De construcción de simbiosis culturales con ecosistemas locales al comunalizarse y territorializarse o sea entablar interrelaciones sociales de reciprocidad y transformar el lugar geográfico cuidándolo e investigándolo.

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /Alternativas emancipatorias

Expropiado y explotado por burguesía

Destaquemos la centralidad de los extractivismos. Concentran y transnacionalizan tanto a la economía como al territorio de Argentina. Implican retroceso del país a especializarse en exportar commodities y sumirse más en subdesarrollo o mayor pobreza estructural, atraso científico técnico respecto a atender necesidades e intereses populares, sometimiento al sistema mundo capitalista. Y no es sólo por el gobierno de Macri sino por toda la democracia fiel a lo instaurado por el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales mediante terrorismos paraestatal y estatales en los setenta.

Este debería ser el cuadro de situación que nos permitiera superar la mera descripción de confrontaciones tan vitales como:

Guerra contra los más pobres y
fuerte reacción de los trabajadores del Potenciar Trabajo

13 de diciembre de 2022

Por Mario Hernández | Rebelión

Pablo Anino escribió: “En los grandes medios de comunicación se bombardea a cada segundo, sin descanso, sobre un supuesto estilo de vida dispendioso de quienes son víctimas del declive capitalista. 

En un espectáculo morboso, a aquellos quienes la miseria creciente los obliga a recurrir a todo tipo de estrategia de supervivencia se les cuenta hasta las costillas: se los culpabiliza por tener que recurrir al Potenciar Trabajo, se les pregunta por la AUH o si tienen el lujo de recibir la garrafa social, que es la contraparte de no tener acceso a la red de gas en pleno siglo XXI”. 

El lunes 20 de junio, en su discurso de Avellaneda, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lanzó la estigmatización de los que no tienen nada y que mal sobreviven con la asistencia de algún programa social. El miércoles 3 de agosto, en su primera conferencia de prensa, el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la auditoría de los programas sociales con el eje en una supuesta “vuelta al trabajo”. 

Para no quedar atrás, el martes 9 de agosto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto con su ministra, Soledad Acuña, anunció que les quitarían los planes sociales a las familias que no garanticen el 85% del presentismo de sus hijos en la escuela, sin preguntarse las razones por las cuales las niñas y niños no llegan al colegio. 

Y agrega Anino: “La pobreza es una expresión nítida de la decadencia del régimen capitalista argentino: pasó de afectar al 4 % de la población a principios de la década de 1970 hasta aproximadamente el 40 % en la actualidad. Pero para declarar inocente al régimen capitalista de ese crimen del cual es culpable se invierte la realidad: se ataca a los pobres, a las organizaciones sociales y al presupuesto social como el origen de todos los males”. 

El Potenciar Trabajo en el foco del ataque 

Se presenta como “vagos” a quienes bancan los comedores y otras tareas comunitarias en los barrios, a quienes defienden sus puestos de trabajo en las empresas recuperadas, a trabajadoras y trabajadores de la Economía popular. Carecer de un empleo en una empresa no es equivalente a no trabajar. De hecho, trabajan y mucho. 

En el marco del Consejo de las Américas, el ministro de Economía, Sergio Massa, habló del decreto para transformar los planes sociales en “empleo genuino” que beneficiaría a más de 200.000 personas. Además, explicó que “el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, solo paga obra social, ART y sindicato» y «el Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio”. 

La falsa idea de la “vuelta al trabajo” de Massa, tiene como único objetivo ofrecer como mano de obra barata a las empresas y a los intendentes a quienes perciben el Potenciar Trabajo, es decir, medio salario mínimo ($ 30.976,50). 

Esta mano de obra barata es en realidad un “subsidio” de las trabajadoras y trabajadores precarizados a la ganancia empresaria o a los presupuestos municipales. E implica una presión adicional para bajar las expectativas de la clase trabajadora y devaluar más los salarios. 

Los defensores del régimen capitalista se ponen la gorra para vigilar y castigar a los que no tienen nada. ¿Por qué no se auditan las cuentas y los stocks de las grandes alimenticias o de las agroexportadoras que especulan con la suba de precios? ¿Por qué no se audita la fraudulenta deuda externa que dejó Mauricio Macri con los lobos de Wall Street y el FMI? ¿Por qué no existe una auditoría en todo el país del trabajo para regularizar el 36 % de la fuerza laboral que no tiene descuento jubilatorio (es decir, no está registrada), según estadísticas del INDEC? 

Según datos del ministerio de Economía, el Potenciar Trabajo tiene recursos para el corriente año por $284.000 millones. Se trata apenas del 1,7 % del total del presupuesto. Es decir, que el ataque a este programa como el origen de todos los males no se condice con su importancia dentro del presupuesto.  

Muy por encima del presupuesto del Potenciar Trabajo se ubican los servicios de la deuda pública, que representan el 7,4 % del presupuesto: el Estado desembolsará durante el corriente año $1,2 billones en pagos de deuda. Lo destinado a servicios de la deuda es 4,2 veces superior que lo destinado al Potenciar Trabajo.  

Por fuera del presupuesto público del Estado Nacional, el Banco Central podría destinar, durante 2022, $ 2,3 billones en pagos de intereses por Leliq y pases a los bancos que equivale a casi 3 % del PBI. Los banqueros se llevan 8 veces más que el presupuesto del Potenciar Trabajo.  

Para este año 2022, se estima que el Estado dejará de percibir $1,6 billones por el total del gasto tributario, lo cual se explica por la recaudación que pierde de grandes empresas. Esto equivale a 2,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y es 5,6 veces más que el presupuesto del Potenciar Trabajo. 

Mientras los amos del país juegan a ser esclavos de un Estado que subsidia a los pobres, los principales subsidiados y beneficiados son los dueños de todo.  

La pobreza alcanzó al 43,1% y afecta a más de 18 millones de personas en Argentina 

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina publicó el informe de avance Deudas sociales en la Argentina urbana 2010-2022, cuyos datos se elaboraron en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) durante los meses del tercer trimestre de 2022. 

Según se desprende de los principales resultados, el 32,7% de los hogares y 43,1% de las personas se encuentran bajo la línea de la pobreza en el país. En comparación con las cifras del año pasado, cuando el porcentaje de pobreza fue 42,4%, el estudio da cuenta de un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 2022. El reporte señala, además, que entre julio y octubre de este año el 5,7% de los hogares y 8,1% de las personas eran indigentes. 

De acuerdo con los resultados del informe Trabajo, empleo, inactividad forzada y exclusión social. Argentina Urbana 2010-2022, 

La tasa de empleo subió del 58,8% registrado en 2021 a 64,3 % este año. Solo el 40,3% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos, mientras que el 8,7% de esta población se encontraba abiertamente desempleada y el 23,0% sometida a un subempleo inestable, es decir, realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación. 

Al mismo tiempo, el 28,0% contaba con un empleo regular, pero precario, con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia y sin afiliación al sistema de seguridad social. 

Por otro lado, si en 2021 la tasa de desocupación fue de 9,1%, la posterior reactivación generó que este año la desocupación disminuyera al 8,7%. Entre otros datos, recolectado por la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA entre julio y octubre de 2022, se señala también que aproximadamente un 50% de la población activa no posee un empleo con plenos derechos laborales. 

El universo geográfico de la EDSA abarca a una serie de grandes y medianos aglomerados urbanos: Área Metropolitana del Gran Buenos Aires Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Salta, Neuquén: Plottier – Cipolletti, Mar del Plata, Salta, Tucumán – Tafí Viejo, Paraná, Resistencia, San Juan, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande. 

Se reunió el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil 

Se aprobó un aumento del 20%, 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y 3% en marzo.  

El 20% aprobado durante la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se suma a los montos alcanzados en los consejos de marzo y agosto de este año, y es acumulativo respecto del 57.900 de noviembre. De esta manera, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), alcanzará los $69.500 en marzo, y un total de 110,5% anual para el período marzo 2022 a marzo 2023. 

Hugo «Cachorro» Godoy, secretario General de la CTA Autónoma, argumentó: «hace rato que la inflación en Argentina no la determinan los aumentos de precios, sino por la especulación de los sectores empresariales. Y no vemos ningún esfuerzo de los empresarios para una distribución de ingresos en favor de los trabajadores». 

El dirigente afirmó  que: «este aumento no permite siquiera sostener el nivel de ingresos de marzo de este año, está muy lejos de lo que pedimos, y siguen sin atenderse nuestros pedidos de recuperar el poder adquisitivo del SMVyM». 

La Ministra de Trabajo, Kelly Olmos, se comprometió a realizar una nueva convocatoria del Consejo de no cumplirse las expectativas inflacionarias previstas para los próximos meses. Teniendo en cuenta la pérdida que sufrió el Salario Mínimo, Vital y Móvil que durante el gobierno de Macri alcanzó el 20%, y desde el 2019 un 11% más, la CTA Autónoma había reclamado un aumento del 47% desde el mes de noviembre y hasta marzo del 2023. 

Los programas sociales cada vez más devaluados 

Una familia beneficiaria del Potenciar Trabajo, AUH y Tarjeta Alimentar adquiere hoy apenas el 87% de la Canasta Básica de Alimentos, mientras que en enero de este año cubría el 99% del índice que calcula el INDEC. La inflación y los magros aumentos dispuestos por el Gobierno explican el deterioro. 

Un estudio del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) revela el atraso en las actualizaciones de dichos haberes en función del ajuste fiscal que viene impulsando el Gobierno, en particular desde la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía.   

Se observa que, a lo largo del presente año, salvo en los meses de abril y junio, los valores de la canasta alimentaria siempre estuvieron por encima de los programas, con el agravante de que durante los últimos cuatro meses la cobertura fue cada vez menor.   

Todo esto en el marco de una fuerte estigmatización de los sectores más vulnerables, principales destinatarios de estas ayudas, desde medios de comunicación hegemónicos y figuras de la oposición e incluso el oficialismo. El paroxismo de este ataque incluyó la difusión de un informe de la AFIP que apuntaba a supuestas incompatibilidades entre los beneficiarios. A la filtración le sobrevino una desmentida por parte de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien de todas maneras lanzó un proceso obligatorio de revalidación de identidad para seguir cobrando el Potenciar Trabajo.   

Y como si este deterioro alcanzado no fuera poco, el estudio del ISEPCi proyecta un análisis para los futuros incrementos anunciados por el Gobierno, pero en este caso tomando en cuenta los pronósticos de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercados (REM) elaborado por el BCRA: “se puede presumir una continuidad de deterioro para los meses subsiguientes”.   

Tolosa Paz: «El aumento del Potenciar Trabajo seguirá atado al salario mínimo»  

Así lo aseguró la ministra de Desarrollo Social, cabeza de playa de la ofensiva contra las organizaciones sociales, que habló de recortar 250.000 programas, en una entrevista que le realizara la revista Ladran Sancho. 

La ministra Victoria Tolosa Paz hizo estas declaraciones mientras visitaba un emprendimiento del Movimiento Evita en Luján, acompañada de Emilio Pérsico y otros referentes locales, donde claramente quiso demostrar que se habían acabado las rencillas. Y señaló: «les pediría que entiendan que la justicia metió la cola como tantas veces, impidiendo que el 5 se depositaran los Potenciar. Corrimos y pudimos hacerlo dos días más tarde buscando, como le dije al juez, no cometer delitos pero mucho menos injusticias. Lo que pasó fue una emboscada de la justicia en contra de esta ministra».  

No fue así, la propia ministra aumentó la confrontación y ante las multitudinarias movilizaciones de la Unidad Piquetera y la UTEP, tuvo que tirar la toalla y cambiar de posición. 

Para las y los piqueteros el retroceso de la ministra ha significado una victoria y la demostración de que solo en la lucha callejera se pueden conseguir avances. Hay que recordar que la semana pasada cientos de miles en todo el país desafiando las altas temperaturas se movilizaron en las calles exigiendo que les paguen miserables 30.000 pesos. 

La Unidad Piquetera consiguió torcer el brazo al Gobierno  

La Unidad Piquetera realizó una nueva medida de lucha el martes 6, con piquete frente a Desarrollo Social de Nación y acciones en todo el país, ante las demoras en la liquidación del pago del Potenciar Trabajo. Como resultado de la jornada de lucha, después de una reunión con funcionarios de Desarrollo Social pese a la ausencia de la ministra Tolosa Paz, finalmente se anunció desde el gobierno que pagará el Potenciar Trabajo el miércoles 7. 

La avanzada oficialista contra los beneficiarios del Potenciar Trabajo suscitó una respuesta inmediata de las organizaciones sociales y piqueteras que culminó con la “postergación” de la auditoría fiscal de los programas sociales y la amenaza latente de cientos de miles de bajas en los programas. 

De todos modos, el gobierno aún preserva una ofensiva general que busca liquidar los programas sociales: auditorías, bloqueo de nuevas altas, desenganche del salario mínimo, son algunas de las medidas que el gobierno articula con este propósito. 

El pasado viernes 2 tuvieron lugar diversas acciones en todo el país. La Unidad Piquetera protagonizó una conferencia de prensa en el Obelisco, seguida de movilización y medidas en distintas ciudades y provincias; mientras que las organizaciones sociales afines al gobierno protagonizaron un corte en el Puente Pueyrredón. 

El gobierno tuvo que retroceder postergando la auditoría fiscal sobre los programas sociales, por lo desmedido de la medida -en contraste con los beneficios y “libertades” para los grupos capitalistas- y por la contundente respuesta popular. 

En el informe de Afip una inmensa mayoría de casos está vinculada a la tenencia de una motocicleta o la declaración de una vivienda, ambos compatibles con el Potenciar Trabajo. 

Esto revela aún más la naturaleza de la campaña sucia contra los programas sociales, que busca allanar el camino de bajas masivas difamando a los y las trabajadoras desocupadas que luchan por la asistencia económica del Estado en el marco de una crisis de desocupación, pobreza e indigencia que se agrava. 

Sin embargo, el gobierno persiste en su línea de ajuste contra los programas sociales y los desocupados. Está en pie la auditoría virtual que deben completar la totalidad de los beneficiarios del Potenciar Trabajo -tengan o no recursos para hacerlo-, con lo que esperan imponer miles de bajas. También persiste el impedimento por decreto de nuevas altas y el intercambio de “trabajadores por herramientas”. 

Otra de las medidas “en carpeta” es el desenganche del Potenciar Trabajo respecto al salario mínimo (representa el 50% de este último), con lo que se busca deprimir aún más la asistencia económica del Estado por medio de negociaciones trasladadas a un Consejo de la Economía Popular. 

La Unidad Piquetera volvió a salir a las calles para enfrentar esta ofensiva ajustadora, reclamando además el cumplimiento de los compromisos asumidos y la entrega de los alimentos a los comedores populares. 

El gobierno postergó hasta febrero el relevamiento de los planes Potenciar Trabajo 

Como epílogo de una jornada «caliente» en la que los movimientos sociales con sus distintas siglas protestaron en la calle y anunciaron más medidas de fuerza, Alberto Fernández citó en su despacho a la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, a Emilio Pérsico y Esteban «Gringo» Castro, del Movimiento Evita y tomó la decisión de postergar hasta febrero el relevamiento de los planes Potenciar Trabajo.  

Ante esta decisión oficial, la UTEP desactivó las medidas anunciadas de cortar rutas el miércoles 7.  

En la reunión con Fernández se discutió la decisión de la ministra Tolosa Paz de solicitarle a la Justicia que levante el secreto fiscal para que la AFIP entregue la lista nominal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que cobraban el plan con incompatibilidades había generado un fuerte malestaren los movimientos sociales oficialistas, que incluso dejaron trascender que analizaban renunciar a los cargosque ocupan en el Poder Ejecutivo, principalmente dentro de la cartera de Desarrollo Social. 

Durante la reunión, Alberto Fernández le reprochó a Tolosa Paz el manejo desprolijo de la situación y señaló que como resultado terminó “con la gente en la calle”. En esa línea, Pérsico le recriminó que no debería haber pedido el levantamiento del secreto fiscal. 

Por su parte, la ministra Tolosa Paz explicó que hizo el pedido para evitar una imputación del fiscal Guillermo Marijuán quien de todos modos la denunció -junto con Pérsico- por los presuntos delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”, por no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”, según el informe que el 24 de octubre envió la AFIP por pedido de su antecesor Juan Zabaleta. 

Dado que Marijuán igualmente hizo la denuncia, Tolosa Paz se mostró de acuerdo con Alberto Fernández y Pérsico en esperar hasta febrero para depurar los listados. 

Sin embargo, aclaró que las asignaciones que ya fueron canceladas porque los beneficiarios compraron dólares o están fallecidos, seguirán dadas de baja.

Ante estos planteos y la promesa de que se entregarán más alimentos a los comedores, Pérsico y Castro se comprometieron a no implementar el plan de luchaanunciado en la asamblea que realizaron en el Puente Pueyrredón -bautizado “Navidad en la calle”- que implicaba varias movilizaciones la semana pasada en todo el país. 

El corte de la Utep en el Puente Pueyrredón 

Como medida de rechazo al recorte de los planes sociales, organizaciones sociales nucleadas en distintos agrupamientos piqueteros protestaron el viernes 2 con cortes de tránsito en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en los accesos al Puente Pueyrredón y en las inmediaciones del Obelisco porteño. 

«Este viernes 2 de diciembre salimos a las calles en todo el país para exigir que dejen de recortar en los programas de trabajo de la Economía popular. Concentramos a las 9:30 en Plaza Alsina y vamos al Puente Pueyrredón para llevar adelante la asamblea central que defina el plan de lucha», decía el comunicado de la Utep. 

«Una vez más -agregaba- cuando las cosas no van bien, vuelven a cargar contra los últimos y las últimas de la fila, con criterios burocráticos insólitos y falaces. Pareciera que no les tiembla el pulso para sacarle la comida de la mesa a las familias que más lo necesitan en un contexto crítico de fin de año». 

La central, cuyo secretario general es Esteban «el gringo» Castro, señaló en el comunicado que «hace años y con muchísima lucha, conquistamos derechos para los y las que inventamos trabajo cuando el mercado laboral nos expulsó. Esas reivindicaciones arrancadas en un gobierno neoliberal son puestas en duda en este contexto complicado donde se debería defender a los y las que más lo necesitan». 

Para finalizar, el escrito señala: «Vayan a buscar a los que la fugaron, fíjense quiénes son los que ganan siempre, los que especulan con su riqueza. Siempre vamos a acompañar las medidas que apunten a la justicia social, pero la persecución y el ajuste a los y las de abajo, que la pelean todos los días, no lo vamos a permitir». 

Renunció funcionario piquetero 

Con duras críticas Alberto Fernández y al ministro de Economía, Sergio Massa, el dirigente del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Klejzer, confirmó que el espacio que lidera dio un paso al costado del Gobierno del Frente de Todos.  

El hasta entonces director nacional de Políticas Integradoras del ministerio de Desarrollo Social aseguró que no están dispuestos a “convalidar un ajuste” y denunció que los trabajadores populares nunca estuvieron tan mal como en este momento. 

Explicó que el arribo de Victoria Tolosa Paz tiene el objetivo de realizar el ajuste que comandan desde Economía, y afirmó que se “actúa con la agenda de la derecha”. 

“Hay una política de congraciarse con la derecha. Gerardo Morales maneja más planes que todas las organizaciones que resistieron el macrismo. Después entonces no nos llenemos la boca pidiendo la libertad de Milagro Sala. Hay que resetear el país”, puntualizó. 

Klejzer aseguró que si bien se desvincularon del ministerio de Desarrollo Social hace 20 días, no lo pudieron comunicar con anterioridad, teniendo en cuenta el cambio en la dirigencia de la cartera, los reclamos sociales y el “ataque de la derecha a los planes Potenciar Trabajo”. 

“En líneas generales, el ministerio se divide en tres: los laburantes que son los que sostienen el ministerio, los que no entienden nada del drama social que pasa en la Argentina y los que sabiendo el drama convalidan un ajuste. Eso es muy peligroso para un gobierno que se dice popular”, lamentó el dirigente social. 

Y añadió: “La política creó las condiciones para que haya un consenso de que los responsables de la pobreza son los pobres. Desde que se fue Arroyo no hay debate, no hay ideas centrales. Hoy es un ministerio de transferencia de guita en alimentos y directa a la gente”.  

La Unidad Piquetera realizó un corte total en la Avenida 9 de julio  

El viernes 2, las organizaciones de la Unidad Piquetera realizaron una conferencia de prensa en el Obelisco porteño, seguida de cinco horas de movilización y corte total de la Avenida 9 de julio, Corrientes, Diagonal Norte y calles aledañas, contra el ataque del gobierno hacia trabajadoras y trabajadores del Potenciar Trabajo.  

Se trató de una jornada de lucha resuelta de emergencia y convocada con poco tiempo, en el marco de un agravamiento y profundización del ataque del gobierno contra los trabajadores desocupados, con el levantamiento del secreto fiscal para forzar la eliminación de miles de programas sociales. 

En la conferencia de prensa, las distintas organizaciones que conforman la Unidad Piquetera, plantearon que el gobierno de los Fernández había echado gasolina al fuego, y tendría como contrapartida «un diciembre caliente y piquetero».  

“El informe, difundido desde la propia Afip busca golpear a los sectores más empobrecidos. En cambio, no se abre el secreto fiscal para las grandes fortunas y los evasores millonarios. Duros con los pobres, complacientes con los ricos”, señalaron en su comunicado de prensa, denunciando la doble vara del gobierno nacional. 

El ensañamiento del gobierno con los trabajadores desocupados y beneficiarios de los programas sociales contrasta con los beneficios que se le otorga a los capitalistas y exportadores, como el reciente dólar soja 2, que implica miles de millones de pesos para las patronales sojeras en tan solo 30 días. 

Las organizaciones piqueteras encuadran las hostilidades actuales en el marco del plan de ajuste diseñado por el FMI y aplicado rigurosamente por el gobierno nacional, que busca liquidar los programas sociales como un medio para aplastar los salarios del conjunto de los trabajadores. 

Comunicado de la Unidad Piquetera 

Fuerte reacción contra el ajustazo del gobierno. 

La semana que viene continúa y se refuerza el Plan de lucha. 

En todo el País y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires hubo una fuerte reacción de los trabajadores del Potenciar Trabajo ante la amenaza real de bajas masivas y el desenganche de los programas sociales del salario mínimo, ingreso que ya es más que miserable
A eso se suma la incertidumbre de si habrá doble aguinaldo, que serviría como paliativo frente a la inflación que destruye los ingresos. 

El gobierno ajusta a los que menos tienen y la «justicia» que no investiga nada, persigue a los trabajadores que sobreviven con un plan social, luego de que las políticas de los gobiernos destruyeran el trabajo.
Hoy hubo una confluencia en los hechos con organizaciones que sostienen un apoyo al gobierno, pero que no pueden seguir ocultando a sus bases que este es un gobierno ajustador.
Las organizaciones de la Unidad Piquetera llamamos a todas las organizaciones a unir fuerzas en una acción común, fuerte con todas las fuerzas posibles para derrotar el ajuste.
La semana que viene profundizaremos las medidas con cortes de acceso, acampes y movilizaciones en más de 100 rutas nacionales y provinciales, puentes carreteros y autopistas. (…)

Fuentes: Redacción Canal Abierto, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, Prensa FOL  
Fuente: https://rebelion.org/guerra-contra-los-mas-pobres-y-fuerte-reaccion-de-los-trabajadores-del-potenciar-trabajo/

Observamos que se reduce a una puja distributiva dentro de un círculo vicioso a beneficio exclusivo del polo de privilegios. Mientras la puja se da, el régimen extractivista acelera e intensifica su ocupación e invasión económica territorial de ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciosos y de crecimiento en su explotación tanto de la naturaleza como de los trabajadores y pueblos de Argentina compartiendo destino con todo el Abya Yala. Aún más, el sistema mundo capitalista progresa según maximiza ambas expoliaciones.

Sin embargo, tiene gravitación en las izquierdas la siguiente convicción economicista:

La política discute quien gestiona
el ajuste y el rumbo de la economía

14 de diciembre de 2022

Por Julio C. Gambina | Rebelión

La política y la economía, o viceversa, tienen especificidad, pero interactúan de manera dinámica.

Es algo visible en estas horas en las que se ventiló el fallo en primera instancia que condena a Cristina Fernández de Kirchner, pero también, hace lo propio la denuncia de la connivencia del poder económico, mediático, político y judicial.

(…) El fallo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner establece una condena a 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos políticos de por vida, lo que ha generado un debate en el país, no solo en el oficialismo, sino también en la oposición.

¿Quiénes serán los referentes electorales de las coaliciones que hoy disputan el gobierno del capitalismo local y cómo se designarán? ¿Qué posibilidad se abre para terceros que pretenden colarse en la disputa electoral, especialmente el caso de la ultra derecha? ¿Podrá la izquierda articular una propuesta más amplia que la actual para intervenir efectivamente en la disputa por la representación institucional?

Resulta interesante para visibilizar en la sociedad la difusión de la connivencia del poder económico personificado en Joe Lewis, el británico apropiador del “lago escondido” en sus territorios y que asocia gran propiedad territorial y capital externo con políticos de la oposición y del oficialismo, y claro que la enorme complicidad de la prensa hegemónica en la Argentina.

En el fondo está el ajuste y la regresiva reestructuración económica

Queda claro que se trata de intereses económicos, políticos y judiciales todos atravesados con lo que está por detrás que es el ajuste de la economía, algo que se confirma en estas horas con la tercera auditoria del FMI, según leemos en comunicado de prensa del organismo internacional. [1] Allí se puede leer el avance del acuerdo:

“La prudente gestión macroeconómica y los esfuerzos para movilizar financiamiento externo están respaldando la estabilidad macroeconómica—se está restableciendo el orden fiscal, moderando la inflación, mejorando la balanza comercial y fortaleciendo la cobertura de reservas.”

Señala el FMI que Argentina está cumpliendo con lo que se comprometió en marzo pasado que es la reducción del déficit fiscal, el control de la emisión monetaria, aunque eso sea a costa de un endeudamiento en pesos fenomenal. Las Letras de liquidez, LELIQ, duplican la base monetaria, que son todos los billetes y monedas que circulan en la Argentina. Se trata, las LELIQ, de un pasivo rentado del BCRA que complica el uso de recursos públicos destinado a resolver necesidades sociales.

Ese costo afecta las posibilidades de atender a la población empobrecida de la Argentina y aún restan 7 auditorías trimestrales, según el acuerdo con el FMI, por lo que el ajuste es un horizonte continuo en el futuro. El interrogante es si la sociedad afectada por el ajuste y la restructuración regresiva no hace estallar la relativa tranquilidad con la que se llega a este fin del 2022.

No es solo ajuste lo que está en discusión, en rigor, es el modelo productivo y económico de la Argentina, donde lo que se afianza es la primarización de la producción y las exportaciones por eso todo remite al complejo de la soja, lo que explica la renovación de un tipo de cambio especial en beneficio para los grandes productores y exportadores.

Pero también es el caso de los hidrocarburos no convencionales y todo lo vinculado a sacar el petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta. Se pretende producir para exportarlo y ofrecerlo sobre todo a Europa, apurada por sustituir la importación del gas ruso.

En ese camino existen expectativas del poder mundial, sobre todo de EEUU, en el litio. Vale recordar que Argentina, junto a Chile y Bolivia son el principal reservorio del litio en el mundo.

Por eso las reuniones entre Sergio Massa, el ministro de economía de la Argentina, con los sectores más concentrados de la industria, del agro, de la agroindustria, de las finanzas, para consensuar una política antiinflacionaria que reduzca este casi 100% que de inflación estimada para el 2022 y asegurar un horizonte de estabilización macroeconómica que facilite inversiones en el corto plazo.

Temor al descontento y la protesta

Hay temor por la escalada inflacionaria en una perspectiva de hiperinflación, que pueda desatar el conflicto social.

El ministro de economía dice que “si la inflación continua no ganaremos la elección del 2023”, pero también le está diciendo a los grandes empresarios que contribuyan a morigerar la expectativa de apropiación de ganancias para normalizar la situación y no exacerbar la protesta, el conflicto social.

Fue el embajador estadounidense quien alertó en el mismo sentido a las coaliciones políticas que disputan gobierno: “avancen en una coalición desde ahora”, en claro mensaje para acordar cuestiones esenciales que viabilicen la normalización del capitalismo en el país.

lA no engañarse, más allá de lo que sostengan las sentencias judiciales o las connivencias del poder judicial con el poder político, mediático e intelectual, lo que define la política es la lucha social contra el ajuste, especialmente si esta articula un proyecto político para reestructurar el orden económico y político, con otros beneficiarios a los actual

Es un tema escasamente evidenciado en el debate político y a tener en cuenta, ya que solo se discute la “normalización” del orden existente y se escamotea el desafío para posibilitar rumbos políticos alternativos para otro orden económico y la reproducción de la vida cotidiana.

No se trata de la corrupción como pretenden instalar mediática y judicialmente, aun siendo un tema de interés e importancia en la sociedad, no solo en Argentina, un tema que visibiliza la situación de Perú.

La cuestión de fondo es el debate sobre el orden económico y político, por lo que la pelea fundamental es contra el ajuste que supone el acuerdo con el FMI y que encabeza las demandas de los sectores más concentrados de la actividad económica local.

Otra agenda es posible y se asocia a la organización y lucha popular por otro orden social, económico, político y cultural.

Nota: 1] FMI. Comunicado de prensa del 2/12/2022, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/12/03/pr22414-argentina-staff-level-agreement-on-the-third-review

Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

Fuente: https://rebelion.org/la-politica-discute-quien-gestiona-el-ajuste-y-el-rumbo-de-la-economia/

 Apreciemos que Julio Gambina señala la necesidad de otro orden social, económico, político y cultural. Pese a lo cual interpreta la realidad argentina según una anacrónica concepción de la lucha de clases. Lo es por aceptar la iniciativa burguesa en resolver la situación de extrema conflictividad e injusticia a su favor. En efecto, Gambina plantea:

• La exigencia de disputa por la representación institucional que es posicionarse de espaldas a las defensas y recuperaciones de territorios tanto por asambleas socioambientales como por comunidades de pueblos originarios.

• La puesta en evidencia de la connivencia del poder económico personificado en Joe Lewis, el británico apropiador del “lago escondido” en sus territorios y que asocia gran propiedad territorial y capital externo con políticos de la oposición y del oficialismo. Cuando existen múltiples ejemplos en todo el país que hacen a la expansión extractivista pero, a diferencia de esa de esa visibilización focalizada por los medios de difusión, están silenciados e invisibilizados por el sistema.
  
  

Según Gambina, la política está definida por la lucha contra el ajuste a causa de procurar la reestructuración regresiva de la economía. De ahí la importancia, destaca, que la lucha popular tenga un proyecto político para reestructurar el orden económico y político, con otros beneficiarios a los actuales. Imagina Gambina desconociendo la relevancia de las resistencias al avasallamiento de derechos tanto de los pueblos e individuos como de la naturaleza. Y menos repara, cómo van analizando y construyendo no sólo la erradicación de los extractivismos o modos capitalistas de producción en el Abya Yala sino también rumbos conforme a los principios de «buenos vivires» como la soberanía alimentaria, la agroecología, la permacultura, la democracia directa.

 Ecocida y genocida

Examinemos cómo Diego Montón, al igual que Julio Gambina, habla de cambios estructurales.

«Para que los planes sociales se transformen en
trabajo genuino hay que democratizar la tierra»

14 de junio de 2022

Integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra), Diego Montón es un conocedor de la realidad rural local y América Latina. Anuncia la reorganización de la Vía Campesina en Argentina, debate sobre el rol de los movimientos sociales y la relación con los gobiernos, y precisa cuatro ejes de lucha: soberanía alimentaria, agroecología, feminismos y acceso a la tierra.

Por Darío Aranda,

 ¿Reforma agraria en el Siglo XXI? ¿El rol de los movimientos sociales y los gobiernos? ¿Cómo salir del extractivismo y del agronegocio? Algunas de las preguntas que abordó Diego Montón, 46 años, mendocino, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST) y con larga trayectoria en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). Y algunas de sus definiciones: el balance negativo del gobierno de Alberto Fernández, «la Secretaría de Agricultura Familiar está desfinanciada», los 30 años de La Vía Campesina y su reorganización local, y un repaso de temas: el modelo agropecuario, las contradicciones en la relación con los gobiernos, la Mesa Agroalimentaria, la relación Grabois-Grobocopatel, la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria. Y un mensaje a las organizaciones, que también puede ser un llamado a la acción: «El rol del movimiento social no es contener el descontento sino transformar la realidad, lograr cambios estructurales, el cambio social».

«La Secretaría de Agricultura Familiar está desfinanciada»

—¿Qué evaluación hacen desde el MNCI Somos Tierra de la actualidad política, del gobierno de Alberto Fernández? Un Gobierno que ustedes llamaron a votar y está volcado al extractivismo, incluido al agronegocio.

—El balance para nosotros no es positivo, porque arrancamos con un Ministro de Agricultura yendo al Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, comprometiéndose con ese programa a fines del año 2019, un Alberto Fernández que en su primer discurso ante el Parlamento puso a la agricultura familiar en el centro, habló de soberanía alimentaria, planteó la expropiación de Vicentín, justamente en el camino a construir la soberanía alimentaria…

—Y no hizo nada de eso.

—Sí, hay que señalarlo. Y también decir que vino una pandemia que cambió todo el escenario.

-La pandemia también se transforma en excusa de muchas cosas. Y el Gobierno dio más vía libre a las mineras, petroleras…

—La pandemia también podría haber sido la excusa perfecta para avanzar en otra agenda, para más producción de alimentos, lograr precios más accesibles para los sectores populares, pero no se hizo. Se retrocedió con lo de Vicentín a tal punto que terminó siendo negativo. Se demoró mucho el monotributo social agropecuario y todavía no es efectivo, tampoco se avanzó con la Ley de Acceso a la Tierra, que perdió estado parlamentario. La Secretaría de Agricultura Familiar está desfinanciada. Entonces, la lectura hacemos hoy es que no se cumplieron los propios postulados que Alberto Fernández había planteado para el sector. Y, relacionado al modelo, el tema del precio de los alimentos es uno de los principales problemas que tiene la sociedad argentina.

—Ante el balance negativo, ¿qué harán como MNCI Somos Tierra o como Mesa Agroalimentaria?

—Estamos en un proceso desde la Mesa Agroalimentaria de debate sobre las próximas acciones de lucha que vamos a desarrollar en función de, justamente, esta severa crisis alimentaria, severa crisis ambiental, severa crisis energética, frente a las cuales no vemos políticas de fondo que apunten a resolverla desde la perspectiva popular.

—Respecto al apoyo de movimientos sociales a determinados gobiernos que luego no cumplen con las promesas, incluso hacen lo contrario. ¿Qué autocrítica hacen?

—La crítica y la autocrítica es permanente y es parte también de la fuerza con la que nosotros nos organizamos.

—El MNCI estuvo muy cercano al último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, recuerdo en particular un Congreso de la CLOC en Ezeiza. ¿La cercanía a los gobiernos desmoviliza y debilita la lucha?

—El tema de la fuerza o debilitamiento de los movimientos no ha tenido que ver con la relación con el Estado, sino con la propia dinámica interna y las propias debilidades que a veces se maximizan con algunas acciones. Si bien es más sencillo, quizás, plantearse en movimiento sin la relación con los gobiernos, la posibilidad de que se efectivicen algunas políticas públicas que nosotros planteamos tiene que ver con la participación y las contradicciones que asumimos como movimiento. Lo que sí tenemos que seguir revisando son, justamente, por un lado, los roles y las dinámicas en el sentido de la combinación de la movilización, la formación política y la lucha con la implementación de las políticas. Y lo que no puede ser una ilusión, y eso hace a la formación política, es creer que sólo de la mano del control de una institución del Estado se va a poder avanzar con cambios estructurales.

—¿Cómo se logran cambios estructurales si, por ejemplo, se está dentro de un Gobierno que impulsa el extractivismo y el agronegocio?

—Para los cambios que nosotros planteamos hacen falta la movilización y la organización popular. Y hace falta también la construcción institucional de un poder político que esté en el marco de las organizaciones populares. En eso nos falta mucho por recorrer. Y obviamente en esto también juega la naturaleza humana, juegan los egos de las personas, nuestros propios egos, de los dirigentes, de los movimientos y de quienes asumen roles institucionales.

—Hay una Secretaría de Agricultura Familiar y una Dirección de Agroecología. Pero es difícil pensar que desde ahí surgirán cambios profundos, y no lo digo por los trabajadores y trabajadoras que están en esos lugares sino por las políticas concretas que pueden ejecutarse desde esas estructuras.

—Hemos visto que algunas veces hemos impulsado luchas para generar instrumentos institucionales y después cuando a esos instrumentos los ejecuta una persona totalmente ajena al sector y al movimiento termina siendo desnaturalizado. El problema también es que, a partir de la conquista de un espacio institucional para una política pública, se desinfla la movilización y la organización. Creo que es un desafío. Y, ante el avance de la derecha, es una contradicción necesaria, que hay que asumirla y que tenemos que ir evaluando con crítica y autocrítica de los errores que hemos cometido. Y también nosotros tenemos que ser capaces de seguir instalando los debates que son fundamentales para nosotros. El tema de la tierra, por ejemplo, la reforma agraria, que se evaluó en los 30 años de La Vía Campesina, es necesario que vuelva a estar en la agenda global y en la agenda nacional, y nos parece que esa es la disputa que tenemos que dar.

—¿Ve que algún candidato presidencial, por fuera de la izquierda, pueda tomar el tema de la reforma agraria en Argentina?

—En lo que se viene hacia adelante, al 2023, nuestro principal objetivo es fortalecer la lucha y a partir de ahí evaluar quiénes son las compañeras y compañeros que pueden disputar algún espacio institucional que, justamente, venga a resolver estos problemas.

«El rol del movimiento social es transformar»

—A más de 20 años del 2001, del «que se vayan todos», se fueron pocos y aumentó la pobreza, la inflación y seis de cada diez chicos es pobre. Algunos referentes de movimientos sociales explican que no se producen estallidos como en 2001 porque las organizaciones sociales contienen ese disgusto, además de las políticas sociales implementadas. ¿Coincide con esa lectura?

—El rol del movimiento social no es contener el descontento sino transformar la realidad, lograr cambios estructurales, el cambio social.

Para nosotros el post 2001, de alguna manera, se hacía fuerte la idea del cambio social y creo que ese es el principal valor de un movimiento social. Claro que tiene que ver con el momento histórico que le toque vivir, generar las condiciones subjetivas pero también la fuerza para lograr ese cambio social. No creo que el rol tenga que ser la contención social, ese en todo caso puede ser el rol de una política pública, pero no de un movimiento. De todas maneras, no coincido con la idea de que hoy la situación está contenida. Me parece que también hay una sobreestimación de la capacidad de algunos movimientos de contener. Lo que sí creo es que el desafío, justamente, tiene que ver con la construcción de escenario para la movilización, con avances, con la construcción de escenarios de cambio o de la conquista de derechos, y no con el solo hecho de frenar el avance de grupos de derecha o fascistas.

—¿Qué opina de la demanda de «transformar planes sociales en trabajo genuino»?

—Creo que muchas veces estamos frente a un debate político de eslogan, que no nos está haciendo bien al movimiento social y al movimiento popular. Creo que tenemos que avanzar en acciones más profundas. Es un eslogan muy fácil decir “vamos a traducir los planes sociales en trabajo” y eso no aparece muy vinculado a cuestiones estructurales, que son las que creo que los movimientos populares debemos volver a poner sobre la mesa: para que los planes sociales se transformen en trabajo genuino hay que democratizar la tierra y democratizar el sistema agroalimentario. Cuando en algunas organizaciones naturalizan el vivir con “la changa más una ayuda del Estado”… Es un error, no puede ser ese el horizonte de vida, eso pasa a ser conservador y ahí volvemos a plantear la necesidad del cambio social.

—Sobre movimientos sociales y cambios transformadores o no. En las últimas semanas pasaron dos hechos puntuales. Juan Grabois junto a Gustavo Grobocopatel, contando sobre la posibilidad de un trabajo conjunto. Por otro lado, organizaciones que en centros urbanos son muy conocidas, como Jóvenes por el Clima, sentados en la mesa con el Gobierno y las empresas mineras. ¿Qué opinión tiene?

—Respeto mucho la lucha que venía haciendo Juan Grabois, me parece que también que Jóvenes por el Clima vienen dinamizando un debate. Y no me preocupa tanto que se sienten a mesas de diálogo, lo que sí me parece —y volvemos al tema anterior— es que hay que ser claros, si nos dedicamos a contener o a transformar. Tener expectativas de que los referentes del agronegocio van a aceptar cambios estructurales me parece falso y, si el dirigente social no tiene esa expectativa, hay que pensar bien cómo comunica las ideas porque se lee que tiene esa expectativa. Y no entiendo que se pueda tener expectativas de esos sectores del poder económico, con intereses claramente determinados, que no ceden derechos, que no van a ceder parte de sus beneficios solamente por “buena gente”. Y me parece que ese tipo de falsas ilusiones puede tener un efecto que desmovilice la lucha.

—¿Qué opina de Grobocopatel?

—Estoy convencido que Grobocopatel no es ni bueno ni malo, sino que representa intereses y esos intereses son seguir subordinando a la agricultura familiar a los intereses del capital financiero.

—¿Y por qué crees que algunas organizaciones y movimientos hablan de planes conjuntos o intentos de consenso con esos sectores, del agronegocio o las mineras?

—A esos sectores les diría que es necesario hacer la lectura histórica de los 500 años, pero además de los 200 años de Nación Argentina, y de la sangre que ha corrido en términos justamente de las luchas por conquistar derechos, de trabajo digno, de democratizar la tierra. Desde nuestra perspectiva no hay posibilidades de democratizar la tierra sin más organización y sin fortalecer la lucha. Y en eso trabajamos todos los días.

Tres décadas de La Vía Campesina

—Acaba de volver del encuentro por los 30 años de La Vía Campesina. ¿Cómo fue ese balance de las tres décadas?

—Se hizo un repaso de todas las historias de lucha y solidaridad de La Vía Campesina. Un aspecto interesante de resaltar hoy, 30 años después, es lo que implicó la soberanía alimentaria como propuesta. También recordar que La Vía Campesina surge articulando resistencias y entendiendo la necesidad de que las luchas nacionales tenían que tener una articulación internacional porque la ofensiva del neoliberalismo era una ofensiva internacional, pero además de articular resistencias se fue construyendo una agenda propositiva.

—De ahí la propuesta de soberanía alimentaria.

—Claro. Es una bandera importante que surgió justamente en el debate del Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU, pero se fue retroalimentando y que después tuvo también la capacidad de articular a otros sectores. Otra agenda importante que surge a fines de los 90 son los Derechos Campesinos en Naciones Unidas, se instala el discutir todos los temas de la producción y del desarrollo agrario en términos de derechos y no solamente en términos de negocios, que era lo que venía proponiendo la OMC (Organización Mundial del Comercio). Y también nace la agroecología como otro punto importante. También está presente la participación de las mujeres, que viene desde hace muchos años en La Vía Campesina, con paridad de género en todas las instancias. Y, no podemos olvidar, otro de los temas fundamentales es que se volvió a poner a la reforma agraria en la agenda global.

—¿Qué logros destaca de estas propuestas?

—Los cinco ejes han sido muy importantes y han desarrollado mucha movilización, pero además se han logrado algunas acciones concretas, como constituciones nacionales que incorporan esos contenidos, como algunos lineamientos de políticas públicas nacionales e internacionales que también han ido incorporando esos contenidos. Hoy la agroecología y la soberanía alimentaria están en la agenda, incluso se disputan sus sentidos. Todo en un escenario que sigue siendo de lucha y que, incluso después de la aprobación de la Declaración de los Derechos Campesinos, está claro que para que eso se traduzca en instrumentos políticos o en leyes nacionales y, por sobre todas las cosas en hechos concretos, va a ser fundamental estructurar las luchas nacionales sobre esos ejes, soberanía alimentaria, tierras, agroecología y feminismo.

—¿Cuáles son las dificultades o tareas pendientes que tiene el movimiento campesino internacional?

—Una cuestión que se evalúa como clave es que la ofensiva de las corporaciones sobre el sistema agroalimentario no ha retrocedido, sino que se ha agravado, y eso en la pandemia, en lugar de visibilizarse la concentración y haber sido una oportunidad para que los Estados replanteen las políticas agrarias, lo que ocurrió en todo el mundo es que avanzó la concentración en pocas manos. El derecho a la alimentación sigue siendo un derecho vulnerado para casi la mitad de la población mundial. Un desafío es la amplitud de la alianza social que pueda asumir esta tarea, asociado también a un escenario donde las transformaciones estructurales no aparecen a la vista. La tarea sigue siendo la lucha y la movilización, pero por otro lado también la necesidad de estructurar estas ideas de transición que hace a poder generar políticas públicas que permitan que estas luchas avancen. Y puestas las luces contra los discursos más fascistas, de esos grupos que quizás detrás de lo libertario empiezan a capitalizar la crisis política.

—¿Cómo ve el crecimiento de esas derechas?

—El descreimiento de la población, que va en aumento en todo el mundo sobre el sistema democrático y republicano, en lugar de poder estar siendo una semilla revolucionaria está siendo capitalizado por estos grupos fascistas de derecha. Y por eso también la discusión de la política se vuelve fundamental. Tenemos que ver cuáles van a ser las estrategias para combatir estos grupos de derecha, pero a su vez lograr instalar nuestra agenda, que nos parece que es una agenda muy permeable, por ejemplo el acceso universal a los alimentos saludables.

La organización campesina en Argentina

—Ya pasaron años de la ruptura del MNCI. ¿Cómo está la situación de La Vía Campesina en Argentina?

—Hablamos siempre de que el movimiento campesino, el movimiento social, es como un gran río y en algunos momentos el río tiene arroyos que se bifurcan y van haciendo un recorrido, pero son siempre parte de ese mismo río. Creo que las tensiones y un poco las crisis del movimiento campesino en Argentina han ido en esa perspectiva, fueron más en torno a lecturas políticas nacionales diferentes y, en este momento concretamente, existen dos movimientos miembros de Vía Campesina, por un lado, el MNCI y por otro lado el MNCI Somos Tierra. Lo positivo es que se han retomado todas las agendas y hemos asumido el compromiso de constituir un espacio nacional que sea la articulación de La Vía Campesina Argentina, también asociado a que hay varias organizaciones campesinas locales que venían solicitando ser miembros de La Vía Campesina y que entendemos, los dos MNCI, que esas organizaciones cumplen con los requisitos que tiene que ver con que estén en el marco de los principios y que coincidan con lo fundamental: la lucha por la tierra, la soberanía alimentaria, la agroecología. Así que hemos asumido el compromiso de construir juntos ese proceso, de manera de establecer esa articulación nacional de la Vía Campesina.

—¿Cómo sería ese proceso y qué organizaciones están en ese camino?

—No menciono las organizaciones para no olvidarme de ninguna, pero son varias, cinco o seis. Tienen que ser organizaciones de carácter nacional. Y estamos pensando en que las organizaciones regionales podrían ser parte de la articulación, aunque no como miembros plenos. Un paso importante es articular la participación en la agenda internacional con acciones concretas en la agenda local, siempre aceptando la diversidad y entendiendo que cada organización tiene su identidad y su agenda propia en la Argentina, es decir, no sería una estructura orgánica sino una articulación de las luchas de La Vía Campesina en Argentina.

Rupturas campesinas y nuevas articulaciones

—El MNCI daba la sensación de ser un movimiento fuerte y consolidado. Luego estuvo el acercamiento al Movimiento Evita y la ruptura, que fue bastante silenciosa. ¿Qué fue lo que pasó?

—Una virtud que tuvo el MNCI fue la capacidad de poner las luchas por delante y administrar las divergencias y tendencias que siempre existieron en el movimiento. El MNCI logró articular muchas experiencias. Pero en un contexto de la ofensiva macrista y de la reconstrucción del movimiento popular de Argentina, no encontramos las herramientas para gestionar algunas de esas divergencias que se profundizaron. Eso llevó la división, entre el MNCI y el MNCI-Somos Tierra, donde quedamos la Red Puna, el Movimiento Campesino de Córdoba y la UST (Unión de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza). Pienso que, para los dos MNCI, siguen siendo objetivos fundantes la soberanía alimentaria y la reforma agraria. Y entiendo que la articulación política se va a poder seguir haciendo en función de construir unidad de acción.

—Por otro lado nació la articulación con Fecofe y UTT en la conformación de la Mesa Agroalimentaria.

—Sí, y tiene relación con lo anterior. Para nosotros la alianza con los movimientos urbanos es estratégica, pero siempre pensamos que era fundamental construir una plataforma de lucha estrictamente agraria y rural, porque la propia dinámica de la urbanización argentina y de la agenda mediática del conurbano tiende a invisibilizar las luchas agrarias y la realidad de toda la diversidad territorial argentina. Por eso, una cuestión que nosotros entendemos, y sí fueron puntos elementos de divergencia, es no subordinar el movimiento agrario en la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), porque eso iba a invisibilizar a las luchas agrarias. Y de hecho nos parece que en parte eso ocurrió con otras organizaciones que quedaron ahí dentro.

—¿Por dónde pasa la construcción con otros movimientos sociales?

—El Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular fue una súper experiencia, muy buena, porque logró aglutinar a diversos sectores que ponían sobre la mesa justamente esa realidad y las propuestas para esa realidad. Incluso en ese momento de construcción y de máxima visibilidad de ese proceso todos los actores políticos empezaron a poner en su agenda, de una u otra manera, a la agroecología y a la soberanía alimentaria. Y una vez que se retrocedió en ese proceso también eso se vio en el impacto en la agenda política, por eso es que nos abocamos a la construcción de la Mesa Agroalimentaria Argentina, fundamentalmente con la UTT y Fecofe. Entendiendo y tratando de representar la diversidad que va desde una comunidad de pueblo originario hasta una cooperativa de medianos productores, que entienden y conciben a la soberanía alimentaria como el objetivo y al alimento como un derecho. Y por supuesto que no entendemos a la Mesa Agroalimentaria en una burbuja del campo, sino que desde ese espacio articular con el movimiento sindical, con los sectores políticos, con los movimientos urbanos, pero con nuestra agenda sobre la mesa.

—¿Cuáles con las acciones concretas realizadas desde la Mesa Agroalimentaria?

—Además de la articulación política se trata de la articulación cotidiana de las acciones concretas. Venimos trabajando juntos por la transición agroecológica. Desde la Mesa tenemos una propuesta concreta sobre cómo es la transición y cómo seguirla desarrollando en los territorios. En temas comerciales hemos dado un paso muy importante en articular y de, por ejemplo, que en los almacenes que tenemos en las organizaciones se ofrecen todos los productos de las distintas organizaciones de la Mesa. Eso nos ha ido llevando también a poder establecer circuitos de comercialización, que ya van incluyendo todos nuestros productos. Esto nos han ido también enseñando, mediante la práctica concreta, que es posible desarrollar una dinámica de los sistemas agroalimentarios de una manera totalmente diferente a la que hoy tienen la Argentina. Es otro principio importante que yo destacaría de la Mesa: está la lucha política gremial, pero en el camino también son acciones concretas y coordinadas. También estamos nutriéndonos juntos en la formación de escuelas de agroecología y de la cuestión de nuevas colonias agrícolas o comunidades agroecológicas.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/para-que-los-planes-sociales-se-transformen-en-trabajo-genuino-hay-que-democratizar-la-tierra/

Subrayemos que Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra), no toma distancia del Estado cuyas políticas desde mediados de los setenta fueron hacia el desarrollo del neoliberalismo hasta ahora sin interrupción. Comienzan en terrorismos estatales y paraestatales para implantar el triunfo del Capital sobre los trabajadores. Con dictadura genocida establecen las leyes y la herramienta o yugo de extorsión (la deuda externa pública por estatización de la del llamado poder real) para la transnacionalización de los bienes comunes sociales o privatizaciones y luego de componer el correspondiente cuerpo jurídico, durante el gobierno justicialista liderado por Menem-Cavallo, se expanden los extractivismos sobre todo durante más de una década de gobierno del PJ ahora hegemonizado por el kirchnerismo.

Ambos MNCI no confrontan con el Estado, al contrario, procuran tener espacios institucionales e influenciar en políticas públicas de su sector. Todavía más se esfuerzan por una ley de acceso a la tierra cuando hace décadas el sistema mundo capitalista y sus locales están afianzando su contrarreforma agraria integral. Esta última implica no sólo concentración-centralización de las tierras sino también otras violencias de todo tipo y de extrema gravedad.

¿Qué significa confrontar con el Estado y el Capital? Hacer lo contrario a lo prescripto, programado e impuesto por el capitalismo. Recuperar los tejidos sociales y concretarlo desde la autodeterminación de los pueblos, de sus comunidades y naciones en sus luchas por arraigar y desarrollar las justicias social, sanitaria, ambiental y cognitiva como explica el libro brasileño Salud, ecologías y emancipación publicado por editorial Abya-Yala.

A diferencia de ambos MNCI, los diversos de abajo a la izquierda necesitan rumbear hacia que:

• La «reforma agraria integral» resulta por la unión plurinacional de las defensas y recuperaciones de territorios contra el avasallamiento capitalista de los derechos tanto de la naturaleza como de los pueblos e individuos.
• La «soberanía alimentaria» es otra sociedad fruto de liberar al Trabajo del Capital y recuperar las tierras (mediante erradicación del régimen extractivista con base en el latifundista) que consiste en reconstruirlas como territorios mediante comunidades empoderadas de entablar armonías internas y entre ellas con la naturaleza tanto de sus respectivos ecosistemas como del conjunto.

 Alternativas emancipatorias

Repitamos a Pedro Pierre sobre cuán indispensable es reconocer que estamos en una crisis profunda que toca todos los aspectos de nuestra vida, no sólo lo personal, sino también lo familiar, lo profesional, lo social y lo religioso. Esta crisis es profunda porque no hay soluciones preestablecidas. Anteriormente se enfrentaba el tema de la familia, por ejemplo, luego del trabajo, después era al nivel social, o en lo religioso. Ahora la crisis lo desestabiliza todo. La solución tenemos que encontrarla juntos, buscando entender las causas, las dificultades, los valores que perduran… para encontrar nuevos caminos y salidas creativas y colectivas. ¿Dónde están surgiendo novedades, a través de qué grupos sociales, mediante qué espiritualidad? Nos toca ahora buscar, mirar, reconocer lo que tiene futuro y avanzar esperanzados, porque el pasado ya pasó y la historia no da marcha atrás.

La política

Desafíos que exigen alternativas

26 de noviembre de 2022

Por Pedro Pierre/Rebelión

El sistema capitalista funciona porque somos sus cómplices y encubridores. Se trata entonces, por una parte, de desaprender lo que se nos ha enseñado desde nuestro nacimiento, en la familia, en los centros educativos, los medios de comunicación, los partidos políticos, las religiones… y, por otra, de aprender a caminar nuevos senderos.

Tenemos que reconocer que estamos en una crisis profunda que toca todos los aspectos de nuestra vida, no sólo lo personal, sino también lo familiar, lo profesional, lo social y lo religioso. Esta crisis es profunda porque no hay soluciones preestablecidas. Anteriormente se enfrentaba el tema de la familia, por ejemplo, luego del trabajo, después era al nivel social, o en lo religioso. Ahora la crisis lo desestabiliza todo. La solución tenemos que encontrarla juntos, buscando entender las causas, las dificultades, los valores que perduran… para encontrar nuevos caminos y salidas creativas y colectivas. ¿Dónde están surgiendo novedades, a través de qué grupos sociales, mediante qué espiritualidad? Nos toca ahora buscar, mirar, reconocer lo que tiene futuro y avanzar esperanzados, porque el pasado ya pasó y la historia no da marcha atrás.

¿Qué dice la Universidad, por ejemplo? La mayoría de la Universidades bien poco aportan a una reflexión sobre la crisis de sociedad a la que nos enfrentamos. Esta crisis no es sólo una crisis cultural, es una crisis económica que lleva la mayoría de la población al desempleo, al robo y al hambre. Es una crisis política que se manifiesta en la ideología fascista de los gobiernos. Es una crisis social que desarrolla la violencia como modo de sobrevivir. Es una crisis religiosa que revela la ineficacia de las instituciones a responder a la pérdida de valores y de sentido de la existencia. Es una crisis ambiental por la destrucción sistemática de la naturaleza y del medio ambiente.

La causa de esta crisis es la vigencia del sistema capitalista neoliberal cuya meta es la acumulación indefinida de riquezas en manos de unos pocos: el 1% de la población mundial, se alimenta de la explotación indolente del 99% restante y de la devastación imparable de la naturaleza. Lastimosamente la Universidad ha pasado a ser el apéndice de las empresas capitalistas, que logran así controlar la formación de cuadros que servirán sus intereses. Originalmente las Universidades fueron fundadas para acompañar los pueblos para vivir mejor: mejor convivencia, mejor salud, mejores conocimientos, mejor economía, mejores relaciones con la naturaleza. Pero eso es un cuento del pasado.

¿Dónde encontramos sistemas sociales abran nuevas perspectivas fuera del sistema económico y político actual? Los grandes medios de comunicación están financiados por 1% de ricos cada vez más ricos para que escondan la realidad, manipulen las informaciones y mantengan obediente la población cada vez más inconsciente, indiferente y sumisa. Están encargados de hacernos creer que “todo está bajo control”, “no pasa nada” o “la culpa es de Correa” … y cuántas mentiras más que fomentan el borreguismo y el odio a los que declaran culpables de los males que engendra el sistema capitalista. Estamos en una guerra de todos contra todos para nuestra autodestrucción progresiva. Para ese sistema, los pobres que son la inmensa mayoría, no son rentables; son más bien un estorbo para el desarrollo creciente de los mismos de siempre.
Frente a esta situación catastrófica, las alternativas existen, pero son satanizadas por el sistema capitalistas y sus defensores asalariados en la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales. Estas alternativas van en 3 direcciones que ya han comenzado a recorrerse: Se basan en el ‘resistir, reformatear y sustituir’. Son eficaces si son colectivas y destructoras del sistema capitalista.
Primero tenemos que resistir colectiva y organizadamente los embates del capitalismo. Eso quiere decir: Identificar los mayores problemas actuales, desvelar sus causas, especialmente las causas estructurales y reconocer las alternativas que enfrentan y empiezan a superar estos mayores problemas.

Luego tenemos que reformatear colectiva y creativamente las mentalidades porque hay que cambiar el ‘chip capitalista’ de nuestras cabezas. El sistema capitalista funciona porque somos sus cómplices y encubridores. Se trata entonces, por una parte, de desaprender lo que se nos ha enseñado desde nuestro nacimiento, en la familia, en los centros educativos, los medios de comunicación, los partidos políticos, las religiones… y, por otra, de aprender a caminar nuevos senderos.

Finalmente tenemos que sustituir colectiva y decididamente el sistema capitalista por otro modelo de organización social. Mientras no estemos convencidos de la perversidad del sistema capitalista, todo va a seguir igual y peor. No hace falta salir de América Latina para encontrar estos nuevos modelos de sociedad, más bien existen y están en nuestra sangre y en la sabiduría de nuestros antepasados indígenas y/o negros. Digo que la solución a nuestros problemas está en nosotros y entre nosotros porque, actualmente, son los pobres, los indígenas y los negros que son portadores de un nuevo modelo de sociedad. No es porque son mejores, sino porque son las víctimas del capitalismo y las raíces del futuro necesario para las Américas todas y para nuestro planeta. Este futuro está en marcha en los nuevos gobiernos progresistas del continente que tienen que ser apoyados y perfeccionados.
Los protagonistas de estas sustituciones son y serán la gente pobre consciente, organizada y valientes, con las mujeres, los jóvenes… y todas las y los que hemos comenzado a hacer nuestras sus opciones. El papa Francisco acaba de pedir a los jóvenes que sean “transgresores”, que «no sean esclavos del móvil, sino que cambien el mundo»… cuidando a los demás, construyendo comunidades fraternas con los demás, realizando sueños de paz».
La crisis actual es como un gran parto colectivo y en los partos no hay marcha atrás… Termino deseándoles un buen parto.

 Fuente: https://rebelion.org/desafios-que-exigen-alternativas/

Revisemos qué han hecho los gobiernos progresistas y cómo agravaron las consecuencias de proseguir en el capitalismo que refuerza nuestro subdesarrollo o ruina, empobrecimiento y hambre en extensión y profundización creciente. Reflexionemos sobre el gobierno de Petro que esperanza a muchos.

Plan Nacional de Desarrollo

¿Es suficiente este plan para hacer del país
una potencia mundial de la vida?

17 de diciembre de 2022

 Por Edgar Fernández /Rebelión

(…) En forma contraria, desde esa época la política estatal ha colocado énfasis en la construcción y la extracción primaria como las fuentes desde las cuales se ha pretendido recuperar el fuelle que perdió el lánguido capitalismo colombiano. 

En consonancia, las políticas estatales modificaron el sector bancario y financiero, para que mediante su privatización apalancará las constructoras privadas. Estos cambios ayudan a explicar la polarización del capital hoy existente, materializada en grandes grupos económicos de un lado, y alta informalidad del trabajo, del otro, así como el recurrente fracaso en salir de la crisis. Ejemplo de lo anterior es el largo ciclo de recuperación del beneficio entre 2002-2019, que al sustentarse en la construcción y extracción primaria no permitió un adecuado desarrollo de las fuerzas productivas. Al contrario, dichos sectores al encadenarse directamente con la actividad especulativa de la banca y las finanzas sólo permitieron la captura de rentas que brotan del uso de la tierra y del espacio construido. Por esa razón, es que no ha sido posible superar los determinantes de la larga crisis capitalista, y al contrario con el tiempo únicamente se han ampliado sus nefastas consecuencias sobre el empleo, la productividad y el medio ambiente, entre muchas por citar. 

Por eso, la formulación del Plan en forma perspicaz convierte esa larga crisis en una oportunidad, y llama a transitar hacia una economía donde el conocimiento, las condiciones ambientales y de cuidado cumplan ese papel dinamizador del progreso. Por lo pronto, en forma genérica se destaca la necesidad de transición energética hacia fuentes no convencionales como hidrógeno, eólica o biogás, o actividades de la bioeconomía, movilidad sostenible, medicamentos, agroindustria, tecnologías de la información, o formula criterios genéricos tales como diversificar exportaciones, crear ciudades verdes y circulares, o logar encadenamientos y conglomerados productivos desde las regiones.

Sin embargo, aún no se precisa qué sectores específicos y bajo cuáles estrategias podrán cumplir el papel de locomotoras del recambio. Al respecto, queda la urgente necesidad de identificar productos alternativos que permitan sustituir las exportaciones primarias (petróleo, carbón) a fin de que la transición permita sostenibilidad al sector externo, y para que no se sigan desperdiciando oportunidades, como ya ha sucedido con el aprovechamiento industrial del cannabis, área acaparada por la industria canadiense. En tal sentido, el reto es mayúsculo si se toma en cuenta que los recursos públicos son totalmente reducidos frente a las demandas y retos que el Plan, por ahora, considera. 

3.   La situación política que condiciona la formulación del Plan

El documento del Plan es elocuente en describir las restrictivas condiciones que enfrenta el país y que son objeto de su transformación, sin embargo, resulta pertinente considerar, de pasada, el panorama político en que se inscribe, denotado por la amenaza de una recesión mundial que legitima el uso de políticas contracíclicas, las que fueron mal vistas hasta hace poco, mientras al interior del país el gobierno está compelido a sostener diversos consensos a falta de una base social estructurada en comparación con la maleable población votante.  

Es de dominio público que la guerra en Ucrania moldea la geopolítica y cómo ella es producto de una sagaz y peligrosa estrategia de los EEUU, con la que el capital norteamericano ha recuperado parte de la hegemonía perdida en la última década. Esto, porque ha podido profundizar su política de cerco y ataque sobre Rusia, medio por el cual también aísla y afecta el crecimiento potencial de Rusia y China. Además, le ha servido para subyugar a Europa a su agenda, e imponerle una dura recesión mediante la cual está impidiendo que fortalezca sus lazos comerciales con China. A lo anterior se suma que las empresas norteamericanas de energía, alimentos, agroinsumos y armamento están obteniendo enormes ganancias debido al incremento especulativo de precios. Más importante, es que los capitalistas de EEUU demuestran que pueden hacer la guerra desde las trincheras de la industria de la comunicación, y con ella movilizar y utilizar a terceros países como combatientes, revelándose todo como un mecanismo fundamental para apalancar la acumulación de capital en medio de la crisis y así sostener el poder por medio de una estrategia que resulta mucho más rentable que mandar marines y aviones propios. 

En ese escenario se mantiene la tendencia hacia una nueva recesión de la economía mundial, siendo Europa y China las áreas más afectadas, mientras el gobierno de los EEUU ha podido, por lo pronto, suavizar sus efectos. Esta situación ha sido aprovechada mediante el incremento sucesivo de la tasa de interés, permitiéndose trasladar los costos de su crisis e inflación al resto del mundo, al fortalecer artificialmente el precio del dólar y con ello atraer capital para su relanzamiento. En consecuencia, áreas como América Latina son víctimas de esas políticas al ver reducidos sus flujos de inversión, cambio que deprecia sus monedas y en forma defensiva repiten la errada política de aplicar alzas sistemáticas de las tasas internas de interés, medidas con las que alientan procesos inflacionarios internos y desencajan las condiciones de estabilidad que exige el capital para mantener sus negocios o sus inversiones.  

Es en este contexto que cobran relevancia las llamadas políticas contracíclicas que pueden aplicar los gobiernos. Con ellas, se designan incrementos del gasto e inversión estatal que permiten sostener los niveles de la demanda agregada a fin de amortiguar los efectos recesivos sobre el producto total, el empleo y los ingresos. En estas políticas es importante que, una parte de los recursos estatales se utilicen como incentivos auxiliares a la inversión privada con el fin de sostener sus niveles.  

Lo interesante, es que ese tipo de políticas estaba mal visto en las dos décadas pasadas, de amplio domino neoliberal, situación que empezó a modificarse desde la crisis mundial de 2008. Así, desde el gobierno de Obama se vienen aplicando políticas dirigidas a suavizar los impactos de las recurrentes crisis, tendencia fortalecida en el gobierno de Trump y radicalizada por el de Biden, quien propuso un plan de amplísimo gasto público, del orden de seis billones de dólares, destinado a rehacer la maltrecha estructura productiva norteamericana. Tal giro hacia al neoinstitucionalismo ha legitimado las políticas que ya venían aplicando los gobiernos liberales de izquierda en América Latina, por tanto, las propuestas macroeconómicas del gobierno Petro encajan bien en ese contexto, de allí el apoyo del gobierno norteamericano a su gestión. 

En síntesis, la amenaza de la recesión mundial permite legitimar un Plan de gobierno que se autodefine como contracíclico. Sin embargo, éste también debe pasar por los filtros políticos que definen las cargas de fuerzas al interior del país. Aquí, por brevedad, se puede recordar que el Gobierno Nacional es producto de la crisis de legitimidad del régimen de ultraderecha, quebrado por las protestas populares de 2019 y 2021, y de muy diversas alianzas partidistas^[iii]. Esto hace que el Pacto Histórico cuente fundamentalmente con una población votante que puede ser maleable, de allí que enfrente retos por “derecha e izquierda”.

Inicialmente, el gobierno se enfrenta a una doble táctica desde los partidos que representan al capital. Por un lado, la derecha se ha incrustado a su interior y esto le permite una gobernabilidad tutorada, manifiesta en que continuamente debe recortar sus propósitos, tal como ya sucedió con la reforma agraria, o la tributaria que, descendió de setenta a sólo veinte billones, sombra que pesa sobre los objetivos en transición energética, pensiones y salud. A su vez, la ultraderecha teje su cerco sobre el gobierno usando la industria de la comunicación, los centros de producción ideológica, como Fedesarrollo, y la fuerza del capital especulativo que opera sobre la tasa de cambio, instrumentos que generan desinformación y descontento que es movilizado en las calles como protestas de masas.

Además, el gobierno se esfuerza por construir una relación más orgánica con los movimientos sociales y populares, porque ante una situación de crisis son quienes podrían prestarle fuerzas para sostener su gobernabilidad, dirección en la que juegan las más de cincuenta mesas regionales, o el desarrollo de la Convención Nacional Campesina, mediante las cuales ha buscado legitimar su iniciativa de Plan de gobierno. 

Tal situación lleva a que las masas populares deban moverse en dos aguas que van a contracorriente. Una asociada a la necesidad de participar en los espacios institucionales abiertos a fin de promover soluciones a sus problemáticas, dinámica que puede ser usada hacia su apaciguamiento y cooptación con el fin de que funcionen como mero soporte del gobierno; sin embargo, también necesitan sostener sus protestas contra el capital y la institucionalidad que le es funcional, forma de proceder que ha removido la sociedad colombiana y la está impulsado a superar sus lastres históricos. Por tanto, la vinculación estratégica entre el gobierno y el movimiento social y popular dependerá de qué tanto madure, de un lado y de otro, la necesidad programática y organizativa destinada a consolidar una verdadera salida popular a la actual crisis. 

En resumen, el Gobierno Nacional se mueve en medio de un equilibrio inestable porque los voceros del capital le imponen una doble estrategia de entronización y cerco, y del otro los sectores populares despliegan una estrategia dual de apoyo condicional y protestas, de allí que tenga la necesidad de una negociación continua sobre los medios y propósitos, hacia un lado y otro, condición que puede causar insatisfacciones que a la postre terminen por jugar en su contra, contexto dónde el Plan Nacional de Desarrollo se convierte en una carta clave, porque a través suyo se delinea, en buena medida, el mapa general sobre el cual se sucederá la disputa política en los próximos tres años. 

4.   Límites y críticas al Plan de Desarrollo

La postura dirigida a concertar o armonizar las contradicciones sociales de la sociedad capitalista no es nueva en la historia de la filosofía y la política. Sabido es que Kant y Hegel quisieron hacerlo suponiendo una razón universal, o la razón de Estado, o que los liberales radicales –en sus diferentes versiones- han pretendido alcanzar ese objetivo mediante la constitución de óptimos resultantes de la negociación de fuerzas contrapuestas, y que en forma más reciente Habermas y otros han echado mano de una supuesta eticidad comunicativa, o de la otredad que se supone capaz de ser universal y particularista para amoldarse a las condiciones conflictivas de la sociedad capitalista y posmoderna. En este caso, como ya se anunció, el gobierno convierte la crisis ambiental en una necesidad sentida y real a la cual todos deben acogerse y aportar con el fin supremo de preservar la vida planetaria. 

En consecuencia, la defensa de la vida de las personas y de los demás seres vivos es convertida en el punto de conjunción bajo el cual todos los sectores sociales lograrían acceder a un vínculo de mutuo reconocimiento en cuanto colectividad de similares. Y aquí, lo fundamental es que la depredadora relación sociedad-naturaleza es colocada como el vínculo primordial desde el cual se formulan las alternativas políticas, siendo sobrepuesto al conjunto de relaciones sociales. Sin embargo, con ese proceder las relaciones y mecanismos mediante los cuales se reproduce la explotación y opresión capitalista, son desconocidos, invertidas o suplantadas por vínculos socio-espaciales genéricos^[iv], permitiéndose que las clases y sectores sociales sean homogenizados y transfigurados en actores-ciudadanos que pueden ser reconocidos en tanto sujetos de derechos por cumplirse, perspectiva que impide cuestionar el “orden” del capital.

Tal proceder es el que permite que el territorio sea formulado como el vínculo mediante el cual se reconocen en forma abstracta los problemas sociales y funcione como columna vertebral del Plan. Y es de notar que si bien las relaciones sociales se suceden en un territorio, es el conjunto de relaciones sociales el que connota su acceso, propiedad, valoración, uso y función en la sociedad, y no al revés. Siendo también necesario recordar que el discurso de la territorialización, de factura posestructuralista (G. Deleuze ® D. Harvey), fue vendido desde los centros universitarios y convertido por los movimientos sociales en una trinchera, para desde ella desplegar sus tácticas defensivas a fin de enfrentar la cruel guerra desplegada en su contra durante las tres décadas pasadas. Pero esta situación ha sido modificada por el quiebre político del régimen ultraconservador y sobretodo, por las últimas protestas en las que se ha recuperado la perspectiva del análisis y la lucha de clases. Sin embargo, la preponderancia de ese discurso durante tanto tiempo ayuda a explicar porque el discurso del reordenamiento territorial es sonoro entre parte de las organizaciones sociales y funciona como puente de identificación y conectividad con el gobierno. 

Otra de las consecuencias de colocar como centro al territorio es que se tiende a dar mayor peso al área rural y esto lleva a reproducir, en cierta medida, el unilateral diagnóstico de que el principal problema del país proviene del campo, limitado discurso con el que se fraguó el Acuerdo de la Habana, y que permite disminuir el peso que tienen otros problemas, por ejemplo, el desempleo, que realmente cubre hasta el sesenta por ciento de la población en edad de trabajar y del que depende el ingreso de la mayoría de las familias, situación que abiertamente es producto de la altísima polarización de la propiedad del capital, y que si bien es considerado en las bases del Plan, no cobra la centralidad que amerita. 

En continuidad con lo anterior, la política de armonización social implica que no se cuestiona en forma decidida la altísima polarización de la propiedad en el país: ni de la tierra, ni del capital. Un ejemplo patente es el acuerdo con Fedegan que compromete sesenta billones de pesos a cambio de unas pocas tierras de las que concentran, perspectiva totalmente inconsistente porque el presupuesto nacional no da para ello, deduciéndose que la gran mayoría de los trabajadores del campo continuarán sin acceder a ese medio de producción y vida. Por tanto, no se cuestiona y continúa primando el interés privado de unos cuantos sobre las necesidades sociales del país.  

Lo anterior lleva a que se plantee una política segmentada para dos economías que supuestamente se complementan: i) la popular-autogestionaria: para la cual se promueve la democratización de créditos, sin que se cuestionen los patrones individualistas y artesanales sobre los cuales funciona, de modo que las condiciones de bajos rendimientos y precarios ingresos podrían simplemente persistir; ii) la economía del gran capital: a la que cuando mucho se le conmina a pagar impuestos, pero que se deja intacta para que continúe tranquilamente su curso. Por ello, las bases del Plan dan a entender que las grandes obras de infraestructura continuarán sobre los esquemas de APP-privadas, mientras se promueven APP-populares para oferta de alimentos, arreglo de viviendas, o en las vías terciarias. 

Más importante es señalar que una postura ambientalista y por el recambio de la matriz tecnológica centrada en combustibles fósiles es una impostura, si no se cuestionan las relaciones sociales sobre las que se levanta la acumulación de capital y el desastre ambiental. Curiosamente el presidente Petro ha sostenido esa crítica en instancias internacionales, mientras que en el Plan son inexistentes las propuestas tendientes a promover formas de propiedad y producción social dónde primen mayores grados de cooperación y propiedad social, bases desde las cuales se podrían estimular, cuando menos, “líneas de fuga” que animen a ir más allá del capital. Ante tan notoria ausencia, el discurso ambientalista simplemente se reduce a mera propaganda que favorece las industrias de punta de países avanzados como Alemania, porque son ellas las que producen y se benefician de la venta de autos eléctricos, de los generadores de hidrógeno verde, de las transformaciones y adaptaciones digitales, o las aplicaciones en biotecnología. Y en consecuencia, sólo se profundizaría la dependencia y el peso de las importaciones, favoreciendo a las grandes corporaciones mundiales y el gran negocio que viene apalancando el recambio tecnológico, aportando con ello a reproducir la lógica que sostienen la acumulación de capital.

De persistir tal faltante en el PND, se tendría que su orientación sólo sería funcional al capital, limitándose a desplazar las condiciones de la crisis mediante cierta adaptación de la estructura productiva nacional. Es en ese mismo sentido que la política de incrementar la inversión pública se podría ver reducida a un mero ejercicio de macroeconomía contracíclica, tendiente a suavizar los efectos de la recesión mundial sobre el capital local. Con ello, el anuncio de que el Estado juegue un mayor papel en la promoción del desarrollo sólo implicaría cambiar un mito por otro: el desplazamiento (trade-off) entre capital y Estado, por el mito de su complementariedad, argumento conveniente para una adaptación a las políticas de moda en los EEEUU. Con tal juego, se ahoga el hecho sustantivo de que los mayores grados de cooperación social son los que posibilitan que una sociedad incremente su productividad y bienestar y que, por tal razón, la planificación pública y social debe primar sobre los intereses individuales, siendo una necesidad creciente a la que no se puede renunciar si realmente se quiere que los mayores beneficios se irriguen en favor de todos, empezando por los trabajadores directos. 

Un aspecto específico que merece centralidad, pero que en el Plan sólo se considera parcialmente, es la necesidad de acompañar el incremento de la actividad estatal con el del fortalecimiento de la banca y los fondos públicos para fomentar la inversión. Este importante aspecto sólo se menciona en forma vaporosa cuando se habla del requerimiento de democratizar el acceso a medios productivos y de vida para sectores como las mujeres, los campesinos, las Pymes, o asociaciones comunitarias, política en la que se desconoce totalmente al proletariado. Tal abordaje resulta extremadamente limitado, porque el direccionamiento estratégico del país depende de hacia dónde fluyen los recursos de inversión, y como esas decisiones tienen severos efectos sobre la vida de todos en el país, es lógico que su carácter sea público. En consecuencia, es evidente que tal función social no puede delegarse al gran capital que, frente a la exigente tarea de acometer la innovación transformadora ha preferido, durante décadas, la fácil captura de rentas y sobre-ganancias que brotan de la explotación de los recursos de la tierra y de la construcción.

Por lo tanto, se trata de un aspecto substancial que no puede ser considerado de forma abstracta o gaseosa, porque es un delimitador real para valorar si el país está siendo enrumbando hacia una perspectiva que le permita recuperar la capacidad de dirección y control con la que se decide para dónde y cómo queremos ir, condición inseparable de la recuperación de la capacidad de generar el crédito desde el sector púbico, y que marca la posibilidad de que los recursos de inversión se dirijan con urgencia a la transformación de la estructura productiva a partir de sectores estratégicos de carácter público, posibilitando con ello realmente los objetivos que propone el Plan.

En resumen, se trata de un Plan de Gobierno que invierte el hecho de que son las relaciones sociales capitalistas las que han generado la amenaza ambiental, al definir como centro la depredadora relación sociedad naturaleza. Con tal inversión, se prefiere no reñir con la estructura productiva centrada en la alta polarización de la propiedad de los medios de producción, evitando cuestionar, y proponerse superar, las degradadas relaciones capitalistas. Pero, contra esta crítica se devuelve el significativo hecho de que, Petro en la campaña presidencial fue insistente de que su programa buscaba más capitalismo. ¿Entonces, porque exigirle aquello a lo que no se comprometió?

En principio, porque sigue siendo necesario ampliar la brecha política abierta para consolidar una verdadera salida popular a la crisis del país. En este sentido, ha sido la larga dinámica de protestas la que permitió dar un paso adelante al quebrar el régimen político ultraconservador, por eso es necesario que el conjunto del proletariado y demás sectores continúen presionando “en todos los espacios sociales para lograr que la rama se incline a su favor, y el fruto caiga de su lado”. En segundo lugar, porque existe el riesgo real de que en el país se reproduzca la dinámica de recambio pendular entre gobiernos reformistas y de ultraderecha, característica del ciclo político de  América Latina, situación con la cual sólo se alargan las causas de la crisis, mientras los costos continúan recayendo sobre las condiciones de vida de los sectores y clases populares^[v].   

De mayor relevancia es que efectivamente la humanidad enfrenta ya las consecuencias del desastre ambiental, y este sólo puede sortearse superando las relaciones capitalistas que lo producen^[vi], por eso, compete al movimiento social y popular avanzar programática y organizativamente para construir una verdadera salida popular a la crisis que ha generado e impuesto el poder capitalista, agenda que va más allá de un gobierno, y de un periodo gubernamental.  

Edgar Fernández: Centro de Pensamiento y teoría Crítica Praxis

Notas:

^[i] “Colombia, potencia mundial de la vida: bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, DNP, noviembre de 2022. 

^[ii]  Esta problemática se trata en forma ampliada en “Industria y empleo en Colombia”, Revista Proletaria No 3

https://www.centropraxis.co/_files/ugd/ce68dd_a950638c4d47488e928a7a48d5fa47ef.pdf

[iii] El artículo “Crisis de la democracia, progresismo y salida popular a la crisis” amplia la descripción. 

https://www.centropraxis.co/post/crisis-de-la-democracia-progresismo-y-salida-popular-a-la-crisis

^[iv] En la misma dirección se puede citar la critica a Saito, quien pretende que la “«interacación metabólica» entre la humanidad y la naturaleza (sea) la contradicción fundamental del capitalismo””, mientras para Marx “el capitalismo es un sistema de «explotación brutal» de la mano de obra en la producción con fines de lucro, no de robo o despojo”, según Roberts. en “Saito: la grieta metabólica y el comunismo del crecimiento”, Revista Sin Permiso, 03/12/2022. 

^[v] https://www.centropraxis.co/post/crisis-de-la-democracia-progresismo-y-salida-popular-a-la-crisis

[vi] Latorre, Sergio. (2022, 3 de marzo). Cambio climático: un caso de miopía selectiva del capitalismo https://www.centropraxis.co/

Fuente: https://rebelion.org/es-suficiente-el-plan-del-gobierno-para-hacer-del-pais-una-potencia-mundial-de-la-vida/

Todos los gobiernos progresistas se identificaron y están identificados con el capitalismo. En el Abya Yala son presente e historia que todos los gobiernos progresistas nos forzaron a la promoción y subsidios de modo directo e indirecto a la expansión extractivista o desertificante en todos los sentidos del concepto. No es cierto que su comportamiento sea producto de la falta de la correlación de fuerzas pues surgen de rebeliones populares antineoliberales que ellos aplastaron, fragmentaron y cooptaron. Repitamos lo dicho sobre el actual desafío de cambio social:

¿Qué significa confrontar con el Estado y el Capital? Hacer lo contrario a lo prescripto, programado e impuesto por el capitalismo. Recuperar los tejidos sociales y concretarlo desde la autodeterminación de los pueblos, de sus comunidades y naciones en sus luchas por arraigar y desarrollar las justicias social, sanitaria, ambiental y cognitiva como explica el libro brasileño Salud, ecologías y emancipación publicado por editorial Abya-Yala.

A diferencia de ambos MNCI, los diversos de abajo a la izquierda necesitan rumbear hacia que:

• La «reforma agraria integral» resulta por la unión plurinacional de las defensas y recuperaciones de territorios contra el avasallamiento capitalista de los derechos tanto de la naturaleza como de los pueblos e individuos.
• La «soberanía alimentaria» es otra sociedad fruto de liberar al Trabajo del Capital y recuperar las tierras (mediante la erradicación del régimen extractivista con base en el latifundista) que consiste en reconstruirlas como territorios mediante comunidades empoderadas de entablar armonías internas y entre ellas con la naturaleza tanto de sus respectivos ecosistemas como del conjunto.

Leonardo Rossi en «Prohibido re-habitar la Tierra» nos advierte:

En un mundo en colapso quienes re-habitan la tierra con profunda dimensión de lo que es un territorio marcan horizontes de salida a esta crisis civilizatoria. No sin dificultades, abren caminos de otras formas de organización política, perspectivas de uso de la tierra y bienes comunes, y debieran ser dimensionados como tal: cultivos políticos para las transiciones. Para el binomio Estado-Mercado, son un problema, cuando no un ‘enemigo’. La lucha en defensa de los territorios se cobra vidas en Argentina 2021: discursos de odio, silencios cómplices, especulación y poroteo de aliados legislativos, apoyo tácito al capital extractivo. Para sus planes, habitar la Tierra en el verdadero sentido humano -que viene de humus- está prohibido. El asesinato del comunero Elías Garay en Cuesta del Ternero tiene demasiadas implicancias para estos tiempos aciagos.

Es hora de recuperar, abajo y a la izquierda, la solidaridad con las organizaciones piqueteras que se han mantenido independientes del Estado gracias a comunalizarse-territorializarse como hicieron los pueblos originarios en su resistencia de siglos al capitalismo. El tema de junio 2022 de mi portal² desarrolla por qué la consigna piquetera de “trabajo, dignidad y cambio social” guía la unión entre los de abajo hacia: – ¿Qué sistema? De liberación del trabajo, la dignidad y la lucha de las diversidades de abajo por el cambio social. – ¿Qué democracia? Deliberación del parasitismo mortal de burocracias y Estado policial militar para recuperar tierras y los otros bienes comunes. – ¿Qué trabajo? De afirmación en los sentidos verdaderos del trabajo, de la dignidad humana y del cambio social. – ¿Qué Abya Yala? De descolonizar el saber y el poder de la humanidad por aprecio de: trabajo, dignidad y potencial para el cambio social de sus naciones indígenas.