Qué democracia-Agosto 2022
Con legalidad-legitimidad e impunidad del gran capital de incesante acaparamiento de las condiciones y medios de vida.
Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/
Alternativas emancipatorias
Legalidad-legitimidad de la gran burguesía
Examinemos en qué consiste la legalidad-legitimidad de la gran burguesía y cómo los estatistas, o nacionalistas populares, se entrampan y nos entrampan en el círculo vicioso de los poderes constituidos tanto por dictadura genocida como por democracia esencialmente contrainsurgente. Ejemplifiquemos respecto a los estatistas con la Unión de Trabajadores de la Tierra. Para la UTT, una de las organizaciones integrantes del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, la solución de fondo debe ser superadora de los abordajes coyunturales: hace falta un Ministerio de Alimentación en la Casa Rosada. Lo explica Nahuel Levaggi, coordinador general de la UTT: “La alimentación, como la salud o el trabajo, es una necesidad básica de toda la población, no importa la clase social a la que pertenezcas. El Estado Argentino debería tener una política totalizadora para un tema fundamental como la alimentación”. Leer
No atendió, en aquella entrevista del 16 de octubre de 2019 por Revista Cítrica, que la expansión del binomio indisoluble de la soja transgénica con los agrotóxicos mortíferos y de todo el sistema imperialista de agronegocios está formulada e instituida por el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial desde 2010 (es decir Cristina Fernández es responsable) hasta 2020 que el gobierno de Alberto y Cristina Fernández prolongó en el Plan 2020-2030 presentado al Congreso en forma desembozada por las correspondientes transnacionales hegemónicas. Sin tapujos se convirtió en ley. Por supuesto, también se extendió la ley de emergencia alimentaria (bajo aprobación de ambos bandos de la ‘grieta’) cuya existencia es consecuencia de esa ocupación e invasión económico territorial de la agricultura sin campesinos ni indígenas.
Reflexionemos a qué da la espalda esa demanda al Estado gran burgués de garantizar derechos humanos:
Nuevos transgénicos, más riesgos
19 de marzo de 2020
Por Darío Aranda
Una nueva generación de transgénicos llega a los campos y a las mesas. No se trata solo de cultivos, sino también de animales diseñados mediante manipulación genética. Sin estudios independientes que avalen su inocuidad, empresas y gobiernos publicitan la “seguridad” de los productos. La responsabilidad científica.
Cortar y pegar genes. Y así lograr cultivos (o animales) de laboratorio a medida del cliente. Desde soja resistente a más agrotóxicos hasta papas que no se oxidan (“ennegrecen”), caballos supuestamente más fuertes y vacas con más kilos. Y hasta prometen bebés de diseño, inmunes a enfermedades. Son las promesas de una nueva técnica, denominada Crips/Cas9, que las empresas de biotecnología publicitan como una solución mágica para “producir más” y mejorar razas. Los gobiernos (con Argentina y Brasil a la cabeza) impulsan la propuesta empresaria e incluso evaden las regulaciones con la que cuentan los transgénicos.
Compañías de biotecnología, científicos y funcionarios no presentan estudios sobre cómo esta tecnología, y los alimentos y animales de laboratorio, impactan en la salud y el ambiente.
Discurso empresario
«Tarde o temprano será posible modificar la especie», tituló el diario La Nación en Argentina. “La edición de genes logra luchar contra las infecciones”, destacó el diario Clarín. El portal de noticias Infobae celebró: “La vaca argentina del futuro. Logran mejorar el ADN de los animales en una sola generación”.
Los genes son unidades moleculares de los seres vivos que, en su interacción con el ambiente, inciden en las características de los organismos (también son unidades que se heredan, que pasan de padres a hijos).
Los artículos periodísticos difunden acríticamente la técnica de modificación de genes llamada “edición genética (o génica)”. Consiste en un conjunto de métodos y tecnologías que permiten realizar modificaciones en el genoma sin requerir la introducción de un gen foráneo. Con está nueva tecnología se pueden eliminar genes, invertirlos, modificar su secuencia, silenciarlos o aumentar su expresión. Nahuel Pallitto y Guillermo Folguera, investigadores de la UBA y el Conicet, explican que las posibilidades de manipulación, en principio, parecen ser mayores que las que tradicionalmente ofrece la transgénesis.
La técnica más publicitada de la edición genética es la llamada Crispr (“Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas”, por sus siglas en inglés). Una manera muy simple de explicar de qué se trata: es una suerte de GPS con un par de tijeras. Crispr es un GPS que lleva a una parte específica del genoma, y Cas9 son las tijeras que cortan esos genes. La publicitan como una forma más precisa, barata y eficaz que los transgénicos anteriores, que permitiría resolver el hambre, las enfermedades y hasta “diseñar” seres humanos que resistirán enfermedades. Cuenta con una gran maniobra de propaganda mediática para no pasar por ninguna ley de bioseguridad y, al mismo tiempo, ocultar las críticas o dudas que implica la tecnología.
Con edición genética las empresas pueden producir cualquier tipo de organismos genéticamente modificados, con resistencia a diversos y cuestionados agrotóxicos.
Gobiernos
Argentina fue el primer país de América Latina en aprobar la soja transgénica. Fue en marzo de 1996 y en tiempo récord, 81 días. Lo hizo en base a estudios de la empresa Monsanto, sin tener en cuenta los impactos sociales, ambientales ni sanitarios. Significó un cambio drástico en el modelo agropecuario argentino. Fue una decisión tomada por un puñado de funcionarios (encabezada por el secretario de Agricultura y actual canciller, Felipe Solá), sin ningún tipo de información pública ni participación ciudadana.
De igual forma, Argentina avanzó en la regulación de la edición genética. No fue una ley tratada en el Congreso Nacional y, al igual que con la soja, no hubo ningún tipo de información a la ciudadanía. Se trata de una simple resolución ministerial (173/15), del 12 de mayo de 2015, firmada por el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado. En una interpretación tendenciosa define que la edición genética está dentro de las “Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT)” y no se trata de transgénicos. Por lo cual considera que no es necesario ningún estudio sobre posibles impactos en el ambiente ni la salud de la población.
“Argentina es el primer país del mundo que tiene regulación para la edición génica”, suele ufanarse Martín Lema, titular de la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura. Lema, que tiene papers “científicos” firmados juntos a Bayer/Monsanto y Syngenta, es un camaleón político, pasa de un color a otro sin sonrojarse: fue funcionario del kirchnerismo, luego del macrismo y ahora responde a Alberto Fernández. Se mantuvo siempre fiel a las empresas transgénicas: defiende los intereses del agronegocio, niega cualquier prueba sobre los efectos tóxicos de los agroquímicos y nunca escucha a las víctimas del modelo.
Brasil sigue el mismo camino que la Argentina. En 2018, mediante una polémica resolución normativa (RN 16) de la CTNbio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad), dio luz verde para la producción de semillas e insectos producidos mediante edición genética, sin considerarlos transgénicos.
En 2018 se realizó en Egipto la Conferencia de las Partes (COP14) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), donde se regula la biotecnología mundial. Argentina fue el principal impulsor pro-edición genética. Martín Lema, director de Biotecnología de Argentina, fue el vocero fundamental para disociar edición genética de los transgénicos y rechazó burlonamente la aplicación de los derechos indígenas (propuesto por Bolivia). Negó que se aplique el derecho a la consulta libre, previa e informada, vigente en normativas internacionales. También reiteró en diversas oportunidades que Argentina tenía “regulada” la edición genética desde 2015 y afirmó que no eran necesarios estudios extras.
El gobierno de Argentina resaltó la rapidez en la aprobación de semillas mediante la edición genética porque, argumenta, no se debe pasar por las pruebas y trámites que atraviesan los transgénicos. La cuestionada técnica atraviesa y unifica a los gobiernos: comenzó con Cristina Fernández de Kirchner, continuó con Mauricio Macri y se mantiene con Alberto Fernández.
En noviembre de 2018 el gobierno argentino presentó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una “declaración sobre biotecnologías de precisión aplicadas al sector”. Según dice el comunicado oficial “se expresa la importancia de la edición génica para la agroindustria y procura su aceptación a nivel internacional”.
Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, explica que las grandes empresas instalaron agresivamente que no se consideren los productos de estas tecnologías como transgénicos, porque en algunos casos el producto final no necesariamente contiene material genético foráneo, aunque su genoma haya sido manipulado. “Este absurdo intento de la industria biotecnológica y de los agronegocios tuvo un revés significativo cuando en 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los productos de las nuevas biotecnologías son organismos genéticamente modificados y deben seguir las regulaciones de bioseguridad. Paradójicamente, los gobiernos de Brasil y Argentina, comportándose como buenos lacayos de las trasnacionales del agronegocio, emitieron normativas de bioseguridad sobre edición genética que son más laxas aún que las regulaciones existentes sobre transgénicos” [1].
Riesgos
Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos y miembro de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt), explica que estas nuevas tecnologías moleculares alteran la estructura y funciones de la molécula viva, la forma en como estas se relacionan con su medio ambiente inmediato, trastocan los ciclos biológicos y evolutivos. “Hasta ahora no es técnicamente posible hacer ni un sólo cambio aislado en el genoma usando Crispr y que sea totalmente preciso y seguro. Crispr acaba generando en múltiples ocasiones modificaciones distintas a las deseadas, incorporando más ‘ruido genético, más alteraciones’”.
Bravo afirmó que la mayoría de las funciones génicas están reguladas mediante redes bioquímicas altamente complejas que dependen de un gran número de factores que las condicionan, como la presencia de otros genes y sus variantes, las condiciones del medio, la edad del organismo e incluso el azar. Cuestiona que, ignorando estos hechos, los genetistas y biólogos moleculares han creado sistemas experimentales artificiales en los que las fuentes de variación ambientales o de otro tipo se ven minimizadas.
Pallitto y Folguera, integrantes del Grupo de Filosofía de la Biología de la UBA, confrontan contra el discurso empresario y mediático: “No es cierto que la edición genética sea totalmente controlada ni que sea del todo predecible”. Si bien reconocen que la herramienta Crispr/Cas9 presenta una especie de “etiqueta” molecular que indica a qué lugar del genoma debe dirigirse el complejo que introduce los cambios, se trata de tecnologías que usualmente van acompañadas de “efectos imprevisibles, tales como modificaciones en otros lugares del genoma o de cambios no previstos en la región que interesa”.
Cuestionan que se deje en manos de la ciencia y de las empresas cuestiones que son de interés general. Les parece insólito que, al igual que con los agrotóxicos, se les pida a los afectados que demuestren los daños que provocan los transgénicos, cuando en realidad deben ser los mismos desarrolladores de tecnologías los que debieran comprobar que sus productos nos provocan daños. Subrayan que en edición genética no se ha confirmado que sean inofensivos para la salud ni el ambiente.
“Cuando hay estudios usualmente corresponden a investigaciones que se limitan a indagar los denominados niveles inferiores de organización. Así, se estudia lo que puede suceder a nivel molecular o celular, excluyendo del análisis aproximaciones que contemplen lo que podría llegar a suceder en los niveles poblacional y ecosistémico”, alertan.
Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración), cita a la organización inglesa GM Watch [2], que reporta estudios de 2019 en los que confirma que Crispr provoca desarreglos genómicos en plantas, animales y células humanas. Precisa que en el caso de alimentos o forrajes pueden causar alergias y otras formas de toxicidad.
Leonardo Melgarejo es doctor en ingeniería de producción y miembro fundador del Movimiento Ciencia Ciudadana (Brasil). Afirma que la edición genética produce “cambios impredecibles” en el genoma. Y precisa que en la mayoría de los casos de aplicación de edición genética se realiza con microorganismos, sin evaluación de riesgos a mayor escala, con posibilidades de contaminación. Melgarejo, que participó de forma crítica en la CTNbio de Brasil, deja un interrogante que la industria transgénica aún no contestó: “¿Cómo prevenir el flujo de microorganismos vivos entre países (con su consecuente contaminación)?”.
¿Por qué?
El impulso de nuevas tecnologías tiene entre sus objetivos, además de mayor rentabilidad, responder a un problema autogenerado por el agronegocio: la resistencia de malezas a los agrotóxicos (como el glifosato), que ya no son eficaces en el control de plantas no deseadas.
Elizabeth Bravo puntualiza que la edición genética es parte de un combo de tecnologías que busca asegurar el incremento en el uso de agrotóxicos y consolidar el rol del agronegocio en la producción agroalimentaria. Pallito y Folguera resumen: “Los transgénicos ya nos prometían el paraíso alimentario. Vemos ya las consecuencias de los OGM (Organismos Genéticamente Modificados –transgénicos–) en términos de contaminación, deterioro de la calidad de la tierra, pérdida de soberanía alimentaria y diversidad de cultivos. La lista es interminable. Las tecnologías de edición genética buscan ocupar su lugar”.
Transgénicos en la mesa
Estados Unidos ya aprobó una decena de cultivos mediante edición genética: soja, maíz, arroz, papa, alfalfa, tabaco y tomate, entre otros.
El 30 de enero de 2020 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) celebró en un comunicado: “El INTA siembra las primeras papas que no se oxidan”. Utilizaron Crispr/Cas9 para evitar el “pardeamiento enzimático”, que traducido a lo cotidiano es evitar el ennegrecimiento luego de pelarlas.
No dieron a conocer estudios sobre posibles efectos en la salud.
El INTA, el mayor ámbito oficial argentino dedicado al agro, destaca como un logro la papa por edición genética. Y avanzan en los ensayos a campo.
Elizabeth Bravo, desde Ecuador, no sale de su asombro: “¿Este experimento es para que la papa no se haga negra después de pelarla? ¿Para qué se necesita eso?”.
Por otro lado, la empresa Bioheuris anunció su trabajo de edición genética en soja, sorgo y trigo.
Carlos Pérez, director de la compañía, reconoció cuál es la búsqueda: “El glifosato dejó de ser completamente efectivo, por lo que es necesario introducir otras resistencias; ese es el objetivo» [3]. Pérez fue gerente de la empresa Bioceres (que desarrolló el primer trigo transgénico) y de la multinacional Bayer/Monsanto. Sus socios, Lucas Lieber y Hugo Permingeat, son parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología), el organismo responsable de la aprobación de los transgénicos en el país.
En Brasil, luego de la cuestionada resolución RN16, se aprobó el registro de una levadura para la producción de bioetanol por parte de la empresa Globalyeast.
Animales transgénicos
“Caballos clonados con genes editados, otra hazaña de científicos argentinos”, festejó la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura, el 9 de enero de 2018.
“El equipo de científicos utilizó el denominado ‘progreso genético de precisión’ para identificar secuencias de genes existentes de forma natural en los caballos que codifican para ciertas características, pero en vez de adquirirlos en sus crías mediante cruza convencional, estas secuencias son incorporadas en el laboratorio mediante edición genética. La técnica que permitió realizar estas ediciones en el ADN de los animales es Cispr-Cas9”, explicó la compañía Kheiron Biotech, responsable del experimento. Y afirmó ser “la primera empresa del mundo en lograr embriones equinos genéticamente editados”.
El Ministerio destacó que mejorarían el potencial y destreza de caballos de polo. Según la empresa, con la modificación genética se logran “mejoras relacionadas con el desarrollo muscular, la resistencia y la velocidad de los caballos”. Remarcan la supuesta importancia de ser una empresas “totalmente nacional” y destaca que en 2017 tuvieron un subsidio de dos millones de pesos del Gobierno (mediante la Agencia Nacional de Promoción Científica).
Daniel Sammartino, directivo de la empresa, anunció que “el próximo desafío” es ampliar la edición genética y la clonación a bovinos y porcinos para mejorar “la salud, alimentación y bienestar”.
En junio de 2019 Kheiron Biotech anunció que avanzó en vacunos desarrollados mediante Crispr/Cas9, bajo la promesa de “generar 20 por ciento más de carne” [4]. Señalaron que en 2020 tendrían la primera camada de terneros obtenidos vía edición genética.
No dieron a conocer qué estudios se realizan respecto a la inocuidad del animal y de su posible cruzamiento con otros vacunos. Pero igual aseguraron: “Un animal editado genéticamente en Kheiron Biotech es idéntico a uno que podría obtenerse naturalmente a través de cruza convencional” [5]. Y repiten la publicidad empresaria sobre Crispr/Cas9: “Se trata de una tecnología innovadora que permite la edición de genes de manera precisa provocando pequeños ajustes en el genoma de los animales de manera segura”.
El INTA también experimenta con edición genética en vacunos [6]. Promete generar “animales que produzcan leche de mejor calidad nutricional”.
En la otra vereda de los promotores de la edición genética, la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) difundió en junio de 2018 un documento de la organización Independent Science News (Noticias de Ciencia Independiente): “Los genetistas y biólogos moleculares han construido argumentos circulares para favorecer una visión determinista e ingenua sobre la función de los genes. Este paradigma le resta importancia habitualmente a las enormes complejidades por las que la información circula entre los organismos y sus genomas. Esto ha creado un gran sesgo en la comprensión pública sobre los genes y el ADN”.
Remarca que el mayor problema surge cuando esta conceptualización estrecha de la genética se aplica al mundo real, fuera del laboratorio: “En el caso de los cerdos ‘súper-musculosos’ reportados por la revista científica Nature, la fuerza no es su única función. Deben también tener más piel para cubrir sus cuerpos y huesos más fuertes para sostenerlos. También tienen dificultades para parir; y si estos chanchos son alguna vez liberados a la naturaleza es de suponer que tendrían que comer más. Así, este cambio genético, supuestamente simple puede tener efectos amplios sobre el organismo a lo largo de su ciclo de vida”.
“El artículo de Nature también revela que el 33 por ciento de los chanchos murieron prematuramente, y sólo un animal fue considerado sano al momento en que los autores de esta investigación fueron entrevistados. ¡Qué técnica tan precisa!”, ironiza la organización.
Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, recordó que la Academia de Ciencias de China, liderado por Kui Li, suprimió un gen para lograr cerdos con menos grasa. La carne de las crías que nacieron es 12 por ciento más magra. Pero una de cada cinco tuvo una vértebra extra en el tórax. “Es un fenómeno que los científicos no pueden explicar. Aseguran, sin embargo, que la carne de esos cerdos manipulados tiene el mismo contenido nutricional”, cuestiona Ribeiro.
Rol de la ciencia
Los científicos que impulsan la edición genética aseguran una y otra vez que es una técnica “precisa” y “segura”. No exhiben investigaciones que den cuenta de ninguna de esas dos promesas. Y, al mismo tiempo, no son voces ni independientes ni objetivas, ya que tienen intereses económicos en el desarrollo de esa tecnología.
¿Se le creería a un médico, contratado por una tabacalera, al decir que el cigarrillo es inocuo? ¿Qué veracidad tendría un científico, contratado por petroleras, al cuestionar el calentamiento global?
Nahuel Pallitto y Guillermo Folguera reflexionan de forma sistemática sobre el rol de la academia en los procesos sociales y políticos. Cuestionan la sobrevaloración del discurso científico, presentado muchas veces como objetivo y verdadero. “La ciencia y la tecnología son las productoras de las herramientas de edición genética. Sin embargo, son al mismo tiempo las que las validan y las que legitiman. En el caso de los transgénicos, las voces autorizadas para hablar de sus usos y consecuencias suelen ser la de los mismos técnicos que los desarrollan y evalúan. Con Crispr/Cas9 sucede exactamente lo mismo. Se genera de este modo una estructura de generación/validación cerrada que solo contempla la voz de los propios científicos y científicas de esos campos específicos. Procesos de exclusión de la mayor parte de la comunidad científica y, por supuesto, también de la comunidad no científica”, cuestionan.
El “principio precautorio” es un aspecto legal vigente en diversas normativas nacionales (Ley 25.675, en Argentina). Indica que ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución inédita en 2018, donde instó a los Estados a “actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica” [7]. También llamó a garantizar el acceso a la información, exigió que se cumpla el derecho a la participación pública en la toma de decisiones que pueden afectar el ambiente.
Nada de esto es tenido en cuenta al momento de aprobar productos realizados bajo edición genética.
En humanos
En noviembre de 2018 el genetista chino He Jiankui anunció haber creado los primeros bebés modificados genéticamente, mediante la técnica de edición genética Crispr/Cas9 y con el objetivo de “dar a las niñas la habilidad natural para resistir a una posible futura infección del VIH”.
Se ganó el (merecido) repudio mayoritario de científicos de todo el mundo. Le reprocharon haber pasado un límite: experimentar con humanos.
Curioso que esos mismos científicos justifican la experimentación y liberación de transgénicos, agrotóxicos y frutas, hortalizas y animales de laboratorio, sin considerar los impactos sociales, ambientales y sanitarios.
Un año después, diciembre de 2019, la Justicia china condena a He Jiankui a tres años de cárcel y a pagar una multa de tres millones de yuanes (430.000 dólares) por desarrollar “de manera ilegal la edición genética de embriones humanos con fines reproductivos”.
¿Quién está detrás?
Elizabeth Bravo encuentra muchas similitudes con la época en la que empezaron a investigarse los transgénicos. Primero se decía que era una técnica fácil, económica y que podía hacerse en cualquier universidad. Existían pequeñas empresas que hacían inversiones, con frecuencia con apoyo de las grandes multinacionales. Y si encontraba algo de verdad prometedor, la gran empresa compraba a la pequeña. “Eso sucedió por ejemplo con la empresa que tenía la patente de la soja transgénica y que fue comprada por Monsanto. Es posible que algo similar esté sucediendo ahora. Hay muchas de pequeñas empresas trabajando en estas tecnologías, y a veces cuentan con inversión de las grandes”, explica.
Syngenta, Bayer-Monsanto y Corteva están desde hace años trabajando en edición genética. Lo publicitan en su sitios corporativos y con sus periodistas aliados. Siempre bajo la misma promesa que con los transgénicos: mayor producción para calmar el hambre del mundo.
El mismo relato de hace treinta años, pero ahora bajo el nombre de “edición genética”.
Este artículo es parte del proyecto Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.
Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/nuevos-transgenicos-mas-riesgos
Bloqueo de la lucha de clases
Comencemos señalando que, ante la actual inflexión histórica de la humanidad agravada por la pandemia, cabe generalizar la ruptura del Pacto Social. Lo establecieron los Fernández (Alberto y Cristina) aprovechando su rotundo triunfo en las PASO. Es decir, hicieron virar el Nunca Más a Macri-Cambiemos hacia un contubernio entrambos (pese a presentarse como de antagonismo irreconciliable) para garantizar la continuidad y profundización de la acumulación gran capitalista local e imperialista. Durante los cuatro meses hasta la asunción de los F-F, el gobierno de Macri afianzó la precarización tanto de la vida como del trabajo, en tanto que los F-F construyeron la gobernabilidad sobre la intensificación del ajuste imprescindible a proseguir con la ocupación económica territorial de los extractivismos. La concretaron con el bloqueo a las luchas de las diversidades de abajo a través del Pacto Social y el Plan Argentina contra el Hambre.
Es hora de tener en cuenta cuán nefasto ha sido y es el papel del Estado en todas sus jurisdicciones. Es cuestionar a sus partidos de gobierno y sobre todo al Justicialista como el más eficiente para conseguir la viabilidad del modo capitalista de producción y mercantilización de la naturaleza que son los extractivismos o ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciosos, silenciados e invisibilizados por el sistema. Ejemplifiquemos al Estado represor frente a la paradigmática lucha de las asambleas de las comunidades de Chubut contra el avasallamiento capitalista e imperialista de los derechos tanto de los pueblos e individuos como de la naturaleza.
Argentina. Chubutazo:
la Justicia criminaliza a las y los vecinos por luchar. El gobierno y las mineras, impunes
26 de agosto de 2022.
Por Santiago Vasconcelos, Resumen Latinoamericano
Por orden del fiscal Rivarola, 24 vecinos de Rawson, Trelew y Puerto Madryn serán indagados, a cargo del Juez Gustavo Castro, el día viernes 26/8 en la Oficina Judicial de Rawson, acusándolos de daños a edificios públicos. Se trata de un claro intento de avanzar en la criminalización de la protesta social, luego de la condena a tres años del ex secretario general de Atech, Santiago Goodman.
El grado de complicidad del Poder Judicial con el gobierno provincial y la legislatura con el lobby minero es evidente. Mientras que avanzan contra los vecinos que salieron a luchar en defensa del agua, la represión, la persecución, las detenciones ilegales, las entraderas a las casas en la madrugada aún se mantienen, hasta ahora, impunes.
Todas las formas en las que la población se manifestó en diciembre en Chubut se enmarcan en un cuadro de rebelión popular, de miles y miles de personas hastiadas de un régimen de saqueo, endeudamiento, ajuste y represión. El Poder Judicial solo debería buscar responsabilidades entre quienes impulsaron y votaron a través de cientos de maniobras ilegítimas el completamente antipopular y antidemocrático proyecto de zonificación, que entregaba la provincia al saqueo megaminero.
La criminalización de la protesta y la represión es la otra cara del ajuste, el saqueo y el endeudamiento. En todo el país, bajo la orientación del gobierno nacional y la oposición derechista, se profundiza el recorte presupuestario (educación, salud, obra pública) y se impulsa el saqueo de los bienes naturales en función de garantizar el pago al FMI, beneficiar a los especuladores y a las grandes patronales.
La reciente asunción de Massa refuerza esta orientación: para prueba, Flavia Royón, ahora exministra de Minería de Salta, es la actual ministra de Energía de Nación. En Chubut, Arcioni, Sastre y el conjunto de las fuerzas políticas de la legislatura suscriben a esta política.
Esta orientación, en el país y en todas las provincias, tiene como garante los poderes judiciales provinciales y nacionales. Es por esto que en el último período se están llevando adelante allanamientos a locales de organizaciones sociales y detenciones, como a los compañeros de Jujuy; procesamientos a docentes de Santa Cruz, a luchadores de Neuquén y la condena a los compañeros Arakaki y Ruiz por luchar contra la reforma previsional del macrismo. Necesitamos poner en pie un plenario nacional antirrepresivo para dar respuesta de conjunto a este ataque a las libertades democráticas y el derecho a protesta.
Este viernes será el primer paso de un plan de lucha. El próximo 4, en el marco de las históricas marchas provinciales, es fundamental poner en pie movilizaciones en todas las localidades contra la criminalización de la protesta y contra el régimen de saqueo. Es necesario que el conjunto de los sindicatos abandone el inmovilismo para dar paso a una lucha de conjunto, con plenarios provinciales de delegados de todos los sindicatos, movimiento de desocupados, el movimiento ambiental y el conjunto de las luchas.
La batalla contra la criminalización de la protesta es clave en la lucha contra el ajuste. El día de las audiencias debe ser en el marco de un paro provincial, con un plan de lucha hasta lograr la absolución de todos los llamados a indagatoria.
¡Rechacemos en las calles la criminalización de la protesta! ¡El gobierno es responsable!
Prensa Obrera
Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/08/26/argentina-chubutazo-la-justicia-criminaliza-a-las-y-los-vecinos-por-luchar-el-gobierno-y-las-mineras-impunes/
Observemos que el semanario del Partido Obrero destaca de la situación actual:
(…) La criminalización de la protesta y la represión es la otra cara del ajuste, el saqueo y el endeudamiento. En todo el país, bajo la orientación del gobierno nacional y la oposición derechista, se profundiza el recorte presupuestario (educación, salud, obra pública) y se impulsa el saqueo de los bienes naturales en función de garantizar el pago al FMI, beneficiar a los especuladores y a las grandes patronales. (…)
Disentimos en que restringe el análisis de la realidad presente a una interpretación en base a meras descripciones de acontecimientos. En vez de plantear que este raudo e incesante agravamiento del malvivir mayoritario es propio del capitalismo como sistema social mirando sólo por el acaparamiento oligopólico de las condiciones y medios de vida. Se verifica esto mediante muchísimas pruebas en el país, en el continente y en el mundo tanto del presente como del pasado.
Comprobamos, entonces, que se limita a convocar a la unión en contra el “ataque a las libertades democráticas y el derecho a protesta”:
(…) Es necesario que el conjunto de los sindicatos abandone el inmovilismo para dar paso a una lucha de conjunto, con plenarios provinciales de delegados de todos los sindicatos, movimiento de desocupados, el movimiento ambiental y el conjunto de las luchas. (…)
Necesitamos poner en pie un plenario nacional antirrepresivo para dar respuesta de conjunto a este ataque a las libertades democráticas y el derecho a protesta.
Este viernes será el primer paso de un plan de lucha. El próximo 4, en el marco de las históricas marchas provinciales, es fundamental poner en pie movilizaciones en todas las localidades contra la criminalización de la protesta y contra el régimen de saqueo.
Destaquemos su anacronismo como el de todas las izquierdas electoraleras. No son tiempos de exigir al Estado gran burgués que cumpla o promulgue leyes y respete los derechos conquistados a fuer de luchas reprimidas hasta con masacres. Porque el sistema mundo y sus locales vulnera a ambos en su acelerada e intensificada expansión de los extractivismos o destrucción de las condiciones y medios para vivir.
Reflexionemos sobre qué manifiestan organizaciones pese a seguir confiando en el Estado por verlo neutral en vez de percatarse que constituye al bloque opresor-represor.
Documento – 100 organizaciones de todo el país preguntamos:
¿De la pandemia del agronegocio quién nos cuida?
Mientras millones de argentinos y argentinas nos quedamos en nuestras casas para preservar nuestra salud ante la pandemia global de coronavirus, el agronegocio continúa regando nuestros territorios con agrotóxicos que comprometen la capacidad de nuestro organismo para hacer frente al virus.
Entre las actividades “esenciales” que el Estado exceptúa de la obligatoriedad de suspender la actividad está “la producción agropecuaria”; sin distinción, como si fuera lo mismo sostener la producción de alimentos que la de commodities de exportación o agrocombustibles.
En paralelo está en curso una enorme operación publicitaria: aprovechando la pandemia las organizaciones del agronegocio se muestran “preocupadas por la salud” de las comunidades y “solidarias”, ofreciendo las mismas máquinas fumigadoras con las que liberan al ambiente sus agrotóxicos para “combatir a los mosquitos trasmisores de dengue” y otras enfermedades. Una nueva mentira, porque además de ser inefectivos para el control del vector generan deriva de los piretroides afectando la biodiversidad y contaminando el ambiente, como quedó demostrado con el estudio científico del Ing. Qco. Marcos Tomasoni (5). También están ofreciendo el uso de mosquitos fumigadores para rociar hipoclorito de sodio como mecanismo para combatir el coronavirus, sin ninguna evidencia científica que respalde la efectividad de esa medida.
También ofrecen “silos-bolsa para fabricar ropa de protección para el personal sanitario”, material que se encuentra contaminado con biocidas y debe ser tratado como residuo peligroso conforme la Ley Nacional N° 24.051. Si realmente son solidarios y se preocupan por nuestra salud paren de fumigarnos y cambien a la agroecología.
Durante estos días de aislamiento ha habido “incidentes” con fumigaciones en Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos o Chaco; en aquellas zonas donde la producción de commodities se realiza parece haber vía libre para fumigar(nos). Esto no es nuevo, es la trágica cotidianeidad de los Pueblos Fumigados de nuestro país, donde se liberan cada año alrededor de 500 millones de kilos/litros de agrotóxicos (1) en miles de formulados comerciales y con principios activos prohibidos en buena parte del mundo sin control alguno, e incumpliendo la Ley General del Ambiente nº 25.675.
Está comprobado científicamente y reconocido por las mismas empresas que elaboran estos agrotóxicos que estas sustancias producen inmunodepresión, irritan las vías respiratorias y gastrointestinales junto a un largo rosario de enfermedades por exposición crónica; lo que las comunidades y la ciencia digna han puesto de manifiesto.
El agronegocio ha cambiado la forma de enfermar y morir en nuestros pueblos (2), y en medio de esta emergencia el Estado no puede seguir mirando para otro lado. Mucho más cuando el efecto inmunodepresivo de los agrotóxicos, científicamente demostrado, pone a la población en una situación de riesgo ante la actual pandemia (3). ¿Cómo puede soportar un virus agresivo una persona en tratamiento por cáncer con todas sus defensas destruidas?
También es impactante saber que este mismo agronegocio sigue destruyendo nuestros bosques. En plena cuarentena organizaciones del Chaco denuncian que “las topadoras trabajan a apenas 8 km de la estación biológica que opera en el Parque Nacional El Impenetrable, lugar donde hace pocos meses se encontró uno de los últimos ejemplares de yaguareté del Chaco. El desmonte afectará 7 mil hectáreas de la estancia La Fidelidad, en la provincia de Formosa” (4)
Es inaceptable que distintos estamentos del Estado acepten estos “generosos ofrecimientos” mientras siguen sin escuchar lo que venimos denunciando hace años. Olvidan además que esta “explosión de solidaridad” viene del sector que hace menos de un mes realizó 4 días de paro agropecuario, acaparando granos y carne, contra el aumento de 3% en los derechos de exportación para grandes productores de soja; hecho que fue repudiado por el campo que produce alimentos y amplias franjas de nuestra población, tanto urbana como rural.
Como dijo Alberto Fernandez “Una economía que cae siempre se levanta. Una vida que se termina no la levantamos más.”. Ojalá esta frase quede sonando fuerte más allá de sofocada la pandemia.
La terrible paradoja, es que existen evidencias a nivel global que vinculan fuertemente al modelo del agronegocio con el surgimiento de las pandemias. En una entrevista reciente el investigador Rob Wallace afirmaba: “El aumento de la aparición de virus está estrechamente relacionado con la producción de alimentos y la rentabilidad de las corporaciones multinacionales. Cualquiera que pretenda comprender por qué los virus se están volviendo más peligrosos debe investigar el modelo industrial de la agricultura y, más específicamente, la producción ganadera. En la actualidad, pocos gobiernos y pocos científicos están preparados para hacerlo. Más bien todo lo contrario.” (6)
La sociedad global debe recoger la experiencia de otras grandes pandemias, como la Peste Negra, donde la avaricia y la acumulación de los señores feudales fue a contramano de las necesidades alimentarias de la población desencadenando aquella gran pandemia. Hoy el Coronavirus vuelve a tener la misma aliada: la malnutrición, ahora junto a inmunodepresores.
Sabemos que toda crisis es una oportunidad. Mientras las organizaciones del agronegocio la usan para lavarse la cara frente a la sociedad a la que envenenan cotidianamente mientras destruyen el ambiente, acaparando recursos y poder; quienes firmamos al pie les pedimos a nuestros gobernantes (una vez más) que defiendan nuestra salud. Y entendemos, como millones en todo el mundo, que es tiempo de cambiar este modelo agropecuario basado en transgénicos y venenos, para impulsar y consolidar a la agroecología como base de un nuevo modelo agropecuario, con tierra y dignidad para las familias productoras rurales y alimentos sanos a precios justos para quienes viven en las ciudades; en fin Soberanía Alimentaria para nuestro pueblo.
Argentina, 31 de marzo de 2020
1- Investigación de Naturaleza de Derechos (Junio de 2019)
4- Somos Monte denuncia desmonte a 8 km del Parque Nacional El Impenetrable
5- No hay fumigación controlable. Generación de Derivas de Plaguicidas – Ing. Qco. Marcos Tomasoni
6- La responsabilidad de la agroindustria en el Covid-19 y otras enfermedades virales
Primeras firmas:(…)
Para sumar su adhesión: huerquenweb@gmail.com
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Campanas-y-Acciones/De-la-pandemia-del-agronegocio-quien-nos-cuida
Tengamos en cuenta a:
*Frente de Todos (FDT)- Juntos por el Cambio (JXC):
¡EL CONSENSO EXTRACTIVISTA ASEGURADO!*
28 agosto 2022
Autoconvocados Campana – Autoconvocados Río Paraná
En medio de la bizarra y fenomenal manipulación mediática que se derrama desde los medios de comunicación, quienes desde los 90 venimos soportando que nuestras vidas hayan sido empobrecidas y precarizadas hasta extremos impensados, para adaptarlas a las metas de un Modelo Capitalista extractivista y sus mandos trasnacionales, no deberíamos distraernos ni apartar la mirada de TRES ejes centrales:
*La SOBERANIA DEL PARANA + LA LEY DE HUMEDALES + LA LEY DE ACCESO A LA TIERRA*
¿Qué podemos constatar en 2022?
• Que ni ALBERTO FERNANDEZ/CFK por el FDT ni MACRI/LARRETA por JXC están dispuestos a mover un dedo a favor de la LEY DE HUMEDALES y la LEY DE ACCESO A LA TIERRA ni a enfrentar a las grandes CORPORACIOES AGROPORTUARIAS TRASNACIONALES que se apropiaron del Paraná y lo transformaron en una carretera de agro-dólares.
• Que ningún Movimiento Social Oficialista alimentado por las cajas del poder va a sacar los pies del plato, tal como lo demuestra el triángulo amoroso del CHINO NAVARRO (Movimiento Evita) y JUAN GRABOIS (Frente PATRIA GRANDE) con GUSTAVO GROBOCOPATEL, el “REY DE LA SOJA”
• Que el eje alrededor del cual orbitan el FDT y JXC es el CONSEJO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO –creado en julio de 2020- en el cual están representadas todas las cámaras y grandes empresas de transgénicos y agro venenos + la Sociedad Rural + la Mesa de Enlace
• Que el pacto del FDT con el CONSEJO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO (CAA) tiene una tentación insalvable para la reproducción de Oficialismo y Oposición: A cambio de AJUSTE + MENOS IMPUESTOS + RECORTE DE RETENCIONES… ¡recaudar 100 mil millones de dólares al año y generar 700 mil puestos de trabajo!
• Que este consenso del FDT y JXC esta explicitado en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agro Industrial 2010 -2020 de CFK y Julián Domínguez, que fue renovado por Macri… ¡y que actualmente se vuelve a renovar con el Plan Agro-bio-industrial 2020 2030 de Alberto Fernández/Julián Domínguez!
*El HABITAT, la VIDA… Y LOS NEGOCIOS POLITICO-EMPRESARIALES*
Es indispensable comprender:
1) Que cuando defendemos nuestros HABITATS y nuestras VIDAS… estamos enfrentando también el apoyo electoral masivo a líderes y aparatos políticos mayoritarios que en los últimos 33 años implantaron, usufructuaron y expandieron por igual un modelo de acumulación capitalista basado en el Fracking, la mega-minería del cianuro y la renta agraria asociada al paquete tecnológico de BAYER, MONSANTO y SYNGENTA.
2) Que con masivo apoyo popular, todas las formas de vida fueron subordinadas a un caldo de coimas, sobornos y corrupción generalizada, que determinaron que desde el Estado Nacional y los Estados Provinciales se consensuaran y aplicaran políticas públicas y métodos productivos que condujeron a la concentración de la tierra, la malversación del agua, la expulsión de campesinos y trabajadores rurales de sus hábitats, la expansión de todo tipo de enfermedades emergentes y la más grande expulsión en masa de nuestra historia.
3) Que en este momento –con apoyo de JXC- dos grandes humedales están amenazados por PLAN GANADERIA EN HUMEDALES impulsado por el Gobierno Nacional (Alberto Fernández-CFK-FDT) + la Sociedad Rural + el Consejo Agroindustrial Argentino:
a) Los Bajos Submeridionales, un gran humedal que abarca regiones de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero y que tiene más de 3 millones de hectáreas (una superficie mayor que la Provincia de Mendoza) (ver anuncio Domínguez – Batakis de julio 2022)
b) El Delta del Paraná; amenazado por el lanzamiento el 5 de abril de 2022 del Plan Ganadería en Humedales en Victoria-Entre Ríos, una provincia donde se acumulan más de 50.000 hectáreas ocupadas por el negocio sojero y más de 1.500.000 cabezas de ganado con sus correspondientes pasturas, agro venenos e incendios preparatorios.
*HOY MAS QUE NUNCA, IDENTIFICAR ESTOS PLANES GUBERNAMENTALES Y SUS RESPONSABLES ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DE LA RESISTENCIA ISLEÑA Y CONTINENTAL EN LAS COSTAS, LAS AGUAS Y LAS ISLAS DEL PARANA*
Publicado por Arturo Avellaneda
Alternativas emancipatorias
Advirtamos sobre la identificación con el capitalismo de las predominantes izquierdas sociales, partidarias e intelectuales.
PRUEBAS DE SU CONFORMISMO E INVOLUCIÓN SON: -su antiimperialismo a secas(que parte restringe a estar contra EE.UU.); -su atribución del ajustazo al FMI; -su coincidencia con el gobierno de Alberto y Cristina Fernández de justificar los extractivismos por la exigencia de pago de los servicios de deuda eterna que ahora restringen al período del gobierno de Mauricio Macri; -su contribuir a la ilusión mayoritaria en los gobiernos progresistas, incluso con más de una década de su gestión de expansión de los extractivismos y su régimen de Estado policial militarizado -criminalizador de las defensas y recuperaciones de territorios; -su aceptación de cómo el sistema mundo capitalista y sus locales procedieron ante la pandemia implantando un encubierto estado de sitio sobre todo entre los desposeídos de todo por el capitalismo y su Estado; -su reclamo de trabajo virtual y vacunación a todos sin responsabilizarse de estar garantizando las tendencias expoliadoras del capitalismo ni analizar e investigar causas de la pandemia como que la primordial se halla en el exterminio y producción masivas de animales hospedadores de virus de las zoonosis; -su relegar a segundo lugar la aceleración e intensificación de la deforestación, la megaminería y el fracking en Vaca Muerta sin sensibilizarse ante las defensas y recuperaciones de territorios que están concretando el enfrentamiento al Capital Estado mirando sólo por acumular riquezas al precio de desertificar o sea de ecocidios-genocidios arrasadores de la vida presente y futura.
Hoy han alcanzado la máxima perversión al involucrarse en victimizar a la principal representante de la casta política en que se convirtió la clase política gracias a su participar en la comunidad de negocios con el poder real que lo es por la democracia esencialmente contrainsurgente y por un Estado clientelar que los K( versión del PJ mimetizada con aspiraciones de este siglo de una mayoría abajo) ampliaron y profundizaron a dirigencias, científicos, artistas e intelectuales izquierdistas.
HOY ESTÁN DEFENDIENDO A CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER QUE SE CONVIRTIÓ EN GRAN BURGUESA (COMO ELLA SE UFANÓ) POR: -subsidiar de modo directo e indirecto a las petroleras que están destruyendo la habitabilidad de la provincia de Neuquén, de Allén (prov. de Río Negro) e invaden bélicamente otros países, continentes para saquear sus hidrocarburos; -alabar el crecimiento a tasas chinas del boom de commodities a beneficio exclusivo de la acumulación gran burguesa local e imperialista de riquezas y dominio sobre las diversidades de abajo; -actuar a favor de Monsanto, de la Barrick Gold y de Chevron.
HOY SE IRRESPONSABILIZAN DE APOYAR A CFK QUE ES LA IMPRESCINDIBLE PARA LA GOBERNABILIDAD DEL AJUSTAZO Y EL SILENCIAMIENTO E INVISIBILIZACIÓN DE LAS LUCHAS CONTRA EL AVASALLAMIENTO DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS E INDIVIDUOS Y DE LA NATURALEZA, ESTOS ÚLTIMOS SON LAS CONDICIONES INELUDIBLES PARA LA VIDA PLANETARIA.
DESPERTEMOS, NOS ALERTÓ BERTA CÁCERES, QUE URGE FRENAR PARA LUEGO ERRADICAR AL MODO CAPITALISTA DE PROGRESAR DESERTIFICANDO O ANIQUILANDO LA VIDA Y LA SALUD PLANETARIA QUE INCLUYEN LAS HUMANAS.
Sabemos de la opresión en todas las provincias bajo distintos modos e intensidades y se afianzó por el aprovechamiento gran capitalista de la pandemia para expropiar y excluir a una creciente mayoría. Los partidos de estado la viabilizan. Ante todo el Partido Justicialista que se enmascara de nacional populismo y se compone de derechas a partir de los terrorismos paraestatal y estatal contra sus izquierdas que planificó e impulsó Juan Domingo Perón en los setenta. Con Menem liderando al PJ se consolidó el servicio al Capital de las burocracias políticas, sindicales y judiciales mediante conversión de dirigencias y altos funcionarios en socios menores del llamado poder real.
Pregunto: ¿a qué democracia defienden quienes se oponen al juicio a CFK? Si se concreta va a ser inefectivo por el Estado garante de subsidiar y de otorgar impunidad al contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales para seguir profundizando los ecocidios-genocidios que son los extractivismos.
¿Qué feminismo está implicado en la identificación con CFK como mujer? Muchas preguntas que también suscitan las centrales de trabajadores y las diversas izquierdas que se sienten interpeladas y convocan a rebelarse contra el juicio pero no lo hacen para unirse a las defensas y recuperaciones de territorios por comunidades que hacen cuanto pueden en frenar y luego erradicar la aceleración e intensificación por el Capital-Estado de la desertificación de Argentina.
Compartimos con los otros pueblos del Abya Yala la necesidad de involucramiento de una creciente mayoría de abajo en las defensas y recuperaciones de territorios. Sobre su significado leamos:
Nación Mapuche. Werken de la CAM defiende a Llaitul: “No robamos madera porque está en territorio mapuche” / Industria forestal empobrece comunidades que luego son criminalizadas: No habría robo de madera sin robo de tierras
Cristian Neira / Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2022
Rafael Pichun habló en las afueras de Juzgado de Garantía de Temuco, donde se formaliza a Héctor Llaitul. Acusó «una persecución política a través de montajes».
Acusando montaje y asegurando que toda la madera que acusan que roban pertenece al pueblo mapuche, el werken de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Rafael Pichun, defendió a Héctor Llaitul.
El dirigente expresó a la prensa que “venimos a dar el respaldo a nuestro máximo werken que es Héctor Llaitul, que ha sido perseguido políticamente por este gobierno, el de Gabriel Boric».
“Venimos a denunciar la persecución a nuestras comunidades. Este encarcelamiento obedece solamente a cuestiones políticas. Este es un montaje”, prosiguió.
En ese sentido, el werken Pichun explicó que “es una persecución política a través de montajes, porque este gobierno, por su jugada política, por todo lo que hoy representa el Plebiscito, necesitaba calmar a una posición, calmar a la derecha empresarial y también calmar así también a la opinión pública para querer demostrar que en el Wallmapu hay seguridad».
«Nuestra organización y nuestras comunidades seguirán en lucha, seguirán expulsando a las forestales de nuestro territorio, seguiremos expulsando al latifundio, seguiremos en lucha, porque el pueblo Mapuche ya está en pie de lucha”, destacó.
Finalmente, el dirigente del pueblo Mapuche expresó que “nosotros no robamos madera, porque toda es nuestra, toda está en nuestro territorio y la estamos recuperando”
NO HABRÍA ROBO DE MADERA SIN ROBO DE TIERRAS: Industria forestal empobrece comunidades que luego son criminalizadas
Empresarios de distintos rubros quitaron la tierra a campesinos y mapuches en un proceso ampliamente documentado y conocido.
Durante los últimos años, se ha registrado un creciente aumento de las recuperaciones de estos grupos que reivindican como propias las tierras usurpadas. En las zonas rurales donde el avance de plantaciones forestales ha destruido el bosque nativo o ha reemplazado las tierras agrícolas, distintas comunidades en resistencia han anunciado que lo que se denomina mediáticamente como «robo de madera» es en realidad un intento de recuperar algo que les pertenece y además necesitan para subsistir.
No es posible hablar de robo de madera si la propiedad de la tierra es reclamada por comunidades mapuches y campesinas usurpadas, con un conflicto ampliamente reconocido y con grandes expectativas de que se solucione por las partes afectadas, principalmente para quienes han permanecido décadas sumidas en la pobreza causada por el uso de la tierra con interés patronal y empresarial.
Hoy, la industria de plantaciones forestales o monocultivos forestales de pino y eucalipto para pulpa de celulosa o productos derivados de la madera, domina el paisaje en la zona centro sur de Chile y el territorio mapuche. Su expansión fue potenciada con privatizaciones masivas en la Contrarreforma Agraria durante dictadura, mediante violentos despojos territoriales.
La reducción drástica de la biodiversidad vegetal y acuática con el desmonte y quema de bosque nativo, en conjunto con su impacto en ciclo del agua, han transformado radicalmente el paisaje, empobreciendo a las comunidades. Las plantas de celulosa contaminan ríos, zonas costeras y generan emanaciones tóxicas para comunidades locales.
Un estudio recientemente publicado que analizó el periodo 1997-2015 concluye que la industria forestal incrementa la pobreza y la desigualdad social para las comunidades rurales que viven en los territorios donde ésta se ha instalado. Los hallazgos muestran que la expansión de la industria forestal en las últimas décadas no ha reducido el desempleo ni aumentado los ingresos en las comunidades, sino todo lo contrario.
En 2014, nuestro documental «Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile» apuntó a la gran industria de monocultivos forestales y pulpa de celulosa y papel como responsable de una amplia gama de impactos socioambientales. Uno de los más determinantes era la pobreza que afecta las comunidades rurales y periurbanas rodeadas por estas plantaciones.
En la zona centro-sur de Chile es una de las más pobladas del país y ha sufrido drásticas transformaciones ambientales durante su historia reciente. Ciclos de deforestación y monocultivos agrícolas han destruido o dejado en un estado muy fragmentado a los bosques que caracterizaban anteriormente la región.
Gran parte del territorio utilizado hoy por empresas forestales tuvo en el pasado extensas franjas de bosques. Una significativa parte de ellos comenzó a ser destruida durante la primera etapa de la colonia española, especialmente para el cultivo de cereales y el monocultivo de trigo, mientras que las zonas que no fueron intervenidas en este periodo, lo fueron de una manera mucho más acelerada durante las últimas tres décadas del siglo XX en el marco del fomento de la industria forestal, subsidiada por el Estado neoliberal como política de la dictadura de Pinochet.
Un estudio de 2020 constata que los cambios ocurridos en las últimas décadas son los más significativos de los últimos 500 años. Este periodo coincide con la expansión acelerada de monocultivos forestales, mayor uso de agua con fines agroindustriales e incremento de fertilizantes. El impacto es mucho mayor que el generado por cambios climáticos y actividades humanas previas.
En toda la Cordillera de la Costa y Nahuelbuta, innumerables testimonios revelan cómo en los terrenos que hoy son dominados por las empresas forestales, se recurrió al fuego como arma para despejar el bosque nativo y plantar monocultivos. Además de esto, un arma de despojo territorial que expulsó a la población campesina, un proceso denominado «Desplazamiento forzado» y que actualmente se busca que se reconozca y se repare como un crimen de lesa humanidad.
Es un hecho reconocido que las comunidades campesinas y mapuches históricamente solían proveerse de leña de predios forestales y que ahora su actividad ha ido en aumento en relación con sus procesos de recuperación territorial y reivindicación de tierras usurpadas.
En estos casos, distintas comunidades han planteado la necesidad de utilizar los espacios recuperados para salir de la pobreza, apuntando a la soberanía alimentaria, la recuperación de las fuentes de agua y la biodiversidad, particularmente el bosque nativo destruido por las forestales, encontrándose con una política criminalizadora.
El gobierno actual, así como los precedentes, se niega a reconocer éste y otros fenómenos asociados a las mismas causas como problemas políticos, obturando así cualquier posibilidad de resolverlos. La receta de asistencialismo y represión, aunque adornada, ha mostrado su completa ineficacia. Finalmente, con esta política obtusa de priorizar los intereses cortoplacistas del empresariado, el gobierno de Gabriel Boric, pierde oportunidad de responder a las expectativas generadas y profundiza su descrédito.
No habría robo de madera sin robo de tierras.
Resumen cl
Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/08/26/nacion-mapuche-no-habria-robo-de-madera-sin-robo-de-tierras-industria-forestal-empobrece-comunidades-que-luego-son-criminalizadas/
Necesitamos, abajo y a la izquierda, valorar y aprender de los pueblos originarios.
Tilcara, Jujuy, 27 de Agosto de 2022.
Tiempo de Seca
DECLARACIÓN DE COMUNIDADES ANTE LA VISITA DEL RELATOR DE LA ONU
Con el entendimiento de que el Convenio 169 OIT, la Declaración de Naciones Unidas, el Convenio de Diversidad Biológica, y demás instrumentos internacionales, nacieron de la entrega y la lucha de nuestros ancestros. Levantando los cuatro principios de las políticas públicas para pueblos indígenas: Ancestralidad, Territorio, Biodiversidad, Personalidad Jurídica.
Reunidos en éste Kaypacha, REAFIRMAMOS CON LA MISMA FUERZA la posición histórica de nuestros pueblos.
Venimos a DECLARAR LA EMERGENCIA energética, hídrica, institucional, climática, política, sanitaria, educativa. Toda la crisis mundial en que nos encontramos nace de la emergencia territorial que las comunidades venimos anticipando desde hace años sin respuesta alguna de los Estados ni los organismos internacionales. Con el claro beneficio de las empresas trasnacionales.
Nuestras vegas han sido secadas por la extracción de litio. El 70 por ciento de la discapacidad de la provincia de Jujuy está en la quebrada y puna, donde prima la megaminería contaminante. Nuestros glaciares, salares, ríos, nuestros cuerpos son violentados cada día.
En ese marco de entendimiento y con la firme intención de tejer redes que nos permitan continuar la reexistencia de nuestros pueblos y comunidades, traemos la propuesta de construir con simetría, generar un tejido que incluya a las infancias, a los mayores, a las mujeres y diversidades, juventudes… Y también a toda la biodiversidad de la que somos parte.
Sabemos que existen distintas formas de asumir esta lucha por la vida. Pero todas tenemos el mismo compromiso y deseo: seguir viviendo como hemos vivido siempre, heredar a los que vienen aquello que los ancianos resguardaron para nosotros.
Desde nuestra LIBRE DETERMINACIÓN, nuestro propio camino, imaginamos un futuro donde tengamos otra política, una economía distinta.
Los originarios somos aquellos que conocemos nuestro pasado, y podemos orientarnos en el presente. Somos PUEBLOS.
Lo que nos define es la personalidad jurídica, la defensa de los cuatro elementos, que es la vida misma, y no se negocia.
CON ESTOS SENTIRES NOS CONVOCAMOS A UN PRÓXIMO ENCUENTRO EN OCTUBRE EN EL TERRITORIO ANCESTRAL DEL NOROESTE ARGENTINO.
JALLALLA PACHAMAMA!! JAYLLI JAYLLI JAYLLI! CHEY CHEY!
Apreciemos, abajo y a la izquierda, cómo Rubén Kotler construye la imprescindible interpelación a quienes consideran que CFK no es la vicepresidenta del actual gobierno nacional. Y cuál es su caracterización del desafío urgente que debemos asumir.
Rubén Kotler
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Preguntas para quienes militan en favor de CFK como si fuera una parte escindida del gobierno nacional actual:
El ajuste ¿Quién lo lleva adelante?
La devaluación sostenida ¿Quién la lleva adelante?
Los tarifazos ¿Quién los lleva adelante?
La depresión del salario ¿Quién la lleva adelante?
Los recortes de presupuesto en Salud, educación y otras áreas estratégicas ¿Quién los lleva adelante?
Los aumentos en combustibles ¿Quién los autoriza?
La inflación cercana a los 3 dígitos ¿Quién la provoca con sus políticas económicas?
El acuerdo con el FMI ¿Quién lo lleva adelante?
Los planes sociales ¿Quién los ha enviado a auditar?
El gobierno nacional ¿Quiénes lo integran?
Cuando sean capaces de responder estas preguntas, sería bueno que comiencen a admitir el fracaso del gobierno que conducen Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández como vicepresidenta en ejercicio de sus funciones. Y dejen de defender a una de las patas del ajustazo feroz. Dejen de hacerse los desentendidos sobre las políticas de derecha que aplican desde hace años. Si los 12 años de gobierno k fueron los mejores ¿por qué perdieron las elecciones de 2015?
Mientras nos entretienen gobierno y oposición con el show montado en Recoleta, nos están pasando el trapo de un ajuste que pagarán las próximas generaciones con más hambre y miseria.
Es aquí donde urge una izquierda con claridad para proponer una agenda propia, independiente de los partidos del régimen y empezar a pensar seriamente que la democracia burguesa y el parlamentarismo burgués no es la salida sino la entrada a una trampa que nos proponen para continuar aplicando políticas que algunos gustan denominar neoliberales.
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