Qué Democracia

Noviembre 2020

Con avasallamiento de la vida planetaria. Se la revierte por unión pluri e internacional de las organizaciones territoriales de las diversidades de abajo.

 

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

 

Nos urge poner freno a los extractivismos que multiplican ecocidios-genocidios de gran escala. Significa derrotar al capitalismo en principio suscitando cuestionamientos de diversidades de abajo sobre las actuales emergencias socioeconómica, sanitaria y ecológica-climática en base a experiencias e ideas propositivas de las asambleas y otros colectivos en resistencia a esos avasallamientos totalitarios de derechos de los pueblos e individuos y de la naturaleza. Pero entonces cabe saber cómo gobiernos y capitales modelan e instituyen la legalidad-legitimidad para que esa invasión de la criminalidad de lesa humanidad y la de lesa naturaleza sean consideradas democráticas.

 

 

El resurgir del consenso del fracking:

El negacionismo

 

La masiva oposición al fracking en Mendoza revivió la estrategia oficialista/corporativa de búsqueda de consensos a favor del fracking. Desde comienzos de la década empresas, funcionarios, medios de comunicación y distintas fundaciones han embarrado la cancha plantando ideas falsas e imponiendo un discurso que pretende blanquear la técnica de extracción de hidrocarburos más cuestionada en el mundo. Gobernadores negacionistas, técnicos aseguradores, simuladores divertidos y un club lleno de hombres blancos con trajes negros, son parte del cóctel de esta estrategia.

 

Por Martín Álvarez Mullally

Como era de esperar, la frontera del megaproyecto Vaca Muerta sigue avanzando. Desde el 2012 que las provincias de Neuquén y Río Negro son un laboratorio de intervenciones para lograr que la hegemonía del fracking reine. Al mismo tiempo vemos como en Mendoza hace meses que el pueblo se encuentra en estado de movilización y alerta ante el desembarco del fracking. En estas últimas semanas miles de personas expresaron su rechazo en distintos puntos de la provincia. En simultáneo, un proyecto de ley de prohibición cuenta con más de 40.000 firmas físicas y 50.000 digitales.


Casi como un dejá vú comienzan a repetirse los mecanismos de confrontación: al calor de las masivas movilizaciones emergen repentinamente las voces de “expertos”, funcionarios que presentan a la explotación como el mejor y único camino para un supuesto desarrollo. Técnicos de empresas que irrumpen la escena pública a enumerar las bondades de la actividad petrolera, lo inocuo en materia ambiental y la salvadora cantidad de puestos de trabajo. Este combo comunicacional viene de la mano de un discurso que acusa a quienes rechazan el fracking como poseedores de ideas catastrofistas y poco fundamentadas. Para los funcionarios y CEOs, la fuerza del acompañamiento popular no es otra cosa que “terrorismo ambiental”Disciplinar, dividir, aislar, judicializar, convencer: el poder se arremanga dispuesto a dar una nueva batalla, pero queda en la sabiduría de los pueblos el resultado de tan digna contienda.

Los mecanismos aplicados en la imposición del fracking al país son numerosos y  muchos están focalizados en la cabeza de playa de Vaca Muerta: las provincias de Río Negro y Neuquén. El proyecto se desarrolla con mayor intensidad desde el 2012 y hasta fines del 2015, cuando comienza a caer el precio del barril de petróleo. Momento que mayor intervención vio en la búsqueda del consenso social.

 

Es vieja // No es // Es buena

El fracking es una técnica experimental desarrollada durante las últimas dos décadas y sujeta a permanentes innovaciones y nuevas aplicaciones,. Pero en toda nueva instancia de debate, aparece su historia como elemento tranquilizador. “Se hace desde hace muchos años”, “se usa en Estados Unidos desde 1947”, “tiene más de 60 años”, son algunas de las frases comodín de las voces defensoras de la actividad. La estimulación hidráulica en sí puede pensarse como una técnica vieja, pero su implementación era otra: menor intensidad, otros compuestos químicos y, lo que es más importante, aplicada en formaciones convencionales. El cambio radica en el nuevo paquete tecnológico utilizado en las últimas décadas: un esquema de factoría, que utiliza millones de litros agua, toneladas de arenas de sílice y miles de litros de químicos inyectados con presión hidráulica y motores muy potentes, orientada a permitir el fluido del crudo en formaciones no convencionales, como el shale. Esta innovación tecnológica aumenta su abanico de usos desde la aplicación a gran escala en Estados Unidos y va incorporando nuevos componentes, procesos e insumos. El discurso pro fracking busca justamente  deslegitimar la criticas y amortiguar temores de lo nuevo y experimental.

Negar es la estrategia que eligió Alberto Weretilneck, actual gobernador de la provincia de Río Negro. Ya en 2013 afirmaba: “No hay fracking en Río Negro”, y en 2016 todavía mantenía “Río Negro es un provincia que no hace fracking”. Esta última vez lo hizo en frente a la marea de asambleístas que le exigía respuestas ante el decreto 349/16 que permitía la exploración en las áreas Chelforó y Villa Regina, pleno Valle Medio rionegrino. El mandatario negador ha sido un férreo defensor de la convivencia. Tanto entre las actividades petrolera y frutícola, como con la población. El otro cuadro de la estrategia negacionista fue el senador Miguel Pichetto, entonces presidente del bloque del Frente para la Victoria. En 2013 repetía también que “En Río Negro no hay fracking”.

En Neuquén la situación fue distinta. Una provincia con historia hidrocarburífera, extrema dependencia de la renta del enclave petrolero y un perfil nacional de productor energético. Espalda más que suficiente para confrontar críticas al fracking. El entonces gobernador Jorge Sapag afirmó repetidamente que no aceptaba de ninguna manera “la crítica negativa o la crítica destructiva o el fundamentalismo ambiental”. Otras de sus frases célebres incluyen: “No hay manera posible de hacer lugar a un fundamentalismo ambientalista que nos lleve a decir que el gas y petróleo no pueden ser extraídos por razones ideológicas.” “No vamos a aceptar que si algún país lo prohibió vengan a echar por tierra una perspectiva brillante para una República como la nuestra”. Por su parte,  la ex vicegobernadora Ana Pechen llamó al empresariado a entrar a las escuelas y “educar contra el terrorismo ambiental”.

 

Una de las principales usinas de argumentos a favor del fracking es el IAPG (Instituto Argentino de Petróleo y Gas), donde se delinearon los argumentos que los funcionarios recitan; el origen del fracking es uno de ellos. El instituto está conformado por la gran mayoría de las empresas petroleras que operan en el país y es también donde perfeccionan técnicos de la actividad extractiva. Co-organizan el Club del Petroleo, con almuerzos mensuales en Puerto Madero. En cada encuentro participan gobernadores, ministros, sindicatos y periodistas; una tribuna para seducir empresas hacia una causa común. Durante el pasado lustro, el IAPG creó distintos productos para convencer al público de lo segura que es la técnica.

 

Los mitos de los mitos

Durante 2013 se vieron las más fuertes confrontaciones en torno al fracking. El acuerdo Chevron-YPF y su posterior tratamiento en la legislatura de la provincia de Neuquén fue el corte de cinta de la época. Al calor de las movilizaciones crecían también iniciativas para seducir a una sociedad tentada con la recuperación hidrocarburífera con manos estatales. El trauma local de la privatización -que había generado las puebladas de Cutral Co- se daba ahora una revancha. Un sector importante se abrazó al camino del extractivismo con distribución de rentas como motor de desarrollo. Que éste fuera de la mano del fracking y financiado por una de las corporaciones petroleras más cuestionadas del mundo, era solo un detalle.

 

Ese año el IAPG publicó el ABeCé de los hidrocarburos en reservorios no convencionales un manual que va por la cuarta edición y del cual se han impreso 60.000 ejemplares desde que salió. El gobierno de la provincia de Neuquén envió a imprimirlo por miles para que sea repartido en las escuelas. El espíritu de las “ideas técnicas” despejando “mitos ambientalistas” comenzaba a nacer como relato. El mismo año YPF publicó la web Desafíos energéticos con secciones como “Shale, mitos y verdades” que discuten las críticas a la técnica. La ofensiva comunicacional de la empresa contó con mucho apoyo y recursos que lograron ampliar su discurso con productos masivos. Hasta una edición especial de la reconocida revista National Geographic a pedido de YPF. En esa misma línea fue que se logró que la novela emitida por el canal Telefé (de mayor rating en su momento) Vecinos en Guerra adapte su guión para publicitar Vaca Muerta. “Todo se hace con petróleo, pensá que el plástico con el que se hace la mamadera que va a alimentar a tu hijo, se hace con petróleo, la energía con la que te van a hacer la ecografía o con la que está equipada la sala de parto está hecha con petróleo” le rezaba en pleno yacimiento de Loma Campana, Tomás de Las Heras a una Candela Vetrano con un embarazo mal disfrazado. La novela de Sebastián Ortega contó con un reconocido elenco que le valió medir 24.7 puntos de rating por noche, unas 850.000 personas.

El mismo año YPF le encargó a Guillermo Santos -el creador del TEG Independencia- que desarrolle junto a Tycho Brahe Juegos el Desafío Energético. Juego fabricado por la empresa Trisma y que tuvo como destino ser un obsequio empresarial, aunque también supo filtrarse a colegios. En él se deja entrever que el desafío más rentable es la producción de shale, a la inversa  de la vida real. De hecho, todas las fichas puestas al fracking pueden llevar al camino ganador en el juego: la cuestionada técnica otorga el mayor puntaje.

El programa “Científicos, industria argentina” contaba ya con cinco Martín Fierro por su carrera en la Televisión Pública cuando Adrián Paenza, reconocido matemático y conductor durante 13 años, le dedicó un programa exclusivo a entrevistar al entonces CEO y presidente de YPF, Miguel Gallucio, quien no es un amante de los medios. Al año siguiente le dedicó un programa especial al debate sobre fracking. Un mes antes de ese programa, Paenza se había sumado como miembro del Consejo de la Fundación YPF, y desde el 2012 era parte consejero asesor

A principios del 2014 un experto en Shale que responde las consultas on line fue incluido en la nueva web del IAPG Shale en Argentina. La misma está exclusivamente destinada a promover el fracking y cuenta con secciones en las que se destacan: Fracking, Vaca Muerta, Hidrocarburos No Convencionales, Sismicidad y Uso del agua.

En mayo del 2014 la Televisión Pública emitió el especial YPF: Camino a la Soberanía Energética del programa Visión Siete dedicado a Vaca Muerta. Nuevamente el discurso de la épica nacional se hizo presente en la pantalla del canal estatal.

En 2015 YPF continúa su política de inserción e impulsa museos y espacios de la Energía. Se inauguran en Neuquén, La Plata, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires (Tecnópolis), Cutral Co, Catriel. Trailers móviles recorren el país, principalmente fiestas populares. Uno de los más populares es el simulador de estimulación hidráulica. Las salas cuentan con pantallas táctiles, juegos, maquetas y una sala de cine 4 D. Por ellos pasan decenas de miles de personas.

Desde el 2012, gobiernos y empresas han impulsados foros, congresos y seminarios. Las ediciones anuales del Cluster Shale, reunieron en Neuquén actores de los eslabones de la cadena de producción hidrocarburífera: pequeñas PyME en un mismo espacio con multinacional. Para los organizadores este workshop era el paso necesario para pensar la gran escala que necesita Vaca Muerta. Por su parte el IAPG mantiene una agenda permanente de formación y una sistemática presencia con la organización de la “Expo Argentina Oil & Gas Patagonia” que realiza todos los años. En ese mismo sentido, también destaca el Diario Río Negro, el de mayor tirada de la norpatagonia, que desde 2014 organiza jornadas de debate con funcionarios, empresarios y CEOs. El periódico tiene un suplemento especial sobre Energía donde la mirada corporativa empresarial tiene su amplificación en la difusión de su agenda. El vínculo entre el diario y la industria es explícito, de hecho los últimos dos editores del suplemento dejaron el diario y fueron contratados por YPF. El suplemento fue un trampolín hacia una pérdida en desarrollo periodístico a cambio de una onerosa compensación salarial.  

(1) El IAPG, es dirigido por Ernesto López Anadón, quien fuera Director General de Marketing y Desarrollo de Negocios de Gas de Repsol YPF, presidente de Mega y de la Central Dock Sud, director de Metrogas, de Refinor y de Pluspetrol Energy: un hombre de la industria. En tanto una de las vicepresidencias de la entidad, según informa en su página web, está en manos de YPF S.A., y la siguen en el directorio ESSO, PAE, MetroGas, TGN, Petrobras, Chevron, Total, Tecpetrol, Sinopec, Wintershall, Schlumberger, Halliburton, Capex, PeCom, DLS, Medanito, entre otras.

 

(2)   Fueron los creadores del portal Shale en Argentina donde el “experto en Shale” te responde de manera on line, “ABeCé de los hidrocarburos en reservorios no convencionales”Expo AOG (Argentina Oil y Gas)Revista Petrotecnia, Organizadores de la Conferencia Mundial de Gas en Argentina, Organizadores de Foros, Congresos, Conferencias. Tienen sede en Houston, Estados Unidos, considerada la meca del fracking.

(3) Este punto es investigado en su tesis por Lorena Riffo, becaria doctoral de Conicet y Docente de Comunicación Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional Comahue .

 

Fuente: https://opsur.org.ar/2018/06/04/el-resurgir-del-consenso-del-fracking-el-negacionismo-parte-i/

 

 

Recordemos (si no lo hacemos seguirá la impunidad de Cristina Fernández, Axel Kiciloff, etc.) que al año de la recuperación parcial de YPF el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner  firmó el acuerdo de la estatal con Chevron (la actual Standard Oil) y así  dio vuelta la página a esa aparente afirmación soberana para privilegiar exclusivamente a las gigantescas petroleras que guerrean e invaden  expropiando así fuentes hidrocarburíferas mientras acá la casta política se las entrega y nos fuerza a subsidiar.

 

El  gobierno de Cristina Fernández de Kirchner violó también su participación en hacer a la Patria Grande. Como señala OPSur en 2013:  "La trasnacional Chevron, celebrada socia, es prófuga de la Justicia y el pueblo ecuatoriano por el desastre ambiental y social ocasionado en la Amazonía -aunque redimida por la Corte Suprema argentina, para alegría del Poder Ejecutivo".

 

Recibió apoyo de la que era Procuradora General de la Nación y abanderada del agrupamiento Justicia Legítima.

 Alejandra Gils Carbó, se pronunció a favor de levantar el embargo que la Justicia había trabado contra activos de la petrolera Chevron en Argentina. Y le indicó a la Corte Suprema( con la presencia dominante de Eugenio Zaffaroni): "El caso reviste gravedad institucional. La traba de un embargo por un monto de 19.021.522.000 de dólares sobre los activos y, en particular, las cuentas bancarias de sujetos que desarrollan una actividad de notorio interés público, como la exploración y explotación de hidrocarburos, puede producir perjuicios irreparables".

 

 

Un traje a medida de Chevron
15 de julio de 2013

El Gobierno nacional firmó el decreto  929/13, que instrumenta el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos’. Con esta medida, la política energética del país se aleja de los avances plasmados en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, al disponer amplios beneficios a las operadoras, y plantea interrogantes en torno a su aplicación.

OPSur

La sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera abrió amplias posibilidades para revertir el fuerte carácter neoliberal en las políticas del sector. El mayor control por parte del Estado, desde una perspectiva federal, y el retorno de su concepción de los hidrocarburos como recurso estratégico, eran pasos importantes hacia la desmercantilización de la energía.

Desgraciadamente, las medidas tomadas con posterioridad tuvieron como consecuencia el aumento del poder acumulado por las trasnacionales del sector, ajustándose a los objetivos trazados por estas: el incremento sostenido del precio de los hidrocarburos en el mercado interno -que se triplicó en el caso del gas-,  la suba del precio de corte para exportación de petróleo y la reactivación de los programas de subsidios Gas Plus y Petróleo Plus. Estas decisiones apuntalan la opción por los hidrocarburos no convencionales como esperanza y salvaguarda frente a las crecientes importaciones de energía, ya que se ajustan a los elevados costos de explotación de estos yacimientos. Asimismo las provincias orientan sus políticas públicas hacia el robustecimiento y profundización del modelo monoproductor extractivo, como en los casos de la reforma del marco regulatorio chubutense y la construcción de la red de agua para provisión a las petroleras en Neuquén.

Por otra parte, la capitalización de YPF a través del fideicomiso de US$ 2.000 millones o los bonos minoristas, como camino alternativo a la asociación a grandes corporaciones, se desvirtúa ante los objetivos exportadores planteados por la dirección de la empresa.

Tristes coincidencias

El 16 de julio es el día estipulado para la rúbrica del acuerdo entre YPF y la trasnacional Chevron. Ante este hecho, bajo qué óptica debemos leer los fuertes beneficios que se le otorgan a las operadoras con el nuevo régimen. Si bien restan definiciones sobre la aplicación de la norma y los puntos particulares del convenio, no son menores las implicancias del decreto y su alcance sobre todo nuevo emprendimiento.

Como primer punto, es importante destacar que a partir del quinto año de iniciado un proyecto con una inversión mínima de US$ 1000 millones, el 20% de lo extraído estará sujeto a cotización internacional, sea para la exportación o para el mercado interno. En el primer caso, se quitará todo gravamen aduanero y se permitirá la libre utilidad de divisas. En tanto, de no alcanzarse el autoabastecimiento, todo lo extraído será destinado al mercado interno y se compensará a la operadora con la diferencia. Esto replica las políticas de los años ’90 y centra la atención sobre el funcionamiento de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas a fin de que se garantice que no se especule con los plazos y cotizaciones de los hidrocarburos.

Como segundo punto, se crea la figura de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, habilitándose la creación de nuevas áreas. Este reordenamiento territorial no será competencia únicamente de las oficinas públicas sino que también se ajustará a las peticiones de las empresas inscriptas dentro del nuevo régimen. Esto crea mayor incertidumbre sobre la capacidad regulatoria del Estado por el grado de discrecionalidad y poder que tendrán las operadoras para modificar las áreas de acuerdo a sus intereses. Es particularmente preocupante que se habilite a las empresas a subdividir las áreas convencionales y se les adjudique directamente, sin licitación pública, lo que ellas definan como no convencionales por el plazo de 35 años. Otro de los interrogantes es cómo se fiscalizará la aplicación de los beneficios, ya que en la mayoría de las provincias la única información que maneja el Estado sobre los niveles de extracción de las operadoras surge de las declaraciones juradas presentadas por éstas.

Asimismo, las políticas públicas tomadas y las alianzas con diferentes compañías marcan un rumbo que nos aleja aún más de la soberanía hidrocarburífera. La trasnacional Chevron, celebrada socia, es prófuga de la Justicia y el pueblo ecuatoriano por el desastre ambiental y social ocasionado en la Amazonía -aunque redimida por la Corte Suprema argentina, para alegría del Poder Ejecutivo. Esta, junto con otras empresas norteamericanas, en los últimos tiempos ha sido una de las mayores beneficiaras de la política de promoción de no convencionales impulsadas por el Departamento de Estado de EE.UU.

A fin de cuentas, vemos como objetable la obstinación de someter la política energética a los hidrocarburos en general y los no convencionales en particular. Se desoyen las críticas y los cuestionamientos que emergen a nivel nacional y global contra la aplicación de la técnica de fractura hidráulica o fracking, incluso las prohibiciones en diversos municipios de nuestro país. Creemos que el camino hacia una matriz energética ambiental y socialmente sustentable tendrá que tener no sólo un incremento sideral de la participación pública sino también de la sociedad organizada. Desgraciadamente, las últimas medidas van a contramano de una mayor democratización de la energía.

Buenos Aires, 15 de julio de 2013.

 

Fuente: https://opsur.org.ar/2013/07/15/un-traje-a-medida-de-chevron/

    

 

Advirtamos que los discursos y acciones K eran escenificados como pertenecientes a un proceso de emancipación de la Argentina. Así: En 2012  hablaron de que el petróleo sería un bien estratégico, y dejaría de ser tomado como una mercancía. Siendo que ya entonces estaban buscando pactos con otras petroleras para empezar con el shale, todo el planteo resultaba poco creíble. Pero los sectores “progres” no se privaron de llenar páginas y páginas con estas ilusiones, y hasta el hoy ministro de Economía –por entonces viceministro- se dio por entonces el gusto de elaborar el decreto 1.277 de 2012, que reglamentó el “Nuevo régimen de Soberanía Hidrocarburífera”, que ponía fin a la libre fijación de precios, bonificaciones, volúmenes de exportación y de disponibilidad de divisas por parte de las empresas. Ese ministro de economía era, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff que fue responsable fundamental para el destino de la sociedad anónima YPF como encubridora de subsidios directos e indirectos a las grandes petroleras privadas y para el súper negocio e impunidad de Repsol después de dejar vaciados los yacimientos petrolíferos y contaminado fuertemente tanto a  comunidades como a la totalidad de ecosistemas locales.

 

 

 

Ley de hidrocarburos: convenio Chevron para todos

18 de septiembre de 2014

El nuevo proyecto de ley, producto de arduas negociaciones entre las provincias y el gobierno nacional, generaliza el convenio Chevron. Una reglamentación al servicio de las empresas.

 

Esteban Mercatante

@EMercatante

Lejos en el tiempo quedaron las ensoñaciones respecto de las posibilidades que abriría lo que se presentó como una estatización de YPF, que fue en los hechos una “recompra” parcial del 51% del paquete accionario. En 2012 se hablaba de que el petróleo sería un bien estratégico, y dejaría de ser tomado como una mercancía. Siendo que ya entonces estaban buscando pactos con otras petroleras para empezar con el shale, todo el planteo resultaba poco creíble. Pero los sectores “progres” no se privaron de llenar páginas y páginas con estas ilusiones, y hasta el hoy ministro de Economía –por entonces viceministro- se dio por entonces el gusto de elaborar el decreto 1.277 de 2012, que reglamentó el “Nuevo régimen de Soberanía Hidrocarburífera”, que ponía fin a la libre fijación de precios, bonificaciones, volúmenes de exportación y de disponibilidad de divisas por parte de las empresas.

“Soberanía”, bajo las banderas de Chevron

Pero el convenio con Chevron fue el primer paso para sepultar todas estas expectativas. Previo al acuerdo, el decreto 929 de julio de 2013, estableció un “Régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos” que desandó buena parte de lo establecido en 2012. Este decreto aseguraba a las firmas que invirtieran por más de 1.000 millones de dólares que gozarían en 5 años “del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos” sin pagar derechos de exportación. Además, otorga la libre disponibilidad del 100% de las divisas provenientes de dicha exportación. Si no pudieran exportar por necesidad de abastecer al mercado interno, no perderán los beneficios prometidos: tienen el derecho de obtener por el 20% exportable el precio equivalente al de exportación sin ningún derecho de exportación. Aunque a cambio recibirán pesos, están expresamente a salvo del cepo cambiario para convertir a dólares el equivalente a ese 20% exportable.

Aunque se pretenda que se trata de una legislación complementaria al decreto 1.277, punto por punto niega lo establecido en el mismo. A estas concesiones garantizadas por el decreto, se agregó el hecho de que el convenio (del cual todavía hay muchos puntos mantenidos en las sombras) está celebrado bajo jurisdicción francesa y estadounidense. Y después se hacen los sorprendidos cuando los buitres acechan.

Una ley para dar aún más “seguridad jurídica” a los buitres petroleros

Sin embargo, con este decreto no alcanzaba. Entre otras cosas, porque con la reforma de la Constitución del ’94 de Menem los recursos son de las provincias, que pueden otorgar o extender las concesiones, así como anularlas. La llamada Ley Corta, aprobada en 2007, dio más poder de negociación a las provincias, que pueden establecer el aumento de regalías e impuestos varios. Sobre esto se proponía avanzar el kirchnerismo, y particularmente el gerente de YPF S.A., Miguel Galuccio, para poder estar en mejores condiciones para negociar acuerdos entreguistas. No se puede entregar aquello que maneja otro; por lo menos no sin que también se lle.ve su parte.

Fue esta batalla –que bien podríamos definir como una competencia entre cipayos- lo que tuvo durante tres meses empantanada la salida de la ley. Hasta el martes 16, en que finalmente se llegó al acuerdo.

Algunos puntos salientes de esta ley:

   Establece 25 años de concesiones para las explotaciones convencionales, y se extienden a 35 años en el caso de explotaciones de hidrocarburos no convencionales. En ambos casos es posible que las empresas soliciten una prórroga de 10 años más (igual que puede hacerlo Chevron).

   Las regalías serán de 12%, y se pueden reducir a 5% si la autoridad provincial o nacional lo dispone. Esto está por debajo del nivel que tienen hoy en algunas provincias o regiones (hay áreas de Neuquén donde llega al 15%). En caso de prórroga podrán elevarse a 18%. Impuesto a ingresos brutos no podrá superar el 3%. Las provincias o municipios no pueden inventar nuevos impuestos, ni subir las tasas de los sellos vigentes a la fecha.

   El art. 19 fija el piso para entrar al “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” (decreto 929/13) a 250 millones de dólares en 3 años. El decreto 929 lo establecía en 1.000 millones en 5 años. Cumplidos los 3 años las empresas podrán exportar libremente con 0% de alícuota, un 20% de lo producido en el caso del convencional y no convencional, y un 60% del "off shore" (costas afuera).

   A las empresas que soliciten una concesión de no convencionales hasta 36 meses desde la entrada en vigencia de la ley, se les puede reducir las regalías “hasta el 25%” el monto correspondiente a regalías aplicables, durante los 10 años siguientes a la finalización del proyecto piloto. Es decir que podrían llegar a pagar regalías de 9%.

   En caso de prórroga, las empresas abonarán a las provincias un canon de reingreso equivalente al 2% de las reservas probadas al momento de la prórroga.
En el art. 18 autorizan a las empresas provinciales a encarar asociaciones con empresas. Sin mencionarlo, permiten que las provincias sigan aplicando el método de “carry” o acarreo (es decir asociarse sin invertir a cambio de eximir a las firmas de pagar canon de ingreso).

   En el art. 21, se establece que a las provincias, además, les toca “un monto de 2,5%” de la inversión inicial para “responsabilidad empresaria”. No plantea ningún monto fijo para obras de infraestructura en los pueblos afectados (aún en el acuerdo con Chevron había una previsión de 500 millones de dólares para afrontarlas).

   Las importaciones de bienes “imprescindibles” pagarán aranceles según el decreto 927/13, que fija alícuotas de 0% y 14% según los bienes de que se trate.

De esta forma, provincias y nación llegan a un acuerdo para dar fuerza de ley al esquema Chevron. Obviamente, ni una palabra del medio ambiente. Un nuevo estatuto de coloniaje, pero bien federal.

Seguramente el gobierno puede argumentar que no hay otra forma de incrementar la producción para lograr la “soberanía hidrocarburífera” (burdamente igualada a autoabastecimiento aunque este se logre entregando Vaca Muerta a las multinacionales por 40 años). ¿Acaso no había otro camino? Y, si se descarta como hizo el kirchnerismo un cambio en el conjunto del sistema energético, afectando sólo la propiedad accionaria del 51% de YPF S.A., era cantado que no había alternativa a abrazarse a las grandes petroleras extranjeras. La alternativa pasa por la expropiación y estatización sin pago de todo el complejo petrolero y gasífero, desde la extracción hasta la refinación, y su puesta a producción bajo control de sus propios trabajadores, como plantean el diputado nacional Nicolás del Caño y el ex diputado provincial en Neuquén y dirigente ceramista de FaSinPat Raúl Godoy en el proyecto que presentarán la semana próxima. La inversión en base a esta apropiación de la renta es la única alternativa verdaderamente soberana, para encarar una producción respetuosa del medio ambiente y en función de las necesidades sociales, y no de la ganancia.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Ley-de-hidrocarburos-convenio-Chevron-para-todos

 

En consecuencia, la legalidad y la legitimidad de más de una década de gobierno de les Kirchner continuó, como todos  los otros gobiernos, afianzando el poder e impunidad de les grandes capitalistas locales e imperialistas. Traigamos a la memoria que, en 2013, en la Argentina tanto el gobierno de Cristina Fernández como la Procuradora General de la Nación y la Corte Suprema prefirieron garantizar la acumulación oligopólica de Chevron por sobre atender a:

 

Impunidad de

Chevron en Ecuador
11 de diciembre de 2020

 

 

Llamamiento internacional publicado por Diálogo 2000

En solidaridad con decenas de miles de afectados por el mayor desastre ambiental que ha impactado a la Amazonía ecuatoriana, más de 150 organizaciones, redes, movimientos, y sindicatos, entre ellas Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, en representación de más de 85 millones de personas a nivel internacional, piden al Gobierno de Ecuador que apele ante la justicia holandesa el laudo arbitral que favorece a la petrolera Chevron.

El laudo emitido el 30 de agosto del 2018 ordena al Estado ecuatoriano que: anule la sentencia del caso Lago Agrio a pesar de que haya sido ratificada por todas las instancias judiciales ecuatorianas, incluida la Corte constitucional; y que impida a los afectados buscar en otros países la ejecución de la sentencia y la reparación de los daños causados por Chevron-Texaco. Además, exige que Ecuador indemnice a la petrolera por haber “afectado  su imagen” y por los costos judiciales tras 27 años de proceso.

Si el gobierno del país andino no apela, este laudo que viola su propia Constitución y por tanto es inaplicable, será ejecutado.  Si la justicia holandesa persiste en validarlo, será cómplice de un sistema de arbitraje privado internacional que favorece sistemáticamente a las empresas transnacionales, negando la justicia a los afectados por crímenes corporativos.

Este caso ha generado gran preocupación a nivel internacional. Si Ecuador no apela, se sentará un precedente importante que asegurará la impunidad de las empresas transnacionales frente a las violaciones de los derechos humanos, de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, y los daños a la naturaleza. 

La “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad”, se suma al llamado de cerca de 230  organizaciones sociales, indígenas, campesinas, redes y sindicatos de diferentes países, en representación de más de 285 millones de personas, para que Ecuador apele la sentencia de primera instancia en la justicia holandesa, antes del 16 de diciembre de 2020. El gobierno ecuatoriano debe mantener abierta la puerta de la esperanza de acceso a la justicia a las comunidades indígenas y campesinas amazónicas, tras décadas de lucha por el bien común.

Enlace a la Carta: https://www.stopcorporateimpunity.org/caso-chevron-carta-abierta-al-presidente-de-ecuador/?lang=es

(ver también aquí abajo)

EN DEFENSA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS FRENTE A CHEVRON: CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE ECUADOR

Attn: Sr. Lenin Moreno

Presidente de Ecuador

Cc. Sr. Iñigo Salvador

Procurador General de Ecuador

Cc. Sr. Luis Gallegos

Canciller de Ecuador

11 de diciembre de 2020

El 16 de diciembre 2020 vence el plazo para que el Estado Ecuatoriano rechace o acepte una sentencia de un tribunal Holandés, que tiene que ver con la acción de nulidad del laudo arbitral emitido por un panel de privado internacional con sede en los Países Bajos, a favor de Chevron. Esta acción ordena al Ecuador a dejar sin efecto la sentencia ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador y a impedir que las comunidades indígenas y campesinas afectadas por las operaciones petroleras de la trasnacional puedan ejecutar la sentencia ecuatoriana para la reparación de los daños causados en la región amazónica de Ecuador. Si el Estado Ecuatoriano acepta la sentencia holandesa debería indemnizar Chevron con una suma multimillonaria, por los «daños provocados a su imagen y los costos por los años de juicio en su contra», Además debería interceder ante otras cortes para impedir que los demandantes de ChevronTexaco puedan presentar demandas en su contra en otros países. Si el gobierno del Ecuador no apela esta decisión, el laudo arbitral queda en firme, a pesar de que en mayo 2019, más de 260 organizaciones y redes sociales representando más de 280 millones de miembros en los cinco continentes habían denunciado esta decisión como ilegal y anticonstitucional. Ese veredicto terminaría con la esperanza de justicia por parte de los afectados y consolidaría el sistema ISDS (Investor-state dispute settlement) poniendo en peligro el estado de derecho.

Hace 27 años las comunidades que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos, iniciaron un proceso contra la transnacional petrolera Texaco (ahora ChevronTexaco) por los daños culturales, de salud y medioambientales que la transnacional provocó mientras operaba en Ecuador. Tras un prolongado juicio, la justicia Ecuatoriana falló en favor de los habitantes de la Amazonía, agrupados en la Unión de Afectados/Afectadas por las operaciones petroleras de Texaco (UDAPT). Chevron ha recurrido a todo tipo de maniobras dentro y fuera de Ecuador para evadir su responsabilidad. La más reciente fue la acción de nulidad que Ecuador planteó ante la justicia Holandesa, sin tener éxito en primera instancia. Sin embargo, Ecuador tiene el derecho de apelar esa decisión e incluso ir hasta la Corte Suprema de Holanda. La UDAPT entregó una carta a la procuraduría en ese sentido. Sin embargo El gobierno del Ecuador aún no ha mostrado ninguna intención de apelar.

Si el gobierno de Ecuador se subordina a las órdenes del tribunal arbitral y de la justicia Holandesa, su decisión tendría graves y nefastas consecuencias. En primer lugar, jurídicamente se aniquilaría la lucha de más de 30 mil habitantes amazónicos para obtener justicia ya que el multicitado tribunal pide que las demandas contra la petrolera sean presentadas «a título individual», Es de imaginar que las víctimas de la transnacional nunca lograrían que se les hiciera justicia.

En el caso de no apelar la sentencia del tribunal holandés antes del 16 de diciembre, el gobierno de Ecuador estaría cediendo su soberanía como Estado en favor de un sistema de justicia privada internacional, es decir violaría de manera flagrante la Constitución del Ecuador. Además, estaría ayudando a blindar los derechos de Texaco, reforzaría la impunidad de las corporaciones y permitiría que aumenten las presiones y amenazas contra los demandantes, como ha sucedido a lo largo de estos años. En cuanto a la Corte de los Países Bajos, hay que subrayar que si no cambia su actitud, se hace cómplice de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y del fortalecimiento de la impunidad corporativa través de un laudo arbitral que implica que los estados violen sus propias constituciones. Por tanto, la decisión sería inaplicable por el gobierno ecuatoriano sin violar su constitución.

Presidente Lenin Moreno, aún es tiempo para que su gobierno rechace la sentencia del tribunal holandés y presente el recurso de apelación. En este fin de año, usted y su gobierno tienen en sus manos la posibilidad de hacer justicia a las comunidades indígenas y campesinas afectadas de Texaco y salvaguardar la soberanía de Ecuador. Le instamos a apelar la sentencia holandesa para no sentar un precedente en favor de la impunidad corporativa en el mundo y de no cerrar la puerta a la esperanza de las comunidades ecuatorianas en su larga batalla por la justicia y la reparación.

Firman: 

Para las firmas. Ver: https://dialogo2000.blogspot.com/2020/12/impunidad-de-chevron-en-ecuador-llamado.html

 

     

 

Generalicemos la toma de conciencia sobre la incompatibilidad con la vida humana y no humana, también con la democracia, de los extractivismos que el gobierno de les Fernández (como los anteriores) se esmera en convencer a las mayorías que son progreso y bienestar. Ilusiona sobre todo con Vaca Muerta. 

 

 

Vaca Muerta: un modelo energético a base de contaminación
25 de noviembre de 2020

 

Por Mariángeles Guerrero / Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas .

 

- Basureros con residuos tóxicos, incendios, accidentes petroleros y sismos configuran un peligro para la salud de la población. Desde el Estado continúa la apuesta por el desarrollo hidrocarburífero más grande del país, a pesar de las consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.

¿Es posible un modelo de “soberanía energética” sin respetar derechos? En 2013, el acuerdo YPF-Chevron comenzaba a consolidar el megaproyecto Vaca Muerta en la patagonia argentina y era presentado discursivamente como un “milagro” que potenciaría la soberanía en términos de energía. Siete años después, un nuevo anuncio del Plan Gas muestra que -pese al repudio del extractivismo en términos socioambientales-, para los distintos gobiernos Vaca Muerta sigue siendo una apuesta ligada a un concepto de desarrollo que soslaya el cuidado de la vida y la salud.

ABC y discurso oficial

Los reservorios llamados “shale” son aquellos en las que el petróleo o el gas está atrapado en las rocas en forma de gotas microscópicas. Estas rocas no son lo suficientemente permeables y, para realizar la extracción, hay que recurrir al fracking o fractura hidráulica. Esta tecnología consiste en la inyección a alta presión de agua, arena y productos químicos en el suelo -a una profundidad que oscila entre 2500 y 4000 metros-, con el fin de incrementar la permeabilidad y mejorar la extracción. También incluye perforaciones horizontales.

Vaca Muerta es la formación de “shale” más grande del país. Abarca una superficie de 30 mil kilómetros cuadrados que se extiende por cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. En ese territorio viven 21 comunidades mapuches.

“Vamos a volver a poner de pie a un país que había quedado muy lastimado», dijo Alberto Fernández a mediados de octubre, durante el anuncio del Plan Gas en Loma Campana (Neuquén). «Vaca Muerta es la oportunidad de convertirse en exportador neto de energía», prometió Miguel Galuccio en junio, en sintonía con el discurso que mantuvo en 2013, cuando era el CEO de YPF y Vaca Muerta se presentaba como el as de la política económica y energética. Prometía una política con “impacto ambiental cero”.

Sin embargo, también por esos años, comunidades originarias, activistas, ambientalistas, personas vinculadas a la vida académica y a la investigación comenzaron a visibilizar las consecuencias del fracking. Esa técnica que se conoce desde los años 50, pero que en Argentina se utiliza de forma intensiva y comercial a partir de 2014, en la formación de Vaca Muerta como su enclave más importante.

Formas de vida diferentes

“El conocimiento mapuche tiene una forma de vida muy relacionada con el lugar, en el cual no nos ubicamos como el centro de la existencia sino agradeciendo y con un gran respeto por el equilibrio de la naturaleza y por cada una de las vidas que existen”, relata Lefxaru Nahuel de la Confederación Mapuche de Neuquén.

“La industria petrolera y particularmente el fracking es todo lo contrario a esa forma de vida. Dinamita el subsuelo, destruye las napas de agua, elimina las plantas y los animales que hay en el lugar y contamina de una manera feroz. No solo que destruye el lugar sino que destruye cualquier posibilidad de futuro”, denuncia.

El uso del agua, la sismicidad inducida, los basureros con residuos altamente tóxicos y las emisiones de carbono conforman una agenda propia y variada de amenaza y defensa de los recursos naturales y de las poblaciones que habitan esos territorios. Los incendios, los derrames y las explosiones también encienden la alarma sobre esta forma de extractivismo.

 Agua y sismos

Según el informe “Externalidades del Megaproyecto Vaca Muerta”, elaborado en 2017 por Martín Álvarez Mullally, Lisandro Arelovich, Fernando Cabrera y Diego di Risio, la extracción del gas y petróleo no convencional utiliza mayores volúmenes de agua que el convencional: puede emplear de 9 a 29 millones de litros por cada pozo. Desde el Estado y las empresas relativizan esa cifra, aduciendo que es un porción ínfima de la demanda provincial de agua. Al dato del volumen se suma un interrogante: ¿cuál es el tratamiento que recibe el agua una vez utilizada, la llamada “agua de retorno”?

“Entre el 20 y el 80 por ciento de ese agua puede volver a la superficie”, indica Fernando Cabrera, integrante del Observatorio Petrolero Sur (Opsur) y uno de los autores del informe. “Ese líquido vuelve con elementos propios de la tierra que desconocemos”, agrega. Es decir: hidrocarburos, metales pesados e incluso posibles sustancias radiactivas contenidas en el subsuelo.

La inyección de un caudal importante de agua a alta presión, la extracción de ese líquido y la disposición final en sumideros subterráneos significa un problema en términos de residuos y también a nivel del subsuelo. Estos mecanismos impactan ocasionando sismos en zonas no sísmicas, como en el pueblo neuquino de Sauzal Bonito. “Una de las cosas que hacen prever que los sismos están relacionados con la intervención humana es que su epicentro ocurre a 3000 o 4000 metros de profundidad, cuando los sismos tienen un epicentro mucho más profundo”, explica Cabrera. Desde el gobierno provincial prometieron 20 sismógrafos para medir el impacto de la industria hidrocarburífera, pero hasta ahora solo llegaron dos.

Basureros petroleros

Otro de los problemas son los basureros donde se disponen los desechos que genera la explotación. A fines de 2018, Greenpeace descubrió que la compañía Treater S.A., proveedora de empresas petroleras internacionales, estaba desechando residuos industriales tóxicos provenientes del fracking en piletones de un tamaño equivalente a 15 canchas de fútbol. “En Vaca Muerta hay más de mil pozos y cada uno genera entre 600 y 850 metros cúbicos de residuos que circulan hasta las plantas tratadoras, atravesando ciudades, comunidades, zonas productivas y cuerpos de agua”, advierten desde Greenpeace. “Estos desperdicios se descartan directamente sobre el suelo y sin tomar medidas de seguridad, como si fueran verdaderas cloacas petroleras”, aseguran.

Greenpeace aportó un muestreo de los residuos de los basureros tóxicos donde se encontraron metales pesados como plomo y bario con alto impacto en el ambiente y en la salud. En los lodos que conforman los residuos de la perforación también se hallaron metales pesados y elementos radioactivos como radón o uranio de origen natural.

“Estas sustancias tóxicas se liberan al aire o al agua y, además de los efectos sobre la salud causados por el impacto de las emisiones en el aire y el agua, tienen efectos sobre el ambiente. Más del 40 por ciento de las sustancias causan impactos que dañan a la vida acuática y a la fauna”, afirman desde la organización ambiental.

“El fracking extrae petróleo y gas de una manera mucho más difusa y complicada. Ese rompimiento de la piedra libera el gas y el petróleo y también el agua contaminada que se utiliza para la ruptura, donde se usan distintos químicos. Es por eso que es tan contaminante la extracción petrolífera y de gas en Vaca Muerta”, argumenta Leonel Mingo, de Greenpeace, en diálogo con el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Mingo indica que actualmente se encuentran a la espera de un fallo judicial en relación a las denuncias presentadas por los basureros tóxicos de Vaca Muerta.

El referente de la ONG también aludió además a la emisión de gases de efecto invernadero. En este sentido, sostuvo que “la principal emisión de gases del efecto invernadero proviene de los combustibles fósiles: gas, carbón, petróleo”. Estima que Vaca Muerta generará 50.000 millones de toneladas de dióxido de carbono durante toda su vida útil. En ese marco, recordó los compromisos internacionales de Argentina en disminuir las emisiones, tal como lo establece el Acuerdo de París. “Es imposible que pueda reducir los gases de efecto invernadero mientras se siga apostando a la generación de energía a través de los combustibles fósiles”, afirmó Mingo.

Derrames

Otra arista del problema tiene que ver con los accidentes y derrames ocurridos en Vaca Muerta y donde, como en las otras situaciones, el Estado provincial y las empresas desdibujan las consecuencias y las responsabilidades.

En Loma Campana, epicentro del megaproyecto operado por YPF-Chevron, el 2 de septiembre de 2014 se produjo un derrame petrolero durante 16 horas. Cerca de allí se encuentra la comunidad mapuche Campo Maripe.

“La gran presencia de comunidades en esas zonas se debe a la Campaña del Desierto, en la cual fuimos desplazados de los lugares que eran fértiles porque eran pretendidos por el valor exportador. Ahora vivimos en estos lugares donde hemos sobrevivido con la pequeña ganadería caprina y las huertas y son pretendidos por las petroleras”, explicó Lefxaru Nahuel.
Los “accidentes” se repiten año a año. En 2015 en la localidad de Allen explotó el pozo EFO 280, operado por Yacimientos Petrolíferos del Sur (YSUR, una subsidiaria de YPF).

En 2016 se conoció lo que YPF informó como un “derrame menor” en la localidad de Fernández Oro, zona de producción de manzanas y peras rionegrinas. El Departamento Provincial de Agua de Río Negro constató “la pérdida de 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad, con presencia de hidrocarburos y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas”, según refiere Fernando Cabrera en su artículo “Vaca Muerta, entre el desastre socioambiental y los argumentos ecologistas”.

En octubre de 2018, en Bandurria Sur, donde operan YPF y la estadounidense Schlumberger, un derrame de petróleo duró 36 horas. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace cuantificaron 77 hectáreas afectadas, mientras que la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén aseguró que fueron 45. La misma dependencia oficial indicó que, entre 2015 y 2018, ocurrieron 3368 “incidentes ambientales” por la explotación petrolera en Vaca Muerta. En septiembre de 2019 se incendió el pozo LLL X-2 de YPF en Loma La Lata, en Neuquén, a escasos metros del lago Los Barreales. Fueron necesarios 24 días de trabajo para apagar el fuego y frenar los derrames.

Falta de control y daños irreparables

“En la meseta de Neuquén hay familias que no acceden al gas, pero a la noche se ven los venteos de gas de las empresas que están extrayendo a pocos kilómetros. El objetivo de Vaca Muerta no es proveer ni abastecer de una mejor calidad de vida a la gente que vive acá sino continuar el saqueo, el empobrecimiento y la contaminación”, define Lefxaru Nahuel.

Impactos en el agua, el aire y la tierra. Afectación de la salud, el territorio y la vida. El desarrollo del proyecto energético de Vaca Muerta se basa en la vulneración de derechos de las y los pobladores. “Sin embargo, ninguna investigación judicial ha prosperado porque hay un blindaje mediático y político hacia las empresas”, señalan desde la Confederación Mapuche. “La falta de control ambiental es una de las garantías que les da el gobierno provincial en detrimento de los derechos del Pueblo Mapuche. Que no hayan avanzado las causas judiciales es una muestra de eso”, dice Lefxaru Nahuel. Y, una vez más, advierte: “Ojalá haya justicia porque las consecuencias y los daños son irreparables”.

Fuente: https://opsur.org.ar/2020/11/25/vaca-muerta-un-modelo-energetico-a-base-de-contaminacion/

 

 

 Bloqueo de la lucha de clases

 

Observamos cómo el gobierno de les Fernández creó secretaría de agroecología y la de ambiente y desarrollo sostenible cuando está acelerando la puesta en práctica de los planes de expansión e intensificación de todos los extractivismos o ecocidios con sus correspondientes genocidios silenciados e invisibilizados. La demagogia es política propia del capitalismo para hacer gobernable su modo de producción y desarrollo cuyo exclusivo objetivo es la acumulación oligopólica de riquezas y poder expoliador, expropiador y usurpador. Asier Arias explica: "La defensa de la ética del mercado se configura como la solución de los liberales verdes a los problemas que la misma ha ocasionado. En este sentido, frente a la incidencia del pensamiento político verde tradicional en la patología de nuestro metabolismo ecosocial y la concomitante necesidad de arrostrar la lógica institucional etiológicamente responsable, el liberalismo verde pondría un optimista acento en la inventiva humana y la capacidad de la iniciativa privada para engendrar innovaciones tecnológicas capaces de resolver cuantos problemas puedan presentársenos. Los liberales verdes ven en el sistema socioeconómico capitalista no el problema, sino más bien la condición de posibilidad de su solución, de forma que los imperativos de maximización, «desarrollo» y crecimiento económico ínsitos en ese sistema se revelarían como panacea ecológica".

 

 

 

Extracto del libro La batalla por las ideas tras la pandemia.

Crítica del liberalismo verde de Asier Arias, con prólogo de Jorge Riechmann

Liberalismo verde: pieles de cordero chic

8 de diciembre de 2020

Por Asier Arias (Rebelión)

El mundo académico lleva cerca de cuatro décadas acariciando la idea del capitalismo sostenible. Como era de esperar, el «pensamiento económico» ha venido mostrándose prolífico en fórmulas para la materialización de esa idea.

Así, la década de los noventa asistió al nacimiento del género literario de los «negocios verdes», que pronto ganaría pujanza, particularmente en Estados Unidos y en el Reino Unido (cf. Cairncross, 1992; Hawken, 1993; Hawken, Lovins & Lovins, 1999). El problema a cuya solución pretendían contribuir estos textos era el de encontrar el modo de orientar un sistema socioeconómico dominado por el motivo del lucro hacia la preservación de una biosfera razonablemente saludable. En un contexto como el del neoliberalismo global, en el que la indisputada hegemonía de dicho motivo en cada segmento de la vida social ha rebasado holgadamente cualquier precedente, no es difícil adivinar cuáles han sido los medios invariablemente hipotetizados al efecto desde los mismos orígenes del género hasta nuestros días: la religión de la eficiencia del mercado encarnada en ferias de compraventa de derechos de polución, la magia de la suma de las decisiones individuales devenida consumismo verde y la mitología de la capacidad innovadora del sector privado (cf. Mazzucato, 2013) derivada en futuribles tecnologías redentoras.

El liberalismo verde, en tanto escuela de pensamiento político, surge a finales de los noventa como una suerte de reformulación filosófica de los argumentos de corte económico con los que el mundo académico llevaba ya una década tratando de darle una mano verde de pintura al capitalismo. Además de estos antecedentes economicistas, el liberalismo verde pudo asimismo echar raíces en el terreno ganado durante los ochenta por la sociología centroeuropea en el ámbito de lo que dio en llamarse «modernización ecológica». En el núcleo de esta corriente sociológica hallamos la idea de que la crisis ecológica puede resolverse dentro del marco institucional legado por la Revolución Industrial: no sería necesario replantear el diseño básico de nuestras sociedades en la esfera cultural, la política o la económica, sino, a lo sumo, introducir algunos retoques menores aquí o allá. En este punto, «modernización ecológica» y «liberalismo verde» son, esencialmente, sinónimos, pero mientras las disquisiciones de los teóricos de la modernización, encabezados por Joseph Huber, versan sobre metafísica social, las de los liberales verdes versan sobre metafísica política. En este sentido, el liberalismo verde irrumpe como una nueva teoría política articulada en torno a la defensa de la democracia liberal como forma de gobierno, el capitalismo de mercado como sistema socioeconómico connatural a la misma y unos ciertos ideales de cuño ecológico anotados en los márgenes de una agenda política moderada explícitamente contrapuesta a la agenda radical del pensamiento político verde tradicional.

Esta contraposición se anuncia como una victoria, a saber, la de la democracia liberal sobre el radicalismo ecologista. A su vez, esta victoria habría tenido la forma de una asimilación selectiva en la que tanto las bases teóricas como las instituciones de la democracia liberal se habrían mostrado lo suficientemente flexibles como para absorber cuanto de bueno pudiera haber en los ideales políticos de los radicales verdes (cf. Van Deth, 2004). Desde este ángulo se nos invita a considerar, por ejemplo, la meteórica transformación de Los Verdes alemanes (Bündnis 90/Die Grünen) del partido de una organización de base en un partido parlamentario convencional que, con el tiempo, llegaría a convertirse en «el nuevo partido de la moderación y el centro» (Pérez de la Cruz, 2020) –ciertamente, apenas extraña hoy que el candidato verde acuda a las elecciones elogiando la economía de mercado y presentándose como un «pragmático» que no es «ni de derechas ni de izquierdas» (Bonet, 2019).

En cualquier caso, con esta asimilación selectiva el radicalismo verde habría dejado de constituir una amenaza para la unidad indisoluble ex hypothesi integrada por la democracia liberal y el capitalismo de mercado. Estaríamos aquí ante la tesis de la muerte del ecologismo (cf. Wissenburg & Levy, 2004), de acuerdo con la cual aquellos elementos rescatables de la teoría y la práctica política del ecologismo habrían pasado ya a formar parte de la teoría y la práctica política de la democracia liberal: el resto de aquella ideología obsoleta (Blühdorn, 1997), esto es, la aspiración utópica de un cambio sistémico, sencillamente habría naufragado en su propia futilidad. El ecologismo, «como contra-movimiento y contra-ideología, como crítica y alternativa al capitalismo», sencillamente habría muerto, convirtiéndose en una mera «página de la historia del pensamiento político» (Levy & Wissenburg, 2004: 194-195).

Interesa subrayar en este punto que cuando los liberales verdes hablan de «radicalismo verde» o, sencillamente, de «ecologismo», lo que tienen en mente no es otra cosa que la tradición al completo del pensamiento político verde. La oposición del liberal verde a esta tradición arraiga en el modo en que el ecologismo incluiría en su agenda política la idea de sostenibilidad en clave de concepción ecológica del bien. De acuerdo con los principios del liberalismo verde, la virtud primordial de la democracia liberal reside en su capacidad para acomodar toda posible concepción ética de la vida buena. De este modo, la introducción de ideales éticos en cualquier agenda política sería suficiente para descartarla a causa de su injerencia en el ámbito privado de las opciones individuales. El liberalismo verde intenta, pues, hacer de algún modo espacio para la inclusión de ciertos ideales ecológicos en su agenda política sin poner en peligro su compromiso con la neutralidad ética. En la práctica, esta complicada trayectoria por la cuerda floja argumental se plasma en un compromiso antes con la ética del capitalismo realmente existente que con la neutralidad ética, pues no cuesta advertir en la presunción de neutralidad normativa del liberalismo verde un compromiso normativo con el statu quo (cf. Barry, 2004).

La defensa de la ética del mercado se configura así como la solución de los liberales verdes a los problemas que la misma ha ocasionado. En este sentido, frente a la incidencia del pensamiento político verde tradicional en la patología de nuestro metabolismo ecosocial y la concomitante necesidad de arrostrar la lógica institucional etiológicamente responsable, el liberalismo verde pondría un optimista acento en la inventiva humana y la capacidad de la iniciativa privada para engendrar innovaciones tecnológicas capaces de resolver cuantos problemas puedan presentársenos. Los liberales verdes ven en el sistema socioeconómico capitalista no el problema, sino más bien la condición de posibilidad de su solución, de forma que los imperativos de maximización, «desarrollo» y crecimiento económico ínsitos en ese sistema se revelarían como panacea ecológica.

El liberalismo verde invita, en resumen, al abandono del programa político del ecologismo, esto es, a «dejar de intentar cambiar nuestras estructuras, dinámicas e instituciones sociales, políticas y económicas» para «remar con la corriente y trabajar en favor, no en contra del capitalismo, la globalización, etc.» (Barry, 2004: 184).

Dada la congruencia del liberalismo verde con la ortodoxia cultural, mediática, política y económica, parecería innecesario que esta corriente de pensamiento se tomara la molestia de rebasar las fronteras del mundo académico para desarrollar un animoso movimiento activista. Sin embargo, desde la primera década del milenio ha podido constatarse una verdadera hemorragia de las más variopintas producciones mediáticas desde los cuarteles generales de los principales núcleos de la implantación política del liberalismo verde, como el Breakthrough Institute, la Apollo Alliance o el Copenhagen Consensus. Al parecer, en nuestro avance hacia el desagüe de la historia geológica, aun la menor desviación ideológica debe compensarse con un do de pecho propagandístico.

Referencias…

Extracto del libro La batalla por las ideas tras la pandemia. Crítica del liberalismo verde, de Asier Arias, con prólogo de Jorge Riechmann

Fuente: https://rebelion.org/liberalismo-verde-pieles-de-cordero-chic/

     

 

Constatamos, cada vez con más rapidez, que el capitalismo privatiza y mercantiliza todo sin importarle estar cometiendo criminalidad de lesa humanidad y lesa naturaleza.

 

 

 

El agua ya cotiza en Wall Street, un paso más para que

un derecho humano se convierta en mercancía

14 de diciembre de 2020

 

Por Alejandro Tena

Público

El agua de California se ha convertido en un elemento más para invertir dentro de los mercados a futuros bursátiles. La financiarización de este recurso hace saltar las alarmas a expertos, que ponen las crisis agroalimentarias de 2007 y 2008 como referencia de lo que pueda pasar en el futuro.

En 1995 el exvicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, afirmaba que las guerras que marcarán el futuro del siglo XXI girarán en torno a la disponibilidad del agua. Quizá la humanidad no se encuentre aún en ese escenario, pero los pasos hacia la mercantilización de este bien –considerado un derecho humano desde 2010 por la ONU– son cada vez mas grandes. Tanto, que esta semana el agua comenzó a cotizar en los mercados a futuro de Wall Street. Un hecho histórico que pone a esta materia prima, fundamental para la vida, al mismo nivel que el oro o el petróleo. 

Este tipo de inversiones a futuro no suponen la necesidad de suministro de agua, sino que son contratos financieros que vendrán determinados por el precio medio semanal de las principales cuencas de California. De esta forma, el índice NQH20 marcará el precio de esta nueva mercancía y servirá, según los expertos, de referencia mundial. Si bien, desde sectores económicos como Bloomberg o la compañía de mercados CME Group han vinculado esta decisión con una supuesta protección y flexibilidad del agua de cara al escenario de escasez y sequía –condicionada por la crisis climática–, otros sectores alertan de las posibles repercusiones que puede tener la entrada de este líquido en Wall Street.

«La mercantilización de las excedencias de los derechos concesionales del agua nos lleva al sanctasanctórum de los mercados especulativos»

Pedro Arrojo, relator de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento, explica a Público que esta «mercantilización de las excedencias de los derechos concesionales del agua nos lleva al sanctasanctórum de los mercados especulativos». Se trata de los mismos mercados, dice el economista de la ONU, que «han trabajado con la alimentación y han producido hambrunas internacionales, quebrando economías nacionales por especulaciones a futuro con cuestiones básicas de la vida que afectan a los derechos humanos».

Sin embargo, la llegada de este recurso a los mercados no es una sorpresa, sino el resultado de una gestión hidrológica que se remonta a los inicios de la década de los años ochenta del siglo XX, que vino condicionada por las sequías intensas de 1976 y 1977 en California. En estos momentos se implementaron los mercados de agua en el estado norteamericano del oeste. La escasez de recursos hídricos propició que los derechos de agua a corto plazo fueran traspasados a manos privadas. Incluso durante la segunda mitad de los años noventa, que estuvieron marcados por lluvias abundantes, estas prácticas fueron comunes. Fue a comienzos del siglo XXI cuando empezaron a crecer los acuerdos de derechos de agua a largo plazo, lo que podría ser el germen de los mercados a futuro que esta semana han irrumpido en Wall Street. En este momento, la Imperial Irrigation Distrit compró una gran cantidad de derechos de agua a las empresas concesionarias de Los Ángeles y San Diego, teniendo que llegar estas ciudades a pagar a esta compañía en momentos de sequía, para poder abastecer los mínimos requeridos para el consumo urbano. Es decir, en tres décadas los derechos de agua pasaron paulatinamente de lo público a lo privado.

«Esta clase de acuerdos puede convertir a las ciudades en cautivas de los proveedores privados, al mismo tiempo que los únicos beneficiarios son los aguatenientes que destrozan la industria auxiliar agrícola y a sus trabajadores. Por no hablar de los efectos negativos en los ecosistemas por los que dejan de pasar esas aguas», expone Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). «El sudeste de la península ibérica guarda muchas semejanzas con California y esto ha hecho que siempre se la observe como un referente. En este sentido hemos seguido algunas pautas mercantiles en nuestra legislación inspirados en este modelo», alerta, señalando que, por el momento, España se ubica en un sistema público con cierta participación privada.

«Primero se pasa de estar en un ámbito público a un ámbito público-privado y, después, se da el salto a la especulación absoluta»

Pero, ¿qué ocurrirá si el agua llega a los mercados financieros a nivel mundial? «Si se globaliza la especulación del agua como se ha hecho con el sistema agroalimentario, pasaremos de tener un bien común a tener una commodity (mercancía). Ahora, con la entrada en bolsa de California, se da un paso más en esa lógica que ya se venía gestando. Primero se pasa de estar en un ámbito público a un ámbito público-privado y, después, se da el salto a la especulación absoluta», opina Mirene Begiristain, profesora de Economía de la Universidad del País Vasco.

La cotización del agua en los mercados de futuro por el momento afecta sólo a las cuencas californianas, pero abre una vía de mercantilización nunca antes vista. Desde determinados sectores económicos favorables a esta iniciativa señalan que, al ser únicamente los excedentes de agua los que cotizarán en Wall Street, se fomentará un consumo eficiente y se hará frente a supuestos despilfarros. Sin embargo, se abre el riesgo de que la gran parte de los contratos a futuro sean comprados por inversores ajenos a sectores agrícolas, lo que fomentará que haya un juego de compraventa. Según el experto en transición ecológica, Luis González Reyes, sólo el 2% de los futuros que son bienes básicos terminan siendo entregados, el 98% se venden y revenden como activos financieros especulativos. En el caso del agua, las escasas infraestructuras para el transporte complican aún más que la compra de futuros se haga con la intención de poder hacer uso de ellos, tal y como advierte Babiano.

Las crisis alimentarias ya mostraron los efectos de la financiarización global de recursos básicos para la vida. Tanto es así que la especulación en los mercados a futuros tuvo un papel importante en la subida de precios de las crisis agroalimentarias de los años 2007 y 2008. Todo ello, se vio agravado por la coyuntura de cambio climático y su incidencia en determinados cultivos, así como la apuesta firme por los agrocombustibles que desplazaron la producción de alimentos hacia otras zonas, tal y como se recoge en una publicación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

Arrojo, como relator de la ONU, muestra su preocupación por el paso adelante que ha dado el estado californiano y, de hacerse global, asemeja los riesgos a los experimentados con la financiarización de los recursos alimentarios. «No es el debate que teníamos instalado», dice, en relación a la situación que se vive en zonas de Europa como España, donde las disputas giran todavía entre unos derechos del agua puramente públicos frente a los mixtos con concesiones privadas. «Si esto continúa, se acaba todo. No existirá el interés general, sino el interés del mercado, donde el león se come al cordero», reflexiona.

«Son las semillas de la mercantilización de los bienes esenciales»

Babiano, por su parte, explica que la mercantilización de este derecho humano podría abrir la puerta a una «triple variable» que transforme el agua tal y como se conoce. Por un lado, la accesibilidad estará marcada por la rentabilidad económica. En segundo lugar, la asequibilidad quedará condicionada a las fluctuaciones de los mercados, lo que generaría, según el experto, un descontrol de precios a largo plazo. El tercer factor es la «concentración de poder» en los mercados y el desplazamiento de lo público y la idea de bien común como principio básico de toda gestión hídrica.

«Estas son las semillas de la mercantilización de los bienes esenciales. Ahora se anuncia en California, pero esto irá evolucionando poco a poco. En un principio se nos presenta la participación privada como un mecanismo de flexibilidad, luego se empieza a cuestionar la esencia de lo público, como ocurre ahora [en España], y se termina entrando en los mercados, que es lo máximo», detalla el gerente de Aeopas, quien reclama que España deje de mirar hacia el modelo californiano para reconvertir nuestro sistema: impulsar la gobernanza en la gestión del agua, eliminar cánones concesionales, considerar el agua un derecho humano y «volver al espíritu público de la ley aguas de 1985».

https://www.publico.es/sociedad/agua-cotiza-wall-street-paso-derecho-humano-convierta-mercancia.html

Fuente: https://rebelion.org/el-agua-ya-cotiza-en-wall-street-un-paso-mas-para-que-un-derecho-humano-se-convierta-en-mercancia/

En consecuencia, respecto a la conversión del agua en un elemento más para invertir dentro de los mercados a futuros bursátiles, Emiliano Teran Mantovani advierte: "aunque algunos tratan de minimizar el hecho, sus implicaciones son múltiples: expresa un claro avance para convertir el agua en un indiscutible commodity –y derrocar toda su tradición de bien público y común–, abre la puerta a una clara inserción del vital líquido en la desquiciada lógica del capital financiero –dominada por el lucro de un puñado de grupos–, y revela un escalofriante acelerón hacia el abismo, cuando más bien todas la voces y fuerzas sociales y políticas sensatas en el mundo están clamando por cambios urgentes para evitar un escenario ambientalmente catastrófico".

 

¿Neoliberalismo del mundo post-pandemia?

El nuevo asalto al agua y

las rutas del capitalismo azul

15 de diciembre de 2020

 

Emiliano Teran Mantovani

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Se han prendido las alarmas a nivel mundial en la segunda semana de diciembre, cuando CME Group –una compañía internacional especializada en los mercados de derivados financieros– comenzó a cotizar en bolsa derechos de uso del agua en California, específicamente en mercados de futuros. Sí, del agua.

Los mercados de futuros (futures Exchange), que permiten la realización de contratos de compra o venta de commodities para una fecha futura pactando el precio y las condiciones en el presente, son fundamentalmente nuevos ámbitos de enriquecimiento (especulativo y rentista) que crea el capital financiero sobre la base de dos factores muy sensibles que se potencian en la crisis civilizatoria: la inestabilidad y la escasez, vinculadas a las ‘materias primas’. Inestabilidad, que se intensifica con el caos dominante, la profunda crisis económica global, la conflictividad política y factores ambientales y climáticos cada vez más intensos, que ponen en jaque el acceso a cosechas y los bienes comunes en general. Escasez, que tiene que ver no sólo con las desigualdades reinantes y con la dramática degradación de los medios socio-ecológicos de vida, sino principalmente con el desquiciado ritmo de consumo impulsado por el sistema capitalista, a una velocidad que la capacidad de regeneración de los ecosistemas no puede aguantar. Y el agua para el uso humano está claramente insertada en esta dinámica depredadora. Algo verdaderamente muy peligroso.

Los contratos de futuros de derechos de uso del agua, surgen de la previsión de escasez del líquido para los próximos años –sobre todo en zonas geográficas más secas–, algo sobre lo que se han venido generando fuertes alarmas a lo largo del siglo XXI. El capital financiero parece darnos otra señal más de que el ‘futuro’ nos ha alcanzado. Y aunque algunos tratan de minimizar el hecho, sus implicaciones son múltiples: expresa un claro avance para convertir el agua en un indiscutible commodity –y derrocar toda su tradición de bien público y común–, abre la puerta a una clara inserción del vital líquido en la desquiciada lógica del capital financiero –dominada por el lucro de un puñado de grupos–, y revela un escalofriante acelerón hacia el abismo, cuando más bien todas la voces y fuerzas sociales y políticas sensatas en el mundo están clamando por cambios urgentes para evitar un escenario ambientalmente catastrófico.

Este paso reciente en la mercantilización y financiarización del agua no parece ser algo que pueda pasar desapercibido.

La ruta histórica del asalto sobre el agua

La cotización en bolsa de derechos de uso del agua en California no es un hecho aislado. En realidad refleja una continuidad histórica en los procesos de privatización, mercantilización, y más recientemente, financiarización del agua en los sistemas moderno-capitalistas. Su génesis está en los procesos de cercamiento de bienes comunes entre los siglos XVI y XVIII, fundamentales en la emergencia del capitalismo mundial, en los que los sistemas hidrográficos también fueron siendo incorporados a la lógica de acumulación de capital, generando considerables impactos y transformaciones en estos, así como en diversas formas preexistentes de gestión comunitaria del agua. Sin embargo, para entonces el agua seguía siendo una sustancia común, disponible a todos, si se quiere, un recurso abierto.

Es a partir de las Revoluciones Industriales en las que se va a configurar un nuevo metabolismo hídrico intensivo, donde el agua va a ser tratada como un ‘recurso’, y disputada por diferentes ramas de la producción capitalista: para usos requeridos por la manufactura y la industria pesada, para el vertido de desechos, para actividades extractivas fluviales y marítimas, entre otras. Con “La Gran Aceleración”, el nuevo salto del capitalismo de la post-guerra (+1945) que va a desplegar un nivel de consumo de materiales y energía sin precedentes en la historia de la humanidad, entraremos en una desquiciada dinámica de uso del agua –enormes sistemas de riego, expansión de la distribución de aguas hasta otras geografías, dramático crecimiento de la huella hídrica de las industrias y el sector servicios, etc– que va a comenzar a socavar dramáticamente numerosas fuentes aptas para el consumo, llevándonos a una situación muy comprometida hasta nuestros días. A pesar de ello, primordialmente en los siglos XIX y XX, con la consolidación de los proyectos republicanos contemporáneos, se iba estableciendo una masificación del servicio de agua para los ciudadanos, posibilitado por medio de la gestión pública, algo que iba a asentarse después de la Segunda Guerra Mundial, con más claridad en el Norte Global, pero también en otras regiones como América Latina.

A partir de la década de los 70 y 80, a la par que comienza a crecer la preocupación mundial por la conservación del agua, el modelo de la posguerra va a entrar en crisis dando paso al neoliberalismo. Este es quizás el hito más importante y reciente de esta ruta histórica del asalto sobre el agua: con la expansión de la globalización, comienza un proceso de mercantilización de todos los ámbitos de la vida, que va a tener un impacto sin precedentes en los sistemas de gestión del líquido. El empuje global privatizador y mercantilizador, principalmente desde los años 90, va a intentar desplazar los derechos colectivos o públicos preexistentes en relación al agua. Van surgiendo procesos de privatización de sistemas públicos locales y municipales, de represas, acueductos, entre otros; compras de derechos de acceso de aguas subterráneas y cuencas hidrográficas; aumento del control privado de sistemas de riego; emprendimientos económicos de sistemas de purificación de agua, plantas de desalinización y otras tecnologías para ampliar el acceso al líquido; expansión de la industria del agua embotellada; y el posterior surgimiento de fondos e índices bursátiles y comerciales orientados exclusivamente al “negocio” del líquido, tales como el Summit Water Equity Fund. Todo esto, en el marco de un proceso de intensificación aún mayor de la huella hídrica y la degradación de las cuencas hidrográficas y fuentes de esta vital sustancia.

El impulso de este tipo de políticas se generó desde gobiernos bajo la influencia del Consenso de Washington, el crecimiento de empresas privadas encargadas del asunto del agua, pero también de organismos multilaterales como el Banco Mundial o Cepal, que estimularon la idea de que el creciente problema hídrico era un problema de ‘eficiencia’, y que el mercado y el sector privado eran los que podrían mejorar esa gestión. Existen casos donde los formatos de privatización y mercantilización del vital líquido avanzaron considerablemente, como en Chile, donde bajo la dictadura de Augusto Pinochet, la entrega de derechos de agua a perpetuidad superó la propia disponibilidad hídrica y benefició a empresas agrícolas, forestales y mineras, en detrimento de la gente. En países que suelen caracterizarse por tener grandes regiones secas, se fueron desarrollando mercados para la compra y venta de derechos de uso del agua, tales como Australia, Estados Unidos, España, Sudáfrica, Reino Unido, Irán, y otros del sur de Asia. En países de América Latina, como Bolivia o Argentina, políticas de privatización del servicio de agua no lograron sostenerse debido a protestas y estallidos sociales que rechazaron que el suministro se hubiese vuelto tan costoso, sobre todo para los sectores más empobrecidos de la sociedad.

Todos estos procesos de neoliberalización hídrica han estado en permanente búsqueda de avance y posicionamiento en numerosos países en el siglo XXI. La creación del índice ‘Nasdaq Veles California Water’ en octubre de 2018 por parte del mencionado CME Group, con el fin de colocar un marcador bursátil de futuros del agua en California, tiene como antecedente próximo la formación de mercados de futuros que involucraron perversamente a los alimentos desde 2008, como pasó con el trigo, el cacao o el arroz. Esto provocaría que la gran banca privada transnacional destinara enormes cifras a la compra de dichos títulos, mientras se especulaba con los mismos, disparando los precios de los alimentos y aumentando la cantidad de hambrientos en el mundo.

Mientras estos mecanismos de privatización, mercantilización y financiarización del agua han buscado avanzar como supuestas soluciones a este problema mundial, en el planeta tenemos alrededor de 2.200 millones de personas que no cuentan con servicio de agua potable seguro, 4.200 millones de personas que no cuentan con servicio de saneamiento adecuado y unas 3.000 millones que carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos. Las cifras son dramáticas y más bien revelan el trasfondo de un modelo civilizatorio que destruye aceleradamente los medios de vida en el planeta, al tiempo que funciona para el enriquecimiento de unos pocos, a costa de crear enormes desigualdades en el acceso a la riqueza y los bienes comunes.

 

Ver también Las energías renovables y el acceso universal al agua potable en Venezuela

 

El agua y los nuevos ‘enclosures’: capitalismo azul y neoliberalismo extremo

A nuestro juicio, la cotización en bolsa de valores de derechos de uso del agua –algo que además abre la puerta para financiarizar directamente al líquido–, es la expresión de un potencial neoliberalismo de tercera generación, uno de carácter extremo que se acomoda a este actual tiempo de umbrales, de ‘eventos extremos’, de capitalismo del desastre permanente y que nos presenta variados y perturbadores dispositivos para avanzar hacia las últimas fronteras de vida –geográficas, de bienes comunes, de cuerpos, de ámbitos vitales, de marcos de pensamiento– y de los sistemas de derechos sociales y ambientales, seriamente amenazados por lógicas de estado de excepción y regímenes de guerra permanente.

Jugar con el agua es una medida extrema, pero el capital financiero ante un sistema económico en crisis, ha catalogado la “industria del agua” como uno de los negocios más estables y predecibles, una de las inversiones más seguras y rentables a largo plazo, que precisamente podrían proteger el dinero de los inversores cuando otros mercados se tambaleen. Misma lógica podría aplicarse con el oxígeno –o con más exactitud, el aire limpio–, ante ciudades como Zaozhuang, Karachi, Delhi, Ciudad de México o Pekín en las cuales se levantan ‘alertas rojas’ o ‘alertas ambientales’ por la terrible contaminación atmosférica. Difícil no asociar estos hechos con literatura y cinematografía distópica y de ciencia ficción; lamentablemente en ocasiones la realidad supera la ficción.

En la encrucijada existencial en la que nos encontramos, antes que tomar medidas urgentes ante la situación hídrica y ambiental global, el capitalismo y la política sin ningún escrúpulo, desde un nihilismo puro, abren caminos para que buitres financieros ronden desde sus alturas al agua, algo absolutamente abominable.

El marco más amplio de estos procesos de despojo hídrico, de estos nuevos ‘enclosures’, es lo que podríamos llamar un capitalismo azul, una estrategia de largo plazo de asalto de este neoliberalismo extremo, orientado a la acumulación de capital, materiales y energía, a partir del mundo marino y los ecosistemas de agua dulce –el denominado ‘Mundo Azul’. En diversos planes económicos de organismos como la Unión Europea o la FAO, se explicita la extrapolación de la lógica del crecimiento al mundo acuático: biotecnología marina, energía del océano, minería en los lechos marinos, turismo de costa, acuacultura, entre otros. Todo esto, planteado en nombre de la ‘sostenibilidad’, la innovación y el crecimiento ‘inteligente’ e inclusivo. No hay frontera que la expansión capitalista no haya imaginado.

 

Somos uno con el agua, somos de agua. El ineludible cambio civilizatorio

El delicado problema del agua en la actualidad no está basado únicamente en las dificultades para lograr una más eficiente gestión del “recurso”; en realidad, nos expresa con claridad el nivel de maduración que ha alcanzado la crisis civilizatoria, en la cual lo que está hoy en entredicho es la posibilidad de la vida en planeta, tal y como la hemos conocido hasta ahora.

La crisis del agua es la crisis del ser humano. La condición patológica, el umbral epidemiológico que hemos cruzado en la actualidad no tiene sólo que ver con la aparición de la pandemia de la COVID19, o incluso de la cadena de pandemias de menor nivel que hemos vivido en las últimas décadas (Mers, ébola, zika, etc); estamos colectivamente enfermos en la medida en la que los elementos vitales que nos constituyen se han venido enfermando (sistemas hidrográficos, ecosistemas, aire, cadenas tróficas). Esto es una realidad ineludible sobre la que no podemos sólo voltear la mirada: la degradación de la Tierra es, directamente, nuestra propia degradación.

El agua no es meramente un ‘recurso’, no es un elemento externo a nosotros; muy al contrario, somos uno con el agua, somos de agua. Comprender esta fundamentación ecológica y ontológica del humano, nos permitiría dar cuenta que lo que está en amenaza es nuestra posibilidad de ser/estar en la Tierra.

Ante esta profunda crisis, nada haremos con reformas. Necesitamos de un cambio de todo el orden civilizatorio imperante y el cambio exige de acciones inmediatas. Las falsas soluciones, que promueven mercados de agua, privatizaciones, soluciones de capital, fe extrema en la tecnología, y gestiones muy centralizadas, no sólo han fallado en resolver los problemas de acceso, calidad y sostenibilidad de las fuentes de agua, sino que en realidad han sido parte del problema, al concebir este elemento vital como un mero ‘recurso’, y colocar el lucro de unos pocos y la apropiación del líquido primordialmente para la gran industria, como los factores centrales de la gestión hídrica.

Requerimos en cambio declarar el agua como un bien común universal y un derecho humano y ecológico (también de otras especies), así como garantizar, sin titubeos, su acceso general para la reproducción de la vida; transitar la ruta del decrecimiento y el post-extractivismo, a través de cambios económicos (agro-ecología, ecoturismo, etc) que podrían ser graduales pero que deben comenzar a materializarse ahora, y así iniciar la urgente modificación de la huella hídrica hasta adaptarla a los ritmos y ciclos de la naturaleza; abordar la problemática del agua desde la gestión de las cuencas hidrográficas, partiendo de restauraciones de las mismas y de la participación más activa del ámbito social y comunitario; promover soluciones locales y municipales de uso, re-uso y separación de aguas, así como diferentes tecnologías (modernas y tradicionales) adaptadas a las condiciones territoriales, como sistemas de recolección de agua de lluvia, recarga de acuíferos, entre otros; y la defensa y promoción de diversas concepciones y cosmovisiones tradicionales sobre el agua, que contribuyen a una concepción más integral, histórica, ecológica y espiritual sobre este vital elemento.

La otra ruta, la de los mercados, fondos bursátiles, industrias, buitres del agua, es sencillamente la ruta hacia el abismo. Necesitamos elegir la ruta de la vida.

 

Emiliano Terán Mantovani

Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Master en Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental (especialización en Economía Ecológica) por la Universidad Autónoma de Barcelona y Doctorando en Ciencia y Tecnología Ambiental por la misma Universidad. Hace parte del Grupo de Trabajo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo, organizado por la Fundación Rosa Luxemburg. Miembro de la Coordinación General del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

Fuente: https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/12/15/el-nuevo-asalto-al-agua-y-las-rutas-del-capitalismo-azul/?fbclid=IwAR2GIzVu9vUR1MPmKsf31AM_DJ4k92nso6lzFDceO9XEob1c3_l_7sCx6EA

 

 

Coincidimos con Emiliano Teran Mantovani: "nada haremos con reformas. Necesitamos de un cambio de todo el orden civilizatorio imperante y el cambio exige de acciones inmediatas. Las falsas soluciones, que promueven mercados de agua, privatizaciones, soluciones de capital, fe extrema en la tecnología, y gestiones muy centralizadas, no sólo han fallado en resolver los problemas de acceso, calidad y sostenibilidad de las fuentes de agua, sino que en realidad han sido parte del problema, al concebir este elemento vital como un mero ‘recurso’, y colocar el lucro de unos pocos y la apropiación del líquido primordialmente para la gran industria, como los factores centrales de la gestión hídrica".

 

Pero entonces urge generalizar el cuadro de situación que plantean Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro:

 

 

Wall Street líquido y sociedades sedientas

Aberraciones del capital

 

17 de diciembre de 2020

 

Por Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro

 (Rebelión)

(…)Sin embargo, tales lecturas optimistas dejan de lado cuán grave puede llegar a ser la dinámica especulativa del capitalismo contemporáneo aplicada al caso del líquido vital. En particular, no se puede olvidar que varias de las más grandes crisis de la economía mundial nacieron justamente de procesos especulativos (el ejemplo más claro es la crisis financiera internacional de 2007-2009). Dichas dinámicas probablemente empujarán a que, en el futuro, se extiendan los mercados de futuros de agua, aumente su volatilidad, surjan múltiples agentes económicos que busquen ganancias especulativas (incluyendo quienes junten los futuros de agua con otros contratos de futuros creando complejos derivados financieros) y hasta emerjan burbujas financieras asociadas a un recurso vital y estratégico (como sucede en varias ocasiones con el petróleo, por ejemplo). Y que, por supuesto, cuando suban los precios, como es lo normal en los mercados capitalistas, muchas personas se queden marginadas del acceso al líquido vital… Por cierto, algunas de estas tendencias, en especial sobre burbujas especulativas alrededor del agua, han sido denunciadas incluso desde Naciones Unidas, a través de Pedro Arrojo, relator especial de este organismo internacional [10].

La situación del acceso al liquido vital es dramática en varias partes del planeta. Según la FAO, el agua dulce disponible por persona ha caído en más del 20% en las últimas dos décadas; más de 3.000 millones de personas viven en áreas agrícolas con severas limitaciones de agua; en América Latina, el agua por persona ha disminuido un 22%, en el sur de Asia un 27% y en África Subsahariana un 41%; el 41% del riego mundial se produce afectando los ecosistemas; los biocombustibles para alimentar automóviles requieren de 70 a 400 veces más agua que los combustibles fósiles que reemplazan. Según Naciones Unidas, “en el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica para lavarse las manos con agua y jabón, y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre”. En medio de la pandemia del coronavirus es cada vez más destacada la importancia del saneamiento, la higiene y el acceso a agua limpia para salvar vidas [11].

Definitivamente es un despropósito dejar a merced de la vorágine especulativa un bien tan sensible para la vida en el planeta y, alrededor del cual, han surgido hasta graves conflictos socioambientales (incluyendo las llamadas “guerras por el agua” [12] que, a futuro, pueden devenir en auténticos conflictos bélicos [13]). Asimismo, recordemos que la especulación puede generar problemas serios en la provisión de productos esenciales para los pueblos, como es el caso tan conocido de las crisis alimentarias estrechamente vinculadas con la especulación financiera de alimentos [14].

A más de la especulación, la cotización del agua en un mercado financiero como Wall Street puede exacerbar aún más su privatización alrededor del mundo. El simple hecho de asignar un precio al agua en la principal bolsa de valores del planeta puede debilitar las múltiples luchas que buscan el reconocimiento del acceso al agua como derecho humano fundamental [15]. Hasta podrían surgir dinámicas perversas donde los Estados otorguen gratuitamente a capitales privados los derechos de uso del agua y luego esos derechos puedan venderse en los mercados financieros. Por cierto, un punto de indudable gravedad que puede emerger por normalizar al líquido vital como una mercancía cualquiera es la afectación de las funciones ecosistémicas al menospreciar el papel del agua en la Naturaleza; es decir podrían afectarse las funciones que son vitales para la vida, los cuales no propiamente representan derechos de las personas, sino Derechos de la Naturaleza.

Pese a los múltiples riesgos, en diversas partes del planeta el agua ya es manejada bajo la óptica de la oferta y la demanda. Aún en países donde el agua es asumida como un bien común o bien público, hay mecanismos que posibilitan su manejo privado vía concesiones, por ejemplo. Allí, los derechos de uso se otorgan a cambio de compensaciones que, de una u otra forma, permiten el enriquecimiento privado a partir del aprovechamiento del uso del agua. Un caso extremo y perverso se da en Chile que, a través de la Constitución de 1980 (la Constitución de Pinochet), abiertamente privatizó el agua transformándola en mercancía. En otros países, como Ecuador, pese a existir una legislación que recupera al agua como Derecho Humano fundamental, la ausencia de voluntad política y la sumisión a los intereses de grandes capitales transnacionales (en particular mineros),ponen en riesgo la garantía de ese derecho. Sobre ambos casos deseamos reflexionar un poco más a detalle.

Chile, el fracaso de la especulación con el agua

Chile es un ejemplo paradigmático del manejo privatizador del agua. Aunque el agua se considera un bien nacional de uso público, en la práctica se asume como mercancía. En el artículo 24 de la Constitución chilena se dice que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constitucios en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Y esta disposición se complementó en el Código de Aguas.[16]

Así, se separó al agua de la propiedad de la tierra y se le transformó en mera mercancía, sujeta a la oferta y la demanda; en realidad funciona una lógica que favorece a pequeños grupos de poder con sobreprecios de hasta 600%. [17] Al margen quedaron especialmente los derechos de las comunidades víctimas del despojo del agua en sus territorios. Es más, el propietario de los derechos sobre el agua no paga costos por su mantenimiento, tenencia o uso y no se le exige proteger el cauce ni compensaciones por potenciales efectos negativos sobre la cantidad y calidad del agua, que podría afectar a otros usuarios. En la reforma al Código de Aguasen 2005 se estableció una suerte de multa por el “no uso” de los derechos de agua, para intentar desincentivar la acumulación ociosa de derechos concedidos; todo esto generó una multiplicación de proyectos y una aceleración de transacciones en el mercado del agua [18]. Esta lógica mercantilista ha llegado a aberraciones extremas cuando, por ejemplo, en el valle de Copiapó en el norte de Chile se negociaron más derechos de uso que el agua efectivamente disponible en la cuenca.

La demanda por agua creció en un 400% los últimos 30 años y la demanda por derechos de agua subterránea (por agotamiento de agua superficial) en un 60%. [19]De 101 cuencas hidrográficas que tiene el país, la mayoría están agotadas con los derechos de agua severamente sobre-otorgados. Sin embargo, el tema no es solo de cambio climático o de sequía, Chile, un país rico en recursos hídricos, se encuentra en pleno proceso de desertificación con casi todas sus aguas privatizadas; una situación que se agrava cuando ya no hay aguas superficiales disponibles y se rematan las aguas subterráneas.

Cabe destacar que los extractivismos son los principales responsables de esta situación. Afectadas están las zonas del Norte y de “la zona central” dónde se concentra la mayor parte de la población. Más de las tres cuartas partes del agua dulce se ocupan en la agroindustria, es decir, se exportan. En “la segunda región”, muy seca, la megaminería es la que ocupa más agua.

Además, de conformidad con la información otorgada por Ingrid Wehr, quien fuera directora de la Fundación Heinrich Böll por muchos años en Chile, sabemos que las leyes chilenas no limitan estos derechos de aprovechamiento del agua en el tiempo ni establecen prioridades de uso. Es decir, no se prioriza el uso humano del agua. Una vez que el Estado entregó gratuitamente los derechos de agua y perpetua su propiedad en personas individuales, estos derechos se pueden vender y comprar en un mercado según dictaminen demanda y oferta. Así surgen problemas graves en medio de un contexto de creciente escasez, sin prioridades de uso y con nula regulación del Estado.

Como saldo de esta realidad, hay más de un millón de personas a lo largo de Chile sin acceso a agua potable. Cerca de un millón de personas en el sector rural aún no cuentan con infraestructura que les permita abastecerse de este elemento en forma estable, lo que equivale a casi un 50% de este sector. Y de esta manera, el costo del acceso al agua vía tanqueros representa un egreso muy oneroso para muchos sectores populares y también los presupuestos de los municipios que se hacen cargo de los costos, aunque legalmente los gobiernos provinciales son los responsables de proveer el agua.

No hay duda, como demuestra la experiencia chilena (o en Australia, apenas para mencionar otro ejemplo), que reducir el agua a nivel de una mercancía puede generar consecuencias nefastas. Es más, semejante manejo privatizador del agua, junto con otros legados del neoliberalismo chileno, han exacerbado la disconformidad y la protesta de una sociedad movilizada que está sacudiendo las estructuras del país.

Ecuador, el país del agua… maltratada

Ecuador es el país del agua: cuenta con cuatro veces más agua superficial que el promedio per cápita mundial. Aquí existen comunidades que han luchado por el acceso a la tierra desde hace décadas y han comprendido la importancia del agua. Por eso son cada vez más conscientes de la importancia del líquido vital. Eso explica que se haya elaborado una Constitución que explícitamente se preocupe de la protección y manejo del agua y, en términos más amplios, hasta reconozca a la Naturaleza como sujeto de derechos. Pero, aún con toda esa fuerza social y esa normativa vigente, hay graves problemas.

Empecemos por recordar que en la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008) la cuestión del agua fue un punto fundamental, pero difícil de tratar, pues varios actores – dentro y fuera de Montecristi – defendían claros beneficios particulares [20]. Esos intereses fueron sostenidos en la Asamblea Constituyente incluso por un par de asambleístas oficialistas y algún alto funcionario del gobierno del entonces presidente Rafael Correa (de supuesta corriente “progresista”). Para vencer las posiciones privatizadoras se contó con gran participación y movilización de la sociedad y de varias organizaciones sociales. A la postre, la Constitución estableció que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, además que el agua es un bien nacional estratégico de uso público, un patrimonio de la sociedad y un componente fundamental de la Naturaleza, la misma que tiene derechos propios a existir y mantener sus ciclos vitales.

Sin embargo, pese a que la mayoría del pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas la Constitución, el gobierno de Correa no ejecutó los mandatos constitucionales. Incluso se legalizó el uso privatizado del agua que se venía haciendo de conformidad con leyes anteriores. Para mencionar de los tantos incumplimientos, Interagua, la empresa que privatizó el servicio de agua en Guayaquil en tiempos neoliberales, mantuvo inalterada la concesión en contra del mandato constitucional (gracias a sus padrinos en la cúpula gubernamental del correismo, que ya actuaron en la Asamblea Constituyente). Y luego, la largamente esperada ley de recursos hídricos no cumplió el mandato constituyente de desprivatización y redistribución del agua.

De todas formas, cabe destacar que los mandatos constituyentes ecuatorianos, alineados con otros procesos internacionales, alentaron que incluso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2010 se haya declarado el acceso al agua potable como un derecho humano.

Así, pese a que en Ecuador existe un mandato constitucional que prohíbe acaparar y privatizar el agua, el líquido vital sigue privatizado y muy mal distribuido. La contaminación del agua crece. Las fuentes de agua se destruyen cada vez más.

El consumo de agua en el país – y su contaminación – ha crecido por el aumento de la población en las últimas décadas y también por el incremento de actividades productivas excesivamente demandantes del líquido vital. En el ámbito agropecuario se concentra el uso del agua cada vez más en monocultivos orientados al mercado externo; así, crecientes volúmenes de agua convergen en unidades productivas sobre todo agroexportadoras, mientras que la producción de alimentos para consumo nacional se ha debilitado. La población campesina, indígena y no indígena, muchas veces con sistemas comunales de riego, tienen un acceso limitado al agua. A lo anterior se suma la concentración de la tierra, que también debía revertirse por mandato constitucional. Y el problema es aún mayor si constatamos que los extractivismos minero y petrolero cobran cada vez más fuerza.

Sobre la contaminación del agua, más de 70 cuencas hidrográficas del país se encuentran afectadas. Para nada se han resuelto los graves problemas decontaminación del agua provocados no solo por los mencionados extractivismos sino también por la urbanización desbocada, por diversas actividades industriales contaminantes y descontroladas, entre muchas otras razones, de las que cabe incluir también la desaparición de las “nieves eternas” por efecto del calentamiento climático global. Asimismo, la pérdida de los páramos y la deforestación creciente explican esta compleja realidad. Igualmente, preocupa el azolvamiento de los ríos en la Costa sobre todo por la erosión permanente en la Sierra y sus estribaciones; aquí tenemos otra explicación de las reiteradas inundaciones en el litoral ecuatoriano. 

Y con la expansión de la megaminería en el país, impuesta literalmente “a sangre y fuero” desde el gobierno de Rafael Correa, se incrementará con creces la presión contaminante sobre el agua, pues toda minería existente (formal o informal, artesanal y de subsistencia), provoca severas afectaciones sobre el agua y el ambiente [21]. Apenas por plantear un ejemplo, el proyecto minero Mirador (El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe), ya en explotación y con un período de operación de 30 años, extraería 60 mil toneladas de material al día con un consumo de 21 millones de litros de agua diarios o 250 litros por segundo, es decir el volumen de 8 piscinas olímpicas. Con semejante ritmo de consumo diario de agua, en 30 años el proyecto minero emplearía gratuitamente alrededor de 230 mil millones de litros de agua, una gran cantidad de líquido vital sin tomar en cuenta la afectación ya causada a los ríos amazónicos Quimi, Tundayme y Wawayme[22].

Este es precisamente el efecto esperado para el resto de los proyectos megamineros del país: las empresas mineras no pagan por el agua que consumen para sus actividades, agua que en gran medida queda altamente contaminada y cuyo tratamiento tampoco será realizado por las mineras (recordemos que las tareas redediación a la postre se las deja a cargo del Estado bajo un sinfín de estrategias, incluyendo la declaratoria de quiebra de dichas empresas mineras poco antes de concluir el plazo de su concesión).

La bolsa o la vida

Las lógicas del capital se extienden hacia cada vez más dimensiones de la vida. Como resultado de esa dinámica, se consolida la transformación del agua en una mercancía, sometida al mundo del negocio y la especulación como cualquier otro commoditie (más allá de que se usen etiquetas de marketing como la “economía verde” o similares, para suavizar y maquillar el proceso de acumulación del capital). Si bien esta tendencia es indignante, francamente no debería sorprendernos: en el capitalismo, tarde o temprano, prácticamente todo termina por volverse una mercancía…

Para colmo, también vivimos una crisis global del agua que emerge de problemas de sustentabilidad, de accesibilidad y de equidad en su uso y disfrute. Los ecosistemas acuáticos son arrasados por grandes obras hidráulicas, la minería, la actividad petrolera, la agroexportación, la deforestación y la contaminación de ríos, lagos y acuíferos, así como la urbanización descontrolada.

En síntesis, el agua en el mundo está amenazada por procesos violentos de expropiación y privatización, en función de las demandas del capital transnacional, con la complicidad de casi todos los gobiernos del planeta. Son estas demandas del capital las que provocan endiablados ritmos de explotación económica y las que explican la creciente contaminación y hasta la destrucción de las fuentes de agua. Bajo semejantes circunstancias, el surgimiento de un Wall Street líquido donde se le pone precio a los contratos futuros de agua no otorga ningún buen augurio.

Pensando en términos más amplios, incluso los tiempos de pandemia nos recuerdan que en el capitalismo solo tiene valor aquello que puede convertirse en mercancía, mientras que todo aquello que no se compra ni se vende simplemente no vale nada… en los mercados. Por ello, para el capital (más aún, para los grandes grupos de capitales transnacionales), no tienen valor ni siquiera los más elementales principios éticos, no tiene importancia frenar la degradación ecológica, ni es relevante reducir las brechas de riqueza ni garantizar a los más pobres derechos fundamentales (como el propio acceso al agua), si tales acciones no generan alguna rentabilidad.

Es evidente que las respuestas basadas en privatizar los servicios básicos de agua y saneamiento agudizan los problemas en vez de resolverlos. Y las soluciones estatizantes son insuficientes y hasta contraproducentes pues los Estados – a veces hasta en coalición con las manos visibles e invisibles de los mercados – terminan profundizando las tendencias depredadoras y esquilmadoras del capital. Por lo tanto es fundamental dar paso al control y manejo del agua por parte las comunidades de regantes y de las juntas de agua potable, es decir de las propias comunidades rurales y urbanas.

Si queremos romper esas lógicas que priorizan el negocio a la vida y transitar hacia otras formas de organizar la economía, la superación del capitalismo es crucial. Tal superación requiere diferenciar claramente entre sociedad y comunidad, resaltando las tensiones existentes entre estos dos conceptos, tal como lo anotó en su momento el propio Karl Marx [23]. Esto implica reconocer que lo societario – en tanto simple sumatoria de individuos – junto con los esfuerzos de homogenización por parte del Estado y del mercado pueden impedir construir las bases comunitarias que posibiliten procesos autonómicos y autosuficientes, indispensables para asegurar el manejo y preservación del agua. De hecho, hay casos en donde el manejo del agua a nivel comunitario ha tenido resultados notables, como lo que se vive en muchísimas comunidades indígenas y campesinas en todo el planeta.

Mientras se piensa y se construyen las estrategias para la superación del capitalismo, también es necesario responder a las luchas en muchos otros niveles de acción, desde lo local a lo global. Aun reconociendo que no se puede esperar mucho del Estado, hay que intentar incidir incluso en ellos, aunque sea para arrebatarle al Estado algunas conquistas que permitan mejorar la vida actual de los pueblos. Sin embargo, el campo principal de acción recae en propiciar la organización que lleve a construir vidas mancomunadas, en espacios comunes cohabitados por lo plural y la diversidad, con igualdad y justicia, con horizontes colectivos y creciente interdependencia comunitaria, y en donde todas las alternativas al capitalismo se empiecen a volver posibles.

En consecuencia, a la par que se expande la mercantilización de la vida, aumentan también las protestas populares para recuperar el agua como un Derecho Humano y asegurar el ciclo vital del agua como un Derecho de la Naturaleza. Esta lucha por evitar la total mercantilización de la Naturaleza es un frente más en la gran tarea de nuestros tiempos: rescatar a la vida de las garras del capital [24].

Alberto Acosta. Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013). Autor de varios libros. Compañero de luchas de los movimientos sociales.
John Cajas-Guijarro. Economista ecuatoriano. Profesor, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central del Ecuador. Candidato a doctor en economía del desarrollo, Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, FLACSO-Ecuador.
Fuente:
https://rebelion.org/aberraciones-del-capital/

 

 

 Alternativas emancipatorias

 

Destaquemos el balance de experiencias y las propuestas de Jhonny Peralta Espinoza: "para cumplir eficazmente con estos retos será necesario que la victorias electorales democráticas se transformen en acciones políticas que tienen que ver con la construcción del poder popular indígena (racialización del Estado, control social de los movimientos sociales de la gestión estatal, autonomías indígenas, construcción de la primera generación de cuadros políticos)  y con la reconducción y profundización del proceso de cambio, dos aspectos que provocarán que el proceso de cambio renueve su sentido. Solo así, de esa fusión entre poder popular indígena y reconducción y profundización del proceso de cambio, el MAS podrá crear un movimiento político que será la suma de prácticas políticas, discursos ideológicos, acciones culturales, elementos simbólicos, etc., que abrirían las puertas a una definitiva liberación de nuestros pueblos".

 

 

Conspiración derechista y poder popular indígena (III)

12 de diciembre de 2020

 

Por Jhonny Peralta Espinoza (Rebelión)

Hoy la derecha en nuestra región expresa un desprecio por lo democrático y recurre a los golpes de Estado parlamentarios (Honduras, Paraguay, Brasil), o los golpes militares (Venezuela, Bolivia).

Todo porque desde una visión autoritaria y neoliberal ya no soporta que una parte del excedente económico se invierta en política social; pero también son los pueblos que manifiestan una fatiga ante la ineficacia de una forma de gobierno cada vez más cuestionada, mediante manifestaciones masivas que son reprimidas con la violencia estatal, manifestaciones que buscan la resolución a la crisis de representación y las injusticias sociales; este desaliento del pueblo y aquel desprecio de las oligarquías por las vías democráticas tienen también como causa el agotamiento de la política y de su capacidad de acción y solución a los problemas que la derecha y los pueblos afrontan de diferente manera.

Después de un año de lucha contra la dictadura y la reconquista de la democracia, debemos tomar consciencia que la democracia no es una conquista, sino un frente de batalla, y que en su fragilidad si no se renueva puede morir, como ocurrió en noviembre del 2019 cuando la derecha aplastó la democracia sin un mínimo de resistencia popular. De lo que estamos hablando, es que debe merecer la pena luchar por la democracia porque permite una vida en común, la misma que debe materializarse en una salud y educación de calidad; más derechos políticos, económicos, sociales y culturales; políticas que benefician a las mujeres y jóvenes; y, continuar con la lucha contra la desigualdad.

Entonces, si no luchamos por estas y otras reivindicaciones, quebramos esa sensación de pertenecer al proyecto compartido con riesgos de que la democracia agonice; por el contrario, si hacemos de la democracia un frente de batalla, en las actuales circunstancias no es suficiente tener un gobierno basado en una fuerte presencia popular, porque el singular entusiasmo que hemos vivido después de la victoria electoral, puede durar hasta las subnacionales, poco a poco se diluya  en una inercia. Por tanto, los movimientos sociales están obligados a hacer más política y lograr progresivamente que las reivindicaciones políticas, sociales, económicas y culturales no tengan solamente una solución técnica, por parte de una élite de profesionales, sino que los movimientos sociales desde la organización y participación tengan en sus manos la construcción de su destino, a partir de la lucha política, que no es una lucha más entre otras, sino que se expresa en la lucha de contrarios, de antagonistas, de clases como tal y como lo está planteando la derecha oligárquica desde el 10 de noviembre del 2019.

La designación del gabinete, con rostros nuevos, es una buena señal siempre que el conocimiento que cargan sobre sus hombros  producto de la derrota de noviembre, les sirva como responsabilidad para no cometer los errores que se dieron en el pasado. Hay que tomar en cuenta que la derecha “aprovechara” el eslabón más débil de la cadena, que en esta coyuntura mediata es la crisis en sus varias facetas para impulsar  la política del desgate y derribo; por tanto, el gobierno del MAS tendrá un doble reto: la crisis con sus diversos rostros y sus soluciones, y las acciones para contrarrestar las conspiraciones de la derecha.

En medio de esta coyuntura, si el MAS quiere producir algo que realmente marque diferencias en política, ya no es suficiente con tener un gobierno basado directamente en una fuerte presencia de los movimiento sociales, es decir  si queremos afirmar que el poder reside en los movimientos sociales, ese poder no puede reducirse a una expresión electoralista. El proceso de cambio de ahora en adelante será un producto circunstancial de un conjunto de relaciones que se dan en el contexto de una cultura, de una sociedad, de un momento histórico concreto; y, en ese contexto marcado por las crisis y las conspiraciones el proceso de cambio tendrá experiencias, producto de sus decisiones políticas, y serán esas experiencias las que determinarán cómo se construirá el proceso de cambio. 

En síntesis, el proceso de cambio está obligado a tener y construir una existencia diferente con la anterior gestión, sencillamente porque debe confrontarse con esos retos: solucionar las crisis y desarticular las conspiraciones de la derecha; y para cumplir eficazmente con estos retos será necesario que la victorias electorales democráticas se transformen en acciones políticas que tienen que ver con la construcción del poder popular indígena (racialización del Estado, control social de los movimientos sociales de la gestión estatal, autonomías indígenas, construcción de la primera generación de cuadros políticos)  y con la reconducción y profundización del proceso de cambio, dos aspectos que provocarán que el proceso de cambio renueve su sentido. Solo así, de esa fusión entre poder popular indígena y reconducción y profundización del proceso de cambio, el MAS podrá crear un movimiento político que será la suma de prácticas políticas, discursos ideológicos, acciones culturales, elementos simbólicos, etc., que abrirían las puertas a una definitiva liberación de nuestros pueblos.

Jhonny Peralta Espinoza, exmilitante Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willka

Fuente: https://rebelion.org/conspiracion-derechista-y-poder-popular-indigena-iii/

 

Reparemos en cómo Marcos Salgado caracteriza el momento actual de Venezuela:  hay un creciente desencanto y apatía de la ciudadanía, que contrasta con la enorme polarización y participación en política de la primera mitad de la Revolución Bolivariana. Propone: Favorecer el debate interno y consolidar el chavismo más allá de las estructuras del gobierno para salir así a la calle a hablar de lo que a la gente interesa y preocupa: la economía y la situación de los más golpeados por la crisis económica, el bloqueo de Estados Unidos y la pandemia de la COVID-19. Ese parece ser un desafío central para un 2021 en Venezuela que, eso sí lo sabemos de antemano, no estará libre de acechanzas y peligros, internos y externos.

 

Venezuela: juego político trancado y

el hastío social como amenaza

15 de diciembre de 2020

Por Marcos Salgado
CLAE

Finaliza el año político en Venezuela con la “consulta popular” de Guaidó y compañía.

El sector de la oposición que no participó en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre intentó medirse con el gobierno a través de una consulta en la que es imposible saber efectivamente cuántas personas participaron. Solo queda intentar medirlo a través del termómetro de las imágenes de calle, y éstas tampoco convencen sobre un «aluvión opositor en la consulta popular”.

Tal vez por eso los organizadores colocaron la cifra de supuesta participación (que, insistimos, es imposible de verificar) en algo más de 6 millones 400 mil personas. Recordemos que el domingo anterior se realizaron las elecciones parlamentarias en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral registró una participación del 30 por ciento, para 6.251.080 ciudadanos.

La cifra de participación en las elecciones del 6 de diciembre es auditable, la de la consulta de la oposición de Guaidó, no. Y el termómetro de la calle nos deja dudas. Pero aún así, ambas estarían reflejando una caída en la participación de lado y lado, que es probablemente el dato central de este final de 2020 en Venezuela, y que viene a confirmar un proceso del que se habla poco, pero en nuestra opinión explica el momento actual: hay un creciente desencanto y apatía de la ciudadanía, que contrasta con la enorme polarización y participación en política de la primera mitad de la Revolución Bolivariana.

El 5 de enero de 2021 asumirá la nueva Asamblea Nacional, con mayoría absolutísima de las fuerzas del chavismo, conquistada en una elección legal. Para el mismo día Guaidó convocó a movilizaciones contra esa nueva Asamblea y aseguró que él seguirá siendo “presidente encargado”, algo que le cuestionan ya abiertamente algunos referentes opositores, el evasivo Henrique Capriles, por ejemplo, dijo esta semana que pasó que la oposición “no tiene liderazgo”.

De esta manera el año 2021 comenzará en Venezuela con un acto más de este juego trancado: la oposición más destituyente llama a la calle pero no logra nada, y deja dudas en el apoyo real que tiene incluso en sus zonas de confort, mientras el oficialismo muestra su hegemonía política y en las instituciones, y aunque retoma el control de la Asamblea Nacional en buena ley, deja dudas por la merma en los números de participación y apoyo electoral.

El ex ministro Reinaldo Iturriza lo plantea de esta forma en su blog “Saber y Poder”: “Hay una línea que va desde el hastío de 2010, pasa por el fenómeno de desafiliación política que se expresa en 2015, y llega a este diciembre de 2020 convertida en un fenómeno todavía difícil de nombrar, pero que se asemeja mucho a la indiferencia popular.”

Favorecer el debate interno y consolidar el chavismo más allá de las estructuras del gobierno para salir así a la calle a hablar de lo que a la gente interesa y preocupa: la economía y la situación de los más golpeados por la crisis económica, el bloqueo de Estados Unidos y la pandemia de la COVID-19. Ese parece ser un desafío central para un 2021 en Venezuela que, eso sí lo sabemos de antemano, no estará libre de acechanzas y peligros, internos y externos.

El hastío, en si mismo, constituye un peligro, advierte Iturriza: “un cuadro en el que predomina la indiferencia popular, y por tanto el cinismo como patrón de sociabilidad, es el peor de los escenarios, y puede ser la antesala de los peores experimentos políticos.”

Que así no sea.

*Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTv en Venezuela. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

http://estrategia.la/2020/12/14/venezuela-juego-politico-trancado-y-el-hastio-social-como-amenaza/

Fuente: https://rebelion.org/venezuela-juego-politico-trancado-y-el-hastio-social-como-amenaza/

 

 

Advirtamos  la imposibilidad de democracia real y efectiva si se desarrollan acaparamientos de bienes comunes. Tampoco si son defendidos no sólo con la legalidad vigente sino sobre todo mediante Estado policial militarizado. Todos los gobiernos progresistas se centraron y centran en promover y subsidiar a los extractivismos. Estos requieren autoritarismo para llevar a cabo el implícito avasallamiento de derechos. De modo que todos han ido contra la autodeterminación de los pueblos, desarticulando y aislando a las que les dieron origen.

 

Pero también hay que destapar las falsedades del siguiente discurso:

"Estas posiciones no son antagónicas, pero cada bando repite su canción en un loop poco productivo. Es necesario iniciar un diálogo y abordar cuestiones problemáticas de las dos visiones. El progresismo desarrollista, aún priorizando objetivos económicos, por ejemplo, no incorpora una visión crítica sobre la sustentabilidad económica de un modelo que ya encuentra rechazo en los mercados de altos ingresos, que ponen cada vez más barreras a productos y servicios desarrollados destruyendo el ambiente o asociados a riesgos de salud, como la mayoría de los que exporta Argentina. De la misma manera, el ambientalismo, más allá de iniciativas y prácticas muy atractivas que despliega y propone a escala micro, todavía no ha logrado aportar una visión estratégica sobre cómo abordar los desafíos económicos actuales". 

 

Reflexionemos cómo argumentan para llegar a las anteriores conclusiones:

 

 

 

¿Cómo construimos un futuro ecosocial?

El progresismo en el laberinto del desarrollo

Por Anabel Marín y Mariano Fressoli

 

La tensión entre producción y ambiente, o divisas versus sustentabilidad está en carne viva en Argentina. El anuncio de un posible acuerdo con China para instalar granjas industriales de carne porcina reavivó el debate sobre desarrollo o maldesarrollo. En los últimos meses, además, la irrupción descontrolada de incendios que ya arrasaron casi 900 mil hectáreas en 22 de las 23 provincias del país terminó de consolidar en el imaginario colectivo la relación entre destrucción ambiental y actividades extractivas a gran escala. 

 

El reconocimiento de la gravedad y alcance de la crisis climática a nivel global y del impacto de gran parte de nuestras actividades económicas en los ambientes locales está llegando a un punto de inflexión.

 

Las críticas al modelo de desarrollo en Argentina existen hace décadas, encarnadas en las luchas sociales contra la minería a cielo abierto, las pasteras de celulosa y las fumigaciones de pesticidas, por ejemplo. Pero hasta hace poco tiempo eran más bien fenómenos regionales, asociados al estilo not in my backyard (“no en mi patio trasero”), que no lograban romper la alianza de intereses, complicidades y silencios del modelo de desarrollo extractivista. Como en tantos otros aspectos, la pandemia permitió visualizar el tamaño y la urgencia del desafío ambiental, en Argentina y en el mundo. 

 

El creciente pedido de explicaciones sobre el acuerdo porcino con China se empieza a encadenar simbólicamente con las marchas para evitar el cambio en la legislación sobre minería en Mendoza y las movilizaciones por la Ley de Humedales.  

La crisis ambiental se monta sobre una crisis económica y política sin precedentes, aun para la Argentina. Todo esto se condimenta con dificultades para generar espacios de diálogo que permitan cultivar nuevas ideas y soluciones. En un momento de posiciones extremas, existe el riesgo de generar una nueva grieta en nuestro país, pero esta vez dentro del progresismo. 

 

En un rincón se encuentra un pensamiento que podría denominarse progresismo desarrollista, que ha intentado minimizar y/o relativizar los costos ambientales. Sus argumentos se basan en la necesidad de atraer inversiones para generar empleo y expandir exportaciones y divisas, y más importante aún, fomentar encadenamientos productivos. En el otro rincón, el progresismo ambientalista alerta sobre los daños, peligros y riesgos ambientales y sociales de las actividades que más generan recursos económicos en el país, y exige cambios significativos. 

 

Estas posiciones no son antagónicas, pero cada bando repite su canción en un loop poco productivo. Es necesario iniciar un diálogo y abordar cuestiones problemáticas de las dos visiones. El progresismo desarrollista, aún priorizando objetivos económicos, por ejemplo, no incorpora una visión crítica sobre la sustentabilidad económica de un modelo que ya encuentra rechazo en los mercados de altos ingresos, que ponen cada vez más barreras a productos y servicios desarrollados destruyendo el ambiente o asociados a riesgos de salud, como la mayoría de los que exporta Argentina. De la misma manera, el ambientalismo, más allá de iniciativas y prácticas muy atractivas que despliega y propone a escala micro, todavía no ha logrado aportar una visión estratégica sobre cómo abordar los desafíos económicos actuales. 

 

Entrar al laberinto para rediscutir el modelo

 

Para salir del laberinto es necesario recorrerlo y reconocer la complejidad del problema en el que nos encontramos. Argentina exporta recursos naturales, más o menos procesados, que son la mayor fuente de las necesitadas divisas para el país. Sin embargo, los problemas económicos, sociales y ambientales que esto genera son cada vez más evidentes para la mayor parte de la sociedad. La necesidad de aumentar el ingreso de dólares choca de frente contra una parte de la sociedad argentina que no acepta más los costos de estas actividades con perjuicios sociales y ambientales, mientras que encuentra cada vez más esquivos los beneficios. 

Segundo, se debería aprovechar la crisis y el estado de alerta social para repensar nuestro modelo de crecimiento y desarrollo, nuestra visión de futuro y nuestra imaginación de lo que constituye progreso. Los que piensan y diseñan las políticas económicas progresistas necesitan dejar de intentar barrer las críticas ambientales bajo la alfombra y aprender a darle el lugar protagónico que se merecen, aprovechando su potencial democrático y creativo. Después de todo, ha sido la sociedad civil argentina, cada vez más informada y organizada, la que con sus pedidos de explicación, cuestionamientos y movilizaciones está forzando a rediscutir y volver a negociar el modelo. 

 

¿Es posible accionar un cambio en la dirección de largo plazo sin descuidar los desafíos del presente? ¿Cómo se resuelven las urgencias de corto plazo mientras se rediseña nuestro futuro? No tenemos todas las respuestas, pero creemos que empezar a transitar ese camino implica revisar las estrategias del progresismo ambiental y el desarrollista.

 

Salir del laberinto por abajo

 Un problema para la construcción de un modelo de desarrollo sustentable es la sobrevaloración del rol del Estado. La visión del Estado como el actor que representa el bien público en el sistema democrático es más una aspiración que una realidad. También resulta ingenua la idea de que el mismo Estado que necesita y promueve el agronegocio, la megaminería o la producción animal a gran escala, pueda ser capaz de monitorear y controlar costos y riesgos, regular y compensar a los privados. El Estado necesita las divisas y los ingresos que se derivan de las inversiones productivas tan cuestionadas; no puede renunciar a ellos. Tiene intereses creados en esas negociaciones. Además, por la brevedad del período de gobierno, los gobernantes tienden a privilegiar el presente ya que necesitan mostrar resultados. 

  

La trampa de los recursos naturales a corto plazo tiene solo una salida: democratizar las instituciones para la toma de decisiones, incluir a la sociedad civil en un rol central en los procesos ejecutivos y monitoreo. Las prioridades en esta etapa deberían ser la transparencia y la participación; y el principio guía, más que la sustentabilidad como algo abstracto y en disputa, debe ser la justicia ambiental. La participación es la válvula de escape para el campo del progresismo desarrollista, que en su afán por conseguir dólares para mejorar la distribución de beneficios, termina pegado a los intereses de las élites por no democratizar las decisiones de inversión. 

 

La sociedad civil, autoconvocada y articulada en sus organizaciones, debe ser parte de las negociaciones y decisiones. Especialmente, quienes representan a sectores en general marginados, que suelen ser los más afectados por las actividades extractivas. Numerosas experiencias de participación ciudadana en temas conflictivos asociados a recursos naturales han dejado sabor amargo, pero ha habido también experiencias positivas. En los últimos tiempos se han identificado algunos de los desafíos más relevantes para que la participación funcione y se ha avanzado en su tratamiento, por ejemplo en cuestiones como las asimetrías de información, conocimiento y poder. Ha habido avances significativos también en el desarrollo de metodologías participativas que van más allá de la resolución de conflictos, apuntando a la construcción colectiva de herramientas y de agendas de trabajo con una mirada transformadora. 

 

Transformar el futuro, democratizar el conocimiento

 

En el largo plazo, lo importante es incorporar una visión dinámica y política de cambio  tecnológico. La construcción de un modelo de desarrollo ecosocial implica tanto un cambio de políticas y de prácticas, como la construcción de un nuevo imaginario tecnológico. Esta tarea tampoco se puede posponer. En este punto, así como el progresismo desarrollista no debería abandonar la democratización de las tecnologías, el ambientalismo tampoco puede tercerizar la visión de cambio científico-tecnológico. 

 

Es necesario imaginar y negociar otros futuros, e iniciar acciones para incentivar cambios radicales en la dirección de las inversiones y los esfuerzos. Los costos ambientales de hoy son el resultado de decisiones tecnológicas que las empresas tomaron en el pasado, en relación a dónde dirigir sus investigaciones, desarrollos y actividades productivas. Si no son reguladas, las empresas buscarán exclusivamente incrementar beneficios, reduciendo costos y aumentando sus posibilidades de control y apropiación, y no habrá un cambio de dirección. Es necesario promover que redirijan sus búsquedas, que se pluralicen las prioridades y los criterios de evaluación y selección para las inversiones existentes y a futuro. Si los requerimientos sociales y regulatorios se vuelven más exigentes y complejos, las empresas orientarán las inversiones en direcciones más sustentables. 

 

Pero esto solo no alcanza. Controlar, regular y castigar a las empresas para que sigan direcciones deseables no es suficiente. Existe un problema de asimetría de información y conocimiento entre empresas, Estado y sociedad que solo puede ser salvado con el involucramiento directo.

 

Ni la democratización política, ni la redistribución de recursos, ni la resistencia a los proyectos contaminantes alcanzan para abordar los numerosos desafíos de la sustentabilidad. La construcción de un futuro ecosocial necesariamente requiere una narrativa de esperanza en lo político y en lo tecnológico. Hace falta descentralizar los procesos de generación y apropiación de conocimientos, innovaciones e incluso producción, tal como vienen haciendo miles de proyectos de software libre, hardware libre, semillas abiertas y tantos otros. Sólo así la sociedad podrá tener la información y conocimiento necesarios para participar en las decisiones y en los cambios de dirección. 

Fuente: http://revistaanfibia.com/ensayo/progresismo-laberinto-del-desarrollo/?fbclid=IwAR0ai-fF7Kigi-n4dkemmblpd3xkidTAqFDDiaG83JMhMypmt26HMv5R9dc

En consecuencia, es prioritario desprenderse de gobiernos e intelectuales progresistas comenzando por aclarar que quienes luchamos por territorios libres de extractivismos en todo el Abya Yala, no pertenecemos al progresismo ambiental, creo que no existe esa agrupación inconsecuente con la vida y la salud planetaria al no mirar por los buenos vivires abajo que son imposibles mientras haya capitalismo. No es regulable ni humanizable, lo mismo que su Estado. Nos identificamos con la Ciencia Digna. Proponemos, y propiciamos, aprendizaje mutuo entre les diverses de abajo sin fronteras sobre experiencias e iniciativas emancipadoras.

 

Yasuní, TIPNIS, Araucanía:

luchas que traspasan el ámbito rural

Las marchas indígenas en Bolivia y Ecuador interpelaron a los Estados-nacionales en Sudamérica, apelaron a la vida, la dignidad y el territorio, y desembocaron en importantes procesos de emergencia y luego, neutralización de sus discursos.

Muchas demandas, cobraron voz y visibilidad inusitadas; además de la emergencia de naciones indígenas, organizaciones campesinas y afrodescendientes, las reflexiones sobre el territorio pronto articularon activismos por el cuidado del planeta y otros modelos desarrollo y gobierno.

A la actualidad, la defensa de los territorios, el respaldo a los derechos de los pueblos indígenas y la expresión del ecologismo, son temas que referirían a un dilema y no contradicción, pues estas posiciones pueden ser correlativas, complementarias y generadoras de aprendizajes. Sin embargo, algunos criterios gubernamentales, ante situaciones de defensa territorial, nos ponen en alerta ante renovadas expresiones de las dicotomías coloniales respecto a la relación humana con la naturaleza y el insistente centralismo del Estado republicano. 

En Ecuador, el 2014 cristalizó un potente movimiento ecologista que defendía el Parque Nacional Yasuní (982.000 hectáreas de Amazonía) en cuyo subsuelo, existe una gran cantidad de petróleo. De explotarse el crudo, además de la contaminación ambiental, afectaría el habitad de los pueblos Tagaeri-Taromenane, no contactados, y que cuentan con el reconocimiento de su territorio como zona protegida entre las provincias de Orellana y Pastaza. El movimiento, principalmente juvenil, ecologista se denominó Yasunidos[1] y apelando al derecho a una consulta popular, recolectaron firmas para sumar 5% del padrón electoral.

Los Yasunidos validaron la pregunta de la consulta popular su causa: “¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT [Iniciativa ITT [Ishpingo-Tambococha-Tiputini], conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?”. La movilización nacional incluía un despliegue mediático importante, el cuidado de las firmas y la generación de información a la población. Los principales activistas explican que lo más duro fue combatir la campaña en contra de ellos; es decir, el gobierno les atribuía relación con partidos políticos de derecha, pues no cabía en su entendimiento que activistas y ONGs locales puedan tener tanto alcance.

Los Yasunidos tuvieron éxito, lograron la cantidad de firmas necesarias y la solidaridad de mucha gente; no obstante, el gobierno con una vana estrategia de desprestigio, anuló un buen tanto del material físico recolectado y se firmaron los permisos para la explotación del Campo ITT que inició el 2016[2].

En el corazón de Bolivia (sur amazónico), las naciones Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés, resguardadas en la creación del Parque Nacional Isiboro Sécure (1965), en la década de los noventa impulsaron su titulación, consiguiendo al 2009, su titulación colectiva denominándose Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El territorio indígena cuenta con 1.091.656 hectáreas, y a su vez el área protegida tiene 1.215.585 hectáreas y la zona de colonización era de 124.000 hectáreas (a la actualidad, no se tiene un registro del crecimiento de esta zona).

Al 2010, el territorio vivía una gran amenaza por el avance del monocultivo de coca y porque el gobierno intentaba implementar la construcción de una carretera que articularía la zona andina con el norte amazónico, y de la que varios estudiosos, indican que corresponde a la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA). Las naciones indígenas del TIPNIS, impulsaron en el 2011 la que sería la octava marcha indígena del territorio hacia la sede de gobierno, en defensa de su territorio, pues la carretera no favorecía a las comunidades y más bien afectaría a su vida, facilitando el avance de los colonos e interviniendo en el curso de los ríos por los cuales ellos transitan y controlan su territorio.

Su movilización logró articular a activistas urbanos por los derechos de los pueblos indígenas, ecologistas; y también, a otras naciones indígenas y originarias, que exigían la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, y el respeto al área protegida del territorio. El producto de la octava marcha fue una ley que aludía a la “intangibilidad” del territorio, y que contraponía su calidad patrimonial al desarrollo. Posteriormente, se promulgó la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, habiendo asentado como antecedentes, duros hechos de represión y violencia contra los pueblos indígenas[3] y además persecución a los activistas urbanos[4].

Se realizó una consulta previa “manipulada”, constatan varias instituciones veedoras[5]. La pregunta insistía en “definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”, no obstante muchas comunidades decidieron resistirse a la consulta, pues ésta llegaba a los territorios con promesas de proyectos y “regalos” que condicionaban la respuesta. La novena marcha indígena en el 2012, impidió que el gobierno anule la intangibilidad.

Durante el 2017, se reactivó la lucha pues se derogó la ley que le otorgaba intangibilidad al TIPNIS. El gobierno simula haber tenido un momento de iluminación y haberse dado cuenta de que desde el 2011, sólo un grupo de activistas, ONGs y ecologistas urbanos y burgueses detuvo la construcción de una carretera que significa el desarrollo para las comunidades; se dispone a continuar la construcción.

En Chile, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales se ratificó recién en 2009, y con el pasar de los años, algunos personeros del gobierno de turno preveían su salida por los altos costos que significaba su implementación para el ámbito empresarial[6]. Chile insiste en un único nacionalismo, sin considerar a coyas, aymaras, atacameños, diaguitas, mapuches, y seguramente es el país más retrasado en cuanto a la incorporación de la interculturalidad. Siendo así, queda poca oportunidad para que, como es el caso de Bolivia y Ecuador, los pueblos indígenas puedan apelar a una jurisdicción propia, a la autonomía o la libre determinación.

La Araucanía remite a un conflicto territorial que con la apertura democrática en Chile, señala diversos hechos de violencia, represión y judicialización de indígenas. La recuperación de la Araucanía mapuche pareciera un horizonte incierto, no obstante, a las firmes decisiones de diversas organizaciones indígenas, unas más radicales que otras, pero bajo el mismo marco reivindicativo. El vasto territorio mapuche debe disputar con propietarios impuestos por el Estado, pero también con empresas hidroeléctricas y forestales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la manera de proteger y amparar los derechos es expropiar e indemnizar, y esto se tradujo en precios de mercado no razonables.

La idea de recuperar el territorio tiene múltiples implicancias, no sólo para las autoridades y comuneros mapuches, lof (comunidad), machis (autoridad tradicional) y weichafe (portadores de la causa) como principales contenedores simbólicos de la identidad y cultura mapuche, sino para mucha gente urbana que heredó apellidos y señas mapuches, pero no así la cultura. Restituir el territorio mapuche, entonces, implica restituir la posibilidad de operar una identificación étnica, y liberarse de un esquema urbano y un modelo político marcado por un fuerte neoliberalismo. Con esas consideraciones, muchos jóvenes urbanos se sienten convocados a la lucha mapuche.

Si hay un común denominador entre todas las expresiones de la lucha y los intentos por recuperar el territorio, es la criminalización y montaje de delitos. El estereotipo del terrorista y sedicionista se imponen, no así, el del terrateniente privilegiado y acosador. Entre los muchos casos de judicialización, además de autoridades indígenas figuran también jóvenes urbanos que haciéndose weichafes, abrazaron la causa mapuche y esto, les costó la libertad y en no pocos casos la vida.

Uno de los casos más visibles y que se ha hecho emblemático es el de la judicialización de la machi Francisca Linconao Huircapán, quien en el 2008, apelando al recientemente ratificado Convenio 169 de la OIT, habría interpuesto satisfactoriamente un recurso de protección contra la familia Taladriz, denunciando en tribunales a la Sociedad Palermo Limitada por tala ilegal de árboles y arbustos nativos en el fundo Palermo Chico, colindante con su comunidad. La contundencia de los argumentos de la machi, se basaban en la Ley de Bosques y en su afirmación identitaria, denunciaba la afectación de sitios sagrado o “menokos”, humedales que concentran fuerzas y plantas medicinales que ella como machi, aprovecha.

Años más tarde, el 2013 se produjo el incendió de la hacienda del matrimonio suizo-chileno Luchsinger Mackay, que basado en la Ley antiterrorista, inculpó a una decena de mapuches entre ellos a los machis Francisca Linconao y Celestino Córdova.

Córdova fue declarado culpable, pero se desestimó el carácter terrorista. A la machi Linconao, le allanaron la casa y detuvieron, fue sometida a medidas cautelares, arresto domiciliario nocturno, arraigo regional y firma mensual, fue absuelta.

Su testimonio sintetiza todo este entramado de violencia y usurpación territorial, “Me detienen y me despojan violentamente de mis vestimentas, estoy bastantes meses con arresto domiciliario y arraigo regional y nacional, mi salud física y espiritual se dañaron fuertemente, pero la mayoría no logra comprender que es porque no puedo acceder libremente a mi territorio, a los espacios sagrados que allí existen y por la grave transgresión sufrida en el despojo de mi vestimenta tradicional”, explica[7].

Nuevamente, Francisca Linconao interpone satisfactoriamente una demanda, esta vez contra el Estado por su descarga de violencia a su persona, “sin mediar respeto” de su condición de autoridad tradicional. No obstante, en el 2016 nuevamente fue acusada del mismo crimen, junto a otros 10 mapuches, y llevada a la cárcel de manera preventiva, imputada bajo la Ley antiterrorista. Tras 14 días de huelga de hambre, que deterioraron su salud física y espiritual, a inicios del 2017, el juzgado determinó darle arresto domiciliario.

En los últimos meses, se realizaron conversatorios, plantones y una serie de actividades en diferentes ciudades de Chile, los convocados, mapuches y no mapuches. En Temuco, afuera de los tribunales, la lonko Juana Calfunao de la comunidad Juan Paillalef, y Moira Millan lamgen de la provincia de Chubut (Argentina), de puelmapu, señalan “Acá no hay terroristas, hay un pueblo que defiende la vida”, y articula esta causa, con la desaparición de Santiago Maldonado, en el pu lof Cushamen, en la provincia de Chubut[8].

Estos tres casos, Yasuní, TIPNIS y Araucanía, en contextos jurídicos y políticos tan diferentes para los pueblos indígenas nos remiten a elementos comunes que deben tener en alerta a los movimientos por la tierra y territorio, y todos quienes defienden los derechos humanos y aspiran a una sociedad plural.

1) la concepción caduca del territorio como exento de autoridades propias, tradicionales o ancestrales, y su consecuente, intervención e imposición de categorías patrimoniales y nacionalistas;

2) el no reconocimiento consecuente de la deuda histórica de las reformas o políticas agrarias que distribuyeron tierras a propietarios ajenos a los territorios;

3) la subordinación estatal y gubernamental a planes regionales que permiten el libre mercado y a extracción de recursos naturales y materias primas de los territorios;

4) las relaciones de poder que se gestan en el ámbito institucional, público y privado, y en la disputa de recursos de la cooperación internacional;

5) el desprestigio estatal del activismo urbano por la ecología y los derechos de los pueblos indígenas, que en sus expresiones más extremas judicializa y asesina a jóvenes;

6) la reproducción estatal del colonialismo epistemológico que distancia activistas urbanos de líderes y poblaciones indígenas, atribuyendo a unos el conocimiento (estrategia política y discurso) y a otros el seguidismo;

7) la división y paralelismo organizacional, basado en la compra de dirigentes y líderes indígenas.

Pese a toda esta emboscada discursiva, mediática, política y en muchos casos militar, las solidaridades urbano-rurales están presentes en toda la región. No sólo en el esquema asistencialista, sino en la interpelación profunda de miles de jóvenes que ven en el campo, alternativas como la agroecología para la subsistencia, pero también, alternativas en la forma de ejercer gobiernos y generar liderazgos. La plurinacionalidad es hoy, un discurso para unos, un desafío a realizar para otros y debe ser una aspiración para todos.

[1] Sitio web Yasunidos: http://sitio.yasunidos.org/es/

[2] Ver: http://www.zgrados.com/yasunidos/

[3] Ver: http://www.defensoria.gob.bo/sp/noticias_proc.asp?Seleccion=1748

[4] Ver: http://www.bolpress.com/?Cod=2012053101

[5] Texto de análisis del proceso de consulta: http://somossur.net/documentos/20170725_tipnis_consulta.pdf

[6] Ver: http://radio.uchile.cl/2014/12/31/chile-ratifica-su-permanencia-en-el-convenio-169-de-la-oit/

[7] Carta de la Machi Francisca Linconao a Presidenta Bachelet, ver: http://www.mapuexpress.org/?p=8239

[8] Ver: https://radiokurruf.wordpress.com/2017/08/21/caso-luchsinger-mackayaca-no-hay-terroristas-hay-un-pueblo-que-defiende-la-vida/

Fuente: https://porlatierra.org/novedades/post/227

 

 

Sabemos y comprobamos que la democracia es imposible si no rompemos, como subrayan  Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro, esas lógicas que priorizan el negocio a la vida y transitamos hacia otras formas de organizar la economía, la superación del capitalismo es crucial. Tal superación requiere diferenciar claramente entre sociedad y comunidad, resaltando las tensiones existentes entre estos dos conceptos, tal como lo anotó en su momento el propio Karl Marx [23]. Esto implica reconocer que lo societario – en tanto simple sumatoria de individuos – junto con los esfuerzos de homogenización por parte del Estado y del mercado pueden impedir construir las bases comunitarias que posibiliten procesos autonómicos y autosuficientes, indispensables para asegurar el manejo y preservación del agua. De hecho, hay casos en donde el manejo del agua a nivel comunitario ha tenido resultados notables, como lo que se vive en muchísimas comunidades indígenas y campesinas en todo el planeta.

 

 

Wall Street líquido y sociedades sedientas

Aberraciones del capital

 

17 de diciembre de 2020

 

 

Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro

(...)Es evidente que las respuestas basadas en privatizar los servicios básicos de agua y saneamiento agudizan los problemas en vez de resolverlos. Y las soluciones estatizantes son insuficientes y hasta contraproducentes pues los Estados – a veces hasta en coalición con las manos visibles e invisibles de los mercados – terminan profundizando las tendencias depredadoras y esquilmadoras del capital. Por lo tanto es fundamental dar paso al control y manejo del agua por parte las comunidades de regantes y de las juntas de agua potable, es decir de las propias comunidades rurales y urbanas.

Si queremos romper esas lógicas que priorizan el negocio a la vida y transitar hacia otras formas de organizar la economía, la superación del capitalismo es crucial. Tal superación requiere diferenciar claramente entre sociedad y comunidad, resaltando las tensiones existentes entre estos dos conceptos, tal como lo anotó en su momento el propio Karl Marx [23]. Esto implica reconocer que lo societario – en tanto simple sumatoria de individuos – junto con los esfuerzos de homogenización por parte del Estado y del mercado pueden impedir construir las bases comunitarias que posibiliten procesos autonómicos y autosuficientes, indispensables para asegurar el manejo y preservación del agua. De hecho, hay casos en donde el manejo del agua a nivel comunitario ha tenido resultados notables, como lo que se vive en muchísimas comunidades indígenas y campesinas en todo el planeta.

Mientras se piensa y se construyen las estrategias para la superación del capitalismo, también es necesario responder a las luchas en muchos otros niveles de acción, desde lo local a lo global. Aun reconociendo que no se puede esperar mucho del Estado, hay que intentar incidir incluso en ellos, aunque sea para arrebatarle al Estado algunas conquistas que permitan mejorar la vida actual de los pueblos. Sin embargo, el campo principal de acción recae en propiciar la organización que lleve a construir vidas mancomunadas, en espacios comunes cohabitados por lo plural y la diversidad, con igualdad y justicia, con horizontes colectivos y creciente interdependencia comunitaria, y en donde todas las alternativas al capitalismo se empiecen a volver posibles. (...)
Fuente:
https://rebelion.org/aberraciones-del-capital/