Qué Sistema-Julio 2022

Con economía impuesta como única posible y naturalizada abajo e izquierda, pero consiste en expropiación total y totalitaria del planeta por oligopolios en guerra contra la vida humana y no humana.

Conciliación de clases/ Concentración y centralización capitalista/
Alternativas emancipatorias

Conciliación de clases

Consideremos que los gobiernos progresistas practican la conciliación de clases y la fomentan abajo y a la izquierda. Comencemos por los últimos párrafos del siguiente análisis de Raúl Zibechi que desconcierta al contradecir su lucha anterior del lado de movimientos sociales y pueblos originarios.

Raúl Zibechi: La nueva ola progresista,
entre la moderación y una derecha intolerante

13 de julio de 2022
elsaltodiario.com/

“(…) En su conjunto, estamos ante una crisis de gobernabilidad democrática en América Latina, que se hizo muy evidente desde las grandes manifestaciones de junio de 2013 en Brasil y de la decena larga de levantamientos, revueltas y protestas que atravesaron la región. Una ingobernabilidad que abarca gobiernos de derecha y de izquierda y que dificulta el despegue de procesos de cambios estructurales. El problema desde el lado de los progresismos, es que buscan resolver la falta de gobernabilidad virando hacia el centro o la derecha, lo que termina estrechando la posibilidad de cambios.

Obstáculos enquistados

Parece evidente que los tres obstáculos principales que enfrentan los progresismos llegaron para quedarse, que no son fruto de una coyuntura sino de largos procesos incubados en las dictaduras de los 70 y 80, pero revitalizados en democracia bajo el modelo extractivista o acumulación por despojo. Petro prometió “desarticular de forma pacífica el narcotráfico”, algo justo y necesario, pero imposible de concretar. No dice cómo piensa hacerlo porque intuye que es un camino estéril: no se puede negociar con fuerzas que rechazan cualquier tipo de acuerdos.

En la misma dirección, aunque Lula gane las elecciones de octubre, el bolsonarismo seguirá vivo y constituirá un obstáculo mayor para su gobierno. Como recuerda el sociólogo Rudá Ricci, hay 25 millones de brasileños “con valores de extrema derecha, fanáticos y que estarán con Bolsonaro en la oposición”. Por lo tanto, habrá caos político y para evitarlo, Lula deberá hacer alianzas con el gran empresariado y la derecha (IHU Unisinos, 8 de julio de 2022).

Como se desprende de este relato, el panorama no es nada alentador, ni para los progresismos ni para los movimientos sociales. Para superar el estado de cosas heredado y no solamente para gestionarlo, los gobiernos de signo progresista deberían construir fuerzas sociales organizadas y contundentes, capaces de neutralizar a las nuevas derechas que los desestabilizan y bloquean los cambios.

Sin embargo, la historia reciente dice que los gobiernos progresistas dilapidaron el entusiasmo popular que tuvieron al comienzo del ciclo, hace ya 20 años.

 

El apoyo que están recibiendo ahora se debe más al rechazo a las ultraderechas, que a un respaldo a sus propuestas y formas de actuación. Podemos decir con Massimo Modonesi que los progresismos se asimilaron al orden existente y rompieron con sus raíces izquierdistas. “De esta manera, se definen en antítesis a las derechas más por una postura defensiva y conservadora que por aspectos propositivos y transformadores”, sostiene el filósofo ítalo-mexicano (Jacobin, 4 de julio de 2022).

La conversión de los progresismos en conservadurismos está arrastrando a buena parte de los movimientos sociales, en particular los más visibles e institucionalizados. Lo más grave, empero, es que tendrá consecuencias nefastas en el espíritu colectivo emancipatorio en el largo plazo, aislando a los sectores más consecuentes y más firmes que, en América Latina, son a su vez los más castigados por el modelo extractivista, como los pueblos originarios y negros, los campesinos y los pobres de la ciudad y del campo”.

https://www.elsaltodiario.com/america-latina/zibechi-nueva-ola-gobiernos-izquierda-progresista-moderacion-derecha-intolerante

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/13/raul-zibechi-la-nueva-ola-progresista-entre-la-moderacion-y-una-derecha-intolerante/

Aclaremos que las elecciones en las vigentes democracias -cuyo objetivo principal es privilegiar los intereses del llamado poder real o sea a los de la gran burguesía y de los imperialistas- tienen la función de establecer o recuperar la gobernabilidad de las crecientes injusticias debidas a la incompatibilidad del modo capitalista de producción y mercantilización de la naturaleza con la vida humana/no humana.

Los gobiernos progresistas surgieron para ‘pacificar’ las rebeliones populares y lo mismo hoy.  A diferencia de los anteriores, deben fundamentalmente hacerse cargo de viabilizar los ajustazos imprescindibles para seguir la profundización del acaparamiento oligopólico de bienes comunes sociales y naturales.

Zibechi escribe:

Los nuevos gobiernos progresistas deberán convivir con un nuevo escenario, que tiene algunas características comunes y constituye la principal limitación de los nuevos gobiernos. Sin excluir las debilidades y contradicciones internas, las opciones poco claras o definitivamente sistémicas que están tomando, debemos detenernos en ellas antes de pasar a las otras.

La primera limitación es la crisis global y de la globalización, así como la crisis civilizatoria en curso. (…) El segundo problema que enfrenta la nueva ola progresista es el crecimiento y la movilización de las nuevas derechas. (…) Una tercera limitación, que tampoco afectó a la primera ola progresista, es la creciente militarización de nuestras sociedades. Se trata de un proceso que se viene intensificando desde la crisis mundial de 2008, que atraviesa a todos los países con modos y formas diferentes según sus historias y los niveles de racismo y machismo presentes en cada uno de ellos. Siendo América Latina el continente más desigual del mundo, la intervención de las fuerzas armadas y policiales en el control de las poblaciones persigue congelar esa situación. (…)

Zibechi piensa que esas limitaciones junto a las internas dificultan o impiden que los gobiernos progresistas puedan hacer realidad concreta sus promesas electorales de cambio. Sin embargo, su concepción de salida económica del Abya Yala es pro capitalista. En efecto, cuando describe la primera limitación sostiene:

 ” Los gobiernos de la región necesitan comerciar con China, ya que suele ser su principal socio comercial, pero siguen mirando a Estados Unidos como referente con el cual, con la excepción de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, no quieren tener problemas. Por un lado, el bloqueo de Washington contra Caracas —con sus tremendas secuelas económicas— puede estar funcionando como un factor disciplinador para los progresismos. Por otro, los equipos de gobiernos progresistas parecen encontrarse desorientados ante la gravedad de la crisis global, a la que no han podido anticiparse ni encuentran el modo de posicionarse como naciones”.

Así como estima indispensable al desigual intercambio comercial con China que se da en nexo indisoluble con el acaparamiento económico territorial de China o nuevo imperialismo afianzador de nuestros subdesarrollos. Zibechi señala que los nuevos gobiernos progresistas deben hacerse cargo de la herencia de los gobiernos de derecha explícita. Desconoce que el Partido Justicialista está conformado por derechas que, en acuerdo con Perón, asesinaron y expulsaron a las izquierdas peronistas mediante terrorismos paraestatales y estatales en los setenta.

Componentes de la dirigencia justicialista, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no fueron de izquierda sino enemigos acérrimos de todas esas identidades políticas. Desde sus inicios, aplicaron la capacidad del PJ de mimetizarse con los contemporáneos deseos mayoritarios para cautivar masivamente con la conciliación alegre de que hubiera recomposición en la acumulación de los grandes capitales. Los gobiernos K no sólo modelaron amplio consenso al crecimiento económico del Capital como si fuese el del país y de su gente, sino que instalaron la lectura binaria de la realidad social y la figura del enemigo público. De suerte que polarizaron a los de abajo sustituyendo el perimido bipartidismo.

La presidencia de Mauricio Macri fue creada mediante el falso enfrentamiento entre los K y Juntos por el Cambio en nexo con: la cooptación e institucionalización de dirigencias de las izquierdas; la censura a las que no se subordinaron; y la extraordinaria expropiación del país por el llamado poder real, a través de la expansión de los extractivismos. En el año 2019, el Nunca Más al Pro expresado por voto mayoritario, se convirtió en gobierno de los Fernández que -desde antes de su asunción- se esmera por establecer la paz social o gobernabilidad de la aceleración e intensificación de esa ocupación total y totalitaria de la economía y los territorios por el poder de las transnacionales, sus estados y las transnacionalizadas elites locales o ‘poder real’.

Entonces, los gobiernos progresistas del Abya Yala se responsabilizan por el constante e ilimitado crecimiento económico del fetichizado poder real que políticas de estado garantizan y subsidian de modo directo e indirecto. Asumen gestionar al Estado del contubernio de poderes locales con los capitales y estados imperialistas. Implica, a la vez, que se hacen cargo de la democracia esencialmente contrainsurgente. De ahí que no sólo desatendieron a las autoorganizaciones populares contra el neoliberalismo (no percibido como capitalismo contemporáneo sino como opuesto al otro posible que es ilusorio) sino que construyeron la permanencia en la derrota a la autodeterminación de los pueblos.

De ninguna manera es cierta la afirmación de Zibechi que: “los equipos de gobiernos progresistas parecen encontrarse desorientados ante la gravedad de la crisis global, a la que no han podido anticiparse ni encuentran el modo de posicionarse como naciones”. Sus triunfos electorales los pone al frente de Estados Nacionales que -en todas sus jurisdicciones- se oponen por completo al protagonismo de los pueblos en la deliberación conducente a la toma de decisiones sobre cómo afianzar la plurinacionalidad que los caracteriza y crear, cada cual, los «buenos vivires» comunitarios, a la vez, confederados de modo democrático.

Urge la extensión abajo del destape a los gobiernos progresistas como enemigos de los pueblos del Abya Yala. Hasta el gobierno de Evo -como todos los del progresismo- viabilizó y viabiliza la expansión de los extractivismos o ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciosos, silenciados e invisibilizados por el sistema mundo capitalista y sus locales.

Es decir, posibilitaron y posibilitan la profundización del avance en la concentración y transnacionalización económica de modo que cuestionemos la economía exitosa en Bolivia porque es la economía del gran capital que no es la de los pueblos cuya rebelión antineoliberal hizo emerger a todos o casi todos los gobiernos progresistas que no sólo dieron la espalda a la voluntad política de cambio social sino sobre todo hicieron-hacen a su represión y a modelar su dispersión social e ideológica desde el poder del Estado del Capital.

Evo es un impostor al construir la imagen de defensor de la Madre Tierra e identificado con los pueblos naciones originarias. También, por provenir de un partido político de izquierda a diferencia de los otros presidentes de gobiernos progresistas. Pero más embronca Álvaro García Linera por su formación teórica y por su participación (como el nefasto José Mujica) en la guerrilla duramente reprimida. Digo que son nefastos los tres porque sembraron desconfianza y decepción sobre las capacidades e inteligencias del protagonismo popular para concretar su emancipación de la opresión.

Todos los gobiernos progresistas del Abya Yala han promovido y promueven los extractivismos pese a las luchas de sus pueblos en contra. Los aceptan, NO porque se ven forzados al pago de intereses de la deuda eterna como justifican los poderes y los reformistas se acoplan. Lo hacen mediante consignas convocantes a la unión uniformada de exigir suspensión o anulación de la misma como si esos frutos de la expoliación cada vez más intensa -distribuidos por el Estado esencialmente corrupto- fuesen solución a las crecientes pobreza estructural, desigualdad social e injusticias sociales.

Advirtamos, ahora, cuán imprescindible es valorar significados e implicancias que los reformistas prevalezcan en la dirección de las luchas por las justicias social y socioecológica. Tengamos en cuenta qué Murray Bookchin señala: es esencial empujar siempre más allá de nuestro cuestionamiento, porque no podemos seguir poniendo más parches aquí y allá que no resuelvan los verdaderos problemas.

Los progresistas y reformistas concilian e instauran la conciliación popular con el sistema en guerra contra la vida planetaria. De ahí que hoy urge el despliegue horizontal del antagonismo irreconciliable con el Capital y su Estado nacional e internacional, como el Zapatismo plantea.

Examinemos una crítica a este posicionamiento político e ideológico dominante en las izquierdas que es nefasto al viabilizar el destructor avance capitalista en pueblos con cotidianidad contrapuesta a los extractivismos.

A) El Acuerdo de Escazú o la ilusoria tregua
en medio de una guerra total contra la vida

23 de junio de 2022

Por Bryan González Hernández, Jiri Spendlingwimmer

Es esencial empujar siempre más allá de nuestro cuestionamiento, porque no podemos seguir poniendo más parches aquí y allá que no resuelvan los verdaderos problemas. (Murray Bookchin)

Nuestra derrota sólo quedará sellada si decidimos no escrutar los fundamentos de lo ocurrido, si no descubrimos con claridad lo que propiamente hemos de combatir. Precisamente por estas razones mis amigos y yo hemos de ir a las raíces de las cosas. (Günther Anders)

Aviso de incendio (…)

Es a partir de la comprensión de nuestra situación actual que proponemos una crítica política al Acuerdo de Escazú con la intención de aportar herramientas y elementos para que tenga lugar este debate; NO, con la intención de rechazar las garantías jurídicas que en él se contemplan para la protección de las vidas de las personas defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza en América Latina y el Caribe, la región más violenta y desigual del mundo, pero también la más rica en materia de bienes comunes.

Por el contrario, nuestra crítica se centra en algunos aspectos que se circunscriben al Acuerdo de Escazú, y que consideramos se deben tomar en cuenta en este debate. Específicamente nuestra crítica se enfoca en:

1. El concepto de “Desarrollo Sostenible” en el que se inscribe la Cumbre de Rio+20 del que emana el Acuerdo de Escazú.

2. Los promotores del acuerdo, principalmente las agencias financieras internacionales y los gobiernos latinoamericanos que participaron en su elaboración.

3. El acceso a la información y la excepción bajo excusa de la seguridad nacional.

4. El desmantelamiento de las instituciones públicas como una política neoliberal que coarta la participación ciudadana en la toma de decisiones, el acceso a la información y a la justicia.

Es este contexto latinoamericano en el cual nos situamos y las dinámicas imperialistas y coloniales que en él se desarrollan, lo que nos lleva a plantear nuestra crítica. No nos situamos en el ámbito del derecho para analizar al Acuerdo de Escazú, desde el cual ya se han expuesto todas sus bondades como una herramienta jurídica necesaria; sino desde lo político, ámbito de reflexión que ha sido considerado como superfluo, “porque se entiende que los mecanismos de control judicial «a posteriori» constituyen una vía suficiente para revisar los resultados de la actividad política” (Agapito, 2009, p. 12).

Pero la realidad y la misma actividad política no cesan de recordarnos que la visión dominante que se tiene de la Política es la de un ámbito definido exclusivamente por lo político, esto es, la lucha por el poder, entendiendo a éste como el poder matar y destruir, y “quien pueda hacerlo, sostiene Santiago López Petit, es quien tiene el poder” (2015, p.11).

El desarrollo como catástrofe

El crecimiento económico imparable e infinito que pretende el modelo capitalista no es acorde con la finitud de la vida y de lo que llaman bienes comunes planetarios. El capitalismo se sustenta en la lógica de la acumulación por destrucción y el despojo. Para expresarlo abiertamente, sin eufemismos, NO es posible un desarrollo sostenible. El desarrollo, sin importar que adjetivos le acompañen, debe ser entendido como catástrofe, siendo ésta, no sólo consecuencia del accionar humano, sino, el resultado intrínseco del capitalismo y de la clase parasitaria que se beneficia de la explotación y destrucción de otros seres humanos y otras formas de vida.

La magnitud de la catástrofe hace cada vez más evidente la urgencia de adoptar acciones más decididas para hacerle frente, asumiendo posturas éticas y políticas que nos permitan irrumpir en la realidad que nos ataca. Es por esta razón que hacemos eco de las alarmas que nos advierten que el planeta está experimentando “un gran episodio de disminución y extirpación de poblaciones, que tendrá consecuencias negativas en cascada en el funcionamiento y servicios de los ecosistemas que son vitales para el mantenimiento de la civilización. Describimos esto como una “aniquilación biológica” para resaltar la magnitud actual del sexto evento de extinción grave actualmente en curso en la Tierra” (Ceballos, Ehrlich, y Dirzo, 2017, p. 1. Énfasis nuestro).

Dicho con más contundencia, los procesos destructivos provocados por el modo de producción capitalista “eventualmente resultarán en la aniquilación de toda la vida en el planeta” (Strona y Bradshaw, 2018, p. 2). Y con ella, la sensación de no poder detener ese proceso de aniquilación, lo que nos coloca en medio de “la paradoja de unos beneficiarios que son incapaces de proteger al sistema que les beneficia” (George, 2003, p. 27).

Hablamos de aniquilación biológica y no del sinsentido del “desarrollo sostenible”, principalmente porque este concepto describe cabalmente al proceso de acumulación por destrucción infinita en un planeta de “recursos” finitos, mientras que términos como “desarrollo sostenible” nos refiere al mantenimiento del modo de destrucción capitalista, siguiendo su crecimiento ininterrumpido, pero gestionado de tal forma que pueda considerarse como “verde”, una suerte de catástrofe amigable con el entorno que destruye.

No es posible un desarrollo sostenible cuando la realidad evidencia un proceso histórico que solo puede comprenderse en términos de Maldesarrollo que “epitomiza la amplitud, la profundidad y la trágica realidad de un fracaso global” (Carmen, 2004, p. 37). No hay punto intermedio, hablar, por tanto, de “desarrollo sostenible”, no es otra cosa que una abdicación epistémica y un posicionamiento a favor del agresor y contra las singularidades y comunidades más vulnerables en esta guerra total contra la vida.

Cuando llamamos por su nombre real a los procesos destructivos que atentan contra la vida, advertimos sobre la urgencia de acciones más contundentes para hacer frente a la catástrofe resultante del modelo capitalista. Hablamos de Aniquilar, del latín annihilare, alteración de nihil, ‘nada’, que significa literalmente “reducir a nada” (Corominas, 1961, 52), acción que no se gesta por generación espontánea, ni mucho menos un error que escapa a todo cálculo. Hacemos referencia no solo a una fase sino a una acción que perfectamente se relaciona con la guerra que, como señaló Carl von Clausewitz, “en todas las circunstancias debemos considerar a la guerra no como algo independiente, sino como un instrumento político” (2004, p. 49).

La aniquilación biológica es una manifestación directa de una guerra total contra la vida, la de todos los seres que habitan en el planeta, incluida la humanidad. Al ser la guerra un instrumento político, debe entonces comprenderse como parte de un proyecto político, con objetivos claramente definidos, no es un hecho aislado, ni un error humano, mucho menos que estalla de improviso. Es un acto de fuerza llevado a cabo por la clase parasitaria capitalista, obsesionada con la acumulación de poder y el gobierno de las especies.

Conociendo al enemigo: De cuando el lobo ya no se disfraza de oveja, pero sí se pinta de verde

Queda claro que el contexto planetario que vivimos actualmente es de guerra y es un principio de ésta conocer al enemigo que se enfrenta. De ahí que el primer objetivo de nuestra crítica al Acuerdo de Escazú consiste en visibilizar a los promotores de este acuerdo, operarios de la destrucción; armas de guerra imperialista para la devastación de países y el saqueo de sus recursos considerados como estratégicos. Ahora se asumen, sospechosamente, como amigos de la naturaleza y protectores de comunidades y singularidades vulnerables; víctimas de sus propias políticas y directrices.

Que el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otras agencias imperiales promuevan un acuerdo que parece más una suerte de tregua, debería encender todas nuestras alarmas y considerar la posibilidad de una paz con la naturaleza y con quienes la defienden como un rescate del sentido original de la pax imperii, esto es, la dominación y la rendición absoluta frente al dominador. No extraña, por tanto, que se acoja de tan buena gana conceptos engañosos como el de desarrollo sostenible. Pero lo que sí extraña es el silencio repentino de ciertos sectores que han dejado de cuestionar a estas agencias imperiales de la destrucción, y que, sin mediar una crítica profunda, ven su historial delictivo como “errores humanos” que son rectificados tras una suerte de epifanía institucional de la catástrofe.

Otros actores promotores de este Acuerdo dignos de toda sospecha son los gobiernos latinoamericanos firmantes, merecedores del epíteto de administradores coloniales de la destrucción de países y garantes del robo de los bienes comunes en detrimento del bienestar de sus propias poblaciones, tal como fue esgrimido por el ideólogo imperial George Kennan al referirse al rol colonial que deben cumplir los gobiernos latinoamericanos en beneficio de los intereses imperiales estadounidenses sobre la región. Para Kennan, “Para proteger nuestros recursos, debemos combatir una herejía peligrosa que, tal como señaló la inteligencia norteamericana, estaba proliferando en América Latina ‘la amplia aceptación de la idea de que el gobierno tiene la responsabilidad directa del bienestar del pueblo” (Chomsky, 1988, p. 34).

Resulta paradójico que los gobiernos sean los principales garantes del respeto a la vida y los Derechos Humanos y de la Naturaleza a la vez que son los mayores violadores de esos mismos derechos. Su poco interés por avanzar en la resolución de los asesinatos sistemáticos de personas defensoras de la vida, hace de los Estados, máquinas de impunidad al servicio del mayor postor. A pesar de esto, se les encomienda la responsabilidad de velar por el cumplimiento de lo estipulado en un acuerdo como el de Escazú.

El Acuerdo de Escazú fue adoptado en marzo de 2018 cuando algunos de los peores gobiernos latinoamericanos de la segunda década del siglo XXI estaban en el poder. El proceso de negociación fue copresidido por el Chile de Sebastián Piñera enemigo acérrimo del pueblo Mapuche y la Costa Rica del saliente Luis Guillermo Solís, para luego ser sustituido por Carlos Alvarado, periodos de tiempo en los que fueron asesinados los líderes indígenas Sergio Rojas y Jhery Rivera.

Junto a estos dos países también fueron parte del Acuerdo el México del sanguinario régimen de Enrique Peña Nieto, la Argentina del impresentable Mauricio Macri, la Colombia de Juan Manuel Santos, el Ecuador de Lenin Moreno y el Brasil del golpista Michel Temer. Ninguno de ellos dignos de ser considerados garantes de la democracia, el Estado de Derecho, o de los derechos de los pueblos indígenas, mucho menos pueden ser considerados como adalides por la protección de la Naturaleza. ¿Se puede entonces confiar que un acuerdo elaborado por estas administraciones coloniales va a garantizarnos los derechos más elementales para la protección de la vida en el planeta?

Por otra parte, rechazamos contundentemente la instrumentalización de las violencias y las muertes de las personas que han puesto, y ponen su cuerpo y su vida en defensa de los derechos de la Naturaleza y de las singularidades y comunidades a vivir en un ambiente digno y saludable para la plenitud de la vida. Rechazamos que entidades como el Banco Mundial y otras agencias financieras internacionales y regionales, así como representantes de gobiernos neoliberales que se han encargado de custodiar y asegurar la destrucción de nuestros países y el saqueo de nuestros territorios, se valgan de los asesinatos de Berta Cáceres, Sergio Rojas, Jehry Rivera y muchas otras, para promover acuerdos marco que, en sus propias palabras, garanticen un “ambiente sano para las inversiones”, siendo estas entidades y gobiernos, los responsables de sus muertes y de la impunidad de esos delitos.

Siendo ellos los gestores de esta aniquilación de la vida, nos resulta sospechosa su renovada actitud “amigable con la naturaleza” y comprometida con la protección de nuestras vidas y la de otras formas-de-vida, cuando históricamente se han valido del principio realista-político “Necessitas non habet legem” (la necesidad no tiene ley) para justificar sus acciones y proteger sus intereses a costa del exterminio y de la destrucción de otras formas de vida, y el asesinato sistemático de las personas defensoras de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, como se manifiesta en las palabras del entonces presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, el 6 de abril de 2016 en un evento realizado en el Seminario de la Unión Teológica de Nueva York, cuando se le preguntó por el asesinato de Berta Cáceres, afirmando que “No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer, y que alguno de estos incidentes no suceda” (“you cannot do the kind of work we are trying to do and not have some of these incidents happen”) (Knight, 2016).

Estas palabras de Kim evocan a la guerra total, la destrucción es llevada a cabo por todos los medios sin miramiento de sus consecuencias. Siguen la misma lógica que la del ex Secretario de Defensa de los Estados Unidos de la era Trump, James Mattis, respondiendo al cuestionamiento sobre los bombardeos de la coalición militar liderada por Estados Unidos contra Siria: “El asesinato de civiles es “una realidad de la vida en este tipo de situación” (HISPANTV, 2017). Los asesinatos sistemáticos de personas defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza, son más que daños colaterales en esta guerra total contra la vida, son objetivos militares…

Autopsia de un acuerdo demasiado perfecto

Nuestra crítica política no puede quedarse en la exposición de los operadores de la destrucción, autoproclamados como nuevos defensores de la vida en el planeta, sin que ello implique un análisis de algunos aspectos del acuerdo que deben ser pensados en el contexto actual de guerra global que padecemos.

En primer lugar, nos encontramos con el artículo 5 referente al acceso a la información ambiental que en su numeral 6 se desprende que el acceso a la información es limitado según lo establezca cada una de las legislaciones nacionales, o bien, en caso de no contar con ellas, el Acuerdo brinda una serie de excepciones que permiten denegar el acceso a información sin importar lo que previamente se había mencionado.

Entre las excepciones esgrimidas, no podía faltar la voluble excusa siempre presente de la seguridad nacional, definida en los manuales militares como el conjunto de condiciones que permiten alcanzar objetivos nacionales permanentes”, objetivos perpetuamente ligados al modelo capitalista y a la lógica de la acumulación por destrucción. No extraña que los doctrinarios de la Seguridad Nacional argumentaran panfletariamente que “la seguridad es la esencia del desarrollo”.

En un contexto de colapso mundial, caracterizado por la aniquilación biológica y el acelerado agotamiento de los recursos considerados estratégicos, aceptar la excusa de la seguridad nacional como una excepción a los derechos y garantías jurídicas necesarias para la defensa de la vida planetaria no sólo raya en la ingenuidad política, es una suerte de suicidio por parte de los movimientos ambientalistas. Otro elemento de este acuerdo que nos genera sospecha y que consideramos como una especie de blanqueamiento y legitimación de la aniquilación biológica tiene que ver con la participación ciudadana en la toma de decisiones.

No vivimos en democracia –el solo hecho de pensarlo ya da cuenta de mucha inocencia política-; el clamor popular no se impone sobre los objetivos estratégicos de los grupos de poder y su afán por la acumulación de poder y capital en un contexto de acelerado a agotamiento de los recursos. La participación ciudadana no significa “veto ciudadano” en la toma de decisiones a proyectos contrarios a sus interés o destructores de la naturaleza. Es sencillamente, una “garantía de participación”. Un ejemplo de ello fue la experiencia del Movimiento Ríos Vivos entre los años 2013 y 2018, cuando imperaba la amenaza de la construcción de Proyectos Hidroeléctricos, la ARESEP llegó a organizar audiencias públicas en las que alrededor de 400 personas se opusieron al PH San Rafael, frente a solo 10 que lo apoyaban, a pesar de esto la entidad les otorgó la autorización para su construcción. La lección fue obvia: la sociedad civil solo sirvió para legitimar el proceso por medio de su participación.

El acuerdo parece a primera vista, un gran avance en materia de acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Lo sería realmente si no fuera por el hecho de que no menciona, ni siquiera toma en cuenta un factor elemental, las instituciones estatales garantes de esos derechos han sido, y continúan siendo, desmanteladas por los mismos gobiernos neoliberales que elaboraron el acuerdo.

En Costa Rica, a pesar del ímpetu de la administración de Carlos Alvarado respecto al Acuerdo de Escazú, no hizo nada para contrarrestar la impunidad del asesinato de Jhery Rivera ni para eliminar o al menos reducir el racismo institucional y social que impera en el país. Si lo analizamos en detalle según la base de datos del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto nacional, bajo la excusa de la reducción del déficit fiscal y el saneamiento de la economía, este gobierno se dedicó a recortar el presupuesto de instituciones encargadas de la protección ambiental, como es el caso de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), que pasó de contar con un presupuesto de ¢2.326.948.000 en 2018, a ¢1.926.766.046 en 2022. Práctica que se puede ver en casi todas las entidades gubernamentales, excepto en el Ministerio de Seguridad Pública, cuyo presupuesto se ha mantenido constante, bajo la excusa de la guerra contra las drogas, pero cuyos efectivos terminan siendo utilizados contra las poblaciones que se movilizan.

A modo de conclusión

En definitiva, muy a pesar de que el Acuerdo de Escazú pueda ser considerado como una herramienta jurídica para garantizar el acceso a derechos elementales para la defensa de la vida en todas sus formas, puede que este mecanismo no sea más que una ilusión, una falsa tregua publicitada como lo mejor, y por tanto, defendida y promovida inocentemente por los mismos movimientos ambientalistas. Por ello, puede terminar siendo una trampa finamente elaborada por los operarios de la destrucción para crear “un ambiente sano” para la ejecución de sus planes a pesar de la oposición social que pueda surgir para hacerles frente.

Por ello, consideramos que todo mecanismo e instrumento que sea útil para garantizar el acceso irrestricto a nuestros derechos, debe emanar de nosotros mismos, de las comunidades y las singularidades en movimiento, nunca como una concesión del poder, de los verdaderos enemigos de la vida en el planeta.

Situarnos en el colapso mundial implica denunciar la ideología y los procesos que definen a esa sistemática acumulación por destrucción y exponer las operaciones en curso que son parte de la guerra total contra la vida bajo la consigna de una gestión compartida del riesgo.

Ante esto es importante recordar las palabras de Günther Anders: “estamos en peligro de muerte por actos de terrorismo perpetrados por hombres (sic) sin imaginación y analfabetos sentimentales que son hoy omni-potentes” (2007, p. 160). El dilema que se nos presenta en este contexto de catástrofes por responsabilidad de las jerarquías y las estructuras de poder, es, parafraseando al mismo Anders, “¿cómo detener a quienes no se detendrán ante nada?”

Referencias:

Bryan González y Jiri Spendlingwimmer son miembros del Movimiento Ríos Vivos, Costa Rica.

Fuente:

Concentración y centralización capitalista

Repitamos la alerta de Bryan González y Jiri Spendlingwimmer: 

«Consideramos que todo mecanismo e instrumento que sea útil para garantizar el acceso irrestricto a nuestros derechos, debe emanar de nosotros mismos, de las comunidades y las singularidades en movimiento, nunca como una concesión del poder, de los verdaderos enemigos de la vida en el planeta.

Situarnos en el colapso mundial implica denunciar la ideología y los procesos que definen a esa sistemática acumulación por destrucción y exponer las operaciones en curso que son parte de la guerra total contra la vida bajo la consigna de una gestión compartida del riesgo.

Ante esto es importante recordar las palabras de Günther Anders: “estamos en peligro de muerte por actos de terrorismo perpetrados por hombres (sic) sin imaginación y analfabetos sentimentales que son hoy omni-potentes” (2007, p. 160). El dilema que se nos presenta en este contexto de catástrofes por responsabilidad de las jerarquías y las estructuras de poder, es, parafraseando al mismo Anders, “¿cómo detener a quienes no se detendrán ante nada?”».

Reflexionemos, junto a una creciente mayoría entre los de abajo e izquierda, sobre cómo salir del capitalismo ante la actualidad de sus necropolíticas que se publicitan como progreso y modernidad.

Estados, Migraciones y Derechos humanos

Salir del necrocapitalismo:
los derechos humanos frente al poder corporativo

5 de julio de 2022

Por Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro |Viento Sur

 “La democracia y la protección de los derechos humanos son una exquisitez al alcance de muy pocos países en el mundo”, afirma una tertuliana –a la sazón, profesora de derecho internacional– en el programa más escuchado de la radio española al hilo de la visita oficial a España del emir de Qatar: “Sin obviar que nos relacionamos con dictaduras, necesitamos esas relaciones comerciales” 1/. Unos días antes, el gobierno español pasaba por encima de sus propias normas para deportar a Argelia al activista Mohamed Benhalima, a pesar de que sobre él recaía una condena a pena de muerte. Hace algunas semanas, mientras reivindicaba que Ucrania tiene todo el derecho a defender su soberanía nacional frente a la invasión de las tropas rusas, el ejecutivo de Pedro Sánchez mantenía que el Sahara Occidental no tiene otra posibilidad que convertirse en una provincia de Marruecos porque es la única solución realista. Varios meses más atrás, el gobierno-más-progresista-de-la-historia enviaba a la ministra de Asuntos Exteriores a Brasil para negociar con Bolsonaro el acuerdo UE-Mercosur y luego otorgaba la Gran Cruz de Isabel la Católica al presidente de Colombia, a su paso por España para firmar la renovación del acuerdo de protección de inversiones entre ambos países.

Hasta la guerra de Ucrania, podía quedar en evidencia la brecha existente entre el discurso y la práctica del capitalismo verde impulsado por la Unión Europea. Por un lado, la narrativa de la transición ecológica, la digitalización y la nueva economía de los cuidados; por otro, un metabolismo económico basado en la devaluación de la fuerza de trabajo, el extractivismo y el neocolonialismo. Ahora, con la urgencia de asegurar el suministro de energía y materiales para sostener a toda costa los dividendos empresariales, el Pacto Verde Europeo está acabado también en el plano retórico. Y los derechos humanos, en este marco, aparecen como un lujo de un pasado que ya difícilmente se puede conservar.

Sabemos que la expansión de las clases medias, el Estado del bienestar y los valores europeos han sido posibles gracias al crecimiento económico construido sobre la base de la depredación de los pueblos y los territorios de las periferias de todo el globo. Y que mientras en Europa los grandes propietarios obtienen golden visas sin ningún control y a buen precio en el mercado oficial, millones de personas se someten a las burocracias migratorias y quedan atrapadas en limbos jurídicos infernales. Pero, en estos momentos, las razones geopolíticas han terminado de sepultar lo que aún pudiera quedar de buenismo –así es como suele descalificarse al cumplimiento de los derechos humanos– en el discurso oficial de las democracias liberales europeas.

“Los europeos hemos construido la Unión como un jardín a la francesa, ordenadito, bonito, cuidado, pero el resto del mundo es una jungla. Y si no queremos que la jungla se coma nuestro jardín tenemos que espabilar”, ha dicho el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell: “La política internacional exige una gran dosis de realismo. Porque las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran” 2/. Ya no hay rodeos: para garantizar el aprovisionamiento de gas y reforzar las fronteras, pacto con Estados autoritarios que hacen de la violación de derechos humanos su práctica cotidiana; para promover los negocios de las grandes empresas españolas, alianza con gobiernos de extrema derecha que están criminalizando y persiguiendo el derecho a la protesta. El greenwashing ha dado paso a la economía de guerra.

Necrocapitalismo

Dejar morir por falta de atención a quienes tienen hambre o por falta de socorro a quienes se ahogan en el mar o por no tener un seguro privado a quienes se contagian de coronavirus en una residencia pública, así funciona la necropolítica (Hernández, 2018). Las personas se convierten en una mercancía más, y son prescindibles quienes no participan de la sociedad de consumo o no aportan valor en el proceso de reproducción del capital. En “un capitalismo que parece que se desmorona sin encontrar solución a sus crisis sucesivas, y que hace de hombres, mujeres y niños simple material de desecho” 3/, la violencia se utiliza para distinguir quién puede ser sustituible y quién no. Una suerte de guerra social que no busca la victoria definitiva, sino que se asienta como un periodo de larga duración, ésta es hoy la condición sistémica del modelo capitalista y patriarcal.

En un sentido más amplio, el necrocapitalismo sitúa a la muerte en el centro de la gestión económica y política, no exclusivamente en sus efectos. Como decimos, se deja abandonadas a quienes no resultan funcionales a los mecanismos habituales de extracción de riqueza: privatización de la sanidad y educación públicas, destrucción de los servicios sociales, eliminación de las tareas de salvamento marítimo, exclusión de quienes no puedan afrontar las facturas de la energía o el alquiler. Más aún, se les está empujando a morir: que el gobierno español envíe al matadero a un disidente argelino y a todo el pueblo saharaui, que la guardia costera griega deje a la deriva en alta mar a refugiados sirios después de quitarles todas sus pertenencias y objetos de valor, son apenas algunos ejemplos de ello.

Asistimos a una ofensiva mercantilizadora en la que las dinámicas capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias e insostenibles se exacerban. La democracia liberal-representativa y sus instituciones transitan por espacios cada vez más alejados de los verdaderos conflictos globales que se mueven entre la vida y la muerte. El capital y las empresas transnacionales se han lanzado a la destrucción de cualquier derecho que impida la mercantilización a escala global. El capitalismo, que ha rebasado con creces los límites biofísicos del planeta, se transforma en puro expolio territorial. A la vez, el sistema financiero especula con la propia existencia y dispone de un poder que le permite expropiar lo que ya existe.

La frontera de apropiación y mercantilización corporativa no se reduce en el marco del capitalismo verde y digital; al contrario, se expande de manera sectorial y geográfica. Y los megaproyectos se vuelven espacios preferentes para la acumulación de capital (Fernández, González y Hernández, 2022). Una estrategia a escala global que incluye centros, periferias y semiperiferias del sistema, alterando las prioridades geopolíticas presentes y futuras. En este contexto, los derechos humanos y los derechos colectivos, incluyendo al medio natural en su conjunto, se ven sometidos a la regla de la oferta y la demanda. La propiedad privada y la especulación se sitúan en el vértice de la jerarquía normativa y la desigualdad se consolida como elemento central de la arquitectura corporativa de dominación.

La crisis sistémica provoca que las élites tengan serias dificultades para mantener sus tasas de ganancia y acumulación, y en este escenario la guerra se convierte en un eje central sobre el cual se está recomponiendo el capitalismo. Al fin y al cabo, el capital es una relación social que se articula y expande en espacios territoriales y de la mano de los Estados. Eso sí, el comportamiento de los Estados imperialistas y su posición de dominación no son homogéneos, ya que depende de su capacidad económica y militar. La guerra de Ucrania tiene que ver sobre todo con una disputa entre hegemones, como sostiene Arrighi, que en ningún caso confrontan modelos sociales o democráticos alternativos: confrontan espacios de dominación y comparten modelos de destrucción de derechos colectivos y de la democracia para mantener sus niveles de beneficio (Serfati, 2022).

Con la guerra se profundiza en la dinámica de crisis energética, subida de precios y materias primas, desigualdad social, empobrecimiento generalizado y agravamiento del desorden climático, pero la crisis estructural del capitalismo viene de más lejos. Hoy hablamos de la espiral de inflación, endeudamiento y desabastecimiento; hace tiempo que venimos haciéndolo de sus causas: una lógica de crecimiento ilimitado y acumulación imposibles, un modelo de financiarización insostenible, la emergencia de un cambio climático desbocado, el agotamiento acelerado de energía y materiales. Pero ahora, como bien ha señalado Sánchez Cedillo, “esta guerra cambia las reglas del juego en la UE pospandémica, eliminando todo proceso democrático que afecte a las élites capitalistas” 4/. Una reorganización política y económica donde la violencia estructural se expresa, en esta nueva fase del capitalismo, bajo formas de múltiples guerras generalizadas, donde se pasa de lo excepcional a lo cotidiano. Un estado de excepción permanente donde los derechos colectivos se desplazan por un necrocapitalismo cada vez más generalizado.

Derechos del poder corporativo

El avance en la mercantilización de las normas jurídicas hace que los aspectos económicos aparezcan como autosuficientes, autorregulables y blindados jurídicamente, mientras los derechos humanos se presentan cada vez más como aspiraciones vacías. El derecho corporativo global equivale al derecho constitucional universal. Y la supuesta fragmentación de los ordenamientos jurídicos no es tal, ya que la acumulación de riqueza se sitúa en el vértice de la jerarquía normativa, desplazando los derechos humanos a los márgenes regulatorios del sistema.

Un estado de excepción permanente donde los derechos colectivos se desplazan por un necrocapitalismo cada vez más generalizado.

La clave fundamental de esta constitución económica global es que el derecho privado prevalece sobre el derecho internacional de los derechos humanos y sobre las normas nacionales sobre derechos y libertades. El poder corporativo se construye sobre la re-regulación de derechos, lo que significa más poder, más protección, más reglas e instituciones jugando a su favor, con más derechos y más riqueza cada vez en menos manos. El derecho internacional de los derechos humanos, a su vez, se reinterpreta en favor del poder corporativo: solo resulta aplicable a las empresas transnacionales a través de la acción estatal, mientras los derechos corporativos se tutelan en marcos nacionales e internacionales, lo que consolida la asimetría jurídica como principio corporativo universal (Hernández y Ramiro, 2015).

La asimetría normativa, no en vano, ha sido la base de la globalización neoliberal: frente a la fortaleza de la armadura jurídica construida para blindar los derechos de las grandes corporaciones, la extrema fragilidad de los mecanismos para el control de sus obligaciones. O, lo que es lo mismo: a la vez que continuamente se re-regulan los negocios privados transnacionales, sigue avanzando la desregulación en la tutela de los derechos fundamentales. Nada de eso hubiera sido posible sin la conformación de una gran alianza pública-privada entre los Estados centrales y las corporaciones transnacionales. No habitamos en un mundo sin reglas, sino en un ordoglobalismo en favor del capital transnacional: “El mundo normativo neoliberal no es un mercado sin fronteras y sin Estados, sino un doble mundo a salvo de las reivindicaciones colectivas de justicia social e igualdad redistributiva por parte de los guardianes de la constitución económica” (Slobodian, 2021: 38).

El derrumbe del capitalismo global, por sí solo, no va a cambiar este estado de cosas. Al contrario, la huida hacia adelante en busca de la rentabilidad perdida solo va a servir para profundizar en la lógica de expulsión, desposesión, violencia, encierro y necropolítica. El derecho internacional, con toda su catarata de pactos y acuerdos globales en defensa de los derechos humanos, se ha convertido en papel mojado ante la guerra desatada por los grandes poderes económicos para tratar de asegurarse su parte del botín en medio de la tormenta perfecta 5/.

En este contexto, el poder corporativo se articula en torno a una serie de principios que desplazan y fulminan los fundamentos que sustentan el derecho internacional de los derechos humanos. Son principios formalmente ocultos, no regulados, pero que gozan de la máxima imperatividad y transversalidad. Vienen a constituirse, en la práctica, como una declaración paralela a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se produce así una descomposición radical y progresiva de los núcleos centrales de los derechos. La paz, la democracia, la alimentación, la vivienda, la educación, la cultura, el trabajo, la migración, los cuidados y la salud transitan hacia la retórica jurídica. La desregulación en masa de derechos, la expropiación por parte de las élites de los bienes colectivos y la destrucción global de derechos reconfiguran sustancialmente los derechos humanos. Y los desechos humanos reemplazan a la dignidad de las personas.

Descomposición de los derechos humanos

En este marco, la necesidad de ampliar los dividendos empresariales hace que se vayan extremando más y más las prácticas contra las personas, las comunidades y los ecosistemas. El carácter de contrapeso del derecho se sigue difuminando en favor del poder corporativo, modificando las garantías formales de la democracia. Se generalizan la pulverización del derecho legislativo, la privatización y la contractualización de la ley y las relaciones económicas, la prevalencia de los anexos a las reglas en los acuerdos de comercio e inversión, la destrucción del paralelismo en las formas, la inflación de las normas administrativas, la quiebra del imperio de la ley, la prioridad de la seguridad jurídica de los contratos frente a la seguridad de los derechos de las personas y las comunidades.

Así, se están generando modificaciones sustanciales en la propia categoría jurídica de los derechos humanos, que sufren una profunda reconfiguración. En primer lugar, se desregulan en función de la explotación generalizada de las personas y de los procesos de privatización. Después, se expropian en base a la acumulación por desposesión en el marco de una ofensiva mercantilizadora global. Y, para terminar, se destruyen en función del colonialismo y el racismo estructural. Todo ello, en un contexto de agudización del autoritarismo y la violencia.

El necrocapitalismo se articula sobre la descomposición de derechos en estos cuatro ejes, consolidando una nueva forma de poder y de acumulación por parte del capital. No es solo que las instituciones que nos gobiernan estén eliminando y suspendiendo derechos, es que directamente están reconfigurando quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos. Todo ello tiene una profunda conexión con la lógica neocolonial; en palabras de Achille Mbembe: “Las colonias son el lugar por excelencia en el que los controles y las garantías del orden judicial pueden ser suspendidos, donde la violencia del estado de excepción supuestamente opera al servicio de la ‘civilización’” (Mbembe, 2011: 39).

La financiarización de la vida económica y social coloca a la especulación en el centro de las relaciones sociales y políticas. El capital captura la democracia, los países y los territorios y convierte a las sociedades en parte del organigrama de las grandes corporaciones. De ahí que el expolio financiero necesite de un autoritarismo y una violencia crecientes, ya que no se alimenta de nuevos beneficios generados en la producción. La codicia es el elemento constituyente de su manera de actuar y la razón de ser de un modelo destructivo para las mayorías sociales y el conjunto de la vida en el planeta.

En numerosos países, además, se están construyendo restricciones manifiestas respecto a quién pertenece a la comunidad nacional y quién no, lo que provoca la exclusión legal del extranjero pobre, apuntalando las bases programáticas de la xenofobia. Tal y como afirma Ferrajoli (2019), el entramado de normas que limitan drásticamente los derechos de las personas migrantes conlleva, además del efecto legitimador, un factor de des-educación, al generar una imagen del otro como alguien naturalmente inferior, porque ya es jurídicamente inferior. Y esta percepción racista, a su vez, legitima la discriminación en los derechos.

Todas estas prácticas afectan a la propia configuración de los derechos humanos. Volviendo a la idea fundamental de lo que significa la necropolítica, se trata de dejar morir a miles de personas racializadas y pobres. También está teniendo lugar la fragmentación de derechos según las categorías de personas, las prácticas racistas y heteropatriarcales, los tratamientos excepcionales a determinados colectivos, las políticas migratorias con sus muros y fronteras, la trata de seres humanos, las deportaciones en masa, la criminalización de la solidaridad y la desobediencia civil, la división de la sociedad entre asimilables y exterminables.

Otras destruyen en bloque los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza. Es el caso de la crisis climática y la destrucción de ecosistemas, los feminicidios de mujeres y disidentes de género, el hambre que sufren millones de personas, los nuevos campos de concentración, la persecución y eliminación de la disidencia social, el encarcelamiento de pueblos y comunidades, el endurecimiento de los usos coloniales y las guerras de destrucción masiva.

Están, por último, las prácticas que afectan al núcleo central de los derechos colectivos. Como la apropiación de los bienes comunes, la explotación laboral, la consolidación de la precariedad en el núcleo constituyente de las relaciones laborales, el trabajo infantil y el trabajo esclavo, la reorganización capitalista de la producción y la reproducción, las expropiaciones colectivas por medio del pago de la deuda, las expulsiones de millones de personas de sus territorios porque las grandes corporaciones se apropian de los bienes comunes. Amnistía Internacional las ha recopilado y el panorama es demoledor 6/: no son fallos del sistema, es el avance del neofascismo global.

Radicalizar la democracia

La lex mercatoria se compone de normas que subordinan lo público a lo privado, y lo constitucional a lo puramente administrativo, colonizando todas las esferas normativas y arrinconando los derechos humanos, sociales y medioambientales en los márgenes de la jerarquía normativa. En este contexto, los derechos humanos se mueven entre la fragilidad de las normas internacionales, las recomendaciones de los comités encargados de su aplicación y la impunidad de los gobiernos ante el incumplimiento reiterado de los textos de derechos humanos. Esta asimetría pone en evidencia la fractura de sus sistemas de garantía y demuestra cómo han evolucionado hacia el territorio de la retórica jurídica.

Los derechos humanos se van así vaciando como categoría sustantiva al perder espacio normativo frente a la mercantilización de la vida. Su privatización es un hecho. En realidad, la privatización y la excepción van colonizando las instituciones jurídico-políticas y el Estado policial va sustituyendo al sistema de garantías. Y todo ello va dando paso a la gobernanza feudal de un nuevo espacio neofascista a nivel global. Este neofascismo –podríamos denominarlo igualmente posfascismo– no necesita destruir el sistema democrático, le basta con transformar y vaciar las instituciones jurídicas que lo sustentan (Fundación de los Comunes, 2020). En este marco, tolerar lo éticamente intolerable pasa a formar parte de los núcleos centrales de la práctica política, provocando una sensación de descomposición generalizada del sistema internacional de los derechos humanos y la formalización de facto de sistemas que establecen un orden jerárquico entre grupos étnicos o raciales.

Tras la pandemia y la guerra, la acción del Estado se ha vuelto imprescindible para que no se produzcan quiebras en cascada y se venga abajo el sistema económico-financiero. Pero el relato de las “propuestas de futuro para la recuperación”, pese a toda la retórica gubernamental fundamentada en los valores europeos y concretada en los fondos Next Generation, pasa por reforzar la arquitectura jurídica de la impunidad y continuar con su lógica de expulsión, desposesión y necropolítica. De hecho, los planes de “transformación y resiliencia” van a ser reformulados inmediatamente para adaptarse a los requerimientos de la recién promulgada estrategia RePowerEU: se trata de rebajar aún más las barreras ambientales y climáticas –hasta llega a suspenderse el principio de “no hacer un daño significativo”– con tal de garantizar el suministro energético a la Unión Europea 7/.

Como ha señalado Miguel Mellino, “para las élites y clases dirigentes ha llegado el momento de la destrucción creativa del capitalismo. Están desmontando viejas estructuras para crear las bases de una nueva lógica de acumulación” 8/. Está en juego una fase de recomposición capitalista y es ahí donde efectivamente toca intervenir. Un contexto donde las rivalidades geopolíticas, los conflictos bélicos, la competencia económica, la militarización del comercio y la preocupación por asegurar las ganancias empresariales nos asoman a nuevas maneras de reinterpretar los derechos humanos. Muchos de sus imperativos universales conectan con la emancipación y la resistencia de los pueblos, pero otros colisionan con la falta de empatía de las categorías de derechos y las maneras de entender las relaciones humanas.

El uso alternativo del derecho implica el uso legal, alegal e ilegal del mismo; la reinterpretación conceptual de la legalidad frente a la legitimidad vuelve a aparecer en el marco de la defensa de los derechos de las mayorías sociales. Hablar en serio de derechos humanos implica radicalizar la democracia, construir proyectos socioeconómicos en colectivo, fortalecer los procesos de autoorganización social desde la base sin renunciar a la disputa de ciertos espacios institucionales y reconfigurar nuevos espacios de contrapoder a nivel local y global.

Recordando a Daniel Bensaïd, “nadie puede decir cómo serán las revoluciones del siglo XXI. Como sistema dominante, el capitalismo apenas tiene unos siglos. No es eterno. Terminará, para lo bueno y para lo malo. Porque entramos en una crisis de civilización de larga duración, en la que la reducción del mundo a una dimensión comercial es cada vez más irracional y miserable. Lo fundamental es darle una oportunidad a la parte evitable de la historia” 9/.

Notas

1/ Declaraciones de Mariola Urrea en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, 18 de mayo de 2022.

2/ Josep Borrell: “No enviar armas a Ucrania habría sido una inmensa hipocresía y un fallo histórico”, entrevista de Pablo R. Suanzes, El Mundo, 4/03/2022.

3/ “Tener poco valor, o un valor marginal para el capital, ser superfluo, inmediatamente sustituible es tendencialmente la condición definitoria de la inmensa mayoría del planeta” (Rodríguez, 2018: 223).

4/ Raúl Sánchez Cedillo, “Toda guerra siembra fascismo”, El Salto, 25 de febrero de 2022.

5/ Gonzalo Fernández y Juan Hernández Zubizarreta, “La tormenta perfecta ya está aquí”, El Salto, 17 de marzo de 2022.

6/ Amnistía Internacional, La situación de los derechos humanos en el mundo, 2022.

7/ Josep Nualart y Nicola Scherer, “Como abordar el ‘the winter is coming’ en una UE dependiente de Rusia: el RePowerEU”, La Marea, 20 de mayo de 2022.

8/ “Miguel Mellino: La guerra en Ucrania es la crisis definitiva del orden neoliberal globalizado”, entrevista de Gorka Castillo en Ctxt, 1 de marzo de 2022.

9/ Revue Ballast, “Abecedario de Daniel Bensaïd”, El Salto, 9 de febrero de 2020.

Referencias

Fernández, Gonzalo; González, Erika; Hernández, Juan y Ramiro, Pedro (2022) Megaproyectos: claves de análisis y resistencia en el capitalismo verde y digital, OMAL.

Ferrajoli, Luigi (2019) “Políticas contra los migrantes y crisis de la civilidad jurídica”, Crítica penal y poder, 18, pp. 182-193.

Fundación de los Comunes (ed.), Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo. Madrid: Traficantes de Sueños.

Hernández Zubizarreta, Juan (2018) “La necropolítica frente a los derechos humanos”, viento sur.

Hernández, Juan y Ramiro, Pedro (2015) Contra la “lex mercatoria”. Barcelona: Icaria.

Mbembe, Achille (2011) Necropolítica. Madrid: Melusina.

Rodríguez, Emmanuel (2018) La política contra el Estado: sobre la política de parte. Madrid: Traficantes de Sueños.

Serfati, Claude (2022) “La era de los imperialismos continúa: así lo demuestra Putin”, viento sur.

Slobodian, Quinn (2021) Globalistas. Madrid: Capitán Swing, 2021.

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)-Paz con Dignidad

https://vientosur.info/salir-del-necrocapitalismo-los-derechos-humanos-frente-al-poder-corporativo/

Fuente: https://rebelion.org/salir-del-necrocapitalismo-los-derechos-humanos-frente-al-poder-corporativo/

Alternativas emancipatorias

Pongamos en discusión las siguientes propuestas del sociólogo Max Ajl para un Green New Deal de los pueblos o socialista durante la entrevista publicada como:

“Las propuestas para un Green New Deal hechas desde el Norte continúan con la dominación neocolonial del Sur”

24 de junio de 2022

Alejandro Pedregal | El salto

(…) ¿Puedes hablarnos de cómo tu enfoque se relaciona, metodológica y analíticamente, con las teorías del intercambio desigual y la dependencia, ya que estas aportaciones están tan estrechamente vinculadas a los autores radicales del Sur Global? ¿Cómo se relaciona esto con las exigencias de los movimientos de liberación nacional y la tradición radical antiimperialista, por ejemplo? ¿Y cómo se relacionan estas con la emergencia ecológica en la que vivimos?

La liberación nacional sitúa la política de soberanía y desarrollo esencialmente autocentrado, o más bien de autosuficiencia colectiva regional, en la planificación ecológica. Nos recuerda que el ocaso de la colonización formal fue a menudo el amanecer del neocolonialismo, lo que significa precisamente el continuo drenaje de valor del Sur al Norte. Las teorías de la dependencia, que muchos académicos del Norte se han esforzado por desacreditar, son en su esencia una teoría sobre el drenaje de plusvalor y de las estructuras sociales de la periferia que permiten el escape de valor. Para detener esa fuga de valor hay que reconfigurar las estructuras sociales internas, reorientarlas hacia un desarrollo introvertido y autocentrado, poniendo las fuerzas productivas y el juego de las fuerzas productivas bajo el control popular y proletario doméstico. Esta es la línea de pensamiento que podemos rastrear desde Amílcar Cabral hasta Ismail-Sabri Abdalla, y que alcanzó su punto álgido en la práctica con la Revolución China.

El intercambio desigual, por supuesto, es uno de los mecanismos de drenaje de valor —hay muchos otros, como el pago ilegítimo de la deuda, los monopolios de la propiedad intelectual, el señoreaje del dólar, etcétera—. Ahora bien, mi enfoque se basa en las nuevas teorías del intercambio ecológicamente desigual, que de hecho agrupan una familia diversa de hallazgos empíricos que muestran esencialmente que, junto con el aumento de la apropiación por parte del Norte de los productos del hectarage global y de los recursos minerales, existe también una exposición desigual a la contaminación global.

De hecho, se trata de una forma de superexplotación basada en la subreproducción de la naturaleza no-humana que conduce a un daño de la vida humana y a su reducción por debajo de su nivel potencial históricamente dado. Esto nos dice, una vez más, que el proletariado del Sur, el semiproletariado, los habitantes de los barrios marginales, los campesinos, los pastores, los habitantes de los bosques, se enfrentan a la crisis ecológica como una crisis de su bienestar cotidiano y, por lo tanto, deben ser el centro de una visión liberadora.

En tu libro hablas de la importancia de la deuda ecológica y de la reparación para un genuino GND de los pueblos, que se tome en serio los daños medioambientales causados por el Norte al Sur. ¿Qué implica esta exigencia? ¿Cuáles son las reclamaciones históricas al respecto y cuál es la importancia del Acuerdo de Cochabamba para este asunto?

La deuda ecológica se viene planteando al menos desde principios de los años 90 —quizá, y probablemente, antes—. Es afín a un discurso más amplio de reparaciones que proviene de una gran variedad de actores que han sido “el reverso” del imperialismo y de la acumulación colonial-capitalista, ya sea por la trata de esclavos, el drenaje colonial o, más recientemente, el cercamiento neocolonial de la atmósfera y la apropiación de la capacidad de la biosfera para absorber y metabolizar las emisiones de CO2. Ya que que el Sur no podría emitir la misma cantidad de emisiones per cápita sin que quiebre la biosfera, y dado que el Sur no puede transitar por los mismos caminos de energía barata y ya está sufriendo los daños del calentamiento global, el Norte tiene en consecuencia una deuda con él.

Sobre la base de demandas anteriores, el Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba estableció que los países de la OCDE debían hacer transferencias fiscales del 6% de su Renta Nacional Bruta, es decir, alrededor de 1,2 billones de dólares solo en el caso de los Estados Unidos, por un período indeterminado, como forma de reparación. Así que sabemos lo que significa numéricamente. La pregunta es: ¿Qué significa políticamente? No tengo una respuesta clara al respecto. Como mínimo, aclara que la responsabilidad de la crisis ecológica es esencialmente del Norte. Pero, concretamente, se necesitaría un ambiente insurreccional generalizado en el Norte para comprometerse realmente con las transferencias fiscales al Sur, ya que estas irían acompañadas de una reducción controlada de la “pesadez” ecológica de la producción y el consumo del Norte. Esa “reducción”, que es básicamente a lo que se refiere el decrecimiento, significaría un aligeramiento constante del impacto ecológico de la producción del Norte —que no puede reducirse simplemente a la desmercantilización— y, a su vez, se derivaría de una mayor conciencia de que los “modos de vida” del Norte tienen que cambiar para crear un planeta en el que muchos puedan vivir bien. Estamos, obviamente, muy lejos de esa situación a cualquier nivel.

Ya que que el Sur no podría emitir la misma cantidad de emisiones per cápita sin que quiebre la biosfera, y dado que el Sur no puede transitar por los mismos caminos de energía barata y ya está sufriendo los daños del calentamiento global, el Norte tiene en consecuencia una deuda con él

También has expuesto cómo preocupaciones y terminología medioambiental que resulta razonables —me viene a la mente el debate alrededor de la noción de extractivismo, por ejemplo— pueden ser instrumentalizadas por los centros imperiales para sus propios intereses de dominio global. Este ha sido el caso, por ejemplo, de ciertos segmentos de la izquierda ecologista en relación con Bolivia, Venezuela, Ecuador. ¿Cuáles son las limitaciones y los peligros de estos puntos de vista?

Me parece útil adoptar un enfoque de sociología del conocimiento para esta cuestión. En primer lugar, para ser claros, cuando la gente se encuentra con una degradación ecológica que daña su capacidad para vivir decentemente, es natural que nombre y se resista a esa degradación. Deberíamos tener toda la simpatía del mundo por las personas que viven en esas condiciones. Pero esa simpatía no es un mapa político, y poner nombres no es inocente ni aleatorio. No tengo claro que el extractivismo, tal y como circula en los trabajos de estudiosos como Alberto Acosta, Eduardo Gudynas o Maristella Svampa, proporcione tal mapa político. Por ejemplo, Svampa, que ha sido especialmente acogida por la izquierda pro-cambio de régimen. Ella escribe: “El neoextractivismo contemporáneo se refiere a una forma de apropiación de la naturaleza y a un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de los bienes naturales, en gran parte no renovables, caracterizado por su gran escala y su orientación hacia la exportación, así como por la vertiginosa expansión de las fronteras de la explotación hacia nuevos territorios”.

¿Es esto de alguna manera una mejora con respecto al anterior análisis generalizado de centro-periferia o de dependencia, basado en la extroversión, la acumulación desarticulada y el intercambio desigual en el comercio mundial? Es básicamente un caos analítico, lo que Marx llamaba un concepto caótico. No puede decirnos cómo equilibrar las necesidades sociales de aquellos segmentos de la población de la periferia que, desgraciadamente, necesitan el capital de las exportaciones de mercancías para asegurar sus necesidades sociales —y que necesitarían procesar algunas de esas mercancías bajo cualquier patrón de industrialización concebible como parte de una transición socialista—. En el plano analítico, como ha escrito Álvaro García Linera: “Así como el extractivismo de nuestras sociedades está en medio de las redes de la división internacional del trabajo; la industrialización de materias primas o la economía del conocimiento son partícipes de la misma división mundial capitalista del trabajo. Ni el extractivismo ni el no-extractivismo son soluciones a esta dominación planetaria”.

Tenemos que discutir cómo pasar a una industrialización ecológicamente modulada, incluso por razones de autodefensa nacional, como parte de la liberación nacional y en una situación de dependencia neocolonial. Esos son los temas. El discurso extractivista, que forma parte de un cambio en la izquierda que se aleja de una comprensión seria de la planificación macroeconómica, de la necesidad de la industrialización y de la necesidad de repensar la industrialización, simplemente no ha demostrado ser una base para pensar en estas cuestiones de manera que pueda darnos una cuerda guía para navegar teóricamente y en la práctica a través de las contradicciones que surgen entre las comunidades directamente perjudicadas por la extracción de recursos y aquellas de la periferia que necesitan los recursos de esa extracción para su supervivencia diaria. Aunque soy un agroecólogo comprometido, un enfoque puramente centrado en la producción agrícola ecológica no puede resolver y no resolverá por sí mismo los problemas de desarrollo del siglo XXI.

Como ya has señalado, se ha debatido ampliamente que los daños medioambientales provocados por las economías del Norte Global los sufren sobre todo los pueblos del Sur Global. ¿Qué tipo de reorganización social podría llevarse a cabo para frenar esto?

Las economías del Norte deben ser reestructuradas, en primer lugar, sobre líneas no capitalistas, para producir no para la acumulación de plusvalor, sino orientadas alrededor de una producción ecológicamente sostenible y permanente de las cosas que la gente necesita para su supervivencia cotidiana y una vida decente, incluyendo hogares, culturas, niveles adecuados de industrialización, alimentos decentes, atención médica y sistemas de transporte. Sabemos que esto se puede hacer con niveles mucho más bajos de impacto ecológico, ya sea por medio de la atención sanitaria preventiva, la agroecología, los materiales y diseños de construcción sostenibles y vernáculos, el transporte colectivo de masas y ciudades replanificadas. No cabe duda de que la vida tendrá que cambiar en el Norte de forma sustancial, ya que la otra opción es descargar los costes de la industrialización verde “socialdemócrata” en el Sur, lo que sería un desastre desde cualquier perspectiva.

Como sociólogo rural dedicas gran parte de tu argumentación a la cuestión agrícola, en relación con la tierra y el suelo. ¿Qué hace a este aspecto algo tan relevante y, sin embargo, tan frecuentemente infravalorado por el ecologismo dominante del Norte Global? ¿Cuáles son los aspectos principales que deberíamos tener en cuenta a este respecto para pensar en un Green New Deal de los pueblos?

Existe un profundo prejuicio anti-campesino en el pensamiento occidental, incluido en el marxismo occidental —anti-campesino más que anti-naturaleza, ya que el pensamiento occidental a menudo fetichiza una determinada construcción de la naturaleza—. De manera natural la gente no piensa de dónde obtiene su comida, porque básicamente piensa que hay máquinas que obtienen la comida para ellos. De hecho, cantidades sustanciales de regímenes laborales globales están diseñados para apoyar el imperialismo, la acumulación global en general y productos alimenticios tropicales baratos para los trabajadores del Norte, como parte del pacto corporativista del Norte. Ahora bien: es natural que esos regímenes sean invisibilizados, porque implicarían mandatos teóricos, y por lo tanto políticos, diferentes para el ecologismo del Norte. En particular, significaría poner la liberación nacional y la cuestión agraria, del Norte y del Sur, en el centro de la planificación, el pensamiento y la práctica socialista. La agricultura es también un sector clave para llegar, al menos, a unas auténticas emisiones cero de CO2 y, por tanto, para una reducción del CO2 ciertamente intensiva en el cuidado de los cultivos, y quizá no tanto en el trabajo. Esta reducción es una cuestión de supervivencia para que los estados del Sur puedan resistir este siglo. Por lo tanto, tenemos que situar la agricultura en el centro de la planificación del uso de la tierra, incluyendo la planificación a nivel nacional de la producción agroecológica. Las cuestiones agrarias son también críticas para secar las reservas de mano de obra, aumentar el consumo rural y liberar un excedente para una industrialización soberana, así como para asegurar los insumos domésticos necesarios, de nuevo, para una forma ecológicamente atenta de industrialización en el Tercer Mundo —¡y en el Primer Mundo!—, que pase así al uso de insumos sostenibles y renovables cuando sea posible. Esto significa poner la agricultura en conversación con la planificación global en todo el mundo.

No cabe duda de que la vida tendrá que cambiar en el Norte de forma sustancial, ya que la otra opción es descargar los costes de la industrialización verde “socialdemócrata” en el Sur, lo que sería un desastre desde cualquier perspectiva

Hay tendencias dentro de ciertas corrientes del ecologismo, incluso dentro de la izquierda, a pensar, casi exclusivamente, en soluciones para abordar la emergencia ecológica desde una perspectiva tecnológica. ¿En qué medida este tecno-fetichismo y tecno-optimismo descuida las relaciones Norte-Sur? ¿Cuál sería el papel de la tecnología en un Green New Deal de los pueblos?  

Todo el tecno-fetichismo es, en primer lugar, un dispositivo explotador del cerebro que es anti-pensamiento, y que nos impide adoptar una posición marxista de principios sobre la tecnología. Absolutamente nadie está en contra de la tecnología como tal, no solo porque todo el mundo quiere algo de tecnología en su vida, sino además porque realmente no hay tecnologías “como tales”. Hay tecnologías concretas, que dependen de configuraciones particulares de los precios del mercado y del acceso a los lugares de contaminación y a los insumos de trabajo para ser viables o inviables, y que, al menos en un punto inicial, reflejan los intereses de clase de quienes están en condiciones de determinar la trayectoria del desarrollo tecnológico. Esto no significa solo niveles de contaminación, sino “soluciones” al calentamiento global como la geoingeniería o los biocombustibles, que tendrán un impacto mucho más brusco en el Sur que en el Norte. Por ejemplo, permitiendo que el calentamiento global continúe mediante la quema de combustibles fósiles, con la esperanza de una futura salvación tecnológica que llegará demasiado tarde para Bangladesh o el Caribe; o que preserve el “modo de vida” creado por los monopolios capitalistas del Norte mientras se suprime el consumo de alimentos en la periferia, como en el caso de los biocombustibles.

Un Green New Deal socialista o de los pueblos dependería en gran medida de la tecnología, pero utilizaría el principio de precaución a la hora de aplicar el cambio tecnológico, se aseguraría de que la propiedad intelectual fuera de dominio público o estuviera en manos de estados radicales, intentaría desarrollar la tecnología en colaboración con las personas más pobres que la necesitaran, y tendría en cuenta los impactos ecológicos de las tecnologías industriales frente a las no industriales —lo que nos recuerda que el debate sobre el extractivismo aborda preocupaciones reales, aunque de una forma improductiva—.

La guerra en Ucrania parece haber desplazado el debate medioambiental del centro del debate público. Como consecuencia, la urgencia de aplicar ciertas políticas medioambientales parece posponerse. Al mismo tiempo, esto parece reconfigurar la geopolítica de la energía a nivel mundial, al tiempo que surge la posibilidad de una división más marcada entre el Norte y el Sur, que afecta a las perspectivas del comercio y a la reorganización del sector financiero. ¿Qué tipo de escenarios podrían abrirse para las luchas medioambientales en este contexto? ¿Qué papel podría desempeñar el Sur Global en este sentido?

Me parece que la retirada de las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos es una gran apertura para la renovación de la construcción socialista en América Latina, tras el Termidor imperial impuesto que se ha desarrollado durante los últimos años. En medio del nuevo auge de la izquierda en el ámbito electoral, reflejo de la incesante movilización popular y del completo descrédito del neoliberalismo, si no del capitalismo, como modos de dominio político, se hace necesario forjar un nuevo discurso político-ecológico y ecosocialista que tome en serio las preocupaciones planteadas por el debate “extractivista”, pero de manera que permita avanzar hacia horizontes ecosocialistas. En particular, el nuevo espacio político y la atmósfera ligeramente reducida de la depredación imperial deberían ser una oportunidad para volver a insistir en que el socialismo está en la agenda y que es necesario resistir activamente a las formas de acomodo al capital monopolista, que han ganado fuerza en la última década. Finalmente, por supuesto, las fuerzas de izquierda de todo el mundo necesitan evaluar las oportunidades y los límites de una nueva multipolaridad en términos de apertura al espacio de desarrollo, cerrado por la agenda anti-desarrollo del capital monopolista estadounidense y de la UE.

Alejandro Pedregal. @AlejoPedregal

https://www.elsaltodiario.com/medioambiente/entrevista-max-ajl-marxismo-propuestas-green-new-deal-hechas-norte-continuan-dominacion-neocolonial-sur

Fuente: https://rebelion.org/las-propuestas-para-un-green-new-deal-hechas-desde-el-norte-continuan-con-la-dominacion-neocolonial-del-sur/

Tengamos en cuenta que estas propuestas son conclusiones de la siguiente interpretación del sociólogo Max Ajl:

Me parece útil adoptar un enfoque de sociología del conocimiento para esta cuestión. En primer lugar, para ser claros, cuando la gente se encuentra con una degradación ecológica que daña su capacidad para vivir decentemente, es natural que nombre y se resista a esa degradación. Deberíamos tener toda la simpatía del mundo por las personas que viven en esas condiciones. Pero esa simpatía no es un mapa político, y poner nombres no es inocente ni aleatorio. No tengo claro que el extractivismo, tal y como circula en los trabajos de estudiosos como Alberto Acosta, Eduardo Gudynas o Maristella Svampa, proporcione tal mapa político. Por ejemplo, Svampa, que ha sido especialmente acogida por la izquierda pro-cambio de régimen. Ella escribe: “El neoextractivismo contemporáneo se refiere a una forma de apropiación de la naturaleza y a un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de los bienes naturales, en gran parte no renovables, caracterizado por su gran escala y su orientación hacia la exportación, así como por la vertiginosa expansión de las fronteras de la explotación hacia nuevos territorios”. ¿Es esto de alguna manera una mejora con respecto al anterior análisis generalizado de centro-periferia o de dependencia, basado en la extroversión, la acumulación desarticulada y el intercambio desigual en el comercio mundial? Es básicamente un caos analítico, lo que Marx llamaba un concepto caótico. No puede decirnos cómo equilibrar las necesidades sociales de aquellos segmentos de la población de la periferia que, desgraciadamente, necesitan el capital de las exportaciones de mercancías para asegurar sus necesidades sociales —y que necesitarían procesar algunas de esas mercancías bajo cualquier patrón de industrialización concebible como parte de una transición socialista—. En el plano analítico, como ha escrito Álvaro García Linera: “Así como el extractivismo de nuestras sociedades está en medio de las redes de la división internacional del trabajo; la industrialización de materias primas o la economía del conocimiento son partícipes de la misma división mundial capitalista del trabajo. Ni el extractivismo ni el no-extractivismo son soluciones a esta dominación planetaria”.

Apreciemos la definición de Maristella Svampa sobre neoextractivismo y por el contrario, el sociólogo Max Ajl analiza sin atender e investigar las fundamentaciones de quienes están resistiendo al avasallamiento de derechos de los pueblos, los trabajadores y la naturaleza que está implícito en los extractivismos. Se posiciona buscando soluciones abstraídas de las luchas socioecológicas desde las cuales emerge el protagonismo de comunidades, pueblos y naciones de nuestro país y nuestro continente en la confrontación con el Capital y su Estado local. Esto se patentiza en su adopción de la opinión de Álvaro García Linera. Pero entonces preguntémonos: ¿Cómo es posible que lo valore si hizo cuanto pudo por expropiar territorios de vida e historia a los pueblos naciones indígenas que originaron a la presidencia de Evo Morales y a su vicepresidencia? Gobierno desagradecido que promovió la acumulación gran capitalista o sea los extractivismos exportadores y la cooptación a la dirigencia campesina para que declinasen de la reforma agraria integral cuya realización es clave tanto a otro modo de producción como a la soberanía alimentaria.

Tampoco Max Ajl comprende la realidad de la pobreza estructural de nuestros países sumidos en el capitalismo periférico. Es que escucha a intelectuales como Álvaro García Linera, enceguecidos de soberbia y corrupción, en vez de comprometerse a pleno (no necesitamos de simpatía o simulacro de estar defendiendo la vida planetaria) con la disputa de territorios de las diversidades de abajo a los de arriba que los pretenden para su envenenamiento y vaciamiento.

La causa fundamental de la creciente pobreza estructural y de la ruina del país, como las de todo el Abya Yala, radica en los extractivismos o mejor en su régimen de contrarreforma agraria como lo prueban los consecuentes acaparamientos oligopólicos tanto de la economía como del territorio; también la desindustrialización argentina-brasileña a favor de la acumulación gran capitalista ocupando, envenenando e invadiendo el país-continente con el binomio indisoluble de monocultivos transgénicos-agrotóxicos.

Destaquemos que los extractivismos están arrasando las ecoculturas de las heterogéneas ecorregiones de Argentina y el Abya Yala, las tienden a uniformar desertificándolas. En la actualidad, el freno a esta necropolítica surge únicamente de las luchas locales.

De manera que no haya miseria y cada vez más profunda, exige poner fin a la expropiación capitalista del trabajo y de la naturaleza en procura de sustraerles cuanto puede exprimirlos. Al revés de desmonopolizar e ir contra el régimen de propiedad sobre la tierra causa principal de privación de los derechos humanos a los de abajo, el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera aumentó el poder adquisitivo de una importante mayoría, pero la subordinó a la sociedad de consumo y la volvió cómplice de la aplaudida economía por el gran capital y oligarquía terrateniente con motor en los extractivismos o sea en ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciados, silenciosos e invisibles.

En fin, como impostor, Evo hizo cuanto pudo contra los «buenos vivires» abajo o sea contra la armonía a recrear de modo constante dentro de cada comunidad y de ésta con la naturaleza.

Respecto a Maristella Svampa analicemos su estar a la cabeza del Pacto ecosocial del Sur que aclara:

Retomando propuestas elaboradas colectivamente en distintos contextos, proponemos un Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina. Este Pacto no es un listado de demandas que dirigimos a los gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios colectivos, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Convoca a movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y redes, pero también a gobiernos locales alternativos, parlamentarixs, magistradxs o servidorxs públicos comprometidos con la transformación; para cambiar las relaciones de fuerza, mediante plebiscitos, propuestas de ley, u otras muchas estrategias con una real incidencia para imponer estos cambios a las instituciones existentes por parte de una sociedad organizada y movilizada.

En este sentido, los puntos que siguen buscan articular justicia redistributiva, de género, étnica y ambiental. Algunos de ellos prevén un papel más protagónico de las instituciones públicas y otros se refieren más a las prácticas y cambios de facto que se tejen desde abajo y se van expandiendo horizontalmente.

-Transformación Tributaria Solidaria. Propuestas nacionales de reformas tributarias según el principio: “Quién tiene más, paga más – quién tiene menos, paga menos”. Deben incluir el impuesto a la herencia, a las grandes fortunas, a los mega emprendimientos, a las rentas financieras y, como medida transicional, al daño ambiental. En lugar de que todxs paguen impuestos universales, y solo algunxs tengan protección social, proponemos que solo los que más tienen tributen, pero en cambio todxs estén protegidos.

-Anulación de las Deudas Externas de los Estados, y construcción de una nueva arquitectura financiera global. En estos momentos extraordinarios se justifica, dejar de pagar la deuda externa como se hizo en 1931/32, y como lo propuso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el presidente de Francia Emmanuel Macron y el Papa Francisco. La cancelación de la deuda externa de los países del Sur global, constituye un primer paso de reparación histórica, por la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia.

-Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado que ponen la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras sociedades(…) LEER

Es evidente el posicionamiento político e ideológico del Pacto Ecosocial del Sur y por tanto, de Svampa a favor de reformas del capitalismo o de conciliación con el Capital y su Estado. En confirmación hallamos el apoyo al diálogo del movimiento indígena de Ecuador con el presidente Lasso en “Los 10 puntos planteados por las organizaciones indígenas son viables” y a:

¿Hacia un progresismo ambiental?

Colombia y la renovación política de las izquierdas

Por Maristella Svampa, Enrique Viale | 04/07/2022 | eldiario.ar

Volvamos a certezas del sociólogo Max Ajl:

(…) No significa que no haya lugar para la lucha del Norte por el ecosocialismo, sino que tenemos que concienciar en torno a cosas como el antiimperialismo, la soberanía nacional, la deuda climática, etcétera, en cada paso de la transformación del capitalismo del Norte en un ecosocialismo del Norte, fundado tanto en una gestión permanentemente sostenible de la ecología como en una gestión colectiva y racional de la interacción humana con la naturaleza no-humana. (…)

(…) Si ponemos en el centro de estos debates la agricultura, la tecnología sostenible y adecuada, incluida la arquitectura, la cuestión nacional, la deuda climática y la convergencia del desarrollo mundial, enfrentados directamente al “estilo de desarrollo” del Norte —basado en el sobreconsumo y la sobreproducción de mercancías inducido por el capitalismo—, terminaremos con una estrategia política definida. Y esta se basaría en una organización popular destinada a mejorar la calidad de los valores de uso disponibles para las clases trabajadoras del Norte, para convertirlos en derechos sociales y construir un frente antiimperialista ejemplar junto a las fuerzas nacional-populares del Sur. (…)

(…)El discurso extractivista, que forma parte de un cambio en la izquierda que se aleja de una comprensión seria de la planificación macroeconómica, de la necesidad de la industrialización y de la necesidad de repensar la industrialización, simplemente no ha demostrado ser una base para pensar en estas cuestiones de manera que pueda darnos una cuerda guía para navegar teóricamente y en la práctica a través de las contradicciones que surgen entre las comunidades directamente perjudicadas por la extracción de recursos y aquellas de la periferia que necesitan los recursos de esa extracción para su supervivencia diaria. Aunque soy un agroecólogo comprometido, un enfoque puramente centrado en la producción agrícola ecológica no puede resolver y no resolverá por sí mismo los problemas de desarrollo del siglo XXI. (…)

Corroboramos que el sociólogo Max Ajl no enfoca la lucha de clases como esencial a la emancipación y autodeterminación de los pueblos. Por eso, restringe el cambio radical a “concienciar en torno a cosas como el antiimperialismo, la soberanía nacional, la deuda climática, etcétera”. No sólo reduce la transformación de subjetividades adaptadas al capitalismo a suscitarles descubrir cuáles compromisos asumir sino también distorsiona estos últimos.

Los extractivismos concentran y transnacionalizan tanto la economía como los territorios, además de ser ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciosos, silenciados e invisibilizados. Más que EE.UU. y Europa, durante este siglo, China ha sido fundamental en la expansión de la desertificación de Argentina mediante el sistema de soja y otros transgénicos en nexo indisoluble con agrotóxicos o venenos. Pero también ha sido beneficiada con el mayor yacimiento petrolífero Cerro Dragón durante 40 años por Néstor Kirchner, megarrepresas y avanza en proyectos de energía nuclear.  Planificó ocupar e invadir Argentina con megafactorías de cerdos. Usa al país y al continente, en exclusivo, mirando a su desarrollo como potencia tendiente a hegemonizar al sistema mundo capitalista. Ahora, al igual que todas las corporaciones y los estados ejecutores de los extractivismos, China establece contubernio con los poderes locales porque se necesitan mutuamente para disfrutar del progreso capitalista o sea de la acumulación oligopólica de riquezas y poder de dominio. De ahí que, si bien es válido ser antiimperialistas, el perentorio enfrentamiento hoy se debe entablar entre las clases expoliadoras y las oprimidas, expulsadas, reprimidas…

Respecto a «soberanía nacional» reflexionemos sobre realidades comunes a los países del Abya Yala:

Gobierno, nación y nacionalidades

7 de julio de 2022

Por Ileana Almeida | Rebelión Ecuador, Racismo y opresión capitalista

El Estado ecuatoriano conserva una estructura socio-política ajena a los indígenas, que no alcanzan igual consideración y derechos que los demás ciudadanos, no digamos ya el reconocimiento de su nacionalidad histórica.

Nación y nacionalidad tienen la misma raíz etimológica: nacer. Definen pertenencia e identidad, pero nacionalidad como pertenencia a un Estado no es lo mismo que nacionalidad como identidad histórica de un pueblo. La nacionalidad que consta en el pasaporte indica pertenencia a un Estado: no es sinónimo de nacionalidad de un pueblo, dada por la lengua, la cultura, la referencia territorial, los lazos económicos y políticos.

Las clases sociales en Ecuador son solo una de las formas históricas de desigualdad social, la otra es el Estado nacional que legalizó el dominio colonial, de ahí que la cultura y el idioma español se mantuvieron como oficiales y dominantes, mientras los de los indígenas siguieron subyugados. Igual sucedió con el territorio: el oficial es el de la nación-estado, los territorios indígenas no se aceptan, aunque existen.

Las comunidades indígenas, casi desconocidas para los gobernantes, por ser igualitarias son un fundamento para la democracia: conservan rasgos de un desarrollo nacional truncado por el colonialismo, y conforman un modelo para legalizar y modernizar la presencia indígena en las ciudades.

El Estado ecuatoriano conserva una estructura socio-política ajena a los

genas, que no alcanzan igual consideración y derechos que los demás ciudadanos, no digamos ya el reconocimiento de su nacionalidad histórica.

El presidente Lasso dijo que priorizaría la “ruralidad”. Los campesinos, en general, viven con recursos limitados: no disponen de agua, luz eléctrica, combustibles; faltan vías y medios de comunicación; el índice de desnutrición es muy alto.

En las comunidades indígenas la situación es aún peor, mantienen un grado de organización social coherente, pero la tierra de que disponen, se ha vuelto escasa y la juventud migra a las ciudades donde les espera un destino incierto. La cultura y la lengua se apagan.

Ileana Almeida: Filóloga, profesora universitaria y escritora. Entre sus libros figura Mitos cosmogónicos de los pueblos indígenas del Ecuador.

Fuente: https://rebelion.org/gobierno-nacion-y-nacionalidades/

Completemos que, en el Abya Yala, la emancipación de la expoliación y el subdesarrollo exige ante todo eliminar el Estado Nacional (o sea sus burocracias y sus fuerzas armadas) mediante su sustitución por el Estado plurinacional que han ido construyendo las luchas de las diversidades de abajo contra el avasallamiento de derechos tanto de los pueblos e individuos como de la naturaleza. Apreciemos:

Guatemala

La «unidad política» en
el imaginario de la izquierda tradicional

 Por Ollantay Itzamná /Rebelión

Guatemala es un país tropical, cohabitado, en su gran mayoría, por pueblos originarios, donde el liberalismo hizo dos fallidas revoluciones nacionales para modernizar y desarrollar el país.

Después de la interrupción violenta de la segunda revolución liberal (que EEUU sospechó que era socialismo) emergieron propuestas revolucionarias de tendencia socialista, encabezadas por “vanguardias mestizas” aunque genéticamente indomestizos, que sistemáticamente negaron la cualidad de “sujetos revolucionarios” a las y los indígenas.

Tanto para la teoría, como en la praxis de las izquierdas clásicas del país, el indígena para ser sujeto político debía dejar de ser indígena, “pasar por la escuela” y así hacerse “guatemalteco”. De igual modo, el campesino, para ser ciudadano guatemalteco, debía abandonar el campo, migrar hacia las ciudades… y así hacerse “ciudadano”.

En los hechos, ni los revolucionarios liberales, ni los revolucionarios de la izquierda tradicional lograron “ciudadanizar” al campesino, ni convertir en “guatemaltecos” a las y los indígenas. Mucho menos, hacer las “revoluciones” que prometieron.

Cuando indígenas y campesinos se constituyen en sujeto sociopolíticos

En este contexto, y con el peso de los males congénitos de la bicentenaria República criolla, en Guatemala, indígenas y campesinos, desde sus comunidades organizadas en resistencia, se sublevaron social y políticamente a las “vanguardias revolucionarias”, y se auto proclamaron sujetos sociopolíticos y anunciaron la construcción de una “revolución plurinacional”, con un Estado plurinacional.

Desde 2012, ante la constatación de la intencionalidad política neoliberal de los Acuerdos de Paz (1996), las comunidades indígenas y campesinas en resistencia frente al neoliberalismo, al ser repelidas en sus demandas en el relato ideológico de las izquierdas, decidieron abandonar a las viejas izquierdas y crear su propia organización política (instrumento político, Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP, en 2018) y avanzar hacia la “revolución plurinacional” por el Buen Vivir.

El instrumento político, que plantea como su ideario: la reconstrucción de la Casa Común para garantizar bienestar para la Madre Tierra y bienestar para seres humanos, sin recursos económicos, ni pautas de la vieja izquierda, logró en elecciones generales del 2019 el histórico 4to lugar. Nunca una organización política, en este “país de revolucionarios” había logrado llegar tan lejos.

Los centenares de comunidades organizadas en resistencia al neoliberalismo, muy a pesar de contar con un brazo político (MLP), nunca dejaron de hacer “democracia directa y constante” en las calles, en las asambleas comunitarias, espacios de formación constante, etc.

Estas comunidades, antes, durante y después del proceso electoral, continuaron organizando, concientizando y movilizando a sus vecinos bajo la demanda de “Vamos por el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para la construcción del Estado plurinacional para el Buen Vivir”. Clamaron, claman, convocan a la articulación y a la “unidad sociopolítica” a las organizaciones sociales y políticas de las izquierdas de Guatemala. Pero, la tradicional izquierda política (catalogada como neoliberal) anclada en la URNG y WINAQ, y la inmovilizada izquierda social acomodada en las organizaciones no gubernamentales apoyadas por la cooperación internacional “apolítica”, jamás acudieron, ni acuden a los llamados de articulación/unidad para la construcción del Estado plurinacional.

¿Por qué la “vanguardia revolucionaria” no escucha el llamado a la unidad plurinacional”?

Los actores plurinacionales no son sujetos revolucionarios. Para la vanguardia revolucionaria, las y los indígenas y campesinos no son sujetos políticos, menos revolucionarios. Por tanto, no están cualificados para nuclear/articular ningún tipo de revolución en Guatemala. “Los indios tienen que educarse para ser proletarios, y los campesinos deben ciudadanizarse para ser sujetos”, es al parecer la certeza compartida en la envejecida vanguardia revolucionaria.

Aún sospechan de la cualidad humana del originario. Como hijos de la modernidad colonial, los revolucionarios de antaño aún dudan de la cualidad antropológica del indígena y del campesino. Para ellos, el o la indígena que no sepa leer, ni escribir, que no hable el idioma oficial, o porte títulos académicos, por más que esté bautizado, quizás sea un homúnculo. Mas no un ser humano.

Indios y campesinos no pueden convocar a la unidad. Los únicos cualificados para convocar a la articulación, e indicar la ruta política a la indiada, son ellos. Indígenas y campesinos no deben convocar a la unidad, ni a ningún tipo de articulación política. Esta es la otra convicción ideológica que les impide acudir, no sólo a las asambleas de articulación sociopolítica que CODECA y CPO ya llevan realizando por cerca de un año, sino también les inhibe participar en las manifestaciones, paros plurinacionales convocados por indígenas y campesinos. ¿Cuándo la URNG o WINAQ, o las ONG acompañaron en las calles y en los duelos a campesinos e indígenas movilizados?

Desprecian la comunidad como si fuese una fase premoderna. Creen en la sociedad, mas no en la comunidad. Para ellos, la comunidad es la fase primitiva de la humanidad. Por tanto, ninguna acción política o económica de resistencia de las comunidades indígenas es, ni debe ser aprobada como válida. Por eso, esa potencia política de las comunidades fue desperdiciada y desechada históricamente por parte de la izquierda tradicional. Lo que prima es la vanguardia individual que busca coronar su existencia con algún cargo de elección popular.

El electoralismo como la única estrategia política. La izquierda política, por lo regular, inverna en tiempos de las constantes luchas de calle que realizan las comunidades indocampesinas. Sólo aparece en tiempos de campañas electorales buscando el voto. En ese sentido, funcionan como partidos empresariales, bajo la lógica de la democracia representativa electoralista.

Quizás, aparte de la ideología racializada, esta estrategia sea otra de las razones del por qué la izquierda tradicional no entiende, ni escucha, a las comunidades y pueblos en constante acción colectiva en las calles.

Proceso constituyente popular y plurinacional es el camino

Lo cierto es que, muy a pesar de los presupuestos ideológicos y estratégicos (disfuncionales con las grandes mayorías despojadas en Guatemala) de la izquierda tradicional, las comunidades y pueblos que impulsan el proceso constituyente popular y plurinacional hacen su propio camino de liberación, constituyéndose no sólo como sujeto sociopolíticos, con su propia organización política, sino también consensuando su horizonte y marco teórico (ideología) propio según las contingencias del sistema Tierra.  


Ollantay Itzamná. Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala.

Blog del autor: https://ollantayitzamna.com/

@JubenalQ

Fuente: https://rebelion.org/la-unidad-politica-en-el-imaginario-de-la-izquierda-tradicional/

Consideremos otro camino, a mi parecer, más efectivo teniendo en cuenta los resultados recientes de las asambleas constituyentes:

Hacia la conformación de
los autogobiernos indígenas en Bolivia

23 septiembre 2021 

Raúl Zibechi

Entrevista con Raúl Prada Alcoreza

Raúl Prada es filósofo y sociólogo boliviano, investigador docente de la Universidad Mayor de San Andrés, miembro del grupo de intelectuales militantes Comuna con sede en La Paz, y participa en la política nacional de Bolivia. Se define como “escritor crítico, activista ácrata, artesano de la poiesis y militante ecologista”. Pero sobre todo, es una persona comprometida con la lucha de las y los de abajo. Lo consultamos para conocer su impresión sobre la nueva marcha indígena de pueblos de tierras bajas, cuyo primer contingente llegó esta semana a San Cruz luego de 19 días de caminata.

Según Prada, “la actual marcha indígena de tierras bajas expresa las causas profundas del conflicto de las naciones y pueblos indígenas con el gobierno neopopulista y el Estado Plurinacional, que de ‘plurinacional’ sólo lleva el nombre”.

– ¿Podrías describir brevemente las principales características de la actual marcha indígena, en cuanto a sus razones y demandas?

– La marcha indígena del CIDOB1 orgánico – porque hay un “CIDOB” espurio, conformado por el gobierno después del conflicto del TIPNIS en 2011, VIII y IX marchas indígenas en defensa del territorio, la Constitución, los derechos de las naciones y pueblos indígenas, en defensa de la vida – se da lugar ante los avasallamientos de tierras en los territorios indígenas, parques nacionales y áreas protegidas, por parte de los mal llamados “interculturales”, que siguen siendo colonizadores, como eran nombrados antes del cambio de nombre. Se trata de un estrato social campesino, contingente demográfico campesino trasladado, en un principio, como consecuencia de la reforma agraria de 1953 con objeto de la colonización de la Amazonia, que se consideraba vacía de población humana por parte de la oligarquía gamonal de la flamante república, constituida después de la guerra de la independencia. La jerarquía del MNR, partido nacional popular, heredó esta concepción y la usó para poblar y abrir la frontera agrícola en la Amazonia.

Como puede verse, la oligarquía gamonal y la casta política liberal y nacionalista ignoraron a las naciones y pueblos indígenas de la Amazonia y el Chaco; hicieron como si no existiesen, cuando las misiones jesuitas emprendieron la colonización religiosa de la Amazonia y el Chaco, fundando parroquias y misiones, transcribiendo las lenguas de multitudes de pueblos, distribuidos en los ecosistemas amazónicos y chaqueños, moviéndose fluidamente por la Cuenca Amazónica y la Cuenca del Río de la Plata.

En la contemporaneidad las castas políticas neoliberales y neopopulistas, de la misma manera que antes, ignoran taxativamente a las poblaciones nativas, como si no existieran las naciones y pueblos indígenas de tierras bajas. Esto es más grave que antes, pues la Constitución del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico consagra los derechos de las naciones y pueblos indígenas de tierras bajas y de tierras altas. Derechos territoriales; derechos institucionales, al autogobierno; derechos culturales, legua propia y cultura propia; derechos jurídicos, normas y prácticas propios, Justicia Originaria; derechos plurinacionales, conformar la representación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en las proporciones correspondientes, de acuerdo a sus propias formas de elección comunitaria.

– Hablas de una re-colonización del Estado realizada por el gobierno de Evo Morales y Álvaro García. ¿Cómo se relaciona este proceso fallido y tergiversado de descolonización con la actual marcha?

– Paradójicamente, después de la promulgación de la Constitución (2009) por parte del presidente Evo Morales Ayma, la misma fue sistemáticamente vulnerada y desmantelada por el autonombrado “gobierno indígena y de los movimientos sociales”. En vez de realizar transformaciones estructurales e institucionales en aras de la construcción y conformación del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, se restauró el Estado Nación, colonial y subalterno al dominio del orden mundial y de la geopolítica del sistema del mundo capitalista. Sólo se cambian los nombres. Todos los órganos de poder del Estado siguen la misma lógica de restauración y, es más, de recolonización. Por ejemplo, el Congreso, en vez de conformarse como un Congreso de naciones y pueblos, se conforma liberalmente como un parlamento bicameral, de senadores y diputados.

La secuencia de los conflictos políticos y sociales que enfrenta el régimen neopopulista, en la historia reciente, expresa palmariamente el carácter anti-indígena de las gestiones de gobierno, de la forma de gubernamentalidad clientelar, además de develar el carácter subordinado de este gobierno al dominio efectivo de las empresas transnacionales: la desnacionalización de los hidrocarburos, con los Contratos de Operaciones; la supuesta suspensión de la subvención a los carburantes, con la medida, llamada popularmente, del “gasolinazo”; el conflicto del TIPNIS, después de la ratificación y legitimación oficial del avasallamiento de más de 250 mil hectáreas del territorio indígena y parque nacional, por parte de contingentes cocaleros, cultivadores de la hoja de coca excedentaria, sobre todo, una vez acordado con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, de la República Federativa del Brasil; la construcción inconsulta de la carretera que atravesaría el bosque primario del TIPNIS; el conflicto de Mallku Cota – tierras altas -, después de la firma del presidente de un contrato minero con una empresa transnacional, sin haber hecho la consulta previa, libre e informada a los ayllus. Al respecto, sigue la secuencia de conflictos del gobierno neopopulista con los pueblos indígenas, particularmente de tierras bajas, donde se pretende perpetrar la ampliación violenta y desmesurada de la frontera agrícola, ganadera, maderera, petrolera y minera.

Recientemente han estallado conflictos en los territorios indígenas y áreas protegidas de los entornos del Río Madidi, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, además de la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, debido al Proyecto Hidroeléctrico Chepete-El Bala. Este proyecto hidroeléctrico destrozaría el ecosistema irreparablemente, afectando dramáticamente a fauna y flora, abundantes en biodiversidad, además de desplazar a las comunidades indígenas, arrancándolas de sus territorios. El conflicto más reciente ha estallado en el Yungas tucumano de Tariquía, Reserva Nacional de Flora y Fauna, del Departamento de Tarija, ante la concesión para exploración petrolera, inconsulta del gobierno neopopulista de las gestiones de Evo Morales, del gobierno neoliberal de “transición” de Jeanine Añez Chávez y del gobierno neopopulista actual de Luis Arce Catacora.

Como se puede ver, la colonialidad y el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente han continuado por los caminos que la forma de gubernamentalidad clientelar ha abierto.

– A 41 años de la primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, que representó un importante viraje en las luchas bolivianas, la impresión que se tiene a la distancia es que estamos ante un nuevo cambio, en el cual los pueblos ponen en primer plano las autonomías. ¿Crees que esta marcha representa un viraje histórico como la primera?

– La primera marcha indígena de tierras bajas, en 1990, abre un nuevo horizonte de luchas anticoloniales, descolonizadoras y sociales, después de la apertura, retrospectiva, del proyecto político y cultural del movimiento katarista, que emerge de la crisis del Estado nación y de la República en el contexto del período de dictaduras militares y en la coyuntura de la masacre del Valle, perpetrada por la dictadura del general Hugo Banzer Suárez. Su consecuencia inmediata fue la ruptura del Pacto Militar Campesino, y la consecuencia mediata fue la ruptura indígena con el Estado boliviano. Para el imaginario político, la marcha indígena de las naciones y pueblos de tierras bajas se da como irrupción y develamiento de las dinámicas y problemáticas políticas y culturales del oriente boliviano, las tres cuartas partes de la geografía política del país.

Las siguientes marchas ratifican el ingreso al escenario político de las naciones y pueblos indígenas de la Amazonia y el Chaco. Las dos grandes organizaciones indígenas, de tierras bajas y de tierras altas, el CIDOB y el CONAMAQ2, marcan la agenda de las resistencias y las movilizaciones sociales. El proceso constituyente y la Asamblea Constituyente no podrían explicarse sin su participación. Se incorporó al Cabildo de Cochabamba, en plena guerra del agua, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, y se incorporó a la Agenda de Octubre esta convocatoria por iniciativa primordial de las mentadas organizaciones matrices de las naciones y pueblos indígenas.

La actual marcha indígena de tierras bajas, principalmente del departamento del Beni, expresa patentemente las causas profundas del conflicto de las naciones y pueblos indígenas con el gobierno neopopulista y el Estado Plurinacional, que de “plurinacional” sólo lleva el nombre. La primera causa tiene que ver con que la colonialidad persiste, el carácter colonial del Estado continuó sus dominaciones polimorfas a través del discurso neopopulista y la forma de gubernamentalidad clientelar y corrupta. La clara muestra de que esto ocurre lo evidencian las talas indiscriminadas de bosques, la ampliación demoledora de las fronteras agrícolas, ganaderas, petroleras y mineras; lo devela el avasallamiento de tierras por parte de los colonizadores, mal llamados “interculturales”, traficantes de tierras, principalmente chapareños, que se hicieron entregar tierras a nombre de comunidades fantasmas.

El gobierno, corroído institucionalmente, empantanado en corrupciones galopantes, dispositivo del conglomerado burgués, compuesto por la antigua burguesía y los nuevos ricos, la burguesía rentista y la burguesía de la coca excedentaria y la industria de la cocaína, impulsa la quema de bosques, la destrucción de los ecosistemas, los avasallamientos violentos, favoreciendo a la reproducción de la burguesía mafiosa. Para perpetrar tamaña destrucción desmantela la Constitución, suspendiendo las generaciones de derechos consagrados en la Carta Magna, cometiendo crímenes constitucionales y políticos, etnocidios, ecocidios y democracidios.

La actual marcha indígena es la oportunidad no solamente de resistir a los avasallamientos, defendiendo los territorios indígenas y las territorialidades de los ecosistemas, sino también de retomar las luchas descolonizadoras y de liberaciones múltiples del pueblo boliviano y de los pueblos del continente de Abya Yala. El Parlamento Indígena, aplicación inmediata de la Constitución, del ejercicio de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa, puede convertirse, con ampliaciones e incorporaciones, en la Asamblea efectiva y plenamente democrática de los pueblos de Bolivia. Por este camino, el de la democracia directa y comunitaria, se pueden conformar los autogobiernos, que es uno de los objetivos enunciados en la marcha.

– Hasta ahora la reacción del gobierno Arce Catacora-David Choquehuanca fue minimizar la marcha, pero el MAS de Evo moviliza a sus militantes en contra. ¿Qué crees que puede suceder en los próximos días?

– ¿De qué depende lo que pase con la marcha indígena de tierras bajas? A partir de la secuencia dramática y, a la vez, alentadora de la marcha y de su impacto en la formación social y política de Bolivia. ¿De la correlación de fuerzas, del alcance de la crisis múltiple del Estado y de la sociedad, de las condiciones de posibilidad histórico políticas económicas y culturales? En el contexto mismo de la realidad efectiva del acontecimiento dinámico, de la composición móvil de la complejidad, sinónimo de realidad, cuya configuración es de la integralidad articulada de los planos de intensidad y de los espesores de intensidad, que hacen a la realidad efectiva, en este caso, atendiendo más a su densidad social.

¿Cómo se puede evaluar la fortaleza de una movilización? No tanto después, retrospectivamente, cuando ésta ha concluido y se conocen sus logros, sus alcances, sus limitaciones, sus frustraciones o, en su caso, sus alegrías, sino en el mismo momento del despliegue de la marcha, de su dinámico desenvolvimiento, del mismo trazo que se dibuja en la geografía política, inventando el camino al andar. ¿Acaso tenemos que detenernos en las razones y en la justeza misma de las demandas de la marcha de las naciones y pueblos indígenas? ¿Acaso hay un tribunal superior que va a atender de manera justa las pretensiones de uno y otro bando en pugna, y va a dirimir con razón, sabiduría y justicia? Conscientes de que no hay tal tribunal, ni mucho menos se puede esperar de los tribunales ordinarios del sistema de administración de justicia, corroído por dentro, corrompido en sus prácticas, derrumbado ética y moralmente en su propia interioridad subjetiva, recordemos que la revolución es, al final de cuentas, un acto heroico. Que los pueblos se enfrentan a la realidad y a la historia.

La revolución es victoriosa, entonces, por lo menos, en un instante; los pueblos en rebelión, insurrectos, inventan otra realidad y otra historia. De esta manera, nos situamos en el núcleo intenso de energía, de deseo y de voluntad de la acción multitudinaria de los pueblos que liberan su potencia social. Se trata de la fuerza de la voluntad, este deseo social que usa la razón crítica para interpretar y convertir el deseo en voluntad política, convertir la voluntad política en acción. Es la voluntad colectiva la que puede abrir horizontes de visibilidad, de decibilidad, de enunciabilidad y de experiencia, inventando el porvenir. Entonces, todo el peso y la responsabilidad queda en los cuerpos de los protagonistas, de las y los movilizados, de las y los marchistas, en su capacidad de lucha, en su capacidad de combate. No ceder a las presiones del poder, a los chantajes del Estado, a la represión del terrorismo de Estado y del Estado terrorista de una casta política gobernante, que lo único que sabe hacer es optar por la violencia cuando es interpelada. Se defiende de la única manera que sabe hacerlo, destruyendo, descalificando, reprimiendo, encerrando, torturando y hasta asesinando. La casta política gobernante se defiende de una manera paranoica.

En consecuencia, la posibilidad del cambio, de la ruptura, de un nuevo comienzo, se encuentra en las manos, en los pies, en el cuerpo sensible y apasionado de los y las marchistas, de los y las movilizadas, en los flujos de fuga de las naciones y pueblos indígenas. Así también de los convocados, de los que apoyan a la marcha indígena, como ocurrió con la marcha indígena en defensa del TIPNIS. La defensa de la vida se encuentra en la capacidad creativa de la potencia social. Se halla en la convicción de los que se rebelan, de los que se movilizan, de los que marchan. La posibilidad de lograrlo se halla no solamente en las razones y en la justeza de la marcha, no solamente en las reivindicaciones valiosas de la marcha, sino, sobre todo, en esa capacidad estética volitiva de transformar el mundo, de trastrocar las composiciones mismas de la realidad social, composiciones definidas institucionalmente. Realidad capturada por el poder. De lo que se trata es de liberar la potencia social, liberando, a su vez, la energía misma, inherente, inmanente, en las formas institucionales, que se mueven en la superficie de los eventos y sucesos. Entonces es cuando se logra efectuar y realizar la voluntad social, se hace efectiva.

En resumen, podemos decir que los y las movilizadas, los y las marchistas, los convocados, que corresponden no solamente al pueblo boliviano, sino a todos los pueblos del continente y, también, por qué no, a todos los pueblos del mundo, en el momento en que se inicia la marcha de interpelación contra un Estado, que sigue siendo colonial, que está al servicio del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, han vencido. Vencen porque rompen el silencio cómplice, vencen porque mueven el suelo donde se aposentan los pies de los titiriteros y marionetas del poder, porque hacen temblar el suelo de los que gobiernan, de los que se creen la representación del pueblo. Los y las marchistas vencen porque existen, de la manera como existen, rebelándose, insubordinándose, insurreccionándose; por eso, podemos decir que la marcha indígena ha vencido.

1 Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia.

2 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu.

Este material periodístico es de libre acceso y reproducción. No está financiado por Nestlé ni por Monsanto. Desinformémonos no depende de ellas ni de otras como ellas, pero si de ti. Apoya el periodismo independiente. Es tuyo

Fuente: https://desinformemonos.org/hacia-la-conformacion-de-los-autogobiernos-indigenas-en-bolivia/

Esclarezcamos que Max Ajl malinterpreta a la emergencia socioecológica como “deuda climática”. De suerte que desvía a los oprimidos, expropiados, avasallados en sus derechos humanos, hambreados… de unirse en diversidad contra el régimen extractivista exportador para el progreso capitalista en el Abya Yala y otros continentes del capitalismo periférico. En efecto, atendamos sus aseveraciones:

(…) El discurso extractivista, que forma parte de un cambio en la izquierda que se aleja de una comprensión seria de la planificación macroeconómica, de la necesidad de la industrialización y de la necesidad de repensar la industrialización, simplemente no ha demostrado ser una base para pensar en estas cuestiones de manera que pueda darnos una cuerda guía para navegar teóricamente y en la práctica a través de las contradicciones que surgen entre las comunidades directamente perjudicadas por la extracción de recursos y aquellas de la periferia que necesitan los recursos de esa extracción para su supervivencia diaria. Aunque soy un agroecólogo comprometido, un enfoque puramente centrado en la producción agrícola ecológica no puede resolver y no resolverá por sí mismo los problemas de desarrollo del siglo XXI. (…)

(…)Un Green New Deal socialista o de los pueblos dependería en gran medida de la tecnología, pero utilizaría el principio de precaución a la hora de aplicar el cambio tecnológico, se aseguraría de que la propiedad intelectual fuera de dominio público o estuviera en manos de estados radicales, intentaría desarrollar la tecnología en colaboración con las personas más pobres que la necesitarán, y tendría en cuenta los impactos ecológicos de las tecnologías industriales frente a las no industriales —lo que nos recuerda que el debate sobre el extractivismo aborda preocupaciones reales, aunque de una forma improductiva—.(…)

(…) En medio del nuevo auge de la izquierda en el ámbito electoral, reflejo de la incesante movilización popular y del completo descrédito del neoliberalismo, si no del capitalismo, como modos de dominio político, se hace necesario forjar un nuevo discurso político-ecológico y ecosocialista que tome en serio las preocupaciones planteadas por el debate “extractivista”, pero de manera que permita avanzar hacia horizontes ecosocialistas. En particular, el nuevo espacio político y la atmósfera ligeramente reducida de la depredación imperial deberían ser una oportunidad para volver a insistir en que el socialismo está en la agenda y que es necesario resistir activamente a las formas de acomodo al capital monopolista, que han ganado fuerza en la última década. Finalmente, por supuesto, las fuerzas de izquierda de todo el mundo necesitan evaluar las oportunidades y los límites de una nueva multipolaridad en términos de apertura al espacio de desarrollo, cerrado por la agenda anti-desarrollo del capital monopolista estadounidense y de la UE. (…)

Critiquemos estos párrafos de Max Ajl:

1) Nos descalifica a quienes enfocamos como medular las luchas antiextractivistas de autoorganizaciones de las diversidades de abajo. Sin embargo, lo cierto es que “la planificación macroeconómica y la necesidad de la industrialización repensada desde las izquierdas” no erradica el bloqueo capitalista al urgente protagonismo de los pueblos en la deliberación y toma de decisiones sobre el destino común. Para ponerle fin a este bloqueo, es crucial empezar por hacer centro en la vida cotidiana de la comunidad e individual. Ya que suscitará conciencia de los trabajos a asumir para solucionar los problemas fundamentales e imperativo de construir poder de concretarlas y desarrollarlas hacia los «buenos vivires» conque los pueblos originarios andinos iluminaron el futuro posible e imprescindible.

También el sociólogo desecha caminos emancipatorios al señalar que -pese a ser un agroecólogo comprometido-está contra: “un enfoque puramente centrado en la producción agrícola ecológica que no puede resolver y no resolverá por sí mismo los problemas de desarrollo del siglo XXI”.

Ante todo, la real y efectiva agroecología plantea acabar con los extractivismos o sea con la destrucción y el envenenamiento tanto de las comunidades como de la naturaleza. De suerte que reclama, abajo y a las izquierdas coherentes con su esencia común-ista, hacerse cargo de la «reforma agraria integral» hoy no sólo contra los latifundios-minifundios o propiedad estatal y privada de vastas extensiones de tierras que condenan a servidumbre a los pequeños campesinos. Sino sobre todo debe ser anticapitalista, antiimperialista, antirracista, anticlerical, antipatriarcal y decolonial tanto del poder como del saber. Entonces, estas características primordiales de la «reforma agraria integral» contemporánea nos indican estimar la trascendencia de las singulares subjetividades colectivas que emergieron con voluntad subversiva de lo programado por el sistema mundo para cada una de ellas.

2) Comprobamos que Max Ajl insiste en menospreciarnos y a la vez patentiza la falsedad de su compromiso de agroecólogo. Ya que las emergencias socioeconómicas del 99% humano y socioecológica en que el capitalismo sume nos interpelan, abajo y a las izquierdas coherentes con su esencia común-ista, acabar con el productivismo a beneficio exclusivo de los oligopolios, sus burocracias y sus aparatos militares e ideológicos. Asimismo, plantean el viraje de la vigente economía según los intereses lucrativos de la gran burguesía hacia la de los cuidados respecto a los pueblos e individuos y a la Madre Tierra. De ahí lo prioritario del despliegue horizontal de la «soberanía alimentaria» (que no seguridad alimentaria de la FAO) como creación del carácter de convivencia de la cotidianidad y de las nuevas relaciones entre los campesinos e indígenas y de éstos con los componentes de ciudades que desestructurarán la sociedad de consumo.

3) Aclaremos distorsiones de Max Ajl sobre el avance de izquierda en el Abya Yala; el debate extractivista y la multipolaridad del sistema mundo capitalista como alternativa para los pueblos.

Tengamos en cuenta que las elecciones en nuestro continente son institucionalizadas por democracias esencialmente contrainsurgentes y que los gobiernos progresistas, como lo prueba tanto el presente como el pasado reciente, surgen para viabilizar la acumulación gran capitalista local e imperialista cuando los pueblos se oponen a su continuidad. Los acallan modelando amplio consenso por cooptación de dirigentes e intelectuales de izquierda y por optimización de la fragmentación social. Por tanto, se posicionan en contra de la rebelión antineoliberal que los originó.

Respecto aldebate extractivista” como lo etiqueta y así oculta que es perentoria la percepción (conocimiento y posicionamiento mayoritario) respecto a las defensas y recuperaciones de territorios para encaminar el despliegue horizontal del antagonismo irreconciliable con el Capital y su Estado.

En fin, la multipolaridad del sistema mundo capitalista sólo es contra la autodeterminación de los pueblos planetarios y a favor del progreso gran burgués que amenaza de extinción la vida planetaria. Lo podemos comprobar examinando cómo avanzan Rusia, India y sobre todo China.

Nos queda más por cuestionar al análisis y propuestas del sociólogo Max Ajl. Por ejemplo, los agrocombustibles (que los poderes denominan biocombustibles encubriendo su existir contra la vida de la naturaleza) significan pingüe negocio de oligopolios, pero no solución a la contaminación ambiental ni menos a la crisis de energía.

Ya el reformismo de Max Ajl del capitalismo está explicitado en mirar por un Green New Deal socialista o de los pueblos. Sostiene la convicción que el ecosocialismo provendrá de cambios superestructurales sin eliminar los Estados Nacionales ni las instituciones conque los imperialismos dominan y menos lo asocia con desmonopolizar los bienes comunes tanto sociales como naturales.

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.