Qué Democracia

Julio 2020

Con “Compromiso Argentino de Solidaridad” entre la corpo de la clase expoliadora y la de la de expoliados.

 

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

 

Nos hallamos sumidos en emergencia social, humanitaria, ecológica y sanitaria desde antes de la pandemia. Como era de esperar el gobierno de los Fernández y sus seguidores la atribuyen a la pesada herencia que dejó Mauricio Macri. Sin embargo, la compartimos con la mayoría de los países al estar condenados -por el capitalismo-a suministrar commodities y mano de obra totalmente desprotegida o flexibilizada para acordarla a la condición de semiesclavitud.

 

En Argentina hemos llegado a esta calamitosa situación ante todo debido a derrota y bloqueo de las luchas de nosotres, les oprimides, por les opresores a través de la dictadura genocida y después, la democracia representativa cumplió esa función, en la cual se destacó el Partido Justicialista. El gobierno FF (PJ) perfecciona la fachada de legalidad-legitimidad hasta el extremo del cinismo que al habitual acuerdo tripartito contra les trabajadores lo restringió a negociar con el FMI y acreedores. Fue a fines de diciembre de 2019 y ahora, en agudo avasallamiento de derechos de los trabajadores formales e informales y con masivos despidos, pensemos a quiénes benefició el:

PACTO SOCIAL

Un “compromiso argentino” donde los aumentos salariales siguen esperando

27 de diciembre de 2019

 El Gobierno se reunió con la CGT y los empresarios. A pesar de los rumores previos, no hubo anuncios salariales. Sólo se firmó un documento general, destinado a negociar con el FMI y los acreedores.

Este viernes por la tarde el gobierno nacional se reunió con un amplio abanico que incluye a sectores de las grandes patronales y a la conducción burocrática de la CGT. El objetivo del encuentro fue lograr la firma de un aval a la gestión de Alberto Fernández para negociar con el FMI y los grandes acreedores internacionales alrededor de la deuda pública.

La reunión había sido precedida de diversos rumores que indicaban que allí podría anunciarse un bono de fin de año o un aumento salarial para la clase trabajadora. Pero la realidad fue otra, bastante distinta.

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En la conferencia de prensa que se organizó posteriormente participaron Héctor Daer (CGT), Miguel Ángel Acevedo (UIA) y el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo. Allí ratificaron ante los periodistas que no había ningún anuncio que realizar en materia de salarios.

Durante la conferencia de prensa Daer se encargó de señalar que “hubo muchas versiones sobre que hoy se iba a discutir la cuestión salarial. Eso nunca estuvo en la agenda, queremos aclararlo”. Inmediatamente agregó “igualmente venimos conversando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo del salario en términos reales para reactivar la economía”.

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En el mismo Arroyo había señalado que "no se habló de cuestiones salariales, sino de un compromiso de todos los sectores en base al documento”.

El discurso oficial que habla de "redistribución" está muy lejos de la realidad. En la Argentina el 50 % de los asalariados percibe menos de $ 22.000. Acorde al costo de la canasta familiar, eso equivale solo a 12 días del mes.

Por ahora, el salario de millones de trabajadores y trabajadoras deberá seguir esperando. Los anuncios son para los grandes especuladores y el FMI.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Un-compromiso-argentino-donde-los-aumentos-salariales-siguen-esperando

 

Revisemos el relato sobre que el Compromiso sería para un desarrollo inclusivo y priorizar el hambre:

 

El ministro de Desarrollo celebró el pacto social

Daniel Arroyo sobre el Compromiso Argentino de Solidaridad: "Es un hito para el desarrollo" 

27 de diciembre de 2019

 

El gobierno de Alberto Fernández consiguió finalmente sellar el acuerdo con los empresarios, los movimientos sociales y los trabajadores, en un compromiso que "apunta al desarrollo y la solidaridad", según destacó el ministro de Desarrollo Social. Héctor Daer, titular de la CGT, y Miguel Acevedo, de la UIA, lo acompañaron en la presentación.

 

"Entendemos que es el puntapié para la construcción del Consejo Económico Social en la Argentina, subrayó Arroyo en conferencia de prensa, tras la firma del documento, acompañado por el titular de la CGT, Héctor Daer y el presidente de la UIA, Miguel Acevedo.

 

El ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo caracterizó al Compromiso Argentino de Solidaridad como "un hito para el desarrollo" en todo el país, al ponderar que entre todos los sectores pudieron unirse en un "compromiso que apunta al desarrollo y la solidaridad".El funcionario del gobierno de Alberto Fernández resaltó que el texto consensuado se firmó en una mesa "con cuatro partes", que reunió tanto al Estado, como al sector de la producción, al sector de los trabajadores, las organizaciones y los movimientos sociales. 

"Las organizaciones sociales son parte de la solución para la Argentina, empezando por el hambre, pero entendiendo que la salida tienen que ver con el trabajo", valoró el ministro respecto a la participación "activa" de los movimientos sociales. 

El pacto social, impulsado por el presidente, contó con el acompañamiento de todos los sectores menos las entidades del campo. "La Mesa de Enlace ha estado invitada, dijo que compartía el espíritu del acuerdo, pero que no tuvieron el tiempo institucional para participar", explicó Arroyo.   

Enmarcado en la ley de emergencia económica que aprobó el Congreso días atrás, el documento impulsa, tal como adelantó este diario ,  "un desarrollo inclusivo y sostenible". "Se alcanzó un acuerdo amplio como nunca sobre la prioridad absoluta que es el hambre", destacó Daer

El titular de la CGT valoró que el documento invierte el modelo que aplicaba Cambiemos, centralizado en el pago a quienes se beneficiaban de la emisión de deuda, y busca "honrar las deudas, pero a partir del desarrollo de la Argentina". 

Arroyo, Daer y Acevedo tuvieron que aclarar que la discusión salarial no estaba en la agenda de la reunión de esta tarde y no adelantaron plazos para que se anuncien los esperados bonos para el sector público y privado. "Se viene conversando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo del salario en términos reales porque será el punto de partida para frenar la caída de la economía", indicó el titular de la CGT. 

Por su parte, Acevedo también señaló que ese debate se dará en las reuniones sectoriales que se desprenderán del acuerdo macro firmado hoy y consideró el compromiso alcanzado como "el principio de algo que estábamos reclamando hace mucho tiempo: trabajar todos los sectores por una mejor Argentina".

"Acá arranca una nueva etapa de diálogo, de trabajo en conjunto con dos cuestiones centrales: resolver lo urgente pero ptenciar un desarrollo para los 45 mill donde el eje sea la producción y el trabajo", proyectó Arroyo.  

El texto completo del acuerdo 

COMPROMISO ARGENTINO por el DESARROLLO y la SOLIDARIDAD 

La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla.

Los abajo firmantes, el nuevo Gobierno y los representantes de los trabajadores, el empresariado y los movimientos sociales, asumimos el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia. Sobre esa base, vamos a construir un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.

Nos reúne una crisis que conlleva una oportunidad y un deseo compartido: volver a ser una Patria unida, capaz de acrecentar el bienestar de todas sus hijas e hijos sobre la base del trabajo, la inversión productiva y una justa distribución de la riqueza.

Vamos a construir una nación solidaria, desarrollada y justa.

Para lograrlo, suscribimos este compromiso solidario: empezar por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos. Y, a la vez, empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante.

Urgente es, en primer lugar, dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación.

Nos comprometemos, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar.

En segundo lugar, esa urgencia se manifiesta en un endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío. La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía, en el marco de una ética pública de las prioridades que ponga a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país.

Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una administración. Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de todo un país que reclama poner a la producción y al trabajo por encima de la especulación financiera y la fuga de capitales.

Esa gestión será un pilar necesario, pero no suficiente, para comenzar a construir un Acuerdo Estratégico de Desarrollo Humano Integral, que permita la unidad nacional y el acceso a la población a derechos elementales como la tierra, el agua, el techo y el trabajo, más allá de las diversas posiciones.

Juntos, sin uniformidad ni unanimidad, pero sí con un fuerte compromiso colectivo, acordamos iniciar la construcción de un nuevo contrato ciudadano que nos permita avanzar hacia ese horizonte común.

Aceptamos el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas.

Esos acuerdos serán un conjunto de instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas definidas. No se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos.

Por ello, coincidimos en la necesidad de poner en marcha un Consejo Económico y Social, que procese esos acuerdos en debates multisectoriales e informados, con tiempos de maduración acordes a su complejidad.

Nos comprometemos a ser parte de ese Consejo y sus diferentes ámbitos de trabajo y discusión, una vez que el Congreso debata y apruebe el proyecto que el Poder Ejecutivo le enviará para su creación.

Hay acuerdos que ya integran una agenda con proyectos y estudios sobre los cuales es posible y necesario avanzar hacia soluciones en plazos breves.

Hay casos en donde ya empresarios, sindicatos, movimientos sociales y otros actores han arribado a entendimientos sectoriales, que sólo exigen precisiones técnicas, así como un adecuado nivel de viabilidad jurídica y presupuestaria para su implementación.

Otros acuerdos requieren estudios de factibilidad avanzados y una arquitectura compleja. Deben ser tratados con premura, pero también con la información rigurosa y el análisis profundo que exigen.

Coincidimos en que esa agenda debe incluir como temas prioritarios un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos.

En ese sentido, somos conscientes del efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares. El reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe reforzar en su efectividad con el curso de conductas sectoriales responsables, en especial en lograr la estabilidad de precios. Nos comprometemos a poner nuestros mayores esfuerzos en ese objetivo.

Nos comprometemos a trabajar en paralelo en el tratamiento de un conjunto de propuestas sectoriales que, a partir de la estabilización macroeconómica y social, puedan sentar las bases para un nuevo y extenso tiempo de crecimiento con inclusión.

Coincidimos en la importancia de crear más empleos de calidad y erradicar la precariedad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, mejorar la competitividad de la economía, alentar una integración con el Mercosur y el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor, enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo joven, incrementar la participación de las mujeres, estimular a la economía popular y a la agricultura familiar, cuidar el medio ambiente y garantizar el acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados.

Es nuestra vocación acercar nuestras propuestas prioritarias a las mesas de trabajo que convoque la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como participar de toda instancia de diálogo y debate. Cuando compartimos decisiones es relevante manifestarlo públicamente. También podrá haber disensos y en una sociedad democrática madura existen mecanismos institucionales, establecidos por la Constitución, para resolver esta convivencia en la diferencia.

La formulación de acuerdos requerirá además el compromiso de todos los poderes del Estado. Es crucial en este momento que, desde sus características institucionales, todos se sumen a este proceso de diálogo y generación de consensos.

Entendemos que la discusión parlamentaria del próximo Presupuesto Nacional constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación.

Nos comprometemos a hacerlo en un marco de respeto y máxima transparencia institucional.

Estamos convencidos y convencidas de que la Argentina debe asumir unida sus desafíos. Superar las divisiones del pasado, para construir el futuro. Juntos podemos atender mejor los desafíos más urgentes de la deuda social y la deuda pública. Así, contribuiremos a construir el país desarrollado y justo que todos y todas nos merecemos.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/238766-daniel-arroyo-sobre-el-compromiso-argentino-de-solidaridad-e

 

Por supuesto, atribuirán a la pandemia el deterioro gravísimo de las condiciones de vida y de trabajo de la gran mayoría en el presente. Pero, para desmentir, hallaremos analogías sobre qué sucede al respecto en el Abya Yala y en el mundo. Desde antes del Covid-19, el sistema mundo capitalista está en crisis estructural y ha subsumido en crisis civilizatoria a la humanidad.

En consecuencia, el Compromiso Argentino de Solidaridad encubre, como el Plan Argentina sin hambre, la legalidad-legitimidad de nuestra conciliación con quienes nos oprimen y reprimen para su acumulación gran capitalista de riquezas y poder sobre nosotres.

 

Aceptarlo es desentendernos de que no tenemos una real y efectiva democracia y no la habrá mientras haya avasallamiento de los derechos humanos de comunidades y pueblos de Argentina. Tengamos en cuenta:

Argentina. Organizaciones sociales del Frente de lucha territorial entregaron en Olivos carta al Presidente

Resumen Latinoamericano, 14 julio 2020

Referentes de distintas organizaciones sociales que componen el Frente territorial de lucha, entregaron en la mañana de este martes en la Quinta Presidencial de Olivos una Carta Abierta al presidente Alberto Fernández y reclamaron una audiencia con el mandatario.

En Olivos, fueron recibidos por Daniel Rodríguez, de la secretaria privada presidencial, quien les manifestó que el jueves responderán sobre la audiencia pedida.

El texto entregado habla de los distintos y graves problemas por los que atraviesan los y las habitantes de los barrios humildes del Gran Buenos Aires y del país entero: hambre, falta de atención sanitaria, represión policial y un largo etcetera, que hace a la vida cotidiana de los y las más humildes.

Texto de la carta:

Carta al Presidente de la Nación, Alberto Fernández

Sr. Presidente, usted dijo: “Quiero convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío, salgan a la calle a decirme lo que estoy haciendo. Les prometo que volveré a senda sin dudarlo”. Desde las barriadas populares, desde la Argentina profunda que no se ve, desde la verdadera Argentina que sufre más que nadie desde siempre, le queremos decir que se está desviando, así mismo queremos hacerle llegar nuestros urgentes reclamos en este difícil contexto; para evitar que una vez más seamos arrojados millones de trabajadores y trabajadoras humildes a la exclusión y la miseria.
Las necesarias medidas de aislamiento tienen un efecto secundario que no impacta a toda la población por igual, quienes vivimos en los barrios populares hemos asistido, día tras día, a ver el crecimiento sostenido del hambre, la pobreza y la desocupación, entre otros males que sobrevuelan como la tierra a nuestras calles.

Las organizaciones sociales hemos sido desde hace décadas la respuesta natural y colectiva de nuestro pueblo para salvar de la miseria y la pobreza a millones de seres humanos. A lo largo y ancho del país, en los pueblitos más recónditos y en los barrios más olvidados, allí estamos las organizaciones, haciendo trinchera contra la pobreza, y sembrando un poco de esperanza en medio de la creciente desigualdad, porque, Señor Presidente, como decimos, la riqueza de pocos sigue siendo la pobreza de muchos.
En nuestras barriadas y arrabales, nuestras compañeras ponen en riesgo su vida de manera constante, jugándose lo poco que aún tienen, mientras la ayuda estatal que llega no alcanza a solventar una familia, ni para sostener los comedores comunitarios que asisten a cientos de miles en la actual pandemia. El acceso a un “beneficio” social debe afrontar todo tipo de burocracias, situación que no percibimos que sea el mismo obstáculo para los hábiles empresarios fugadores de dólares, evasores y corruptos para los cuales lamentablemente los diferentes gobiernos a lo largo de las ultimas décadas destinan el grueso de las ayudas estatales ya no sin escarbar en sus abultadas cuentas ni en sus más abultados prontuarios judiciales.

Mientras una nueva estafa se cierne sobre las cuentas a pagar para nuestros hijos e hijas, a caballo de nombres tan reconocidos como impunes tales como Vicentín, Ledesma, Bulghueroni, Rocca, la Sociedad Rural o los fondos buitres, le contamos que desde las organizaciones sociales, decenas de compañeros y compañeras valientemente se han anotado voluntariamente para seguir sosteniendo meriendas y comedores, en la certeza de que esa pequeña ayuda alimentaria pueda ser la diferencia entre la nutrición mínima y la debilidad inmunitaria, entre resistir o sucumbir a la enfermedad y las penosas circunstancias económicas.


De todas formas, Presidente, a la solidaridad hay que ayudarla con otro tipo de políticas, y más aún cuando grandes empresarios siguen tejiendo artimañas como en el caso de Vicentin y se oponen a una “expropiación” que deja más sabor a socialización de la deuda que, como siempre, terminaremos de pagar los que ya hemos sido expropiados hasta de nuestras propias formas de subsistencia.
Alberto, usted reiteradas veces antes de asumir como presidente prometió no sacrificar a los que menos tienen en pos de pagar la deuda externa.
Nosotros y nosotras, sobre quienes mayoritariamente cae el peso de la deuda externa y sus consecuencias socioeconómicas, somos conscientes que cada millón que se va del país es un millón menos en la salita de nuestro barrio o en el hospital público. Y cada impune fugador de divisas y que debe al Estado al cual nunca devolvió un peso, también son impunes judiciables, porque nadie los investiga y mucho menos los juzga.
Hoy nos levantamos y respondemos, y nuestra respuesta es clara: priorizar a quienes peor la están pasando y a los sectores que, estando en riesgo, aún corren el riesgo.
Señor Presidente, todo lo expuesto en esta carta ya fue formulado a su ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, y a cuanto funcionario encontramos en cada una de las áreas gubernamentales, sin más respuesta que una liviana promesa a futuro cuando la crisis nos estalla en las manos ahora.
Efectivamente, con más de 100 días de aislamiento, el problema de la compra y provisión de alimentos aún no se ha resuelto satisfactoriamente. Como usted sabrá los programas de empleo siguen siendo pocos y están desfasados frente a los sobreprecios en materia alimentaria. Hablamos de 8500 pesos, lo que representa la mitad de una canasta alimentaria.

En este período los casos de violencia de género fueron creciendo al mismo ritmo de los padecimientos de la comunidad trans/travesti. Desde iniciado el aislamiento, hubo más de 74 femicidios y transfemicidios. El acceso a políticas públicas para el sector ha corrido la misma suerte que el resto de los reclamos planteado. Ante la falta de políticas públicas, nuestras compañeras y compañeres quedan librades a lo que puedan realizar las redes de acompañamiento y el respaldo que han hecho las organizaciones sociales y sindicales.
La falta de recursos es, en boca de los funcionarios, más un latiguillo que un argumento razonable. En las primeras semanas de la cuarentena se debatió un impuesto por única vez a la riqueza. Tal iniciativa naufragó hasta estos días siendo que incluso tales montos requeridos eran insignificantes comparados con las fortunas amasadas por empresarios que se beneficiaron de la bicicleta financiera macrista y la estafa generalizada. Cuando una vecina en el barrio compra un litro de leche paga el mismo IVA que el 1% de las familias más ricas de este país. Mientras los ricos gozan de impunidad económica, nuestros barrios se hunden en la miseria.
El pronóstico es poco alentador: para fin de año especialistas anuncian que la pobreza podría llegar al 50% de toda la población y para la niñez todo es peor, habrá 756 mil nuevos pobres (7,7 millones en total), es decir el 58,6%. Asimismo, se estima que 4.725.160 trabajadores y trabajadoras fueron afectadas por despidos, suspensiones y ataque al salario. De este total, unos 744.420 perdieron su fuente de empleo desde el comienzo del ASPO.
Por esto mismo, la deuda es con nosotrxs señor presidente, no queremos más abusos policiales ni atropellos hacia nuestra gente. Se requieren medidas de fondo para resolver los pilares fundamentales del futuro de la Argentina.

Esto exige tierra para producir y para poder vivir, plan de obras públicas masivas para recuperar el empleo, el máximo apoyo a nuestro sector y a las empresas recuperadas heróicamente por sus trabajadores mientras los patrones abandonaban el país.
Antes de asumir usted hizo varias promesas e incluso instó a la población a que le haga saber si tomaba un rumbo que perjudique a las mayorías, es por este motivo que le escribimos esta carta para solicitarle tener una audiencia con el fin de poder encontrar una salida a la grave situación que se está viviendo en los barrios populares de nuestro país.

Saludan atte.

Contactos de prensa:
*Marianela 11 5584-7642 (vocera FOL)
*Esteban 11 5580-0038 (Vocero FPDS)
*Mónica 1166857708 (vocera del FPDS Corriente Nacional)
*Juan Pablo 1151343073 (vocero MTD Aníbal Verón)
*Ezequiel (vocero del MRP) 1163039613

María (vocera de ILS) 1131641299
*Lucero (vocera del FAR y COPA en Marabunta) 1167326137
*Soledad (vocera del MULCS) 1163713439
*Mariela (vocera de Movimiento 8 de abril) 1121634191
*Juan (vocero Igualdad Social) 2215700650
*Analía 01138584907 (vocera FOB La libertaria)
*Leandro 1150412077 (Vocero – FOB Autónoma)
*Alejandro 1123378176
(Vocero – OLP Resistir y Luchar)
Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/14/argentina-organizaciones-sociales-del-frente-de-lucha-territorial-entregaron-en-olivos-carta-al-presidente/

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Cien investigadores alertan sobre

la situación de los pueblos originarios ante la pandemia

Coronavirus, pueblos originarios y

un genocidio sin reparación

14 de julio de 2020

Por Darío Aranda

Página 12

Cien investigadores de doce universidades públicas alertan sobre la situación de los pueblos originarios ante la pandemia. Falta de acceso a la salud, agua y alimentos. Violencia, discriminación y modelo extractivo.

La Covid-19 y la cuarentena agravaron todos los aspectos de vida de los pueblos originarios de Argentina. Es una de las conclusiones de una investigación inédita, en la que participaron más de cien académicos de doce universidades públicas. Afirman que en los últimos meses se agravaron los desalojos, la violencia y, destacan, la ayuda estatal no llega en tiempo ni forma. Recuerdan que las comunidades indígenas tienen dificultades para acceder a la salud y hasta para hacerse de agua para consumo. Puntualizan sobre las consecuencias del extractivismo y del genocidio que aún no tuvo reparación.

Más de cien académicos de treinta grupo de investigación (muchos de ellos del Conicet) de doce universidades acaban de publicar la investigación “Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia Covid-19 y del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en los pueblos indígenas en Argentina”, donde se describe en detalle la situación de las comunidades originarias de las regiones Metropolitana, Pampeana, Noroeste, Noreste, Cuyo y Patagonia.

“Esta coyuntura agrava la situación de desigualdad socioeconómica, la irregularidad en la posesión de las tierras que habitan, la histórica invisibilización, estigmatización y, en ocasiones, criminalización asociada a su condición sociocultural”, afirma la investigación. Y advierte sobre la “profundización y exacerbación de situaciones de racismo, discriminación, violencia verbal y física hacia los integrantes de los pueblos originarios, a través de acciones arbitrarias, y/o graves abusos por parte de funcionarios de diversos organismos públicos, instituciones sanitarias y/o fuerzas de seguridad”.

Señala que el ASPO es una medida “necesaria para evitar la expansión del virus”, pero remarca que la consecuencia inmediata fue “la paralización del empleo y una abrupta retracción de los ingresos de los integrantes de los pueblos indígenas, en gran medida informales, influyendo radicalmente en su economía comunitaria (…) los pueblos indígenas son los sectores en mayor situación de precariedad estructural tanto socioeconómica como cultural y los que sufren en mayor grado los efectos de la pandemia y el ASPO”.

El trabajo, de 500 páginas, aborda la coyuntura, pero también realiza una clara vinculación del presente con aspectos estructuras que afectan a los pueblos originarios: “Muchas comunidades ya venían siendo afectadas por situaciones vinculadas a dinámicas extractivistas en los territorios, como
la expansión de la frontera agraria con los consiguientes desmontes, el uso de agrotóxicos, la megaminería y la explotación de hidrocarburos, entre los principales, con fuertes efectos ambientales, epidemiológicos y en sus condiciones de vida en general”. Los investigadores cuestionan: “Paradójicamente son esas actividades las que se encuentran entre las exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en Argentina, por tratarse de actividades definidas como esenciales”.

Respecto a los problemas vinculados a la alimentación, resalta que en muchas comunidades se consume agua de pozo o reservorios contaminados, que generan diversas enfermedades. Señalan dificultades para acceder a la entrega de mercadería que realizan instituciones oficiales y el “desmedido aumento” de precios de los alimentos. Y remarcan que se repiten casos de comunidades indígenas que tuvieron dificultades para acceder al cobro del IFE.

El informe precisa recomendaciones para mejorar la situación de las comunidades. Comienza por la exigencia del “efectivo cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios” previstos en la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), el Convenio 169 de la OIT, legislaciones nacionales y provinciales. “Exigimos la efectivización del derecho a la consulta de carácter vinculante y el Consentimiento Libre, Previo e Informado, previsto en las diversas normativas”, remarcan e instan a, de forma urgente, generar mecanismo de participación para las organizaciones indígenas.

La investigación retoma un reclamo histórico de las organizaciones indígenas: “Consideramos necesario que el Estado Nación repiense (o quizás inaugure) nuevos formatos en el vínculo que históricamente ha tenido con los pueblos originarios. Esto implica discutir y tomar una posición clara frente a una historiografía que sistemáticamente ha negado su presencia misma y, desde ya, el genocidio hacia los pueblos indígenas de nuestro país”.

“La responsabilidad del Estado (en sus diferentes niveles) en tal genocidio es central y las consecuencias de su histórico accionar violento no solo continúan, sino que en el contexto actual del ASPO, como hemos visto, se agravan. Es clave diseñar una agenda pública que implique una reparación histórica. Entendemos que debe conformarse un fondo de reparación histórica destinado a los pueblos originarios”, afirma la conclusión de la investigación.

Entre las instituciones académicas que participaron de la investigación figuran el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), el Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP), la Cátedra de Extensión Rural de la Universidad del Comahue, el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, el Instituto Interdisciplinario Puneño (UNCA), La Escuela de Antropología y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ambos de la Universidad de Salta) y la Red del Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (Gemas), entre otras.

Agua y enfermedades
Todas las campañas de prevención de coronavirus hacen hincapié en la importancia del lavado de manos. “La falta de acceso a servicios de agua, no solo en cantidad sino también en calidad, y de elementos básicos de higiene limitan la posibilidad de contar con condiciones de salubridad para hacer frente a la pandemia”, afirman los investigadores sobre la situación indígena y puntualizan en la inexistencia de infraestructura en las zonas rurales para el abastecimiento de agua potable y la carencia de fuentes seguras para el consumo (por los altos niveles de contaminación). También precisan que los pueblos indígenas son afectados por tuberculosis, chagas, desnutrición, anemia y parasitosis, así como enfermedades crónicas como la diabetes y constantes gastroenteritis. “Se suma el dengue que se encuentra en un pico estacional”, alertan.

La investigación describe que la modalidad de educación virtual casi no existe entre las comunidades indígenas, con el agravante de que eso ha llevado al abandono de los estudiantes indígenas. “Este contexto ha venido a subrayar las desigualdades históricas” respecto a los pueblos originarios, afirma el trabajo.
El informe abarca el análisis de comunidades de los pueblos Qom, Mbya, Moqoit, Mapuche, Guaraní, Tupí Guaraní, Avá Guaraní, Kolla, Diaguita, Diaguita-Calchaquí, Wichí, Huarpe, Quechua, Aymara, Nivaclé, Tonokote, Omaguaca, Tastil, Günün a Küna, Comechingón, Comechingón-Camiare, Ocloya, Iogys, Chané, Tapiete, Chorote, Chulupi, Sanavirón, Ranquel, Wehnayek, Atacama, Lule, Quilmes, Mapuche-Pehuenches, Tehuelches, Mapuche-Tehuelches, Selk‘nam, Haush y Selk‘nam-Haush.

https://www.pagina12.com.ar/278153-coronavirus-pueblos-originarios-y-un-genocidio-sin-reparacio

Fuente: https://rebelion.org/coronavirus-pueblos-originarios-y-un-genocidio-sin-reparacion/

 

 Bloqueo de la lucha de clases

 

Nos hallamos sumidos en emergencia social, humanitaria, ecológica y sanitaria desde antes de la pandemia. Como era de esperar el gobierno de los Fernández y sus seguidores la atribuyen a la pesada herencia que dejó Mauricio Macri. Sin embargo, la compartimos con la mayoría de los países al estar condenados -por el capitalismo-a suministrar commodities y mano de obra totalmente desprotegida o flexibilizada para acordarla a la condición de semiesclavitud.

 

En Argentina hemos llegado a esta calamitosa situación ante todo debido a derrota y bloqueo de las luchas de nosotres, les oprimides, por les opresores a través de la dictadura genocida y después, la democracia representativa cumplió esa función, en la cual se destacó el Partido Justicialista. El gobierno FF (PJ) perfecciona la fachada de legalidad-legitimidad hasta el extremo del cinismo que al habitual acuerdo tripartito contra les trabajadores lo restringió a negociar con el FMI y acreedores. Fue a fines de diciembre de 2019 y ahora, en agudo avasallamiento de derechos de los trabajadores formales e informales y con masivos despidos,

se patentiza a quiénes benefició. Sin embargo, desde la izquierda y el progresismo, se refuerza la polarización que es falsa al posicionar despreciando la contradicción fundamental del capitalismo con los pueblos de Argentina, del Abya Yala y del planeta. Aún más, por su enfoque centrado contra la derecha explícita, afianzan la política del actual Estado transnacionalizado. Reflexionemos, una vez más, sobre su convocatoria:

 

Urge multiplicar el apoyo a

la intervención de Vicentín

22 de junio de 2020

 La derecha, los dueños del agro-negocio y los medios de comunicación concentrados han lanzado una campaña para impedir o neutralizar la intervención de Vicentin. Pretenden retomar el rumbo de la extranjerización o desguace de la firma para garantizar la impunidad de los directivos comprometidos con el vaciamiento y la quiebra fraudulenta de la compañía.

Urge poner en movimiento una gran campaña popular de esclarecimiento contra los engaños que se intentan instalar en la opinión pública. Es falso que Vicentin es una empresa privada que desarrollaba sus actividades normalmente hasta que llegó un Estado invasor para expropiarla. Lo cierto es todo lo contrario. Quebró y no paga y muchas denuncias de contrabando, triangulación, evasión impositiva, empresas off shore evidencian una operatoria delictiva.

La estafa de Vicentin es contra el pueblo de la Argentina. El grupo hizo negocios y acumuló excedentes y patrimonio con fondos públicos, del Banco de la Nación, de otras entidades financieras públicas y de organismos de recaudación, incurriendo en el delito de evasión y elusión fiscal. Se trata de un accionar asociado a la extranjerización y al amparo de un modelo productivo que promueve el agro negocio de exportación en beneficio de la transnacionalización de la economía. 

Con la intervención se puede evitar el vaciamiento de la empresa y habilita un proceso de amplia discusión con trabajadoras y trabajadores directos e indirectos, los productores proveedores de la empresa y las organizaciones sociales vinculados a la actividad de la empresa. El concurso no impide la posibilidad de la intervención y con ello, asegurar la gestión en el marco del procedimiento concursal y en defensa del patrimonio público afectado por el accionar delictivo de la empresa que llevó a la actual situación de falencia, facilitado por la corrupción desde la actividad pública. 

Hace falta una campaña popular para denunciar lo que representa el caso Vicentin y la maniobra de encubrimiento de la gran corrupción, asunto desplegado por los principales medios de comunicación y la derecha política, que en definitiva buscan otra “125”.

Los poderosos quieren impedir la intervención o atarla de manos para seguir manejando el concurso de acreedores y de esa forma abrir el camino al desguace o extranjerización, incluso la “argentinización” a favor de grupos concentrados.

Lo que necesita el país es Vicentín “pública, no estatal con control social”.

Solo una amplia unidad política del movimiento popular puede generar la condición de posibilidad para la intervención y la transformación de una gran empresa en la perspectiva de la soberanía alimentaria.

La intervención urgente de Vicentin resulta preventiva y habilita la posibilidad de discutir el modelo agrario para pensar en términos de soberanía alimentaria.

Los firmantes nos comprometemos en una campaña que estimule el debate público y la movilización social.  Es el paso inicial para intervenir en la discusión del modelo productivo y de desarrollo a favor de la mayoría social empobrecida.

República Argentina, 22 de junio de 2020

FIRMAS: Claudio Lozano; Julio Gambina; Eduardo Lucita; Claudio Katz; Cristina Caamaño; Alejandro Bercovich; Beatriz Rajland; Nelly Minyersky; Claudia Viviana Rocca; Isabel Rauber; Stella Calloni; Atilio Boron; Sergio Arelovich; Eduardo Grüner; Martín Ogando; Mabel Thwaites Rey; Jorge Marchini; Guillermo Cieza; Miguel Mazzeo; Gabriela Roffinelli; Pablo Vommaro; Ezequiel Adamovsky; Patricia Collado; Daniel Campione; Jonatan Baldiviezo; Enrique Elorza; Flora Partenio; Alejandra Ciriza; Luciana Ghiotto; Leandro Morgenfeld; Alfredo Grande; Irene Antinori; Carla Rodríguez; Néstor Jeifetz; Horacio Baez; Roberto Agustín Follari; Víctor Mendibil; Julio Acosta; Hugo Blasco; Guillermo Díaz; Gustavo Teres; Enrique Gandolfo; José Lualdi; Raúl Belcastro; José Luis Ronconi; Gabriela Roxana Huenchual; Matías Fachal; Adriana Domínguez; Carlos Ordoñez; Marisa Duarte; Martín Mosquera, María del Carmen Verdú; Aldo Casas; Carlos “Charly” Fernández, Cecilia Pierola; Ximena Gómez; Andrea Vlahusic; Marcela Belardo; Eduardo Smidt; Mario Mazzitelli; Lucas Castiglioni; Analé Barrera; Flora Hillert; Manuel Gutierrez; Carlos Oroz; Nestor Di Milia; Julio Bulacio; Susana Colli; Shela Estevez; Paola Tarasow; Pablo Arenillas; Soledad Lopez; Silvia Hopenhayn; Matias Artese; Emiliano Randazzo; Gustavo Carminati; María Elena Saludas; Silvana Paris; Matías Piatti; Hugo Olguín; Tomás del Corro; Martín Bergel; Andrés Scharager; Moro Anghileri; Francisco Cantamutto; Elena Mendoza; Mariano Randazzo; Pilar Galende; Claudio Acosta; Cristina Ibarra; Malena Silveyra; Silvana Capece; Abel Cassanelli; Laura Tissembaum; Alejandro Horowicz; Elsa Drucaroff; Gabriela Golder; Clarisa Gambera; Alberto Jozami; Javier Vago; Florencia Lucila Sinagra; María Cristina Hammermuller;  Nora Ciapponi, Sergio Nicanoff; Andra Haro Sly; Sergio Barrera, Diego Ferrari; Ricardo Casas; Horacio Romano; Selva Lamtzev; Gabriel Cena; María Cristina Jorge Rodríguez; María del Carmen González de Díaz de Guijarro; María Julia Pérez Tort; Sergio Zeta; Cristina Livitsanos; Fabiana García; Gabriel Rocca; Eduardo Latino; Carlos Perusini; Marisol Cirano; Adriana D’Elia; Alberto Fortunato; Dora Balada; Alejandro Dolz; María Leonor Moyano; María Alejandra Berna; Victorina Ruth Campoy Benasayag; Aida Elba Cordero; Milca Vargas; Mónica Marino; Oscar Guidone; Irene  A  Flores; Alba Alicia Quintero; Elsa Virginia Balan; Mabel Moralejo;  Elena Moralejo; Karina Granieri; Susana Duci; Nancy Mabel Sinatra Elaskar; Ana Cristina Manchón; Liliana Muñoz; Herminia Fernández; Silvana Domenech; Mónica Caprera; Osvaldo Maniscalao; Clemente Gálvez; Arturo Sol; Ernesto Romeo; Mariano Fernández; Juan Krymkiewicz; Cecilia Szperling; Natalia Gelos; Ana Ojeda; Gabriela Saidón; Julia Masvernat; Rubén Marchi; Silvia Adriana Carrasco; Cecilia Margarita Mandiola; Graciela Andrés; Alberto Ismael Juan Vich; Gonzalo Dolz; Fernando Rule Castro; Clarisa Marchetti; Ayelén Pérez Tort; Cristian Roso;  Víctor Rolando Vázquez; María Margarita Buttini; Andrea Hernández; Eduardo Morales; Enrique Faraldo; Santiago Pedroncini; Javier Plano; Adriana Granica; Mirna Beatriz Mas; Elena Ramirez; Carlos Alfredo Sosa; Sonia Tula; Eugenio Paris; Marcela  De Philippis; Gladys Estela Bastías; Hugo Fabian Lorenzo Martínez Chimeno; Susana Pannocchia; Elena Rouquaud; Raúl Baseggio; Carmen Dolz; Marcela Astorga; Andrea Giunta; Alejandra Laurencich; Monica Millán; Silvia Gurfein; Denise Pascuzzo; Ana Abregu; Marina de Caro; Pia Bouzas; Andrea Chacón Alvarez; Cristina Schiavi; Elena Blanco; Alicia Esquivel; Ariel Nahón; Héctor Manfredo; Juan Pablo Castelló; Mario Berengan; Alfredo Caferatta; Mailén Pérez Tort; Jorge Daniel Sabella Rosa; Paoloni Graciela; Jose Daniel Paulucci; Alejandro Ariel Etchegoyen; Luján Funes; Silvia Sánchez; Silvana Campanini; Natalia Crespo; Amado Heller; Silvio Schachter; Natalia Crespo; Marcela Díaz  Berenguer; Carolina Golder; Nestor Osvaldo Goetta; Guillermo José Fina; Rosana Actis; Christian Fernández; Ricardo Navoni; Luca Fernández; Chudoba Ricardo; Grillo Mirta; Bekiesz Alejandra Irene; Fátima Pecci Carou; Irene Chikiar; Silvia kobylanski; Daniela Pasik; Mariana Casullo Amado; Constanza Brunet; Carolina Bruck; Natalia Silberleib; Lucas Cruz; Daniel Cerda; Eduardo Quintana; Fabián Pereyra; Lucrecia Falon; Ismael Jalil; Ayelén Césare; Humberto Márquez; Darío Roberto Poeta; Diego Carosella; Rafael Adamcik; Micaela Pessano; Susana Angélica Viecho; Gabriel Leonardo Grasso; María Eugenia Colubri; Cristina Romagnoli; Miguel Andrés Brenner; Roberto Elisalde; Marina Ampudia; Gonzalo Maurín; Marcos Britos; Federico Nacif; Fernando Stratta; Rolando García; Victoria Ríos; Daniel Root; Mailen Nicanoff; Yanina González; Luis Hessel; Cecilia Bognani; Matías Bacalhau; Isabel Garin; Zulema González; Silvia Vázquez; Cecilia Yaniceli; Silvia Gómez; Raúl Reyes; Leandro Sabatini; Graciela País; Graciela Corbato; Juan Pablo Cervera Novo; Soledad Losada; Eduardo Jacinto Torres; Mariana Juárez; Mariana Bustos; Nicolás Gutman; Cecilia Catalan; Oscar Sotolano; Cintia Soledad Paulos; Raul Kliksberg; Stella Maris Barcelo; Ana Canullo; Gabriela Delfino; Dante Patrignani; Monica Castro; Alejandro Méndez; Néstor Alende; Paola Renata Gallo Pelaez; Alejandro Maciel; Leandro del Grecco; Norberto Señor, Susana Ancarola, María de los Angeles Troitiño, Juan Anzorena, Soledad Torres; Pablo Godbar; Gustavo Fernández; Hilda Abad; Gabriel Martínez, Marcelo Espíndola; Ester Kandel; Gabriela Mitidieri; Daniel Ximénez; Zarella Arauz Méndez; Luis Burstein; Luis Norberto Allievi; Juan Carlos Temez; Germán Kallsen; Analia Lusarreta; Alejandro Arraras; Alejandra Pavon; Claudio Giorno; Lois Pérez Leira; Andrés Gabriel Grasso; Sandra Raggio; Fabio Cesar Valente; siguen las firmas….

Adherir a: https://forms.gle/tLPvwGf88EWAW1WA7

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/06/22/urge-multiplicar-el-apoyo-a-la-intervencion-de-vicentin/

 

 

Examinemos a qué gobierno Estado se convoca a apoyar. Como todos los gobiernos constitucionales desde 1984 se centraliza en atender a les grandes estafadores (oficializades como acreedores) y reparemos que su segunda "propuesta de re-negociación es contraria a cualquier espíritu soberano digno del 9 de julio, ya que continúan las concesiones que se habían comenzado a instrumentar en la primera oferta realizada en abril e incluso se profundizan".

 

La Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda señala equivocada a la conducta de renegociar por "implicar un reconocimiento de la deuda y la imposibilidad de suspender el pago de la misma y la inmediata investigación". La propia Autoconvocatoria advierte: "Es necesario remarcar que la re-negociación, actualmente en curso, es el primer paso en un camino que sólo traerá más penurias a nuestro pueblo. Luego de la negociación con los acreedores privados bajo legislación extranjera, el Gobierno de Alberto Fernández hará lo propio con el Fondo Monetario Internacional. Continuará así la política de “honrar las deudas” sin investigar su carácter fraudulento".Es decir, desde el gobierno de Alfonsín hasta hoy, hay una política de Estado que privilegia el pago de intereses usurarios de la gran estafa por sobre garantizar los derechos básicos a la dignidad humana de todes les diverses de abajo. Y los gobiernos de turno y la casta política participaron y participan "de los beneficios que recibieron empresarios, funcionarios y bancos por ese endeudamiento que continuó incrementándose".

 

 

Una deuda con la independencia

A 20 años del Fallo por la Deuda

Argentina, 10 de julio de 2020

 

A pocos días de una nueva conmemoración de la declaración de nuestra Independencia, el Gobierno Nacional presentó una nueva oferta a los “fondos de inversión” que sostienen su voracidad sin final en el marco de una profunda crisis capitalista global, agravada por la pandemia mundial. Esta propuesta de re-negociación es contraria a cualquier espíritu soberano digno de esta fecha, ya que continúan las concesiones que se habían comenzado a instrumentar en la primera oferta realizada en abril e incluso se profundizan.

En la propuesta del gobierno, se adelantan las fechas de vencimiento en uno o dos años según el bono, se esfuman las quitas de capital, y se reconocen los pagos de intereses de este año. Además, se ofrecen algunas concesiones legales respecto a los niveles de aceptación en caso de futuras renegociaciones, permitiendo a tenedores de bonos renegociados en el 2005 contar con esas mismas condiciones (más convenientes para ellos). En concreto, significan entre U$D 7.800 y U$D 13.000 millones de dólares más, respecto a lo propuesto en abril, que serán menos recursos para la educación, salud, trabajo, vivienda, y tantas otras carencias que hoy sufre nuestro pueblo.

El camino de retroceder aceptando las indignas condiciones de los prestamistas es equivocado. La concesión fundamental que están recibiendo es acceder a una renegociación, lo que implica un reconocimiento de la deuda y la imposibilidad de suspender el pago de la misma y la inmediata investigación. Proceso que permitiría investigar lo que ha sido ampliamente denunciado por ser una “deuda” ilegal, ilegítima y odiosa. Cuando las únicas alternativas son pagar o pagar, las perspectivas de negociación sólo podían arrojar este reguero de retrocesos, con un final aún abierto.

El 13 de julio se cumplen 20 años del Fallo del Juez Ballestero que al dictar sentencia en la causa Olmos corroboró la existencia de 477 ilícitos en el proceso de endeudamiento investigado del 76 al 83 durante la dictadura. La causa duró 18 años, y en la misma existen constancias de los beneficios que recibieron empresarios, funcionarios y bancos por ese endeudamiento que continuó incrementándose. Al poco tiempo del Fallo, gran parte de la deuda entraría en default a fines del año 2001. La renegociación del año 2005 no retomó las conclusiones de la causa Olmos, ni incluyó tampoco ningún tipo de investigación. En esta nueva renegociación, algo más de U$D 20.000 millones provienen de bonos emitidos en canje por aquella deuda que se dejó de pagar en el 2001.

 

Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda instamos a que el Gobierno Nacional nos reciba para plantearle nuestra posición ante esta deuda ilegal, ilegítima y odiosa. Asimismo, también exigimos respuesta a nuestro pedido de audiencia urgente a las autoridades del Banco Central de la República Argentina y a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, ya que tienen la posibilidad de contar con información privilegiada para analizar el carácter de la deuda.

 

Es necesario remarcar que la re-negociación, actualmente en curso, es el primer paso en un camino que sólo traerá más penurias a nuestro pueblo. Luego de la negociación con los acreedores privados bajo legislación extranjera, el Gobierno de Alberto Fernández hará lo propio con el Fondo Monetario Internacional. Continuará así la política de “honrar las deudas” sin investigar su carácter fraudulento. Este organismo le otorgó al gobierno de Mauricio Macri un préstamo de U$D 57.000 millones, de los que desembolsaron 44.000 millones. 

 

Como lo reconoció el propio presidente, la mayor parte de ese dinero se fue mediante la fuga de capitales. Por esa razón, es que el FMI está “apoyando” la negociación actual del gobierno con los prestamistas privados, porque quiere cobrar ese dinero otorgado a espaldas del Congreso y en perjuicio de todo el pueblo argentino.

 

Si continuamos en este camino, se agravarán los sufrimientos que ya están padeciendo la mayoría de los argentinos y argentinas, por la emergencia sanitaria y la crisis social, económica y ecológica. Por ello, resaltamos la importancia fundamental para nuestro pueblo del camino que proponemos desde la Autoconvocatoria.

 

El lunes 13 de julio a las 17 horas, a 20 años del Fallo del Caso Olmos, y a 204 años de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas que luego conformarían la República Argentina, libre de la corona española y de toda otra potencia extranjera, convocamos al inicio del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, por Facebook y YouTube. En esta oportunidad disertará Alejandro Olmos Gaona y se instalará a les jueces del Tribunal que conducirán este proceso popular de Juicio a la estafa, el saqueo y la dominación que esta Deuda y el FMI perpetúan a diario contra nuestro pueblo.

Autoconvocatoria por la suspensión del pago

e investigación de la deuda 



*¡No debemos- No pagamos! ¡Somos los pueblos los acreedores!*

 

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Estimemos a qué y a quiénes desconoce la Convocatoria a unirse en apoyo al gobierno FF. Al focalizarse en Vicentin soslayan al movimiento de muchos afluentes pero silenciados e invisibilizados debido a sus denuncias sobre: 

«El sistema alimentario industrial va mostrando a gran velocidad que más que ser una solución es ya el núcleo del problema. Deja a su paso enfermedades, daños ambientales, deshabilitación de las sociedades que no pueden proveerse sus propios alimentos y una destrucción del sistema campesino agroalimentario: el sistema central para la reproducción de la vida humana.

Este monopolio busca controlar todos los factores relativos a las semillas, el suelo, el agua, la mano de obra, los agroinsumos, el transporte y finalmente el precio de los alimentos. Avanza con “empresas directamente beneficiadas por actos gubernamentales del Estado, por sus políticas públicas, sus reformas constitucionales y sus legislaciones apalancadas con tratados de libre comercio y cooperación” [2]. Tanto desvío de poder y recursos invertidos a favor de las empresas provoca que en México tengamos una “sobreoferta de alimentos industrializados de muy bajo valor nutricional” que provocan que “de las 600 mil muertes que se registran al año, 300 mil muertes estén relacionadas con la mala alimentación».

También los silenciados e invisibilizados plantean:"Es hora de terminar con este sistema agroalimentario absurdo y dañino, que solamente beneficia a las corporaciones. Es el principal factor de cambio climático y pese a utilizar de 70 a 80 por ciento de la tierra, agua y combustibles de uso agrícola, sólo alimentan a 30 por ciento de la población mundial". Silvia Ribeiro, “Gestando la próxima pandemia”, La Jornada, 25 de abril de 2020.

 

De la inviable agroindustria a

la agricultura post-industrial

29 de mayo de 2020

 

Por José Godoy Berrueta

#Biodiversidad104 | "Nos acusan de querer “volver a las cavernas”, pero la sociedad post-industrial no es la sociedad pre-industrial. Es mucho más complejo que eso. Es la sociedad que ya vivió los efectos de la era industrial, que reconoce los resquicios menos impactados por la industrialización de bienes y servicios, que describe y critica la sociedad industrial. Reconoce avances científicos o tecnológicos y propone una forma de vida y de relación convival con la naturaleza y la sociedad, basada en herramientas al alcance de todos para dotarnos en una escala asequible a toda la población de lo necesario para vivir cuidando nuestro entorno".

En abril de 2019 Alejandro Nadal, al igual que otras voces internacionales afirmaba “¿Cómo vamos a asegurar la alimentación de una población de 8 mil 500 millones de personas para 2030? La mayoría de la población piensa que la única forma de lograrlo es mediante la agricultura comercial de gran escala, que hoy domina el mercado mundial de alimentos. Ésa es la respuesta equivocada”. Reconocía como economista, las técnicas de producción que “descansan en un saber campesino milenario basado en la agrobiodiversidad. Esa forma de producción va contra casi todos los principios de la producción capitalista, que prefiere la uniformización (monocultivo), la mecanización y el uso intensivo de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas)”.

“La lucha por los alimentos de mañana comienza hoy. La forma de producirlos en la actualidad afecta la producción de una alimentación nutritiva y un medio ambiente saludable en el futuro. La agricultura comercial de gran escala, intensiva en capital y en insumos agroquímicos, no solamente no es la respuesta a las necesidades de producción y conservación, pues pone en peligro el abasto alimentario mundial del futuro. Es urgente revalorizar la agricultura que se rige por los principios de la producción agroecológica” [1].

En 1978 Iván Ilich planteaba en La Convivencialidad: “Quiero trazar un cuadro del ocaso del modo de producción industrial: dos terceras partes de la humanidad pueden aún evitar el atravesar por la era industrial si eligen, desde ahora, un modo de producción basado en un equilibrio post-industrial, ese mismo contra el que las naciones superindustrializadas se verán acorraladas por la amenaza del caos”. Ilich llamaba a investigar críticamente el monopolio del modo industrial de producción y cómo imaginar otros modos de proceder.

El sistema alimentario industrial va mostrando a gran velocidad que más que ser una solución es ya el núcleo del problema. Deja a su paso enfermedades, daños ambientales, deshabilitación de las sociedades que no pueden proveerse sus propios alimentos y una destrucción del sistema campesino agroalimentario: el sistema central para la reproducción de la vida humana.

Este monopolio busca controlar todos los factores relativos a las semillas, el suelo, el agua, la mano de obra, los agroinsumos, el transporte y finalmente el precio de los alimentos. Avanza con “empresas directamente beneficiadas por actos gubernamentales del Estado, por sus políticas públicas, sus reformas constitucionales y sus legislaciones apalancadas con tratados de libre comercio y cooperación” [2]. Tanto desvío de poder y recursos invertidos a favor de las empresas provoca que en México tengamos una “sobreoferta de alimentos industrializados de muy bajo valor nutricional” que provocan que “de las 600 mil muertes que se registran al año, 300 mil muertes estén relacionadas con la mala alimentación” [3].

En México este sistema agroindustrial se discute por todo el territorio nacional. La disputa con el modo de producción campesino-indígena está presente en las comunidades.

Península de Yucatán

“El cultivo de soya en el municipio de Bacalar se intensificó a partir de 2012. Fueron los menonitas quienes la desarrollaron deforestando unas 3 mil hectáreas de selva.”

“De acuerdo con el monitoreo del colectivo de semillas Múuch´ KananIínaj, en un periodo de diez años se han vendido 26 mil hectáreas de tierras ejidales del municipio de Bacalar. Los compradores, hasta el momento, se identifican como menonitas, empresarios agrícolas de origen alemán, filipino y japonés que pagaron, en promedio, 5 mil pesos (206 dólares) por hectárea.” [4]

La Procuraduría Agraria en las comunidades ha jugado de “inmobiliaria” convenciendo con artimañas a campesinos e indígenas a que vendan sus tierras. Dicen las instancias del gobierno: “La certeza jurídica en el 98 por ciento de la propiedad social de Quintana Roo, es un factor preponderante para promover, a través de los sectores turístico, inmobiliario y de servicios, un mejor nivel de vida para las familias campesinas de la entidad” [5].

Las comunidades de los tres estados de la península han respondido interponiendo juicios contra la siembra comercial de soya transgénica y contra los programas interestatales que pretenden “ordenar” y folclorizar el modo de vida ancestral de los mayas.

En Campeche se cultivan 50 mil hectáreas de soya que expanden la frontera agrícola destruyendo la selva, esto promovido por el gobierno que otorga subsidios a productores y compradores [6]. Esta soya transgénica se ha sembrado de forma ilegal. Ahora hay contaminación con glifosato de niños y adultos en las comunidades mayas, y de los mantos freáticos y las fuentes comunitarias de agua [7].

Jalisco

En México entre 1992 y 2015 la venta y aplicación de pesticidas creció 222% y hoy día está autorizado el uso de 140 plaguicidas prohibidos en otros países por su alta toxicidad y por el daño que causan a los ecosistemas. El modelo agroexportador de Jalisco ha convertido el estado en un mar de agrotóxicos.

“En Jalisco fallecieron cuatro mil 744 personas por insuficiencia renal entre 2013 y 2017, de las cuales 50 fueron bebés, con menos de un año de edad, mientras 419 personas tenían entre uno y 24 años.Según Felipe Lozano, de la Universidad de Guadalajara, la contaminación del agua es un factor crucial que provoca enfermedades renales, por la exposición a plaguicidas.” [8]. Al conocer estos datos y con el reconocimiento oficial de epidemia un amplio grupo de investigadores se comenzó a monitorear la presencia de pesticidas en varios lugares del estado [9].

Se estudió la presencia de pesticidas, entre ellos el glifosato en 281 niños, con promedio de edad de 9 años de 2 regiones alejadas una de otra, pero con características agroindustriales, y se halló presencia de 2 a 12 pesticidas en las pruebas de orina de los niños [10].

En febrero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para “preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago” como afectados de la actividad industrial y agroindustrial en esa cuenca [11].

En las fuentes de agua se encontró gran variedad de plaguicidas; en lagos y presas se encontró glifosato utilizado para contrarrestar la presencia de lirio, y múltiples sustancias debidas a escurrimientos.

En la cuenca de Rio Ayuquila (que va del sur de Jalisco a Colima) se encontraron de 2 a 40 plaguicidas en las muestras de agua del río provenientes de cultivos de agave, maíz, caña, pastos, cítricos, avena y papa [12].

En la región melífera del Nevado de Colima hay “evidencias de mortandades de abejas producidas por neonicotinoides en cultivos e invernaderos de aguacate y moras”, así como daños y riesgos a otros polinizadores, al ambiente y a la salud humana [13].

En la región de Chapala hay presencia del insecticida Lindano en mujeres embarazadas [14]. “La epidemia de obesidad ha develado [...] que puede haber una asociación etiológica entre la exposición uterina a ciertos compuestos químicos y la obesidad post-natal; el 79% de las mujeres embarazadas incluidas en este estudio se les detectó la presencia de HCH lindano”.

Cada año se producen unos 2 mil 800 químicos, y lamentablemente menos de la mitad se han estudiado buscando conocer la toxicidad que representa para el feto, el niño o el adulto [15].

Lo más preocupante de esta guerra de agrotóxicos es la presencia mezclada de todos juntos, su persistencia y acumulación en las personas y en la naturaleza, su desregulación y sus efectos no atendidos en grandísimas poblaciones, además de su mezcla con desechos industriales y urbanos. Mientras tanto, la población de estas regiones intenta a contracorriente mantener sus actividades campesinas.

Michoacán

En reuniones para analizar la agroindustria y promover el libre intercambio de semillas en la comunidad purépecha de Cherán insisten que las semillas son lo más importante, son vida, y aun así la gente está menos en el campo e incrementa la migración.

Persiste la milpa y las comunidades conscientes hacen prevalecer formas de producción artesanal. La prioridad es producir conservando y mantener el beneficio colectivo.

Ver a las comunidades como reservas de recursos naturales es una visión muy empresarial. A veces la gente copia modelos de empresas o iniciativas que parten de un interés muy ajeno a los valores comunitarios. “Y luego nos imponen la idea de que nuestros proyectos fracasan. En realidad, debemos buscar otra vida, basada en nuestros saberes de agricultura o agroecología, nuestro comercio, construcción, idea de la salud, o solución de conflictos. Todo está relacionado, cómo producimos, con qué tecnologías, qué comemos, cómo lo conservamos y lo intercambiamos”, nos dice la gente del Concejo Mayor.

El agronegocio arrebata, modifica e impone en toda la cadena alimentaria y sus procesos un nivel de toxicidad y contaminación nunca antes visto. Hasta el punto de vincularse a cadenas económicas criminales.

En Michoacán transformó a comuneros en peones de la cañada y los valles, algunas veces forzados, en los campos de zarzamora, arándanos, fresa, aguacate, brócoli o papa. Todo diseñado en reuniones y programas de empresas y gobiernos.

“Frente a este escenario la comunidad decidimos defender la autonomía, el territorio y a la gente: ‘que es como sembrar la semilla’. Toda la riqueza viene del trabajo y nos lo están robando. La agroindustria requiere nuestro trabajo para generar su riqueza a partir de nuestro territorio. Eso es extractivismo puro”.

Necesitan hacer dependiente al campesino para convertirlo en mano de obra, por eso se apropian de su suelo, su semilla, su vida silvestre, su comunidad y su territorio para imponer extensos campos de monocultivo industrial. Son producciones de mercancías ajenas a la comunidad con una alta dependencia y consumo tecnológico.

En México el maíz es el alimento base, es un cultivo muy generoso que permite hacer muchas cosas a la vez, produce lo necesario y puede convivir con otros muchos cultivos que juntos propician una gran cantidad de beneficios, no solamente alimentarios.

“Los movimientos comunales se vacían empujados por los agronegocios y las cadenas de tiendas con productos industrializados caros y dañinos a la salud producidos con insumos de nuestras regiones: papas, maíz y soya. Es un círculo de imposición y control que genera una gran crisis de crisis: económica, de salud, ambiental y climática”, insiste el Concejo Mayor.

El gran esfuerzo de la gente para llevar a sus hijos a las escuelas se invierte en prepararlos para trabajar en las industrias.

La agricultura post-industrial

Nos acusan de querer “volver a las cavernas”, pero la sociedad post-industrial no es la sociedad pre-industrial. Es mucho más complejo que eso. Es la sociedad que ya vivió los efectos de la era industrial, que reconoce los resquicios menos impactados por la industrialización de bienes y servicios, que describe y critica la sociedad industrial. Reconoce avances científicos o tecnológicos y propone una forma de vida y de relación convival con la naturaleza y la sociedad, basada en herramientas al alcance de todos para dotarnos en una escala asequible a toda la población de lo necesario para vivir cuidando nuestro entorno. Por eso la pertinencia de una agroecología que abreve del saber campesino y que haga comunitarias la tierra, el suelo, el agua, las semillas y todas las herramientas para la reproducción de la vida humana. Decía Iván Illich en La convivencialidad: “Llamo sociedad convivencial a aquella en que la herramienta moderna está al servicio de la persona integrada a la colectividad y no al servicio de un cuerpo de especialistas. Convivencial es la sociedad en la que las personas controlan la herramienta”.

En 2009 le preguntaron a Alejandro Nadal que lección podríamos extraer de la epidemia de la gripe porcina: “tiene que ver con la bioseguridad. Esta epidemia es una muestra clara de que los sistemas de bioseguridad en México (y muy probablemente en muchos países) no están preparados, ni de lejos, para enfrentar contingencias. Aun así, el gobierno mexicano insiste en su afán de liberar cultivos transgénicos a escala comercial. Llama la atención, en especial, el caso del maíz. Este cultivo tiene su centro de origen en México y … no hay condiciones de bioseguridad en México”.

“Estamos en tal grado deformados por los hábitos industriales, que ya no osamos considerar el campo de las posibilidades; para nosotros, renunciar a la producción en masa significa retornar a las cadenas del pasado, o adoptar la utopía del buen salvaje.” [16]

Sin embargo en plena crisis del Covid-19 Herman Bellinghausen nos recuerda en su columna del 30 de marzo en La Jornada: que “ahora, de pronto, el futuro no existe. Lo dábamos por sentado. Pierden sentido planes, proyecciones. Peligra menos la vida cíclica de los pueblos originarios y campesinos que la lineal en progreso e innovación constante de las sociedades urbanas; sencillamente ellos se preparan para la próxima siembra y las fiestas del calendario, aunque haya que brincarse alguna por la emergencia”. “Los pueblos son los que han demostrado que saben durar”. 

Notas:(...)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/De-la-inviable-agroindustria-a-la-agricultura-post-industrial

 

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De un vistazo y muchas aristas #104

2 de junio de 2020

Por Alianza Biodiversidad

Entrecruzamientos que agravan  los sistemas alimentarios agroindustriales

#Biodiversidad104 | Haciendo eco con toda la documentación de este número de Biodiversidad, sustento y culturas, presentamos varias aristas aparentemente dispersas que nos ayudan a entender la gravedad de la agroindustria: sus fundamentos históricos de acumulación, su filosofía apoyada por una tecno-ciencia filibustera, las riesgosas innovaciones que alimentan sus ganancias, la mentira de su filantropía, sus hilos políticos a nivel internacional, las evidencias de su nocividad en las granjas fabriles, los transgénicos, los agrotóxicos, la deforestación, las pandemias, el caos climático y la represión y el crimen para mantenerlas. Todo se conjuga en este abigarrado mosaico.

La cría industrial de animales en confinamiento (avícola, porcina, bovina) es una verdadera fábrica
de epidemias animales y humanas

Grandes concentraciones de animales, hacinados, genéticamente uniformes, con sistemas inmunológicos debilitados, a los que se administran continuamente antibióticos, según la OMS, son la principal causa de generar resistencia a los mismos a escala global. Un perfecto caldo de cultivo para producir mutaciones de virus más letales y bacterias multirresistentes a los antibióticos, que con los tratados de libre comercio se distribuyen por todo el globo.[...]

La relación entre ganadería industrial y epidemias-pandemias va más allá de los grandes criaderos. Hay causas concomitantes: la cría masiva de animales confluye con la destrucción de hábitats naturales y de biodiversidad que hubieran funcionado como barreras de contención de la expansión de virus en poblaciones de animales silvestres.

Los principales responsables de esta destrucción de ecosistemas son el sistema alimentario agroindustrial en su conjunto, el crecimiento urbano descontrolado y el avance de megaproyectos para servicio de los anteriores: minería, carreteras y corredores comerciales.

El sistema alimentario agroindustrial juega el papel principal: según la FAO, la causa mayoritaria de deforestación en el mundo es la expansión de la frontera agropecuaria industrial. En América Latina causa 70% de la deforestación, y en Brasil hasta 80%.

De toda la tierra agrícola del planeta, 78% (!) se usa para la industria pecuaria a gran escala: sea para pasturas o siembra de forrajes. Más de 60% de cereales que se siembran globalmente son para alimentar animales en confinamiento

En cada paso de la cadena alimentaria agroindustrial, 4-5 grandes transnacionales dominan más de 50% del mercado global.

Solamente tres empresas (Tyson, EW Group y Hendrix) controlan toda la venta de genética avícola en el planeta. Otras tres la mitad de toda la genética porcina. Y unas pocas más la genética bovina. Esto causa una enorme uniformidad genética en los criaderos, que facilita la trasmisión y mutación de virus.

Igual sucede con las empresas del comercio mundial de commodities agrícolas (granos y oleaginosas), controlado casi en totalidad por seis empresas: Cargill, Cofco, ADM, Bunge, Wilmar International y Louis Dreyfus Co, que comercian los forrajes que van a la cría industrial de animales, principalmente soya y maíz transgénico.

Las mayores procesadoras de carne avícola, porcícola y vacuna son actualmente JBS, Tyson Foods, Cargill, WH Group-Smithfield y NH Foods. WH Group, de China, es la mayor empresa porcícola del globo y domina en América del Norte, dueña de Granjas Carroll, donde se originó la gripe porcina.

Es significativo el caso de Cargill, que siendo la mayor empresa global de comercio de commodities agrícolas pasó de proveer forrajes a ser además criadora, siendo la tercer compañía mundial de cárnicos (aves, cerdos, vacas).

Pese a los desastres que está causando la pandemia de Covid-19, esas empresas siguen sus actividades, gestando la próxima pandemia, que podría incluso ocurrir mientras la actual sigue activa.

Es hora de terminar con este sistema agroalimentario absurdo y dañino, que solamente beneficia a las corporaciones. Es el principal factor de cambio climático y pese a utilizar de 70 a 80 por ciento de la tierra, agua y combustibles de uso agrícola, sólo alimentan a 30 por ciento de la población mundial. Silvia Ribeiro, “Gestando la próxima pandemia”, La Jornada, 25 de abril de 2020.

Hay un cruel oscurantismo en la praxis industrial: la aberrante creencia de que las técnicas 
costosísimas aplicadas a los actos más humildes vuelven próspera a la gente

La ceguera reforzada por las profesiones dominantes sobre las cantidadesde energía socialmente optimas; la superstición de que los seres humanos no pueden vivir sino en un capullo institucional que los atiborre de educación, calorías y asistencia médica

Hay ya mucha gente que percibe el conflicto latente entre el ser humano y los instrumentos industriales. Iván Illich encarna la esperanza de que este conflicto se manifieste en una Gran Crisis o sea la ocasión de una opción sin precedentes. Cuando se disipe la ilusión industrial, aparecerá, como alternativa muy realista, la posibilidad de una sociedad convivial donde un número creciente de personas hagan más con menos. “Los humanos que saben decir con claridad lo que quieren, lo que pueden y lo que no necesitan” preparan ya el terreno para una crisis franca que requerirá una solución global. Los modos de la crisis dependerán de la diversidad de los horizontes de donde se elevarán estas voces y de la claridad con que se plantee la opción: ¿queremos herramientas conviviales [aquellas que nos devuelven a la comunidad] o que nos aplaste la megamáquina, las herramientas industriales [que nos enajenan del cuerpo social]? Jean Robert, Los cronófagos, de próxima aparición.

El 24 de marzo se realizaron acciones de protesta con bloqueos, cortes de ruta y barricadas en diversos puntos de Chiloé

Como respuesta a la violencia ejercida por fuerzas represivas estatales, quienes quebrantaron la aduana sanitaria para abrir por la fuerza el flujo de camiones de la industria salmonera y de mitilicultura [el cultivo de moluscos] provenientes del continente.

Cabe señalar que organizaciones sociales de Chiloé habían logrado establecer un acuerdo con autoridades regionales para el aislamiento ante la emergencia sanitaria del Covid-19, más aún considerando que en el archipiélago no había casos de contagio, fijándose que pasarían por el Canal de Chacao sólo alimentos e insumos básicos. Sin embargo, el 24 se permitió el flujo de camiones de la industria acuícola y algunos buses, custodiados por fuerzas especiales de carabineros e infantes de guerra de la Marina, quienes reprimieron a habitantes guardianes de la medida sanitaria, deteniendo a dos de ellos: al presidente de la JJVV de Chacao, Andrés Ojeda y al vecino, Pablo Montalva de Coñimó.

Al ser detenido, Ojeda señaló: “es lamentable que Salmon-Chile, sus asociados y la industria de la mitilicultura tengan de rodillas a Chiloé. En estos días complejos anteponen sus actividades económicas por sobre la salud de nuestra gente coludidos como el gobierno regional y varias autoridades locales”.

Chiloé es un archipiélago con más de 40 islas, con unos 170 mil habitantes distribuidos en 10 comunas, que la deja en un estado de extrema vulnerabilidad por no existir condiciones sanitarias para enfrentar una emergencia de este tipo por la conectividad y sistema hospitalario.

Luego de los violentos quiebres sanitarios por parte de agentes represivos estatales, por la tarde y noche en Chiloé se realizaron acciones de protesta con bloqueos, cortes de ruta y barricadas en diversos puntos de Ancud, Quemchi, Castro, Quellón y Queilen. Al otro día, en otros lugares y en Isla Lemuy, cuya cabecera es la comuna de Puqueldón también se realizaron manifestaciones tendientes a la protección efectiva de la población: “La única barrera que en algo nos protegía o pretendía hacerlo, fue derribada por el Estado en el canal de Chacao. Todas las comunas en este minuto se están organizando para proteger el archipiélago de Chiloé y nosotros esperamos hacer nuestra parte por Lemuy”, señalan desde el movimiento social.

Luego de las acciones violentas contra habitantes de Chiloé en el canal de Chacao, Álvaro Montaña, del Movimiento Defendamos Chiloé, dio cuenta de la llegada de una mayor dotación represiva: “En estos momentos, la empresa Transmarchilay ha permitido el ingreso de un guanaco y dos carros más. Ésta es la respuesta del gobierno a nuestra necesidad. No mandan médicos, no mandan camillas, sino que mandan guanacos, gracias al auspicio de la empresa Transmarchilay, para que todos los chilotes sepan”. La escritora poeta canaria-chilota, Maribel Lacave, indicó a Radio Estrella del Mar: “Estamos hablando de una situación extrema, de un problema de agresión contra la vida, entonces defendamos a nuestros vecinas y vecinas que lo único que están haciendo es sacrificándose para evitar que entre el contagio. Estamos velando por la salud de todos”. Rebelión en Chiloé contra irresponsabilidad sanitaria estatal y acuícola, Territorios comunicaciones, Chile, 25 de marzo, 2020

Al mismo tiempo que la usurpación y el vasallaje, para destinar las tierras a la caña de azúcar,
Hernán Cortés llevó a cabo el desplazamiento del cultivo del maíz de los pueblos

Hacia 1524, estableció dos ingenios azucareros en Tuxtla y, en 1532, otro ingenio en Tlaltenango, en las cercanías de Cuernavaca. Al oriente de Morelos, en 1582, la hacienda del Hospital montó un cañaveral en territorio usurpado, entre otros, al pueblo de Anenecuilco. [...]

Este sistema agrario que traspuso la declaración de independencia, a finales de la dictadura de Porfirio Díaz representaba la forma predominante bajo la cual se efectuaba la explotación de los trabajadores del campo. No era un régimen homogéneo, pero en conjunto las haciendas de todo el país detentaban 16.6 millones de hectáreas y tenían el control de los principales productos agrícolas a excepción del más importante de todos, desde el punto de vista económico y civilizatorio: el maíz.

En segundo y tercer grado de importancia, alternándose por años, la caña de azúcar y el henequén eran los cultivos más importantes por el valor de la cosecha y estaban monopolizados por las haciendas. Lo mismo ocurría con otros cultivos importantes, como el tabaco, algodón, café y trigo.

Al final de la dictadura porfirista a principios del siglo XX, la importancia estratégica de las haciendas de Morelos puede observarse considerando que eran unidades capitalistas de alto rendimiento, cuya fuerza radicaba, por un lado, en el monopolio de la tierra y, por otro, en un elevado nivel tecnológico de los ingenios azucareros. En Morelos, el 46 por ciento del territorio estaba en manos de las haciendas y 79 de cada 100 hombres, entre 11 y 60 años, eran peones. Ambos datos fueron los más altos del país, salvo en Guerrero.

Con la tecnología moderna, al interior de las economías azucareras del mundo, se produjo la separación de la propiedad de la tierra y la propiedad del ingenio industrial; sin embargo, en México no ocurrió así. Aquí se aplicó la maquinaria moderna —a gran escala, en el caso de Morelos— al modelo terrateniente colonial. Más aún, se agudizó el monopolio de la tierra y también la centralización de la fase industrial, en manos de los hacendados. La hacienda porfirista combinó la apropiación de una renta absoluta, derivada del monopolio de la tierra, con la apropiación de plusvalía, derivada de la explotación del trabajo asalariado. Esto produjo una clase híbrida —terrateniente y capitalista industrial a la vez— con métodos exacerbados de explotación, humillación y despojo.

Las formas de sujeción se multiplicaron con esa modernización. Pero los asalariados de las haciendas no eran trabajadores “libres”, sino peones sometidos por medio del endeudamiento y la vigilancia especial de los capataces. Para mayor control, con frecuencia los trabajadores vivían “acasillados” dentro de la hacienda. Francisco Pineda, “Emiliano Zapata: maíz, azúcar y petróleo”, Desinformémonos, abril de 2012.

El avance del modelo agroindustrial de monocultivo es parte de la dinámica regional

Por lo cual es importante considerar los acuerdos firmados y los que están negociándose por parte del Mercosur, dado que los Tratados de Libre Comercio ponen en peligro la producción campesina e implicarían una profundización de la presencia de las corporaciones del agronegocio. Se presenta el avance del modelo en la región, tomando como punto de referencia el año 2003, en que empiezan a denominar al cono sur como “República Unida de la Soja”. En estos 15 años, los cultivos de soja pasan de un poco más de 33 millones de hectáreas a casi 58 millones de hectáreas. Base-Is, Con la soja al cuello, Informe sobre los agronegocios en Paraguay, 2018. Marielle Palau, coordinadora.

Los cultivos transgénicos de soja y maíz en Uruguay tienen varios aspectos: económico-político, científico,de salud, medioambiental, bioético, social y cultural.

Las “normas relativas a bioseguridad de vegetales y sus partes genéticamente modificadas” dictan una política de “coexistencia regulada” entre cultivos GM y no-GM, así como el etiquetado voluntario de alimentos que contienen OGM, si es que se pueden comprobar en sus productos finales. No se pueden realizar análisis de glifosato en muestras humanas. Es muy complicada la interacción entre academia y política. Las consecuencias son un aumento del PIB por exportaciones, al costo de un mayor uso de pesticidas y plaguicidas, pérdida de biodiversidad, de soberanía alimentaria, desaparición de polinizadores y una serie de impactos que para analizarlos se necesitan nuevos indicadores. Planteamos un espacio interdisciplinario que tenga como objetivos generales hacer evaluación del impacto del paquete tecnológico (evaluando la exposición al glifosato, pesticidas y plaguicidas, la presencia de transgénicos en semillas, cultivos, materias primas y productos finales); la evaluación de sistemas de producción agroeconómica, con indicadores para evaluar la producción agroecológica; aporte de criterios técnicos para regular la bioseguridad y otras políticas y consultas públicas sobre seguridad, soberanía alimentaria y salud humana; y formación de recursos humanos, difusión y comunicación de resultados.

La alternativa es poner en manos de la producción agroecológica los saberes que se tienen, formarse científicamente, aprender de la Madre Tierra, imaginar y reinventar la milpa, dar un marco científico a los buenos usos y costumbres, los buenos hábitos y la buena alimentación. Pablo Galeano y Claudio Martínez, Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ: “Transgénicos y alternativas agroecológicas”.

El tema de la coexistencia entre OGM y semillas nativas surgió en la sesión sobre agricultura y transgénicos  del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México

Ha sido central el debate sobre la introducción de maíz genéticamente modificado a México, centro de origen. La controversia inicia en 2001. Las autoridades competentes (Cibiogem, 2003) habilitan por todos los medios posibles la introducción de OGM. Hay una “actuación de seriedad” (término con el que algunos franceses definieron la actitud de hacer como que hacen todo pero en realidad no hacen nada). Las leyes mexicanas en la materia parecen de avanzada, vistas por encima, pero la realidad es completamente distinta. Hay una pugna entre una epistemología reduccionista y una compleja.

Para los reduccionistas sólo los expertos pueden opinar, sólo las opiniones técnicas son válidas; entonces se impone la noción de que los OGM son un mal necesario; a mayor tecnificación, mayor progreso; y se habla de las posibilidades de coexistencia, imponiendo divisiones artificiales y arbitrarias del país para establecer lugares donde sí se pudieran poner cultivos GM, sobre todo en el noreste de México.

Nuestra respuesta, desde la complejidad, es realizar análisis multidisciplinarios de problemáticas particulares y elaborar documentos de difusión y divulgación, llevando a cabo un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Intervención de Alma Piñeyro en el seminario Nuevas tendencias tecnológicas y sus impactos en América Latina. Grupo ETC, Memorias del seminario, Heinrich Boll, 21-23 de mayo de 2018.

En Bolivia, los agroindustriales no despojan legalmente de la tierra, sino que generan un proceso de dependencia

Que fuerza a quienes producen en pequeña escala a alquilarles sus hectáreas. Es decir, pueden conservar su propiedad y el acceso a su tierra, pero no participar del modelo de agronegocio, que requiere capital intensivo.

Esta situación de alquiler de tierras tiene relación directa con la estructura agraria del país, con una desigualdad muy clara: el 78% de productoras y productores de soja en Santa Cruz de la Sierra son de pequeña escala (50 hectáreas o menos) y controlan sólo el 9% de la tierra. Apenas 2% de quienes producen (quienes explotan más de mil hectáreas) controlan el 70% de la tierra.

En Paraguay el apoyo institucional al agronegocio y a la concentración de la tierra se da en casi todos los estratos de gobierno, desde el aparato represivo hasta los órganos de control y los ámbitos responsables de la aprobación de las semillas transgénicas. La expulsión de la población campesina e indígena se da principalmente por mecanismos de coacción, intoxicación, alquiler y venta de “derecheras” (posesión sin títulos).

En Uruguay, en tanto, el proceso de concentración de tierras se dio a partir del avance del agronegocio, que (además de la soja) incluye el modelo forestal-celulósico. Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, Capítulo 4: Concentración de la tierra y expulsión de pueblos originarios y campesinos de sus territorios

El desarrollo intensivo de monocultivos comerciales para el mercado de exportación ha implicado la
degradación y contaminación de los ecosistemas en las áreas donde se producen

La mayor parte de las importaciones de alimentos de México y casi la totalidad de sus exportaciones agropecuarias se concentran en Estados Unidos, país con una agresiva política a escala global y con una trayectoria en el manejo político de sus exportaciones de alimentos. Con ello, el gobierno mexicano ha perdido autonomía en el manejo de su política agroalimentaria. Consideremos la vulnerabilidad ambiental, manifiesta en la falta de una política clara orientada a preservar y desarrollar la biodiversidad y la riqueza fitogenética de México. Esta situación se relaciona con la disminución de las oportunidades de vida de los pequeños productores campesinos, quienes durante siglos han desarrollado diversidad de razas y variedades de los cultivos básicos, particularmente en el caso del maíz. Estos productores, han tenido que migrar interna e internacionalmente para poder sobrevivir abandonando la agricultura. A causa de esta situación, disminuye la posibilidad de mantener las razas tradicionales de los cultivos y las variedades silvestres en los lugares de donde son originarios. A lo anterior se suman los programas gubernamentales que difunden el uso de semillas híbridas entre campesinas y campesinos y, sobre todo, la entrada sin control de semillas transgénicas de maíz, lo que pone en riesgo el patrimonio biogenético de esta planta. Humberto González y Alejandro Macías, “Vulnerabilidad alimentaria y política agroalimentaria en México”, Desacatos, revista de ciencias sociales, 2014.

El crecimiento del uso de agrotóxicos en la región fue exponencial y tiene directa relación con el avance
del modelo de agronegocio centrado en semillas transgénicas resistentes a herbicidas

Una característica, repetida en todos los países, es que no existe un registro riguroso ni actualizado del uso de agroquímicos. Este dato no es casual: la ausencia de estadísticas oficiales es parte de una estrategia que une a empresas y gobiernos para evitar que se puedan cuantificar y precisar los daños. [...]

En la década de 1990 Monsanto presentaba al glifosato como inocuo y biodegradable. La propuesta era, entonces, reemplazar a los herbicidas más tóxicos por el novedoso producto. Al día de hoy —tras cientos de investigaciones científicas— no sólo quedó desmentida su inocuidad, sino que el mismo sistema hoy promueve, por medio de los transgénicos de resistencias apiladas, los mismos herbicidas a los que supuestamente había reemplazado. Para colmo, venden tecnologías como la resistencia al 2,4D —herbicida que se usa comercialmente desde 1946 y ha sido prohibido en muchas jurisdicciones por su toxicidad— publicitándolas como fórmulas de avanzada. Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, Capítulo 3: Agrotóxicos: el crecimiento exponencial de su uso y los impactos en la salud y los territorios

En la historia de larga duración, el cultivo del maíz operó como eje de la auto-organización en la
 comunidad campesina de México y, desde una perspectiva mayor, fue soporte de uno de los  
procesos civilizatorios de la humanidad. Esa historia es la raíz profunda de la revolución del sur.[...]

El maíz no monopoliza los nutrientes de la tierra sino que, por el contrario, incrementa su productividad cuando es sembrado junto con otros cultivos, en “milpa”, con el frijol, la calabaza y el chile; en unidades que también producen tubérculos, cereales, agaves, hortalizas o frutales. El autoabastecimiento de los bienes necesarios, como sabemos, ha sido una barrera de resistencia a la monetarización y mercantilización de todo.

Desde ese punto de vista, es posible considerar que la diversidad —tanto en la producción como en el aprovechamiento del maíz— y la auto-organización constituyen el sustento material y organizativo de la autodeterminación de la comunidad campesina, como práctica cotidiana. Para los zapatistas, la economía del maíz era el sustento de la vida y, a la vez, la base material de su vocación de libertad.

[...] El conflicto nuclear de la revolución del sur, entre las haciendas y los pueblos, puede considerarse, también, como la confrontación violenta entre la economía del azúcar, con sus formas de sometimiento, y la economía del maíz, con sus formas de auto-organización y libertad. Desde esta perspectiva, es posible observar también la respuesta feroz que emprendió el poder contra la acción revolucionaria de los zapatistas. Francisco Pineda, “Emiliano Zapata: maíz, azúcar y petróleo”, Desinformémonos, 6 de agosto de 2012

Los millones de hectáreas que hoy ocupan los monocultivos de soja y maíz transgénicos, y el nivel de concentración de la tierra en poder del agronegocio sólo pudieron concretarse avanzando sobre territorios campesinos e indígenas. La instalación del modelo transgénico se realizó con distintos niveles de coerción. Desde la estafa que representó la compra irregular de tierras —donde un empresario llegaba con supuestos títulos de propiedad y obligaba a irse a campesinas y campesinos con posesión ancestral— hasta el uso de la violencia, ejercida por la fuerza pública o por grupos de choque contra las familias que, conscientes de sus derechos, se negaban a dejar sus parcelas. Esto generó (y sigue generando) que miles de personas sean expulsadas de sus tierras, presas, heridas y asesinadas.

En Argentina, los territorios campesinos e indígenas más afectados están ubicados en las provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, y partes de Córdoba, San Luis y Catamarca. En la mayoría de estos territorios hubo monte y vivieron familias, hasta que el agronegocio avanzó con violencia: en algunos casos, con el accionar de grupos paramilitares y la complicidad del poder político y judicial; en otros, con el abandono del Estado, y también con los llamados “desalojos silenciosos”.

Esta modalidad no es sino la estafa a familias que desconocían sus derechos y no estaban organizadas. Los empresarios se apropiaban de las tierras exhibiendo falsos títulos de propiedad, logrando que las familias —engañadas por abogados u operadores judiciales— dejen sus tierras sin poder reclamar sus derechos. Estimaciones oficiales señalan un piso de ocho millones de hectáreas en este tipo de conflicto. Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, Capítulo 5, Criminalización de luchas campesinas y de pueblos originarios: la violación de derechos humanos, la represión y el asesinato como herramienta disciplinadora, abril de 2020.

Una carta demandando que en la futura “Cumbre sobre sistemas alimentarios” no tengan injerencia ni el Foro Económico Mundial ni la Fundación Bill y Melinda Gates fue enviada la semana del 16 de marzo por 550 movimientos sociales y redes internacionales, organizaciones de la sociedad civil internacionales, movimientos y organizaciones regionales y centros de investigación de todo el mundo por iniciativa del Comité Internacional de Planeación para la Soberanía Alimentaria (CIP) y la entregaron al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

En diciembre de 2019, la Secretaría General de la ONU anunció una Cumbre sobre Sistemas Alimentarios en 2021, que el Foro Económico Mundial (FEM o mejor conocido como WEF por sus siglas en inglés y promotor de la agroindustria y la agricultura por contrato como pocos), sería co-organizador y que Agnes Kalibata, actual presidenta de la Alianza para la Revolución Verde en África (AGRA), sería representante de Guterres. Tan pronto se supo, cientos de organizaciones demandaron el fin de la “alianza estratégica” con el FEM por considerar sumamente peligroso el poder que adquirirían las empresas transnacionales sobre la política alimentaria global, cuando son ellas las que “han causado y/o empeorado las crisis sociales, económicas y ambientales a las que se enfrenta el mundo”.

AGRA, financiada por Bill y Melinda Gates, “promueve los intereses de la agroindustria”, por lo cual es absurdo que represente a la ONU. En la carta se dice que “la asociación entre la ONU y el FEM ayuda a que se establezca el capitalismo de las partes interesadas como modelo de gobernanza para todo el planeta”.

En una cumbre así, se privilegiarían los modelos ultra-tecnificados de agroindustria que impulsan las empresas, despreciando las perspectivas de los más afectados por el hambre y la malnutrición: pueblos originarios, personas sin tierra, mujeres, trabajadores rurales, campesinos, pescadores, pastores, consumidores, personas que padecen inseguridad alimentaria en las zonas urbanas y los jóvenes.

El Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU nos mantiene al tanto en esta situación. En un boletín del 24 de marzo, proponen que “colocar a la FAO y al Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, así como a los gobiernos al frente de la Cumbre, garantizaría una gobernanza alimentaria multilateral e inclusiva.” De lo contrario “aumenta el riesgo de la influencia corporativa en la cumbre y se ignora el potencial del papel de los pueblos más afectados por el hambre y la malnutrición” haciendo que la gobernanza alimentaria sea peligrosamente antidemocrática en estos tiempos de pandemia. Grupo ETC, “Los accionistas empresariales no deben conducir las políticas alimentarias”, abril 2020.

El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de la provincia Córdoba (centro de Argentina) 

Es de casas bajas, asfalto gris y chicos y chicas que juegan en la calle. Era como muchos otros barrios, hasta que ganó notoriedad por la gran cantidad de casos de cáncer y de niñez con malformaciones que se registraron entre su población. Sus habitantes miraron y comenzaron a encontrar las causas de tanto mal: al este, norte y sur había campos de soja, sólo separados del barrio por una calle. Las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas.

La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros como a la dirigencia política, por complicidad. Eran llamadas “las locas”, pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación del modelo agrario. En 2009, casi una década después de las primeras denuncias, la Justicia cordobesa prohibió que fumiguen en cercanías del barrio. “Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, que determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. En 2012 se transformó en el primer caso en llegar a juicio penal. Luego de dos meses de audiencia, la sentencia determinó que el productor agropecuario y el aerofumigador fueron encontrados culpables de contaminar y afectar la salud de la población, y recayó sobre ellos una pena de tres años de prisión (condicional, sin cumplimiento efectivo). Las Madres de Ituzaingó reclamaron el cumplimiento de la pena efectiva.

Desde la Campaña Paren de Fumigar Córdoba (que reúne a una decena de organizaciones) valoraron el fallo: “Es el primero en Argentina. Teníamos razón: las fumigaciones son delito y tienen condena”. Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, Capítulo 3, Agrotóxicos: el crecimiento exponencial de su uso y los impactos en la salud y los territorios, abril de 2020

Hay una crisis ética y política en el manejo de la ciencia, en los contenidos mismos, que vuelven inmanejables los objetos, provocando que se salgan de control y generen problemas efectivos

La biotecnología o la ingeniería genética pueden ser perpetuamente innovadas, pero hay un problema: las tecnologías de edición genética tal vez permitan prescindir del uso masivo de pesticidas, pero la devastación de toda la biodiversidad en la República de la Soya, la devastación que ha generado en Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, ésa no se compone con edición genética. Es una devastación irreversible y acumulada. Se van acumulando una serie de desastres de tecnologías cada vez más sofisticadas y cada nueva generación, con cada nuevo paquete de iniciativas arrogantes que implican valorización de capital, van dejando un cúmulo de factores caóticos imprevistos que van haciendo sinergia entre sí. La industria química mundial arroja permanentemente 200 mil sustancias químicas —y en muchos países de América Latina apenas se monitorean demasiado pocas. No se monitorea la interacción entre ellas en el medio ambiente. Hay una sombra invisible de interacción química en la totalidad del medio ambiente, que está interactuando con la totalidad de los ecosistemas y la totalidad de nuestros cuerpos y que está detrás de esa crisis del medio ambiente y de la salud. Andrés Barreda, “Nuevas tecnologías, crisis y capitalismo”, Grupo ETC, Memorias del seminario, Heinrich Boll, 21-23 de mayo de 2018.

Un análisis de la deforestación en el Cerrado a partir de datos recopilados por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) reveló que, entre agosto de 2018 y julio de 2019, un área de 933 km² fue destruida sólo en Mato Grosso. De este total, la devastación ocurrió mediante acciones ilegales en 88% de los casos. Esto es una reducción del 6% en relación con el área deforestada el año anterior, pero según el documento publicado por el Instituto Centro de Vida, la tasa de destrucción del bioma sigue siendo “alarmante” por el alto grado de ilegalidad en las acciones. Una gran parte de la deforestación ilegal identificada proviene de propiedades rurales registradas en el Registro Ambiental Rural (CAR). Este registro electrónico es obligatorio y tiene como objetivo integrar la información ambiental para la preservación de bosques y vegetación nativa. De la deforestación ilegal identificada en estas propiedades registradas, 64% se concentra en grandes propiedades, con más de mil 500 hectáreas. Según Vinícius Silgueiro, coordinador del Centro de Inteligencia Territorial de ICV, los datos muestran que la destrucción es realizada por aquellos que ya tienen poder económico y, por lo tanto, es fácil identificarlos por las agencias ambientales para rendir cuentas por delitos. “Cuando observamos el universo de propiedades que se desmonta ilegalmente, se concentra en menos de 900 haciendas, un número muy pequeño en comparación con el número total de propiedades en el Cerrado, un 3%. Es preocupante que pocas propiedades que podrían estar bajo inspección sean las que destruyan más del 60% del bioma y pongan en riesgo la producción agrícola”. Philip Vidon, “Las grandes propiedades rurales son responsables de más del 60% de la deforestación en El Cerrado”, Epoca, 6 de febrero de 2020

El capitalismo industrial es parecido a un iceberg. En la parte visible los valores de uso producidos
autónomamente son sustituidos por valores heterónomos o “industriales”

La destrucción de los saberes locales y de las tradicionales bases de subsistencia asegura un proceso de irreversibilidad. Su eficacia no se fundamenta en la supresión brutal de libertades prácticas, sino en volverlas improductivas.

En la parte invisible del iceberg el capitalismo industrial cobra la mayor parte de su tributo en esfuerzo físico y fatiga. Agobia sobre todo a quienes considera “improductivos”: los indígenas de todo el mundo, las mujeres, los jóvenes y los viejos, pero también a los mismos asalariados durante sus horas “improductivas”. Debemos cuestionar radicalmente el desprecio del que hace gala el modo de producción dominante (heterónomo, industrial, “capitalista”, “masculino”) respecto de todas las formas que se apartan de su norma (autónomas, conviviales, “corporales”, “femeninas”).

Al atribuir a los discrepantes un escaso “valor del tiempo”, los planificadores sancionan, castigan su aparente poca “productividad”. [...] Con el fin de sobreexplotar a estos discrepantes, industrializando la producción obligatoria de ciertos tipos de “valores de uso”, el modo de producción dominante confiesa que en realidad se alimenta de la discrepancia respecto de la norma que pregona.

El hecho decisivo es que el plusvalor no pueden realizarlo los trabajadores ni los capitalistas, sino los estratos de la sociedad o las sociedades que no producen de modo capitalista, escribía Rosa Luxemburgo en un pasaje profético [..]

Rosa Luxemburgo no se limita a la realización del plusvalor. Explora sus orígenes, o mejor dicho, el modo de creación de las condiciones que hacen posible su acumulación.

Decir que el capitalismo vive de formaciones no capitalistas es decir más exactamente que vive de la ruina de esas formaciones; y si tiene una necesidad absoluta del medio “no capitalista” con fines de acumulación lo necesita como un suelo nutricio: un manto donde la acumulación pueda realizarse por absorción. En una perspectiva histórica, la acumulación de capital es un proceso metabólico que se desenvuelve entre modos de producción capitalista y precapitalista. La acumulación no puede efectuarse sin éstos, pero además, vista desde las formaciones no capitalistas o precapitalistas, la acumulación consiste en su corrosión y su asimilación. La acumulación capitalista tampoco puede existir sin las formaciones no capitalistas que no logren durar junto a ésta. El desmoronamiento continuo y progresivo de las formaciones no capitalistas es la condición para la existencia del capital. Jean Robert, Los cronófagos. Próxima aparición

Dijo Emiliano Zapata: “Y la lucha sigue: de un lado, los acaparadores de tierras, los ladrones de montes y aguas, los que todo lo monopolizan, desde el ganado hasta el petróleo. Y del otro, los campesinos despojados de sus heredades, la gran multitud de los que tienen agravios o injusticias que vengar, los que han sido robados en su jornal o en sus intereses, los que fueron arrojados de sus campos y de sus casas por la codicia del gran señor, y que quieren recobrar lo que es suyo, tener un pedazo de tierra que les permita trabajar y vivir como personas libres, sin capataz y sin amo, sin humillaciones y sin miserias”. Francisco Pineda: “Emiliano Zapata: maíz, azúcar y petróleo”, Desinformémonos, 5 de agosto de 2012

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De un vistazo y muchas aris...

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Fuente: Biodiversidad, sustento y culturas #104

En consecuencia, la convocatoria "Urge multiplicar el apoyo a la intervención de Vicentín" bloquea la lucha de clases, o sea, hace volver las espaldas a las autoorganizaciones de les diverses de abajo para resistir el modo capitalista de producción que nos subsume en emergencia social, humanitaria y ecológica climática. Al mismo tiempo refuerza la creencia mayoritaria en el Estado como agente de los cambios imprescindibles si recibe amplio apoyo popular y en el progresismo como antagónico de la derecha explícita. Discutamos el siguiente cuestionamiento a esa convocatoria:

 

¿"Vicentin, un camino

a la soberanía alimentaria"?

¡No!, ¿por qué?

 

Por Elena Cedrón

Y algunas propuestas:

 

Ante todo, situémonos en que estamos inmersos en emergencias social, humanitaria, ecológica y climática. En consecuencia, urge rumbear hacia la construcción no sólo de unión plurinacional en Argentina sino sobre todo ir debatiendo la unión confraternal de todos los pueblos planetarios. Sin priorizar esta crisis civilizatoria en que el capitalismo subsume a la humanidad y a toda la vida planetaria, la campaña se contenta con reestructurar un complejo empresario de burgueses locales. Les firmantes de la convocatoria sostienen: "Sólo una amplia  unidad política del movimiento popular puede generar la condición de posibilidad para la intervención y la transformación de una gran empresa en la perspectiva de la soberanía alimentaria". En contradicción con la última (s.a.), parten de aceptar que sea intervención en vez de expropiación de Vicentin ,que el interventor sea Roberto Gabriel Delgado (defensor a ultranza del binomio indisoluble de transgénicos-agrotóxicos) y la gestión esté a cargo de YPF agro, según Néstor Restivo,  fundamental para la articulación de todo el comercio de productos agropecuarios con China que ha sido clave para la gran expansión del sistema de soja transgénica y lo seguirá siendo con Cofco, líder en la integración del  enormeaparato estatal de importaciones y procesamientos de los alimentos de China.



La convocatoria (C) elude que el capitalismo local y el mundializado liquidan la s.a.

 

Contra la s.a. están los extractivismos por su acelerado acaparamiento económico territorial, sus envenenamientos y su destrucción tanto de las comunidades como de las condiciones de vida y trabajo del presente-futuro. El gobierno FF los ha librado de cuarentena e incluso facilita su intensificación, con lo cual patentiza que privilegia la economía de los grandes capitales por sobre la salud popular. Examinar, entre todes les diverses de abajo, esta exclusividad antipopular ayudaría a plantear que 'la' economía en crecimiento a tasas chinas entre 2002-2007, tan aplaudida por les K, y vigente desde los '70 es la de las comunidades de negocios de capitales y estados imperialistas con los locales.


En la convocatoria para posibilitar intervención a Vicentín tampoco se repara en estas incoherencias, concretas, del gobierno FF. Puede que sea por afinidad a Claudio Katz, quien difundió
: "la pandemia es una calamidad natural potenciada por el capitalismo contemporáneo. Ya esperábamos que ocurriera algo así".Lo cierto es que la (C) irresponsabiliza al sistema de agronegocios como principal origen de los desequilibrios ecológicos que causan zoonosis (ejemplo Covid-19) y que sea actividad esencial para el gobierno FF.  Desatiende que el último, al mismo tiempo, esté acordando con la fundación de Bill Gates (30 de junio de 2020) la agricultura 4.0 o maximización monopólica sobre la producción agropecuaria y la alimentación mundiales mediante la digitalización de los procesos agropecuarios. Son hechos, procesos que prueban como el gobierno FF no es tibio ni es gobierno en disputa.

 

El sistema imperialista (hegemonizado por EE.UU. y China) de agronegocios que concentra y centraliza el funcionamiento económico territorial de Argentina en el Abya Yala: no puede coexistir con la agricultura campesina e indígena, la arrasará y terminará esclavizando a las colonias agroecológicas que se constituyan sólo si hay permiso estatal para ocupar tierras 'fiscales'. Es un sometimiento de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) a respetar la propiedad (engendro de expropiaciones de les privados y del Estado burgués) y a desestimar que la s.a. sólo es posible por reforma agraria integral. El confinamiento actual ofrece la oportunidad de debate entre les trabajadores rurales y urbanos, por ejemplo, sobre arrendamientos y los feudos provinciales (legitimados por la 'Honorable' Cámara de Senadores de la Nación) que les asfixian a ambos. Les interpela a asumir como perentoria a la reforma agraria integral para la lucha contra el acaparamiento oligopólico de bienes comunes sociales y naturales. Ya está en marcha. La llevan a cabo comunidades Mapuche al recuperar parte de sus territorios y las comunidades en resistencia a los extractivismos (urbanos y rurales). Falta que esas comunidades, cada vez más representativas de sus integrantes,  se involucren en confederarse para afirmar sus respectivas autonomías y sus vínculos recíprocos con tendencias a humanizar el país, continente y mundo.


El capitalismo agroindustrial y agroalimentario tampoco admite regulaciones fuera de la de los oligopolios dominantes y menos de un estado perteneciente a un capitalismo cada vez más subordinado a las grandes potencias. Aclaremos:

El 6 y 7 de noviembre de 2018 se presentó la Agricultura 4.0 en Argentina, en un gran encuentro titulado Silicon Valley Forum. Participó una de las personas que se perfilaba para ser parte del gabinete en el nuevo gobierno:  Gustavo Beliz,, quien entonces llegó como parte del staff del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se encargó de introducir y presentar lo que será la Agricultura 4.0 en el país junto con distintos organismos oficiales y representantes de los agronegocios a nivel local. En su intervención se reveló la clara visión del movimiento político que pasa a ser oficialismo desde diciembre de 2019, expresado en un discurso de construcción de una Agricultura 4.0 “con justicia social”, por decirlo de alguna manera. Lo interesante del discurso es el uso de conceptos mediante los cuales se está creando la idea de una gobernanza 4.0, un empleo 4.0, entre otros afines.

Dijo Gustavo Beliz durante el cierre del evento: “El piloto automático no funciona. Son los Estados quienes deben garantizar un reparto equitativo de los dividendos digitales a partir de un nuevo contrato social tecnológico entre trabajadores, empresarios y gobiernos”.

Traduzcamos las palabras del actual Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación: en el 'nuevo' capitalismo post confinamiento se garantizará la coexistencia pacífica entre la máxima concentración/ centralización económica territorial y la mayor exclusión/ desigualdad sociales que la primera traerá aparejada. Será mediante el Estado transnacionalizado que perfeccionará lo hecho por el gobierno FF a través del Plan Argentina sin hambre( cuya conducción incluye a Syngenta), el pacto entre todas las centrales sindicales con las patronales y el "Compromiso Argentino de Solidaridad" que se da entre la UIA y la CGT. Su función será conciliar, por la razón o por la fuerza, a les oprimides con les opresores. Pues no hay clima de negocios si el sistema no bloquea la lucha de clases.

 

La convocatoria (C) da vuelta la página a la historia y funcionamiento del capitalismo local


 

En efecto, la (C) apunta a "los dueños del agronegocio" que pretenden" retomar el rumbo de la extranjerización de la firma". Olvida o desconoce que los gobiernos constitucionales desde 1984 fueron garantizando y promoviendo al bautizado (por la dictadura genocida del contubernio de elites imperialistas con las locales) como proceso  de reorganización nacional y que Rodolfo Walsh nos anticipó como miseria planificada. Recordemos que esos dueños o poderes fácticos fueron naturalizados como tales por la democracia no antagónica a los terrorismos paraestatal y estatal de mediados de los '70. Al contrario, los encubrió (guardando archivos) además de conservarlos en el Estado represor (judicial, legislativo y de fuerzas armadas, policiales e inteligencia). Lo hizo y hace porque el capitalismo local se desarrolló/a como transnacionalización económica territorial e institucional tanto estatal como paraestatal. Implicó/a la acelerada acumulación gran capitalista de riquezas y de poder expoliador tanto de los trabajadores y pueblos de Argentina como de la naturaleza.

 

Es decir, de modo 'democrático' las transnacionales invadieron y ocuparon a Argentina. Para remate de modo 'democrático' los pueblos de Argentina se ven forzados a subsidiarlas condenando a la mitad de su niñez a sufrir pobreza e incluso miseria. En medio de la pandemia se privilegia a las petroleras guerreristas e imperialistas por sobre las necesidades básicas de las grandes mayorías. Ante tamaña injusticia social, un desafío es construir contrahegemonía cultural e ideológica que deconstruya abajo y a la izquierda, por ejemplo, si los inversores son ineludibles para la economía mirando a necesidades e intereses populares y si lo esencial de la última es exportar porque ha conducido a la reprimarización y mayor dependencia del país.


La (C) señala  respecto a Vicentin
: "Quebró y no paga y muchas denuncias de contrabando, triangulación, evasión impositiva, empresas off shore evidencian una operatoria delictiva.

La estafa de Vicentin es contra el pueblo de la Argentina. El grupo hizo negocios y acumuló excedentes y patrimonio con fondos públicos, del Banco de la Nación, de otras entidades financieras públicas y de organismos de recaudación, incurriendo en el delito de evasión y elusión fiscal. Se trata de un accionar asociado a la extranjerización y al amparo de un modelo productivo que promueve el agro negocio de exportación en beneficio de la transnacionalización de la economía". 

 

No entiendo que, encabezando la convocatoria, economistas denuncien a Vicentin por comportarse conforme al funcionamiento del capitalismo y de su Estado al menos en Argentina. Traigamos a la memoria:

 

Las cuatro empresas offshore detrás de YPF-Chevron

15 de marzo de 2016

Los hechos: pantallas jurídicas offshore regidas por el Estado de Nueva York

El supuesto acuerdo entre YPF y Chevron fue firmado el 16 de julio de 2013 tras muchos meses de negociación. Pero, al revisar la documentación, lo primero que salta a la vista es que en el contrato de explotación sobre el área Loma Campana, Chevron no figura: la concesión se reparte en partes iguales entre YPF S.A. y la ignota Compañía de Hidrocarburo No Convencional SRL (en adelante CHNC). ¿Qué es CHNC? Un “tercer actor” que, si bien es propiedad de YPF, la empresa no controla. Creada días previos a la firma del contrato, CHNC es el nudo del acuerdo ya que es la pantalla por la cual Chevron operaría.(...)

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Acuerdo YPF Chevron

27 de septiembre de 2016

 

Martín Guillermo Álvarez, integrante del Observatorio Petrolero Sur destaca: “El acuerdo es un hecho histórico, porque viene a decantar todo un proceso donde Argentina decide enmarcarse lo que es esta locura de extracción de hidrocarburos no convencionales con el método de fractura hidráulica, más conocido como fracking”, explicó Martín

Estados Unidos era el único país donde se explotaba de manera masiva, y lo que permitió este acuerdo es que comience  la explotación de los hidrocarburos no convencionales en escala masiva en Argentina, posicionándolo como el segundo país.

Uno cuando veía todas las condiciones que se estaban dando en el contrato, veía que en función de hacer que el hidrocarburo fluya, de poderse hacer de esas rentas, de esas regalías y poder revertir ese problema que se tiene todavía con la demanda gasífera, todo eso hacía que uno se encuentre o se vea ante el preludio de una nueva entrega o un nuevo saqueo”, reflexionó el integrante del Observatorio y agregó que “decimos nueva entrega porque venimos de un proceso que duró desde fines de los 90 hasta el 2005, de una explotación despiadada sin ningún tipo de inversión de los recursos convencionales, que termina con Repsol expropiada por no haber invertido y explotado y haber generado hasta desinversión”.

El caso de Ecuador es una clara muestra de los daños que produjo Chevron a la región. La empresa debe  pagar 9.500 millones de dólares debido al alto nivel de contaminación y muertes que generó, destinados a remediar los pueblos de la Amazonia Ecuatoriana, donde dejó, entre otras consecuencias, lagunas de petróleo.

En Argentina se generó lo que se dio como embargo a la empresa a través de la Procuraduría de Gils Carbó y a través de la Corte se le dio el desembargo. La  Corte lo que dice es ‘Chevron no es Chevron’, es decir Chevron en Argentina es una subsidiaria que no es Chevron Corporation. La impunidad que se le generó a la empresa la blindó para que puedan andar por el mundo mostrando este desembargo.  Y este desembargo lo firmó la Corte y es un fallo que tiene un peso jurídico importante”. (...)

 

En el sistema de la deuda externa pública abundan ejemplos de ese comportamiento delictivo contra los pueblos de Argentina. Permítanme una larga cita para recordar hasta dónde llega la perversión de la legitimación de esos desfalcos. Lavaca entrevista a Alejandro Olmos Gaona (10-01-2006) y le pregunta:


 

(...)¿Qué es lo que se pagó al FMI?
Esta deuda se origina en el famoso Blindaje financiero contratado por el ministro de Economía, José Luis Machinea, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. El Fondo Monetario nos prestó en ese momento 12.449 millones de dólares, de los 40.000 que integraban el Blindaje. Y esa plata fue íntegramente fugada de la Argentina -junto con otro dinero- por 520 empresas. Esto lo determinó una comisión de investigación de fuga de capitales de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador justicialista Nicola, después de analizar un informe de 90 bancos. Se estableció que la plata que llegó del Fondo así como vino, se fue.
¿Usted lo dice en sentido figurativo o habla de los mismos billetes?
Los mismos billetes. Curiosamente, esto es información oficial de 90 bancos. Es lo que está registrado en los papeles, seguro debió haber habido mucho más. La oficina de Evaluación Independiente del FMI emitió un dictamen estableciendo que el Fondo sabía que la plata llegaba al país y se iba. Y la carta constitutiva del FMI prohíbe expresamente hacer ese tipo de préstamos. Sin embargo, también fue a pedido del Fondo Monetario que el entonces presidente Eduardo Duhalde derogó la ley de Subversión Económica, que es la que le hubiera permitido al Estado accionar penalmente contra estas empresas. Pero los delitos siempre dejan sus huellas. Estas empresas -entre las que se encuentran Pecom, Telefónica Argentina, Repsoll-Ypf, las empresas del grupo Macri, IBM, etcétera-, declararon ganancias en la AFIP y pagaron impuestos por 2.500 millones. Es decir, no van a poder explicar porque se llevaron 16.000 millones. Por eso, inicié una denuncia por defraudación al Estado y evasión penal agravada contra estas empresas. También contra ciudadanos comunes, como Carlos Melconian, donde pido que se investigue por qué se llevó dos millones y pico de dólares. Entonces tenemos, por un lado, el delito de evasión fiscal, y por el otro que el FMI transgrede su propia Carta Orgánica y, finalmente, al Estado que no le interesa que se haya  cometido un delito y decide igualmente pagarle al Fondo. (...)

¿No nos liberamos de la deuda? 
 Esto que se pagó representa apenas el 9 por ciento de la deuda global del país. Claro, resulta que el Fondo es una especie de niño malo y la gente cree que nos liberamos de él. Pero no nos liberamos nada. Porque la Argentina es miembro del FMI y eso la hace sujeta a sus auditorias anuales, por más que no le deba un peso. Además, va a seguir presionando para se arregle la situación con los bonistas que no ingresaron al Canje. También va a presionar para que la Argentina arregle sus cuentas con el Club de París, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericno de Desarrollo…
 El argumento oficial es que con la deuda saldada no habrá posibilidad de extorsión. 
 No habrá extorsión a través de la Deuda, pero si presiones políticas y diplomáticas, que se manejan al más alto nivel. La Argentina podrá decir que no le debemos un peso, pero el FMI contestará que como miembro del organismo el país debe respetar determinadas pautas y que el Fondo es el encargado de monitorear su cumplimiento todos los años. Lo extraño de todo esto, por usar una palabra muy débil, es cómo el Poder Ejecutivo, teniendo elementos concretos para no pagar, debido a las grandes sospechas de ilegitimidad –denuncia y sentencia en la justicia penal, incluidas- no dice nada y paga.
 Si lo que se le pagó al Fondo es lo recibido por el Blindaje, ¿quiere decir que se pagó lo que algunos denominan deuda nueva? 
 Mi padre inicia la causa sobre la Deuda en el 82 y el trámite judicial demoró 18 años. Recién en el 2000 el juez Jorge Ballesteros emite un fallo donde plantea la ilicitud de la deuda y habla de la responsabilidad del Fondo en ese ilícito. No obstante, esa Deuda se siguió pagando y refinanciando. Los economistas hablan de dos deudas, la de la dictadura y la nueva. Hay que aclararlo. La Argentina del 92 en adelante tuvo superávit en sus cuentas, pero ese superávit se convertía en déficit cuando se agregaban los montos de deuda que había que pagarle anualmente al Fondo, al Club de París y a las entidades financieras particulares. Ese déficit, a su vez, era cubierto con emisión de nueva deuda. ¿Qué quiere decir? Que esa emisión de nueva deuda era motivada por el déficit producido por esa deuda ilícita. La deuda nueva era consecuencia de la vieja. Si el Fondo nos prestaba plata para pagarle una deuda que era ilícita, esta nueva deuda con el Fondo es tan ilícita como aquella.
 Usted quiere decir que está viciada en su origen
 En La deuda odiosa, mi último libro, hago un planteo jurídico novedoso. Tomo como base la legislación sobre derechos humanos que plantea que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y señalo que el delito de la Deuda Externa es de ejecución continuada. ¿Por qué? Porque continúa a través del tiempo, a través de las refinanciaciones y acuerdos que se hacen. Yo no enfrento este problema desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del derecho. Si uno tiene un problema con otra persona, va a dirimirlo a Tribunales. Si uno tiene un problema con el Estado, lo mismo. Si un país tiene un problema con otro, también. Parece que el tema de la deuda, no. La deuda está inmersa en un sector privilegiado donde no la alcanza el orden jurídico ni los principios fundamentales del derecho internacional público. Se puede hacer una gran estafa con la deuda y no es judiciable(...)Leer

 

La convocatoria (C) finaliza explicando:
 

Hace falta una campaña popular para denunciar lo que representa el caso Vicentin y la maniobra de encubrimiento de la gran corrupción, asunto desplegado por los principales medios de comunicación y la derecha política, que en definitiva buscan otra “125”.

Los poderosos quieren impedir la intervención o atarla de manos para seguir manejando el concurso de acreedores y de esa forma abrir el camino al desguace o extranjerización, incluso la “argentinización” a favor de grupos concentrados.

Lo que necesita el país es Vicentín “pública, no estatal con control social”.

(...)

Los firmantes nos comprometemos en una campaña que estimule el debate público y la movilización social.  Es el paso inicial para intervenir en la discusión del modelo productivo y de desarrollo a favor de la mayoría social empobrecida.


Pregunto porqué construir la urgente e imprescindible unión de las diversidades de abajo de Argentina para reconvertir a Vicentin y no para reorganizar otra sociedad mundo mirando por la soberanía alimentaria. Pregunto porqué postergar aún más el debate público y la movilización social que ha sido impuesto por nuestro confinamiento con la excusa de protegernos del Covid-19, al menos a mí me chocó  que hubiese solución por desconfianza en las alteridades y comunalidades. Positivo  fue que, al confrontar con su exclusión, las barriadas de los desposeídos totalmente por el capitalismo (oficializadas como vulnerables) llevaran a la práctica a esa esencia humana. Lo mismo se dio en pequeñas localidades de las provincias.


Quienes firman la (C) dicen: 
nos comprometemos en una campaña que estimule el debate público y la movilización social. Les diverses de abajo no necesitan ser estimulados. Son muchas las reflexiones, experiencias e ideas de la gran mayoría ante la pandemia y por destapar en qué grave emergencia social y humanitaria estamos y no sólo por los cuatro años del gobierno de Macri ya que hubo complicidad del Partido Justicialista y todo el Frente para la Victoria. Pienso que ustedes, compas, pecan de paternalistas o de vanguardistas. De ahí que organicen una campaña en vez de la multiplicación de espacios en común tanto para deliberar como para decidir qué y cómo hacer las transformaciones estructurales de solución a los problemas fundamentales de Argentina y el Abya Yala.

 

Pronostican que únicamente la intervención de Vicentin habilitará la posibilidad de discutir el modelo agrario para pensar en términos de soberanía alimentaria. Están ustedes muy alejados del drama y la lucha-autoorganización de pueblos fumigados, de los médicos de pueblos fumigados y de asambleas socioambientales y otras autoorganizaciones populares. Apreciemos que el año pasado se dio ese encuentro en mancomún con el de agroecología. Encuentro de Pueblos Fumigados: En busca de otro modelo de producción En esa lucha también está la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza y periodistas como Darío Aranda.



La «soberanía alimentaria» 
es incompatible con una empresa pública


Ya que será posible por lucha antilatifundista, anticapitalista, antirracista, antipatriarcal. Y demanda pensamiento decolonial en una creciente mayoría para incorporar su protagonismo conciente en desmercantilizar las relaciones sociales e interpersonales, desprivatizar y desestatizar a los bienes comunes tanto sociales como naturales. En simultáneo, es crucial ir suscitando su apoyo e identificación con subjetividades colectivas cuyas singularidades han emergido o emerjan de contraponerse a las normativas e instituciones capitalistas y feudales.

 

Aún más, la «soberanía alimentaria» no puede coexistir con los extractivismos que han impuesto y consolidan la contrarreforma agraria del capitalismo mundializado. La s.a. cuida por las necesidades, culturas y aspiraciones locales. En consecuencia, es de decrecimiento y no de gran escala en contraposición con el sistema de agronegocios. 

Es obra de comunidades que han adquirido autonomía del Capital Estado por recuperar el tejido que produce su respectiva vida social y luchar hasta construir la reforma agraria popular e integral. Esta, por supuesto, resultará de la confederación de todas las  comunidades mirando hacia posibilitar que los respectivos pueblos del país, del Abya Yala y del mundo creen sus respectivos «buenos vivires» que nada tienen que ver con el ficticio y cosificado-cosificante bienestar social de la sociedad de consumo. Los «buenos vivires» son armonías a entablar de manera constante (no de una vez para siempre) por les diverses, que comparten un territorio-comunidad, entre elles, entre las otras comunidades y con la naturaleza del lugar en interacción con el contexto y perspectivas de la región, el continente y el mundo.

 

Los «buenos vivires» y la reforma agraria integral que los viabiliza implican poner fin al capitalismo que monopoliza los bienes comunes de la humanidad y expropia la capacidad humana de trabajo hasta el extremo actual de arrasar la Amazonía, El Impenetrable y otras selvas, bosques que son paradigmas de milenios de coevolución de los pueblos indígenas en hermanamiento laboral espiritual con les otres componentes de sus ecosistemas. Todavía más, esas biodiversidades optimizadas establecen equilibrios ecológicos de trascendencia planetaria y se refuerzan con los otros biomas. La heterogeneidad de las ecorregiones es fundamental para la vida humana y no humana de la Tierra. El capitalismo las está uniformando y artificializando sin importarle conducir a la extinción de casi todas las especies y por tanto de la subespecie humana. De ahí que tanto la reforma agraria integral como la soberanía alimentaria requieran del establecimiento de estrechas relaciones con los pueblos originarios y de las comunidades rurales con las urbanas sin fronteras geográficas ni muros racistas ni discriminaciones de otros tipos. Por supuesto, también exigen eliminar las privatizaciones de los bienes comunes.

 

La construcción de contrahegemonía cultural e ideológica que nos libere de ser subalternos


Antes de multiplicar espacios en común a lo largo y ancho del país-continente para tomar decisiones (previamente deliberadas) desde las luchas por justicia social humanitaria en comunión con las que se dan por justicia ecológica climática: precisamos, abajo y a las izquierdas consecuentes, compartir un lenguaje que permita la comprensión mutua. En efecto, Carlos del Frade manifiesta en la nota“La intervención es fundamental para sacarnos de encima a los corruptos de Vicentin y del Estado” (dejemos de lado que sólo la gran corrupción de Cristina Fernández explica, por ejemplo, su veto a la ley de glaciares y su promoción de la legitimación de Monsanto):“Estamos discutiendo sistema financiero, sistema exportador, y como dijo el presidente de la Nación en forma indirecta, la soberanía alimentaria. Trece agroexportadoras se quedan con lo que produce la Argentina. El negocio de la agroexportación es la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina. Diez de esas trece son extranjeras. Si perdemos Vicentin, que es la primera, perdemos cualquier tipo de participación estatal para defender la riqueza nacional”. De modo que no cuestiona al sistema de agronegocios y como en la 125, los dos bandos pelean por quienes se quedan con las divisas. Por eso Carlos del Frade coincide con Gustavo Grobocopatel, Fernando "Chino" Navarro y Enrique Palmeyro que han sido destinados a legitimar los cambios proyectados en la actividad agropecuaria de Argentina y Brasil desde el sistema mundo capitalista. Explico esa coincidencia después de tratar la aclaración de porqué A.Fernández dirige la atención sobre la soberanía alimentaria y sobre la humanización del capitalismo. No es por ingenuidad, como razona Claudio Katz, sino que ejerce la demagogia actual de cooptar suscitando esperanzas e identificaciones aprovechando el desconocimiento mayoritario sobre esas realidades deseadas.


 

Situémonos en que el Covid-19 se origina por avasallamiento de la naturaleza y su mayor contagiosidad-mortalidad se da entre les desposeídos de todo por el capitalismo a través principalmente de los extractivismos. Sin embargo, la gran mayoría de nosotres no rechaza que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández deje sin cuarentena tanto a la devastación como al envenenamiento a gran escala y justifique que son actividades esenciales. Tampoco que las promueva y subsidie de modo directo (como a las poderosas petroleras imperialistas) e indirecto, por ejemplo, el gratuito consumo gigantesco de agua y energía que, a la vez, expropia esos derechos básicos a las comunidades locales. Sucede que, en simultáneo a planificarlas y facilitar su ejecución, modela el amplio consenso a esa expoliación antidemocrática y contraria al presente-futuro tanto de la vida como del trabajo en el país-continente.


 

Para ese consenso intercede en impedir reflexiones y discusiones ante la actual emergencia económica y ecológica-sanitaria. En efecto, la pandemia y los proyectos postpandemia desde los poderes globales y locales deberían interpelarnos, a los diversos pueblos de Argentina y el Abya Yala, a comprometernos en generalizar el análisis sobre cómo el sistema mirando en exclusivo por el PBI o el crecimiento competitivo en rentabilidad del gran capital nos condujo a la actual situación de impotencia frente al Covid-19 sobre todo por empobrecimiento mayoritario y desmantelamiento de la salud pública. Ya Rodolfo Walsh, en su carta a la junta militar, nos anticipó la miseria planificada que procuraba el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales para después de haber concretado el triunfo  sobre la lucha de clases mediante desaparición forzada de dirigencias sociales y políticas de las izquierdas que, en el penal de Rawson(1972), demostraron su unión (en diversidad) contra el capitalismo e imperialismo por la patria socialista.

Pero todos los gobiernos constitucionales desde Alfonsín hasta hoy no sólo hicieron centro en el funcionamiento económico que estableció el poder real mediante la dictadura genocida para la acelerada transnacionalización de Argentina. Sino también modelaron el consenso para la gobernabilidad de esa creciente desigualdad e injusticia social. Y cuando la democracia restringida entró en crisis de representación social el kirchnerismo (o PJ actualizando sus dones camaleónicos) y la mayoría volviendo las espaldas a nuestres hermanes de la provincia de Santa Cruz: viabilizaron la recomposición de la gobernabilidad del capitalismo local del mundializado. Y desde agosto de 2019 (otra vez la mayoría acató discursos desde la casta política), mientras dejaba que el gobierno de Macri completara su ataque nefasto a les trabajadores y los pueblos de Argentina, Alberto Fernández se esforzó por la paz social de los súper negocios gran capitalistas, mediante un pacto con las centrales de trabajadores y el plan de Argentina sin hambre que comparten el objetivo principal de conciliar las mayorías con las corporaciones expoliadoras.

En febrero de 2020 el gobierno comenzó a realizar foros multisectoriales con la oposición para combatir la "grieta" y resolver los problemas "micro" que tienen las provincias. Dentro de esta ruta emerge "Argentina Armónica" es el nombre del programa que encabeza el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación, Fernando "Chino" Navarro.

 

En junio 2020 Gustavo Grobocopatel, Fernando Chino Navarro y Enrique Palmeyro presentan un documento titulado Una Argentina armónica cuyo tema medular es la agricultura industrial que prometen convertirla en "capitalismo verde" y éste es otro objeto de deseo que manipulan para ampliar consenso.

 

El documento plantea hacer cambios centrados en atender necesidades humanas y un Estado regulador de los monopolios dando por sentado que los monopolios son compatibles con la democracia socioeconómica y política cultural. Habla de capitalismo verde que dialogue con la naturaleza pero, en contradicción, mantiene los roles conflictivos con la armonía socioecológica. Dice: Esta nueva modalidad de organización (sea que se denomine «capitalismo», «sustentabilismo» o de otro modo) requiere de renovados liderazgos y organizaciones transparentes, orientadas a satisfacer sus múltiples grupos de interés - clientes, proveedores, talentos, inversores, sociedad-, dispuestas a crear bienes públicos e interactuar con el sector publico construyendo una sociedad del siglo XXI. La sublimación de la relación publico/ privado está en esa búsqueda colectiva. El modo de organización de la producción y los servicios que surja requiere a trabajadores, con vocación de emprendedores, con el entusiasmo que los convierte en protagonistas comprometidos, dispuestos a aprender y transformarse. (…)Las oportunidades hay en la agroindustria. El PEA2020 indica que se pueden exportar US$ 30.000 millones por año más con el crecimiento de la agricultura, su transformación en productos industriales y las economías regionales. El PBI podría incrementarse un 100% en 10 años generando masiva creación de trabajo en el ecosistema con una regulación inteligente”. En suma, conserva la normalidad previa a la pandemia, cuya causa principal es el PEA2020.

 

El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial rige desde 2010(PEA2020) ha beneficiado a la concentración económico territorial de oligopolios que dominan al sistema global de agronegocios y Gustavo Grobocopatel es un protagonista principal en el local-regional (República Unida de la Soja). El PEA2020 deforesta, desertifica, contamina los subsistemas vitales del planeta(suelo, agua, aire, biodiversidades) y a las poblaciones directa e indirectamente multiplicando muertes (por asesinatos y enfermedades). Lleva a cabo etnocidios y genocidios invisibilizados, sobre todo, por racismo. También la expansión de los monocultivos de transgénicos exige intensificar el uso de agrotóxicos y fertilizantes derivados del petróleo, el uso de las tierras para agrocombustibles y forraje en vez de destinarse a la producción de los alimentos. Genera desempleo masivo al destruir las economías regionales, al desalojar a comunidades campesinas e indígenas que migran a malvivir en las villas miseria y por tecnología agroindustrial casi sin mano de obra. Profundiza la pobreza estructural, el hambre y la malnutrición.

 

Que ese proyecto gubernamental-empresario no mira hacia otro capitalismo, por cierto imposible en nuestra época, lo prueba que señala: "El crecimiento no se sostiene si no fortalecemos 3 patas: la exportación, la satisfacción de las necesidades internas y la inversión”.

Como es habitual en la modelación de consenso a la acumulación gran capitalista que,para remate, se la considera "la" economía, el documento hace referencia a la satisfacción de las necesidades internas que es incompatible con las otras dos patas. Sólo se la señala para justificar la gran escala que por serlo es destructiva en extremo y para justificar el dominio de los oligopolios locales e imperialistas y subimperialistas. Por eso, oposición y oficialismo se ponen de acuerdo.

Cuando propongo construir contrahegemonía cultural e ideológica pienso en que todes les diverses de abajo hemos adquirido hábitos conductuales e intelectuales en conformidad con nuestra adaptación cotidiana al capitalismo y tampoco nuestra concepción de vida y mundo corresponde a nuestra condición de persona o colectivo en ejercicio de autonomía. El Foro por un programa Agrario, Soberano y Popular me permite ilustrar lo anterior:


Según plantearon desde el Foro, uno de los objetivos principales de la expropiación debe ser el de evitar una mayor concentración del mercado cerealero, fuertemente dominado por empresas extranjeras transnacionales.

También expresaron que «esta intervención estatal deberá bregar por un modo de producción diferente, con Soberanía Alimentaria, sustentable e inclusivo, que cuide las divisas que tanto cuestan al país, y que mejore la inserción de PyMEs, agricultores familiares, campesinos y comunidades indígenas en el Comercio Exterior».

“A la empresa Vicentín del Agronegocio, hay que transformarla en la Empresa Pública que sirva de palanca para la Soberanía Alimentaria y que contribuya a terminar con las distorsiones del sector concentrado, regulando la provisión interna y las variaciones de los movimientos de precios”, afirmaron dirigentes campesinos que conforman el Foro.


 

Comprobamos que su visión corporativa o de defensa de su sector dentro del capitalismo, les lleva a interesarse por ser incluidos en el negocio de la agroexportación más que por la soberanía alimentaria. Se desentienden de los extractivismos que arrasan tanto comunidades como los subsistemas vitales de la naturaleza. No les importa las crecientes pobreza estructural, enfermedades, luchas populares contra las emergencias social humanitaria y ecológica climática. Tienen la falsa conciencia que se salvarán mejorando su posición en el sistema que hoy es un sistema mundo con bloqueo totalitario a las soberanías nacional, popular, alimentaria, energética, hídrica, etc.. Se despreocupan de cómo el gobierno FF está garantizando esa mayor monopolización de la producción agropecuaria y de la exportación. Para peor se equivocan que la exportación sea compatible con la soberanía alimentaria y con el respeto al funcionamiento ecológico. Tampoco reparan que genera pobreza, hambre, malnutrición.


 

Coincido con Juan Guahán en "la necesidad de un nuevo sujeto económico y –fundamentalmente- de un reordenamiento territorial.

Allí, partiendo desde el principio que la tierra es para el que la trabaja, es posible avanzar hacia una profunda desconcentración de la propiedad de la tierra y de la población de las grandes urbes. Al mismo tiempo crecer industrialmente a través de un encadenamiento productivo en manos de los sectores populares organizados.

Ello permitiría asociar largos procesos que van desde la producción de las semillas hasta la elaboración de alimentos listos para consumir, por fuera de los modelos actualmente vigentes. (...)

Los Estados –en transformación- no podrán permanecer ajenos a esta perspectiva pero los grandes protagonistas, los sujetos de estas posibilidades son las propias expresiones del pueblo económica, social y políticamente organizado.

Todo esto supone generar las condiciones para crear, desde abajo, las bases de un nuevo modelo que no esté regido por las actuales reglas del mercado y la ganancia, características del decadente mundo actual".

Agrego, como tarea de la construcción de contrahegemonía cultural e ideológica, el viraje de la creencia de una creciente mayoría en que el Capital o la empresa crean trabajo cuando lo real y efectivo es que el Capital existe sólo si expolia a les trabajadore/as.


En fin, otro cuestionamiento a la cultura e ideología subyugadoras es que no siempre las mayorías se posicionan del lado de sus necesidades e intereses ni lo que les parece más seguro para alcanzar los fines propuestos, les permite conseguirlos y al revés, el emprendimiento concluye en que reconocen haber sido engañadas. Pensemos que, con mucha prensa y cierto poder económico e institucional y desde ser sujeto de la agricultura, el Foro Agrario está desviando la puesta en práctica de lo que debería ser su proyecto al indicar: "Vicentin, un camino a la soberanía alimentaria". Sin embargo, de modo casi silenciado e invisibilizado, encuentros virtuales interregionales de Nodos de Consumo Agroecológico entablan los vínculos ineludibles a la soberanía alimentaria e independencia del Mercado. Entrelazan un verdadero espacio barrial de re-conexión con la tierra, puentes entre campo-ciudad y transformaciones sociales.

 

https://confraternizar.blogspot.com/2020/07/vicentin-un-camino-la-soberania.html

 

 Alternativas emancipatorias

 

Debemos confrontar con el capitalismo como ya lo hacen, de modo inconciente, las autoorganizaciones populares en lucha por erradicar la megaminería, el sistema de agronegocios, el fracking, las megarrepresas, los mega emprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios, etc.. Pero les falta enfoque político e ideológico de construir poder de los pueblos, naciones y comunidades para posibilitar las transformaciones radicales implícitas en el viraje a realizar desde la actualidad de privilegiar el lucro creciente de oligopolios hacia atender necesidades e intereses populares. Se trata de politizar o unir a esas variadas autoorganizaciones desde la comprensión mutua sobre lo ya concretado-elaborado por cada una hasta la revelación sobre qué comparten que pueden utilizar como bases de las praxis de otra sociedad-mundo. El enmarque ideológico surgirá de debatir cuál va a ser la concepción de vida y mundo en común que orientará caminos hacia buenos vivires convivires abajo.

 

En esta inflexión histórica de la humanidad, lo más prioritario es generalizar la superación de convocatorias a unirnos contra la derecha explícita y a favor del gobierno FF o a exigirle que atienda demandas de les diverses de abajo. Pues se trata, por un lado, de asumir la gravedad a que nos conduce el Capital y su gobierno Estado en todas las jurisdicciones. Por otro lado, estamos en una depresión económica del capitalismo mundializado que lanza ofensiva internacional contra los pueblos y la naturaleza:

 

Coronavirus, crisis capitalista

y lucha de clases

 13 de junio de 2020

 

Por Iván Cortés Torres (Rebelión)

La pandemia del covid-19, considerada por la Organización Naciones Unidas (2020), como la “peor” crisis que ha enfrentado la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, ha generado -hasta el inicio del presente artículo- más de cinco millones de personas contagiadas a nivel mundial, afectando alrededor de 218 países que representan el 90% a nivel mundial (OMS, 2020).

La expansión y el carácter de esta pandemia ponen de manifiesto un conjunto de elementos que se expresan en los ámbitos económico, social, político, ambiental y cultural cuya articulación es inherente a la dinámica del modo de producción capitalista. Lo cual podemos analizarlo a partir de la identificación de tres procesos articulados entre sí; 1) el covid-19 y los circuitos del capital; 2) la profundización de la crisis capitalista global y 3) la acentuación de la lucha de clases en los ámbitos; económico, político e ideológico.

Bajo este enfoque, el presente artículo pretende posicionar desde una perspectiva teórico-metodológica, algunos rasgos que configuran a estos tres procesos como parte de una misma unidad de análisis, ante una crisis global que pone de manifiesto al modo de producción capitalista como la verdadera pandemia con sus efectos y consecuencias en el orden económico a nivel mundial.

1.      El covid-19 y los circuitos del capital: un elemento descriptivo

Si bien el covid-19 se constituye como un fenómeno biológico, detrás de su origen se encuentran causas estructurales ligadas a lógica de los circuitos del capital. En este sentido el biólogo socialista Rob Wallace -autor del libro Big Farms Make Big Flu (Las grandes granjas producen grandes gripes)- señaló recientemente en una entrevista que detrás del origen del virus se encuentran causas ligadas a la actual dinámica del sistema agroalimentario global sustentado en el control monopolista de un puñado de empresas trasnacionales, que han impulsado procesos de producción altamente agresivos contra el medio ambiente y la salud humana. Tal es caso del impulso de la agricultura y cría de animales a nivel industrial, el monocultivo, el uso intensivo de agroquímicos y pesticidas, la deforestación y contaminación de mantos freáticos, el tráfico de especies silvestres, la apropiación y privatización de tierras y el uso de transgénicos:[2]

[…] el capital encabeza, a escala mundial, la apropiación de los últimos bosques primigenios y de las tierras cultivadas por pequeños propietarios. Esas inversiones implican deforestación y desarrollo, que conducen a la aparición de enfermedades. La diversidad funcional y la complejidad que representan esas enormes extensiones de tierra se están simplificando de tal modo que patógenos previamente encerrados se están esparciendo sobre el ganado y las comunidades humanas locales […] la agricultura guiada por el capital que sustituye a las ecologías naturales ofrece los medios precisos para que los patógenos pueden evolucionar hasta convertirse en los fenotipos más virulentos e infecciosos (Wallace, 2020, p.7).

En este mismo sentido la organización internacional GRAIN, (2020) señaló -a partir de la revisión de diversos estudios-, que hoy en día no existe una evidencia sólida de que el origen del virus SARS-CoV-2 (causa de la actual pandemia del covid-19), haya sido generada en un mercado de mariscos al aire libre en la ciudad de Wuhan, China -el cual también comercia con animales domésticos y silvestres-, como lo han expresado diversos ámbitos del medio político y la prensa internacional. De hecho, investigadores estadounidenses del Scripps Research Institute publicaron recientemente en la revista Nature Medicine un artículo donde al analizar la secuenciación genómica del virus SARS-CoV-2, aumentaron las dudas de que éste se haya originado en el mercado de mariscos de Wuhan, planteando para ello dos escenarios posibles. El primero relacionado a que su evolución -a su forma patógena-, pudo haberse generado dentro de los seres humanos, teniendo como canal de transmisión algún animal en específico y el segundo que apunta -siguiendo la dinámica de los anteriores brotes de coronavirus-, a que este habría evolucionado hasta su forma actual dentro de un animal huésped, antes de ser transferido a los humanos.

Bajo este carácter los argumentos del Scripps Research Institute señalan que lo más probable -dadas diversas evidencias-, es que la transmisión inicial haya ocurrido desde los murciélagos a un animal huésped intermedio, donde el virus luego evolucionó a su forma actual, para luego ser transmitido a los seres humanos:

[…] el animal huésped probablemente tendría que estar en un entorno con alta densidad de población (lo que permitiría que la selección natural procediera de manera eficiente) y contar con un “gen codificador” semejante a algún gen fundamental humano, estableciendo “un eslabón entre el virus y los humanos”(Andersen y et.al., 2020, p. 450).

Siguiendo el hilo conductor de esta investigación, GRAIN (2020) señaló que el animal huésped pudiera encontrarse en los cerdos, ya que en primer lugar estos tienen sistemas inmunológicos muy semejantes al de los humanos, lo que facilita el cruce del virus entre las dos especies, como ocurrió con el brote del virus Nipah en Malasia en 1998; en segundo lugar dada la dinámica de su producción industrial -de alto hacinamiento-, que hace que las granjas se conviertan en un caldo de cultivo idóneo para que evolucionen nuevos patógenos y en tercer lugar porque China -de acuerdo con datos de la FAO 2019-, es el principal productor y consumidor de carne de cerdo en el mundo, teniendo en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, una de las cinco mayores productoras de cerdos de dicho país:

En los últimos diez años, las pequeñas explotaciones porcinas de la provincia fueron sustituidas por grandes explotaciones industriales y por contrato con quienes producen a nivel medio, donde cientos o miles de cerdos con genética uniforme están confinados en naves con alta densidad de población. Estas granjas industriales son el caldo de cultivo ideal para que evolucionen nuevos patógenos (GRAIN, 2020, p. 2).

En este mismo sentido la investigadora Silvia Ribeiro, (2020) -directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC), con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas-, señaló que con el surgimiento de la gripe aviar en Asia y de la gripe porcina -luego denominadas SARS y H1N1- se encontró una correlación en su origen con la cría industrial de animales, dado que -los cerdos y los pollos- al estar juntos, hacinados y sin movilidad son más propensos a crear muchas enfermedades que se trasladan con amplia facilidad en espacios reducidos. A la par, los animales son sometidos a aplicaciones regulares de pesticidas, alimentos transgénicos y altas dosis de antibióticos y/o antivirales para generar una engorda más rápida, deprimiendo fuertemente su sistema inmunológico.

De esta manera el covid-19 no es un hecho aislado -como muchos han querido insinuar-, o directamente por culpa de los murciélagos o de un animal huésped -como pudiera ser el cerdo-, sino producto de la dinámica agroalimentaria global.

El Ébola, el Zika, los coronavirus, gripes aviares y la peste porcina africana están entre los muchos patógenos que hacen su camino desde los interiores más remotos hasta los grandes centros urbanos ubicados a miles de kilómetros, con ello como lo señala Wallace (2020):

[…] El verdadero peligro de cada nuevo brote es la incapacidad o -mejor dicho- la negación oportunista a comprender cada COVID-19 como un incidente no aislado. El incremento de la aparición de virus está estrechamente vinculado a la producción alimentaria y los beneficios de las empresas multinacionales. Cualquiera que pretenda entender por qué los virus son cada vez más peligrosos debe investigar el modelo industrial de agricultura y, más concretamente, de la producción de ganado. (p.3)

2.      El covid-19 y la exacerbación de la crisis capitalista global

Con la aceleración de la pandemia del covid-19 se pone de manifiesto un punto de inflexión sobre la economía mundial, que profundiza la crisis capitalista global ya existente. Bajo este carácter como lo han argumentado diversos autores (Chesnais, 2020 y 2017; Guillén, 2020 y Roberts, 2020 y 2019), tras la gran recesión 2008-2009 la economía mundial ha transitado por caminos bastante sombríos que la colocan en escenarios de alta inestabilidad y fragilidad, creándose las condiciones para el estallido de una nueva fase de la crisis global.

La baja recuperación de la actividad económica; la contracción del comercio mundial, el alto endeudamiento público y privado; la baja rentabilidad del capital, que desencadena una disminución en la inversión y producción; la falta de una política monetaria y fiscal que promueva el crecimiento económico; las tendencias deflacionarias; los bajos niveles salariales y una alta volatilidad en los mercados financieros, hacen que los ingredientes estén servidos sobre la mesa.[3] Estos elementos configura por tanto, una nueva fase de la llamada “Larga Depresión”, iniciada en el año 2009, cuyo carácter solo se compara con los periodos de 1873-1897 o de 1929-1942, convirtiéndose en la recuperación más larga -tras una crisis- en 75 años.

Con el ascenso de la “globalización-neoliberal” -en la década de los ochenta del siglo pasado- se instauró un nuevo proyecto político dirigido por el capital monopolista-financiero, tras la crisis de rentabilidad de la década de los setenta. Así se impulsó -como lo apunta Guillén, (2015)- una nueva reconfiguración económico-global sustentada en: a) la ofensiva del capital contra el trabajo bajo el incremento de la tasa de plusvalía, b) la aceleración del comercio exterior, inversión extranjera directa y movimientos internacionales de capital, c) la liberalización, apertura y desregulación de los mercados de bienes y activos financieros, y d) la instauración de un “régimen de acumulación con dominación financiera”.

El capital monopolista-financiero, logró elevar sus tasas de ganancia -mediante las enormes masas de plusvalía transferidas de las periferias hacia los centros-,[4] modificando al mismo tiempo su lógica de reproducción, ya que gran parte de sus mecanismos pasaron a depender de la dinámica impuesta por la especulación financiera y la emisión -como lo denominó Marx (1894)- del “capital ficticio” (acciones, bonos del tesoro, títulos de deuda, obligaciones, etc.). La dicotomía entre el “capital productivo” (capital función) vs “capital financiero” (capital propiedad), reconfigura la dinámica de la acumulación capitalista en el mediano y largo plazo, exacerbando a la crisis como un fenómeno “crónico” o “latente” como lo denomina el economista Xabier Arrizabalo (2020).

La economía mundial se constituyó como un castillo de “arena”, asentando sobre una base sumamente inestable, que parece derrumbarse tras el soplido de la pandemia. Con ello se deja claro que no es el covid-19, lo que origina la crisis global -como lo quieren hacer creer diversos sectores del ámbito académico, político y comunicación- sino solo un factor que la acelera y/o profundiza y que termina de estallar con toda la parálisis de la actividad económica mundial.

Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su documento sobre las “Perspectivas de la economía mundial” (2020), puntualizó que la economía mundial se enfrenta a una crisis sin precedentes, cuyas secuelas económicas son las peores desde la “Gran Depresión” de los años treinta del siglo pasado. Mientras hace tres meses esperaban un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de los países, hoy se proyecta que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo del ingreso per cápita este año.

Sumado a lo anterior, economistas de la Universidad de Oxford (2020) han estimado que si bien el PIB mundial pudiera contraerse en un 4.8% durante el presente año -más que el doble de la caída presentada en la Gran Recesión del año 2009- éste pudiera caer hasta en un 8% si los factores de contención de la pandemia no son los adecuados.

En el ámbito del comercio internacional, la Organización Mundial del Comercio, (2020) prevé una drástica disminución en todas las regiones del mundo y en todos los sectores de la economía. Desde un escenario optimista, el volumen del comercio mundial de mercancías podría caer un 13% advirtiendo igualmente que si no se controla la pandemia y los gobiernos no coordinan las respuestas políticas, la disminución podría ser de un 32% o más.

Por otro lado, la contracción de la demanda mundial de insumos básicos, así como los mecanismos de especulación financiera, han generado una exacerbación en la caída de los precios de los commodities, cuya deflación venía registrándose desde el año 2011, a excepción de una ligera alza en los años 2014 y 2018.[5] En ese sentido el pasado 20 de abril el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) registró una caída histórica al pasar de cotizarse en US$18 por barril al inicio del día a un precio negativo de US$ -37.63 por barril; siguiendo esta misma tendencia el precio del crudo Brent -de referencia en Europa y en el resto del mundo-, disminuyó 8.90% hasta ubicarse en los US$25.58 (BBC, 2020a).

Lo ocurrido con el WTI está fuertemente relacionado con los contratos de “futuros”, ya que culminaba su plazo para el cierre de entrega durante el mes de mayo, lo que significaba que tuvieran que cumplir los contratos y hacerse cargo del crudo en físico hacia el siguiente mes. Sin embargo, ante la contracción de la demanda global y el incremento de los costos de almacenamiento, los compradores impulsaron diversos mecanismos para deshacerse de esos contratos entregándolos a una baja cotización a quien quisiera tomar posesión física de esos barriles.[6]

La caída del precio del petróleo también impactó en la disminución de los precios en los alimentos, ya que de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el índice de precios de los alimentos -que mide la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios- registró para el mes de abril su nivel más bajo desde el año 2017, al ubicarse en un promedio de 165.5 puntos, esto es, 5.7 puntos (un 3.4%) menos que en el mes de marzo.[7] Este hecho impacta en los pequeños y medianos productores rurales que producen la mayoría de los alimentos en el mundo, acentuando -como veremos más adelante-, las condiciones de pobreza y marginación en el ámbito rural.

El contexto descrito anteriormente se magnifica todavía más cuando revisamos la situación de las principales economías cuyos datos son reveladores. Economistas del JPMorgan prevén que para el segundo trimestre del año la economía estadounidense se contraerá en un 40% del PIB, con un aumento en la tasa de desempleo del 20% equivalente a una pérdida de 25 millones de empleos (Forbes, 2020). En la zona euro -de acuerdo con datos del FMI, (2020)- se pronostica una caída para el presente año del 7.5% -casi cuatro puntos por debajo de la contracción generada en el 2009- siendo Italia y España las economías más afectadas con una contracción del 9 y 8% respectivamente, seguidos por Francia con 7.2% y Alemania con el 7%.

En Asía, la Oficina Nacional de Estadística China, estimó que, durante el primer trimestre del año la economía se contrajo en un 6.8%, cifra no vista en casi medio siglo. Por otra parte, fuentes oficiales del gobierno japonés estimaron que la economía japonesa se contrajo un 3.4% anualizado en el primer trimestre del año, cumpliendo una definición técnica de recesión -la primera en más de cuatro años- bajo los procesos de deflación que ha presentado en los últimos años.

Para el caso de América Latina y el Caribe la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en su reciente informe especial, titulado: “Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación”, prevé una contracción regional promedio del 5.3%, la cual no se ve desde 1914 y 1930. México, Argentina y Ecuador se contraerán en un 6.5%, Brasil 5.2% y Chile 4.0%.  

A pesar de este contexto tan complejo, en muchos sectores del ámbito académico y la prensa internacional sigue reinando el optimismo de que una vez terminado el confinamiento y las medidas de bloqueo la economía se volverá a reactivar por obra del consumo y la demanda “acumulada” contraída. Este proceso de recuperación -al estilo keynesiano- tendría una forma tipo V -caída y recuperación- incentivada por un aumento del gasto público y recortes de impuestos a través de déficits en los presupuestos.

Sin embargo, lo que desconocen estos optimistas es que detrás de las crisis -como lo describió Marx (1894)- se encuentran factores inherentes al desarrollo capitalista, cuya articulación esencialmente se erige por una interrupción –o al menos una ralentización-, del proceso de acumulación que, como tal, deriva de las dificultades de rentabilidad que impiden llevar a cabo de manera fluida la valorización del capital, es decir un proceso de “sobreacumulación” de capital.

De esta manera como lo argumenta Roberts (2020), la clave para restaurar el crecimiento económico es la inversión y eso depende de la rentabilidad. Es decir, en una economía predominantemente capitalista, aumentar la rentabilidad del capital tiene un impacto mucho mayor en el crecimiento (el multiplicador marxista), que el gasto público (el multiplicador keynesiano).

Sin embargo, desde un carácter histórico el capitalismo contemporáneo parece encontrarse en una especie de “impasse económico” -como lo ha posicionado Chesnais (2020 y 2017)- que atañe a una avería en el motor de la acumulación de capital a largo plazo, en el marco de la financiarización y la globalización del capital, como prolongación de la fase imperialista.

En este sentido hay que recordar que la “Gran Depresión” de los años treinta del siglo pasado solo se resolvió por la acción brutal -destrucción económica y social- de la Segunda Guerra Mundial y el posterior marco internacional consensuado en los acuerdos de Yalta y Potsdam entre E.U.A, Gran Bretaña y la URSS en el año de 1945.

Así las crisis -como señalan Arrizabalo y Blas (2004)- no son accidentes de carácter coyuntural, exógenos o aleatorios. Ni siquiera puede atribuirse exclusiva o principalmente su origen a determinada formas de gestionar la política económica, pese a que éstas puedan atenuarlas o agravarlas. Por el contrario, las crisis son inherentes al funcionamiento del modo de producción capitalista:

Las crisis comerciales, además de destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas productivas existentes.  En esas crisis se desata una epidemia social que a cualquiera de las épocas anteriores hubiera parecido absurda e inconcebible: la epidemia de la superproducción.

[…] Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya al desarrollo de la civilización burguesa y de las relaciones de propiedad burguesas; por el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones, que constituyen un obstáculo para su desarrollo; y cada vez que las fuerzas productivas salvan este obstáculo precipitan en el desorden a toda la sociedad burguesa y amenazan la existencia de la propiedad burguesa. El sistema burgués resulta demasiado estrecho para contener las riquezas creadas en su seno. ¿Cómo supera estas crisis la burguesía? De dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistándose nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Es decir, que remedia unas crisis preparando otras más extensas e imponentes y mutilando los medios de que dispone para prevenirlas (Marx y Engels, 1848:36).

3.      La lucha de clases en tiempos de la pandemia

En el hito de la aceleración de la pandemia y la crisis económica global, la lucha de clases como constatación de los intereses inconciliables entre opresores y oprimidos, se expresa de una manera especialmente virulenta. No solo es la destrucción de los miles de puestos de trabajo, sino también la devastación de los servicios públicos; los recortes masivos del gasto público; el abandono y/o exclusión -por parte de la mayoría de los Estados- de los segmentos de población con mayores riesgos de contagio, precariedad y pobreza; el incumplimiento de múltiples empresas para acatar el cierre de sus actividades con las medidas sanitarias correspondientes, entre otros.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estimó que para el cierre del presente año el número de desempleados pudiera superar con creces los 25 millones, apuntando que para el segundo trimestre del año habrá una reducción de la cantidad de horas de trabajo en alrededor 10.7%, equiparable a 305 millones de puestos de trabajo a tiempo completo (suponiendo un trabajo de 48 horas semanales). Por consiguiente, muchos de estos trabajadores deberán afrontar una pérdida de ingresos y consecuentemente más niveles de pobreza. Sin medidas apropiadas a nivel político, los trabajadores corren un alto riesgo de caer en la pobreza y de tener mayores dificultades para recuperar sus medios de vida durante el periodo de recuperación.

Sumando a lo anterior la propia OIT (2020), estima que alrededor de 1.250 millones de trabajadores – equivalente al 38% de la población activa mundial- se encuentran empleados en sectores que hoy afrontan una grave caída de la producción y con alto riesgo de desplazamiento de la fuerza de trabajo. Entre los sectores clave figuran el comercio al por menor, los servicios de alojamiento y comidas y las industrias manufactureras. Especialmente en los países de ingreso bajo y mediano, los sectores más afectados tienen una elevada proporción de trabajadores en el empleo informal con un acceso limitado a los servicios de salud y protección social.

En correspondencia con lo anterior un reciente documento de trabajo publicado por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-WIDER por sus siglas en inglés), estima que en un escenario de contracción del 20% en el ingreso o el consumo, el número de personas en situación de pobreza a nivel mundial podría aumentar entre 420 a 580 millones -equivalente al 8% de la población mundial- en relación con las últimas cifras oficiales registradas para el año 2018. Asimismo la “Red Mundial contra las Crisis Alimentarias” (2020) estimó que, a finales de 2019, 135 millones de personas vivían con niveles de hambre “extrema”, lo que aunando a la pandemia podrían incrementarse hasta en 265 millones, recordando que más de 73 millones de personas –de las 135- viven en África; 43 en Oriente Medio y Asia y 18.5 en América Latina y el Caribe.

El carácter de lo señalado anteriormente se observa con más claridad si nos adentramos en las particularidades de un país como los E.U.A -foco mundial del covid-19- con cifras escalofriantes de más de 1.5 millones de contagiados y más 100,000 fallecidos, bajo el contexto de una “laxa” política de contención -implementada por Donald Trump- que ha puesto como prioridad el rescate económico del capital antes que la vida de millones de estadounidenses.

Desde finales de febrero Trump ya insistía en relativizar la amenaza del nuevo virus -junto al séquito de seguidores como el presidente de Brasil Jair Bolsonaro y el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson- al sostener que era “como una gripe” que iba a desaparecer por un “milagro”. De hecho, a finales de marzo declaró que, si sólo llegaran a morir entre 100 mil y 200 mil habitantes de este país, implicaría que se había hecho una muy buena labor, argumentando tramposamente que algunas proyecciones indicaban que era posible llegar hasta 2.2 millones de muertes (La Jornada, 2020).

Las políticas de Donald Trump -junto con la de sus séquitos- reviven los planteamientos de Thomas Malthus -el más reaccionario de los economistas clásicos de principios del siglo XIX- quien argumentó que había demasiadas personas pobres “improductivas” en el mundo, por lo que las plagas y enfermedades regulares eran necesarias e inevitables para hacer que las economías fueran más productivas.

Bajo este hecho en la ciudad de Nueva York -epicentro de la pandemia en los E.U.A.- hasta el 8 de abril el 28% de las más de 4,000 muertes por covid-19 eran personas afroamericanas de acuerdo con datos revelados por el gobernador de Andrew Cuomo. En Chicago, la sexta ciudad más poblada del país y una de las pocas que había publicado este tipo de datos, hasta el 5 de abril cerca de la mitad de los casi 5,000 contagiados era personas de origen afroamericano. Allí habían muerto 1,824 afroamericanos, frente a 847 blancos, 478 hispanos y 126 personas de origen asiático. Es decir, representaban el 72% de las muertes, aunque solo son el 30% de la población en una ciudad de 2.7 millones de habitantes (BBC, 2020b).

En el caso de la comunidad latina –que representa el 17,6 % de la fuerza laboral de los Estados Unidos- la pandemia del covid-19 ha impactado profundamente. Datos oficiales de la ciudad de Nueva York muestran que la tasa de letalidad del covid-19 en los latinos es de 22.8 por cada 100 mil habitantes. Esa tasa es superior al segmento de origen afroamericano, cuya tasa es de 19.8, seguida por la población blanca con 10.2 y la asiática con 8.4. En California los latinos entre 18 y 49 años conforman el 64.9% de las muertes a manos del brote del covid-19 (BBC, 2020c).

La razón de esta alta letalidad encuentra su raíz en las condiciones socioeconómicas tan adversas que la mayoría de los latinos enfrentan, como es el caso de trabajos altamente precarios y con altas tasas de explotación. De acuerdo con datos del economista José Manuel Fernández -citado por Hola News, 2020- los trabajadores latinos representan el 30.4 % de la fuerza laboral en la construcción; 27.1 % en restaurantes y otros servicios de comidas; 27 % en hoteles y bares y 18 % en servicios relacionados con el cuidado de enfermos y adultos mayores.[8]

Asimismo el propio Fernández apunta que la gran mayoría de los latinos no cuentan con un seguro médico o los medios para concurrir a una consulta médica anual, lo que eleva a una mayor prevalencia de morbilidad y mortalidad. Sumado a ello la mayoría vive en zonas metropolitanas dentro de pequeños departamentos -que tienden a estar con familias multigeneracionales- donde quienes están expuestos al contagio no son sólo los cónyuges, sino también los abuelos y los niños que viven en la misma casa. A la par que los programas de socorro financiero recientemente aprobados por el Congreso y promulgados por Trump, que ascienden a más de 2.3 billones de dólares, excluyen a los inmigrantes indocumentados cuyo número se calcula entre 10 y 12 millones de personas, en su mayoría de origen latino.

El carácter que afrontan las comunidades afroamericanas y latinas se acentúa más en un contexto sanitario altanamente fragmentando y desigual, donde el mayor proveedor de servicios es el sector privado dominado por grandes cadenas hospitalarias, compañías aseguradoras y empresas de suministros médicos y/o fabricantes de productos farmacéuticos. Un sistema de salud que a pesar de gastar alrededor del 18% del PIB -uno de los más altos del mundo-, no es capaz de brindar una protección a casi el 10% de su población -alrededor de 30 millones de estadounidenses-, que no cuentan con la posibilidad de adquirir un seguro médico. Así mismo el elevado costo de los servicios de salud, hace que los pacientes queden atrapados entre los hospitales que cobran de más por procedimientos simples y las aseguradoras que niegan la cobertura a los pacientes más graves.[9]

En este sentido como lo ha señalado recientemente el periodista y escritor Matt Taibbi (2020):

El objetivo del sistema sanitario estadounidense no es otro que el de garantizar altos beneficios para unas cuantas personas e industrias sobre todo la farmacéutica, la de los seguros y la hospitalaria. Y esta crisis está poniendo de manifiesto que la atención básica no lleva aparejados los incentivos que debería, porque justo ahora que los hospitales están a tope, resulta que pierden dinero […] dado que tener ingresada a una persona durante siete o diez días conectada a un respirador no le sale rentable […] la estructura sanitaria estadounidense presenta grandes defectos.

4.      La verdadera pandemia es el capitalismo: a manera de conclusión

Como lo hemos posicionado a lo largo de este artículo, si bien el covid-19 es un fenómeno que atañe una cuestión biológica, éste no puede ser entendido al margen de los circuitos del capital, particularmente a lo relacionado con la lógica del actual orden agroalimentario global. Con ello -como lo dice Wallace, (2020)- cualquiera que desee profundizar en el entendimiento de este fenómeno debe investigar con detenimiento al sistema de producción industrial en la agricultura y más concreto en la producción de carne.

Para entender el impacto de este fenómeno biológico en los circuitos económicos globales, es fundamental entender que no es el coronavirus el causante directo de la crisis,  sino solo un punto de inflexión que la apuntala 
o exacerba. Se trata de una nueva fase de la crisis capitalista global, bajo el contexto de la llamada “Larga Depresión” iniciada en el año 2009 tras la crisis económica-financiera 2007-2008.

Una economía mundial estructurada con pies de barro, que termina por derrumbarse tras el soplido incesante de la pandemia, denotando las contradicciones del desarrollo capitalista en su fase imperialista, como fenómeno dialéctico entre el carácter social de la producción y la forma capitalista (privada) de la apropiación. A medida que la producción se hace más social, la apropiación se concentra más y más en manos de un grupo cada vez menor de capitalistas, que no es más que la expresión del dominio del capital monopolista-financiero, como forma predominante del capitalismo contemporáneo, expandiendo sin cesar sus formas de apropiación de la plusvalía social, mediante la explotación de la fuerza de trabajo en una escala internacional. Este carácter le permite dirigir su acumulación hacia las esferas financieras (capital propiedad), sin importar su posible desviación con las esferas reales (capital función) e incluso ubicándose por encima de estas. Una lógica financiero-rentista que distorsiona los procesos de acumulación capitalista a largo plazo, acelerando invariablemente las crisis como mecanismos recurrentes de la “sobreacumulación del capital”.

En el caso particular de la presente crisis, esta se desenvuelve en una situación histórica, en las que parece -como plantea Chesnais, (2017)- que el capitalismo no consigue superar sus límites “inmanentes”, tal como fueron explícitamente definidos por Marx (1894). La salida de la crisis se vuelca aún más peligrosa, cuya condicionante encuentra el infranqueable impasse del capitalismo, exacerbando la amenaza contra las fuentes de vida, la naturaleza y el ser humano.

Dentro de este contexto diversas organizaciones sociales, partidos políticos y analistas, que se denominan de “izquierda” han situado su agenda política en una serie de propuestas reformistas, sin considerar un análisis crítico de las condiciones dominantes vigentes y si lo hacen lo abordan de una manera superficial. Pero, ¿se puede hablar de un capitalismo civilizado, bueno y con rostro humano? La respuesta claramente es no, ya que –como hemos tratado de analizar en este artículo- no existe ninguna compatibilidad entre las clases explotadoras y las clases explotadas y menos entre la lógica del capital y la lógica de la vida. Así, cualquier intento de su conciliación es una mera falacia.

Si visualizamos las diversas perspectivas de lo que deparará la llamada fase post pandemia, invariablemente tenemos que posicionarlas en el terreno de la lucha de clases -que como lo posicionaran Marx y Engels (1848)- representa el eje de toda la historia de la sociedad humana.

Si bien el presente artículo se ha concentrado en el caso de la lucha de clases en los E.U.A., es menester señalar que ésta recorre cada rincón del mundo donde se encuentra el dominio de la estructura económica burguesa. Desde el obrero que ha sido despedido injustamente de aquella maquila; los trabajadores de la salud que trabajan en condiciones altamente precarias; los jornaleros y/o productores del campo que resisten la embestida de explotación y exclusión; o los trabajadores de la llamada economía informal que tienen que salir día con día a las calles para ganarse la vida, etc. son fieles formas de su expresión que se vuelcan especialmente virulentas ante la crisis.

Hoy ante la pandemia del covid-19 y el ascenso de una nueva fase de la crisis capitalista global, las clases y/o los pueblos oprimidos se erigen en el foco de la transformación de las condiciones vigentes mediante su lucha política, ideológica y económica, desmitificando al mismo tiempo el falso discurso de las clases dominantes de la unidad o de que todos vamos en el mismo barco para hacer frente a esta pandemia en nombre de la humanidad. En este sentido es pertinente rescatar lo que posicionó Lenin en 1913, al señalar que los seres humanos han sido siempre en política cándidas víctimas del engaño de los demás y del engaño propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a discernir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. El camino será de lucha y resistencia, construyendo y organizando la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo. ¡La verdadera pandemia es el capitalismo!

Referencias

Iván Cortés Torres. Doctorante en Estudios Sociales, con línea de investigación en Economía Social, UAM-I. Correo electrónico: icortes@fevaq.net

Fuente: https://rebelion.org/coronavirus-crisis-capitalista-y-lucha-de-clases/

 

En consecuencia, debemos confrontar con el capitalismo como ya lo hacen, de modo inconciente, las autoorganizaciones populares en lucha por erradicar la megaminería, el sistema de agronegocios, el fracking, las megarrepresas, los mega emprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios, etc.. Pero les falta enfoque político e ideológico de construir poder de los pueblos, naciones y comunidades para posibilitar las transformaciones radicales implícitas en el viraje a realizar desde la actualidad de privilegiar el lucro creciente de oligopolios hacia atender necesidades e intereses populares. Se trata de politizar o unir a esas variadas autoorganizaciones desde la comprensión mutua sobre lo ya concretado-elaborado por cada una hasta la revelación sobre qué comparten que pueden utilizar como bases de las praxis de otra sociedad-mundo. El enmarque ideológico surgirá de debatir cuál va a ser la concepción de vida y mundo en común que orientará caminos hacia buenos vivires convivires abajo.

 

Reflexiones sobre desafíos urgentes


Elena Cedrón


En el año 2019, la emergencia climática como resultado de la ecológica y la social movilizó a adolescentes y jóvenes para exigir a los gobiernos e instituciones mundiales se responsabilicen por encaminar soluciones de modo urgente porque amenazan de extinción a la vida planetaria. 


Sin embargo, el sistema mundo capitalista continuó acelerando el crecimiento lucrativo de sus oligopolios a expensas de ecocidios y genocidios como lo demostraron los incendios en distintas latitudes de selvas y bosques donde las biodiversidades alcanzan su mayor expresión y por tanto, también son máximos los equilibrios ecológicos. Son milenios de coevolución que el sistema mundo está aniquilando sólo para súper negocios oligopólicos de corto plazo por su mayúscula vulnerabilidad e inestabilidad ecológica.


Repitamos el capitalismo para acumular riquezas y poder en el 1% de la humanidad arrasa esos patrimonios ecosociales que son frutos de la coevolución de millones de años de los distintos subsistemas del planeta Tierra que lo vuelven habitable.


Nos ha subsumido en crisis civilizatoria como lo prueba, de modo mayúsculo, que en el año 2020 las imposiciones gubernamentales ante el Covid-19 sean las que había en el medioevo instaurando así la involución sensible, afectiva y comunal de la humanidad. Además consolida su expropiar a las grandes mayorías de los saberes universitarios e indígenas de siglos. Aún más, está condenando a la muerte de millones en el planeta y sobre todo, en los países donde los trabajadores y la naturaleza están sometidos a sobrexpoliación por el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales. Estamos ante la disyuntiva formulada por Rosa Luxemburgo «barbarie o socialismo» que hoy debe ser «capitalismo o comunismo» entendiendo por el último al sistema social mirando por los bienes comunes (sociales y naturales) y construido por confederación (sin fronteras ni muros vigentes hoy) de comunidades autónomas en cada país plurinacional, en el Abya Yala pluriverso y en un mundo unido por el internacionalismo revolucionario.


Hoy urge, abajo y a la izquierda coherente en su comunismo, suscitar el involucramiento de una creciente mayoría en la lucha socioecológica de autoorganizaciones populares por erradicar los extractivismos o la criminalidad de lesa humanidad y lesa naturaleza 
del capitalismoEs poner fin a los extractivismos y sus autoritarismos que fragmentan nuestros países en enclaves y neofeudos. Por tanto, debemos generalizar 
el compromiso con la liberación de nuestros territorios y trabajos del Capital Estado. Concretarla desde transformarlos, primero, en  comunales y luego articularlos entre sí mediante programa de elaboración conjunta (por un creciente número de comunidades urbanas, rurales e indígenas) de la «reforma agraria integral» anticapitalista, antiimperialista, antilatifundista, antirracista, antipatrialcal y decolonial. Que haga a la recuperación de los bienes comunes y vuelva pasado a los bienes privados y sus mentirosos bienes públicos.


La «reforma agraria integral» mira hacia las soberanías alimentarias de cada integrante de la plurinacionalidad y hacia constituir el poder de los pueblos de crear sus buenos vivires convivires que implica ante todo compromiso con la Salud de la Madre Tierra. Es involucramiento con la defensa de la heterogeneidad ecológica y con su optimización en la Amazonía, El Impenetrable y todas las selvas, los bosques. 


Esta perspectiva de l
a «reforma agraria integral»
más allá de la agricultura-ganadería y de la distribución demográfica sustentable, nos interpela a generalizar el aprecio hacia los pueblos indígenas cuyo trabajo de siglos posibilitó esos biomas de máximo equilibrio ecológico y nos enseñan cuán importante es crear comunalidades.


Pero necesitamos ser creciente mayoría para poner en práctica a esas transformaciones. De ahí ante: 

Esta inflexión histórica de la humanidad, lo más prioritario es generalizar la superación de convocatorias a unirnos contra la derecha explícita y a favor del gobierno FF o a exigirle que atienda demandas de les diverses de abajo. Pues se trata, por un lado, de asumir la gravedad a que nos conduce el Capital y su gobierno Estado en todas las jurisdicciones. Por otro lado, estamos en una crisis estructural del capitalismo mundializado que lanza ofensiva internacional contra los pueblos y la naturaleza para resolverla a su favor.

 

De las conductas gubernamentales y mediáticas ante el Covid-19 se originan la actual maximización de la paranoia e hipocresía propias al control del sistema mundo sobre la humanidad. Frente a esta catastrófica hegemonía cultural e ideológica nos urge reflexionar sobre qué Federico Mare y Ariel Petruccelli nos advierten:

"Desde luego que aquellas personas que consideren poco probable una alternativa socialista, una quimera perimida delsiglo XX corto, no tienen por qué embellecer formas específicas del capitalismo, ni se hallan condenadas a brindar explicaciones poco consistentes de los procesos actuales. Sin embargo, es esto lo usual en el panorama intelectual contemporáneo.

 

Pero las agudas contradicciones del capitalismo se hallan en la base de todo cuanto está aconteciendo en el mundo en estas últimas décadas. La inviabilidad de un crecimiento económico infinito en un planeta finito es algo evidente".


Pero, como
Federico Mare y Ariel Petruccelli señalan, chocamos conque: "el discurso público mayoritario, a un lado y otro de las fronteras ideológicas internas del capital (conservadores y progresistas, liberales y populistas, ortodoxos pro-mercado y heterodoxos estatistas), se omita o minimice la vinculación de la pandemia actual con la problemática ambiental, se hable lo menos posible de la relación del capitalismo con esta última, y se contraponga burdamente salud y economía. Por lo mismo, tampoco es de extrañar que, en la polarizada Argentina de la grieta, la política del ASPO dispuesta por el gobierno nacional peronista sea apoyada –y replicada con celo a nivel local– por las tres provincias radicales (Mendoza, Jujuy y Corrientes), y también por CABA, controlada por el macrismo, las cuatro jurisdicciones opositoras de centroderecha".

 

"El abordaje típico se concentra en un nivel político superficial, ignorando pertinazmente tanto los fenómenos estructurales de larga duración, como la posibilidad agencial de cambiar las estructuras socioeconómicas: posibilidad siempre abierta, aunque con disímiles circunstancias y grados de factibilidad. En consecuencia, lo que predominan son flacos análisis. Flacos porque deben omitir datos obvios (como las escandalosas diferencias regionales), descartar preguntas reveladoras (¿por qué, por ej., hay tanta alarma con el COVID-19, cuya tasa de mortalidad se halla muy lejos de las de la desnutrición, el cólera, o el paludismo?) y evitar el cruce de variables o dimensiones (como ecología y capitalismo).

 

El resultado de todo esto es una pésima discusión pública de los problemas, junto a un desconcierto generalizado que no reconoce fronteras geopolíticas ni sociales. La humanidad parece ingresar al ojo de la tormenta de una crisis civilizatoria con los ojos vendados. Solo que, a diferencia de la diosa Temis, su balanza está descalibrada; y su espada, sin filo".Leer

De ahí la importancia de comenzar por multiplicar espacios en común de deliberación y toma de decisiones sobre los problemas fundantes de «buenos vivires convivires» entre les distintes de abajo hacia conformar una intelectualidad surgida de la síntesis de saberes de las diversidades populares. 


Se trata de hacer florecer sentipensares arraigados, desmonopolizados de los científicos e intelectuales mediáticos, lo que implica estar siendo decolonizados...en todo el país-continente y mundo.