.

En semejante contexto, el «revalorizado» Ministerio de Ambiente, encabezado por Juan Cabandié, no puede más que estar pintado. Pero su función es reaccionaria, ya que desde principio de año ha emprendido una política de cooptación de las organizaciones ambientales. La mayoría, sin embargo, rechazó esa integración al Estado bajo el ala de un gobierno que perpetúa y hasta acelera la depredación de los recursos naturales. No se puede tapar el sol con la mano, Cabandié.

Desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero participamos e impulsamos cada lucha en defensa del ambiente y de las condiciones de vida de la población trabajadora. Lo hacemos planteando un programa de salida que se opone por el vértice a la explotación parasitaria de las riquezas del país por parte de pulpos imperialista, cuyo único fin es la recaudación de dólares… ¡para el pago de la deuda externa fraudulenta!

Llamamos a las organizaciones ambientales a convocar un plenario para pelear en común por la aprobación del proyecto de ley presentado por la diputada del FIT Romina Del Plá, que plantea la prohibición de todos los desmontes por dos años, entregando a las organizaciones defensoras del ambiente un poder de veto sobre las rezonificaciones que la Justicia determine para avalar la tala de bosques, y establece una recuperación de las áreas devastadas financiada por las empresas responsables. Por la prohibición de las fumigaciones con agrotóxicos en zonas pobladas, y un poder de veto de las organizaciones ambientales sobre las fumigaciones en el ámbito rural. Por la prohibición de la megaminería a cielo abierto y la nacionalización de los recursos naturales, para poner la producción bajo control obrero y dando poder de veto a las comunidades afectadas por los emprendimientos extractivos. La nacionalización obrera de la industria hidrocarburífera, además, permitiría armonizar las necesidades de abastecimiento de energía con la provisión de formas de generación limpias y renovables. Por el saneamiento de ríos y suelos contaminados, bajo supervisión de organizaciones ambientales y vecinos, a cargo de las empresas responsables; y el fin de la especulación inmobiliaria que devasta bosques y humedales.

Es un programa que debe ir de la mano del repudio de la deuda usuraria para romper con ese mecanismo de expoliación colonial del país, y la nacionalización del comercio exterior para invertir la riqueza en un plan de desarrollo social y nacional que ponga un punto final a la primarización y la depredación ambiental.

Fuente: https://prensaobrera.com/ambiente/depredacion-ambiental-y-primarizacion-economica-para-pagar-a-los-bonitas-y-el-fmi/

Destaquemos que el Frente por la Soberanía Nacional -en lo esencial- coincide con el Partido Obrero cuando éste convoca a las organizaciones ambientales para pelear en común por la aprobación del proyecto de ley presentado por la diputada del FIT Romina Del Plá, que plantea la prohibición de todos los desmontes por dos años, entregando a las organizaciones defensoras del ambiente un poder de veto sobre las rezonificaciones que la Justicia determine para avalar la tala de bosques, y establece una recuperación de las áreas devastadas financiada por las empresas responsables. Se pronuncia:

Por la prohibición de las fumigaciones con agrotóxicos en zonas pobladas, y un poder de veto de las organizaciones ambientales sobre las fumigaciones en el ámbito rural.
Por la prohibición de la megaminería a cielo abierto y la nacionalización de los recursos naturales, para poner la producción bajo control obrero y dando poder de veto a las comunidades afectadas por los emprendimientos extractivos.

La nacionalización obrera de la industria hidrocarburífera, además, permitiría armonizar las necesidades de abastecimiento de energía con la provisión de formas de generación limpias y renovables. Por el saneamiento de ríos y suelos contaminados, bajo supervisión de organizaciones ambientales y vecinos, a cargo de las empresas responsables; y el fin de la especulación inmobiliaria que devasta bosques y humedales.

Es un programa que debe ir de la mano del repudio de la deuda usuraria para romper con ese mecanismo de expoliación colonial del país, y la nacionalización del comercio exterior para invertir la riqueza en un plan de desarrollo social y nacional que ponga un punto final a la primarización y la depredación ambiental.

Ambos, el Frente y el Partido Obrero, son reformistas en la actual situación límite cuya característica fundamental es la guerra de amplio espectro que el capitalismo lleva a cabo contra los pueblos y la naturaleza. Sostienen el poder de leyes, regulaciones y nacionalizaciones para el desarrollo social y nacional al que no ponen en cuestión. Lo peor de esta conciliación con los poderes constituidos a través de la democracia cuidando sólo por derrotar a cualquier brote de subversión, es delegar en ellos la financiación de reparación y el voluntario retiro de sus actividades depredadoras.

Soslayan el imperativo de la lucha de clases o de les diverses subalternes y oprimides contra sus expoliadores.

Por el contrario, las autoorganizaciones socioecológicas y les comunidades, pueblos naciones indígenas debido a arraigos territoriales van adueñándose de la disconformidad con los destinos programados y ejecutados por el sistema.

La palabra Emergencia nos impacta e invita a interiorizar, reconocer que necesitamos actuar en lo inmediato y trabajar en ella.

El gobierno provincial y local debe años de actualización de mapas de otbn y actualización de ejidos bajo estudio de impacto ambiental y cultural (Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos).
No hay un plan de prevención y manejo del fuego que incluya la protección de las áreas categorizadas como de muy alto, alto y medio valor de conservación de bosque nativo (zonas rojas y amarillas).
 

La emergencia no es sólo agropecuaria, alimentaria, sanitaria e hídrica. Necesitamos cumplir las leyes, así como sanear cuencas, restaurar el bosque e implementar políticas socioambientales estructurales. Sobre los territorios quemados se debe hacer la restauración conforme a lo que dicen las normativas vigentes.

Punilla está en categoría media de Emergencia, razón según la cual NO LLEGAN los fondos verdes destinados a reparar políticas sociales y rurales, de zonas productivas afectadas, de pueblos indígenas y de proyectos agroecológicos. Esto significa que se estima no hay problemas estructurales, ni pobreza. De modo que  se promueve el negocio inmobiliario (urbanización del bosque en zonas amarillas y rojas) y obras faraónicas cómo la Autovía de Punilla que pretenden pasar de largo a las verdaderas necesidades de los pueblos de este valle.
La falta de ordenamiento territorial nos está trayendo problemas graves de delitos de tierra, ambientales e inseguridad como hemos informado a los distintos Ministerios. Se avanza sobre patrimonio cultural y se promueve la desigualdad de Tierra, Techo y Trabajo. 

Que el gobierno abuse de sus atribuciones también nos invita a deconstruir y sanar siglos de un sistema patriarcal y violento, hacernos cargo de nuestro saber y deber a todxs los ciudadanxs. Por eso nos movilizamos, por eso nos capacitamos y transmitimos.
La Emergencia no le da la potestad al gobierno de VIOLAR LAS NORMAS CONSTITUCIONALES, es el pueblo unido y responsable el encargado y sus diferentes actores, el que deben exigir la remediación y prevención de todo evento que destruya al ecosistema que habitamos y atente contra la vida.

#QueElProgresoNoCuesteVida
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Reparemos que el Frente por la Soberanía Nacional y  el Partido Obrero, según sus actuales declaraciones políticas, desconocen la centralidad de:

El campo cada vez está más concentrado

21 de enero de 2020

Por Darío Aranda     

Según los últimos datos oficiales, el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias concentra el 36 por ciento de la tierra, una dinámica que continúa expulsando familias.

En treinta años desapareció el 41 por ciento de las explotaciones agropecuarias y se acentuó la concentración de tierras en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones controla el 36 por ciento de la tierra, mientras que el 55 por ciento de las chacras (las más pequeñas) tiene solo el 2 por ciento de la tierra. Son datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). 

Campesinos, indígenas y académicos no tienen dudas:  la desaparición de chacras y la expulsión de familias del campo tiene directa relación con el agronegocio, modelo que prioriza la exportación, dominado por grandes empresas, y deja de lado la producción de alimentos y a los productores.

El Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA) relevó datos sobre las características de las explotaciones agropecuarias (EAP) y del productor. Se relevaron 206 millones de hectáreas y se cesaron 250.881 explotaciones agropecuarias.

Los resultados preliminares figuran en un documento de 232 páginas presentado por el Indec. Entre 2002 y 2018 desapareció el 25,5 por ciento de las explotaciones agropecuarias. Y, si se compara con el censo de 1988, en sólo treinta años desapareció el 41,5 por ciento de la chacras.

Un hecho que ningún sector político jamás se animó a abordar en la concentración de tierras. Y eso favorece a los más grandes. El CNA confirma con datos lo que campesinos, indígenas y académicos críticos denuncian desde hace décadas: el 1,08 por ciento de las fincas (2473) concentra el 36,4 por ciento de la tierra (57 millones de hectáreas). Se trata de las propiedades de más de 10.000 hectáreas.

En el otro extremo, las chacras más pequeñas (menos de 100 hectáreas) representan el 54,6 del total de las explotaciones agropecuarias (125.023 fincas), pero tienen solo el 2,25 de la tierra (3,5 millones de hectáreas). Argentina experimenta una reforma agraria pero al revés, donde muy pocos (el 1,08 por ciento) tiene demasiado. Y donde la mayoría (el 54,6 por ciento) tiene muy poco.

Nahuel Levaggi, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), afirma que el censo muestra “el resultado de un modelo agropecuario que atraviesa los distintos gobiernos, un modelo que concentra la tierra, dominado por multinacionales de semillas, y es la muestra del capitalismo en su máxima expresión”. Levaggi explica que a los desalojos de campesinos se suma que quienes tenían fincas comienzan a ser rentistas y dejar el campo o directamente vender sus chacras: “Hace años que alertamos que es un modelo sin agricultores, donde los más grandes se comen a medianos y pequeños”.

Jorge Frías es productor agroecológico en su chacra “La tierra sin mal”, en Puerto Tirol (Chaco). Recuerda que el modelo prioriza los cultivos extensivos (soja, maíz, girasol, caña de azúcar y, por otro lado, monocultivo de árboles), que avanzaron sobre regiones de campesinos e indígenas. “Es un modelo que no produce alimentos para nuestra población. Es un modelo que vacía el campo de gente. Hace años que alertamos de las graves consecuencias productivas, ambientales y sociales”, afirma. El censo precisó que solo en el 46 por ciento de explotaciones los productores viven en el campo. Y detalló que existen 75.193 viviendas deshabitadas.

Frías participa del Movimiento Popular la Dignidad y del espacio Somos Monte, de Chaco, que lucha por la defensa del poco bosque nativo que permanece en pie. Explica que todo el sudeste chaqueño ya fue arrasado, y que el agronegocio retomó su embestida contra El Impenetrable, de la mano de una “soja nacional” (de la empresa Bioceres) resistente a la sequía. Exige que algún Gobierno ponga en debate el modelo de agronegocio, pero no solo las retenciones, y que se discuta la tierra para qué y para quién.

Los investigadores Eduardo Azcuy Ameghino y Diego Fernández, del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (UBA), analizaron el censo. Destacan que entre 2002 y 2018 desaparecieron en Argentina 82.652 explotaciones agropecuarias, casi un 25 por ciento del total, a un promedio de 5166 chacras por mes. “Se ratifica la vigencia y eficacia del proceso de concentración económica consolidado durante los noventa y prolongado hasta la actualidad”, afirman los autores. Si se toma el censo de 1988, en 20 años se perdió el 41,5 por ciento de las chacras.

Desde el Foro Agrario, espacio de articulación de decenas de organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, presentaron en mayo pasado un programa que propone otro modelo agropecuario, de base popular, con políticas de estado que fomenten el arraigo rural y la producción de alimentos accesibles para el pueblo. “Diversos sectores políticos se siguen refiriendo a la Mesa de Enlace como ‘el campo’. Tienen que entender que hay otro sujeto rural, con otro rol económico, otra base social, que es otro campo, con un modelo que incluye beneficios para toda la sociedad y para el ambiente”, exige Levaggi de la UTT.

Jeremías Chauque es mapuche, vive en Desvío Arijón (Santa Fe) y forma parte de la organización de productores “Desvío a la raíz, agricultura ancestral”. No lo sorprendió el dato de la concentración de tierras, afirma que es un mal que se repite en la Patagonia mapuche, pero también en el Norte wichí y en la Mesopotamia guaraní, sólo por citar tres latitudes. “El agronegocio funciona explotando hasta el último aliento de vida, con desmonte, saqueo, contaminación”, recuerda. Chauque forma parte del Colectivo Paren de Fumigar Santa Fe y resalta la necesidad de otro modelo, que tenga como prioridad lo social y los alimentos sanos (sin agrotóxicos ni transgénicos), “una agricultura sin mano de obra barata, con agricultores dueños de su destino, con tierras para trabajar, con producción de alimentos y no commodities para los chanchos de Europa y Asia”.

Página 12

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/El-campo-cada-vez-esta-mas-concentrado

En consecuencia, al revés del Frente por la Soberanía Nacional que delega poder popular en el Estado al servicio del capitalismo, es crucial constituir poder económico territorial de comunidades y pueblos mediante la «reforma agraria integral» y ésta resultará de la unión de autoorganizaciones en diversidad pero con la voluntad común de contraponerse a la concentración y transnacionalización económico territorial que el Capital Estado logró por expansión de todos los extractivismos. Es clave que esa unión luche hacia erradicar a todos los extractivismos por:

Arrasar con la vida

8 de abril de 2020

Por Darío Aranda para la Agencia de Noticias Biodiversidadla    

El avance del agronegocio y la pérdida de millones de hectáreas de bosque. La crisis climática, el aumento de la temperatura global y los territorios de sacrificio en el Sur global.

En paralelo al avance del modelo sojero en el Cono Sur se arrasaron 35 millones de hectáreas de bosque nativo. El equivalente a la superficie de Alemania, donde se ubica la sede central de Bayer-Monsanto, u ocho veces la superficie de Suiza, donde nació la multinacional Syngenta-ChemChina. A pesar de leyes que protegen las áreas boscosas, el desmonte avanza en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Un modelo, el agronegocio, publicitado como “exitoso”, pero con enormes consecuencias en los territorios.

Millones de hectáreas

La aprobación de la soja transgénica sucedió en forma escalonada en los países de Cono Sur. En Argentina fue en marzo de 1996. En Uruguay se dio luz verde en octubre del mismo año. En el resto de los países se cultivó de forma ilegal desde fines de los ‘90 y la autorización formal llegó años después: en 2003 en Brasil, un año después en Paraguay y en 2005 en Bolivia.

El avance transgénico tuvo su correlato de devastación ambiental. En Argentina se destruyeron 5,6 millones de hectáreas de monte nativo entre 1998 y 2017. Las provincias más desmontadas fueron Santiago del Estero (1,8 millones de hectáreas), Salta (1,4 millones), Chaco (650 mil) y Formosa (418 mil). Todas zonas ajenas al agro industrial, todas zonas de campesinos, indígenas y agricultores familiares.

La Fundación Tierra de Bolivia precisó que en ese país se arrasaron 5,1 millones de hectáreas entre 1990 y 2016. El departamento con mayor deforestación es Santa Cruz de la Sierra, corazón de las empresas agroindustriales. Otros departamentos, con cifras menores, son Tarija, Beni, La Paz y Chuquisaca.

En Paraguay, entre 2001 al 2017, se destruyeron 5,4 millones de hectáreas. La organización Base-Is explicó que el desmonte mayormente se produjo en losdepartamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná. Son los mismos departamentos donde se produjo el mayor avance del modelo agroexportador.

En Brasil se desmontaron 19,1 millones de hectáreas entre 1990 y 2019. Se dio principalmente en la región llamada Amazonia Legal, un área que engloba en su totalidad los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins y Mato Grosso, y parcialmente el estado de Maranhao, todos pertenecientes a la cuenca amazónica.

Un elemento fundamental, muchas veces silenciado por organizaciones conservacionistas, en los territorios con bosque vivían (y viven) pueblos indígenas, campesinos, agricultores familias. Actores imprescindibles para la soberanía alimentaria y la defensa del monte nativo.

Los millones de hectáreas devastadas fueron transformadas en monocultivos. Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996. Y llegó al pico máximo de 20,5 millones hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En Paraguay se pasó de 1,1 millones de hectáreas con soja en 1997 a 3,4 en 2018. El maíz también se multiplicó: de 356.600 hectáreas en 1997 se llegó a un millón en 2016. En Bolivia se pasó de 200.000 hectáreas con soja en 1990 a 1,2 millones en 2017. A fines de la década del ‘90 Brasil contaba con tres millones de hectáreas declaradas. En la cosecha 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.

Otro monocultivo, mismo modelo

Uruguay es un caso muy particular referido al avance del agro y sus bosques. La Ley 15.939 (de 1987) prohíbe la tala de monte nativo (con excepciones para el uso doméstico, y con autorización de la Dirección General Forestal) y obliga a reforestar con especies nativas. De esta forma, la superficie de monte nativo pasó de 664 mil hectáreas en 1990 a 850 mil en 2019. Pero la misma ley estimula el desarrollo de la industria forestal, que genera el avance del monocultivo de árboles, parte del modelo de agronegocio. En 1987 la superficie de plantaciones forestales (pino y eucaliptus) era de 46.000 hectáreas. En 2017 llegó a las 2,2 millones de hectáreas. Lo que implicó acaparamiento de tierras, uso masivo de agrotóxicos y la instalación de plantas de celulosa, con denuncias de contaminación del agua y el aire. El caso más famoso: Botnia-UPM, de capitales fidlandeses.

Región chaqueña

 La ONG paraguaya Guyra analiza la situación del Gran Chaco Sudamericano, que incluye a la Argentina, Paraguay y Bolivia. Analizó el avance de los deforestación entre 2010 y 2018. En 2010 y 2011 contabilizó picos de desmonte de hasta 1400 hectáreas por día en promedio. Y en 2012 y 2013 aumentó incluso hasta un promedio de 2000 hectáreas diarias. A modo global, entre 2010 y 2013 se destruyeron más de 1,6 millones de hectáreas. Paraguay encabezó el ranking con un millón de hectáreas destruidas.

En junio de 2018, último informe mensual disponible, detectaron 34.000 hectáreas arrasadas, un promedio de 1096 hectáreas por día. Argentina representó el 80 por ciento y Paraguay el 18 por ciento.

“Monitoreo desmonte”, es un sitio web colaborativo que analiza la situación de bosques de la región chaqueña de Argentina, doce provincias del norte del país donde avanzó el modelo agropecuario. Mediante imágenes satelitales precisa los desmontes desde la década del ‘70 hasta la actualidad. Entre el año 2000 y el 2018 se perdieron 5,7 millones de hectáreas, un promedio anual de 300 mil hectáreas. “Las tasas de deforestación en esta región se encuentran entre las más altas del mundo y están promovidas principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Este proceso ha generado importantes conflictos territoriales que incrementaron la preocupación y el interés por conservar los bienes naturales y culturales asociados a estos bosques”, explican los autores del relevamiento, la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En Argentina se aprobó en 2007 la llamada “Ley de bosques” (26.331), que buscaba frenar la deforestación. Desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se destruyeron en Argentina 2,4 millones de hectáreas: equivalente a 120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. El 80 por ciento de los desmontes se concentró en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.

Crisis climática

Además de las emisiones de gases de efecto invernadero, un factor clave en el rol de los bosques es que absorben el dióxido de carbono, proveen oxígeno y son fundamentales para bajar la temperatura del planeta. Sin embargo, entre 1990 y 2019 se destruyeron en el mundo más de 129 millones de hectáreas de bosques, superficie equivalente a la de Sudáfrica. El agronegocio, que incluye la ganadería industrial, es un factor clave en la destrucción de esos bosques.

«Perspectivas del Medio Ambiente Mundial», es el nombre del informe de Naciones Unidas (ONU), presentado en marzo de 2019. Brinda un alerta contundente: el planeta se dirige hacia el colapso climático, sanitario y social.

Desde 1880 la temperatura mundial aumentó entre 0,8 y 1,2 grados centígrados. Y en la última década se produjeron ocho de los diez años más cálidos de la historia. El Acuerdo de París (2015) establece que los países firmantes deben adaptar acciones para que la temperatura del planeta no aumente por encima del 1,5 grados centígrados. Fue (y es) muy criticado por organizaciones sociales por no cuestionar el modelo de consumo que lleva al desastre climático, no ser vinculante, no frenar la extracción de hidrocarburos (como se había propuesto en la cumbre mundial de Kioto –Japón– en 1997) y proponer «falsas soluciones» (monocultivo de árboles, bonos de «compensación» para contaminar, geoingeniería para modificar el clima, entre otros).

Las grandes potencias económicas del mundo comandan el Grupo de los 20 (G20). Y esos mismos países también son los máximos responsables del cambio climático, el aumento de la temperatura global y los consiguientes desastres ambientales: el 76 por ciento de las emisiones del dióxido de carbono (principal factor del ascenso de la temperatura) proviene de los países del G20. Encabezan el ranking de contaminación China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón y Alemania.

El informe de la ONU es concluyente: «Las actividades antropógenas (humanas) han degradado los ecosistemas de la Tierra y socavado los cimientos ecológicos de la sociedad». Aclara que es necesario «adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener y revertir esa situación y proteger así la salud humana y ambiental». Algunas de las medidas esenciales son reducir la degradación de la tierra, frenar la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire, la tierra y las aguas; mitigar el cambio climático y reducir la quema de combustibles fósiles”. Joyce Msuya, directora ejecutiva de ONU Medio Ambiente, fue tajante: «Estamos causando el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. No habrá mañana para muchas personas, a menos que nos detengamos».

Referencia: (…)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Arrasar-con-la-vida

En el informe de la ONU se aclara que es imprescindible «adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener y revertir esa situación y proteger así la salud humana y ambiental. Algunas de las medidas esenciales son reducir la degradación de la tierra, frenar la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire, la tierra y las aguas; mitigar el cambio climático y reducir la quema de combustibles fósiles”. Joyce Msuya, directora ejecutiva de ONU Medio Ambiente, fue tajante: «Estamos causando el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. No habrá mañana para muchas personas, a menos que nos detengamos».

En Argentina, Alberto Fernández sostiene optar por la salud de la población y es reconocido como gobierno con esa decisión. Sin embargo, realidades concretas prueban lo contrario.

Estancia La Fidelidad: 

“Están en peligro 8.000 hectáreas del monte mejor conservado del Impenetrable”

En plena cuarentena a nivel nacional el desmonte no cesa. En la Estancia La Fidelidad se abrieron picadas que anteceden a la destrucción de 8.ooo hectáreas del monte mejor conservado del Impenetrabe. 

La Crisis Climática y la pandemia de coronavirus han puesto a la humanidad frente a la pregunta sobre nuestra forma de estar en el mundo. Las evidencias de que estamos en un rumbo al abismo son cada vez más difíciles de ignorar, y el drama en ciernes sobre La Fidelidad es uno de esos episodios que podrían ser parte de la tragedia colectiva a la que nos arrastra la depredación capitalista. Nos toca torcer este rumbo, y somos millones en todo el mundo con cada vez más fuerza.

Sobre lo que pasa en el Impenetrable conversamos con Nora Giménez y Riccardo Tiddi del colectivo Somos Monte. Leer

En verdad quienes luchan por la salud pública no son sólo los trabajadores del sector y de actividades esenciales a la vida sino también quienes sostienen solidaridad con los desposeídos por el capitalismo y  quienes resisten la actual continuidad e intensificación de los extractivismos.

Documento– 100 organizaciones de todo el país preguntamos:

¿De la pandemia del agronegocio quién nos cuida?

Mientras millones de argentinos y argentinas nos quedamos en nuestras casas para preservar nuestra salud ante la pandemia global de coronavirus, el agronegocio continúa regando nuestros territorios con agrotóxicos que comprometen la capacidad de nuestro organismo para hacer frente al virus. 

Entre las actividades “esenciales” que el Estado exceptúa de la obligatoriedad de suspender la actividad está “la producción agropecuaria”; sin distinción, como si fuera lo mismo sostener la producción de alimentos que la de commodities de exportación o agrocombustibles. 

En paralelo está en curso una enorme operación publicitaria: aprovechando la pandemia las organizaciones del agronegocio se muestran “preocupadas por la salud” de las comunidades y “solidarias”, ofreciendo las mismas máquinas fumigadoras con las que liberan al ambiente sus agrotóxicos para “combatir a los mosquitos trasmisores de dengue” y otras enfermedades. Una nueva mentira, porque además de ser inefectivos para el control del vector generan deriva de los piretroides afectando la biodiversidad y contaminando el ambiente, como quedó demostrado con el estudio científico del Ing. Qco. Marcos Tomasoni (5). También están ofreciendo el uso de mosquitos fumigadores para rociar hipoclorito de sodio como mecanismo para combatir el coronavirus, sin ninguna evidencia científica que respalde la efectividad de esa medida.

También ofrecen “silos-bolsa para fabricar ropa de protección para el personal sanitario”, material que se encuentra contaminado con biocidas y debe ser tratado como residuo peligroso conforme la Ley Nacional N° 24.051. Si realmente son solidarios y se preocupan por nuestra salud paren de fumigarnos y cambien a la agroecología.

Durante estos días de aislamiento ha habido “incidentes” con fumigaciones en Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos o Chaco; en aquellas zonas donde la producción de commodities se realiza parece haber vía libre para fumigar(nos). Esto no es nuevo, es la trágica cotidianeidad de los Pueblos Fumigados de nuestro país, donde se liberan cada año alrededor de 500 millones de kilos/litros de agrotóxicos (1) en miles de formulados comerciales y con principios activos prohibidos en buena parte del mundo sin control alguno, e incumpliendo la Ley General del Ambiente nro 25.675.

Está comprobado científicamente y reconocido por las mismas empresas que elaboran estos agrotóxicos que estas sustancias producen inmunodepresión, irritan las vías respiratorias y gastrointestinalesjunto a un largo rosario de enfermedades por exposición crónica; lo que las comunidades y la ciencia digna han puesto de manifiesto. 

El agronegocio ha cambiado la forma de enfermar y morir en nuestros pueblos (2), y en medio de esta emergencia el Estado no puede seguir mirando para otro lado. Mucho más cuando el efecto inmunodepresivo de los agrotóxicos, científicamente demostrado, pone a la población en una situación de riesgo ante la actual pandemia (3). ¿Cómo puede soportar un virus agresivo una persona en tratamiento por cáncer con todas sus defensas destruidas?

También es impactante saber que este mismo agronegocio sigue destruyendo nuestros bosques. En plena cuarentena organizaciones del Chaco denuncian que “las topadoras trabajan a apenas 8 km de la estación biológica que opera en el Parque Nacional El Impenetrable, lugar donde hace pocos meses se encontró uno de los últimos ejemplares de yaguareté del Chaco. El desmonte afectará 7 mil hectáreas de la estancia La Fidelidad, en la provincia de Formosa” (4)

Es inaceptable que distintos estamentos del Estado acepten estos “generosos ofrecimientos” mientras siguen sin escuchar lo que venimos denunciando hace años. Olvidan además que esta “explosión de solidaridad” viene del sector que hace menos de un mes realizó 4 días de paro agropecuario, acaparando granos y carne, contra el aumento de 3% en los derechos de exportación para grandes productores de soja; hecho que fue repudiado por el campo que produce alimentos y amplias franjas de nuestra población, tanto urbana como rural.

Como dijo Alberto Fernandez “Una economía que cae siempre se levanta. Una vida que se termina no la levantamos más.”. Ojalá esta frase quede sonando fuerte más allá de sofocada la pandemia.

La terrible paradoja, es que existen evidencias a nivel global que vinculan fuertemente al modelo del agronegocio con el surgimiento de las pandemias. En una entrevista reciente el investigador Rob Wallace afirmaba: “El aumento de la aparición de virus está estrechamente relacionado con la producción de alimentos y la rentabilidad de las corporaciones multinacionales. Cualquiera que pretenda comprender por qué los virus se están volviendo más peligrosos debe investigar el modelo industrial de la agricultura y, más específicamente, la producción ganadera. En la actualidad, pocos gobiernos y pocos científicos están preparados para hacerlo. Más bien todo lo contrario.” (6)

La sociedad global debe recoger la experiencia de otras grandes pandemias, como la Peste Negra, donde la avaricia y la acumulación de los señores feudales fue a contramano de las necesidades alimentarias de la población desencadenando aquella gran pandemia. Hoy el Coronavirus vuelve a tener la misma aliada: la malnutrición, ahora junto a inmunodepresores.

Sabemos que toda crisis es una oportunidad. Mientras las organizaciones del agronegocio la usan para lavarse la cara frente a la sociedad a la que envenenan cotidianamente mientras destruyen el ambiente, acaparando recursos y poder; quienes firmamos al pie les pedimos a nuestros gobernantes (una vez más) que defiendan nuestra salud. Y entendemos, como millones en todo el mundo, que es tiempo de cambiar este modelo agropecuario basado en transgénicos y venenos, para impulsar y consolidar la agroecología como base de un nuevo modelo agropecuario, con tierra y dignidad para las familias productoras rurales y alimentos sanos a precios justos para quienes viven en las ciudades; en fin Soberanía Alimentaria para nuestro pueblo.

Argentina, 31 de marzo de 2020
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Campanas-y-Acciones/De-la-pandemia-del-agronegocio-quien-nos-cuida

En la actualidad el Estado de la gran burguesía ha maximizado su función antipopular y transnacionalizadora. Se perfeccionó sobre todo desde los setenta hasta hoy y no sólo por el gobierno de Macri. Comprobamos una vez más como el Partido Justicialista ha sido y es fundamental en garantizar los criminales negocios del contubernio entre capitales y estados imperialistas con los locales:

La frutilla del postre

12 de abril de 2020

Aquellos que participamos hace unos meses del Parlamento por el Agua y en Defensa del Río Chubut nos quedamos estupefactos al escuchar los terribles efectos en la salud provocado por la aplicación de una sustancia «bromuro de metilo» a las frutillas de El Maitén; sustancia que deja la tierra estéril y es altamente contaminante, ese veneno penetra en las napas con el agua de riego y termina, inevitablemente, en el río Chubut. (https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-1-31-11-1-0-el-maiten-analisis-bacteriologico-del-rio-chubut-revelo-que-no-es-apta-para-el-consumo-humano).

Nos enterábamos ahí de un «agronegocio» muy fructífero…por decirlo de algún modo: la «fabricación» industrial de plantas de frutilla. La empresa manufacturera confiesa, en su página web http://www.viansa.com.ar/seccion.php?id=3, que utilizan bromuro de metilo en el proceso.

Es por eso que no debería asombrarnos que, en plena cuarentena, nos encontremos con un rimbombante anuncio de la Municipalidad de El Hoyo de que está «enviando» tres remesas de 12 trabajadores a El Maitén a trabajar en «un importante vivero de frutillas». https://cholilaonline.com/2020/04/partio-hoy-hacia-el-maiten-el-primer-grupo-de-trabajadores-de-el-hoyo.html 

 Es interesante analizar como cada iniciativa «productiva» de los municipios de la cuenca sostienen emprendimientos que de sustentables tienen muy poco, y que además ponen en riesgo la salud de la población. En tanto el poblador común, el albañil, el cosechero, es obligado prácticamente a  recibir la limosna del Estado, estas actividades (la cosecha de plantines de frutillas para ser enviados al Norte del pais y al exterior) «pasan» como prioritarias o de primera necesidad (como la megamineria o la actividad forestal) y no solo las apañan y las fomentan, sino que también las publicitan como un gran logro.

Es llamativo que las «malas decisiones» siempre tienen como perjudicado al mismo sujeto colectivo: el pueblo trabajador. En vez de propiciar políticas respecto al trabajo enfocado con la autonomía alimentaria y el buen vivir, se abona al extractivismo y el deterioro de la salud tanto física como espiritual del hombre en su territorio. 

Y siempre, beneficiando a unos pocos… como el tan promocionado «pescado solidario»

El día viernes se publicitaba con bombos y platillos la llegada a la cordillera del «pescado solidario», que venía no obstante envuelto con un halo de sospecha de preferencias políticas y negociaciones por debajo de la mesa.   Aunque todo eso fue quedando en segundo plano debido al estado de putrefaccion en que llegó el pescado. https://www.eldiariodemadryn.com/2020/04/que-hay-detras-de-la-solidaria-donacion-de-merluza/ 

Numerosos testimonios y un video dan cuenta de un pescado totalmente invadido por parásitos (https://www.facebook.com/prensamalafama/posts/2808783065825823 ) y con signos constatados por bromatologia de Esquel como «no apto para ser consumido» https://www.eqsnotas.com/esquel-por-que-1100-kgs-de-pescado-terminaron-en-la-basura/ 

Ese pescado podrido varios municipios de la cordillera lo repartieron a sus vecinos.

En estas circunstancias nos preguntamos si nuestros gobernantes están capacitados para decir que «nos cuidan», y por eso nos mantienen encerrados.

Creemos que evidencias sobran para pensar que muchas «malas decisiones» no pueden ser casualidad y que el deterioro que le han causado al ambiente, al agua, a la tierra y al aire son los responsables de la pandemia que nos toca atravesar (como quedó comprobado con la H1N1) y sin embargo, en pos de un sistema capitalista centrado en el extractivismo, se siguen sosteniendo las malas políticas de empleo, de salud y de producción que están reñidas con la salud de los territorios.

Por todo ello venimos a denunciar:

-Están jugando con nuestra salud!

-No nos vamos a quedar callados!

-Seguiremos defendiendo un modo de vida autónomo y sostenible.

Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Epuyen – Adcre

 Alternativas emancipatorias

Es clave en la actual inflexión histórica generalizar la ruptura con el sistema global de agronegocios y de los otros extractivismos que el Frente por la Soberanía Nacional desestima privilegiando quedarse con los beneficios del saqueo-envenenamiento a la República Unida de la Soja. De ahí la importancia emancipatoria de la agroecología si se concreta desde y con los movimientos sociales de base. Aclaremos mediante explicación de Walter Pengue:

no podemos hablar de agroecología y tener digamos una parte del mundo hambreada y una parte del mundo malnutrida, tenemos que tratar de promover y es lo que estamos haciendo, de promover los cambios; y es movimiento porque de alguna manera la agroecología como tal se acompaña o acompaña a los movimientos sociales, desde nuestro punto de vista la SOCLA que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, no es un movimiento como tal, es un grupo científico, pero apoya, nutre, da información a los movimientos sociales de base, especialmente los movimientos campesinos entre ellos la Vía Campesina, pero no la única, porque hay muchos agricultores que no están asociados a ningún grupo en particular y sin embargo luchan continuamente por sus espacios de vida.

«La agroecología es ciencia, acción y movimiento» explica Walter Pengue

21 de enero de 2020

Por Resumen Chile

Durante los días 17 y 18 de octubre de 2019, justo en el comienzo del estallido social que removió al país, se realizó el Primer Congreso Chileno de Agroecología en la región de la Araucanía, Pucón. Resumen pudo asistir y conversar con algunos/as de sus conferencistas. En la siguiente nota entrevistamos a Walter Pengue, director en la universidad de Buenos Aires y profesor titular de ecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento. También trabaja en Naciones Unidas en un grupo llamado TEEB que significa «The Economics of Ecosystems and Biodiversity», que pertenece a la división ambiental de las Naciones Unidas.

«La agroecología es ciencia, acción y movimiento» explica Walter Pengue en el Primer Congreso Chileno de Agroecología

El Primer Congreso Chileno de Agroecología fue llevado a cabo por el Laboratorio de Agroecología y Sustentabilidad Alimentaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales (UFRO) y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, capitulo chileno (SOCLA-Chile). La actividad buscó generar un diálogo de saberes entre el conocimiento que proviene de las universidades, con el conocimiento tradicional sobre la naturaleza que tienen las comunidades campesinas.

¿Qué es la agroecología y cuál es su importancia?

De alguna manera nosotros en estos últimos tiempos en particular estamos diciendo claramente que la «agroecología» es ciencia, acción y movimiento, y es ciencia porque de alguna forma claramente se tiene que sostener y apoyar en la concreción de una fundamentación científica fuerte, sólida, validada para poder contrarrestar una discusión importante con respecto a la agricultura industrial u otras formas de hacer agricultura, en ese sentido, hemos crecido muchísimo en lo que tiene que ver con la producción agroecológica desde el punto de vista del análisis científico porque estamos produciendo mucha información. Es decir, los congresos de Brasil, el congreso en Argentina, este exitoso congreso aquí en Pucón, muestran claramente por un lado la avidez de la gente por participar en congresos que son en definitiva reuniones científicas para poder mostrar frente a pares y discutirlo con los pares. Serás criticado, cambiarás tus posturas, mejorarás, optimizarás parte de lo que estás investigando pero justamente desde el punto de vista científico la agroecología está creciendo y hoy en día se valida como una disciplina científica.

Pero también es acción porque la agroecología de alguna manera también acciona para tratar de cambiar este desigual sistema agroalimentario que nosotros estamos teniendo, es decir, no podemos hablar de agroecología y tener digamos una parte del mundo hambreada y una parte del mundo malnutrida, tenemos que tratar de promover y es lo que estamos haciendo, de promover los cambios; y es movimiento porque de alguna manera la agroecología como tal se acompaña o acompaña a los movimientos sociales, desde nuestro punto de vista la SOCLA que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, no es un movimiento como tal, es un grupo científico, pero apoya, nutre, da información a los movimientos sociales de base, especialmente los movimientos campesinos entre ellos la Vía Campesina, pero no la única, porque hay muchos agricultores que no están asociados a ningún grupo en particular y sin embargo luchan continuamente por sus espacios de vida.

Entonces nosotros estamos tratando de trabajar sobre esos agricultores institucionalizados o no, esos agricultores nos son importantes porque son los que están ocupando el territorio y digamos, ayudando a validar un sistema de producción totalmente diferente al que nosotros estamos teniendo. La agroecología de por sí pone un énfasis muy fuerte en el uso de los recursos naturales, justamente en forma integral y justamente la sociedad por el otro lado tratando de sostener por un lado los agricultores y por el otro lado darle de comer mejor, nutritivo, sano, barato a una buena parte de la población que hoy en día está comiendo porquerías.

¿Cuáles son los costos ambientales y sociales de la agricultura convencional?

Bueno ni que hablar ya cuando hablábamos de la Revolución verde, tuvimos todo un racconto de impactos ambientales, de impactos agronómicos, de impactos sociales. Esta segunda Revolución esta nueva bio-revolución o esta nueva segunda generación de la Revolución verde, lo que ha traído son más impactos, es decir, hoy está muy vinculado, por ejemplo, los procesos de expansión de este modelo agroindustrial generando procesos de deforestación, lo vemos claramente en la zona amazónica, lo vemos en la zona chaqueña, la chiquitanía, es decir hoy en día América Latina está compitiendo muy fuertemente por la demanda de suelo para esta producción agroindustrial, es decir, ese es un impacto directo generado por la agricultura industrial.

Nos prometían y nos decían que iban a incrementar la productividad de los sistemas y que con eso iban a disminuir, o parar directamente los procesos de deforestación, nos mintieron tremendamente. Y eso realmente fue una de las primeras falacias del modelo agrícola industrial. Sí se han expandido y se están expandiendo muy fuertemente donde de alguna manera están ahorrando tierra como lo vimos en parte de la presentación, están ahorrando tierra en los países desarrollados y expanden su demanda de tierra sobre las economías en vías de desarrollo. Eso vinculado directamente con lo que nosotros llamamos biopolíticas o geopolíticas del territorio, es algo importante tener en cuenta porque esa perspectiva hoy de biopolítica en términos del uso de los recursos naturales, tierra, agua, recurso genético, se pone en el centro de la discusión cuando éstos son, como decía Gloria, también son bienes fondo, que de alguna manera son la base de la agricultura y la base de la sociedad porque una sociedad sin esta estructura no termina siendo una sociedad.

Estamos por un lado poniendo lo que nosotros llamamos las externalidades, los costos no considerados dentro del sistema de producción y agregando algo nuevo, que se presentó en parte de los documentos, que es de los invisibles ambientales, los intangibles ambientales, es decir el suelo virtual, el agua virtual, la huella de nutrientes, la huella ecológica, la huella hídrica, la huella de carbono, es decir todo ese paquete de huellas y mochilas ecológicas que nos permite a nosotros analizar la agricultura o los impactos de la agricultura y de todo el sistema agroindustrial a través de sus tasas metabólicas.

Entonces nosotros medimos ese estándar metabólico de esa agricultura y comprendemos sin ponerle un número económico de que eso es totalmente insostenible; si a eso le agregas la demanda de energía de esta agricultura se ve mucho más claramente que la agricultura industrial lleva y arrastra muchísimos materiales en términos energéticos y termina degradando muy fuertemente, lo que está haciendo entonces en el balance entre lo que pongo en energía y lo que saco en energía; tengo ciudades, tengo una agricultura fuertemente subsidiada con insumos baratos, petróleo, que nosotros llamamos energívora y que es totalmente insostenible mientras que, por otro lado, si yo comparo la agroecología contra la agricultura industrial se ve claramente que los balances cierran mucho mejor. Además los sistemas de producción agroecológica por supuesto desde el punto de vista ambiental tienen estándares muchísimo más elevados.

Diste algunos datos, por ejemplo de la cantidad de comida que se bota a nivel mundial ¿Nos puedes contar un poco sobre esos porcentajes escandalosos?

Eso es escandaloso porque la realidad es que por un lado están diciendo que falta comida en el mundo y por el otro lado una parte de la población mundial está tirando comida, particularmente los países desarrollados: Inglaterra en el consumo doméstico están tirando aproximadamente el 40% de su producción, en Japón tiran los alimentos antes de que estos lleguen a su fecha de vencimiento, como pasa en los países nórdicos y eso no puede ser, eso básicamente es algo que realmente hay que tratar de cambiar. Es algo que no puede seguir siendo así y que bueno, la agroecología por el otro lado tratando de hacer eficiente el uso de los recursos, el uso de los recursos locales de la producción, hasta el consumo, hasta el aprovechamiento, de prácticamente todos los residuos, digamos este quiebra esas lógicas de una manera muy muy fuerte.

Dijiste que la comida y la vida quiebran pautas culturales y también dijiste que no solamente se debe abortar a los clásicos Monsanto-Bayer …. ¿A qué te refieres?

Sí, porque hoy en día lo que pasa es que la gente, digamos, habla de Monsanto pero Monsanto ya no existe más, ha sido comprado por la compañía internacional que es Bayer, en realidad compró un problema, pero bueno, es un problema de las decisiones de los ejecutivos de Bayer si quiebran o no en el mediano plazo, pero eso le está, digamos, generando también la compra de todos los juicios que Monsanto empieza a perder en los Estados Unidos y perderá en otras partes del mundo justamente porque la documentación científica empieza a mostrar que los impactos del glifosato existían y que alguna de estas compañías lo sabían. Entonces bueno, ahí por un lado tenemos, tendrán ellos sus costos y sus problemas, pero por el otro lado también tenemos, este, una cuestión que se vincula con el cambio de pauta alimenticia, es decir qué pasa con las bebidas, qué pasa con las bebidas Cola, qué pasa con las bebidas azucaradas, ahí hay una cuestión interesante, las bebidas cola están quebrando pautas culturales, nuestro propio sistema de producción.

Como sucedería en México y si esa campesina consumiendo una Coca Cola y diciéndote que para ella es su refresquito cuando por el otro lado te muestra la riqueza de la diversidad de sus alimentos, es un contrasentido pero es un efecto directo de la enorme inserción que han tenido las compañías cola dentro de estos sistemas. Y eso es algo que realmente hay que tratar de revertir e intentar cambiar, y a eso le tenés que sumar qué es lo que está pasando con la alimentación en los niños y cómo los niños están por un lado alimentándose en base a azúcar, grasas, sales, y a bebidas cola, y esos niños hoy en día que serán adultos en el mediano plazo responden a la estadística que estuvimos mostrando, es decir, el engrosamiento de la población a nivel mundial será de 40%, es decir la población gorda obesa, el problema no es estético ni mucho menos, el problema es de salud y de salud social también, es decir, la gente que tiene este problema, además de la discriminación que sufre en las propias sociedades, que no la comprende, que esto es claramente una enfermedad y esto es lo que hay que entender, es decir, esto es una enfermedad inducida por el propio sistema alimentario.

Entonces una vez que se le induce este sistema donde le ponen la droga-dependencia de estos alimentos y la gente no lo puede abandonar y consume de manera recurrente todo esto, generamos una población gorda, obesa, con muchísimos problemas hasta de morbilidad, con costos altísimos para el sistema de salud en cada uno de los países. Lo mostrábamos para el caso de Inglaterra, pero eso se repite en distintas partes del mundo, el caso de Argentina, el caso de Chile, que tiene una población creciente obesa, caso de México, caso de Sudáfrica, es decir, eso o lo cambiamos con fuertes pautas de política pública o nuestra población realmente vamos a ser una población enfermada, no enferma.

Este tipo de comida, la comida de la agricultura industrial básicamente no es alimento, es comida que enferma, entonces hay que tratar de cambiar estas lógicas, empezar a comprender a los colegas de las ciencias de la salud que empiezan a insertarse dentro de todo esto y bueno, tratar de cambiar a las sociedades, porque las grandes compañías no van a cambiar. Porque lo que te dicen, me lo dijo el director, el CEO de Nestlé en una reunión en Europa hace muy poco «bueno nosotros lo haríamos pero lo que pasa que la demanda nos lo está generando», quiere decir que de alguna manera ellos no lo están haciendo porque han creado otro tipo de demanda. Bueno a ese tipo de demanda que ellos han creado, nosotros tenemos que cambiarlo, Y esta es una lucha día a día de educar, de alguna manera nosotros consideramos, como lo decía un viejo estadista en Argentina, «hay que educar al soberano, ¿y quién es el soberano?, soberano es el pueblo».

¿Cuál es la importancia de la soberanía alimentaria?

Desde el punto de vista de la agroecología, la «soberanía alimentaria» es el derecho de los pueblos a la propia producción de sus alimentos en el marco de sus propias pautas culturales, en el marco de sus propios gustos y básicamente vinculada también al uso de los recursos de base que ellos tienen, su tierra, su agua, su biodiversidad para poder satisfacer en primera instancia una nutrición sana que en definitiva es una mente sana y un pueblo sano básicamente.

Conceptualmente la idea de la «soberanía alimentaria» se diferencia de la seguridad alimentaria en la cual yo le tiro comida a la gente, resuelvo el problema, pero yo se lo dije una vez a la ex esposa de un presidente de Argentina en la crisis, es decir, porque ella quería implementar lo que ahora nuevamente estamos teniendo en Argentina que eran las sojas solidarias y yo le dije señora si usted le quiere llenar, este, la panza a los chicos, se la puede llenar con papel picado hoy en día estamos teniendo una crisis, usted lo quiere llenar con esto, nosotros tenemos a la agroecología y alimentamos a 3 millones de argentinos.

Resumen. Cl

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/La-agroecologia-es-ciencia-accion-y-movimiento-explica-Walter-Pengue

Es clave en la actual inflexión histórica generalizar la ruptura con el régimen de los extractivismos para la salud del planeta y la consiguiente salud de los pueblos e individuos. Implica advertir como enemigos populares a todos los poderes públicos. Persistiremos en callejones sin salida para nuestra lucha por buenos vivires abajo si seguimos mayoritariamente depositando en el gobierno Estado la erradicación del modelo extractivo exportador como reclama Domínguez: “Hace falta voluntad política de frenar los avances empresarios y la apropiación de las islas. El estado municipal, provincial y nacional deben poner un freno a la destrucción y apropiación indebida de los humedales” .

Humedales y biodiversidad en riesgo

3 febrero 2020

Por Darío Aranda 

Barrios cerrados, agronegocio y minería de litio. Son tres de las actividades que más atentan contra los humedales, reservorios naturales de agua que son vitales para regular las inundaciones, preservar la biodiversidad y evitar el calentamiento global. En el Día Mundial de los Humedales, organizaciones sociales, pueblos indígenas y académicos exigen el freno a su destrucción. Los humedales abarcan el 21 por ciento del territorio nacional, 60 millones de hectáreas y aún no hay una ley específica que los proteja.

Los humedales son sitios de gran biodiversidad, zonas de inundación permanente o temporaria, que actúan como «esponja» y regulan el caudal de agua. Absorben y atenúan inundaciones. Ejemplos de humedales son los Esteros del Iberá (Corrientes), el Delta del Paraná (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires), la Laguna de los Pozuelos y las Salinas Grandes (Jujuy), entre otros. Almacenan el 30 por ciento del carbono terrestre (son fundamentales para mitigar los efectos de la crisis climática y el calentamiento global).

En las últimas décadas sufrieron el avance de actividades perjudiciales, desde agronegocio (ganadería, arrozales, soja), minería (sobre todo de litio) hasta de grandes empresas inmobiliarias (los countries suelen ubicarse, y destruir, humedales).

Patricia Pintos es investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de La Plata. Explica que décadas atrás los humedales eran catalogados como espacios marginales o exentos de valor, pero a medida que en esos lugares se observaron sus potencialidades económicas comenzaron a ser ecosistemas altamente amenazados. “Se multiplicaron proyectos de agricultura comercial, emprendimientos inmobiliarios para el segmento ABC1 y proyectos de minería. Estos cambios son portadores, cada vez más, de un sinnúmero de conflictos ecológico-distributivos, que en su origen incluyen a los poderes públicos responsables de otorgar los permisos, y cada vez más al Poder Judicial y a las organizaciones sociales en las calles”, afirma.

Una investigación de Pintos, “Urbanismo privado y gestión del suelo sobre humedales de la cuenca baja del Río Luján”, contabilizó al menos 66 barrios privados que ocupan 9065 hectáreas en la cuenca baja del río Luján (Pilar, Campana, Escobar y Tigre).

Diego Domínguez vive en la zona de las islas de Tigre. Es investigador del Conicet, parte del Observatorio de Humedales y de la Cooperativa Isla Esperanza, que reúne a junqueros, habitantes históricos del lugar, los “campesinos” de las islas. Enumera dos problemas graves y básicos de los humedales del Delta del Paraná. La contaminación: “Millones de litros de glifosato y otros agrotóxicos en el río. Vivimos rodeados de agua y tenemos que buscar bidones en la ciudad para tomar”. Esa agua con agrotóxicos va al Río de La Plata, de dónde se provee de agua la Ciudad de Buenos Aires.

El segundo mayor problema es la disputa por el agua y la tierra. Y allí tienen protagonismo los countries. Domínguez precisa nombres propios: Eduardo Costantini (Consultatio-Nordelta), Jorge O’Reilly (Eidico), los hermanos Hugo y Adrián Schwartz (Colony Park) y el Grupo Soldati, entre otros. Denuncia que hay un plan sostenido por distintos gobiernos y empresarios para vaciar la región de isleños, sus históricos habitantes, y dejar vía libre a los barrios cerrados.

Clemente Flores es parte del Pueblo Kolla y uno de los voceros de la Mesa de Comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Jujuy), región que también es parte de los humedales de Argentina, ya no con islas y frondosa vegetación, sino con llanuras de sal y agua dulce. Desde hace más de una década luchan contra las mineras de litio, que quieren explotar las salinas. “Trabajamos y vivimos acá. Cuidamos el territorio para las futuras generaciones, mientras los gobiernos favorecen la depredación empresaria”, afirma Flores. También recuerda que están vigentes los derechos indígenas (Constitución Nacional y Convenio 169 de la OIT, entre otros), que obligan a que el Estado consulte a los pueblos originarios ante cada afectación que pudieran tener. Denuncia que jueces y fiscales no están haciendo cumplir la ley, y así favorecen a las mineras.

El Programa Humedales Sin Fronteras es un colectivo de organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Países Bajos que trabajan por la sustentabilidad de la Cuenca del Plata. Por Argentina participan Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Taller Ecologista, Casa Río y Fundación Cauce. Recuerdan que también hay humedales en riesgo en el Gran Buenos Aires (Reserva Santa Catalina, Lomas de Zamora) y también vinculan actividades extractivas como el fracking con la destrucción de humedales: para las petroleras en Vaca Muerta se extraen arenas silíceas del lecho del Río Paraná, a la altura de la ciudad entrerriana de Diamante. En Chubut también hay humedales en riesgo, por ejemplo el conocido “mallín de los Cual” (de la comunidad Mapuche-Tehuelche Cual) en la localidad de Gan Gan, amenazado por un proyecto de explotación de plata y plomo.

“Hace falta voluntad política de frenar los avances empresarios y la apropiación de las islas. El estado municipal, provincial y nacional deben poner un freno a la destrucción y apropiación indebida de los humedales”, reclama Domínguez. Y recuerda lo que en tiempos de lluvia luego todos lamentan: “Menos humedales es igual a más inundaciones”.

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Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Humedales-y-biodiversidad-en-riesgo

En consecuencia, la «reforma agraria integral» requiere fundamentarse en erradicar el régimen latifundista que posibilita los extractivismos y la usurpación capitalista del poder de deliberación y toma de decisiones sobre el destino común de los pueblos. Ante la situación límite en que el capitalismo sume a la humanidad sobre todo por su intensificación de expoliación de la naturaleza y de los pueblos, urge que estos últimos se hagan cargo de concretar la democracia real y efectiva.

El Frente de Soberanía Nacional convoca a sostener al Estado como mediador entre les de abajo y el denominado poder real, el Frente lo hace menospreciando la puesta en evidencia del privilegio estatal a oligopolios hasta el extremo de hacer viable ecocidios-genocidios en expansión. En contraposición, las luchas en defensa de los territorios, el agua y la vida para los pueblos construyen desde ya democracia mirando hacia su expresión directa. Falta la unión en diversidad de les avasallades en sus derechos por el capitalismo. Comencemos a constituirla mediante la puesta en práctica del rechazo a las elecciones que sólo tienen por función legalizar y legitimar la acumulación gran capitalista a costa de nuestra ruina como país y de una creciente pobreza estructural entre les componentes del 99%. Preguntémonos:

¿Por qué dejar de delegar la soberanía de los pueblos?

La actual situación catastrófica del país y del Abya Yala responde a la ofensiva del sistema mundo capitalista contra los pueblos, los trabajadores y los campesinos e indígenas de todo el planeta. El sistema mundo capitalista no lo hace por estar en prosperidad. Desde 2008 está en crisis estructural globalizada por casi nulo aumento en la inversión productiva y la débil generación de plusvalía.

Octubre 2019 fue trascendente por las “revueltas en América Latina” según nombra Raúl Zibechi quien descubre, detrás de sus distintas formas de expresión, causas comunes: los problemas sociales y económicos que genera el extractivismo o acumulación gran capitalista por despojo. Por extractivismos se entiende a los monocultivos transgénicos de exportación; la megaminería; el fracking para extracción de hidrocarburos petrificados; las mega-obras de infraestructura (pertenecientes a IIRSA), de turismo y de especulación inmobiliaria urbana. Que no sólo destruyen la naturaleza y quitan/envenenan bienes comunes naturales sino también agravan cada vez más la desigualdad y la exclusión sociales con las consecuentes militarización de los territorios y la violencia contra las mujeres, o feminicidio.

En Argentina, las instituciones de representación política y gremial han estado bloqueando la resistencia al ajuste sin anestesia. Se valieron primero de modelar la esperanza de que los dramas comiencen a superarse mediante las elecciones. Y cuando sucede el rotundo triunfo de la fórmula F-F, lo atribuyen a la sabia voluntad popular. La elogian tanto como si buscasen tapar que la realidad concreta postelecciones  no resultó en ¡fuera Macri! Al contrario, resultó en continuidad del aguante abajo y de la tregua política. Pero se desentienden de las consecuencias de estar imponiendo el aguante al hambre, la desesperación y la represión.

Es que, en acuerdo con la función de las elecciones, no les preocupa el empobrecimiento y su profundización, sino que sólo procuran mantener la gobernabilidad y la legitimación del privilegio a ‘inversores’ y ‘acreedores’ por sobre las necesidades e intereses populares. También así se explica porqué prosiguió el acuerdo entreambos bandos de la ‘grieta’ en acelerar el agravamiento extremo de las condiciones mayoritarias de vida y trabajo. Por un lado, para que el nuevo gobierno justifique no actuar según las expectativas del electorado en razón de la pesada herencia. Por otro lado, acelerar la expansión de extractivismos mediante la implantación estatal del amedrentamiento popular por dejar sin sueldos ni obras sociales como, lo ejemplificó, la gravísima situación de docentes y trabajadores estatales de la provincia de Chubut donde el gobierno de Arcione pertenece al Partido Justicialista, Frente de Todos.

Así como José Luís Gioja fue designado presidente del Partido Nacional Justicialista en momentos en que se denunciaban derrames de cianuro desde 2011 por la Barrick Gold en el río Jachal, el carácter antipopular del PJ vuelve a patentizarse en que no se responsabiliza ante las consecuencias presentes y futuras del hambre, la desesperación y la represión. Pero sí se preocupa por el Estado –bajo gestión progresista o neoliberal- en sus distintas jurisdicciones siga gestionando la expansión de la acumulación gran capitalista. Que se realiza por súper explotación tanto del trabajo social e individual y de la naturaleza como por despojo de territorios o sea arrasamiento de comunidades, culturas e identidades plurinacionales y acaparamiento oligopólico de tierras y otros bienes comunes.

En 2019 parece ayuda a les desposeídes de todo por el sistema que ambas “o” (oficialismo y oposición) promulgaran la ley que prorrogó hasta el año 2022 la emergencia alimentaria que rige desde 2002. Dijeron atender al reclamo de los movimientos sociales. Sin embargo, les del Pro celebraron la redacción del proyecto porque las metas fiscales de Cambiemos no fueron afectadas ni se quitó al Poder Ejecutivo la facultad de reasignar partidas presupuestarias.

Por su parte, a semanas de las elecciones, el Frente de Todos consolidó la usurpación del poder popular mediante la unidad de las CTA con la CGT. Perseguía la ‘paz social’ o la delegación del poder de decidir el destino común de las grandes mayorías sea como sea y programó la lucha contra el hambre en vez de contra la acumulación de riquezas y poder del gran capital local e imperialista. Por el contrario, la garantiza promoviendo el desarrollo de los extractivismos.

Ambas “o” mantienen a las mayorías en la creencia de no tener otra que conformarse con sobrevivir. Sobre todo, lo consiguen situándolas de espaldas a las defensas y recuperaciones de territorios y bienes comunes que diversidades de abajo están concretando a lo largo y ancho del país-continente. De ahí lo perentorio de convocar a instalarlas en la agenda social mirando a convertirlas en políticas de la unión de pueblos y naciones del país-continente.

En contraste con el Frente por la Soberanía Nacional avanza entre las autoorganizaciones de les diverses de abajo sin fronteras ni muros burgueses: recuperar/liberar territorios desde la afirmación en la dignidad y solidaridad.

Guardia Indígena: dignidad y solidaridad

11 de mayo de 2021

Por Raúl Zibechi

«Creo que los pueblos originarios están marcando un rumbo: recuperar/liberar tierras, tumbar monumentos de conquistadores y monocultivos de caña, para construir otros mundos y defenderlos en comunidad. Tal vez con los años concluyamos que la gran victoria de este paro que lleva 12 días, no será el cambio de gobierno sino la extensión de la organización de las Guardias a las periferias urbanas, allí donde los jóvenes no tienen futuro en este sistema y, por lo tanto, deben construirlo, abriendo brecha, con organización como enseñan los pueblos».

La Guardia Indígena de los pueblos originarios del Cauca, sur de Colombia, es una de las más importantes creaciones de los movimientos emancipatorios de nuestro continente. La comenzamos a ver en torno al año 2000, cuando los resguardos indígenas del Cauca eran escenario de una guerra que los nasa, misak, totoroes, coconucos y otros pueblos de la región rechazaron de forma tajante.

Las y los Guardias son nombrados por las asambleas comunitarias que pueden removerlos si constatan comportamientos no adecuados. Como señala la Comisión de la Verdad, la Guardia “es una forma de organización ancestral de los pueblos indígenas de protección colectiva no violenta”. Su tarea es la defensa del territorio, la autonomía y la cultura, y procuran defender el plan de vida de los pueblos.

Según el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) la guardia la integran “los niños, niñas, mujeres, hombres, autoridades espirituales y culturales que están en constante contacto con la defensa de la cultura, la vida, el territorio y la autonomía”. En ocasiones son familias enteras las que integran la Guardia.

El signo distintivo es el bastón de mando que simboliza el mandato de las comunidades y el ejercicio de derecho propio, y la pañoleta verde y roja. Tallado en madera de chonta, el bastón está adornado con cintas de cuatro colores: verde es la naturaleza, rojo por la sangre de los antepasados, azul por el agua y negro por la tierra. A nivel nacional, porque la Guardia ha sido adoptada por los 115 pueblos indígenas de Colombia, las diversas cosmovisiones le imprimen sus propias simbologías.

La presencia femenina es muy importante y pueden verse compañeras trabajando como coordinaras de Guardias. Defienden el cuidado y no la explotación de la tierra, por lo que se oponen a las multinacionales que se quieren instalar en sus territorios, en particular con minería a cielo abierto.

Estos días cientos de Guardias Indígenas han llegado hasta Cali porque, como dicen los pueblos del Cauca, “somos diferentes, pero no indiferentes”. La Guardia fue a Cali no sólo a manifestarse sino a apoyar a los barrios más golpeados por la represión en el marco del paro nacional, a pedido de varios estudiantes y vecinos movilizados.

“Muchos creen que si nos matan o nos disparan nos van a doblegar o nos harán retroceder. Es lo contrario, nos llenamos de coraje y eso nos da fuerza”, dijo Harold Secué, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). El domingo pasado, varias camionetas de alta gama con vidrios polarizados, atacaron a balazos a la Minga con apoyo de la policía. Pese a los 14 heridos, algunos de gravedad, las comuneras no retrocedieron y persiguieron a los atacantes, sin armas, sólo con su digna rabia.

El periodista de Pacifista, Nicolás Sánchez, le pregunta a Secué: “¿Cómo hacen para enfrentarse a hombres armados y hacer que salgan corriendo?”.

La respuesta fue muy clara: “A los jóvenes indignados de este país ya no les importa incluso su vida. Ellos tendrán armas y municiones, pero la dignidad del pueblo es tan fuerte y tan grande que deciden enfrentarlos. La gente se llena de valor”.

“Nuestra lucha es con el pensamiento, pero debemos defendernos y nos corresponde enfrentar este modelo que nos está acabando, porque la violencia del Estado nos ha matado más que la pandemia”, dijo Secué.

Lo cierto es que los jóvenes movilizados le pidieron a la Minga, por primera vez, que fuera a Cali a apoyarlos porque los están matando. Y ahí decidieron irse a la ciudad, en sus chivas (autobuses abiertos) repletas de varones, mujeres, niños y niñas. La violencia racista de habitantes de barrios ricos que se denominan “ciudadanos”, no ha hecho más que mostrar la miseria ética del capitalismo.

La experiencia y el reconocimiento de la Guardia Indígena motivó que otros sectores se organizaran. Ya existen las Guardias Cimarronas de los pueblos negros y las Guardias Campesinas, pero lo más novedoso es que durante estos días de paro nacional los jóvenes urbanos comienzan a reflexionar sobre la necesidad de organizarse como Guardias en las ciudades y en los barrios. La derecha y los ricos no sólo cuentan con su policía y sus fuerzas armadas, han salido a la calle armados en varias ciudades. En Pereira atacaron con armas a los manifestantes.

Creo que los pueblos originarios están marcando un rumbo: recuperar/liberar tierras, tumbar monumentos de conquistadores y monocultivos de caña, para construir otros mundos y defenderlos en comunidad.

Tal vez con los años concluyamos que la gran victoria de este paro que lleva 12 días, no será el cambio de gobierno sino la extensión de la organización de las Guardias a las periferias urbanas, allí donde los jóvenes no tienen futuro en este sistema y, por lo tanto, deben construirlo, abriendo brecha, con organización como enseñan los pueblos.

Desinformémonos

Fuente: https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Guardia-Indigena-dignidad-y-solidaridad

En contraste con el Frente por la Soberanía Nacional lo central para una democracia real y efectiva es liberar el trabajo de su sometimiento y expoliación por el Capital. Los piqueteres avanzaron como autoorganizaciones de  afirmación en su dignidad humana confrontando con el destino de exclusión social por el sistema y  haciendo al viraje del trabajo mirando en exclusivo a las ganancias de la patronal o de opresores hacia la solidaridad con necesidades e intereses populares pero, a la vez, tratando de ir construyendo los cambios radicales ante todo en los vínculos cotidianos e interpersonales de la otra sociedad posible.

Trabajo, Dignidad y Cambio Social

30 de noviembre 2001

Introducción
En la zona sur del Gran Buenos Aires, más precisamente en los partidos de Quilmes, Lanús y Almirante Brown, han surgido y se han desarrollado un conjunto de organizaciones de trabajadores desocupados cuyas prácticas y concepciones constituyen un quiebre con las formas tradicionales de la política argentina. Los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) de Solano, Lanús y Almirante Brown constituyen, en efecto, una de las experiencias más ricas y novedosas de los últimos años. (…)

Principios de construcción de la organización política de los MTD

Los MTD levantan la consigna «Trabajo, dignidad y cambio social»; para que ella pueda concretarse han generado una organización, que haga de lo escrito y declamado una creación en la vida real.

La construcción de la forma política de los MTD se sustenta en tres pilares: trabajo territorial, autonomía y horizontalidad.

Los MTD recogen las problemáticas más sensibles de los barrios donde se encuentran asentados. Barrios habitados por gente pobre, y por todas las dificultades que la pobreza genera. Trabajando sobre su dimensión social, política y económica, buscan encontrar soluciones prácticas que aborden de manera frontal los estragos de las relaciones sociales capitalistas.

Para los MTD no se trata únicamente de un problema de empleo, sino, como ellos dicen: «»tenemos que modificar las relaciones de dominación y violencia que cunden entre nosotros, para eso tenemos que cambiar nuestra cabeza, y para cambiar la cabeza, hay que cambiar las prácticas»» (1). Por eso, los integrantes del MTD se esfuerzan por tocar las fibras más delicadas del territorio que habitan, para hacer de él un ejemplo concreto de cambio social; en algunos casos será la tierra y la vivienda, en otros, el empleo y el proyecto productivo. Todo eso se hace teniendo en claro que a los pobres no los paren los repollos, sino que la sociedad actual es estructuralmente injusta, y eso es lo que hay que cambiar. Los MTD dicen: «necesitamos una economía solidaria, necesitamos resolver los problemas chiquitos, de esta manera vamos enfrentando los grandes (…) pero para ser solidarios tenemos que dejar el individualismo, entonces tenemos que formarnos». (2)

«Desde lo muy concreto, y sin grandes definiciones, estamos tratando de encarar esa idea del cambio social en nuestras relaciones, y el cambio social ahora. Y no solamente ir combatiendo esas prácticas, sino pariendo nuevas prácticas». (3)

Así, van laborando su cotidiano, hilando sus prácticas en el gran telar donde se plasman las luchas por la justicia.

Los MTD son autónomos, no se articulan con ningún partido político ni con ninguna central sindical. Consideran que a las visiones centralizadas se les escapa el drama chiquito de las personas, la especificidad de cada situación. Sin embargo, no escatiman en llamar compañeros a los que comparten sus métodos y sus luchas. Y no dejan de poner el hombro cuando otros los necesitan. Autonomía no implica abandonar el uso de los planes sociales del Estado, sino que justamente implica usarlos pero dándoles otro sentido. Y que justamente, éstos no se deben a una supuesta generosidad de los gobiernos, sino a la lucha de los compañeros.

«Al principio era una idea muy precaria y básica, de rechazo a la institucionalidad política conocida, ya sea de los grandes partidos, como también de los partidos de izquierda. Era un rechazo a todas las formas tradicionales de militancia y de espacios políticos que no queríamos seguir reproduciendo. Por ejemplo, no queríamos que la conquista en la ruta quedara en mano de los punteros. Pasamos por ese traspié, y después con mucho esfuerzo empezamos a construir nuestro propio espacio de militancia, para no reproducir lo viejo generando nuestra propia organización, para no quedar en manos de los punteros del PJ. Y ahí tuvimos que pensar cómo se gestionaba, cómo se organizaba…» (4)

«Cuando ganamos los primeros planes, comenzamos a manejarlos de forma autónoma, en forma de taller. Luego, definimos el sentido de esos talleres y el sentido de lo que llamamos economía alternativa. Aquí el gobierno no entra, todo lo define el MTD.» (5)

Así, van grabando a fuego su destino, forjando sus acciones en la fragua de la historia.

La organización de los MTD es horizontal; buscan afrontar colectivamente los problemas que se vayan presentando. Para ello las deliberaciones y las decisiones se toman en asambleas abiertas al barrio. Una organización plana, y el ejercicio continuo de la participación, constituyen una de las características definitorias de estos movimientos. Los trabajos concretos de la organización se dividen por áreas: emprendimientos productivos, salud, formación, política, prensa, relaciones externas, seguridad, etc.

«Nos criamos con dos falacias muy grandes, una la que metía la religión: cuando te mueras vas a vivir bien. Y otra: cuando hagamos la revolución vamos a ser todos felices. No tenemos que esperar la revolución para ser felices, para empezar a construir un hombre nuevo. El hombre nuevo se empieza a construir hoy. Desde nuestra visión política, no puede existir autonomía que no sea colectiva. Y esa autonomía colectiva implica responsabilidades para todos, y entre todos. Responsabilidad de construcción, de compromiso, de respeto con el compañero, de esmerarse cada día». (6)

«Algunos cuestionan el tema de la democracia directa, la horizontalidad, de que acá no hay dirigentes. Uno de los cuestionamientos principales es: «¿cómo puede ser que acá nadie dirija?

Si bien no tenemos dirigentes, hay compañeros que son muy referentes. Algunos compañeros se destacan por la oratoria, otros por la capacidad de análisis; pero esos compañeros de ninguna manera tienen la decisión final.»

«Casi no trabaja-mos por voto, trabaja-mos por consenso. Cuando la cosa se traba y hay que decidir sí o sí, en este caso se acata a la mayoría, pero lo que mayormente buscamos es el consenso. Y si por ejemplo el tema a definir no urge una definición inmediata, los delegados vuelven a los barrios y escuchan lo que plantea cada barrio». (7)

Así, van aplastando la soberbia, hablando desde el llano a una sociedad jerarquizada.

Más allá de la autonomía de cada movimiento, los MTD articulan con organizaciones que comparten la misma forma de construcción política, y coordinan acciones de lucha con otras organizaciones con las que existen diferencias de formas de construcción, pero que en determinadas coyunturas coinciden en sus reivindicaciones.

«Creemos que la unidad es fundamental, de hecho nosotros nacimos, crecimos, nos desarrollamos, nos fortalecimos en base a la unidad. Creemos que ésta tiene distintos niveles: uno es entre los trabajadores desocupados (de la región, la provincia, del país); otro con los demás sectores en lucha (trabajadores ocupados, de la salud, docentes, estudiantes). Sobre todo es importante la unidad interna, que nos permite sostenernos en el tiempo sin desintegrarnos; entendemos la coordinación como paso previo, como proceso de conocimiento hasta lograr la unidad».

Fuente: https://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/internacional/otros-america-latina/343-trabajo-dignidad-y-cambio-social