Qué Trabajo-Noviembre 2022

De sus expropiadores para usarlo hacia el acaparamiento oligopólico de riquezas e ingresos mediante despojo-acaparamiento de tierras, exclusión social, expoliación laboral y total mercantilización de la naturaleza.

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /
Alternativas emancipatorias

Expropiado y explotado por la burguesía

Destaquemos la centralidad de los extractivismos. Concentran y transnacionalizan tanto la economía como el territorio de Argentina. Implican retroceso del país a especializarse en exportar commodities y sumirse más en subdesarrollo o mayor pobreza estructural, atraso científico técnico respecto a atender necesidades e intereses populares, sometimiento al sistema mundo capitalista. Y no es sólo por el gobierno de Macri sino por toda la democracia fiel a lo instaurado por el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales mediante terrorismos paraestatal y estatales en los setenta. Aún más, la democracia restringida se empeña en viabilizar el acelerado acaparamiento gran capitalista de bienes comunes sobre todo derrotando las luchas de los expoliados, lo concreta por maceración ideológica, desinformación, desnutrición y superexplotación laboral.

Sepamos que en este siglo se ha agudizado la lucha por expropiación de las semillas nativas y criollas que son frutos del trabajo colectivo durante siglos de comunidades campesinas e indígenas y son base de la soberanía alimentaria. Es tiempo de descubrir qué campo avanza y cómo el otro campo resultante de solidarizarnos entre las diversidades de abajo requiere ruptura con el capitalismo y no la conciliación ejercida por las actuales dirigencias de campesinos y pequeños-medianos productores mirando a salvarse como familias e individuos.

Descubramos en los pueblos originarios por qué resistir a la destrucción de la naturaleza o a su sustitución por monocultivos y mega emprendimientos de la IIRSA e inmobiliarios. También cómo la rebelión -de fines del 2001- antineoliberal y opuesta a delegar su representación política en las burocracias, debido a no atender a los Pueblos Mapuche-Tehuelche, pudo ser capturada por el Partido Justicialista gracias a que el matrimonio Kirchner lo mimetizó con los deseos e ideas predominantes entre las diversidades de abajo bajo ideología pequeño burguesa. De suerte que desconoció a la siguiente realidad de afirmación en la autodeterminación territorializada, comunalizada:

Heidi Lagüita

Estaba segura que había sido en octubre, pero ¡acá está el documento con todas las firmas! Gracias, Gustavo Macayo por traerlo en «prueba irrefutable»! ✨

Pronunciamiento Mapuche

Esquel, Territorio Mapuche, 21 de Diciembre de 2002.

Los Pueblos Originarios Mapuche-Tehuelche, reunidos en un Füta Trawün (gran encuentro), a través de nuestras comunidades, organizaciones y pu peñi (hermanos), ejerciendo el Derecho a la Autodeterminación, a la libre decisión y gestión sobre nuestro presente y futuro como parte del territorio, en armonía con todos los pu newen (fuerzas) que custodian y son parte de nuestros espacios sagrados, donde descansan nuestros kuifikeche (ancestros), nos expresamos desde nuestra identidad-filosofía-espiritualidad-ideología (kimün), presididos por nuestros pu longko, pu pillan kushe, pu werken, orientadores en la realidad desde nuestro ser mapuche-tehuelche, hemos alcanzado un rakizuam (pensamiento), y decimos:

Las montañas y todas las formas de vida aún tienen su pillan (espíritu), y seguimos coexistiendo con ellas. La Gente de la Tierra, como parte del wallmapu (territorio: tierra, subsuelo y cielo) entendemos que la violación de la Madre Tierra nunca podrá ser intercambiada por una limosna.

Hoy, como lo ha hecho históricamente, el Estado Argentino trata de dividirnos para llevar adelante sus atropellos. Hoy nos quieren enfrentar entre hermanos con la promesa de fuentes de trabajo. Nuevamente llegan con sus espejitos de colores, como lo hicieron hace 500 ciclos (años). Vienen por el oro y no dudarán en matarnos como lo hicieron antes.

Arrastrados por su cultura de odio trituran los cerros para sacar oro y no les interesa que, matando al cerro, nos matan a nosotros y a todas las formas de vida.

Tenemos derechos sobre nuestro Territorio. El convenio 169 de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo) es sólo un reflejo de nuestra cosmovisión y en él dice que se nos debe consultar antes de ingresar a nuestro territorio, pero el estado (que reconoce nuestra preexistencia en la Constitución) lo ha permitido, abriendo así las puertas a la empresa minera Meridian Gold, entre otras, para que lleve adelante este saqueo de nuestra wallmapu.

Nuevamente nos ignoran, como lo hicieron ayer, cuando hablaron de conquistar el “desierto” y asesinaron a tantos que hoy son memoria. Hablaron de desierto diciendo que no existíamos. Pero existimos, tenemos derechos. No queremos migajas, queremos respeto.

Cuando buscamos salidas verdaderas a la miseria que se vive en el pueblo y volvemos a nuestras tierras, nos castigan con todo el peso de su ley. Los poderosos que hoy dicen estar preocupados por el desempleo, no dudan en apoyar el desalojo de nuestra gente, que vuelve al campo a vivir en la tierra y escapar al hambre. ¿Qué diferencia hay entre Meridian Gold, Benetton, y las empresas forestales que saquean el bosque nativo?

Por eso, a los hermanos que creen que la mina será una alternativa a la pobreza, les decimos que eso es un ENGAÑO. La mina traerá más pobreza y enfermedades. La solución es que se cumplan NUESTROS DERECHOS a la AUTODETERMINACIÓN y LIBERTAD, a volver a la TIERRA para desarrollarnos de acuerdo a NUESTRA IDENTIDAD.

Nosotros decimos: ¡NO A LA EXPLOTACIÓN MINERA!

¡NO A LOS DESALOJOS!

¡NO A LA DEPREDACIÓN DEL WALLMAPUCHE!

¡NO AL ESTADO RACISTA!

¡SÍ A UNA SOCIEDAD QUE TENGA COMO RIQUEZA A LA DIVERSIDAD CULTURAL!

Firmas:

Celinda Lefiu. Pillan Kushe. Comunidad de Costa de Lepá.

Lorenzo Quilaqueo. Longko. Esquel.

Agustín Sánchez. Longko. Comunidad Füta Huau.

Amelia Tralma. Comunidad de Alto Río Lepá

Dora Ovando. Comunidad de Costa de lepá.

Mariano Ruminahuel. Comunidad de Costa de Lepá.

María Luisa Huincaleo. Werken. Comunidad de Gualjaina.

Mauro Millan. Werken. Esquel.

Marta Cárcamo. Comunidad de Füta Huau.

Rita Nahuelpan. Werken. Comunidad de Costa de Gualjaina.

Arcelia Epulef. Comunidad Epulef.

Rosa Pincol. Comunidad Ñankulawen. Comodoro Rivadavia.

Fidelia Ayllapán. Mallín Ahogado. Pcia. de Río Negro.

Laura Antileo. Comunidad Tehuelche Mapuche Gueney. Sarmiento.

Camilo Paillacan. Comunidad de Río Percy.

Jorge Manquillán. Esquel.

Amadeo Cayecul. Werken. Comunidad Lago Rosario.

Luis Millan. Comunidad Pillan Mahuiza.

Ariel Manquipan. Esquel.

Héctor Allende. Comunidad Ñankulawen. Comodoro Rivadavia.

Sofía Curapil. Grupo “Jóvenes Mapuche de Furilofche Warria”. Bariloche.

Rosa Rúa Nahuelquir. Esquel.

Atilio Curiñanco. Esquel.

Francisco Facundo Jones Huala. Furilofche Warria. (Bariloche).

Federico Jones. Comunidad Pillan Mahuiza.

Martin Jones. Comunidad Pillan Mahuiza.

Rosa Epulef. Comunidad Epulef.

Marisa Perez. Esquel.

Rosario Cayumán. Esquel.

Jorge Luis Millan. Comunidad Pillan Mahuiza.

Eduardo Paillacan. Esquel.

Micaela Rayel. Esquel.

Humberto Prane. Estación Nahuelpan.

Curiñanco. Esquel.

Reparemos en que no sólo los extractivismos no son fuentes laborales sino también es mentiroso justificarlos para pagar los servicios de la deuda externa pública y es fraudulento señalar a los saqueadores como inversores.

Observatorio Petrolero Sur

 Anatomía cambiaria de la energía argentina👇

💵Miles de millones de dólares se pierden en pagos de servicios, patentes e intereses de las petroleras. Equilibrar importaciones y exportaciones de hidrocarburos no lo soluciona.

➡️Entre enero de 2020 y agosto de 2022, el sector energético perdió 13.500 millones de dólares. La energía fue uno de los principales determinantes de la incapacidad del BCRA para acumular reservas.

🔴En general, asociamos la pérdida de U$S del sector al intercambio de combustibles y energía. Pero inciden otros factores en la cuenta: servicios, patentes y, principalmente, movimientos financieros de empresas para extranjerizar ganancias, dolarizarlas y pagar menos impuestos.

📉De lo perdido en los últimos años, 6.000 millones de dólares fue por combustibles y energía. Los restantes 7.500 se perdieron por estos otros mecanismos. Aquí detallamos cómo se activaron en los últimos años.

🔴Desde 2014 creció el ingreso de dólares para inversiones. En 2016 llegaron 4000 millones. A partir de 2020 estos préstamos se empezaron a devolver y las salidas superan los nuevos ingresos. Además, hay que pagar intereses, que desde 2019 consumieron ya 4300 millones.

🧐La mitad del endeudamiento del sector es intrafirma: grupos económicos que se deben a sí mismos. Además, hay otros pagos entre empresas del mismo grupo: por propiedad intelectual, servicios profesionales y técnicos, entre otros. Unos 400 millones por año se pierden así.

💰En relación a todo el sector privado, en 2013 la deuda de las petroleras representaba el 7 %. Desde 2016 ese valor saltó al 17 % y el monto ronda los 12500 millones de dólares. Pagar eso implica drenar más las divisas del BCRA.

➡️La mayoría de las compañías relevantes en cuanto al vínculo en la actividad con el sector externo son transnacionales, o bien son de origen local pero con características similares a aquellas, en tanto dolarizan los excedentes y los depositan en guaridas fiscales.

📊Para más precisiones, leete el informe “Energía y dólares. ¿El problema y la solución?”, fruto de la investigación del economista Marco Kofman del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES).

https://tinyurl.com/5xbx52y9

ejes.org.ar

 Ecocida y genocida

Dejemos de naturalizar nuestro modo de vida y trabajo. La pandemia debería habernos interpelado sobre porqué existe emergencia alimentaria desde 2002 y se la prorrogó hasta 2023, también sobre el deterioro y la contaminación de los alimentos.

Reflexionemos sobre la insalubridad del empleo y de las condiciones de vida local pero también el tipo de comida chatarra que se masifica, así como sobre el acaparamiento enorme de tierra y de agua, energía…

Significa suscitar la incorporación de una creciente mayoría al pronunciamiento del ¡basta! de hacer negocio con la salud de la naturaleza y humana.

Pero entonces quienes nos autoorganizamos para frenar, luego erradicar, los ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciosos debemos, en simultáneo, generalizar la superación de la creencia en que la única economía posible es la de la modernidad capitalista e imperialista. Se trata, por ejemplo, de visibilizar que las inversiones de YPF implican condenar a más de la mitad de la niñez-adolescencia a la pobreza, al 80% de jubilados-pensionados a torturarse ante su miseria y a los trabajadores formales a subordinarse a un salario mínimo-vital-móvil de indigencia ni qué decir sobre las condiciones infrahumanas del malvivir entre el creciente número de los desposeídos de todo por el sistema. También esas inversiones se hacen desmantelando por completo la salud y la educación públicas, precarizando la seguridad social y la cotidianeidad de las grandes mayorías.

Y ¿para qué esas inversiones? Para llevar a cabo la regeografía de Argentina-Chile planificada a principios de siglo como IIRSA o Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana por acuerdo de todos los gobiernos con el objetivo de elevar la eficiencia del saqueo al continente o de la exportación a gran escala de Naturaleza, es decir de la salud suya que incluye la humana. Hasta la UNASUR la convirtió en eje de desarrollo ocultándola en el COSIPLAN. Veamos en el siguiente artículo que el interés del bloque dominante está puesto en exportar y el autoabastecimiento que es para el alto consumo energético de los extractivismos. Los diversos de abajo sólo existimos para ser despojados de nuestras riquezas e ingresos, frutos del trabajo social y de la naturaleza.

Vaca Muerta festeja 10 años:
las alternativas y la izquierda ante la miopía oficial

26 de octubre de 2022

Por Fernando Cabrera Christiansen*

Vaca Muerta es la mayor apuesta argentina. El país consolida, así, una matriz energética fósil pero no logra el autoabastecimiento, continúa gastando dólares en importación y no hay un bienestar generalizado en las regiones de extracción. Mientras tanto, las agendas públicas minimizan sistemáticamente los impactos socioambientales del fracking y no presentan alternativas a aquel megaproyecto. El rol estructural de los hidrocarburos y la urgencia por construir nuevos horizontes que incluyan los límites biofísicos obligan a las izquierdas a abordar estos temas y construcciones.

La guerra en Ucrania, las limitaciones para aumentar la extracción por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el avance global sobre energías extremas parecen definir un horizonte de altos precios energéticos. El barril que ronda los 100 dólares -y el alto costo del gas licuado- revitaliza el sueño que ahora impulsa el ministro de Economía Sergio Massa de convertir a Argentina en una potencia exportadora. Una vuelta a la agenda de la década del 90 (1996-2003), en que se construyeron 10 gasoductos transfronterizos.

Con ese horizonte, en los últimos meses el gobierno aceleró la instalación y la ampliación de infraestructura hidrocarburífera, lo que podría anudar, finalmente, los dos objetivos planteados hace 10 años en la ley de expropiación parcial de YPF: el autoabastecimiento y la exportación. El país puede recorrer un camino que genere en el sector energético un segundo gran jugador en el producto bruto junto a los agronegocios”, se entusiasmó Massa al presentar el Plan Gas, 4 y 5 a mediados de septiembre.

El contexto global colabora con la miopía gubernamental que solo presta atención a la balanza comercial y a los dólares, sin ver ninguno de los inconvenientes y riesgos que generan la explotación hidrocarburífera con el fracking[1] y el monocultivo del agronegocio.

La miopía fósil

Unos 50 mil caños de 12 metros de largo unirán el paraje neuquino de Tratayén y la localidad bonaerense de Salliqueló, pasando por Río Negro y La Pampa. Más de 500 kilómetros. Es el primer tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner que ya comenzó a construirse y prevé extenderse hasta San Jerónimo, en Santa Fe. Una vez terminado, transportará 24 millones m3/día de gas, casi un quinto de la capacidad del sistema actual[2].

Este gasoducto es el proyecto de infraestructura más importante del momento. El 52% de la energía que consume el país es gas e importado, en un contexto de restringida capacidad de acceso a dólares, supone una gran sangría de divisas[3]. La obra busca el autoabastecimiento y, también, exportar al gran mercado brasilero. Es decir, no solo tiene el objetivo de frenar la pérdida de divisas sino, también, de conseguirlas. En las proyecciones del Ejecutivo nacional, el ahorro en importación de gas y de otros combustibles para la generación eléctrica[4], podría alcanzar 1.000 millones de dólares por año, mientras que el efecto neto sobre la balanza comercial energética sería de alrededor de 2.500 millones de dólares por año, considerando la merma en la importación y el incremento en los volúmenes exportados (Decreto 76/2022).

Los precios internacionales de esta fuente energética que, pese al sostenido aumento de la extracción en Vaca Muerta, el país todavía importa, hacen más urgente y, a la vez, posible la obra. Los fondos destinados a construirla deberían ser erogados, de cualquier modo, por las costosas compras de gas al exterior. El monto previsto de la construcción ronda los 1.500 millones de dólares y comenzó a pagarse con el 25% de los aportes extraordinarios de las grandes fortunas, lo que alcanza para alrededor del 10% de lo presupuestado[5].

Pero el gasoducto Presidente Néstor Kirchner no es el único proyecto de infraestructura presentado en los últimos meses[6]. La llegada de Massa a Economía implicó una batería de anuncios.

Oleoducto y puerto de exportación de crudo en Río Negro (27/08/2022): La Legislatura provincial dejó sin efecto la Ley 3308 que protegía la costa rionegrina de la actividad petrolera. Sin esa restricción, YPF proyecta instalar cerca de Sierra Grande un puerto de exportación[7] de crudo que pretende convertirse en el mayor del país. Esto implica, además, la construcción de un oleoducto desde Vaca Muerta. La inversión total anunciada supera los 1.200 millones de dólares.

Rehabilitación del Oleoducto Transandino (09/09/2022): Comenzó el bombeo de agua como parte de las pruebas en el Oleoducto Trasandino[8], inactivo desde el 2006. Vincula el norte de Neuquén con Concepción, en Chile. YPF comenzará al mismo tiempo la construcción de otro ducto para vincular las áreas de explotación no convencional con el inicio del caño hacia Chile. Calculan una inversión de 250 millones de dólares en total.

Extensión de la concesión y ampliación de Odelval (15/09/2022): La compañía Oleoductos del Valles (Oldelval)[9] mantiene 1.700 kilómetros de oleoductos que unen las localidades de Rincón de Los Sauces y Challacó (de la provincia de Neuquén) con Puerto Rosales (en cercanías de Bahía Blanca). Es la mayor red de oleoductos del país. Su concesión finalizaba en 2027 y se extendió por 10 años, luego de que la firma anunciara la ampliación que permitirá duplicar el transporte de crudo, llegando a 72.000 m3/día, es decir unos 452.800 barriles diarios. Anticipan unos 500 millones de dólares de inversión.

Además, con perspectivas más inciertas, el Ministerio de Transporte aprobó en julio, mediante la resolución 408/2022, un proyecto para rehabilitar el tren a Vaca Muerta, el Corredor Patagónico del Ferrocarril General Roca, en el tramo que une Bahía Blanca y Añelo. También, con mucha más publicidad que claridad, el presidente Alberto Fernández anunció en septiembre un acuerdo entre YPF y Petronas para empezar a evaluar la instalación de una planta de licuefacción para exportar gas, posiblemente ubicada en Bahía Blanca.

La guerra lo cambió todo. En este nuevo contexto, la expectativa de convertir al país en un exportador de hidrocarburos tiene condiciones para su concreción. Habrá que ver si la volatilidad que ha demostrado el petróleo en la última década[10] o las luchas sociales que siguen levantándose y cuestionan las nuevas expansiones petroleras no vuelven a frustrar este anhelo gubernamental. Las infraestructuras proyectadas validan, además, la concepción de Vaca Muerta como un megaproyecto en el que están articuladas de manera directa mediante infraestructura, por lo menos, siete provincias argentinas y dos países del Cono Sur, lo que multiplica las conflictividades asociadas a Vaca Muerta entre la que se incluyen, por ejemplo, los procesos judiciales que frenan la extracción de arena para fracking en Entre Ríos.

La Argentina del fracking

Ubicada en la Cuenca Neuquina, los tres millones de hectáreas de la formación geológica Vaca Muerta se extienden sobre el subsuelo de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. Abarca una superficie equivalente a 147 veces la Ciudad de Buenos Aires y es, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, una de las reservas de shale gas y ​shale oil más importantes del mundo (2013). Es decir, uno de los lugares del mundo con mayores posibilidades de utilizar fracking. No obstante esa descripción más restrictiva, la noción Vaca Muerta se expande y designa una zona más amplia con potencial hidrocarburífero no convencional en el noroeste patagónico, incluso cuando las perforaciones no tienen como objetivo la formación denominada con ese nombre.

La noción de megaproyecto supone un espacio aún mayor al incluir desde los procesos necesarios y anteriores a la perforación, hasta la refinería, pasando por los ductos, los insumos específicos para cada etapa y las tratadoras de residuos. Vaca Muerta conforma de este modo un entramado de infraestructura actual y proyectada, como ductos, caminos, viviendas, servicios, reformulación de ciudades, etc (ver cartografía Megaproyecto Vaca Muerta). Vaca Muerta es entonces más que una mera zona de extracción y articula distintas instancias gubernamentales con una multiplicidad de empresas (públicas, privadas y mixtas con diversidad de roles, tamaños y orígenes) que elaboran una arquitectura financiera y contractual específica para cada proyecto.[11]

En julio de 2022 la extracción de Vaca Muerta representó el 57% del gas total del país y el 42% del crudo. En un país donde su matriz primaria de energía depende un 52% del gas y un 32% del petróleo. Muy lejos con un 3,7% las siguen la generación nuclear y con un 2,9% la hidroeléctrica[12].

YPF es la compañía que tiene más concesiones y mayores niveles de extracción. También operan en Vaca Muerta las principales petroleras globales como Exxon, Chevron, Dow (todas de EE.UU.), Gazprom (Rusia), Total (Francia), Shell (Inglaterra), Pan American Energy (donde tienen participación BP y la china CNOOC), Wintershall (Alemania), Sinopec (China), Petronas (Malasia), Equinor (Noruega), y las que tienen el foco puesto en el país: Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, Vista Oil,  Capex, Oilstone y El Trébol/Phoenix.

La ampliación de la capacidad de transporte de hidrocarburos desde la cuenca neuquina[13], refuerza la constitución de este megaproyecto como el principal motor de la energía nacional. Una porfía que al momento no cumplió sus iniciales promesas y que omite la posibilidad de otras propuestas energéticas que modifiquen consumos y fuentes.

Las expectativas y la realidad

La expropiación parcial de YPF puso al estado nacional a gestionar la principal empresa del país como una empresa mixta y definió dos objetivos: por un lado, apuntar al autoabastecimiento para revertir la tendencia deficitaria en la balanza energética y también lograr la generación de cantidades exportables. Por otro lado, en las zonas de extracción, fundamentalmente en la provincia de Neuquén, las promesas gubernamentales presentaban un futuro próspero que beneficiaría a la población.

Los publicitados resultados extractivos de Vaca Muerta son, sin embargo, ambiguos por la baja, al mismo tiempo, de la explotación convencional. La disminución de la extracción convencional se debe a un declino natural que se conjuga con que las compañías han focalizado su inversión en el sector no convencional. En gas, los “récords” han podido frenar la caída de la extracción total, que se sostiene rondando los 140 millones de metros cúbicos diarios desde el 2019. La capacidad de transporte de gas desde la Cuenca Neuquina sería el principal motivo de ese techo de extracción. El crudo, en cambio, sí aumentó sus totales. Esto se debe a que, en comparación con la del gas, la extracción convencional ha tenido una caída menor, está menos concentrada en la cuenca neuquina y tiene mayores posibilidades de transporte. El crudo demuestra mayor capacidad para recuperarse y hoy ya se exporta desde Neuquén, una novedad relevante. De esta manera, los no convencionales colaboran en la balanza comercial: disminuyen la importación de gas y generan dólares por la exportación de crudo. No obstante, tras 10 años de explotación, esta cuenta sigue siendo deficitaria[14].

Al mismo tiempo, la presión cambiaria no solo se sostiene sobre la balanza comercial, sino también sobre la financiera y la de servicios. Las inversiones corporativas, la inversión extranjera directa, son por lo general préstamos intrafirmas que, tras ser utilizados en las inversiones productivas, rápidamente salen del país como pago de deuda privada. La gestión de una técnica de extracción sumamente sensible a la inversión, como veremos a continuación, define una situación de fortaleza para las compañías, que exigen el libre acceso a divisas. El gobierno ha cedido y liberalizado parcialmente el acceso a divisas y, de seguir en ese camino, minimiza el impacto positivo que éstas podrían tener sobre la balanza energética (Kofman, 2022).

Por otro lado, pese a las ingentes cantidades de inversión que han llegado a Neuquén para Vaca Muerta, y pese al aumento del empleo privado que este tipo de yacimientos implica, los índices sociales de la provincia siguen siendo malos: el 37,2% de las personas son pobres en el conglomerado Neuquén-Plottier, superando así el 36,5% de pobres que hay en el país[15]. El gobierno explica esta situación por la permanente inmigración que llega a la región impulsada por la perspectiva de progreso y bienestar, sin embargo, excluye de la explicación la desigualdad inherente a una economía petrolera que promueve unos salarios y capacidades económicas que no pueden ser afrontadas por otros sectores de la economía. 

Pese a todas estas situaciones, los distintos gobiernos han estado convencidos de que la extracción de hidrocarburos de Vaca Muerta es la única alternativa. Es cierto que la urgencia del contexto de precios altos derivados de la guerra dificulta construir alternativas y, contrariamente, empujan en busca de beneficios monetarios. Esto fortalece a una política pública sin un horizonte de transformación energética, ni que hablar si como pretendemos es que esa transición sea justa y popular[16]. En 10 años de Vaca Muerta poco se ha hecho para disminuir la dependencia hidrocarburífera de las centrales eléctricas o para aumentar la capacidad de transporte del sistema interconectado nacional para ampliar la generación con fuentes renovables, incluso para modificar de forma sustantiva las formas de consumo.

Intensificación permanente

Las inversiones en infraestructura preparan el terreno para multiplicar los 2500 pozos ya existentes en Vaca Muerta. La intensidad de ocupación territorial y de uso de insumos y una acelerada caída del rendimiento define una técnica fuertemente cuestionada en todo el mundo y que, si bien impacta con sus perforaciones, también afecta territorios alejados como la cuenca del río Paraná y del Chubut, en tanto áreas de extracción de arenas, perpetúa los impactos de las industrias del refino y puertos de exportación, e impacta globalmente aportando gases con impacto climático[17].

Un pozo de fracking en Neuquén tiene un rendimiento alto en los primeros meses, pero al año ya rinde la mitad y al segundo año sus niveles son ínfimos. Los rápidos resultados necesitan sostenerse a fuerza de inversión permanente, lo que redunda en nuevas afectaciones. En la explotación convencional la tasa de declino de cada pozo era notablemente menor por lo que tenía una relación más distante con las inversiones. En la actualidad, el impacto entre inversión y extracción es directo, por lo que la capacidad de presión empresarial es muy fuerte.

Un pozo de fracking hoy puede llegar a los siete kilómetros de longitud con una rama vertical de entre 3 y 4 kilómetros y una horizontal de similares longitudes. Las fracturas se realizan en distintos tramos: hace 10 años, los primeros pozos, tenían menos de 10 procesos de fractura, hoy se anuncian los que llegan a 100 procesos y es normal que tengan 50 o 60. En ese momento, algunos pozos llegan a consumir 100 millones de litros de agua y unas 15 mil toneladas de arena, es decir, unos 370 camiones de arena.

Esta intensidad de intervención genera cantidades impresionantes de residuos que son tratados en deficientes basureros petroleros que no cumplen con las reglamentaciones y están sobrepasados, acumulando montañas de barros empetrolados que permanecerán ahí durante años o lustros. Los líquidos que salen a la superficie después del proceso de fractura[18] son inyectados en pozos a la espera de que no entren en contacto con el sistema hidrológico. Por otro lado, son cada vez más frecuentes los sismos. Según el geógrafo Javier Grosso, que estudia el tema, se produjeron 304 movimientos telúricos desde 2018 en una zona que no tenía antecedentes.

Por otro lado, la intensificación de la explotación, la flexibilización laboral, la presión sobre la infraestructura con falta de inversión y el déficit de preparación de quienes trabajan en el sector han multiplicado los incidentes ambientales -que en Neuquén treparon de 2,8 diarios a 5,6 entre 2017 y 2021– y los “accidentes laborales” que ya se cobraron 15 vidas desde 2017.

Este tipo de explotación somete a un territorio y a una de las mayores cuencas hídricas del país a una técnica que implica grandes ocupaciones territoriales, la contaminación y el abandono de millones de litros de agua, la utilización de miles de toneladas de arena, la generación de millones de toneladas de barros empetrolados y la continuidad de la quema de hidrocarburos en medio de una crisis climática de dimensiones inconmensurables. Además de tener un sinnúmero de implicancias sociales y multiplicar los accidentes laborales.

Otros caminos posibles

Hay una serie de medidas que podrían modificar en parte la dependencia gasífera y petrolera. Para ello, se debería pensar la energía como fundamento del modo de producción que tenemos y como determinante de las posibilidades del bienestar de la población. Es decir, como un bien estratégico más que como una simple mercancía. En definitiva, otras respuestas a la insistente pregunta sobre el para qué de la energía, deben ser el punto de partida de cualquier propuesta de transformación del sector. 

Por mencionar solo algunas líneas de trabajo, señalo tres posibles caminos de transformación del sector: regulación, consumo y fuentes. Para lograr avances efectivos habrá que tomar la decisión, pero también construir la fuerza necesaria para oponerse a los designios petroleros.

Como primer punto, es necesario recuperar el debate sobre el régimen normativo de la gestión, que sigue siendo el que dejó el proceso privatizador de la década de 1990. Por lo que la intervención estatal en el mercado de gas, por ejemplo, se realiza dejando en suspenso la normativa y mediante la intervención de los organismos de control. En esta reformulación debería primar el manejo de los bienes energéticos bajo una lógica que no responda únicamente a la maximización de ganancias que motoriza el accionar empresario. Es una premisa fundamental para pensar en otro sistema energético. En este sentido, debemos discutir las regalías tanto en su porcentaje -solo el 12% de lo extraído en on shore queda para la provincia-, como en la relación que generan con los estados provinciales que se convierten en socios de la explotación y, en todo caso, en qué se usan las sumas así obtenidas. Por otro lado, cuál es el rol de YPF y qué pretendemos que haga, es otro de los debates pendientes. En todos estos debates la participación popular debe ser protagónica.

En segundo lugar, se puede también avanzar con decisión e inversiones en la modificación de los consumos. La falta de energía es un debate recurrente, pero es mucho menos habitual la discusión sobre en qué se consume y cómo. Como si su ampliación fuera una ley natural incuestionable y no incluyera fuertes desigualdades. Los principales sectores de consumo de energía son Transporte (30%), Residencial (25%) e Industrial (21%)[19] y cada uno de ellos debe ser analizado y transformado con tres grandes horizontes: aumento de la participación estatal con gestión de trabajadores y organizaciones populares, eficiencia de los consumos y promoción de algunos sectores industriales nacionales.

Es urgente transformar el transporte, el principal destino de la energía en Argentina. Mejorar la eficiencia de las unidades es un objetivo necesario, pero fundamentalmente es prioritario recuperar la capacidad de los trenes, cuya eficiencia energética es notablemente superior a la de los camiones. La electrificación del transporte, además de lejana en nuestras pampas, es una falsa solución. Al mismo tiempo, se debe promover los consumos de cercanía para minimizar el transporte de alimentos y, en lo posible, de otros bienes de consumo. Por otro lado, es necesario promover el transporte público, con calidades y precios accesibles, en detrimento del auto individual. Sin lugar a dudas, serán necesarias compañías públicas para dotar al Estado de capacidad de gestión. Seguramente también habrá que reconformar profundamente las ciudades para evitar el traslado permanente de contingentes sociales por largas distancias.

También es necesario transformar los consumos domésticos. En este punto, es fundamental tener en cuenta las desigualdades. El suministro energético y la calidad de construcciones y electrodomésticos de los barrios más pobres ocasiona que gasten más para lograr iguales beneficios que sectores con mejores ingresos. La modificación de los consumos debería lograrse, no mediante precios, sino mediante políticas y prácticas robustas de eficiencia y mejoramiento del uso. Se podría mejorar las calidades habitacionales, con la promoción de mejores materiales de construcción y facilitando la posibilidad de acceso. También se podrían promover con políticas de financiamiento y subsidio el reemplazo de electrodomésticos por los de mayor eficiencia, así como eliminar los pilotos de calefactores y calefones que consume cantidades desmesuradas de gas[20].

Los consumos industriales también deben ser parte de una política energética general. La energía debe ser un eje nodal tanto en la evaluación de la industria existente, como para la instalación de nuevas plantas y proyectos de inversión. La planta de Aluar en Puerto Madryn, por ejemplo, consume el equivalente a una ciudad de más de un millón y medio de habitantes. La promoción minera que el gobierno realiza con el fundamento de los resultados en términos de balanza comercial debe ser evaluada también desde su dependencia energética. Hoy que el gobierno promueve la megaminería, es importante recordar que la minera Bajo de la Alumbrera, en su momento de mayor actividad, consumía 170% de la electricidad de toda Catamarca.

l mismo tiempo, es necesario avanzar en otro aspecto que habitualmente es el único que se tiene en cuenta, la promoción de energía desde otras fuentes. Aproximadamente el 60% de la electricidad es generada en centrales térmicas que, en gran medida, utilizan gas como combustible. Hoy la energía eólica y solar implican únicamente el 1,9% de la matriz energética primaria. Ese tipo de generación debe implicar también una nueva forma de relación con los territorios, en las que todavía prima una lógica de avasallamiento propia de las petroleras. Por otro lado, estas fuentes permiten generar soluciones energéticas locales y comunitarias.

Una propuesta energética de izquierda

La guerra lo cambia todo. O quizá solo corre el velo de la catástrofe que anida en el capitalismo fósil. El carbón, el petróleo y, cada vez más, el gas son centrales en la mecanización, los aumentos en la productividad y la expansión de la acumulación que, entre otras cosas, implican el consumo siempre creciente de materias, energía y la generación de residuos inmanejables. Si la consustancialidad entre capitalismo y energías fósiles es tal, no será sencillo que se pueda mantener el estatus quo en el tránsito a otras energías. De hecho, la ausencia de energía en forma de stock, como lo es la fósil, complicaría la productividad siempre en aumento, los medios de transporte y la aglomeración en grandes centros urbanos que constituyen el capitalismo desde hace más de 150 años.

En este contexto, Argentina se inserta dentro del mercado mundial como proveedor de materias de nula o escasa industrialización. Así, tanto la centralidad de los fósiles para el mundo que conocemos con el rol de Argentina en un contexto de guerra, altos precios y disputa geopolítica entre EEUU y China, explica el rol que han cobrado desde el nombramiento de Massa las inversiones energéticas y cercanía con Houston, la capital estadounidense del petróleo.

Al mismo tiempo, las organizaciones políticas van asumiendo, y deben hacerlo con mayor centralidad, a la energía como un tema de debate. Ya sea en términos ambientales o climáticos, como en posibilidad de acceso o tarifas, la energía se convierte paulatinamente en un ámbito de presión por parte de actores políticos y sociales. Solo ese protagonismo será el sustrato para torcer los horizontes fósiles e impulsar una política emancipatoria que tenga a quienes vivimos del trabajo que realizamos como principales destinatarios y destinatarias de los beneficios.

Este documento es producto de las discusiones que desde hace 14 años mantiene el Observatorio Petrolero Sur (OPSur), que se complementan con las reflexiones emanadas de las investigaciones del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES) y de las de la Corriente Social y Política Marabunta.

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2022/10/26/vaca-muerta-festeja-10-anos-las-alternativas-y-la-izquierda-ante-la-miopia-oficial/?fbclid=IwAR2iLHDuQfqyS2T632PtO2PuaYQAlJWBa_5HoWWGtalfP0ngr7tcraX8lcg

Alternativas emancipatorias

Critiquemos al Observatorio Petrolero Sur en su visión reformista por estatista y sectorial para ello tengamos en cuenta a los siguientes párrafos de su artículo:

En esta reformulación debería primar el manejo de los bienes energéticos bajo una lógica que no responda únicamente a la maximización de ganancias que motoriza el accionar empresario. Es una premisa fundamental para pensar en otro sistema energético. En este sentido, debemos discutir las regalías tanto en su porcentaje -solo el 12% de lo extraído en on shore queda para la provincia-, como en la relación que generan con los estados provinciales que se convierten en socios de la explotación y, en todo caso, en qué se usan las sumas así obtenidas. Por otro lado, cuál es el rol de YPF y qué pretendemos que haga, es otro de los debates pendientes. En todos estos debates la participación popular debe ser protagónica.

En segundo lugar, se puede también avanzar con decisión e inversiones en la modificación de los consumos. La falta de energía es un debate recurrente, pero es mucho menos habitual la discusión sobre en qué se consume y cómo. Como si su ampliación fuera una ley natural incuestionable y no incluyera fuertes desigualdades. Los principales sectores de consumo de energía son Transporte (30%), Residencial (25%) e Industrial (21%)[19] y cada uno de ellos debe ser analizado y transformado con tres grandes horizontes: aumento de la participación estatal con gestión de trabajadores y organizaciones populares, eficiencia de los consumos y promoción de algunos sectores industriales nacionales.

Para situarnos real y efectivamente en la vigente inflexión histórica del país y mundo, comencemos por valorar las actuales defensas y recuperaciones de territorios tanto en Argentina como en el Abya Yala. Nos interpelan, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, a politizarlas o articularlas en concretar la «reforma agraria integral» (RAI) como único camino de la construcción de poder territorial de los pueblos y comunidades contra el acaparamiento gran capitalista local e imperialista de bienes comunes que implantó la contrarreforma agraria integral. Sin embargo, es crucial examinar la siguiente concepción que parte de la Colombia bajo gestión de Petro afirmándose capitalista:

Algo más que una reforma agraria para la transformación del sector agropecuario

24 de noviembre de 2022

Por Edgar Fernández | Rebelión

El problema agropecuario ha vuelto a cobrar relevancia en nuestro país, problema que va más allá de la iniciativa de reforma agraria e implica una discusión sobre las políticas mediante las cuales se puede enfrentar la situación de hambre que padecen las mayorías proletarias y populares

El alargamiento y profundización de la crisis del capitalismo colombiano fue puesto en evidencia por las masas populares mediante las inusitadas y disruptivas protestas de 2019 y 2021i. Estos hechos son comprensibles cuando se toma en cuenta que la crisis ha castigado hasta el hartazgo a los sectores populares y que estos fueron reencontrándose con su tradición histórica de exigir y gestionar políticas y recursos a su favor por medio de las protestas, de allí que las movilizaciones de 2008, el paro de corteros de caña de 2013, y los paros agrarios nacionales de 2013, 2014 y 2016 se tradujeran en verdaderos hitos. Es en este marco que la demanda por una reforma agraria se retomó, conteniendo y sobrepasando las exigencias referidas al campesinado como sujeto de derecho y a las zonas o territorios campesinos agroalimentarios.

Como se sabe, la fuerza de las protestas permitió la victoria del gobierno de Gustavo Petro, en la medida que también quebraron el modelo de gestión política de la ultraderecha. En consecuencia, el programa del actual gobierno se comprometió con el desarrollo de la reforma agraria integral y el cumplimiento del punto uno de los acuerdos de la Habana, pero como se argumentará se necesitan programas más abarcantes frente a la situación. A estos hechos se sumó un sostenido proceso inflacionario, que cae con especial fuerza sobre la producción de alimentos, producto de las políticas de gasto público para sostener al capitalismo durante la pandemia del Covid y la guerra entre Rusia y la OTAN en Ucrania.

Son éstas las circunstancias bajo las cuales el problema agropecuario ha vuelto a cobrar relevancia en nuestro país, problema que va más allá de la iniciativa de reforma agraria e implica una discusión sobre las políticas mediante las cuales se puede enfrentar la situación de hambre que padecen las mayorías proletarias y populares, y que exige revisar las condiciones estructurales bajo las cuales se sucede el proceso de producción del sector agropecuario. Esta discusión se ha acelerado en la medida en que el actual gobierno firmó un acuerdo de compra de tierras con el gremio de los ganaderos, y a la vez ha realizado el llamado para que la clase campesina celebre una Convección Nacional, en la que se espera que el tema decisivo sea el qué hacer frente a la situación del campo colombiano.

Por tanto, es importante un ejercicio de síntesis sobre cómo comprendemos el problema agropecuario del país y qué tipo de políticas alternativas promover. Esto, partiendo de considerar las necesidades de la clase proletaria rural, la clase campesina y los demás sectores populares como el indígena, el afrodescendiente y las mujeres rurales, pero también teniendo en cuenta una perspectiva que ayude a posibilitar una salida popular a la crisis estructural de toda la sociedad. Por tanto, esta mirada significa que el llamado problema agropecuario es uno de los varios que enfrentamos, y que su resolución compete a todas las clases y sectores populares, en la medida que está totalmente interrelacionado con el conjunto de la estructura socio-productiva del país, ello a pesar que las poblaciones rurales sean algunas de las más directamente afectadas e interesadas.

En este caso, la síntesis se inicia con una somera enunciación y resumen de las principales condiciones que caracterizan la estructura de producción agropecuaria, señalando en especial el severo retraso en que permanecen las fuerzas productivas. En seguida se explicitan los perfiles generales de una política alternativa conformada por tres líneas programáticas que están interrelacionadas y mediante las cuales se puede enfrentar el problema agropecuario del país: i) reforma agraria integral y popular, ii) economía de fondos públicos para la transformación del campo y, iii) reordenamiento y democratización del territorio. Se finaliza con un breve resumen de ideas, que recoge en forma puntual, a manera de listado, lo que esta propuesta significa. (…)

Comprobamos que Edgar Fernández considera a la RAI mirando hacia solucionar el problema agropecuario del país aun cuando lo enmarca dentro de una salida popular a la crisis estructural de toda la sociedad y por tanto, reconoce el imperativo del involucramiento de “todas las clases y sectores populares, en la medida que está totalmente interrelacionado con el conjunto de la estructura socio-productiva del país, ello a pesar que las poblaciones rurales sean algunas de las más directamente afectadas e interesadas”.

Destaquemos que Edgar Fernández en ningún momento habla de la crisis estructural del sistema capitalista al extremo de ser crisis civilizatoria. Aprecia al Estado nacional como actor principal e imprescindible en la RAI y a las diversidades de abajo con la única posibilidad de presionar sobre los poderes constituidos. Veamos qué entiende por democratización.

 (…) 2.3. Democratización de los espacios de vida social: reordenamiento del territorio nacional

En la sección uno se señaló la existencia de un proceso anárquico y violento en la apertura de la frontera agrícola. En él ha primado la usurpación de las tierras productivas y su apropiación en calidad de propiedad privada, dando lugar a una estructura altamente polarizada que reproduce los patrones de exigua cooperación y baja productividad. Si bien tal proceso inicio con la conquista y la colonia, realmente fue profundizado con la instauración del régimen republicano en el siglo XIX del que se valieron los sectores con poder para apropiar ilegalmente la mayoría de tierras productivas y someter a los trabajadores (Tovar 2015, LeGrand 2016). Sobre esa condición de poder lograron imponer una política de avance capitalista sobre la gran extensión, logrando no sólo sostener tan ilegitima condición, sino siendo capaces de ampliarla mediante el reciente robo de 6,8 millones de hectáreasxxii.

También se planteó que las posibilidades de un cambio en el papel del sector agropecuario, en particular de una reforma agraria, depende de las alianzas con que cuentan las clases y sectores sociales del país, condición necesaria para establecer fuerzas que posibiliten los cambios socio-jurídicos. Por eso es necesario considerar que los paros y movilizaciones populares de la última década lograron quebrar el régimen político de ultraderecha de modo que, por ahora, han derivado hacia un gobierno que se define progresista y que plantea una transición a partir de ciertas reformas. Así las cosas, el balance es que las fuerzas populares han logrado abrir una brecha política que es necesario profundizar en dirección a lograr una salida popular a la crisis que vive el país, perspectiva que entre otras cosas tiene como reto que el carácter social de la cooperación prime sobre la búsqueda del beneficio privado y sus disgregadoras fuerzas.

La consolidación de la brecha para lograr una salida popular a la crisis requiere de identificar y establecer propósitos en torno a los cuales converjan las opiniones políticas hasta tornarse fuerza material transformadora. En el caso específico del sector agropecuario ese propósito se localiza en el objetivo de garantizar el alimento a toda la población del país, criterio que debe ser entendido como sinónimo de democratización del espacio social. Así, la formulación de una política transformadora para el sector agropecuario debe considerar las oportunidades y limitaciones de la consigna tierra para el que la trabaja y a la vez apropiar otra de mayor talante social, como es el de acabar con la situación de hambre en el país.

Al respecto es importante asimilar que “una de las limitaciones de los constantes intentos de reforma agraria es que han colocado énfasis en las necesidades de los campesinos y en la pequeña burguesía de campo”, perspectiva que reproduce la división de la tierra e impide avanzar hacia formas de cooperación que generan mayores rendimientos productivos y que se acoplan mejor con las necesidades del país. Se trata por ello de una “política –que- se reduce a las necesidades de una particularidad de sectores, que con el paso del tiempo tienen menor peso en la estructura social y en la orientación de la vida política del país, con lo cual se les ha facilitado a los capitalistas y grandes propietarios de la tierra la imposición de sus intereses rentistas. Es así, que una política transformadora del campo debe convocar y comprometer a las mayoría del país, y esto sólo se logra si su objetivo estratégico es el de garantizar el acceso a la comida a todos los colombianos, condición esencial a la vida que por demás no está realmente garantizada por la misma Constitución”xxiii.

Hacer de la satisfacción alimentaria un objetivo estratégico para el país, permite que la política agropecuaria alternativa gane preeminencia y esto la dota de fuerzas y perspectivas para superar las barreras existentes. Es necesario, entonces, ir más allá de la absurda economía que impone la lógica de trabajadores sin tierra y tierra sin trabajadores, en la que impera la cooperación simple, los bajos rendimientos, y en consecuencia el hambre, el desempleo y la violencia, para saltar a otra situación en que el territorio nacional sea considerado como un bien público de carácter social, permitiendo que en su uso y propiedad prime el alcance de los objetivos estratégicos que se establezcan para el beneficio de la nación y todos los habitantes en el país.

Una condición que hace posible tal objetivo es el mismo grado de concentración vigente sobre la propiedad de la tierra. De acuerdo con el Censo 2014 el 0,48% de Unidades de Producción concentran el 77, 28% del territorio censado, y descontando los derechos de las comunidades indígenas, se puede inferir que sólo 11.595 propietarios acaparan cerca de cincuenta millones de hectáreas, esto es el 45% del territorioxxiv. El objetivo principal debe ser que ese pequeñísimo número de propietarios deje de imponerse mediante la fuerza por sobre las necesidades de la mayoría del país y se posibilite un cambio en el que la concentración de la tierra se convierta en una potencia que puede facilitar la mecanización e industrialización de la producción en el sector, reapropiación social que es una condición necesaria para que los productores directos y consumidores finales puedan decidir qué, cómo y para qué producir en el sector agropecuario, decisiones en las que cobra lugar importante el tipo de matriz tecnológica y la forma organizacional de la fuerza de trabajo mediante las cuales se avanza en la transformación.

Lo anterior permitiría acceder a grandes extensiones de tierras en su mayoría planas, bien localizadas, fáciles de mecanizar y por lo general de buena calidad. Este conjunto de condiciones favorecen la producción especializada, industrial y a gran escala que permite multiplicar los rendimientos productivos en algunos productos que el país importa. De igual forma facilitan la selección de productos de acuerdo al tipo de terreno, su vocación y la escogencia de tecnologías disponibles para su aprovechamiento. Tal cambio además permitiría desplegar a plenitud la Economía de Fondos Públicos mediante empresas públicas en el área agropecuaria, las que entrarían a complementar las formas básicas antes señaladas.

A partir de esta realidad, las políticas de reforma agraria y Economía de Fondos Públicos para la transformación del campo requieren complementarse con un reordenamiento del territorio mediante el cual se definan los usos de las tierras y se fijen las diferentes participaciones alternativas, condición sobre la cual se puede entrar a superar los conflictos de concentración de la propiedad, uso y ambientales. En particular, esta política debe entender al territorio nacional como una unidad y a partir de las proyecciones de necesidades reales fijar las metas y límites en usos para: alimentos, materias primas para la agroindustria, materias para la industria y la generación de energía, las áreas de bosques y protección, conservación y uso de las fuentes hídricas y la interacción con los ecosistemas, lo que en particular exige reducir el área que actualmente se destina a pastos y ganadería.

En tal sentido, el reordenamiento del territorio demanda la especificación de potencialidades de las tierras cultivables y su distribución por zonas de acuerdo al tipo de producción dominante y a la orientación de sus productos. De aquí que sea necesario diferenciar y crear:

i) Territorios Campesinos Agroalimentarios en que primen las producciones individualizadas de campesinos –finqueros- pero ya encaminados a la mejora de sus formas de cooperación social, como se señaló en el numeral anterior.

ii) Territorios Industriales Alimentarios donde las tierras pertenezcan al Fondo Público de Tierras y en ellas se desenvuelvan las unidades de propiedad social de los trabajadores proletarios, como las empresas públicas de producción, orientándose a la producción mecanizada, tecnificada y extensiva de alimentos de consumo humano.

iii) Territorios de Materias Primas Agroindustriales destinados a satisfacer las necesidades de industrias con producción diferente al consumo humano inmediato como pueden ser insumos para concentrados de animales o fibras textiles, áreas en las que pueden participar tanto las empresas de propiedad social y públicas, como el capital privado.

iv) Áreas para ganadería, destinada a la producción de leche y carne en pie.

Es así que las medidas de reforma agraria y las diferentes destinaciones de tierra deberán erigirse en consonancia con las necesidades estratégicas del país, función que recae en el organismo orientador de la política del sector, como de los planes indicativos de la Empresa Pública de Plataforma-EPP, ello con el fin de que las normatividades minimicen los conflictos de uso y propiedad generados por las actuales normas referidas a la delimitación de zonas específicas y de frontera agropecuaria.

El propósito de alcanzar un reordenamiento del territorio nacional es el de armonizar las disposiciones de recursos con las necesidades del país y la nación. Más aún, tal reordenamiento es necesario para democratizar las condiciones de acceso a los diferentes espacios sociales evitando que la apropiación privada de la tierra y los recursos naturales se conviertan en un medio eficaz para negar las posibilidades de interacción social a las mayorías populares, en particular las del campo, como hasta ahora ha sucedido. La democratización del territorio es sinónimo de democratización de espacio social por cuanto favorece el acceso al trabajo, a los ingresos, al agua y a los alimentos. Así, reordenamiento del territorio y democratización del espacio social exigen ajustar, en cuanto sea necesario, los tipos de propiedad a la necesidad estratégica de satisfacer la alimentación, condición apenas básica de la existencia social de cada persona en el país.

3. Consideraciones finales

Vivimos en un país que se ha puesto en marcha a raíz de que los sectores populares decidieron transformar su sufrimiento en una fuerza material que exige cambios sustanciales. En este marco se ha reabierto la discusión sobre el papel que debe cumplir el sector agropecuario en el país, y el cómo orientarlo. Este debate es reducido por algunos sectores a la demanda por una reforma agraria clásica, perspectiva que los deja atrapados en el propósito de repartir algunas tierras entre los campesinos, por lo cual ayudan a sostener los patrones de bajo desarrollo y cooperación simple y dejan intacta la fracasada estructura que hasta ahora se ha heredado.

Esta estructura se caracteriza: exigua cooperación social, proceso anárquico en la apertura de frontera, altísima polarización en la propiedad de la tierra, violencia como método de dominación y desalojo de los trabajadores y habitantes rurales, y depredación sobre los recursos naturales. De ahí que las viejas políticas para el desarrollo agropecuario se consideren como un total fracaso porque generan condiciones de opresión, violencia, pobreza y hambre. Así mismo se argumentó que la alta concentración de la tierra y los actuales cambios tecnológicos se convierten en una oportunidad para apropiar métodos de producción y cooperación social complejos que elevan la productividad pero que requieren reorientarse.

Por eso, se han descrito los perfiles generales de una política agraria alternativa que contiene tres líneas programáticas complementarias: reforma agraria para la transformación social, Economía de Fondos Públicos para transformar el campo y reordenamiento del territorio nacional.

Lograr y sostener tales políticas depende de que la actual brecha política de cambio se consolide en la perspectiva de lograr una salida popular a la crisis del país. En tal sentido, el llamamiento a realizar una Convención Nacional Campesina tiene como primer y gran reto que esa convocatoria se extienda a otros sectores y clases fundamentales del país como son los proletarios con trabajos formales, o bajo relaciones de informalidad y precarización, las mujeres… Esto, en consideración a que el problema agropecuario impacta en el resto de la sociedad y que el sector campesino ya no puede por sí solo impulsar las políticas necesarias para transformar los sistemas de producción y vida en el campo, y también en atención a que el gobierno ni siquiera cuenta con mayorías para aprobar las políticas propuestas y demandadas. Tal planteamiento permitiría consolidar varias convecciones por capítulos para que sus conclusiones se decanten en una Convención verdaderamente Nacional concibiéndose ésta como un espacio plural y democrático destinado a establecer los programas y tareas conjuntas tendientes a direccionar y consolidar la salida popular a la crisis, en el corto y mediano plazoxxv.

Por lo anterior, las líneas generales de las propuestas políticas aquí consideradas se pueden resumir en:

a. Reforma agraria integral por la transformación social que contenga:

  • Distribución de una parte de las tierras productivas a los campesinos y definición de territorios campesinos agroalimentarios
  • Creación de empresas sociales y cooperativas que agremien a los proletarios del campo dotándolos de maquinaria y tierra para trabajar en forma cooperada
  • Créditos y subsidios a cadenas productivas: impulso a cadenas de insumos y comercialización que mejoren los precios de venta finales
  • Ampliación de la oferta de bienes de consumo colectivo en el campo: vivienda, salud, educación, vías mediante empresas públicas, cooperativas y de propiedad social.

b. Impulso de una Economía de Fondos Públicos para la transformación del campo, que contiene:

  • Una Empresa Pública de Plataforma que coordine e integre los diferentes esfuerzos de las cadenas de producción y las vincule a nivel nacional: economía campesina, empresas sociales de proletarios del campo, cadenas de insumos y comercialización, empresas públicas o cooperativas de asesoría tecnológica, oferta de bienes de consumo colectivo para el campo.
  • Creación de una instancia pública guiada mediante los criterios de gestión popular, soberanía y seguridad alimentaria, que oriente el papel que cumple el sector y avance en su planificación social
  • Creación de un fondo público de tierras que permita entregarlas en usufructo a las organizaciones proletarias y campesinas
  • Creación de una Empresa Pública para el Desarrollo del sector agropecuario (ENEDA)
  • Consolidación de un Fondo Público de Inversiones del sector
  • Avance y consolidación de los trabajadores del sector mediante un sindicato nacional y una asociación nacional de cooperativas campesinas
  • Con las alcaldías y gobernaciones impulsar a grupos y conglomerados municipales y regionales de empresas cooperativas, sociales y públicas del sector
  • Empresa nacional pública de agroinsumos
  • Empresa nacional pública de máquinas y herramientas para el campo
  • Sistema nacional de acopio y distribución de productos agropecuarios
  • Ampliar y consolidar el sistema nacional de comedores populares, que incluyan al PAE, y los centros de mayores.

c. Democratización y reordenamiento del territorio:

  • Fijar como propósito nacional prioritario la garantía de alimento a toda la población que habita en el país
  • Democratizar el acceso a la tierra y al espacio social como medio para acceder a los recursos de la naturaleza.
  • Establecimiento de la primacía del carácter público y social de la tierra y sus bondades sobre otras formas de propiedad, a fin de garantizar el acceso proporcionado a los recursos de la naturaleza, base sobre la cual puede superar la relación depredadora sobre la naturaleza y sus fuentes.
  • Establecimiento de áreas y territorios de acuerdo a sus especificidades, en particular: Territorios Campesinos Alimentarios-TCAM; Territorios Industriales Alimentarios-TIA; territorios Agroindustriales; y zonas de producción de carne y leche.

d. Celebración de una Convención Nacional que recoja a los diversos sectores y clases del país para que en su conjunto fijen los programas y tareas de mediano plazo tendientes a consolidar la salida popular a la crisis que vive el país.

NotasL…)

Edgar Fernández: Centro de Pensamiento y Teoría Praxis

Fuente: https://rebelion.org/algo-mas-que-una-reforma-agraria-para-la-transformacion-del-sector-agropecuario-2/

Subrayemos que Edgar Fernández, por su identificación con gobiernos progresistas, convoca a mayor productividad y modernidad del agro para erradicar el hambre. Sabemos que no fue así y lo cierto fue, en todos los gobiernos progresistas, que ese progreso capitalista resultó en concentración y transnacionalización económica territorial por darse como despliegue de extractivismos y mayor pobreza, exclusión social, etc.

Tampoco Edgar Fernández enfoca la «soberanía alimentaria» de la RAI como otra sociedad posible al liberarse el Trabajo del Capital.

Al contrario, se limita a:

” se posibilite un cambio en el que la concentración de la tierra se convierta en una potencia que puede facilitar la mecanización e industrialización de la producción en el sector, reapropiación social que es una condición necesaria para que los productores directos y consumidores finales puedan decidir qué, cómo y para qué producir en el sector agropecuario, decisiones en las que cobra lugar importante el tipo de matriz tecnológica y la forma organizacional de la fuerza de trabajo mediante las cuales se avanza en la transformación.

Lo anterior permitiría acceder a grandes extensiones de tierras en su mayoría planas, bien localizadas, fáciles de mecanizar y por lo general de buena calidad. Este conjunto de condiciones favorece la producción especializada, industrial y a gran escala que permite multiplicar los rendimientos productivos en algunos productos que el país importa. De igual forma facilitan la selección de productos de acuerdo al tipo de terreno, su vocación y la escogencia de tecnologías disponibles para su aprovechamiento. Tal cambio además permitiría desplegar a plenitud la Economía de Fondos Públicos mediante empresas públicas en el área agropecuaria, las que entrarían a complementar las formas básicas antes señaladas”.

En consecuencia, como la mayoría de los progresistas e izquierdistas reformistas, no cuestiona la gran escala ni el aumento de la productividad que destruyen los equilibrios ecológicos o sea las condiciones planetarias para la vida y la salud de la naturaleza que incluyen las humanas. Por el contrario, la RAI con bases e iniciativas creativas de buenos vivires abajo en las defensas y recuperaciones de territorios se caracteriza por anticapitalista o antiextractivista, antiimperialista, antirracista, anticlerical, antipatriarcal y decolonizadora tanto del poder como del saber. Es decir, en vez de mirar por la modernidad gran capitalista cuyo objetivo exclusivo es procurar incesante acaparamiento de todo a cualquier costo, su reestructuración político económica y socioecológica es producto de la unión de re-existencias con origen en que diversidades de trabajadores se sienten-piensan interpelados por acontecimientos de injusticias social, sanitaria, ambiental y cognitiva. La última es fundamental al referirse a saberes y espiritualidades marginadas que hoy emergen como subjetividades colectivas asumiendo sus respectivas dignidades negadas por el capitalismo.

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