Qué Democracia

Noviembre 2020

De actual legalización, legitimación y subsidio del sistema de agronegocios que es concentración-transnacionalización económica territorial.

 

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

 

Nos urge, ante la emergencia social sanitaria y ecológica climática, destapar la criminalidad implícita en la legalidad-legitimidad de quienes se han adueñado de los territorios de Argentina sean grandes capitales sean gobiernos-estados. Y aún más, el manejo de vastos ecosistemas se hace de manera focalizada en el lucro individualista e irresponsable socioambientamentalmente.  Tengamos en cuenta a Javier Souza Casadinho señalando:

 

"Se busca incrementar la producción sin atender a las características, posibilidades de vinculación y manejo de los bienes comunes naturales, apelando a que las tecnologías, ahora las “Agtech”, resolverán los problemas generados por otras tecnologías, permitirán incrementar la productividad sin atender al modo en que se hace y sin tener en cuenta al acceso seguro y continua de nuestros ciudadanos a alimentos sanos y saludables".

La gran escala agrava las consecuencias de esa omnipotencia e irresponsabilidad.

 

 

La “Iniciativa doscientos millones de toneladas de cereales,

oleaginosas y legumbres”

4 noviembre 2020

Por Javier Souza Casadinho

 

La “Iniciativa DOSCIENTOS MILLONES de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres”,
un plan del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina que atrasa y no
 atiende a las dimensiones socioambientales

Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Argentina) se lanzó la “iniciativa 200 millones (200.000.000) de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” con los objetivos de fomentar y desarrollar nuevas inversiones a fin de incrementar la producción agropecuaria, su transformación y agregado de valor a nivel de las agroindustrias para desde allí incrementar la producción nacional (PBI), generar empleo registrado, producir saldos exportables y con ellos divisas a partir del intercambio internacional atendiendo, para ello a una modificación en el contexto de operaciones. En este sentido dice la resolución 216/2020 del MAGP, la iniciativa consistirá en “organizar y poner en funcionamiento una metodología de trabajo y coordinación de áreas de estudio para la elaboración de alternativas consensuadas de políticas públicas, no vinculantes, orientadas a alcanzar un incremento de la producción agrícola”

¿Por qué decimos que esta iniciativa atrasa? porque una vez más se intentará incrementar la producción y productividad de los sistemas agrarios a fin de generar ingresos, de fomentar el desarrollo de la agroindustria, de generar saldos exportables, del mismo modo y bajo los mismos paradigmas reduccionistas y, extractivistas que aquellos contenidos en otros planes y programas que se han implementado en los últimos 200 años. Es decir, sin atender al modo, los caminos, en que se alcanzarán los objetivos, esto es enfatizando en el incremento en productividad, a secas, sin tener en cuenta a las dimensiones culturales, ambientales y sociales.

Ni en la resolución, ni en su anexo, se menciona la palabra sustentabilidad, atender a la composición y características de los agroecosistemas y a su entorno natural, a su posibilidad de recrear las condiciones de su propia existencia, sin el aporte permanente y creciente de energía externa vía la aplicación de fertilizantes, plaguicidas, combustibles. La sustentabilidad es muy diferente a la sostenibilidad de la misma manera que los bienes naturales no son recursos naturales, la controversia no solo es semántica, sino que implica la vinculación con y el manejo de estos bienes que deviene de diferentes cosmovisiones y niveles de integración de los seres humanos en y con la naturaleza.

La iniciativa anuncia “Una recuperación de entre QUINIENTOS MIL (500.000) y UN MILLÓN de hectáreas agrícolas en zonas de exclusión/amortiguamiento con el uso de nuevas tecnologías seguras (Agtech) con una reducción de hasta el OCHENTA POR CIENTO (80%) en el uso de agroquímicos”. En el anexo se hace referencia a las tecnologías “de punta” a fin de reducir el área de amortiguamiento. Cabe recordar que en muchos distritos, y a partir de la movilización de las comunidades, se logró poner un límite a la aplicación de plaguicidas dadas su características químicas, su movilidad en el ambiente y su efecto en la salud. Retrotraer la medida implicaría una vez más exponer a la población, especialmente a los niños a sustancias dañinas para la salud.

Respecto a la mencionada reducción en la utilización de agroquímicos, idéntica promesa se hizo cuando se liberaron los cultivos transgénicos en el año 1996, cuando las mismas estadísticas permiten observan como pasamos de utilizar 70 millones de litros /kilos de plaguicidas en el año 1994 a más de 400 millones empleados cada año en los últimos tiempos. Se argumentará que se utilizarán plaguicidas menos tóxicos o aplicados con “tecnologías inteligentes”, cuando todos sabemos que las categorías toxicológicas solo toman en cuenta las afecciones agudas en la salud y nada dicen de las enfermedades crónicas como la afección en el sistema endocrino o la generación de enfermedades epigenéticas. A su vez recordamos que en nuestro país se comercializan 123 plaguicidas altamente peligrosos (HHP) incluidos en la lista de PAN internacional [1] y se comercializan 109 plaguicidas prohibidos en otros países.

Otro de los temas que figura en el anexo de la disposición, esta vez realizado en tono de pregunta, es el de la propiedad de las semillas “¿Una ley de semillas, permitiría acceder a otra genética?”, se interroga la propuesta. Se desconoce que desde las organizaciones de productores, de consumidores y de la sociedad civil , desde el año 2012, nos manifestamos en contra de cualquier iniciativa que coarte la libertad de los productores de disponer la reutilización de sus propias semillas, las mismas que en algún momento adquirieron en el mercado o intercambiaron con otros agricultores/as.

También se debe subrayar que la potencialidad genética de las semillas es solo un aspecto a tener en cuenta en la expresión real de los rendimientos a los que cabe agregar el clima, los suelos y el manejo realizado, en el cual los conocimientos de los productores/as es fundamental.

En ningún caso la iniciativa hace referencia a la soberanía alimentaria, al derecho de las comunidades a decidir qué producir, cómo hacerlo y de qué manera nos alimentamos, derecho que se vulnera cuando se avanza con monocultivos y paquetes tecnológicos por sobre los agroecosistemas dedicados a la producción de alimentos, y a la calidad de estos, cuando solo se propende a la exportación.

Por último, ni en la resolución, ni en su anexo, se menciona las externalidades negativas, el efecto que las políticas derivadas de ella, pueden tener sobre las características e integralidad de los bienes comunes o los servicios ecosistémicas brindados por ellos. Ni tan siquiera se menciona tener presente la necesidad de atender a estrategias, tecnologías y prácticas relacionadas con la mitigación o adaptación al cambio climático que tal plan debería tener en cuenta.

Una vez más, como decíamos al inicio, se busca incrementar la producción sin atender a las características, posibilidades de vinculación y manejo de los bienes comunes naturales, apelando a que las tecnologías, ahora las “Agtech”, resolverán los problemas generados por otras tecnologías, permitirán incrementar la productividad sin atender al modo en que se hace y sin tener en cuenta al acceso seguro y continua de nuestros ciudadanos a alimentos sanos y saludables.

Cabe también subrayar que el paradigma agroecológico, sin dar recetas, brinda la posibilidad de diseñar, planificar y llevar a la práctica agroecosistemas verdaderamente sustentables, viables desde el punto de vista económico, respetuosos de los saberes de nuestros agricultoras/as y conllevan a la consecución de la soberanía alimentaria.

Javier Souza Casadinho

Coordinador Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas Argentina

Nota:

[1] Pesticide Action Network 2018 Lista de plaguicidas altamente Peligrosos de PAN Internacional. Traducción al español de Graciela Carbonetto,
actualización de Lucía Sepúlveda y María Elena Rozas de la Oficina de Comunicaciones y Administración de RAP-AL
https://rap-al.org/

Contacto: <javierrapal@yahoo.com.ar>

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/La-Iniciativa-doscientos-millones-de-toneladas-de-cereales-oleaginosas-y-legumbres

 

 

Nos urge recordar:  El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 que el gobierno de Cristina Fernández publicitó como un acuerdo ampliamente democrático. RESULTO LO CONTRARIO: legalizó y legitimó la expansión del monocultivo de soja transgénica-glifosato(herbicida que elimina la vida constructora de la fertilidad de los suelos, también ataca a polinizadores como las abejas y afecta a los otros cultivos). Mayor ocupación e invasión territorial que se realiza por deforestación y expulsión, despojo a comunidades campesinas e indígenas. El alabado crecimiento a tasas chinas se debió fundamentalmente a este acaparamiento de tierras desterritorializadas y reterritorializadas para agrocombustibles y forraje de animales vs. tierras de producción alimentaria.

 

Gracias al PEA2 el poder real concentró y transnacionalizó tanto la economía como el territorio de Argentina. En continuidad del PEA2, el gobierno de les Fernández implanta el Plan 2020-2030 donde el trigo transgénico y las megafactorías de cerdos serán estrellas iluminando la actualización de la oligárquica Argentina agroexportadora.

 

¿Será que la criminalidad de lesa humanidad y de lesa naturaleza de las quemas intencionales de vida apura la implantación del nuevo Plan? Con miras focalizadas en la acumulación oligopólica sin preocupación alguna sobre generar la desaparición forzada de comunidades campesinas e indígenas o sea de la soberanía alimentaria y de las biodiversidades que crean los equilibrios ecológicos tan esenciales a la vida humana.

 

 

 

“¡Con nuestro pan, no!”

17 de octubre de 2020

 

El trigo transgénico autorizado por el Gobierno argentino es denominado HB4 y presenta dos características: resistencia a la sequía y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio. Fue autorizado por la Resolución 41/2020 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, publicada en el Boletín Oficial el 9 de octubre. Para un conjunto de organizaciones campesinas y ambientales, así como movimientos sociales y grupos de estudios, “esta autorización significa un avance del agronegocio sobre la alimentación de nuestros pueblos y sobre nuestra agricultura”, que sólo puede explicarse “por la sumisión a los intereses corporativos”. Invitan a sumar adhesiones al rechazo al trigo transgénico, a través de la Declaración “¡Con nuestro pan, NO!”.

 

El gobierno argentino aprobó el primer trigo transgénico del mundo y está listo para impulsar su cultivo masivo (sujeto a que Brasil lo acepte, al ser el primer receptor de las exportaciones argentinas de trigo).

El trigo transgénico autorizado es denominado HB4 (trigo IND-ØØ412-7) y presenta dos características: resistencia a la sequía y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio. Fue autorizado por la Resolución 41/2020 del 7 de octubre de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial el 9 de octubre.

Esta autorización significa un avance del agronegocio sobre la alimentación de nuestros pueblos y sobre nuestra agricultura que no podemos aceptar y que nos obliga a denunciarla y resistirla por todas las vías posibles.

Por este motivo exigimos al gobierno nacional que dé marcha atrás con esta medida autoritaria que sólo puede explicarse por la sumisión a los intereses corporativos.

Por eso queremos expresar en una breve síntesis los motivos del rechazo a este trigo transgénico desde las muchas vertientes que nos obligan a decir ¡Con nuestro pan NO!

SUMÁ TU ADHESIÓN

1- Porque multiplicará el consumo de agrotóxicos

Los transgénicos con tolerancia a herbicidas multiplican el consumo de herbicidas ya que esa es la razón para la que se han desarrollado. El uso de agrotóxicos se ha incrementado exponencialmente desde la introducción de cultivos transgénicos lo que demuestra la falsedad del discurso con que se impusieron. En Argentina ya se usan más de 525 millones de litros de agrotóxicos por año, de este modo, esta nueva autorización implicará aumentar aún más la utilización de estos compuestos altamente nocivos para la salud.

2- Porque el herbicida al que es tolerante el trigo aprobado es incluso más tóxico que el glifosato

El glufosinato de amonio es un herbicida más tóxico aún que el glifosato y está ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por su alta toxicidad aguda y sus efectos teratogénicos, neurotóxicos, genotóxicos y alteradores de la colinesterasa. Además de ser un herbicida, tiene propiedades insecticidas. Es altamente tóxico para organismos benéficos incluyendo arañas, ácaros depredadores, mariposas, numerosos microorganismos del suelo, y puede incrementar la susceptibilidad de la planta a enfermedades, con el consecuente aumento en el uso y dependencia de agrotóxicos. Es tóxico para algunos organismos acuáticos y puede aumentar la lixiviación de nitrógeno de los suelos. En suelos arenosos, el glufosinato es persistente y móvil.

3- Porque expondrá a nuestra población a fumigaciones con agrotóxicos todo el año

El trigo es un cultivo de invierno. Hasta ahora, las fumigaciones masivas con agrotóxicos se circunscribían a las temporadas de primavera y verano (aunque también se aplican a finales del invierno como “barbecho químico”). La aplicación del glufosinato de amonio dará lugar a fumigaciones con este herbicida altamente tóxico en invierno, cuando es aún mayor la susceptibilidad a contraer enfermedades respiratorias.

4- Porque un nuevo veneno estará presente en el pan nuestro de cada día

El trigo es la base de la alimentación de las argentinas y los argentinos y de una parte muy importante de la humanidad: con él se elabora el pan y gran parte de nuestras comidas que están basadas en sus harinas (otros panificados, empanadas, pizzas, pastas, tartas, entre otras). A partir de esta autorización, el trigo tendrá residuos de glufosinato que se incorporará a las harinas y sus derivados, es decir, habrá presencia de esta sustancia en alimentos básicos de consumo diario, hecho inédito en la historia de nuestro país, con lo cual toda la población estará expuesta a la ingesta de este veneno en su dieta diaria.

5- Porque contaminará todos los trigos

El trigo se autofecunda en un gran porcentaje pero también se cruza con cultivos de cercanía, como sucede también con la soja. Los datos científicos hablan de cruzamientos de entre 1 y el 14%.

Los empresarios y sus aliados nos explican que no tenemos por qué oponernos, que «el que no quiera que no adopte la tecnología». Con fundamentos sólidos podemos afirmar que una vez liberadas las variedades transgénicas en pocos años se van a diseminar por polinización cruzada y por “bolsa blanca”. Si esto sucede vamos a estar expuestos a la locura de que nos contaminen los trigos nacionales y a que nos puedan denunciar por querer «robarles la tecnología». Mantener la trazabilidad separando las cadenas de producción y distribución entre trigos convencionales y trigos transgénicos es imposible de lograr.

6- Porque este trigo se ha desarrollado para seguir aplicando un paquete tecnológico (siembra directa y uso intensivo de agrotóxicos) que ya ha demostrado los daños que ha producido y que necesita ser replanteado de manera absoluta

La misma FAO acaba de afirmar que “hemos llegado al límite del paradigma de la revolución verde” y que alcanzar una agricultura sostenible requiere un enfoque integrado. Los transgénicos son hoy la mejor encarnación del paradigma de la «revolución verde» y avanzar hacia una producción agroecológica libre de venenos y transgénicos es el principal desafío que hoy tenemos como humanidad.

7- Porque se hace uso de un fenómeno climático extremo, la sequía, como un argumento falaz para introducir una tecnología de dudosa eficacia

Las plantas activan diferentes grupos de genes a lo largo del ciclo de vida, y la incorporación de un único gen difícilmente podría definir la manifestación de mecanismos de resistencia. Por un lado, la inserción de un gen adicional no debe ser interpretada como suficiente para alterar distintos ciclos metabólicos, ya que los genes trabajan en grupo. Tenemos más de 100 mil características y sólo cerca de 30 mil genes para definirlas; muchos de esos genes son compartidos con otros seres como ratones, peces, pájaros y hasta insectos. Por otra parte, la sequía “no es la misma” porque la planta “no es exactamente la misma” en la fase de germinación, emergencia, floración, formación de granos, etc. Así, un gen que permitiera un mejor comportamiento ante la falta de agua en una fase, no ayudaría de la misma manera en otra fase. Y la posibilidad de frenar el desarrollo de alguna fase para reducir el estrés por la escasez de agua, puede perjudicar en vez de ayudar a la planta en el caso que no ocurriera la sequía. Y difícilmente tendría utilidad si la sequía ocurriese en otro período, donde este gen no actúa. Un dato concreto es que los estudios para la obtención de plantas resistentes a la sequía han sido abandonados por falta de éxito en los Estados Unidos.

8- Porque son parte de la destrucción del sistema de ciencia y técnica que dicen defender

Porque necesitamos que la ciencia argentina escuche las voces de transformación y apoye los procesos de agroecología y soberanía alimentaria que hoy son una realidad en manos de las organizaciones campesinas y de productores familiares. Necesitamos ciencia independiente que denuncie el accionar de las empresas de los agronegocios: en lo sanitario, en lo ambiental y en lo económico. Rechazamos la complicidad de los sectores científicos que, bajo el paraguas del CONICET, son socios de las empresas biotecnológicas. Esos académicos tienen responsabilidad en las consecuencias que sus «desarrollos» producen en los territorios (más desmontes y afecciones en salud, entre otros).

9- Porque no queremos consumir alimentos transgénicos

En Argentina no hay etiquetado de transgénicos. Las empresas del agronegocio y las procesadoras tienen muy claro que el pueblo argentino no los quiere, no los elige, y por eso no permiten que se etiqueten los alimentos con transgénicos. La «equivalencia sustancial» (argumento empresario que dice que un transgénico es igual a un alimento convencional) es un mito creado por los científicos pagados por las corporaciones. Por lo tanto, nada nos garantiza que el pan que comamos sea igual en sus características y el impacto en nuestro organismo que el de un pan hecho con un trigo convencional.

10- Porque las autorizaciones no nacen de sectores independientes de los sectores corporativos

La Conabia (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología) recomienda aprobar transgénicos y el Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) autoriza el uso de agrotóxicos: son ejemplos de conflictos de interés. Ambos organismos están controlados o influenciados por representantes de las empresas que producen y venden transgénicos y agrotóxicos.

La Conabia mantuvo durante muchísimos años su composición en secreto. Hoy sabemos que siempre tuvo una mayoría empresaria, por lo que las empresas con conflictos de interés, todo este tiempo, se regularon a sí mismas. Si bien su composición se modificó en marzo del 2020 la aprobación del trigo transgénico por la misma se dio en el contexto de su composición anterior. El Senasa no cuenta con laboratorios propios, sino que valida los informes presentados por las propias empresas. En Argentina se usan 107 plaguicidas prohibidos en otros países del mundo, 36 de ellos considerados «altamente peligrosos» por la Organización Mundial de la Salud.

11- Porque los transgénicos promueven los monocultivos y éstos degradan los ecosistemas y la soberanía alimentaria

Supongamos que el trigo transgénico no fuera resistente al glufosinato y se evite el uso de este agrotóxico. La tan publicitada y prometida «resistencia a sequía» se vende como una ventaja para los productores. El trigo transgénico viene por lo que queda de la destrucción de nuestros bosques y humedales. Los transgénicos agrícolas sirven hoy sólo para generar lucro para unos pocos. No son necesarios para garantizar ningún derecho del pueblo. Por otro lado es imposible no considerar que las sequías que están azotando la región son justamente producto del modelo de agricultura impuesto.

12- Porque el trigo transgénico ya fue rechazado en el mundo

A partir del rechazo de diversos sectores vinculados a la comercialización del trigo en América del Norte (como por ejemplo el Consejo Canadiense del Trigo) Monsanto retiró en el año 2004 su trigo resistente al glifosato reconociendo que “como resultado de la revisión de nuestra cartera [de productos] y el diálogo con líderes del sector triguero, admitimos que las oportunidades empresariales del trigo primavera Roundup Ready son menos atractivas en relación con otras prioridades comerciales”. En este momento distintos sectores vinculados a la comercialización en Argentina están dando ese alerta.

En Argentina un conjunto de organizaciones de la cadena triguera expresaron “El daño que se produciría al mercado de trigo argentino sería irreparable e irreversible, toda vez que la contaminación se propagará y la segmentación resulta inviable”. Esta posición fue adoptada por las siguientes organizaciones: Bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe; la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Industriales Molineros; el Centros de exportadores de cereales, el centro de de corredores; la federación de la Industria de la Molinería, los Acopiadores; y las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (CRA, Coninagro, FAA y Sociedad Rural Argentina). También Argentrigo manifestó su preocupación por esta aprobación.

Lo mismo acaba de expresar la industria molinera brasileña que en una encuesta interna expresó que el 85% no estaba a favor de utilizar trigo transgénico y el 90% dijo estar dispuesto a detener sus compras de trigo argentino.

13- Porque es parte de la intención de las transnacionales de imponer su ley de semillas

Ya los grupos corporativos están anunciando que el paso siguiente a la autorización de este trigo debe ser la modificación de la Ley de Semillas vigente para que garantice la recuperación de la “inversión en investigación” realizada por los grupos científicos y corporativos involucrados.

14- Porque aumentarán aún más las malezas tolerantes y resistentes a agrotóxicos

En nuestro país ya superamos las 40 malezas resistentes a herbicidas, lo cual genera complicaciones en el manejo de los cultivos, además del aumento de los costos de producción.

La producción de trigo en nuestro país no presenta problemas significativos de malezas (por ser un cultivo denso, naturalmente buen competidor y por realizarse en invierno, cuando la cantidad de malezas es baja), por lo tanto, no se justifica el evento de tolerancia al glufosinato de amonio.

Ya se han aprobado muchos eventos en soja y maíz con tolerancia al glufosinato de amonio y otros agrotóxicos. La liberación de este trigo transgénico tolerante al glufosinato de amonio completará el ciclo de uso permanente de este herbicida a lo largo de todo el año. Esto acelerará la aparición de malezas tolerantes y resistentes al glufosinato de amonio, complejizando aún más su control para otros cultivos (de verano e invierno).

15- Porque no se adecuaron los procedimientos de aprobación de transgénicos a lo recomendado por la Auditoría General de la Nación, siendo la aprobación nula

El Informe de la Auditoría General de la Nación N° 064/2019 señaló la existencia de graves deficiencias en los controles sobre los eventos transgénicos y que tampoco se tienen en cuenta los impactos sociales, ambientales, además del riesgo sobre la biodiversidad. Además, concluyó que la forma de aprobar el uso de los transgénicos en Argentina es poco transparente e incompleto, desoye convenios internacionales, vulnera leyes ambientales y viola los derechos de los pueblos indígenas. Lejos de haber adecuado ese marco normativo, se siguió adelante con la aprobación comercial de este evento transgénico a través de ese procedimiento viciado, lo cual torna al acto administrativo en nulo de nulidad absoluta.

16- Porque no se garantizó la participación ciudadana en el proceso de aprobación de este evento transgénico

La ciudadanía no tuvo ocasión de participar durante el trámite de aprobación de este evento transgénico, lo cual vulnera la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, abonando aún más a la nulidad del acto administrativo.

A esto se suma que hoy se plantee abiertamente que la decisión está en manos de Brasil, cuando Argentina es uno de los países que más incorporado tiene el trigo y sus derivados al consumo alimentario.

17- Porque la autorización va en contra de las recomendaciones de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos a nuestro país

El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Relatora de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada, Hilal Elver, tras su visita oficial a la Argentina, instaron al país en 2018 y 2019, respectivamente, a reducir el uso de los agrotóxicos. La autorización va claramente en contra de dichas recomendaciones, lo cual expone a nuestro país a ser responsable internacionalmente por la violación a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

18- Porque la autorización torna inviable la agroecología y la agricultura orgánica que el gobierno nacional dice querer fomentar

Una parte importante de la producción agroecológica extensiva y la producción orgánica en nuestro país recurren al cultivo de trigo. La introducción de una variedad transgénica de trigo al ambiente, con los riesgos de cruzamiento y de contaminación en el camino de su comercialización ya señalados, torna difícil o imposible la protección efectiva de dichas producciones, con el riesgo también de pérdida de sus mercados a futuro.

19- Porque el mercado comercial de trigo sufrirá un impacto negativo

La autorización de este evento, sumado a la imposibilidad de evitar el entrecruzamiento y de garantizar la trazabilidad, generarán desconfianza y rechazo del mercado interno y otros mercados internacionales, lo cual generará un impacto comercial negativo en la cadena del trigo en nuestro país.

Fueron estas razones comerciales las que llevaron incluso al gobierno de Mauricio Macri –que fue el que más transgénicos aprobó en la historia- a desistir de su aprobación comercial.

20- Porque aunque el evento tenga un origen nacional, constituye una entrega a los capitales transnacionales

Más allá de su origen nacional, la empresa Bioceres tiene a su subsidiaria “Bioceres Crop Solutions Corp” que cotiza en la bolsa de Nueva York, tiene alianzas estratégicas con Syngenta/Chemchina, Valent, Dow Agrosciences y tiene entre sus accionistas a Monsanto. Además, si bien el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral participaron del desarrollo del evento y cada una tiene el 30% de las patentes sobre el mismo, le confirieron licencia de comercialización exclusiva de sus derechos a Bioceres, representando una nueva entrega a los grandes capitales transnacionales. Por otro lado el rechazo a los transgénicos va mucho más allá del origen del desarrollo de los mismos.

Es urgente debatir en profundidad qué modelo agropecuario necesitamos como país, poner en marcha las propuestas que realizó el Foro Agrario en el año 2019 y anular la resolución que ha habilitado la producción de trigo transgénico.

NO al trigo transgénico en Argentina.

¡CON NUESTRO PAN NO!

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Fuente: https://www.anred.org/2020/10/17/con-nuestro-pan-no/

 

En consecuencia, en vez de garantizar la soberanía alimentaria, el gobierno de les Fernández expande y afianza al sistema globalizado de los agronegocios. Nos es imprescindible generalizar la toma de conciencia sobre la:

 

Agroecología para la soberanía alimentaria

Tierra, semillas y territorios libres de violencias

Agosto 2020

 

ACCIÓN POR LA BIODIVERSIDAD

 

La crisis alimentaria a nivel mundial cobra mayor vigencia cada día. Por un lado, la calidad de los alimentos preocupa a quienes pueden acceder a ellos; por otro, es cada vez mayor la cantidad de gente que no accede a una alimentación saludable. Los dos aspectos de este conflicto comparten una misma raíz: un sistema agroalimentario industrial que se ha desviado del objetivo de alimentar a los pueblos, para convertirse en un multimillo-nario negocio que está destruyendo el planeta y la salud de las personas. Como respuesta a la crisis generada por el agronegocio surge, en la década de 1980, la agroecología: una propuesta para resolver integralmente las problemáticas que el propio agronegocio genera. Hoy, sin embargo, el modelo agroindustrial (inmerso en una inevitable crisis) pretende reinventarse buscando una imagen que lo desligue de los crímenes que, desde hace décadas, viene perpetrando contra la naturaleza y los seres humanos. Agroecología es hoy, entonces, un término en disputa

 

 “Agroecología no es solo una forma de producción sin químicos, es un montón de cosas más. Es una forma de vida. Es estar vinculado con el lugar donde uno está, en el lugar de producción y además en el lugar de venta. Para todo lo que producimos acá, el principal lugar de venta es la misma comunidad. No nos ponemos como objetivo la venta de productos orgánicos hacia otros lados, sino que queremos que se aprovechen estos alimentos en nuestra zona. Creemos en pertenecer a un grupo, creemos en el trabajo en red y en las relaciones. No nos interesa estar produciendo en el campo y desvincularnos de lo que pasa después con nuestros alimentos, ni tendría sentido producir sin agrotóxicos para que ese alimento sea destinado a la clase social que más poder adquisitivo tiene, ni trasladarlo lejos de donde estamos. En la agroecología está presente lo productivo, pero también lo ambiental, lo social, lo cultural, lo económico, el acceso a la tierra y tener una mirada colectiva”. Andrea Tortorolo y Gabriel Arisnabarreta, de Chacra La Bonita, Saladillo, provincia de Buenos Aires - Argentina

 

Desde las organizaciones campesinas, de productorxs, socioambientales y medios de comunicación alternativos proponemos una «agroecología de base campesina», heredera de 10.000 años de agricultura, que tiene como objetivo principal la Soberanía Ali-mentaria de nuestros pueblos.

Cuando hablamos de «agroecología de base campesina», creemos esencial tener en cuenta dimensiones sociales, políticas y medioambientales, y no solo las técnicas o prácticas agronómicas para producir alimentos. Eliminar el uso de agrotóxicos es central para tener una alimentación sana, pero hay muchos otros aspectos importantes a tener en cuenta. No podemos, por ejemplo, pensar en la producción de alimentos sin cuestionar profundamente las condiciones en las que se producen, y sin reconocer y visibilizar los saberes que hace años forman parte de los sistemas productivos.

 

Una «agroecología de base campesina» debe construirse a partir de la lucha por el territorio en manos de los pueblos, con circuitos de comercialización locales y de intercambio justo, donde las relaciones no prioricen el negocio, sino la solidaridad, la defensa de los bienes comunes, la biodiversidad y la construcción de relaciones más justas y espacios libres de violencias.¿Por qué decimos que el concepto de agroecología está en disputa?

 

Porque, desde hace algunos años, las corporaciones y los Estados se están apropiando de la palabra agroecología, otorgándole un sentido muy distinto. Plantean, sí, la eliminación del uso de agrotóxicos en la producción; pero no cuestionan el resto de sus prácticas que son igual de dañinas, como el uso de maquinaria pesada, la concentración de la tierra, el controlcorporativo de las semillas, las plantaciones de monocultivos o las relaciones desiguales entre lxs trabajadorxs rurales. De esta manera se pretende quitar a la agroecología sus múltiples dimensiones, para reducirla a una técnica uniforme y estandarizada que no cambie la esencia del modelo agrícola dominante. Es importante resaltar que la agroecología, para estos sectores, es entendida sólo como un negocio y no como una forma de alimentar a los pueblos. A través de este segundo cuadernillo nos proponemos pensar disparadores que contribuyan a fomentar y enriquecer el de-bate colectivo. Para esto, nos enfocamos en tres ejes que con-sideramos esenciales a la hora de pensar una agroecología de base campesina: la construcción, desde las bases, de un feminismo campesino acorde a las realidades y ne-cesidades de los territorios y sus habitantes; el rescate y la difusión de los conoci-mientos ancestrales que permitie-ron preservar y reproducir las se-millas nativas y criollas durante generaciones; el reclamo por el acceso a la tierra por parte de lxs campesinxs que la trabajan, con la Reforma Agraria Integral como única forma de lograrlo.(...)

 

Las citas textuales de este cuadernillo pertenecen a entre-vistas de la serie #QuéAgroecologíaNecesitamos, que reco-ge experiencias de productorxs, organizaciones campesinas y socioambientales, y medios de comunicación alternativos. Las entrevistas forman parte del cuadernillo “Construyendo una agroecología para alimentar a los pueblos” que está disponible en www.biodiversidadla.org

Fuente: www.biodiversidadla.org/.../Agroecología+para+la+Soberanía+Alimentaria. pdf

 

 

Nos urge ir construyendo poder territorial de las comunidades hacia la «reforma agraria integral» que vaya:

 

 

 

 

Reconectando los alimentos, la naturaleza y los derechos humanos para superar las crisis ecológicas

17 de noviembre de 2020

 

Por Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición

"Los alimentos no solo nos mantienen saludables y nos permiten responder a amenazas globales como la pandemia de COVID-19, sino que también son fundamentales para nuestra naturaleza humana como seres sociales. Sin embargo, el mundo moderno, marcado por el capitalismo y el patriarcado, trata a los humanos y al resto de la naturaleza como dos esferas independientes. Existen vínculos profundamente arraigados entre las formas en que las sociedades vulneran los derechos humanos y maltratan la naturaleza. Nuestro sistema económico y político actual se alimenta de la explotación de los humanos y la naturaleza para generar ganancias, lo que se manifiesta más claramente en la perpetuación de las desigualdades, el calentamiento global y la rápida pérdida de biodiversidad".

El Observatorio del derecho a la alimentación y la nutrición es una publicación anual de la  Red Global por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, iniciativa de organizaciones de la sociedad civil de interés público y  movimientos sociales  -campesinas/os, pescadoras/es artesanales, pastoralistas, gente sin tierra, consumidoras/es, habitantes urbanos que viven en la pobreza, personas trabajadoras agroalimentarias, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas-  que reconocen la necesidad de actuar conjuntamente para la realización del derecho a una alimentación adecuada y nutrición.

La producción y disponibilidad de alimentos nutritivos, saludables y culturalmente adecuados depende de ecosistemas que funcionan bien, pero también de nuestra capacidad para reconocer los derechos humanos y los valores intrínsecos de otros seres vivos, desde animales y plantas hasta microorganismos. Los alimentos no solo nos mantienen saludables y nos permiten responder a amenazas globales como la pandemia de COVID-19, sino que también son fundamentales para nuestra naturaleza humana como seres sociales. Sin embargo, el mundo moderno, marcado por el capitalismo y el patriarcado, trata a los humanos y al resto de la naturaleza como dos esferas independientes. Existen vínculos profundamente arraigados entre las formas en que las sociedades vulneran los derechos humanos y maltratan la naturaleza.

Nuestro sistema económico y político actual se alimenta de la explotación de los humanos y la naturaleza para generar ganancias, lo que se manifiesta más claramente en la perpetuación de las desigualdades, el calentamiento global y la rápida pérdida de biodiversidad.

El Observatorio de este año nos lleva de vuelta al origen de la ilusión de separación entre las sociedades humanas y el resto de la naturaleza, que prioriza a una élite en detrimento de la mayoría. Los autores y las autoras de esta edición nos invitan a unir los puntos y explorar una nueva generación de derechos humanos y derecho ambiental que reinvente esta interrelación. También proporcionan respuestas sobre cómo podemos cambiar colectivamente el paradigma desde la separación a la conexión a través de una convergencia continua de luchas.

Los artículos de esta edición hacen un llamamiento a replantearnos cómo producimos, distribuimos y consumimos alimentos, si queremos recuperar el control y transformar radicalmente nuestras sociedades, pero también cómo podemos combatir colectivamente la explotación de la naturaleza. 

- Para descargar la edición #12 del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición en PDF, haga clic en el enlace a continuación:

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Reconectando-los-alimentos-la-naturaleza-y-los-derechos-humanos-para-superar-las-crisis-ecologicas

 

 

 Bloqueo de la lucha de clases

 

Nos enfrentamos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, al Capital Estado dispuesto a maximizar el acaparamiento de tierras para continuar profundizando la expansión de los extractivismos. No lo detuvo la actual pandemia que agrava la emergencia social como consecuencia de la emergencia ecológica cuya expresión más patente es la climática y todas resultado del modo capitalista de producción. El bloque dominante junto al PJ, su fiel servidor está convencido de su supremacía absoluta.  Es que las mayorías de Argentina todavía creen en la representatividad de gobiernos y estado. Y el gobierno de les Fernández abusa de esa falta de independencia mental de las mayorías usando no sólo el doble discurso sino también instalando concretas políticas públicas  en contradicción irreconciliable con los planes extractivistas que está ejecutando. 

 

Agrotóxicos:

una convocatoria con 24 años de retraso

14 de noviembre de 2020

 

Por Darío Aranda

Agencia de Noticias Tierra Viva

El Gobierno realizó un llamado a científicos para “estimar” el contenido de agroquímicos en suelos, agua, aire y organismos biológicos. Fue presentado como un punto de partida para la “producción sustentable”, pero llega dos décadas después de haber aprobado el primer transgénico con uso de glifosato. Crítica de organizaciones socioambientales que sufren las fumigaciones y descreimiento y desconfianza de investigadores.

Dos décadas después de haber autorizado el primer transgénico con uso de glifosato, el Gobierno anunció que medirá el impacto de los agrotóxicos en el ambiente y en organismos biológicos. La iniciativa es impulsada por el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, que cuenta como antecedente haber hostigado al científico Andrés Carrasco por sus estudios críticos sobre el glifosato. Desde hace décadas que madres de pueblos fumigados, organizaciones socioambientales y campesinos dan cuenta de los impactos de los agrotóxicos.

En Argentina existen más de 200 publicaciones científicas que dan cuenta del impacto negativo del glifosato, el herbicida más usado del país.

Anuncio oficial

El ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, encabezó el anuncio, secundado por sus pares de Agricultura, Luis Basterra, y de Ambiente, Juan Cabandié. “Convocan a la comunidad científica a participar del ‘Inventario para la producción sustentable’”, fue el título del comunicado en el que se invitó a investigadores “que cuenten con resultados de investigaciones y/o desarrollos tecnológicos orientados a medir y/o estimar el contenido de agroquímicos en suelos, agua, aire y organismos biológicos”. También estuvo presente la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ciencia, Carolina Vera, para “ultimar detalles acerca del Inventario de Uso de Agroquímicos”.

El ministro Salvarezza señaló que busca “poder tener una primera aproximación al estado actual del uso de agroquímicos” y explicó el por qué de la convocatoria: “En el mundo hay exigencias cada vez más importantes. Argentina tiene que salir a ganar nuevos mercados en cuanto a producción con base en línea con el cuidado ambiental”.

El ministro Basterra reconoció que “la sociedad nos interpela sobre la manera en la que producimos los alimentos”.

Los funcionarios no especificaron cómo ni quiénes procesarán las informaciones aportadas por los científicos que concurran a la convocatoria.

“¿Cuánto más van a estudiar?”

Daniela Verzeñassi es parte del Foro Ecologista de Paraná e integrante de la Coordinadora Basta es Basta de Entre Ríos, que denuncian desde hace más de una década las fumigaciones con agrotóxicos. Enterada sobre la convocatoria del Gobierno a científicos, tomó distancia: ¿Dónde estuvieron todos estos años que pasaron? ¿Recién se dan cuenta lo que a gritos la población y la ciencia digna viene denunciando? Ya está demostrado lo que provocan estos químicos y no se trata de la cantidad de veneno, sino del veneno en sí mismo. ¿Cuánto hay que seguir estudiando?”.

Señaló que es un avance que los ministerios tomen el tema, pero destacó que es producto de la lucha socioambiental que desde hace años sufre los daños que el modelo de producción generan en los territorios y en las personas. “Hemos sido acompañadas por la ciencia digna de nuestro país y el mundo, con publicaciones científicas que demuestran claramente que los impactos visibles en los territorios y la salud”, recordó Verzeñassi y planteó la desconfianza: “No vaya a ser que quieran legitimar el modelo con ‘dosis aceptables’ de veneno. No lo vamos a permitir”.

Gabriel Arisnabarreta es productor agroecológico en Saladillo (Buenos Aires), integrante de la Red Nacional de Acción Ecológica (Renace). Al leer la noticia de la convocatoria oficial a científicos, lo primero que hizo fue enumerar todas las consecuencias de los 24 años de transgénicos: millones de hectáreas desmontada, desalojos de campesinos e indígenas, concentración de tierras en pocas manos, crecimiento de las grandes ciudades, agrotóxicos en suelos, cursos de agua, aire y cuerpos.

Sin embargo, precisó cuál fue el mayor éxito del modelo de agronegocio: “Su mayor logro es haber colonizado las cabezas de la mayor parte de la plana política, que no pueden ver otra salida para nuestro país que no sea el extractivismo”.

Respecto a la convocatoria, diferenció tres aspectos:

– “El Ministro de Ciencia no tiene buenos antecedentes”.

– “Hay que ver a qué ciencia se consultará. ¿A la ciencia socia de las empresas de transgénicos o a la ciencia que está con los pueblos?”.

Y finalizó: “Ya está el informe con las pruebas de lo que producen los agrotóxicos, está en la historia y los cuerpos de los pueblos fumigados, de las Madres de Ituzaingó (Córdoba), de los Docentes por la Vida (de escuelas rurales), de movimientos campesinos y de asambleas socioambientales”.

Modificar la forma de producir

Cecilia Gárgano es investigadora del Conicet, de la Universidad de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja sobre conocimientos científicos y problemas del agro argentino. Lo primero que advirtió es que la convocatoria del Gobierno es producto de las luchas de las víctimas del modelo de agronegocio, “ya es inocultable su impacto negativo”.

Por otro lado, cuestionó que se convoque a un inventario de agroquímicos luego de 24 años de modelo transgénico. “Evidencia la falta absoluta de información oficial, hecho que venimos denunciando desde hace años”, denunció y exigió: “A esta altura de los hechos, y después de haber hecho de Argentina un laboratorio a cielo abierto, la urgencia no tiene que ver con seguir acumulando datos y evidencia científica que pruebe ese daño. La urgencia tiene que ver con avanzar en políticas para modificar esta forma de producir”.

Llamó a “no caer en la trampa de la evidencia”, referido a lo insólito de gobiernos y empresas que exigen pruebas a las víctimas en lugar de esas mismas empresas mostrar estudios independientes que den cuenta de la inocuidad de sus químicos.

También resaltó las contradicciones del Ministerio de Ciencia, que convoca para conocer los impactos de los agrotóxicos y al mismo tiempo impulsa y aplaude la aprobación del trigo transgénico. “Cuando vemos quiénes convocan, genera como mínimo cierto reparo y cierta sospecha”, reconoció.

Y resaltó el rol cómplice de sectores académicos: “La ciencia hegemónica ha tenido un rol fundamental en este tipo de modelo agropecuario, avalando cuestionables procesos regulatorios”.

Propuso que los sectores de gobierno recurran a las comunidades, “donde ya se han sistematizado los datos que demuestran que esta agricultura enferma y es inviable”. E insistió en el rol que debiera tener el Estado: “Las medidas políticas deben apuntar a revertir este modelo, no a juntar datos luego de veinte años”.

Lavado de cara

Juan Wahren investiga los impactos del agronegocio desde hace dos décadas. Forma parte del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la UBA. Su lectura del anunció no tienen grises: “Es un intento de lavado de cara. El agronegocio tiene muy mala imagen, que antes quizá no tenía, y están intentando cambiarla, ponerles una cara verde, sustentable, incluso quieren apropiarse de la palabra agroecología vaciándola de contenido”.

Recordó que ya existen numerosas pruebas de impacto, por ejemplo, de glifosato y destacó que recientemente más de 1500 científicos de Argentina se expidieron en contra del trigo transgénico y del glufosinato de amonio.

También señaló que una convocatoria seria debiera invitar también a las comunidades afectadas y a los cientistas sociales, para dar cuenta de los efectos ya comprobados, como los despojos, la violencia y hasta la pérdida de identidad cultural, además de los aspectos sanitarios; pero descree que haya una convocatoria de este tipo: “No creo que estos funcionarios quieran asumir el riesgo de que demostremos científicamente los impactos graves del mismo modelo que sustenta sus políticas, tanto de este Gobierno como de los anteriores”.

Matías Blaustein es doctor en ciencias biológicas e investigador del Conicet. Cree que el Gobierno realiza esta convocatoria porque una parte de la comunidad científica y organizaciones socioambientales estuvieron (y están) muy activas contra el avance de los desmontes, la instalación de megafactorías porcinas con China y el trigo transgénico.

“Ojalá se demuestre lo contrario, pero mucho me temo que es más una estrategia discursiva del Gobierno y que lo que podamos aportar, o ya hayamos aportado, no se tenga en cuenta”, sinceró.

Antecedentes de Salvarezza

Andrés Carrasco es el científico más reconocido por las organizaciones socioambientales, campesinos y víctimas de las fumigaciones con agrotóxicos. Ex presidente del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, en 2009 dio a conocer una investigación que confirmó los efectos letales del glifosato en embriones anfibios. Y lo denunció en los medios de comunicación.

Marcó un quiebre en la discusión del modelo transgénico en Argentina. Nunca antes un científico de su talla había investigado y, sobre todo, cuestionado el modelo agropecuario en base a transgénicos y agrotóxicos.

De inmediato sobrevino una campaña de desprestigio y persecución, encabezada por las empresas de transgénicos (nucleados en la cámara empresaria Casafe), los medios de comunicación socios del modelo (Clarín y La Nación, entre otros) y funcionarios públicos, encabezados por el ministro de Ciencia, Lino Barañao, y desde 2012, por el presidente del Conicet, Roberto Salvarezza.

Carrasco falleció en mayo de 2014. Poco antes había pedido su promoción a investigador superior del Conicet, máximo escalafón del organismo. Contaba con trayectoria y currículum, pero una insólita comisión (integrada por una especialista en filosofía budista, un científico ligado a las empresas de agronegocio y un académico denunciado por su rol durante la dictadura) le denegó su ascenso.

Carrasco no tuvo dudas de que la negativa se trató de una represalia por sus denuncias sobre los agrotóxicos. Y apuntó directamente a Barañao y Salvarezza, los denunció por persecución ideológica. “Al presidente del Conicet ,Roberto Salvarezza, le cabe toda la responsabilidad de haber firmado la resolución que niega mi promoción. Ni siquiera echó una mirada sobre cómo fue el procedimiento. Él sabe que al firmar convalidó la injusticia”, afirmó Carrasco en su última entrevista.

Trigo transgénico y glufosinato de amonio

El 9 de octubre último, en el boletín oficial, el gobierno nacional informó la aprobación del primer trigo transgénico del mundo, de la empresa Bioceres-Indear y con uso de glifosato y el cuestionado agrotóxico glufosinato de amonio.

Un comunicado del Ministerio de Ciencia celebraba: “Se recibió la aprobación regulatoria de la tecnología HB4 para el cultivo de trigo, una tecnología de tolerancia a sequía única a nivel mundial”.

“Desarrollado por un grupo de biólogos/as moleculares e investigadores/as argentinos/as, liderados/as por la investigadora Raquel Chan, directora del Instituto de Agrobiotecología del Litoral (IAL) y perteneciente al Conicet, permite obtener semillas más tolerantes a la sequía”, festejó el Ministerio de Ciencia, a cargo de Roberto Salvarezza.

La titular del Conicet, Ana Franchi, celebró la “unión virtuosa” de científicos con sueldos estatales pero al servicio del sector privado. Afirmó que esa relación es para “un país mejor y más inclusivo”.

Salvarezza se mostró exultante: “La ciencia argentina empieza a ser más visible. Cuando hablamos de ciencia argentina ponemos a nuestros premios Nobel sobre la mesa. Ahora podemos poner otras cosas. Ahora podemos poner alimentos, herramientas para cuidar a nuestra población en la salud”.

El comunicado oficial no mencionaba nada sobre los cuestionamientos al nuevo transgénico ni al glufosinato de amonio.

En agosto de 2012, en soledad, un científico sí alzó la voz sobre ese agrotóxico: “El glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. En ratones produce convulsiones, estimula la producción de oxido nitroso y muerte celular en el cerebro”, denunció Andrés Carrasco en la Cooperativa La Vaca.

1100 pruebas

Existen más de 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del herbicida glifosato en el ambiente y en la salud. Están detallados en la “Antología Toxicológica del Glifosato +1000”, un trabajo de 270 páginas recopilado por Eduardo Martín Rossi y editado por la organización Naturaleza de Derechos. Dan cuenta del impacto sanitario del herbicida más utilizado del mundo, pilar del modelo transgénico.

Allí se precisan más de 200 trabajos científicos de universidad públicas de Argentina.

La investigación recuerda que en Argentina se utilizan más de 300 millones de litros de glifosato cada año, advierte que los organismos de control no miden la toxicidad crónica del químico y, desde hace décadas, se suman cada vez más familias y pueblos que denuncian los efectos de las fumigaciones.

Al inicio de la Antología se aclara que los 1108 trabajos científicos citados fueron, todos, sometidos a revisión por un comité de científicos o pares, y aprobados para su publicación académica. Se consultaron base de datos científicas hasta mediados de 2019 y en todos los casos están disponibles mediante un link de acceso en Internet.

En el primer capítulo de la Antología Toxicológica se precisan estudios que vinculan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. El capítulo dos aborda los mecanismos de fisiopatología celular (promotor el cáncer), apostosis celular (muerte celular programada), genotoxicidad y trastornos en el sistema endocrino. El tercer capítulo cita estudios de glifosato y su afectación en los sistemas reproductivo, inmunitario, digestivo, nervioso, renal y cardiovascular.

En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del 70, aunque en el 2000 se venció la licencia. Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.

Artículo publicado el 11 de noviembre de 2020 en la Agencia de Noticias Tierra Viva.

Fuente: https://rebelion.org/agrotoxicos-una-convocatoria-con-24-anos-de-retraso/

 

 

 

Nos hallamos en emergencias alimentaria, social, sanitaria y ecológica climática (como la gran sequía en el noreste) pero el gobierno de les Fernández sigue promoviendo agravarlas con el Plan 2020-2030 de consolidación de la Argentina agroexportadora, Plan fracking en Vaca Muerta, el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino para los próximos TREINTA (30) años.

 

El presidente Alberto Fernández  (así como motivó la convocatoria a transformar el complejo empresarial Vicentín  en motor de la soberanía alimentaria aprovechando la conciliación mayoritaria con el PJ, el Estado y el capitalismo y el desconocimiento mayoritario de ese paradigma de nueva sociedad que es la soberanía alimentaria) señaló la necesidad de “hacer un plan para que las tierras del Estado sean dadas a quienes las trabajan” y propuso usar para esa finalidad terrenos fiscales improductivos. “Cuando lo hagamos vamos a estar fomentando la agricultura familiar, que será altamente beneficiosa para la Argentina, para evitarnos el costo del transporte. Y veremos que cada pueblo se desarrolla de otro modo”, pronosticó.
 

“No estoy hablando de reforma agraria. Yo no le quiero sacar el campo a nadie. Quiero que las tierras del Estado improductivas vayan a manos que produzcan. Son terrenos inactivos que podríamos dárselos a la gente para que produzcan y abastezcan a las zonas cercanas".

 

De modo que el Movimiento Arraigo desdeña la «reforma agraria integral» y así se posiciona junto al llamado poder real que a través de su neoliberalismo y del funcional progresismo ha concretado la contrarreforma agraria integral cuyas bases implantó con terrorismos paraestatal y estatal. Lo más triste es que al creer en la salvación de su sector por el Estado al servicio del poder económico e imperialista, no sólo se despreocupa de la expansión desertificante de los extractivismos que le quita futuro sino que favorece a su propia desaparición forzada por el acaparamiento gran capitalista de todo el país.

 

 

 

Qué es el Movimiento Arraigo, el proyecto que

busca producir alimento en tierras fiscales

12 de noviembre de 2020

 

La idea de realizar un Procrear Rural es impulsada por el senador bonaerense Francisco Durañona y fue destacada por el presidente Alberto Fernández en una reunión con el PJ.

 

Días atrás, el presidente Alberto Fernández señaló la necesidad de “hacer un plan para que las tierras del Estado sean dadas a quienes las trabajan” y propuso usar para esa finalidad terrenos fiscales improductivos. “Cuando lo hagamos vamos a estar fomentando la agricultura familiar, que será altamente beneficiosa para la Argentina, para evitarnos el costo del transporte. Y veremos que cada pueblo se desarrolla de otro modo”, pronosticó.

El mandatario expuso estas opiniones en una videoconferencia en el seno del Partido Justicialista realizada a instancias del Movimiento Arraigo, un colectivo de organizaciones sociales que busca dotar a los pequeños productores de sitios donde puedan desarrollar sus emprendimientos.

“No estoy hablando de reforma agraria. Yo no le quiero sacar el campo a nadie. Quiero que las tierras del Estado improductivas vayan a manos que produzcan. Son terrenos inactivos que podríamos dárselos a la gente para que produzcan y abastezcan a las zonas cercanas”, agregó Fernández.

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“Hoy la cuestión es qué hacemos con un país tan desintegrado, que desarrolló un centro muy rico y dos periferias muy pobres, una norte y una sur. ¿Qué hacemos con ese país que se dice federal pero que no lo es? ¿A qué normalidad queremos volver después de la pandemia? Yo no quiero volver a una situación que concentra la riqueza en pocos y les deja la pobreza a muchos”, cuestionó.

El Movimiento Arraigo es impulsado desde hace algunos años por el exintendente de San Antonio de Areco y ahora senador bonaerense, Francisco Paco Durañona. Cuenta también con el apoyo de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) y Coninagro.

“Así como existe el Procrear para las viviendas urbanas, queremos armar un programa similar para que pequeños productores, cooperativas y organizaciones puedan acceder a la tierra, ser titulares de ella y producir alimentos que promuevan empleo y garanticen precios justos”, explicó Durañona.

Junto a la UTT, Arraigo presentó dos proyectos de ley en el Congreso, uno e 2016, que perdió estado parlamentario, y otro en octubre de este año. Lo mismo hicieron en la legislatura bonaerense, donde debe ser tratado por el Senado.

En ellos se busca crear un fideicomiso en el que el Estado pueda entregar terrenos de su propiedad en desuso, con destino al desarrollo de “colonias o comunidades agrícolas para el acceso a la tierra y a la vivienda familiar, única y permanente”. Los beneficiarios pagarán su valor a través de un crédito hipotecario financiado por el fondo fiduciario.

Entre los principales objetivos del proyecto figuran:

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/nota/que-es-el-movimiento-arraigo-un-proyecto-que-busca-producir-alimento-en-tierras-fiscales?fbclid=IwAR2xraxalYiIywA-pKhU9j6W83K9uvDUDVNR0w6KDK1PbEu-5m30rx6Ma8A

 

En consecuencia, como todas las actuales organizaciones campesinas y de los productores pequeñes-medianes de Argentina gracias a la desinformación sesgada y manipulada del kirchnerismo, el Movimiento Arraigo desdeña la «reforma agraria integral» y de este modo se posiciona junto al llamado poder real que a través de su neoliberalismo y del funcional progresismo ha concretado la «contrarreforma agraria integral» cuyas bases implantó con terrorismos paraestatal y estatal. Lo más triste es que esos actores fundamentales para la soberanía alimentaria creen en la salvación de su sector por el Estado al servicio del poder económico e imperialista. De este modo  no sólo se despreocupan de la expansión desertificante de los extractivismos que les quita futuro sino que favorecen a su propia desaparición forzada por el acaparamiento gran capitalista de todo el país.

 

Veamos porqué es imprescindible la «reforma agraria integral», porqué es anticapitalista y porqué va más allá de garantizar la soberanía alimentaria y de centrarse en el protagonismo de campesinos y pequeñes-medianes productores.

 

 

Acaparamiento de tierras y bienes comunes

Bosques, Agua, Soberanía Alimentaria

Perspectivas y dimensiones del fenómeno en Argentina

Marzo  2015

 

Amigos de la Tierra Argentina

 

(…) Según Darío Aranda, en la Argentina “la intensificación de los conflictos territoriales está ligada a la expropiación histórica de los pequeños campesinos y de los pueblos originarios de sus territorios. Este proceso ha consolidado un modelo de agricultura industrial, que se ha inscrito en el marco de un modelo de extracción basado en el saqueo de los recursos naturales” (Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, 2014).

Así, nos interesa situar los acaparamientos que ocurren en la Argentina en el marco teórico global del extractivismo latinoamericano. Este término se refiere a los sistemas de explotación de los recursos espontáneos, tales como los productos vegetales, animales, minerales o petroleros, para su comercialización (EMPERAIRE L., 1994). Este extractivismo, promovido de diversas formas (reforma normativa, subvención financiera), incluye no sólo a las actividades estrictamente extractivas (sector de minería y petróleo), sino también a otras (como agronegocios y biocombustibles) que fomentan la lógica extractivista al consolidar el monocultivo. Entonces, la estrategia económica que domina hoy en la Argentina se funda en el éxito de las exportaciones combinado con la búsqueda de inversiones extranjeras. Eso hace que exista un modelo de desarrollo económico y social basado en la apropiación de los recursos naturales y en una economía orientada a la exportación. Pero, como mostraremos a lo largo del presente documento, a viabilidad de este modelo acaparador sigue siendo cuestionada. Engendra una dependencia tecnológica hacia las empresas multinacionales y una dependencia económica a las fluctuaciones de los cursos mundiales de las materias primas, lo que refuerza la división internacional del trabajo asimétrica entre los países del norte (que preservan localmente sus recursos naturales) y los del sur (DUVAL M., 2011).

A nivel ambiental, las minas a cielo abierto, la sobre-explotación de yacimientos, los agronegocios o la extracción de hidrocarburos implican el retorno de metales pesados al medio ambiente, la contaminación de los suelos y de las capas freáticas, la deforestación y la destrucción de los paisajes, los ecosistemas y la biodiversidad. Y finalmente, a nivel social, este modelo se impone en detrimento de las poblaciones locales, rurales e indígenas. Uno de los objetivos de la presente publicación es lograr una perspectiva histórica y espacial sobre el proceso global del acaparamiento de la tierra en la Argentina. Este no es un fenómeno aislado. Las situaciones de apropiación o usurpación de tierra están ligadas a la evolución actual del mundo capitalista. Para entenderlos se tiene que tomar en cuenta la intervención de diferentes actores, cada uno a su nivel, y su implicancia en las escalas locales, nacionales, regionales e internacionales. Así, antes de exponer la lógica de los casos de acaparamiento en el marco agropecuario y forestal, en la minería, el fracking y en el contexto urbano, proponemos una revisión de la definición del acaparamiento de los bienes comunes del país y luego describimos el marco legal provincial, nacional, regional e internacional. Nos interesa también, a lo largo del documento, poner de relieve las resistencias locales y las posibilidades de reacción frente a los acaparamientos, ya que nuestro objetivo persigue el desarrollo de una sociedad sustentable a partir de promover la participación de los distintos sectores de la sociedad y fomentar su trabajo en redes.

En su informe “Se adueñan de la tierra. El proceso de acaparamiento agrario por seguridad alimentaria y de negocios”, la ONG GRAIN califica a la nueva versión de “adquisición de las tierras a gran escala en los países del sur” como “acaparamiento de la tierra” o “land grabbing” por el término inglés (GRAIN, 2008). Esta práctica fue fuertemente mediatizada a raíz del proyecto de inversiones en Madagascar por parte de la empresa surcoreana Daewoo Logistics, que implicaba la toma de control a título gratuito de 1.300.000 hectáreas para introducir monocultivos de maíz y para obtener aceite de palma para exportación (PEDRIAULT M., 2011). Desde entonces, el tema de los acaparamientos se ha vuelto un punto de preocupación tanto para las organizaciones de la sociedad civil como para las instituciones internacionales y la prensa mundial (KARSENTY A., ONGOLO S., 2012).

La literatura científica multiplica las palabras para caracterizar a las diferentes formas del acaparamiento de la tierra: se habla también de “water grabbing” (“acaparamiento del agua”), “meat grabbing” (“acaparamiento para producción de carne”) o “green grabbing” (“acaparamiento verde”). De manera más política, el ex Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hablaba de riesgos de “neocolonialismo agrario”. El empleo del término “acaparamiento de la tierra” es problemático porque se ha convertido en una expresión que hace difícil la real comprensión del fenómeno. Además, esta expresión es manchada con cierto carácter de hipótesis: se referiría a la toma de control por los actores extranjeros (gobiernos e inversores), se desarrollaría en Estados débiles y estaría ligada a un contexto de inseguridad alimentaria que refiere a las adquisiciones a gran escala, violando los derechos territoriales (FEODOROF T., 2013).

En el extenso estudio de la FAO realizado en 2010 y 2011 sobre 17 países de América Latina y el Caribe, tres condiciones son usadas para definir los casos de acaparamiento de la tierra: - La superficie de las tierras controladas debe ser relevante, es decir mayor a 1.000 hectáreas para un proyecto. - Tiene que estar implicado directamente un gobierno. - Las inversiones tienen que ser consideradas como generadoras de un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria del país. Con estos parámetros, sólo habría acaparamiento de la tierra en dos países de Latinoamérica: Argentina y Brasil.

Por supuesto, lo que está en juego es más que la definición de una palabra. Estos tres criterios aportan una visión reducida del fenómeno, aunque se trate de los tres aspectos más controvertidos de la situación actual, esta definición carece de otros elementos importantes que caracterizan a la problemática. Es por esto que nos proponemos seguir uno de los criterios del trabajo de S. M. Borras Jr y otros (2012), quienes ponen en relieve los fallos de la definición propuesta por la FAO, lo que permitiría tomar en cuenta la complejidad de los proyectos que existen en la Argentina.

  1. Empezamos por interrogar el concepto de “extranjerización”. Éste hace referencia a la participación de actores del exterior englobando a los gobiernos y grandes empresas extranjeros y a personas como el millonario estadounidense Douglas Tompkins, quien posee alrededor de 140.000 hectáreas en los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes4. Sin embargo, vemos que el acaparamiento no requiere forzosamente la presencia de un “actor del norte”. El Cuadro 1 muestra la participación de las empresas llamadas “translatinas” en países de la región. Así se puede ver que algunas compañías argentinas invierten en Brasil, Uruguay o Paraguay, mientras que se encuentran en la Argentina, entre tantas otras, empresas chilenas o de Panamá. En 2011, se implementa la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad y Posesión, que regula la tenencia de tierras en manos extranjeras. Pero el estudio de Miguel y María Mumis (2012), sobre una muestra de 52 empresas dueñas de grandes superficies en el país, encontró que 25 de ellas son nacionales contra 22 extranjeras, siendo el resto de capital mixto (Cuadro 2) 5. Entonces, resulta útil aclarar que los casos de acaparamiento no son solo por parte de empresas, Estados o personas “del norte” o del resto de América Latina, sino también por algunos actores nacionales con mucha influencia. 
     

  2. Algunos se refieren al acaparamiento de tierras, la extranjerización y la concentración de las tierras en pocas manos como una reacción a la crisis alimentaria de 2007 y 2008. Nos gustaría poner de relieve que eso opaca una gran parte del fenómeno de acaparamiento. Por un lado, como ya lo hemos dicho y mostraremos a lo largo del documento, el acaparamiento de tierras no es algo nuevo puesto que toma su raíz en la historia colonial de América Latina. Por otra parte, esta interpretación se enfoca en el problema agrario y toma sólo el sector alimentario. Sin embargo, los proyectos de acaparamiento que Amigos de la Tierra Argentina denuncia no son solamente de utilización de las tierras cultivables, sino también proyectos de plantaciones de árboles exóticos, explotaciones mineras, proyectos de fracking o programas urbanos. Además, entre los “cultivos alimentarios” hay cada vez más productos llamados “flexcrops”6, cuya finalidad no es producir alimentos sino agrocombustibles o directamente para la especulación. Entonces, para S. M. Borras Jr y otros (2011) es más interesante vincular el renacimiento del uso del término “acaparamiento” desde los acontecimientos de 2007/2008 con la convergencia de una crisis alimentaria, energética, climatológica o financiera para explicar que el fenómeno no es solamente agrario, sino una fase de la evolución del capitalismo en la que cada crisis está totalmente ligada una con la otra.
     

  3. Otro hecho que contribuye a la complejidad de la definición del acaparamiento de la tierra es el tema del modo en que éste se realiza. Lo más problemático parece ser la compra de tierras, porque implica que las poblaciones pierden el control total de lo que se hace en el lugar. Pero esa no es la única forma de toma de control que existe. Hay un amplio espectro de mecanismos para controlar la tierra. Se halla la forma de arrendamiento a largo plazo, más específicamente de 99 años, aunque también se ven casos en los que no hay una modificación legal de los derechos sobre la tierra porque los dueños firman contratos de arriendo. En su estudio ya citado, Miguel y María Mumis (2012) documentan los tipos de tenencia de la tierra de 48 empresas de su muestra (Cuadro 3). Sin considerar el origen de las empresas, explican que 23 son dueños de las tierras, solamente 7 son casos donde los propietarios la alquilan, y los restantes son ejemplos de tipo de tenencia de la tierra combinada.
     

  4. Algunos gobiernos con posturas nacionalistas, que parecieran manifestar un abierto rechazo al acaparamiento de tierras, muchas veces funcionan a su vez como promotores activos en las negociaciones a favor de la concentración de la tierra. Es así que se muestran abiertos a atraer inversiones de empresas extranjeras que ocupan grandes áreas de territorio, facilitando su ingreso al país a través de marcos legales favorables a los negocios extractivos. Por otro lado, tanto a nivel nacional, como provincial o municipal, aseguran en sus discursos tanto la voluntad de protección del medioambiente como la importancia de la incidencia de los proyectos extractivos en la redistribución de la riqueza y en pos del desarrollo de su población.
     

  5. Finalmente, lo que importa son las consecuencias que tienen los proyectos de acaparamiento de la tierra sobre las condiciones de vida de las poblaciones. Siguiendo la International Land Coalition, consideramos que en el proceso de la negociación sobre la compra o alquiler de tierras es importante observar los principios de transparencia y de responsabilidad social y ambiental7. Las transacciones tienen que cumplir un nivel de consentimiento libre y soberano por parte de los usuarios de las tierras. En la actualidad existen mecanismos directos e indirectos de acaparamiento de tierras, que incluyen desalojos violentos, extorsiones y contaminación. Por otro lado, los campesinos se ven obligados a arrendar sus tierras, y si bien mantienen la tenencia, pierden su trabajo y en muchos casos se deteriora la calidad del suelo, que va a necesitar años para su reutilización. Otra de las consecuencias es que en los últimos años se ha observado un incremento en la movilidad de campesinos hacia las urbes, que se ven obligados a aumentar la masa de las poblaciones pobres de los barrios precarios de las grandes ciudades.

Con estos cinco puntos intentamos poner de relieve algunas pautas en la definición de los acaparamientos que tienen lugar en la Argentina. Así, tomando la definición propuesta por Amigos de la Tierra Internacional, entendemos el acaparamiento como “la toma de control por las empresas, los Estados, los inversores financieros y las élites, sobre las tierras y los recursos para su propio beneficio (bosques, agua, suelos)”. Además, podemos agregar que el acaparamiento en el plano ambiental supone la práctica directa o indirecta propia de la lógica económica capitalista, por parte de ciertos sectores de poder en la compra, arrendamiento o retención de grandes extensiones de tierra, para el beneficio de intereses privados nacionales o extranjeros, Estados terceros e incluso el propio Estado nacional con emprendimientos inconsultos a las comunidades locales. Este modelo de tenencia de tierra trae inevitablemente consecuencias desfavorables tanto en el ámbito social como ambiental. Esta definición utilizada por Amigos de la Tierra Argentina surge desde una mirada transversal a las distintas áreas de trabajo de la organización. Así, toma en cuenta proyectos a escalas muy diversas en todo el país: desde pocos metros cuadrados en un parque de la Ciudad de Buenos Aires hasta las 1.000 hectáreas de las plantaciones de la millonaria francesa Madame Beaux en los Esteros del Iberá de la provincia de Corrientes. Consideramos también que lo que importa es el impacto del acaparamiento más que el tamaño de las tierras acaparadas o la suma de dinero invertido. Finalmente, a lo largo de la publicación se utilizará el término “acaparamiento de los bienes comunes” 8 dado que representa mejor la problemática que expondremos. (…)

Fuente: http://www.unter.org.ar/imagenes/ACAPARAMIENTO-web.pdf

 

 

 Alternativas emancipatorias

 

Nos es crucial destapar cómo los gobiernos del Partido Justicialista, primero, bajo liderazgo de Carlos Menem y en este siglo bajo el del matrimonio Kirchner han hecho viable a la privatización de los bienes comunes tanto sociales como naturales o sea han instaurado el avasallamiento de derechos de los pueblos e individuos de Argentina. No sólo ha mercantilizado los bienes comunes con lo cual el acceso a cada uno depende del poder de adquisitivo del 'usuario', 'consumidor', 'cliente'... Sino también los concesionarios o los propietarios tienen derecho, por ejemplo, respecto al agua: a consumirla sin límite privando a poblaciones enteras de ella; a envenenarla; a desviar, profundizar o ensanchar su cauce; a agotarla.... Más que privatizar ha sido transnacionalización o sea desterritorialización y reterritorialización en acuerdo con el modelo extractivista exportador. En esa reconfiguración geoeconómica y sociopolítica participan los acaparamientos forestal, por fracking, por megaminería y por desarrolladores urbanos. Pero, en Argentina, el principal es el acaparamiento por agronegocios.

 

Acaparamiento de tierras y bienes comunes

Bosques, Agua, Soberanía Alimentaria

Perspectivas y dimensiones del fenómeno en Argentina

Marzo  2015

 

Amigos de la Tierra Argentina

(…)Acaparamiento por agronegocios

 

(…) V - Hoy en día: Los factores determinantes en el acaparamiento de la tierra

Desde el principio de los años ‘90, el contexto internacional de los mercados agrícolas, los flujos crecientes de capitales y de tecnología contribuyeron en toda América Latina, y especialmente en la Argentina, a la estructuración de un complejo agroindustrial que se funda en una red de empresas agrícolas articuladas con firmas internacionales que controlan la totalidad del ciclo de producción y en una especialización regional orientada hacia los mercados de “commodities”. “Favorecieron la emergencia de nuevas formas de organización de la producción agrícola que toman un espacio importante en el paisaje argentino mientras hacen astillas las estructuras agrarias históricas de la Argentina, las grandes estancias y las explotaciones familiares” (traducción propia de Fevre, 2010, p157).

Poco a poco, los pequeños productores tuvieron que elegir entre dos alternativas: trabajar la tierra o vivir gracias al alquiler de esas tierras (Cóccaro, Maldonado, 2010). El crecimiento exponencial de las exportaciones agrícolas durante esa década ha sido acompañado por un deterioro en la economía de las familias campesinas, a raíz de no poder afrontar éstas los costos de los insumos industriales necesarios para competir, o subsistir, en la producción. Así, para mantener sus recursos económicos, muchos agricultores tenían que aumentar la superficie cultivada y el volumen de producción. Los productores campesinos que no pudieron alcanzar estas escalas de mayor rentabilidad debido a la suba importante de los precios de la tierra, han vendido o bien alquilado sus tierras a otros productores más dinámicos y capitalizados, o a gente de la ciudad que buscaba invertir en tierra (Sili, Soumoulou, 2011). La “ventaja” del arrendamiento en “pools de siembra”4 , modalidad que se expandió rápidamente, es la flexibilidad que permite este tipo de tenencia de la tierra, ya que cada año la escala de explotación puede variar de acuerdo a la coyuntura de los mercados o a las condiciones climáticas, y a su vez les permite evitar la inmovilización del capital en la tierra. Pero tal flexibilidad de mercado llevó a los campesinos a convertirse en víctimas de esta modalidad.

 

Como consecuencia de este proceso “los productores y el país en general, pierden así su capacidad de control y regulación de su producción debido a la dependencia de insumos que están patentados en otros países” (Sili, 2005, p27). Otros inversores, extranjeros o nacionales, mucho más grandes y vinculados a bancos e instituciones financieras del país toman parte en estos nuevos fondos de inversiones. La mayoría de estos actores no tienen vínculo alguno con el mundo rural, más aún, para ellos la agricultura es sólo un medio más para invertir. Carlos Reboratti estima que los grupos de inversores más grandes representan 4% de los productores pero producen 60% de la cosecha, el resto está compartido entre los medianos y pequeños productores (traducción propia, de Reboratti, 2008, p95). Generalmente, la mayoría de las actividades a lo largo del ciclo del cultivo se tercerizan y se recurre a suministradores de servicios agrícolas que incluyen la siembra, el control de malezas e insectos por fumigación, el monitoreo del cultivo y hasta la cosecha. Así, “se estima que el 50% de la superficie pampeana ya no es trabajada por los productores dueños de la tierra, sino por grandes contratistas y fondos de inversión” (Sili, 2005, p31). Este proceso de externalización y el “éxito” de los pools de siembra conllevan a una inevitable disputa por las tierras, la mayoría de las cuales pertenecían, o en el mejor de los casos pertenecen, a pueblos originarios o familias campesinas. Con respecto a esto, Darío Aranda denuncia: “En la cotidianidad del campo [el corrimiento de la frontera agropecuaria] implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pools de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas)” (Aranda, 2011, p5).

 

Finalmente, se observa una “financierización”5 de la agricultura del país. La economía argentina es hoy totalmente dependiente de la soja y de las grandes empresas responsables de sus negocios. Estos nuevos agentes actúan en toda la cadena productiva, especialmente en la provisión de insumos (semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc.), en la logística y el transporte (vías férreas, puertos, terminales de carga, etc.), el procesamiento industrial de la producción agropecuaria (molinos, aceiteras, frigoríficos, fábricas de alimentos en general) y la comercialización de los productos. Son corporaciones nacionales y transnacionales responsables de vehiculizar los cambios estructurales del sistema productivo nacional. Así, el país es actualmente el tercer productor mundial y 90% de su producción es destinada a las exportaciones. Los productos derivados de la soja representan 20% de las exportaciones totales de Argentina (Fevre, 2010). Una de las explicaciones más conocidas de esta dependencia es el hecho de que desde la devaluación de 2001, los productores agropecuarios privilegian las inversiones a corto plazo, y por consecuencia a la soja, gracias a su alta rentabilidad. Sumado al daño indiscutible sobre la soberanía alimentaria del país, esto vincula directamente a los insumos de la agricultura con el dólar. La devaluación generó que el tipo de cambio sea ventajoso para los tenedores de dólares afectando a toda la población en virtud del incremento de los precios.

Por su parte, un grupo de 5 empresas: Cargill, Bunge, Dreyfus, Aceitera General Deheza y Vicentin, concentran toda la producción de aceite de soja, su exportación y la de sus subproductos como la harina de soja. Estas empresas dominan la cadena, suministrando insumos y servicios a los productores y asegurándoles a su vez la venta. De esta forma tienen un amplio poder sobre qué, cómo, cuándo y para quién producir. Además se encuentran extremadamente ligadas a las instituciones financieras internacionales, los bancos, las grandes empresas de agroalimentos y las industrias de energía que controlan el negocio de la soja.

 

VI - El caso representativo de la soja

La apertura económica y la desregulación del mercado que se produjo en la República Argentina a partir del año 1991, junto con el cierre de las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes, fueron gestando el modelo de producción que hoy prevalece. El cultivo de soja se conoce en la Argentina desde 1867, pero la superficie cultivada a la década de 1970 era casi inexistente. Fue incorporándose a partir de allí, en vistas de competir en el pujante mercado internacional. Su expansión en nuestro territorio fue rápida, debido a la alta demanda, buenos precios y una coyuntura climática favorable. En Santa Fe, la provincia que la incorporó en forma más generalizada, la producción se multiplicó trece veces entre 1976 y 1986. “La tecnología [...] fue incrementándose y adaptándose al cultivo de superficies cada vez mayores, y terminó por ser antieconómica para el pequeño productor tradicional. El cambio apuntaló un marcado proceso de concentración [...]. Sin embargo, aunque la cantidad de pequeños agricultores pampeanos no se redujo, no necesariamente se deshicieron de su predio sino que también lo suelen hacer trabajar por un contratista: la actividad como pequeños productores puede considerarse terminada, ahora son pequeños rentistas urbanos empleados en servicios y en el comercio” (Brailovsky y Foguelman1998, p334). Si nos situamos en el actual siglo XXI, “entre el año 2000 y 2011 se produjo un aumento del 32% de la superficie total cultivada en la Argentina, en el que un 77% de ese incremento se atribuye exclusivamente al cultivo de la soja transgénica” (Volante et al, 2012).

 

En 1998, dos años después de la introducción en el país del primer organismo genéticamente modificado (GMO por sus siglas en inglés), perteneciente a la firma Monsanto y autorizado por el entonces Secretario de Agricultura Felipe Solá durante el gobierno de Carlos S. Menem, el 72% del total de la producción de soja resultaba de la novedosa semilla transgénica. Hoy, ésta ya representa el 98% del total de la producción de la oleaginosa (Fevre, 2010, Prevot-Schapira, 2011). La adopción de este modelo demanda un cambio radical: se precisa mucho más capital que En el siguiente mapa puede apreciarse el peso indiscutible que fueron ejerciendo todas esas políticas favorables a la expansión del cultivo en nuestro país. para la agricultura convencional. Como lo dice Marcelo Sili, “Son también estas grandes empresas, especialmente las de origen transnacional, las que impulsaron y promovieron el desarrollo de los cultivos transgénicos, controlando a través del cuasimonopolio de la tecnología, las semillas y los insumos en general, el gigantesco mercado de la soja y también del maíz” (Sili, 2005, p19). Eso va acompañado del desplazamiento y la desaparición de pequeños y medianos productores, quienes no cuentan con los recursos económicos para competir en el mercado al mismo nivel que los grandes grupos que emergieron adoptando la nueva metodología. De esta manera, los últimos 18 años fueron marcados por el crecimiento en la adopción del “paquete tecnológico” y sus insumos, combinando la práctica de la siembra directa, la dependencia de semillas genéticamente modificadas y la batería de diferentes agroquímicos que las acompañan. Es así como en la actualidad, en la temporada 2011/2012, habiendo pasado por doce años de gobierno de Néstor C. Kirchner y continuado por su esposa Cristina Fernández de Kirchner, la soja se ha dispersado ampliamente y representa más del 56% de la superficie cultivada del país, es decir 19,8 millones de hectáreas (Aranda, 2013). A su vez, en el año 2011, el gobierno ha presentado el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal (PEA)6 con metas crecientes a lograr en la década 2010-2020. Si bien es positivo que un país defina sus políticas agropecuarias a futuro teniendo objetivos claros e intentando fomentar áreas de producción hoy en decadencia e impulsar, por ejemplo, el agregado de valor, la principal crítica a realizar a este plan es la insustentabilidad del mismo.

 

Los granos siguen llevándose el protagonismo en este modelo, y dentro de él siguen siendo la soja y el maíz transgénicos los ejes para la expansión de la superficie cultivada en Argentina, con todas las consecuencias que estos cultivos acarrean. La antes mencionada dispersión de la soja se extendió hasta 15 provincias en nuestro territorio, siendo los principales aportes para las últimas campañas provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa (Guía Estratégica para el Agro, 2013). Más aún, el “desarrollo” permanente de la biotecnología, por medio de laboratorios tanto 6- El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010- 2020 o Plan Estratégico Agropecuario (PEA) propone el “crecimiento sustentable de la producción agroalimentaria y agroindustrial”. Su documento establece fines, estrategias y cifras meta de producción y exportación al año 2020 para los 24 complejos agroalimentarios y agroindustriales más importantes del país. Propone por ejemplo aumentar la tierra cultivada en 30% hasta 2020 y llegar a producir 160 millones de toneladas de granos, lo cual traería aparejado un incremento en la superficie sembrada del 27%. internacionales como nacionales, ha abierto la posibilidad de, a través de la utilización de semillas especialmente diseñadas para regiones secas o frías, llegar a “conquistar” provincias como Mendoza, Neuquén o Chubut, hasta hace unos años algo inimaginable. La expansión de la frontera agropecuaria llegó a lugares tan impensados como lo es el caso de una localidad bonaerense que se encuentra a tan solo 38 kilómetros de la Capital Federal: Guernica. Con sectores visiblemente urbanos por sus características habitacionales de infraestructura y servicios, pero con ciertas manzanas del barrio mal catalogadas como zona rural, presenta tres campos de cultivo a su alrededor, que se ubican a distancias muy próximas de las viviendas, y en algunos sectores sólo con una calle angosta como separación. La cercanía de los campos hace que la población, sus casas, plantas y animales reciban constantemente la deriva proveniente de las fumigaciones que estos cultivos transgénicos implican (Amigos de la Tierra Argentina, 2012). Esta localidad es una más entre cientos, los autodenominados “pueblos fumigados”, que sufren características similares, y replican por todo el país las consecuencias de la expansión territorial de este modelo agroexportador. Aquí no podemos dejar de hacer mención a los múltiples casos de pequeñas escuelas rurales que quedan literalmente rodeadas por los extensos campos de soja, alambrado de por medio, y por ende a la falta de legislación pertinente que impida estas situaciones.

 

VII - Acorralamiento del ganado en el país ganadero (…)

Fuente: http://www.unter.org.ar/imagenes/ACAPARAMIENTO-web.pdf

 

 

Nos resulta importante advertir y generalizar esa percepción sobre la imposibilidad de democracia real y efectiva si se desarrollan acaparamientos de bienes comunes. Tampoco si son defendidos no sólo con la legalidad vigente sino sobre todo mediante Estado policial militarizado. Lo último domina en el Abya Yala, dos ejemplos: uno en México y otro en Chubut.

 

 

¡Alto a la criminalización del movimiento social!

14 de noviembre de 2020

Por Gilberto López y Rivas

La Jornada

La criminalización de la lucha social por aparatos judiciales del Estado capitalista ha sido una constante en México.

A través de este recurso legal, hombres y mujeres que resisten la recolonización de sus territorios por corporaciones que incluyen el crimen organizado, son encarcelados por delitos comunes, sometidos a juicios prolongados en los que no se respeta el debido proceso, la presunción de inocencia, se presentan víctimas y testigos a modo, y se neutraliza, por esta vía, toda expresión organizativa de protesta comunitaria y popular.

El reciente caso de detención e ingreso a prisión preventiva de la abogada indígena Kenia Inés Hernández Montalván es un ejemplo paradigmático del uso del Poder Judicial para impedir el libre ejercicio de los derechos a la libre manifestación de las resistencias, especialmente cuando se cierran los canales de comunicación con los tres niveles de gobierno. Originaria de la región de Ometepec y Xochistlahuaca, Costa Chica de Guerrero, Kenia Inés es hablante de amuzgo, madre soltera de dos niños, de siete y cuatro años de edad, egresada de Derecho de la Universidad Loyola del Pacífico, en Acapulco, Guerrero, e integrante, desde estudiante, de colectivos solidarios con el movimiento social local y nacional. En 2017 y 2018 participó activamente en la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Cochopa, municipio de Ometepec, como consejera de derechos humanos, apoyando la impartición de justicia y promoviendo la unidad de las distintas Casas de Justicia de la CRAC-PC, dispersas después del conflicto interno originado, desde 2013, por la intromisión directa del gobierno estatal. En este contexto de confrontación inducida desde el poder tuvo que retirarse de ese cargo, pasando, a integrarse, entre 2018 y 2019, a la reorganización del Comité de Enlace de la CRAC-PC, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, que había sido severamente reprimido por el gobierno estatal en enero de 2018, cuando fueron asesinados cinco policías comunitarios y encarcelados más de 30 campesinos, integrantes de la CRAC-PC, incluido el vocero, Marco Antonio Suástegui.

A finales de 2018, la abogada Hernández Montalván, junto con representantes de diversas organizaciones, fundan el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos en el Estado de Guerrero (Molppeg), que luego de realizar distintas acciones de protesta, y conjuntamente con la labor jurídica de abogados de Tlachinollan, logran la libertad de todos los presos en el penal de Acapulco. Con esta articulación unitaria de organizaciones de La Montaña y la Costa Chica, la abogada participa en el proceso de reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos en Guerrero. Desde el Molppeg, participa en la lucha por la justicia para Arnulfo Cerón Soriano, integrante del Frente Popular de la Montaña y del Molppeg, desaparecido y asesinado en octubre de 2019, en Tlapa, Guerrero.

Esta activista, de 30 años, con jóvenes de la Costa Chica, fundan el colectivo Zapata Vive, a mediados de 2018, promoviendo proyectos de asistencia social y ecología, así como de solidaridad con otras organizaciones y movimientos sociales. Reconocida por sus pares de lucha en su calidad de abogada indígena logra la sentencia condenatoria del feminicida de Silvia de Jesús, asesinada en Xochistlahuaca.

En septiembre de 2019 es forzada a salir de Guerrero, al recibir amenazas de muerte por su labor incansable en la denuncia de abusos e injusticias, solicitando el apoyo del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, el cual le otorga refugio en la Ciudad de México, donde participa en diversos esfuerzos unitarios del movimiento social y por la defensa de presos políticos. Se integró al Segundo Encuentro de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, llevando a cabo tareas de apoyo, y al Comité Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos.

El pasado 6 de junio, Kenia es detenida por la policía mexiquense, acusada de robo, y puesta en libertad a los pocos días, continuando con sus actividades de defensa de los derechos humanos, y sumando a sus tareas la defensa legal de sus excompañeras, injustamente encarceladas, logrando la libertad de algunas. El 18 de octubre, de nueva cuenta, es detenida con violencia cerca de la caseta de Amozoc, en la autopista México-Puebla, por policías ministeriales y estatales del Edomex, sin mostrar orden de aprehensión, recluida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, y trasladada, posteriormente, al Reclusorio Federal, en Coatlán del Río, Morelos.

¡Libertad a Kenia Inés y cese a la criminalización del movimiento social!

 

Fuente:https://rebelion.org/alto-a-la-criminalizacion-del-movimiento-social/

 

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Puel Mapu,18 de noviembre de 2020

Desde las asambleas de la Comarca Andina del Paralelo 42 reunidas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut queremos hacer llegar nuestro enérgico repudio al comunicado firmado por los intendentes de la comarca junto a sus pares de otras partes de la provincia por lo que califican como "episodios de violencia". Las expresiones allí vertidas se hacen eco de un montaje mediático que persigue la criminalización de la protesta social en la provincia y en particular de la persecución política hacia nuestros espacios asamblearios por el simple hecho de oponernos a este modelo de saqueo y contaminación. De la mano de un ministro de seguridad fascista que ha instalado el águila imperial como emblema y por cuyos abusos y excesos la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha tenido que intervenir, los intendentes de la comarca le dan la espalda al pueblo que sufre hace más de tres años los atropellos de un gobierno ilegítimo y sus aprietes económicos. 

A las diferentes facciones del peronismo que gobiernan nuestra comarca les reiteramos: ¡No habrá paz social con mineras en los territorios!

No toleraremos montajes mediáticos ni políticos en favor de una supuesta democracia en la que el gobierno apalea al pueblo. Rechazamos los allanamientos y la persecusión a nuestrxs compañerxs de las asambleas. Repudiamos el protocolo de uso de armas de fuego presentado esta semana por el ministro Massoni. Recusamos la participación del fiscal Rivarola, condenado por espionaje contra asambleístas de Esquel, en procedimientos judiciales que nos involucren. Exigimos se respeten las mas de 30.000 firmas presentadas en favor de la Iniciativa Popular promovida por las asambleas y declarada de Interés por varios Concejos Deliberantes en nuestra comarca. El debate ya lo dimos. La violencia fue ejercida desde el Estado en el 2014 con el  fraude legislativo y la represión desatada entonces, cuando intentaron modificar a la primer Iniciativa Popular presentada por les vecines. 

El diálogo se basa en la verdad y en el respeto. Si quieren diálogo, que el gobierno provincial nos saque la bota del cuello y retroceda en sus pretensiones de avasallar la voluntad del pueblo de Chubut. Los verdaderos violentos son los intereses que defienden: el extractivismo colonial-capitalista de matriz patriarcal. Megaminería es saqueo y destrucción, ¿de qué violencia nos hablan?

Aparición con vida de Narciso Pino, desaparecido en la meseta el 3/11/2020

¡NO ES NO!

¡NO PASARÁN!


 

Asamblea Comarcal contra el Saqueo

Asamblea de Vecinxs de Epuyen

Vecinxs Autoconvocadxs de El Hoyo en Defensa del Ambiente

Asamblea Ambiental Cholila No a la mina 

Asamblea No a La Mina El Maitén

Sociedad Ecológica Regional

En consecuencia es prioritario descubrir que, en todo el Abya Yala, hay despertares unitarios de los pueblos por poner fin al autoritarismo del llamado poder real e instaurar democracia real y efectiva. En un país con lucha por los territorios desde hace más de medio siglo que la derrota a sus pueblos se da con un Estado terrorista con fachada (y reconocimiento internacional) de democracia, comprobamos el potencial emancipatorio de:

 

La Minga Indígena y la disputa por

un cambio la matriz ideológica de Colombia

noviembre de 2020

El 21 de noviembre se cumple un año de la masiva marcha impulsada por la Minga Indígena de Colombia. “Fue el resultado de insistir, persistir y nunca desistir en convocar a la gente a movilizarse, a estar en la calle”, contó Sebastián Quiroga, parte de Ciudad en Movimiento y del Congreso de los Pueblos.

 La minga es un encuentro pero también, y sobre todo en este contexto, es una dinámica de movilización”, contó Sebastian Quiroga en Futura en Casa. Esta iniciativa se viene expresando desde 2008 cuando el Consejo Regional Indígena del Cauca impulsó una serie de paros y cortes para reclamar al gobierno del entonces presidente Alvaro Uribe derechos en materia de salud, educación y otros derechos básicos. Esta Minga, de carácter reivindicativo, fue la punta de lanza que mostró su punto más álgido el 21 de noviembre del año pasado: “ese paro era una acumulación de fuerzas sociales y políticas que por lo menos en los últimos 12 años se había ido acumulando, se habían ido forjando en la movilización”, señaló Quiroga.

Sebastián contó que “el paro no se detuvo” y en este sentido dijo que “lo último que se ha dado en el pueblo colombiano no es una minga indígena. Es una minga social diversa en términos sociales, unitaria en términos políticos y que, aunque quien está en el centro de la fuerza y de la capacidad es el movimiento indígena, la propuesta que está haciendo y la discusión que está poniendo es una discusión nacional. Quienes estamos participando somos otro tipo de actores que no estamos solamente acompañando sino que participamos en todo el ejercicio que implica el desarrollo de la minga”.

“Si la Minga se sentaba a negociar con Duque iba a mandar un mensaje equivocado”

Esta minga política se expresó en el año pasado con un paro nacional donde se movilizó a Bogotá “había que mantener la llegada a Bogotá para que la Minga mandará el mensaje que tenía que mandar. Si la Minga se sentaba a negociar con Duque pues iba a mandar un mensaje equivocado, era que los problemas de Colombia se resuelven negociando con Duque cuando los problemas de las masacres, el paramilitarismo y narcotráfico no se resuelven negociando con él sino cambiando. Hay que posibilitar el camino hacia allá y la Minga entendió que su papel era sentar un precedente”, explicó Sebastián.

Un presente para otro futuro

Este año la convocatoria no se hizo a una acción de movilización reivindicativa, es decir para negociar con el Estado, sino que ellos lo llamaron una Minga Política, una Minga de carácter político”, en este sentido Quiroga señaló que la minga construyó cuatro puntos de debate político con el actual presidente colombiano Iván Duque: “el primero es el tema de la paz, porque básicamente Duque dijo que iba a hacer trizas los acuerdos de paz (...); otro tema es el de la vida, porque ya desde la firma del acuerdo con las FARC van 1000 asesinatos de líderes sociales, ex combatientes y familiares. Este año van 70 masacres que se han cometido en el país, hay un crecimiento exponencial y dramático de la violencia que se siente en las ciudades con mucha fuerza, no solamente en las zonas rurales donde desafortunadamente suele presentarse. Hay un tercer reclamo por los territorios y un cuarto reclamo por la democracia en razón a que hay una absoluta concentración del poder en manos del Ejecutivo en Colombia, una cooptación corrupta del Congreso, unas decisiones amañadas para elegir a los que están al frente de los entes de control: Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría y una acción temeraria, amenazante y de cooptación también de la rama judicial”.

Y reflexionó: “creo que hace algún tiempo en Colombia, con todas las dificultades que hemos tenido en general, pero también con toda la decisión de resistir y permanecer en la construcción de alternativas y de otras posibilidades, ha habido un cambio en la matriz ideológica del país. Hoy la gente está en otra disposición, en otra mirada, tiene otra perspectiva del país. Lejos estamos de hace 12 años cuando aparentemente había un consenso en la opinión pública alrededor del uribismo sostenido también sobre unos medios que en ese momento eran incuestionables”. “No sabemos que viene pero que seguramente serán escenarios de mayor intensidad política generando posibilidades inéditas en Colombia”. 

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Fuente: https://fmfutura.com.ar/2020/11/la-minga-indigena-y-la-disputa-por-un-cambio-la-matriz-ideologica-de-colombia.html