Qué Democracia

Septiembre 2020

De espaldas a la vida humana-no humana, promueve ocupación de todos los territorios con extractivismos.

 

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

 

Comprobamos en más de una deKada que el progresismo ha legitimado y legalizado la expansión de los extractivismos o sea ecocidios-genocidios que han afianzado nuestro sometimiento arruinador -como país e individuos- al sistema mundo capitalista y a su local.

 

Pese a la pandemia cuyo origen se debe, fundamentalmente, a la deforestación y al modo capitalista de producción alimentaria, el gobierno FF (complementado con todos los provinciales y municipales) dejó sin cuarentena y promovió la intensificación de ese sistema transnacionalizador e imperialista de agronegocios. Pero encubre esa criminalidad de distintas maneras y una es mentir sobre posibilidad de regulaciones a todo mega emprendimiento. Oculta que la gran escala no sólo es cambio destructivo de la naturaleza sino también es expropiación oligopólica de bienes comunes naturales ( tierra, suelo, agua, energía...) contra la vida humana del 99% poblacional y la no humana. Ejemplifiquemos la criminalidad de la contaminación ambiental que es envenenamiento legal para el capitalismo:

 

 

El proyecto de Leonardo Grosso de agrotóxicos

no impide el envenenamiento

22 de junio de 2020

 

¡ Con 1.500 metros no alcanza!

Por Raúl Stevani 

En esta última semana, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, Leonardo Grosso (Frente de Todos), presentó una iniciativa para regular las aplicaciones de agroquímicos estableciendo una distancia de prohibición de aplicaciones de 1500 metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, plantas apícolas, producción e industrialización de productos animales; ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos, embalses, diques y pozos de agua. Asimismo también plantea la prohibición de aplicaciones aéreas, pasados dos años de su sanción, así como la aplicación, manipulación y almacenamiento de agroquímicos en áreas urbanas.

 

El proyecto tiene como antecedente uno presentado en 2019 por Solanas en el Senado Nacional, (Expte 1057-S-2019) que perdió estado parlamentario.

 

¿Por qué no alcanza con 1500 metros?

 

Si bien no existe abundante bibliografía sobre la deriva (desplazamiento de la aspersión fuera del blanco) de estos productos o sea el fenómeno del movimiento de plaguicidas en el aire, si existen numerosos estudios concentrado en el momento de la aplicación o sea la deriva primaria. Pero al estudiar los movimientos de plaguicidas en el aire a partir de considerar efectos climáticos (humedad relativa y la temperatura ambiente) y fisicoquímicos en tiempos posteriores a las aplicaciones, se llega a la conclusión o evidencia que las aplicaciones con plaguicidas son incontrolables, haciendo imposible la prevención de las contaminaciones sobre el ambiente y las poblaciones expuestas luego de las aspersiones. (No hay fumigación controlable. Generación de derivas de plaguicidas. Ing. Qco. Marcos Tomasoni. Red Universitaria de Ambiente y Salud /Red de Médicos de pueblos Fumigados. Noviembre 2013.)

Existen tres tipos de deriva, la primaria, aquella que se produce al momento de la pulverización; la deriva secundaria, la que se genera en las horas siguientes a la aplicación; y la deriva terciaria, la que puede producirse semanas, meses o años después de la aplicación.

 

Según datos de la bibliografía extranjera (Law, SE. 1983) en aplicaciones post-emergentes, solo el 25% del volumen total asperjado llega a las plantas. Esto está indicando que ¾ partes de la dosis total calculada se pierde por deriva. La Profesora Dra. (Msc.) Ing. Agr. Susana Hang (Fac. de Agronomía, UNC) en 2010, dice: “en el caso particular de los herbicidas está demostrado que la eficiencia de uso es inferior al 20%, vale decir que buena parte del producto no cumple la función específica aun cuando la aplicación se realice adecuadamente”, el resto de ese 20%, puede volatilizar (entre el 0-90%), ser absorbido por el suelo (1-10%), lixiviar (1-5%), o ser arrastrado por erosión (0-5%).

 

En función de los antecedentes existente, analizando las 3 derivas, la definición de una distancia mínima de las pulverizaciones a los centros poblados debe llevarnos a considerar distancias superiores a los 4800 metros, que es la distancia máxima que puede recorrer la gota más pequeña de una aplicación y a partir de la cual se puede tener cierto reaseguro que los efectos se expresarán mínimamente.

 

Otro aspecto que tiene mucha influencia sobre la aplicación o pulverización de agroquímicos es que estos siempre están acompañados de sustancias extremadamente tóxicas como son los coadyuvantes y surfactantes (reducen tensión superficial de la gota) utilizados para mejorar la eficiencia del producto.

 

Por lo tanto, está demostrado que 1500 metros no es una distancia segura para evitar la agresión a la salud en las poblaciones de localidades cercanas, donde se detectan con mucha mayor frecuencia enfermedades severas como cánceres, abortos espontáneos, trastornos de la fertilidad y nacimientos de hijos con malformaciones congénitas. Como muy bien se explica en los fundamentos del propio proyecto de Grosso.

 

La utilización de plaguicidas no deja de aumentar año a año, las estadísticas marcan una utilización de 340 millones de litros de venenos en un área habitada por algo más de 12 millones de personas.

 

Otros cuestionamientos pasan por la prohibición de aplicaciones aéreas recién a los dos años de sancionada la Ley. Por qué esperar ese tiempo con el método más contaminante por lejos? Además falta un artículo sobre el tratamiento de los envases con la lógica prohibición de su re utilización y la obligatoriedad de su lavado y posterior perforado.

 

La necesidad de que se re-clasifiquen los agrotóxicos considerando sus efectos agudos, de mediano y largo plazo en ensayos de laboratorio y en estudio en  humanos es una cuestión perentoria.

 

No puede continuarse con el sistema actual en donde las cámaras de productoras de estos plaguicidas y los productores conjuntamente con una oficina de Agroindustría dictaminan la peligrosidad o no de cada producto, lo que en la actual clasificación hace que el glifosato este considerado como Clase III (poco) peligroso cuando debería prohibírselo.

Fuente: https://prensaobrera.com/medio-ambiente/71577-el-proyecto-de-leonardo-grosso-de-agrotoxicos-no-impide-el-envenenamiento

 

 

Reflexionemos sobre cómo usan la legitimidad de su cargo y la legalidad burguesa contra la vida en general y la salud humana. La casta política se burla de la voluntad popular.

 

 

Mendoza: derogan la Resolución 778/96 para habilitar el vertido de contaminantes en cauces y acuíferos

10  de septiembre de 2020

Rodolfo Suárez y Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación crean la figura de “Agente Contaminante” parta que se vuelve acción legal y permitida el vertido de efluentes industriales contaminantes a los cauces y acuíferos mendocinos. Gracias al blindaje mediático, el gobierno de la provincia pudo meter “por debajo de la alfombra” una reforma bisagra en Mendoza, funcional a la mega-minería contaminante y a las malas prácticas del resto de la industria sin levantar demasiado repudio público. El gobierno de Cambia mendoza se comprometió con la mega-minería. La Resolución 778 es una resolución hermana de la tan preciada 7722.

Por Asamblea de Las Heras por el Agua Pura para ANRed 

Rodolfo Suárez  deroga la RES. 778/96, de la mano del superintendente de Irrigación, Marinelli, junto a la escribanía que funciona en lugar de la Legislatura, modificando la norma que impedía el vertido de contaminantes de efluentes industriales en causes y acuíferos mendocinos.

En medio de una pandemia, crisis hídrica y tras una histórica pueblada en diciembre de 2019 que envió a los basurales de la historia la ley cianuro y restituyó nuestra ley Guardiana del Agua, 7722, el gobierno de Suárez, mediante el Departamento General de Irrigación (DGI) comandado por el superintendente Sergio Marinelli, escribe la nueva resolución 52/2020 creando la figura de “Agente Contaminante”.

Es decir que contaminar ahora es una acción legal y está permitida, siempre y cuando se esté inscripto en el registro del Departamento General de Irrigación. La res. 778/96 reglamentaba los criterios de los efluentes que podían volcarse sin ser contaminantes y las sanciones a aplicar a las empresas que la violaran. Sin embargo por las Res. 51 y 52/20 del DGI modifica esta fundamental normativa ambiental.Con ellas, se establecen criterios laxos, permisivos, que relajan gravemente la protección de nuestros cauces y acuíferos.-incorpora la figura del “agente contaminante”, dando legalidad y autorización para contaminar a los que se inscriban en el registro específico del DGI. -incorpora dos privilegios nuevos que en la 778/96DGI, estaban expresamente prohibidos: la DILUCIÓN y la INFILTRACIÓN. A través de la dilución se reduce la concentración de lo vertido en los efluentes, en “agua viva”, potable y cruda. No en aguas residuales. Por el Art. 13 se lo permite para usos productivos, procurando disminuir el uso de aguas vivas. Insólito, se apuesta a la buena voluntad y buena fe de los que la ocupan para usos productivos, se pone al zorro a cuidar el gallinero. Análogamente a las leyes pro mega-mineras de Menem, actualmente en vigencia, que permiten  a los exportadores a “simple declaración jurada” extraer y exportar.

En cuanto a la infiltración, es el procedimiento por el cual se inyecta directamente al suelo, el agua de desecho, con lo cual corren peligro los acuíferos subterráneos y napas menos profundas (de las cuales se sirven mucho mendocinos, incluso para agua de consumo). Pero cuidado, que en el Art. 5 se las prohíbe a los no inscriptos en el registro. Este articulado nos genera muchos interrogantes.-elimina la autoridad de los inspectores al suprimir el concepto de contaminación manifiesta, que le otorgaba el poder de librar el acta correspondiente sin tomar una muestra si, prima facie, consideraba una contaminación del efluente, por su aspecto, textura, olor, etc. En caso contrario, ante una contaminación probable, se requería la toma de una muestra para su análisis y de su resultado realizar lo que correspondiere.

Ahora, al haber eliminado estos conceptos (contaminación manifiesta y probable), entre todo el trámite burocrático, se va a demorar hasta la eternidad la aplicación de sanciones, si así correspondiera.-se estiran los márgenes de conductividad de sales y contaminantes, con lo cual las industrias van a poder aportar más sales y contaminantes a los ríos, que van a tener menor poder de dilución porque cada vez los caudales son más escasos.

Queda de manera transparente, cómo esta administración, tanto del DGI, como la del gobierno, otorgan a las grandes empresas estos privilegios y concesiones abyectas, por las que siempre las corporaciones han presionado. Es sorprendente cómo (gracias al blindaje mediático) el gobierno de la provincia pudo meter “por debajo de la alfombra” una reforma bisagra, funcional a la mega-minería contaminante en Mendoza (y a las malas prácticas del resto de la industria) sin levantar demasiado repudio público.

La 778 es una resolución hermana de nuestra tan preciada 7722. Suárez ya se comprometió con la mega-minería. Es hora una vez más de defender nuestra SALUD y hacerles saber que el Agua de Mendoza no se negocia. No formamos parte de la antología del llanto. Ante la muerte anunciada, escribamos y construyamos la crónica de la resistencia popular.

#ElAguaDeMendozaNoSeNegocia

#noalasfalsassoluciones

#La7722NoSeToca

#AbajoLasRes51y52-20DGI

#AbajoElConsejoEconómicoAmbiental Y Social.

Fuente: https://www.anred.org/2020/09/10/mendoza-derogan-la-resolucion-778-96-para-habilitar-el-vertido-de-contaminantes-en-causes-y-acuiferos/

En consecuencia, abajo y a la izquierda coherente con su esencia comunista (al mirar por relaciones, poderes e inteligencias comunales y bienes comunes en vez de públicos/privados), necesitamos facilitar la deliberación y toma de decisión de los pueblos sobre la democracia vigente desde 1984. Contra esta dilucidación clave para superar nuestro estar presos en el círculo perverso del poder, se levantan en defensa del orden opresor con disfraz de nac&pop hasta quienes militaron como dirigentes comunistas, conversión que nos interpela a destapar como colaboradores del sistema expoliador a las cúpulas aburguesadas o acostumbradas a ser autoridad de los partidos comunistas y sus organizaciones paralelas. El grado de decadencia de sus capacidades políticas e ideológicas se evidencia en las siguientes convocatorias que comenzamos por reproducirlas marcando en donde concilian de modo opuesto a las resistencias populares:

 

Una propuesta frente a la desestabilización

3 de septiembre de 2020

Por Alberto Nadra (Rebelión)

La última semana de agosto, vigesimocuarta de pandemia, puso claramente de manifiesto las vigentes relaciones de poder y las alternativas que enfrenta la Argentina: el moderado progreso económico/social que impulsa el gobierno o la restauración conservadora que pretende la oposición.

El Ejecutivo marcó agenda mediante tres decisiones que despertaron la ira de las corporaciones: 1) restableció mediante un decreto la condición de servicios esenciales y estratégicos de las tecnologías de la información y el conocimiento; 2) envió al Congreso un proyecto de ley que introduce reordenamientos parciales en la organización de la justicia; 3) hizo lo propio con el que impone un aporte “solidario”, y por única vez, a 12.000 propietarios de grandes fortunas de entre 200 y  3.000 millones de pesos, apenas el equivalente a la renta extraordinaria de la que se apropiaron durante la pandemia.

Si para estos días se anticipan nuevas medidas, la oposición económica, mediática y judicial se lanzó a bloquear las ya anunciadas, por lo que agudizó su ofensiva desestabilizadora, su presión para frenarlas y forzar retrocesos que aíslen al gobierno e, incluso, deteriore la base político y social que lo sostiene.

Así, aparecen nuevas líneas de maceración ideológica por parte de los sicarios mediáticos, que a la vez amplifican las irresponsables y destituyentes definiciones del arco opositor.

Agudización de la ofensiva desestabilizadora

Esta semana, la artillería pesada la han descargado los múltiples pronunciamientos de entidades empresariales, agroindustriales, de la corporación mediática y judicial contra los proyectos gubernamentales. Obvio, detrás de las palabras rimbombantes confirman que apelarán a cualquier medio para defender sus privilegios.

Como el 17 de agosto, pero ahora con la descarada convocatoria de Clarín anticipando que “Así será la marcha del 26A”), o de La Nación difundiendo con precisión “Los puntos de concentración para la marcha”, volvieron a salir a la calle los “antitodo”. Retornaron para pasear su odio y violar las medidas sanitarias, esta vez más que raquíticos en número, pero con redoblada violencia. Dejaron gravemente herido a un periodista, mientras en las redes se promovía una amenaza de muerte a la vicepresidenta y se divulgaban masivamente teléfonos, direcciones y domicilios de legisladores del Frente de Todos (FdT).

Conviene no demorarse en el carácter delirante de algunas consignas enarboladas en gritos y pancartas, ya que predomina claramente un núcleo que reinstala las que históricamente esgrimió la reacción, tanto en golpes militares como para forzar la capitulación de gobiernos surgidos de las urnas: Libertad, Democracia, República, la Corrupción.

Es el libreto con el que, malversando el sentido de las palabras, hundieron en la pobreza al pueblo y regaron con sangre las calles de la Patria.

Gritando Libertad, encarcelaron, secuestraron y asesinaron a miles de argentinos. Con la bandera de la Republica voltearon gobiernos electos, arrasaron con la Constitución y las leyes. Para “restaurar” la Democracia y “protegerla” de peronistas y comunistas proscribieron partidos políticos y disolvieron el Congreso.

El taparrabos de la corrupción fue uno de las excusas para derrocar a Yrigoyen en 1930, a Perón en 1955 y a Illia en 1966. También para acorralar a Raúl Alfonsín. En cambio, demolieron las instituciones, saquearon el bolsillo de los trabajadores, esquilmaron al Estado, y en sociedad con la “patria contratista” nos endeudaron en el exterior, a la vez que obligaron a todos los argentinos a pagar los créditos y autopréstamos de un puñado de grandes empresarios, que con el dinero público engrosaron sus fortunas personales.

Ahora, sus sucesores, acompañados por muchos de los que callaron ante tantos atropellos, “Llaman libertad a la opresión y dictadura al cuidado de la vida”, como sintetiza la filosa pluma de Horacio González. 

Nuevas líneas de maceración ideológica

En el pasado, luego de la decisión estratégica de Cristina de proponer a Fernández a la presidencia, y acompañarlo como su vice, intentaron impedir el triunfo de la fórmula del FdT con acusaciones que fueron desde una caricaturización de la consigna de marzo de 1973 (“Cámpora al gobierno, Perón al poder”) hasta delirios como el de Elisa Carrió, quien no vaciló en vaticinar un magnicidio impulsado por la dos veces presidenta.

Tampoco falto la vieja receta del “Chirolita”, donde Alberto Fernández sería un títere en manos de Cristina, como en 2011 aseguraron que Cristina lo sería de Néstor Kirchner y, en 2003, el propio Néstor de Duhalde. Poco imaginativos, como se ve, pero siempre dañinos: conjeturan que “el público se renueva” y que el sector de la sociedad al que se dirigen antepone prejuicios a la propia experiencia.

Posteriormente al triunfo electoral hubo varios cambios de libreto para colonizar la subjetividad de esa porción de la población, que por otra parte ofrece cada vez menor resistencia. Para los sicarios mediáticos del privilegio, el “chirolita” /títere se convirtió en “un moderado que puede frenar a Cristina”, pero más adelante sembraron temor ante “el asedio de Cristina al presidente” y finalmente se irritan pues, en realidad, “los dos son lo mismo”.

El viernes 28 de agosto, ante las cámaras de América TV, Luis Novaresio mostró un impostado desencanto por las últimas decisiones del presidente.

Alberto Fernández ya no es el que dijo que era«, se lamentó en una suerte de reedición del clásico tango de Celedonio Flores, “Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot”.

El mismo día, en La Nación e inquieto por la suerte patrimonial de sus patrones, Carlos Pagni finge preocupación por el destino de Fernández. “El ‘vamos por todo’ de Cristina Kirchner ahora es contra el presidente”, garantiza con envidiable certeza, aunque apenas 48 horas después lo contradice desde el mismo matutino su colega Joaquín Morales Solá: “El Presidente ha hecho suyas todas las posiciones de su vicepresidenta y, a veces, va más allá de donde ella llega”.

El domingo 30, en Perfil, Nelson Castro, en tono apocalíptico sentencia que “El curso que Alberto Fernández le imprime a su gestión no deja dudas: CFK se impone de manera paulatina e inexorable”. Le toca al el Editor General de Clarín, Ricardo Kirschbaum, completar la vuelta de argumentos que se diferencian, pero coinciden en dañar la imagen presidencial: “Fernández no es hoy el Fernández que sugirió ser. Cristina Kirchner le fija la agenda e impone el ritmo de cumplimiento. Nunca hubo en la historia un vicepresidente que tuviera ese poder, que exhibe sin pudicia”. “Lo aleja del centro, su atributo principal”, se lamenta, pero deja en claro a que le teme realmente.

No faltan quienes -como Marcelo Longobardi o Sergio Berensztein, en Radio Mitre– exponen su propia fórmula para neutralizar a la vicepresidenta, y con ella al sector más dinámico del FdT. A la vez, para preservar a Juntos por el Cambio como núcleo político que garantice la restauración conservadora, ponen distancia de su abierta prédica en favor de Mauricio Macri. Es “la hora de dar un paso al costado”, demandan, y no vacilan en “entregar” al ex presidente siempre y cuando logren apartar tambièn a Cristina.

Es un juego a dos bandas. Promueven y miden candidatos alternativos al deteriorado Macri, que ha perdido su confianza para liderar la derecha, pero de paso devuelven prudente aire -e ilusiones personales- a figuras que consideran “moderadas” dentro el FdT, las que no faltan, por cierto.

Peligrosas definiciones del arco opositor, amplificadas por los medios

Alguna vez advertimos que, una vez iniciada la actual gestión, los intentos de condicionar sus primeros pasos se convertirían en presión directa.

Después de las PASO, y hasta el 10 de diciembre de 2019 tuvimos operaciones diarias sobre “el avance de La Cámpora” y “el kirchnerismo duro”, a la vez que se demonizó una supuesta “Conadep de periodistas” (apenas una ironía militante de Dady Brieva), la “reforma agraria” de Juan Grabois (recreación de una reivindicación de la burguesía francesa del siglo 18) o una tímida referencia de Felipe Solá a la disuelta Junta Nacional de Granos (instaurada por los propios conservadores de la tercera década del siglo pasado, para regular mínimamente el sector).

En esos días, Eduardo Eurnekian, Paolo Rocca, Marcos Galperìn, la Sociedad Rural, entre otros, se apresuraron a pedir entrevistas y/o mandar “constructivos” mensajes al futuro presidente.

Hoy, sin disimulo, los mensajes son advertencias y amenazas. La oposición y los medios boicotean abiertamente el funcionamiento del parlamento, convocan a un dialogo que no practican y reclaman un consenso al que entienden como la renuncia gubernamental a cumplir con el contrato electoral con sus votantes, a reemplazar su agenda por la de ellos.

“A ocho meses de asumir le estamos soplando en la nuca al peronismo”, se autoexcita el ex senador Ernesto Sanz. Este radical alvearista no se priva de preguntar amenazante acerca de “¿Cuánto tiempo demora esto en explotar?”. Con los reflejos propios de su tan lejana como olvidada militancia peronista, Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO, se apresura a completar la idea: “Ya estamos para gobernar”.

El “flash psicótico” de Eduardo Duhalde, quien alucinó con un golpe militar que impediría las elecciones de medio término, no fue otra cosa que un aporte más a este clima destituyente sembrado por la corporación política, mediática y judicial.

Se explica, entonces, la fuerte reacción democrática al dislate del ex presidente interino, aún con su casi nula gravitación política actual, pero resulta incomprensible la total falta de reacción ante las graves afirmaciones del senador radical Luis Naidenoff durante el debate por la denominada “Reforma Judicial”.

Ninguna figura del oficialismo, tampoco medio de prensa alguno, comentó, y menos condenó, su cuasigolpista cierre en nombre del bloque de Juntos por el Cambio, cuando Naidenoff reclamó abiertamente la intervención de la Corte Suprema si avanza el proyecto ya aprobado en la Cámara alta.

El Ejecutivo, un poder electo en sufragio universal propone. Otro poder, también surgido de la voluntad popular, discute, propone y legisla. Ambos deciden un reordenamiento parcial del poder más elitista y objetado por la sociedad, el único que no es elegido ni revalidado por el sufragio. Y Naidenoff, como en las paginas mas oscuras de la historia argentina y de su propio partido, lo convoca para que anule la voluntad mayoritaria de los representantes del pueblo.

A este amplio abanico, en sus distintas etapas, aplica a la austera definición de desestabilización: “Es la acción de debilitar las instituciones políticas de un Estado y de erosionar la autoridad de sus gobernantes, de modo que el sistema en su conjunto pierda seguridad y firmeza”.

¿Qué hacer?

Un reconocido psicoanalista argentino, quien suele incursionar con agudeza en la reflexión política, transcurre estos caldeados tiempos con la convicción de que el reclamo de medidas progresivas desde la izquierda del FdT puede complicar la estabilidad del gobierno

En un mundo achechado por el poder de las corporaciones -alerta con respetable, aunque muy reiterado temor- los llamados al protagonismo y la movilización popular, incluso algún reparo dentro de la propia alianza gobernante, pueden contribuir a “a un humor social reactivo”, y encubrir “un intento de calmar las conciencias, que además desconocen que en el mundo entero se prepara la repetición, ahora como farsa, de los totalitarismos del siglo XX”.

De tal manera, ante el poder del privilegio y su abierta presión sobre el gobierno, da a entender que al campo popular debe replegarse en lugar de enfrentarla construyendo una fuerza equivalente, y en lo posible superior.

Lejos de disminuir, los peligros crecen si nos adaptamos a las relaciones de fuerza dadas, festejamos la inmovilidad y pasivamente confiamos la suerte del proceso a la capacidad de resistencia de la dirigencia. Aún si esa aptitud fuera firme, quienes deben decidir carecerían del pivote necesario desde el cual fundamentar, difundir y dar sustento a la aplicación de un contrato electoral escasamente ambicioso, pero aun así duramente resistido.

Hemos dicho, repetimos y reiteraremos, que se impone institucionalizar el FdT ponerlo en funcionamiento, generar espacios de propuesta y decisión para los partidos que lo integran, sumando la participación activa de las organizaciones populares que acompañan.

A la vez, ir hacia lo profundo de nuestro pueblo, arraigarlo a nivel sectorial y territorial, convertir el frente en un orientador, coordinador y organizador programático colectivo a lo largo y ancho del país.

No se trata de convocatorias abstractas. Solo a modo de ejemplo, podemos ubicar la inminente discusión parlamentaria y luego la aplicación del aporte “solidario” de las grandes fortunas.

Será necesario explicarlo y organizar su difusión, para defenderlo frente a la brutal reacción del poder real, sin dejar de lado la opinión de quienes entendemos que es necesaria una reforma tributaria integral, que reamente recaude en forma permanente, entre los que más tienen, los recursos para enfrentar la emergencia, resolver las necesidades sociales y recuperar el trabajo y la producción.

La batalla de ideas debe ir acompañada con organización.

Si el proyecto de ley dispone que el 20% de lo recaudado se destinará a la “compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria”, hay que clarificar el alcance de esta decisión y garantizar su cumplimiento mediante la estructura del FdT entre médicos, enfermeros y personal de salud, así como de los trabajadores de las ramas que proveerán el material. Si otro 20% fortalecerá las fuentes de trabajo y la remuneración de los trabajadores de micro y pequeñas empresas, y un 20% se aplicará a becas Progresar para estudiantes, el FdT debe explicar el significado de esta conquista y afirmar la presencia en cada uno de los lugares de trabajo y de estudio. El mismo saldo en la conciencia y la organización debe lograr el FdT con la aplicación del 15% en “los barrios populares en proceso de integración urbana”, o entre los trabajadores que velarán por el 25% destinado a los programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de ENARSA, con la coordinación de YPF.

Son formas concretas de entender de qué hablamos cuando proponemos y convocamos a la necesaria construcción de poder popular en cada uno de los lugares de trabajo, estudio y vivienda.

Un llamado a dejar de lado la expectativa o la pasividad temerosa ante las presiones internas y los intentos desestabilizadores. A contraponerles movilización. Fuente: https://rebelion.org/una-propuesta-frente-a-la-desestabilizacion/

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Enfrentar el plan golpista de las derechas y del imperialismo yanqui

11 de septiembre de 2020

Por José Schulman (Rebelión)

En medio de una catástrofe sanitaria, provocada por el sabotaje a las medidas de distancia social, la falta de previsión sobre el plantel medico intensivista y la aparente resignación del Ministerio de Salud de la Nación, una verdadera sedición policial se ha desatado en la provincia de Buenos Aires, con final incierto, y seguramente costoso para el gobierno y el campo popular.

Ninguna de estas calamidades eran ni son inevitables, nada hay “natural” en una pandemia desbordada y mucho menos en una rebelión de la fuerza policial más cruel, corrupta y violenta de la Argentina.

Desde el momento de la constitución del Frente de Todos, herramienta electoral creada para derrotar a Macri en el terreno electoral, la hegemonía de esa fuerza ha optado una y otra vez por intentar resolver los escollos por la vía del acuerdo con la derecha, vetando y desalentando la movilización popular, en un claro modelo de acción política cupular cuyos resultados están a la vista en la foto del nueve de setiembre: policías armados en la puerta de la Residencia Presidencial y nuevo récord de infectados por el Covid 19, ahora 12293 en un día.

Es la hora de balancear un modelo de construcción de poder político, de volver a confiar en los movimientos sociales que también deberían reconocer que no hay razón alguna para transferir a nadie la defensa de nuestros derechos y la conquista de nuestros sueños.

La Bonaerense defiende sus privilegios

El asesinato de Lucas Verón en La Matanza y la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro son los casos más relevantes de una formidable seguidilla de agravios, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas en sede policial, muerte por Coronavirus en sede penitenciaria, asesinatos extrajudiciales nombrados como “gatillo fácil” y hasta acciones de grupos fascistas de vandalización de espacios de memoria (el colegio donde estudio Teresa Israel, los locales de la JP  y el Pece  de San Martín y hasta los pañuelos blancos de la Plaza de Mayo)

De todos estos temas hubo debates sociales, confrontación entre la derecha clásica y el gobierno y hasta entre sectores del mismo gobierno, básicamente entre las posiciones que sustentaba el Ministerio de Seguridad de Nación y el de provincia, aparentemente apoyados por sus respectivos poderes ejecutivos.

Berni sostuvo una defensa ortodoxa, a lo Bullrich, del accionar de las fuerzas policiales, lo que resaltó al momento del secuestro de Facundo dado su defensa a ultranza de la Bonaerense  y una defensa aún más conservadora del “derecho a la propiedad privada,” por encima y contra todo  otro derecho, en el debate sobre las tomas de terrenos baldíos por personas privadas del derecho constitucional a la vivienda.     

Si Berni se reconoce peronista, digamos que lo hace en la línea de Isabel, López Rega, Lastiri y los que crearon la Triple A y lanzaron el Operativo Independencia.  Sus denuncias contra los compañeros del Movimiento Evita y otros movimientos nos remontan a aquellos años de El Caudillo, el diario que anunciaba los asesinatos de la Triple A. Su pasado golpista y sus ambiciones lo convierten en un sujeto muy peligroso para la democracia y en primer lugar para quienes lo promovieron y defienden.  La vieja historia de Frankenstein se renueva.

Por su lado, la Ministra Frederic debutó recibiendo a los organismos de derechos humanos, prometiendo una gestión humanista y abocándose a revisar el fárrago de Protocolos y Reglamentos que no solo dieron cobertura a las acciones persecutorias y represivas, sino que casi las obligaban a la fuerza. La revisión del modo en que se efectuó el Operativo contra Santiago Maldonado, la denuncia penal correspondiente, el esfuerzo por tender puentes con las comunidades mapuches del sur y una imagen institucional que busca empatía con los sectores populares, aparecen como sus puntos fuertes.  El compromiso con el esclarecimiento del caso Facundo Astudillo Castro apareció contrapuesto al discurso y la práctica del Ministerio y el gobierno de la provincia de Buenos Aires que no quiso (o no supo) despegarse nunca de la Bonaerense en un caso donde cuarenta años de lucha contra el gatillo fácil están en juego por lo que  de qué lado de la mecha se coloca cada cual es decisivo.

El treinta de abril Facundo Castro desaparece en un viaje a Bahía Blanca.  El cinco de junio su mamá hace la denuncia por desaparición forzada. El 16 de agosto se encuentra un cuerpo esquelatizado en un cangrejal. El dos de setiembre se identifican esos restos como los de Facundo Astudillo Castro. Dos días después, o sea el cuatro de setiembre, los gobiernos nacional y provincial lanzan un mega plan de seguridad consistente en más policías, más autos, más balas, más tecnología. Nada original, nada que no hayan hecho todos los gobernadores anteriores quienes también todos dijeron que nunca antes se había hecho semejante esfuerzo y otras pavadas.  El ocho de setiembre, una rebelión policial comenzó so pretexto de reclamos salariales, ocupando nada menos que un lugar que en épocas de la dictadura militar, un centro clandestino de detención tortura y exterminio, Puente 12.

Desde el cuatro al nueve de setiembre el presidente ha hablado varias veces sobre el tema de la llamada seguridad y la Bonaerense. Finge que es un tema salarial, desconoce el contexto y la proyección de la movida policial (emparentada con los golpes policiales en Ecuador y Bolivia). De Facundo, ni una palabra; de Lucas Verón y los otros cientos de jóvenes violentados en sus derechos, ni una palabra; del combate contra la violencia policial/estatal, ni una palabra.

Es llamativo que el cuatro de setiembre, dos días después que se identifique a Facundo  y cuatro antes de le rebelión policial, Fernández haya dicho ” el problema de la inseguridad en el Gran Buenos Aires es el tema que más nos preocupa, más allá de la pandemia” como si la pandemia no fuera de lejos lo que más debiera ocuparlo, y de modo urgente.

En un escrito publicado en Página 12 el lunes siete de setiembre, el famoso biólogo Alberto Kornblihtt dice:”… estamos en crecimiento exponencial de muertes: el 17 de mayo teníamos 375, el 11 de junio 865, el 5 de julio 1500, el 27 de julio 3 mil, el 19 de agosto 6 mil. Ahora estamos en más de 9 mil y la proyección indica que para el 15-16 de septiembre llegaremos a 12 mil. Si el 11 de junio (cuando teníamos menos de mil) nos hubieran dicho que en septiembre tendríamos éstas cifras, de seguro, también nos habría parecido una exageración.” 

O sea, que casi en un paralelo perfecto, el covid 19 se disparó en los mismos días que Facundo Castro desaparecía y era luego encontrado. Pero Fernández decidió lanzar el Plan de Seguridad, opciones políticas, no caprichos.

En estos días, dos discusiones cruzaron en el espacio social que resistió al macrismo y fue la base del triunfo de Fernández y Kicillof: cómo reducir la violencia estatal, cómo impedir la impunidad de los asesinos de Facundo, de Santiago, de Rafael, de Lucas, de tantas y tantos por un lado y cómo frenar el estallido de los contagios que traen muerte y van limando día a día la capacidad del sistema de salud pública para resistir la pandemia por el otro.  No estoy diciendo que la mayoría piense como nosotros en uno u otro tema, no,  pero sí que esa eran las preocupaciones al momento del lanzamiento del Plan de Seguridad.

Sin embargo, el Frente de Todos que asume los gobiernos de la Nación y la provincia de Buenos Aires, decidió escuchar otros debates y otras voces. No por nada se hicieron reiteradas menciones a la incidencia de la temática en la llamada opinión pública y la ciudadanía. Como no podía ser de otro modo, el empoderamiento de la gestión Berni a la Bonaerense, sumado al reconocimiento de sus demandas por el Presidente y el Gobernador, desembocaron en esta rebelión casi de un modo directo, para nada casual o sorpresivo.  No es la primera vez que la concesión en cuestiones de principio le juega en contra a la fuerza política gobernante.

Me permito hacer un mínimo recorrido para decir que en el año 2004, plena vigencia del liderazgo de Néstor Kirchner, luego de movilizaciones montadas por la derecha detrás del caso Blumberg se sancionaron en el Congreso, con el voto de la bancada mayoritaria, las llamadas ley Blumberg que ocasionaron entre otras cosas Suma de penas: permite adicionar el tiempo de prisión por distintos delitos comunes cometidos por la misma persona, con un tope de 50 años (antes el máximo era de 25),  Endurecimiento de penas: para los robos cometidos con armas, para la tenencia ilegal de armas –no incluye las de calibres menores-, y para delitos «aberrantes», como secuestros extorsivos seguido de muerte, la violación seguida de muerte y la tortura seguida de muerte,  Prohibición de las salidas anticipadas de prisión: limita la libertad condicional para los autores de los ya mencionados delitos «aberrantes».

 En el año 2007 el presidente Kirchner envío y defendió la sanción de una ley antiterrorista a pedido de los organismos internaci0onales financieros, ley que fue vuelta a reformar a pedido de Cristina en el año 2011.  El centro ideológico de la ley es el  Art. 213 ter: «Se impondrá prisión o reclusión de CINCO a VEINTE años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo (…)» que deja abierta la persecución a cualquiera que resista cualquier medida gubernamental y que sentó las bases para la creación por ley del llamado Testigo Arrepentido que resultó clave en las operaciones de persecución política contra algunos de los que la sancionaron a pesar de que una prestigiosa Madre de Plaza de Mayo dijo que se sancionaba para no usarla a lo que le contesté que las leyes que no se quieren utilizar no se sancionan.  Sencillo de entender.  Aunque todavía la ley no ha sido utilizada en ningún juicio penal federal, sus consecuencias ideológicas culturales han sido demoledoras y prescindir de su análisis al momento de pensar cómo se construyó el law fare en América Latina (leyes idénticas se votaron en casi todos los países)

Y un último recuerdo, de 2017,  más cercano porque fuimos  convocados por el Senado de la Nación a opinar ante una Comisión presidida por un ex compañero de la  cárcel de Coronda bajo la dictadura, el senador entrerriano Guastavino, aliado entonces al macrismo en la sanción de la reforma de la Ley de Ejecución Penal impulsada por Macri  y con pleno apoyo de la “opinión pública”   Con la nueva normativa prácticamente cesaron todos los estímulos para trabajar o estudiar (antes estimulados con reducción de pena según la tradición penitenciaria que lleva casi  un siglo).  El alargamiento de la pena, sumado al aumento del monto punitorio de las condenas anticipa un colapso penitenciario que no se resolverá con la promesa de más cárceles.  La pandemia puso de manifiesto la catástrofe humanitaria que se vive tras los muros.   Unos doce mil en cárceles federales y otros ochenta y tres mil en las unidades provinciales, acercándonos a los cien mil personas privadas de la libertad efectiva.

Lo hemos dicho en una presentación ante el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Comisión de Seguridad del Congreso de la Nación. Llevamos casi cuarenta años de reformas policiales, planes de seguridad, reformas legislativas y todas con el mismo modelo o matriz.  A veces se amplían las jurisdicciones, a veces se achican, a veces se echan policías a veces se toman.  Y sin embargo la violencia estatal no baja y las mafias del delito no desaparecen.  El resultado sobre la dinámica del delito es casi intrascendente pero las reformas, siempre regresivas, siempre un poquito más mano duras y punitivitas son el caldo de cultivo para el pensamiento de derecha que pregona algunas mentiras que el gobierno nacional ahora ha hecho verdaderas.

Uno.  La inseguridad la provocan los pobres, cuando se tientan con el delito como ha dicho Fernández, entonces, si se tientan, palo y a la bolsa, o sea, más policías, más armas, más cárceles.  Es inaceptable que la inseguridad venga del lado de los pobres “tentados” en momentos que doscientos argentinos mueren por el Covid19, es decir por un sistema de salud insuficiente, diezmado por políticas de privatizaciones y ajustes perpetuos.  La inseguridad es que no haya médicos intensivistas y que los que hay cobren unos cuarenta mil pesos, mientras se destinan treinta y siete mil setecientos millones al nuevo plan, o sea a los policías más corruptos y mafiosos, los de la Bonaerense.

Dos.  Cuanto más policías más seguridad como si  la policía no tuviera nada que ver con el lavado de dinero, el tráfico de drogas, la prostitución y explotación de las niñas, niños y adolescentes.  Se pretende que agrandar  la Policía es la solución cuando todos sabemos que son parte del problema. Se pretende que el problema se resuelve con buenos cursos de formación cuando la cultura represora es constitutiva de la vida cotidiana de la fuerza y las señales de más autonomía se traducen en más violencia y  más negocios.  Lejos de resolver, el Plan aumentará la inseguridad aún en la interpretación mediocre y estrecha que le asigna el gobierno.

Tres.  Lo que debe mandar en un gobierno es la opinión pública, no importa si es de derecha, no importa si la formatea Clarín y los medios comerciales.   Nadie tiene derecho a discutir nada puesto que el mundo es así y así será para siempre. Después de todo lo que se dijo sobre la Bonaerense, después de todo lo que dijo la madre de Facundo sobre Berni, la foto del  presidente con el gobernador delante de una formación de autos policiales es el gesto que reconforta a Clarín y a la derecha.  Ahora, cada vez que se pretenda salir de esa foto (repugnante a las conciencias democráticas) la derecha mediática le exigirá que vuelva allí, que se quede allí.  Que eso es lo que quiere la “opinión pública”.  Pretender cambiar algo en acuerdo de los poderes más concentrados es de una ingenuidad extrema o de un cinismo cruel.  

Otros (Calloni, Borón, Beinstein) han escrito sobre las guerras de cuarta dimensión, los alcances del law fare combinado con acciones policiales y de ocupación de espacios públicos por las derechas.  Todo es demasiado obvio para aceptar que la rebelión es un problema salarial motivado en la injusta distribución de la coparticipación impositiva.  Más allá de eso y de muchas más posibles causas,  hay un plan golpista en marcha y no es cediendo  y cediendo que se lo va a derrotar.

Es imprescindible marcar la autoridad presidencial ante los rebelados, ante la derecha golpista y todos los que hoy mismo están mostrando las uñas genocidas, sucias de sangre vieja y dólares frescos.

Pero para ello, es evidente, que el movimiento popular deberá hacer oír su potente voz. Otra vez.  Como sea

José Schulman,  presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos 

Fuente: https://rebelion.org/enfrentar-el-plan-golpista-de-las-derechas-y-del-imperialismo-yankee/

 

 

 

Destaquemos que Nadra y Schulman colaboran en instalar la desestabilización del gobierno FF como lo prioritario y fundamental, con lo cual ayudan a censurar el disenso desde abajo e izquierdas y a fanatizar un importante número de personas o a cerrarse a la deliberación mayoritaria sobre los graves problemas del país cuyas soluciones exigen el protagonismo popular en la toma de decisiones sobre el destino común. Se valen de relatar o denunciar verdades parciales y sobre todo de espaldas a las luchas que responsabilizan, por la situación catastrófica en que estamos,  al Estado y al modo capitalista tanto de producción como de su sociedad de consumo. 

 

Tratemos de salir de las interpretaciones de Schulman sobre el Estado represor aunque, bien dice, está siendo instaurado desde Néstor Kirchner en su fase terrorista pero no lo analiza como parte de la expansión extractivista de más de una deKada. Examinemos cómo el gobierno FF hace cuanto puede por el Plan 2020-2030(que exige Estado policial militarizado) en contra de la soberanía alimentaria y la vida del 99% humano.

 

Tengamos en cuenta el carácter mundial del avasallamiento a la Naturaleza. Veamos que sigue agravando las pésimas condiciones de la vida humana y no humana en Argentina, Abya Yala y el mundo porque la Madre Tierra carece de fronteras y aún más, significa una totalidad de interacciones e interrelaciones abierta al espacio cósmico.

 

 

 

Fernández: la idea es

una YPF Agro "autónoma",

de referencia para el sector cerealero

1 de agosto de 2020

 

El Presidente resaltó la importancia de la empresa para el sector y consideró que la división agro de la petrolera, se "convierta en una sociedad autónoma, de referencia del Estado en el sector cerealero".

 

Por Juan Manuel Colombo

 (…)A partir de la derogación del decreto, que pretendía rescatar a Vicentin de la quiebra y crear una empresa testigo y de referencia en el sector agroexportador, Fernández indicó que "la conclusión que uno saca es que para hacer eso, tal vez la mejor opción sea que YPF Agro se convierta en una sociedad autónoma, desarrolle su operación como lo venía haciendo y nos permita lograr el mismo objetivo, que es tener una empresa de referencia del Estado en el sector cerealero".

"Para eso no tengo que hacer una inversión millonaria en dólares para salvar a una empresa y a sus accionistas", sentenció Fernández.

YPF Agro es una división de negocios de la petrolera estatal YPF, con más de 20 años en el mercado de insumos agrícolas y en el expendio de combustibles para los productores agropecuarios.

Con 100 centros de distribución en todo el país, la división ofrece entre sus productos fertilizantes, semillas de maíz, silobolsas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, tratamiento de semillas y coadyuvantes, además de combustibles y lubricantes.

De esta manera, YPF Agro provee soluciones no sólo para cultivos extensivos como la soja o el maíz, sino también para la producción de frutas y hortalizas.

Si bien estos insumos para la producción pueden sen pagados en efectivo o a través de crédito, es muy usual que para cancelar estos importes se utilice la modalidad de canje por producción.

Esto quiere decir que se pueden adquirir fertilizantes dando a cambio una porción de producción a obtenerse, equivalente al valor del insumo.

En ese caso, si la producción comprometida para el canje fuese maíz, una vez que YPF Agro cuenta con esos granos, los comercializa -generalmente- a empresas exportadoras o acopios, pero también los exporta bajo su nombre.

En 2019 YPF Agro recibió 1,7 millón de toneladas de granos, volumen que derivó en buena parte en la elevación para exportación, aunque también concretó operaciones en el mercado spot local y en el caso de la soja tiene acuerdos de molienda con distintas plantas.

El resultado de esa molienda le permite concretar exportaciones de aceite, cáscara y harina, pero también dispone de parte de ese aceite para plantas productoras de biodiesel de terceros, para luego proceder a las mezclas con el gasoil que produce en sus propias refinerías.

Según registros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en 2019 YPF exportó entre trigo, maíz y cebada una 296.393 toneladas, al mismo tiempo que exportó 835.565 toneladas de subproductos de soja y girasol.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202008/497217-alberto-fernandez-gobierno-nacional-ypf-agro-produccion.html 

 

 

Precisamos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia comunista (al mirar por relaciones, poderes e inteligencias comunales y bienes comunes en vez de públicos/privados), generalizar la toma de conciencia sobre que los gobiernos constitucionales desde 1984 hasta hoy gestionan la continuidad y profundización de la concentración y transnacionalización económica territorial. No hay "grieta".

 

Tampoco es, para pagar los servicios de la deuda externa pública, que se avanza arrasando los territorios. El capitalismo en Argentina y el Abya Yala sólo puede progresar destruyendo y reprimarizando, empobreciendo. Sin Vaca Muerta no hay YPF agro ni agronegocios ni plan megaminero ni desarrolladores urbanos, ni turismo ni sociedad de consumo. Al capitalismo le son imprescindibles los hidrocarburos.

 

 

El gobierno reflota la ilusión de

Vaca Muerta: claves para entender

el tropiezo que viene

23 de junio de 2020

 

Por Marcelo García Extremo Sur .- Vaca Muerta comienza a convertirse otra vez en el epicentro de las miradas petroleras del país, tal como sucedió con el kirchnerismo en 2012 y el macrismo en 2016. El gobierno de Alberto Fernández impulsará una nueva Ley de Hidrocarburos, implementará subsidios a las petroleras y buscará reactivar la explotación de los hidrocarburos no convencionales neuquinos como epicentro productivo del país.

La política energética nacional basada en subsidios estatales y el fomento a la exportación gasífera se ha demostrado como un fracaso reiterado en el intento de resolver los grandes problemas que tiene el país. Tres claves para entender los tropiezos constantes y las perspectivas diferentes a transitar.

La impronta albertista muestra otra vez que en Vaca Muerta no aflora la grieta política y el país se encamina nuevamente a tropezar con la misma piedra imantada que atrajo a la clase dirigente a lo largo de la última década.

A poco de asumir la presidencia de la Nación, Alberto Fernández expresó en enero pasado que “Argentina se enamoró de Vaca Muerta” y cuestionó que “se desincentivó el resto de la producción convencional” de hidrocarburos.

Parecía que iba a producirse en cambio brusco de timón con respecto a los no convencionales, pero a poco de andar comenzaron a surgir las versiones de un proyecto de ley para los hidrocarburos que podrían nuevamente en la escena principal a Vaca Muerta; donde habría subsidios y amplios beneficios impositivos para las petroleras que operan en esos yacimientos de la Cuenca Neuquina (ver el artículo https://www.elextremosur.com/nota/22147).

En su visita a Neuquén de principios de junio, Fernández se reunió con el gobernador Omar Gutiérrez y manifestó que el desarrollo de Vaca Muerta “ocupa un rol central” para el país.

La vuelta al tapete del gran yacimiento de no convencionales disparó la reaparición del proyecto de ley para impulsar el sector, incluyendo el pago de subsidios atrasados a las petroleras y un nuevo Plan Gas 4, por lo que varios funcionarios nacionales comenzaron a poner otra vez a Vaca Muerta en el epicentro de la política energética nacional.

Debates ambientales y sociales: 10 millones de argentinos sin gas

Si bien hay un debate de fondo y mucho más profundo sobre los recursos hidrocarburíferos no convencionales -que implica tener en cuenta la cuestión ambiental y sus impactos sociales sobre las comunidades afectadas- se debe tratar de responder una pregunta esencial que se adentra en determinar si son necesarios para el país pagar esos altísimos costos.

En paralelo surge como otro punto de discusión que implica definir cuál debe ser la matriz productiva de Argentina. Si se incorporará valor agregado a las materias primas generadas o si solamente seguirá siendo un país exportador de commodities.

Avanzando más al fondo de la problemática social vale preguntarse si se debe pensar en una nación exportadora de gas cuando por lo menos 10 millones de personas no tiene acceso al gas natural por redes domiciliarias.

Según el INDEC, hasta el segundo semestre del 2019, en los 31 aglomerados urbanos del país un 35,3% de las personas y el 29,6% de los hogares no tenían acceso a la red de gas natural. Esos porcentajes se traducen en 9,8 millones de personas sin acceso al gas natural por redes sobre un total de 28 millones de habitantes localizados en dichos centros urbanos; todo en el marco general que la mitad de la población en cuestión no tiene acceso a alguno de los servicios esenciales como el agua, cloacas y el gas natural.

A principios de los años ’90 solamente el 52% de los hogares nacionales tenía acceso al gas natural por redes. Hoy en día, a más de 25 años, un tercio de los hogares del país sigue sin poder contar con una conexión domiciliaria al vital fluido para calefaccionarse y cocinar.

Dilucidar una nueva estrategia petrolera y energética basada otra vez en Vaca Muerta puede llevar al país a tropezar por tercera vez consecutiva con la misma roca madre, y de allí la importancia de comprender algunas de claves principales que ponen en superficie la inconsistencia de un plan petrolero que busca volver a poner en el centro del desarrollo a los yacimientos no convencionales del país.

Claves para entender los constantes tropiezos con Vaca Muerta

Clave 1: Pila de subsidios estatales a petroleras privadas

Los altos costos de producción que insume la técnica del fracking (fractura hidráulica de la roca madre) sólo podrían ser soportados por la industria petrolera con altos precios del crudo internacional, algo que no está sucediendo en la actualidad y por ende debe suponerse que el Gobierno nacional avanzará nuevamente en un esquema subsidiado para la explotación de los yacimientos convencionales.

 

Ese esquema de subsidios estatales a la industria privada no solamente se direccionó a Vaca Muerta en los últimos años ni fue patrimonio exclusivo de los cuatro años de gobierno del macrismo, sino que arrancó en 2008 durante el primer mandato de Cristina Kirchner.

 

Los incentivos estatales fueron en un primer momento a la producción de petróleo y luego fueron virando a la de gas focalizándose en Vaca Muerta desde 2013, para alcanzar sus puntos más elevados en 2016 y 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.

Si se toman los últimos 11 años de subsidios a las compañías petroleras, el total de los montos transferidos para incentivar la actividad privada (para el petróleo y gas, tanto convencional como no convencional) ronda los 24.000 millones de dólares.

Estos datos surgen de las elaboraciones propias en base a los informes de ASAP y el minucioso trabajo elaborado por Ejes – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (“El Estado, ¿rehén o planificador?: Transferencias económicas al sector hidrocarburífero”, de diciembre de 2016).

Según los datos difundidos por la Asociación Argentina de Presupuesto, hasta el 31 de diciembre de 2019 el Estado nacional transfirió a las petroleras subsidios para la explotación gasífera que ascendieron a un total de 27.647 millones de pesos.

De ese total, 24.967 millones de pesos correspondieron a subsidios del Plan Gas no convencional (Resolución 46/2017) focalizado esencialmente en Vaca Muerta y que representaron un 295% de los entregados en el 2018. Mientas que el por el ex Plan Gas la suma fue de 2.680 millones de pesos, un 23,6% menos que en el año anterior.

En tanto que hasta el 30 de abril el Estado liquidó 66,9 millones de pesos por el Plan Gas no convencional (-98,3%).

En plena pandemia, según publicó el portal EconoJournal, el actual gobierno de Fernández pagó a las petroleras 18.500 millones de pesos en subsidios a la explotación de gas no convencional adeudados de gestiones anteriores.

“El Ministerio de Desarrollo Productivo trabaja contrarreloj: quiere presentar oficialmente el Plan Gas 4.0 el 1 de agosto para reactivar la perforación durante el último cuatrimestre de 2020. Para eso debe reconstruir la reputación del Estado, que desde 2008 incumplió -al menos parcialmente- los plazos de pago de los subsidios involucrados en los diferentes planes de incentivo que se pusieron en marcha a partir de ese año (el primero fue el Gas Plus). Con ese antecedente, la primera variable que el Ejecutivo debe despejar es de confianza”, dio a conocer el sitio especializado en hidrocarburos y energía.

 

Desde hace más 10 años la industria petrolera que extrae crudo en yacimientos concesionados por los Estados provinciales viene recibiendo subsidios estatales para mejorar o desarrollar los niveles de extracción de petróleo y gas.

Esa situación se ha profundizado en los últimos años y deja más beneficios para el capital privado que para los verdaderos propietarios de las concesiones, en lo que debe denominarse como un rotundo fracaso de las políticas privatistas de los años ’90 cuando se desguazó la YPF estatal y se dejó al sector en manos del mercado.

 

Clave 2: Producir hidrocarburos para el mercado interno o para exportar y pagar la deuda

El gobierno nacional de Alberto Fernández da muestras de encaminarse en la misma dirección e inclusive profundizar lo acontecido desde 2016 con el macrismo poniendo el epicentro nuevamente en Vaca Muerta.

“Vamos a lanzar la Ley de Hidrocarburos a la salida de la pandemia”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas a mediados de junio; con la mira puesta en darle prioritariamente garantías y horizontes a los inversores privados nacionales e internacionales del sector petrolero.

“Seguimos viendo el mismo potencial en Vaca Muerta, lo mismo que para todo el sector hidrocarburífero de Argentina. Está en condiciones de ser una palanca para el desarrollo para la próxima década”, dijo Kulfas hace tres semanas atrás ante un grupo de empresarios reunidos vía Zoom por la Fundación Mediterránea.

“Seguramente una de las tareas que vamos a emprender a la salida de la crisis es el envío al Parlamento de una ley de inversiones hidrocarburíferas para estimular un salto productivo en Vaca Muerta y en otros proyectos productivos”, insistió el ministro Kulfas y explicó que desde el gobierno ven el recurso natural como “una palanca para el desarrollo del entramado productivos industriales, tecnológicos, integrado por cientos de pymes en todo el país”.

De ahí que se instale la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos y que el flamante CEO de YPF, Sergio Affronti, haya asegurado en las últimas horas que la compañía “va a liderar la industrialización de Vaca Muerta, agregándole mayor valor al crudo y el gas no convencional”.

Con una caída significativa del consumo de hidrocarburos y derivados, tanto a nivel mundial como nacional producto de la cuarentena que originó la pandemia; surgen interrogantes sobre cuáles debieran ser los objetivos centrales del desarrollo hidrocarburífero nacional.

Por un lado, no es posible obviar a esos 10 millones de argentinos localizados en centros urbanos que no tienen acceso al gas natural por redes y que por ahora no parecen tener prioridad de conexión para el gobierno nacional. En paralelo Argentina tendría que plantearse qué tipo de industria quiere desarrollar y en qué tipo de condiciones sociales y económicas.

En la etapa post pandemia, que por ahora parece lejana producto de la trepada constante de la curva de contagios de Coronavirus especialmente en el AMBA, el país se encontrará ante el desafío de hacer avanzar sus industrias, reconstruir el mercado interno y ampliar el tejido social inclusivo. Todas tareas enormes y no concluidas desde hace muchas décadas.

Conseguir la recuperación económica y productiva no será simple, pero tampoco imposible. En una misma dimensión debería repensarse cuál tendría que ser la estrategia hidrocarburífera, apostando al autoabastecimiento perdido, la incorporación de valor agregado sobre ese tipo de recursos naturales y a la vez una mejora redistributiva de los ingresos que se traduzcan en la calidad de vida de los argentinos.

Desechando buena parte de estas premisas, la otra lógica que se ha impuesto en los últimos años es la de desarrollar los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta para así conseguir un mecanismo de producción, exportación y captación de dólares que servirían para pagar la enorme deuda externa que padece desde hace años Argentina.

Lo que dejó entrever el ministro Kulfas es que la implementación del Plan Gas 4 buscará brindar certezas en los precios del gas natural extraído esencialmente en Vaca Muerta para así obtener dólares a través de la exportación.

Por eso que manifestó que “la idea es poder encontrar un mecanismo para contractualizar a largo plazo la demanda de gas a los productores a un precio razonable y que pueda garantizar la rentabilidad del sector como el desarrollo de inversiones”.

Vale mencionar que para desplegar ese mecanismo productivo y exportador, Vaca Muerta se encuentra en una situación compleja de infraestructura que ni el macrismo con sus millonarios subsidios e inversiones estatales en infraestructura pudo solucionar en cuatro años. Quedaron pendientes e inconclusos proyectos de gasoductos troncales, el tren Neuquén a Bahía Blanca y sin avances significativos en la planta de GNL en el puerto de la costa bonaerense (ver el artículo de 2018 https://www.elextremosur.com/nota/vaca-muerta-produce-mas-pero-corre-riesgo-de-estancarse-por-falta-de-inversion-en-produccion-e-infraestructura-social/).

Con las caídas pronunciadas de la demanda mundial de hidrocarburos y los bajos precios internacionales, a lo que se le debe sumar la contracción económica inversora planetaria producto de la pandemia, conseguir hacer realidad ese proyecto productivo y exportador parece poco probable o cuanto menos ilusorio en el futuro cercano.

 

Clave 3: La lógica de rentabilidad privada frente al beneficio social común

Desde 1992 cuando se privatizó YPF y durante casi 30 años Argentina ha retrocedido en materia de hidrocarburos dejando en manos del capital privado la liberalización del mercado, perdiendo reservas de crudo y gas, achicando hasta casi su extinción el rol estatal y perdiendo el autoabastecimiento.

Nada bueno sucedió a lo largo de tres décadas. Por momentos el país que abastecerse a través de las importaciones de gas a costos elevados. Tampoco se revirtió significativamente la problemática con los procesos de “argentinización” o expropiación parcial de YPF.

Si bien es cierto que con la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF la compañía cambió su postura frente al esquema productivo en los yacimientos convencionales, eso no fue suficiente para modificar sustancialmente el rol de la empresa insignia que supo tener el Estado nacional. Desde la expropiación en 2012, la nueva YPF no le ha dado grandes beneficios al país y se manejó como una empresa privada más en el mercado.

Además de haber en este nuevo siglo 10 millones de argentinos sin gas natural, los precios de los combustibles son elevados y se rigen en el país por la ley de la oferta y la demanda. Siguen respondiendo a variables el como valor internacional del crudo o la cotización del dólar, sin retroceder cuando alguno de los ítems decrecen.

Nada diferente ha sido ese mecanismo trasladado a los servicios públicos de gas y luz, primero subsidiados por el Estado y ahora dolarizados en favor de las ganancias de las distribuidoras y generadoras energéticas.

 

A ese panorama se suma el uso de los fondos estatales subsidiando al capital privado hidrocarburífero o inclusive llevando a cabo las mayores inversiones en infraestructura o desarrollos productivos y exploratorios en yacimientos convencionales o no convencionales.

El rol de la actual YPF está lejos de la comandada por Repsol desde las oficinas corporativas en Madrid, pero más distante se encuentra aún de la visión estratégica y social que desempeñaba la YPF estatal antes del desguace menemista.

Embarcar, como ha sucedido hasta ahora, a YPF como punta de lanza en Vaca Muerta no ha demostrado ser la estrategia más fructífera para la compañía ni tampoco para el país. Hasta el momento la hipótesis de que con el desarrollo de los no convencionales se posibilitaría fomentar la industria nacional o conseguir los dólares para el pago de la deuda no está demostrada en lo más mínimo.

 

El propio Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, remarcó que es inviable la idea de avanzar con “el fenómeno Vaca Muerta asociado a una salida en donde la Argentina fuera exportadora de gas no convencional y que esto permitiera un salto importante en el ingreso de dólares”.

 

Se debe considerar que en Vaca Muerta se viene llevando a cabo el máximo experimento empresario privado para la obtención de ganancias y maximización de la rentabilidad.

Es allí donde se modificaron los convenios colectivos de trabajo para flexibilizar a los obreros petroleros y reducir los costos laborales, con la consiguiente derivación altísimos costos en vidas de trabajadores que en menos de un año y medio se tradujeron en 8 obreros fallecidos en los yacimientos neuquinos (ver el artículo https://www.elextremosur.com/nota/20198). En los últimos 20 años murieron trabajando nada más y nada menos que 100 petroleros en todo el país.

 

Una cuota importante de responsabilidad tiene frente a este panorama la dirigencia sindical del sector, que permite que estos “accidentes” cuesten vidas humanas y en muchas oportunidades luchan solo por conquistas salariales -para nada menores o despreciables- pero que en tiempos de crisis funcionan con la lógica empresarial y con la excusa de defender los puestos de trabajo terminan reduciendo salarios o entregando conquistas laborales históricas.

 

Estas problemáticas no parecen ser tenidas en cuenta por la administración de Alberto Fernández, ni estarían incluidas en el proyecto de nueva ley o de desarrollo productivo de los hidrocarburos en el país.

Por ahora no aparecen explicitados como objetivos del gobierno nacional -es cierto, ahogado por la pandemia y la deuda externa- lograr un país autoabastecido con hidrocarburos, sin muertes por súper explotación laboral en los yacimientos, con tarifas y combustibles accesibles para el conjunto de la población, con gas por redes para todos los habitantes del país. Aparece lejano un nuevo Estado que no solamente intervenga en el mercado como un jugador más entre privados sino como un organizador, generador del empleo y desarrollador de PyMES locales, además de definir las políticas energéticas estratégicas.

Fuente: https://opsur.org.ar/2020/06/23/el-gobierno-reflota-la-ilusion-de-vaca-muerta-claves-para-entender-el-tropiezo-que-viene/

 

 Bloqueo de la lucha de clases

 

Advirtamos que una metodología exitosa de bloqueo de la lucha de clases es la aspiración a, y aceptación de, ser incluides en la economía del gran capital que aparece como la del país. Por ejemplo, las organizaciones campesinas creen en la coexistencia del sistema de agronegocios con la agricultura familiar.

 

«La pregunta entonces es inevitable: ¿puede funcionar como una alternativa al modelo del agronegocio? O, mejor dicho: ¿es viable la agricultura familiar como proveedora de alimentos en el contexto de la violenta expropiación de la acumulación capitalista? Los planteos que sostienen que sí, se encuadran en la tendencia a una “vuelta a la pequeña producción” que ha sido históricamente superada por el desarrollo de la concentración del capital».

 

Paula A. Lagomarsino concluye bien en: «debemos promover la independencia de clase y la unión estratégica de productoras/es familiares con el conjunto de la clase obrera, para abrir paso a un programa obrero y campesino de reorganización del campo». Pero desconoce el paradigma de la soberanía alimentaria desde comunidades autónomas creando buenos vivires y la confederación democrática entre ellas.

 

La agricultura familiar en pandemia y

el debate sobre la “economía popular”

 21 de mayo de 2020

 

La escalada de precios desnuda el control de las grandes cadenas alimenticias, y plantea la organización del sector junto a la clase obrera, por una salida superadora.

 

Por Paula A. Lagomarsino

 

Desde que se declaró el aislamiento social y obligatorio es noticia que las ventas en supermercados subieron exponencialmente, así como los precios de supermercados subieron exponencialmente, así como los precios de los productos. Pese a la ley de góndolas -que establece topes a las grandes empresas en los supermercados y regula la composición de productos en las góndolas- y a los precios máximos fijados por la Secretaría de Comercio -que abarca a 2.000 productos-, desde hace semanas somos testigos de los aumentos indiscriminados en los precios, así como de su escasez y de las compras a sobreprecio por parte del Estado.

Uno de los casos más emblemáticos es el de las frutas y verduras, con aumentos de hasta más del 100% en los grandes centros urbanos. Si bien en parte esta suba puede explicarse por la menor oferta de productos debido a las consecuencias que genera la cuarentena en la actividad, la respuesta más bien se relaciona con una cadena de comercialización privatizada, donde tienen protagonismo los grandes mercados de concentración, empresas de logística y las principales cadenas de supermercados que aumentan precios y controlan stocks. Es decir, tanto los aumentos como el desabastecimiento están vinculados a la concentración de la producción y a la especulación capitalista. Aspectos que, además de afectar negativamente a las y los consumidores, no redundan en ningún beneficio para la pequeña agricultura familiar que produce los alimentos.

 

Entre la provisión de alimentos y la precarización laboral

Gran parte de las frutas y verduras que consumimos en las ciudades provienen de producciones familiares que se encuentran en los cinturones hortícolas del país, reconocidos por sus altos niveles de productividad. Estos espacios se componen de diversos usos del suelo donde se destaca, desde hace años, la expansión residencial a través de la construcción de grandes emprendimientos como countries y barrios cerrados; algo que redunda en el aumento del precio de la tierra y una constante presión urbana para transformar su carácter productivo, afectando directamente a la agricultura familiar que allí se desenvuelve.

La agricultura familiar está definida por una gran heterogeneidad social. Si bien se vincula con elementos identitarios y culturales, la soberanía alimentaria y la idea de la conservación del patrimonio familiar, lo que se destaca es la mano de obra familiar en el proceso productivo, aunque con algunas particularidades: abarca a distintos productores que se diferencian en el nivel de capitalización, la extensión y el acceso a la tierra, la posibilidad del contrato de trabajo asalariado y estacional, entre otros aspectos que acentúan su carácter capitalista. Para poder participar en el mercado y competir con las ventajas económicas y técnicas de las grandes producciones, estos productores/as además de la utilización de agroquímicos, o bien desarrollan altos niveles de autoexplotación y acuden a la asistencia estatal para sostenerse; o bien aquellos más capitalizados intentan aumentar la productividad del trabajo mediante el acceso a créditos para incorporar tecnología, y realizando una alta sobreexplotación de la fuerza de trabajo de la que disponen.

Con tan solo 13,5% de la superficie agraria, el sector de la agricultura familiar representa el 75% de los productores del país, y produce más del 60% de las verduras, y sin embargo está subordinada a la agroindustria corporativa y la dinámica de un mercado que es de unos pocos (Diego Montón, Vía Campesina, 20/4).

En tiempos de pandemia, donde crecen los cuestionamientos en todo el mundo acerca de la depredación del ambiente y la devastación de los ecosistemas que produce el capitalismo, toma protagonismo el rol de la agricultura familiar en la producción de alimentos saludables.

La pregunta entonces es inevitable: ¿puede funcionar como una alternativa al modelo del agronegocio? O, mejor dicho: ¿es viable la agricultura familiar como proveedora de alimentos en el contexto de la violenta expropiación de la acumulación capitalista? Los planteos que sostienen que sí, se encuadran en la tendencia a una “vuelta a la pequeña producción” que ha sido históricamente superada por el desarrollo de la concentración del capital.

La situación de la agricultura familiar en pandemia

La llegada del coronavirus implicó para la agricultura familiar mayores dificultades para comercializar y garantizar los alimentos que consumimos, en tanto se modificaron las tareas de cosecha, se produjeron faltantes de insumos y materias primas, y restricciones en el transporte y circulación. La situación empeora como consecuencia de la suspensión de las ferias de abastecimiento local y el cierre de muchos puntos de venta directa, ejerciendo una presión muy grande para poder hacer frente a los alquileres de las tierras y sostener la actividad.

Ante esto, desde el gobierno nacional se dictaron una serie de medidas como prohibir desalojos, congelar los precios de arriendo y otorgar prórrogas de contratos vencidos hasta el mes de septiembre, así como la posibilidad del pago de deudas en cuotas. Esto no forma parte de una solución real si tenemos en cuenta que se trata de una actividad sin convenio colectivo de trabajo, de gran precariedad y desprotección (con muchas/os productores que deben utilizar agrotóxicos para poder sacar la producción) y con gran desventaja para competir y vender. Se suma, igualmente, que muchos/as ven imposibilitado realizar su trabajo dado el contexto actual. Se trata, entonces, de una política que al fin y al cabo redunda en un beneficio para los dueños de los establecimientos, quienes finalizados los plazos estipulados recibirán los montos que habían fijado previamente o la totalidad de eventuales deudas acumuladas.

La posibilidad de sostener la actividad, entonces, queda en manos de las y los productores familiares. Los “lineamientos de buenas prácticas” del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca enfatizan en la importancia de los procedimientos de limpieza, desinfección e higiene personal (lavado de manos), la división de jornadas de trabajo y la sanitización de transportes que distribuyen los alimentos; pero cae sobre las propias familias el peso de hacerse cargo de garantizar los controles de temperatura en los establecimientos, la provisión de jabón líquido de manos y papel de secado, alcohol en gel, guantes, barbijos y equipos para desinfectar.

Muy lejos está esto de una intervención del Estado en clave de mejorar las condiciones de la agricultura familiar. Ni siquiera en medio de la crisis sanitaria se avanza contra aquellos intermediarios que especulan con los precios, obteniendo ganancias desproporcionadas respecto a lo que obtienen las familias productoras; no hay asistencia que funcione siquiera como un paliativo frente a la crisis, ni mucho menos se plantea generar una real participación del sector en la cadena productiva.

Una medida progresiva podría venir de cobrar un verdadero impuesto a la riqueza a ese 1% que posee el 36% de las tierras, pero los impuestos a las grandes fortunas parecen archivarse frente a las presiones patronales. En este cuadro, desde el Partido Obrero promovemos ir a fondo con los impuestos progresivos al gran capital, planteando un gravamen especial a las ganancias de los bancos, mineras y el capital agrario que han sido los grandes ganadores estos últimos años. Asimismo, planteamos la eliminación de pagos de alquileres a quienes trabajan sus propias parcelas y suspensión efectiva de desalojos, al igual que la entrega de elementos de higiene y salubridad para las familias y establecimientos, tratándose de un sector que produce alimentos en medio de la pandemia.

 

A propósito de la “economía popular”

 

Muchas organizaciones catalogadas bajo la insignia de “emprendedores de la economía popular”, en las últimas semanas se han ocupado de garantizar el abastecimiento de alimentos a la población urbana sin intermediarios (“a precio justo”), puerta a puerta a poblaciones de riesgo y realizando donaciones de bolsones a comedores de las villas. Estas organizaciones funcionan como una rueda de auxilio del Estado en un contexto de profundización de la crisis sanitaria y económica, donde no llegan los alimentos a quienes más los necesitan, los precios son cada vez más altos y la recesión frena el consumo hasta de los elementos básicos para sobrevivir.

Muchas de ellas plantean su incorporación al Estado para gestionar políticas para el sector, promueven la generación de créditos blandos para que las familias accedan a la tierra, y la compra desde el Estado de sus alimentos para ser comercializados a precios populares en los barrios. La idea de que el Estado otorgue créditos en un contexto de arriendo generalizado de grandes empresas, o que compre alimentos a la agricultura familiar en un contexto donde priman los intereses capitalistas y los negocios con las grandes empresas que manejan la estructura de comercialización por un lado no se aplica, y por otro no resolvería el principal problema que es el dominio del capital concentrado sobre el comercio y la producción.

Sucede lo mismo con la promoción de almecenes y ferias locales que funcionan como puntos de venta directo “de productor a consumidor”, abaratando el costo de los alimentos ya que casi no hay intermediarios que alteren tanto el precio. Además de ser una parte de la población específica la que suele acceder a estos lugares -generalmente los sectores medios-, tampoco constituyen una solución de fondo al problema general del acceso y encarecimiento de los alimentos, ni al de los salarios y mejora en las condiciones de vida de productores/as (incluso en muchos casos terminan vendiendo a través de modalidades tradicionales porque implica menos esfuerzo y no hay una alteración significativa de sus condiciones).

La capacidad requerida para esto implica alcanzar un alto nivel de la actividad logística, hoy acaparada por empresas capitalistas que bloquean las posibilidades del desarrollo comercial de la economía popular. Estas empresas son las mismas que imponen las condiciones de venta, fijan y aumentan los precios, controlan stocks y pactan su exclusividad con el Estado e intermediarios, marginando cualquier otra relación comercial. Por lo que, en estas condiciones, la economía popular seguirá destinada a formar parte de circuitos alternativos que compiten de manera marginal, en tanto no pueden reemplazar la estructura de comercialización de alimentos del régimen actual.

Es necesario garantizar los salarios y condiciones de convenio para todos los trabajadores/as de la agricultura familiar. Para ello, es necesario desmantelar la alianza de los monopolios de la industria alimentaria con el Estado, mediante la apertura de los libros de quienes manejan la comercialización y logística, y su reemplazo bajo control obrero y campesino, al igual que en las etapas de la producción de alimentos. El acceso al crédito debería ser garantizado por una banca única a cargo del estado, bajo control obrero.

La alimentación como servicio esencial en medio de la cuarentena no puede quedar supeditada a los intereses de las corporaciones, que ven en esta crisis una oportunidad para enriquecerse con precios confiscatorios violando hasta las normas más elementales. Es necesario conocer los verdaderos costos de lo que consumimos, sobre todo teniendo en cuenta que los precios actuales ni siquiera se traducen en ingresos y beneficios para la agricultura familiar que produce los alimentos.

 

La necesidad de la independencia política

Las organizaciones de la economía popular plantean en su mayoría constituirse como un modelo económico alternativo, pero contradictoriamente, en los marcos del régimen actual. La promoción que se hace del “comercio justo” y saludable encuentra rápidamente sus límites, ya que la agricultura familiar y los rubros amparados bajo la “economía popular” no dejan de ser actividades sometidas a las leyes de acumulación capitalista, donde priman la integración al mercado y la competencia, la concentración de capital y las consecuentes presiones del capital financiero que atentan contra los idilios de la autonomía y solidaridad. Lo mismo cabe para las reivindicaciones de la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, sin socavar las relaciones de explotación vigentes.

El embellecimiento de la economía popular también tiene por objetivo fortalecer el rol de contención de muchas organizaciones sociales en pos de evitar la irrupción de los sectores más golpeados del agro, siendo un bloqueo a la colocación de sus demandas y a su organización en unidad con el pueblo trabajador para conquistar sus reivindicaciones.

La agricultura familiar seguirá corriendo con desventaja si no se promueve la superación del régimen que se basa en la ganancia de las multinacionales, pools de siembra y grandes comercializadoras. Lo mismo vale para detener el aumento de precios a costa de la salud y el empobrecimiento de productores y la población. Esto es impensado de la mano de organizaciones que se integran al Estado con el intento de la institucionalización del sector, atomizando a productores/as y trabajadores/as, y conteniendo expresiones genuinas de lucha del movimiento.

Debemos promover la independencia de clase y la unión estratégica de productoras/es familiares con el conjunto de la clase obrera, para abrir paso a un programa obrero y campesino de reorganización del campo.

Fuente: https://prensaobrera.com/politicas/la-agricultura-familiar-en-pandemia-y-el-debate-sobre-la-economia-popular/

 

 

Señalemos que la creencia del 1% en su omnipotencia hace que actúe con descaro aniquilador y por tanto origina que: "La sociedad esté más alerta y despierta, con más ganas de involucrarse, también más asustada porque lo que estamos atravesando es siniestro. Mientras estamos encerrados en nuestras casas, asustados por un virus que está matando cada vez a más gente, vemos que están quemando nuestro país y que lo están pasando por encima con topadoras. Encima se les ocurre un proyecto de traer y encerrar cien millones de chanchos que después resultaron ser nueve millones, pero la idea es que la Argentina sea el criadero de nuevas pandemias mientras tratamos de salir de la que estamos. Es todo tan demencial que me parece inevitable que haya cada vez más personas accionando, sensibles y atentas para que no nos sigan pasando por encima. Hay que entender que no es un proyecto, es un modelo de destrucción sistemática, ecocida y violento y que a medida que avanza nos va llevando puestos".

 

Soledad Barruti: «La idea es que la Argentina sea el criadero de nuevas pandemias»

Por Gastón Rodríguez
Septiembre 8, 2020

La periodista y escritora movilizó la resistencia contra el proyecto de Cancillería que busca instalar en el país megagranjas para la producción de carne porcina con el objetivo de abastecer al mercado chino. «Se generó un lucha colectiva que no podían pasar por alto», dice.

El 30 de agosto, unos minutos después de las nueve de la noche, la Cancillería anunció a través de su cuenta oficial de Twitter la incorporación de un artículo al Memorándum de Entendimiento con China “donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la biodiversidad” y justificó así la postergación de su firma hasta noviembre. Cuarenta días antes, la periodista y escritora Soledad Barruti había grabado un video rechazando el proyecto de “asociación estratégica” para producir en el país millones de toneladas de carne porcina con el objetivo de abastecer al gigante asiático. “Estamos a tiempo de frenar este acuerdo siniestro”, prometió. Más de dos millones de reproducciones en Instagram después, parece estar más cerca de cumplirlo.

“Cuando leí el comunicado de Cancillería me pareció espeluznante –recuerda–, así que me puse a buscar información en los medios y mientras lo hacía me llamó Maristella Svampa para invitarme a la escritura con Enrique Viale y Guillermo Folguera de una respuesta formal de oposición. Eso fue un domingo, y el video lo grabé el lunes a la mañana. Después todo sucedió muy rápido”.

–Muchos la señalan como la responsable de la postergación de la firma.

– Creo que en nuestro país existe una lucha colectiva ambiental que tiene muchísimo tiempo y que permitió encarar una afrenta tan grande. Justamente lo más interesante de la oposición al proyecto es lo diverso, lo multisectorial. Se metieron desde organizaciones territoriales hasta la academia. Hubo manifestaciones en Chaco, Tucumán, Formosa, todo el país se movilizó. Si no hubiera habido una voz tan masiva, el acuerdo hubiera avanzado con la efusividad de cualquier anuncio económico en donde se prometen inversiones.

¿Se puede hablar de un triunfo de esa lucha colectiva?

– Sin dudas. Se generó como algo irrefrenable, indisimulable, que no se podía pasar por alto, incluso también debió haber generado mucho ruido dentro del mismo gobierno. Pese a que la necesidad de inversiones y de dólares es obvia, no creo que en este momento todos dentro del gabinete estén de acuerdo en que asociarse con China es el camino. Tener a tanta gente en contra debe haber generado una necesidad de parar la firma. De todas formas, no creo que sea el sinónimo de que se termina este proyecto, pero sí de que hay una alerta muy grande en toda la sociedad y que no es gratuita ni siquiera para los funcionarios que con tanta felicidad lo comunicaron.

–Gran parte de la sociedad acompañó la oposición a este proyecto y lo mismo pasó con los incendios ¿Se puede hablar de una mayor concientización sobre los temas ambientales?

– La sociedad está más alerta y despierta, con más ganas de involucrarse, también más asustada porque lo que estamos atravesando es siniestro. Mientras estamos encerrados en nuestras casas, asustados por un virus que está matando cada vez a más gente, vemos que están quemando nuestro país y que lo están pasando por encima con topadoras. Encima se les ocurre un proyecto de traer y encerrar cien millones de chanchos que después resultaron ser nueve millones, pero la idea es que la Argentina sea el criadero de nuevas pandemias mientras tratamos de salir de la que estamos. Es todo tan demencial que me parece inevitable que haya cada vez más personas accionando, sensibles y atentas para que no nos sigan pasando por encima. Hay que entender que no es un proyecto, es un modelo de destrucción sistemática, ecocida y violento y que a medida que avanza nos va llevando puestos.

Una apuesta lejana

Barruti, autora de los libros “Malcomidos” y “Mala Leche” sabe que hay un sector del agronegocio “violento y tóxico como los campos que tienen” que están al acecho de alguna declaración suya para salir a hostigarla con furia. Esta vez, dice, fue a través de un periodista que manipuló la entrevista hasta convertirla “en la típica carnicería que hacen ellos”. Sin embargo, ella aclara que es parte de un “colectivo diverso, heterogéneo y no formal” en donde se reparten rápidamente las cargas. “Uno puede tomarse un descanso porque hay un montón de personas dispuestas a dar la misma batalla. Eso está buenísimo”.

Fue ese mismo grupo que esta semana expresó a través de un comunicado que “vemos con preocupación cómo desde Cancillería se avanza con total falta de transparencia y una constante manipulación, cuyo objetivo es confundir a la opinión pública y avanzar con el convenio, de espaldas a la sociedad”. Además, apuntó contra los funcionarios que “quieren actuar con una celeridad contraria a las acciones democráticas y de participación que venimos exigiendo”.

¿Cuál es su opinión sobre las actuales políticas públicas en materia ambiental?

– Creo que tenemos el mismo modelo agroabusivo desde hace muchísimos años. Me parece también que seguir poniendo personas que no están formadas para ocupar cargos como el del Ministerio de Ambiente, habla de la desidia con la que se toman este tipo de decisiones. Por más que sean personas con buena voluntad, no tienen formación alguna para temas ambientales y entonces terminan juntándose con empresas que reciclan botellas. Eso me parece tremendo.

– ¿Cree que no existe una real voluntad de ir hacia un modelo de producción más sustentable?

– Lamentablemente, todavía se sigue pensando que el único camino posible es el desarrollismo, el productivismo, el agronegocio, y eso no es real; todo está distorsionado y basado sobre un equívoco y sobre variables manipuladas para pensar que otro modelo no es posible. La única buena noticia que tuvimos este año fue la creación de la Dirección de Agroecología, que es algo poderoso porque por primera vez puede institucionalizar y legitimar al único modelo alternativo, real, concreto y con evidencia de sobra que demuestra que existe algo superador que se puede empezar a hacer mañana mismo para salir de este atolladero en el que estamos. Pero de abrir una dirección a hacer una apuesta política y económica alrededor de otro modelo de producción queda un largo trayecto. Ojalá lo asumieran y se empiecen a dar cuenta, pero los veo muy lejos.

Fuente original:
https://www.tiempoar.com.ar/nota/soledad-barruti-no-salimos-del-coronavirus-y-quieren-que-el-pais-sea-el-criadero-de-nuevas-pandemias

Fuente: Red Latina sin fronteras

En consecuencia, discutamos una creciente mayoría de les diverses de abajo sobre cómo salir de la catastrófica situación actual. La siguiente propuesta persiste en la concepción de desarrollo en vez de buenos vivires; de nacionalizaciones sin atender al complejo entramado externo e interno de grandes capitales locales e imperialistas que hace al funcionamiento de cada una de ellas; y de Estado nacional en vez de plurinacional. Pero también desconoce que el sistema de la deuda externa pública es esencial al progreso capitalista y al contubernio de negocios de los capitales y estados imperialistas con los locales.

 

Depredación ambiental y

primarización económica

para pagar a los bonistas y el FMI

14 de agosto de 2020

 

La explotación parasitaria de las riquezas del país por los pulpos imperialistas.

Por Martín Vacas Vignolo

El acuerdo del gobierno nacional con China para instalar granjas industriales de cerdos en nuestro país, para exportar luego la carne al país asiático, reavivó muchos debates acerca de la antinomia entre la preservación del ambiente y la salubridad de la población, de un lado, y el desarrollo económico, del otro. Para centrar esta discusión es necesario, primero, ubicar cuál es la orientación general de la política económica del gobierno de Alberto Fernández y ver a la luz de ello el agravamiento de la depredación ambiental que se ha acelerado en estos ocho meses.

Después de sellar el pacto colonial con los bonistas para arreglar el repago de la deuda externa, el presidente sostuvo que ahora lo que queda es «exportar todo lo que se pueda». De hecho, todo el relato de la «sustentabilidad» de la deuda -que es compartido con los funcionarios del FMI- parte de la premisa de que el desafío es «pagar la deuda con crecimiento», lo que quiere decir que el país podría generar los dólares necesarios para cumplir esa hipoteca. Incluso ha condicionado la reactivación de la industria a aquellas ramas que no demanden importaciones, en una confesión de que apuntan a una reprimarización de la economía nacional. Ese norte es lo que explica tanto las tratativas del acuerdo que harían del país una «factoría de cerdos para China», como la ofensiva para habilitar nuevos negocios de la megaminería contaminante, e incluso la carta blanca a la devastación de los terratenientes que incendian las islas del Delta del Paraná en Santa Fe y Entre Ríos.

De hecho, la proliferación de focos de incendio intencionales en el Litoral, generados por los terratenientes para trasladar a las islas la explotación ganadera y liberar tierras para los pooles de siembra de la soja y el maíz, se replicó en esos días en humedales de distintos puntos de la Ribera del Plata. La temporada de incendios también esta haciendo estragos en las sierras de Córdoba y de las reservas naturales de Ciudad Evita y Laferrere en La Matanza, obra de los especuladores del mercado inmobiliario. En la Región Chaqueña se han deforestado, desde el inicio de la cuarentena, alrededor de 30.000 hectáreas de bosques nativos. Todo ello no solo agrava las infecciones respiratorias en plena pandemia y destruye fauna y flora, sino que además recrudece el drama de las inundaciones por la impermeabilización de los suelos.

Detrás de ese avance de la frontera agropecuaria se encuentra la presión de terratenientes, los grandes pooles de siembra y las cámaras exportadoras, que aprovechan la necesidad de dólares del gobierno para reclamar exenciones impositivas y una devaluación en regla del peso. Esta misma presión logró que en abril se bajen los costos de importación de la Monoisopropilamina y la Dimetilamina, agroquímicos contaminantes utilizados para la producción de herbicidas. La exportación agrícola será la columna vertebral del «plan económico» para garantizar el repago de la deuda, junto con un ajuste en regla contra los trabajadores, todo lo cual será fijado y monitoreado por el FMI. Lo más grave es que la parte del león de este negocio se lo lleva un puñado de multinacionales exportadoras como Bunge y Cargill, mientras que los Bayer-Monsanto y Syngenta se quedan con otra parte de la renta agraria por la dependencia de los productores a sus semillas y paquetes tecnológicos. Es exactamente la antítesis de la soberanía alimentaria que esgrimía el gobierno antes de recular en la intervención de Vicentin, porque asocia los precios internos de los alimentos a la cotización internacional de las materias primas.

 

Lo mismo puede decirse del intento de habilitar jugosos negocios a los pulpos mineros. Para ello fue designado como secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, que había sido el empleado de la Barrick Gold en el gobierno sanjuanino y parte de los promotores del Acuerdo Federal Minero pactado por Macri y los gobernadores, que fijó las regalías en un insignificante 3% de la ganancia bruta de las mineras. Esto concitó el repudio del pueblo de Jáchal, que lucha desde hace años contra la incesante contaminación de los cursos de agua por los derrames de millones de litros de agua cianurada y otros químicos, producido por la Barrick en la mina Veladero.

 

Fue con este respaldo que la UCR y el PJ votaron en la Legislatura de Mendoza barrer con la ley 7722 que impide la explotación minera contaminante, que desató una verdadera rebelión provincial hasta que el gobierno de Rodolfo Suárez y la oposición no recularon y anularon la «ley cianuro». Pero ese traspié no detuvo el lobby, y en Chubut el gobierno del «albertista» Mariano Arcioni apadrinó un contrato millonario entre el empresario Elsztain y la canadiense Yamana Gold para extraer oro en la provincia, lo cual es un compromiso de remover la ley 5001 (que prohíbe la minería en la provincia), en pos de una zonificación que habilite también los históricos proyectos Suyai y Navidad en la meseta chubutense. Así como la pueblada de Esquel en 2003 arrancó la sanción de la ley 5001, ante este nuevo avance se puso en marcha la segunda Iniciativa Popular con la consigna «No Es No», que en poco más de un mes ha recogido un apoyo masivo.

 

La industria hidrocarburífera es otro punto sensible en la política económica de Alberto Fernández. Antes de su asunción, el presidente ponía sus fichas en los dólares que se proponía recaudar gracias a la exportación de petróleo y gas de Vaca Muerta. La caída de los precios internacionales ha puesto en cuestión la rentabilidad esa extracción no convencional de hidrocarburos, lo que derivó en una parálisis absoluta de las inversiones. Ahora preocupa al gobierno no ya lo que no recaudará, sino las divisas que se pueden fugar si se ve en la necesidad de importar combustibles en el próximo invierno.

Para revertirlo, el gobierno no solo prácticamente eliminó las retenciones a la exportación e instauró el barril criollo para subsidiar a las petroleras, sino que prepara un esquema de tarifazos y anunció una reforma laboral en YPF que así como intensificará la explotación de los obreros petroleros se traducirá en menores prevenciones ambientales en la extracción, cuando en los últimos cinco años fueron reportados más de 4.000 «accidentes ambientales».

 

De nuevo, quienes ganan aquí son los Chevron, la empresa yanqui beneficiada con un acuerdo leonino y secreto firmado por Cristina Kirchner en 2013. A la clase obrera, en cambio, le esperan despidos, una mayor precarización laboral (un esquema que se cobró ocho vidas obreras en los últimos dos años) y mayores precios de la nafta, la luz y el gas.

En semejante contexto, el «revalorizado» Ministerio de Ambiente, encabezado por Juan Cabandié, no puede más que estar pintado. Pero su función es reaccionaria, ya que desde principio de año ha emprendido una política de cooptación de las organizaciones ambientales. La mayoría, sin embargo, rechazó esa integración al Estado bajo el ala de un gobierno que perpetúa y hasta acelera la depredación de los recursos naturales. No se puede tapar el sol con la mano, Cabandié.

 

Desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero participamos e impulsamos cada lucha en defensa del ambiente y de las condiciones de vida de la población trabajadora. Lo hacemos planteando un programa de salida que se opone por el vértice a la explotación parasitaria de las riquezas del país por parte de pulpos imperialista, cuyo único fin es la recaudación de dólares… ¡para el pago de la deuda externa fraudulenta!

 

Llamamos a las organizaciones ambientales a convocar un plenario para pelear en común por la aprobación del proyecto de ley presentado por la diputada del FIT Romina Del Plá, que plantea la prohibición de todos los desmontes por dos años, entregando a las organizaciones defensoras del ambiente un poder de veto sobre las rezonificaciones que la Justicia determine para avalar la tala de bosques, y establece una recuperación de las áreas devastadas financiada por las empresas responsables.

 

Por la prohibición de las fumigaciones con agrotóxicos en zonas pobladas, y un poder de veto de las organizaciones ambientales sobre las fumigaciones en el ámbito rural.

Por la prohibición de la megaminería a cielo abierto y la nacionalización de los recursos naturales, para poner la producción bajo control obrero y dando poder de veto a las comunidades afectadas por los emprendimientos extractivos. La nacionalización obrera de la industria hidrocarburífera, además, permitiría armonizar las necesidades de abastecimiento de energía con la provisión de formas de generación limpias y renovables. Por el saneamiento de ríos y suelos contaminados, bajo supervisión de organizaciones ambientales y vecinos, a cargo de las empresas responsables; y el fin de la especulación inmobiliaria que devasta bosques y humedales.

Es un programa que debe ir de la mano del repudio de la deuda usuraria para romper con ese mecanismo de expoliación colonial del país, y la nacionalización del comercio exterior para invertir la riqueza en un plan de desarrollo social y nacional que ponga un punto final a la primarización y la depredación ambiental.

Fuente: https://prensaobrera.com/ambiente/depredacion-ambiental-y-primarizacion-economica-para-pagar-a-los-bonitas-y-el-fmi

 

 

Destaquemos el cinismo disfrazado de generosidad o preocupación que rige en la vigente democracia representativa del lucro burgués. Nos ofrece, leemos en Pág/12, nuevas alternativas sencillas de inversión: Para reemplazar la compra de dólares, el gabinete económico proyecta el lanzamiento de bonos de YPF, disponibles para un público masivo.

 

Examinemos, de mancomún entre les diverses de abajo, el desafío de esclarecernos y esclarecer las consecuencias catastróficas y genocidas del fracking: origina actividad sísmica y destrucción de comunidades al despojarles de la economía regional y de territorios. Destrucción de suelos al perforarlos  como si fuesen un queso gruyere; y de acuíferos  por atravesarlos y usar enormes volúmenes de agua en zonas semiáridas. Quita vida humana y no humana por amplia contaminación ambiental. Alta siniestralidad para les trabajadores súper explotades y redes de trata de mujeres para prostíbulos, redes de narcotráfico. La siguiente entrevista se refiere a otras consecuencias graves respecto a la emergencia social y al subdesarrollo del país.

En medio de la pandemia, el gobierno FF subsidia a las petroleras de modo directo e indirecto y el fomento de comprar bonos YPF vuelve cómplices de esos negocios criminales. La energía extrema o fracking  no es para obtener divisas destinadas a pago de deuda externa público sino para la continuidad de la acumulación gran capitalista a través de los otros extractivismos como el sistema de los agronegocios, las farmacéuticas, la mega minería, petroquímicas.. y extractivismos urbanos, turísticos, comerciales.

 

 

 

HIDROCARBUROS

Vaca Muerta: extractivismo,

desigualdad social

y política energética

14 de julio de 2019

Lorena Riffo es Becaria doctoral de Conicet y docente en la Licenciatura de Comunicación Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Investiga en torno a la expansión de la frontera hidrocarburífera no convencional, a partir de la explotación del megaproyecto Vaca Muerta.

 

Analía Robles

@revueltalmundo

La Izquierda Diario conversó con la investigadora Lorena Riffo sobre el plan productivo para la formación geológica Vaca Muerta en el presente y en los próximos años, donde no hay grieta ante el único objetivo de explotar la segunda reserva mundial de shale gas a como dé lugar.

En la entrevista Lorena Riffo habla sobre la relación entre el aumento de los ritmos de producción en la extracción de hidrocarburos con la desigualdad social y la flexibilización laboral.

En cuanto al plan energético y productivo para la explotación de Vaca Muerta, planteas que no hay grieta. ¿Por qué lo definís así?

 

Lorena Riffo: Sobre todo porque en los últimos años, se profundizó durante el gobierno de Macri, que se hable de una grieta, que hay una diferencia tangencial entre el gobierno actual y el gobierno anterior.

Y cuando empezás a analizar en particular en relación al tema de los hidrocarburos y a la energía basada en los combustibles fósiles, encontrás pocas diferencias, por lo menos en relación a sostener este sistema.

Las diferencias las podemos pensar, quizás, en cómo se piensa el desarrollo nacional, entre comillas, o cómo se piensa el uso de la energía. El gobierno de Macri sí tiene una tendencia más de usar la energía para exportar y en cambio el gobierno kirchnerista o ese arco peronista, lo que piensa es una idea de contribuir al desarrollo nacional, sea para las ensanmbladoras de Tierra del Fuego o para otros esquemas. El tema es que de ninguna manera, lo que se está discutiendo, es ese insumo energético básico para poder seguir manejando la rueda de la acumulación de capital. Es decir ninguno de los dos cuestiona eso como base.

Y cuando empezás a pensar en cómo se usó la energía durante el gobierno kirchnerista, hacia dónde estaba destinada principalmente, no hacia el desarrollo industrial como lo podríamos pensar en esto del agregado de valor, de producción de manufacturas y demás, sino que estaba pensado para otras actividades extractivas. Extraés energía para favorecer a la extracción de otros elementos, sea minería, sea soja, y seguís fortaleciendo con el insumo energético, un modelo que se basa en la extracción y solidificando el esquema de la desigualdad estructural y la división internacional del trabajo. Donde hay países que aportan bienes primarios y otros países que aportan la industrialización de esos bienes.

En ningún caso se discute lo de fondo que es, ¿por qué la energía y para qué queremos ese tipo de energía? y ¿para qué vamos a profundizar una extracción indiscriminada, basada en la desigualdad estructural en los territorios en los que se extrae? Eso significa que mucha gente que está cerca de los lugares de extracción, no tienen esos beneficios que brindaría la energía fósil, como el gas en sus casas, sin embargo están al lado de los pozos. Y eso no está en cuestión, ni en el caso de Cambiemos ni en el PJ.

 

Varios especialistas analizan que con el convenio flexibilizador, conocido como la adenda petrolera, hubo un aumento de las muertes obreras. ¿Qué relación creés que existe entre los ritmos de producción y lo que está ocurriendo con el aumento de muertes obreras en Vaca Muerta?

LR: Creo que esto pasa en todos los aspectos industriales, hoy lo estamos viendo mucho más cercano el problema por el ritmo que está adquiriendo la zona de Vaca Muerta.

Cuando recién empezamos a pensar y a militar, porque yo un poco me acerco desde las dos vías al tema, allá por 2012 teníamos algunas hipótesis de lo que iba a pasar y hoy se comprueban muchas de las cosas que pensábamos en aquel momento.

Esa aceleración productiva lo que lleva es, por una parte, a un desprestigio de la vida humana, entonces, así como se desprestigia la vida de la naturaleza, en términos generales, también la vida humana empieza a ser un recurso más y ese recurso es fácilmente cambiable.

Entonces, ¿por qué vas a sostener o a tener un esquema de seguridad, que implique un sostenimiento en la defensa de la vida humana desde otro lugar, si en realidad sos un instrumento más? Tenés cuatro camiones, diez personas y todo eso es considerado recurso.

La lógica es esa, y eso se repite sin diferencias, en la empresa que se supone de capitales nacionales, que podría tener otro esquema, porque está el Estado interviniendo ahí, y tampoco pasa.

Por una cuestión de rentabilidad dicen es imposible que vos saques a las personas de los trailers y las lleves a donde sea que las lleves, porque el costo en traslado, hoteles, etcétera, es un costo que jamás van a asumir las empresas, porque no es redituable. Una cuestión central es que la explotación no convencional es más cara que la de convencional. La explotación de hidrocarburos no convencionales necesita más herramientas, más insumos y tecnología que la hacen más cara, entonces aparece la adenda como la forma de resolver eso. ¿De dónde se puede sacar mayor rentabilidad? esto lo dijo Marx en El Capital, es de la fuerza de trabajo humana, que es la que puede producir más tiempo, puede extraer en más tiempo ayudada por la tecnología, que también fue en su momento trabajo humano subsumido ahora en esa máquina. Entonces el humano deja de tener la figura en sí mismo de una persona y pasa a ser meramente esto, un instrumento más dentro de la herramienta.

 

Mientras aumentan los ritmos de producción aumenta la desigualdad social en Vaca Muerta...

LR: La estructura de los hidrocarburos es esa desigualdad de donde se produce la energía y desde donde se consume, eso es histórico, no es nuevo, pero lo que hace Vaca Muerta, es profundizar ese esquema. Cuando la AIE (Agencia de Energía de Estados Unidos) dice que acá existe efectivamente la segunda reserva de shale gas de mundo, lo que de alguna manera estructura es esa desigualdad territorial, porque va a seguir produciéndose energía en Neuquén y la energía se va a seguir yendo a otros lugares del país y del mundo.

Eso a su vez sigue sosteniendo que termina siendo más barato, entre comillas, para el desarrollo del Estado y para las empresas inyectar el gas en los gasoductos, inyectar el petróleo en los oleoductos que hacer el proceso de accesibilidad del gas a todas las personas que están a la orilla de los yacimientos.

Entonces a la orilla de los yacimientos vos tenés un montón de gente que no tiene gas de red. Y vos decís pero cómo si están a 500 metros de sus casas. Entonces eso que se supone y te lo muestran como el gran desarrollo, también hay que ponerlo y situarlo en el lugar en el que se está produciendo, justamente porque la gente que vive en otros lugares, no sabe que la gente que está al lado de los pozos no tiene gas.

Estructurar e iniciar la extracción de no convencionales en esa zona tiene esa impronta, de que ya es una zona que garantiza ese esquema de extracción, a diferencia de cuando se empezaron las exploraciones en la cuenca Chaco paranaense, en la zona de la Mesopotamia, que la gente se levantó y hoy tenemos todo Entre Ríos libre de fracking. ¿Por qué acá no se logró eso a ese nivel y hay solamente algunos pueblos que consiguen algunas ordenanzas? Porque en realidad, el petróleo ya está instalado y naturalizado en el imaginario social como actividad que permite el desarrollo, que permite los puestos de trabajo, que es un discurso centenario porque hay extracción de hidrocarburos en Neuquén desde antes que fuera provincia del Estado, cuando aún era territorio nacional.

Entonces toda esta memoria colectiva que vamos acumulando hace posible eso. De hecho hacer bandera con la YPF S.A como si fuera YPF Sociedad del Estado, también tiene que ver con eso, porque activa un recuerdo histórico de la importancia de la YPF Sociedad del Estado. Yo tengo a mi papá y mi abuelo paterno que son ex ypefianos, entonces utilizar esto activa algo en la memoria colectiva, que dice bueno vamos a volver a ser la empresa bandera del país y un montón de cosas positivas, y de alguna manera nos hace pensar que podemos volver atrás de los años 90’, cuando lo único que pasa es que se vuelve a una empresa con la lógica capitalista de hoy, que es esa búsqueda incesante de acumulación, mucho más en base al capital financiero que al capital productivo.

De todas maneras, yo creo que la memoria histórica de las resistencias y de las luchas, a partir de hechos claves, como fueron las puebladas en Cutral Có y los recuerdos de lo que deja el petróleo, cuando de repente ya no empieza a ser el negocio y las empresas se van. Y también la intromisión de los capitales extranjeros en la extracción de hidrocarburos, todo eso me parece que va dejando enseñanzas, que también vamos tomando en esta complejidad histórica. Los estudios que se han hecho a las comunidades mapuche, sobre todo cercanas a los yacimientos, que con la intromisión del capital extranjero, lo que hace es que un ritmo de producción acelerado que en ese momento pasó lo mismo porque ya estaban hechas las exploraciones por YPF. Los estudios que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Kaxipayiñ y Paynemil a fines de los 90’, es algo que nos queda, porque ahí tenemos evidencias claras de las consecuencias de la contaminación ambiental en la salud de las personas.

El nacimiento de fetos anencefálicos, problemas en la gestación, metales pesados en los huesos y en la sangre, casos de cáncer, y al mismo tiempo la contaminación del agua que hace que todas esas enfermedades, que además se van generando por vivir cerca del yacimiento, no haya chances de poder mejorar, a menos de que te cambies de lugar de habilitabilidad.

Eso es bastante difícil porque a todo este esquema se suma esa desigualdad territorial, donde ya no tenés derecho a vivir donde está tu territorio, donde han vivido todos tus ancestros en el caso de las poblaciones indígenas.

 

¿Qué nos podés decir sobre el plan productivo para Vaca Muerta en los próximos cuatro años?

LR: Pensar en que hoy las dos figuras candidateables con expectativas de ganar, ninguna de las dos está poniendo en discusión el plan de Vaca Muerta. El plan de expansión de los hidrocarburos no convencionales en la región, cuando esto empezó, pensamos en Vaca Muerta como esa formación geológica, que es la segunda reserva de shale gas mundial, pero hoy Vaca Muerta es mucho más que eso.

Digamos que cualquier explotación que se perfore, en las formaciones geológicas, se habla, se conoce y se ilustra con la denominación de Vaca Muerta, entonces hoy Vaca Muerta es tight gas, es shale gas, no importa, es todo bajo el mismo mote. Y eso también lleva a que la planificación pública vaya en ese mismo sentido, por eso los encuentros de planificación que se han hecho interprovinciales entre las provincias que tendrían acceso a Vaca Muerta de una forma u otra, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, sobre todo por el sur de Buenos Aires y el puerto, las refinerias, etcétera, cuando hacen todo un desarrollo poblacional y hablan de la región Vaca Muerta para pensar ese desarrollo, están pensando en una ampliación de cantidad de personas viviendo en la región, que cuadruplica la cantidad de personas que actualmente vivimos en la región, algo que llevaría a un número exagerado. Sobre todo para pensar en cómo se va a estructurar la vida pública en esas zonas, porque si viene esa cantidad de gente hay que pensar en rutas, en infraestructura, en cómo va a vivir la gente, circular, etcétera.

Si hoy somos menos de un cuarto de la población que se espera con el desarrollo de Vaca Muerta. Las escuelas, los hospitales, donde viviría la gente, infraestructura básica para las ciudades, cloacas, abastecimiento de agua, servicios básicos, etcétera, hay un planteo que no contempla todo esto. Va a venir este crecimiento poblacional y no hay mínima planificación.

En el 2013 explota Vaca Muerta con el pacto Chevrón-YPF el primer acuerdo internacional, para expandir todo este avance de los no convencionales y se comienza en todo el país a comprar esa idea de que acá estaba el desarrollo, que acá había laburo, que había plata.

Entonces se viene a vivir mucha gente, en condiciones deplorables, donde no tienen ni casa, llegan a una provincia en función de ese imaginario que circuló de bonanza, que no es tal.

El Estado no se hace cargo de garantizar servicios básicos. Hoy estamos viendo gente viviendo en la calle, que era algo que en Neuquén no estaba tan extendido, hasta hace poco tiempo, y que no tiene que ver sólo con la crisis. Tiene que ver por un lado con la crisis, pero por otro con esta imagen que se vendió de Neuquén, que no satisface ni las necesidades mínimas de las personas que vienen con el objetivo de búsqueda laboral en la zona.

El proyecto para Vaca Muerta es seguir extrayendo y seguir incorporando tecnología para poder extraer cada vez más, a más corto plazo y con más posibilidades de acumulación, que es un esquema atado a la variación del precio, por lo menos en el caso del barril de petróleo. Lo grave de todo esto es justamente que quedamos a merced de lo que pasa en el mercado internacional, entonces cuando se habla de soberanía energética entre comillas, de qué estamos hablando si en el fondo vos quedás a merced de lo que imponga el mercado internacional.

De acá a cuatro años en el mercado internacional pueden pasar mil cosas, y de alguna manera, tener la economía atada a eso, lo que hace es que toda la población esté condicionada por esto. Neuquén ha cerrado en los últimos dos años las mejores paritarias del empleo público y eso se ha logrado porque las regalías ingresan a la provincia en dólares y el dólar se disparó. Es algo que no puede hacer el resto de las provincias del país, como Neuquén puede hacer esto en este contexto, en el futuro los saltos o turbulencias en la crisis internacional, donde primero va a golpear es en nuestra provincia. Dependemos absolutamente del mercado internacional.

La disputa de la OPEP, por ejemplo, que es una disputa de la que no participamos, en esta zona hay una creencia muy fuerte de que somos un país productor, porque en realidad quienes están en la OPEP son países que tienen unas reservas extraordinarias, muchísimo más grandes que las que pudiéramos tener.

 

Vaca Muerta es una reserva que aún siendo muy importante, sirve para el abastecimiento del país, lo básico, no abastece regiones enteras. En cambio hay países que tienen tantas reservas que sirven para el abastecimiento del mundo.

Argentina sigue estructurada en el modelo agroexportador que nos enseñaban en la primaria, cómo se configura el modelo agroexportador a fines del siglo XIX principios del siglo XX , ese sigue siendo hoy el modelo productivo de nuestro país.

Cambiaron los cultivos al monocultivo, pero esa es la estructura principal del país, centralmente agraria y con algún pequeño agregado de valor en esa cadena productiva, después todo el resto son cosas que tienen más que ver con el abastecimiento interno del país que con otra cosa.

 

Hay que pensar el insumo energético en función de qué intereses y para qué usos, ahí aparece el problema de la extracción, que se extrae para entregarlo, para que se construyan nuevos elementos y se extraigan otros nuevos, así funciona el modelo extractivo. Después un esquema donde el petróleo se reduce a ser el insumo energético para algo más, pero no es la actividad central.

Entonces si pensamos de acá a cuatro años lo que nos toca pensar es que vamos a seguir a merced de lo que pase en el mercado internacional, y la guerra comercial centralmente, entre E.E.U.U. y China, en el fondo está atravesada en parte por toda la cuestión del insumo energético, porque es básico.

Lo que pudo permitir el combustible fósil cuando se descubre, es esa capacidad inusitada de acumulación, que no lo había podido hacer ningún otro combustible antes, y de a poco estamos llegando a límites, donde cada vez es más difícil acceder a ese recurso para seguir garantizando ese tipo de acumulación en términos financieros y productivos del petróleo, por funcionar como commodity.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Vaca-Muerta-extractivismo-desigualdad-social-y-politica-energetica

 

 Alternativas emancipatorias

 

Hallamos caminos hacia alternativas emancipatorias en las asambleas socioambientales y en las recuperaciones de territorios por comunidades mapuche ya que enfrentan al contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales.

 

Chubut no se vende: el 98,1 % de la provincia

no quiere minería metalífera según una encuesta

9 de junio de 2020

 

El pasado 4 de junio la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, presentó los resultados de la encuesta “El encierro y el Hambre No nos Callan”. La misma consultó la opinión de los pobladores acerca de la explotación minera metalífera en la provincia, siendo su resultado una reafirmación del No es No, ya que el 98,1 % de los 4873 encuestados manifestó estar en contra de la explotación minera metalífera por los daños que ésta conlleva al territorio, sumado a la necesidad de proteger el futuro de las generaciones venideras.

 

Por Violeta Glenis para ANred.

Mientras la Asamblea de Madryn presentaba los números de la encuesta, se realizaron asambleas y marchas en Lago Puelo, el Hoyo, Esquel, Gan Gan, Chacay Oeste, Gaiman y Rawson, refirmando la defensa del Agua y de los Territorios para el Buen Vivir.

Paralelamente se planteó el rechazo al proyecto de Reestructuración de Deuda, que posiblemente se tratará el martes 9 del corriente en la Legislatura Provincial, el mismo propone utilizar los bienes comunes de la provincia como garantía de pago, hipotecando el presente y el futuro para saldar deudas de las sucesivas administraciones corruptas de Chubut.

“La población elige alternativas productivas sostenibles”, comenta un vecino, consiente de los impactos en Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, donde la actividad minera destruyó el progreso y la vida misma de poblaciones, que hoy se encuentran empobrecidas, contaminadas y dependientes de los susbsidios del estado para sobrevivir.

Santa Cruz es el ejemplo Patagónico, donde las mineras siguen contaminando los acuíferos,dejando a la población sin agua y enfermedades cancerígenas; en el 2012 un informe instala a Santa Cruz con el mayor índice de muerte por cáncer, siendo una de las posibles causas la contaminación del agua que beben los santacruceños, tema denunciado por la Asamblea Ambiental(1) , e ignorado por el gobierno y las mineras.

Asimismo, el año pasado, Patagonia Gold, dejo sin trabajo a 190 obreros, y un pasivo ambiental irremediable cuando abandonó el yacimiento cercano a la ciudad de Perito Moreno. El mismo trato tuvieron los 1000 trabajadores del yacimiento de Cerro Vanguardia, de la minera sudafricana Anglo Gold Ashanti(2) , que el 2019 anunció su retiro para ir a invertir a Colombia. Esta multinacional minera extrae oro y plata en sociedad con el estado santacruceño Fomicruz S.E. que se ha convertido en un socio secundario con el 7,5%, mientras que la minera controla el 92,7 % en la participación del yacimiento. La destrucción del suelo, el aire y los acuíferos es el pasivo que deja la Anglo Gold Ashanti después de 20 años de extractivismo, con resultados fatales en la vida de la población que se ven a simple vista.

Como bien marcara un asambleísta de Esquel: “!Por favor! Estemos atentos, debemos defender nuestras montañas de les grandes capitalistas, financistas y grupos poderosos, a quienes solo les mueve el dinero y la fortuna, vienen por ellas, no alcanza sólo con palabras, la minera traerá a nuestro pueblo la destrucción y consecuente muerte de la flora y fauna, ¡el agua siempre valdrá más que el oro!, acompañemos la lucha con acción, respetuosa, humilde y generosa, pero con firmeza. ¡Guantes de seda, mano de Hierro! No a la Mina”.

1 Diario Tiempo de Santa Cruz, Santa Cruz entre la provincias con mayor índice de mortalidad por cáncer, 15/7/2012 …el agua que consumimos del río Gallegos trae los desechos tóxicos de la mina de Río Turbio que se incrementarán enormemente con la megausina, los diques de colas de las mineras no tienen ningún control del estado, no se elimina el arsénico en el agua de Puerto Deseado y Tellier, los niveles de manganeso en la Cuenca Minera son elevadísimos.

2 Opi Santa Cruz, Lo que las mineras nos dejan: AngloGold Ashanti abandonó el yacimiento Cerro Vanguardia. 7/3/10

Fuente: https://www.anred.org/2020/06/09/chubut-no-se-vende-el-981-de-la-provincia-no-quiere-mineria-metalifera-segun-una-encuesta/

 

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Chubut: “el único proyecto que le interesa

al gobierno es la megaminería”

23 de marzo de 2020

 

A 17 años del histórico plebiscito de la ciudad de Esquel donde se impuso el “NO a la megaminería”, compartimos una entrevista a Nina, una de las protagonistas de aquellas asambleas que hicieron frente a las grandes empresas internacionales. En estos diecisiete años la amenaza de las corporaciones megamineras siempre estuvo y los vecinos de Chubut saben que la pelea por el agua y el medio ambiente continúa.

 

Por ANRed

ANRed: ¿Cómo fue tu acercamiento a las asambleas vecinales contra la megaminería en la provincia?

Nina: Vine en el ‘99 y, luego de dos años de disfrutar el lugar y la libertad que no tenía en Buenos Aires, empezamos a ver las camionetas de la minera que estaban dando vuelta. Era la Yamana Gold y después la Barrick. Las colegas de la escuela y todo el mundo me decían que me anotara en la minera porque pagaban bien.

Un día en el Canal de televisión de Esquel, Marta Sahores y Silvia González Román, profesoras de bioquímica y bióloga de la universidad, mostraron en directo cómo iban a sacar el oro con una cafetera de filtro. El agua hirviendo que se echa representaba el agua cianurada que se le echaba al café que vendría a ser la roca molida y todo lo que quedaba abajo era agua con cianuro que la empresa iba a desechar arriba en la montaña, en un tajo del tamaño de cinco canchas de fútbol. El lugar además es sísmico, nieva y hay viento, lo que esparciría los metales pesados por todo el lugar.

Ese es el proyecto del cordón de Esquel, es una montaña que tiene tres picos que se ven desde el centro y ahí es donde iban a demoler. No podíamos permitir que demolieran esa montaña y comenzamos a juntarnos en asambleas de 600 o 700 personas en el centro, en un ejercicio asambleario divino porque aprendimos a escucharnos y que cada uno hable lo que tenía para decir. Armamos comisiones para organizarnos y empezamos a producir información, armamos una cartilla que se llamaba “vecinos informan a vecinos” y se la entregamos en mano a la gente para que se entere cómo iban a sacar el oro y las consecuencias de la megaminería y que en lo económico no significaría mucho para la provincia.

ANRed: Ése es un slogan de siempre, que la megaminería va a balancear las cuentas de la provincia…

Nina: Y que vamos a tener plata para gastar en lo que queramos y es mentira. No es una realidad que da trabajo a tanta gente y tampoco tendríamos el dinero para los sueldos que merecemos. Después de las asambleas, el 4 de diciembre del 2002, se iba a presentar la audiencia pública y nosotros les hicimos una marcha de cinco cuadras. Entonces quedamos en que todos los cuatro marchamos por la suspensión de la audiencia pública para demostrar que no hay licencia social. De ahí fuimos al concejo deliberante y presionamos a los concejales para que votaran una serie de ordenanzas, una de las cuales determinaba que en el ejido no se podía transitar más con sustancias tóxicas. Con eso ya teníamos el plebiscito y nos quedaba el mes de enero y febrero para hacer la campaña casa por casa y en el mes de marzo se votó.

Éramos alrededor de cien personas trabajando para informar a la gente de lo que se estaba haciendo. El plebiscito se ganó por el 81%. Ese año se presenta una ley en la legislatura para prohibir la megaminería que es la 5001, pero le dejaron un artículo que decía que a los 120 días tenían que reglamentar la zonificación y nunca lo hicieron. Nunca se lo dejamos porque hubo movilización.

ANRed: ¿Lo de la zonificación minera lo quieren retomar para modificar la 5001? Es uno de los recursos que se supone que quieren usar.

Nina: Esa es una de las posibilidades, porque todavía no se sabe lo que quieren hacer. El proyecto que tiene la zonificación es de terror porque es casi el 70% de la provincia, que nos quedaría como un queso gruyere porque hay que 300 o 500 cateos hechos para sacar plata, plomo, uranio, entre otros metales. Y después van a venir por el oro de Esquel.

Después de eso, en 2012, hicimos un foro de actividades productivas alternativo al que iba a realizar el gobierno, una radio comunitaria (radio Kalewche) consiguió fondos para pagarle los pasajes a personas que vinieron de todo el país, de Santiago del Estero con alcaparras, de Santa Fe con el reciclado de la basura, también el mercado de la estepa con lo que tiene que ver de la lana de Guanaco, entre otros proyectos productivos y sustentables. El gobierno no nos dio bolilla. Al gobierno no le interesan los proyectos productivos sustentables. En estos 17 años no se consideró ni un proyecto productivo, está proyectado el parque industrial pero no se activa y eso es lo más triste. El único proyecto que le interesa al gobierno es la megaminería.

La empresa Futaleufú, creada para dar electricidad a Aluar, que está en Puerto Madryn enfila las torres que salen de acá y en la meseta no bajaron una línea de electricidad para los pueblitos que están con generador de gasoil. Nunca le dieron bolilla a la meseta. A medida que pasan los días la gente va tomando confianza para expresar lo que sienten porque muchos tienen miedo, son lugares chiquitos y los tienen identificados.

En 2014 tuvimos la iniciativa de hacer una ley por iniciativa popular que prohíbe definitivamente la megaminería y las sustancias tóxicas, el uranio, el torio. Para eso la Constitución de Chubut dice que el pueblo puede presentar una ley por iniciativa popular con la firma del 3% del padrón, juntamos trece mil firmas que llevamos a la junta electoral. En la iniciativa estaban todas las sustancias tóxicas, pero no agregamos el petróleo para no entrar en conflicto con los petroleros. El último día de los seis meses de plazo, el 25 de noviembre de 2014, trataron el proyecto pero en vez de aprobar el texto del proyecto aprobaron todo lo contrario.

Los legisladores recibían mensajes de la minera, un fotógrafo le tomó la foto al momento en que un legislador recibía mensaje de la minera. Aprobaron entonces un proyecto que no tenía nada que ver con lo que nosotros habíamos presentado y que habilitaba la megaminería, no la prohibía. Escuchabas las argumentaciones de cada legislador y parecían que iban a ir a favor de la iniciativa y después votaron todos en contra. Los tres diputados de la cordillera votaron en contra, ¡el escrache que le hicimos a los tres diputados!. Fuimos a la casa de cada uno, una marcha de cinco cuadras, a la casa de cada uno de los tres diputados que era la ex esposa del ex intendente de acá Elba Huiluber Cisneros y Trota, a los tres los escrachamos.

Había gente en silla de ruedas en la marcha, no sabés lo que fue, la indignación que teníamos. Habíamos elegido este lugar para vivir, y no quería que lo cambiaran. Yo tengo un grupo de caminatas, y vamos por los senderos, los arroyitos y las flores silvestres. ¡Esto no lo pueden destruir! Porque aparte en la Hoya se dice que hay oro. Es la maldición de tener el recurso.

ANRed: ¿Como convencés a gente que sólo piensan en el dinero de esta belleza, y de lo importante de cuidarla? También está el tema del turismo, que es un montón de dinero que ingresa que van a dejar de ganar si están los proyectos mineros.

Nina: Si la minera se instala destruye las otras industrias, todas, no queda nada. No pueden coexistir, ése es el tema. Ellos muestran un video que Viviana Moreno, (una compañera de la asamblea) utiliza en sus charlas usando ese video de presentación del proyecto navidad, de la minera, y que dice que vamos a cuidar los pueblos originarios que vamos a cuidar el agua, que vamos a remediar cuando ya nos vayamos… y te muestran todo con pastito. ¡Es mentira! Lo de los pueblos originarios sobre todo porque trasladaron un cementerio mapuche de un lugar a otro porque estaba en el medio del proyecto , ¿qué cultura de los originarios van a respetar? Nada.

Fuente: https://www.anred.org/2020/03/23/chubut-el-unico-proyecto-que-le-interesa-al-gobierno-es-la-megamineria/

 

 

Nos enseñan, las asambleas de Chubut, a todes de Argentina cómo ir construyendo nuestra democracia real y efectiva desde ya. Es el único poder nuestro para expulsar definitivamente a los extractivismos o  modelos capitalistas de saqueo y envenenamientos.

 

 

Comunicado de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCH)

Lunes 14 de septiembre de 2020 – 10:30 horas – COMUNICADO OFICIAL

 

CONVOCATORIA URGENTE: 


¿Mineras o verdadera democracia?
 

14 de septiembre de 2020


 
La prensa anticipa que en los próximos días, el gobierno de Chubut intentará sortear la Ley provincial N° 5001 (actualmente denominada Ley XVII - Nº 68), que prohíbe la minería a cielo abierto y utilización de cianuro, para avanzar en la habilitación del proyecto de plata, plomo y cobre (entre otros minerales y tierras raras), llamado “Navidad”. Desde las Asambleas chubutenses alertamos hace tiempo que se utilizaría la grave crisis económica de la provincia para legalizar la megaminería. En los últimos meses venimos organizándonos en cada pueblo, ciudad o paraje, alrededor de una herramienta constitucional para el ejercicio de una democracia más participativa: la Iniciativa Popular. Exigimos respeto por las herramientas con las que el pueblo de Chubut se está expresando.

 

Proyecto Navidad es inviable por galería

En el reporte “Navidad Project”, realizado por la minera canadiense para sus inversores extranjeros, reconocen que la explotación se hará de manera convencional “a cielo abierto” y en informes previos señalan el avance de los inmensos tajos a cielo abierto, de varios kilómetros de extensión, de las escombreras y lagunas tóxicas. Cualquier otra versión, “por galería” y “sin cianuro”, será un engaño discursivo para eludir la ley y dejar entrar a la minera canadiense Pan American Silver. Y más tarde, a todas las demás. Chubut está en riesgo. 

Proyecto Navidad es clandestino 

Nunca se realizó consulta previa al mundo indígena (Convenio Nº 169 de la OIT). Nunca se hizo Estudio de Impacto Ambiental con Audiencia Pública (Ley Nacional N° 25.675 y Ley XI - Nº 35 (Antes Ley N° 5439, Código Ambiental de la Provincia del Chubut). 

Queda claro que hasta tanto no se dé el consentimiento libre, previo e informado del mundo indígena por el sí, ni se apruebe el Estudio de Impacto Ambiental elaborado en conjunto con el mundo indígena, previa Audiencia Pública, toda actividad minera es considerada clandestina (ver Caso Villivar, Silvana Noemí c/ Provincia del Chubut y otros).

El Decreto Provincial N° 185/2009 es inconstitucional, porque no puede modificar Tratados o Leyes, creando figuras paralelas no previstas por la Ley y por tanto prohibidas, que garantizan el ocultamiento de la información que debe ser pública, como la difusión en internet de simplificados informes de impacto ambiental seguidos de "consultas públicas" por internet.

Mineras o democracia 

El gobernador Arcioni, siguiendo los lineamientos del gobierno nacional de profundizar la política extactivista de saqueo y contaminación, mostrará sus cartas y aprovechará la pandemia para permitir la minería a cielo abierto, rechazada por la comunidad de Chubut. 

Por lo expuesto:


Nos declaramos en estado de ALERTA TOTAL y MOVILIZACIÓN PERMANENTE y responsabilizamos al gobierno provincial, y a cada uno de los/as legisladores/as, por las consecuencias de llevar a la población a un estado de zozobra general en tan difícil momento.


Convocamos a la comunidad, en cada pueblo y ciudad de Chubut, a expresar su repudio de la manera que considere apropiada, conformando asambleas abiertas a la manera de cabildos en defensa del agua y del futuro de toda la población, con reuniones semanales en espacios al aire libre, distanciamiento social y protección, cuidando la salud de todxs. Para profundizar de esta manera los caminos hacia una democracia donde todos/as seamos partícipes de las decisiones comunitarias.


Alertamos que no aceptaremos que intenten falsear la Iniciativa Popular en marcha, uno de los procesos democráticos ciudadanos más importantes que se conozca en la historia reciente de la provincia del Chubut. No aceptaremos una estafa como la de 2014.


Reiteramos, que cualquiera sea el marco legal que se quiera aplicar, exigiremos la prohibición absoluta de la megaminería, por lixiviación o flotación, y la utilización de cianuros, ácido sulfúrico, xantatos, y cualquier otro reactivo toxico, peligroso o susceptible de serlo, que se use en la actividad extractiva.


Ratificamos, una vez más, que el agua subterránea del acuífero Sacanana es un bien común no renovable, no es un producto mercantil, es el alimento natural de cada uno de nuestros cuerpos. En cambio, hay múltiples proyectos para desarrollar en la meseta, pensados desde las propias comunidades. Se trata de propuestas de desarrollo local económicamente factibles,

ecológicamente apropiadas, socialmente justas y culturalmente respetuosas, equitativas y sin discriminación.
 

Finalmente, decimos que llegó la hora de estar presentes en las calles. Las imponentes movilizaciones del año pasado en Mendoza nos señalan el camino.


 

¡Otro futuro productivo y con trabajo para tod@s es posible!


 

No te quedes al margen. Participá, sumate y convocá.
 

Fuente: https://www.anred.org/comunicado/comunicado-de-la-uacch-mineras-o-verdadera-democracia/

 

En consecuencia, es hora de generalizar la percepción (conciencia y posicionamiento) respecto de que está instalada la confrontación de les avasallades en todos sus derechos con les expoliadores. En efecto: la ampliación de la frontera extractivista intensificó las resistencias protagonizadas por organizaciones de poblaciones afectadas y movimientos socioambientales, por el otro lado, fuerzas políticas y gobiernos sostuvieron a rajatabla ese modelo de crecimiento. En especial, los gobiernos progresistas defendieron sus políticas extractivistas presentándolas como condición necesaria para “la superación de la pobreza” y la “inclusión social” de los sectores sociales históricamente marginados. La concepción ideológica de que había que optar entre la “preservación del medioambiente” o la “superación de la pobreza” fue rearticulada en este nuevo escenario como clave de bóveda de las disputas políticas. Un argumento, en realidad, neoliberal (la primacía del crecimiento económico, resolverá, a largo plazo, los problemas sociales y ecológicos) fue férreamente asumido por los gobiernos de la región, incluso aquellos que se reivindicaban como “postneoliberales” y/o “de izquierda”.

 

Extractivismo minero y

fractura sociometabólica

 

El caso de Minera Alumbrera Ltd., a veinte años de explotación

RevIISE | Vol 10 Año 10 - octubre 2017 - marzo 2018. Argentina.pp. 273-286 www.reviise.unsj.edu.ar

 

Por Horacio Machado Aráoz y Leonardo Javier Rossi

 

A modo de introducción

Las problemáticas ecológicas como fuente de conflictividad social y movilización política, se han constituido como un rasgo característico y cada vez más relevante del capitalismo tardío, en particular, desde la crisis del régimen de acumulación de posguerra en adelante. El drástico proceso de reconfiguración neocolonial del mundo operado a través de la globalización neoliberal y la intensificación de las modalidades de acumulación por despojo (Harvey, 2004) ha repercutido de manera agravada en la geografía económica y política latinoamericana, cuya riqueza en recursos naturales ha pasado a ser un factor indispensable para los proyectos interesados en “sostener” la tasa de crecimiento de la economía mundial. Un caso emblemático de este fenómeno lo constituye la abrupta expansión de la minería transnacional a gran escala en América Latina en general y en Argentina en particular, a partir de las reformas impulsadas por el Banco Mundial en los años 90. Instauradas por gobiernos neoliberales, el apoyo explícito del Estado a la expansión de la minería transnacional se ha sostenido férreamente en las décadas siguientes, aún en los países que experimentaron significativos cambios de gobierno, con el arribo de fuerzas progresistas y/o de centroizquierda al poder estatal.

 

En la primera década del nuevo milenio la región asistió a un fuerte ciclo de crecimiento económico de la mano de la aceleración de la exportación de materias primas, en un contexto donde la demanda china mantuvo los precios en alza. Ese contexto signó un derrotero de cambio radical en la matriz productiva y socioterritorial en la región, caracterizada por una ruta de reprimarización, concentración, y extranjerización de sus economías. Paradójicamente, el proceso de reversión de las políticas de ajuste de los 90 y de mejoramiento relativo de los indicadores socioeconómicos que experimentaron amplios sectores sociales, en el marco de la primera década del siglo XXI en la región, ha estado estructural y materialmente sustentado en el fuerte dinamismo de las exportaciones de materias primas, fenómeno que -como ha sido analizado- significó la recreación y el rediseño de las modalidades históricas de la dependencia estructural y la inserción subordinada de la economía regional, ahora articulada a la voracidad industrial de China (Machado Aráoz, 2015b). Los debates y conflictos sociopolíticos emergentes en este escenario parecieron intensificar el aparente antagonismo entre “sociedad” y  “naturaleza”.

 

Más específicamente, mientras que la ampliación de la frontera extractivista intensificó las resistencias protagonizadas por organizaciones de poblaciones afectadas y movimientos socioambientales, por el otro lado, fuerzas políticas y gobiernos sostuvieron a rajatabla ese modelo de crecimiento. En especial, los gobiernos progresistas defendieron sus políticas extractivistas presentándolas como condición necesaria para “la superación de la pobreza” y la “inclusión social” de los sectores sociales históricamente marginados. La concepción ideológica de que había que optar entre la “preservación del medioambiente” o la “superación de la pobreza” fue rearticulada en este nuevo escenario como clave de bóveda de las disputas políticas1 . Un argumento, en realidad, neoliberal (la primacía del crecimiento económico, resolverá, a largo plazo, los problemas sociales y ecológicos)2 fue férreamente asumido por los gobiernos de la región, incluso aquellos que se reivindicaban como “postneoliberales” y/o “de izquierda”.

A nuestro entender, estas disputas ideológico políticas expresan sintomáticamente la separación ontológica que la Razón Moderna instituyó entre Sujeto y Naturaleza, como fundamento epistémico y práctico de su modo de concebir, conocer y relacionarse con el Mundo. El imperativo del dominio, control y explotación (aunque sea “racional”, ahora predicado como “sustentable”) de la Naturaleza como “condición” para la emancipación humana, sigue reproduciendo esa idea primordial de la Razón imperial, que concibió a la Tierra como “objeto colonial”, fundamento y base de todas las conquistas (Machado Aráoz, 2010). El imaginario colonial desarrollista que atraviesa e impregna las modulaciones ideológicas tanto de los gobiernos de “derecha” y de “izquierda” en la región sigue reeditando esa gravosa dicotomía. En buena medida ese imaginario sigue resultando eficaz para invisibilizar los procesos de depredación de las fuentes primarias de la vida, como condición y efecto de la dinámica de la acumulación capitalista. En este trabajo ofrecemos una mirada crítica que justamente apunta a correr el velo ideológico del “crecimiento” como amortiguación de los efectos expropiatorios de la acumulación por despojo. Para ello recurrimos a la revisión del concepto de metabolismo social y de fractura sociometabólica provisto originariamente por Marx para analizar los efectos e implicaciones que la expansión del extractivismo (en este caso, el extractivismo minero) tiene sobre las economías locales, en términos de acumulación por despojo y expropiación ecobiopolítica. Dar cuenta de estos procesos nos parecen fundamentales para revisar y reorientar las búsquedas teórico políticas de nuevos horizontes emancipatorios en el siglo XXI.

 

Desvincular(nos) de la Naturaleza, el origen

Para afrontar en términos realistas los cruciales problemas ecológicos del presente, creemos imprescindible una revisión de los análisis críticos en torno a la relación Sujeto-Naturaleza, tal como ha sido hegemónicamente concebida por la colonialidad del saber/poder moderno. El materialismo histórico de Marx provee, a nuestro entender, una base ontológica apropiada para restablecer una concepción relacionaldialéctica, allí donde ha primado erróneamente una mirada dicotómica y, en última instancia, antropocéntrica. El punto de partida de Marx para comprender la relación Naturaleza-Sociedad es el concepto de Metabolismo Social que, en definitiva, pone en el centro de los procesos de hominización/ humanización de la Naturaleza al proceso social de trabajo. Pues, para Marx, “(L)la primera premisa de toda la historia humana es la existencia de individuos humanos vivos. El primer hecho a constatar es, por tanto, la organización corpórea de esos individuos y la relación por eso existente con el resto de la naturaleza (Marx y Engels, 1974: 19). Partir de los individuos humanos vivientes, implica, ante todo, negar radicalmente toda separación entre Naturaleza y Sociedad y rechazar todo antropocentrismo. O, si se prefiere, supone partir de la afirmación básica de que el ser humano es naturaleza, tal como puede leerse en los Manuscritos de 1844: La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; es decir, la naturaleza en cuanto no es el mismo cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que debe mantenerse en un proceso constante, para no morir.

 

La afirmación de que la vida física y espiritual del hombre se halla entroncada con la naturaleza no tiene más sentido que el que la naturaleza se halla entroncada consigo misma, y que el hombre es parte de la naturaleza. Sobre esa base, Marx introduce la noción de metabolismo social para dar cuenta de la especificidad de lo humano. Con ella Marx refiere a los imprescindibles y continuos intercambios energético-materiales que vinculan a los cuerpos humanos vivientes con el resto de los seres y elementos de la biósfera, haciendo de tal modo materialmente posible su sobrevivencia. Dichos intercambios consisten en flujos energético-materiales que circulan en dos grandes direcciones, y cuyos vectores claves son el alimento y el trabajo: de un lado, hay un flujo fundamental de agua, aire y alimento que va de la Tierra a los cuerpos/poblaciones proveyendo los nutrientes básicos de los que dependen. Del otro lado, ello supone un correlativo flujo energético que va de los de los cuerpos-poblaciones a la Tierra en forma de trabajo social. Éste, como energía inseparablemente física-psíquica-emocional, es la condición universal para la interacción metabólica entre el hombre y la naturaleza, la perenne condición de la existencia humana impuesta por la naturaleza (Marx, 1867).

Se comprende así, en qué medida, para Marx, el metabolismo social es la condición ecológico política fundamental para la existencia de los individuos y las sociedades humanas. A través de las nociones de metabolismo social y de trabajo, da cuenta, por un lado, del proceso de irrupción de lo humano en la historia de la materia (hominización). La emergencia de lo humano como tal dentro del proceso geo-histórico-biológico de complejización de las formas de vida, acontece como producto el específico obrar humano (trabajo) en la procuración de su subsistencia; es por medio de su propia práctica, que el ser humano viviente va produciendo a sí mismo como un ser socio-cultural, tecnológico y político, como rasgos distintivos de la especie. Y esta misma categoría es la que toma como punto de partida para el análisis de la especificidad histórica del capitalismo, entendido éste como modo de producción que opera y emerge de una drástica fractura sociometabólica (Marx, 1867; Foster, 2000).

 

Marx emplea la noción de «fractura metabólica» como categoría para dar cuenta de los procesos históricos que se suscitaron en Europa en torno los masivos cercamientos de campos, la expulsión a gran escala de campesinos hacia las ciudades, y el cambio de patrón productivo en vastas áreas agrícolas. Su centro de atención es la pérdida de nutrientes naturales en los suelos ahora dedicados a abastecer las incipientes urbes, y despojados de sus ciclos de reposición de fertilidad en una proyección plausible, mediante una agricultura artesanal que va dejando paso a la industrialización de la actividad. Esta fractura metabólica no sólo operaba en la división antagónica entre ciudad y campo al interior europeo sino que a un nivel más global, colonias enteras veían el robo de sus tierras, sus recursos y su suelo en apoyo de la industrialización de los países colonizadores (Foster, 2000: 253). En términos de Wallerstein, la economía-mundo europea del siglo dieciséis se volvió irremediablemente capitalista (115).

 

El cambio trascendental que implica la creciente privatización de toda forma de trabajo y de aspectos básicos para el desarrollo de la vida, como el suelo, el alimento, la vestimenta hasta entonces regidos bajo otras lógicas de reproducción lleva a alertar ya en el siglo XIX sobre la imposibilidad física de ese proceso incesante de acumulación de capital. Una mirada crítica de este proceso epistémico de largo y profundo alcance lleva a considerar que la sociedad capitalista ha violado las condiciones de sostenibilidad impuestas por la naturaleza (Foster, 252). Basado en este análisis y tomando en cuenta sus propias investigaciones históricas sobre el proceso de expansión colonial del capitalismo, Jason Moore ha destacado que la incesante dinámica de la acumulación requiere como condición sine qua non, el continuo corrimiento de la frontera mercantil, lo que va arrasando ecosistemas desde sus inicios hasta la actualidad.

 

En un comienzo, centrado en la desestructuración de sistemas socioeconómicos feudales, y con la tala de bosques como una de las principales degradaciones ecológicas desatadas en tierras de lo que luego sería Europa, para posteriormente avanzar a territorios de ultramar. Como destaca Moore, las fronteras mercantiles más significativas se basaron en la explotación del medio ambiente con los ejemplos coloniales extractivos del azúcar, la minería de plata y oro, tabaco, entre otros (2003:24). El concepto de frontera mercantil nos permite ver con mayor claridad la fractura metabólica operada entre la expansión del espacio capitalista y la producción anclada territorialmente. El gran triunfo del capitalismo a lo largo de su derrotero ha sido evitar los costos de la degradación ecológica local y regional mediante la reubicación de sus actividades de acumulación. En otros términos, el capitalismo es constitutivamente un sistema global y globalizador (Moore, 2003:43).

 

La modernidad capitalista aparece como el resultado desde sus inicios de transacciones transcontinentales cuyo carácter verdaderamente global sólo comenzó con la conquista y la colonización de las Américas (Coronil, 111). En este recorrido se torna clave la noción de extractivismo que, como observamos a la luz de esta síntesis histórica, es una práctica económico político cultural estructural del actual sistema mundo. El capitalismo nace de y se expande con y a través del extractivismo (Machado Aráoz, 2015a:15); es el eje de la acumulación originaria o bien de la acumulación por desposesión (Harvey). El extractivismo es un profundo proceso de desterritorialización, transformaciones ecológicas, desplazamientos de poblaciones junto con sus prácticas productivas y culturales que hacen parte inescindible de este permanente proceso de reproducción del capital (Machado Aráoz 2013, 2015a).

 

Minería colonial, condición del capital

 

La “acumulación primitiva” colonial, lejos de ser una precondición para el desarrollo capitalista, ha sido un elemento indispensable de su dinámica interna (Coronil, 111). Dentro de la larga historia colonial de América Latina el rol de la actividad minera ha tenido un lugar protagónico. Desde la centralidad que encarnó la extracción de plata y oro en la primera fase colonial, con el cerro de Potosí como geografía destacada, hasta la actual etapa de multiplicación de proyectos megamineros a lo largo de las montañas de sur y centro América, el extractivismo minero recrea una y otra vez el ciclo de fractura metabólica: desplazamiento de poblaciones locales, afectación de los ciclos naturales en los territorios sacrificados, irrupción de las prácticas económicas-culturales autóctonas. Tanto en la etapa de colonización y conquista; la era liberal y la conformación de las economías primarioexportadoras (fines del siglo XIX e inicios del XX); como en la etapa neoliberal actual permanece la condición colonial con la explotación de recursos naturales como una de sus dinámicas centrales (Teubal y Palmisano). Para dimensionar el impacto que significó el territorio colonizado en la dinámica del capital internacional, vale observar que en el siglo XVI sólo en Potosí se producía el 74% de la producción mundial de plata (Id. 137). Potosí significó el ejemplo por excelencia del capitalismo moderno temprano. En este territorio y sus alrededores, dinámicas culturales de raigambre agraria fueron arrasadas para dar paso a una de las grandes urbes del mundo en ese entonces, en paralelo que miles y miles de cuerpos nativos eran extinguidos como mano de obra minera; las prácticas de la empresa colonial contaminaban cursos de agua como nunca antes; y poblados de regiones próximas eran incorporados a la dinámica capitalista como abastecedores de alimentos reformulando los ciclos de producción e intercambio de comunidades enteras (Moore, 2003). Destaca Moore en La Naturaleza en la transición del feudalismo al capitalismo: La división ciudad-campo del trabajo que tomó forma con el auge de Potosí no sólo expresaba relaciones de poder económico y político. Expresaba igualmente las con-tradicciones metabólicas del sistema que surgía (p. 27). Ese corrimiento de la frontera minera hacia América implicaba el avance de otras fronte-ras al interior del territorio americano: desde el altiplano hasta la costa, el proceso de anexión al capitalismo significó desentramar procesos ecológicos, complementariedad en el abastecimiento alimentario, tiempos agroproductivos con base en el territorio habitado, destrucción de sistemas hidráulicos, hambre. La frontera minera alteró estos sistemas en todas las zonas, apunta Moore (2003:29- 30). Las minas exigían grandes desplazamientos de población y desarticulaban las unidades agrícolas comunitarias; no sólo extinguían vidas innumerables a través del trabajo forzado, sino que además, indirectamente, abatían sistemas colectivos de cultivo (Galeano, 64). Potosí escenificó el consumo, la ostentación, la acumulación, la inversión, el cálculo, el costo-beneficio y su revés: hambre, pobreza extrema, una pobreza inédita y desconocida hasta el momento” (Machado Aráoz, 2014:97). Genocidioecocidio-epistemicidio son eslabones inseparables de la férrea cadena que marca históricamente el principio de la minería colonial (Machado Aráoz, 2014:111). Pero este principio colonizador no será sólo devastación y ruina sino que sentará bases histórico culturales y geográficas mediante complejos sistemas de violencia que moldearán los territorios y los cuerpos disciplinados para su cíclica reproducción. Como destaca Porto Gonçalves (2009): el colonialismo no fue simplemente una configuración geopolítica por medio de la cual el mundo se mundializó sino más bien la colonialidad es constitutiva de las relaciones sociales y de poder del sistema-mundo en sus más diferentes escalas (126).

 

En términos de Gunder Frank, las relaciones metrópolis-satélites no se circunscriben sólo a la escala imperial sino que permean y estructuran la propia vida económica, sociopolítica, y cultural de los países colonizados (148). Esa dinámica, como se observó en el ejemplo fundante del Potosí, se recrea en los diversos territorios colonizados en múltiples direcciones, convirtiendo a satélites de las metrópolis en centros al interior de la tierra colonial. Desde ese entonces a la actualidad se reinventa la lógica imperial y el colonialismo interno en términos de dominación del capital nacional e internacional, como en la ocupación de los espacios territoriales y sociales de un país a otro y al interior de un mismo país (González Casanova, 421,422).

 

Desde una mirada actual, esta lógica (siempre en diálogo con el pasado colonial) configura regiones enteras dependientes de una actividad económica implantada externamente que somete no sólo con objetivos económicos sino en lo político, cultural, social, psicológico y jurídico. Como nos plantea la teoría de la dependencia, en estos enclaves las decisiones del proyecto extractivista se toman en el exterior, mientras que los beneficios de la empresa apenas pasan en su flujo de circulación por el suelo donde tiene su origen sin tener realmente conexiones con la economía local. El capital inversor sí se vincula con el poder central dependiente (naciónprovincia-municipio) para gestionar la concesión en negociaciones, siempre desligadas de la posibilidad de cualquier desarrollo autónomo por parte de quienes habitan los territorios elegidos para la apropiación de recursos por parte del capital inversor (Cardoso y Faletto). A decir de Milton Santos, las economías primarioexportadoras significan una sucesiva pérdida de control en la organización espacial por parte de los Estados dependientes, donde mediante las inversiones del capital la demanda procedente del centro queda directa e inmediatamente marcadas en la sociedad, en la economía y en el espacio (50)

 

El reimpulso en clave neoliberal que atravesó la región en la década del 2000.

 

Desde fines de la década del ochenta una nueva avanzada minera atraviesa América Latina. Esta vez, tras la crisis de sobreacumulación del capitalismo internacional iniciada en la década del setenta reaparece un voraz apetito del capital trasnacional por los recursos naturales como medio de anclaje del capital excedente (Harvey, 2004). Harvey (2001) analiza cómo en el marco de una geografía imperial del capital, los espacios subalternizados son objetos de recursivos ciclos de acumulación por despojo, mediante nuevos corrimientos de la frontera del capital. En el marco neoliberal, se produce un desplazamiento en los mecanismos de regulación política que tenderá a trastocar de forma radical las relaciones entre espacio y poder estatal. Opera entonces una disipación de la ilusión de competencia y control sobre el territorio por parte del Estado, en favor de una amplia autonomía del capital que se traduce en la aprobación jurídica-política a una diversidad de tecnologías utilizadas para explotar la naturaleza, humana y no humana (Ciuffolini, 18-19). Consenso de Washington mediante, los países de la región dieron paso a la liberalización y des-re-regulación de la economía en pos de incentivar las inversiones extranjeras directas, según marcaban las pautas de los organismos económicos internacionales.

 

Tres fueron los pilares centrales de estos lineamientos:

·         Plena seguridad jurídica sobre la propiedad de las concesiones mineras (preeminencia de la propiedad minera sobre los derechos superficiarios; total garantía legal y judicial de las inversiones extranjeras).

·         Grandes beneficios fiscales y comerciales (estabilidad jurídica por períodos de entre 25 y 30 años; eliminación de tasas de importación y exportación; desgravación de impuestos internos y de regalías mineras o su limitación a tasas insignificantes; libre disponibilidad de divisas y desregulación total sobre la remisión de utilidades).

·         Una legislación y sistema de controles ambientales extremadamente laxos (Machado Aráoz, 2011, 159) Argentina dio paso a la Ley de Inversiones Mineras (24.196/93) que habilitó la privatización del subsuelo, en sintonía con lo que ocurría por la misma época en países como México, Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú.

 

En ese escenario se desató un boom minero que se tradujo en un crecimiento de las inversiones en exploración medidas en millones de dólares de 400 por ciento en ocho años en Latinoamérica. La expansión de la megaminería no detuvo su marcha pese al cambio de escenario político.

 

Con la irrupción creciente de gobiernos de centroizquierda, nacionales-populares y progresistas el avance del extractivismo minero también vio acrecentarse, triplicándose las exportaciones de la actividad en otro lapso de ocho años. Facilidades comerciales, fiscales, financieras, ambientales, y de las fuerzas de seguridad forman parte del apoyo estatal a la actividad que renovó su impulso en los últimos quince años bajo el denominado consenso de los comoditties (Svampa) o consenso de Beijing (Machado Aráoz, 2014), junto con otras actividades extractivas (granos, hidrocarburos, forestal). La megaminería se torna política de Estado por encima de cualquier matiz político-partidario. El reimpulso minero trae una vez más, bajo nuevos lenguajes y prácticas, el anclaje colonial de la economía latinoamericana. Esta laxitud del Estado para con el capital extractivo se encuentra amparado, nuevamente, en discursos que transitan en torno a las categorías de desarrollo, modernización y progreso. Otra vez, la razón colonial-moderna-eurocentrada permea y modela el andamiaje institucional que soporta estas prácticas de expoliación. En esta línea, como nos plantea Antonelli, con el marco legal y la decisión política sólo no alcanza: Como toda colonización, la megaminería trasnacional requiere no sólo de la legalidad de las normativas […] sino una lengua, una episteme, una genealogía, iconografías y retóricas, su ética y su filantropía, sus afectos públicos y pasiones políticamente fuertes, y una profusión de discursos e instituciones de legitimación (100). La naturaleza cosificada, quebrada en su vínculo metabólico del ser humano, tiene como destino inevitable ser puesta a disposición del capital mega-minero sin reparar en la historia etnosocioecológica del territorio a sacrificar. No se contemplan los millones de litros de agua que se utilicen en tiempo récord en zonas semiáridas o los riesgos de contaminación con metales pesados ni el quiebre de las prácticas agrícolas que serán desplazadas de esa geografía. Podemos pensar esta nueva arremetida del capital extractivista en términos de fascismo territorial (Sousa Santos, 2010:26), enclaves donde el capital trasnacional regula socialmente a los habitantes del territorio sin su participación y contra sus intereses, previa neutralización y/o cooptación del Estado, cuando no de forma violenta, justamente en naciones que ya están marcadas por la huella colonial europea. Bajo diferentes formas, la tierra originaria tomada como prerrogativa de conquista y la subsecuente ‘privatización’ de las colonias se encuentran presentes en la reproducción del fascismo territorial (Ibíd.).

 

El desarrollo de la minería metalífera a gran escala puede pensarse como un ejemplo paradigmático en el cual una visión de la territorialidad se presenta como excluyente de las existentes (o potencialmente existentes) (Svampa, Bottaro y Sola Álvarez, 43). Las múltiples territorialidades (Porto Gonçalves, 2003; 2009; 2016) campesinas, indígenas, de pequeños agricultores con sus prácticas, saberes e historias son tensionadas, cuando no eliminadas, por esta territorialidad megaminera, discurso y práctica extractiva, que tiene como permanente línea de llegada el desarrollo, donde toda innovación tecnológica producida en el contexto de la modernidad se ve necesariamente como avance, independientemente de sus motivaciones, impactos y consecuencias (Machado Aráoz, 2014:57). (…)

 

Las múltiples heridas de la fractura sociometabólica

 

En el escenario analizado pudimos apreciar cómo una compleja trama de operaciones se pone en juego a partir del avance de la frontera del capital megaminero: la promoción de sujetos sujetados a la dinámica del valor de cambio, la negación de discursos “oficiales” sobre la agricultura campesina como modo de vida posible -que redunda en falta de apoyo estructural a esas economías-, el avance de la frontera urbana, y la competencia por los bienes comunes (agua-tierramontañas) se traducen en un despoblamiento silencioso del campo, de los agricultores y de sus actividades tradicionales. El ser agricultor, a fin de cuentas, es puesto en tela de juicio como horizonte de existencia posible en este territorio de sacrificio. Ese desplazamiento, si bien implica la migración campo-ciudad, significa una profunda transformación del territorio, donde se borran un amplio espectro de saberes y prácticas transmitidos por generaciones. Ni más ni menos se pierde un potente entramado cultural vinculado a producción, intercambio y consumo autónomo de alimentos, y al necesario uso sostenible de la naturaleza. Estos relatos nos permiten una primera aproximación a cuestiones a profundizar en torno a las transformaciones ecosocioterritoriales que la fractura sociometabólica, impulsada por la megaminería, implica en esta región catamarqueña. Como observamos, aparecen a primera vista cambios en las dinámicas alimentarias, en las prácticas económicas, en los valores sociales, y las relaciones comunales, tensionadas a niveles que desfiguran la cotidianeidad y la historia local. Los testimonios expresan como factor común las tensiones entre tiempos distintos.

 

Recordemos que el tiempo del capital industrial, con su obsesión de acumulación incesante para desarrollarse construye a los otros tiempos como atrasados, donde toda diferencia y diversidad (natural o cultural) debe ir dejando paso a la monocultura que tiene en el progreso, la modernidad, y la ciudad “civilizada” su locus por excelencia, su horizonte (Porto Gonçalves, 2016). La penetración del capital como mediador de los vínculos al interior de la comunidad no desemboca en otra dirección que una dependencia estructural extrema por parte de la población local. Comunidades históricamente agrarias, productoras de alimentos para autoconsumo, van dando paso a una progresiva pérdida de capacidad de autosuficiencia alimentaria, que no es otra cosa, que las energías vitales que el hombre como parte de la naturaleza intercambia con otros componentes de la biosfera a fin de reproducir la vida. Es en este sentido que planteamos la noción de expropiación ecobiopolítica para explicitar cómo opera un sistema integral de dominio, control y disposición que se ejerce sobre el complejo de la vida social en general (Machado Aráoz, 2013, 140), desde sus expresiones materiales más elementales como el agua, la tierra y el alimento hasta las diversas dinámicas sociocomunitarias y culturales. Si a nivel macro la actual fase del extractivismo se caracteriza por la degradación extrema de las condiciones biofísicas de existencia de la especie humana; a nivel microbiopolítico la producción capitalista está signada por la configuración de subjetividades crecientemente desvinculadas y enajenadas de los flujos que nos sostienen como cuerpos humanos vivientes” (Machado Aráoz, 2016:224). En otros términos, esta “hiperindustrialización/ tecnificación/artificialización de la vida (patrones de consumo) de unas economías/sociedades demanda y requiere de la híper-reprimarización de otras”. La megaminería materializa la expropiación geográfica (Machado Aráoz, 2011) de un “occidente” que aún corre su frontera mercantil en base a la extinción, una y otra vez, de las culturaseconomías-territorialidades otras negadas, allí donde se asienta el capital extractivo. Expropiación que en su dimensión biopolítica expropia los medios que nos hacen cuerpos: el agua, el aire, el suelo, en suma, el territorio (Id. 172). Esta dinámica necroeconómica del capital se asienta principalmente en la sistemática depredación sobre las agroculturas (Machado Aráoz y Paz, 151), siendo éstas sabedoras de los ciclos de la naturaleza, entendedoras del territorio como espacio de vida y para la vida, defensoras de la autonomía alimentaria moldeada a lo largo de generaciones, artesanas de saberes que han transitado el territorio por siglos. En base a los planteos pioneros de Marx sobre la fractura sociometabólica y los ejemplos analizados, intentamos evidenciar la potencia del capitalismo en reinventar una y otra vez la maquinaria devastadora de los ciclos energéticos naturales que hacen al complejo proceso de vida del que el hombre es victimario y víctima. A modo de cierre, tomamos la energía vital de esas comunidades que se resisten a aceptar el “destino inevitable” que ofrece el discurso minero oficial, culturas que apuestan a sembrar en las “zonas de sacrificio” un “campo de historia-esperanza”, que practican desde su estar en el territorio la defensa de la agricultura y la soberanía alimentaria, que reivindican el ser agricultores, y aleccionan sobre la olvidada reciprocidad con la naturaleza. Parafraseando a Porto Gonçalves (2016, 310), comunidades que hacen de su lucha por la tierra, una lucha por la Tierra.

 

1 Entre los principales intelectuales de izquierda que han argumentado en este sentido incluimos a Atilio Borón, Emir Sader, Álvaro García Linera y Mónica Bruckmann. En un trabajo anterior (Machado Aráoz, 2015c) puede verse un análisis crítico de sus posiciones. 2 Nos referimos a los trabajos de Grossman y Krueger (1991; 1995) sobre la curva ambiental de Kuznets.

 

Fuente: RevIISE | Vol 10 Año 10 - octubre 2017 - marzo 2018. Argentina.pp. 273-286 www.reviise.unsj.edu.ar

 

 

Es hora de que una creciente mayoría de nosotres, máxime ante la agravación de la crisis civilizatoria por la pandemia,  reparemos en cómo el capitalismo nos está expropiando e invadiendo. Repitamos a Machado Aráoz: "Recordemos que el tiempo del capital industrial, con su obsesión de acumulación incesante para desarrollarse construye a los otros tiempos como atrasados, donde toda diferencia y diversidad (natural o cultural) debe ir dejando paso a la monocultura que tiene en el progreso, la modernidad, y la ciudad 'civilizada' su locus por excelencia, su horizonte.

La penetración del capital como mediador de los vínculos al interior de la comunidad no desemboca en otra dirección que una dependencia estructural extrema por parte de la población local. Comunidades históricamente agrarias, productoras de alimentos para autoconsumo, van dando paso a una progresiva pérdida de capacidad de autosuficiencia alimentaria, que no es otra cosa, que las energías vitales que el hombre como parte de la naturaleza intercambia con otros componentes de la biosfera a fin de reproducir la vida. Es en este sentido que planteamos la noción de expropiación ecobiopolítica para explicitar cómo opera un sistema integral de dominio, control y disposición que se ejerce sobre el complejo de la vida social en general (Machado Aráoz, 2013, 140), desde sus expresiones materiales más elementales como el agua, la tierra y el alimento hasta las diversas dinámicas sociocomunitarias y culturales.

 

Si a nivel macro la actual fase del extractivismo se caracteriza por la degradación extrema de las condiciones biofísicas de existencia de la especie humana; a nivel microbiopolítico la producción capitalista está signada por la configuración de subjetividades crecientemente desvinculadas y enajenadas de los flujos que nos sostienen como cuerpos humanos vivientes”. En otros términos, esta 'hiperindustrialización/ tecnificación/artificialización de la vida (patrones de consumo) de unas economías/sociedades demanda y requiere de la híper-reprimarización de otras'.

 

La megaminería materializa la expropiación geográfica de un 'occidente' que aún corre su frontera mercantil en base a la extinción, una y otra vez, de las culturas economías-territorialidades otras negadas, allí donde se asienta el capital extractivo. Expropiación que en su dimensión biopolítica expropia los medios que nos hacen cuerpos: el agua, el aire, el suelo, en suma, el territorio".

 

De modo que apreciemos planteos de la Red de Plantas Saludables:

"Una cosa aparece cada vez más clara y es que el sistema capitalista en el que vivimos es de muerte, es un necrosistema incapaz de asegurar lo más básico y esencial, que es la vida.

Y si es así, ¿toda nuestra inteligencia y esfuerzo deberíamos ponerlos en asegurarla, creando nuestras propias arcas de Noé , que nos garantice el Buen Vivir, que significa hacer profundos cambios en todos los sentidos, desde cada une, hacia formas comunitarias, de autonomía, autogestión, que nos conduzcan a una relación más armónica, de respeto y cuidado con la madre naturaleza, de la que somos parte?.

Y pensemos si no debemos cultivar aún más la comprensión, la organización, la ayuda mutua, la cuidadanía y hacernos cargo de tomar, cada vez más, nuestras vidas en nuestras manos, en lugares de trabajo, barriadas, municipios, provincias… «Cada lugar a su modo», como dicen los zapatistas".

 

 

enred_sinfronteras@riseup.net

Red de Plantas Saludables por el Buen Vivir
14 de septiembre de 2020

Somos una Red de personas que trabajamos de manera horizontal , no jerárquica, y que nos une el interés y el amor x las plantas, la revalorización de los saberes populares y el intercambio de información, favoreciendo aquellas acciones que fortalezcan el buen vivir-

Boletín nº 3 Red de Plantas Saludables

por el Buen Vivir

LA RED Y LA PANDEMIA

Ya a punto de salir el 3er número del boletín, nos sorprendió el COVID-19 que, además de la enorme sorpresa e incertidumbre que significa, cambió de cuajo la realidad de nuestras vidas. Y eso nos obligó a modificar algunos artículos ya escritos y a tratar de enfocar esa realidad y el papel de la Red en esta situación.

Además de eso, el boletín contendrá la actividad de la Red en el último período y en el 5to encuentro.

Ahora cada une de la Red, estamos llenos de interrogantes, reflexiones y angustia de no tener claro qué sucederá al final del túnel y qué podemos hacer para que ese final sea algo mejor de lo que hemos vivido hasta ahora.

Se escribe, con bastante ligereza, que nada será igual a lo anterior y que lo que está por venir instalará “una nueva normalidad”, que nos obligará a nuevas adaptaciones en nuestro vivir que seguramente requerirá actuar acorde a ello.

¿Qué hacer…

… para atravesar éste periodo de “anormalidad” al de la “nueva normalidad que aparece envuelta en una nube caótica, aún de imprevisibles resultados?.

¿Podría ayudarnos, aceptarnos como seres vulnerables, ecodependientes, fortaleciendo nuestros lazos comunitarios, en lugar de aislarnos, cambiando miedo por confianza, como ya está sucediendo a lo largo y ancho del país y el mundo?.

Sabemos que toda crisis conlleva la posibilidad de dos salidas o más y lo que decide la alternativa es la relación de fuerza y quién gana la pulseada.

Una cosa aparece cada vez más clara y es que el sistema capitalista en el que vivimos es de muerte, es un necrosistema incapaz de asegurar lo más básico y esencial, que es la vida.

Y si es así, ¿toda nuestra inteligencia y esfuerzo deberíamos ponerlos en asegurarla, creando nuestras propias arcas de Noé , que nos garantice el Buen Vivir, que significa hacer profundos cambios en todos los sentidos, desde cada une, hacia formas comunitarias, de autonomía, autogestión, que nos conduzcan a una relación más armónica, de respeto y cuidado con la madre naturaleza, de la que somos parte?.

Y pensemos si no debemos cultivar aún más la comprensión, la organización, la ayuda mutua, la cuidadanía y hacernos cargo de tomar, cada vez más, nuestras vidas en nuestras manos, en lugares de trabajo, barriadas, municipios, provincias… “Cada lugar a su modo”, como dicen los zapatistas.

Para la Red, ésto no es nada nuevo, es lo que tratamos de hacer desde su nacimiento, pero ahora la situación reclama más urgencia.

Más enredades y creatives que nunca, hagamos lo mejor que podamos donde nada de todas las formas de vida nos sean ajeno, contribuyendo a cuidar y salvar Nuestra Casa Común, ya que la salud del planeta y nuestra salud no son separable, van juntas.

Cambiar el miedo por la confianza aceptando nuestras vulnerabilidades, interdependencias y ecodependencias, y fortalezcamos nuestros lazos comunitarios, en lugar de aislarnos en una cuarentena autista, sorda, ciega, egoísta.

Cuando decimos “condiciones de vida” consideramos los ecosistemas naturales, sociales, políticos en que nuestras vidas se desarrollan y que generan determinados estados de salud emocional y física.

 

Hagámonos cargo de tomar nuestras vidas en nuestras manos: alimentación consciente y saludable, ayunos periódicos, descanso, cariño, ternura, alegría, arte, silencios, compartencia generadora de endorfinas, celebración en comunidad.

Menos pantalla y más conversatorios en nuestros territorios existenciales, microsociales, comunitarios, para volver a zurcir la trama dañada en la que nuestras vidas vienen transcurriendo.

Recurramos a nuestras plantas amigas y a nuestros alimentos sanadores:

Para mejorar nuestras defensas: jengibre, tomillo, equinácea, hierba tulsi, marrubio. Para protegernos de posibles virus: tomillo, salvia. Para reducir el estrés: albahaca sagrada, levadura de cerveza, kefir, garbanzos.

Refundar los paradigmas del futuro. Hay que insistir en el empeño.

Con el “Buenísimo” no se reconstruye un país desecho. Un manifiesto suscrito por más de doscientos cincuenta economistas y otros científicos, del 22/4/20 concluía: “la salida de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus debe estar orientada a sentar las bases de una sociedad más justa, más igualitaria y ecológicamente sostenible”. 

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Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2020/09/14/red-de-plantas-saludables-por-el-buen-vivir/