Qué Sistema-Octubre 2022

Con naturalización abajo y a la izquierda de la acumulación de oligopolios locales e imperialistas mediante ecocidios y sus consecuentes genocidios silenciosos.

Conciliación de clases/ Concentración y centralización capitalista/
Alternativas emancipatorias

Conciliación de clases

Necesitamos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, que una creciente mayoría de los oprimidos, por el sistema mundo capitalista y su local, rompa con la conciliación de clase que institucionalizó Juan Domingo Perón.

Pues estamos sumidos en la acelerada e intensificada expropiación de tierras por quienes dominan al sistema mundo capitalista en sociedad de negocios con capitales y estados locales. Este acaparamiento no se detiene pese a generar ecocidios y genocidios. Tal criminalidad de lesa naturaleza y lesa humanidad desde 2019 se ha agravado al usar incendios para adueñarse de tierras de los bosques nativos, las selvas y otros ecosistemas arrasando su heterogeneidad tan esencial a los equilibrios ecológicos de la habitabilidad planetaria.

Remontémonos a los comienzos de la sociedad institucionalizada por Perón y todavía en vigencia. El entonces coronel se coloca al frente de su creada Secretaria del Trabajo y Previsión en el gobierno de facto del nazi fascista GOU. Y el 25 de agosto de 1944 manifiesta:

En primer término, agradezco la oportunidad que me brinda la Cámara de Comercio para exponer algunos asuntos que conciernen en forma directa a la Secretaría de Trabajo y Previsión. (…) Pienso que el problema social se resuelve de una sola manera: obrando conscientemente para buscar una perfecta regulación entre las clases trabajadoras, medias y capitalistas, procurando una armonización perfecta de fuerzas, donde la riqueza no se vea perjudicada, propendiendo por todos los medios a crear un bienestar social, sin el cual la fortuna es un verdadero fenómeno de espejismo que puede romperse de un momento a otro. Una riqueza sin estabilidad social puede ser poderosa, pero será siempre frágil, y ése es el peligro que viéndolo, trata de evitar por todos los medios la Secretaría de Trabajo y Previsión. (…)

Es grave error creer que el sindicalismo obrero es un perjuicio para el patrón. En manera alguna es así. Por el contrario, es la forma de evitar que el patrón tenga que luchar con sus obreros, que su sociedad patronal que lo representa luche con la sociedad obrera que representa al gremio. En síntesis, es el medio para que lleguen a un acuerdo, no a una lucha. Así se suprimen las huelgas, los conflictos parciales, aunque, indudablemente, las masas obreras pasan a tener el derecho de discutir sus propios intereses, desde una misma altura con las fuerzas patronales, lo que analizado, es de una absoluta justicia. (…)

Creo que no se necesita ser muy perspicaz para darse cuenta de cuáles pueden ser las proyecciones, y de cuáles pueden ser las situaciones que tengamos todavía que enfrentar en un futuro muy próximo. Por lo pronto, presentaré un solo ejemplo para que nos demos cuenta en forma más o menos gráfica de cuál es la situación de la República Argentina en ese sentido. Yo he estado en España poco después de la guerra civil y conozco mi país después de haber hecho muchos viajes por su territorio. Los obreros españoles, inmediatamente antes de la guerra civil, ganaban salarios superiores, en su término medio general, a los que se perciben actualmente en la República Argentina; no hay que olvidarse de que en nuestro territorio hay hombres que ganaban 20 centavos diarios; no pocos que ganaban doce pesos por mes; y no pocos, también, que no pasaban de treinta pesos por mes, mientras los industriales y productores españoles ganaban el 30 o 40 por ciento. Nosotros tenemos en este momento – ¡Dios sea loado, ello ocurra por muchos años! – industriales que pueden ganar hasta el 1.000 por ciento. En España se explicó la guerra civil. ¿Qué no se explicaría aquí si nuestras masas de criollos no fuesen todo lo buenas, obedientes y sufridas que son?

He presentado el problema de España antes de referirme al problema argentino. La posguerra traerá, indefectiblemente, una agitación de las masas, por causas naturales; una lógica paralización, desocupación, etcétera, que combinadas producen empobrecimiento paulatino. Ésas serán las causas naturales de una agitación de las masas, pero aparte de estas causas naturales, existirán también numerosas causas artificiales, como ser: la penetración ideológica, que nosotros hemos tratado en gran parte de atenuar; dinero abundante para agitar, que sabemos circula ya desde hace tiempo en el país, y sobre cuyas pistas estamos perfectamente bien orientados; un surgimiento del comunismo adormecido, que pulula como todas las enfermedades endémicas dentro de las masas; y que volverá, indudablemente, a resurgir con la posguerra, cuando los factores naturales se hagan presentes.

En la Secretaría de Trabajo y Previsión ya funciona el Consejo de posguerra, que está preparando un plan para evitar, suprimir, o atenuar los efectos, factores naturales de la agitación; y que actúa también como medida de gobierno para suprimir y atenuar los factores artificiales; pero todo ello no sería suficientemente eficaz, si nosotros no fuéramos directamente hacia la supresión de las causas que producen la agitación como efecto. Es indudable que en el campo de las ideologías extremas, existe un plan que está dentro de las mismas masas trabajadoras; que así como nosotros luchamos por proscribir de ellas ideologías extremas, ellas luchan por mantenerse dentro del organismo de trabajo argentino. Hay algunos sindicatos indecisos, que esperan para acometer su acción al medio, que llegue a formarse; hay también células adormecidas dentro del organismo que se mantienen para resurgir en el momento en que sea necesario producir la agitación de las masas.

Existen agentes de provocación que actúan dentro de las masas provocando todo lo que sea desorden; y además de eso, cooperando activamente, existen agentes de provocación política que suman sus efectos a los de agentes de provocación roja, constituyendo todos ellos coadyuvantes a las verdaderas causas de agitación natural de las masas. Ésos son los verdaderos enemigos a quienes habrá que hacer frente en la posguerra, con sistemas que deberán ser tan efectivos y radicales como las circunstancias lo impongan. Si la lucha es tranquila, los medios serán tranquilos; si la lucha es violenta, los medios de supresión serán también violentos. El Estado no tiene nada que temer cuando tiene en sus manos los instrumentos necesarios para terminar con esta clase de agitación artificial; pero, señores, es necesario persuadirse de que desde ya debemos ir encarando la solución de este problema de una manera segura. Para ello es necesario un seguro y reaseguro. Si no estaremos siempre expuestos a fracasar. Este remedio es suprimir las causas de la agitación: la injusticia social. Es necesario dar a los obreros lo que éstos merecen por su trabajo y lo que necesitan para vivir dignamente, a lo que ningún hombre de buenos sentimientos puede oponerse, pasando a ser éste más un problema humano y cristiano que legal. Es necesario saber dar un 30 por ciento a tiempo que perder todo a posteriori. Éste es el dilema que plantea esta clase de problemas. Suprimidas las causas, se suprimirán en gran parte los efectos; pero las masas pueden aún exigir más allá de lo que en justicia les corresponde, porque la avaricia humana en los grandes y en los chicos no tiene medidas ni límite.

Para evitar que las masas que han recibido la justicia social necesaria y lógica no vayan en sus pretensiones más allá, el primer remedio es la organización de esas masas para que, formando organismos responsables, organismos lógicos y racionales, bien dirigidos, que no vayan tras la injusticia, porque el sentido común de las masas orgánicas termina por imponerse a las pretensiones exageradas de algunos de sus hombres. Ése sería el seguro, la organización de las masas. Ya el Estado organizaría el reaseguro, que es la autoridad necesaria para que cuando esté en su lugar nadie pueda salirse de él, porque el organismo estatal tiene el instrumento que, si es necesario, por la fuerza ponga las cosas en su quicio y no permita que salgan de su cauce.

Ésa es la solución integral que el Estado encara en este momento para la solución del problema social. Se ha dicho, señores, que soy un enemigo de los capitales, y si ustedes observan lo que les acabo de decir no encontrarán ningún defensor, diríamos, más decidido que yo, porque sé que la defensa de los intereses de los hombres de negocios, de los industriales, de los comerciantes, es la defensa misma del Estado. Sé que ni las corrientes comerciales han de modificarse bruscamente, ni se ha de atacar en forma alguna al capital, que, con el trabajo, forma un verdadero cuerpo humano, donde sus miembros han de trabajar en armonía para evitar la destrucción del propio cuerpo.

Siendo así, desde que tomé la primera resolución de la Secretaría de Trabajo y Previsión, establecí clara e incontrovertiblemente que esta casa habría de defender los intereses de los obreros, y habría de respetar los capitales, y que en ningún caso se tomaría una resolución unilateral y sin consultar los diversos intereses, y sin que los hombres interesados tuvieran el derecho de defender lo suyo en la mesa donde se dilucidarían los conflictos obreros. Así lo he cumplido desde que estoy allí y lo seguiré cumpliendo mientras esté. También he defendido siempre la necesidad de la unión de todos los argentinos, y cuando digo todos los argentinos, digo todos los hombres que hayan nacido aquí y que se encuentren ligados a este país por vínculos de afecto o de ciudadanía. Buscamos esa unión porque entendemos que cualquier disociación, por insignificante que sea, que se produzca dentro del país, será un factor negativo para las soluciones del futuro; y si esa disociación tiene grandes caracteres, y este pueblo no se une, él será el autor de su propia desgracia, porque es indudable, señores, que si seguimos jugando a los bandos terminaremos por pelear, y es indudable también, que en esa pelea ninguno tendrá que ganar sino todos tendrán que perder, y es evidente que en este momento se está jugando con fuego. Lo saben ustedes, lo sé yo y lo sabe todo el país. Nosotros somos hombres profesionales de la lucha, somos hombres educados para luchar, y pueden tener ustedes la seguridad más absoluta de que si somos provocados a esa lucha, iremos a ella con la decisión de no perderla. Por eso digo que antes de embarcar al país en aventuras de esta naturaleza, conviene hacer un llamado a todos los argentinos de buena voluntad, para que se unan, para que dejen de lado rencores de cualquier naturaleza, a fin de salvar a la Nación, cuyo destino futuro no está tan salvaguardado como muchos piensan, porque las disensiones internas, provocadas o no provocadas, pueden llevarnos a conflictos que serán siempre graves, y en esto, los hombres no cuentan; cuenta solamente el país. Con este espíritu, señores, he venido hasta aquí.

Como Secretario de Trabajo y Previsión he querido proponer a los señores que representan a las asociaciones más caracterizadas de las fuerzas vivas, dos cuestiones. El Estado está realizando una obra social que será cada día más intensa; eso le ha ganado la voluntad de la clase trabajadora, con una intensidad que muchos de los señores quizá desconozcan, pero yo, que viajo permanentemente y que hablo continuamente con los obreros, estoy en condiciones de afirmar que es de una absoluta solidaridad con todo cuanto realizamos. Pero lo que sigue primando en las clases trabajadoras es un odio bastante marcado hacia sus patrones. Lo puede afirmar, y mejor que yo lo podría decir mi director de Acción Social Directa, que es quien trata los conflictos. Existe un encono muy grande; no sé si será justificado, o si simplemente será provocado, pero el hecho es que existe. Contra esto no hay más que una sola manera de proceder: si el Estado es el que realiza la obra social, él es quien se gana la voluntad de los trabajadores; pero si los propios patrones realizan su propia obra social, serán ellos quienes se ganen el cariño, el respeto y la consideración de sus propios trabajadores.

Muchas veces me dicen: “¡Cuidado, mi coronel, que me altera la disciplina!”. Yo estoy hecho en la disciplina. Hace treinta y cinco años que ejercito y hago ejercitar la disciplina, y durante ellos he aprendido que la disciplina tiene una base fundamental: la justicia. Y que nadie conserva ni impone disciplina si no ha impuesto primero la justicia. Por eso creo que si yo fuera dueño de una fábrica, no me costaría ganarme el afecto de mis obreros con una obra social realizada con inteligencia. Muchas veces ello se logra con el médico que va a la casa de un obrero que tiene un hijo enfermo, con un pequeño regalo en un día particular; el patrón que pasa y palmea amablemente a sus hombres y les habla de cuando en cuando, así como nosotros lo hacemos con nuestros soldados. Para que los obreros sean más eficaces han de ser manejados con el corazón.

El hombre es más sensible al comando cuando el comando va hacia el corazón, que cuando va hacia la cabeza. También los obreros pueden ser dirigidos así. Sólo es necesario que los hombres que tienen obreros a sus órdenes, lleguen hasta ellos por esas vías, para dominarlos, para hacerlos verdaderos colaboradores y cooperadores, como se hace en muchas partes de Europa que he visitado, en que el patrón de la fábrica, o el Estado, cuando éste es el dueño, a fin de año, en lugar de dar un aguinaldo, les da una acción de la fábrica. De esa manera, un hombre que lleva treinta años de servicios tiene treinta acciones de la fábrica, se siente patrón, se sacrifica, ya no le interesan las horas de trabajo. Para llegar a esto hay cincuenta mil caminos. Es necesario modernizar la conducción de los obreros de la fábrica. Si ese fenómeno, si ese milagro lo realizamos, será mucho más fácil para el Gobierno hacer justicia social: es decir, la justicia social de todos, la que corresponde al Estado, y éste la encarará y resolverá por sus medios o por la colaboración que sea necesaria; pero eso no desliga al patrón de que haga en su propia dependencia obra social. Hay muchas fábricas que lo han hecho, pero hay muchas otras que no.

Lo que pediría es que en lo posible se intensifique esta obra rápidamente, con medios efectivos y eficaces, cooperando con nosotros, asociándose con el Estado, si quieren los patrones, para construir viviendas, instalar servicios médicos, dar al hombre lo que necesita. Un obrero necesita su sueldo para comer, habitar y vestirse. Lo demás debe dárselo el Estado. Y si el patrón es tan bueno que se lo dé, entonces éste comenzará a ganarse el cariño de su propio obrero; pero si él no le da sino su salario, el obrero no le va a dar tampoco nada más que las ocho horas de trabajo. Creo que ha llegado, no en la Argentina sino en el mundo, el momento de cambiar los sistemas y tomar otros más humanos, que aseguren la tranquilidad futura de las fábricas, de los talleres, de las oficinas y del Estado.

Esto es lo primero que yo deseo pedir, y luego, para colaborar conmigo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, pido una segunda cosa: que se designe una comisión que represente con un hombre a cada una de las actividades, para que pueda colaborar con nosotros en la misma forma en que colaboran los obreros. Con nosotros funcionará en la casa la Confederación General del Trabajo, y no tendremos ningún inconveniente, cuando queramos que los gremios equis o zeta procedan bien o darles nuestros consejos, nosotros se lo transmitiremos por su comando natural; le diremos a la Confederación General: hay que hacer tal cosa por tal gremio, y ellos se encargarán de hacerlo. Les garantizo que son disciplinados, y tienen buena voluntad para hacer las cosas.

Si nosotros contáramos con la representación patronal en la Secretaría de Trabajo y Previsión, para que cuando haya conflictos de cualquier orden la llamáramos, nuestra tarea estaría aliviada. No queremos, en casos de conflicto de una fábrica, molestar a toda la sociedad industrial para interesarla en este caso. Teniendo un órgano en la casa lo consideraríamos: y aquél defendería los intereses patronales, así como la Confederación defiende los intereses obreros. Son las dos únicas cosas que les pido. Con ese organismo, que si ustedes tienen voluntad de designar para que tome contacto con la Secretaría de Trabajo y Previsión, nosotros estructuraremos un plan de conjunto sobre lo que va a hacer el Estado y lo que va a hacer cada uno de los miembros del capital que poseen, a sus órdenes, servidores y trabajadores. Entonces veremos cómo en conjunto podríamos presentar al Estado una solución que, beneficiándoles, beneficie a todos los demás. Entonces yo dejo a vuestra consideración estas dos propuestas: primero, una obra social de colaboración en cada taller, en cada fábrica, o en cada oficina, más humana que ninguna otra cosa; segundo, el nombramiento de una comisión compuesta por los señores, para que pueda trabajar con nosotros, para ver si en conjunto, entendiéndonos bien, colaborando sincera y lealmente, llegamos a realizar una obra que en el futuro tenga algo que agradecernos.

Archivo histórico
http://archivohistorico.educ.ar

Fuente:https://www.educ.ar/recursos/129173/secretario-de-trabajo-juan-d-peron-en-bolsa-de-comercio/download/inline

En consecuencia, Juan Domingo Perón sabía muy bien cómo quitar poder insurgente a la clase obrera y seducirla para que se esforzara para el crecimiento económico de sus opresores.

Concentración y centralización capitalista

Ubiquémonos en el enfoque de porqué las grandes mayorías se esperanzan en gobiernos progresistas pese a décadas de demostración sobre su carácter extractivista o antipopular y procapitalista.  Las domina la lectura del mundo desde el estatismo o el nacional populismo que en Argentina estableció Perón.

Desde 2019 se ha acelerado e intensificado el acaparamiento de tierras a través de incendios intencionales. En Colombia, el sistema mundo capitalista junto a su local avanza planificando esos incendios y nos muestra que los incendios en Argentina forman parte de ese plan capitalista e imperialista. Tengamos presente que rige el Plan Colombia en Sudamérica.

 El Plan Nacional de Desarrollo no es un “pacto por Colombia” sino por el extractivismo

13 de febrero de 2019

Por Paula Álvarez Roa

En el contenido de las bases del Plan Nacional de Desarrollo se advierte la profundización del extractivismo y se perfeccionan asuntos incompletos de los anteriores gobiernos.

En el segundo semestre de 2018 conocimos el cronograma para el trámite de radicación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Duque.

El “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” será presentado el 7 de febrero ante el Congreso de la República, para lo cual citarán sesiones extras.

Luego de leer los puntos “Campo como progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural” y “Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades” podemos aseverar que estamos ante la profundización del modelo extractivista.

Esto en razón de que, en el marco de la nueva división internacional del trabajo, países como Colombia se han ‘especializado’ en producir materias primas para países industrializados.

El proceso de especialización productiva ocasionó en la práctica una disminución dramática de cultivos transitorios propios de la economía campesina, deforestación, uso intensivo de tierras y agua, una gran huella de carbono, así como contaminación en materia ambiental que ha repercutido en la salud y bienestar de las personas.

Por ello, bienes primarios como el carbón, petróleo, y la siembra extensiva de palma de aceite, caña de azúcar y banano, particularmente, son los que más se promueven, tal y como se evidencia en las Bases del PND.

A lo anterior, debe sumarse el histórico problema de acceso y distribución de la tierra que llevó a sectores económicos ligados al narcotráfico, a grandes proyectos agroindustriales, ganaderos y terratenientes a acaparar grandes extensiones de tierras y que han sido determinantes – junto al conflicto armado – para que se dieran las condiciones para acentuar el extractivismo.

Bajo ese esquema es que debe entenderse el ‘boom’ de los proyectos agroindustriales y minero-energéticos, los cuales conviven en el país con un entorno social empobrecido y generando una debacle ambiental.

Precisamente, al tener una economía basada en la extracción de recursos y una mirada exclusiva de desarrollo económico, perfilaron al país como un enclave para el gran capital, es decir, el modo de producción privilegia la producción de materias primas destinadas al mercado global, lo cual profundiza nuestra dependencia económica y política con los países que dominan los mercados y las relaciones de poder a nivel mundial.

Los anteriores elementos nos ayudan a comprender que, en materia rural, la expedición de la Ley 1776 de 2016 que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) se aprueba para favorecer a los grandes capitalistas del campo, entregándoles tierras por largos periodos de tiempo y subsidios y, así, sepultando la función social y ecológica de los baldíos.

Y en materia minero-energética, con la política de liberalización se dio vía libre a la explotación de los recursos extractivos. Esa visión –en ambos casos- de corte neoliberal, hizo que el Estado entregara al capital privado seguridad jurídica y enormes incentivos tributarios para desarrollar su actividad. En síntesis, tierras y recursos minero-energéticos están privatizados.

¿Cómo se profundiza el extractivismo con lo contenido en las bases del PND de Duque?

En el “campo con progreso una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural”, el enfoque es el desarrollo de una agroindustria de talla internacional, es decir: competitividad, atributos económicos en lo rural y el desarrollo de cadenas de valor agroindustriales.

Para ello se plantea regularizar la propiedad, hacer un ordenamiento productivo en función de encadenamientos (clúster), que el Estado les provea de todos los bienes y servicios, otorgue mayor seguridad jurídica y consolide las Zidres, entre otros.

Es un peligroso ‘perfeccionamiento´ del modelo a través de la agricultura por contrato y agricultura climáticamente inteligente (ambas planteadas en las Bases), las cuales constituyen mayores alianzas productivas –incluidas las público-privadas-, la utilización a mayor escala de paquetes tecnológicos, uso intensivo de fertilizantes y semillas genéticamente modificadas.

Esto con un telón de fondo, crear un mercado de capitales para atraer mayores inversiones.

Lo anterior se complementa con la retórica del crecimiento verde, proyectos de pago por servicios ambientales, bonos verdes, que se sintetizan según el gobierno en “fondear proyectos sostenibles”. No olvidemos que en esa lógica trabajan instituciones como el Banco Mundial y la FAO las cuales promueven a nivel global la ‘reorientación’ de los sistemas agrícolas.

En cuanto al “Pacto por recursos minero energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”, el objetivo central es convertir al sector en un ‘aliado’ en el territorio.

Recordemos que hasta hace muy poco las consultas populares desarrolladas en varias regiones del país votaron positivamente por la defensa del territorio y el agua frente a la amenaza del extractivismo que generan los proyectos minero-energéticos.

La potencia de este movimiento, que incluye organizaciones comunitarias, ambientalistas, políticas, de trabajadores, juveniles, de mujeres, tuvo como respuesta el fallo de la Corte Constitucional -orientado por intereses corporativos- que busca paralizar la autonomía en las decisiones a nivel territorial y bloquear la movilización y por otra parte desconocer el carácter vinculante de las consultas.

Se justifica en las bases del PND la importancia de este sector, como el que más atrae inversión extranjera, genera regalías e impulsa el desarrollo territorial y bajo el sofisma de “un aprovechamiento ordenado y responsable” abre las puertas para ampliar la frontera minera con el Área Estratégica Minera -u otra figura- que incluye 20 millones de hectáreas en departamentos de las zona oriental, andina y en el Chocó, también busca que las más de 9.000 solicitudes de títulos que están en la Agencia Nacional Minera sean adjudicados.

Adicionalmente, se profundiza y ‘perfecciona’ el modelo extractivista, con la idea de que empresas minero-energéticas pueden cancelar un porcentaje de sus pagos por regalías a través de la ejecución de proyectos en las regiones Eso es, nada más y nada menos, que ampliar el mecanismo de obras por impuestos, que les permite a las empresas que hasta el 50 por ciento de su impuesto de renta lo destinen al desarrollo de proyectos de inversión, los cuales son el paso definitivo para que las empresas ‘mejoren sus relaciones con el entorno’ –objetivo central de este Pacto-.

No descartemos la construcción de carreteras, proyectos de agua potable, construcción de escuelas o puestos de salud –que son responsabilidad del Estado- hechos bajo la dirección de multinacionales con su logo corporativo.

Así las cosas, en el contenido de las Bases del PND 2018-2022 se advierte la profundización del extractivismo y se perfeccionan asuntos incompletos de los anteriores gobiernos, como por ejemplo mercados de capitales, financiarización de tierras y recursos minero-energéticos, exploración y explotación de yacimientos no convencionales.

Esto nos lleva inexorablemente a la urgencia de incluir en la agenda de movilización, en las jornadas de análisis y discusión del PND el rechazo al modelo de desarrollo para que podamos impedir que lo contenido en las Bases se convierta en Ley de la República.

La Silla Vacía, Paula Álvarez Roa es Politóloga, investigadora de temas ambientales y rurales 

CENSAT

Fuente: https://www.biodiversidadla.org/Documentos/El-Plan-Nacional-de-Desarrollo-no-es-un-pacto-por-Colombia-sino-por-el-extractivismo

Constatamos ante Petro y Lula esa insistencia en esperanzarse en sus gobiernos progresistas. Se explica por menosprecio a cómo el poder gran capitalista e imperialista se ha institucionalizado tanto nacional como internacionalmente. Pero, a la vez, se ha socializado en las prácticas reiteradas y los habitus de las clases o fracciones de clases de la sociedad institucionalizada.

Petro aclara, no bien asume, que mira hacia el capitalismo cuya existencia y progreso resultan imposibles sin extractivismos en el Abya Yala. Sin embargo, esta verdad comprobada desde la colonia choca con interpretaciones como la de Fernando Dorado:

(…) «Los más radicales “ambientalistas” tampoco lo entienden porque Petro ha planteado la necesidad de desarrollar el capitalismo, así tenga en mente una variante que combina un “nuevo tipo de industrialización” con la superación de la matriz energética dependiente de combustibles fósiles. Y menos es comprendido por los sectores más extremos de derechas e izquierdas que tienen esquemas preconcebidos y no saben cómo reaccionar frente a esa variedad y multiplicidad de enfoques y conductas.  

Así y todo, el discurso de Petro en la ONU llamó la atención. Su “búsqueda” se abre nuevos espacios, avanza en nuevos terrenos y aprende (y enseña) sobre la marcha. Petro sorprende afuera y adentro, y de alguna manera se enfrenta a los paradigmas existentes. Recién empieza a gobernar pero en menos de seis (6) semanas se ha hecho sentir».

Recordemos sólo un ejemplo de lo nefasta que es la ONU en la Minustah para el pueblo hermano de Haití. Hemos naturalizado sin cuestionarla en significados e implicancias a la compleja institucionalidad de cada país y del sistema mundo capitalista. Pensemos que el ‘ataque’ a Cristina Fernández, la vice presidenta, sirvió para el amplio consenso sobre la democracia amenazada. Pero no se dio importancia masiva a:

26-04-2022 – RELACIONES BILATERALE
Cristina Fernández se reunió con la jefa del Comando Sur de EEUU en el Senado. https://www.telam.com.ar/notas/202204/590676-cristina-kirchner-recibio-jefa-comando-sur-eeuu.html

Examinemos porqué Petro es otro fraude cuyo costo son más asesinatos, masacres, hambre y ecocidios con sus consecuentes genocidios.

El Plan Colombia una estrategia neocolonial en América Latina

Martha Cecilia Gutiérrez

Este artículo muestra cómo las políticas militaristas utilizadas por el gobierno de Estados Unidos en el continente se inscriben en una lógica neocolonial que intentan mantener el control económico, político y social sobre el continente. Los acuerdos de cooperación firmados en el marco del plan Colombia, constituyen una clara violación de la soberanía y se constituyen en una amenaza permanente para la paz y la estabilidad de la región.

Marco en el cual se inscribe el plan Colombia

En junio de 2000 el presidente norteamericano Bill Clinton, formuló una propuesta para luchar contra el narcotráfico y «garantizar la Paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado colombiano». El debate de esta política coincidió con la intensa campaña electoral, en la que los Republicanos acusaban a los Demócratas de su excesiva pasividad frente a dos realidades, que exigían un replanteamiento estratégico por parte de la Casa Blanca: el crecimiento de los cultivos de coca y las negociaciones de paz emprendidas por el presidente Andrés Pastrana Arango desde 1998 con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). [2]

Los demócratas presionados por la mayoría republicana en el congreso, aceptaron finalmente una nueva propuesta, la cual se conoce con el nombre de “Iniciativa Regional Andina”, la cual proponía dos estrategias. Una explícita, relacionada con la oferta de drogas en el continente, para la cual plantearon la disminución de áreas cultivadas mediante la destrucción química o biológica del 50% de los cultivos de coca y amapola, y otra, dirigida al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas colombianas para su luchar contra las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De esta manera, los acuerdos anteriores firmados entre los gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton para diseñar una política conjunta para el fortalecimiento del Estado, fueron dejados de lado y los norteamericanos se adelantaron a decir que su política antinarcóticos no era negociable, colocándose en contra de las negociaciones de paz, que en aquel momento se estaban desarrollando entre el presidente Pastrana y el secretariado del estado mayor conjunto de las FARC en la zona del Caguán, acabando prácticamente con el proceso de negociación, que de por sí, presentaba ya numerosos inconvenientes debido a la falta de compromisos reales de cada una de las partes involucradas en la negociación.[3]

Con la perdida de las elecciones de los demócratas que tenían como candidato Al Gore y el triunfo de George W. Bush, la propuesta política dio un nuevo viraje y el Plan Colombia logro su aprobación sin mayores restricciones. Los Republicanos presionaron la aprobación de un «Plan Colombia cargado de contradicciones, en donde se intentaba reconciliar enfoques mutuamente excluyentes en torno al vínculo entre las drogas y la paz»[4] Pero los estadounidenses estaban dispuestos a utilizar nuevamente el mecanismo de reconocimiento que da Estados Unidos a los países que no acatan las directrices de la lucha contra el narcotráfico en el continente, conocido como “la carta de certificación” [5] del país, y que seguramente no sería otorgada en aquel año, si la política del plan que ellos proponían no lograba ponerse en marcha. Esta situación presionaba a Colombia para aceptar dicha propuesta, pues su rechazo la dejaría por fuera de las políticas económicas. [6]

Estrategia económica del plan

Algunos académicos sostienen que este plan se inserta en la reconfiguración de los diseños globales y en  particular con la posición dominante de Estados Unidos con el resto de  América Latina. Pero además, que el Plan Colombia es un buen ejemplo de la complicidad entre los gobiernos locales de los hoy llamados “países emergentes” del ex tercer mundo y los diseños imperiales (económicos y militares) de los gobiernos del  primer mundo.[7]

La nueva reconfiguración de los poderes económicos a nivel mundial obligó a los Estados Unidos a buscar nuevos aliados, de manera que pudiesen ampliar y fortalecer un entorno político favorable a las invasiones militares y a los tratados de libre comercio que se pondrían en marcha de manera paralela en la región de América Latina con el objetivo de garantizar la sobrevivencia de un Imperio que comenzaba a sentir la crisis de su propio modelo económico. Pero además, existía un interés político por mantener controlados sus espacios de dominación, especialmente cuando se empezaban a plantear ideas decoloniales en los países del sur, planteando una ruptura con el Imperio y con las formas de vida que durante siglos han sido impuestas, a través del modelo de modernidad/colonialidad.

Frente a este postulado podemos concluir que el plan Colombia se corresponde con la estrategia de colonialidad, encajando perfectamente en los nuevos diseños globales puestos en práctica por el modelo neoliberal, en donde la acumulación capitalista se pone por encima de las vidas humanas “marcando la diferencia colonial que distinguía culturas superiores de culturas inferiores, hoy en cambio, lo que ha perdido valor es simplemente la vida humana”.[8]

Precisamente, los argumentos del plan Colombia se enmarcan en una nueva geopolítica que ya no es comprensible en términos del Imperialismo, pues corresponden a un dispositivo no moderno sino posmoderno de la colonialidad del poder. Ya no se busca exportar hacia el sur un modelo biopolítico de centralidad que permita el desarrollo paulatino de la periferia, sino, todo  lo contrario, de exportar al sur un modelo de marginalidad que permita convertir a los latinoamericanos y latinoamericanas en los nuevos “hispanos del sur” es decir un contingente de trabajadores ya no disciplinados sino seducidos por la fascinación de una cultura consumista que no permita desarrollar proyectos de vida libertarios. En este contexto, el desplazamiento de la centralidad ha producido una nueva avanzada de la derecha norteamericana, que busca reposicionar a Estados Unidos en el escenario del poder a nivel mundial. Como alternativa a su crisis, han planteado una especie de neo nacionalismo aislacionista, apoyándose en el bloque continental hoy llamado ALCA, en el que los trabajadores y consumidores, son concebidos como una simple prolongación de los hispanos de la segunda generación (o latino-estadounidenses).

Como estrategia de dominación  el Plan Colombia no es una mera repetición de las pretensiones imperialistas del pasado, sino que hace parte de un diseño global mucho más complejo, en el cual se combinan elementos de expansión militarista con fuertes distancias aislacionistas. La anexión de América Latina al modelo hegemónico de producción, ya no se realiza bajo la forma del capitalismo liberal clásico. Difiere, entre otras cosas, en que opera sin necesidad de apelar al “contrato social” y se concentra en la expropiación ya no solo de mano de obra barata, sino de conocimientos subalternos que antes se catalogaban como “pre modernos” y ahora se convierten en conocimientos importantes para el mercado global. Es decir, que la incorporación de las periferias a la economía del sistema-mundo continúa pasando por la “vía colonial” pero asumiendo ahora formas diferentes.

El Plan en el Nuevo Orden Global

El nuevo orden global proclamado por el gobierno de Estados Unidos para proteger sus intereses en el mundo, impuso un modelo de lucha contra el terrorismo a nivel mundial, convirtiendo a los “ciudadanos/as de a pie” en potenciales terroristas y justificando por la vía militar el control sobre amplios territorios del planeta, especialmente en aquellas zonas estratégicas para la explotación de los recursos naturales; la utilización de la biodiversidad por parte de la gran industria farmacéutica; la explotación de recursos mineros (especialmente del petróleo) y el control de grandes áreas destinadas a la libre circulación de mercancías.

El presidente Uribe que asumió la presidencia en 2002, interiorizó esta propuesta y puso en marcha un modelo de seguridad en la que combinaba muy bien dos componentes del plan: el económico y el militar. De esta manera, los dineros girados a través del plan Colombia en sus primeros diez años de existencia, unos 60 mil millones de dólares, permitieron la adecuación del ejército colombiano a los nuevos retos del siglo XXI, garantizando la modernización del aparato represivo y la instalación de la tecnología norteamericana destinada al espionaje y la contra inteligencia en el continente. Para garantizar la disminución del narcotráfico y el vencimiento de las guerrillas, el ejército colombiano asumió la conducción de la guerra en dos frentes: un frente ideológico y un frente militar.

a)    En el frente ideológico puso en marcha una campaña mediática a través de las cadenas televisivas y periódicos nacionales, ganándose el apoyo y la simpatía de la población civil, mediante las acciones cívico y militares llevando servicios médicos, odontológicos, y haciendo donaciones para infraestructuras en las zonas más apartadas del país, en donde se desarrollaban sus acciones militares.

b)   En el frente militar se planteó una reestructuración al interior del ejército para modernizar e incrementar las operaciones militares, contando con el apoyo de las corporaciones privadas, contratadas por el gobierno de los Estados Unidos. La operación de «reingeniería» del ejército implicaba, colocar varios de sus frentes bajo las órdenes directas del comando sur del ejército de los Estados Unidos, asegurándose de paso un mayor control militar sobre la región, mediante el dispositivo de nuevas bases militares continentales. [9]

La primera fase de su ejecución se realizó en el departamento del Putumayo[10] y progresivamente se fueron ampliando las operaciones a otras regiones del país. La modernización del aparato militar implicó la creación de unidades de acción rápida con radares de alta potencia, entre los cuales se han referenciado los siguientes: Radar de Asiento en la Isla de San Andrés; Radar de asiento en Riohacha; Radar y base terrestre en Marandúa y Vichada, Brigada 24 del ejército en Putumayo; Brigada Oriental del ejército en Puerto Carreño y el departamento de Vichada; Radar y base terrestre en San José de Guaviare y escuela de entrenamiento de Barrancón; Brigada del ejército en Caquetá; Base militar de Tres Esquinas en Putumayo; Brigada de Patrullaje fluvial en Puerto Leguízamo (Putumayo); Radar con base terrestre en Leticia Amazonas, Base militar en Tolemaida ubicada en el departamento del Tolima con 18 helicópteros HV-1N. [11]

Después de 9 de años de ejecución del plan y de un amplio desarrollo de las fuerzas militares colombianas, el gobierno de Álvaro Uribe terminó aceptando la propuesta del Comando Sur de los Estados Unidos, para instalar y utilizar las bases militares de Palanquero, Apiay, Malambo, Cartagena, Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga. De todas ellas, la más importante es la base de Palanquero por su situación estratégica y las instalaciones de que disponen, para ello se apropió un recurso de cercano a los 46 millones de dólares.[12] Estas bases se convertirán en puntos de apoyo para transportar tropas y equipos de guerra a cualquier parte de Suramérica, Centro América, el Caribe y países de África Occidental. Según la investigadora Eva Golingerel,[13] el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha señalado que, “la base militar de Palanquero apoyará el trabajo del Comando Sur y facilitará la ejecución de operaciones militares en el continente”, debido a su posición geográfica y su cercanía con Venezuela. El acuerdo suscrito el 30 de octubre de 2009 por el ministro de relaciones exteriores de Colombia (Jaime Bermúdez)  y el embajador Estadounidense William Brownfiel, ha generado numerosas voces de protesta tanto al interior de Colombia , como en los países vecinos debido a que este acuerdo posibilita las operaciones de Estados Unidos en territorio colombiano sin mayores dificultades en un radio de operaciones bastante amplio, poniendo en serio riesgo la estabilidad y las relaciones de Colombia con sus vecinos en el continente. Otro de los temas complicados del acuerdo se refiere a la inmunidad del personal estadounidense, debido a que no podrá ser juzgado por las autoridades colombianas en caso de cometer crímenes dentro del territorio nacional, incluso aquéllos cometidos fuera de sus funciones.

La instalación de estas nuevas bases militares en Colombia, se suman a las cinco bases existentes en Latinoamérica y el Caribe, una en Guantánamo (la base más antigua donde mantiene a 850 militares); la base de Soto Cano, en Palmerola Honduras con 500 militares estacionados, que apoya las actividades antinarcóticos desde donde realizan proyectos de asistencia cívica, apoyo a desastres naturales y monitoreo en los cielos y aguas de la región; la base de Comalapa, en el Salvador tipo FOL[14], utilizada para detectar el tráfico de drogas marítimo; una base en Aruba el mar Caribe y una base en Curazao, con 230 militares para monitorear el mar Caribe. Este despliegue militar por el continente hace parte de la estrategia del comando sur para los años futuros, en donde se propone la construcción de una serie de círculos envolventes sobre el continente, coordinados por las bases militares ya instaladas y desde donde se monitorea el movimiento de tropas, la recepción y el suministro de información, etc. Estos círculos serían: [15]

  1. El círculo formado por las islas del Caribe, el Golfo de México y Centroamérica, que cubre los yacimientos petroleros más importantes de América Latina y que se formaría con las bases de Guantánamo, Reina Beatriz, Hato Rey, Lampira, Roosevelt, Palmerola, Soto Cano, Comalapa y otros tantos puestos militares de menor importancia.
  2. El círculo que rodea la cuenca Amazónica que iría desde el canal de Panamá, coordinándose con las bases de Larandia, Tres Esquinas, Caño Limón, Marandúa, Riohacha, Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Chiclayo. Movilizando tropas hasta Bolivia, e instalando nuevas bases militares en Brasil y en la punta de Argentina.
  3. La última frontera o la capa envolvente más externa, está conformada por los ejercicios militares en los océanos Pacífico y Atlántico y en el Mar Caribe: en todo lo que circunda a América Latina.[16]

En los últimos años se han realizado ejercicios sistemáticos, que les permite realizar un patrullaje constante alrededor de América Latina y mantener allí una presencia más o menos permanente. “Son ejercicios que tienen un carácter secuencial, evolutivo, y que marcan en verdad un circuito de frontera que, por ser externa a las aguas territoriales de los países correspondientes, queda a cargo, nuevamente, del gendarme mundial”. [17] Toda esta operación militar sobre el continente tiene como objetivo fundamental, garantizar la seguridad al imperio, y permitirle un mayor control sobre todos los recursos, los cuales estarían disponibles en caso de necesitarlos para su supervivencia.

Resultados del Plan

Frente al balance del plan Colombia en sus primeros diez años (2000- 2010),  existen varias investigaciones al respecto, entre ellas podemos mencionar las realizadas por: la GAO (Government Accounting Office) de los Estados Unidos presentada en el año 2008, Wola, [18] y el TNI,[19] en donde se plantean algunos puntos para la evaluación del Plan en las fases I y II, en los componentes de erradicación e interdicción de cultivos ilícitos, y sobre la derrota militar a las guerrillas en Colombia; en los cuales se habrían invertido 6.100 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos, y más de 120 billones de pesos por parte del gobierno colombiano, lo equivalente a 60.000 millones de dólares. Teniendo en cuanta los análisis hechos por varias organizaciones no gubernamentales, los resultados del plan Colombia podrían resumirse de la siguiente manera:

  • Las metas de reducir la producción de coca a la mitad no se cumplieron y Colombia sigue siendo hoy el principal exportador de cocaína a los Estados Unidos, disputándose ese puesto con México.
  • El gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, asestó duros golpes a la guerrilla de las FARC, logrando una disminución de su capacidad política y militar.
  • Los programas de “desarrollo alternativo” apoyados con recursos de cooperación internacional no lograron romper con el esquema de la producción para las grandes empresas de palma africana y otros productos de exportación capitalista, dejando a los pequeños productores de hoja de coca con más dificultades económicas que posibilidades de éxito.
  • Los programas de apoyo al fortalecimiento en la justicia han tenido resultados importantes, pero aún persisten problemas de lentitud y efectividad en las investigaciones y el juzgamiento a los grupos paramilitares, unidades del ejército involucrados en actos criminales, parapolíticos y altos funcionarios del Estado acusados por actos de corrupción.
  • El plan Colombia contribuyó en la reconfiguración del poder político de las elites y del Estado. Las continuas exportaciones de cocaína y otros estupefacientes, durante más de 25 años, acumularon una masa enorme de bienes y capitales. Situación que permitió el ascenso de una clase social criminal- reaccionaria – la clase de empresarios, ex empresarios y testaferros  de la cocaína, cuyo enorme poder económico y militar  tenían que reflejarse necesariamente en la política y en la transformación del Estado.  El régimen de Álvaro Uribe Vélez, marca el momento en el que la clase pasa de ser emergente y detentadora de unos poderes regionales, a formar parte del poder nacional.
  • El alto costo financiero y en vidas humanas de la guerra. “En 2010 se estima que los muertos entre soldados, policías, guerrilleros, y paramilitares son unos 21 mil. Los civiles no combatientes muertos unos 14 mil. Y todo esto sin contar los combates que se libran que no involucran a las fuerzas de seguridad (otros miles)”. [20]
  • Regionalización del conflicto colombiano que se inicia precisamente con el Plan Colombia, cuando el Congreso de Estados Unidos (2001) aprueba la financiación para los centros de Operaciones Avanzadas (FOL) en Ecuador, Aruba, Curazao y el Salvador.

Pese a este tipo de críticas, para el gobierno de Colombia los resultados son alentadores, pues se ha logrado un mayor control de territorio, un afianzamiento de la gran industria capitalista mono exportadora, y una disminución significativa del poder operativo de las guerrillas. En virtud de estos resultados a finales de noviembre de 2007, el gobierno de Colombia realizó la III Conferencia de Cooperación Internacional, en donde presentó una propuesta de continuidad del Plan Colombia, basada en que:

“Las condiciones de seguridad democrática han mejorado significativamente, la economía está fuerte y se sustenta en una macroeconomía sana. Así, se ha promovido el desarrollo y la reducción de la pobreza y la desigualdad. La implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez ha permitido generar las condiciones de seguridad necesarias para recuperar la confianza nacional e internacional en las instituciones y en la economía, llevando a que hoy el país cuente con un ambiente propicio para la inversión local y extranjera”. [21]

A partir del informe gubernamental y con muy poca participación de la sociedad civil en las deliberaciones, se presentó a la comunidad internacional la estrategia de “Fortalecimiento de la Democracia y el desarrollo Social (2007- 2013)”, en donde se propuso “consolidar los logros y avanzar aún más en los objetivos fundamentales de fortalecimiento de la democracia, la superación de las amenazas contra la estabilidad democrática, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza”. [22] En los documentos presentados se describen algunos aspectos de la estrategia de cooperación para los próximos años, incluyendo el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), órgano de la Presidencia de la República de Colombia apoyado por la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur, desde donde se dirigirán las acciones para:

a)    Garantizar la legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional recuperadas por las Fuerzas Militares y la Policía.

b)   Desarrollar acciones integrales de tipo económico y social para complementar la Política de Defensa y Seguridad Democrática en el marco de la Recuperación Social del Territorio.

El fundamento teórico y operacional del denominado “Centro de Coordinación de Acción Integral”, fue presentado por el ex Ministerio de Defensa de Colombia, hoy presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón, anunciaba que para el segundo período de gobierno del presidente Uribe (2006-2010) se pondrá en marcha “una Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), a través de la cual se afianzarían los logros más importantes del primer cuatrienio y se avanzará en la recuperación final de las zonas donde aún persista presencia de grupos terroristas y narcotraficantes”. [23]

Con esta propuesta el gobierno deseaba consolidar la política de seguridad democrática buscando: a) Potenciar la experiencia adquirida en la combinación entre el componente militar y la acción integral para la recuperación social y militar del territorio y b) Avanzar en la consolidación territorial, enfocando los esfuerzos militares con la lucha contra el narcotráfico. Para desarrollar esta nueva estrategia de consolidación territorial, el acuerdo militar con Estados Unidos contempla un trabajo de coordinación inter-agencial que se fundamenta en una «Doctrina de Acción Integral» (DAI), la cual debe entenderse como:

“Un conjunto de principios que deben orientar la acción coordinada de la fuerza legítima con la acción social del Estado y la sociedad civil. El objetivo es ejecutar, en los próximos 3 años, recursos del sector de la defensa en proyectos de bienestar comunitario en zonas donde aún no ha llegado el resto del Estado y ya se encuentra la Fuerza Pública. Esta no reemplaza la acción social del Estado pero le permite al esfuerzo social ganar tiempo”. [24]

Frente a estos desafíos, el Comando Sur de Estados Unidos ha diseñado una  propuesta de “colaboración inter-agencial”[25] que se corresponden con la propuesta de la Doctrina de Acción Integral (DAI) y con el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), mencionado por el Ministerio de Defensa Colombiano. Aunque el Comando Sur ha sido enfático en señalar que el enfrentamiento entre Estados en el continente es casi imposible, ha planteado otros problemas y desafíos que pueden poner en peligro la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, entre ellos: “la pobreza y desigualdad, la corrupción, el terrorismo y los delitos relacionados con el tráfico de drogas” catalogados como desafíos hemisféricos en donde se hace necesario intervenir, particularmente en la cordillera de los Andes señalada como uno de los grandes proveedores de la heroína que se consume en los Estados Unidos.

La continuidad de la política de seguridad en el gobierno de Santos

El continuismo que prometió Juan Manuel Santos en su campaña por la presidencia de Colombia, es una realidad con poquísimas excepciones. El modelo político es el mismo de Álvaro Uribe, es decir, está sustentado en la llamada seguridad democrática, orientado en su lucha contra el terrorismo y negativa a una salida política y negociada del conflicto armado interno.  Frente al modelo económico la propuesta es más de lo mismo, un modelo neoliberal basado en las exportaciones de materias primas y la apertura al  «libre comercio» a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC). En el terreno de las disputas de poderes regionales y locales, es decir entre la burguesía tradicional que simboliza la centralidad nacional encarnada en Juan Manuel Santos y las elites regionales vinculadas a los poderes mafiosos, las elecciones de 2011 permitieron reafirmar algunas tendencias nefastas para Colombia, entre ellas, “la continuidad de los poderes mafiosos a través de sus delfines en algunas gobernaciones y alcaldías del país”. [26] Así mismo, “algunos temas en los que van a evidenciarse cambios son en los de relaciones internacionales”. Se percibe ya una postura más conciliadora buscando reconciliaciones con sus vecinos. Para ello, nombró a María Ángela Holguín canciller de Colombia, con un talante distinto a sus antecesores nombrados en el gobierno de Uribe. Con esta posición el gobierno, “ha buscado una modificación de relaciones exteriores poniendo un ojo especial en la región de América Latina y Europa, intentando dar la impresión de no estar muy atado a la agenda política de los Estados Unidos”. [27]

Según Gonzalo Medina la propuesta de Santos es más discurso que realidad. “Es más de encubrir lo que ha sido característico de quienes han detentado el poder en Colombia […] se le ha tratado de dar mucho realce a algo que tiene más una pretensión clientelista”. Es decir, el discurso de Juan Manuel Santos, según el análisis de Medina, busca dar legitimidad política al “Partido de la U”, e intenta amainar los efectos contraproducentes que tuvieron los gobiernos de Uribe y encarrilar la diversidad de opinión hacia un único rumbo. Quizás lo más novedoso hasta el momento en la política del actual Presidente Santos, ha sido el cambio de rumbo en las relaciones con los países vecinos. El aislamiento internacional dejado por Uribe generó graves y profundos traumatismos en los principales gremios exportadores de carne y leche de la costa Atlántica, además de una situación bastante tensa en la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) por causa de las bases militares. Indudablemente, en el gobierno de Santos la política internacional ha sido muy distinta, y hoy los intereses de los capitalistas colombianos  están centrados en  los tratados de libre comercio y el reposicionamiento de una burguesía tradicional ligada al comercio, por ello es entendible la integración con algunos países del continente, en particular con Chile,  México, Panamá y Perú, con quienes se intenta construir la Alianza Pacifico- Sur, aspirando a situarse al frente del desarrollo de América Latina para convertirse en  interlocutores económicos de la región a nivel mundial.


Notas:

[1] Doctora en Filosofía, Paz y Democracia, Universidad Jaime I, Castellón, España.(…)

Fuente: http://pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/372-el-plan-colombia-una-estrategia-neocolonial-en-america-latina

En consecuencia, el acaparamiento de fundamentales e inmensos territorios que el capitalismo convierte en tierras para súper negocios de corto plazo y concreta a través de etnocidios, es garantizado tanto por gobiernos progresistas como por neoliberales a través de militarizar esa ocupación económico territorial.

Observamos que, como en México, el gobierno progresista de los Fernández continúa y profundiza no sólo los extractivismos sino también el autoritarismo y militarización de la expoliación. Pero para caracterizar la actualidad del Abya Yala no bastan referencias nacionales y como hemos visto con respecto a planificación de incendios procurando acabar con bosques y selvas, Colombia prueba hacia dónde avanza la imposición de la acumulación gran capitalista sea como sea. Que lo prueba no sólo la vigencia del Plan Colombia y la IIRSA sino también el nuevo concepto de seguridad hemisférica de la OEA que Néstor Kirchner comenzó su puesta en práctica a fines del 2003, no bien se formuló. En efecto, a raíz del autoatentado contra las torres gemelas de Nueva York en septiembre de 2001 se implantó la criminalización tanto de los desposeídos como de la resistencia de organizaciones contra ese avasallamiento capitalista e imperialista de derechos humanos.

Alternativas emancipatorias

Cuestionemos la creencia mayoritaria que la democracia vigente es antagónica a la dictadura genocida de los setenta para destapar que los poderes establecidos con terrorismo de estado siguen acumulando riquezas a través del acaparamiento extractivista de bienes comunes y dominio sobre nosotros mediante Estado supranacional-nacional en guerra de amplio espectro contra nosotros, los oprimidos.

Concordemos con:

Leonardo Rossi

@leorossi_ep

Tenemos que apuntar a todas las cancelaciones de la democracia, y aún más a las que lo hacen en un sentido profundo y radical como son las asambleas arraigadas a territorios. O vamos contra las derechas violentas en serio o seguiremos limitados al mal menor eterno.

Aprendamos de, e involucrémonos en, las defensas asamblearias y las recuperaciones de comunidades Mapuche de los territorios.

La territorialidad insurgente tiene valiosos antecedentes en las de los ayllus, comunidades de los pueblos andinos. Raúl Prada Alcoreza explica que el ayllu ocupa el territorio de manera distinta a la cartografía de los repartimientos, propia de la geografía política de herencia colonial y con construcción de territorios sometidos. No tiene reales y efectivas fronteras sino recorridos territoriales que se mueven, que se desplazan con la comunidad. Según Raúl Prada Alcoreza:

 «los ayllus vuelven constantemente a rearmarse, a reorganizarse. Para comprender esta persistencia histórica habría que imaginar un contexto espacio-temporal, donde se dan como múltiples territorialidades. Una de ellas está restringida a la geografía política, esto es, se da en el ámbito artificial, como territorio oficial, el territorio de la nación boliviana. Los otros territorios no están dibujados, no están
conmensurados, no están asimilados por el Estado. Estas alteridades territoriales se constituyen y reconstituyen por medio de recorridos diversos de los cuerpos móviles y de sus prácticas inherentes. La cantidad de movimientos corporales y, por lo tanto, de agenciamientos múltiples, es fabulosa en lo que se refiere al mapa de recorridos diversos
en el altiplano, en los valles, en el Chapare. Uno de esos mapas puede remitirse a las conexiones de las familias en el espacio y en el tiempo; familias en las ciudades, asentadas intermitentemente en barrios, que, a su vez, se encuentran conectadas con las ferias, los prestes y otras actividades socioculturales. Podemos comprender que el ayllu, en este
caso el territorio del ayllu, se textura en el entramado familiar. Esta es una de las maneras en que el ayllu se hace vigente en el presente, se actualiza y emerge de sus profundas procedencias.»

En “Subversiones indígenas” Raúl Prada Alcoreza señala:

«Tanto el ayllu como la organización sindical han devenido multitud en las asonadas de abril, septiembre y octubre de 2000. El bloqueo de caminos y el cerco a las ciudades es una táctica nómada, recuperada de la memoria guerrera de las comunidades andinas. Pero el bloqueo es todavía el preludio de un sitio; viene después el cerco a las ciudades y viene aun después la toma de las ciudades como parte de una estrategia de poder, o, mejor dicho, de contrapoder. Movilización multitudinaria, bloqueo de caminos, cerco y toma de las ciudades es el diseño estratégico de la aparición del ayllu en el escenario social y político boliviano.»

Fuente: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100610094301/prada.pdf

En Argentina observamos que, pese a la represión y extorsión económica, la autoorganización comunitaria y plurinacional está abriendo caminos hacia las alternativas anticapitalistas o contrarias a la imposición del acaparamiento oligopólico de bienes comunes y su mercantilización que condujo a las actuales emergencias social, alimentaria, sanitaria y ecológica-climática. Están concretando bases esenciales a la real y efectiva democracia.

Al respecto Raúl Prada Alcoreza nos advierte:

“la defensa de los territorios indígenas es parte de la lucha descolonizadora. Defender los territorios indígenas de su desterritorialización extractivista, de su despojamiento y desposesión por parte del capitalismo dependiente, es no solamente pieza importante de la lucha anticapitalista, no solamente segmento fundamental de la lucha anticolonial y descolonizadora, sino, sobre todo, es primordial en la defensa de la vida”.

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