Qué democracia-Julio 2022
Con izquierdas reformistas mayoritarias y todas sin los principios zapatistas de caminar preguntando y desplegar horizontalmente el antagonismo irreconciliable con el Capital y su Estado.
Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/
Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias
Legalidad-legitimidad de la gran burguesía
Reparemos cómo las dirigencias de abajo y a la izquierda no sitúan en la actual inflexión histórica de la humanidad, patentizada tanto por la pandemia como por el confinamiento militarizado de toda la población que el sistema –a través de los gobiernos locales- dispuso en nombre de cuidarla.
Persisten, por un lado, en esquematizar la coyuntura señalando el imperativo del ¡Fuera FMI! y por otro, en limitar el protagonismo de los trabajadores (activos, pasivos, formales e informales, desempleados, subocupados…) a la exigencia de ser respetados en sus derechos a una vida digna. Cuando la historia argentina e internacional prueba que el crecimiento político económico del Capital implica avance en la súper explotación tanto de los trabajadores como de la naturaleza. En la actualidad ha maximizado la acumulación oligopólica de riquezas y poder de dominio. Resulta irracional e imposible que las reivindicaciones de las diversidades de abajo sean satisfechas por el poder real cuya omnipotencia no sólo a extremar el acaparamiento de las condiciones de vida-trabajo sino sobre todo se debe a una democracia que ha optimizado su esencia contrainsurgente y a izquierdas de variados reformismos o pro capitalistas.
Tamaña simplificación de las consignas de izquierda no sólo bloquea el pensamiento crítico de la inmensa mayoría sino también ayuda a esas dirigencias a presentarse como atentas al sufrimiento y a las necesidades populares en contraste con el gobierno de los Fernández. Reflexionemos sobre:
Argentina. El Gobierno le da la espalda a la crisis social y
se abraza aún más al FMI
Resumen Latinoamericano 11 de julio de 2022.
En el país hay 17 millones de pobres y una emergencia que se agrava día a día bajo los golpes de la inflación. Pero el Gobierno decidió darle la espalda a esta situación y anunció un paquete ortodoxo de ajuste fiscal que solo empeorará esto. Hay otro camino: el sábado marchamos miles a Plaza de Mayo y en todo el país planteando otra salida a favor de las grandes mayorías. Hay que fortalecer esa perspectiva. Son ellos o nosotros.
A esta altura no es novedad que el Frente de Todos traicionó sus promesas de campaña de 2019. Desde entonces, los salarios siguieron perdiendo, la pobreza aumentó y se redobló la subordinación al FMI, legitimando la deuda de Macri.
Del otro lado, los mismos de siempre siguieron ganando. Los banqueros, los sojeros, los grandes empresarios. Entre los jubilados y los bancos, eligieron a los bancos.
El país ya tiene más de 17 millones de pobres y la situación empeora día a día bajo los golpes de la inflación, que ahora ha vuelto a acelerarse.
Ante este panorama, el Frente de Todos ha decidido salir por derecha de la crisis de la renuncia del ministro Martín Guzmán.
La nueva ministra Silvina Batakis (nombrada con el acuerdo de Cristina Kirchner) anunció en la mañana de este lunes un paquete de medidas ortodoxas a pedido del FMI. Más ajuste fiscal, congelamiento de la planta del Estado, tasas de interés positivas, entre otras medidas, bajo la ratificación de que sí o sí se cumplirán las metas con el FMI.
Esto no hará más que agravar la situación social. La deuda que no se cumplirá es la deuda con las grandes mayorías. No hubo un solo anuncio dedicado a mejorar la situación de los salarios, de las jubilaciones, de la vivienda, la salud o la educación. Todo lo contrario. Solo más y más ajuste.
Ante este panorama, hay que fortalecer la perspectiva que miles plantamos en las calles este 9 de Julio marchando a Plaza de Mayo y en todo el país. Porque lo que viene son más ataques, pero hay otra salida, que es bajo un camino de lucha, organización y de ruptura con el FMI.
Este sábado que pasó decenas de organizaciones políticas, sociales y de trabajadores nos movilizamos de forma unitaria bajo las siguientes consignas, y ese es el camino que el PTS apuesta a profundizar en todos los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios, construyendo al calor de estas batalles una salida de fondo, por un Gobierno de los trabajadores:
¡No al pago de la deuda externa! ¡Anulación del acuerdo del gobierno con el FMI!
¡Basta de ajuste, saqueo, extractivismo y dependencia! ¡La deuda es con los pueblos y la naturaleza!
Que los recursos vayan a resolver las necesidades populares: salarios, trabajo, jubilaciones, salud, educación, vivienda y cuidados.
El ajuste es también a través de la inflación. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Actualización mensual de salarios, jubilaciones y programas sociales.
Por el triunfo de todas las luchas obreras y populares.
Por un paro nacional y plan de lucha contra el ajuste.
Abajo la criminalización de la protesta
Observamos que repiten consignas desde hace décadas y reducidas a alentar los deseos de bienestar e indignaciones contra el gobierno de los Fernández o de Alberto para quienes no quieren ver a Cristina Fernández como principal responsable.
Lo fundamental es que no sólo reducen la mirada de las diversidades de abajo a tener en cuenta la crisis social en Argentina sino también aíslan el país del sistema mundo capitalista en aguda crisis estructural cuyos oligopolios dominantes pretenden superarla acelerando e intensificando sus expropiaciones y expoliaciones, sobre todo en los países periféricos como la Argentina.
Es hora de destapar a estas dirigencias de izquierda centradas en las elecciones como cómplices de la continuidad de nuestro sometimiento al Capital y su Estado. Analicemos sobre qué colaboran en ocultar:
El gran quiebre del siglo XXI
Democracias secuestradas, propaganda y rebeliones
16 de julio de 2022
Por Jorge Majfud | Rebelión
¿Dónde se demuestra que la prosperidad procede de la riqueza acumulada de los ricos? ¿Por qué no ver que el desarrollo y la riqueza son productos de la humanidad, sobre la experiencia y el conocimiento acumulado de la milenaria historia humana?
El profesor Walter Scheidel, en su libro The Great Leveler mostró, de forma más que convincente, que desde la prehistoria hasta nuestros días todos los sistemas socioeconómicos que conoció la humanidad tendieron a la desigualdad y terminaron en catástrofes globales. Lo primero es bastante obvio y lo estamos viendo hoy en día: aquellos que tienen poder financiero y económico tienen poder político inflamado, lo que lleva a un efecto bola de nieve. Los ricos y sus corporaciones son los grandes donantes de los partidos políticos y luego escriben las leyes a su conveniencia. En 1971, un clásico de los comics políticos, The Wizard of Id lo resumió de forma insuperable: “La regla de oro consiste en que quien tiene el oro hace las reglas”.
En 2013, el filósofo francés Thomas Piketty escribió su aclamado libro El Capital en el siglo XXI donde expresó que, en gran medida, el crecimiento de la desigualdad se debe a que la riqueza de los ricos (basada en acciones y propiedades) creció más rápido que la economía y los ingresos del resto, es decir, más rápido que los salarios de quienes luchan por sobrevivir.
Pero la desigualdad no es solo económica; también es racial, sexual, religiosa, ideológica y cultural. Desde generaciones, las sociedades han debatido sobre el significado de desigualdad social y si esto es bueno o malo. Una de las hipótesis conservadoras (ya que nunca alcanzaron categoría de teorías) radicó en justificar la desigualdad como una consecuencia natural de la prosperidad. En una tribu o en la Antigüedad las diferencias nunca fueron tan grandes como en nuestras (orgullosas) sociedades actuales. De ahí se impuso la idea de que (1) la prosperidad procede de la inequidad o (2) la inequidad es una consecuencia necesaria e inevitable de la prosperidad. “Nunca antes los pobres fueron menos pobres que hoy”, y todo eso hay que agradecérselo al capitalismo y a los ricos.
Esta demostración de ignorancia radical es la bandera de libertarios y neoliberales, misioneros contra la intervención de los gobiernos (de sus regulaciones y sus impuestos) en la vida social y económica de los pueblos. Irónicamente, tienen a EEUU como modelo ideológico, cuya prosperidad, como la europea, fue construida en base a la esclavitud y a fuerza de brutales intervenciones imperiales (de los gobiernos y sus agencias secretas) sobre el resto de la humanidad. Tampoco consideran que las corporaciones son dictaduras como lo eran los feudos en la Edad Media y las repúblicas bananeras más recientemente.
Meros mitos. ¿Dónde se demuestra que la prosperidad procede de la riqueza acumulada de los ricos? ¿Por qué no ver que el desarrollo y la riqueza son productos de la humanidad, sobre la experiencia y el conocimiento acumulado de la milenaria historia humana?
Otro de los dogmas del mundo actual radica en una mala lectura del mismo Adam Smith, según el cual todo progreso social se basa en la ambición y el egoísmo del individuo. De ahí, el mito social según el cual el progreso y la prosperidad se basan en la ambición de los individuos por ser millonarios, razón por la cual no hay que “castigar el éxito” con impuestos. Un mito popular pero barato, si consideramos que todos los progresos, todos o casi todos los inventos técnicos, científicos y sociales que registra la historia (incluso en la Era capitalista) han sido hechos por gente que no estaba pensando en el maldito dinero.
Los mitos sociales no proceden del pueblo. Proceden del poder. Sí, (1) la Revolución Industrial multiplicó (2) la riqueza y (3) la desigualdad por cien, pero no se puede separar los tres elementos del (4) brutal imperialismo euro-estadounidense. Si América del Sur hubiese saqueado al resto del mundo por siglos, hoy sería modelo de progreso y desarrollo.
El hecho de que hoy los pobres sean menos pobres que ayer no es una prueba de las bondades del capitalismo, ya que la Humanidad ha venido haciendo progresos por milenios y todos de forma acelerada. Ningún progreso técnico o científico se debe al capitalismo ni a los capitalistas. Los millonarios solo lo secuestraron. El capitalismo corporativo actual es una herencia del sistema esclavista: en nombre de la libertad concreta: la explotación de los de abajo, la concentración de la riqueza, la sacralización de los amos-empresarios y la demonización de los trabajadores-esclavos.
En este momento, el capitalismo no está aportando nada más que problemas existenciales, como (1) la destrucción del planeta a fuerza de crecimiento basado en el consumo y la destrucción y (2) el agravamiento de las diferencias sociales, las que conducirán a mayores conflictos. El capitalismo está agotado y la crisis radica en negar la socialización del progreso humano, el cual será inevitable (luego del quiebre) con la robotización masiva y el desarrollo de las IA.
Sugerir que el problema de la desigualdad sea solucionado con limosnas es como combatir una infección con una aspirina. En lugar de curarse, la infección aumenta. El quiebre podría evitarse por un acuerdo global, pero si la sensatez no fuese un bien escaso, no estaríamos ahogándonos en una crisis ambiental. La alternativa es un colapso global, una situación distópica donde se rompan todas las leyes aceptadas hoy como dogmas, como el valor del dólar, de la propiedad privada. Un colapso donde no haya ganadores sino una regresión definitiva a la Edad Media.
Si en un pueblo hubiese gente muriéndose de hambre y alguien se le ocurriese encender un cigarro con un billete de cien dólares, sería calificado de inmoral. Bueno, esa es la situación hoy en día. Es decir que estamos en el primer nivel de tres:
1) Moral: Es inmoral que mueran niños de hambre en un mundo superrico e hiper tecnológico. Necesidades básicas cubiertas sería el primer escalón de una civilización humanista.
2) Injusticia: Luego, quedaría la discusión de la injusticia de lo que le toca a cada uno y en base a qué razón.
3) Conveniencia: una discusión menos relevante es sobre la necesidad o la conveniencia de la inequidad. Para muchos de nosotros, la equidad favorece el desarrollo y hasta la producción de riqueza. El crecimiento como condición previa a cualquier redistribución es un dogma creado por el poder.
Los superricos son los enemigos de la Humanidad. No sólo le secuestran riqueza al resto, no sólo monopolizan la política en democracias y dictaduras, sino que lo mantiene en estado de hipnosis a través de (1) los grandes medios de propaganda, (2) los medios de distracción, de diversión tóxica y fragmentaria, y (3) por la virtud de mantener a otros millones de humanos en estado de necesidad, como esclavos asalariados sin tiempo para pensar que los piratas no son sus hermanos ni sus vecinos.
Pero gran parte de la humanidad ama, admira y desea a los superricos, como los esclavos amaban a los amos que les arrojaban una pócima al final de una jornada agotadora. El amo y la pócima eran recibidos como una bendición y los rebeldes como los demonios que querían poner el mundo patas arriba.
Fuente: https://rebelion.org/democracias-secuestradas-propaganda-y-rebeliones/
Cuestionemos la interpretación de Jorge Majfud de la realidad psicosocial e internacional conque concluye su nota. Félix Guattari subraya que las subjetividades (sociales e individuales) resultan de cadenas de montaje tanto en el capitalismo como en el socialismo burocratizado. En el primero la producción masiva de subjetividades se instala desde la infancia y también en el segundo, pero –opino- su diferencia esencial es cómo usan la creatividad y tecnología de avanzada, además de la construcción universal de conceptos y sentidos guías de la vida social e individual.
Si bien considero a China como capitalista e imperialista, su partido comunista (además de degradado) muestra atraso enorme respecto a las potencialidades contemporáneas de incidir en la opinión pública sin fronteras por cerrazón en productivismos materiales y no valorar como el Capitalismo Mundial Integrado (CMI), al decir de Félix Guattari, el constante escrutamiento de las subjetividades clasistas, nacionales e internacionales. De ahí, pienso, que el consenso social mundializado asocie a China con autoritarismo extremo sin descubrirlo -con otras formas debidas a culturas e historias distintas- en los imperialismos occidentales. En el libro Micropolítica (ediciones Tinta Limón, 2013), Félix Guattari señala:
El CMI se afirma en modalidades que varían de acuerdo el país o con el estrato social a través de una doble opresión. Primero, por la represión directa en el plano económico y social –el control sobre la producción de bienes y de relaciones sociales a través de los medios de coerción material externa y de la sugestión de contenidos de significación. La segunda opresión, de igual o mayor intensidad que la primera, consiste en que el CMI se instala en la propia producción de subjetividad: una inmensa máquina productiva de una subjetividad industrializada y nivelada a escala mundial se ha convertido en un dato de base de la formación colectiva de trabajo y de la fuerza de control social colectivo. (…)
La tendencia actual consiste en que todo se iguala a través de grandes categorías unificadoras y reductoras –tales como el capital, el trabajo, cierto tipo de salario, la cultura, la información- que impiden que se dé cuenta de los procesos de singularización colectiva e individual. Toda creatividad en el campo social y tecnológico tiende a ser aplastada, pero todo microvector de subjetivación singular es recuperado. Y una deriva general de los modos territorializados de subjetivación se impone por todas partes.
Es reacción frente a: Tradiciones milenarias de un cierto tipo de relación social y de vida cultural son rápidamente barridas del planeta. Todas las identidades culturales residuales son contaminadas. Todos los modos de valorización de la existencia y de la producción se encuentran amenazados en el actual desarrollo de las sociedades. Hasta los valores más tradicionales, más fuertemente anclados, como el trabajo, están siendo minados desde dentro por las revoluciones industriales. Si analizásemos con cuidado lo que pasa con las personas que inventan semióticas ricas y personalizadas, como es el caso del candomblé, veremos que no son completamente impermeables y autónomas en relación con los modelos dominantes. (…)
Raúl Prada Alcoreza, en “Ética y responsabilidad”nos plantea:
¿Cómo se activa la potencia social, cómo se libera la potencia social, cómo se interpela a los sujetos sociales, atrapados en estas redes de la reproducción capitalista y de las dominaciones, de sus propias dominaciones? ¿Cómo se los convoca a liberarse de sus propias cadenas? Otra vez, no bastan las denuncias, tampoco las interpelaciones, así que como no son suficientes las utopías, tampoco es suficiente la crítica, es indispensable el remozamiento, el desplazamiento y las rupturas histórico-político-culturales en los ámbitos y contextos de las prácticas sociales. Éste es uno de los desafíos.
Fuente: https://www.bolpress.com/2022/06/30/etica-y-responsabilidad/
Bloqueo de la lucha de clases
Necesitamos, en la actual inflexión histórica, multiplicar espacios en común para debatir sobre los gobiernos progresistas. Ya que alabarlos implica ningunear e invisibilizar las rebeliones antineoliberales de los pueblos que dieron lugar a la existencia de ellos. Y hoy los principios medulares en el abrir caminos emancipatorios deberían ser políticas de facilitación y suscitación de la unión entre las diversidades de abajo según se asumen como comunidades y naciones autónomas, pero mirando a su confederación democrática.
Advirtamos la equivocada interpretación de Ollantay Itzamná sobre esos gobiernos que han sido y son todos nefastos. Han posibilitado, durante casi o más de una década, la profundización de la acumulación oligopólica de riquezas y poder mediante los extractivismos. Lo han hecho y hacen contraponiéndose a las rebeliones antineoliberales de los pueblos que les dieron origen.
No son los tradicionales partidos políticos de izquierda
quienes ganan las elecciones en el continente
13 de julio de 2022
Por Ollantay Itzamná| Rebelión
(…) Largos procesos de organización, movilización, formación. Los últimos resultados electorales en Colombia, Honduras, México, Chile, Bolivia, por mencionar algunos países donde el “progresismo” triunfa en las urnas, no fueron únicamente resultados de procesos políticos electoralistas (campañas electorales de semanas), sino producto de un largo y persistente trabajo de organización, concientización, formación, movilización y articulación política en el campo y en las ciudades. Lo electoral fue el resultado de ese esfuerzo de la construcción de la fuerza/sujeto sociopolítico.
Por tanto, es iluso pensar que “realizando alianzas electoralistas” bajo la premura de las próximas elecciones generales “cosechemos” resultados óptimos. Nadie cosecha lo que no siembra, dice el adagio. Y los campesinos decimos: quien cosecha lo que no siembra, roba.
A Chile, Bolivia, México, Colombia, Honduras, les llevó más de una década de trabajo organizativo, formativo, de articulación en las calles, en las asambleas, en el campo y en las ciudades.
No fue producto de la alianza electoralista de partidos políticos únicamente. En ningún caso las fuerzas progresistas triunfaron sólo y únicamente con la alianza o articulación entre los partidos políticos. Es más, en casos como Chile, Honduras, México, Colombia, los partidos políticos de izquierda se acercaron y articularon con movimientos sociales (campesinos, mujeres, jóvenes, indígenas, trabajadores, etc.) antes que con los otros partidos de izquierda.
En el caso de Honduras, el triunfo del partido Libertad y Refundación LIBRE no se puede entender desligado del legado y de la fuerza social del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Como tampoco se puede entender el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS IPSP), sin los movimientos sociales matrices que lo sustentan. O el caso de Pedro Castillo, en el Perú, sin la fuerza de las rondas campesinas y magisteriales del país.
No buscan ganar elecciones como fin último. El objetivo de estas fuerzas progresistas que triunfaron en las urnas no fue “ganar elecciones”. El objetivo fue y es realizar cambios profundos en dichos países. La apuesta es hacerle frente con creatividad al neoliberalismo privatizador, al imperialismo eco fascista, al neocolonialismo externo e interno racista, al patriarcado y al ecocidio.
De allí proviene la apuesta por procesos de asambleas constituyentes plurinacionales como el único camino en algunos de estos casos, o la propuesta de la construcción de estados plurinacionales.
El mandato de la articulación surge en las comunidades, pueblos y sectores. En todos los casos, la necesidad de la articulación sociopolítica, aparte de ser constante, fue y es un mandato de las comunidades, pueblos, colectivos, movimientos… fastidiados por los impactos del pandémico sistema neoliberal.
En este sentido, esa apuesta de articulación provino de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro, del campo hacia las ciudades. No fue una iniciativa o capricho de la envejecida “vanguardia revolucionaria” en las ciudades capitales de las repúblicas racistas, desarrollistas y machistas.
Es importante tomar en cuenta estas premisas sociopolíticas para comprender la ecuación política progresista y sus resultados en la región.
¿Existe proceso de articulación sociopolítica liberadora en Guatemala?
En Guatemala necesitamos alianzas sociopolíticas para avanzar hacia la construcción del Estado plurinacional para reconstruir los buenos vivires para todos los pueblos. Claro que sí. Y estamos en ese proceso desde hace algunos años atrás.
Desde las comunidades y pueblos organizados en resistencia frente a la inclemencia neoliberal nuestro objetivo es claro: No buscamos “recuperar” este Estado criollo genocida y corrupta.
Buscamos construir un Estado plurinacional donde quepamos todas y todos, incluida nuestra Madre. Sólo así avanzaremos hacia el Buen Vivir. Y nuestra metodología política es el proceso de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.
Cualquier otro esfuerzo de articulación política de fuerzas “progresistas” es únicamente distractiva, o tiene la finalidad de impedir el proyecto plurinacional en Guatemala. Nosotras/os no buscamos ganar elecciones generales para posesionar y celebrar una “nueva” élite política que administre el Estado podrido de Guatemala. Construimos una fuerza sociopolítica, con su propio instrumento político (que no funciona como partido, ni obedece a su secretario general), para recuperar todos los bienes comunes privatizados, acelerar el proceso constituyente plurinacional para crear un Estado plurinacional.
Ollantay Itzamná. Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala.
Blog del autor: https://ollantayitzamna.com/
@JubenalQ
Fuente: https://rebelion.org/no-son-los-tradicionales-partidos-politicos-de-izquierda-quienes-ganan-las-elecciones-en-el-continente/
Discrepamos con Ollantay Itzamná en su caracterización de los gobiernos progresistas:
«No buscan ganar elecciones como fin último. El objetivo de estas fuerzas progresistas que triunfaron en las urnas no fue “ganar elecciones”. El objetivo fue y es realizar cambios profundos en dichos países. La apuesta es hacerle frente con creatividad al neoliberalismo privatizador, al imperialismo eco fascista, al neocolonialismo externo e interno racista, al patriarcado y al ecocidio.
Señalemos su no percatarse que todos los gobiernos progresistas se debieron a autoorganización de diversidades de abajo en oposición e incluso rebelión contra el neoliberalismo. De ahí que sostenga la creación de un Estado plurinacional a través de un proceso constituyente plurinacional. Sin embargo, comprobamos el no cumplimiento de lo decidido por Asambleas Constituyentes en el pasado reciente del Abya Yala. Entonces por qué seguir insistiendo en que:
«La nueva Constitución abre un camino para hacer realidad, mediante lucha organizada, los derechos sociales» Entrevista a Manuel Cabiesesn’, publicada por Rebelión (15/07/2022).
Ya Lenin en la “Tesis sobre la Asamblea Constituyente” de diciembre de 1917 explica por qué no se realizó su convocatoria pese a estar en el programa de la socialdemocracia revolucionaria. Argumenta que, por un lado, la Asamblea Constituyente representa la forma superior de la república burguesa, pero ya existe la República de los Soviets (de diputados obreros, soldados y campesinos) que “no sólo es el tipo más elevado de institución democrática (comparada con la usual república burguesa coronada por una Asamblea Constituyente) sino la única forma capaz de asegurar el tránsito menos doloroso posible al socialismo”.
Por otro lado, a mediados de 1917 el partido político que obtuvo más votos sobre todo entre los campesinos en las elecciones a la Asamblea Constituyente presentó listas unidas. Sin embargo, se dividió en noviembre de 1917 después de esas elecciones y antes que se reuniera la AC.
“Por eso, no hay ni puede haber siquiera correspondencia formal entre la voluntad de la mayoría de electores y la Asamblea Constituyente elegida.
En segundo término, lo más importante, no formal ni jurídico, sino económico social, la fuente clasista de la discrepancia entre la voluntad del pueblo y sobre todo la voluntad de las clases trabajadoras, por una parte y la composición de la AC por otra, responde a que las elecciones para AC se realizaron cuando la enorme mayoría del pueblo todavía no podía conocer toda la magnitud y la significación de la revolución soviética, proletaria y campesina que comenzó el 25 de octubre de 1917, es decir, después que las listas de candidatos para la AC habían sido presentadas.
La Revolución de Octubre, al conquistar el poder para los Soviets, al arrancar el dominio político a la burguesía y entregarlo al proletariado y al campesinado pobre, está pasando ante nuestros ojos por sucesivas etapas de desarrollo.
La revolución ha comenzado por la victoria del 24-25 de octubre, conseguida en la capital, cuando el II Congreso de toda Rusia de los Soviets de diputados obreros y soldados, vanguardia de los proletarios y del sector políticamente más activo de los campesinos, dio la mayoría al partido bolchevique y lo llevó al poder.
Luego durante los meses de noviembre y diciembre, la revolución se extendió a todo el ejército y los campesinos, lo cual se expresa en la destitución de los viejos organismos dirigentes que constituían la expresión de una etapa de conciliación de la revolución ya superada, de su etapa burguesa y no proletaria, y que por esa razón debían desaparecer inevitablemente bajo la presión de las masas populares más amplias y más profundas y en la elección de nuevos organismos dirigentes para reemplazarlos.
Este poderoso movimiento de las masas explotadas hacia la reconstrucción de los organismos dirigentes de sus organizaciones, no ha terminado aún hoy, a mediados de diciembre de 1917 y una de sus etapas es el Congreso de los ferroviarios, actualmente reunido.
Por consiguiente, el agrupamiento de las fuerzas de clase en Rusia en su lucha de clase, adquiere en realidad, en noviembre y diciembre de 1917, una forma que se diferencia en los principios de la que reflejaban las listas de candidatos presentadas por los partidos para las elecciones a la Asamblea Constituyente a mediados de octubre de 1917.
Los recientes acontecimientos en Ucrania (en parte también en Finlandia y en Bielorrusia, así como en el Cáucaso) indican asimismo que se está realizando un nuevo agrupamiento de las fuerzas de clase en el curso de la lucha entre el nacionalismo burgués de la Rada Ucrania, de la Dieta finlandesa, etc., por un lado y el poder de los Soviets, la revolución proletaria y campesina de cada una de esas repúblicas, por otro.
Y por último, la guerra civil, comenzada con la rebelión contrarrevolucionaria de los kadetes y los kaledinistas contra las autoridades soviéticas, contra el gobierno de los obreros y campesinos, ha llevado finalmente la lucha de clases a un punto decisivo y eliminado toda posibilidad de resolver de modo formalmente democrático los muy agudos problemas con que la historia ha enfrentado a los pueblos de Rusia y en primer lugar a su clase obrera y a sus campesinos.(…)
El problema de la paz es uno de los más candentes de la vida del pueblo. No se ha emprendido en Rusia una lucha verdaderamente revolucionaria por la paz hasta después de la victoria de la revolución del 25 de octubre, y los primeros frutos de ésta fueron la publicación de los tratados secretos, el armisticio y el comienzo de negociaciones públicas para lograr una paz general, sin anexiones ni indemnizaciones. Sólo ahora las amplias masas del pueblo realmente tienen una posibilidad de observar completa y abiertamente la política de la lucha revolucionaria por la paz y de estudiar sus resultados. (…)
Pensemos que el capitalismo está desertificando el país-continente en todos los sentidos del concepto y sume en emergencias socioeconómica al 99% humano y socioecológica que se expresa en la climática. De manera que urge frenarlo para luego erradicarlo. Y entonces no cabe mirar hacia una Asamblea Constituyente que posterga al urgente cambio social. Apreciemos:
Análisis de la nueva Constitución Política del Estado
Por Raúl Prada Alcoreza
En: Crítica y emancipación: Revista latinoamericana de Ciencias Sociales. Año 1, no. 1 (jun. 2008- ). Buenos Aires: CLACSO, 2008- .
Resumen
En este artículo, el autor analiza las características de la nueva Constitución Política del Estado, sancionada tras la asunción de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Esta nueva Constitución redefine la concepción del Estado, así como el concepto de ciudadanía, desde una lógica plurinacional, multicultural y comunitaria. Se combina el desarrollo de los derechos, deberes y garantías liberales con demandas indígenas de corte popular que quedan, de esta manera, enmarcadas en una nueva conformación jurídico-institucional. De este modo, se da forma a la noción de un Estado interventor, protector de los recursos naturales, de bienestar, inclusivo en cuanto incorpora formas y prácticas institucionalmente, constituyéndose como herramienta para el desarrollo equitativo, soberano y sustentable.
Raúl Prada Alcoreza concluye su artículo del 2008:
Como puede observarse, la nueva Constitución Política del Estado comprende a las naciones y pueblos indígenas originarios no sólo como poblaciones, culturas, saberes plenamente reconocidos, sino también desde la perspectiva de los derechos. No solamente se trata de la declaración de derechos colectivos, sino de un capítulo específico dedicado a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. Las naciones y pueblos indígenas forman parte de la estructura de los derechos constitucionales, son parte estructurante de la estructura de la nueva Constitución
Fuente: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/CyE/cye2S1b.pdf
Hallamos el libro de 2012:
Un Estado muchos pueblos
La construcción de la plurinacionalidad en Bolivia y Ecuador
Por Alberto Acosta, Jesús González Pazos, Katu Arkonada, Raúl Prada Alcoreza
Los movimientos sociales e indígenas del área andina del continente americano, particularmente de Bolivia y Ecuador, han dado inicio durante la última década a un período de movilizaciones y transformaciones políticas y económicas con profundas imbricaciones geopolíticas alternativas. Estos procesos emancipatorios plantean rupturas con las anteriores estructuras coloniales, oligárquicas y neoliberales, y proponen una nueva estructura de Estado. Esta reformulación y defensa de un Estado Plurinacional apela a un ejercicio de democracia incluyente y con voluntad integradora de aquellas diversidades que han sido marginadas históricamente.
Sin embargo, las Asambleas Constituyentes o la aprobación ciudadana de las nuevas constituciones plurinacionales no aseguran en la práctica la existencia real de un Estado Plurinacional. La realidad no cambia únicamente por una Constitución, por muy vanguardista que esta sea. La sociedad debe apropiarse de lo que significa la Constitución, asumiéndola como un proyecto de vida en común para, de esa forma, construir otro país.
Fuente: https://traficantes.net/libros/un-estado-muchos-pueblos
Alternativas emancipatorias
Apreciemos historias confluyendo en unión de diversidades para abrir caminos a los «buenos vivires» abajo:
Asambleando el mundo
La experiencia de la Unión de Asambleas de Comunidades en las luchas socioambientales en Argentina
Laura Álvarez
Debates en Sociología N° 45, 2017, pp. 113-140 ISSN 0254-9220
RESUMEN
Este artículo es el resultado de un estudio de caso sobre la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), una reunión socioambiental creada en 2006 a partir de la confluencia de varias asambleas ubicadas principalmente en el territorio argentino. El objetivo de este artículo es trazar una genealogía de la UAC y distinguir las principales características de su forma de organización, que la convierten en una experiencia única en el país. Se destaca su doble funcionamiento como red y como reunión, la diversidad de actores y problemas socioambientales abordados, la rotación y su alcance más allá de lo local, entre otros. En cuanto a la metodología, este trabajo forma parte de una investigación exploratoria sobre un caso escasamente investigado y, por lo tanto, pretende básicamente acercar al lector al tema a través de una metodología cualitativa y de fuentes de información tales como el material de la propia organización, observaciones y entrevistas orientadas básicamente a describir las principales características de la UAC, su emergencia y su contexto, respetando la visión de los actores sociales involucrados en ella.
INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este trabajo es hacer una genealogía de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) y distinguir sus principales características organizativas.(…)
LA UAC (2001-2006)
De 2001 al conflicto de Esquel
En diciembre de 2001, un amplio proceso de movilización tomó las calles de varias ciudades del territorio argentino reclamando «que se vayan todos». El famoso grito, que recorrió el país entero, fue fruto de un descontento masivo que no solo se dirigía al gobierno de turno sino a todos los poderes de gobierno, incluidos el Legislativo y el Judicial. Ese grito de rebeldía que tomó las calles era la expresión de un cansancio generalizado contra las formas políticas representativas en general y las políticas de ajuste que habían sido implementadas por los gobiernos neoliberales en Argentina.
Con el año 2001 no solo cayó el gobierno de Fernando De la Rúa sino también la convertibilidad al dólar que tenía hasta entonces la moneda argentina —instaurada por el gobierno de Carlos Menem— y que había sido eje del denominado «modelo neoliberal» desde la década de 1990(Bonnet, 2011).
Pero, desde luego, aquella insurrección de diciembre de 2001 era el resultado de un proceso de descontento y movilización acumulado
desde varios años atrás, que se venía profundizando a partir de mediados del 2000 (Bonnet, 2011).
Luego de atravesar una de las peores recesiones que tuvo el país, en el año 2002 comenzaron a vislumbrarse rastros de cierta recuperación económica y estabilización política.
El peronismo había llegado a las elecciones presidenciales con un candidato poco conocido: Néstor Kirchner, proveniente de la provincia de Santa Cruz en la Patagonia argentina, quien ganó en las urnas en 2003 tras la renuncia a la segunda vuelta de Carlos Menem. A pesar de provenir de un partido deslegitimado en la sociedad, gracias a una «restauración del orden» que había comenzado en gran parte su predecesor Eduardo Duhalde (también del PJ) y que incluía una devaluación y otras medidas que relegitimaban las instituciones como la corte suprema o las fuerzas armadas (Bonnet, 2015), el kirchnerismo generó ciertas condiciones para una mayor gobernabilidad. Así, la estabilidad política que fue adquiriendo el gobierno de Kirchner fue producto también de las medidas que buscaron amortiguar ciertos conflictos históricos que había vivido el país desde el regreso a la democracia (como algunas reivindicaciones de los organismos de derechos humanos.
Sin embargo, subsistieron algunos conflictos y emergieron otros nuevos. Entre los nuevos, destacaron los conflictos socioambientales, que fueron proliferando bajo la sombra del auge de las exportaciones debido a los altos precios de los commodities provenientes especialmente del agro y la minería. A estos dos sectores se irían sumando otros, también incluidos por varios autores dentro de una «lógica de acumulación por desposesión», «nuevos cercamientos», «neoextractivismo» o «modelo extractivo exportador» (Harvey, 2005; Collective Midnight Notes, 2012; Gudynas, 2009; Svampa y Antonelli, 2009) 3.
El primer gran conflicto socioambiental de participación masiva tuvo lugar en la ciudad de Esquel, en la Patagonia argentina. Y en este caso nos detendremos especialmente, porque fue el primer gran conflicto que se transformó en un hito para las asambleas socioambientales de este país.
Hasta julio de 2002, Minera El Desquite había sido dueña del yacimiento de oro y plata «Cordón de Esquel», situado en la provincia de Chubut. Fue en aquel mes del invierno cuando la empresa Meridian Gold Inc. (MG), de capitales canadienses, compraría las acciones de aquella empresa y anunciaría la iniciación de la etapa de explotación para el año siguiente.
Y si bien los expertos de Meridian y el propio gobierno provincial aseguraban que las tecnologías de extracción que utilizaría la empresa resultarían inocuas para la salud de la población y el medio ambiente, un conjunto de vecinos —muchos de los cuales ya se encontraban movilizados desde el estallido social de diciembre de 2001— decidió recopilar y difundir información de manera independiente para confrontar con los dichos oficiales.
Así, presentaron en todas las instituciones una charla: el hospital, las escuelas, los barrios… Cuando fue invitado el hospital, fue su director —cargo que era político y tenía el mismo color político del gobernador, que era radical— y tres personas más. Dos éramos compañeros de trabajo, bioquímicos del laboratorio, y ya teníamos todo el discurso y el conocimiento previo de la asamblea y todo lo que habíamos leído en internet. Entonces hicieron la presentación y nosotros les hicimos las preguntas sobre todo (Viviana, integrante de la Asamblea de Esquel, entrevista realizada en diciembre de 2011).
En aquel momento, la crisis general que dio origen al estallido de 2001 también golpeaba a los 30 000 habitantes de Esquel, de los cuales el 40% se encontraba desempleado. Si bien se anunciaba la creación de cuatrocientos puestos de trabajo y la inyección de 120 millones de dólares en la economía local a partir de la puesta en funcionamiento del emprendimiento minero, el impulso de una sociedad que pugnaba por recuperar su capacidad de decisión y acción no se conformó con promesas provenientes tanto de la empresa como del gobierno de turno (Página 12, 4/5/2011).
En este sentido, Alejandro Corbeletto, uno de vecinos que formó parte del proceso que comenzaba a gestarse, sostenía que:
Teníamos muy presente lo que había pasado en el país con el 2001, la crisis de los partidos, las asambleas, el «que se vayan todos», el descreimiento absoluto hacia la dirigencia política. Creo que eso colaboró para que esta bomba [la masiva resistencia contra la minería a cielo abierto] estallara así. Sabíamos que no podíamos confiar en la clase dirigente. La gente dejó de lado la democracia representativa y tomó la democracia participativa.
Otro gran ingrediente fue la información.El día que pusimos en un buscador
de internet «consecuencias de la minería», nos aparecieron 50.000 notas.
Ahí empezamos a entender en qué nos estaban metiendo (Página 12, 24/3/2008, citado en Álvarez y Composto, 2013).
Luego de analizar y discutir los datos relevados sobre los antecedentes de
la gran minería a cielo abierto en otros lugares del mundo y de contactarse con otras experiencias de movilización en América Latina4, se realizó en Esquel una reunión de seiscientos vecinos que decidieron oponerse al desarrollo del proyecto y conformaron lo que denominaron «Asamblea de Vecinos Autoconvocados (AVA) por el no a la Mina».
Así, la primera movilización de la asamblea se llevó a cabo el 24 de noviembre de 2002 en repudio a una audiencia pública entre el gobierno provincial y Meridian, que debía realizarse días después con el objetivo de evaluar el Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa a fines de octubre y cuya inminente aprobación significaba el comienzo de las tareas para la futura explotación del yacimiento. La masividad de esta manifestación —y de otras que continuaron— logró la postergación indefinida de la
audiencia pública mediante sucesivas leyes sancionadas por la legislatura provincial.
Desde aquel entonces, la movilización en Esquel no cesó de crecer
y profundizarse en los meses sucesivos, presionando a la Legislatura
con el fin de frenar el proyecto minero. De tal modo, en febrero de 2003, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza prohibiendo el uso de cianuro en todo el municipio, derogó la adhesión municipal a
las leyes nacionales de Inversión Minera y Reordenamiento Minero
y facultó al Poder Ejecutivo para convocar a un referéndum sobre el emprendimiento minero, que fue ratificado por el intendente de Esquel.
Tal como en Tambogrande —norte del Perú—, Esquel tuvo su consulta popular el 23 de marzo de 2003, cuyo resultado fue que el 81% de la población se expresaba por el «no a la mina». Si bien se trataba de un plebiscito no vinculante, su arrollador resultado provocó la sanción de la Ordenanza 33/03, que declaró a Esquel como «Municipio no Tóxico y Ambientalmente Sustentable». Luego, mediante la sanción de la Ley Provincial 5001, se prohibió la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en ciertas zonas del territorio de Chubut, impidiendo la radicación de Meridian.
La gran movilización social de la población de Esquel se convirtió en un punto de ruptura para el movimiento socioambiental y en especial para
el sector minero— por tres razones fundamentales: (i) constituyó el primer cuestionamiento social organizado a este tipo de proyectos en el país, a partir del cual se fueron organizando las asambleas por el «no a la mina» como nuevo sujeto político; (ii) resultó exitoso en sus reivindicaciones, convirtiéndose en referencia de numerosos procesos de protesta contra estos megaproyectos extractivos que estaban instalándose en otras localidades y regiones —por lo cual algunos autores, como Svampa, Sola Álvarez y Bottaro (2009), lo denominan «efecto Esquel»—, y (iii) contribuyó fuertemente a la construcción de la «cuestión minera» como problemática social relevante,
colocando en la agenda pública y mediática el debate acerca de sus consecuencias ambientales, sanitarias y socioeconómicas, así como la pertinencia y legitimidad del marco normativo vigente para el sector, llamando a las poblaciones a decidir sobre sus propios modos de vida (Álvarez y Composto, 2013).
En relación a la contribución del caso Esquel en las luchas que siguieron en otros territorios del país, dos integrantes de asambleas de otras provincias decían:
La consulta popular de Esquel fue emblemática reflejando la voluntad de un pueblo, esto sirvió para que creamos en nuestras posibilidades y, creo que les sirvió a los gobiernos para no [volver a] someter este tipo de decisiones a la decisión de los pueblos (Jenny, integrante de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito, entrevista realizada el 20/9/2013).
Por diversos canales llegó la noticia de lo ocurrido en Esquel y se desencadenó la lucha en esa zona, que luego se propagó a las otras zonas de la provincia. No hay pelea contra el extractivismo, en general, que no tenga a Esquel como referencia (María Teresa, integrante de la Asamblea Popular por el Agua, Gran Mendoza, entrevista realizada el 20/10/2013).
La multiplicación de los conflictos socioambientales y el surgimiento de la UAC
Luego de la experiencia de Esquel, se fue configurando una nueva «cartografía de resistencias sociales», marcada por el estallido de una oleada de luchas
socioambientales en todo el país (Svampa, 2008). Expresión de ello fue
la multiplicidad de asambleas y organizaciones sociales que comenzaron a
surgir en las pequeñas y medianas localidades de la zona cordillerana y precordillerana, conformadas por vecinos autoconvocados que veían amenazadas sus condiciones y calidad de vida ante el avance de estos proyectos de minería a gran escala.
Para muchos de los propios asambleístas, la forma en la que comenzaron a organizarse era hija del proceso que comenzó en 2001 y que mencionamos al inicio de este artículo. Un punto fundamental de ese proceso fue el comienzo «por la negación, por la disonancia», es decir, «por el grito de rechazo: NO» (Holloway, 2002, 13)5.
Así lo explicaba Alejandro, integrante de la Asamblea de Bariloche y de la organización ecologista Piuké:
Empezamos a laburar con sistema asambleario que venía del 2001-2002 y se fue construyendo a través de los NO. Mucha gente hasta ese momento pensaba que tenía doctrinas y recetas para saber qué debería [hacerse] y entonces el
que no tenía esas doctrinas y esas recetas se tenía que callar. Y entonces desde esa época empezamos a tratar de entender nosotros y compartir la idea de que, bueno, no es necesario saber qué es lo que queremos, pero saber qué es lo que no queremos ya era suficiente para empezar a participar.
Desde el año 2005, los conflictos contra la megaminería se hicieron sentir en varias provincias de la Argentina. Así, luego de Esquel, en la Patagonia tuvo como centro de conflicto a la localidad rionegrina Ingeniero Jacobacci por un proyecto que ya se encontraba en su fase de exploración (la mina quedaba a 60 kilómetros de aquella ciudad). Como producto de la resistencia que se desarrolló en aquel territorio con el apoyo de la Asamblea de Esquel, de organizaciones mapuches e incluso de aquellos que se sumaron desde San Carlos de Bariloche, en el invierno de 2005 se sanciona la Ley 3981, que prohíbe la minería con uso de cianuro y mercurio en dicha localidad 6 (Svampa, 2008).
Entretanto, en Mendoza el gobierno tuvo que suspender por algunos meses los permisos de cateo y exploración de minería metalífera por la presión del
pueblo de San Carlos 7. Como consecuencia de esas luchas, en octubre de 2006 el Senado mendocino aprobó la suspensión del otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas. Y dos meses después, la Cámara de Diputados de Mendoza sancionó una ley por la cual se prohibía la explotación minera metalífera en la provincia mediante el uso de cianuro. Sin embargo, a los pocos días, el entonces gobernador Julio Cobos
vetó «parcialmente» aquella ley, con el argumento de que era «inconstitucional» y porque «incorpora disposiciones que son de competencia exclusiva del Congreso de la Nación» (La Nación, 19/12/2006). Esto provocó la respuesta de la población de San Carlos y de aquellas poblaciones vecinas que se habían empezado a autoconvocar. Así lo relata un miembro de la Asamblea Popular por el Agua:
Las organizaciones sociales de General Alvear, San Rafael y Valle de Uco
realizaron una actividad a la que denominaron «Ayuno y Actividad Cultural» en los alrededores de la legislatura provincial, en la ciudad de Mendoza, dado que allí se daría tratamiento a una ley que proponía suspender el otorgamiento de derechos mineros en la provincia hasta tanto no se contara con un plan ambiental.
Esta ley, sancionada por la legislatura, fue vetada por el entonces gobernador de la provincia Julio Cobos. En respuesta a estos hechos, en diciembre se organizó la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza. La articulación de esta asamblea con los otros grupos existentes dio por resultado la Asamblea Mendocina por Agua Pura (AMPAP) (Zangaro, 2012).
Así, en General Alvear se llevaron a cabo jornadas de protesta, corte de rutas, movilizaciones y paro que produjeron el rechazo del Senado a aquel veto de Cobos, y la posterior sanción de la Ley 7722 que prohíbe la explotación minera con uso de cianuro y sustancias tóxicas similares. De este modo, las empresas trasnacionales mineras que se encontraban ya invirtiendo en el territorio mendocino (como Exeter y Latin American Mineral Argentina) tuvieron que suspender sus proyectos.
En La Rioja, la protesta tampoco se hizo esperar. En el año 2005
la conocida empresa Barrik Gold había obtenido el derecho para realizar
exploraciones en el Nevado de Famatina, cerro que puede observarse
desde la localidad que recibe su mismo nombre y desde Chilecito,
ambos pueblos epicentro del conflicto con la empresa. Ambas comunidades,
organizadas en asambleas, obligaron a sus concejos deliberantes a declarar por ordenanza a sus departamentos como «no tóxicos y ambientalmente sustentables». Pero las asambleas continuaron organizándose en la provincia y realizando un corte sostenido en el acceso minero de Peñas Negras8 (primero contra la empresa Barrik, luego contra Sandong Gold, y en 2011, contra Osisko)9.
Mientras tanto, en Jachal (provincia de San Juan, Argentina), vecinos autoconvocados de Jachal, Madres Jachaleras y Calingasta exigían un plebiscito para tener derecho a decidir sobre la puesta en marcha de varios emprendimientos mineros.
En ese entonces, empezaba a funcionar la mina Veladero, de la empresa
Barrik Gold, casi en paralelo a la ratificación de un acuerdo binacional,
el cual permitiría la instalación del megaproyecto minero Pascua-Lamaen la frontera entre Chile y Argentina10.
Pero lejos del plebiscito reclamado, la mina empezó a funcionar y actualmente cuenta con varios hechos de contaminación que la obligaron incluso a suspender su actividad por un tiempo (para saber más detalles sobre la historia de Jachal, ver Iezzi, 2011).
Respecto de los conflictos socioambientales referidos específicamente a la problemática minera, en el año 2003 se había conformado una red de Comunidades Afectadas por la Minería (CAMA), que contaba con la participación de miembros de las provincias de Catamarca, Chubut, Río Negro, San Juan y Tucumán, y que organizó algunos encuentros en Buenos Aires, Tucumán y Catamarca.
Pero, además de los conflictos en el sector minero previos a la conformación de la UAC, otros conflictos socioambientales adquirieron importancia. Por ejemplo, aquellos que emergieron contra las fumigaciones y las pasteras.
Respecto del primero, en 2002 comenzó a reunirse en la provincia de Córdoba un grupo de mujeres conocidas como «las madres de Ituzaingó», junto a otros colectivos ambientalistas y de derechos humanos, quienes sacaron a la luz problemas de contaminación en la zona debido a un conjunto de causas: el PCB de los transformadores, los campos magnéticos de los cables de media tensión, los plaguicidas de los cultivos de soja que llegan al borde mismo del barrio, etcétera (Lipcovich, 2003).
Esta problemática fue tomando cuerpo en varias redes además de la UAC. Se formaron redes específicas, como la «Red de Médicos de Pueblos Fumigados» o «Paren de Fumigar».
Y gracias a las campañas y a un bloqueo que se sostuvo por un largo período, los vecinos y vecinas de Malvinas (cerca de la ciudad de Córdoba) lograron, hace dos años, que la empresa Monsanto cerrara su megaplanta de elaboración de semillas transgénicas ubicada en aquella localidad (para saber más detalles sobre este caso, ver la compilación de Patricia Agosto, 2014).
Con respecto al conflicto de las papeleras, su origen se remonta a 2004, en el litoral argentino (su foco fue en Gualeguaychú y Colón, provincia de Entre Ríos), cuando el gobierno uruguayo autoriza a la empresa finlandesa Botnia a avanzar con una planta de pasta de celulosa que afectaría el río que divide Argentina de Uruguay. Pero el proyecto de Botnia no era el único. El movimiento que se gestó tuvo otro frente: un proyecto autorizado en 2003 de la empresa española Empresa Nacional de Celulosa España (ENCE), con capacidad para producir 500 000 toneladas anuales de pasta de celulosa. Pero el proyecto de la papelera de Botnia comprendía una planta de fabricación en Fray Bentos de pasta celulosa con el doble de capacidad de ENCE, sumada a una fábrica de productos químicos y un puerto de barcazas para la salida de la producción.
La primera movilización masiva de 40 000 personas que se realizó en el puente fronterizo denunciaba ambos proyectos por la contaminación que generaría en las aguas del río Uruguay e inauguraba lo que luego se transformaría la principal herramienta de la protesta: el «corte de ruta», que bloqueaba el puente fronterizo que une Argentina con Uruguay (Merlinsky, 2008). Se constituía así la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG), y otras asambleas del litoral, como la Asamblea ambiental de Colón y la Asamblea Ambiental del Concepción del Uruguay, a la vez que se potenciaba la difusión de la problemática ambiental que comenzaba a tener eco en la opinión pública en general. El año siguiente, en la primera movilización, la manifestación sobre el puente fronterizo del río Uruguay contaba con 80 000 a 100 000 personas (Vara, 2007). Tal fue el apoyo que recibió la lucha de Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay, que miles de personas, ya fueran independientes, de otras asambleas, de colectivos ambientales o de partidos políticos de todo el país (aunque sus miembros se incorporaran de forma individual) y el mundo, participaron en las distintas manifestaciones que fueron realizándose todos los años.
Por último, entre otros antecedentes de la UAC también debemos mencionar la organización de la Asamblea Patagónica contra la Contaminación y el Saqueo, que se desprendía, a su vez, de la Coordinadora Patagónica de la Comarca Andina. En efecto, la UAC llevaría la misma la consigna que aquella coordinadora: «contra el saqueo y la contaminación».
LA EMERGENCIA DE LA UNIÓN DE ASAMBLEAS DE COMUNIDADES
Todos los conflictos mencionados en el apartado anterior hicieron que algunas asambleas y colectivos ambientalistas decidieran reunirse en agosto de 2006, bajo el nombre de «Foro Nacional de los Pueblos Autoconvocados Ambientalistas», en Colonia Caroya, Córdoba, provincia argentina en la que funcionaría, al mes siguiente, la cumbre de los presidentes del Mercosur. En este foro participaron miembros de distintas asambleas del país debido a: (i) la problemática de las pasteras, la Asamblea de Ciudadanos de Colón (Entre Ríos), la Asamblea de Ciudadanos de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y la Asamblea de Ciudadanos de Ubajay (Entre Ríos), todos ellos por el tema de las pasteras, y (ii) la problemática de la megaminería, los Vecinos Autoconvocados de Jachal (San Juan), más específicamente las Madres Jachaleras, los Autoconvocados de Calingasta, (San Juan), Asamblea de Lago Puelo (Chubut), Coordinación Patagónica, Alianza de los Pueblos del Oeste Catamarqueño, Autoconvocados de Famatina (La Rioja) y la Sociedad Ecológica de Colonia Caroya (Córdoba) (Foro Nacional de Pueblos Ambientalistas Autoconvocados, 2006). Como resultado de aquel encuentro, y en paralelo a la cumbre de los presidentes del Mercosur, el 21 de julio se creó la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC). En ese primer encuentro de la UAC, se organizaron varias protestas similares en Colonia Caroya (Córdoba), el Hoyo (Neuquén), Mendoza, Catamarca y San Juan, donde los habitantes también denunciaron problemas de contaminación ambiental. (Página 12, 7 de agosto de 2006).
Fue un buen comienzo y decidimos que el nombre debía ser bien amplio y genérico para contener a todas las asambleas del país. Luego de un largo intercambio y debate, se acordó mayoritariamente por Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) con el objetivo de que pronto puedan participar muchos otros colectivos, con otras problemáticas (UAC, 2017, p. 2)11.
La idea es que se vayan incorporando a la UAC más y más asambleas del país entero, por eso el nombre de la organización es tan genérico —Unión de Asambleas Ciudadanas—, y la terminamos llamando UAC, por supuesto. (RodríguezPardo, integrante de la UAC, en una entrevista realizada por El grito argentino, 2009).
Desde entonces, la UAC conformó una red integrada por gran parte de las expresiones de resistencia contra las diversas formas de contaminación. Nos referimos con red, al igual que Berger, a «un actor colectivo que muchos otros movilizan: la red no es la fuente de la acción sino la conexión de una cantidad de entidades, diversidad de demandas y posicionamientos que conforman», de un modo no jerárquico, «conectando o desconectando experiencias y mundos, formas de vida, relatos…»12 (Berger, 2014, p. 201). No obstante, haremos una salvedad. Berger afirma que son denominadores comunes de las redes «la autoorganización de una diversidad de actores, la confluencia de personas, colectivos, discursos e instituciones entramados en múltiples acciones de defensa de derechos, más que por la definición de un programa político, por la comprensión construida en común sobre las causas y causantes de los problemas, sobre las alternativas de acción, sobre los sentidos de justicia y de la participación política que se ponen en juego» (las cursivas son nuestras). Si bien concordamos en general con el planteamiento del autor, cabe diferenciar los distintos momentos que tiene una red desde sus inicios. En este sentido, por ejemplo, en el presente de la UAC sí existe una comprensión construida en común sobre los sentidos de participación política, justicia, causantes de los problemas, etcétera, no en tanto programa político partidario, pero sí como acuerdos y explicaciones comunes.
Como afirmaban Svampa, Solá Álvarez y Bottaro ya el año 2009: «la UAC se ha convertido en un lugar de intercambio y nacionalización de las experiencias y, por ende, de ampliación de las demandas».
A la UAC fueron sumándose grupos y asambleas que enfrentaban distintas problemáticas que serían incluidas dentro de aquello que empezó a caracterizarse como un «modelo de saqueo y contaminación». Y con el correr de los años se irían incorporando en la UAC otras problemáticas en conflicto, como petroleras, curtiembres, monocultivos, deforestación de bosques y destrucción de humedales, expropiación de territorios a comunidades originarias, represas, contaminación urbano-industrial, incluyendo lo cultural comunicacional, hasta proyectos relacionados con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) (UAC, 2017).
Ante el crecimiento de proyectos extractivos emprendidos por empresas multi-nacionales desde esos años, la UAC se propuso: articular y potenciar las distintas luchas que en los últimos años han emergido en todo el país y América Latina para repudiar el avance sistemático de los emprendimientos destructivos con la convicción de que la movilización popular y autodeterminación de nuestras comunidades es la única vía para lograr una economía equitativa, respetuosa de los ecosistemas, las economías regionales, las culturas e identidades locales (UAC, 2017, p. 2).
Pueden señalarse distintas razones que llevaron a las asambleas a unirse. Entre ellas, las más frecuentes son: (i) lograr que el reclamo trascienda el territorio paraobtener mayor visibilidad; (ii) buscar una articulación de acciones para que sean más efectivas, y (iii) aprender de las diversas experiencias. Con respecto a la primera, la articulación con otras asambleas y colectivos se convertía en una condición necesaria, debido a las limitaciones de acceso a recursos y medios de comunicación, ya sea por distancias geográficas o por limitadas condiciones económicas que dificultan el traslado a las grandes ciudades donde se concentra el poder político (cristalizado en los edificios de organismos públicos) y comunicacional (como las agencias de los grandes medios de comunicación). Es decir, hacer visible un reclamo requiere, en muchas ocasiones, traslados para conectarse con medios de comunicación que se concentran en las grandes ciudades y para reclamar ante los organismos públicos. Articular con asambleas de las grandes ciudades permitiría a asambleas de pueblos más chicos hacer visible un reclamo.
Respecto de la segunda razón, la necesidad de unirse también tiene un origen en la dificultad para llevar a cabo una acción directa 13.
Pongamos un ejemplo. Antes de la convergencia de las asambleas, cuando una de ellas decidía hacer un bloqueo a una empresa, en general no lograba cortar con facilidad todos los caminos donde podían transitar los camiones de dicha empresa. Por lo tanto, con el objetivo de hacer efectiva la acción —articular los bloqueos— se volvió un requisito fundamental para conseguir que los camiones de las empresas no puedan llegar al territorio en cuestión, pasando por caminos alternativos. Así ocurrió en varias ocasiones en la región del Cuyo, en el noroeste argentino. Y la tercera razón es la que se define en algunas de las entrevistas aquí transcriptas donde se hace referencia a la necesidad de aprender de otras experiencias, tanto de aquellas que fueron «exitosas» como de las que aún no lo fueron. Un ejemplo sucede con las consultas populares. Existen lugares como Esquel, donde las consultas fueron realmente exitosas, pero otros lugares donde los gobiernos y las empresas tienen abundantes recursos para lograr una campaña efectiva a favor de la minería. Todas estas razones suelen resumirse en la consigna «la unión hace la fuerza» que expresan habitualmente los propios asambleístas.
Cabe señalar, por último, que más allá de los motivos específicos que hayan tenido las asambleas ambientales para unirse, esta articulación tiene antecedentes en coordinadoras de asambleas en Argentina (como las coordinadoras posteriores al movimiento asambleario de 2001), en coordinaciones —incluso internacionales— de movimientos sociales y campesinos (como el Movimiento sin Tierra de Brasil) y en redes de ONG. No obstante, la particularidad de la UAC es que confluyen tanto los reclamos y características de organizaciones ambientales con las características de la forma de organización asamblearia propia del proceso del 2001 argentino (Svampa, Solá Álvarez y Bottaro, 2009).
Con el correr del tiempo, la UAC, las distintas asambleas y las regionales que también fueron generándose lograron instalar en la opinión pública varios «NO», como el «no a la mina», y las razones por las cuales levantaban esa consigna. Y mientras aquellas daban pasos agigantados en el período de gestación, las empresas, los gobernadores provinciales y el gobierno nacional (tanto el de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández) emprendieron una fuerte campaña que se focalizó en tres argumentos centrales. El primero radicaba en que aquellos que protestaban contra los proyectos de las actividades extractivas estaban atacando el desarrollo (llegando incluso a tildar a los ambientalistas de «ecofascistas» o «ecoterroristas»), y con ello, las posibles fuentes de trabajo que aquellas actividades generaban. El segundo argumento sostenía que, en el caso de la minería, llevar adelante esta actividad era la única forma que tenían algunas provincias «cuasi desérticas» de lograr un desarrollo.
Y el último argumento se centraba en que las divisas que ingresaran podrían ser utilizadas para el desarrollo de todo el país (Álvarez Huwiler, 2013).
Finalmente, es importante señalar que en los últimos años (tanto en los de Cristina Fernández de Kirchner como en los del gobierno de Mauricio Macri) todos estos conflictos continuaron. Se organizaron nuevas asambleas, nuevas regionales, y surgieron otras disputas territoriales contra la instalación de los proyectos megamineros, fumigaciones, semillas transgénicas, y hace pocos años también se sumaban las luchas contra la técnica de fracking, método no convencional para extraer hidrocarburos. Pero a medida que iban creciendo los conflictos, en estos años se incrementaron hechos represivos en varias de las provincias contra las manifestaciones, muchas veces masivas, que se sucedieron a lo largo del territorio argentino (para poner un ejemplo que tuvo mucha repercusión, puede mencionarse el caso de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, el de Famatina y Chilecito en la Rioja, en Jachal en San Juan, y más actualmente en el sur con el conflicto de tierras mapuches), así como aumentaron los casos de criminalización de las protestas (al respecto puede leerse, la «Declaración de la UAC sobre la Criminalización y Judicialización de la Protesta Social» publicada por ANRED en febrero de 2010). No obstante, las asambleas tuvieron varios logros, entre los cuales se puede destacar la sanción de nuevas leyes contra la megaminería en algunas provincias y localidades; la Ley de Glaciares, pese a su falta de correcta implementación, y por último, varios avances en una campaña de difusión contra el desarrollo de esta actividad, y en la que se reclama una consulta a las poblaciones donde las grandes empresas pretenden establecerse; así como también el cierre de la planta de Monsanto y la prohibición de uso de fracking en la provincia de Entre Ríos, por mencionar solo algunos éxitos de las asambleas y de la red que las integra.
CARACTERÍSTICAS DE LA UAC
En este apartado, basándonos básicamente en el propio cuadernillo de la UAC y en sus comunidades, en entrevistas realizadas a miembros que hubieran concurrido a más de diez encuentros, así como en las observaciones de la propia autora, buscaremos dar cuenta de las principales características de esta unión de asambleas que hacen de esta un espacio único en Argentina. Empecemos por definir qué es la UAC.
La UAC es una red/encuentro que se reúne dos veces por año en distintos lugares del país, y en la que confluyen más de 250 organizaciones y asambleas. Ya cuenta con treinta encuentros realizados. Hablamos de red/encuentro porque la UAC cumple esa doble función. Si bien se denomina UAC al encuentro mismo que se reúne dos veces por año, entre cada uno de estos encuentros se han generado distintos canales de comunicación que sirven para el accionar de la red que es un elemento central, a su vez, de la propia UAC. Entonces, por un lado, la UAC es un encuentro que se reúne en comisiones y plenarios durante aproximadamente tres días dos veces al año. Las decisiones se resuelven en esta instancia, en el marco de un plenario y la UAC (2017) «se construye a sí misma en su encuentro, en su accionar».
Pero, al mismo tiempo, la UAC puede considerarse una red que funciona más allá de esos días de reunión. A lo largo de los años de existencia de la UAC, se han creado formas de enlazar la red entre un encuentro y otro. Así explican quienes participan de este encuentro la capacidad para construir una red comunicacional:
Como red de comunicación para los casos de represión, ha demostrado su eficacia; cuando el problema trasciende los límites del territorio en conflicto, la hermandad se pone de manifiesto: desde adhesiones, llamadas telefónicas, aportes con dinero, hasta acercamiento personal a la zona (María Teresa, integrante de la Asamblea Popular por el Agua, Gran Mendoza, entrevista realizada el 20/10/2013).
El propósito del encuentro UAC es «intercambiar, discutir y proponer acciones conjuntas, en defensa de los bienes de la naturaleza, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos» (UAC, 2017, p. 1). Y a su vez, «se propone luchar contra la criminalización y judicialización de la protesta social y la militarización de los territorios en conflicto» (UAC, 2017, p. 1).
Es un espacio de encuentro, de tejer redes, de reflexión y debate, donde nos aprehendemos, nos compartimos, nos decidimos, nos fortalecemos, nos esperanzamos, nos acompañamos. Significó para nuestras asambleas dejar de abrazar el cerro como único problema y comprender que hay muchos problemas con el mismo impacto en las comunidades, y luego aprendimos que el padre de todo esto se llama modelo extractivista. Ahora no nos alcanzan los brazos para abrazar tantas causas (Jenny, integrante de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito, entrevista realizada 20/9/2013).
Antes de adentrarnos en las características, cabe aclarar que algunas de ellas forman parte de los criterios que sostiene la propia UAC y otras forman parte de las características señaladas por sus propios miembros, pero no como un principio sino como resultado del accionar. Por falta de espacio, aquí no haremos una distinción analítica entre «criterios» y «características», porque todos pueden englobarse para describir la forma de organización.
A su vez cabe aclarar que, entre las características más importantes de la UAC, algunas son similares a las que pueden identificarse en las asambleas barriales que emergieron en 2001 —y, en general, en la forma tradicional de autoorganización que trasciende el territorio argentino, desde la comuna de París a los consejos obreros en Europa y a la organización zapatista en Chiapas (en la selva Lacandona, sur de México), entre otros de los más variados ejemplos que podríamos mencionar—, y otras características que son particulares de esta unión de asambleas. Entre todas ellas pueden identificarse las siguientes:
(i) estructura horizontal;
(ii) decisión por consenso;
(iii) ausencia de cargos rentados o permanentes;
(iv) funcionamiento de comisiones abiertas;
(v) rotación en los organizadores y en el lugar del encuentro;
(vi) multiplicidad de problemáticas socioambientales que se abordan;
(vii) heterogeneidad en los miembros que participan, y
(viii) autonomía. Analicemos cada una de estas características.
Respecto del primer criterio, la UAC se propone «accionar de manera conjunta en la lucha por la vida, manteniendo la horizontalidad en la toma de decisiones».
Con horizontalidad se refiere a que cada una de las personas que participan en el encuentro tiene la misma oportunidad para decidir que el resto. Como su nombre lo indica, es lo opuesto a una estructura vertical jerárquica y, por lo tanto, «no existe un comité directivo ni de gestión, ni autoridades, ni voceros» (UAC, 2017, p. 2).
En palabras de Claudio, uno de los integrantes de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito (entrevista realizada el 12 de diciembre de 2009):
La horizontalidad de la UAC, fundamentalmente, rompe con las maneras de la vieja política y, por lo tanto, posibilita y promueve discusiones y lecturas que cuestionan e interpelan las jerarquías; a diferencia de los espacios políticos vertica- listas como gremios y partidos que reproducen y legitiman un orden que fortalece la forma delegativa de la democracia representativa. La horizontalidad en la UAC es un principio y también una condición estrechamente vinculada al concenso.
Esta característica, como afirma Claudio, «es un principio y también condición», pero nunca es completa en ninguna organización, es decir, no hay una «horizonta- lidad pura». Como afirma Ouviña (2003) al referirse al fenómeno asambleario de la Ciudad de Buenos Aires posterior al 2001:
Con referencia a los numerosos debates generados en torno a las limitaciones y potencialidades de la democracia directa, las asambleas han dado cuenta de esta tensión en sus propias prácticas. Desde sus orígenes, fueron conscientes de que la horizontalidad, si bien imprescindible para la construcción permanente de nuevos vínculos, no puede, bajo ningún concepto, devenir en un «fetiche» remedio de todos los males (p. 81).
No obstante, con todas las complejidades del tema y las contradicciones que puede tener en lo concreto esta forma de organización adoptada por la UAC —y por las asambleas post 2001, en general—, este principio ha seguido guiando el accionar del colectivo y afirmándose en sus doce años de existencia. Pero, parafraseando a Holloway, a la hora de mencionar esta característica es mejor no emplear el sustantivo horizontalidad sino utilizar un verbo que dé cuenta más bien de un proceso de «horizontalizar» estructuras, porque se trata de un estado de búsqueda permanente de la horizontalidad. «Un sustantivo no puede expresar el tipo de sociedad que queremos. Un organizar social autodeterminante no puede ser contenido en un sustantivo» (Holloway, 2014, p. 439).
Con relación a esta cualidad, cabe destacar que, si bien el espacio ha tenido figuras que se fueron destacando por su trayectoria personal o por sus años dentro de la misma red, la UAC ha encontrado el modo de reconocer y dar lugar a esas figuras sin abandonar este «horizontalizar», es decir, sin dejar uno de los principales mecanismos de democracia directa. En ese sentido, a nuestro entender hay dos cuestiones que colaboran a que ello suceda. En primer lugar, en los encuentros de la UAC se da un lugar importante a un planteo de dudas, o parafraseando a los zapatistas, se busca «caminar preguntando». No existe una necesidad constante de encontrar certezas (a diferencia de la estructura de izquierda tradicional, donde la duda es sinónimo de inconsistencia o de poca formación política). Y en este sentido, también, se afirma que la UAC «se redefine constantemente» (UAC, 2017, p. 52).
Con respecto al segundo criterio, como afirma Claudio —integrante de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito—, «horizontalidad y consenso nos hacen protagonistas, hacedores de nuestras decisiones políticas y territoriales».
En la UAC, las decisiones se toman por consenso, criterio que se explica por dos motivos: el primero es que las opiniones son heterogéneas (es decir, diversas), y el segundo, que las mejores razones para decidir no necesariamente pertenecen a la mayoría de los miembros. Las decisiones por mayoría en las democracias representativas, en general, se implementan bajo la forma de la votación. Y como en la UAC no se decide por mayoría, tampoco se ejerce el voto. Pero, además, decidir por consenso implica comprender que las decisiones tomadas en función de la cantidad pueden aplacar no solo a las minorías, sino también a la propia riqueza del debate.
Se permite entonces el disenso y, en el caso de no llegar a una resolución común, se analiza la posibilidad de dejar una definición del tema para más adelante. Con relación a este punto, concordamos con Ouviña (2003) en que llegar a acuerdos vía consenso: evidencia una notable madurez social ligada a una nueva forma de construcción basada en la confianza, el respeto y la escucha de esa pluralidad de voces habitada por el hacer-pensar, estando contenidos los fines propuestos en los propios medios de construcción (p. 82).
Por último, cabe destacar que el consenso también permite que las decisiones tomadas adquieran mayor legitimidad que en el caso de que una minoría tenga que someterse a la decisión tomada por una mayoría.
La tercera característica importante es la inexistencia de cargos rentados o per manentes, por identificarlos con una tendencia histórica a la burocratización de las organizaciones. En este sentido, la rotación generalmente es opuesta a la burocra- tización de roles en una organización. A su vez, este criterio se superpone con la cuarta característica, esto es, la existencia de comisiones abiertas. Si bien la UAC cuenta con comisiones de trabajo entre un encuentro y el siguiente (como la comisión de prensa, la de reflexión, legales, de educación y otras que han ido variando con el tiempo), estas son abiertas, es decir, cualquier persona que sea miembro de la UAC tiene derecho a participar en alguna de estas comisiones. Y aunque haya miembros de esas comisiones que participaron más tiempo que otros, su composición ha ido variando (e incluso fueron en algunos momentos más numerosas que en otros). Y existen roles como los de coordinación de las comisiones o del plenario, o en la acreditación, pero esos roles no tienen nombres, sino que han ido cambiando a lo largo de los treinta encuentros cumplidos hasta este mediados de 2018.
La rotación en la organización del encuentro y del lugar en el que se realiza es el quinto criterio importante de la UAC, que «nació del sentido común, de des- plazarse y mover a la UAC por los territorios» y «dieron mucha visibilización a la UAC» (entrevista a Juan Alaimes, integrante del colectivo Trama la Tierra Acción Audiovisual y de la comisión de prensa de la UAC, 8/12/2017). Y gracias a ello, «fuimos conociendo todas las problemáticas, se fomentó la autogestión de cada asamblea para organizar la UAC, desplazándose en los distintos territorios y ayudando también a difundir la problemática en la misma zona». Entonces, al final de cada encuentro, un vocero con mandato asambleario tiene que llevar la propuesta de hacer la próxima UAC en su territorio y, dependiendo la cantidad de propuestas, se debate y define quién será la asamblea «anfitriona» del próximo encuentro, es decir, cuál será la asamblea organizadora. Las razones por las que se define el lugar pueden ser muchas, pero en general ha primado la necesidad de hacer más visible una determinada problemática socioambiental. De este modo, la UAC tuvo varios lugares de encuentro a lo largo y ancho de todo el país, y «esta forma de moverse fue replicada en las regionales de la UAC» (entrevista a Juan Alaimes, 8/12/2017) 14
Al respecto, cabe aclarar que, si bien la mayor parte de las asambleas son argentinas, también han participado asambleas de Uruguay y Chile. Y es por esta razón que la UAC «no obedece fronteras nacionales» y se propone «asamblear el mundo» (UAC, 2017, p. 52; 2016, p. 1).
A su vez, en relación con este último punto 15, se han organizado las denominadas «regionales», como la del NOA-Cuyo, la del Litoral, de Patagonia (llamada UAP) y la de Buenos Aires. Esta regionalización forma parte del carácter multiescalar que caracteriza las luchas socioambientales, como afirman Svampa, Solá Álvarez y Bottero (2009).
Cada una de estas regionales tiene su propia forma de organizarse y no depende de la UAC, sino que confluye en ella. Estas regionales permiten un trabajo más cotidiano que el encuentro nacional y, por lo tanto, una mejor articulación de las acciones. Con todo, tanto la UAC como la constitución de regionales que la inte- gran han ayudado a fortalecer las luchas de las asambleas. En palabras de Jenny, una integrante de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito:
[…] las acciones colectivas nos fortalecen y ayudan a hacer más visibles nuestras luchas. Compartir con los compañeros las idas y vueltas de cada asamblea, los problemas, lo que vemos como valioso y esperanzador, los fracasos, lo difícil de la construcción en colectivo, los obstáculos, etc., etc., nos fortalece, no nos hace sentir tan solos, y sobre todo, fortalece una red de protección entre nosotros (entrevista realizada el 10/9/2013).
Desde su nacimiento en Colonia Caroya (Córdoba), la UAC se ha reunido en Barriales y Calingasta (San Juan), en San Rafael (Mendoza), en Famatina y Chilecito (La Rioja), en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), en Capilla del Monte (Córdoba), en Tunuyán (Mendoza), en Ciudad de San Juan, en San Salvador y Libertador General San Martín (Jujuy), en la Ciudad de Córdoba, en Esquel(Chubut), en Santiago del Estero Capital, en Andalgalá (Catamarca), en Colón (Entre Ríos), Quimilí (Santiago del Estero), Ciudad de Buenos Aires y Luján, Ciudad de Mendoza, San Juan Capital,Ciudad de Corrientes, en San Luis, Nonogasta (La Rioja), Jachal (San Juan), Malvinas (Córdoba), Puerto Madryn (Chubut), Gualeguaychú (Entre Ríos), San Rafael (Mendoza) y Rosario (Santa Fe), entre otros.15
Decimos «nacional» porque la gran mayoría de las asambleas pertenecen al territorio argentino, aunque la UAC no se define como nacional.
La sexta característica refiere a la multiplicidad de problemáticas abordadas porla UAC. Al ir modificándose los lugares donde se realiza el encuentro, se diversifican también las problemáticas socioambientales que se abordan. Como ya mencionamos, las problemáticas que incluye la UAC se han multiplicado y ello le ha permitido sumar diversidad y nuevas experiencias, y así contar con distintas miradas sobre diferentes problemas. No obstante, se ha producido un doble movimiento: por un lado, la diversificación de las problemáticas, y por otro, una reflexión, cada vez más profunda y sostenida, sobre aquello que conecta a todas estas problemáticas. Así, la UAC fue construyendo una mirada más global sobre los problemas incluidos dentro de un proceso de mercantilización o destrucción de los bienes comunes que trasciende a cada territorio en particular, en tanto mecanismos que forman parte de la propia lógica del capitalismo y en la actualidad, específicamente, de la etapa neoliberal que atraviesa el sistema.
Así, en la séptima UAC: Se discutió que no solo es importante hacer el diagnóstico de las situaciones particulares, sino que hay que hacer un esfuerzo para analizar a qué nos enfrentamos, es decir un sistema económico que tiene un nombre y es el capitalismo, con una lógica perversa de acumulación que es lo que nosotr@s estamos padeciendo (UAC, 2017, p. 49).
Por otro lado, al ser un espacio abierto, con memoria, pero en permanente construcción, esta unión de asambleas ha ido adoptando distintas consignas que, si bien no han cambiado su esencia, han radicalizado sus posiciones políticas. De este modo, en la mayoría de los casos la mención, por ejemplo, al «modelo de saqueo y contaminación» fue vinculada —e incluso, en muchas ocasiones, reemplazada— por «sistema capitalista». Con ello, para la UAC, por ejemplo, la contaminación no sería producto de la política de un determinado gobierno o del accionar de una empresa, sino de un sistema que tiene como fin la ganancia.
En palabras de Ramón, de la Asamblea del Buen Vivir (San Luis) y de la comisión de reflexión de la UAC (9/12/2017): Debemos definir bienes comunes en contraposición a bienes naturales, que es loque la modernidad y el capitalismo nos quitó. Y que ahora luego de tanto tiempo nos damos cuenta que ese perverso modo de pensar la naturaleza nos daña a todos.
La séptima característica que debemos mencionar refiere a la heterogeneidad que define a los miembros que participan en la UAC. Así como las problemáticas abordadas y los lugares fueron diversos, también lo fueron las edades y las ocupaciones de quienes asisten a los encuentros. Con respecto al rango etario de los miembros, este ha sido muy amplio: desde adolescentes hasta personas de la tercera edad, y en cuanto a sus ocupaciones puede verse la presencia de biólogos, químicos, amas de casa, jubilados, docentes de distintas áreas, artesanos, investigadores de ciencias sociales, miembros de comunidades originarias, periodistas, médicos, ingenieros, estudiantes, abogados, trabajadores de fábricas y cooperativas (aunque por lo general, estos han sido los que menos han participado, cuestión que se ha p roblematizado en varias oportunidades), entre otros. En efecto, la UAC afirma que «la diversidad de individualidades es vital, así como la diversidad de colectivos, de lo contrario el crecimiento se detiene» (UAC, 2017, p. 2).
Por último, cabe resaltar la octava característica de la UAC: su autonomía política del Estado, de partidos y ONG (miembros de los partidos pueden participar en la UAC, pero ni como partidos ni como ONG, sino como individuos). Este principio no es nuevo, sino que ha sido defendido por muchas de las asambleas desde 2001. En relación a ello, el encuentro se autofinancia y, por lo tanto, es autárquico: cada asamblea anfitriona tiene que juntar los montos necesarios para hacer el encuentro, y lo que no se utiliza se pasa a la siguiente asamblea anfitriona. Por esto se entiende que la UAC tiene independencia económica, ya que no recibe dinero ni del Estado, ni de ONG, ni de partidos políticos, ni de empresas, lo que contribuye a su autonomía política.
La autarquía no es una decisión tomada, sino que es parte de un proceso, porque la UAC, además de una red, es un proceso. Tomamos decisiones que nos llevan a un lugar que no siempre sabemos de antemano. Esas decisiones tienen que ver con una forma de pensar juntos que tenemos. Y así fue este tema del autofinanciamiento. Al comienzo la UAC era un encuentro donde la gente iba, conseguía ciertos subsidios […]. Pero a medida que nosotros decidimos encontrarnos, además de juntarnos, encontrarnos como personas, construir un espacio en común, donde nos sostuviéramos […] entonces fuimos necesitando de un dinero para el sostenimiento. Eso nos llevó a tratar de conseguirlo. Y ahí dijimos: no podemos conseguirlo mediante partidos políticos o el Estado, para poder conservar nuestra autonomía. Fuimos construyendo nuestra autarquía como fuimos construyendo la UAC, de una manera solidaria. Y ahora se piensa también en cómo los compañeros van a estar en el encuentro (entrevista a Cristina, integrante del grupo Huerta y Energía, de la Coordinadora por la Vida sin Agrotóxicos, de la UAC litoral y de la comisión de prensa de la UAC, 8/12/2017).
Con todo, esta unión de asambleas continúa desarrollándose a lo largo del tiempo, con las contradicciones propias que atraviesan también las asambleas y colectivos. Y, por lo tanto, las características que señalamos fueron modificándose y afianzándose a lo largo de su construcción. Y en efecto, si bien hay consenso en la mayoría de las características aquí mencionadas, no existe una única definición de la UAC, y es posible que nunca exista, puesto que esta es una red en constante transformación. «Es como el agua: corre y corre, no la podés definir, pero tampoco la podés detener» (entrevista a Cristina, 8/12/2017).
CONSIDERACIONES FINALES
En este trabajo buscamos, en primer lugar, trazar una genealogía de la Unión de Asambleas de Comunidades. Ubicamos los antecedentes de la organización de esta red/encuentro en: (i) el estallido de 2001 y la experiencia de las asambleas autoconvocadas desde 2002, y (ii) la creación de asambleas socioambientales y la necesidad de unir sus reclamos. Y dentro de esta última, el origen de la UAC como red socioambiental específicamente se remonta al conflicto contra la megaminería en Esquel y el nacimiento de la experiencia asamblearia en aquella ciudad.
Mencionamos, además, algunas de las razones que llevaron a las asambleas a ir construyendo el encuentro/red UAC y a identificar y fortalecer una voz común.
Entre ellas, las más frecuentes son: (i) que el reclamo particular trascienda el terri-torio para obtener mayor visibilidad; (ii) lograr una articulación de acciones para que sean más efectivas, y (iii) aprender de las diversas experiencias de otras asambleas.
En segundo lugar, nos propusimos identificar las principales características de la forma de organización de la UAC. Una de las cualidades que define su forma es que está atravesada por una multiescalaridad de las luchas y una multiplicidad de cuestiones ambientales que expresan la existencia de una problemática que trasciende los territorios locales, aunque no exista sin ellos. Nos referimos a la contaminación, destrucción y mercantilización de los bienes comunes a lo largo y ancho del mundo.
Consideramos que esta característica que tiene la UAC es intrínseca a la forma de organización que adquirieron los encuentros, y sobre todo, a la rotación de los lugares donde se realizan. Pero además de la rotación del lugar y la multiplicidad de problemáticas abordadas, mencionamos la horizontalidad, el consenso, la ausencia de cargos rentados o permanentes, las comisiones abiertas, la rotación en los organizadores, la heterogeneidad en los miembros que participan y la autonomía. Muchas de estas características forman parte de los criterios de la organización del encuentro y se constituyen a través de los acuerdos y de su puesta en práctica, no como una norma fija.
Destacamos, además, que UAC es un caso único en el territorio argentino por las características que hemos mencionado a lo largo del trabajo. Pero cabe preguntarse, para futuros trabajos, si el conjunto de estas características no hace de la UAC un caso particular más allá de las fronteras nacionales, como observan quienes se acercan desde otros países de este y otros continentes. Y más allá de su relevancia como experiencia, en una futura agenda de investigación sería interesante comparar su forma de organización con otras experiencias, para advertir las semejanzas y diferencias.
Este año (2018) se cumplen los treinta encuentros de esta unión de asambleas, y con ello treinta años de una búsqueda constante, no solo en las estrategias de defensa de los bienes comunes sino también de otra forma de organizarnos políticamente, es decir, de «asamblear el mundo».