Qué Democracia- Abril/Mayo 2022
Con ley de la dictadura genocida para la incesante expropiación y expoliación de las transnacionales y sus socios menores locales.
Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/
Alternativas emancipatorias
Legalidad-legitimidad de la gran burguesía
Examinemos porqué hacer a otra caracterización de la dictadura genocida de 1976 a 1983. Hasta hoy es enfocada como cívico-militar-eclesiástica cuando urge reconocerla ante todo pro-imperialista al implantar la reorganización estructural de Argentina para el proceso de avance continuo e ilimitado de la transnacionalización económica y territorial. Que el gobierno de los Fernández -en unidad con todos los provinciales- acelera e intensifica desenmascarando cada vez más que la vigente democracia desde fines de 1983 sólo es fachada de la dictadura del contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales.
Es clave en la actual situación límite, a la vez inflexión histórica, generalizar la ruptura con la legalidad-legitimidad de la gran burguesía local e imperialista para no entramparse como la Unión de Trabajadores de la Tierra. Para la UTT, una de las organizaciones integrantes del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, la solución de fondo debe ser superadora de los abordajes coyunturales: hace falta un Ministerio de Alimentación en la Casa Rosada. Lo explica Nahuel Levaggi, coordinador general de la UTT: “La alimentación, como la salud o el trabajo, es una necesidad básica de toda la población, no importa la clase social a la que pertenezcas. El Estado Argentino debería tener una política totalizadora para un tema fundamental como la alimentación”. Leer
No atiende a la vinculación estrecha del Ministro de Agricultura de la Nación con Insfran, quien ha establecido durante décadas un neofeudo extractivista. Tampoco repara en el papel protagónico de Felipe Solá para el gobierno de los Fernández cuando no sólo fue uno de los principales mandamases del fusilamiento de Maxi y Darío con el objetivo de poner fin a la antineoliberal rebelión popular, sino que también hizo a la invasión ‘democrática’ de monocultivos de soja transgénica en binomio indisoluble con agrotóxicos o venenos mortíferos a toda vida no modificada en su genética para tolerarlos.
No advierte que la expansión de esta última y de todo el sistema imperialista de agronegocios está formulada e instituida por el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial desde 2010 (es decir Cristina Fernández es su principal responsable) hasta 2020. Que ha sido prolongado como su consecuente ley de emergencia alimentaria. Hoy rige profundizándolo, gracias al gobierno FF, el plan del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para la próxima década titulado “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”.
Reflexionemos a qué estamos dando la espalda:
LA LEY DE INVERSIONES EXTRANJERAS Y EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA
Herencia de la dictadura
23 de marzo de 2014
La CNV y el Ministerio de Defensa analizan los archivos encontrados de la dictadura. Uno de los capítulos es sobre la reglamentación de la Ley de Inversiones Extranjeras, una de las normas que habilitó la reestructuración económica.
Por Walter Bosisio *
A mediados de diciembre de 2013, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, suscribieron un convenio de colaboración para trabajar en conjunto en el análisis de información y, eventualmente, aportar constancias documentales a las causas que por violaciones masivas a los derechos humanos tramitan ante los tribunales del país. A partir del hallazgo el 31 de octubre del mismo año de un archivo pleno de documentación y registros elaborados durante la última dictadura cívico-militar con más de mil seiscientas actas encontradas, se planteó un trabajo conjunto entre ambos organismos estatales para analizar de manera coordinada la dimensión económica de dicho archivo. La experiencia realizada durante casi dos años por el equipo de investigación de la Oficina de Derechos Humanos de la CNV se integró al equipo de investigación del Ministerio de Defensa con el fin de aportar una mirada especializada sobre estos temas.
Ahora bien, bajo este contexto de relevamiento de actas y documentos donde emergen escritos de los diversos organismos burocráticos (proyectos de ley con discusiones y asesoramiento de actores partícipes taquigrafiados de la CAL, junto a resoluciones y acciones de varios ministerios) que permitieron ejercer el poder de facto de esa dictadura genocida, surgen algunos ejes que requieren especial atención, no sólo por la fuerza de verdad histórica y actos probatorios en algunos casos de delitos de lesa humanidad, sino por el impacto y consecuencias que dichos accionares vuelcan en el hoy, a raíz de la construcción de y el reforzamiento de círculos y elites de poder que siguen operando y haciendo a la realidad contemporánea de nuestro país. De este modo, respecto de una serie de unidades documentales y registros de la CAL encontrados y ligados a la reglamentación de la Ley de Inversiones Extranjeras, cabe hacerse estas preguntas y exigen volver a pensar los efectos en la estructuración de un orden dominante que adquirió fuerza de cristalización en la historia reciente.
¿Por qué es tan importante entonces volver a la etapa de la última dictadura cívico-militar y hablar de la Ley de Inversiones Extranjeras? Puesto que esa ley de 1976, junto con otras como la de Entidades Financieras de 1977, sumadas a las múltiples modificaciones de las leyes de Aduanas y otros instrumentos de política económica, introdujeron cambios que se convirtieron en nodales para delinear otro patrón de acumulación en Argentina, centrado ya no en la producción industrial orientada al mercado interno con una economía distributiva y una sociedad en tensión pero inclusiva, sino un paradigma de economía aperturista, de corte neoliberal, asentada en la llamada “valorización financiera”. Es decir, un nuevo modelo productivo exportador financiero ligado a la circulación de excedente de flujos financieros internacionales con el desarrollo de una sociedad de trabajadores disciplinados y “aterrorizados” por el Estado dictatorial que llevó a una profunda “reorganización nacional”, dejando una economía en crisis hiperinflacionaria, con pérdida del ingreso para la gran mayoría de la ciudadanía y un endeudamiento externo nunca antes vivido.
Se inauguró en Argentina un modelo social económico, cultural y político distinto que se refrendaría en la década noventista menemista con una fatal crisis de fin de siglo XX. La Ley de Inversiones Extranjeras fue una de las puertas de entrada a ese paradigma que aún sigue vigente y que continúa desatando impactos en la política económica de la actualidad. Muchos de los grandes grupos económicos que hoy conocemos iniciaron su cambio de concentración y centralización de capital en aquellos años del terror. La anterior ley de residencia de capitales extranjeros de 1973 incluía una serie de resguardos frente a capitales meramente especulativos, con orientación a la producción e incentivo del desarrollo de factores productivos nacionales, con promoción de la utilización de mano de obra nacional, desarrollo científico-tecnológico local, entre otros principios.
La ley impulsada por Martínez de Hoz llevaría a una apertura económica con menores resguardos, con equiparación de ventajas para capitales extranjeros en idénticas condiciones a las nacionales, habilitando el uso y consumo de créditos generales en el país (en vez de promocionar y proteger desarrollos desiguales en sus orígenes y desenvolvimientos), facilitando la “repatriación” a sus casas matrices de las utilidades obtenidas, pagando mínimos impuestos en nuestro país, potenciando la especulación y giro de ganancias con escaso control, todo en pos de abrir al país a los tiempos del “mundo desarrollado” para atraer dichos capitales y “modernizar” una economía concebida por estos actores civiles y militares como cerrada y necesitada de transformaciones profundas. El Proceso de Reorganización Nacional lo hizo, y luego el menemismo seguirá completando dicha tarea con las reformas del Estado, privatizaciones, Tratados Bilaterales de Inversión.
Un mundo de negocios para pocos y disciplina en los reclamos por la puja distributiva para el resto, con un escenario de desindustrialización selectiva y “ventajas comparativas” para el sector primario. Esos grupos económicos transnacionales y otros nacionales, diversificados e integrados, siguen pujando hoy por una redistribución regresiva de la riqueza, pulseando por un tipo de cambio acorde con sus intereses, con propuestas de medidas de “enfriamiento” de la economía ligada a un nuevo proceso de endeudamiento externo que traerá aparejado condicionalidades para encorsetar y frenar demandas de la mayoría de los trabajadores.
Aquella Ley de Inversiones Extranjeras de 1976 fue un síntoma de las luchas y readecuación del capital dominante de la época y la luz de esos oscuros astros aún sigue llegando a nuestras tierras en estos días. Reconstruir verdades, clarificar la memoria colectiva y generar una justicia que habilite una sociedad con desarrollo inclusivo y pluralidad debe ser un horizonte a seguir trabajando entre todos.
* Oficina de Derechos Humanos de la CNV.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-7548-2014-03-23.html
Recordemos que el gobierno constitucional de Perón y del Partido Justicialista incluyendo al de Estela Martínez de Perón preparó la dictadura genocida mediante El Rodrigazo y los terrorismos paraestatales y el estatal del Operativo Independencia. Sin embargo, fracasó en crear el sometimiento de las grandes mayorías a la expropiación y expoliación totalitaria del contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales.
Subrayemos cómo se actualiza la ley de inversiones extranjeras y se perfecciona en Ecuador que se suma así a otros países del continente condenados de modo ‘democrático’ al empobrecimiento sin límites.
“Atraer inversiones”, bingo para las grandes empresas,
devastación para el país
29 de abril de 2022
Por Editorial de Acción Ecológica| Acción Ecológica (Ecuador)
Claramente el proyecto de Ley de Inversiones promueve la captura corporativa del Estado para entregar al sector privado los activos y servicios públicos o los sectores estratégicos.
El pasado 24 de marzo la Asamblea Nacional votó mayoritariamente por el archivo del proyecto de Ley de Inversiones (o Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital). Este proyecto, que reforma 18 normas vigentes, tiene el objetivo de abrir sin límites la economía del país al capital transnacional, agravando las amenazas sobre los pueblos, los territorios y la naturaleza.
Después de la derrota sufrida en el legislativo, es muy probable que el ejecutivo canalice los ejes centrales de esta Ley a través de decretos ejecutivos o mediante una anunciada consulta popular; por tal razón es importante analizar algunas de las implicaciones de su contenido.
Delegación obligatoria de servicios públicos al sector privado
Según lo que señala la Constitución en su artículo 225, el sector público está conformado por todas las entidades de las cinco funciones del Estado (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de participación social), por las entidades del régimen autónomo descentralizado (los GAD) y por las entidades de las personas jurídicas que prestan servicios públicos o desarrollan actividades económicas asumidas por el Estado.
Con el proyecto de Ley, todas estas entidades pasarían a ser “entidades delegantes” obligadas a delegar al sector privado, mediante Contratos de Asociación Público-Privada (APP), la construcción de infraestructura y prestación de servicios públicos. Se incluyen en estos contratos los proyectos públicos sobre activos existentes de cualquier entidad delegante. Se prevé el otorgamiento de subvenciones, aportes de capital e incluso ingresos mínimos garantizados a favor del sector privado que participe en este tipo de contratos de gestión delegada.
Si bien se dice que las empresas públicas tienen un carácter de excepcionalidad, estas sí podrían ejercer sus facultades asociativas. En el proyecto de Ley de Inversiones se señala que “…cuando la Ley del sector no lo determine de modo general, le corresponderá al Presidente de la República dicha declaratoria mediante decreto ejecutivo”. En otras palabras, los límites establecidos son resueltos a través de una norma inferior, como es un decreto ejecutivo. Y para facilitar dicha posibilidad, se crea la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada como una entidad de derecho público, adscrita a la Presidencia de la República.
Los sectores estratégicos incluyen a la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, que constituyen ámbitos fundamentales para nuestro país. Estos sectores tienen relación con escenarios de permanentes disputas entre el Estado y los pueblos por la protección de los derechos y la construcción del Estado plurinacional. En un contexto de control corporativo enfocado en la obtención de lucro, cualquier posibilidad de transformación desde la sociedad se respondería con autoritarismo y violencia puesto que los derechos reclamados por las corporaciones se impondrían sobre los derechos humanos y de la naturaleza.
Si consideramos el caso de la energía, es previsible la delegación de las infraestructuras o actividades más rentables para el Estado. No serían considerados aquellos proyectos fracasados, construidos por empresas transnacionales, como la central hidroeléctrica Baba cuyo costo fue de casi 500 millones de dólares y su funcionamiento no supera el 60% de lo planificado; o el trasvase Daule Vinces (Dau-Vin) abandonado desde el 2015; o el proyecto multipropósito Chone-Presa Río Grande, que no riega una sola hectárea de las 2.200 previstas; o la Presa San Vicente, inaugurada en el 2015 para dar agua a la provincia de Santa Elena, pero que hasta la fecha no funciona; o, la central hidroeléctrica más grande del país, la Coca Codo Sinclair, en peligro de desaparecer por la erosión regresiva en la cuenca del río Coca.
En cuanto a servicios públicos, el proyecto de Ley de inversiones dice que “se entiende por servicios públicos la provisión, desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructura productiva, social o gubernamental de: cárceles, infraestructura educativa en todos sus niveles, hospitales y otro tipo de instalaciones para brindar servicios de salud, edificios de uso público, proyectos de regeneración urbana, unidades judiciales, autopistas, autovías, vías rápidas, carreteras, caminos vecinales, vías urbanas, ferrovías, ferrocarriles, metros, tranvías, monorrieles o similares, teleféricos, funiculares y otros medios, ciclo vías, senderos, túneles y puentes, infraestructura asociada a distintos sistemas de transporte público, terminales, puentes, hidrovías, facilidades pesqueras, sistemas logísticos, centros de transferencia, aeropuertos, infraestructuras de telecomunicaciones, servicios de gestión de desechos sólidos, entre otra infraestructura pública destinada a satisfacer una necesidad básica de la colectividad y que se encuentren bajo la regulación y control del Estado.”
También en este caso, se delegaría a las empresas la operación y administración de estos ámbitos estrechamente vinculados con derechos fundamentales como la salud, educación, movilidad, comunicación, regeneración urbana y otros, que quedarán expuestos a incrementos de tarifas en detrimento del acceso equitativo y justo a esos servicios.
Claramente el proyecto de Ley de Inversiones promueve la captura corporativa del Estado para entregar al sector privado los activos y servicios públicos o los sectores estratégicos, mediante contratos de Asociación Público-Privada. Esta delegación podría ser hasta por 40 años, es decir diez periodos presidenciales. Lo que equivaldría a convertir a las instancias públicas en meros entes instrumentalizados para firmar los contratos de delegación a las empresas privadas, nacionales y transnacionales.
Esto provocaría además despidos masivos, contrario a la supuesta promesa de generar millones de puestos de trabajo como reza el objetivo central de la Ley.
Contratos de Asociación Público-Privada
Los contratos de Asociación Público-Privada (APP) implican someterse a unos términos contractuales a favor del Gestor Privado. Con estos contratos, la generación de infraestructura y prestación de servicios públicos será pagada a través de tarifas, peajes u otros, a cargo de los usuarios o mediante pagos del sector público, o una combinación de ambas. Esto hace prever también un aumento de las tarifas y el comprometimiento de fondos públicos.
Como es previsible que haya efectos negativos sociales y ambientales de las actividades a ser delegadas, en estos contratos se mencionan las “obligaciones ambientales y sociales, considerando las guías de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, o los que hicieren sus veces, junto con la implementación de acciones para gestionar los impactos sociales y ambientales pertinentes a lo largo de la vida del proyecto”. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los ODS son planes voluntarios y sin peso vinculante; su inclusión en estos contratos simula un aparente control para “gestionar” los impactos, mas no para evitarlos. Esto se alinea con la flexibilización de los controles ambientales como un “atractivo” para que las grandes empresas inviertan en el Ecuador.
Adicionalmente, los contratos de Asociación Público-Privada otorgan a las corporaciones privilegios similares a los que entregan los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Inversión. Señalan por ejemplo que las inversiones extranjeras gozarán de protección y seguridades plenas, incluido el Trato Nacional. Por si fuera poco, un contrato de Asociación Público-Privada puede ser calificado como confidencial, con lo cual la información sobre el mismo quedará vedada, al igual que con los TLC, que se negocian en secreto para evadir el escrutinio de la sociedad. Asimismo, frente a las controversias que puedan suscitarse en relación con la validez, interpretación, terminación o aplicación de un contrato de Asociación Público-Privada o gestión delegada, esas controversias podrán someterse ante un tribunal de arbitraje nacional o internacional.
Este tipo de contratos tendrían vigencia de 30 años, con una posible ampliación de 10 años.
Beneficios sin fin en las Zonas Francas y Zonas Especiales de Desarrollo Económico
Con el proyecto de Ley de Inversiones se ampliarían, mediante reforma al Código de la Producción, los beneficios de las Zonas Francas (ZF) y Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), cuya implementación a nivel mundial (también en el Ecuador) responde a directrices de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con apoyo de instituciones como el Banco Mundial.
En estas Zonas “se podrán asentar inversiones de personas jurídicas privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras”, por mínimo 20 años, prorrogables sin límite de tiempo.
Las mercancías que ingresen a estas Zonas y los servicios que presten gozarán del tratamiento especial que les otorga el régimen de excepción en lo que respecta a derechos arancelarios, impuestos y recargos. Estarán exentas del pago del impuesto a la renta los primeros diez años y una reducción de 10% por el resto del período de la autorización; además, se les garantiza estabilidad tributaria durante su vigencia, es decir podría ser sin límite de tiempo…
Las ZF y ZEDE también tienen el objetivo de facilitar el comercio exterior y la integración del Ecuador en cadenas globales de valor (otros ejes de los TLC), a través de la exportación o reexportación a terceros países.
También en las ZEDE se pueden establecer “emprendimientos tecnológicos, de biodiversidad y mejoramiento ambiental o energético”. Por ejemplo, con relación a la biodiversidad -reconocida constitucionalmente como un sector estratégico-, implicaría la mercantilización de la naturaleza a través de la generación de servicios ambientales. De hecho, el reciente acuerdo entre el gobierno del Ecuador y el de Corea del Sur para la creación del “Centro Nacional de Recursos Genéticos Corea–Ecuador” podría inscribirse entre estos emprendimientos[1].
El “mejoramiento ambiental o energético”, podría tener relación con las plantaciones forestales, las de agrocombustibles (como las de palma aceitera), o hidroeléctricas, que son actividades responsables de graves impactos en la naturaleza y las comunidades, pero desde hace varios años que se las promueve como supuestas soluciones a la crisis climática cuando no son más que falsas soluciones[2].
Entre las actividades industriales consta la transformación, elaboración (montaje, ensamblaje y adaptación a otras mercancías) y reparación de todo tipo de bienes con fines de exportación, esto podría incluir el procesamiento de hidrocarburos y minerales, agroindustrial, encadenamiento forestal, biocombustibles, que va de la mano con la expansión del extractivismo, monocultivos y agronegocios, y mayores impactos negativos para las comunidades y la naturaleza.
Todas estas actividades generan grandes cantidades de desechos, muchos de los cuales son altamente tóxicos y van a agravar la contaminación de los suelos y el agua, y afectarán la vida de la población.
Se dice de las ZF y las ZEDE servirían para “fomentar el desarrollo económico agro asociativo sostenido, con pertinencia cultural y mercados abiertos de las organizaciones indígenas, afroecuatorianas, montubias, pueblos y nacionalidades”. Dadas las implicaciones de las ZF y las ZEDE mencionadas anteriormente, esta aparente inclusión social no es más que una retórica demagógica.
En términos de réditos económicos, siendo zonas con régimen especial aduanero, podrían adquirir materia prima en el exterior, como el caso del maíz, a menor costo, lo que forzaría a bajar el precio de los productos campesinos, incluso en aquellos que tienen precios de sustentación. Producir para el agronegocio conlleva la simplificación de los sistemas productivos diversos por el fomento al monocultivo, porque las empresas que adquieren productos requieren uniformidad. A su vez esto trae como consecuencia mayor dependencia a los agroquímicos y el uso de contadas variedades de semillas, llamadas “semillas mejoradas”, provocando mayor contaminación ambiental y disminución de la agrobiodiversidad, debilitando la soberanía alimentaria local.
El caso de las ZEDE en Honduras constituye una alerta sobre los graves impactos de estos regímenes de excepción. En ese país se establecieron como Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo, con la justificación de atraer inversiones y generar empleo (argumentos similares a los que se utilizan para impulsar las ZEDE en el Ecuador). Según el Centro hondureño de Estudios para la Democracia (CESPAD)[3], el entramado normativo de las ZEDE es un pilar de las estrategias expropiatorias con fuerte contenido neoliberal y extractivista, que articula despojos de gran amplitud y abre un escenario nunca visto antes en los procesos de acumulación de capitales y extracción de recursos naturales.
En 2021 la ONU se pronunció frente a la problemática de las ZEDE en Honduras ante los serios riesgos para los derechos de toda la población que trae su implementación. El 21 de abril pasado, el Parlamento de Honduras derogó las ZEDE considerando que ceden soberanía a extranjeros[4].
De forma contraria al sentido común, la posición del gobierno ecuatoriano se basa en desconocer estas alertas y preocupaciones. Pretende que su consigna “Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador” sea la narrativa conveniente para continuar con la misma lógica de devastación social y de la naturaleza. Este modelo al que se sigue apostando, es el responsable de la grave crisis alimentaria, social, ecológica que afecta a la humanidad.
El mundo de la vida no puede seguir siendo reducido al “mundo de los negocios”.
ACCIÓN ECOLÓGICA
25 de abril de 2022
[1] ACCIÓN ECOLÓGICA. La delegación del uso de nuestra biodiversidad al gobierno de Corea del Sur. Acción Ecológica Opina. 22/04/2022. https://www.accionecologica.org/la-delegacion-del-uso-de-nuestra-biodiversidad-al-gobierno-de-corea-del-sur/
[2] ICCI. Análisis del código de la producción. Boletín ARY Rimay, No. 140, 11/2010 http://icci.nativeweb.org/boletin/140/bravo.html
[3] CESPAD. https://cespad.org.hn/?s=ZEDE
[4] El Parlamento de Honduras deroga las polémicas Zede al considerar que violan la soberanía del país. 21/04/2022. https://www.bbc.com/mundo/noticias-61184299
Fuente: https://rebelion.org/atraer-inversiones-bingo-para-las-grandes-empresas-devastacion-para-el-pais/
Necesitamos, abajo y a la izquierda, escuchar a quienes defienden sus territorios como en la provincia de Catamarca y lo están haciendo a favor de todos ya que la naturaleza no tiene fronteras, menos el agua.
Ivana Flores se siente molesta junto a Karina Martinelli y 10 personas más
«Váyanse de acá. ¿Me van a matar?¡Matenme! ¡Soy sola y tengo hijos! ¡Matenme! ¡TENGO UN ESCUDO MAS FUERTE QUE EL DE USTEDES!»
KARINA QUIROGA, ANTES DE SER REDUCIDA POR UN GRUPO DE MAS DE CINCO POLICÍAS ANOCHE.
CRIMINALIZAN las luchas de los que gritan por agua.
Buscan callar las voces de los que denuncian la codicia y el avasallamiento.
EL PUEBLO DE CHOYA tiene en su cuerpo las huellas de la represión y el olvido de quienes deben protegerlos.
LAS VERTIENTES lloran la destrucción y el avance de las máquinas.
Hace más de veinte años vinieron a nuestro Pueblo, prometiendo que Andalgalá sería un vergel. Un paraíso. Y circulaban las camionetas de Techint por nuestras calles, y los autitos con la propaganda minera.
Hasta que el agua comenzó a irse de a poco.
Y taparon los canales. Y el microclima que tanto nos caracterizaba, también se fue yendo. Y salieron los «ambientalistas», los antimineros», a gritar por el agua, por El Nevado del Aconquija.
Y el 15 de febrero del 2010 se despertó el Juan Chelemín que todos llevamos dentro. Y ante el avance de las máquinas que hicieron sangrar nuestros oídos más que las balas de goma en el cuerpo, les dijimos que NO IBAN A PASAR.
HOY EL GRITO ES POR CHOYA.
Su gente vivió por generaciones de la finca, sembrando, cosechando frutas y verduras, criando animales. Mis primos tienen en sus brazos las venas marcadas de tanto andar con el machete trabajando jornadas completas. Saben por la posición del sol que hora del día es, se levantan con el primer canto del gallo y desde niños lavaron su cara con agua del canal. Solo conocen la tierra y el agua.
Mira si KARINA no va a gritar que tiene un escudo más fuerte que el que la atropelló anoche. Es Amor a los hijos, es Amor a los nietos, es Amor a la tierra y a los animales, es Amor a la «nube que baja» cuando llega el invierno, es Amor al ruido del canal y de las acequias que alivia las fincas.
Y así pasó Brizuela del Moral que nos mandó a reprimir el 15 de febrero del 2010. Y así pasó Corpacci que nos quiso arrodillar durante ocho años y demostró su odio hacia los andalgalenses. Y ahora viene Jalil, a reprimir al pueblo que por más de 20 años le dio el sustento económico a su Capital, a la Nación y al mundo, mientras nosotros quedamos golpeados, pobres y divididos entre vecinos.
¡Que dejen de criminalizar las luchas de las Pueblos que gritan por el Agua!
¡Que Viva la autodeterminación de los Pueblos!
¡Que las Garantías Constitucionales de los que pisamos suelo argentino se cumplan también para que el enemigo extranjero no avance y la integridad de los que aquí vivimos se respete!
¡El gobierno de Raúl Jalil es responsable de la represión en Choya!
¡Que la violencia de la política minera llevada a cabo por el Estado se acabe, Porque Nuestro Pueblo está informado y No Tenemos MIEDO!
¡QUE LA ORDENANZA 029/16 SEA RESPETADA EN TODA SU EXTENSIÓN!
¡FUERA MARA DE LOS CERROS DE CHOYA Y DE ANDALGALA!
#NevadosDelAconquija #SantuarioDeLaNaturaleza!
¡CORONADOS DE GLORIA VIVAMOS, O JUREMOS CON GLORIA MORIR! ¡O JUREMOS CON GLORIA MORIR! ¡O JUREMOS CON GLORIA MORIR!
Bloqueo de la lucha de clases
Alertémonos sobre la centralidad del Pacto Social, en el bloqueo de la lucha de clases, que establecieron los Fernández (Alberto y Cristina) aprovechando su rotundo triunfo en las PASO de 2019. Es decir, hicieron virar el Nunca Más a Macri-Cambiemos que la voluntad popular expresó hacia un contubernio entrambos (pese a presentarse como de antagonismo irreconciliable) para garantizar la continuidad y profundización de la acumulación gran capitalista local e imperialista. Durante los cuatro meses hasta la asunción de los F-F el gobierno de Macri agravó la precarización tanto de la vida como del trabajo, en tanto que los F-F construyeron la gobernabilidad de la intensificación de ajuste y de extractivismos. La concretaron con el bloqueo a las luchas de las diversidades de abajo a través del Pacto Social y el Plan Argentina contra el Hambre.
En la actual inflexión histórica, por tanto, cabe generalizar la ruptura de una creciente mayoría de ese pacto. También es hora de destapar cuán nefasto ha sido y es el papel del Papa Francisco. Se desprende de ambos predominios político e ideológico que la independencia de clase de las diversidades de oprimidos exige ante todo derrotar a los dirigentes de los varios progresismos y de las izquierdas electoraleras. Han bloqueado el imprescindible internacionalismo revolucionario que sólo será obra de los pueblos y sus trabajadores al confrontar -de modo consecuente y coordinado- las respectivas alianzas de capitales y estados imperialistas con los locales. Pero hay otra cuestión previa e ineludible que observamos en las resistencias al avasallamiento de derechos tanto de la naturaleza como de los pueblos y sus individuos. Percatémonos de la ceguera y distorsión en objetivos de:
Argentina. Cita en defensa de la soberanía, con el Paraná como referencia fundamental: este miércoles movilizan al Ministerio de Transporte
Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022.
EL PARANÁ ES ARGENTINO – LA SOBERANÍA NO SE LICITA
CONVOCATORIA A MARCHAR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN EN DEFENSA DEL PARANÁ, EL CANAL MAGDALENA Y NUESTRA SOBERANÍA NACIONAL
El Río Paraná y el Río de la Plata representan nuestra principal vía navegable y nuestros dos ríos más importantes. Ambos están en peligro. A través del Decreto 949, el Gobierno Nacional, con la firma de Alberto Fernández ha decidido reprivatizar esta vía troncal de navegación por donde se llevan todos nuestros bienes comunes naturales y por donde se desangra la Argentina.
En este sentido, desde el Frente por la Soberanía Nacional representado en la Coordinadora por la Soberanía del Rio Paraná y el canal Magdalena que integramos los distintos foros y frentes en rechazo al decreto 949/20 y en defensa de nuestra soberanía nacional, convocamos a la unidad de acción y sin sectarismos a la marcha que tendrá lugar el día 20 de abril y se dirigirá al Ministerio de Transporte, encargado de concesionar nuestros Ríos. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía y a todas sus organizaciones políticas, territoriales, ambientales, feministas, sindicales, gremiales, y de toda índole, para que sean parte de este justo y soberano reclamo por todo lo que nos pertenece y nos fue arrebatado por políticas antipopulares en desmedro de nuestra madre naturaleza y nuestra soberanía como pueblo.
En estos momentos se está llevando a cabo un proceso licitatorio plagado de irregularidades donde empresas multinacionales se pelean para ver quién se queda con lo de todos y todas los y las argentinas y argentinos. El momento de impedir que el capital extractivista, financiero, y colonialista se quede por décadas con nuestros ríos, es ahora.
La única salida y respuesta al Gobierno Nacional por la aplicación de las políticas dictadas por el FMI, debe ser en la calle y con un grito en defensa de nuestra soberanía, incluyendo la construcción del canal Magdalena para terminar con la actual dependencia del puerto de Montevideo.
● Exigimos la derogación del Decreto 949/20 sancionado el 26/11/2020 que reprivatiza el control de nuestras vías navegables.
● NO al dragado del Paraná Bravo que lleva barcazas y barcos al puerto de Nueva Palmira (Uruguay) y del Canal Punta Indio, porque entrega el control de la navegación al puerto de Montevideo (Uruguay), sin participación argentina.
● Exigimos la construcción y el dragado del Canal Magdalena, de doble circulación con control nacional y salida soberana al Mar Argentino y a nuestros puertos del Sur. Esta obra impedirá que nos internacionalicen los ríos como pretende el Decreto 949/20 y permitirá la circulación de productos entre puertos argentinos que hoy deben pasar por Nueva Palmira o Montevideo
● Requerimos el funcionamiento bajo control estatal de todos los puertos a través de profesionales, técnicos y obreros argentinos.
● Planteamos la creación de una empresa estatal, para que se ocupe del dragado de las vías navegables (mal llamadas hidrovías), y de los accesos e interiores de lo s puertos.
● Proponemos la creación de la flota mercante nacional y estatal, con plena reactivación en sus tareas específicas de los astilleros y talleres nacionales.
Preguntémonos qué significa e implica soberanía nacional para los distintos foros y frentes coordinados entre sí en rechazo al decreto 949/20. Mi respuesta es el conjunto siguiente de falsedades sobre realidades objetivas y daños irreversibles tanto a las condiciones como a los medios de vida-trabajo:
. El Paraná no es argentino y esa apropiación no sólo ignora sus derechos de naturaleza o su funcionamiento-evolución esencial sino sobre todo a los pueblos hermanos de la Patria Grande que comparten tanto la Cuenca del Plata como sus imprescindibles biomas terrestres.
. La soberanía nacional define al Estado de Argentina cuando éste en sus distintas jurisdicciones tiene políticas y subsidios directos e indirectos para viabilizar la transnacionalización económica y territorial de nuestro país desde que él implantó el neoliberalismo mediante terrorismos paraestatales y estatales. Aún más impone homogenización de los pueblos y naciones de Argentina menospreciando la construcción desde abajo de nuestra plurinacionalidad que, como oportunistas, los progresistas e izquierdistas afines la usan etiquetando sus movidas tendientes a masificar.
. La estatización de la hidrovía (con sus puertos y canales) sólo la consolidaría como integrante fundamental de la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) que se desarrolla desde principios de este siglo por acuerdos de todos los gobiernos de Suramérica mirando por la eficiencia en las exportaciones de los commodities generados por los extractivismos a beneficio exclusivo de los oligopolios imperialistas con sus socios locales.
Sin la hidrovía Paraguay-Paraná, la República Unida de la Soja como Syngenta denominó a Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina en 2003 perdería su potencial de desarrollo capitalista.
De modo que la Coordinadora por la Soberanía del Rio Paraná y el canal Magdalena profundiza la emergencia del Rio Paraná no sólo exigiendo dragado y la continuidad como hidrovía del mercado globalizado sino, en especial desatiende a las luchas contra el sistema de agronegocios y por el cuidado sobre los humedales en simbiosis con los lugareños y el cuidado sobre el suministro de agua potable a las densas poblaciones en torno a los ríos Paraná y del Plata.
En fin, se posiciona a favor del Mercado (o sea del statu quo capitalista) en nombre de emplear a “argentinos” y de distribuir los beneficios de los extractivismos o ecocidios con sus consecuentes genocidios silenciosos, silenciados e invisibilizados por el capitalismo. Cuando debería unirse a resistir esos avasallamientos de derechos de los pueblos y los de la naturaleza desde su voluntad de que el Paraná sea un río libre. Es que todavía confía en el Estado del Capital, lo irresponsabiliza de nuestras emergencias socioeconómica y socioecológica pese a tantas pruebas actuales e históricas sobre su carácter antipopular y sobre el comportamiento de las estatizaciones como YPF.
Examinemos qué nos dice una autoorganización arraigada en su territorio denunciando:
¡SOBERANÍA Y HÁBITATS EN PELIGRO!
Por Raúl Quirino
La batalla por nuestra Soberanía, no terminó en la Vuelta de Obligado.
Exaltada en actos oficiales y utilizada como promoción política en el mercado electoral, la GRAN BATALLA POR NUESTRA SOBERANÍA LA ESTAMOS PERDIENDO SIN COMBATIR EN LAS OFICINAS DEL PODER NEOCOLONIAL.
Como ya lo hiciera ante Paolo Rocca y el Grupo Techint el 23 de junio de 2008, hace unos días CFK reiteró su fe en el Capitalismo: “se ha demostrado como el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios”. CFK / Asamblea de la EuroLat
Aún resuena en nuestros oídos su eufórico “¡Que feliz estaría tu padre, Paolo!” aquel 23 de junio de 2008, mientras en la calle denunciábamos la destrucción empresarial del Centro Clandestino de Detenciòn TIRO FEDERAL CAMPANA (aun bajo completa impunidad político-empresarial).
Poco después desde el Poder Político Provincial y Municipal se respaldaría el PLAN DE OCUPACION del Grupo TECHINT sobre el ARROYO DE LA CRUZ. Estamos hablando de la CABECERA DE LA RUTA DE LA PRODUCCIÓN QUE UNE EL RIO DE LA PLATA CON EL RÍO PARANÁ.
Ellos y nosotros
¡No es gratuita esta fe en las bondades del capitalismo y en el credo neoliberal del Consenso de Washington que unifica a los gobiernos de la democracia 1983-2022!
En las calles, los barrios y los asentamientos de los conurbanos, la percepción es distinta.
Experimentamos en nuestras vidas lo que significa que “en América Latina 32 personas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas”. Foro de Davos – Oxfam – 2/enero/2017
No se trata de “leyes de los mercados” vs “leyes de los Estados”. Esta es una falsa opción de salón.
En realidad, nuestro pueblo debe resolver si sigue acatando a un poder político subalterno del Nuevo Orden Capitalista Neoliberal, sus negocios y leyes adecuadas al saqueo y la destrucción. No hay salida sin unidad, movilización y lucha en la construcción de un Nuevo Poder Popular Integral, comprometido con el cambio social, la transformación de las condiciones de vida de las los excluidos y los desposeídos de todos sus derechos.
“El pueblo no puede soñar siquiera con la soberanía, si no existe un poder que responda a sus intereses y a sus aspiraciones”. Así decía el Che y así lo entendieron decenas de miles de hombres y mujeres comprometidos en tiempos de dictaduras con las luchas de nuestro pueblo y con una verdadera Democracia de Base sin opresión ni explotación.
Las lecciones de El Cordobazo y tantas otras experiencias populares de resistencia fueron sistemáticamente exterminadas por las clases dominantes y sus aparatos represivos. Por la fuerza o por la acción de sus partidos, sus redes de Ongs, Fundaciones y Think Tanks (usinas de “ideas” y manipulación cultural) que le impidieron a los pobres y excluidos construir su propia identidad estratégica.
Está a la vista como distintas Representaciones Políticas que se alternan en el Poder, subalternas a los mandatos de las Grandes Corporaciones Financieras, Industriales, Petroleras, Mineras, Forestales, Inmobiliarias y Agro-Portuarias, PROMUEVEN Y LEGITIMAN una brutal DESPOSESIÓN ESTRATÉGICA de nuestro territorio y transformando en INSUMOS GRATUITOS de grandes Empresas Extranjeras y sus lacayos nativos, el Agua, la Tierra, el Aire y el Recurso hídrico subterráneo de los acuíferos Acuífero Puelche y Guaraní.
¡Resistir es Existir!
Es hora de comprender la causa de los conflictos para detener el daño y para lograr una mejor resistencia de la base social en defensa de su propia existencia y la del hábitat que la sostiene.
Debemos saber:
· Que el Rio Paraná, su territorio costero y sus islas son el ultimo bocado a engullir por la “eficiencia y eficacia” capitalista que unifica a oficialismo y oposición.
· Que en este momento las comunidades isleñas y aledañas al Gran Rio Paraná están sometidas a graves conflictos de Exclusión Social, de Desposesión y Extranjerización Territorial, de Apropiación Privada de Bienes Comunes y de Colapso del Desarrollo Económico Sustentable.
· Que con auxilio de los Grupos de Tareas del Terrorismo de Estado el Grupo TECHINT se apropió de CUENCAS, HUMEDALES, ARROYOS Y TERRITORIO COSTERO para terminar cortando, rellenando y transformando en “suelo comercial” de la empresa Tenaris el lecho natural del Arroyo de la Cruz, clausurando su desembocadura en el Río Paraná.
· Que el PRO + CAMBIEMOS + FR + FPV + LA CÁMPORA (precursores del FDT y JXC), el 23 de noviembre de 2017–en completa armonía- votaban alegremente la entrega del Puerto de Frutos Campana… ¡al Oligopolio THECHINT!
· Que en este momento el Grupo TECHINT -con auxilio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (FDT) y el Gobierno Municipal de Campana (JXC)- viene por la OCUPACION FINAL del Arroyo de la Cruz… ¡PARA TRANSFORMARLO EN “VIA NO NAVEGABLE”!
· Que el 21 de julio de 2021 un grupo de personas que incluía a algunas autoridades del club Náutico Zárate y miembros de la Prefectura Naval Argentina y de la Justicia -ante la completa anomia de los Gobiernos de la Nación, la Provincia y el Municipio- DESTRUYEN CON TOTAL IMPUNIDAD EL RANCHO “LA ARGENTINA”, situado en la margen izquierda del Paraná de Las Palmas.-
· Que –bajo la completa anomia del Gobernador Kicillof (FDT) y funcionarios del Gobierno Nacional-, el intendente neocolonial de San Nicolás Passaglia (JXC) está arrasando con una posesión isleña comunitaria en la Isla Alfano, talando más de 300 ejemplares de monte nativo, alterando la laguna de desove de peces, destruyendo el albardón costero construido por la naturaleza y… ¡DERRUMBANDO IMPUNEMENTE LA VIVIENDA DE UNA FAMILIA ISLEÑA! (ver fotos)
· Que estos hechos de violencia contra pobladores isleños y contra familias radicadas en territorios costeros del Paraná están ocurriendo en toda la extensión del Delta del Paraná.
Los Autoconvocados de Campana RECLAMAMOS:
• Que el Estado Provincial reconozca que las islas del Delta son islas aluvionales, construidas por la propia naturaleza y conformadas naturalmente por interacción del flujo de agua y los sedimentos que arrastra el Río Paraná.
• Que en esta islas aluvionales, integradas e inseparables del lecho del Rio Paraná y de sus aguas -tal como lo expresan la Constitución, las Leyes, los Códigos y diecisiete Pactos Internacionales- NO HAY PROPIETARIOS porque son BIENES DEL DOMINIO PUBLICO NATURAL (Art. 235 del Código Civil y Comercial) y como tales son INAJENABLES + INEMBARGABLES e IMPRESCRIPTIBLES (Art. 237)
• Que es indispensable que el Estado Nacional y el Estado Provincial RATIFIQUEN LOS DERECHOS DE POSESIÓN ISLEÑA en todas las Islas del Delta de la Provincia de Buenos Aires.
Es hora que la base social de los barrios y asentamientos, las familias trabajadoras y productoras, estudiantes y docentes, Autoconvocados y Sin Sometimientos a los aparatos, sobornos y liderazgos neocoloniales, converjan en una consigna única e innegociable
¡NO PASARAN!
CONTRA LA DESPOSESION Y EXPULSION ISLEÑA
Autoconvocadoscampana@gmail.com
https://www.facebook.com/Vecinosautoconvocadoscampana-144089589699506/
*Expone: Raúl Quirino*
*Rio Paraná: ¡Peligran la SOBERANIA y el HABITAT ISLEÑO!*
*Informe sobre la Desposesión y la Expulsión Isleña en plena democracia.*
Autoconvocados Campana – Red Latina Sin Fronteras
Apreciemos el planteo siguiente y sus fundamentos:
Hidrovía Paraná-Paraguay: autovía para commodities
o un río para la soberanía alimentaria
31 de marzo de 2022
Por Álvaro Álvarez
La expansión de un modelo extractivista necesita de una infraestructura que permita la circulación de los recursos, que son considerados estratégicos, hacia los principales centros de consumo. El crecimiento de la superficie cultivada en el litoral argentino –sobre todo de soja y monocultivos forestales– ha ido de la mano de la optimización comercial de las vías navegables, proceso que se inició a mediados de los años noventa. Por un lado, con la privatización de las tareas operativas del río Paraná, que quedaron en manos del consorcio Hidrovía Sociedad Anónima., integrado por la empresa nacional Emepa y la dragadora belga Jan de Nul. Por otro lado, con la privatización y extranjerización de los principales puertos del Paraná medio e inferior que hoy se encuentran en manos de corporaciones norteamericanas, europeas y chinas.
Desde ese ciclo privatizador, y en clara vinculación con proyectos de escala regional como la Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), el propósito de las grandes corporaciones del agronegocio fue garantizar la navegación continua del Paraná y posibilitar la circulación ininterrumpida de buques de gran porte, sobre todo desde la ciudad de Santa Fe hasta el océano.
De esta manera, material y simbólicamente, se fue construyendo la idea de que los ríos Paraná y Paraguay, en sus 3400 kilómetros de extensión compartida –entre Puerto Cáceres en el Mato Grosso y Nueva Palmira en el Uruguay– se deberían transformar en una autopista fluvial que contribuya a disminuir los costos de circulación de commodities posibilitando la expansión de la “frontera” de los agronegocios.
La denominada «Hidrovía Paraná-Paraguay» se transformó así en un ambicioso proyecto para la ampliación y profundización de la vía navegable troncal de los ríos Paraná y Paraguay, que cuenta con casi 200 puertos en cinco países: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En el tramo argentino circula casi el 80 por ciento de las exportaciones nacionales, sobre todo de cargas granarias y derivados industriales procesados en el polo del Gran Rosario, lo que lo transforma en un punto estratégico del modelo de inserción comercial del país en el mercado internacional.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda
En 25 años de concesión, desregulación e intervenciones técnicas, el río Paraná en el tramo argentino soportó la circulación de casi 5000 embarcaciones por año que transportan en total entre 120 y 150 millones de toneladas. De esta manera, la transformación del río Paraná en una hidrovía se retroalimentó con la expansión de la superficie agrícola cultivada, que pasó de 16 millones de hectáreas en los años noventa a 40 millones de hectáreas aproximadamente en la actualidad, fenómeno que –sumado al auge de la megaminería metalífera a cielo abierto en Argentina, Bolivia y Brasil– ha generado alteraciones nodales en términos ecosistémicos en la cuenca.
Los números son contundentes: hasta 1995 la profundidad de las vías navegables desde puerto Gral. San Martín al océano era de 26 pies, y en ocasiones podía ser menor a 22 pies. Luego de una década de concesión se llevó el calado a 34 pies, lo que obliga a un dragado anual permanente, en promedio, de 30 millones de metros cúbicos de sedimentos.
Sin embargo, en la actualidad la situación de la hidrovía es crítica. La bajante del Paraná impulsó políticas de sobredragado de la ruta troncal, lo que implica una remoción mayor de los bancos de arena y una canalización profunda del fondo del río, proceso que genera múltiples impactos sobre la fauna, la flora y la calidad del agua.
Como sostienen organizaciones como el Taller Ecologista o la Asociación de Abogados Ambientalistas, un sobredragado como el que requiere la hidrovía en las actuales condiciones tiende a secar aún más los humedales porque el agua se profundiza en la ruta troncal y desnuda el valle de inundación, generando transformaciones en las islas e impactos ecosistémicos profundos en lagunas, arroyos y ríos.
El poder de cinco grandes cerealeras
El comercio internacional, en un contexto de incremento de los precios y de la demanda de los productos primarios, estimula la hiper-especialización de los países periféricos y determina la inserción de las economías nacionales en la economía internacional generando una fuerte presión sobre los bienes comunes. En este contexto, de venta de productos con escaso valor agregado, el abaratar los costos de circulación es un objetivo fundamental y la Hidrovía Paraguay- Paraná tiene un rol clave.
Pese a la relevancia económica y comercial de la hidrovía, casi la totalidad de los puertos ubicados en el tramo argentino del Paraná están en manos extranjeras y son controlados principalmente por las megaexportadoras cerealeras.
Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el 2021 fue Cargill –que opera en los puertos de Gral. San Martín, Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear, en Santa Fe, y Diamante en Entre Ríos– quien se posicionó como el principal exportador de granos de Argentina, declarando 15,1 millones de toneladas exportadas (granos, legumbres y aceites vegetales), el 12,9 por ciento de las exportaciones totales del sector.
La estatal china Cofco –que opera en los puertos de Gral. San Martín y Timbúes en Santa Fe– ocupó el segundo lugar con 14,4 millones de toneladas (12,3 por ciento del total). En el tercer puesto se encuentra Viterra, que exportó 14,35 millones de toneladas (12,3 por ciento).
Bunge –que opera en el puerto Gral. San Martín y el puerto de Rosario– y ADM –opera en el puerto de Gral. San Martín– completan las cinco principales exportadoras. Bunge con 12,7 millones de toneladas es decir el 10,8 por ciento de las ventas totales y ADM con 11,6 millones de toneladas, el 9,9 por ciento de las ventas totales.
Las cinco principales compañías exportadoras del país concentran el 58 por ciento de las agroexportaciones, todas controladas por capitales extranjeros.
Al impacto social y ambiental de un modelo híperconcentrado hay que sumarle el perjuicio de la evasión. Según un informe del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, pese a este gran desarrollo del comercio agroexportador en los últimos años, un porcentaje no desdeñable de lo que se exporta en la Argentina no se declara: “Sólo en 2020 la diferencia total entre el valor declarado a la salida de las aduanas argentinas y el declarado al ingreso de las aduanas de destino suma 896 millones de dólares”.
Gestión estatal y participativa, con mirada social y ambiental
La decisión del Estado argentino, luego de vencerse la concesión de la empresa Hidrovía S. A., de otorgarle a la Administración General de Puertos la responsabilidad del dragado, balizamiento y cobro del peaje durante un año le permitiría mejorar el control sobre los ingresos y egresos de mercancías por el río Paraná, por ende, sobre el comercio exterior argentino.
El informe de la Administradora General de Puertos del primer semestre de gestión estatal demuestra que se acumularon ingresos por 89,6 millones de dólares y existieron erogaciones en dragado, balizamiento y gastos administrativos por 73,6 millones. Redundó en una ganancia para el Estado de unos 16 millones de dólares. Sin embargo, el camino seguido por el gobierno de Alberto Fernández parece retomar la senda privatizadora con la apertura de una nueva licitación que beneficiará a los mismos actores que décadas pasadas.
El debate en torno a la soberanía comercial de las vías navegables es una dimensión central de la agenda pública por ser una de las vías fundamentales por dónde ingresan divisas al país. Sin embargo, un sistema como la Cuenca del Plata requiere una mirada compleja y transversal, donde la dimensión social y ambiental de las problemáticas ocupe un lugar preponderante, asumiendo que las políticas de privatización y desregulación de la circulación en el río Paraná son una de las causas centrales de la crisis actual.
Al menos tres políticas cobran vigencia en los debates actuales y son demandas urgentes de los movimientos sociales en relación a la cuenca. En primer lugar, promover una ley de humedales para establecer los presupuestos mínimos para la conservación, uso racional y sostenible de los mismos, en un contexto dónde sólo en el 2020 se arrasaron cerca de 350.000 hectáreas de humedales como consecuencia de los incendios que afectaron a más de un millón de hectáreas en todo el país.
Otra política urgente para frenar la crisis ambiental imperante en la región es garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley de Bosques, tras 15 años de su sanción, en un contexto dónde un porcentaje importante de las talas realizadas se llevan adelante en bosques en zonas rojas y amarillas (de alta protección), lo que evidencia la insuficiencia de controles y sanciones.
Por último, se exige construir un espacio de participación efectivamente multisectorial para la discusión de las políticas sobre el río Paraná, que garantice la participación real de las comunidades, instituciones y movimientos, y que sea superador del fallido Consejo Federal creado en el año 2020.
Se requiere generar políticas concretas en la construcción de espacios de decisión, que habiliten una participación real de las comunidades frente a la omnipresencia de las corporaciones en las políticas públicas. Se trata de un paso imprescindible en el camino de recuperar el río Paraná y la Cuenca del Plata como un territorio para la vida y no como un autopista fluvial al servicio de los ecocidas.
Un contexto de sequía, incendios y crisis climática
Los primeros meses del 2022 confirmaron un escenario ambiental crítico para la región en general y en particular para la Cuenca del Plata, un territorio que abarca aproximadamente el 20 por ciento de América del Sur, que contiene ecosistemas diversos, y uno de los sistemas fluviales más importantes del mundo integrado por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.
Un reflejo de este escenario de crisis en la cuenca se dio en la provincia de Corrientes, dónde el once por ciento el territorio fue arrasado por el fuego entre los meses de enero y marzo, según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), acumulando 934.000 hectáreas quemadas. La superficie vegetal más afectada fueron los esteros y bañados, que sumaron 275 mil hectáreas incendiadas. Los pastizales del nordeste fueron casi arrasados y el área comprometida allí llegó a aproximadamente 40.000 hectáreas.
Los reiterados incendios en diferentes territorios de la cuenca comprometen un espacio estratégico en la captura de carbono y el combate al calentamiento global.
Al atravesar Corrientes se observaba una postal del modelo ecocida: el humo espeso se entreveraba con los monocultivos forestales generando una cortina impenetrable, animales sueltos o quemados, un sol rojizo y casi imperceptible. A este grave panorama se le sumó la poca infraestructura y equipamiento del que dispone –o pone a disposición– el Estado para frenar los incendios a tiempo y dar respuesta a la demanda de las comunidades. Es allí, en el entramado territorial, donde lo que emergió fue la solidaridad, ya sea apagando el fuego con un cuero de oveja húmedo en algún campo de una familia campesina o asistiendo con alimentos para que los animales sobrevivan, como lo hicieron la Federación Campesina Guaraní de Corrientes y otras organizaciones provinciales.
La violenta modificación del territorio como consecuencia del desmonte, las quemas de pasturas para ganadería intensiva y la gran cantidad de plantaciones exóticas disminuyen las posibilidades de extinguir el fuego en un contexto de crisis hídrica inédita en la región. En Misiones, una de las provincias más lluviosas del país, un informe del INTA indica que en diciembre de 2021 se evidenció el registro más bajo para ese mes en los últimos 55 años, con apenas 29 milímetros de lluvia.
En los Esteros del Iberá, donde predominan los pastizales subtropicales y bosques húmedos, la situación fue similar. En enero y febrero sólo llovió el diez por ciento de lo que suele llover en esos meses. Según los pobladores de la Colonia Carlos Pellegrini, la Laguna Iberá está aproximadamente dos metros y medio más baja en las zonas profundas y los márgenes están en proceso de desecamiento afectando el equilibrio del ecosistema.
El río Paraná, y todo el sistema fluvial de la Cuenca del Plata, atraviesa una ruptura del ciclo hidrológico que se manifiesta en una de las bajantes más prolongadas del último siglo. La escasez de agua afecta a la fauna íctica al disecar el valle de inundación donde los peces se reproducen y crecen, esto atenta contra la pesca de subsistencia, produce inconvenientes en el riego de cultivos y en el abastecimiento industrial.
La falta de agua incrementa los problemas de incendios en las islas y vulnera a los humedales. Grandes urbes como Rosario y Paraná experimentan problemas desde mediados del 2021 con el suministro de agua potable para sus poblaciones.
Hay que remontarse a 1944 para tener un registro tan bajo del nivel del río. Sin embargo, la salud del Paraná hoy no es la de mediados del siglo pasado dado que la deforestación, los incendios, los monocultivos (con todo el paquete asociado de agrotóxicos) y las intervenciones técnicas para garantizar la navegación afectaron profundamente la capacidad de recuperación y reproducción ecosistémica.
La ecuación es simple: sin bosques no hay lluvias y sin lluvias no hay bosques, ni ríos y mucho menos una hidrovía.
Atendimos al buenísimo análisis de Álvaro Álvarez que, sin embargo, adhiere a los estatistas y a las justificaciones del Estado señalando la necesidad crucial de ingreso de divisas. Asimismo coincide con quienes no se convencen sobre que cada vez es más inútil exigir al Estado: construir un espacio de participación efectivamente multisectorial para la discusión de las políticas sobre el río Paraná, que garantice la participación real de las comunidades, instituciones y movimientos, y que sea superador del fallido Consejo Federal creado en el año 2020.Se requiere generar políticas concretas en la construcción de espacios de decisión, que habiliten una participación real de las comunidades frente a la omnipresencia de las corporaciones en las políticas públicas. Se trata de un paso imprescindible en el camino de recuperar el río Paraná y la Cuenca del Plata como un territorio para la vida y no como una autopista fluvial al servicio de los ecocidas.
Sigamos en la Agencia de Noticias Tierra Viva indagando en cómo prevalece la creencia que el Estado es el único capaz de políticas concretas para soluciones de problemas fundamentales por dar participación efectivamente multisectorial. Y que debe regular a los oligopolios cuando la coexistencia con ellos se hace cada vez más asfixiante, opresora e imposible. Es decir, se suma a la creencia mayoritaria en que es posible exigirle participación de las diversidades de abajo en la toma de decisiones sobre el destino común y control-distribución de los beneficios oligopólicos.
Recordemos que Álvaro Álvarez destacó: la transformación del río Paraná en una hidrovía se retroalimentó con la expansión de la superficie agrícola cultivada, que pasó de 16 millones de hectáreas en los años noventa a 40 millones de hectáreas aproximadamente en la actualidad, fenómeno que –sumado al auge de la megaminería metalífera a cielo abierto en Argentina, Bolivia y Brasil– ha generado alteraciones nodales en términos ecosistémicos en la cuenca.
Pero la problemática del agro en la agenda pública se reduce a “retenciones sí/no” ni siquiera se habla sobre la siguiente relación:
Sobre el aumento de las retenciones y el impacto en los productores
marzo 28, 2022
Por Diego Fernández*
El Gobierno aumentó en dos puntos porcentuales las retenciones a los derivados de la soja. De inmediato sectores del agronegocio se pusieron en pie de conflicto, pero la medida no afecta a quienes cultivan la oleaginosa. El rol de las grandes exportadoras y, con los precios internacionales en alza, la posibilidad de aumentar las retenciones a los grandes productores.
El precio a los productores antes y ahora es conformado en relación a la mercadería que vendían: el grano. Desde diversos medios, sin dar mayores precisiones, se anuncia un inevitable impacto sobre las cuentas de los chacareros vía una caída de la cotización de la soja pues la industria tendría una menor “capacidad de pago”. Tal razonamiento implica el supuesto de que previamente el diferencial de retenciones, puesto allí en explícito socorro de las aceiteras, no estaba siendo apropiado por éstas, sino que graciosamente lo cedían a los productores, cosa que a partir de ahora ya no podrían hacer.
A quien escribe esto le parece una total y completa fantasía. Sólo puede registrarse realmente una baja en las cotizaciones de la soja si la medida actúa como una suerte de señal coordinadora que posibilite el aumento en el grado de colusión de las grandes empresas. Vale decir, que logre que éstas se pongan aún más de acuerdo entre sí y la utilicen de excusa para disminuir artificialmente los precios. Hecho que no se puede descartar de plano pero que ciertamente es una invitación a incrementar la intervención estatal en este eslabón de la cadena agroindustrial, y no a disminuirla como reclaman los voceros oficiales y oficiosos de las aceiteras.
Otro punto, quizá el más importante, a seguir es qué destino tendrá el excedente de dinero recaudado, que se ha calculado en torno a los 400 millones de dólares. Existe la clarísima necesidad de que esos fondos se destinen a paliar las urgencias que padece el pueblo argentino (en temas alimentario, de salud, de trabajo). Sería francamente de lamentar que, por el contrario, el dinero se utilice para pagar la deuda con el FMI (en un acuerdo que, por cierto, el organismo había pedido por la suba de impuestos).
Concluyo estas líneas transmitiendo mi esperanza sobre que esta coyuntura permita abrir un debate más amplio sobre la forma en la cual se aplican estos tributos en la Argentina. No ya a los derivados de la soja, sino en general.
Señalo como problema principal el que se constituyen (por su volumen) en el método fundamental de captación de excedentes agrarios por parte del Estado, y son cobrados sin ningún tipo de diferenciación que considere la capacidad económica de las unidades productivas sobre las que finalmente recaen.
Así, las retenciones disminuyen los ingresos por tonelada en igual proporción de un chacarero que explote 100 hectáreas sojeras, que los de un gigantesco pool que haga lo propio con 20.000 hectáreas (¿Que implican una facturación de cuánto en este momento? ¿2500 millones de pesos al año, en un tentativo cálculo a mano alzada?). Y dicha igualación, se recalca, es sobre los ingresos, merced a las economías de escala en todo tipo de costos que el grande puede aprovechar, resulta sobre la rentabilidad mucho más gravoso el impuesto para los chacareros. La política fiscal aparece así como regresiva, y da combustible al proceso de concentración económica que está convirtiendo nuestras icónicas pampas en un desierto verde.
En este sentido, es muy de lamentar que iniciativas que propusieron —vía un subsidio cruzado— segmentar las retenciones no hayan tenido la continuidad que merecerían. Es un buen momento para volver a intentarlo, sobre todo considerando los niveles a los que han trepado los precios internacionales de los alimentos, factor que le da un empujón adicional a nuestra inflación doméstica, ya de por sí una de las más altas del mundo.
Con un ojo puesto en atender las situaciones de sequía que se han dado en esta campaña agrícola, una segmentación de retenciones que implique subas para los productores a gran escala y un mantenimiento o acaso una rebaja a los chacareros no tiene por qué implicar una baja en la recaudación estatal. Al contrario, desde el momento en que el 26 por ciento de los productores controla el 77 por ciento de la soja (el cultivo más difundido) es posible repetir las (mejorables) experiencias de 2015 y 2020 (de compensaciones a los pequeños productores), cuando se han demostrado que políticas así son completamente factibles y beneficiosas, tanto para chacareros como para el Gobierno.
*Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (FCE-UBA).
Subrayemos a una especie de pensamiento mágico de Eduardo Azcuy Ameghino en el procurar: Una política pública de segmentación de las retenciones que permitiría democratizar el uso del suelo y acercar a los productores con los sectores populares. Por un lado, pese a siglos anteriores, no repara que la lógica democratizadora no es la del Estado como lo expresó Cristina Fernández de Kirchner:
El Capitalismo: “se ha demostrado como el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios”. CFK / Asamblea de la EuroLat
Por otro lado, la real y efectiva democracia nos desafía –abajo y a la izquierda- a erradicar la ocupación e invasión económico-territorial por el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales. ¿Cómo? Por multiplicación y articulación confederal democrática de las actuales recuperaciones y defensas de territorios desde comunidades mirando hacia crear sus respectivos buenos vivires en contraposición a la sociedad de consumo.
Nos urge, abajo y a la izquierda, superar el bloqueo a la lucha de clases implícito en naturalizar la lógica y la economía propias del Capital-Estado. Nuestro conformismo con dicho bloqueo distorsiona nuestros sentipensares sobre necesidades e intereses de otra Argentina hermanada a todo el Abya Yala. Por creernos despolitizados no formulamos la disyuntiva siguiente al compartir la lógica del sistema que Eduardo Azcuy Ameghino expresa.
Retenciones a la exportación de granos: ¿Qué país queremos?
18 de marzo de 2022
El cobro del impuesto a las exportaciones de granos sin distinguir entre pequeños productores y grandes arrendatarios colabora con la idea de que la disputa es entre el Estado y un “campo” que no existe, en un contexto global de concentración de la tierra. Una política pública de segmentación de las retenciones permitiría democratizar el uso del suelo y acercar a los productores con los sectores populares.
Por Eduardo Azcuy Ameghino
En tanto “la realidad es la única verdad”, el impuesto a las exportaciones de granos —comúnmente conocido como “retenciones”— es pagado por el conjunto de los productores en actividad. O sea que todos pagan, cualesquiera puedan ser las consecuencias posteriores de ese hecho. El Estado —más precisamente los diferentes gobiernos que operan el poder político— suele cobrar este impuesto para reforzar los ingresos fiscales, teniendo en cuenta las ventajas que entrega, entre otras: la seguridad de su cobro y que se devenga sobre precios de productos fijados en dólares en el contexto de una economía inflacionaria.
Quienes deben tributar no acuerdan —y resisten— con ser objeto de dicho impuesto, al cual consideran “confiscatorio” de su rentabilidad, lo cual, en diferentes medidas, es cierto. En este sentido, se hace notar que la situación resulta aún más gravosa en circunstancias de sobrevaluación del peso al cambio oficial, en virtud de la cual el pago por cada tonelada vendida es al valor del dólar oficial —por estos días con una brecha de cerca del 100%— menos las retenciones.
Unos y otros —los que quieren cobrar y los que no quieren pagar—, en principio, coinciden en identificar a quienes deben tributar el impuesto como el “sector”, el “campo”, los “productores”. Dicha uniformización induce una idea de homogeneidad respecto a un conjunto signado por una profunda heterogeneidad. En virtud de esta operación el Gobierno le cobra y disputa con “el campo”, y “el campo” paga y protesta, reafirmándose en ambos casos la conceptualización estandarizante.
Por cierto, el resto de la sociedad, que sigue mediante la información periodística el tema de las retenciones, también absorbe y asimila el contenido —la carga ideológica— de dichos discursos. Las retenciones disminuyen el precio que los “productores” (todos los vendedores de granos) reciben por sus mercancías. Al momento de escribir estas notas las retenciones son del 33% para soja, 12% para trigo, maíz y sorgo, y 7% para el girasol.
Ahora bien, en líneas generales, y salvo momentos y circunstancias excepcionales: ¿existe en la agricultura argentina de cereales y oleaginosas, en especial en la pampeana, una ganancia extraordinaria —más allá de la ganancia normal del capital invertido— que habilita el cobro de las retenciones?
En buena parte de las tierras cultivadas con granos extensivos, la fertilidad del suelo, el clima favorable, y el relativo bajo costo de la mano de obra, entre los principales factores concurrentes, determinan que los precios individuales de producción se ubiquen por debajo (en diferentes grados) de los que regulan el comercio mundial de los respectivos productos. Junto con este fondo de ganancias, podría decirse “estructural”, suelen sumarse fenómenos coyunturales —a veces de duración prolongada— como fuertes aumentos del precio internacional de los granos o grandes devaluaciones del tipo de cambio, que incrementan la rentabilidad de los productores de mercancías transables sin que estos realicen ningún esfuerzo adicional. O sea que la respuesta a la pregunta formulada, en general, es que sí: por eso las retenciones se pagan y la agricultura continúa con su actividad.
Pero la situación de quienes pagan, como no se trata del “campo”, “el sector” o “los productores”, es diferente según las circunstancias de cada momento concreto y la envergadura económica de cada explotación y de sus titulares. Desde nuestra perspectiva esta puntualización resulta clave.
Si un aumento del impuesto a la exportación de granos se aplica indiferenciadamente, a todos los vendedores de esa mercancía por igual —sin distinguir entre tiburones y pejerreyes—, lo más probable, y lógico si se lo mira sin prejuicios, es que golpear al “campo”, genere como consecuencia que el “campo” se uno en la protesta. Siendo este el caso, no cabe reprochar a los chacareros —y demás pymes agrícolas— que rechacen una medida que, al realizarse sin segmentación, contribuye a incrementar sus dificultades para mantenerse competitivos en un mercado donde se expande el gran capital.
Retenciones o la pelea por las ganancias extraordinarias del “campo”
La ganancia extraordinaria emergente de la producción de cereales y oleaginosas es objeto de fuertes disputas en un juego de varios participantes, indirectos y directos. Más allá de la conflictividad que puede estimular con los dueños de empresas agrícolas la maximización de la rentabilidad de los negocios que procuran la agroindustria, la logística, la banca y otros proveedores de bienes y servicios, hay tres actores que protagonizan la pelea de fondo: los representantes del capital (titulares de explotaciones), los terratenientes y el Estado.
Nótese que suponiendo a la renta como equivalente a un tercio de la cosecha, a la retención a la soja como otro tercio, resta un último tercio que reúne los costos y los beneficios de los organizadores de la producción. Dicho en clave de disputa: los “productores” hacen todo lo posible por sumar a su ganancia normal la mayor porción posible de la utilidad extraordinaria; los terratenientes procuran que la ganancia extraordinaria se transforme en su totalidad en renta de la tierra; y el Estado cobra un impuesto que implica restringir las aspiraciones de los dos anteriores.
Con la salvedad de que el Estado le cobra aquí y ahora al “productor”, y este debe disputar con la propiedad territorial el traslado de parte del impuesto bajo la forma de disminución del monto del arrendamiento en la siguiente campaña agrícola, si su contrato vence ese año, pues sino deberá esperar su finalización u obtener una renegociación. En este punto se ve operar la tradicional contradicción entre el capital —incluimos aquí, al efecto de ilustrar en plenitud el contraste, a las unidades familiares capitalizadas y de base familiar— y la propiedad territorial. Vale recordar que tradicionalmente la relación entre arrendadores y arrendatarios fue muy asimétrica, desbalanceada a favor de los terratenientes, quienes solían quedarse no solo con la ganancia extraordinaria —renta en sentido estricto— sino también con partes variables de la mismísima ganancia normal de los chacareros, lo cual impedía su capitalización y progreso (recordar Grito de Alcorta y afines).
En las últimas décadas eso ha cambiado, existen más matices, y ahora hay muchos grandes arrendatarios (incluidos pooles) que alquilan a pequeños y medianos propietarios, lo cual agrega notas a las disputas por la renta y crea condiciones favorables para que los megaproductores puedan retener una parte de la ganancia extraordinaria, que de otro modo se transformaría en renta. Esto es, por ejemplo: se paga 12 quintales —unidad de medida de los rendimientos de las cosechas— por el alquiler, pero podría pagarse 16, por lo tanto me estoy quedando con 4 a favor, además de mi utilidad normal. También el gran arrendatario —que suele ser además propietario de tierra— tiene más probabilidades de trasladar con éxito parte del peso de las retenciones a la renta, presionando para la disminución del canon de arriendo.
El modelo de “campo” para los megaproductores
En la suma de las provincias pampeanas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, en los últimos treinta años (1988-2018) resultó eliminada (“desaparecieron”) casi la mitad de las explotaciones: había 179.534 y quedan 90.907. De las 88.627 que hace un par de años ya no existían, la inmensa mayoría contaba con menos de 200 hectáreas.
La rentabilidad depende, en gran medida, de la escala de producción: no es lo mismo sembrar en 200 hectáreas que varios miles: diferentes costos determinan desiguales rentabilidades. El menor precio obtenido por la compra en grandes cantidades de combustible, semillas, fitosanitarios y otros insumos e incluso la posibilidad de organizar licitaciones para seleccionar contratistas de labores, explican los costos sustancialmente menores al promedio que benefician a las grandes explotaciones.
Sobre esta base afirmábamos que pagan 12 quintales de renta —aproximadamente el alquiler normal, medio, en la zona núcleo— pudiendo pagar 16, y ahora agregamos: podrían pagar 13 o 14 para asegurarse el arriendo de la tierra desplazando a otros competidores, y aun seguir reteniendo 2 o 3 quintales extras.
Dependiendo del momento —el estado del mercado mundial y la coyuntura económica y financiera local—, y hablando en general, ante la imposición de las retenciones unos dejan de ganar y otros pierden. Dejar de ganar puede significar, según el tamaño del “productor”, cosas muy diferentes: a medida que disminuye la escala de las explotaciones y su grado de rentabilidad, el impuesto puede implicar ceder parte de la ganancia normal sobre el dinero invertido en el cultivo, complicando la estabilidad económica de muchas pymes agrícolas.
Lo que estamos diciendo, y ésta es la tesis principal que sostenemos, es que retenciones iguales y, en general, políticas iguales aplicadas sobre rentabilidades y sujetos sociales diferentes producen efectos divergentes. Todos pagan, pero algunos igual acumulan; mientras en el otro extremo los económicamente más débiles —incluida la mayoría de los productores familiares capitalizados— pueden quedar ubicados en el plano de la reproducción simple, o sea, se salva la ropa, sin ganancias o caen en el quebranto.
Y aquí volvemos a recordar a las explotaciones pampeanas que ya no están; fenómeno que forma parte de las consecuencias del avance de la concentración de la producción, el capital y el uso de la tierra en una cantidad decreciente de unidades productivas, fenómeno que constituye una dimensión fundamental de la cuestión agraria en curso en Argentina.
“El campo”, “el sector” y “los productores” no existen
Entre un Estado que busca recaudar a costa del “campo”, y un “campo” que resiste la imposición tributaria, elegimos ubicarnos en un tercer punto de vista, que sobre la base de afirmar que “el campo” no existe, procura pensar el problema a partir de las necesidades de las mayorías sociales rurales y urbanas, el pueblo del país. Este punto de vista presupone una visión democratizadora de la vida en comunidad.
Desde la perspectiva que exponemos, es posible afirmar taxativamente que en el marco del predominio del modo de producción capitalista —en nuestro caso en un país dependiente— la tendencia histórica, universal, absolutamente comprobada en términos estadísticos, es que el pez grande se come al pez chico: la eliminación de explotaciones y la marcha hacia la concentración y centralización del capital constituyen una realidad incontrastable.
En Estados Unidos en 1930 existían 6.300.000 farms o pequeños productores, actualmente son menos de 2.000.000. Entre 1970 y 2013, la cantidad de explotaciones pasó en Alemania de 1.074.000 a 285.000, en Francia de 1.587.000 a 472.000, en Italia de 2.800.000 a 1.010.000, en Inglaterra de 327.000 a 185.000. Y se multiplican los ejemplos.
Esta es una conclusión fundamental: el régimen de producción determina y define en última instancia lo que ocurre con la evolución del número de establecimientos agrarios (y con tantas otras cosas). Y esto ocurre y ha ocurrido bajo las diferentes políticas puestas en práctica a lo largo del tiempo, incluidos los precios sostén y los subsidios norteamericanos, la conservación del paisaje rural francés, las regulaciones proteccionistas de la Comunidad Económica Europea (CEE), entre otras
Más allá de los efectos de una política radical y revolucionaria apuntada a quebrar el modo de producción capitalista, lo cual no es tema de estas notas, la política interviene en general por acción u omisión sobre la evolución de la estructura social agraria, generalmente contribuyendo a configurar una realidad —en lo que juega un rol central la ideología— consistente con las tendencias espontáneas del régimen de producción que organiza el trabajo y la sociedad.
Pero, también, en determinadas circunstancias —para cuya vigencia resulta clave algún grado de influencia de los sectores populares sobre quienes gobiernan—, la política puede moderar, atemperar y, en alguna medida, interferir la dinámica de la concentración económica, lo cual implica limitar a los “concentradores” y auxiliar a los “concentrados”.
El “campo”, “los productores”, el “sector” no existen. No existen en el sentido y la medida que entre los titulares de explotaciones agropecuarias rige una estratificación socioeconómica asimétrica, heterogénea y contradictoria, que incluye desde chacareros que trabajan una pocas decenas de hectáreas hasta terratenientes capitalistas, grandes arrendatarios y pooles de siembra, que operan desde miles a decenas de miles de hectáreas.
A estos los hemos nombrado como los “concentrados” y los “concentradores”. Un ejemplo: según datos oficiales un 10% de las empresas agrícolas controla el 75% de la soja comercializada. Esto significa que el 90% de las explotaciones dan cuenta apenas del 25%.
Por una ocupación democrática del territorio, retenciones segmentadas
Ilustremos la cuestión con imágenes tan conocidas como opuestas: desierto verde, agricultura sin agricultores, éxodo rural, pueblos fantasma, un país vacío con un 91% de su población amontonada en las islas urbanas, y la naturaleza y el ambiente deteriorados; o una ocupación democrática del espacio, un campo con un millón de nuevas chacras, una ruralidad donde chacareros, campesinos y pueblos originarios vivan, trabajen y prosperen, una sociedad más justa. ¿Qué país queremos?
Los elementos de juicio están expuestos, el análisis del problema es factible, y según las conclusiones que se extraigan se puede profundizarlo o atemperarlo. Consolidar lo que hay o comenzar a cambiarlo. ¿De qué depende la elección? Como siempre, del punto de vista, de la perspectiva, de los intereses a los que se que se procure expresar y representar. Si la opción es democrática y popular, la voz de orden será entonces segmentar. Segmentar las políticas en tanto operan sobre una sociedad inexorablemente segmentada, reconocer las diferencias y actuar sobre ellas.
En el caso puntual de las retenciones —en principio una política impositiva—, segmentarlas significa cargarlas sobre el gran capital agrario, aquel que acapara las tres cuartas partes de la soja producida, y eliminarlas o reducirlas, según el caso, para los pequeños y medianos productores. Dirán algunos que así ya no es tan rentable la inversión de capital en la agricultura, que se les está confiscando la ventaja de escala, y que de ese modo no van a producir más. Pues esa es la idea.
Ese es uno de los resultados de segmentar el impuesto. Que el gran arrendatario o el pool de 10.000 o 40.000 hectáreas las deje en manos de los miles de pymes a las que previamente despojaron de la posibilidad de acceder al cultivo de esas tierras.
Y dicho sea al pasar, no es el tema puntual de esta nota, se podría segmentar el impuesto a la propiedad inmobiliaria, entre otras medidas de intervención virtuosa en la cuestión agraria. El impuesto inmobiliario podría ser progresivo en relación al latifundio, lo que conllevaría efectos en la misma dirección que lo propuesto para las retenciones.
Cuando se segmenta —cuando “el sector” y los “productores” no son considerados todos lo mismo— “el espanto” deja de reunir a la cúpula agraria con los sectores populares. O debería hacerlo. Pero nada es fácil. A veces los pies están clavados en la crisis e iluminados por un futuro oscuro, y sin embargo la cabeza ignora esos datos —o los tergiversa, los disimula— y determina un actuar consistente con una realidad que no existe. Pero así suele funcionar la ideología, y como se dijo alguna vez, la ideología dominante es la de los sectores dominantes: pies de trabajador y cabeza de burgués, ese es el ideal al que el orden establecido propende, y no sólo entre los pequeños y medianos productores agrarios.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/retenciones-a-la-exportacion-de-granos-que-pais-queremos/
Insistamos en la lógica interiorizada por Eduardo Azcuy Ameghino que la mayoría de los de abajo comparte:
Más allá de los efectos de una política radical y revolucionaria apuntada a quebrar el modo de producción capitalista, lo cual no es tema de estas notas, la política interviene en general por acción u omisión sobre la evolución de la estructura social agraria, generalmente contribuyendo a configurar una realidad —en lo que juega un rol central la ideología— consistente con las tendencias espontáneas del régimen de producción que organiza el trabajo y la sociedad.
Pero, también, en determinadas circunstancias —para cuya vigencia resulta clave algún grado de influencia de los sectores populares sobre quienes gobiernan—, la política puede moderar, atemperar y, en alguna medida, interferir la dinámica de la concentración económica, lo cual implica limitar a los “concentradores” y auxiliar a los “concentrados”.
Por un lado, Eduardo Azcuy Ameghino da por sentado que la política orientada a derrotar y erradicar el capitalismo es de soñadores desarraigados de la “única verdad es la realidad” conque Perón alienó a las mayorías. Cuando hoy urge, ante el progreso del sistema mundo capitalista hacia el exterminio de la vida planetaria, transformar lo que parece imposible en posibilidad de recuperar los bienes comunes (naturales y sociales) que los oligopolios locales e imperialistas han expropiado y acaparado para mercantilizarlos.
Lo triste y alarmante es que los dirigentes de las izquierdas electoraleras sostengan la politiquería peculiar al sistema opresor cuyo objetivo es la conciliación de clases o la eliminación de la lucha de clase. No olvidemos, no perdonemos ni nos subordinemos a los partidos progresistas e izquierdistas que ocultan el simulacro de democracia al fundarse el Estado en el régimen latifundista. SÓLO HABRÁ DEMOCRATIZACIÓN ANIQUILANDO ESTA PROPIEDAD SOBRE LAS TIERRAS DEL ESTADO Y DE LOS TERRATENIENTES Y GRAN CAPITALISTAS QUE LOS ADUEÑA HASTA DE PUEBLOS Y PAÍS ENTERO.
Por otro lado, como Federico Engels descubrió, el «Estado» es “la organización de la clase explotadora para el mantenimiento de sus condiciones exteriores de producción y por tanto, particularmente, para mantener por la fuerza a la clase explotada en las condiciones de opresión determinadas por el modo de producción existente (esclavitud, servidumbre, trabajo asalariado)”.
De modo que lo irreal e iluso es limitarse a demandarle reivindicaciones y exigirle leyes. Máxime hoy que quienes integran los poderes dominantes se creen omnipotentes por la actual concentración-centralización del Capital y un Estado nacional e internacional con la apropiación total de la modernidad científica y tecnológica para someter las masas y personas. Aún más, el sistema mundo capitalista y sus locales están en guerra no sólo contra la naturaleza sino también contra los pueblos comenzando por los de sus periferias.
Alternativas emancipatorias
Partamos del dilema formulado por Raúl Quirino:
En realidad, nuestro pueblo debe resolver si sigue acatando a un poder político subalterno del Nuevo Orden Capitalista Neoliberal, sus negocios y leyes adecuadas al saqueo y la destrucción. Pero no hay salida sin unidad, movilización y lucha en la construcción de un Nuevo Poder Popular Integral, comprometido con el cambio social, la transformación de las condiciones de vida de las / los excluidos y los desposeídos de todos sus derechos.
Ubiquémonos en qué significa seguir acatando al Estado y para ello reflexionemos sobre quiénes elaboraron el plan del agro que define las condiciones y medios de vida del 99% de Argentina. En efecto, la profundización y extensión de la pobreza estructural y el hambre que hoy afecta a más de la mitad de menores de 18 años fue planificada por las corporaciones dirigentes e instauradoras del sistema de agronegocios mirando en exclusivo a sus objetivos de acaparamiento de riquezas y poder de enyugamiento. En setiembre de 2021, sin cuidar las formas, el poder ejecutivo y el legislativo exhibieron su subordinación presentando al Congreso el plan de esos oligopolios imperialistas con los locales como proyecto de ley a promulgar. Atendamos a Darío Aranda.
Gobierno transgénico: una ley a medida del agronegocio
1 de octubre de 2021
Por Darío Aranda
Luego de la derrota electoral, y sin escuchar a los que “salen a la calle”, el Gobierno redobla su faceta extractiva. Envía al Congreso un proyecto de ley gestado junto con las cámaras empresarias del agro, mientras cajonea proyectos claves: acceso a la tierra, humedales y etiquetado de alimentos. El oficialismo pone todas las fichas a un modelo que lleva tres décadas con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. (…)
El proyecto tiene 26 páginas y señala que promoverá “24 cadenas” productivas, pero el eje será aumentar las exportaciones de los cultivos que más divisas generan, entre ellos: soja, maíz y trigo. Los cinco pilares que utiliza son producción, empleo, ventas, exportaciones e inversiones. En ningún momento se habla de ambiente, ni de agroecología ni (mucho menos) soberanía alimentaria. La traducción no publicitada es un plan con mayor uso de transgénicos y agrotóxicos, mayor alianza con el agro empresario y con las consecuencias por demás conocidas: desmontes, conflictos por la tierra, desalojos, concentración de la tierra en pocas manos, afectaciones a la salud y al ambiente, entre otras. (…)
Cualquiera que conozca mínimamente el agro argentino sabe que el Gobierno no escuchó a pequeños productores, ni cooperativas, ni campesinos, ni pueblos indígenas. Mucho menos se tuvieron en cuenta las numerosas denuncias que pesan sobre el modelo que el proyecto de ley impulsa.
Muchas empresas, un hombre de Monsanto y nada de agroecología
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) es un espacio nacido en 2020 que reúne a casi la totalidad del sector empresario del agronegocio del país. Su plan para la próxima década se llamó “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”. Y fue la base para el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Se trata de la profundización del modelo de agronegocio durante diez años, donde prometen aumento de exportaciones (dólares que el Gobierno prioriza), con leyes a medida de las empresas, donde sobresalen beneficios impositivos. Traducido: menores impuestos.
El Consejo Agroindustrial está integrado por todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja). Las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados, entre otros. Aunque al principio se mostraron reticentes, también están presentes las cuatro patas de la Mesa de Enlace: Coninagro, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentina -CRA- y la Sociedad Rurales Argentina.
A poco de crearse, el Consejo Agroindustrial se reunió, en solo tres meses, con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa; los entonces ministros Felipe Solá (Cancillería) y Luis Basterra (Agricultura), y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Lograron el apoyo de los gobernadores de Córdoba (Juan Schiaretti), Entre Ríos (Gustavo Bordet), Santa Fe (Omar Perotti) y Chaco (Jorge Capitanich). También se entrevistaron (el 30 de julio del 2020) con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y con el Presidente. “En toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”, resumió Alberto Fernández, reflejado por la agencia oficial Télam.
El Gobierno reforzó diálogo con el Consejo Agroindustrial también como forma de debilitar a la Mesa de Enlace. Algunos sectores oficialistas (desde organizaciones hasta medios de comunicación) intentan disfrazar a este sector empresario como «otro campo» o, argumentan, que así debilitan a la Sociedad Rural y compañía. Nada más equivocado: los jugadores dentro del Consejo Agroindustrial son mucho más poderosos que las entidades protagonistas de la resolución 125. Y, sobre todo, representan a capitales internacionales mucho más concretados, con mayor poder para condicionar políticas.
La cara más visible del Consejo Agroindustrial es Gustavo Idigoras, que llegó como presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), pero tiene un mayor recorrido, en distintos engranajes del agronegocio: agregado agrícola por Argentina ante la Unión Europea (2004-2009), responsable por el Ministerio de Ciencia de la Mesa de Semillas (durante el macrismo), coordinador de la Red de Buenos Prácticas Agrícolas (donde confluyen todas las grandes multinacionales de transgénicos y agrotóxicos). Y, entre 2014 y 2018, ejecutivo de Monsanto (hoy Bayer).(…)
Darío Aranda concluye su artículo:
El mismo día del lanzamiento del proyecto de ley agroindustrial, el Indec difundió que la pobreza afecta al 40,6 por ciento de la población de Argentina y la indigencia llega al 10,7 por ciento. En los menores de 16 años la pobreza alcanza al 55 por ciento. Para graficarlo: seis de cada diez chicos de Argentina es pobre.
El Gobierno ya no habla del hambre en Argentina. Pero sí de supuestas opciones: Fernando “Chino” Navarro, referente del Movimiento Evita y secretario parlamentario de la Jefatura de Gabinete, difundió orgulloso su trabajo junto al empresario Gustavo Grobocopatel (alias “el rey de la soja”). Y celebró: “Él nos ayudó mucho, con otros empresarios, aportando soja que se puede consumir, y es riquísima, para comedores populares del Gran Buenos Aires”.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/gobierno-transgenico-una-ley-a-medida-del-agronegocio/
Percatémonos que, sin importar su reciente derrota electoral, el gobierno de turno o el de los Fernández (Alberto y Cristina) continuó expandiendo la política de estado. Que arranca desde la dictadura genocida con el objetivo de implantar la reestructuración económica y territorial en conformidad con la acumulación de riquezas y poder de dominio de la comunidad de negocios de los capitales y estados imperialistas con los locales. Durante esos años de terrorismo estatal se atacó al INTA y se promovió la soja como el alimento milagroso en sus propiedades nutritivas.
La subordinación a ese contubernio de los poderes públicos de Argentina en todas sus jurisdicciones se mantuvo tapada por la fachada de democracia desde fines de 1983 hasta hoy pese a sustentarse de modo legal en -y hecho legitimar- la herencia de la dictadura genocida.
Los gobiernos del matrimonio Kirchner encubrieron a la dictadura de ese poder real modelándose en el imaginario popular como nac&pop y de derechos humanos. A partir de setiembre de 2021, a poco de perder en las elecciones (debería interpelarnos, abajo y a la izquierda, sobre la validez de aceptarlas para lograr los cambios indispensables), la verdad sobre quiénes gobiernan y legislan fue explicitada por ellos creídos en su omnipotencia por haber maximizado la concentración/centralización del capitalismo local. Hasta Cristina Fernández de Kirchner señaló con mayúsculo cinismo: «El capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios que necesita la humanidad».
El capitalismo eficiente de Cristina
Por Hugo Torres
ARGENTINA (9/3/2020).- De acuerdo a datos actuales del organismo de Naciones Unidas para el agua (UN Water) y el Informe de Síntesis 2018 sobre Agua y Saneamiento de Naciones Unidas (ODS 6- Agenda 2030), así como también de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNESCO, el número de personas que no cuentan con servicios de agua básicos, alcanza a 844 millones, y son 2.100 millones quienes no disponen de agua potable gestionada de forma segura, mientras que 4.500 millones no tienen acceso a servicios de saneamiento gestionados en condiciones de seguridad y 892 millones aún defecan al aire libre.
De los 844 millones de personas sin agua potable, cincuenta millones están en América Latina, a pesar de contar esta región con el 33% de las reservas de agua limpia del mundo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222760788182530&id=1059729477
Insistamos sobre que la democracia formal de la burguesía está disolviéndose y adquiriendo el Estado una configuración local esencialmente contrainsurgente y otra tendiente a ir aislando como fortaleza imperial a la toma oligopólica de decisiones sobre pueblos, países y continente del Abya Yala. Además, consolida su criminalidad de lesa humanidad y lesa naturaleza que es su gestión de la constante desertificación de Argentina a través de la apropiación del agua.
Cuando hablan de tercera guerra mundial por los bombazos de Rusia a Ucrania, no ven que un conflicto bélico a escala mundial se dará, en un corto plazo, a raíz del bien más preciado y más escaso del planeta. Sí, hablo del agua. Y nuestro territorio no estará fuera de la discusión, siendo que guarda una de las principales reservas de agua potable del planeta.
Dicha esta introducción quiero hacer notar una noticia que pasa desapercibida en estas horas y que tiene a Argentina y al agua por protagonista. En esta noticia aparece un actor que será estratégico para la conquista del agua a escala planetaria. Hablo de Israel, país que domina a un pueblo entero y al que somete, entre otras políticas, robándole recursos hídricos del margen oriental.
Esta semana el ministro del Interior, hijo de desaparecidos durante el último golpe cívico militar, visitó junto a una número importante de gobernadores Israel. El dato de haber sido sobreviviente de un sistema represivo tiene que ver con el beneplácito de la visita a un país experto en violaciones a los DDHH. Pero como en la materia siempre hay un doble estándar, la cuestión palestina para De Pedro como para todo el gobierno, no es un dato que deba ser tenido en cuenta a la hora de tejer alianzas geoestratégicas. Pensar que en los 70, la generación víctima de las represiones dictatoriales discutían la cuestión Palestina y la levantaban como bandera, por caso un texto de Rodolfo Walsh lo atestigua.
Pero volviendo al asunto del agua una noticia que ha circulado con cierta normalidad es el anuncio DESDE ISRAEL sobre el modelo que va a implementar el país en el manejo del bien más preciado. De Pedro ha visitado junto a autoridades israelíes plantas de tratamiento de agua, camuflando lo que será la nueva estrategia de centralización del manejo del agua con la observancia en cómo un «país sin recursos» ha conseguido potabilizar el H2O.
Según informa Infobae «Desde la sede de la organización pública israelí Mekorot, propuso (De Pedro) crear una “mesa de trabajo” con las provincias para organizar la distribución de los recursos hídricos. Hubo apoyo de los gobernadores afines…».
Ya en Chile hace algunos años la presencia de Mekorot produjo rechazos ante la importante comunidad palestina en aquel país por la avanzada de una empresa que en territorio palestino es parte del engranaje de despojo.
El documento elaborado por la Federación Palestina en Chile en 2015 indicaba que “resulta absolutamente sorprendente y desvergonzado, que quien representa a una potencia que hace de la apropiación del agua de las ciudades y del destrozo de olivos una actividad permanente durante los últimos 50 años, pretenda exhibirse ante los chilenos como un adalid en el uso eficiente del agua”.
Acompañaron al ex militante de la agrupación HIJOS los gobernadores peronistas de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Catamarca, Raúl Jalil, de Formosa, Gildo Insfrán, de Santa Cruz, Alicia Kirchner y de San Juan, Sergio Uñac. Vamos, la «progresía» peronista.
También la oposición acompañó la misión oficial con el gobernador radical de Mendoza, Rodolfo Suárez, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Y como no se privan de nada viajaron además el tucumano Jorge Neme, vicejefe de gabinete y hombre de confianza del jefe de gabinete, Juan Manzur, además del ministro de Ciencia, Daniel Filmus, el hombre admirado por la progresía del campo de la educación.
Para cerrar sería bueno que estas noticias no pasen desapercibida y que tengamos en claro que en materia de acuerdos geoestratégicos oficialismo y oposición, todos, todas y todes, son aliados de Israel. Lo fue el gobierno de Macri y lo es el actual gobierno de Alberto Fernández, quien, al asumir la presidencia en diciembre de 2019, inauguró los viajes oficiales justamente a Israel, donde se estrechó en cálido abrazo al criminal Netanyahu.
Insisto, si quieren ver el origen de lo que será una tercera guerra mundial, miren de reojo y lean no tan entre líneas, este viaje por el agua. Y miren la foto, porque también ellos son cómplices del genocidio sistemático que practica Israel contra el pueblo Palestino.
Hace más de 30 años mi viejo ya me lo advertía.
Confiemos en las autoorganizaciones populares que defienden, aparentemente, sólo sus territorios, pero lo están haciendo por todos nosotros cuidando al presente y futuro del país-continente. Y comprobemos desde dónde y cómo se dispone atacarlas para que desistan.
*ACAMPE MOLINARI* 7:50hs
Desde el viernes 6/5 vecinas y vecinos del Valle de Punilla nos instalamos en acampe frente al obrador armado en Molinari (Camino a la Candelaria a 1500 mts de la ruta 38).
El motivo de nuestro reclamo pacifico se debe a que no estamos siendo escuchados por el gobierno nacional, provincial y locales sobre el desastre ambiental y la destrucción de territorio ancestral que la autovía de Punilla implicaría.
También reclamamos que la obra no avance hasta tanto la justicia de respuesta al amparo presentado.
Estamos respaldados por el acuerdo de Escazú (art 9) como Defensores Ambientales, el art 41 de la Constitución Nacional (derecho a un ambiente sano y el deber de protegerlo), y el art 75 inc 17 también de la Constitución Nacional sobre el reconocimiento y derechos de los pueblos originarios.
Ayer supimos que el juez de control rechazo el habeas corpus preventivo presentado, con lo cual nos sentimos desprotegidos sabiendo que el gobierno ya reprimió a los vecinos y vecinas de Paravachasca que realizaban el mismo reclamo.
Pedimos difusión para ayudarnos a estar protegidos.
Contacto de prensa:
Lucas 1162170952
Giyo 3516162017
Eugenia 3513644334
Radio Panamericana FM 99.3 – Huerta Grande
Autovía: Molinari respira lucha
Esperando la decisión definitiva de la Justicia
La situación en la mañana de hoy comenzó tensa, por un lado los manifestantes (la ciudadanía) y por otro la Policía y auxiliares de Justicia (el Estado) con miradas totalmente opuestas sobre la cuestión. Mediante la fuerza pública pretenden imponer una obra ilegal que flaquea por todos lados. René Amsler entrevistado por Radio Inédita (1), manifestó lo que sucedió a primera hora de la mañana de hoy, y dijo: “Intentamos un diálogo, sobretodo le pedimos que dejen ingresar a las personas que están queriendo pasar desde la ruta porque están llegando más gente de la comunidad, y no los dejan pasar, o sea están haciendo un retén policial, totalmente ilegal, porque son calles públicas (…) Y ahora estamos en ese tire y afloje, tratando de comunicarnos pacíficamente de explicar cuáles son los motivos y sobretodo con elementos concretos, objetivos concretos. La comunidad pretende que se tome una decisión definitiva sobre esto. Una sentencia definitiva de la Justicia en este asunto antes de avanzar porque una vez que avanzaron los daños van a ser irreversibles”.
Desarrollismo desquiciado
“La prevención del daño ya es un mandato legal que debemos cumplir todos los ciudadanos, la Constitución Nacional nos obliga a hacer esto. Esto es lo que asume el colectivo, esto es lo que se esta confrontando frente al desenfreno desbordado de la actividad de romper y están con ese desarrollismo desquiciado. No es que uno se opone necesariamente a la obra, pero si se opone que se haga de esta manera y que no se haya llevado los procesos como corresponde. Lo han hecho apresuradamente, con una Bióloga imputada por delitos ambientales, que fue la que llevo adelante el Estudio de Impacto Ambiental, por nombrarte uno de los elementos que han sido volcados en los distintos escritos que se han ido presentado” agregó el Abogado en su entrevista con la radio cordobesa.
Ahora o nunca
Las irregularidades son de forma y fondo en esta cuestión. La Justicia de Córdoba hace cinco años que no emite palabra al respecto de esta controversial obra, y en solo 24 horas se expidió en contra de la presentación de un habeas corpus presentado en la Fiscalía de Cosquín. Claramente la balanza de la Justicia está inclinada con todo fervor hacia el ecocidio y destrucción del patrimonio arqueológico al que llevaría la construcción de esta Autovía. Acerca de esto, Amsler dijo: “La Justicia juega a tirar la pelota de un lado para el otro, que la competencia sí, que la competencia no, pero en definitiva lo que están haciendo es indirectamente avalando y permitiendo que las máquinas pasen sin ir al fondo del asunto que es lo que se está reclamando (…) La realidad que acá estamos frente a defensores ambientales que son en estos momentos héroes, realmente, que han dejado todo lo suyo para estar acá para resistir este atropello porque ya no quedan más oportunidades(…) Es ahora o nunca, o se frena ahora o no se frena más, esto es una manera de atropello que ya en el 2022 es absolutamente inaceptable, esto requiere que las autoridades y funcionarios se pongan a trabajar con la comunidad en ver cómo resolver estos temas, porque esto no va a terminar bien”.
Acampe y corte de media calzada
Al inicio del día y ante el temor de un desalojo por parte de la Policía (cerraron el paso a los activistas que querían acercarse al acampe) se produjeron dos focos de protesta en Molinari, uno en el acampe camino a La Candelaria y otro con corte de media calzada en la Ruta Nacional 38. El dueño del campo donde están las maquinas denunció que la forma de manejarse de la empresa es totalmente distinta a lo que le habían dicho. Casi le desmontan dos hectáreas para intentar abrir un camino alternativo para llegar al obrador, lo que fue frenando a tiempo. En diálogo con Una Radio Muchas Voces de Capilla del Monte (2), Eugenia Torres, integrante de la Asamblea Ambiental, contó lo sucedido hoy y el por qué se llega a este desenlace: “Lo que ha pasado que vino la Policía a decir que había que liberar el acceso al obrador, y nos negamos (…) Tenemos un amparo presentado donde están todos los argumentos y las evidencias de porque está Autovía es ilegal. No nos sirve que después de que pase la obra los jueces nos den la razón porque el desastre que van a hacer es irreversible, así que están tratando de ingresar por parte de la empresa desde otro lugar al predio, y ante el bloqueo que han realizado las fuerzas policiales para que no ingresen los vecinos que quieren llegarse acá al lugar, se decidió hacer un corte de ruta ahí en la Ruta 38 para visibilizar esta situación”.
El articulo completo en: https://radiopanamericana.com.ar/…/tension-en-el…/
VIOLENCIA DEL ESTADO PARA
SOSTENER EL AUTORITARISMO EXTRACTIVISTA
Vecinas y Vecinos autoconvocades de Punilla
El martes 10 de mayo siendo las 3:40 am de la madrugada, efectivos policiales y de infantería hicieron una emboscada al acampe que llevaba varios días en la localidad de Molinari. Sin orden de desalojo, sin identificarse y en medio de la noche, obligaron a levantarse, arrastraron, empujaron y violentaron a les compañeres que estaban haciendo guardia.
Durante el procedimiento no les permitieron acceso a sus pertenencias personales (entre ellas documentos y celulares), incluso a algunos no los dejaron calzarse. Las y los compas tuvieron que refugiarse en una vivienda de la zona porque el acceso de salida a la ruta estaba bloqueado por más efectivos policiales. Toda la zona quedó rodeada de policías.
La alarma de ayuda se encendió enseguida y comenzaron a convocarse vecinos y vecinas en el camino a Characato, ubicado a la vera de la ruta 38, para intentar llegar a les compas que no podían salir de la casa donde se habían refugiado. Un enorme despliegue policial y de infantería bloqueaba el camino de acceso por lo cual tampoco se podía llegar hasta elles. Ante esto, se decidió cortar permanentemente media calzada de la ruta 38.
Para ese momento habían pasado varias horas y sabíamos que estaban cansados, con frío, hambre y miedo.
Ante la situación se hizo una presentación judicial que dio inicio a una causa, ya que desde la fiscalía informaron que no había sido emitida ninguna orden de desalojo, lo que evidencia la ilegalidad del acto de los efectivos policiales, en un accionar con trazas de terrorismo de estado. Tras la presencia de la Mesa de DDHH, un abogado y varios medios de comunicación, se logró ingresar a la zona para rescatar a les compañeres que se encontraban refugiados.
Tras un momento de reencuentro, cargado de emociones encontradas, y con la voluntad de les cumpas manifiesta, se inició una asamblea para definir las acciones inmediatas.
Se realizaron cortes totales e intermitentes de la ruta 38 y, finalmente, la asamblea decidió trasladarse a la comisaría de Cosquín a recuperar los elementos del acampe realizando una caminata, encabezada por les acampantes, seguida de una caravana de autos.
Al llegar, la dependencia policial estaba vallada y con efectivos pertrechados en el ingreso, la presión social hizo que la policía tuviera que devolver todas las cosas confiscadas ilegalmente del acampe vecinal. Con este hecho, que fue documentado en acta, quedó además demostrada la responsabilidad policial en el violento desalojo ilegal que llevaron adelante coordinado por las autoridades policiales CON TOTAL CONOCIMIENTO DE LA FISCALÍA pero sin ningún instrumento legal que sostuviera la acción amedrentadora.
Cerca de las 23, luego de una jornada agotadora, se recuperaron los elementos del acampe y las pertenencias personales.
Una de las compañeras que estaba en el acampe al momento del desalojo fue llevada al hospital donde se constataron lesiones varias, fruto de la violencia física ejercida por los efectivos policiales.
Es vergonzosa y perversa la versión policial de los hechos ¿Les vecines se irían descalzos? ¿Dejarían celulares abandonados? ¿Dejarían vehículos con las llaves puestas y saldrían caminando? ¿Irían golpeándose? ¿Abandonarían todo lo que la gente donó en estos días? ¿Harían todo eso a las tres y media de la mañana? El gobierno autorizó un desalojo ilegal y la policía lo ejecutó, VIOLANDO LOS DERECHOS HUMANOS BÁSICOS Y DEBE RESPONDER POR ESO
ANTE LA JUSTICIA Y ANTE LA SOCIEDAD. Hacemos responsable de esta situación a la fiscal Paula Kelm, al Director de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte Diego Bracamonte y al comisario de Cosquín Cristian Lencina.
Basta de criminalizarnos por proteger la vida!
Basta de abusos de poder!
Seguiremos diciendo NO a la autovía ilegal de Punilla.
No Pasarán!
Sepamos que la obra Autovía de Punilla tiene alternativa y forma parte del Plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), diseñado por las grandes corporaciones para aumentar el flujo de sus capitales, expandir la frontera minera, agroindustrial e inmobiliaria, a costa del saqueo y destrucción de nuestros bienes naturales. Atendamos al documento de las Asambleas de Punilla:
Por la Salud y la Vida. SIN LICENCIA SOCIAL NO HAY LICENCIA AMBIENTAL.
AUTOVÍA DE PUNILLA ILEGAL.
Desde las Asambleas Ambientales del Valle de Punilla, comunidades indígenas, organizaciones sociales, vecinos/as, profesionales, docentes e instituciones queremos expresar nuestro RECHAZO a las declaraciones del Gobernador Juan Schiaretti respecto de los inicios de la obra Autovía de Punilla: ALTERNATIVA RUTA N° 38 TRAMO VARIANTE COSTA AZUL – LA CUMBRE.
Este proyecto, que pretenden imponer, forma parte del Plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), diseñado por las grandes corporaciones para aumentar el flujo de sus capitales, expandir la frontera minera, agroindustrial e inmobiliaria, a costa del saqueo y destrucción de nuestros bienes naturales.
La Audiencia Pública virtual, llevada a cabo en 2021, mostró un 90% de rechazo a este Proyecto, con contundentes argumentos científicos, sociales, biológicos, arqueológicos, paleontológicos, geológicos, culturales, paisajísticos, económicos, sanitarios y legales respecto al impacto negativo que generaría. Tampoco respeta los protocolos legales correspondientes, al haberse realizado sin la ‘Consulta Previa’ a los Pueblos Indígenas, ni se ha informado públicamente a la población, como corresponde, violando así el Convenio Internacional 169 de la OIT y la ley 10208, de Política Pública Ambiental.
La traza proyectada atravesaría bosques de máxima categoría de conservación (Zona Roja*), cuencas hídricas y áreas de alto valor arqueológico; además, por ser sitios sagrados para nuestras comunidades y cientos de hogares de familias urbanas, periurbanas, campesinas e indígenas, vulnerarían las Leyes Nacionales y Provinciales de protección al patrimonio natural y cultural y los Derechos Humanos( **)
Córdoba es una de las provincias con mayor índice de deforestación, estando sus bosques y toda su biodiversidad de flora y fauna reducida, actualmente, a un porcentaje menor al 3%, en estado crítico, casi en extinción.
Desde el 2010 se está exigiendo que se cumpla con la Ley de Bosques, Nacional y Provincial, para lo que debe aplicarse el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para su urgente protección, ya que, al contener toda la biodiversidad, son vitales para el equilibrio biológico y la estabilidad de las cuencas hídricas, importantes fuentes de agua para toda la población, que actualmente se encuentran disminuidas y contaminadas por la falta de resguardo, existiendo una gran crisis hídrica en el Valle de Punilla desde hace años.
El agua es esencial para la supervivencia y la salud de la población, por lo que, un proyecto como esta AUTOVÍA, generaría un gran impacto en la calidad de vida de todos/todas los/las habitantes del valle, acentuando esta crisis ambiental, climática, social y sanitaria.
A su vez, perjudicaría la economía regional que vive del turismo que transita por la ruta 38, ya que el daño sobre nuestros ríos y arroyos, modificaría el paisaje, afectando así a la actividad turística en general, que es atraída por el mismo.
Por todos estos motivos hemos solicitado una Medida Cautelar a la justicia provincial (Tribunal Superior de Justicia), que desde hace años viene haciendo oídos sordos a nuestros justos reclamos y que, recientemente, rechazó nuestro pedido sin analizar la veracidad de nuestras denuncias por incumplimiento de todas las leyes ambientales provinciales y nacionales.
Los abajo firmantes, conocemos los intereses que mueven este proyecto, que no representa una obra de bien público, sobre todo existiendo alternativas de menor costo y menor impacto ambiental que una Autovía.
Con los U$D140.000.000, que se destinarían a esta obra, podríamos mejorar las condiciones de Salud (equipamiento de hospitales locales), de Educación (construcción de nuevas escuelas y reparación de las existentes), de Trabajo (creación de nuevos puestos) y Económicas, en general, de quienes vivimos en el territorio.
Venimos alertando que este proyecto inconstitucional es un avasallamiento a nuestros derechos humanos y a las leyes ambientales existentes, sin embargo, el gobierno de la provincia ya está utilizando a las fuerzas públicas para permitir el avance de las obras y de las expropiaciones. Esta situación ya ocurre en Paravachasca, donde la empresa Paolini hnos ya ha iniciado las obras de un proyecto similar, desalojando violentamente (mediante Policía, Gendarmería, etc.) a quienes defienden de forma pacífica el territorio donde viven.
La justicia, no responde por nuestros derechos al no condenar las ilegalidades de este Proyecto, lo que nos lleva a situaciones donde sólo nos queda como opción poner el cuerpo frente a las máquinas para poder frenar la destrucción de nuestros valles.
Asimismo, sabemos que la empresa Camino de las Sierras y la Agencia Córdoba Cultura han contratado a un equipo de profesionales del CONICET para llevar adelante el proyecto, por lo cual, llamamos a la reflexión y conciencia de este equipo, para que se ajusten a los principios éticos del CONICET, que expresa: «los investigadores NO deben participar en trabajos que de modo directo o indirecto afecten a los derechos humanos reconocidos en los convenios internacionales y en la Constitución Nacional».
Hacemos un llamamiento a las universidades, a todos/as los/las profesionales, a las escuelas, a los trabajadores de la salud, a todas las instituciones educativas, religiosas, a fundaciones, a sindicatos, a cooperativas, a asociaciones civiles, y a toda la población cordobesa, para que nos acompañen a defender la vida, la salud, la biodiversidad, la cultura, los bosques y las cuencas hídricas, para nosotros/as y las generaciones futuras.
Esperamos una respuesta a favor de la vida y contra el ecocidio que pretenden efectivizar en nuestros territorios.
Los/as invitamos a pronunciarse en RECHAZO AL PROYECTO DE AUTOVÍA y adherir firmando esta carta para sumar todas las voces y fuerzas a esta resistencia, en defensa de nuestros derechos,
POR EL BUEN VIVIR DE TODXS y UN PRESENTE Y FUTURO POSIBLES.
» Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo»..( Art 41 de la Constitución Nacional)
* Zona Roja -por definición en el artículo 26331 de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques- son sectores de muy alto valor en conservación que no deben transformarse. Incluye áreas que por su ubicación relativas a Reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores pueden ser habitats de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica.
** Leyes vulneradas en este proyecto:
– Art. 41 y 16 de la Constitución Nacional.
-Art. 38 y 186 de la Constitución Provincial.
Art.14 del Código Civil y Comercial de la Nación.
-Convenio 169 de la OIT.
-Ley Nacional 26331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de Bosques.
-Ley General de Ambiente. 25675 (Nacional)
-Ley Nacional 22.421 y Decreto 666/97 de Conservación de Fauna.
-Ley Nacional 26447 y 25337 de Conservación y Protecció n de la Flora.
-Ley Nacional 25743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
-Ley Nacional 27576 Acuerdo de Escazú.
-Ley Nacional 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global.
-Ley Provincial 7343. Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente.
-Ley Provincial 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
-Ley Provincial 10208 de Política Ambiental Provincial.
ESTE ES EL DOCUMENTO DE LAS ASAMBLEAS DE PUNILLA PARA JUNTAR ADHESIONES CONTRA LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS DE LA AUTOVIA. LA IDEA ES HACERLO LLEGAR A ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O AMBIENTALES, INSTITUCIONES CIENTÍFICAS, CULTURALES, ETC,
SE PUEDE ADHERIR TAMBIÉN INDIVIDUALMENTE.
¡SE AGRADECE DIFUNDIR!
Fuente: https://forms.gle/bcMqEYF9a9HHA4Du9
Valoremos el rechazo a las obras de Autovías en el Valle de Paravachasca y en el Valle de Punilla. Ambas autovías significan un impacto negativo para las cuencas del río Anisacate y Yuspe, sumado a mayor contaminación y deterioro del Lago San Roque y arrasamiento del monte nativo sobre el cual se pretenden construir.
Hoy nos volvimos a convocar en el territorio que habitamos y que está siendo destruido día y noche por topadoras manchadas de sangre y codicia.
El monte añoso de Villa Los Aromos está siendo cargado en camiones para llenar de cemento el territorio ancestral y vital.
La Justicia y la Policía, guardianes de la muerte, vigilan sigilosamente la agonía del Valle.
Y los malos gobiernos se retuercen en sus sillones de llanto y ambición.
Villa Los Aromos, 9 de mayo.
Ubicación del desmonte: https://goo.gl/maps/7KuqyXmHcXYdmzy96
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PAREN LAS TOPADORAS!
En el Valle de Paravachasca, pese a los amparos y las denuncias penales realizadas, el proyecto de autovía no cesa.
Hoy domingo 8 de mayo, las topadoras siguen arrasando el monte, las retroexcavadoras se apresuran en desmoronar el cordón serrano y los camiones continúan llevandose la biodiversidad.
La cámara contenciosa administrativa y el Dr. Leonardo Massimino tienen en su despacho un Amparo Ambiental Colectivo desde agosto del 2021 que aún no han respondido. Sumado a ello, la Fiscalía en lo penal y económico de Córdoba tiene en su escritorio la denuncia penal y la medida cautelar presentada por 108 vecinas y vecinos de Paravachasca.
Sin monte no hay agua. Sin monte y sin agua, no habrá vida posible en el territorio.
Vecinas y vecinos del Valle de Paravachasca
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Pronunciamiento del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba a en apoyo para las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales sobre las acciones territoriales en relación al rechazo de las obras de Autovías en el Valle de Paravachasca y en el Valle de Punilla.
El Pronunciamiento académico señala que ambas autovías significan un impacto negativo para las cuencas del río Anisacate y Yuspe, sumado a mayor contaminación y deterioro al Lago San Roque y al monte nativo sobre el cual se pretenden construir. El gobierno de la provincia de Córdoba, conjuntamente con Camino de las Sierras con el objetivo de “descomprimir el tránsito” omiten declarar o presentar información pública en torno a la vinculación de ambas obras con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y con parte del corredor bioceánico de dicha iniciativa.
Además desde el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba solicitan que:
Por lo expuesto y en el marco de la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -Acuerdo de Escazú-, suscrito y ratificado por Argentina,
– Que se propicien los medios para la resolución inmediata de los Amparos y medidas cautelares presentadas al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba (cautelar de Punilla: fecha 15.09.2021, cautelar de Paravachasca: fecha 23.12.2021) conjuntamente con los Habeas Corpus y denuncias presentados en las fiscalías y diversas sedes de gobierno (comunas, municipios) de la totalidad de localidades tanto en Paravachasca como Punilla.
– Que se garanticen los derechos humanos promoviendo el cuidado y la preservación de la integridad física y se garantice el derecho a manifestarse y reclamar sin sufrir represalias ni persecuciones para quienes sostienen los Acampes (Acampe por el Monte, Asamblea Paravachasca y Asamblea Socioambiental San Roque Despierta) en defensa de los territorios y que forman parte de las Asambleas o son vecinxs autoconvocadxs y, que como tales, se constituyen en defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales (Acuerdo de Escazú).
– Que se garantice el cumplimiento del derecho constitucional a vivir en un ambiente sano como así también el deber de preservarlo (artículo 41. Derecho a un medio ambiente sano, de la Constitución Nacional Argentina).
– Que se den a conocer, por parte de las autoridades provinciales, los estudios arqueológicos realizados en el marco de la legislación vigente y cómo se afectarán los territorios ancestrales de las comunidades. Que se arbitren las medidas necesarias para el resguardo del patrimonio ancestral y el paisaje arqueológico.
¿DEMOCRACIA O DICTADURA?
Ante información y reflexión de Rodolfo Fucile sobre «el futuro «Tratado de Pandemias», mediante el cual la OMS tendrá aún más atribuciones para controlar y decidir las políticas sanitarias de cada país» dije que es una de las pruebas fundamentales respecto a que el sistema mundo capitalista -junto a sus locales- avanza hacia la dictadura de oligopolios, disimulada por los llamados organismos mundiales y los Estados Nacionales.
Veamos otra prueba sobre la función de organismos mundiales o internacionales, pero también de los Estados Nacionales sumamente imprescindibles a convertir en viable el privilegio de la insaciable acumulación oligopólica por sobre la vida y las necesidades e intereses de los pueblos.
Horacio Machado Aráoz nos advierte:
Sólo 24 horas separan la presentación de la así llamada “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (MEMAC) de un nuevo episodio de represión en la localidad catamarqueña de Andalgalá. Los estruendos no fueron de las palabras, sino de fusiles anti-motines de la policía contra andalgalenses que hace semanas vienen denunciando afectaciones del mega-proyecto minero MARA (controlado por la canadiense Yamana Gold) sobre la cuenca hídrica que riega sus economías y sus vidas. (…)
El anuncio de la MEMAC no trae nada nuevo; vuelve a reflotar un guion viejo y desgastado, largamente conocido. Sus orígenes se remontan al libreto que décadas atrás diseñó el Banco Mundial para legislar e impulsar la actividad en los países del Sur Global. Del riojano Ángel Masa (secretario de Minería del gobierno de Carlos Menem, impulsor de las “reformas”) a Matías Kulfas, una larga lista de funcionarios grises asume como “misión de estado” preservar y justificar los intereses del capital minero transnacional, aún a costa de la represión de sus poblaciones.
Porque fue ése el objeto de las “reformas mineras” de los ’90. Diseñadas a imagen y semejanza del Decreto Legislativo 600 con el que el dictador Pinochet cortó de cuajo la “afrenta” nacionalizadora de Salvador Allende en el “país del cobre” (1973), el Banco Mundial impuso ese modelo con créditos extorsivos en toda la región; incluso en África y Asia. Acá tocó el turno en 1993, con la ley de inversiones mineras N° 24.196 y correlativas. Pero antes que fuera refrendada por un gobierno nacido de elecciones, esa misma legislación tuvo su antecesora en la Ley N° 22.095 (26 de octubre de 1979) de la última dictadura.
Desconozco si lo sabrá el ministro Kulfas, pero su guion del pasado lunes 02 de mayo, ya fue ensayado décadas atrás, por el emblemático ministro de Hacienda de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, quien, en sus “Bases para una Argentina Moderna 1976-80”, afirmaba: “La minería ha sido una actividad permanentemente incomprendida y generalmente no alentada en el país. Durante el período 1976-80 la política minera tuvo el objetivo fundamental de cambiar tal mentalidad, procurando la eliminación de las restricciones para explorar, explotar y comercializar la producción de minerales”. Lo que sigue del texto iba a justificar los extraordinarios privilegios fiscales y comerciales que se concedía a “los inversionistas”, con los mismos “argumentos” y disposiciones hasta hoy vigentes. (…)
Reflexionemos sobre el análisis completo de Horacio Machado Aráoz
Horacio Machado Aráoz
12 de mayo de 2022
Sólo 24 horas separan la presentación de la así llamada “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (MEMAC) de un nuevo episodio de represión en la localidad catamarqueña de Andalgalá. Los estruendos no fueron de las palabras, sino de fusiles anti-motines de la policía contra andalgalenses que hace semanas vienen denunciando afectaciones del mega-proyecto minero MARA (controlado por la canadiense Yamana Gold) sobre la cuenca hídrica que riega sus economías y sus vidas. Los cuerpos de les vecines buscaban detener el avance de una explotación que no tiene licencia social; los disparos de la policía, abrir paso a la fuerza de vehículos al servicio de la empresa.
A 1600 km de aquel pulcro escenario, donde encumbrados funcionarios del Gobierno articulaban una guionada apologética de una actividad tan “beneficiosa como incomprendida”, el peso de los hechos marcaba un abismo. Adalid de la embestida, el ministro de la producción Matías Kulfas, señalaba que la minería se hallaba obstruida por la “desconfianza de la sociedad civil” y que “la manera de resolverlo es la construcción de confianza, que implica explicar, comunicar y deconstruir algunos mitos en torno a la actividad”.
El anuncio de la MEMAC no trae nada nuevo; vuelve a reflotar un guion viejo y desgastado, largamente conocido. Sus orígenes se remontan al libreto que décadas atrás diseñó el Banco Mundial para legislar e impulsar la actividad en los países del Sur Global. Del riojano Ángel Masa (secretario de Minería del gobierno de Carlos Menem, impulsor de las “reformas”) a Matías Kulfas, una larga lista de funcionarios grises asume como “misión de estado” preservar y justificar los intereses del capital minero transnacional, aún a costa de la represión de sus poblaciones.
Porque fue ese el objeto de las “reformas mineras” de los ’90. Diseñadas a imagen y semejanza del Decreto Legislativo 600 con el que el dictador Pinochet cortó de cuajo la “afrenta” nacionalizadora de Salvador Allende en el “país del cobre” (1973), el Banco Mundial impuso ese modelo con créditos extorsivos en toda la región; incluso en África y Asia. Acá tocó el turno en 1993, con la ley de inversiones mineras N° 24.196 y correlativas. Pero antes que fuera refrendada por un gobierno nacido de elecciones, esa misma legislación tuvo su antecesora en la Ley N° 22.095 (26 de octubre de 1979) de la última dictadura.
Desconozco si lo sabrá el ministro Kulfas, pero su guion del pasado lunes 02 de mayo, ya fue ensayado décadas atrás, por el emblemático ministro de Hacienda de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, quien, en sus “Bases para una Argentina Moderna 1976-80”, afirmaba: “La minería ha sido una actividad permanentemente incomprendida y generalmente no alentada en el país. Durante el período 1976-80 la política minera tuvo el objetivo fundamental de cambiar tal mentalidad, procurando la eliminación de las restricciones para explorar, explotar y comercializar la producción de minerales”. Lo que sigue del texto iba a justificar los extraordinarios privilegios fiscales y comerciales que se concedía a “los inversionistas”, con los mismos “argumentos” y disposiciones hasta hoy vigentes.
No sé si lo sabrá el ministro Kulfas, pero las asambleas nacidas al calor de la defensa de las aguas cordilleranas lo saben y tienen bien clara la genealogía de estas leyes y de este modelo de minería.
Como tantas otras, la revisión de las leyes mineras de los ’90 (émulas del terrorismo de estado) sigue siendo una deuda pendiente de la democracia. Sin embargo, lejos de ello, hoy, como en aquella época, el poder de turno se propone “cambiar la mentalidad” de la población; catequizar sobre los beneficios de una “actividad incomprendida”.
Tachar a la población como “ignorante”, estigmatizarla y descalificar las resistencias como “irracionales” e “injustificadas” tampoco es una novedad. Es un antiquísimo reflejo colonial que se remonta a los orígenes mismos de Nuestra América; un discurso formalizado por Ginés de Sepúlveda -en la conocida “Disputa de Valladolid” (1550)- procurando justificar el genocidio operado por la conquista. En perfecta lógica aristotélica, el argumento de Sepúlveda pasaba por afirmar que, si los indígenas fueran razonables, no habría necesidad de recurrir a la fuerza, pues ellos mismos “se darían cuenta” que la dominación española se ejercía para “su propio beneficio”. Dando continuidad a esa misma cadena “argumental”, hoy se nos dice que, si las poblaciones del interior fueran “sensatas”, aceptarían que las explotaciones mineras traen “grandísimas utilidades… para el bien universal de todos”.
Si despejamos la colonialidad de quienes se creen “superiores” (acaso por vivir en grandes urbes, alejadas de zonas rurales que suponen “inhóspitas”; acaso por representar los intereses de grandes inversiones), la verdad es que el único argumento “atendible” de la actual escalada extractivista es la desesperada “necesidad de dólares”. Como en la época de Martínez de Hoz -en la que se consumó el desmantelamiento del aparato industrial-dependiente y la imposición del doble grillete de la reprimarización y el endeudamiento externo-, hoy no hay otro argumento para “justificar” la embestida extractivista que la “necesidad y urgencia” de contar con dólares para pagar la deuda (y “hacer funcionar” un aparato productivo fallido, estructuralmente dependiente, que tiende sistemáticamente al estrangulamiento del sector externo).
La MEMAC “nace” de las urgencias y exigencias (auto)impuestas por “la deuda”. De la firma del “acuerdo”, a la inauguración de la MEMAC y a los gatillos detonados en Andalgalá -pasando por el frustrado intento de derribar la Ley 7722 ganada en la calle por el pueblo mendocino; la balacera en Chubut con el mismo propósito; la cruzada por la exploración petrolera en el litoral marítimo y cuanto descabellado proyecto de mercantilizar y exportar bienes naturales se les ocurra-, lo que se forja son eslabones de una misma cadena. La cadena del extractivismo que nos mantiene atados a un régimen de dominación global y sus ramificaciones cómplices internas, nacionales y locales; políticas y empresariales, pero también sindicales, periodísticas y hasta dichas “científicas”. Esa cadena es la que dictamina la sacrificialidad de los territorios y la superfluidad de poblaciones desplazables; de cuerpos sobrantes.
Como advirtiéramos casi al inicio de este gobierno, el problema de la deuda no es apenas financiero, sino principalmente ecológico-político. El conocimiento científico muestra que el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquista; es decir, opera decisivamente como dispositivo de ampliación de las fronteras de mercantilización, creando nuevas zonas de apropiación y aprovisionamiento desigual de materias primas, habilitando el saqueo y la sobreexplotación de territorios “marginales” y poblaciones subalternizadas. Tanto más importante que el drenaje del excedente financiero que ocurre vía pagos de la deuda, es el drenaje de materia (suelo, agua, nutrientes, biodiversidad) y energía que fluye desde las economías deudoras hacia los centros de industrialización y consumo.
Mientras los sectores presuntamente progresistas al interior del actual gobierno se pelean por las condicionalidades que el FMI pudiera poner en materia de variables macroenómicas y “reformas estructurales” (régimen previsional, legislación laboral), pasó completamente por alto la aceptación (unánime e indiscutida) de la intensificación del extractivismo como patrón estructural de la economía “nacional”. Intensificar y “diversificar” las exportaciones primarias (así erigido como “único medio de pago” al que “echar mano”) refleja el consenso miope de prácticamente todo el arco ideológico de la clase política. Las “grandes peleas” son por nimiedades de montos y plazos; nadie cuestiona el cómo. No hay grieta para el extractivismo. Así, se abre paso a la convalidación de un nuevo ciclo de despojo estructural de los territorios.
La presencia estelar del presidente del Banco Central en la MEMAC tenía el único objeto de destacar la presunta magnitud y relevancia del sector como “aportante de divisas”. En perfecta sincronización “público-privada”, semanas antes, la gerencia de Yamana Gold organizó un generoso “tour informativo” por el Proyecto MARA. Esto se reflejó luego en profusas “notas periodísticas” que, a coro, ensalzaban los “beneficios económicos” de la explotación. Igual que para los funcionarios, para las empresas periodísticas la única variable relevante es la de los dólares: las notas destacan casi exclusivamente que el proyecto representa inversiones por más de u$s 4.000 millones y exportaciones por u$s 1.200 millones a lo largo de toda su explotación. Nada se dice de otras variables, también mil millonarias; por caso, las toneladas de escombreras y desechos tóxicos que quedarán a perpetuidad; las de gases efecto invernadero que emitirá la explotación; los millones de metros cúbicos de agua y combustibles y los gigavatios de energía que consumirá… Nada de eso les parece relevante.
Aun cuando concediéramos dejar de lado la anacronía de hacer caso omiso de los “costos ambientales” de este modelo de minería, ni siquiera la sola “razón” de “la necesidad de dólares” es mínimamente verosímil ni realista. La legislación minera está hecha a la medida de los capitales, no del país. Como admitiera un conspicuo conocedor del negocio (Ministro de Energía y Minas del Perú durante el gobierno de Fujimori, impulsor de las reformas del Banco Mundial en ese país; luego director de la división de Infraestructura y Recursos Naturales de la CEPAL y CEO de Barrick Gold), la nueva legislación “fue consolidando un paradigma que asume que el patrimonio natural mundial debe estar a disposición de los inversionistas y que son éstos quienes deben definir la oportunidad y racionalidad de las explotaciones. Desde esta óptica, el valor del patrimonio natural está determinado solamente por la demanda y por la escasez relativa de recursos, lo que implica una valorización básicamente de corto plazo y frecuentemente cíclica, sin considerar su valor intrínseco y permanente. (…) Los países deben competir por atraer capitales, lo que implica –en términos muy claros y simples- que, en recursos naturales, la competitividad se define por la proporción de las rentas de explotación que están dispuestos a ceder en beneficio de los inversionistas. Es más competitivo el país que otorga los mayores incentivos y que hace menos uso de su soberanía nacional” (Fernando Sánchez Alvabera, “Bases conceptuales para la elaboración de una nueva agenda sobre los recursos naturales”, 2005, Cepal).
En materia de divisas, la Ley 24.196 (y correlativas) es un colador gigantesco. Bajo ese régimen, las empresas mineras (todas transnacionales) no operan como “fuentes de divisas”, sino como fugadoras seriales. Son ellas las que, por ley, disponen de los dólares, así como del subsuelo, de los cerros y los cursos de agua. Las pruebas están a la vista y se cargan (muy asimétricamente) sobre las espaldas la sociedad toda: tras el extraordinario ciclo de las commodities del 2003-2013 (la era de los superávits gemelos, el “crecimiento con inclusión” y las ganancias levantadas “en pala”), hoy una vez más, nos hallamos con la soga al cuello, las reservas vacías y la deuda asfixiante.
No es apenas “la corrupción” ni los desmanejos de las últimas décadas. Es la historia económica de la minería colonial en América Latina. Como lo sintetiza un reconocido investigador del tema: “Tanto el siglo XIX como el XX han estado plagados de boom mineros cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y crecientemente empobrecida” (Anthony Bebbington, “Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas”, 2007, p. 284). Si nada, estructuralmente ha cambiado sino en todo caso para peor, ¿por qué ahora cabría esperar resultados diferentes?
El autor de esta columna es del Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur, IRES, CONICET-UNCA
HMA
Fuente: https://www.eldiarioar.com/opinion/tribuna/acuerdo-fondo-presentacion-memac-represion-andalgala-eslabones-cadena_129_8984991.html
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