Qué democracia-Agosto 2021

Sin pobreza debido a un Estado distributivo y regulador

Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina no es un listado de demandas que dirigimos a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Convoca a movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y redes, pero también a gobiernos locales alternativos, parlamentarixs, magistradxs o servidorxs públicos comprometidos con la transformación; para cambiar las relaciones de fuerza, mediante plebiscitos, propuestas de ley, u otras muchas estrategias con una real incidencia para imponer estos cambios a las instituciones existentes por parte de una sociedad organizada y movilizada.

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/
Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

Reparemos que el Pacto Ecosocial del Sur se subordina a la legalidad y legitimidad dominante e institucional del capitalismo que sumió y hunde a la humanidad en crisis civilizatoria. En efecto, define objetivos: Convoca a movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y redes, pero también a gobiernos locales alternativos, parlamentarixs, magistradxs o servidorxs públicos comprometidos con la transformación; para cambiar las relaciones de fuerza, mediante plebiscitos, propuestas de ley, u otras muchas estrategias con una real incidencia para imponer estos cambios a las instituciones existentes por parte de una sociedad organizada y movilizada.

Concilia con les opresores al eludir la lucha de clases y sustituirla por lo permitido en la política correcta según y conforme al sistema expoliador que aprovecha confinamiento-amedrentamiento por pandemia para acelerar e intensificar las causas de la última. Una prueba clave de su devaluación del enfrentamiento total y totalitario que lleva a cabo el binomio indisoluble del Capital con el Estado es, por ejemplo, que no atiende a la vinculación estrecha del ministro de Agricultura con Insfran, quien ha establecido durante décadas un neofeudo extractivista ni al papel protagónico de Felipe Solá en el gobierno de les Fernández cuando no sólo fue uno de los principales mandamás del fusilamiento de Maxi y Darío para poner fin a la antineoliberal rebelión popular sino también hizo a la invasión ‘democrática’ de monocultivos de soja transgénica.

Tampoco valora que la expansión del modelo de soja transgénica y de todo el sistema imperialista de agronegocios ha sido formulada e instituida por el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial desde 2010 (es decir Cristina Fernández es responsable principal) hasta el año 2020. Además, recordemos -en agosto de 2020- el gobierno de les Fernández y la oposición dieron luz verde a un plan de las corporaciones empresarias para profundizar el PEA y lo han prolongado hasta el año 2030 así como en el 2019 la falsa grieta coincidió en hacerlo para la consecuente emergencia alimentaria hasta el año 2023. Reflexionemos a qué da la espalda:

Pacto Ecosocial del Sur

junio de 2020

Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)

Apoyaron: CLACSO y ALAS

El miércoles 24 de junio se presentó el Pacto Ecosocial del Sur con la consigna “Por un pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina”.

Esta iniciativa nace de un grupo de personas y organizaciones de diferentes países latinoamericanos. Nos motiva la urgencia de construir dinámicas sociales capaces de responder a y contrarrestar las dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de riqueza y destrucción de ecosistemas que vemos surgir en medio de la crisis del COVID-19, y de configurar, conjuntamente con quienes deseen juntarse, un horizonte colectivo de transformación para Nuestra América que garantice un futuro digno.

Durante mucho tiempo, las élites nos contaron que no se podía parar los mercados ni la gran máquina de acumulación capitalista, pero resulta que sí, que es posible activar el freno de emergencia cuando se decide que la vida está en peligro.

La crisis desnudada por la pandemia ha potenciado las desigualdades y muestra que nuestro futuro está en juego. Una parte de la población está encerrada, otra parte enfrenta contagio, represión y hambre. Los pueblos indígenas y afroamericanos están expuestos a una nueva ola de exterminio; la violencia patriarcal y racista y los feminicidios han aumentado. Mientras, viejos y nuevos grupos de poder aprovechan la emergencia para asegurar que el “retorno a la normalidad” o “la nueva normalidad” no les deje sin beneficios.

La pandemia es una tragedia para muchas personas, cuyo dolor compartimos. Pero la pausa impuesta al capitalismo mundial por el COVID-19 representa también una enorme oportunidad de cambio: la de construir nuestro futuro desde el cuidado de la vida.

Aun cuando se mantienen profundas heridas a la naturaleza, este freno forzado también significó desacelerar la destrucción de ecosistemas, sobre todo por la disminución de las emisiones de CO2. Las clases medias mundiales experimentan colectivamente que es posible vivir sin ese consumo exacerbado que provoca destrucción ambiental y que amenaza la vida misma en el planeta; que la felicidad y la calidad de vida tienen dimensiones más relevantes que el poseer y acumular cosas, como es vivir en un tejido de relaciones afectivas confiables.

Se ha puesto en evidencia que la vida campesina, los sentidos de comunidad, el cuidado y la reciprocidad son centrales en el sostenimiento de la vida; que, a pesar de vivir en el capitalismo, no vivimos por y para el capital. Tomamos conciencia de que la comercialización directa, los intercambios sin dinero, las redes por fuera de los mercados capitalistas hoy resuelven muchas de nuestras necesidades básicas; y experimentamos que tienen espacio y potencial para el futuro.

Incluso en escenarios formales, ideas antes inconcebibles o consideradas inviables, ocupan un lugar central en la agenda a nivel mundial. Aun agencias económicas como la CEPAL proponen una renta básica universal, y el Fondo Monetario Internacional recomienda a los gobiernos introducir un impuesto a la riqueza, para contrarrestar la escandalosa desigualdad y reducir los déficits fiscales. En el norte global, movimientos sociales y políticos pugnan por un nuevo pacto ecosocial global para salvar el planeta, que articule justicia social y justicia ambiental.

Retomando propuestas elaboradas colectivamente en distintos contextos, proponemos un Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina. Este Pacto no es un listado de demandas que dirigimos a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Convoca a movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y redes, pero también a gobiernos locales alternativos, parlamentarixs, magistradxs o servidorxs públicos comprometidos con la transformación; para cambiar las relaciones de fuerza, mediante plebiscitos, propuestas de ley, u otras muchas estrategias con una real incidencia para imponer estos cambios a las instituciones existentes por parte de una sociedad organizada y movilizada.

En este sentido, los puntos que siguen buscan articular justicia redistributiva, de género, étnica y ambiental. Algunos de ellos prevén un papel más protagónico de las instituciones públicas y otros se refieren más a las prácticas y cambios de facto que se tejen desde abajo y se van expandiendo horizontalmente.

-Transformación Tributaria Solidaria. Propuestas nacionales de reformas tributarias según el principio: “Quién tiene más, paga más – quién tiene menos, paga menos”. Deben incluir el impuesto a la herencia, a las grandes fortunas, a los mega emprendimientos, a las rentas financieras y, como medida transicional, al daño ambiental. En lugar de que todxs paguen impuestos universales, y solo algunxs tengan protección social, proponemos que solo los que más tienen tributen, pero en cambio todxs estén protegidos.

-Anulación de las Deudas Externas de los Estados, y construcción de una nueva arquitectura financiera global. En estos momentos extraordinarios se justifica, dejar de pagar la deuda externa como se hizo en 1931/32, y como lo propuso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el presidente de Francia Emmanuel Macron y el Papa Francisco. La cancelación de la deuda externa de los países del Sur global, constituye un primer paso de reparación histórica, por la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia.

-Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado que ponen la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras sociedades. El cuidado es un derecho y, como tal, debe incluir un rol más activo del Estado y de las empresas en consulta y corresponsabilidad permanente con los pueblos y comunidades. Esto permitirá combatir la precariedad laboral y alcanzar una mejor repartición de las tareas del cuidado, en términos de clases sociales y de género, pues el mismo recae de modo desigual sobre las familias y en ellas, sobre las mujeres. Debemos promover políticas públicas que enlacen cuidado con protección social, atendiendo las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas.

-Una Renta Básica Universal que unifique la política social a través de la introducción de una renta básica para todxs, y que sustituya las transferencias condicionadas focalizadas heredadas del neoliberalismo, para poder salir de la trampa de la pobreza. Tal como acaba de recomendar la CEPAL a los gobiernos latinoamericanos. Disminuir la jornada de trabajo sin disminución de salario, para repartir tanto el empleo formal como las tareas de cuidado.

-Priorizar la Soberanía Alimentaria. En un momento en el cual la región latinoamericana presenta el mayor grado de concentración de la tierra a nivel mundial, es prioritario desarrollar políticas que apunten a la redistribución de la tierra, del acceso al agua y una profunda reforma a las políticas agrarias, alejándose de la agricultura industrial de exportación con sus efectos ambientales y sociales nefastos. Se trata de priorizar la producción agroecológica, agroforestal, pesquera, campesina y urbana, promoviendo el diálogo de saberes. Fortalecer los mercados campesinos y locales. Crear redes de distribución de semillas para asegurar su libre circulación, sin propiedad intelectual. Reforzar las redes de distribución campo-ciudad y la certificación comunitaria entre consumidores y productores. Fomentar la propiedad social, colectiva y comunitaria de la tierra, generando soberanía a quienes la cuidan y trabajan, y protegiéndoles de la especulación.

-Construcción de economías y sociedades postextractivistas. Para proteger la diversidad cultural y natural, necesitamos una transición socio-ecológica radical, una salida ordenada y progresiva de la dependencia del petróleo, carbón y gas, de la minería, la deforestación y los grandes monocultivos. Es necesario transitar hacia matrices energéticas renovables, descentralizadas, desmercantilizadas y democráticas y modelos de movilidad colectivos, seguros y de calidad. Se debe reducir el riesgo frente al colapso climático, una amenaza más grave que la pandemia como nos muestran inundaciones, sequías, deslaves e incendios.

-Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, actualmente dominados por los medios de comunicación corporativos y las redes sociales que forman parte de las corporaciones más poderosas de nuestros tiempos. Para disputar los sentidos históricos de convivencia, desde medios ciudadanos, pero también desde la calle, la plaza y los espacios culturales.

-Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales. La pandemia ha mostrado la fragilidad de las cadenas globales de producción, y la riqueza de los esfuerzos locales, y nacionales. La enorme creatividad de los pueblos latinoamericanos debe ser la base para los cambios políticos, que promuevan la autonomía y sostenibilidad de los territorios y sociedades locales. Corresponde fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos, afro-americanos y experiencias comunitarias urbanas populares en términos económicos, políticos y culturales; desmilitarizar los territorios y el conjunto de la sociedad; apoyar los mercados locales; democratizar el crédito, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, la soberanía energética local comunitaria basada en modelos sustentables y renovables.

-Por una integración regional y mundial soberana. Es imperativo favorecer los sistemas de intercambio local, nacional y regional a nivel latinoamericano, con autonomía del mercado mundial globalizado que abran alternativas al monopolio corporativo. Introducir monedas paralelas al dólar en diferentes escalas permitiendo una desconexión relativa de las peligrosas dinámicas del mercado mundial, fortaleciendo los intercambios entre países de la región y su diversificación económica complementaria.

Fuente: https://www.clacso.org/pacto-ecosocial-del-sur/

Destaquemos el Pacto Ecosocial del Sur hasta proyecta sus deseos al homogenizar e interpretar las subjetividades de las capas medias y al no comprobar la aceleración e intensificación extractivista por la liberación de cuarentena que el gobierno-Estado en todas sus jurisdicciones concedió a los grandes capitales en Argentina y el Abya Yala. Dice: Aun cuando se mantienen profundas heridas a la naturaleza, este freno forzado también significó desacelerar la destrucción de ecosistemas, sobre todo por la disminución de las emisiones de CO2. Las clases medias mundiales experimentan colectivamente que es posible vivir sin ese consumo exacerbado que provoca destrucción ambiental y que amenaza la vida misma en el planeta; que la felicidad y la calidad de vida tienen dimensiones más relevantes que el poseer y acumular cosas, como es vivir en un tejido de relaciones afectivas confiables.

Su conciliación con el capitalismo (en guerra tanto contra la naturaleza como contra los pueblos) es tal que imagina ideas de cambio social y su promoción por organismos falsamente representativos del 99% humano:

 Incluso en escenarios formales, ideas antes inconcebibles o consideradas inviables, ocupan un lugar central en la agenda a nivel mundial. Aun agencias económicas como la CEPAL proponen una renta básica universal, y el Fondo Monetario Internacional recomienda a los gobiernos introducir un impuesto a la riqueza, para contrarrestar la escandalosa desigualdad y reducir los déficits fiscales. En el norte global, movimientos sociales y políticos pugnan por un nuevo pacto ecosocial global para salvar el planeta, que articule justicia social y justicia ambiental.

En contraposición al Pacto Ecosocial del Sur y argumentando porqué hallamos:

Los “vicios” del ecologismo

3 de agosto de 2021

Por Alfredo Apilánez/Rebelión

“La sociedad capitalista es una sociedad que corre hacia el abismo, desde todos los puntos de vista, porque no sabe autolimitarse. Y una sociedad verdaderamente libre, una sociedad autónoma, debe saber autolimitarse” (Cornelius Castoriadis)

(…) En este marco, lo que llama extraordinariamente la atención es que, incluso en el caso de las posiciones presuntamente rupturistas -llámense ecosocialistas o libertarias-, las propuestas concretas y las vías de acción político-social que se desarrollan se mantienen, salvo contadísimas excepciones, dentro de los márgenes de las reglas del juego fijadas por el discurso del capital. Es decir, queda patente el agudo contraste entre, por un lado, la contundencia y la casi completa unanimidad en el diagnóstico del inexorable colapso ecosocial y, por el otro, la pusilanimidad de la mayor parte de las alternativas que se plantean para al menos atenuarlo.

Para tratar de ilustrar y desentrañar la paradoja anterior nos centraremos, de forma no exhaustiva, en tres “vicios” que, interrelacionados de múltiples formas y gradaciones, lastran en gran medida la capacidad de los ámbitos sedicentemente radicales del movimiento ecologista para transformarse en un freno eficaz de la insaciable sed depredadora del capitalismo desquiciado y avanzar en la apremiante necesidad de construcción de nuevas formas de organización social alternativas: el decrecentismo, el estatismo y el curanderismo económico. (…)

El estatismo ecosocialista: la falacia de las estrategias “duales”

Los que se reclaman herederos de la centenaria tradición del socialismo de inspiración marxista son especialmente críticos de la ambigüedad y pusilanimidad de las propuestas decrecentistas. John Bellamy Foster -autor de un extraordinario trabajo sobre los, escasos pero significativos, atisbos ecológicos de la obra de Marx- resume la posición dominante: “El decrecimiento, en la forma en que se presenta normalmente hoy, no puede ser el principal objetivo organizativo del movimiento ecosocialista, puesto que ni aborda la amenaza ecológica inmediata ni se compromete con la necesidad de un cambio estructural del sistema capitalista”. El filósofo Michael Löwy, coautor del “Manifiesto Ecosocialista Internacional”, abunda en la inconsistencia del programa decrecentista: “a) el concepto de decrecimiento es insuficiente para definir un programa alternativo; b) no aclara si el decrecimiento puede lograrse en el marco del capitalismo o no; c) no distingue entre actividades que es preciso reducir y las que hace falta desarrollar”.

Partiendo por tanto de una posición claramente anticapitalista, el ecosocialismo busca asimismo distanciarse drásticamente, no sólo de la malhadada distopía burocrática del socialismo real, furibundamente depredador de la naturaleza y opresor de las clases populares, sino también de la profunda raíz productivista de la tradición del socialismo de estirpe marxista: el desarrollo de las fuerzas productivas, como vía de superación del capitalismo a través de su progresiva socialización, ya no sería en absoluto, en el marco de la catástrofe ecológica en curso, un ingrediente de una visión radical pero temperada de la transformación social.

Jorge Riechmann, inspirado en los pioneros trabajos de su maestro, el filósofo marxista y luchador antifranquista Manuel Sacristán -suyo es el concepto de “fuerzas productivo-destructivas”, que incorpora el ecocidio, como un “nuevo problema”, en el paradigma marxista-, proporciona una definición del ecosocialismo: “Se trata de una reformulación antiproductivista de los idearios de izquierda que se hace cargo de los nuevos ‘desafíos civilizatorios’, señaladamente los problemas ecológicos”. Así pues, al ideal socialista basado en que el trabajo deje de ser una mercancía y la medida del valor, se añade el principio de sustentabilidad, de homeostasis y equilibrio con la naturaleza.

Sin embargo, en contraste con su vocación renovadora de la “casa de la izquierda”, centrada en otorgar prioridad a los problemas ecológicos abandonando el productivismo desarrollista del marxismo ortodoxo, el ecosocialismo mantiene incólume otro rasgo característico de la tradición del socialismo marxista heredero de las, hoy extintas o embalsamadas, Internacionales Socialista y Comunista: la creencia en la centralidad estratégica de la lucha por el control del Estado para avanzar hacia la transformación ecosocial.

Adrián Almazán nos brinda una precisa caracterización del estatismo ecosocialista: “Casi todas las expresiones del ecosocialismo otorgan un papel estratégico determinante para el Estado: desde las visiones ecocomunistas-leninistas, que hacen del Estado el actor principal de la transformación socio-ecológica de las sociedades contemporáneas, hasta algunas de las teorizaciones más contemporáneas del pensamiento ecosocialista, como aquellas que se agrupan en torno a la idea de «ecosocialismo descalzo». Aunque éste se encuentre aún en proceso de construcción, casi todos/as sus teóricos/as comparten que el punto de partida estratégico de la transformación social es la necesidad de «estrategias duales», es decir, actuaciones estatales dirigidas y sustentadas en la existencia y la actividad de los movimientos sociales”.

La diferencia profunda entre el ecosocialismo y el planteamiento, típicamente reformista y keynesiano, de los apóstoles del Green New Deal, no reside por tanto en la común vocación estatista de ambos -si bien los ecosocialistas profesan un estatismo crítico y desconfiado, de “nariz tapada”- sino en la radicalidad de las medidas propuestas: los ecosocialistas niegan la posibilidad de regulación o reverdecimiento del capitalismo para reconvertirlo, a través de formidables inversiones estatales, hacia el uso masivo de tecnologías verdes no fosilistas que atenúen el ecocidio.

El propio Riechmann, principal acuñador del concepto de “ecosocialismo descalzo”, reproduciendo fielmente el tradicional menosprecio que el presunto “desprecio anarquista al poder” ha suscitado entre los herederos del gigante de Tréveris, defiende rotundamente la aspiración a la transformación del Estado burgués en favor de los intereses de las clases populares y de la contención del ecocidio: “Frente a la tentación de refugiarse en los márgenes, el ecosocialismo mantiene la lucha por la transformación del Estado (…)

Es llamativa la coincidencia de esa propuesta de supervivencia en los márgenes, altamente funcional al desorden establecido, con la tentación de una parte considerable de los movimientos alternativos indignados: organicémonos por nuestra cuenta al margen del Estado (si destruyen la sanidad pública, creemos cooperativas de salud autogestionadas, etc.). Frente a esa tentación, el ecosocialismo afirma: no renunciamos a la transformación del Estado, de manera que llegue a ser alguna vez de verdad social, democrático y de Derecho”. Cabría preguntarse, dicho sea de paso, si Riechmann incluiría, en esa “tentación de supervivencia en los márgenes, altamente funcional al desorden establecido”, a los centenares de clínicas y farmacias autogestionadas creadas en toda Grecia “al margen del Estado” para atender a las decenas de miles de personas expulsadas del sistema público de salud por los criminales recortes impuestos por la Troika durante la infausta crisis de la deuda griega de hace una década.

Tal combinación de profesión de fe anticapitalista y confianza “agónica” en la herramienta estatal como actor imprescindible de la transformación social se refleja asimismo de forma paradigmática en el siguiente extracto del “Programa ecosocialista básico para hacer frente al vuelco climático”, elaborado por Daniel Tanuro:

-Expropiación (sin indemnización) y socialización de las grandes compañías energéticas, así como de las redes de distribución.

-El nuevo sistema energético basado en fuentes renovables ha de ser de titularidad pública.

-Pero ¿de dónde los recursos para esas cuantiosas inversiones? Expropiación y socialización de la banca y el sistema financiero.

-Gratuidad de los bienes básicos (agua, energía, movilidad), provistos por el sector público, hasta el nivel de satisfacción de necesidades humanas básicas determinado democráticamente.

Estatización, expropiación -¡nada menos que de la banca y el sistema financiero, peccata minuta!- y socialización desde arriba a través de la palanca legalista-institucional conforman el lenguaje tradicional del comunismo de estirpe marxista-leninista. Tal planteamiento no puede por menos de suscitar una mezcla de pasmo e incredulidad.

¿Resulta pertinente, en la actual coyuntura de extinción absoluta de las organizaciones revolucionarias del panorama político-social de nuestras democracias “avanzadas”, mantener contra viento y marea la ilusión de la posibilidad de la transformación radical del Estado burgués dotándolo de un contenido mínimamente ecosocialista? Y, aun más importante, ¿realmente existen, en la furibundamente neoliberal Europa de Maastricht y bajo la dictadura de la renta financiera y del poder en la sombra de los implacables mercados, herramientas reales en manos del Estado-nación para desarrollar políticas que rocen siquiera los intereses del gran capital, sea en el ámbito ecológico o en cualquier otro?

No parece que este sea el caso.

El Estado-nación de la fase languideciente del capitalismo iniciada hace medio siglo tiene como función primordial la de tratar de asegurar la maltrecha acumulación de capital pugnando por apuntalar los factores contrarrestantes de su creciente decadencia. Las crecientes dificultades de reproducción “saludable” del capital, resultado de la inexorable tendencia declinante de su rentabilidad, exigieron la adecuación estricta del papel del Estado a la función de potenciar al máximo las contratendencias –con la extraordinaria hipertrofia de la deuda, las burbujas de activos y el casino financiero en lugar destacado- que pudieran atenuar dicha declinación. De ahí la supeditación absoluta de los “títeres de los hemiciclos” a los designios de los sacrosantos “mercados” a través de los privatizados canales de financiación de los recursos públicos, controlados completamente por la banca central y comercial, las fábricas de dinero que condicionan decisivamente las políticas de las instituciones “soberanas”. En los certeros términos de Emilio Santiago Muiño, uno de los grandes adalides del Green New Deal en la “piel de toro”: “Toda la actividad estatal es mediada por el dinero, y el dinero no se puede generar arbitrariamente”. O, dicho de otro modo, “tal y como está diseñado y configurado el Estado-nación en nuestros días, la supuesta primacía de la esfera política está llamada a ser siempre el condottiero del dinero”. Por lo tanto, el precio a pagar para asegurar la completa adecuación de las políticas públicas a las apremiantes necesidades del capital en la fase neoliberal es la amputación de cuajo de cualquier ilusión de mantenimiento -como demuestra, entre otros muchos ejemplos, la triste historia de la “crisis del euro” de principios de la década pasada, que provocó los humillantes “rescates” de los PIGS y la aplicación subsiguiente manu militari del “austericidio”- de la “soberanía” fiscal o monetaria por parte de los Estados nacionales.

El Estado neoliberal carece por tanto totalmente de las herramientas necesarias para emprender, aun en el caso de que así lo pretendiera un gobierno realmente de izquierdas, políticas que erosionen mínimamente los intereses del capital financiero. La heroica aspiración de “no renunciar a la transformación del Estado para que sea de verdad social, democrático y de derecho” choca por tanto frontalmente con la evolución irreversible hacia la total subalternidad de la función estatal a la cuenta de resultados del gran capital fraguada en las cinco décadas de hegemonía neoliberal.

Sobran los ejemplos ilustrativos de cómo las palancas «técnicas», a través de las que el Estado podía atenuar levemente el embate del capital desembridado desarrollando políticas redistributivas de estirpe keynesiana, han sido cercenadas por la dictadura de la renta financiera aplicada con mano de hierro por los «mamporreros» ideológicos e institucionales de las entrañas de la bestia.

John Bellamy Foster describe el cepo al que someten los dueños de la fábrica de dinero y de las grandes corporaciones oligopólicas al Estado neoliberal: “Ahora la política fiscal y la monetaria están fuera del alcance de cualquier gobierno que se atreva a hacer algún cambio que afecte a los grandes intereses creados. Los Bancos Centrales se han transformado en entidades controladas por los Bancos Privados. Los Ministerios de Hacienda están atrapados por los límites de la deuda y las agencias reguladoras están en manos de los monopolios financieros y actúan en interés directo de las corporaciones”.

Tales “barrotes dorados” dejan inermes a las “orgullosas” democracias occidentales frente al voluble arbitrio de los todopoderosos mercados y de sus «espadachines a sueldo» en las organizaciones internacionales de la globalización capitalista, en una suerte de chantaje flagrante que implica, bajo la expresa amenaza de ruina fulminante -el drama desplegado durante el gobierno de Syriza en la primavera griega de 2015 es un ejemplo paradigmático-, el completo sometimiento a los dictados de los amos del dinero.

Las estrategias duales propugnadas por los ecosocialistas pecan por tanto de situarse fuera de la realidad sociopolítica vigente al ignorar la profunda metamorfosis sufrida por el Estado burgués en la fase degenerativa de la acumulación de capital que se inicia con la crisis de los años 70 y que da pie a la aplicación del talón de hierro de las políticas neoliberales.

El desolador panorama político-institucional imperante en las fortalezas occidentales, caracterizado por el ascenso vertiginoso del populismo zafio, la extraordinaria degradación del discurso y la pasmosa mediocridad de la llamada «clase política», es la contraprueba fehaciente del completo vaciamiento de los mecanismos reales para incidir, a través de las instituciones “soberanas”, en la mejora de las condiciones de vida de las clases subalternas.

Por todo lo anterior, de ningún modo estas demediadas instituciones pueden concebirse como ámbitos adecuados -ni siquiera desde un punto de vista defensivo- para la consecución de mayores cuotas de poder popular ni para el fortalecimiento de las organizaciones o colectivos de base. La amarga y reiterada decepción sufrida por los activistas sociales que albergan aún algún resto de esperanza en las posibilidades de avanzar hacia una auténtica “transición ecológica” a través de las políticas públicas es una prueba fehaciente de la inanidad de depositar esperanzas en la “lucha por la transformación del Estado”. Bien al contrario, lo que demuestra la experiencia reciente -el triste caso de Podemos y sus “confluencias”, sin ir más lejos- es que las organizaciones populares y los movimientos sociales -en el ecologismo abundan por desgracia los ejemplos históricos- tienen muchas posibilidades de ser fagocitados o neutralizados por el Estado y sus instituciones, incluyendo en ellas a todos aquellos “compañeros de viaje” que llegaron a los hemiciclos y a las poltronas supuestamente a caballo de las movilizaciones populares que los encumbraron y con el expreso objetivo de reforzarlas. Por lo tanto, quizás sean más “funcionales al desorden establecido” la excitación de vanas esperanzas transformadoras a través de las periclitadas vías institucionales y la legitimación que el refuerzo de ese falso pluralismo ofrece a los poderes fácticos y al circo mediático de la farsa partitocrática que la aspiración autogestionaria y la condición antiestatista del comunismo libertario.

El marxista heterodoxo John Holloway resume el carácter contraproducente del estatismo instrumental de “nariz tapada” profesado por la mayor parte de los ecosocialistas:

“Cualquier gobierno de este tipo implica una canalización de las aspiraciones y de las luchas dentro de conductos institucionales que necesariamente tienen que buscar la conciliación entre la rabia que estos movimientos expresan y la reproducción del capital (atrayendo inversión extranjera o de otra forma). Esto implica inevitablemente participar en la agresión que es el capital”.

La triste realidad es que la imposibilidad de lograr transformaciones de calado a través de las vías legal-institucionales sume en el desaliento -cuando no en el premioso burocratismo legalista que absorbe enormes energías con ínfimos y tardíos resultados- a las organizaciones y colectivos que no trascienden las lindes del enclave marcadas por las superestructuras del capital.

El historiador Miguel Mazzeo abunda asimismo en la esterilidad del “asalto a los cielos” institucional:

“No se puede construir un bloque social revolucionario desde el Estado, desde un ministerio, desde la gestión y las ‘políticas públicas’. Las concepciones ‘institucionalistas’, invocan en vano el concepto de poder popular, porque para ellas el sujeto histórico es el Estado. Ningún poder ejercido individualmente, del tipo ‘poder ciudadano’, merece el rótulo de poder popular. Solo el poder colectivo de los y las de abajo, un poder con proyecciones contra-hegemónicas, puede llamarse poder popular. No se construye poder popular con sujetos electorales, con sujetos beneficiarios de políticas públicas”.

Si el análisis anterior resulta mínimamente certero, la conclusión inevitable es que la defensa de la posibilidad de alcanzar cotas reales de transformaciones sociales radicales a través de las vías institucionales o de los constreñidos ámbitos de la farsa partitocrática es estéril y desmovilizadora y por tanto deletérea para la potenciación de los movimientos sociales y de las luchas populares desde abajo.

Ignorando esta lúgubre constatación, la defensa numantina de las estrategias duales, en un contexto de completa desaparición de las organizaciones revolucionarias del erial político de los países occidentales, genera la paradójica situación de que las más insignes figuras del ecosocialismo acaben participando -”cabalgando las contradicciones”, como expresaba el propio Pablo Iglesias- en opciones políticas -Podemos y la nebulosa de “los comunes” son los ejemplos paradigmáticos en la piel de toro- declaradamente reformistas y aceleradamente integradas en la gobernanza responsable.

Las justificaciones de la decisión son siempre variadas y creativas, si bien en todas ellas asoma un regusto de resignación vergonzante: la apelación al principio del “mal menor”, el “sin nosotros sería aún peor”; la defensa contra viento y marea de la posibilidad, más bien remota, de lograr microavances en ámbitos concretos; la necesidad de alzar un dique de contención ante el ascenso del populismo criptofascista o, last but not least, el socorrido recurso al “mientras tanto”, pretendiendo sustituir la falta de movilización social con la presencia, temporal y sacrificada, en los “puestos de mando”, conforman la panoplia de coartadas del asalto institucional. Sin embargo, las múltiples experiencias recientes demuestran que el remedio acaba siendo peor que la enfermedad y que la apuesta acaba teniendo efectos contraproducentes.

El desengaño provocado por la tozuda imposibilidad de introducir transformaciones de calado -más aun en el ámbito ecológico, donde el choque con el poder económico es más frontal, que en los más plácidos terrenos de la cultural war– acaba generando desilusión y desmovilización a raudales -la rápida desactivación de la explosión de vitalidad y frescura que representó el 15-M es sin duda un triste botón de muestra- y contribuyendo a ahogar aquello que aún está en ciernes.

Frente al caduco proyecto político del marxismo ortodoxo, centrado en la aspiración a la toma del poder del Estado por parte del «Príncipe» del proletariado, cuyo pálido rescoldo sigue aún vigente en la farsa reformista representada por la abrumadora mayoría de las organizaciones herederas del fenecido movimiento comunista, el viejo y desprestigiado anarquismo antiestatista tuvo por tanto razón en su planteamiento esencial: el Estado burgués es, no sólo irreformable sino, sobre todo, un eficaz corruptor de los que pretenden asaltarlo.

Nos remitimos por último a las contundentes pero certeras palabras de Miquel Amorós contra la ilusión estatista: “Capital y Estado son las dos caras de la misma moneda. Salirse de uno y apartarse del otro vendría a ser lo mismo. Rechazar la dictadura de la economía mundializada implica necesariamente repudiar el sistema político parlamentario con el que esta se muestra y trata de legitimarse. El sistema no representa nada, ni a la democracia que proclama, ni al pueblo cuya delegación usurpa. Los hilos de la globalización mueven las marionetas del espectáculo político con el que se hipnotizan los pasivos ciudadanos”.

Las estrategias duales defendidas por los ecosocialistas acaban desembocando, en definitiva, en el arrinconamiento o la postergación definitiva de la perspectiva revolucionaria y en la supeditación de los movimientos sociales, supuestamente autónomos, a los ritmos, las servidumbres y la esterilidad de la apuesta legalista-institucional.

Y quizás no resulte demasiado aventurado conjeturar que otro sorprendente efecto colateral de esa frustración generada por la inanidad de la apuesta por “asaltar los suelos” de los hemiciclos y las poltronas gubernamentales sea la inusitada proliferación de propuestas de “balas de plata” y de soluciones mágicas a los gravísimos males ecológicos y sociales que brotan como hongos de las organizaciones ecologistas, incluso de las sedicentemente anticapitalistas.

Curanderismo económico: ¿puede usarse el dinero para cosas buenas?

De igual forma que los antiguos curanderos basaban su poder de sugestión en la pretensión de poseer la capacidad de sanar a sus crédulos pacientes con remedios mágicos o pseudocientíficos que obrarían el milagro de extirpar el mal del maltrecho organismo, proliferan en la actualidad, tanto en el movimiento ecologista como en otros movimientos sociales, los acérrimos creyentes en curas milagrosas que, correctamente administradas, mejorarían notablemente la salud del organismo social capitalista atajando de paso el formidable destrozo ambiental en curso.

El rasgo común a todas ellas es la creencia irreductible en la posibilidad de introducir modificaciones “quirúrgicas” en los engranajes de la maquinaria capitalista, a través de reformas fiscales y financieras que corregirían sus defectos neurálgicos y, por consiguiente, contribuirían a restaurar la justicia social y el metabolismo socionatural: “balas de plata” que desactivarán la tendencia destructiva del capitalismo desquiciado.

Una gran parte del movimiento ecologista se lanza con entusiasmo a la adopción de tales panaceas en pos de dotar de contenido concreto a sus programas de lucha contra el ecocidio. Comenzando, en lugar prominente, por los “reguladores” decrecentistas, pero continuando -lo que es más sorprendente- con gran parte de los ecosocialistas y, lo que es aún más llamativo, incluyendo asimismo a una parte nada despreciable del ecologismo social de estirpe anarquista, amplios grupos de activistas e intelectuales, profusamente apoyados por publicaciones, medios académicos y organizaciones sociales, defienden entusiásticamente una miríada de recetas fiscales y financieras en pos de atenuar el destrozo ambiental mediante mágicos “trucos de distribución” de la riqueza social.

La esencia de las variopintos trucos circulatorios referidos se podría resumir en la siguiente máxima: lo que necesitamos es más dinero, más dinero para masivas inversiones en la “transición verde”, para crear empleo público a mansalva o para dárselo a las legiones de excluidos del sistema, porque el dinero, el “objeto por excelencia”, el elemento material más importante de la vida social, puede usarse para cosas buenas. ¿Quién osaría ponerlo en duda?

Sobran los ejemplos. Desde los aguerridos adalides de la Teoría Monetaria Moderna, con su defensa incondicional del uso masivo de la palanca monetaria pública -según reza su Primer Mandamiento: ”el Estado, como emisor monopolista de su propia moneda, no tiene, en principio, ninguna restricción de gasto”- para generar pleno empleo y financiar las colosales inversiones del Green New Deal, que posibilitarían la “transición energética” hacia un escenario “todo renovable”, hasta los partidarios de prohibir la creación de deuda ex nihilo por parte de la banca comercial a través de la obligación de mantener un 100% de reservas, pasando por los curanderos fiscales que propugnan reformas tributarias “revolucionarias”, como el impuesto universal sobre la riqueza de Piketty o la prohibición de los paraísos fiscales, la panoplia de propuestas salvíficas que “salvarán al capitalismo de sí mismo”, desactivando asimismo la bomba del ecocidio, es casi inabarcable.

Herman Daly, pionero de la economía ecológica y acuñador del concepto de “economía de estado estacionario”, simboliza lo que podríamos denominar el curanderismo financiero, cuya esencia sería la pretensión de despojar a la banca privada de su poder de generación infinita de deuda sin respaldo real para extirpar el “tumor” de la especulación financiera que parasita el bendito “capitalismo del tendero” y alimenta la suicida vorágine del crecimiento exponencial del interés compuesto. En concreto, Daly propugna nada menos que la prohibición a la banca de crear deuda del “puro aire” -lo denomina el “truco del prestidigitador”- mediante la obligación de mantener un 100% de reservas sobre los depósitos de los clientes, en pos de desactivar la contradicción flagrante entre el crecimiento explosivo de la deuda a interés compuesto y la finitud de la riqueza real para, de este modo, “acabar con el desacople entre la economía real y la financiera”:

“Aunque la deuda pueda seguir la ley del interés compuesto, el ingreso de energía real a partir de la luz solar futura, el ingreso futuro real con respecto al cual la deuda es un derecho, no puede crecer a interés compuesto durante mucho tiempo”.

De este modo, como por ensalmo, el pilar basal en el que se sustenta el modo de producción y de inyección en los circuitos económicos del dinero moderno, a saber, la generación de enormes niveles de deuda -actualmente un 96% del dinero circulante es deuda creada “a golpe de tecla” por la banca- por parte de los bancos comerciales hacia las burbujas de activos financieros e inmobiliarios y el casino de las finanzas globales, quedaría fulminado por decreto. Los castillos de naipes de derivados, las titulizaciones de activos hipotecarios y demás entelequias que sostienen el formidable globo del casino financiero global, sostén esencial de la matriz de rentabilidad del capitalismo desquiciado, derribados de un plumazo. ¡Qué sencillo resulta refundar el capitalismo y extirpar de raíz su tendencia destructiva!

Pero si hubiera que destacar una medida estrella, diseñada para atenuar la violencia del sistema contra las clases populares amén de desactivar su dinámica depredadora de la naturaleza, y cuya transversalidad abarca una gran parte de las distintas sensibilidades dentro del magma ecologista, esta sería sin duda la renta básica universal.

La instauración por parte del Estado de una “asignación monetaria pública incondicional a toda la población”es el epítome de la ilusión paliativa de los curanderos económicos. En ella se fusionan los dos “vicios” descritos anteriormente. Estamos pues ante el símbolo por antonomasia de la aspiración de “poner a dieta” al capitalismo de los reguladores “decrecentistas” y de la firme creencia en el Estado benefactor de estirpe socialdemócrata.

¿No resulta de una sencillez apabullante y de un atractivo irresistible la posibilidad de garantizar a toda la población una renta vitalicia que le permita subvenir sus necesidades básicas, llevar una vida digna e incluso emanciparse de la servidumbre asalariada? ¿Quién podría resistirse a semejante panacea? ¿Estamos soñando despiertos o tales maravillas son realmente factibles?

El siguiente programa “decrecentista” conecta la necesaria reducción de “las dinámicas destructivas de producción y consumo” con la implantación del colchón amortiguador encarnado en la renta básica universal e incondicional:

“Plantearemos un ciclo ‘decrecentista’ a través de la redefinición del concepto de trabajo y riqueza basada en el reconocimiento y valor de las actividades no mercantiles, cooperativas y autónomas. En este sentido, vemos en una Renta Básica de Ciudadanía universal e incondicional no sólo una medida de lucha contra la pobreza, sino una herramienta de emancipación capaz de romper de manera efectiva las dinámicas de producción y consumo, abriendo el camino hacia una sociedad decrecentista”. 

El cordón umbilical que une el paradigma decrecentista con la renta básica sería por tanto la necesaria liberación del trabajo asalariado, justificada por la enorme destrucción de empleo que provocaría -amén de la ya de por sí elevada tasa de paro que caracteriza al terciarizado y digitalizado capitalismo del siglo XXI- la imperiosa reducción o eliminación de aquellas actividades incompatibles con la mínima preservación del metabolismo socionatural.

En un capitalismo catatónico, con un agudo incremento del paro crónico, de los sectores improductivos y de la obsolescencia acelerada de una miríada de actividades incompatibles con el mantenimiento de tasas de rentabilidad y productividad suficientes en la actual era de la “digitalización”, la liberación de la “servidumbre asalariada” que representa la obtención de un ingreso suficiente y garantizado podría ser por tanto el amortiguador perfecto que nos encaminara hacia una sociedad “homeostática”. El profesor y prolífico escritor anarquista Carlos Taibo resalta la pertinencia de la renta básica para “hacer frente a los problemas derivados de un programa decrecentista”:

“De manera más precisa, el decrecimiento reivindica la primacía de la vida social frente a la lógica de la producción, la competitividad y el consumo; el ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero y el consumo; el reparto del trabajo; el establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al calor de la aplicación de un programa de decrecimiento”.

También desde el ámbito libertario, el activista Enric Durán defiende incluso -en coherencia con el ingenuo antiestatismo proverbial del ciberanarquismo- la posibilidad de instauración de una renta básica basada en criptomonedas -otra de las utopías encantatorias favoritas de los curanderos de la moneda- que sustituyera a los “sistemas centrales burocráticos”:

Los sistemas monetarios descentralizados pueden ser la solución para generar sistemas de renta básica en el futuro; reducen mucho los costes de hacerla posible al sustituir sistemas centrales burocráticos por sistemas de democracia directa”.

Véase, como botón de muestra del idealismo que rezuman las “balas de plata” de los curanderos, la siguiente enumeración de las “irresistibles” ventajas de la renta básica para escapar de la “lógica” del mercado laboral:

“Permite escapar de la simple lógica del «mercado laboral» y rechazar cualquier trabajo no digno, no solidario (especialmente a nivel intra o intergeneracional), peligroso para la salud y/o el medio ambiente, etc; invierte la relación  de fuerzas entre empresa y trabajador y, tanto de manera individual como colectiva, supone un escudo de protección a la hora de reivindicar cambios y mejoras laborales”.

¡Qué maravilloso sería sin duda “invertir la relación de fuerzas entre empresa y trabajador” y revertir, por arte de birlibirloque, nada menos que el mecanismo básico de generación de la riqueza social en el reino de la mercancía: la explotación de la fuerza de trabajo!

Tal concepción del desempleo, como un asunto meramente técnico-político, resoluble en las probetas de laboratorio de los curanderos económicos y mediante decretos de la autoridad competente -que comparten por cierto los adalides de la Renta Básica con sus “archienemigos”, los defensores del pleno empleo a través del Trabajo Garantizado por el Estado de la Teoría Monetaria Moderna- está en las antípodas del planteamiento marxiano, la descripción más precisa de la dinámica explotadora y degenerativa del sistema de la mercancía: en la teoría de Marx, la desocupación -el “ejército industrial de reserva”- es generada de manera endógena por los ciclos recurrentes del sistema capitalista. Es decir, el desempleo es sistémico, sirve a un propósito fundamental en el curso de la acumulación -regular el precio de la fuerza de trabajo y aumentar la explotación laboral, como vía de superación de las crisis periódicas- y no se puede eliminar a discreción por un Estado benefactor.

Toda la tradición histórica del movimiento obrero y de las miríadas de luchas sociales contra la explotación acrecentada ejercida por el “enemigo de clase” se fundamenta sobre ese principio neurálgico sin el cual resulta incomprensible la evolución social y económica del capitalismo en los últimos dos siglos. Extirparlo de raíz -pretendiendo “escapar de la simple lógica del mercado laboral” mediante una renta monetaria incondicional que libere al trabajador del yugo del capital- representa por tanto el primer paso para desactivar la condena in toto del capitalismo abriendo el camino a los “arreglos de detalle” y a las reformas paliativas que corregirán los rasgos más inicuos del sistema encaminándonos hacia un capitalismo armonioso y dulcificado, que derramará sus dones sobre todo el cuerpo social amén de preservar el malhadado entorno natural.

El mito de la renta básica emerge por consiguiente como la coronación de este fútil intento de construcción de un capitalismo con «corazón», en busca del retorno del «genio malo» del capitalismo desquiciado a la botella donde lo encerrará el papá Estado al servicio del interés general. ¿Y ya puestos a pergeñar remedios salvíficos, no sería mucho más sencillo y rápido, dicho sea de paso, implantar la propuesta del mediático economista y exministro griego Yanis Varoufakis, ahora metido a constructor futurista de utopías sociales? Esta consistiría, ni más ni menos, que en abrir, con un mágico “golpe de tecla”, una cuenta a cada ciudadano ¡desde el nacimiento! en el Banco Central por una cantidad suficiente para subvenir sus necesidades básicas. En lugar de los gravosos aumentos impositivos, necesarios para la financiación de la Renta Básica, en este caso, el “árbol mágico de dinero” derramaría graciosamente sus dones sobre toda la población. Miel sobre hojuelas.

La metafísica idealista y la completa evacuación de las condiciones materiales de producción y del análisis riguroso de la historia reciente del capitalismo, implícitas en tales invocaciones a los «anhelos de vida buena», pueden llevar a enajenaciones ideológicas como la que emana de la extravagante proclama de Daniel Raventós, uno de los mayores gurúes españoles de la renta básica:

“Lo escribiré de forma lapidaria y más adelante lo argumentaré con algún detalle: la Renta Básica no es una propuesta ni de izquierdas ni de derechas (…) La propuesta de la RB tiene vocación ecuménica [sic]. Que la RB puede ser justificada desde idearios normativos de derechas o de izquierdas me parece algo ya tan demostrado que casi resulta tedioso volver a insistir”.

Ciertamente, justo es reconocer que algunos de sus adalides no caen en fantasías tan desnortadas y reconocen la condición de cataplasma de un remiendo semejante que no trasciende en absoluto los estrechos márgenes del reino del capital: “Una sociedad con Renta Básica no dejaría de ser, ciertamente, una sociedad capitalista. Pero se acercaría más a una sociedad mejor porque la erradicación de la pobreza dejaría de ser un objetivo –siempre presente en los objetivos de las burocracias internacionales- para ser una realidad disruptiva”.

La cuestión decisiva a plantearse sería por tanto la siguiente: ¿resulta útil, para avanzar en la imperiosa necesidad de una transformación social radical encaminada a atajar el ecocidio, el diseño de quiméricas propuestas reformistas de ingeniería fiscal o financiera que pretendan, en el mejor de los casos, promover el avance hacia un idealizado capitalismo bonancible y redistributivo donde la pobreza fuera sólo “una realidad disruptiva”?

Las prescripciones de las distintas escuelas de curanderos, a pesar de la multiplicidad de sus formulaciones, comparten un rasgo esencial: hacer abstracción de la lógica interna del funcionamiento del capitalismo realmente existente y de las funciones reales y las formas de generación e inyección en la actividad económica del dinero en la actual fase neoliberal. La pobreza, el desempleo, la aguda desigualdad y por supuesto el expolio criminal de la naturaleza no son aspectos aislables de la acerba realidad, que se puedan corregir por tanto a discreción, con la buena voluntad de los gestores del bien público, a través de recetas mágicas diseñadas ad hoc, sino rasgos consustanciales a la acumulación de capital en su fase degenerativa. Tal concepción idealista implica, como describe el economista marxista, recientemente fallecido, Michel Husson una enorme “marcha atrás” respecto de la tradición revolucionaria y materialista del movimiento obrero y del pensamiento socialista:

“Los defensores del ingreso universal proponen a las ‘multitudes’ dar marcha atrás, instaurando una renta monetaria e individualizada, y esta perspectiva sustituye de hecho a la movilización por una reducción radical del tiempo de trabajo mediante la transformación de las relaciones de producción en un sentido socialista. A estas aproximaciones teóricas se añade una orientación estratégica cuyo efecto es dejar de dar cuenta de la centralidad de las relaciones de explotación”.

Haciendo abstracción de la lógica interna del capitalismo, los curanderos llegan por tanto a soluciones taumatúrgicas que ignoran las estructuras profundas de las relaciones socioeconómicas y la agudización de las dificultades de la reproducción del capital en las décadas recientes. Con el agravante de la extensión masiva del campo de la mercancía y del elemento pecuniario que implica proponer una renta universal e incondicional en forma monetaria. La concepción implícita en tales recetas de que el dinero puede usarse para cosas buenas a través de los “trucos circulatorios” revela una completa incomprensión de las funciones y de la forma de generación e inyección en el circuito monetario capitalista del dinero moderno. El dinero, la encarnación del poder social y del conflicto de clases deviene, en las recetas de los curanderos, una herramienta técnica, aséptica, cuyo modo de producción y distribución habría únicamente que arreglar para alcanzar un funcionamiento óptimo que corrigiera eficazmente el comportamiento tóxico del motor de la acumulación de capital para que derramara sus dones sobre las capas más desfavorecidas. Quitémosle pues al dinero de los curanderos su «bendita» inocencia e integrémoslo en la argamasa de la matriz del proceso de reproducción ampliada del capital, en su pugna continua por extraer el máximo flujo del trabajo vivo: «El dinero es, por lo tanto, el único medio de que dispone la sociedad capitalista para validar el trabajo social y viabilizar la reproducción del capital». Se trata, en definitiva, de la herramienta par excellence a través de la que se ejerce el poder social.

Resulta pueril por consiguiente creer que su generación y distribución, totalmente privatizadas actualmente en manos de la banca comercial y enfocadas hacia la tóxica matriz de rentabilidad financiarizada del capitalismo patológico, se pueden poner al servicio de las mayorías sociales a través de las funciones redistributivas del Estado -despojado, por cierto, de cualquier rastro de autonomía financiera y sometido a los implacables designios del talón de hierro de los mercados financieros globales-, máxime si ello redunda en un perjuicio para las acuciantes exigencias de la valorización del capital. La omisión absoluta de estas decisivas cuestiones sitúa a las propuestas de los curanderos fuera de la realidad del capitalismo realmente existente.

¿Cuál es, en definitiva, la razón del aparente éxito de tales recetarios entre amplios sectores -incluidos los supuestamente anticapitalistas- del movimiento ecologista y de una pléyade numerosa de organizaciones y colectivos sociales?

Como explica Michel Husson, quizás el hecho de vivir “un periodo de pesadilla”, de derrotas y de pérdida de vigencia de los proyectos “holísticos” realmente transformadores, explique la proliferación de estas “utopías encantatorias”:

“De forma general, el éxito de estos proyectos se explica sin duda por las coordenadas de un período bastante de pesadilla. Parecen representar atajos que permiten sortear los obstáculos y pasar de nuevo a la ofensiva (…) Estas utopías encantatorias no son solamente estériles: son también, desgraciadamente, obstáculos a la construcción de una estrategia alternativa encarnada en la realidad de las relaciones sociales”.

Vayamos pues más allá de los estériles y desmovilizadores atajos de los curanderos y tratemos de recuperar las prácticas y los planteamientos verdaderamente alternativos que nos permitan desarrollar ámbitos de lucha y de resistencia contra la barbarie del capital alejados de los remedios taumatúrgicos, de la delegación legalista-institucional y de la ilusión de los reguladores de poner a dieta al capitalismo, cada vez más atiborrado de capacidad de destrucción y de expolio y, por lo tanto, cada vez más irreformable.

En el fondo quizás encierre mucha más sabiduría, para la construcción de prácticas realmente transformadoras -y asimismo profundamente ecológicas-, el mensaje que se extrae de la siguiente lección impartida en una Escuelita Zapatista del sureste mejicano. La anécdota la relata Jérôme Baschet, autor del iluminador texto «Adiós al capitalismo»: «Durante una de las sesiones de la Escuelita zapatista, una maestra se paró en medio de su explicación y presentó dos bolsas, una con monedas y otra con maíz. La conclusión de la lección fue: el maíz es vida y el dinero muerte». El dinero no puede por tanto usarse para cosas buenas ya que, como decía el sabio polígrafo anarquista Agustín García Calvo: “el enemigo está inscrito en la forma misma de sus armas”. (…)

Los “vicios” someramente reseñados son por tanto la prueba fehaciente de la urgencia de un ecologismo verdaderamente radical, que parta humildemente de la prioridad de la lucha contra el reino del capital como conditio sine qua non para la obtención de una regulación armoniosa del metabolismo socionatural. Al haberse desarrollado principalmente en el contexto histórico de la derrota del movimiento obrero, la desaparición de las organizaciones de clase y la reclusión minoritaria de los colectivos libertarios, las organizaciones ecologistas se han visto masivamente fagocitadas por la ola reformista imperante. El desafío es pues colosal: extraer la conclusión lógica del diagnóstico condenatorio de las posibilidades de una vida buena en un planeta habitable bajo el capitalismo desquiciado exigiría una drástica transformación de las estrategias ecologistas en un sentido profundamente anticapitalista y antiestatista que no se deje embaucar por los cantos de sirena de las ilusiones reguladoras “decrecentistas” ni por la reclusión autorreferencial de los movimientos de un solo asunto. La posición para lograrlo es, a pesar de todo, privilegiada: el ecologismo que “va en serio” aúna la urgencia perentoria de la transformación radical de la vida cotidiana con la apremiante exigencia política de la destrucción del sistema social ecocida basado en la depredación de la naturaleza y en la explotación del trabajo humano.

En caso contrario, como describe Anselm Jappe, las implicaciones del progresivo desquiciamiento del sistema de la mercancía pondrán a la especie humana y a su crucificado planeta ante una perspectiva catastrófica: “Lo que se avecina tiene más bien el aspecto de una barbarie a fuego lento, un sálvese quien pueda. Antes que el gran crash, podemos esperar una espiral que descienda hasta el infinito, una demora perpetua que nos dé tiempo para acostumbrarnos a ella como en la fábula de la rana y el agua caliente. Seguramente asistiremos a una espectacular difusión del arte de sobrevivir de mil maneras y de adaptarse a todo, antes que a un vasto movimiento de reflexión y de solidaridad, en el que todos dejen a un lado sus intereses personales, olviden los aspectos negativos de su socialización y construyan juntos una sociedad más humana”.

Ojalá se equivoque.

Blog del autor: https://trampantojosyembelecos.wordpress.com/2021/07/27/los-vicios-del-ecologismo/

Fuente: https://rebelion.org/los-vicios-del-ecologismo/


Bloqueo de la lucha de clases

Estimemos clave, en la actual inflexión histórica, generalizar la ruptura con la delegación en el Estado del freno a los ecocidios y sus consecuentes genocidios silenciosos, silenciados e invisibilizados. Las autoorganizaciones de vecines en defensa de sus territorios y de los bienes comunes están avanzando en esa toma de partido. Reflexionemos sobre:

Los bosques nativos de Córdoba arden bajo el fuego del extractivismo

agosto 19, 2021

Organizaciones socioambientales denuncian que el fuego en las sierras cordobesas están ligados a la intención de usar los suelos para agronegocio y emprendimientos inmobiliarios. En lo que va del año ya se quemaron 2000 hectáreas en la provincia Hace cinco días están incendiando la zona sur de la Traslasierra cordobesa. Localidades como Luyaba y La Paz (departamento de, San Javier), se derriten en el fuego, bajo el viento Zonda de agosto. A las condiciones climáticas se suma la ambición de tierras para pastoreo o para proyectos inmobiliarios. “El domingo hubo tres focos en simultáneo en un predio que, por lo que nos contaba un vecino del lugar, hay allí fuertes intereses inmobiliarios en hacer loteos”, contó a Tierra Viva Celeste Rumie, vecina de Luyaba. Ella, junto a otras pobladoras y pobladores, realizan «“guardias de cenizas”, se ocupan de que las brasas no se extiendan una vez apagado el foco ígneo.

“Luego de la cuarentena el flujo de personas que buscan vivir en zonas rurales o serranas es cada vez mayor y por eso se están haciendo loteos por fuera de la norma, sin respetar las zonas rojas de resguardo ambiental”, denuncia la integrante del colectivo Vecines Amigues de Luyaba Libre y Ecológica (VALLE), grupo de vecinos que nos conformó en 2020 ante los incendios. “Aprovechan esta época del año, en agosto que siempre hay días de viento Zonda muy intenso y de mucho calor. Cuando detectan el alerta máxima de incendios aparecen estos focos en simultáneos”, describe. Mientras habla, Rumie observa las sierras llenas del humo proveniente de Calamuchita. En lo que va del año se quemaron más de 2000 hectáreas en Córdoba.

Afirma que los incendios se vienen controlando relativamente rápido gracias a las tareas de los bomberos voluntarios de La Paz, de San Javier, de Los Hornillos y de Mina Clavero. También hace su aporte el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC). Se trata de un organismo provincial creado luego de los incendios de 2020. Esta semana, aviones hidrantes pudieron rescatar viviendas asediadas por el fuego. La zona afectada tiene una extensión aproximada de diez kilómetros, en el sur de Traslasierra, donde aún se conservan hectáreas de bosque nativo.

Respecto al ETAC, si bien su presencia fue importante en estos días, las y los pobladores se preguntan por qué se creó un organismo paralelo, en lugar de fortalecer las organizaciones de bomberos voluntarios de la región. En marzo, la Federación de Bomberos de Córdoba cuestionó la medida. Entonces, detallaron que los 184 cuarteles de la provincia reciben un subsidio provincial anual para su funcionamiento de 171 millones pesos. Es decir: 930.000 pesos por cuartel. En cambio, el ETAC “destinaría un presupuesto anual para cinco bases de 441 millones de pesos, unos 88 millones de pesos para cada base”, compararon.

La relevancia de la zona quemada -ubicada a 200 kilómetros al sur de Córdoba- radica en que es una de las regiones de Córdoba donde aún perdura el monte nativo. Hacia el norte invaden la tierra las especies exóticas, los loteos y las zonas turísticas con desarrollo inmobiliario. Ahora la especulación viaja al sur, una zona de pequeños poblados donde La Paz es la única ciudad (o sea: cuenta con más de 10.000 habitantes). Allí, entre el humo y las cenizas se proyectan plantaciones de olivares y nogales. El próximo 8 de septiembre habrá una audiencia pública por un acueducto que, explican las organizaciones socioambientales, tiene como trasfondo intereses inmobiliarios y del agronegocio, en particular de capitales árabes. La obra afectará el acuífero del departamento San Alberto y San Javier.

Ley de Bosques

El Ministerio de Ambiente de Nación reconoce que el 95 por ciento de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas. Entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo, aunque también ocurren el abandono de tierras, las fogatas y las colillas de cigarrillos mal apagadas. “Los factores climáticos, como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes, inciden en la propagación del fuego”, advierte el gobierno nacional en su reporte de incendios forestales del 19 de agosto.

¿Qué ocurre con la Ley de Bosques en Córdoba? “El Estado provincial es casi el principal infractor”, responde Celeste Rumie. “Con toda la historia de autovías y obras viales, son los principales que infringen las leyes nacionales y provinciales porque avanzan sobre zonas rojas o amarillas de protección ambiental”, ejemplifica. “Son obras que no tienen licencia social porque las voces de las asambleas no son escuchadas, como ocurrió en el caso de Punilla”, señala.

Al mismo tiempo, Rumie recuerda que las leyes de Bosques y de Manejo del Fuego conminan al Estado a recuperar las zonas afectadas por los incendios, al tiempo que impiden el cambio de uso de suelo de los territorios quemados. “Lo que vemos es que estos terrenos se están vendiendo pese a que la ley está vigente”, denuncia. Al mismo tiempo, la vecina cuestiona que el mapa creado por la Ley Provincial de Bosques de Córdoba (9814) es “una imagen JPG de baja resolución”. Esto impide puntualizar, hectárea a hectárea, cuánto de bosque nativo se está perdiendo por las quemas.

“Desde las asambleas ambientales combinamos estrategias: agotar las instancias administrativas y salir a las calles o al monte a reclamar organizadamente,” señala Rumie.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/los-bosques-nativos-de-cordoba-arden-bajo-el-fuego-del-extractivismo/?fbclid=IwAR2WTqRpUdtj_FFBIW3co5e-BQ037DcKKgzJZVqx971Cu5f-5IB461qz8f4

Advirtamos, sin embargo, que el admirable período de luchas en Chile está bloqueado por:

La Constituyente chilena cumple un mes de existencia

4 de agosto de 2021

Por: Paola Ariza

Los 155 miembros de la inédita convención constitucional chilena que se instauró el 4 de julio pasado han logrado avanzar en la organización inicial de sus labores. «Instaurar la confianza en la sociedad chilena» será uno de los principales retos, dijo a RFI el vicepresidente de la Asamblea, Jaime Bassa.

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Desde la accidentada instalación de la Constituyente el pasado 4 de julio, en una sesión suspendida debido a protestas en el exterior del recinto y los problemas técnicos que obligaron a posponer la primera sesión de trabajo, la convención logró avanzar en la organización inicial y en el crucial reglamento que permitirá redactar las nuevas leyes.

Se lograron instalar, ocho comisiones de trabajo, entre ellas la de presupuestos, derechos humanos, educación popular, social y territorial, participación y consulta de los pueblos originarios, participación ciudadana e información y transparencia, junto con ampliar la mesa directiva de dos a nueve miembros, con siete nuevas vicepresidencias.

Con 155 miembros, en su mayoría independientes de diferentes afinidades de izquierda, indígenas y una derecha en minoría, en lo que muchos ven como el espejo más real del Chile de hoy, uno de los primeros obstáculos fue romper la desconfianza inicial.

El profesor de derecho constitucional y vicepresidente de la Asamblea Constituyente Jaime Bassa dijo que uno de los principales retos de esta asamblea es continuar instaurando la confianza en la sociedad chilena.

“Uno de los principales desafíos va a ser manejar la incertidumbre que genera de cara a la ciudadanía la discusión política en términos absolutamente distintos a lo que estábamos acostumbramos a escuchar. Y esta novedad, este transito del viejo al nuevo orden constitucional va a generar ciertas dudas que vamos a tener que manejar”, dijo a RFI.

Sobre relación con el gobierno en la implementación de esta asamblea: “una relación muy difícil, tensa, un poco ingrata. Y la normalización del trabajo de la constituyente fue generando condiciones para mejorar la relación con el gobierno. Hubo cambios de algunos cargos directivos en el gobierno y han permitido que la convención vaya trabajando de mejor manera”.(…)

Fuente: https://www.rfi.fr/es/programas/noticias-de-am%C3%A9rica/20210804-la-constituyente-chilena-cumple-un-mes-de-existencia

Subrayamos el bloqueo de la lucha de clases porque esa Constituyente se contextualiza de modo presente e histórico en:

De la lucha territorial a la lucha por la libertad.

La prisión política Mapuche como mecanismo contrainsurgente

8 de septiembre de 2020

Por Edgars Martínez Navarrete (Rebelión)

A la violencia del Estado chileno, la represión policial y el asedio de los terratenientes y las multinacionales, los presos políticos Mapuche utilizan la huelga de hambre sólida y líquida como herramienta de resistencia en sus propios cuerpos. Tratados como “terroristas” y señalados como el “enemigo interno” por los medios del poder económico, los huelguistas entregan su newen (fuerza) para buscar la libertad de su pueblo.

Yo soñé que soñaba:

que fuimos sometidos

y nos gobernaban tiranos.

Me pongo en huelga de hambre

para despertar la rabia,

despegar el vuelo

y aniquilar el sueño.

Juan Jerónimo Lemus, Cherán, México.

Al momento de escribir estas líneas, los presos políticos Mapuche en huelga de hambre viven horas cruciales 1/. Los comuneros en la cárcel de Lebu llevan 50 días sin comer y los de Angol suman 113 días, pero desde el 24 de agosto iniciaron el ayuno seco, quizá la medida de presión más extrema que un ser humano puede tomar encerrado en una prisión. Si bien los presos de Temuco no se han plegado aún a esta iniciativa, ellos ya llevan 42 días en huelga de hambre. Fue gracias a esta medida y a las distintas movilizaciones alrededor del mundo, que el machi Celestino Córdova pudo doblarle la mano a los poderosos y fijó ciertos acuerdos mínimos, a cambio de terminar su huelga.

No obstante, en todo este tiempo el gobierno de Chile ha dado escasas señales para destrabar el conflicto con el resto de los huelguistas, cuestión irrisoria porque el petitorio de estos, que básicamente busca reglamentar la prisión vinculada a causas indígenas bajo los criterios de la legislación internacional, se encuentra enmarcado en el Convenio 169 de la OIT adoptado por Chile hace más de una década.

Para comprender esta situación es necesario explicar las razones de fondo que motivaron el encarcelamiento político de algunos comuneros. La madrugada del 29 de enero, más de un centenar de efectivos policiales allanó violentamente cinco viviendas en el Valle de Elicura, territorio lavkenche del Wallmapu. Entre golpes, forcejeos y vulneraciones a sus familias, se llevaron en calidad de detenidos a Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura y Manuel Huichacura. Aquella misma tarde, todos los imputados quedaron en prisión preventiva bajo la presunta participación en la muerte de un vecino de la zona.

En la audiencia de formalización se pudo constatar que las únicas pruebas en su contra eran declaraciones brindadas por testigos protegidos. Además de ser contradictorios entre sí, los supuestos testigos no lograron establecer un vínculo entre los imputados y el delito. Ignorando estos vacíos jurídicos, los peñi del Valle de Elikura fueron trasladados a la cárcel de Lebu, en la provincia de Arauco, donde se encuentran realizando actualmente su huelga de hambre.

El weichan, la construcción del enemigo interno y la contrainsurgencia

Durante la década del ‘90, la emergencia del movimiento mapuche, en general, y su línea autonomista, en particular, pusieron en crisis por primera vez el carácter monocultural que el Estado – Nación chileno reprodujo a lo largo de su historia moderna. El prolongado tiempo de la chilenización criolla, impuesta a sangre, fuego y ley, y cristalizada con la frase de Augusto Pinochet “ya no existen mapuches, porque todos somos chilenos” fue rotundamente cuestionada por un pueblo dispuesto a transformar su realidad. Las viciadas promesas culturales del gobierno no pudieron contener la autodeterminación mapuche en la vuelta de siglo.

Las recuperaciones territoriales tomaron fuerza, proliferaron las organizaciones políticas y el weichan, tradición histórica del antagonismo mapuche, se convirtió en la praxis de los sectores que comenzaron a desconfiar de la institucionalidad neoliberal. La zona lavkenche cobijó a las primeras manifestaciones de insubordinación colectiva de este periodo: parió a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y, con esta, todo un legado de rebeldía que se ramificó hasta la actualidad. Los procesos de reivindicación territorial en el Valle de Elikura, por ejemplo, son producto de toda una generación lavkenche criada y formada en este ciclo de insurrección.

En este contexto, viendo amenazados sus intereses en pleno ascenso del “milagro chileno”, las clases dominantes reacomodaron sus estructuras de poder para hacer frente al resurgimiento de un nuevo “enemigo interno”. El Mapuche en lucha pasó a ocupar el lugar predilecto del terrorista racializado. La criminalización pareció ser la vía más efectiva para hacer frente a esta amenaza “innovadora”. Así, se inaugura lo que podríamos caracterizar como un nuevo ciclo de “Conflicto de Baja Intensidad”, es decir, un escenario de contrainsurgencia basado en mecanismos pasivos y coercitivos de sometimiento, cooptación, explotación y persecución a los enemigos del modelo.

Un conflicto de baja intensidad que encubre una arremetida contrainsurgente y neocolonial sobre el pueblo Mapuche en weichan y que se desarrolla en tres niveles interconectados. En primer lugar, a través de una amplia maquinaria creada por los sectores de poder para arrinconar la resistencia, posibilitando la acumulación por desposesión y la reproducción ampliada de capital. A nivel continental esto se plasma en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Tratado Transpacífico (TPP-11),  entre otras. Y a nivel nacional, en el Plan Araucanía, en los intentos de modificación de la Ley Indígena y en el proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA). Estas iniciativas económico-políticas tienen tres objetivos: la apertura definitiva del Wallmapu a las corporaciones transnacionales, el saqueo y la expoliación de los recursos naturales y el sometimiento de la protesta territorial. En definitiva: la subsunción real de la naturaleza, las tramas espirituales y las capacidades políticas de la resistencia mapuche ante el capital.

No obstante, si bien la lógica coercitiva de estos planes proviene de una matriz transnacional movilizada por los intereses del imperialismo contemporáneo, su capacidad operativa reside en el despliegue de una multiplicidad de pivotes nacionales encargados de afirmar la doctrina chilena de “seguridad nacional” contra este nuevo “enemigo interno”. En este segundo nivel se encuentran los numerosos planes de persecución y criminalización que ha impulsado el Estado durante las dos últimas décadas para debilitar al movimiento Mapuche autonomista y acusarlo de “terrorismo”. La “Operación Paciencia” (2002 – 2004) dirigida a desarticular a la CAM, la irrisoria “Operación Huracán” articulada mediáticamente para “descabezar” a Weichan Auka Mapu y nuevamente a la CAM y la Operación Andes (2017), parte de la anterior, con la cual se pretendía vincular a las organizaciones del weichan Mapuche con el tráfico de armas y con estructuras político-militares de diversos territorios. Estos son sólo algunos de los planes conocidos de este nivel de contrainsurgencia.

La construcción de la figura del terrorismo como estrategia de los terratenientes

Pero la “lucha contra el terrorismo” es también la finalidad obstinada de los terratenientes, empresarios forestales y gremios de agricultores de la ultraderecha regional que hoy habitan el Wallmapu. Los herederos del settler colonialism, colonialismo de colonos o de asentamiento, beneficiados por el despojo territorial, el desplazamiento y la subordinación racial del Mapuche, persisten en justificar su presencia histórica, sus propiedades y sus inversiones bajo la defensa de una presunta supremacía blanca nacionalista asociada a una especie de Estado de derecho. Para esto, además de construir la idea del “mapuche terrorista”, se han organizado en grupos de autodefensa paramilitar que amenazan con recrudecer la violencia engendrada por ellos mismos y sus antepasados.

Específicamente para el Lavkenmapu, y para el Valle de Elikura, este plano de la contrainsurgencia se evidencia en la sistematización de datos que sacó a la luz el medio de prensa Mapuche Aukin bajo el titular “El nuevo plan represivo para la franja lavkenche”. En este documento se sintetizan las medidas que el gobierno, en diálogo con los “principales” sectores productivos de la zona, destinarían al sur de la provincia de Arauco con el fin de mitigar los índices de “violencia rural”, categoría mediática a través de la cual se hace referencia a la resistencia lavkenche. La creación de nuevas subcomisarías, la llegada de 100 efectivos a la zona, la presencia permanente de retenes policiales, el arribo de 16 carros blindados todo terreno, un helicóptero y la donación de drones de última generación serían solo una parte del plan represivo con el que se perseguirá a los lov y comunidades que defienden el Lavkenmapu.

El nivel más específico de este conflicto de baja intensidad está relacionado con la prisión política Mapuche. No es un secreto que las cárceles de América Latina tienen color, como señala la antropóloga Rita Segato (2007). Pero no es tan solo eso: la judicialización de la protesta indígena también tiene color. Durante las últimas tres décadas, en Chile se ha sometido de forma sistemática a militantes, dirigentes y autoridades culturales del pueblo Mapuche a largos procesos judiciales que generalmente concluyen en absoluciones o sobreseimientos por falta de pruebas.

Sin embargo, estas causas, famosas por sus inconsistencias técnicas y sus vacíos legales, no tienen necesariamente la finalidad de condenar. Más bien, se busca neutralizar a los combatientes Mapuche, fatigar el movimiento de resistencia y forzarlo a disputar la agenda del gobierno.

Por lo anterior, podemos observar que la prisión política, si bien genera cohesión y ciertos niveles de aglutinamiento socio-comunitario inclusive entre sectores orgánicamente disímiles, presiona al movimiento de apoyo a concentrarse en objetivos inmediatos, descuidando generalmente los fines estratégicos. En este contexto, la liberación de los presos o el mejoramiento de sus condiciones carcelarias pasan a ser, con toda razón, prioridades indiscutibles. Quienes reditúan políticamente de tal situación son las clases dominantes al “mantener” los niveles de insubordinación Mapuche atomizados a un objetivo, aparentemente efímero, pero que requiere del despliegue de un amplio repertorio de alianzas, negociaciones y prácticas contestatarias. A su vez, las acciones en apoyo a los presos políticos y, particularmente, en torno a las huelgas de hambre son procesos emocional y materialmente desgastantes para un movimiento que no se caracteriza por tener extensas redes de solidaridad más allá del Wallmapu o recursos en abundancia.

No obstante, existen momentos de ruptura en los que el movimiento Mapuche marca el ritmo de la agenda y obliga al gobierno a negociar, tal como ha ocurrido durante las últimas semanas donde se han incrementado las acciones de sabotaje, las ocupaciones de espacios públicos y otras medidas de presión que han doblegado la indiferencia gubernamental.

La crueldad como dispositivo biopolítico contrainsurgente

La cárcel y las huelgas de hambre constituyen mecanismos disciplinarios sobre el sujeto y su cuerpo, que se extienden como un dispositivo de dolor a las familias y círculos cercanos que acompañan este proceso. A los ayunos líquido y seco que dejan secuelas crónicas en el organismo de quien la realiza, se suma el sufrimiento producido por las detenciones, los allanamientos y los largos procesos judiciales que derivan en la prisión.

En las últimas tres décadas, cientos de mujeres, hombres, ancianos, ancianas, niños y niñas han sufrido la violencia de estos mecanismos biopolíticos contrainsurgentes, que dejan huellas imborrables en sus vidas. A sus cortas edades, muchos pichikeche (niños y niñas) han pasado sus infancias en territorios militarizados, entre el hostigamiento policial y los lúgubres pasillos de los Tribunales de Justicia. En esta misma lógica, y sin desconocer la ayuda comunitaria que suele activarse, es importante mencionar que son generalmente las mujeres quienes cargan gran parte del esfuerzo en estos contextos, ya que además de cumplir jornada completa en los campamentos levantados rudimentariamente fuera de las cárceles, deben hacerse cargo del trabajo cotidiano en sus hogares y de las múltiples labores en sus respectivos lov y territorios.

A pesar de todo esto, la acción coercitiva de la estructura de poder conformada por las elites chilenas y transnacionales no logran doblegar la voluntad colectiva de los huelguistas. Los presos políticos Mapuche no están luchando por una demanda individual: la huelga de hambre con la que arriesgan sus vidas, busca reglamentar un marco jurídico mínimo para que la prisión política indígena en Chile deje de ser invisibilizada.

Desde sus celdas, los presos políticos Mapuche enfrentan todas las acciones represivas y niveles de la contrainsurgencia. A la violencia de los consorcios económicos, estructuras políticas, poderes judiciales y aparatos represivos, la combaten con afafanes (gritos de aliento), ceremonias y pequeñas muestras de solidaridad. Es una contienda desigual, sin lugar a dudas, pero dentro de todo lo desgarrador de este proceso, los presos políticos Mapuche encarnan la mayor expresión de dignidad humana posible: entregan su vitalidad y su newen (fuerza) para buscar la libertad de su pueblo.


1/ Texto en honor a la digna resistencia de los presos políticos Mapuche en huelga de hambre de la cárcel de Lebu: Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Tomás Antihuen, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura, Manuel Huichacura, Cesar Millanao, Orlando Saez, Damian Saez, Robison Parra, Oscar Pilquiman. A la vez, lo dedico con cariño a Kelüray y Külapañgi, semillas de rebeldía en el Lavkenmapu.

Edgars Martínez Navarrete es militante de la causa Mapuche autonomista, integrante de AUKIN y candidato a doctor en Antropología por el CIESAS-CDMX
Fuente: https://rebelion.org/la-prision-politica-mapuche-como-mecanismo-contrainsurgente/

Confirmamos que la Constituyente tiene la función de bloqueo de la lucha de clases al leer:

Nación Mapuche. Análisis Territorial Mapuche sobre acuerdos NANSEN: hasta los pinochetistas hicieron invitación a un peculiar diálogo

Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2021

ATM analiza participación de Centro Nansen de Noruega, rol de Universidades de Iglesia Católica en Temuco, y de otras U-privadas cuyos dueños fueron autoridades de dictadura cívico militar de Pinochet. Intereses Noruegos en hidroeléctricas e industria salmonera, también son señalados.

Líderes reales de diversos territorios del mundo instan en estos días a respetar los derechos humanos, el derecho a la tierra y la autodeterminación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, destacando la permanente acción genocida de policias chilenos, los cuales trataron de asesinar nuevamente a Alberto Curamil y atentaron gravemente contra Elena Paine y sus hijos en abril pasado. Se sumó a ello la dolorosa noticia del asesinato del defensor del Itrofill Mogen Pablo Marchant, a quien conocimos en su caminar valiente y generoso por esta tierra.

En paralelo crecen permanentemente los recursos para la violencia y el terrorismo empresarial y estatal reflejado en mercenarios privados y policías que protegen el avance del modelo industrial en Wall Mapu. La violencia es ejercida por el invasor, sus empresas y uniformados, ellos son los grupos armados que llegaron con carabinas y cañones a quitar la tierra y luego destruir las vertientes, los ríos, los arboles pacíficos, traen la sequía y la dependencia a su mercado impuesto por la fuerza y operado por lo que llaman “ inocentes trabajadores”, los que por unas pocas monedas se hacen cómplices de esta violencia.

LOS MAPUCHE SIEMPRE HEMOS QUERIDO DIALOGAR, NO HACER SHOW DE DIALOGO

Desde siempre los mapuche hemos llamado al diálogo real, desde la primera invasión hasta hoy, incluso citando a pensadores de su cultura como Foucault para que nos entiendan, y no ha habido respuesta. Durante julio de 2021 aparece un nuevo llamado a generar un diálogo con la participación de la empresa noruega NANSEN, financiada por el estado noruego.

NANSEN ha mostrado su habilidad en generar la sensación de estar dialogando mediante permanentes anuncios de eventos donde se convoca a conocidos voceros del poder chileno, eventos de los que no se conoce detalle de participantes ni aporte alguno al fondo del tema.

Aparece entre los convocantes a la entidad noruega, un representante de la iglesia católica chilena, la del discurso doble y engañoso, la famosa porque desde 1492 hasta hoy, con una mano adopta a huérfanos originarios y con la otra los entierra bajo las paredes de sus artificios de maldad. El obispo católico de Temuco, nuevamente sin que nadie lo llame, convoca a un supuesto diálogo junto a los rectores de universidades.

Uno de estos fue denunciado por plagio de tesis de sus propios alumnos (1), sin consecuencias claro. Otro de estos “rectores” se resiste a devolver el territorio ancestral del lof Trapilhue, en uso actual por la universidad UFRO para laboratorios y capacitación en transgenia agrícola(2). Es sabido además que, desde su creación, esta universidad pública es manejada por Heinrich von Baer, rector designado por Pinochet y hermano del genetista que ha patentado como propia la semilla originaria de quinoa(3).

Uno de los rectores devenidos en “hombres buenos” era el vocero de la agrupación de las empresas forestales CORMA y se ha vinculado permanentemente a los poderes locales (4); al menos dos de las universidades convocantes son propiedad de ex autoridades del gobierno de Pinochet (Universidad Mayor(5) y Universidad Autónoma).

Todos ellos llaman a terminar con la violencia tratando de hacer olvidar que con las leyes de la dictadura se apoderaron del sistema universitario, convirtiéndolo en entidades vacías de pensamiento, simples transferencias de información técnica, incluso en vanales negocios que venden títulos sin formación suficiente, conocidos aliados de las grandes empresas, reproduciendo así el modelo que destruye la vida en WallMapu(6). Vacíos de moral, enemigos del cuestionamiento racional, élites cerradas a las organizaciones de la sociedad, se empluman en ceremonias recíprocas para incautos.

Inmediatamente después de la convocatoria de los rectores universitarios aparece una barra, la más brava, encabezada por el senador Huenchumilla, confeso facilitador de la inversión de megaproyectos en WallMapu(7), destacando la supuesta sabiduría y honorabilidad de los convocantes. Si viene de él, este apoyo aumenta la desconfianza. Se dice que era inevitable la carta de los rectores pues alguien debía llamar a una entidad noruega para que tuviera el respaldo de su reino para entrar al tema, aunque al parecer no estudiaron a sus contrapartes, o quizás no era relevante, si el objetivo no es una solución como predican.

Interesa entonces conocer algo de los europeos interesados en este supuesto llamado al diálogo y sus relaciones.

EMPRESAS NORUEGAS CON APOYO DE AMBOS ESTADOS ATACAN LA BIODIVERSIDAD Y NACIONES ORIGINARIAS EN CHILE.

En Norway se compra parte de la producción forestal chilena que ahoga la vida en el sur del planeta y sus pesqueras e hidroeléctricas avanzan en la destrucción del equilibrio ecológico que existía antes de su llegada. Como ejemplo, podemos mencionar a la piscícola Stolt Sea Farm que desde hace años recibe apoyo del estado chileno a través de mecanismos tributarios y financiamiento de la investigación para “aumentar su margen de utilidad, como también incrementar su competitividad en los mercados internacionales”(8).

Benchmark, una empresa noruega de productos genéticos instalada en el sur de Chile logra certificaciones de calidad ambiental a pesar de que utiliza y distribuye imidacloprid, un pesticida catalogado por el Parlamento Europeo como un elemento “peligroso para el medioambiente” y “muy tóxico para la vida acuática, con efectos a largo plazo”. (9)

Conocida por la dura represión contra mapuche para imponer su instalación es la empresa estatal noruega Statkraft involucrada en las centrales hidroeléctricas Pilmaiquen, Rukatayo, Los Lagos y Osorno(10).

Los noruegos ya anunciaron que invertirán en muchos proyectos en Chile y la lista es enorme, aunque merece destacarse el daño que ya provocan en el territorio yagan, una nación originaria en extinción a causa del genocidio directo del siglo XX, donde la empresa Nova Austral de capitales noruegos está instalando sistemas piscícolas que por definición destruirán uno de los pocos ecosistemas prístinos del planeta.(11)

El aporte del estado noruego es fundamental para estas empresas y así lo demuestra el acompañamiento a estas inversiones que violentan y matan la vida natural, de su embajadora en Chile e incluso de los reyes de ese país. El trabajo de manipulación es bastante detallado, al punto que han instalado una casa para convencer comunidades en Osorno, el centro del territorio huilliche(12).

También empresas noruegas explotan concesiones de acuicultura dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, el último territorio limpio de esta primera nación en la Región de Magallanes. A las 57 concesiones ya existentes, de empresas como Multiexport, Australis y Nova Austral, se suman 114 concesiones que están en tramitación en esta Reserva, todo ello con el beneplácito estatal chileno en concordancia con su violento concepto de progreso(13, 14).

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE NORUEGA CON CHINA (15).

El año 2004 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio AELC (EFTA, en inglés), constituida por Islandia, Noruega, Suiza y el Principado de Liechtenstein, el que junto a Suiza conforman una Unión Aduanera (16).

China posee ya acuerdos de libre comercio con la mayoría de los países del Asia Pacífico, con Chile y Perú en Sudamérica y se encuentra en negociación avanzada en la materia con Noruega. Un dato interesante es que una de las reuniones de China para avanzar en un grupo de trabajo de libre comercio fue realizada hace un año por el gobierno chino junto al entonces ministro de relaciones exteriores de Chile Teodoro Ribera, uno de los gentiles rectores que hoy llama al “diálogo” en Wall Mapu.(17)

La nota señala textualmente que “China está lista para mejorar la alineación estratégica y profundizar la cooperación comercial con Chile”. Podríamos pensar que los llamados al diálogo no guardan relación con estas tareas “normales” de un ministro de relaciones exteriores chileno.

Sin embargo la historia de vida y conducta de Teodoro Ribera Neumann (18), y de la oligarquía a la que pertenece, dejan espacio para la reflexión, más aún si consideramos la alegría con que los nacionalistas de derecha chilenos están recibiendo, en la que llaman su “amada patria”, a las empresas del estado chino, conocidas por no sólo destruir los ecosistemas sino por usar como arma de negociación con países de su enorme vecindario el acceso o no a los recursos naturales que controlan.

Ya es sabido que el mercado chino es el mayor comprador de la producción forestal chilena y que sus empresas están en el rubro e instalados en WallMapu, en ambos lados de la cordillera. El territorio mapuche está sufriendo en este año la llegada del nuevo imperio a la propiedad de la energía; el 27 de julio de 2021 un gran contingente policial chileno, incluyendo un helicóptero, defendiendo los intereses de la empresa China International Water and Electric Corporation desalojó del lugar donde iniciarán obras de alto impacto ambiental, a miembros de varias organizaciones ecologistas que se oponen a la construcción de la Central Hidroeléctica Rucalhue en el río Biobío(19).

LA CULTURA ALIENADA Y CUÁNDO SE VAN ?

Este escenario se asemeja a la entrada de las empresas españolas y europeas a Latinoamérica invirtiendo grandes recursos en actividades del V Centenario en 1992 para generar legitimidad y también al momento en que con apuradas acciones de aparente sensibilidad pro mapuche el gobierno chileno realizó, en todo Wall Mapu, conversaciones y ceremonias varias con la ministra del momento y devolvió tierras a la mayoría de los lof que lo exigían con presencia mediática, previo a la firma del tratado de libre comercio con USA en 2003, debido a que las condiciones de los norteamericanos era bajar el nivel de la movilización mapuche para no afectar la imagen del gobierno estadounidense frente a grupos sensibles al tema en su país.

Los nuevos inversores generan nuevas tácticas, un llamado al diálogo con efectos comunicacionales, eventos “culturales” para instalar los convenientes conceptos y algunas compensaciones menores para los que las deseen. Los que no se sumen, ya se sabe. A ello se suma que un diálogo real es muy difícil considerando el historial y poder de los protagonistas del llamado, algo que es planteado con gran precisión por dos arquitectas que se refieren a uno de los eventos comunicacionales, referidos a un supuesto diálogo, que se encuentra en plena acción y fue financiado por Forestal Arauco(20).

Al respecto concluyen que conceptualmente se configura un “encuentro en condiciones en que la simetría que se propone resulta impensable”. Se genera la legítima pregunta sobre todas esas empresas chilenas, noruegas, chinas y de dónde sean, si son capaces sus gerentes y dueños darse cuenta que para conversar de verdad, pueden dar una señal para dialogar de verdad, y responder si dejarán, en que año y qué mes, de destruir y profitar gracias a su violento poder armado que asesina a todo el que se les confronta, sabiendo que su práctica destructiva de la vida natural ya no tiene legitimidad y por tanto son las leyes de la naturaleza las que les obligan a retirarse de este territorio. Para qué quieren más dinero si el planeta ha pasado el umbral del sacrificio y ya no hay mas sistema tierra para ese ritmo de no vida. Aquí no mandamos nosotros, manda la tierra.

La presencia de NANSEN y sus cordiales emisarios puede terminar en que hubo un supuesto diálogo con un buen manejo de medios de comunicación para que parezca real, auspiciado por algo de dinero que compró a una masa crítica y que los que que no se sumen a las conclusiones predefinidas serán aislados, identificados como terroristas, violentos, enemigos del progreso, etc , declarados fuera de la ley y simplemente exterminados, como viene ocurriendo desde hace 500 años.

Para confrontar las versiones simplemente imaginemos qué pasará con los seres vegetales, aves, aguas y animales de los territorios que mencionamos si el diálogo con los lobbistas de la muerte tiene éxito. No hay indicadores para proyectar un mejor final.


CITAS: (…)
Mapuexpress

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/nacion-mapuche-alianza-territorial-mapuche-atm-acuerdos-nansen-hasta-pinochetistas-hicieron-invitacion-a-un-peculiar-dialogo/

Alternativas emancipatorias

Constatemes que Argentina comparte con los países hermanos del Abya Yala al objetivo siguiente:

Por una Guatemala sin corruptos y plurinacional (I)


agosto 2021

Por Giorgio Trucchi | LINyM

(…)Igual que en noviembre del año pasado, cuando el pueblo guatemalteco protagonizó protestas masivas en contra de la aprobación de un presupuesto nacional que recortaba el gasto social y beneficiaba a “los de siempre”, y de la incapacidad del ejecutivo de hacerle frente a la pandemia y al impacto de dos huracanes, Guatemala paró y dijo un ‘¡basta ya! a un sistema y a un modelo corrupto y depredador.

“Ha habido una gran respuesta de la gente, de las comunidades organizadas y en resistencia y de otros colectivos, que han salido a manifestarse en diferentes puntos del país”, dijo Leiria Vay García, integrante de la dirección política del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).

“Lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo: en Guatemala vivimos sin derechos y con un Estado que no responde a los intereses de la población, sino a los de los grupos económicos.

Esta situación – continuó – ha generado una gran inconformidad que ha desembocado en manifestaciones gigantescas. Pero aquí no se trata únicamente de indignarse por un problema específico, como por ejemplo el presupuesto o la destitución del fiscal.

Desde Codeca hacemos la reflexión de que la renuncia de un presidente, de un ministro, de una fiscal no cambia nada. Ya lo vimos en 2015 con la renuncia y el encarcelamiento de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Seis años después estamos nuevamente en las calles protestando e indignándonos por los mismos temas.

Creemos entonces – explicó la dirigente indígena – que las renuncias  y la persecución de los corruptos deben ser acompañadas por cambios estructurales. Queremos un Estado plurinacional construido desde los pueblos y desde los sectores que históricamente hemos sido excluidos”.

Guatemala y la exclusión
 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Guatemala el 60% de la población vive en pobreza (casi 10 millones) y el 22% en pobreza extrema (3.6 millones). Cifras que se disparan en la zona rural y en las comunidades indígenas donde la pobreza alcanza el 80% de la población (encuesta de hogares 2020).

En Guatemala, uno de cada dos niñas y niños sufre desnutrición crónica. Es el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en cuanto a desnutrición infantil (Unicef).

Sólo un quinto de la población tiene acceso al agua potable. Las pocas fuentes de agua limpia en comunidades rurales están siendo objeto de captura por empresarios que implementan proyectos extractivos.

El sistema sanitario está colapsado y, después de año y medio del inicio de la crisis sanitaria, el gobierno ha podido solamente vacunar al 14% de la población con una dosis y sólo el 2% ha completado el esquema de vacunación.

Mientras tanto, se multiplican las concesiones otorgadas a empresas nacionales y transnacionales para la exploración y explotación minera y petrolera y para proyectos energéticos, al tiempo que se expanden sin control los monocultivos agroindustriales, que expulsan comunidades y acaparan territorios.

La resistencia y las denuncias de defensores y defensoras de derechos humanos, de la tierra y los bienes comunes desemboca, cada vez más, en persecución, represión, criminalización, judicialización y muerte.

A más represión, más lucha

Según los más recientes informes de Front Line Defenders y Global Witness, Guatemala en 2019 fue entre los países más peligrosos para quienes defienden la tierra y los bienes comunes, y el más peligroso considerando los asesinatos de defensores per cápita. También es la nación con el mayor aumento de asesinatos de defensores respecto al año anterior (2018).

Según datos de la Unidad de protección a defensoras y defensores de derechos humanos de Guatemala (Udefegua), entre enero y el 15 de diciembre de 2020, que corresponde al primer año del mandato del presidente Giammattei, en Guatemala se registraron 1004 casos de agresiones, 15 asesinatos y 22 intentos de asesinato contra personas defensoras de derechos humanos.
Estos datos, señala Udefegua, evidencian “la falta de voluntad del Estado para garantizar que quienes defiendan derechos humanos puedan hacerlo en condiciones de libertad y seguridad”.

“Quien tiene ahora el control del ministerio público no responde al sistema de justicia, ni al pueblo, sino a ese grupo de corruptos que siempre han tenido el control del poder estatal. Y hay otro factor.

Contrariamente al discurso oficial anticorrupción que pregonan insistentemente – explica Leiria Vay – los Estados Unidos no miran con buenos ojos que haya cambios estructurales en países como Guatemala.

Actúan fingiendo apoyar la lucha contra la corrupción y el encarcelamiento de algún funcionario, le dan cobertura y relevancia mediática para aparentar que el problema está resuelto, pero se quedan callados ante los actos de corrupción de los que detienen el poder económico en el país.

No podemos conformarnos con esto – aseveró –. El pueblo necesita organizarse, articularse. La lucha que hay que librar y el desafío que tenemos por delante es por un cambio de sistema y de estructura del poder”.

Durante años, Codeca, así como otras organizaciones comprometidas con la lucha de resistencia, han sufrido los ataques sistemáticos de presidentes y funcionarios públicos. Veinte activistas y directivos de Codeca han sido asesinados en los últimos dos años.

El año pasado, en plena emergencia sanitaria y con el estado de sitio, las transnacionales extractivistas siguieron trabajando como si nada pasara. Igual hizo el aparato represivo que siguió atacando, reprimiendo, y asesinando a defensores y defensoras. En 2020, Codeca registró unos 166 casos de represión que involucraron a al menos 662 víctimas a nivel nacional.

“Las organizaciones estamos sufriendo una constante agresión. Hay una fiscalía, cada vez con más presupuesto, que se dedica a perseguir y criminalizar, mientras que ejército y policía se dedican únicamente a resguardar y defender los intereses de las empresas transnacionales y atacar a quienes luchamos contra estos proyectos”, advirtió Vay.

¿200 años de qué?

Este año, Centroamérica festeja 200 años de su independencia. Los pueblos indígenas (y no sólo ellos) aseguran que no hay nada que celebrar.

“Para nosotros son 200 años de mayor saqueo, represión, racismo, exclusión, sobre-explotación, pobreza y muerte. En nuestros territorios siguen acaparando tierras, saqueando bienes comunes, explotando a trabajadoras y trabajadores, empobreciendo a las comunidades. Todo en nombre del desarrollo.

Cuando nos organizamos para defender nuestros territorios y nuestros derechos, se desata la represión y nos encarcelan o nos asesinan. Por eso – concluyó la dirigente indígena – las movilizaciones van a continuar hasta que los pueblos lo decidan.

Nuestra apuesta es que podamos todos entendernos y articularnos alrededor de la lucha por cambios estructurales y un estado plurinacional. Que se vayan los corruptos y que cambiemos el sistema”.

Fuente: https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2021/08/por-una-guatemala-sin-corruptos-y.html

Guatemala. Entrevista a Anabella Sibrián

La apuesta de la refundación del Estado desde abajo (II)

21 de agosto de 2021

Por Giorgio Trucchi

LINyM

Por una Guatemala sin corruptos y plurinacional.


Las protestas que han vuelto a convulsionar Guatemala tienen raíces muy profundas. Muestran el hartazgo de una amplia mayoría de ciudadanos que exigen el fin del denominado “pacto de corruptos” y de la persecución, criminalización y asesinato de defensores y defensoras, al tiempo que promueven una ruptura absoluta con el modelo neoliberal extractivista y el sistema institucional que lo sostiene y lo protege, y avanzar hacia la plurinacionalidad.

El 13 de agosto pasado, explica Prensa Comunitaria en una nota, las autoridades indígenas y ancestrales de varios territorios entregaron un memorial al presidente Alejandro Giammattei, donde fijaron el 18 de agosto (ayer) como fecha límite para que presente su renuncia. Lo mismo hicieron con la fiscal general Consuelo Porras.

Desde la destitución del titular de la Fiscalía especial contra la impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, se han registrado al menos 215 manifestaciones en todo el país.

Para los próximos días se esperan nuevas jornadas de movilizaciones a nivel nacional.

Anabella Sibrián es directora de Protection International Mesoamérica. Con ella conversamos sobre la actual coyuntura y las perspectivas futuras en Guatemala.


 
– ¿Cuál es su análisis de estas jornadas de movilizaciones en el marco del llamado a un paro nacional?
– Es claro que no se trata simplemente de la destitución de quien estaba al frente de la Feci, aunque es también cierto que ha sido un detonante importante. Lo que ha venido ocurriendo es una acumulación de cansancio, agotamiento, indignación de la población en un contexto de profunda desigualdad que vive el país.

En Guatemala vivimos una contraofensiva del sector privado, coludido con la política, para tomar el control de todas las instituciones. Coparon el poder ejecutivo, el legislativo y ahora fueron por el judicial.

Lo que hizo la fiscal general (Consuelo Porras), una funcionaria sumamente cuestionada por sus actos y su presunta afinidad con intereses criminales, ha sido la gota que derramó el vaso. La gente dijo “hasta aquí, no más”.

De aquí surge la demanda, cada vez más fuerte, de una transformación del país, de una refundación del Estado. Es un tema sobre el cual se viene discutiendo e insistiendo desde hace décadas, en especial desde aquellos sectores de la población que más han sido discriminados y excluidos por este sistema injusto.

Se trata de una refundación desde abajo. Se trata de hacer un cambio profundo de aquellas reglas del juego que siempre y sólo favorecen a unas élites depredadoras y mezquinas, que mucho daño le han hecho a la inmensa mayoría de guatemaltecas y guatemaltecos.

Si algo se aprendió de 2015 (movilizaciones que llevaron a la renuncia y detención del entonces presidente Otto Pérez y su vice Roxana Baldetti) es que las movilizaciones que se quedan en propuestas reformistas sólo consolidan y fortalecen a las mismas élites empresariales.

En este sentido, es muy interesante que se esté planteando el concepto de paro plurinacional. Es una comprensión mayor de que el orden de las cosas tiene que cambiar considerando, en primer lugar, a la mayoría de la población, es decir a los pueblos indígenas, al sector campesino.

La que estamos viendo es la semilla de un proyecto contra-hegemónico que se va consolidando.  Vemos, cada vez más, como se van creando nuevos puentes y el acercamiento entre organizaciones y movimientos que antes parecían muy separados, distanciados. Todo esto es muy esperanzador.

– Las élites no suelen aceptar pasivamente cambios que van en contra de sus intereses. ¿Esto podría profundizar la represión?
– Van a reaccionar muy fuertemente, como ya lo han hecho en el pasado. Por el momento siguen usando la criminalización y judicialización de quienes los cuestionan, así como las restricciones a la libertad de asociación y de protesta.

Sin embargo, en la medida que vean avanzar los movimientos que exigen un cambio profundo en Guatemala, no descarto que vuelvan a considerar el uso de la violencia estatal.

Actualmente hay un deterioro de los derechos humanos en todos los ámbitos. Guatemala es un país que se ha caracterizado por unas condiciones nefastas en materia de algo tan básico como es el acceso a la alimentación.

El Estado incumple totalmente con su deber de protección de garantía de los derechos fundamentales de la gente.

Además, sólo un quinto de la población tiene acceso al agua potable. Las pocas fuentes de agua naturales limpias que hay en las comunidades rurales están siendo acaparadas por intereses empresariales. Sin informar, ni consultar a nadie, las empresas llegan con sus proyectos (dizque de desarrollo) y les prohíben el acceso al agua de los ríos.

¿Puedes imaginarte lo que pasó durante la pandemia?  Porque la maquinaria extractivista nunca paró, más bien se implementó aún más aprovechando el confinamiento y las restricciones a la movilización de la gente.

También siguen abusando de la ley en contra de quienes están defendiendo derechos, en especial quienes defienden tierra y bienes comunes en la zona rural.

En El Estor, Izabal, por ejemplo, la empresa minera que extrae níquel siguió trabajando, y esto a pesar de tener una prohibición de la Corte de Constitucionalidad. Los efectos sobre la población y el ambiente han sido desastrosos en una de las zonas más vulnerables del país.

La Unidad para la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala (Udefegua) ha reportado un aumento sustancial en el número de ataques contra defensores de derechos humanos, pasando de 494 ataques en 2019 a 1.056 en 2020. Además, ha registrado 15 asesinatos y 22 intentos de asesinato. El Comité campesino del altiplano (Ccda) tiene registrados actualmente a más de 800 integrantes criminalizados.

Es en este contexto de saqueo y represión que la gente indignada se está movilizando y está exigiendo sus derechos.

El Estado y la cúpula empresarial, lo que han venido haciendo es adoptar formalmente el discurso de la defensa de los derechos humanos, promoviendo en la práctica la destrucción de todas las garantías ciudadanas, el cierre de los espacios democráticos y una mayor militarización de la sociedad.

Como ya dije, si no les funciona la cooptación de las instituciones, ni la estrategia de criminalización de quienes defienden derechos, lo que podrían hacer es volver a optar, igual que en los años 70 y 80, por el uso de la violencia estatal.

LINyM

Fuente: https://rebelion.org/la-apuesta-de-la-refundacion-del-estado-desde-abajo-ii/

 

Apreciemos lo que señala Roberto Espinoza: La lección principal es que es imposible erradicar las profundas estructuras sociales y mentales  de opresión, “desde arriba”, desde el Estado (moderno-colonial, capitalista extractivista, racista y patriarcal) y mucho menos desde los asientos de congresistas, ministros o alcaldes. El cambio social sólo puede surgir y desplegarse, “desde abajo” con el fortalecimiento, paciente y permanente, del autogobierno territorial, autónomo, de libre determinación, como otro tipo de poder colectivo y social.

Autogobiernos, Estados y partidos

 21 de octubre de 2020  

Por Roberto Espinoza/Rebelión

Vuelven los torbellinos electorales, y con ellos, las ilusiones, ingenuidades, ambiciones y confusiones sobre las opciones del cambio social. Vuelve esa interrogante central: ¿Cambio social desde arriba, desde el Estado, o desde abajo desde “la forma comunidad” (pueblos indígenas, originarios, afro descendientes, comunidades en las selvas o ciudades) de los pueblos-territorios, o desde ambos niveles?

Lamentablemente son pocos aún los balances y debates al respecto, y predominan las aventuras de tiempo en tiempo. Siguen unas breves líneas de lecciones que van dejando los procesos,  y el aprendizaje de experiencias internacionales; que vienen desde muy atrás, como las de la  CUAVES (Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa el Salvador) y el CAH (Consejo Aguaruna y Huambisa),  ambas en el Perú; hasta otras, en los tiempos recientes, como la de los pueblos Nasa y otros del CRIC (Colombia), Miskito (Nicaragua), Qhara Qhara y TIPNIS (Bolivia), Kaapor (Brasil),  Purépecha (Cherán y otros de Michoacán), Tzotzales y Tojolabales de Chiappas (México), Wampis y Achuar (Perú), entre tantos otros

 La experiencia histórica demuestra que el autogobierno comunitario, indígena o popular, es una opción social y política muy distinta que la del Estado Nación, sea a nivel de gobierno local o municipal o de la representación parlamentaria, y lejana también de las estructuras políticas llamadas “partidos”. Se pueden quizás, entrecruzar, coexistir, ir paralelos o converger pero tienen contenido propio, caminos distintos y perspectiva histórica diferente, y a largo o mediano plazo, suelen terminar contrapuestas.

En varios países, los partidos vinculados al Poder, sean municipales,  regionales, y peor los estatal nacionales, presionaron (y presionarán) por alinear a líderes indígenas y populares  para su “causa” y servir a la “continuidad” de dichos (sus) poderes, que serían supuestamente un objetivo “superior” y que sirvieron (y servirán) para terminar paralelizando y dividiendo a las organizaciones sociales, y subordinando a los pueblos a los intereses y poderes estatales y sus facciones de turno. Poderes, hasta hoy, siempre extractivistas, aunque con envolturas retóricas de “modernidad, desarrollo” e incluso de supuesto “cambio social” o de “izquierda”.

Está la errónea experiencia de mantener las  viejas estructuras verticales y autoritarias, del Estado a nivel municipal o regional,  y convertirlas  de la noche a la mañana, en supuestas “autonomías” o “autogobiernos”, tan solo por el cambio externo superficial del nombre a “municipio autónomo o de autogobierno”, pero sin cambiar su estructura interna elitista y de subordinación al poder Estatal, crecientemente privatizado.

Las duras lecciones de las crisis de los llamados gobiernos “progresistas” y sus “eficaces” maquinarias partidarias (de manipulación y control social) vinculadas a “teorías” tramposas de “más extractivismo, para avanzar al buen vivir”, la aberración de la “re-re-relección como derecho humano” o el “nacionalismo sometido al capital chino-ruso-gringo”; que produjeron en los pueblos y comunidades (indígenas o urbanos) asistencialismo, clientelismo, cooptación, divisionismo y represión, para sostener el capitalismo de estado y la corrupción de nuevas mafias y burguesías emergentes (“populares”)de explotación y opresión capitalista extractivista “desarrollista” promovidas desde los Estados, mientras las sociedades en supuesto “cambio”, seguían reproduciendo el racismo, ecocidio, etnocidio y la violencia patriarcal.

También, son mayores los casos de experiencias políticas indígenas y populares  “proto Estado” (municipales, parlamentarias, nacionales ) negativas, que las positivas. Procesos de construcción de poder comunitario autónomo muy cerca del autogobierno, que luego fueron minados desde los municipios y la competencia partidaria (y sus telarañas con algunos funcionarios de ONGs y diversas iglesias) dando lugar su retroceso y destrucción. Al inicio se respetaba la pre-selección comunitaria de las candidaturas, pero luego pudieron más las disputas por la re-reelección,  que sumadas al  clientelismo y asistencialismo, socavaron la  fuerza unitaria autonómica.

La lección principal es que es imposible erradicar las profundas estructuras sociales y mentales  de opresión, “desde arriba”, desde el Estado (moderno-colonial, capitalista extractivista, racista y patriarcal) y mucho menos desde los asientos de congresistas, ministros o alcaldes. El cambio social sólo puede surgir y desplegarse, “desde abajo” con el fortalecimiento, paciente y permanente, del autogobierno territorial, autónomo, de libre determinación, como otro tipo de poder colectivo y social. Para avanzar sin extravíos, en ese norte, siguen algunas reflexiones, solo enumeradas por la brevedad del espacio:

  • Los autogobiernos territoriales comunitarios son conquistas permanentes, estructurales y para el futuro. Lo electoral partidario estatal, es pasajero, superficial y de corto plazo.
  • Los autogobiernos  funcionan y se expanden, siendo falso que sean aislados y en extinción
  • Necesitan del gobierno autónomo y la libre determinación de sus pueblos y comunidades
  • Necesitan de economías que mantengan su base natural territorial sin el ecocidio
  • Exigen participación y movilización colectivos, lejos del elitismo y burocratismo
  • Exigen consensos pacientes y colectivos y se debilitan con los divisionismos partidarios
  • Requieren formación política de sus miembros, para la acción política pública y externa, ante el estado y los partidos, en defensa del autogobierno
  • Hacen acción política local-global y desmienten que lo “político está afuera, en el Estado”
  • Tienen relaciones externas con actores políticos y estatales, con convergencias o negociaciones, pero basadas en el respeto a los planes y decisiones de los pueblos.
  • Necesitan de la socialización del poder, democracia directa y renovación del liderazgo
  • Trabajan para ser asumidos como gobierno local, sin la duplicidad de los municipios, y ejecutando el mismo presupuesto público, como se viene logrando en ciertos países.

Cuidar la salud de los autogobiernos, requiere también de prevenciones o cuidados especiales en épocas de convulsiones electorales estatales partidarias, donde emergen ambiciones, oportunismos y corrupciones, mezcladas con “buenas intenciones” de todo tipo. Por ello, siguen algunas reflexiones, basadas en experiencias,  sobre cómo cuidar lo principal (los autogobiernos) de lo secundario (lo electoral estatal) :

  • Utilización de los partidos, municipios, parlamentarios y candidaturas, para los propios fines de los autogobiernos, en lugar que ocurra al revés, con su subordinación.
  • Autoridades con planes de socialización del poder y democracia directa que modifiquen las estructuras verticales y  elitistas de gobierno municipal, regional, nacional.
  • Compromiso público de que las reuniones y decisiones de concejo municipal se adoptarán delante de las comunidades involucradas en los autogobiernos
  • Compromisos de que los electos trabajarán para que los autogobiernos no sean duplicados por municipios y asuman sus funciones y presupuestos estatales.
  • Compromisos de los partidos y sus candidatos a respetar y acatar las decisiones de los autogobiernos, y no dividir a la población y comunidades según su agenda particular.
  • Compromisos de que las decisiones de los autogobiernos se traduzcan, formalicen y respeten en decisiones estatales municipales, regionales o nacionales.
  • Acuerdos para que de ser elegidos, la mitad de sus equipos sean seleccionados por los autogobiernos,  a quienes en campaña ofrecen de todo.
  • Compromisos de candidatos en asambleas de autogobiernos, firmados, públicos y exigibles

Los “Estados” de la Modernidad-Colonialidad del Poder y Saber, uni-nacionales y uni-culturales no pasaron la prueba en 200 años. Su “éxito” para la opresión y fracaso para generar cambio social, es evidente y mucho más en la amazonía. Fueron imposiciones eurocéntricas, impuestas en la colonia, y heredadas bajo la colonialidad epistemológica, social y política que nos sigue habitando como cadenas de larga duración.  Si el mercado estrangula y el Estado abandona, será inevitable tarde o temprano, construir otras formas de autoridad pública plurinacionales y pluriculturales, basadas en los autogobiernos territoriales. Será inútil querer construir algo nuevo y cambiar resultados históricos, usando las mismas visiones y herramientas que no han funcionado. 

Roberto Espinoza es miembro de la Red Descolonialidad y Autogobierno

Fuente: https://rebelion.org/autogobiernos-estados-y-partidos/

 

 

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