Qué Democracia-Octubre 2022

Con enfrentamiento creciente a los de abajo reforzado por el pacto entre todas las centrales sindicales, las cámaras patronales y el Estado cuya clase política se convirtió en casta.

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/
Alternativas emancipatorias

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

Generalicemos, en la actual inflexión histórica del país y el mundo, la ruptura con la legalidad-legitimidad de la gran burguesía. ¿Por qué? Resulta que sujetos importantes del cambio social se entramparon al integrarse en la sociedad institucionalizada cuyo origen hallamos en Juan Domingo Perón.

En efecto, durante los gobiernos K-PJ la Unión de Trabajadores de la Tierra, una de las organizaciones componentes del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular propone que «la solución de fondo debe ser superadora de los abordajes coyunturales: hace falta un Ministerio de Alimentación en la Casa Rosada. Lo explica Nahuel Levaggi, coordinador general de la UTT: “La alimentación, como la salud o el trabajo, es una necesidad básica de toda la población, no importa la clase social a la que pertenezcas. El Estado Argentino debería tener una política totalizadora para un tema fundamental como la alimentación”. Leamos:

Por una Argentina sin hambre

16 octubre, 2019

Por Revista Cítrica

Un Ministerio de Alimentación para que el pueblo tenga alimentos sanos, soberanos y a precios justos es la iniciativa que impulsa la UTT para un país que produce materias primas de exportación y también estómagos vacíos. Una mirada a las mesas argentinas, entre el lobby empresario, la economía mundial y las organizaciones campesinas en el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, que se celebra este 16 de octubre.(…)

Fuente: https://latinta.com.ar/2019/10/argentina-sin-hambre/

Nahuel Levaggi no atendió a la vinculación estrecha del ministro de Agricultura con Insfran, quien ha establecido durante décadas un neofeudo extractivista ni al papel protagónico de Felipe Solá en el gobierno de los Fernández cuando no sólo fue uno de los principales mandamás del fusilamiento de Maxi y Darío para poner fin a la antineoliberal rebelión popular sino también hizo a la invasión ‘democrática’ del sistema global de monocultivos de soja transgénica.

Tampoco reparó que la expansión de esta última y de todo el sistema imperialista de agronegocios estaba formulada e instituida por el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial desde 2010 (es decir Cristina Fernández es principal responsable) hasta 2020 y  se hallaba en vigencia cuando Nahuel Levaggi hizo esa declaración.

Agreguemos que Alberto y Cristina Fernández profundizan ese proceso de acaparamiento oligopólico y transnacionalización económico territorial hasta 2030. Avalaron con su presencia física en el Congreso cuando el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)llevó su proyecto de ley para el agro hasta 2030. El CAA reúne a casi la totalidad del sector empresario del agronegocio del país y está bajo dominio totalitario de todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja). Pero también participan de imposición de sus intereses lucrativos otros componentes del CAA: las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados, etc.

Gobierno transgénico: una ley a medida del agronegocio

octubre 1, 2021

Por Darío Aranda

Luego de la derrota electoral, y sin escuchar a los que “salen a la calle”, el Gobierno redobla su faceta extractiva. Envía al Congreso un proyecto de ley gestado junto con las cámaras empresarias del agro, mientras cajonea proyectos claves: acceso a la tierra, humedales y etiquetado de alimentos. El oficialismo pone todas las fichas a un modelo que lleva tres décadas con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.(…)

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/gobierno-transgenico-una-ley-a-medida-del-agronegocio/

Reflexionemos que Nahuel Levaggi tampoco reparó en la ley de emergencia alimentaria vigente desde 2002 sin interrupción alguna y que ambos bandos de la ‘grieta’ prorrogaron desde 2019 al 2023.  Sino sobre todo dio la espalda a que el Estado desde décadas tiene la política de continuidad y profundización del crecimiento oligopólico mirando en exclusivo a:

Nuevos transgénicos, más riesgos

19 de marzo de 2020

Por Darío Aranda

Una nueva generación de transgénicos llega a los campos y a las mesas. No se trata solo de cultivos, sino también de animales diseñados mediante manipulación genética. Sin estudios independientes que avalen su inocuidad, empresas y gobiernos publicitan la “seguridad” de los productos. La responsabilidad científica.

Cortar y pegar genes. Y así lograr cultivos (o animales) de laboratorio a medida del cliente. Desde soja resistente a más agrotóxicos hasta papas que no se oxidan (“ennegrecen”), caballos supuestamente más fuertes y vacas con más kilos. Y hasta prometen bebés de diseño, inmunes a enfermedades. Son las promesas de una nueva técnica, denominada Crips/Cas9, que las empresas de biotecnología publicitan como una solución mágica para “producir más” y mejorar razas. Los gobiernos (con Argentina y Brasil a la cabeza) impulsan la propuesta empresaria e incluso evaden las regulaciones con la que cuentan los transgénicos.

Compañías de biotecnología, científicos y funcionarios no presentan estudios sobre cómo esta tecnología, y los alimentos y animales de laboratorio, impactan en la salud y el ambiente.

Discurso empresario

«Tarde o temprano será posible modificar la especie», tituló el diario La Nación en Argentina. “La edición de genes logra luchar contra las infecciones”, destacó el diario Clarín. El portal de noticias Infobae celebró: “La vaca argentina del futuro. Logran mejorar el ADN de los animales en una sola generación”.

Los genes son unidades moleculares de los seres vivos que, en su interacción con el ambiente, inciden en las características de los organismos (también son unidades que se heredan, que pasan de padres a hijos).

Los artículos periodísticos difunden acríticamente la técnica de modificación de genes llamada “edición genética (o génica)”. Consiste en un conjunto de métodos y tecnologías que permiten realizar modificaciones en el genoma sin requerir la introducción de un gen foráneo. Con está nueva tecnología se pueden eliminar genes, invertirlos, modificar su secuencia, silenciarlos o aumentar su expresión. Nahuel Pallitto y Guillermo Folguera, investigadores de la UBA y el Conicet, explican que las posibilidades de manipulación, en principio, parecen ser mayores que las que tradicionalmente ofrece la transgénesis.

 La técnica más publicitada de la edición genética es la llamada Crispr (“Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas”, por sus siglas en inglés). Una manera muy simple de explicar de qué se trata: es una suerte de GPS con un par de tijeras. Crispr es un GPS que lleva a una parte específica del genoma, y Cas9 son las tijeras que cortan esos genes. La publicitan como una forma más precisa, barata y eficaz que los transgénicos anteriores, que permitiría resolver el hambre, las enfermedades y hasta “diseñar” seres humanos que resistirán enfermedades. Cuenta con una gran maniobra de propaganda mediática para no pasar por ninguna ley de bioseguridad y, al mismo tiempo, ocultar las críticas o dudas que implica la tecnología.

 Con edición genética las empresas pueden producir cualquier tipo de organismos genéticamente modificados, con resistencia a diversos y cuestionados agrotóxicos.

 Gobiernos

Argentina fue el primer país de América Latina en aprobar la soja transgénica. Fue en marzo de 1996 y en tiempo récord, 81 días. Lo hizo en base a estudios de la empresa Monsanto, sin tener en cuenta los impactos sociales, ambientales ni sanitarios. Significó un cambio drástico en el modelo agropecuario argentino. Fue una decisión tomada por un puñado de funcionarios (encabezada por el secretario de Agricultura y actual canciller, Felipe Solá), sin ningún tipo de información pública ni participación ciudadana.

 De igual forma, Argentina avanzó en la regulación de la edición genética. No fue una ley tratada en el Congreso Nacional y, al igual que con la soja, no hubo ningún tipo de información a la ciudadanía. Se trata de una simple resolución ministerial (173/15), del 12 de mayo de 2015, firmada por el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado. En una interpretación tendenciosa define que la edición genética está dentro de las “Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT)” y no se trata de transgénicos. Por lo cual considera que no es necesario ningún estudio sobre posibles impactos en el ambiente ni la salud de la población.

 “Argentina es el primer país del mundo que tiene regulación para la edición génica”, suele ufanarse Martín Lema, titular de la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura. Lema, que tiene papers “científicos” firmados juntos a Bayer/Monsanto y Syngenta, es un camaleón político, pasa de un color a otro sin sonrojarse: fue funcionario del kirchnerismo, luego del macrismo y ahora responde a Alberto Fernández. Se mantuvo siempre fiel a las empresas transgénicas: defiende los intereses del agronegocio, niega cualquier prueba sobre los efectos tóxicos de los agroquímicos y nunca escucha a las víctimas del modelo.

 Brasil sigue el mismo camino que la Argentina. En 2018, mediante una polémica resolución normativa (RN 16) de la CTNbio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad), dio luz verde para la producción de semillas e insectos producidos mediante edición genética, sin considerarlos transgénicos.

En 2018 se realizó en Egipto la Conferencia de las Partes (COP14) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD),donde se regula la biotecnología mundial. Argentina fue el principal impulsor pro-edición genética. Martín Lema, director de Biotecnología de Argentina, fue el vocero fundamental para disociar edición genética de los transgénicos y rechazó burlonamente la aplicación de los derechos indígenas (propuesto por Bolivia). Negó que se aplique el derecho a la consulta libre, previa e informada, vigente en normativas internacionales. También reiteró en diversas oportunidades que Argentina tenía “regulada” la edición genética desde 2015 y afirmó que no eran necesarios estudios extras.

El gobierno de Argentina resaltó la rapidez en la aprobación de semillas mediante la edición genética porque, argumenta, no se debe pasar por las pruebas y trámites que atraviesan los transgénicos. La cuestionada técnica atraviesa y unifica a los gobiernos: comenzó con Cristina Fernández de Kirchner, continuó con Mauricio Macri y se mantiene con Alberto Fernández.

En noviembre de 2018 el gobierno argentino presentó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una “declaración sobre biotecnologías de precisión aplicadas al sector”. Según dice el comunicado oficial “se expresa la importancia de la edición génica para la agroindustria y procura su aceptación a nivel internacional”.

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, explica que las grandes empresas instalaron agresivamente que no se consideren los productos de estas tecnologías como transgénicos, porque en algunos casos el producto final no necesariamente contiene material genético foráneo, aunque su genoma haya sido manipulado. “Este absurdo intento de la industria biotecnológica y de los agronegocios tuvo un revés significativo cuando en 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los productos de las nuevas biotecnologías son organismos genéticamente modificados y deben seguir las regulaciones de bioseguridad. Paradójicamente, los gobiernos de Brasil y Argentina, comportándose como buenos lacayos de las trasnacionales del agronegocio, emitieron normativas de bioseguridad sobre edición genética que son más laxas aún que las regulaciones existentes sobre transgénicos” [1].

Riesgos

Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos y miembro de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt), explica que estas nuevas tecnologías moleculares alteran la estructura y funciones de la molécula viva, la forma en como estas se relacionan con su medio ambiente inmediato, trastocan los ciclos biológicos y evolutivos. “Hasta ahora no es técnicamente posible hacer ni un sólo cambio aislado en el genoma usando Crispr y que sea totalmente preciso y seguro. Crispr acaba generando en múltiples ocasiones modificaciones distintas a las deseadas, incorporando más ‘ruido genético, más alteraciones’”.

Bravo afirmó que la mayoría de las funciones génicas están reguladas mediante redes bioquímicas altamente complejas que dependen de un gran número de factores que las condicionan, como la presencia de otros genes y sus variantes, las condiciones del medio, la edad del organismo e incluso el azar. Cuestiona que, ignorando estos hechos, los genetistas y biólogos moleculares han creado sistemas experimentales artificiales en los que las fuentes de variación ambientales o de otro tipo se ven minimizadas.

Pallitto y Folguera, integrantes del Grupo de Filosofía de la Biología de la UBA, confrontan contra el discurso empresario y mediático: “No es cierto que la edición genética sea totalmente controlada ni que sea del todo predecible”. Si bien reconocen que la herramienta Crispr/Cas9 presenta una especie de “etiqueta” molecular que indica a qué lugar del genoma debe dirigirse el complejo que introduce los cambios, se trata de tecnologías que usualmente van acompañadas de “efectos imprevisibles, tales como modificaciones en otros lugares del genoma o de cambios no previstos en la región que interesa”.

Cuestionan que se deje en manos de la ciencia y de las empresas cuestiones que son de interés general. Les parece insólito que, al igual que con los agrotóxicos, se les pida a los afectados que demuestren los daños que provocan los transgénicos, cuando en realidad deben ser los mismos desarrolladores de tecnologías los que debieran comprobar que sus productos nos provocan daños. Subrayan que en edición genética no se ha confirmado que sean inofensivos para la salud ni el ambiente.

“Cuando hay estudios usualmente corresponden a investigaciones que se limitan a indagar los denominados niveles inferiores de organización. Así, se estudia lo que puede suceder a nivel molecular o celular, excluyendo del análisis aproximaciones que contemplen lo que podría llegar a suceder en los niveles poblacional y ecosistémico”, alertan.

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración), cita a la organización inglesa GM Watch [2], que reporta estudios de 2019 en los que confirma que Crispr provoca desarreglos genómicos en plantas, animales y células humanas. Precisa que en el caso de alimentos o forrajes pueden causar alergias y otras formas de toxicidad.

Leonardo Melgarejo es doctor en ingeniería de producción y miembro fundador del Movimiento Ciencia Ciudadana (Brasil). Afirma que la edición genética produce “cambios impredecibles” en el genoma. Y precisa que en la mayoría de los casos de aplicación de edición genética se realiza con microorganismos, sin evaluación de riesgos a mayor escala, con posibilidades de contaminación. Melgarejo, que participó de forma crítica en la CTNbio de Brasil, deja un interrogante que la industria transgénica aún no contestó: “¿Cómo prevenir el flujo de microorganismos vivos entre países (con su consecuente contaminación)?”.

¿Por qué?

El impulso de nuevas tecnologías tiene entre sus objetivos, además de mayor rentabilidad, responder a un problema autogenerado por el agronegocio: la resistencia de malezas a los agrotóxicos (como el glifosato), que ya no son eficaces en el control de plantas no deseadas.

Elizabeth Bravo puntualiza que la edición genética es parte de un combo de tecnologías que busca asegurar el incremento en el uso de agrotóxicos y consolidar el rol del agronegocio en la producción agroalimentaria. Pallito y Folguera resumen: “Los transgénicos ya nos prometían el paraíso alimentario. Vemos ya las consecuencias de los OGM (Organismos Genéticamente Modificados –transgénicos–) en términos de contaminación, deterioro de la calidad de la tierra, pérdida de soberanía alimentaria y diversidad de cultivos. La lista es interminable. Las tecnologías de edición genética buscan ocupar su lugar”.

Transgénicos en la mesa

Estados Unidos ya aprobó una decena de cultivos mediante edición genética: soja, maíz, arroz, papa, alfalfa, tabaco y tomate, entre otros.

El 30 de enero de 2020 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) celebró en un comunicado: “El INTA siembra las primeras papas que no se oxidan”. Utilizaron Crispr/Cas9 para evitar el “pardeamiento enzimático”, que traducido a lo cotidiano es evitar el ennegrecimiento luego de pelarlas.

No dieron a conocer estudios sobre posibles efectos en la salud.

El INTA, el mayor ámbito oficial argentino dedicado al agro, destaca como un logro la papa por edición genética. Y avanzan en los ensayos a campo.

Elizabeth Bravo, desde Ecuador, no sale de su asombro: “¿Este experimento es para que la papa no se haga negra después de pelarla? ¿Para qué se necesita eso?”.

Por otro lado, la empresa Bioheuris anunció su trabajo de edición genética en soja, sorgo y trigo.

Carlos Pérez, director de la compañía, reconoció cuál es la búsqueda: “El glifosato dejó de ser completamente efectivo, por lo que es necesario introducir otras resistencias; ese es el objetivo» [3]. Pérez fue gerente de la empresa Bioceres (que desarrolló el primer trigo transgénico) y de la multinacional Bayer/Monsanto. Sus socios, Lucas Lieber y Hugo Permingeat, son parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología), el organismo responsable de la aprobación de los transgénicos en el país.

En Brasil, luego de la cuestionada resolución RN16, se aprobó el registro de una levadura para la producción de bioetanol por parte de la empresa Globalyeast.

 Animales transgénicos

“Caballos clonados con genes editados, otra hazaña de científicos argentinos”, festejó la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura, el 9 de enero de 2018.

“El equipo de científicos utilizó el denominado ‘progreso genético de precisión’ para identificar secuencias de genes existentes de forma natural en los caballos que codifican para ciertas características, pero en vez de adquirirlos en sus crías mediante cruza convencional, estas secuencias son incorporadas en el laboratorio mediante edición genética. La técnica que permitió realizar estas ediciones en el ADN de los animales es Cispr-Cas9”, explicó la compañía Kheiron Biotech, responsable del experimento. Y afirmó ser “la primera empresa del mundo en lograr embriones equinos genéticamente editados”.

El Ministerio destacó que mejorarían el potencial y destreza de caballos de polo. Según la empresa, con la modificación genética se logran “mejoras relacionadas con el desarrollo muscular, la resistencia y la velocidad de los caballos”. Remarcan la supuesta importancia de ser una empresas “totalmente nacional” y destaca que en 2017 tuvieron un subsidio de dos millones de pesos del Gobierno (mediante la Agencia Nacional de Promoción Científica).

Daniel Sammartino, directivo de la empresa, anunció que “el próximo desafío” es ampliar la edición genética y la clonación a bovinos y porcinos para mejorar “la salud, alimentación y bienestar”.

En junio de 2019 Kheiron Biotech anunció que avanzó en vacunos desarrollados mediante Crispr/Cas9, bajo la promesa de “generar 20 por ciento más de carne” [4]. Señalaron que en 2020 tendrían la primera camada de terneros obtenidos vía edición genética.

No dieron a conocer qué estudios se realizan respecto a la inocuidad del animal y de su posible cruzamientos con otros vacunos. Pero igual aseguraron: “Un animal editado genéticamente en Kheiron Biotech es idéntico a uno que podría obtenerse naturalmente a través de cruza convencional” [5]. Y repiten la publicidad empresaria sobre Crispr/Cas9: “Se trata de una tecnología innovadora que permite la edición de genes de manera precisa provocando pequeños ajustes en el genoma de los animales de manera segura”.

El INTA también experimenta con edición genética en vacunos [6]. Promete generar “animales que produzcan leche de mejor calidad nutricional”.

En la otra vereda de los promotores de la edición genética, la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) difundió en junio de 2018 un documento de la organización Independent Science News (Noticias de Ciencia Independiente): “Los genetistas y biólogos moleculares han construido argumentos circulares para favorecer una visión determinista e ingenua sobre la función de los genes. Este paradigma le resta importancia habitualmente a las enormes complejidades por las que la información circula entre los organismos y sus genomas. Esto ha creado un gran sesgo en la comprensión pública sobre los genes y el ADN”.

Remarca que el mayor problema surge cuando esta conceptualización estrecha de la genética se aplica al mundo real, fuera del laboratorio: “En el caso de los cerdos ‘súper-musculosos’ reportados por la revista científica Nature, la fuerza no es su única función. Deben también tener más piel para cubrir sus cuerpos y huesos más fuertes para sostenerlos. También tienen dificultades para parir; y si estos chanchos son alguna vez liberados a la naturaleza es de suponer que tendrían que comer más. Así, este cambio genético, supuestamente simple puede tener efectos amplios sobre el organismo a lo largo de su ciclo de vida”.

“El artículo de Nature también revela que el 33 por ciento de los chanchos murieron prematuramente, y sólo un animal fue considerado sano al momento en que los autores de esta investigación fueron entrevistados. ¡Qué técnica tan precisa!”, ironiza la organización.

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, recordó que la Academia de Ciencias de China, liderado por Kui Li, suprimió un gen para lograr cerdos con menos grasa. La carne de las crías que nacieron es 12 por ciento más magra. Pero una de cada cinco tuvo una vértebra extra en el tórax. “Es un fenómeno que los científicos no pueden explicar. Aseguran, sin embargo, que la carne de esos cerdos manipulados tiene el mismo contenido nutricional”, cuestiona Ribeiro.

Rol de la ciencia

Los científicos que impulsan la edición genética aseguran una y otra vez que es una técnica “precisa” y “segura”. No exhiben investigaciones que den cuenta de ninguna de esas dos promesas. Y, al mismo tiempo, no son voces ni independientes ni objetivas, ya que tienen intereses económicos en el desarrollo de esa tecnología.

¿Se le creería a un médico, contratado por una tabacalera, al decir que el cigarrillo es inocuo? ¿Qué veracidad tendría un científico, contratado por petroleras, al cuestionar el calentamiento global?

Nahuel Pallitto y Guillermo Folguera reflexionan de forma sistemática sobre el rol de la academia en los procesos sociales y políticos. Cuestionan la sobrevaloración del discurso científico, presentado muchas veces como objetivo y verdadero. “La ciencia y la tecnología son las productoras de las herramientas de edición genética. Sin embargo, son al mismo tiempo las que las validan y las que legitiman. En el caso de los transgénicos, las voces autorizadas para hablar de sus usos y consecuencias suelen ser la de los mismos técnicos que los desarrollan y evalúan. Con Crispr/Cas9 sucede exactamente lo mismo. Se genera de este modo una estructura de generación/validación cerrada que solo contempla la voz de los propios científicos y científicas de esos campos específicos. Procesos de exclusión de la mayor parte de la comunidad científica y, por supuesto, también de la comunidad no científica”, cuestionan.

El “principio precautorio” es un aspecto legal vigente en diversas normativas nacionales (Ley 25.675, en Argentina). Indica que ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución inédita en 2018, donde instó a los Estados a “actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica” [7]. También llamó a garantizar el acceso a la información, exigió que se cumpla el derecho a la participación pública en la toma de decisiones que pueden afectar el ambiente.

Nada de esto es tenido en cuenta al momento de aprobar productos realizados bajo edición genética.

En humanos

En noviembre de 2018 el genetista chino He Jiankui anunció haber creado los primeros bebés modificados genéticamente, mediante la técnica de edición genética Crispr/Cas9 y con el objetivo de “dar a las niñas la habilidad natural para resistir a una posible futura infección del VIH”.

Se ganó el (merecido) repudio mayoritario de científicos de todo el mundo. Le reprocharon haber pasado un límite: experimentar con humanos.

Curioso que esos mismos científicos justifican la experimentación y liberación de transgénicos, agrotóxicos y frutas, hortalizas y animales de laboratorio, sin considerar los impactos sociales, ambientales y sanitarios.

Un año después, diciembre de 2019, la Justicia china condena a He Jiankui a tres años de cárcel y a pagar una multa de tres millones de yuanes (430.000 dólares) por desarrollar “de manera ilegal la edición genética de embriones humanos con fines reproductivos”.

 ¿Quién está detrás?

Elizabeth Bravo encuentra muchas similitudes con la época en la empezaron a investigarse los transgénicos. Primero se decía que era una técnica fácil, económica y que podía hacerse en cualquier universidad. Existían pequeñas empresas que hacían inversiones, con frecuencia con apoyo de las grandes multinacionales. Y si encontraba algo de verdad prometedor, la gran empresa compraba a la pequeña. “Eso sucedió por ejemplo con la empresa que tenía la patente de la soja transgénica y que fue comprada por Monsanto. Es posible que algo similar esté sucediendo ahora. Hay muchas de pequeñas empresas trabajando en estas tecnologías, y a veces cuentan con inversión de las grandes”, explica.

Syngenta, Bayer-Monsanto y Corteva están desde hace años trabajando en edición genética. Lo publicitan en sus sitios corporativos y con sus periodistas aliados. Siempre bajo la misma promesa que con los transgénicos: mayor producción para calmar el hambre del mundo.

El mismo relato de hace treinta años, pero ahora bajo el nombre de “edición genética”.

Este artículo es parte del proyecto Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.

biodiversidadla

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/nuevos-transgenicos-mas-riesgos

 Bloqueo de la lucha de clases

Necesitamos, abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista, generalizar la ruptura del Pacto Social que establecieron los Fernández (Alberto y Cristina) aprovechando su rotundo triunfo en las PASO. Es decir, hicieron virar el Nunca Más a Macri-Cambiemos como contenido central del voto hacia un contubernio entreambos (pese a presentarse como de antagonismo irreconciliable) para garantizar la continuidad y profundización de la acumulación gran capitalista local e imperialista. Durante los cuatro meses hasta la asunción de los F-F, el gobierno de Macri agravó la precarización tanto de la vida como del trabajo, en tanto que los F-F construyeron la gobernabilidad en la intensificación del ajuste y de los extractivismos. La concretaron con el bloqueo a las luchas de las diversidades de abajo a través del Pacto Social y el Plan Argentina contra el Hambre.

Pero, entonces, urge nuestro viraje desde las consignas “¡Fuera FMI!» «¡NO! A sus ajuste y exigencia del pago de servicios de la deuda externa pública” hacia situarnos en la realidad concreta que:

El campo cada vez está más concentrado

21 de enero de 2020

Por Darío Aranda     

Según los últimos datos oficiales, el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias concentra el 36 por ciento de la tierra, una dinámica que continúa expulsando familias.

En treinta años desapareció el 41 por ciento de las explotaciones agropecuarias y se acentuó la concentración de tierras en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones controla el 36 por ciento de la tierra, mientras que el 55 por ciento de las chacras (las más pequeñas) tiene solo el 2 por ciento de la tierra. Son datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). 

Campesinos, indígenas y académicos no tienen dudas:  la desaparición de chacras y la expulsión de familias del campo tiene directa relación con el agronegocio, modelo que prioriza la exportación, dominado por grandes empresas, y deja de lado la producción de alimentos y a los productores.

El Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA) relevó datos sobre las características de las explotaciones agropecuarias (EAP) y del productor. Se relevaron 206 millones de hectáreas y se cesaron 250.881 explotaciones agropecuarias.

Los resultados preliminares figuran en un documento de 232 páginas presentado por el Indec. Entre 2002 y 2018 desapareció el 25,5 por ciento de las explotaciones agropecuarias. Y, si se compara con el censo de 1988, en sólo treinta años desapareció el 41,5 por ciento de la chacras.

Un hecho que ningún sector político jamás se animó a abordar en la concentración de tierras. Y eso favorece a los más grandes. El CNA confirma con datos lo que campesinos, indígenas y académicos críticos denuncian desde hace décadas: el 1,08 por ciento de las fincas (2473) concentra el 36,4 por ciento de la tierra (57 millones de hectáreas). Se trata de las propiedades de más de 10.000 hectáreas.

En el otro extremo, las chacras más pequeñas (menos de 100 hectáreas) representan el 54,6 del total de las explotaciones agropecuarias (125.023 fincas), pero tienen solo el 2,25 de la tierra (3,5 millones de hectáreas). Argentina experimenta una reforma agraria pero al revés, donde muy pocos (el 1,08 por ciento) tiene demasiado. Y donde la mayoría (el 54,6 por ciento) tiene muy poco.

Nahuel Levaggi, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), afirma que el censo muestra “el resultado de un modelo agropecuario que atraviesa los distintos gobiernos, un modelo que concentra la tierra, dominado por multinacionales de semillas, y es la muestra del capitalismo en su máxima expresión”. Levaggi explica que a los desalojos de campesinos se suma que quienes tenían fincas comienzan a ser rentistas y dejar el campo o directamente vender sus chacras: “Hace años que alertamos que es un modelo sin agricultores, donde los más grandes se comen a medianos y pequeños”.

Jorge Frías es productor agroecológico en su chacra “La tierra sin mal”, en Puerto Tirol (Chaco). Recuerda que el modelo prioriza los cultivos extensivos (soja, maíz, girasol, caña de azúcar y, por otro lado, monocultivo de árboles), que avanzaron sobre regiones de campesinos e indígenas. “Es un modelo que no produce alimentos para nuestra población. Es un modelo que vacía el campo de gente. Hace años que alertamos de las graves consecuencias productivas, ambientales y sociales”, afirma. El censo precisó que solo en el 46 por ciento de explotaciones los productores viven en el campo. Y detalló que existen 75.193 viviendas deshabitadas.

Frías participa del Movimiento Popular la Dignidad y del espacio Somos Monte, de Chaco, que lucha por la defensa del poco bosque nativo que permanece en pie. Explica que todo el sudeste chaqueño ya fue arrasado, y que el agronegocio retomó su embestida contra El Impenetrable, de la mano de una “soja nacional” (de la empresa Bioceres) resistente a la sequía. Exige que algún Gobierno ponga en debate el modelo de agronegocio, pero no solo las retenciones, y que se discuta la tierra para qué y para quién.

Los investigadores Eduardo Azcuy Ameghino y Diego Fernández, del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (UBA), analizaron el censo. Destacan que entre 2002 y 2018 desaparecieron en Argentina 82.652 explotaciones agropecuarias, casi un 25 por ciento del total, a un promedio de 5166 chacras por mes. “Se ratifica la vigencia y eficacia del proceso de concentración económica consolidado durante los noventa y prolongado hasta la actualidad”, afirman los autores. Si se toma el censo de 1988, en 20 años se perdió el 41,5 por ciento de las chacras.

Desde el Foro Agrario, espacio de articulación de decenas de organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, presentaron en mayo pasado un programa que propone otro modelo agropecuario, de base popular, con políticas de estado que fomenten el arraigo rural y la producción de alimentos accesibles para el pueblo. “Diversos sectores políticos se siguen refiriendo a la Mesa de Enlace como ‘el campo’. Tienen que entender que hay otro sujeto rural, con otro rol económico, otra base social, que es otro campo, con un modelo que incluye beneficios para toda la sociedad y para el ambiente”, exige Levaggi de la UTT.

Jeremías Chauque es mapuche, vive en Desvío Arijón (Santa Fe) y forma parte de la organización de productores “Desvío a la raíz, agricultura ancestral”. No lo sorprendió el dato de la concentración de tierras, afirma que es un mal que se repite en la Patagonia mapuche, pero también en el Norte wichí y en la Mesopotamia guaraní, sólo por citar tres latitudes. “El agronegocio funciona explotando hasta el último aliento de vida, con desmonte, saqueo, contaminación”, recuerda. Chauque forma parte del Colectivo Paren de Fumigar Santa Fe y resalta la necesidad de otro modelo, que tenga como prioridad lo social y los alimentos sanos (sin agrotóxicos ni transgénicos), “una agricultura sin mano de obra barata, con agricultores dueños de su destino, con tierras para trabajar, con producción de alimentos y no commodities para los chanchos de Europa y Asia”.

Página 12

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/El-campo-cada-vez-esta-mas-concentrado

Subrayemos cuán ciego está el Foro Agrario respecto al Estado de la gran burguesía queha maximizado su función antipopular y transnacionalizadora. La perfeccionó sobre todo desde los setenta hasta hoy y no sólo por el gobierno de Macri. Con el gobierno de los Fernández comprobamos una vez más como el Partido Justicialista ha sido y es fundamental en garantizar los criminales negocios del contubernio entre capitales y estados imperialistas con los locales:

Arrasar con la vida

8 de abril de 2020

Por Darío Aranda para la Agencia de Noticias Biodiversidadla    

El avance del agronegocio y la pérdida de millones de hectáreas de bosque. La crisis climática, el aumento de la temperatura global y los territorios de sacrificio en el Sur global.

En paralelo al avance del modelo sojero en el Cono Sur se arrasaron 35 millones de hectáreas de bosque nativo. El equivalente a la superficie de Alemania, donde se ubica la sede central de Bayer-Monsanto, u ocho veces la superficie de Suiza, donde nació la multinacional Syngenta-ChemChina. A pesar de leyes que protegen las áreas boscosas, el desmonte avanza en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Un modelo, el agronegocio, publicitado como “exitoso”, pero con enormes consecuencias en los territorios.

Millones de hectáreas

La aprobación de la soja transgénica sucedió en forma escalonada en los países de Cono Sur. En Argentina fue en marzo de 1996. En Uruguay se dio luz verde en octubre del mismo año. En el resto de los países se cultivó de forma ilegal desde fines de los ‘90 y la autorización formal llegó años después: en 2003 en Brasil, un año después en Paraguay y en 2005 en Bolivia.

El avance transgénico tuvo su correlato de devastación ambiental. En Argentina se destruyeron 5,6 millones de hectáreas de monte nativo entre 1998 y 2017. Las provincias más desmontadas fueron Santiago del Estero (1,8 millones de hectáreas), Salta (1,4 millones), Chaco (650 mil) y Formosa (418 mil). Todas zonas ajenas al agro industrial, todas zonas de campesinos, indígenas y agricultores familiares.

La Fundación Tierra de Bolivia precisó que en ese país se arrasaron 5,1 millones de hectáreas entre 1990 y 2016. El departamento con mayor deforestación es Santa Cruz de la Sierra, corazón de las empresas agroindustriales. Otros departamentos, con cifras menores, son Tarija, Beni, La Paz y Chuquisaca.

En Paraguay, entre 2001 al 2017, se destruyeron 5,4 millones de hectáreas. La organización Base-Is explicó que el desmonte mayormente se produjo en losdepartamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná. Son los mismos departamentos donde se produjo el mayor avance del modelo agroexportador.

En Brasil se desmontaron 19,1 millones de hectáreas entre 1990 y 2019. Se dio principalmente en la región llamada Amazonia Legal, un área que engloba en su totalidad los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins y Mato Grosso, y parcialmente el estado de Maranhao, todos pertenecientes a la cuenca amazónica.

Un elemento fundamental, muchas veces silenciado por organizaciones conservacionistas, en los territorios con bosque vivían (y viven) pueblos indígenas, campesinos, agricultores familias. Actores imprescindibles para la soberanía alimentaria y la defensa del monte nativo.

Los millones de hectáreas devastadas fueron transformadas en monocultivos. Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996. Y llegó al pico máximo de 20,5 millones hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En Paraguay se pasó de 1,1 millones de hectáreas con soja en 1997 a 3,4 en 2018. El maíz también se multiplicó: de 356.600 hectáreas en 1997 se llegó a un millón en 2016. En Bolivia se pasó de 200.000 hectáreas con soja en 1990 a 1,2 millones en 2017. A fines de la década del ‘90 Brasil contaba con tres millones de hectáreas declaradas. En la cosecha 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.

Otro monocultivo, mismo modelo

Uruguay es un caso muy particular referido al avance del agro y sus bosques. La Ley 15.939 (de 1987) prohíbe la tala de monte nativo (con excepciones para el uso doméstico, y con autorización de la Dirección General Forestal) y obliga a reforestar con especies nativas. De esta forma, la superficie de monte nativo pasó de 664 mil hectáreas en 1990 a 850 mil en 2019. Pero la misma ley estimula el desarrollo de la industria forestal, que genera el avance del monocultivo de árboles, parte del modelo de agronegocio. En 1987 la superficie de plantaciones forestales (pino y eucaliptus) era de 46.000 hectáreas. En 2017 llegó a las 2,2 millones de hectáreas. Lo que implicó acaparamiento de tierras, uso masivo de agrotóxicos y la instalación de plantas de celulosa, con denuncias de contaminación del agua y el aire. El caso más famoso: Botnia-UPM, de capitales fidlandeses.

Región chaqueña

 La ONG paraguaya Guyra analiza la situación del Gran Chaco Sudamericano, que incluye a la Argentina, Paraguay y Bolivia. Analizó el avance de los deforestación entre 2010 y 2018. En 2010 y 2011 contabilizó picos de desmonte de hasta 1400 hectáreas por día en promedio. Y en 2012 y 2013 aumentó incluso hasta un promedio de 2000 hectáreas diarias. A modo global, entre 2010 y 2013 se destruyeron más de 1,6 millones de hectáreas. Paraguay encabezó el ranking con un millón de hectáreas destruídas.

En junio de 2018, último informe mensual disponible, detectaron 34.000 hectáreas arrasadas, un promedio de 1096 hectáreas por día. Argentina representó el 80 por ciento y Paraguay el 18 por ciento.

“Monitoreo desmonte”, es un sitio web colaborativo que analiza la situación de bosques de la región chaqueña de Argentina, doce provincias del norte del país donde avanzó el modelo agropecuario. Mediante imágenes satelitales precisa los desmontes desde la década del ‘70 hasta la actualidad. Entre el año 2000 y el 2018 se perdieron 5,7 millones de hectáreas, un promedio anual de 300 mil hectáreas. “Las tasas de deforestación en esta región se encuentran entre las más altas del mundo y están promovidas principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Este proceso ha generado importantes conflictos territoriales que incrementaron la preocupación y el interés por conservar los bienes naturales y culturales asociados a estos bosques”, explican los autores del relevamiento, la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En Argentina se aprobó en 2007 la llamada “Ley de bosques” (26.331), que buscaba frenar la deforestación. Desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se destruyeron en Argentina 2,4 millones de hectáreas: equivalente a 120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. El 80 por ciento de los desmontes se concentró en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.

Crisis climática

Además de las emisiones de gases de efecto invernadero, un factor clave en el rol de los bosques es que absorben el dióxido de carbono, proveen oxígeno y son fundamentales para bajar la temperatura del planeta. Sin embargo, entre 1990 y 2019 se destruyeron en el mundo más de 129 millones de hectáreas de bosques, superficie equivalente a la de Sudáfrica1. El agronegocio, que incluye la ganadería industrial, es un factor clave en la destrucción de esos bosques.

«Perspectivas del Medio Ambiente Mundial», es el nombre del informe de Naciones Unidas (ONU), presentado en marzo de 2019. Brinda un alerta contundente: el planeta se dirige hacia el colapso climático, sanitario y social.

Desde 1880 la temperatura mundial aumentó entre 0,8 y 1,2 grados centígrados. Y en la última década se produjeron ocho de los diez años más cálidos de la historia. El Acuerdo de París (2015) establece que los países firmantes deben adaptar acciones para que la temperatura del planeta no aumente por encima del 1,5 grados centígrados. Fue (y es) muy criticado por organizaciones sociales por no cuestionar el modelo de consumo que lleva al desastre climático, no ser vinculante, no frenar la extracción de hidrocarburos (como se había propuesto en la cumbre mundial de Kioto –Japón– en 1997) y proponer «falsas soluciones» (monocultivo de árboles, bonos de «compensación» para contaminar, geoingeniería para modificar el clima, entre otros).

Las grandes potencias económicas del mundo comandan el Grupo de los 20 (G20). Y esos mismos países también son los máximos responsables del cambio climático, el aumento de la temperatura global y los consiguientes desastres ambientales: el 76 por ciento de las emisiones del dióxido de carbono (principal factor del ascenso de la temperatura) proviene de los países del G20. Encabezan el ranking de contaminación China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón y Alemania.

El informe de la ONU es concluyente: «Las actividades antropógenas (humanas) han degradado los ecosistemas de la Tierra y socavado los cimientos ecológicos de la sociedad». Aclara que es necesario «adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener y revertir esa situación y proteger así la salud humana y ambiental». Algunas de las medidas esenciales son reducir la degradación de la tierra, frenar la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire, la tierra y las aguas; mitigar el cambio climático y reducir la quema de combustibles fósiles”. Joyce Msuya, directora ejecutiva de ONU Medio Ambiente, fue tajante: «Estamos causando el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. No habrá mañana para muchas personas, a menos que nos detengamos».

Este artículo es parte del proyecto Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.

Tweet sugeridos:

#AtlasOGMConoSur | Arrasar con la vida: el avance del agronegocio y la pérdida de millones de hectáreas de bosque. La crisis climática, el aumento de la temperatura global y los territorios de sacrificio en el Sur global.

#AtlasOGMConoSur | El avance transgénico tuvo su correlato de devastación ambiental. Los millones de hectáreas devastadas fueron transformadas en monocultivos. 

#AtlasOGMConoSur | La ONG paraguaya Guyra analiza la situación del Gran Chaco Sudamericano, que incluye a la Argentina, Paraguay y Bolivia. A modo global, entre 2010 y 2013 se destruyeron más de 1,6 millones de hectáreas.

#AtlasOGMConoSur | Entre 1990 y 2019 se destruyeron en el mundo más de 129 millones de hectáreas de bosques, superficie equivalente a la de Sudáfrica.  

Referencia:

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Arrasar-con-la-vida

Destapemos la perversidad y el cinismo de Alberto Fernández que sostuvo optar por la salud de la población y las grandes mayorías lo reconocieron como gobierno con esa decisión cuando la verdad objetiva es planteada por:

Documento– 100 organizaciones de todo el país preguntamos:

¿De la pandemia del agronegocio quién nos cuida?

Mientras millones de argentinos y argentinas nos quedamos en nuestras casas para preservar nuestra salud ante la pandemia global de coronavirus, el agronegocio continúa regando nuestros territorios con agrotóxicos que comprometen la capacidad de nuestro organismo para hacer frente al virus

Entre las actividades “esenciales” que el Estado exceptúa de la obligatoriedad de suspender la actividad está “la producción agropecuaria”; sin distinción, como si fuera lo mismo sostener la producción de alimentos que la de commodities de exportación o agrocombustibles. 

En paralelo está en curso una enorme operación publicitaria: aprovechando la pandemia las organizaciones del agronegocio se muestran “preocupadas por la salud” de las comunidades y “solidarias”, ofreciendo las mismas máquinas fumigadoras con las que liberan al ambiente sus agrotóxicos para “combatir a los mosquitos trasmisores de dengue” y otras enfermedades. Una nueva mentira, porque además de ser inefectivos para el control del vector generan deriva de los piretroides afectando la biodiversidad y contaminando el ambiente, como quedó demostrado con el estudio científico del Ing. Qco. Marcos Tomasoni (5). También están ofreciendo el uso de mosquitos fumigadores para rociar hipoclorito de sodio como mecanismo para combatir el coronavirus, sin ninguna evidencia científica que respalde la efectividad de esa medida.

También ofrecen “silos-bolsa para fabricar ropa de protección para el personal sanitario”, material que se encuentra contaminado con biocidas y debe ser tratado como residuo peligroso conforme la Ley Nacional N° 24.051. Si realmente son solidarios y se preocupan por nuestra salud paren de fumigarnos y cambien a la agroecología.

Durante estos días de aislamiento ha habido “incidentes” con fumigaciones en Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos o Chaco; en aquellas zonas donde la producción de commodities se realiza parece haber vía libre para fumigar(nos). Esto no es nuevo, es la trágica cotidianeidad de los Pueblos Fumigados de nuestro país, donde se liberan cada año alrededor de 500 millones de kilos/litros de agrotóxicos (1) en miles de formulados comerciales y con principios activos prohibidos en buena parte del mundo sin control alguno, e incumpliendo la Ley General del Ambiente nro 25.675.

Está comprobado científicamente y reconocido por las mismas empresas que elaboran estos agrotóxicos que estas sustancias producen inmunodepresión, irritan las vías respiratorias y gastrointestinales junto a un largo rosario de enfermedades por exposición crónica; lo que las comunidades y la ciencia digna han puesto de manifiesto. 

El agronegocio ha cambiado la forma de enfermar y morir en nuestros pueblos (2), y en medio de esta emergencia el Estado no puede seguir mirando para otro lado. Mucho más cuando el efecto inmunodepresivo de los agrotóxicos, científicamente demostrado, pone a la población en una situación de riesgo ante la actual pandemia (3). ¿Cómo puede soportar un virus agresivo una persona en tratamiento por cáncer con todas sus defensas destruidas?

También es impactante saber que este mismo agronegocio sigue destruyendo nuestros bosques. En plena cuarentena organizaciones del Chaco denuncian que “las topadoras trabajan a apenas 8 km de la estación biológica que opera en el Parque Nacional El Impenetrable, lugar donde hace pocos meses se encontró uno de los últimos ejemplares de yaguareté del Chaco. El desmonte afectará 7 mil hectáreas de la estancia La Fidelidad, en la provincia de Formosa” (4)

Es inaceptable que distintos estamentos del Estado acepten estos “generosos ofrecimientos” mientras siguen sin escuchar lo que venimos denunciando hace años. Olvidan además que esta “explosión de solidaridad” viene del sector que hace menos de un mes realizó 4 días de paro agropecuario, acaparando granos y carne, contra el aumento de 3% en los derechos de exportación para grandes productores de soja; hecho que fue repudiado por el campo que produce alimentos y amplias franjas de nuestra población, tanto urbana como rural.

Como dijo Alberto Fernandez “Una economía que cae siempre se levanta. Una vida que se termina no la levantamos más.”. Ojalá esta frase quede sonando fuerte más allá de sofocada la pandemia.

La terrible paradoja, es que existen evidencias a nivel global que vinculan fuertemente al modelo del agronegocio con el surgimiento de las pandemias. En una entrevista reciente el investigador Rob Wallace afirmaba: “El aumento de la aparición de virus está estrechamente relacionado con la producción de alimentos y la rentabilidad de las corporaciones multinacionales. Cualquiera que pretenda comprender por qué los virus se están volviendo más peligrosos debe investigar el modelo industrial de la agricultura y, más específicamente, la producción ganadera. En la actualidad, pocos gobiernos y pocos científicos están preparados para hacerlo. Más bien todo lo contrario.” (6)

La sociedad global debe recoger la experiencia de otras grandes pandemias, como la Peste Negra, donde la avaricia y la acumulación de los señores feudales fue a contramano de las necesidades alimentarias de la población desencadenando aquella gran pandemia. Hoy el Coronavirus vuelve a tener la misma aliada: la malnutrición, ahora junto a inmunodepresores.

Sabemos que toda crisis es una oportunidad. Mientras las organizaciones del agronegocio la usan para lavarse la cara frente a la sociedad a la que envenenan cotidianamente mientras destruyen el ambiente, acaparando recursos y poder; quienes firmamos al pie les pedimos a nuestros gobernantes (una vez más) que defiendan nuestra salud. Y entendemos, como millones en todo el mundo, que es tiempo de cambiar este modelo agropecuario basado en transgénicos y venenos, para impulsar y consolidar a la agroecología como base de un nuevo modelo agropecuario, con tierra y dignidad para las familias productoras rurales y alimentos sanos a precios justos para quienes viven en las ciudades; en fin Soberanía Alimentaria para nuestro pueblo.

Argentina, 31 de marzo de 2020

1- Investigación de Naturaleza de Derechos (Junio de 2019)

2- Transformaciones en los modos de enfermar y morir en la región agroindustrial de Argentina – Damián Verzeñassi y Alejandro Vallini (Noviembre de 2019)

3- Riesgo de utilizar piretroides en el hogar. 185 citas de investigaciones científicas nacionales e internacionales publicadas hasta el 20 de marzo de 2020 – Compilación de Eduardo Rossi

4- Somos Monte denuncia desmonte a 8 km del Parque Nacional El Impenetrable

5- No hay fumigación controlable. Generación de Derivas de Plaguicidas – Ing. Qco. Marcos Tomasoni

6- La responsabilidad de la agroindustria en el Covid-19 y otras enfermedades virales

Primeras firmas:(…)

Para sumar su adhesión:  huerquenweb@gmail.com                                                                            31 de marzo de 2020
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Campanas-y-Acciones/De-la-pandemia-del-agronegocio-quien-nos-cuida

Señalemos al pensamiento mágico de los estatistas o nacional populistas. En tan complejo funcionamiento de los desequilibrios socio ecológicos y de las interrelaciones sociales e internacionales en juego parece mentira la confianza en que una celebridad y su equipo puedan no sólo cambiar de raíz al Estado de la gran burguesía (cuya función antipopular y de transnacionalización se perfeccionó sobre todo desde los setenta hasta hoy) sino sobre todo cambiar al modo capitalista de producción. Más aún cuando Cerdá define: «Nosotros desde ese fomento, desde esa concientización, podemos aumentar el número de productores y eso no es en contra de nadie, sino ayudando a los que quieren reducir sus costos y de paso trabajar más sano. Hemos hecho una experiencia concreta en el campo La Primavera ( 112): bajamos de 9 mil litros de glifosato a 4 mil, después a 3 mil, hoy estamos en unos 600 litros (reducción en más de un 93%). Quiere decir que se hizo una progresión que puede ser un modelo para el país. Y lo más importante: todo lo que eso representaría para la alimentación, la salud y el medio ambiente. Ese es otro cálculo que en algún momento habrá que hacer”. 

Estado verde

29 de marzo de 2020

Por Sergio Ciancaglini

Eduardo Cerdá, ingeniero agrónomo. Lo designaron Director de Agroecología del Ministerio de Agricultura. El desafío de actuar desde lo estatal para consolidar producciones sin venenos y alimentos sanos, frente a un modelo colapsado. Por Sergio Ciancaglini.

A Eduardo Cerdá le gusta oler puñados de la tierra de los campos que recorre, para saber cuán vivo y fértil está ese suelo. Todo indica que en los próximos tiempos tendrá la nariz más ocupada que de costumbre: ha sido propuesto como Director de Agroecología (área aún en gestación administrativa) de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura. 

El vaso medio vacío determinaría que ese escalón jerárquico en el Estado puede tener olor a poco reconocimiento ante un estilo de agricultura considerado clave para lograr otra matriz productiva, alimentos sanos, campos recuperados y hasta un planeta algo más alejado del precipicio climático. 

El vaso medio lleno exhibe en cambio el aroma de la entrada oficial en agenda de un saber y una tecnología que hasta hace pocos años parecía reducida a algunos pioneros dispersos como la familia Vénica-Kleiner en la Granja Naturaleza Viva de Santa Fe, o Juan Kiehr, productor agropecuario asesorado por el propio Cerdá desde hace 25 años en Benito Juárez, Buenos Aires. Tiempos en que hasta la palabra “agroecología” sonaba como un enigmático trabalenguas para quien no había oído hablar del tema. 

Pero a esos y otros pioneros se fueron sumando experiencias que se materializan, por ejemplo, en las verdulerías y mercados de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra) y otras organizaciones; en el crecimiento de la RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología). Y a nivel internacional; en la FAO recomendando a los gobiernos el fomento concreto de esta actividad e incluso, como asunto de derechos humanos, cuando la Relatora de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, postula que la agroecología es la clave alimentaria del futuro. Y lo empiezan a reclamar de forma creciente las personas que sospechan que el sistema convencional quiere hacerles tragar cosas no muy recomendables.  

Más allá de cómo se mire el vaso, el ingeniero Cerdá está feliz: “Siento que la creación de la Dirección es una posibilidad de avanzar más rápido. Y si se avanza siempre es muy bueno para acercarnos a lo que imaginamos desde hace mucho: la agroecología es la agricultura que se viene”. 

Llueve glifosato

El argumento de Cerdá parte de la noción de que el modelo agrícola convencional y transgénico está colapsando: “Dentro de pocos años ya no serán aceptados en el mundo alimentos ni granos que tengan sustancias tóxicas. Pero aquí se han hecho las cosas en sentido inverso. De 38 millones de litros de agroquímicos y pesticidas que se fumigaban en los 90 se pasó a 500 millones actuales: el 1.300% más. Pero la superficie cultivada aumentó sólo el 50%. Encima, hay cada vez más yuyos resistentes al glifosato. En los 90 no había ninguno, y hoy son 33” (según el registro del grupo de agronegocios Aapresid, aunque pueden ser más todavía). 

Todo esto había sido anticipado a comienzos de siglo por el propio Cerdá y el ingeniero agrónomo Santiago Sarandón, creador de la primera cátedra obligatoria de Agroecología en el país. (UNLP). Analizado técnica y científicamente, el modelo de pesticidas masivos sólo podía derivar en mayores costos de producción, más uso de pesticidas y –nada paradójicamente- más plantas consideradas “malezas”. La resistencia al glifosato crece geométricamente como se podía prever desde una mirada biológica y práctica, obligando a usar mezclas cada vez más potentes y en mayor cantidad. Y a que los productores queden cada vez más entrampados en el uso de insumos costosos, suelos destruidos y enfermedades sobre sus cabezas.  

Cerdá, en ese punto, es literal: “El doctor Damián Marino del EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) ya demostró que en las zonas rurales llueve glifosato, además de todo lo que llega a los suelos, los ríos y las napas subterráneas.

O sea: ya hay nubes agroquímicas. Entonces el modelo basado en insumos tóxicos está mal enfocado. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Tirar 1.000 millones de litros? ¿O empezamos a hacer algo distinto?”.

El ofrecimiento le llegó de parte del secretario de Agricultura Familiar Miguel Gómez. “Me comentó que conocía todo el trabajo de la RENAMA y querían ver si podía desarrollarse ese tipo de acción desde el ministerio”. La RENAMA cuenta con 21 municipios asociados (incluido el uruguayo de Canelones), tres facultades de Agronomía (La Plata, Río Cuarto y Villa María), las defensorías del pueblo de provincia de Buenos Aires y de Río Cuarto (Córdoba), 29 grupos de productores y 70 profesionales, abarcando unas 85.000 hectáreas cultivadas agroecológicamente. “Sumale lo que ha crecido la UTT, y para mí los datos del Censo Nacional Agropecuario que plantean que hay 5.277 producciones agroecológicas, biodinámicas y orgánicas están subestimados: creo que son muchas más”. La UTT es el mayor gremio de campesinos y agricultores del país:  no menos de 10.000 familias. Una parte pequeña pero creciente de ellas se están volcando a la agroecología para producir frutas y verduras en el gran Buenos Aires y distintas provincias. La organización ha logrado abrir verdulerías al público (Almacenes de ramos generales) y mercados de abasto para proveer a verdulerías convencionales. 

Para comprender en parte al modelo convencional, Cerdá aporta datos reunidos de ese Censo de 2018/19: 

Desapareció el 25,2% de las EAP (explotaciones agropecuarias) desde 2002 al 2018, en pleno auge del “modelo”. Calcula Cerdá que son 80.000 productores menos en 16 años.  

Aumentó la superficie promedio de 550 a 690 hectáreas, lo que indica que desaparecen pequeños y medianos agricultores y se concentra la tierra. 

El 1,08 % de los establecimientos concentra el 36,4% de propiedad de la tierra. 

El 54,62% de los establecimientos poseen apenas el 2,25% de la tierra.  

Sostiene Cerdá: “Hay explotaciones más grandes y sojeras, Entonces, además, se invierte en equipos y no en trabajo humano, se vacían los campos, se genera desarraigo”. 

Esa ruralidad encogida y vaciada se confirma en otro dato: los productores viven en el campo solo en el 45,9% de los establecimientos y hay 75.193 viviendas deshabitadas. La duda flota: ¿se puede hacer algo distinto?

Agricultura minera

Huele Cerdá otras posibilidades: “Según el Censo Nacional Agropecuario (datos 2018) hay un establecimiento agroecológico, orgánico o biodinámico, cada 50, o el 2% del total. Ya eso significa 10 millones de litros de agroquímicos que no se usan. ¿Qué pasa si en este ciclo de gobierno vamos aumentando esa cantidad un 10% por año, o si al menos bajamos un 30% las fumigaciones? Ya serían 150 millones de litros menos, unos 500 o 600 millones de dólares. Bajarían los costos para los productores, mejoraría la balanza comercial y el gobierno podría premiar y bajar las retenciones a quien produzca de forma agroecológica”. 

Siguiente paso: “Nosotros desde ese fomento, desde esa concientización, podemos aumentar el número de productores y eso no es en contra de nadie, sino ayudando a los que quieren reducir sus costos y de paso trabajar más sano. Hemos hecho una experiencia concreta en el campo La Primavera ( 112): bajamos de 9 mil litros de glifosato a 4 mil, después a 3 mil, hoy estamos en unos 600 litros (reducción en más de un 93%). Quiere decir que se hizo una progresión que puede ser un modelo para el país. Y lo más importante: todo lo que eso representaría para la alimentación, la salud y el medio ambiente. Ese es otro cálculo que en algún momento habrá que hacer”. 

Cerdá propone una imagen: “La agricultura es extractiva. Se parece más a la minería que al cultivo y cuidado de un organismo vivo. Se plantea como monocultivo, con lo cual arrasa con una producción diversa, y extrae nutrientes y minerales del suelo que se exportan. El 80% de los granos producidos en el país alimentan a cerdos, vacas y gallinas en Europa y China principalmente, y ahí se van los nutrientes de nuestros suelos”. 

¿Qué efecto provocan esos nutrientes perdidos? “Los suelos están secos, laminados, sin capacidad de absorber el agua. Por eso hay inundaciones, y la gente pide obras hidráulicas. Todo un error: lo que está pasando es que la tierra no retiene el agua porque está casi muerta. Y eso es por haber hecho una agricultura extractiva”. Recuerda el ingeniero que el INTA comprobó en diferentes zonas que se ha perdido el 50% de la capacidad de los suelos.

Campos drogadictos

Suele plantear Eduardo Cerdá que los campos están drogados de tóxicos, adictos. Parte de su trabajo en estos años ha consistido en desactivar esa drogadicción a biocidas y fertilizantes mediante la agroecología. ¿De qué modo? “Aquí primó una idea de aumentar los rendimientos, que los cultivos dieran cada vez más, y para eso había que usar mucho fertilizante y matar a todas las plantas que no eran el cultivo en sí, el monocultivo. Y matar además a todos los insectos. Por eso hablamos de biocidas, que matan bichos y plantas, pero matan y contaminan también la vida del suelo, sus microorganismos. El suelo degradado no permite tener plantas sanas y aparecen las plagas al percibir el desequilibrio. ¿Cuál es la solución del modelo?  Poner más fertilizantes y más biocidas. Nosotros en cambio no tenemos la idea del monocultivo, y apostamos a la vitalidad del suelo. Asociamos cultivos para que no haya espacio para las plantas que son indeseables o pueden dificultar la cosecha o la calidad de producto que se quiere lograr”. 

Un asociativismo o cooperativismo biológico, con cultivos complementarios que cubren, defienden y nutren el suelo. Explica: “Y los rendimientos son similares. Eso permite que el margen de ganancia del que produce sin esos insumos sea mucho más amplio que el que tiene que comprarlos, a valor dólar encima. O sea: la producción agroecológica beneficia también por el lado económico al productor”. 

Por eso Cerdá cree que lo mejor que puede ocurrir es que los agricultores tengan la oportunidad de escuchar qué es la agroecología: “No es una agricultura de máquinas especiales, ni tampoco volver a los años 60. Es una mirada que incluye lo biológico, lo económico, la vinculación con la tierra. Una mirada social, de producción y de salud”. 

Una de las ideas que piensa impulsar es el incentivo a las huertas y producciones de cercanía en cada ciudad y cada pueblo: “Es lo que se está pensando en el programa Argentina contra el hambre, desarrollar alimentos de proximidad. Frutas y verduras, también pollos, huevos, carne, leche, y eso en coordinación con los municipios y el INTA. Recuperar esa riqueza que se eliminó con el monocultivo”.

En esa sencilla complejidad que representa la agroecología, Cerdá plantea que esos alimentos agroecológicos “tienen, además, el doble de nutrientes que los convencionales. Como las producciones se están vendiendo a precios similares, estás comprando por el mismo valor el doble de calidad y de nutrición”.

Salud y alimentación

Está sublevado Cerdá por un twit. El ex ministro de Salud de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, publicó hace poco en Twitter una pequeña radiografía del infierno. Reproduce una nota sobre el éxito del etiquetado frontal de alimentos industrializados en Perú (los que se venden principalmente en supermercados). La nota comenta que “tres de cada cinco limeños revisan la información nutricional de los productos”. El artículo informa que tras la implantación de advertencias como “alto en azúcar”, “alto en grasas saturadas”, “contiene grasas trans” y “alto en sodio”, el 77% de los consumidores eliminó todos o algunos de esos productos de sus dietas. Rubinstein entonces declara en su twit: “Resultados del etiquetado frontal de advertencia de alimentos en Perú. Ya está en Chile, Perú, Uruguay y México. En @msalnacion no pudimos por los obstáculos de la industria alimentaria y su influencia en la sec de comercio. Una asignatura pendiente de nuestros legisladores!”. 

O sea: la confirmación de todo lo que se ha venido publicando sobre la complicidad entre la industria alimentaria y los funcionarios que juegan con la salud de la gente en pro de los negocios. Que un ministro de Salud recién mencione esto a meses de haberse ido califica también su gestión. 

Cerdá: “Aquí debería existir un etiquetado que le permita al consumidor discernir si quiere comer transgénicos, o si quiere comer algo cuando el Estado le está diciendo: ‘ojo, guarda que esto es alto en azúcar’. O si tiene jarabe de fructosa que es tremendo y, lo mismo que si tiene soja, viene con glifosato. Esa declaración confirma que cedieron a las presiones y que es crucial volver a tratar el tema del etiquetado en el país”. 

Una duda aún mayor: “Hay muchos trabajos que señalan que a medida que se elevó el uso de agroquímicos, aumentaron la celiaquía, el cáncer, los problemas de tiroides. No es que vos puedas asegurar. ‘aumentó el uso de glifosato y eso generó tanto cáncer’. Pero lo que sí está claro es que el Garrahan está superpoblado de chicos con cáncer de zonas fumigadas, o que ha aumentado el autismo. O, como te decía, la celiaquía. Sin hacer una relación directa, uno puede preguntarse: ¿Qué es lo que ha cambiado? La respuesta es: la matriz productiva, la cantidad de agroquímicos que tenemos alrededor. Estamos trabajando con la Asociación de Médicos Generalistas de la provincia de Buenos Aires cómo plantear una reducción en gran escala del uso de agroquímicos”. 

A los productores convencionales hay que decirles dos palabras, según Cerdá: haga números. “Si anda con un tiempito que mire cuánto le salía hacer un cultivo de maíz o soja en 2000, 2010 y ahora, Qué pasó con los costos, los rendimientos y el suelo. Qué pasa cuando no acompaña el clima. ¿Y la salud? Porque si ganaste plata pero te enfermaste, no sé cuánto vale eso, ni quién te lo paga. Lo que yo veo es que en estos años todos han ido perdiendo, que hay más desigualdad, más enfermedad, una matriz ambiental de biocidas. Eso tampoco hay nadie que lo pague, pero por lo menos podemos empezar a hacer algo para dejar de ser tan poco inteligentes de seguir haciendo siempre lo mismo”.

https://www.lavaca.org/mu145/estado-verde/
Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/estado-verde

 

Alternativas emancipatorias

Precisamos poner fin a la naturalización de la sociedad institucionalizada por Perón para avanzar en la construcción de una real y efectiva democracia o autogobierno de los pueblos naciones de Argentina desde las existentes luchas de las diversidades de abajo y a la izquierda coherente con su esencia común-ista.

Atendamos a porqué Perón convirtió en mito a Juan Manuel Rosas, un poderoso representante de la fundamental oligarquía terrateniente por su pertenencia a la provincia de Buenos Aires y brigadier general por militarización de la expropiación a los pueblos originarios.

Mundo Agrario, vol. 1, nº 2, primer semestre de 2001. ISSN 1515-5994
Universidad Nacional de La Plata.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Estudios Histórico Rurales

Peronismo, mercantismo y política agraria en la Provincia de Buenos Aires (1946-55)

Mónica Blanco

IEHS – UNICEN – CONICET
wiltec@infovia.com.ar

1- Introducción

La política agraria desarrollada durante los dos primeros gobiernos peronistas puso un énfasis particular en la transformación del régimen de tenencia de la tierra y en la democratización en el acceso a la propiedad (Lattuada, 1986). Desde la retórica discursiva se apuntaba contra el poder de los grandes latifundistas, fundamentalmente de la región pampeana, que era donde su poder se ponía, por entonces, más en evidencia. Hacia 1944, Perón denunciaba la explotación de que estaba siendo víctima el trabajador rural y advertía a los propietarios acerca de la forma en que el Estado procuraría dar una solución a esa problemática: «Tiene (el estanciero) 10, 5, 2 leguas de campo para hacerles producir una insignificancia. Y eso lo puede hacer merced a que no les paga a los hombres que la trabajan. Ese señor es el intermediario de la tierra. Pero la tierra no puede ser un bien de renta en nuestro país. El que tiene tierra tiene que sacarle el jugo, porque ella es la riqueza del Estado. El día que pueda ponerse la tierra al alcance de la gente se solucionará el problema»(1), y prometía «… que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá un solo argentino que no tenga derecho a ser propietario de su propia tierra»(2).

Esta política, más agresiva en el discurso que en la práctica, comenzó a diluirse y a adoptar un carácter más conciliador, hacia fines de la década de 1940, cuando el modelo económico implementado empieza a mostrar visibles síntomas de agotamiento y a demandar una mayor participación del sector agropecuario en la generación de divisas (Díaz Alejandro, 1983). Así, en un mensaje a los productores rurales, en abril de 1949 ya es posible observar cambios importantes en el tono discursivo, lo cual conlleva un intento de conciliación con el empresariado rural al que hasta entonces había atacado: «Algunas veces he cargado un poco la mano sobre el capitalismo al hablar de la explotación de los hombres de trabajo. Nuestros capitalistas tienen la culpa, pero poca. El que tiene toda la culpa es el capitalismo internacional…»(3). Y hacia 1953, sus palabras lo alejan mucho más de lo que habían sido aquellas tempranas expresiones de la década del cuarenta, plasmadas en el Primer Plan Quinquenal, cuando al definir el latifundio diga que «… El latifundio no se califica por el número de hectáreas o la extensión de la tierra que se hace producir; el latifundio se califica por la cantidad de hectáreas, aunque sean pocas, que son improductivas …»(4). En estrecha relación con este redefinido discurso, nuevos incentivos económicos en forma de créditos, mecanización e incremento de precios de la producción se orientaron hacia el campo con la intención de alentar el incremento de la productividad. Paralelamente, se detenía la política de colonización, procurando con ello eliminar los posibles focos de conflicto que el accionar político previo del peronismo había contribuido a incentivar (Barsky, 1993).

En la provincia de Buenos Aires, dada la centralidad del agro en su estructura productiva, el diseño e implementación de la política agraria, sobre todo en relación a la democratización del acceso a la propiedad rural, ocupó un lugar destacado en el discurso y también en la práctica política de sus dirigentes, tanto desde el accionar del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Así los «dos tiempos» que el peronismo define en materia agraria a nivel nacional pueden ser identificados, en la provincia, con las dos gobernaciones del período: la de Domingo Mercante (1946-52) y la de Vicente C. Aloé (1953-55).

Las propias características productivas de la provincia de Buenos Aires, donde la prioridad de la actividad agroganadera era indiscutible frente al desarrollo industrial que se estaba promoviendo desde el gobierno nacional, justifican, en parte, que la vinculación de la gobernación bonaerense a la problemática del agro haya sido mayor que la del propio presidente de la República. Pero la marcada insistencia del gobernador Domingo Mercante (1946-52) en la democratización de la propiedad rural -que contrasta visiblemente con la que desarrolla su sucesor, el gobernador Vicente Aloé-, nos plantea como interrogante la posibilidad de que haya sido una estrategia política para crear redes clientelares que sustentaran un proyecto político alternativo al del gobierno central. Avanzar en esta línea de análisis nos permite ahondar en la heterogeneidad del peronismo y en el protagonismo que adquirieron o pretendieron adquirir quienes, como Mercante, constituyeron la segunda línea del movimiento y fueron alejados de la escena política al intensificarse la conducción personalista dentro del peronismo, a partir de 1950-52 (Rein, 1998). Entre las peculiaridades que presenta la conducción política de Mercante en la provincia, y en relación directa con nuestra propia línea de investigación(5), ha llamado nuestra atención el impulso dado al acceso a la propiedad por parte de los pequeños y medianos productores. Especialmente significativo nos ha resultado, precisamente, que los casos de expropiación y colonización implementados no hayan sido producto de la labor de las Cámaras Legislativas, sino que se concretaran a partir de decretos del Poder Ejecutivo.

Nos proponemos en este artículo marcar las particularidades de la propuesta agraria del gobierno de Domingo Mercante en relación al acceso a la propiedad de la tierra, contrastándolo con la política seguida por su sucesor, Vicente C. Aloé, profundamente identificado con los lineamientos de la política de «vuelta al campo»(6) diseñados por Perón a nivel nacional.(…)

La «vuelta al campo» implicó desterrar definitivamente del discurso y de la práctica el tema de la «reforma agraria». Las nuevas expropiaciones realizadas afectaron exclusivamente a tierras fiscales, aun cuando correspondió a Aloé concluir con la entrega de colonias constituidas durante el anterior gobierno. El acceso a la propiedad rural pasó a ser un tema olvidado, el énfasis, en cambio, estuvo puesto en el impulso a la productividad. El énfasis se puso en el incremento de la productividad, para lo cual se volvió imprescindible congelar el conflicto social que la retórica discursiva de los años anteriores había contribuido a generar. Se iniciaba entonces la «segunda revolución agrícola» (Coscia, 1983) con epicentro en la cerealicultura bonaerense. (…)

Fuente: https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv01n02a03/1575

Veamos el simulacro de democracia que implanta Perón para la conciliación de clases contra la lucha de clases a asumir por los trabajadores y los otros oprimidos si pretenden afirmarse tanto en su dignidad humana como en su autodeterminación. Hemos naturalizado hasta el extremo que las izquierdas partidarias exigen paritarias y consejo del salario mínimo, vital y móvil sin sensibilizarse hasta comprometerse con el rechazo contundente que este último sea de miseria y hambruna.

Preguntémonos sobre por qué urgían las divisas provenientes de la agroexportación. Sucede que la burguesía nunca se independizó. Los capitales industriales no sólo surgieron subordinados al imperialismo hegemónico sino ante todo a las ventajas comparativas de los latifundistas bonaerenses. ¿Cómo Perón congeló el conflicto social con campesinos y trabajadores rurales?

Anuario IEHS 36 (2) 2021, 261-264 • doi: 10.37894/ai.v36i2.1220

LA «REFORMA AGRARIA» PERONISTA

Juan Manuel Palacio, 2018.

La justicia peronista. La construcción de un nuevo
orden legal en la Argentina (1943-1955). Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 284 p

(…) El capítulo seis considera los debates legislativos que rodearon el proceso de creación de las Cámaras Paritarias de Conciliación y Arbitraje Obligatorio, los organismos que tuvieron a su cargo la aplicación de la normativa regulatoria referida a los arrendamientos. Estos organismos, dependientes del Ministerio de Agricultura de la Nación, fueron integrados por propietarios y por arrendatarios, en ambos casos designados por el Poder Ejecutivo. Las funciones de esas
dependencias se concentraban en tres aspectos: determinar el valor de los arren-
damientos, disponer su prórroga y resolver las diferencias entre arrendatarios y
arrendadores. Según advierte el autor, la integración de esas Cámaras fue un pro-
ceso atravesado por fuertes discrepancias con los sectores propietarios y con el conjunto del sistema judicial. A pesar de esto, continuaron operando hasta bien avanzada la década de 1960, cuando el gobierno de facto de la Revolución Argentina dispuso su disolución.

La actuación de las Cámaras, a partir del análisis de un amplio corpus de legajos
judiciales, permite advertir, en el capítulo siete, la efectividad de su funcionamiento con relación a un objetivo principal: mantener a los pequeños productores arrendatarios en el medio productivo con el
fin de evitar el despoblamiento rural.

La efectividad de estos organismos regulatorios, que se extiende en el tiempo más allá de 1955, representa para el autor “la única reforma agraria argentina” (p. 251), es decir, la herramienta más efectiva que el Estado peronista pudo generar con el fin de incidir en el funcionamiento de un sector productivo que presentaba una alta concentración de la propiedad.

En suma, el presente libro constituye un valioso aporte a los estudios sobre el
medio rural durante el primer peronismo desde una perspectiva que reconstruye el orden legal y judicial que se conformó en torno a dos cuestiones centrales: el trabajo rural y el empleo productivo de la propiedad en el medio agropecuario. En ambas cuestiones el Estado buscó generar las condiciones necesarias para la protección de aquellos sectores tradicionalmente postergados, trabajadores rurales y pequeños productores arrendatarios, en función de los intereses de los empleadores y propietarios. Fue éste un verdadero proceso de cambio que modificó las relaciones entre los principales actores del campo argentino, generando una noción de “cambio abrupto y radical” (p. 23) en la memoria colectiva de los sujetos sociales afectados.
José Marcilese
Universidad Nacional del Sur / CONICET

Necesitamos frenar la actual aceleración e intensificación de la desertificación mediante la expansión de los extractivismos: generalizar la ruptura con el sistema global de agronegocios y de los otros extractivismos. De ahí la importancia emancipatoria de superar la lucha por proyectos de leyes reformistas sin posibilidad de promulgación o mejor de puesta en práctica si no hay cambio radical del régimen latifundista y del modo capitalista tanto de producción como de mercantilización de la naturaleza. Atendamos a:

Brasil. Reforma agraria popular y lucha por la tierra

Por Instituto Tricontinental, Resumen Latinoamericano, 7 abril 2020

 

(…)La reforma agraria popular

En este contexto, el MST se ve estimulado a redefinir sus acciones estratégicas y su programa agrario. Con la consolidación del agronegocio a principios de la década de 2000, ya no cabía luchar por una reforma agraria de tipo clásico, pues era evidente que el desarrollo de las fuerzas productivas en el campo se estaba produciendo en las bases del capital, ya marcadas por una profunda crisis estructural, que disminuía aun más los márgenes de participación democrática del pueblo en el acceso a la tierra, lo que supondría una reforma agraria que reconstruyera las relaciones de poder existentes en torno a la propiedad privada. El gran capital, ahora hegemonizado por el sistema financiero y no por el industrial, ya no tenía la necesidad de realizar una reforma agraria, como sucedió en décadas anteriores; se había reinventado y descubierto nuevas formas de acumular riqueza. Las mismas tierras que en su día fueron objeto de disputa entre lxs sin tierra y los latifundistas atrasados e improductivos pasan a ser blancos del agronegocio.

Cada vez más, la lucha por la reforma agraria implica enfrentar al capital, lo que se manifiesta en la lucha contra las grandes empresas transnacionales, como las del agronegocio, responsables por la producción de los agrotóxicos, las semillas transgénicas y el agotamiento de los recursos naturales.

Las consecuencias de este modelo destructivo del medioambiente pasan a ser paulatinamente sentidas por la mayor parte de la población que vive en los grandes centros urbanos. Contaminación y escasez de agua, envenenamiento de alimentos por agrotóxicos, cambio climático y aumento de la población en las grandes ciudades son solo algunos ejemplos de la intrínseca relación entre las cuestiones agraria y urbana en la actualidad.

La realidad impone la necesidad de actualizar la lucha por la reforma agraria. De esta forma, el concepto de reforma agraria clásica pasa a ser sustituido por el concepto de reforma agraria popular, que ahora incorpora no solo la necesidad de tierra para quien la trabaja, categoría central en los años 80 y 90, sino la necesidad de producir alimentos saludables para toda la población, dándole un carácter popular a la reforma agraria.

La reforma agraria deja de ser de interés solo para las poblaciones que viven en el campo y se transforma en una necesidad del conjunto de la sociedad. De la misma manera, el campesinado solo ya no es capaz de alterar la correlación de fuerzas para reorganizar la estructura agraria. Ello solo será posible cuando las poblaciones de las ciudades también comprendan la necesidad de realizarla.

En ese sentido, la centralidad de la lucha por la tierra pasa a ser en torno a la disputa por el modelo agrícola. Si antes el enemigo se centraba en la figura del antiguo latifundista, ahora se volvió mucho más poderoso, ya que el propietario de tierras se alió con las grandes multinacionales del sector, con el sistema financiero y los medios de comunicación de masa, responsables por propagandear ideológicamente la concepción de agricultura propuesta por el agronegocio. El antiguo latifundio arcaico e improductivo se “modernizó” y ahora cuenta con alta capacidad productiva.

Por lo tanto, la reforma agraria popular es una estrategia de resistencia al modelo del agronegocio, que apunta hacia nuevas formas de lucha y reúne los fundamentos del modelo que queremos construir en el futuro, pero con acciones efectivas de cambio en el presente.

Sembrar la reforma agraria popular en el momento histórico actual implica modificar la forma hegemónica de producir alimentos. Presupone disputar los medios de producción, teniendo en la agroecología y en la cooperación los instrumentos de estudio y aplicación teórico-práctica en contrapartida al agronegocio. La base del modelo del agronegocio tiene como fundamento una producción extensiva de commodities para la exportación. La desvinculación con el medioambiente —al deforestar enormes áreas— obliga a la utilización masiva de agrotóxicos, agotando el suelo, contaminando el agua, la capa freática y los alimentos.

Por otro lado, el programa de reforma agraria popular tiene la matriz agroecológica como base de la producción agrícola, priorizando la producción de alimentos saludables y diversificados para el mercado interno en armonía con el medioambiente. Junto a eso, es preciso desarrollar un modelo económico que distribuya los ingresos y que mantenga a las personas en el campo para combatir el éxodo rural. Por eso, ella presupone la creación de agroindustrias al mando de lxs propixs trabajadorxs en los asentamientos.

Sin embargo, el concepto de reforma agraria popular va mucho más allá de las cuestiones productivas. Pasa también por la construcción de nuevas relaciones humanas, sociales y de género, enfrentando el machismo y la lgbtfobia, por ejemplo. Pasa por garantizar el acceso a la educación en todos los niveles en el medio rural, al mismo tiempo que tiene como propósito construir formas autónomas de cooperación entre lxs trabajadorxs que viven en el campo y su relación política con las masas urbanas.

Ya son muchas las iniciativas en este sentido, mediante la agrosilvicultura, el cultivo de semillas criollas, el procesamiento y la agroindustria, las ferias de comercialización directa, la investigación científica, la formación técnica y el uso de nuevas tecnologías.

Ante la complejidad del asunto y de los desafíos que se enfrentan, todavía es importante resaltar que no fueron solamente los cambios en la naturaleza del capital los que llevaron al MST a reformular la lucha por la tierra. La génesis de esos movimientos pasa necesariamente por la transformación de la sociedad, y fue justamente a partir de este elemento que fue gestada una cultura política y organizativa entre las familias sin tierra que maduró en la concepción de reforma agraria popular. Su plena realización, evidentemente, depende de cambios estructurales en la sociedad. Por ello, busca compartir con la clase trabajadora no solamente una reivindicación justa, sino un proyecto de poder, soberano y popular. (…)

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/04/07/brasil-reforma-agraria-popular-y-lucha-por-la-tierra/

En el reciente informe de la ONU se aclara que es imprescindible «adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener y revertir esa situación y proteger así la salud humana y ambiental. Algunas de las medidas esenciales son reducir la degradación de la tierra, frenar la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire, la tierra y las aguas; mitigar el cambio climático y reducir la quema de combustibles fósiles”. Joyce Msuya, directora ejecutiva de ONU Medio Ambiente, fue tajante: «Estamos causando el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. No habrá mañana para muchas personas, a menos que nos detengamos».

Advirtamos que no señalan al sistema mundo capitalista que está desplegando su criminalidad de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Por eso, precisamos romper con la ONU y toda la institucionalidad supranacional del orden imperialista. La perentoria «reforma agraria integral» debe ser anticapitalista, antiimperialista, antirracista, anticlerical, antipatriarcal y decolonial tanto del saber como del poder. Resultará de la unión de autoorganizaciones en diversidad, pero con la voluntad común de contraponerse a la concentración y transnacionalización económico territorial que el Capital Estado logró por expansión de todos los extractivismos. Que esa unión luche hacia erradicar a todos los extractivismos mediante la «reforma agraria integral» como único camino de la construcción de poder territorial de los pueblos y comunidades contra el acaparamiento gran capitalista local e imperialista de bienes comunes que desertifica y cierra perspectivas de futuro hasta del próximo.

Ya comunidades Mapuche están recuperando minúsculas partes de sus territorios para la autonomía de convivir comunitariamente y en simbiosis con biodiversidades. De ahí el despliegue de terrorismos tanto estatales como paraestatales con las tecnologías contemporáneas. Reflexionemos sobre:

revistacitrica

“Entraron por todos lados tirando gases y disparando. En ese momento vi a los niños corriendo. Nos gritaban: ‘Tanto que les gusta la tierra, al piso o las matamos’. A la machi le tiraron un gas adentro de su casa, eso provocó una explosión muy grande. ¿Con qué necesidad?

Como ser humanos fuimos vulnerados, esa situación de ser tantas veces requisada, desnudada, de estar en cautiverio nuestras lamien con los bebés de apenas un mes, siendo observadas y filmadas hasta cuando se bañaba la lamien embarazada. Nos castigan por el solo hecho de ser mapuche.

¿Por qué montaron semejante operativo, semejante cacería para siete mujeres con niños? Cuando Lewis tiene miles de hectáreas alambradas que impiden entrar al Lago Escondido. ¿De qué patriotismo están hablando? Son magnates que tienen proyectos extractivistas y que apoyan los gobiernos.

Varias comunidades se ven afectadas por el hidrógeno verde, la megaminería, los negocios inmobiliarios. Quien concentra la tierra no es el pueblo mapuche. Vienen por todo, vienen por esos grandes proyectos. ¿Quiénes molestan? Las comunidades originarias.

Sentimos que la Conquista del Desierto no terminó. El maltrato, la humillación, la violencia, las amenazas de muerte que hubo cuando asesinaron a Rafael Nahuel nos llevaron a revivir momentos muy dolorosos que tenemos en nuestra memoria, de nuestros ancestros.

Nos sentimos absolutamente atropellados. Nos reprimieron de forma desmedida. Tuvimos miedo todo el tiempo, nos filmaban con un grado de crueldad muy grande. Esto impactó en todo nuestro pueblo mapuche-tehuelche. La tortura psicológica, emocional, el maltrato culturamos que tuvimos. Nos hicieron sacar nuestra vestimenta mapuche.

No tienen intenciones de aprender, de convivir, de reconocernos, de una reparación histórica, es lo que estamos pidiendo. Este país se fundó a partir del genocidio indígena. Las tierras hoy están en manos de ingleses, italianos, de los terratenientes que financiaron la Conquista del Desierto. No cambió nada, hoy continúa todo igual en un país que se jacta defensor de los derechos humanos, pero en la práctica no existe.” 

Andrea Despó Cañuqueo al aire de @lanamunkura. Link en historias.

Compartamos, gracias a Daniela Paula Merino, otra prueba sobre la guerra contra comunidades y familias Mapuche que se atreven a disputar territorios al régimen latifundista sostenido por el Estado en todas sus jurisdicciones:

Mauro Millan

osdnetorSp52hc1ait863c0tufl700a9u368h7l8ihh3l4t2f3i18guhl4 c  ·

Hay varios allanamientos en curso en casas de familias mapuche en Bariloche, hoy sábado 29 de octubre. ATENCION

Coincidimos con que la «soberanía alimentaria» es guía teórico práctica del cambio social.

 

Soberanía alimentaria: el camino a seguir

Por Silvia Ribeiro*

El 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación según la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), fue marcado por más millones de gente con hambre, muchos más en pobreza, en medio de la crisis por el aumento de precios de los alimentos. Covid, guerras y cambio climático convergen de la peor manera para exacerbar la situación, que es aprovechada por las trasnacionales de los agronegocios y del comercio de alimentos para especular.

La Vía Campesina, el mayor movimiento global de organizaciones campesinas, llama al 16 de Octubre Día internacional de acción por la soberanía alimentaria de los pueblos contra las trasnacionales. Este año compartió su análisis de coyuntura y propuestas con la declaración La soberanía alimentaria es la única solución y camino a seguir (https://tinyurl.com/5x4cj327).

La crisis alimentaria en este momento es inédita, afirman, porque se desarrolla en medio de un contexto global más difícil que el de la crisis alimentaria y la de combustibles en el año 2008. La intensidad y frecuencia de los choques climáticos se han más que duplicado en comparación con la primera década de este siglo. En los últimos 10 años, alrededor de mil 700 millones de personas se vieron afectadas por desastres relacionados con el clima, de las cuales casi 90 por ciento se convirtió en refugiados climáticos. El hambre, la desnutrición y la pobreza son más difíciles de superar debido a las guerras, los conflictos y los desastres naturales en curso. Esto obstaculiza todos los aspectos de un sistema alimentario, desde la recolección, procesamiento y transporte de alimentos hasta su venta, disponibilidad y consumo.

Sin embargo, anota la Vía Campesina, el problema no es de producción ni de abasto –se producen alimentos más que suficientes para toda la población mundial– sino de acceso a los alimentos, dificultado por una cadena alimentaria industrial controlada por trasnacionales. Las empresas controlan macrodatos, tierras agrícolas, recursos oceánicos, semillas y agroquímicos, al tiempo que se apropian de 80 por ciento de los alimentos producidos por las y los agricultores familiares.

A su vez, presionan para que haya cada vez menos controles de parte de gobiernos y de organizaciones internacionales. La Cumbre de Sistemas Alimentarios realizada en 2021, en gran parte promovida por las trasnacionales, tuvo como uno de sus objetivos debilitar los pocos mecanismos de gobernanza pública de los sistemas alimentarios (https://tinyurl.com/4jsdk288).

Denuncian también la tendencia en todo el mundo a la reducción de espacios para la acción civil y el aumento de violaciones a los derechos humanos, la opresión y criminalización de personas y organizaciones que defienden la tierra. Hay más represión desde los estados, utilizando fuerzas militares y de seguridad, al tiempo que cae la legitimidad del sector público tanto por la cooptación corporativa como por una narrativa de desarrollo que asigna un papel de liderazgo a la inversión del sector privado.

No obstante, destacan que “en las últimas tres décadas ha habido un crecimiento de una red cada vez más robusta, diversificada y articulada de pequeñas y pequeños productores de alimentos, trabajadores y otros actores sociales perjudicados por el sistema alimentario globalizado liderado por corporaciones, que abogan por una transformación radical de los sistemas alimentarios y agrícolas basada en la soberanía alimentaria. Estos movimientos se han comprometido decididamente en la defensa y construcción de dispositivos de abastecimiento de alimentos ecológica y socialmente sostenibles y arraigados territorialmente, que tienden a denominarse ‘alternativos’, aunque son responsables de hasta 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el mundo. Repensar las políticas agrícolas como una cuestión de seguridad económica y nacional debe ser una prioridad”.

Para ello proponen, entre otras medidas, el cese de la especulación alimentaria y la suspensión de la comercialización de alimentos en las bolsas de valores; la exclusión de la producción de alimentos de los acuerdos de libre comercio y de la Organización Mundial de Comercio; prohibir el uso de productos agrícolas para producir agrocombustibles o energía.

Exigen un cambio radical en las políticas alimentarias a nivel nacional e internacional, que incluya un nuevo marco global basado en la soberanía alimentaria, no en el comercio, a fin de fortalecer la agricultura campesina local y nacional, para garantizar una base estable para una producción de alimentos relocalizada, el apoyo a mercados liderados por campesinas y campesinos locales y nacionales, y proporcionar un sistema de comercio internacional justo basado en la cooperación y la solidaridad.

Abogan por un cambio radical hacia la agroecología para producir alimentos saludables para el mundo. Debemos enfrentar el desafío de producir suficientes alimentos de calidad al tiempo que reactivamos la biodiversidad y reducimos drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.

Efectivamente, para enfrentar el hambre, el cambio climático, la destrucción ambiental y social, las crisis de salud, la verdadera soberanía alimentaria desde y con las comunidades campesinas e indígenas es la única solución.

* Investigadora del Grupo ETC

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2022/10/22/opinion/019a1eco?fbclid=IwAR3EwZiz7suG1xAJ6_yvHI8c3WlFB1ySLHeQaqIp2IfTikj8Uy0QsCRztYA#.Y1QgCiXyXZw.facebook

Compartamos el enfoque opuesto al que la actual Vía Campesina expresa, hoy domesticada por los progresismos y el Papa Francisco o mejor el cardenal Bergoglio peronista de ultraderecha, partícipe  de la dictadura militarizada del contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales y represor tanto de los artistas(por ejemplo de León Ferrari) como de las mujeres y disidencias.

Llamamiento de la VI Conferencia de
la Vía Campesina Egidio Brunetto – 9 al 13 de junio

(Yakarta, el 12 de junio de 2013) Nosotros, La Vía Campesina, venimos a extender nuestro llamado urgente a tejer hilo a hilo la unidad a nivel global entre organizaciones del campo y la ciudad para participar activa, propositiva y decididamente en la construcción de una nueva sociedad, basada en la soberanía alimentaria, la justicia y la igualdad. Nos encontramos aquí convocados por el espíritu de nuestros amigos y líderes, y todos aquellos cuyo coraje y compromiso con nuestras luchas nos inspiran. La Vía Campesina, un movimiento internacional campesino que reúne a más de 200 millones de campesinas y campesinos, pueblos indígenas, pescadores, recolectores y trabajadores agrarios. Con la creatividad de las mujeres y el entusiasmo de nuestros jóvenes venimos de 150 organizaciones y 70 países. Estamos en Asia, hogar de la mayoría de campesinas y campesinos del mundo para festejar nuestros primeros veinte años de lucha.

Comenzamos nuestro camino en Mons (Bélgica) en el año 1993 y articulamos nuestra visión radical de la Soberanía Alimentaria en 1996 en Tlaxcala (México), logrando reposicionar al campesinado, hombres y mujeres como actores sociales centrales en los procesos de resistencia a la agenda de comercio neoliberal y en la construcción de alternativas. Los pueblos de la tierra somos actores indispensables en la construcción, no sólo de un modelo de agricultura distinto, sino de un mundo justo, diverso e igualitario. Somos nosotras y nosotros los que alimentamos a la humanidad y cuidamos la naturaleza. Las generaciones futuras dependen de nosotros para el cuidado de la tierra.

Hoy más que nunca, otro mundo es urgente y necesario. La destrucción de nuestro mundo a través de la sobrexplotación y desposesión de los pueblos y la apropiación de los bienes naturales está produciendo la actual crisis climática y profundas desigualdades que amenazan a la humanidad en su conjunto y a la vida misma. La Vía Campesina dice un rotundo NO a esta destrucción impulsada por las corporaciones.

Nosotros estamos construyendo nuevas relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza sobre la base de la solidaridad, la cooperación y la complementariedad. En el corazón de nuestra lucha está en la formulación de una ética para la vida que atraviesa todas nuestras acciones y búsquedas. La Vía Campesina se ha comprometido a dar visibilidad a todas las luchas locales alrededor del mundo, asegurando que sean entendidas desde una perspectiva internacional y contribuye a involucrarlas en un gran movimiento global por la soberanía alimentaria, el cambio social y la autodeterminación de los pueblos del mundo. (…)

Fuente: https://viacampesina.org/es/llamamiento-de-yakarta/

Valoremos por qué la creación de buenos vivires o de comunidades en armonía con la naturaleza o Madre Tierra requiere, en simultáneo, autoorganización de confrontación con el Capital y su Estado en todas las jurisdicciones:

Más violencias contra el pueblo guardián de la mapu.

Allanamientos en furilofche: se acentúa la política racista estatal.

Durante la madrugada de hoy, sábado 29 de octubre de 2022, la Injusticia realizó

allanamientos a casas de integrantes de comunidades mapuche, secuestrando teléfonos celulares y pertenencias: Isabel Huala. Lof Walawe, Padre y Madre de Romina Jones. Lof Quemquemtrew. María Nahuel. Lof Wigkul Lafken Mapu. Una lamngen (hermana) de la

Biblioteca Aimé Painé. Fiorella Jones. Bariloche

Hoy allanan, mientras la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan, junto a Martha

Jaramillo, Romina Rosas (quien parió en cautiverio a su hija) y Celeste Ardaiz Guenumil

siguen con prisión preventiva y llevan 21 días de huelga de hambre.

El extractivismo avanza sobre los cuerpos que hace siglos que trata de exterminar.

El capitalismo nunca ha roto sus alianzas con el racismo y el patriarcado. Y el clasismo

sigue estereotipando una idea de “progreso en paz que hay que defender de los

terroristas” que hiere profundamente los tejidos sociales, con la complicidad de los

medios de comunicación hegemónicos.

El pueblo mapuche continúa resistiendo, existiendo y defendiendo la vida. Tienen

derechos ciudadanos, aunque a muchos les siga molestando que las sombras de lo no

humano se llenen de identidad, colores, sonidos, recuperen su lengua y escupan

palabras sobre los muros urbanos, de ciudades muy prolijas para la venta.

Las comunidades mapuche no están solas. Hay una comunidad plurinacional en acción

por la defensa del territorio. Nos sostenemos en las redes que se empezaron a tejer

mucho antes que la conquista de señores blancos fragmentara el territorio con límites

políticos, partiendo a las comunidades ancestrales, convirtiéndolos en extranjeros de los

cuales hay que defenderse. Muy paradójico.

La criminalización de las comunidades del pueblo mapuche y de gente consciente que

acompaña es una práctica de la política de control social del capitalismo extractivista.

Los saqueadores no son extranjeros, son “multinacionales” con cómplices privilegiados,

defensores de un nacionalismo que ya no les importa a sus patrones. La mapu para sus

sicarios es un botín de guerra por el cual no dejan de amenazar, hostigar y atentar

impunemente contra la vida de quienes resisten en las reivindicaciones territoriales.

Pretenden subordinar a los pueblos a las lógicas políticas del capitalismo racista,

colonialista y patriarcal para legitimar la usurpación de tierras y la apropiación del agua

y otros seres vitales para la humanidad y el equilibrio en los territorios, mercantilizando

el valor de su existencia.

Vieja lógica, nuevas resistencias. Hay pueblos haciendo comunidades, desde Abya Yala

hasta Kurdistán. Hace mucho tiempo que en los feminismos comunitarios venimos

aprendiendo entre quienes ya no nos callamos más.

Denunciamos a la justicia racista, colonial y patriarcal que se hace cómplice y partícipe

de estas maniobras.

No podemos aceptar mansamente tanto atropello.

Abrazamos la lucha del pueblo mapuche.

Exigimos la desmilitarización del territorio

Regreso de la Machi Betiana Colhuan Nahuel a su Rewe y la comunidad al territorio.

Basta de criminalizar y judicializar al pueblo mapuche

Feministas del Abya Yala

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.