Qué Abya Yala -Octubre 2022

Con superexplotación tanto de los pueblos y trabajadores como de la naturaleza bajo estigmatización racista y colonial

Historia y presente/ Ofensiva del sistema mundo capitalista / Alternativas emancipatorias

Historia y presente

El término Abya Yala es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto hacia las raíces de los pueblos originarios; y en ese sentido, el poema Abya Yala Wawgeykuna (Hermanos Americanos), originario del pueblo Quechua de Argentina, hace un llamado a la unidad de los pueblos a mantener presente su origen y a continuar su camino siguiendo las huellas de sus ancestros. Tal como su título indica, Abya Yala Wawgeykuna.

Artes, saberes y vivencias de indígenas americanos, el libro que sostienen en sus manos es un tributo a la filosofía de ese poema, pues intenta plasmar el pasado y el presente de distintos pueblos originarios: sus modos de vida, sus manifestaciones artístico-culturales, sus creencias… y al fin y al cabo, su identidad. Leer

Estamos sumidos en una inflexión histórica como país, como continente y como mundo. El sistema capitalista mundializado, local e imperialista maximiza el acaparamiento de tierras y otros bienes comunes hasta el extremo de arrasar la Cordillera, los océanos, los bosques nativos y las selvas. Sólo la unión confraternal de los pueblos comprometidos con sus respectivas autodeterminaciones puede confrontar con éxito al sistema mundo capitalista. Por eso, es hora de generalizar la percepción (conocimiento y posicionamiento) sobre que: La destrucción de la Amazonía nos acerca más al precipicio y a la hecatombe climática. Una humanidad saludable y con futuro necesita de los bosques y pueblos amazónicos vivos. Indaguemos en la profundidad e historia de esta devastación.

Deforestar la Amazonía colombiana como una forma de vida

Generaciones de agricultores incendian la selva desde hace décadas para sembrar pasto para su ganado o plantaciones de coca

Para los campesinos, los incendios son parte del ciclo agrícola. Durante décadas, el inicio de la temporada seca en el mes de enero ha marcado una nueva época de quemas, cuando los campesinos arrasan con los bosques para introducir pasto para su ganado y, en algunas zonas, las plantaciones de coca. “El ganado se va reproduciendo y uno tiene que deforestar para tener el ganado y sostenerse,” explica Fredy, quien prefirió reservar su apellido por temas de seguridad.

Generaciones de campesinos han ido colonizando la Amazonía desde la década de los 50, cuando la violencia política dejó a miles de colombianos sin refugio, desplazados desde el interior del país. Muchos buscaron seguridad y tierras en la Amazonía. Otros fueron alentados por el Gobierno colombiano a Otros fueron alentados por el Gobierno colombiano a colonizar estas zonas remotas con promesas de títulos de propiedad.

Hoy en día, estas familias han echado raíces en departamentos amazónicos, en el sur del país, como el Caquetá, el Meta y el Guaviare, donde se disparan las tasas de deforestación. Solo en 2020, Colombia perdió más de 170.000 hectáreas de bosque, la gran mayoría en la Amazonía, lo que representa un aumento de 8% en comparación con el año anterior. Una de las causas de la crisis, junto con el acaparamiento de tierras y la especulación, es la expansión de la frontera agrícola por el campesinado.

Aunque muchos agricultores entrevistados reconocen el daño ambiental causado por la tala, sostienen que no hay alternativas. Si bien la deforestación en la Amazonía ahora es un punto clave en la agenda internacional contra el cambio climático, para los campesinos es una cuestión de supervivencia.

El pasado mes de febrero, EL PAÍS viajó hasta Nuevo Horizonte, una vereda de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, y un foco de deforestación, para conocer a los colombianos que están incendiando la selva. Aquí, como en otras partes, la deforestación es una actividad tradicional de la zona, pasada de generación en generación. Aun así, la tala se ha desbordado en los años posteriores al Acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En 2017, cuando las FARC se desarmaron, la deforestación llegó a un pico de 220.000 hectáreas arrasadas. En zonas donde la guerrilla había ejercido poder e implementado reglas en contra de la deforestación, nuevos grupos armados y empresarios los suplantaron, tomando control de tierras y comprando latifundios para la ganadería extensiva, la minería ilegal y el narcotráfico.

Nuevo Horizonte, una vereda ganadera situada al borde de la frontera agrícola, ha ido creciendo después de que el Frente 14 de las FARC abandonara la región, pero sin que el Estado llegara como autoridad. Fernando Reyes, de 41 años, líder de Nuevo Horizonte, explica que esta fuerza guerrillera había delimitado zonas donde se prohibía la tala para preservar la cubierta forestal que los ayudaba a operar desapercibidos para las fuerzas armadas. “Cuando ya se desmovilizaron es que vemos que la gente se desbocó, no solamente la gente de acá de la zona sino gente del pueblo, gente de otras partes. Se desbordaron y empezaron a talar”, cuenta el líder campesino.

Estos bosques protegidos han recibido en los últimos años a población vulnerable a la que, si se hubiera producido una implementación rigurosa del acuerdo de paz, se les debería haber asignado terrenos en otras partes no protegidas del país. “Ante una muy baja aplicación del Acuerdo de Paz en Colombia, que tenía previsto el Catastro Multipropósito y la asignación de tierras, hay una demanda de tierras y de derechos por parte de grupos poblaciones vulnerables, en particular grupos campesinos,” señala Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

En Colombia, uno de los países con los peores índices de desigualdad agraria en América Latina, la deforestación en la Amazonía siempre ha estado ligada a la concentración de tierras. Luego de que varias reformas agrarias fracasaran a mediados del siglo pasado, las élites del interior del país le prometieron títulos de tierras a campesinos desplazados y empobrecidos en zonas lejanas de la Amazonía, donde hoy se concentra la mayor deforestación en el país. “Las élites andinas, como no son capaces de redistribuir las tierras en su entorno, y hay un proceso de violencia muy fuerte, expulsan a la gente,” explica Estefanía Ciro, profesora en la Universidad de los Andes. “Les dicen: ‘Aquí, no pueden estar, pero pueden estar allá en los llanos o en la selva’”, añade.

Otras familias migraron sin la esperanza de adquirir un título de tierra, pero con el objetivo de encontrar seguridad. Así llegaron los abuelos de Reyes hasta el Caquetá en los años 50, escapando de la violencia que se desataba entre los liberales y conservadores en el departamento del Tolima. Miles de familias de los departamentos de Tolima, Caldas, Huila y otras regiones llegaron al Caquetá sin garantías. Explotaban las selvas para la pesca y la venta de pieles como medio de subsistencia hasta el auge del narcotráfico en los años 70.

Los cultivos de coca

De pequeño, Reyes aprendió a pescar gracias a sus padres, una actividad que los llevó a vivir en una finca en el municipio de Cartagena del Chairá. De mayor encontró trabajo como raspachín, cosechando hojas de coca de finca en finca. Era una época de abundancia en la Amazonía, pero no duró mucho en Cartagena. A mediados de los años 90 se inició la fumigación con glifosato en este municipio, que acabó con los cultivos ilícitos de coca en la zona sin ofrecer alternativas para los campesinos cocaleros. “Mucha gente se desplazó y algunos nos quedamos”, recuerda Reyes. “No había forma de comercio, de cultivos, nos tocó sobrevivir como pudimos. A la mayoría nos tocó buscar otro medio de sustento.” Ese otro medio fue la ganadería.

Un sábado, a mediados de febrero, Reyes se despertó a las seis de la mañana en su pequeña cabaña amazónica para ordeñar leche para la venta del día. Desde hace siete años vive en esta finca de 178 hectáreas con su familia. Con su esposa y su hijo mayor se encargan de todos los oficios relacionados con la ganadería: alimentar, medicar y ordeñar el ganado, además de sacar la leche a la carretera, donde es recogida por un servicio de transporte que lleva el producto hasta el pueblo.

“El ordeño es el sustento de nosotros’’, dice Reyes. Mensualmente, su familia de seis personas puede ganar hasta cuatro millones de pesos del ordeño. De ahí saca para el sustento de más de 100 vacas, quienes requieren de alimento y medicamentos. Pero cuando toca aportar dinero para la mejora de las infraestructuras como vías o puentes, el dinero se agota y queda poco para sobrevivir. Después de sus labores matutinas, Reyes se dirige en su moto a un río, donde los hombres de la vereda sudan bajo el sol amazónico construyendo un puente.

En la vereda de Nuevo Horizonte, donde la presencia del Estado es escasa, las infraestructuras son construidas entre la comunidad gracias a los recursos recolectados de cada finca. “La colonización es un proceso colectivo,” dijo Ciro, la profesora. “No es un proceso de una familia simplemente que se mete a la selva, sino que requiere una enorme articulación del colectivo.”

Esta colectividad también ha ayudado a las comunidades a determinar temas ambientales. Allá donde iban llegando colonos, iban formando Juntas de Acción Comunal (JAC) que imponían reglas sobre el uso de tierras. Las JAC determinaban dónde se cultivaba, en qué partes estaba prohibida la tala para preservar el nacimiento de agua y dónde se depositaban las basuras. También se han fundado organizaciones ambientales como la Asociación Campesina Ambiental de Losada-Guayabero (Ascal-G), creada en 1996 en el Meta, que ha actuado como autoridad ambiental y ha llegado a consensos para limitar la huella humana en el medio ambiente.

Según Elver Medina, representante legal de Ascal-G, casi 80 JAC, algunas ubicadas dentro del Parque Nacional Natural Tinigua, hacen parte de la asociación y siguen sus normas: el 40% de los predios tienen que ser conservados, la tala está prohibida cerca de los caños, los nacimientos y algunas especies en vía de extinción están vetadas para la cacería. Estas normas son cruciales para limitar la deforestación en áreas protegidas como el Tinigua, donde hoy viven más de 500 familias desde el límite norte hasta el límite sur.

Bram Ebus, investigador sobre deforestación en la organización Crisis Group, considera que estas familias que ya viven dentro de los parques o en las fronteras agrícolas podrían convertirse en aliadas en la lucha del Gobierno contra de la deforestación. “Es muy difícil para el Estado controlar o tener personal en los Parques Nacionales, pero si la gente ya está viviendo en los parques se les puede formar o capacitar para que se conviertan en guardianes de los bosques a través de iniciativas de silvicultura comunitaria,” explica Ebus.

El Gobierno, sin embargo, ha escogido otra opción. La captura de familias que habitan las áreas protegidas. En el 2019, el presidente Iván Duque lanzó un operativo en contra de la deforestación llamado Operación Artemisa, que por primera vez articula a las Fuerzas Armadas para la protección del medio ambiente. En tres años, han arrestado a 106 personas por delitos ambientales, según datos de la Fiscalía General de la Nación. La mayoría son campesinos, según los expertos. “Como siempre, Colombia ha optado por un camino de represión. La Operación Artemisa no es una excepción,” critica el investigador.

En los últimos tres años, en las inmediaciones del Parque Tinigua han capturado a 21 personas, según el Ministerio Público. Estas quedan desplazadas de sus hogares porque los jueces les prohíben regresar a los Parques Naturales. William Troches, un campesino de 53 años, lleva más de dos décadas asentado en el Parque Tinigua, pero en los últimos años vive con terror de que el Ejército lo pueda desarraigar del único lugar donde ha encontrado una vida sencilla, pero digna. “Yo creo que nos miran como si fuéramos nosotros los enemigos número uno. Si nos vieran como familias humildes, no actuarían de esa manera”, sentencia.

Este artículo se ha elaborado con el apoyo del Pulitzer Center.

Fuente: https://elpais.com/america-colombia/2022-06-05/deforestar-la-amazonia-colombiana-como-una-forma-de-vida.html

Recordemos la creación del Plan Colombia se justificó para poner fin al narcotráfico y la historia probó su carácter contrainsurgente. Ahora bien, “en el 2019, el presidente Iván Duque lanzó un operativo en contra de la deforestación llamado Operación Artemisa, que por primera vez articula a las Fuerzas Armadas para la protección del medio ambiente”. Resultó en guerra contra los campesinos.

Artemisa: Operación anticampesina vestida de verde

5 de abril de 2022
Ana Jimena Bautista

Al revisar las posibilidades que el Estado tiene para combatir el problema de la deforestación y optar por un tratamiento militar y penal en contra de comunidades que hoy habitan los parques nacionales, la Operación Artemisa es una operación que se hace contra el campesinado, que es injusta e innecesaria,

Escrita junto a Duván Felipe Sierra, pasante de la Línea de Tierras y Campesinado

En agosto del año pasado el presidente Duque anunció que la campaña Artemisa, estrategia militar promovida por el Gobierno para combatir la deforestación en las zonas de especial interés ambiental, sería en adelante permanente. Pese a los aparentes logros reportados (21.480 hectáreas de bosque recuperadas según datos del Ministerio de Ambiente), esta estrategia ha sido fuertemente controvertida. Distintas voces han denunciado repetidas violaciones de derechos humanos, cuestionado su efectividad y elevado costo. En el marco de esta operación se han dado múltiples capturas contra campesinos, que han habitado estas zonas hace décadas, mientras que los sujetos financiadores detrás del fenómeno de la deforestación y acaparamiento estarían siendo omitidos.

Al revisar las posibilidades que el Estado tiene para combatir el problema de la deforestación y optar por un tratamiento militar y penal en contra de comunidades que hoy habitan los parques nacionales, afirmamos que la Operación Artemisa es una operación que se hace contra el campesinado, que es injusta e innecesaria, pues podría combatirse la deforestación justamente con su ayuda, armonizando la protección ambiental y los derechos campesinos.

Contrario a esto, Artemisa reproduce antiguos patrones de violencia en su contra, bajo un ropaje verde. Para explicarlo, nada mejor que la voz de don Carlos Castaño, líder de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de Losada quien de manera generosa compartió con nosotros parte de su historia de vida, recordando cómo llegó a estas zonas de frontera agrícola, y describiendo cómo es la vida campesina en ellas.

Colonización y organización comunitaria

“Cuando fundamos la zona del Tinigua entramos por el río arriba, por el Guayabero con muchas dificultades. Nos echábamos hasta 5 días desde la Macarena hasta Espelda Nuevo (Vereda dentro del Parque Tinigua), al pie de la bocana del Caño Guaduas y ahí nos instalamos, y empezó la gente a coger tierra a lado y lado del río, a fundar la zona del Tinigua, que en realidad no sabíamos que era Tinigua. Cuando llegamos a La Macarena encontramos que en ese territorio ya había una colonización dirigida desde 1970 por el Estado, cuando construyeron una pista aérea. En esa zona nosotros nos instalamos”.

Así cuenta Don Carlos cómo llegó al municipio de La Macarena en el 90, después de salir del oriente antioqueño desplazado por la violencia paramilitar, una historia que se repite entre los habitantes de estas zonas. Antes de llegar al Tinigua pasó por el Eje Cafetero, Valle del Cauca, los Santanderes y Arauca. Años después se mudaría al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, sin que supiera que su lugar de residencia estaba dentro de un parque, lugar donde reside ahora con su hijo, en la parte alta de Losada-Guayabero.

“Llegamos más o menos unas 80 familias. Porque en ese tiempo se explotaba lo que era el Careicillo, la Ceiba o Ceiba Tolúa, esa zona tenía esa economía de la madera y nosotros veníamos de un territorio donde había habido explotación maderera en Arauca. Ustedes saben que como colono, como campesino, que llega a fundarse a una zona, siempre aprovecha el recurso que hay para uno medio subsistir […].”

“Entonces nos fuimos organizando, haciendo la escuela, la cancha, el camino real y luego las carreteras que construimos las mismas comunidades, porque desafortunadamente la presencia del Estado acá nunca ha habido. Todo lo que hay, ha habido y por haber en estas zonas lo hemos hecho nosotros. Lo hemos construido a fuerza de trabajo mancomunado”.

Esa ausencia de presencia estatal, contada por Don Carlos, ha exigido que las comunidades generen procesos organizativos y mediante el trabajo colectivo han logrado financiar ciertas obras. Un ejemplo de ello es el “aporte de 6.000 pesos por cabeza de ganado para el mejoramiento de las vías por año. Entonces se hacen $5.000 para la inversión de lo que es el mejoramiento de la vía en cada vereda, y $1.000 pesos para obra grande”. Por ejemplo: el puente sobre Guaduas costó 600 millones de pesos, nos dimos a la tarea de construirlo y duramos 3 años produciendo el capital para construirlo y ahí está funcionando hace 5 años”.

Militarización y judicialización

Sobre la relación con el Estado, esta ha sido casi que de manera exclusiva a través de las fuerzas armadas. “Tuvimos que enfrentar el asedio militar por parte de la Fuerza Pública, pues esta región fue estratégica para las Farc”. Así lo cuenta Don Carlos: “La única presencia del Estado ha sido la bota militar, las bombas y las metrallas que nos han caído encima y las arremetidas militares que nos han hecho para asediar lo que ellos llaman el enemigo interno, que ha sido la guerrilla. Ahora quedan otros grupos, pero igual usted sabe que de todas maneras las metodologías no cambian y siempre el campesino es el de poner. Somos los de estar ahí, asediados por las tropas, por las fuerzas militares. Y somos los malos del paseo, porque por estar en zona de conflicto siempre somos estigmatizados. De una u otra manera nos estigmatizan y nos tienen como lo peor. No nos tienen en cuenta sino para el voto y la inversión social no llega”.

Don Carlos cuenta que en 1998, en una visita que realizó el Ministerio de Ambientes y Parques Nacionales Naturales, empezaron a ser perseguidos por vivir dentro de un parque Nacional Naturales “Ellos sabían a plenitud de que la gente estaba en parques y que el Estado había hecho la colonización dirigida a Espelda Nuevo, al Tinigua, y después le crearon el parque encima porque fue el mismo Estado el que creó el parque estando la gente ahí metida. Yo les dije: ‘Vea, necesitamos inversión social para nosotros dejar de tumbar. Vea, nosotros queremos parar esta tala, queremos mejorar nuestras condiciones de vida, queremos vivir de otra manera, queremos vivir del bosque, dejar de talar el bosque y de sembrar coca’. No fuimos escuchados”.

Los asedios militares se han mantenido a lo largo de los últimos años, ya no motivados por la presencia de las Farc, sino por la deforestación que se disparó una vez salió este grupo del territorio. Los parques Tinigua y La Macarena han sido algunos de los focos de este fenómeno. En marzo de 2022 se produjeron dos nuevos operativos en el marco de la Operación Artemisa; el primero en las inmediaciones del Parque Chiribiquete y el segundo en Vista Hermosa, Meta, que dejaron como saldo varias personas desaparecidas, una persona asesinada y varias casas dinamitadas, el mismo tratamiento militar que el campesinado de estas zonas ha conocido durante décadas, primero en el marco de la guerra contrainsurgente en donde el campesinado fue señalado como guerrillero, y posteriormente en el marco de la guerra contra las drogas en donde el campesinado ha sido señalado como narcotraficante.

Cuando preguntamos sobre las intervenciones que se han hecho en el marco de la operación Artemisa, Don Carlos cuenta las implicaciones territoriales de esa operación militar: “en esa zona de Los Picachos han metido orden de captura a la gente, los capturan y cuando ya los capturan les dicen: ‘o se van pa’ la cárcel o pierde el derecho a estar allá’. O sea, no puede estar en el territorio, en su tierra, entonces lo que hacen es un destierro, le hacen un destierro a la persona, y la persona firma para no ser judicializada, quedando desterrados de sus 30-40 años que llevan allí”.

Búsqueda de una solución que no llega

Las tensiones que se presentan entre la protección ambiental y la garantía de los derechos de las comunidades campesinas que habitan parques nacionales no es nueva. Desde hace una década (2012), las propias comunidades plantearon la urgencia de que se generara una política pública que permitiera desarrollar alternativas para el manejo y gestión de la conservación de parques nacionales, iniciativa que logró algunos momentos hitos de negociación con el Gobierno nacional. Así quedó establecido por ejemplo en el Acuerdo para la prosperidad 079 del 28 de agosto de 2012, y en la instalación de la Mesa de Concertación Nacional sobre la formulación y ejecución de dicha política en 2014.

Pero fue solo hasta 2019 cuando en el marco de la discusión del PND del Gobierno Duque se logró la inclusión del artículo siete que permite la celebración de acuerdos con población campesina que habite, ocupe o desarrolle actividades relacionadas con la economía campesina en áreas protegidas del Sinap.

Acuerdos que tienen por objeto contribuir a la atención de los conflictos de uso, ocupación y tenencia, y generar alternativas de usos compatibles con los objetivos de conservación del área, en un intento por armonizar los distintos derechos en juego. Pese a esto la Operación Artemisa ha sido la política que se ha impuesto, subutilizando esta herramienta contenida en su propio plan de desarrollo.

Campesinado y conservación

Sobre la presencia de los campesinos en el Parque Picachos Don Carlos cuenta que “actualmente eso de la deforestación ya está muy controlado. Eso ahí ya se ha tomado conciencia, y bueno de todas maneras dijimos ‘no vamos a talar más’. Desde luego uno sabe de que como campesino nadie va a llevarle la remesa a la casa de lo que necesite y por lo tanto tiene que sembrar lo que son los cultivos de pancoger y son 2 hectáreas que se talan por fincario. No son talas inmensas y grandes como las están haciendo acá en el Chiribiquete que desafortunadamente eso sí da pesar”. “Porque desafortunadamente de pronto no son campesinos los que van a talar 800-900 hectáreas sino gente con mucha plata. Eso para mí es condenable porque es como la mente de tierra arrasada y de una persona de esas”.

La preocupación sobre la conservación ha sido permanente en el territorio. Lo fue con la creación de Ascal-G, organización campesina en la región y lo ha seguido siendo con las Zonas de Reserva Campesina: Pato-Balsillas y Losada Guayabero (la primera en proceso de ampliación, y la segunda recientemente negada por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras después de 10 años de trámite). Así como actualmente también preocupa a las comunidades la expansión de proyectos extractivos (exploración y explotación) en la región de la Macarena. “Usted mira la inversión, el petróleo, se va pero a nosotros nos queda un socavón y la contaminación de los acuíferos”.

A manera de conclusión

Hace algunos días entregamos a la Comisión de la Verdad el informe “Guerra contra el campesinado”, un trabajo conjunto con 7 organizaciones campesinas y el IEI de la Javeriana. Entre sus recomendaciones quedó plasmada la necesidad de reconocer el aporte de la población campesina a la conservación ambiental.

Existen numerosos estudios que muestran que una buena estrategia de conservación es justamente trabajar con las comunidades locales, dejando de lado aquella receta que establecía que la única forma de conservar ecosistemas fundamentales para la vida es sacando de allí a todos los humanos, en este caso campesinos que llegaron a estos territorios buscando oportunidades de subsistencia y una tierra que los sacara de las dinámicas de la violencia.

Las comunidades campesinas, que habitan estas zonas de frontera agraria, han sido fuertemente estigmatizadas como insurgentes, narcotraficantes y de manera reciente como deforestadores. Bajo este estigma se justifica una vez más la respuesta militar, desechando la posibilidad de adelantar acuerdos que resuelvan el conflicto social y ambiental; de avanzar en procesos de armonización entre la política agraria y la política ambiental y de empezar a reconocer los derechos y la agencia de las comunidades que habitan áreas protegidas y de conservación.

La Operación Artemisa ha servido para incrementar la desconfianza del campesinado frente al Estado, para promover nuevos ciclos de colonización y de apertura de la frontera agrícola, y profundizar el sentimiento de ser ciudadanos de segunda categoría. Don Carlos, su familia, la gente de Ascal-G, y de las comunidades campesinas en parques, insisten en crear otra forma de relacionamiento con el Estado.

Fuente: https://www.dejusticia.org/column/artemisa-operacion-anticampesina-vestida-de-verde/

Consideremos que el Plan Colombia (también llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la paz) es un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Ahora Gustavo Petro también habla de:

Colombia y los caminos hacia la paz con
justicia económica, social y ambiental

27 de octubre de 2022

Por Matías Caciabue, Paula Giménez/CLAE

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia fue acompañada del anhelo histórico de conquistar la Paz por parte del pueblo colombiano.

El pasado 4 de octubre se formalizó en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el restablecimiento de las conversaciones de Paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el gobierno colombiano de Gustavo Petro. El mismo fue definido como un paso “muy importante” por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Paz, en el proceso de consecución de la Paz Total, planteada por el nuevo presidente de la República de Colombia.

Cuando fue investido como presidente, Petro recibió la banda presidencial de la senadora María José Pizarro, hija del líder del Movimiento Guerrillero 19 de Abril (M-19) Carlos Pizarro, viejo referente político de Petro, asesinado en abril de 1990 cuando, en plena desmovilización de su guerrilla, cursaba su candidatura a presidente. María José llevaba un abrigo con la cara de su padre que sentenciaba: “Que la lucha por la paz no nos cueste la vida”, en un mensaje claro respecto de lo que implicó para muchos miembros de organizaciones insurgentes colombianas la dejación de armas.

En julio de 2022, el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), una prestigiosa ONG que lleva registro de las víctimas y las masacres en Colombia, afirmaba que desde 2016, cuando se firmó un Acuerdo de Paz entre las FARC y el por entonces presidente Juan Manuel Santos, 321 ex-guerrilleros de las FARC, insertos en la sociedad civil y en la lucha política democrática, habían sido asesinados por sicarios. 

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia fue acompañada del anhelo histórico de conquistar la Paz por parte del pueblo colombiano, de un país extraordinariamente rico, pero con una elite económica que jamás cedió, hasta ahora, un centímetro del poder político. El Estado, capturado por esa oligarquía, ha funcionado más como una herramienta para la concentración de la tierra y la consolidación de la industria del narcotráfico que como garante de derechos políticos, sociales y económicos. 

Como un símbolo de su vocación de paz y lucha por la justicia, como primera medida presidencial, Petro ordenó que le fuera traída la espada de Simón Bolívar a su acto de asunción. Arguyó que esa es “la espada del pueblo”, y ofreció así un claro mensaje al electorado y las alianzas que lo llevaron a posición de gobierno, tras un estallido social en dos tiempos, en 2019 y 2021, que expresó el más profundo hartazgo del pueblo colombiano hacía tantos años de abandono, violencia y genocidio político.

El proyecto de ley de “Paz Total” propuesto por Petro, que brinda marco de justificación a las conversaciones de paz con el ELN y otras organizaciones armadas, como la Nueva Marquetalia del sector de las FARC-EP dirigidas por el Comandante Iván Márquez, recibió el 10 de octubre su primer debate en las Comisiones Terceras de Senado y Cámara, una aprobación que parecía un primer respaldo de un importante sector del sistema político colombiano, a excepción de la facción política de referenciada en Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta numerosos juicios y denuncias por supuestas vinculaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo.

Pese al decidido impulso que el Gobierno de Petro da al tema de la Paz, y que goza de abrumadores márgenes de consenso en todas las encuestas, el uribismo, como expresión colombiana del neofascismo que se articula regional y globalmente en foros como la “Carta de Madrid” (donde tributan Javier Milei y Mauricio Macri por Argentina) lograron que suspender la sesión plenaria sobre la “Paz Total”, alegando que la ley buscaría favorecer a miembros de la llamada Primera Línea, en su mayoría jóvenes, que participaron de las protestas en julio de 2021, y que están detenidos en procesos poco claros, que redundan en criminalizar la protesta social.

El inicio de estas conversaciones con el ELN propone reinstalar la mesa de conversaciones con en el punto en que se suspendió el 30 de marzo de 2016, respetando los avances y acuerdos que se dieron hasta ese momento, restableciendo el proceso de diálogo a partir de la primera semana de noviembre del presente año.

En agosto de 2022, Petro había levantado las órdenes de captura y los pedidos de extradición contra los jefes negociadores del ELN, vigentes desde el Gobierno Duque, y un mes después la delegación guerrillera de los “elenos”, cuyo principal negociador es el conocido Comandante guerrillero Pablo Beltrán, salió de Cuba, donde estaban desde 2018, rumbo a Venezuela para retornar a la mesa de negociación.

¿Pero en qué consiste alcanzar la paz en Colombia? Frenar el derramamiento de sangre no será poco, pero tampoco suficiente, para garantizar condiciones de vida a un pueblo atravesado por el largo conflicto que hemos caracterizado como el enfrentamiento de dos Fuerzas Sociales históricas: las de la Guerra, donde se alinearon sistemáticamente el narcotráfico, el paramilitarismo y un Estado capturado por una élite económica y política, y las de la Paz, esa que logró hacer una síntesis extraordinaria en el llamado Frente del “Pacto Histórico” que llevó al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, una afrodescendiente y manifiesta luchadora en defensa de los territorios, al gobierno.

¿Se puede construir la Paz en un país que es “aliado estratégico” de la OTAN?

Entre abril y mayo de este año, el presidente uribista Iván Duque rubricó la incorporación de Colombia como “aliado estratégico” de la OTAN, es decir, el paso previo a su incorporación como “miembro pleno” de la alianza militar atlantista que está en guerra con Rusia y China en los territorios del Donbas ucraniano.

La doctrina militar colombiana está tan pegada a la doctrina y a la asistencia militar estadounidense que la Casa Blanca es un actor ineludible del proceso de Paz. Existen investigaciones académicas que señalan la existencia de unas 63 bases logísticas y militares estadounidenses en el territorio colombiano. Sin ir más lejos, el acuerdo alcanzado por Duque significó la inmediata incorporación de 12 helicópteros de guerra UH-60 Black Hawk a la Policía de Colombia, para “combatir el narcotráfico”.

Por supuesto, el circuito de presiones sobre Colombia trasciende los asuntos militares. El pasado 10 de octubre, el Banco de la República informó que la deuda externa del sector público llegó a los 100.826 millones de dólares en julio, y la del sector privado alcanzó los 75.272 millones de dólares, al que se suma el sexto gasto militar mundial en relación al porcentaje del PBI, con un 3,4% del mismo, y sólo superado por Arabia Saudita, Argelia, Marruecos, Rusia y Estados Unidos.

Por eso, el Comandante Pablo Beltrán, líder del ELN, en una entrevista con la escritora e investigadora colombo-venezolana María Fernanda Barreto, señaló que “la doctrina del imperialismo es la guerra perpetua y no lo va a hacer a las buenas. Los pueblos estamos obligados a presionarlos para que abandonen esa doctrina y para que nosotros podamos construir estas naciones en Paz. Esa es la lucha, y nosotros hemos sido conscientes de que hay luchar contra esa doctrina que nos mantiene esclavos y podamos construir una nación en Paz y en equidad”.

El panorama parece tan complejo que hoy en día ninguna previsión sensata sostiene que los cuatro años de mandato de Gustavo Petro, un presidente progresista muy decidido por conseguir el fin de la violencia política en el país, alcancen para que la “Paz Total” suceda. Pero, sin lugar a dudas, es una tarea urgente que el nuevo gobierno colombiano, y los organismos regionales como la CELAC, deben atender. Sin Paz, no hay justicia social posible.

*Caciabue es licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF en Argentina. Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Ambos son Investigadores senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente: https://estrategia.la/2022/10/26/colombia-y-los-caminos-hacia-la-paz-con-justicia-economica-social-y-ambiental/

Constatamos otro camino desde la unión de autoorganizaciones de las diversidades de abajo.  Atendamos la claridad y firmeza del compromiso de FOSPA. Señala que las comunidades “buscan una solución de raíz a la crisis que la pandemia profundizó: ausencia de recursos sanitarios, desnutrición, alta mortalidad infantil, falta de agua y de asistencia médica intercultural. Además de las demandas territoriales, incendios y tala del bosque nativo, contaminación de los ríos, todo en perjuicio de las garantías de un buen vivir. Denuncian también violencia de las fuerzas de seguridad, precariedad jurídica y ausencia de diálogo político”.

Pronunciamiento público Fospa: Comunidades de la Amazonía exigimos acciones inmediatas a gobiernos de los 9 países amazónicos

24 de julio de 2020

Detener la propagación de la pandemia del Covid- 19 en los territorios Amazónicos, evitar el etnocidio de sus pueblos y la desaparición de la selva Amazónica

Pronunciamiento en PDF

Durante siglos, la Amazonía y los pueblos amazónicos y andinos que la habitan desde tiempos ancestrales, vienen enfrentando la pandemia del colonialismo y en las últimas décadas la pandemia del despojo territorial por la aplicación de un modelo de desarrollo obsesionado con el crecimiento económico a costa de los derechos de los pueblos y la naturaleza. Un modelo basado en políticas extractivistas, megaproyectos de infraestructura, agronegocios y promoción de la inversión económica que beneficia a las empresas transnacionales, la cual ha colocado al planeta al borde de una catástrofe climática sin precedentes en la historia.

Como si esto no bastara, una nueva pandemia: COVID-19, ha llegado a la Amazonía y con ella la amenaza de un etnocidio para los pueblos amazónicos. Esto ha generado una grave crisis sanitaria, que evidencia la histórica responsabilidad de sectores conservadores y reaccionarios, defensores del sistema capitalista y de su modelo de desarrollo neoliberal en nuestra región, que han privado a las mayorías nacionales, especialmente a los pueblos amazónicos y andinos, del derecho a la vida, sin acceso a sistemas de salud interculturales dignos y sin seguridad alimentaria. La pandemia del COVID-19 vuelve a mostrar, esta vez con mayor profundidad, el fracaso de este modelo.

La emergencia sanitaria creada por la expansión del COVID-19 ya ha cobrado la vida de más de 300 mil personas en el mundo y ha contagiado a más de 5 millones. En la Amazonía ya hemos alcanzado los 120 mil casos de contagio y superamos las 6 mil muertes, según el boletín de la REPAM. Sin embargo, la falta de voluntad política de los gobiernos de nuestros países, su incapacidad y falta de estrategias para enfrentar la pandemia y asegurar la integridad y la vida de las comunidades indígenas, especialmente, hacen pensar que lo peor aún está por llegar para la Amazonía y los pueblos que habitan sus más de 200 millones de hectáreas de bosque.

Las organizaciones indígenas, los movimientos sociales e instituciones de la sociedad civil de los 9 países de la cuenca amazónica que formamos parte del FOSPA, reafirmamos lo planteado y acordado en la Carta de Tarapoto de nuestro VIII Encuentro Internacional[1] : “… los pueblos amazónicos y andinos resistimos y pervivimos con el indeclinable compromiso de defender la vida en nuestros territorios…continuamos resistiendo y movilizándonos para transformar las sociedades y los Estados, cuestionando el modelo de desarrollo extractivista y afirmando nuevos paradigmas basados en propuestas como la Vida Plena, el Buen Vivir, Vivir Bien y el autogobierno territorial”.

Por anteriormente expuesto, exigimos a los gobiernos de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, República Cooperativa de Guyana, Surinam y Guyana (francesa):

  1. Apoyar y respetar las medidas urgentes y culturalmente apropiadas propuestas por los pueblos y sus organizaciones, para detener la propagación de la pandemia y proteger la integridad y la vida de los hombres y mujeres de los pueblos amazónicos y andinos
  2. Participación efectiva de las organizaciones representativas de los pueblos amazónicos y andinos en las instancias de toma de decisiones de los gobiernos de los países panamazónicos para el manejo de la pandemia
  3. Fortalecer de manera urgente los sistemas de salud que se encuentran abandonados o en situación de precariedad para contener el avance de la pandemia en los territorios de los pueblos amazónicos y andinos y aplicar protocolos culturalmente apropiados para la prevención y atención de contagios y fallecimientos por Covid-19 
  4. Implementar campañas de información y prevención sobre la pandemia del Covid-19, con enfoque intercultural y en los idiomas originarios
  5. Asegurar la distribución de alimentos y víveres de primera necesidad, así como artículos de higiene en las comunidades, centros poblados etc. mediante una estrategia que incluya a las organizaciones representativas de los pueblos, siguiendo protocolos que eviten la mayor propagación de la pandemia.
  6. Respetar y reforzar la decisión de los pueblos amazónicos y andinos de cerrar sus fronteras y controlar sus territorios, ejerciendo su derecho a la libre determinación y la autonomía, para defenderse de la pandemia y evitar una mayor propagación
  7. Garantizar y asegurar la intangibilidad absoluta de los territorios de todos los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) de los países de la Amazonía, por ser una población en situación de alta vulnerabilidad y riesgo de exterminio.
  8. Suspender las actividades extractivas (petróleo, minería y forestal), megaproyectos de infraestructura, agronegocios, etc. Así como evaluar su reanudación o no, considerando el peligro que representan para la salud y la vida de los pueblos amazónicos y andinos
  9. Suspender las intervenciones posteriores a la pandemia que puedan exacerbar la crisis y riesgo para la Amazonía y sus pueblos, privilegiando las acciones de protección lideradas por sus pueblos y habitantes.

  10. Adecuar de manera diferencial los lineamientos y protocolos para el manejo de los cuerpos de personas indígenas fallecidas a causa de la pandemia, en consideración a la cosmovisión, usos, costumbres y concepción cultural de la muerte como retorno a la Madre Tierra.

  11. Realizar la desagregación de los datos con la variable étnica en los reportes periódicos de los organismos de Salud Pública, con el fin de tomar decisiones efectivas y culturalmente pertinentes que permitan contener esta pandemia.

Nos convocamos a activar y fortalecer todas las instancias de gobierno comunitario para continuar aplicando los planes de contingencia propios; acatar las orientaciones de las autoridades y médicos tradicionales. Volver a nuestras prácticas tradicionales de siembra y cultivos, volver a compartir, al trueque, volver a la minga, volver al origen, volver a nuestras semillas propias que son nuestra aseguranza.

Nos convocamos a impulsar nuestras experiencias de economía solidaria, una dimensión esencial del cuidado presente en las culturas tradicionales de la Amazonía, que hoy en medio de la pandemia se tornan una herramienta fundamental para las garantías de vida. Hacer de la economía solidaria una práctica colectiva de sobrevivencia en todas las comunidades, que fortalezca nuestros procesos organizativos para la autonomía económica de nuestros territorios. Y exigir el reconocimiento y respeto por parte de los gobiernos y las empresas a la sabiduría ancestral de los pueblos.

Finalmente, llamamos a todas las organizaciones de los pueblos amazónicos y andinos, las instituciones de derechos de los pueblos y movimientos sociales, así como a la comunidad internacional, a fortalecer nuestras articulaciones, a mantenernos vigilantes y a incidir políticamente para exigir medidas efectivas que eviten la mayor propagación del Covid-19 en la Amazonía y eviten un posible etnocidio.

¡ POR LA VIDA, DEFENDEMOS LA AMAZONÍA !
 

[1] Carta de Tarapoto, VIII Foro Social Pan Amazónico, realizado en la ciudad de Tarapoto, Perú, del 28 de abril al 1 de mayo de 2017.

https://www.forosocialpanamazonico.com/pronunciamiento-publico-fospa-comunidades-de-la-amazonia-exigimos-acciones-inmediatas-a-gobiernos-de-los-9-paises-amazonicos/

De ahí que la «reforma agraria integral» contra la gran propiedad privada sobre la tierra y sus privilegios estatales que el sistema mundo capitalista y sus locales maximizan, nos exige -ante todo- posicionarnos protagónicamente junto a todos los pueblos originarios. Que hoy ya avanzan como unión internacionalista:

 Las organizaciones del Foro Social Panamazónico apoyamos
convocatoria de la Asamblea Mundial por la Amazonía

13 de julio de 2020

Para frenar el etnocidio y el ecocidio de las pandemias virales, extractivistas y neoliberales que atentan contra la vida de los pueblos y los territorios Amazónicos

En consecuencia, con el objetivo común que nos articula como FOSPA, cual es el de defender y cuidar la Amazonía construyendo comunidades y sociedades para el Buen Vivir; diversas organizaciones hemos apoyado la configuración de una amplia alianza para emplazar la solidaridad y la movilización por los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza que conviven amazónicamente desde los Andes hasta el Atlántico.

Desde allí se ha propuesto la convocatoria de una ASAMBLEA MUNDIAL POR LA AMAZONÍA para intercambiar reflexiones y agendas con el fin de consolidar ese objetivo. Junto a la Asamblea, también está en desarrollo la convocatoria de una Movilización Mundial para el día 22 de septiembre y el impulso de un Boicot a los negocios de las empresas, instituciones financieras y gobiernos que explotan la Amazonía y violentan las comunidades con ese despropósito.

La destrucción de la Amazonía nos acerca más al precipicio y a la hecatombe climática. Una humanidad saludable y con futuro necesita de bosques y pueblos amazónicos vivos.

La ASAMBLEA MUNDIAL POR LA AMAZONÍA tendrá tres momentos:

17 de julio:      Asamblea de los Pueblos indígenas

18 de Julio:     Asamblea general: la crisis de la Amazonía en tiempos de pandemia

19 de julio:      Asamblea General: las acciones conjuntas por la defensa de la Amazonía

A continuación compañer@s del proceso Fospa en los distintos países de la Amazonía, nos invitan a participar de esta importante Asamblea: (…)


Fuente: https://www.forosocialpanamazonico.com/el-foro-social-panamazonico-se-suma-a-la-primera-asamblea-mundial-por-la-amazonia/

Comprobemos hacia qué estudios, debates y programas apunta la solidaridad con los pueblos amazónicos:

El IX Encuentro Internacional del Foro Social Panamazónico,

Mocoa –  Colombia 2020 se realizará de manera virtual del 12 al 15 de noviembre
29 de octubre de 2020

 Debido a la crisis mundial a causa del Covid-19,el IX Encuentro Internacional del Foro Social Panamazónico, Mocoa –  Colombia 2020 se realizará de manera virtual del 12 al 15 de noviembre, recreando las acciones que se tenían destinadas para el encuentro presencial de Mocoa y manteniendo su carácter organizativo y sus propósitos políticos.

Conozca aquí la programación del IX Fospa

Tal como se tenía previsto para el encuentro presencial, haremos énfasis en la articulación organizativa para:

  • Generar programas y acciones frente al desarrollo extractivista
  • Fortalecer la organización interna desde los Comités Territoriales y las Iniciativas de Acción en Fospa (IdeAs).

Con estos fines , apostamos a dos grandes momentos de interacción entre los participantes y los integrantes del Fospa y las IdeAs, en las que compartiremos diferentes reflexiones y especialmente experiencia de trabajos y acciones concretas que se desarrollan actualmente en la Amazonía. La idea de estos espacios es encontrar las coincidencias e intereses comunes y debatir y generar estrategias de acción de largo aliento en defensa del territorio Amazónico. 

El primer momento esta centrado en las Malokas, como hemos llamado a los bloques temáticos, estas serán espacios para armonizar y compartir la palabra, en las que de manera general y por grupos de trabajo se debatirá, a través de preguntas orientadoras, alrededor de tres ejes programáticos (uno por cada Maloka), que estructuran el Foro.

En el trabajo de las Malokas, según sus intereses, usted podrá participar como persona u organización, con sus ideas, opiniones, propuestas y debates, en cualquiera de los grupos establecidos en cada maloka, con el fin de fortalecer a largo plazo las acciones y movimientos en los territorios. En estos distintos trabajos en grupo de cada Maloka, se pueden proponer la activación de nuevas iniciativas de acción, donde más de 3 organizaciones y países se encuentren para adelantar una lucha común.

DESCARGA AQUÍ PLAN METODOLÓGICO

El día 12 de noviembre en la tarde, abordaremos la Maloka: Territorios y caminos de vida, donde las acciones de resistencia y las alternativas al modelo extractivista que se han generado en la Amazonia, se encontrarán para reconocerse y fortalecerse, con el fin de generar estrategias articuladas que se puedan desarrollar en el territorio y le hagan frente al falso desarrollo y al modelo impuesto por el capital.

En esta Maloka, tendremos 5 grupos de trabajo:

Transición energética, encaminado a reconocer los modelos más adecuados para la producción de energía en la selva, desde propuestas locales de consumo y autoproducción, que estén en armonía con las formas de vida de la Amazonía.

Soberanía, seguridad y agroecología alimentaria, encaminado a proteger las formas de producir y garantizar la alimentación en el territorio amazónico, sin que la selva sea destruida por políticas de apropiación de las tierras.

Justicia hídrica, defensa de cuencas, ríos, páramos, acueductos comunitarios, encaminado a proteger las fuentes de agua de la destrucción generada por las empresas extractivas e hidroeléctricas y defender las dinámicas propias y limpias de consumo del agua.

Crisis climática y gestión comunitaria de la selva, encaminado a los mecanismos para proteger la selva frente a las acciones que generan el cambio climático, teniendo la capacidad de la Amazonia de ser una entidad biótica con capacidad de actuar en la armonización y equilibrio del clima mundial.

Economías transformadoras, encaminado a reconocer y fortalecer los procesos de economía propia, que están acordes con las dinámicas de la selva y combaten las desigualdades e inequidades sociales.

El día 13 de noviembre en la jornada de la mañana, trabajaremos en la Maloka: Pueblos y Culturas en Identidad Amazónica donde las representaciones de diferentes pobladores de la Amazonía se encontrarán, para dar a conocer sus culturas y desarrollos sociales, con el fin de proteger y salvaguardar sus visiones y planes de vida.

En esta Maloka, tendremos 5 grupos de trabajo:

Identidades amazónicas, encaminado al reconocimiento y articulación programática de los pobladores indígenas, campesinos, negras y urbanas, así como de mujeres, hombres, diversidades de género, jóvenes, niños y niñas, que habitan la Amazonía; con la armonización de sus saberes y espiritualidades ancestrales.

Educación comunitaria e intercultural, encaminado a presentar las diversas formas en que se ha concebido y construido la educación propia, desde el ámbito comunitario, la integración de las culturas y la memoria histórica de la vida en la Amazonía.

Ciudades Amazónicas para el Buen Vivir, encaminado a presentar las gestiones y procesos desarrollados en territorio amazónico, que se han enfatizado en edificar la vida desde Suma Kausai o Suma Qamaña, que se traduce en el establecimiento de una sociedad desde el buen vivir.

Salud en la Panamazonía, encaminado a reconocer y valorar las formas históricas de generar bienestar, salud y vida en armonía, desde las medicinas naturales, ancestrales y tradicionales.

Este mismo día en la jornada de la tarde, trabajaremos la Maloka: Autonomía y Gobierno Comunitario, las dinámicas políticas y organizativas propias, generadas en el territorio amazónico, se encontrarán para intercambiar experiencias y formas de ver y hacer la política.

En esta Maloka, tendremos 4 grupos de trabajo:

Derechos de los pueblos y de la naturaleza, encaminado a valorar los avances en materia de política local y global, para el reconocimiento de los derechos que tiene tanto los pobladores de la Amazonía, como la madre naturaleza.

Construcción de poder local, encaminado a generar intercambio de las experiencias de distintas organizaciones sociales territoriales, frente a la autonomía, el autogobierno y la organización comunitaria.

Planes de vida y ordenamientos social y ambiental del territorio, encaminado a discutir las visiones, programas y metodologías, que se llevan a cabo para estructurar y proteger la vida, el ambiente y la sociedad amazónicas.

Garantías para la participación y el liderazgo social, encaminado a la generación de estrategias para la protección y defensa, tanto de quienes asumen las responsabilidades de líderes y protectores del territorio, como de las comunidades y organizaciones que los acompañan.

En el segundo gran momento del IX FOSPA virtual, el centro será las Iniciativas de Acción -IdeAs- , en las que diferentes acciones de articulación organizativa de y por la Amazonía, desde sus trabajos de investigación, incidencias políticas, documentos, movilizaciones, acciones en territorio, entre otras dinámicas, se encuentrarán para presentar y fortalecer con otros, sus apuestas programáticas, objetivos de acción, líneas de trabajo, dinámicas organizativas y propuestas generales.

Descargar PDF detalle Malokas e Iniciativas de acción

Es importante señalar que las iniciativas, son un proceso que surgió en la VIII versión del FOSPA que se realizó en Tarapoto, Péru; en la actualidad son 10 las IdeAs activas en el proceso Fospa y se han fortalecido en 14 preforos que se han realizado en el camino hacia el IX Encuentro, y especialmente, en el último periodo gracias a la campaña Fospa en movimiento y su ciclo de conversatorios virtuales que desarrollamos desde el mes de agosto y hasta el 4 de noviembre , donde cada iniciativa pudo compartir los avances y proyecciones en sus apuestas, e invitar a más personas a sumarse a estas iniciativas.

Durante el evento el día sábado 14, las IdeAs serán protagonistas teniendo así la posibilidad de compartir con quienes se inscriban a cada una de ella para compartir análisis, reflexiones y apuestas de acción. Recuerda que para facilitar la participación en la mañana se trabajaran en 5 iniciativas de manera simultánea y en la tarde las 5 restantes. (…)

Fuente:http://www.forosocialpanamazonico.com/conoce-aqui-como-puedes-participar-en-el-ix-fospa-virtual/

 

  Ofensiva del sistema mundo capitalista

Advirtamos la confrontación del Capital Estado en Chile contra el pueblo nación Mapuche y la profundización de la lucha Mapuche:

De la lucha territorial a la lucha por la libertad.

La prisión política Mapuche como mecanismo contrainsurgente

8 de septiembre de 2020

Por Edgars Martínez Navarrete (Rebelión)

A la violencia del Estado chileno, la represión policial y el asedio de los terratenientes y las multinacionales, los presos políticos Mapuche utilizan la huelga de hambre sólida y líquida como herramienta de resistencia en sus propios cuerpos. Tratados como “terroristas” y señalados como el “enemigo interno” por los medios del poder económico, los huelguistas entregan su newen (fuerza) para buscar la libertad de su pueblo.

Yo soñé que soñaba:

que fuimos sometidos

y nos gobernaban tiranos.

Me pongo en huelga de hambre

para despertar la rabia,

despegar el vuelo

y aniquilar el sueño.

Juan Jerónimo Lemus, Cherán, México.

Al momento de escribir estas líneas, los presos políticos Mapuche en huelga de hambre viven horas cruciales 1/. Los comuneros en la cárcel de Lebu llevan 50 días sin comer y los de Angol suman 113 días, pero desde el 24 de agosto iniciaron el ayuno seco, quizá la medida de presión más extrema que un ser humano puede tomar encerrado en una prisión. Si bien los presos de Temuco no se han plegado aún a esta iniciativa, ellos ya llevan 42 días en huelga de hambre. Fue gracias a esta medida y a las distintas movilizaciones alrededor del mundo, que el machi Celestino Córdova pudo doblarle la mano a los poderosos y fijó ciertos acuerdos mínimos, a cambio de terminar su huelga.

No obstante, en todo este tiempo el gobierno de Chile ha dado escasas señales para destrabar el conflicto con el resto de los huelguistas, cuestión irrisoria porque el petitorio de estos, que básicamente busca reglamentar la prisión vinculada a causas indígenas bajo los criterios de la legislación internacional, se encuentra enmarcado en el Convenio 169 de la OIT adoptado por Chile hace más de una década.

Para comprender esta situación es necesario explicar las razones de fondo que motivaron el encarcelamiento político de algunos comuneros. La madrugada del 29 de enero, más de un centenar de efectivos policiales allanó violentamente cinco viviendas en el Valle de Elicura, territorio lavkenche del Wallmapu. Entre golpes, forcejeos y vulneraciones a sus familias, se llevaron en calidad de detenidos a Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura y Manuel Huichacura. Aquella misma tarde, todos los imputados quedaron en prisión preventiva bajo la presunta participación en la muerte de un vecino de la zona.

En la audiencia de formalización se pudo constatar que las únicas pruebas en su contra eran declaraciones brindadas por testigos protegidos. Además de ser contradictorios entre sí, los supuestos testigos no lograron establecer un vínculo entre los imputados y el delito. Ignorando estos vacíos jurídicos, los peñi del Valle de Elikura fueron trasladados a la cárcel de Lebu, en la provincia de Arauco, donde se encuentran realizando actualmente su huelga de hambre.

El weichan, la construcción del enemigo interno y la contrainsurgencia

Durante la década del ‘90, la emergencia del movimiento mapuche, en general, y su línea autonomista, en particular, pusieron en crisis por primera vez el carácter monocultural que el Estado – Nación chileno reprodujo a lo largo de su historia moderna. El prolongado tiempo de la chilenización criolla, impuesta a sangre, fuego y ley, y cristalizada con la frase de Augusto Pinochet “ya no existen mapuches, porque todos somos chilenos” fue rotundamente cuestionada por un pueblo dispuesto a transformar su realidad. Las viciadas promesas culturales del gobierno no pudieron contener la autodeterminación mapuche en la vuelta de siglo.

Las recuperaciones territoriales tomaron fuerza, proliferaron las organizaciones políticas y el weichan, tradición histórica del antagonismo mapuche, se convirtió en la praxis de los sectores que comenzaron a desconfiar de la institucionalidad neoliberal. La zona lavkenche cobijó a las primeras manifestaciones de insubordinación colectiva de este periodo: parió a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y, con esta, todo un legado de rebeldía que se ramificó hasta la actualidad. Los procesos de reivindicación territorial en el Valle de Elikura, por ejemplo, son producto de toda una generación lavkenche criada y formada en este ciclo de insurrección.

En este contexto, viendo amenazados sus intereses en pleno ascenso del “milagro chileno”, las clases dominantes reacomodaron sus estructuras de poder para hacer frente al resurgimiento de un nuevo “enemigo interno”. El Mapuche en lucha pasó a ocupar el lugar predilecto del terrorista racializado. La criminalización pareció ser la vía más efectiva para hacer frente a esta amenaza “innovadora”. Así, se inaugura lo que podríamos caracterizar como un nuevo ciclo de “Conflicto de Baja Intensidad”, es decir, un escenario de contrainsurgencia basado en mecanismos pasivos y coercitivos de sometimiento, cooptación, explotación y persecución a los enemigos del modelo.

Un conflicto de baja intensidad que encubre una arremetida contrainsurgente y neocolonial sobre el pueblo Mapuche en weichan y que se desarrolla en tres niveles interconectados. En primer lugar, a través de una amplia maquinaria creada por los sectores de poder para arrinconar la resistencia, posibilitando la acumulación por desposesión y la reproducción ampliada de capital. A nivel continental esto se plasma en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Tratado Transpacífico (TPP-11),  entre otras. Y a nivel nacional, en el Plan Araucanía, en los intentos de modificación de la Ley Indígena y en el proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA). Estas iniciativas económico-políticas tienen tres objetivos: la apertura definitiva del Wallmapu a las corporaciones transnacionales, el saqueo y la expoliación de los recursos naturales y el sometimiento de la protesta territorial. En definitiva: la subsunción real de la naturaleza, las tramas espirituales y las capacidades políticas de la resistencia mapuche ante el capital.

No obstante, si bien la lógica coercitiva de estos planes proviene de una matriz transnacional movilizada por los intereses del imperialismo contemporáneo, su capacidad operativa reside en el despliegue de una multiplicidad de pivotes nacionales encargados de afirmar la doctrina chilena de “seguridad nacional” contra este nuevo “enemigo interno”. En este segundo nivel se encuentran los numerosos planes de persecución y criminalización que ha impulsado el Estado durante las dos últimas décadas para debilitar al movimiento Mapuche autonomista y acusarlo de “terrorismo”. La “Operación Paciencia” (2002 – 2004) dirigida a desarticular a la CAM, la irrisoria “Operación Huracán” articulada mediáticamente para “descabezar” a Weichan Auka Mapu y nuevamente a la CAM y la Operación Andes (2017), parte de la anterior, con la cual se pretendía vincular a las organizaciones del weichan Mapuche con el tráfico de armas y con estructuras político-militares de diversos territorios. Estos son sólo algunos de los planes conocidos de este nivel de contrainsurgencia.

La construcción de la figura del terrorismo como estrategia de los terratenientes

Pero la “lucha contra el terrorismo” es también la finalidad obstinada de los terratenientes, empresarios forestales y gremios de agricultores de la ultraderecha regional que hoy habitan el Wallmapu. Los herederos del settler colonialism, colonialismo de colonos o de asentamiento, beneficiados por el despojo territorial, el desplazamiento y la subordinación racial del Mapuche, persisten en justificar su presencia histórica, sus propiedades y sus inversiones bajo la defensa de una presunta supremacía blanca nacionalista asociada a una especie de Estado de derecho. Para esto, además de construir la idea del “mapuche terrorista”, se han organizado en grupos de autodefensa paramilitar que amenazan con recrudecer la violencia engendrada por ellos mismos y sus antepasados.

Específicamente para el Lavkenmapu, y para el Valle de Elikura, este plano de la contrainsurgencia se evidencia en la sistematización de datos que sacó a la luz el medio de prensa Mapuche Aukin bajo el titular “El nuevo plan represivo para la franja lavkenche”. En este documento se sintetizan las medidas que el gobierno, en diálogo con los “principales” sectores productivos de la zona, destinarían al sur de la provincia de Arauco con el fin de mitigar los índices de “violencia rural”, categoría mediática a través de la cual se hace referencia a la resistencia lavkenche. La creación de nuevas subcomisarías, la llegada de 100 efectivos a la zona, la presencia permanente de retenes policiales, el arribo de 16 carros blindados todo terreno, un helicóptero y la donación de drones de última generación serían solo una parte del plan represivo con el que se perseguirá a los lov y comunidades que defienden el Lavkenmapu.

El nivel más específico de este conflicto de baja intensidad está relacionado con la prisión política Mapuche. No es un secreto que las cárceles de América Latina tienen color, como señala la antropóloga Rita Segato (2007). Pero no es tan solo eso: la judicialización de la protesta indígena también tiene color. Durante las últimas tres décadas, en Chile se ha sometido de forma sistemática a militantes, dirigentes y autoridades culturales del pueblo Mapuche a largos procesos judiciales que generalmente concluyen en absoluciones o sobreseimientos por falta de pruebas.

Sin embargo, estas causas, famosas por sus inconsistencias técnicas y sus vacíos legales, no tienen necesariamente la finalidad de condenar. Más bien, se busca neutralizar a los combatientes Mapuche, fatigar el movimiento de resistencia y forzarlo a disputar la agenda del gobierno.

Por lo anterior, podemos observar que la prisión política, si bien genera cohesión y ciertos niveles de aglutinamiento socio-comunitario inclusive entre sectores orgánicamente disímiles, presiona al movimiento de apoyo a concentrarse en objetivos inmediatos, descuidando generalmente los fines estratégicos. En este contexto, la liberación de los presos o el mejoramiento de sus condiciones carcelarias pasan a ser, con toda razón, prioridades indiscutibles. Quienes reditúan políticamente de tal situación son las clases dominantes al “mantener” los niveles de insubordinación Mapuche atomizados a un objetivo, aparentemente efímero, pero que requiere del despliegue de un amplio repertorio de alianzas, negociaciones y prácticas contestatarias. A su vez, las acciones en apoyo a los presos políticos y, particularmente, en torno a las huelgas de hambre son procesos emocional y materialmente desgastantes para un movimiento que no se caracteriza por tener extensas redes de solidaridad más allá del Wallmapu o recursos en abundancia.

No obstante, existen momentos de ruptura en los que el movimiento Mapuche marca el ritmo de la agenda y obliga al gobierno a negociar, tal como ha ocurrido durante las últimas semanas donde se han incrementado las acciones de sabotaje, las ocupaciones de espacios públicos y otras medidas de presión que han doblegado la indiferencia gubernamental.

La crueldad como dispositivo biopolítico contrainsurgente

La cárcel y las huelgas de hambre constituyen mecanismos disciplinarios sobre el sujeto y su cuerpo, que se extienden como un dispositivo de dolor a las familias y círculos cercanos que acompañan este proceso. A los ayunos líquido y seco que dejan secuelas crónicas en el organismo de quien la realiza, se suma el sufrimiento producido por las detenciones, los allanamientos y los largos procesos judiciales que derivan en la prisión.

En las últimas tres décadas, cientos de mujeres, hombres, ancianos, ancianas, niños y niñas han sufrido la violencia de estos mecanismos biopolíticos contrainsurgentes, que dejan huellas imborrables en sus vidas. A sus cortas edades, muchos pichikeche (niños y niñas) han pasado sus infancias en territorios militarizados, entre el hostigamiento policial y los lúgubres pasillos de los Tribunales de Justicia. En esta misma lógica, y sin desconocer la ayuda comunitaria que suele activarse, es importante mencionar que son generalmente las mujeres quienes cargan gran parte del esfuerzo en estos contextos, ya que además de cumplir jornada completa en los campamentos levantados rudimentariamente fuera de las cárceles, deben hacerse cargo del trabajo cotidiano en sus hogares y de las múltiples labores en sus respectivos lov y territorios.

A pesar de todo esto, la acción coercitiva de la estructura de poder conformada por las elites chilenas y transnacionales no logran doblegar la voluntad colectiva de los huelguistas. Los presos políticos Mapuche no están luchando por una demanda individual: la huelga de hambre con la que arriesgan sus vidas, busca reglamentar un marco jurídico mínimo para que la prisión política indígena en Chile deje de ser invisibilizada.

Desde sus celdas, los presos políticos Mapuche enfrentan todas las acciones represivas y niveles de la contrainsurgencia. A la violencia de los consorcios económicos, estructuras políticas, poderes judiciales y aparatos represivos, la combaten con afafanes (gritos de aliento), ceremonias y pequeñas muestras de solidaridad. Es una contienda desigual, sin lugar a dudas, pero dentro de todo lo desgarrador de este proceso, los presos políticos Mapuche encarnan la mayor expresión de dignidad humana posible: entregan su vitalidad y su newen (fuerza) para buscar la libertad de su pueblo.


1/ Texto en honor a la digna resistencia de los presos políticos Mapuche en huelga de hambre de la cárcel de Lebu: Matías Leviqueo, Eliseo Raiman, Tomás Antihuen, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura, Manuel Huichacura, Cesar Millanao, Orlando Saez, Damian Saez, Robison Parra, Oscar Pilquiman. A la vez, lo dedico con cariño a Kelüray y Külapañgi, semillas de rebeldía en el Lavkenmapu.

Edgars Martínez Navarrete es militante de la causa Mapuche autonomista, integrante de AUKIN y candidato a doctor en Antropología por el CIESAS-CDMX
Fuente: https://rebelion.org/la-prision-politica-mapuche-como-mecanismo-contrainsurgente/

Comprobemos cómo otro gobierno progresista demuestra su oposición a la autodeterminación de los pueblos.

A tres años de la Revuelta la represión continúa:
¿Qué te pasó Boric?

21 de octubre de 2022

Por Andrés Figueroa Cornejo

Rebelión

A tres años del inicio de la revuelta social, este 18 de octubre de 2022, en la Plaza Dignidad de Santiago de Chile, hito que determina la rotura abismal entre la ciudad empobrecida y la ciudad aparentemente satisfecha, la administración de La Moneda, indiferentemente del gobierno anterior, hizo gala de un despliegue multitudinario de los cuerpos de las fuerzas especiales de carabineros y sus blindados de última generación.

Leal a la vocación histórica del Estado autoritario, conservador y racista de Chile, la administración Boric, tal como anunció su presidente por cadena nacional de medios masivos de comunicación, llevó a las calles del país a 25 mil efectivos policiales. Se desconoce el número desplegado de la policía civil y del lumpen que ya en otras ocasiones ha operado en el marco de manifestaciones sociales con la anuencia y vínculos estrechos con los uniformados (¿la tercerización de la violencia paraestatal?), incluso usando armas con munición real, como en la zona de la Estación Central de Santiago el pasado primero de mayo, donde fue asesinada la periodista Francisca Sandoval en medio de protestas populares.

Sin mediar provocaciones, la artillería policial mantuvo el entorno de la Plaza Dignidad permanentemente gaseado de bombas lacrimógenas, dispersando gente a punta de violentos pistonazos de los carros lanza-aguas dirigidos sobre el cuerpo de los manifestantes que incluso se encontraban en las aceras peatonales.

Al respecto, mediante un audio, Carmen Soria, hija del diplomático Carmelo Soria asesinado por la dictadura en 1976, señaló que, «yo estoy en Plaza Dignidad y ustedes (el gobierno) son una vergüenza. Tienen a la policía reprimiendo con gas pimienta, guanacos y zorrillos. Están igual que (el gobierno de) Piñera. Son unos «progres» que les están lamiendo las botas a la Concertación. Y el discurso de Boric es el de un demagogo peligroso. Lamento profundamente haber votado por ustedes. Tienen la Plaza Dignidad sitiada, ni siquiera dejan manifestarse».

Por su parte, el historiador y académico de la Universidad de Chile, Sergio Grez, aseguró que, «hemos presenciado en las distintas ciudades, como Santiago, Concepción, Valparaíso y otras, escenas muy similares a las que vivimos hace tres años durante el gobierno de Piñera. La misma estrategia de copamiento, por ejemplo, de la Plaza Dignidad, con una cantidad desproporcionada de policías, con su misma brutalidad policial e intransigencia», y agregó que, «si a alguien le faltaban elementos para terminar de convencerse de la continuidad de las políticas neoliberales y represivas, además de la subordinación del actual gobierno a los grandes poderes transnacionales y al gran capital, hoy tiene una prueba más de ello. Las esperanzas populares han sido profundamente defraudadas y lo que viene en los próximos tiempos no es para nada alentador. Este cuadro represivo, esta forma impúdica de cubrir las brutalidades policiales, so pretexto de que se trata de un cuerpo al servicio de la ciudadanía destinado a combatir el crimen y la violencia, hacen augurar tiempos muy oscuros y sombríos para la mayoría ciudadana».

Cuando se cierra esta nota, aún no hay informaciones confirmadas de la cantidad de personas heridas y detenidas por Carabineros en Santiago y en las principales ciudades del país donde se realizaron movilizaciones por las necesidades sociales que amplios sectores de la población resienten duramente, más allá de borradores constitucionales y programas de gobierno incumplidos. Sí, en efecto, se sabe de la detención de la comunicadora y corresponsal de un prestigioso medio extranjero, Carola Trejo, arbitrariedad que ha sido profusamente denunciada por las redes sociales.

Si un gobierno es su programa, este gobierno ya finalizó. Las reformas comprometidas en materia tributaria, de seguridad social y laboral, salud, vivienda y educación, diseñadas y pactadas con los grandes grupos económicos y con el gremio patronal agrupado en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), mediante el ministro de Hacienda y exjefe del Banco Central durante una década, Mario Marcel, ya no tienen nada que ver con los cambios originales, mientras sus costados más progresivos han sido sacrificados en el altar del manido argumento de no desincentivar la inversión. Por el contrario, en un intento vano y sobreideologizado de intentar apreciar el peso respecto del dólar, el Banco Central ha quemado 25 mil millones de dólares de las reservas fiscales en el mercado de divisas, sin éxito: un dólar persiste en mantenerse a alrededor de mil pesos chilenos. Asimismo, las tasas de política monetaria, dogmáticamente, se han elevado hasta 11,25 por ciento, con el supuesto objetivo de aminorar una inflación galopante que hacia fines de 2022 se calcula en alrededor de un 15 por ciento acumulada, encareciendo los créditos productivos y precipitando con más saña una crisis multifactorial y recesión abierta que están costeando las clases trabajadoras y el pueblo a través de la caída del salario, el empeoramiento de sus condiciones laborales y la destrucción sistemática de lo que resta de sindicalización con capacidad de negociación en el país.

Tal como los procedimientos coactivos para enfrentar el derecho a manifestarse, que incluyen la militarización multiplicada de los territorios ancestrales mapuche y el uso de los tribunales como medio complementario de la represión contra las disidencias, así también el capitalismo neoliberal y su crisis, pronosticada para Chile como la de peores consecuencias del continente por el FMI, se intensifica por minuto el descontento social, económico y político. El gobierno de Boric autoproclamado progresista, pero sin proyecto de desarrollo propio ni fuerzas sociales que lo sostengan, perdió tempranamente el consenso social y sólo se está dedicando a administrar el garrote, cuando ya carece de recursos para zanahorias.

Fuente: https://rebelion.org/a-tres-anos-de-la-revuelta-la-represion-continua-que-te-paso-boric/

Destaquemos al:

COMUNICADO PÚBLICO CAM

A nuestro pueblo nación mapuche, a los lof y comunidades en resistencia y a la opinión pública en general, la Coordinadora Arauco Malleco declara lo siguiente:

KIÑE: Que, durante el transcurso de las últimas semanas en el actual escenario político, se han agudizado las contradicciones entre los Estados chileno, argentino y el pueblo nación mapuche. Quedando en evidencia que, más allá de sus promesas progresistas de transformación social, los gobiernos de turno, en especial el encabezado por Gabriel Boric, han decidido administrar la crisis capitalista con base a la devastación de nuestro territorio ancestral.

Las empresas forestales y otros proyectos extractivistas han aumentado sus ganancias a costa de usurpar nuestros recursos y de precarizar la calidad de vida de nuestra gente en las comunidades.

EPU: Otra expresión de esta continuidad, que apuntaló procesos como la aceptación inédita del TPP11, es la integración descarada de figuras de la ex concertación al nuevo gobierno. Aquellos que hace décadas quieren ver tras las rejas a las organizaciones revolucionarias del movimiento autonomista y a las comunidades en resistencia, hoy timonean el gobierno, develando que el Frente Amplio no constituye verdaderamente un proyecto de trasformación social, sino una pseudo-izquierda indefinida que administra el sistema capitalista con aires de renovación. Esta es la clave de su fama en las clases medias chilenas y en las élites neoindigenistas mapuche, quienes ingresan en posiciones subalternas a la estructura de esta “nueva política”.

KÜLA: Que la expresión más clara de este reacomodo desde arriba, es la prolongación del Estado de Excepción con el fin de atomizar y reprimir el avance territorial de las organizaciones y comunidades que sostienen el weychan como forma de lucha confrontacional. La supuesta “paz” que busca el Estado de Excepción no es más que la protección de los intereses del empresariado forestal y los latifundistas, toda vez que ahora tienen a sus viejos aliados en el nuevo gobierno y, en conjunto, cimentan las bases de una etapa neofascista en Chile con base en la polarización artificial y la “ausencia de paz”.

MELI: Por todo lo anterior, es que mediáticamente se nos ha vinculado con el proceso judicial al cual se ve enfrentado el Lof Los Chilcos bajo la nueva ley N° 21.488 de robo de madera, vigente desde el 27 de Septiembre del presente año e incluso con la negociación del predio a la que han accedido con Forestal Mininco. De esto, es que como CAM, nos desvinculamos categóricamente, ya que, si bien en un comienzo este Lof trabajó con la organización y se dispuso como orgánica de toda nuestra determinación para resistir desalojos y allanamientos, se desviaron absolutamente del lineamiento político estratégico con el cual se lleva a cabo la recuperación de tierras y el control territorial que, en todo momento ha resguardado la estricta relación con el trabajo productivo para de esta manera conseguir la autonomía en los territorios. Cómo CAM, nos vemos en la obligación de aclarar esta situación, ya que los dirigentes del Lof nunca manifestaron ni hicieron pública su decisión de negociar con la forestal y, ante esto reafirmamos tajantemente que nuestra convicción, nuestra lucha es por la expulsión definitiva de las forestales de nuestros territorios, y que por ningún motivo estamos dispuestos a negociar ni a transar nuestros valores como mapuche y revolucionarios por unas migajas.

KECHU: Por último, reivindicamos las acciones de sabotaje llevadas a cabo por los distintos ORT.

– 17 de Julio. Mafil. ORT Williche Kalfulikan se adjufica sabotaje empresa de extracción de áridos, dejando totalmente destruidos 16 camiones.

– 17 de Julio. Lanco. ORT Williche Kalfulikan se adjudica sabotaje a una maquinaria forestal.

– 29 de Julio. Los Sauces- Traiguen ORT Pelontraru se adjudica sabotaje a una maquinaria forestal.

– 10 de Agosto. Angol- Fundo Mahuida, ORT Pelontraru se adjudica sabotaje a más de 10 equipos forestales de Mininco.

– 10 de Agosto. Lumaco, ORT Pelontraru se adjudica sabotaje a 2 camionetas de Forestal Mininco.

– 12 de Agosto. Angol. ORT Toño Marchant se adjudica sabotaje a 2 faenas, una de BESALCO y otra de CMPC, dejando una decena de maquinarias destruidas

.- 25 de Agosto. Capitan Pastene. ORT Pelontraru se adjudica el sabotaje a 12 equipos forestales.

– 26 de Agosto. Lautaro. ORT Anganamun. Una maquinaria forestal en Fundo Santa Elena.

– 27 de Agosto. Chol Chol. ORT Anganamun se adjudica sabotaje a maquinaria forestal de Agro Forestal Pumalal.

– 28 de Agosto. Quilleco. ORT Matías Catrileo se adjudica sabotaje a planta de áridos Boldal, destruyendo un camión batea, 2 cargadores frontales y una excavadora.

– 15 de Septiembre. Lanco, Malalhue. ORT Williche Kalfulikan se adjudica sabotaje a forestal Arauco, destruyendo 3 maquinarias forestales, una camioneta y un generador.

– 15 de Septiembre. Camino a Angol. ORT Pelontraru. Una casa de cuidador de fundo Porvenir del colono Vásquez.

– 27 de Septiembre. Ruta Lumaco-Purén. ORT Pelontraru. Dos camiones forestales.

– 30 de septiembre. Fundo la torre, trintre alto entre Angol y los sauces. ORT Toño Marchant. Una torre de madereo , un skider, un trineumatico y una camioneta.

– 22 de Octubre. La Unión. ORT Williche Millalikan se adjudica el sabotaje a infraestructura del campamento Oldenburgo de Forestal Arauco quedando completamente destruido, más 5 equipos forestales, 6 camionetas y un furgón.

NUESTRA LUCHA ES POR TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA EL PUEBLO NACIÓN MAPUCHE!!!

SIN TRANSAR, SIN NEGOCIAR Y POR LA EXPULSIÓN DEFINITIVA DE LAS FORESTALES!!!

FUERA YANAKONAS TRAIDORES Y RASTREROS!

LIBERTAD A TODOS LOS PPM DE LA CAM!

CON CATRILEO, LEMUN Y TOÑO MARCHANT EN LA MEMORIA!

AMULEPE TAIÑ WEICHAN

MARICHIWEU!!!!!!

Consideremos que, en Argentina, una justificación de ataques contra personas y comunidades Mapuche es que son chilenos. Reflexionemos sobre:

EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA ANÓNIMA EN VILLA LA ANGOSTURA Y SUS ARGUMENTOS, LA ANTROPÓLOGA ALEJANDRA PÉREZ COMPARTE SU PALABRA Y SU CONOCIMIENTO.

Lectura imprescindible para estos días que corren

Días pasados circuló un comunicado con el título de “Basta de la mentira de ‘ancestrales mapuches’. Una historia con muchas contradicciones y una sola verdad” que nos resulta necesario abordar.

En primer término, enuncia que presentará “datos históricos con rigor científico”; en su desarrollo, sin embargo, evidencia un profundo desconocimiento sobre cómo se construye el rigor científico. Este texto nos deja con la necesidad de recurrir a diferentes fuentes documentales con las que se ha trabajado y que los autodenominados “vecinos hartos de VLA” desconocen.

Invitamos a consultar el Expediente 118, Lote Nro. 9-José María Paichil e Ignacio Antriao, Parte de campaña del ejército de Villegas, Memorias del avance militar, Correspondencia entre el Estado Nacional y los Sres. Paichil y Antriao, como así también diferentes investigaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Comahue, y de la Universidad Nacional de Río Negro, que aparentemente desconocen.

En segundo lugar, en lo referente a la ignorancia sobre el pasado de la Región del Gran Lago, les informamos que la Historia es extensa. En la segunda mitad del Siglo XVIII ya existen registros del asentamiento de una misión religiosa con el objeto de evangelizar a la población local. Las primeras incursiones realizadas a partir de 1902 (momento en el que la región pasa a ser reconocida como parte del territorio nacional) surgen referencias a las costas densamente pobladas por indígenas.

De los documentos del Estado Nacional se desprende que tanto Paichil como Antriao están radicados en las costas del margen norte del Nahuel Huapi desde inicios de la década de 1890. En 1932, momento en el que se produce la mensura de Villa La Angostura, el Sr. Ignacio Antriao se niega a firmar su consentimiento ya que habían avanzado sobre su dominio territorial.

Claramente la Lof estaba en este paraje desde antes que existiera el ejido municipal. Los invitamos a refutar estos puntos con los testimonios referidos de los “primeros pobladores”; por nuestra parte, los testimonios de Primo Capraro y la documentación mencionada confirman lo aquí expuesto.

En tercer término, y con respecto a la afirmación de que “los Paicil y Antriao fueron beneficiados por la entrega en propiedad de Tierras por el Estado”, les informamos que el boleto de cesión de dominio sobre el Lote Nro. 9, del año 1902, lejos de ser un obsequio del Estado Nacional argentino, fue una maniobra del Sr. Julio A. Roca orientada a limitar la extensión territorial de las comunidades Paichil y Antriao que ocupaban todo el margen norte desde el Correntoso hasta el paraje que hoy conocemos como Paso Coihue.

Haber pertenecido a la “indiada” de Namuncurá y el Capitanejo Platero, encuadra a Don José María Paichil dentro de los mapuche a quienes les respetaron extensiones territoriales desde la llegada europea a estos suelos.

Fue el Estado Nacional quien los corrió, los arrinconó, los expropió, y los redujo a la marginalidad y la pobreza, construyendo en una sola generación mano de obra subordinada a los intereses de estancias extranjeras sobre las que los “vecinos hartos de VLA” nada dicen.

Les informamos, además, que la llegada de Parques Nacionales en 1935 es requerida por los propietarios de las grandes estancias, que en solo treinta años agotaron los suelos; demostrando mayores niveles de cuidado y respeto por el ambiente los otrora Sres. de la Patagonia, y no así los gringos civilizados.

En cuarto lugar, con respecto a la mención de “discursos perimidos y viles”, les informamos que las diferentes Universidades Nacionales, ya mencionadas, han refutado ampliamente la construcción de una identidad mapuche de origen chileno.

Como se desprende de lo anteriormente expuesto, podrán darse cuenta de que no se podía ser argentino o chileno en un suelo que era reconocido como América Indígena Independiente, en el que no existían ni Argentina ni Chile. Los territorios nacionales solo logran instalarse con un proceso genocida que por expresiones como las vertidas por Uds., aún continúa. Intentar determinar la identidad del otro a partir de “verdades” reiteradas como mantra solo puede ser aceptado por una mente violenta anclada en la más profunda ignorancia.

En el enunciado que realizan Uds. de los episodios de violencia recorriendo momentos sangrientos de nuestra Historia como país, ignoran las consecuencias de la Patagonia trágica, y los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar.

Es llamativo que Uds. solo identifican algunos hechos de violencia e ignoran o deciden no mencionar el genocidio cometido con los pueblos patagónicos a los que se masacró, se encerró en campos de concentración, se les privó la identidad a las infancias, se redujo a la servidumbre a contingentes enteros reasentados en los márgenes de excepción, se los invisibilizó, y a los que aún no se les ha pedido perdón.

Por lo expuesto, consideramos necesario que se presenten las supuestas pruebas, enunciadas pero no citadas en el comunicado. Caso contrario, es menester un pedido de disculpas a las personas mencionadas, con el objeto de evitar construcciones discursivas producto del desvarío irreal y que solo conducen al odio, ya que el odio solo produce violencia.

Ma Alejandra Pérez Antropóloga, FFyL-UBA/ UNAJ

LIBERTAD A LA MACHI, VUELTA A SU VIDA Y A SU REWE!!!

Libertad al ejercicio ancestral!!!

Libertad de culto!!!

—–

*DECLARACIÓN. Disolución y retiro inmediato del Comando Unificado de Seguridad zona Villa Mascardi / Urgente establecimiento de una mesa de diálogo*   

Las Regionales Esquel y Noroeste del Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) queremos adherir y repetir las exigencias del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CoDeCI) expresadas en una carta al Presidente Alberto Fernández el día 7 de octubre.

El principal pedido es el retiro inmediato del Comando Unificado de Seguridad que el día martes 4 de octubre realizó, en un “espectacular, innecesario y violento operativo”, el desalojo de la Lof Lafken Winkul Mapu, en la zona del lago Mascardi.

 *Declaración completa para adhesiones, aquí* 👇🏾

https://forms.gle/sd2HRG3mPNe8vZ5MA

Profundicemos gracias al filósofo boliviano:

Nueva autocrítica en los espesores de la coyuntura política del plebiscito

8 de septiembre de 2022

Por Raúl Prada Alcoreza 

Es necesario volver a la autocrítica una y otra vez, pues es menester mejorar siempre las interpretaciones del acontecimiento. El desafío actual es la comprensión de los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales, desde la perspectiva de sus complejidades inherentes, sobre todo de sus singularidades, las que definen perfiles particulares. Para abordar una problemática concreta lo acontecido en Chile con los resultados del plebiscito constitucional, su aparente paradoja, como calificó la BBC, refiriéndose a la contundencia del rechazo, cuando antes, el 2020 fue contundente la apertura a una nueva Constitución.(…)

(…) Actualidad del Conflicto

En otro escrito, que podemos caracterizar de la historia reciente, El nuevo ciclo de movilización mapuche en Chile: la emergencia de la CAM y el proyecto autonomista para una región plurinacional[7], el historiador, José Marimán, contando con la coparticipación de Esteban Valenzuela y Francisco Cortés en la investigación histórica presente, describen la situación contemporánea:

El origen de la Violencia en el Wallmapu

La irrupción de la CAM y las otras visiones, los sabotajes y ocupación de tierras usurpadas se han intensificado, por los mapuches a partir del año 1997, sobre todo en la Región de la Araucanía y la provincia de Arauco, colindante por el noroeste con La Araucanía, y que pertenece a la región del Bío Bío (capital Concepción). Los mapuche llaman Wallmapu a su territorio histórico, reducido en el presente a la región de la Araucanía, más zonas colindantes de las regiones Bío Bío, por el norte y Los Ríos por el sur. En esta zona vive una parte importante de los mapuches, constituyendo el 30% de la población regional. El resto se reparte en las regiones limítrofes y otras más lejanas, especialmente la Región Metropolitana. En ciudades importantes como Concepción (región del Bío Bío), Valparaíso (Vª Región de Chile) y Santiago (capital del país). En particular, en este último lugar viven medio millón de mapuches. La Araucanía posee varias comunas o municipios en que los mapuches son mayoría: Chol Chol, Ercilla, Puerto Saavedra, Currarehue, entre otros. Y en comunas colindantes de regiones vecinas también se da el mismo caso: Alto Bío-Bío, Tirúa (región del Bío Bío).

El cuadro social de la situación contemporánea se describe así:

Las comunidades campesinas mapuche que sufren el flagelo de no contar con agua en Malleco (y en la Araucanía entera) atribuyen su carencia a los chilenos y sus compañías madereras (industria forestal). Y otros mapuches lejos de la situación se solidarizan con ellos (solidaridad étnica desde las ciudades), asumiendo su lucha como propia. El movimiento mapuche se ha activado porque el Estado favorece las grandes empresas forestales, no devuelve las tierras usurpadas a las comunidades campesinas mapuche, no reconoce derechos políticos a los mapuche, según las propias convenciones de la ONU, que el Estado ha ratificado, y ha relegado a la Araucanía a seguir siendo la región de mayor pobreza del país.

El seguimiento de las interpretaciones del conflicto tiene su secuencia:

En las narrativas acerca del origen de la CAM se dice que nace oficialmente en 1998, pero comienza a gestarse en 1996, en un nguillatun realizado en la zona de Tranaquepe, cerca del Lago Lleu Lleu, Provincia de Arauco, donde se forma un primer germen de ella, como fue la Coordinadora Territoral Lafkenche (Klein 2008; Pairacán y Álvarez 2011; Weftun 2013), que contó con la suscripción de organizaciones y dirigentes como Adolfo Millabur (repetidas veces alcalde del pueblo de Titúa, actualmente en ejercicio del cargo), La Asociación Ñankucheo de Lumaco, dirigida por Galvarino y Adolfo Raiman, la ONG mapuche Xen Xen, Aukinco Domo, agrupación de mujeres mapuche, varias comunidades mapuche y dos organizaciones de mapuches urbanas de la ciudad de Santiago; Coordinadora Mapuche Metropolitana y Meli Wixan Mapu.

Al segundo encuentro de Tranaquepe solo llegan comunidades en conflicto; las demás organizaciones, con excepción de las de Santiago, se marginan del encuentro, quizás por desacuerdo en planteamientos estratégicos y tácticos, en desavenencias políticas o en formas diferenciadas de solución a las demandas de tierras, especialmente respecto de cómo relacionarse con la institucionalidad indígena del Estado. Sintomático de la división es que de la Coordinadora Territorial Lafkenche sale la Identidad Territorial Lafkenche y la Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco. Cada una se lleva una parte del nombre de la organización embrionaria.

La Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto Arauco Malleco (CAM) irrumpió con acciones y también un imaginario polisémico, para algunos un poder unificado de la insurgencia mapuche, para otros sólo las comunidades en conflicto abierto por tierras con las forestales y latifundistas, y según expertos como Martín Correa, en un “archipiélago de muchas comunidades que se manifiestan en su autonomía, en un amplio territorio tradicional de la resistencia mapuche”.

Un catastro de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) realizado en 1994 detectó 80 conflictos de tierras en comunidades mapuches de la provincia de Malleco, muchos de los cuales no se expresaban orgánicamente o como demanda abierta, y los que se expresan generan inexorablemente hechos políticos. De hecho, en Arauco y Malleco existen 357 comunidades mapuche con Títulos de Merced, que suman una superficie de 90.601,34 hectáreas (González 1986). Estas comunidades representan el 12,2 del total de comunidades con Títulos de Merced, y en su mayoría presentan demandas de restitución de tierras.

Francisco Cortés (2013) distingue a la CAM de otras organizaciones por su estrategia y tácticas desplegadas en la consecución de sus objetivos, donde explicita la acción directa o resistencia con fines políticos. Estas operaciones, especialmente las acciones incendiarias contra las forestales, cambiarán el signo de las manifestaciones mapuche, que se conocían hasta 1997, provocando expectación pública, una inédita respuesta política y represiva del Estado chileno, y el despliegue de violencias de diverso signo. Pairacán y Álvarez (2011) postulan linealmente, sin complejizar el contexto de la demanda de tierras y sin considerar la diversidad de expresiones que posee el movimiento mapuche, que la CAM viene a ocupar un vacio reivindicativo y a dinamizar un proceso en que no existe conducción de organizaciones tradicionales, lo que parece dudoso a Cortés. Lo que sí es evidente es el desplazamiento de organizaciones surgidas en dictadura, como la liderada por el ex militante comunista (y después socialista) José Santos Millao, llamada Ad-Mapu. Y el Consejo de Todas las Tierras que impulsó Aucán Huilcaman al inicio de la nueva democracia. Para Martínez (2012), dirigentes como Santos Millao, Camilo Quilamán, Isolde Reuque o Juan Huenupi entre otros, perdieron apoyo en las bases sociales. Incluso el más joven líder de la transición que fue Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras, y que desde un comienzo había denunciado estas alianzas –con los partidos de la Concertación por la Democracia, coalición gobernante- tampoco se salvó de estas críticas desde la CAM (varios militantes del CTT terminaron en partidos de gobierno: Domingo Colicoy, Eugenio Alcamán, Elisa Loncón, por ejemplo).

El gran enemigo de la CAM y las comunidades son las empresas forestales, fomentadas por el Estado, desde el gobierno de Frei en los 1960s, como una manera de mejorar tierras degradadas. En algunos centros de la reforma agraria bajo Frei y Allende se convocó a llevar a cabo asentamientos comunitarios, a hacerse parte del Plan de Desarrollo Forestal a través de Forestal Lebu, empresa del Estado, administrada por la Corporación de Fomento de la Producción CORFO (Cruz y Rivera 1984, Molina 2000). En Malleco y Cautín, durante el Gobierno de Salvador Allende, se expropiaron 574 fundos con una superficie de 636.288,3 hectáreas. Todas estas comunidades mapuche tuvieron participación total o parcial en 138 predios, siendo la superficie favorable a los mapuches de 132.115,78 hectáreas físicas (Correa et al. 2002 y 2005). Luego del golpe de Estado de 1973, la concentración de la tierra estará en grupos empresariales monopólicos, que a través de sus empresas forestales llevaran adelante la expansión del monocultivo del pino insigne. Su principal soporte será el DL 701 de 1974, prácticamente fagocitado por estos grupos económicos, que les permitió tener un subsidio a las plantaciones por casi el 100%, alcanzando para el pago de mano de obra y gozando del beneficio de no pago de contribuciones (Cavieres et al. 1986).

Como se explicó en la introducción, el año 1997 es clave en el nuevo ciclo de la insurgencia mapuche por recuperar territorio. Las comunidades Pichiloncoyan y Pililmapu se movilizan por recuperar el fundo Pidenco de la empresa forestal Mininco. En octubre en la comuna de Traiguén, otra comunidad autónoma, no adscrita a la CAM, la Antonio Ñirripil o Temulemu, dirigida por el lonko (líder) Pascual Pichún, detuvieron el paso de camiones forestales para recuperar el fundo Santa Rosa de Colpi de propiedad de una empresa forestal, la cual les tenía usurpadas 58,4 hectáreas del Título de Merced original. El predio fue entregado a los mapuche (Correa et al. 2005), pero después de 1973 llegó a manos de Forestal Mininco (Vergara et al. 1999). El proceso de protestas y recuperación de tierras se dispara en el gobierno de Frei Ruiz Tagle (1994-2000). Hubo un máximo de 13 predios prácticamente ocupados en forma simultánea entre los días 22 y 27 de abril de 1999. Asimismo, las acciones violentas se convirtieron en una constante desde la quema de camiones de Forestal Arauco (en 1997), intensificándose notablemente en el último año. Entre el 1 de diciembre de 1997 y el 24 de mayo de 1999, se registraron un total de 17 acciones violentas, entre las que se cuentan ataques incendiarios a fundos y maquinarias forestales, enfrentamientos entre mapuches, carabineros y guardias forestales (Lavanchy 1999).

El ritmo de compra de tierras desde 1997 fue incrementándose, coincidiendo con el despliegue reivindicativo del movimiento mapuche y con las operaciones políticas del gobierno de turno, para controlar focos de activación política mapuche. Entre 1994 y 1997 el promedio de compra de tierras es de mil hectáreas anuales. En 1998 y 2002 las compras de tierras alcanzan las seis mil hectáreas promedio, y entre 2008 y 2011 el promedio anual supera las nueve mil hectáreas anuales. Aunque no se conocen las cifras desglosadas de las tierras adquiridas, un porcentaje relevante de tierras recuperadas corresponderían aquellas de empresas forestales, especialmente Mininco y Forestal Arauco, recuperaciones en las que han participado organizaciones como Ad Mapu, Consejo de Todas las Tierras, Identidad Lakquenche, Asociación Ñancucheo de Lumako, organizaciones territoriales y comunidades mapuche autónomas, así como también comunidades adscritas a la CAM.

La ocupación de tierras de hecho es una estrategia mapuche transversal a las comunidades del territorio entre el Bío Bío y Chiloé (región de Los Lagos hacia el sur de la Araucanía). Sin embargo, contemporáneamente, en Tirúa, una de las zonas más aisladas de menor acceso de la provincia de Arauco, presenta las mismas condiciones de los territorios de comunidades pehuenches y huilliches de zonas cordilleranas de los Andes y de la Costa, que posibilitaron estas ocupaciones, aunque debieron resistir los primeros intentos de desalojo. En zonas que podríamos pensar más reguladas y relativamente centrales, cercanas a vías de comunicación o centros poblados, como es la provincia de Malleco, el despoblamiento ocurrido con la expansión forestal también ha hecho las zonas más inaccesibles y con menor presencia del control del Estado, que no sea a través de los puestos policiales y los vigilantes de los fundos de las empresas forestales.

En 2012, varias comunidades mapuche de las provincias de Arauco y Malleco, no adscritas a la CAM, habían iniciado “recuperaciones productivas” de tierras ancestrales. En la caleta de Quidico, costa de Arauco, Comuna de Tirua, 250 familias de la Comunidad Mapuche María Colipí, viuda de Maril, iniciaron un proceso de recuperación de tierras con fines productivos sobre el fundo Labranza, de dos mil hectáreas de propiedad de Forestal Mininco. En el Fundo Rukañanco y La Posada de Contulmo, de 300 hectáreas y 200 hectáreas respectivamente, se hace la misma ocupación productiva. También se ocupan en Lleu Lleu 78 hectáreas. De igual modo se encontraban ocupados los Fundos “Cerro Negro” y Tirúa Sur, de 300 hectáreas, Fundo El Cardal de 1.600 hectáreas, y el Predio Choque de Forestal Mininco de 400 hectáreas. Un año después, el 16 de abril de 2013, en la provincia de Malleco, las comunidades Andrés Huaiquiñir, Mateo Huenchuman, Pascual Pichulman, Juan Quilaqueo, Painen Marileo y Rain Chillacura, todas pertenecientes al Lof Cayu del Bajo Pellahuén, proceden a recuperar 15 mil hectáreas de tierras consideradas usurpadas por las empresas forestales Masisa, Mininco y Arauco. Sin embargo, estas comunidades no apelan a los argumentos de la CAM, sino que interpelan a la historia y los compromisos del Estado de Chile con el Pueblo Mapuche, al señalar que la recuperación de los predios se efectúa después de 132 años de usufructo de las tierras por personas naturales o jurídicas ajenas al pueblo mapuche. Señalan que en virtud del Convenio 169 de la OIT vigente en Chile desde 2009 es posible invocar el Tratado de Tapihue de 1825, que prohibió la presencia de chilenos en territorios mapuches, debidamente demarcados por el río Bío Bío. Justifican además las recuperaciones de tierras en el Artículo 28 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que establece el derecho a la reparación y restitución de tierras tradicionalmente ocupadas.

Respecto a los beneficios percibidos por las empresas, se tiene el siguiente balance económico:

Los anunciados problemas económicos no se ajustan con los niveles de ganancias obtenidos por estas empresas, donde los principales grupos económicos forestales con plantas de celulosa, Arauco y Compañía Manufacturera de papeles y Cartones CMPC, entre 1996 y 2010 aumentaron sus ganancias en ocho veces, con rentabilidad superiores al 30% (Frêne y Núñez 2010): Las utilidades acumuladas durante el período 2000-2005 superaron los 2.268 millones de dólares. CMPC por su parte obtiene en 2005 utilidades mayores a 230 millones de dólares, acumulando en el período 2000-2005 más de 1.269 millones de dólares (Monsalve 2007). De igual modo, a pesar de la reivindicación de tierras del movimiento mapuche y de las acciones de violencia política atribuibles a la CAM, en el periodo 1993 a 2007, a juzgar por las declaraciones empresariales, se aprecia una disminución de la tasa de plantación, pero en ningún caso la paralización de las plantaciones.

La salida que visualizan los investigadores, considerando su estudio, es la siguiente:

La alternativa de una salida política: Región Plurinacional 

La política de atacar las consecuencias de los desastrosos planes de desarrollo forestal, con criminalización y represión, en vez de atender a las causas que han generado los odios, miedos, uso de la fuerza, por ambos lados, no han hecho sino validar una hipótesis archiconocida en las ciencias sociales. A saber, que mientras más violencia se practique contra un grupo humano, que se plantea étnicamente diferente y es reconocido por el “otro” como tal, más se cohesiona y más se agudiza el conflicto. Y esos hechos de violencia y abuso-victimización son transmitidos a través de generaciones, ayudando a crear fronteras muchas veces infranqueables con malas disposiciones entre vecinos para el futuro.

En resumen:

 La violencia en la Araucanía tiene varios rostros, una violencia política social, usada de modo circunstancial por las comunidades mapuche y organizaciones como la CAM, que busca justicia y que se expresa como resistencia y respuesta legítima ante los otros tipos de violencia material y simbólica, de carácter empresarial y del Estado, de manera permanente. En este sentido la violencia empresarial se expresa a través de las masivas plantaciones de pino insigne y sus efectos medioambientales y territoriales, en cuanto tiene la posesión y tenencia de tierras ancestrales indígenas, sino también con la presencia de las guardias y grupos paramilitares para resguardo de sus predios y bosques, reivindicados por las comunidades mapuche.

 El balance del conflicto se describe en su secuencia dramática:  

 Las recuperaciones de tierras en el período 1997 -2013 ha generado dos estrategias inéditas antes de 1990. Por una parte, la Ley Indígena introduce el mecanismo de compra de tierras en conflicto, en respuesta al movimiento mapuche, que surge durante la dictadura, y que en Arauco y Malleco permite recuperar importantes superficies de tierras y resolver algunos conflictos históricos; y un segundo tipo corresponde a la ocupación de hecho, que se conoce como recuperaciones productivas, las que de acuerdo a la información de prensa superaría las 20 mil hectáreas en Arauco y Malleco. Las recuperaciones de tierras corresponden a la acción de comunidades autónomas, organizaciones mapuche tradicionales (Ad Mapu, Consejo de Todas Las Tierras), organizaciones y asociaciones indígenas locales, identidades y coordinadoras territoriales, todas ellas expresiones de la diversidad orgánica de la que se compone el movimiento mapuche en la Araucanía.

Así lo señala uno de sus dirigentes: Somos antisistémicos, porque no aceptamos la dominación occidental como modelo de vida y lo hacemos a través de la lucha territorial. Creemos que las vías que el sistema ofrece, sus programas y políticas sociales, resultan funcionales al sistema que nos oprime, no nos sirve. Queremos pasar a otro tipo de práctica: ocupar territorio y controlarlo. Mediante la acción directa quebrar de alguna manera la institucionalidad que se nos quiere imponer. Llamamos a este proceso “experiencias de control territorial, formas embrionarias de autonomía y liberación” (Llaitul y Arrate, 2012).

Este pensamiento puede cobrar sentido en muchas comunidades y organizaciones mapuches que ven como sus negociaciones y demandas ante el Estado no tiene respuesta o solución. Por ello, ¿puede un proyecto emancipador o de liberación nacional trascender hacia comunidades que no están en conflictos de tierras, que son una importante proporción? ¿El proyecto puede ir más allá de las provincias de Arauco y Malleco? ¿Si el planteamiento de la CAM no considera alianzas, es posible sumar las fuerzas y voluntad mayoritaria para su concreción? Son preguntas a las que solo el tiempo puede contestar.

Conclusiones 

 Después del resultado del plebiscito de salida, constatando que no se sale de la crisis constitucional y del contexto de esta crisis, que corresponde a la crisis múltiple que mencionamos, sobre todo, considerando la focalización nacional, aludiendo a la crisis del Estado nación, podemos aseverar que las salidas políticas, derivadas de elaboradas propuestas, independientemente de su alcance plausible, no son efectivas en la medida que el conglomerado de voluntades singulares de la población, no construye una voluntad integral consensuada. La composición diferencial de las voluntades no podría llegar a una voluntad integral consensuada si es que las partes ponen obstáculos a lograrlo. Es más, yendo a las condiciones de posibilidad iniciales de las voluntades, éstas no llegarían a ser tales en la medida que no racionalicen sus deseos, sus necesidades, su incumbencia en la responsabilidad social, también responsabilidad ecológica. Se actuaría, por así decirlo, mecánicamente, como repetición de costumbres, comportamientos, prácticas, fosilizadas, convertidas en prejuicios.

Lo que se puede observar es el apego de los estratos sociales, para hablar en lenguaje sociológico, el apego de las clases sociales, para hablar en lenguaje marxista, a esquemas de comportamiento, incrustados institucionalmente. Sobre todo, las clases dominantes se inclinan por el apego a una ideología conservadora anacrónica, que considera “natural” la diferenciación social, la diferenciación colonial, y en esta “naturalidad” supuesta, consideran “normal” su dominio, su manejo, su monopolio político, económico y cultural. Por otra parte, circunscriben el futuro a un presente restringido al tamaño de sus prejuicios y sus miserias humanas. Hablan de “desarrollo” como si esta perspectiva fuese indiscutible, olvidando que su “desarrollo”, destruye las condiciones de posibilidad mismas de la vida, de los ciclos vitales. Esta visión es estrecha, no solo mezquina; no toman consciencia que con la contaminación, la depredación, la destrucción ecológica, también de los tejidos sociales, ellos también son arrastrados al abismo apocalíptico, que se avizora con la crisis ecológica.

Sin embargo, la estrechez es más notoria en la casta política, de izquierda y de derecha. Quizás hasta tengan más responsabilidad en el desastre, pues fungen de administradores de la cosa pública, del Estado, se colocan como direcciones políticas, como orientadores de opiniones y proponentes de políticas y estrategias. La casta política cree que puede jugar a diferir la crisis, a ganar tiempo, a manipular con las condiciones de posibilidad y los factores intervinientes. Esta es su ilusión de poder. No se da cuenta que las dinámicas de la crisis no están al alcance de sus dispositivos de poder. No controlan nada, no controlan la complejidad planetaria, incluso no controlan la complejidad social, solo pueden ocasionar débiles vaivenes en medio de la tormenta. Lo único que pueden hacer es diferir un poco, amortiguar muy poco, encubrir, los alcances de la crisis desatada. En verdad, lo único que pueden hacer es engañar a la gente, al pueblo. De esta casta política, la más demagógica es la que corresponde, en la historia reciente, a las formas de gubernamentalidad neopopulistas, a los gobiernos llamados progresistas, socialistas matizados del siglo XXI.

Notas (…)
Fuente: https://www.bolpress.com/2022/09/08/nueva-autocritica-en-los-espesores-de-la-coyuntura-politica-del-plebiscito/ 

Alternativas emancipatorias

Alegrémonos y saludemos que:

Está apareciendo un nuevo tejido, rebelde, que quiere hacer ver que todas y todos somos Amazonía. Es ahora o nunca, porque la Asamblea Mundial por la Amazonía ha puesto de manifiesto que no hay más tiempo, que es hora de unirse, de amazonizarse, de liberar la Amazonía y a los pueblos que la habitan, de mostrar que más fuerte que todas las voces de muerte será el grito de vida que emerge desde la Amazonía y el Mundo.

Los pueblos amazónicos lanzan un grito de vida, más fuerte que Amazonía.

21 de julio de 2020

Luis Miguel Modino

Algo nuevo está naciendo, esa es la primera y más importante conclusión que podemos sacar de la Asamblea Mundial por la Amazonía. Los pueblos indígenas están cansados de ser atacados en sus territorios, memorias y culturas. Y por eso dicen que ya está bien de una selva, derribada, quemada, saqueada por el extractivismo violador, que solo obedece al poder y a la codicia.

Las conclusiones de todo lo vivido el día 18 y 19 de julio, con una participación multitudinaria y representantes de decenas de países de los cinco continentes, nos hacen descubrir que la resistencia de las comunidades está cada vez más organizada y cuenta con más apoyo, también desde la Iglesia católica, a través de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), también desde el hermano Francisco. Juntos se organizan frente a la devastación y al hambre que puede continuar a esta pandemia, que ha puesto de manifiesto que el ecocidio, etnocidio y terricidio avanzan peor que el virus.

Está apareciendo un nuevo tejido, rebelde, que quiere hacer ver que todas y todos somos Amazonía. Es ahora o nunca, porque la Asamblea Mundial por la Amazonía ha puesto de manifiesto que no hay más tiempo, que es hora de unirse, de amazonizarse, de liberar la Amazonía y a los pueblos que la habitan, de mostrar que más fuerte que todas las voces de muerte será el grito de vida que emerge desde la Amazonía y el Mundo.

Todo eso en medio de una pandemia que ha afectado decisivamente a la Amazonía y sus pueblos, que ya ha provocado más de 600 mil contagiados y 18 mil muertos, generando una crisis estructural, con contagios incontrolados, ausencia de medicamentos y sistemas de salud en colapso, que supone un peligro real contra los pueblos y pone de manifiesto un etnocidio de parte de los Estados. Algo que no ha surgido por acaso, que es consecuencia del cambio climático, del cambio en nuestros hábitos de alimentación, de animales muy concentrados en granjas industriales, del uso de transgénicos, del avance de la deforestación, minería, que provocan la destrucción y desequilibrio de la biodiversidad, de urbes más grandes y pobladas. A esto se une un endeudamiento cada vez mayor de los estados y un incentivo del extractivismo.

Ante esta situación, la Asamblea Mundial por la Amazonía ha lanzado sus demandas a los gobiernos amazónicos, pidiendo que sean fomentadas iniciativas comunitarias y acciones a nivel internacional. Se necesita con urgencia una mayor y mejor atención sanitaria, así como una garantía alimentaria, de aislamiento de las comunidades y la paralización de actividades extractivas en los territorios amazónicos, que en este momento están siendo vectores de expansión de la pandemia. Esto debe conducir a reorientar políticas que reduzcan desigualdades sociales y fortalezcan el autocuidado comunitario, fomentando sus iniciativas que están ayudando a enfrentar el COVID-19.

Para eso será necesario impulsar la información y comunicación alternativa, así como las iniciativas de autogobierno indígena y popular como base del autocuidado sanitario comunal, ante el abandono estatal. La Asamblea Mundial por la Amazonía también ha destacado la urgencia de misiones internacionales en el ámbito sanitario, así como de denunciar a los organismos internacionales el etnocidio estatal al que los pueblos están siendo sometidos.

Los participantes en la asamblea han querido hacer ver que es tiempo de movilización para la acción, la reflexión y el cambio, de entender que la Amazonía extrapola el estereotipo del bosque, que luchan por la Amazonía y por todos los demás lugares del planeta, porque luchan por la vida. Desde esa perspectiva la Asamblea Mundial por la Amazonía llama a una movilización global por la solidaridad concreta con los pueblos de la Panamazonía que sufren ahora con la pandemia de COVID-19; a una lucha contra el ataque a los territorios y la destrucción de la vida, a través del boicot a empresas y mercancías que destruyen la región; a la afirmación de nuevos patrones de consumo, de nuevos modos y formas de vida, desde la perspectiva del buen vivir.

De la Asamblea salen tres procesos de auto organización para la movilización de las personas y pueblos, tanto en el interior como fuera de la Amazonía. Este propósito debe contar con el protagonismo de los pueblos y de las organizaciones locales y regionales, así como todos los que se preocupan por el futuro del planeta. Para eso ya se ha elaborado un calendario, pues la movilización no termina en la asamblea, solo está comenzando, con la participación de todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero convergiendo hacia los objetivos generales.

www.religiondigital.org

Fuente: https://www.mensaje.cl/los-pueblos-amazonicos-lanzan-un-grito-de-vida-mas-fuerte-que-todas-las-voces-de-muerte/

 El X Foro Social Panamazónico (FOSPA)9, realizado en Belém do Pará (Brasil) entre el 28 y 31 de julio de 2022 que decide: «Declarar Estado de Emergencia Climática en la Panamazonía y su cumplimiento permanente para permitir su restauración activa y la protección de su biodiversidad en coordinación con los pueblos amazónicos y avanzar hacia un nuevo paradigma de relacionamiento con la naturaleza.» FOSPA Bolivia continúa su publicación señalando que “es la primera de las 13 acciones planteadas. 

 Walter Limache, coordinador Nacional del Programa NINA explicó que:«Es un llamado a que los gobiernos reflexionen sobre el proceso de desarrollo que están impulsando para generar recursos económicos. Tienen que pensar en otras opciones porque está en juego la Amazonía no sólo para los pueblos de los países amazónicos sino para todo el mundo.»

Tras cuatro días de análisis y debates elaboraron un documento de conclusiones que contiene 35 puntos: los primeros siete puntos describen la situación actual de la Amazonía, en la segunda parte plantean una propuesta política de 15 puntos y en la tercera parte presentan 13 acciones para evitar el saqueo de los recursos de la Amazonía y los territorios indígenas por parte de los Estados, así como la vulneración de los derechos humanos de los pueblos amazónicos”.

Veamos como China o el imperialismo ‘bueno’ entrampa y desvía este entretejerse complejo que insume mucho esfuerzo y sacrificio. 

Pueblos indígenas exigen medidas urgentes para proteger la Amazonía

26 de octubre de 2022

Por Sally Jabiel |  Diálogo Chino

 El bosque tropical podría alcanzar un punto de no retorno en 2025. Los títulos de propiedad, la restauración y los canjes de deuda por naturaleza podrían ayudar a proteger el 80%

Las alarmas ya venían sonando. En los últimos dos años, diversos estudios científicos alertaron del punto de no retorno de la Amazonía, debido a las altas tasas de deforestación y degradación. Ahora, una reciente investigación advierte que en menos de tres años el mayor bosque tropical del mundo —847 millones de hectáreas— llegará a un punto irreversible que daría paso a su muerte progresiva: el aumento de las emisiones de carbono que podrían desestabilizar el clima del planeta y los esfuerzos para mitigar el calentamiento global.

26% de la superficie de la Amazonia ha sido deforestada o degradada, según un nuevo informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG)

A inicios de septiembre, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) publicó el informe La Amazonía a contrarreloj: dónde y cómo proteger el 80% al 2025 en medio de las actividades de la V Cumbre Amazónica de Pueblos Indígenas realizada en Lima. Y los resultados son preocupantes, hasta poco optimistas. Según datos analizados desde 1985 hasta 2020, la deforestación y la degradación afectan el 26% de toda la región amazónica. De ese porcentaje, el 20% (un área tres veces el tamaño de Francia) ha sido transformado principalmente en cultivos o pastizales para ganado. 

Para el ecólogo y director ejecutivo del Instituto del Bien Común, Ernesto Ráez Luna, los plazos ya se vencieron. “El 2025 no es un tiempo límite, sino el reflejo de la urgencia de tomar acciones enérgicas”, dijo a Diálogo Chino. “El punto de no retorno implica un gigantesco pulso de emisiones (de dióxido de carbono) que descarrilará cualquier esfuerzo humano por frenar un trastorno climático catastrófico”. De hecho, algunas zonas de la Amazonía, en particular en Brasil, ya están emitiendo más carbono del que capturan, de acuerdo a un estudio publicado por la revista Nature en 2021. 

Necesitamos otro modelo económico que respete y permita la vida. Si no lo hacemos, nos estamos condenando a la extinción

En ese sentido, la protección de la Amazonía es urgente. Ese es el llamado que encabeza la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) —que representa a 511 pueblos indígenas de los nueve países amazónicos— con el fin de proteger el 80% de los bosques y evitar el temido punto de inflexión. Se trata de una meta aprobada el año pasado en el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de la que surgió la coalición Amazonía por la vida: proteger 80% al 2025.

“Queremos hacer un quiebre porque los gobiernos no van a cumplir la meta del 2030, y después dirán que para el 2060 y ya no hay tiempo”, dijo a Diálogo Chino, José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de la COICA, en referencia al ritmo de las negociaciones climáticas. “Nosotros queremos proteger el 80% de la Amazonía y para eso necesitamos otro modelo económico que respete y permita la vida. Si no lo hacemos, nos estamos condenando a la extinción”. 

La agonía de la Amazonía

Solo Brasil y Bolivia son responsables del 90% de la deforestación y degradación amazónica, según el informe de la RAISG. En ambos países, la sabanización —transformación de los bosques tropicales en entornos similares a la sabana—, es una realidad que impacta el 34% del lado brasileño y el 24% del boliviano. 

Por si fuera poco, el pasado agosto, Brasil registró un nuevo récord de incendios forestales, que es el más alto de los últimos 12 años, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

Algo para resaltar, es que la mayor parte de la deforestación amazónica (86%) tuvo lugar fuera de las áreas protegidas y los territorios indígenas. Para Marlene Quintanilla, autora principal del estudio, es la evidencia de que “un área titulada bajo territorio indígena tiene una alta garantía de ser conservada”. “Aunque los pueblos indígenas no tienen presupuestos nacionales, sus medios de vida y la forma en que miran a la Amazonía han incidido de manera muy positiva en su conservación”, precisó la directora de investigación y gestión del conocimiento en la Fundación Amigos de la Naturaleza. 

Sin embargo, los territorios indígenas no están exentos de amenazas. La ampliación de la frontera agrícola —una de las principales causas de deforestación— fue del 160% en tierras indígenas y de 220% en áreas protegidas entre los años 2001 y 2018.

Los medios de vida y la forma en que los pueblos indígenas miran a la Amazonía han incidido de manera muy positiva en su conservación

A eso se suma el asesinato de sus líderes, siendo la Amazonía de Perú y Brasil la zona de mayor riesgo, según un reporte de Global Witness. En 2020, tres de cada cuatro crímenes contra defensores ambientales tuvo lugar en la región amazónica de ambos países, que siguen sin ratificar el Acuerdo de Escazú

“La cuenca amazónica ha sido blanco de muchos gobiernos que la usan como moneda de cambio, como el actual de Brasil”, dijo al respecto Angela Kaxuyana de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, durante la presentación de la investigación. “La falta de conciencia con los pueblos indígenas y el intercambio de nuestros territorios ha ocasionado también la muerte de quienes defienden la Amazonía, una masacre que no podemos seguir permitiendo”, demandó en relación al asesinato de dos defensores guajajara en Maranhao la primera semana de septiembre. 

Las amenazas latentes

A pesar de que la actividad agropecuaria —sobre todo la ganadera— sigue siendo la principal impulsora de la deforestación, el 66% de la Amazonía está sujeta a otros tipos de presiones fijas o permanentes, como la minería, la industria petrolera, las centrales hidroeléctricas, y la construcción de carreteras, según el estudio de RAISG. “Si bien estas vienen generando cambios que no se pueden detectar de forma tan profunda por imágenes satelitales, en su conjunto sí están creando una presión permanente”, dijo la investigadora Quintanilla. Los bloques petroleros ocupan poco más del 9% de la Amazonía, 80 millones de hectáreas que son equivalentes a casi dos veces el tamaño de Japón. En toda la región, el caso más inquietante es Ecuador, donde más de la mitad de sus bosques amazónicos ya son un bloque petrolero —o están destinados a serlo— del cual proviene cerca del 90% del crudo exportado con destino principal a los Estados Unidos. Le siguen Perú con el 31% cubierto por campos petrolíferos, Bolivia con 29% y Colombia con 28%. 

También la Amazonía ecuatoriana, que representa el 2% de la superficie del bioma, concentra el 18% de las hidroeléctricas, un alto porcentaje solo superado por Brasil que tiene la mitad de las centrales. “Las hidroeléctricas ejercen una presión muy importante porque cambian completamente la dinámica hídrica natural, a lo que se suma la red de vías que ha ido en aumento, fragmentando aún más los ecosistemas”, precisó Quintanilla.

Al respecto, el ecólogo Ráez Luna enfatizó que los países amazónicos “deben abandonar estos proyectos de inversión en vías de penetración y explotación de hidrocarburos”. “Hay que repeler los procesos activos destructivos sobre la Amazonía, como el cuadrángulo criminal de la minería de oro, la tala ilegal, el tráfico de fauna silvestre y el narcotráfico”, añadió.

Titulación de tierras en disputa en la Amazonía

Para evitar el punto de no retorno, el informe de RAISG propone una serie de soluciones, entre las cuales la principal es garantizar los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento de 100 millones de hectáreas de sus territorios todavía sin titular. 

48% de la Amazonia es una zona protegida o un territorio indígena reconocido. Sin embargo, el 86% de la deforestación se produce fuera de estas zonas, lo que pone de manifiesto la necesidad de ampliar las protecciones

Tanto las áreas protegidas y los territorios indígenas salvaguardan la mitad de la Amazonía; sin embargo, el resto no tiene ningún tipo de designación y corre el peligro de desaparecer. Según el reporte, las áreas no designadas registran los niveles más altos de transformación y degradación, que llegan a ser hasta ocho veces mayores que en territorios indígenas. 

Para Díaz Mirabal, coordinador de la COICA y líder de la etnia wakuenai kurripaco de Venezuela, la titulación es una obligación moral y ambiental con toda la humanidad. “El Panel Científico por la Amazonía y otros estudios están diciendo que el 80% de los ecosistemas mejor conservados del planeta están en nuestros territorios. Entonces, ¿qué más esperan los países para titular?”, dijo Díaz a Diálogo Chino. “Además hay una relación directa entre la destrucción de nuestro hogar y los asesinatos a líderes y lideresas, por eso el reconocimiento de nuestros derechos es una solución urgente”, sentenció. 

Aunque la titulación es imperativa, según el ecólogo Ráez Luna, es insuficiente. “Es necesario reparar el daño ya causado a la Amazonía”, indicó. Precisamente, en el informe de la RAISG se demanda la restauración del 6% de tierras con alta degradación. “Se deben restaurar incluso muchos territorios indígenas ya titulados, pero ecológicamente degradados, que ya no ofrecen medios de vida suficientes para el bienestar de las comunidades”, dijo el experto.

Canjear deuda externa para proteger la Amazonía

Otra de las soluciones que anunció la coalición tiene que ver con la deuda externa de los nueves países que conforman la Amazonía. La propuesta es la condonación a cambio del compromiso de proteger el 80% de los bosques amazónicos. Dicho en otras palabras: canje de deuda por naturaleza

Para Tuntiak Katán, vicecoordinador de la COICA, la deuda externa impulsa de forma sistémica las actividades extractivas y la destrucción en toda la región. “Planteamos la condonación como una medida de protección inmediata para paliar los desafíos económicos que atraviesan nuestros países”, afirmó. “Los países industrializados y las instituciones financieras internacionales asumirían así la responsabilidad de salvaguardar el planeta, mitigar el cambio climático y aliviar la presión sobre la Amazonía”.  Por ejemplo, en Colombia, que ostenta cerca del 6% de la Amazonía, el canje de la deuda externa por salvar y recuperarla ya está en la agenda del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Para los líderes indígenas, esta es una señal de esperanza en la región. “En nuestros países tenemos muchos recursos naturales, pero ni han nacido nuestros hijos y ya tienen la deuda externa. La condonación de la deuda es una aspiración muy antigua de América Latina”, dijo Díaz Mirabal. 

De esa misma manera, expertos en Ecuador ven como una opción viable el canje de deuda por naturaleza, y opinan que el nivel de endeudamiento limita mucho la capacidad de los países para conservar estos recursos o desarrollar usos sostenibles de los mismos.

También destacan las posibilidades de que acreedores como China —que ha dado un giro discursivo hacia la «civilización ecológica«— desempeñen un papel en estos intercambios potencialmente transformadores. “Si Ecuador y China se ponen de acuerdo para reorientar las finanzas públicas hacia la resiliencia a largo plazo de la Amazonía ecuatoriana, es posible empezar a construir un futuro post-petróleo para el país, basado en el desarrollo sostenible de sus vastos recursos naturales”.

Sally Jabiel es una periodista peruana que escribe sobre temas relacionados a la crisis climática, el feminismo y la desigualdad. Su trabajo ha aparecido en El País, Distintas Latitudes y Migraciones Climáticas.

Fuente: https://rebelion.org/pueblos-indigenas-exigen-medidas-urgentes-para-proteger-la-amazonia/

Examinemos la explicación siguiente sobre:

Canjes de deuda por naturaleza

by José Elosegui | 15 Oct 2006  | Revista Biodiversidad

De la deuda ilegítima al “canje” perverso

Biodiversidad José Elosegui

A la deuda deshonrosa generada en América Latina por los gobiernos ilegítimos desde la creación de los organismos financieros internacionales -en la década de los sesenta- se agrega ahora un nuevo mecanismo perverso: el canje de deuda externa por naturaleza. Un nuevo recurso del capital transnacional para aumentar su control sobre los países pobres. Si bien este mecanismo ha sido puesto en marcha por Estados Unidos en una decena de países, los casos de Paraguay y Colombia son bien ilustrativos del papel que juegan en estos procesos las grandes “transnacionales” de la conservación.

Los programas de “canje de deuda por naturaleza” se tratan, a simple vista, de un acuerdo entre el gobierno estadounidense y un gobierno de un país pobre deudor, mediante el cual Estados Unidos exonera del pago de una parte de la deuda externa a ese estado.

En contrapartida, el país deudor debe invertir determinada cantidad de dinero que Estados Unidos le otorga para implementar proyectos de conservación de su medio ambiente.

Parece un cuento de hadas: Estados Unidos se transforma en un estado protector y salvador de la Madre Naturaleza a nivel mundial, que al mismo tiempo libra a los países más pobres de tener que pagar su deuda externa.

Con una mirada un poco más profunda se descubre un complejo entramado de relaciones que echa por la borda la historia del “Hermano Mayor”.

Bajo la excusa del cuidado del medio ambiente, el gobierno estadounidense, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) de ese país, entre otros actores, despliegan una brutal estrategia de apoderamiento de los recursos naturales de los países no desarrollados.

Así, los canjes de deuda por naturaleza se transforman en una herramienta más al servicio de Estados Unidos y del capital transnacional para extender su poderío a escala planetaria.

El mecanismo

Los “canjes de deuda por naturaleza” fueron creados a mediados de la década de los ochenta y en los últimos años aumentaron los acuerdos de este tipo alcanzados por Estados Unidos.

Este país ya firmó este tipo de convenios con naciones como Bangladesh, Bélice, El Salvador, Filipinas, Panamá, Perú, Colombia y Paraguay.

La estructura general de estos acuerdos sigue, a grandes rasgos, la lógica siguiente. A modo de ejemplo: el gobierno de Estados Unidos otorga a un país deudor nueve millones de dólares, monto que le descontará además de su deuda de externa.

Grandes ONG conservacionistas también otorgan fondos al estado deudor. Las estadounidenses Nature Conservancy, Conservation International y World Wildlife Fund, consideradas como grandes transnacionales de la conservación, figuran en varios de estos acuerdos.

El país “beneficiario” se compromete a utilizar durante determinado tiempo el dinero que recibe en la implementación de proyectos de conservación de sus bosques tropicales, dirigidos por ONG locales que deben ser reconocidas por Estados Unidos.

Este tipo de acuerdos son posibles bajo las disposiciones de la Ley de Conservación de Bosques Tropicales (TFCA, por su sigla en inglés), promulgada en Estados Unidos en 1998. Esa norma regula la utilización por parte del gobierno estadounidense de fondos presupuestales para financiar proyectos de conservación en diversas partes del mundo.

Según la Embajada estadounidense en Colombia, la TFCA fue creada para “proporcionar una oportunidad, a los países en vías de desarrollo que califiquen, de reducir su deuda con Estados Unidos, al tiempo que generan financiación para actividades que ayuden a conservar sus importantes áreas de bosques tropicales” (1).

Por otra parte, la USAID también está involucrada en la firma de estos acuerdos.

Paraguay: el caso más reciente

El gobierno paraguayo, presidido por Nicanor Duarte, firmó en junio un acuerdo de canje de deuda por naturaleza con el de Estados Unidos, que encabeza George Bush, por una suma que supera los siete millones de dólares. El acuerdo todavía debe ser aprobado por el Congreso paraguayo.

Según información brindada por el Ministerio de Hacienda de Paraguay, el acuerdo, en el que participa la USAID y siempre en el marco de la TFCA, es el primer canje de deuda que firma ese país (2).

Paraguay se comprometió, prosigue el Ministerio de Hacienda, a “generar fondos en moneda local para utilizar en la conservación de bosques tropicales en Paraguay” (3), tarea que llevarán adelante ONG locales.

El ministro de Ambiente paraguayo, Alfredo Molinas, fue más enfático todavía. Según el diario paraguayo ABC Color, el jerarca dijo que el dinero que su país reciba de Estados Unidos “está atado” a proyectos del bosque tropical del Alto Paraná. Molinas subrayó que el acuerdo con Estados Unidos constituye un “hito histórico” en el proceso de reducción de la deuda externa de Paraguay.

Varias organizaciones y congresistas opositores al gobierno de Duarte manifestaron su disconformidad por la poca información y la ausencia de discusión pública sobre el canje que se firmó con Estados Unidos.

Organizaciones no gubernamentales pidieron incluso aplazar la firma del convenio, para impulsar antes una discusión nacional sobre sus riesgos y beneficios en seminarios, debates y foros.

Una mirada un poco más profunda: Colombia

Según información brindada por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, esos dos países acordaron en abril de 2004 un canje de deuda por naturaleza por unos diez millones de dólares (4).

Por su parte, el gobierno colombiano, que preside Álvaro Uribe, se comprometió a utilizar los fondos en la implementación de proyectos locales de conservación, con el objetivo de proteger importantes áreas de bosques tropicales.

Para llevar a cabo este canje de deuda por naturaleza, el gobierno de Estados Unidos cedió a Colombia 7 millones de dólares de asignaciones bajo la TFCA.

Las ONG Nature Conservancy, Conservation International y World Wildlife Fund contribuyeron con 1,4 millones de dólares.

Las áreas de Colombia que se beneficiarían por la firma de este acuerdo son los bosques del noreste de los Andes tropicales, la región del río Orinoco en los Llanos Orientales y el Caribe. Estas zonas son inmensamente ricas en fauna y flora.

Según Hildebrando Vélez, integrante de la organización ambientalista Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, la TFCA exige que en el país que recibe los fondos se establezca un administrador que los maneje, que tenga la confianza de Estados Unidos (5). Vélez explica que en el caso colombiano el administrador es el Fondo para la Acción Ambiental, fundación sin fines de lucro constituida en el año 2000.

Esa institución es la encargada de ceder los fondos para financiar proyectos de ONG colombianas, dispuestas a trabajar en la conservación de los bosques tropicales en las áreas seleccionadas.

Las consecuencias

En realidad lo que se logra con los programas de canje de deuda por naturaleza es entregar a Estados Unidos y a Nature Conservancy, Conservation International y World Wildlife Fund, el poder de decisión sobre los recursos naturales de un país.

El país deudor, que supuestamente es el “beneficiario” del canje, en realidad pierde posibilidades de decidir sobre el manejo de sus propios recursos, facultad que cede al gobierno estadounidense, a las empresas privadas asociadas a él y a las grandes transnacionales de la conservación.

Por lo general, están de por medio las regiones más ricas y abundantes en recursos de la nación deudora. Ese país no solo depende, con estos canjes, de decisiones foráneas para manejar sus recursos, sino que además queda expuesto al ingreso a su territorio de grandes empresas privadas que se dediquen a brindar servicios ambientales, entre otros.

En El Salvador quedó bajo “protección” un bosque nublado único en ese país, donde proliferan orquídeas y raros ejemplares de monos araña, pumas y búhos rayados.

En Belice, el canje le costó al estado la entrega de un segmento del Corredor Montañoso Marino Maya, que abarca un pedazo de costas en el Caribe.

En el caso de Perú, el acuerdo con Estados Unidos incluyó el Santuario Histórico de Machu Picchu y la denominada Reserva Natural de Pacaya-Samiria, así como bosques tropicales de la selva amazónica.

El ambientalista Hildebrando Vélez realiza una crítica de los proyectos de conservación locales que se implementan en el marco del cumplimiento de estos programas de canjes de deuda por naturaleza.

Explica que esos proyectos “estarían orientados a que actores particulares realicen tareas que son responsabilidad del Estado, debilitando al mismo y transfiriendo sus funciones a actores privados” (6).

Esos emprendimientos también buscarían “asegurar la conservación biológica con el propósito de tener una disponibilidad futura de recursos para proveer servicios ambientales privatizados” (7), agrega Vélez.

Los servicios ambientales (como el ecoturismo) responden a una lógica de mercantilización de la naturaleza, según la cual los recursos naturales tienen un valor económico y por tanto pueden ser vendidos.

Vélez explica además que esos servicios son prestados por grandes corporaciones transnacionales o sus subsidiarias nacionales.

Es dable esperar que esas empresas no respeten los derechos de las comunidades locales que habitan las zonas donde ellas operan. Esas comunidades corren el riesgo de perder sus territorios y sus recursos naturales por la firma de acuerdos en los que participó el propio gobierno de su país.

Vélez va más allá en su crítica de los proyectos de conservación pactados en el marco de los canjes de deuda por naturaleza. Considera que servirían también para mitigar los impactos medioambientales de los megaproyectos que se realicen en el marco de la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

Lo que parece preocupar al ambientalista colombiano es que mediante esas acciones de mitigación de impactos ambientales, que en principio siempre son bienvenidas, se puedan encubrir los graves efectos del IIRSA en la región.

De esta forma, los canjes de deuda por naturaleza son un complejo mecanismo político y financiero destinado a asegurar al gobierno de Estados Unidos y a las grandes “transnacionales de la conservación” el derecho de apoderarse de los recursos naturales de los países más pobres y dependientes.

El manejo de esos recursos permite además a Estados Unidos satisfacer una de las demandas más importantes del sistema capitalista y neoliberal que promueve, que es la promoción de la participación de empresas transnacionales que se dediquen, entre otros rubros, a la gestión de los recursos y a la venta de servicios ambientales.

En este sentido, resultan bastante claros los procesos de apropiación y privatización del agua en países ricos en ese recurso, principalmente en América Latina.

Fuente: https://grain.org/es/article/entries/1120-canjes-dedeuda-por-naturaleza

Consideremos cómo la segunda opción de la siguiente disyuntiva se impuso en Argentina.

China y Argentina celebraron el 50º aniversario de sus relaciones diplomáticas (II)

¿Relación complementaria o
subordinación y dependencia?

25 de octubre de 2022

Por Mario Hernández | Rebelión

El presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró en una entrevista concedida a Xinhua en Buenos Aires que la amistad entre ambos países es valiosa e importante.  «Hemos logrado acuerdos con China, y hemos logrado que China ponga sus ojos sobre Argentina y nos ayude a llevar adelante, con inversión genuina, proyectos que para nosotros son muy […]

El presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró en una entrevista concedida a Xinhua en Buenos Aires que la amistad entre ambos países es valiosa e importante. 

«Hemos logrado acuerdos con China, y hemos logrado que China ponga sus ojos sobre Argentina y nos ayude a llevar adelante, con inversión genuina, proyectos que para nosotros son muy importantes», declaró el mandatario. 

Fernández valoró positivamente los lazos bilaterales, añadiendo que «el vínculo entre Argentina y China, para mí, es muy importante. China es un actor central en la economía mundial». 

A comienzos de febrero, el presidente de Argentina realizó una visita a China, donde fue recibido por su homólogo chino, Xi Jinping. 

Ambos mandatarios anunciaron, en Beijing, el lanzamiento del Año de la Amistad y Cooperación China-Argentina 2022, con motivo del 50º aniversario de las relaciones diplomáticas. 

Durante la visita, Argentina también reafirmó su adhesión al principio de una sola China y el país asiático, a su vez, reiteró el apoyo a la reivindicación argentina de ejercer su derecho de soberanía plena sobre las Islas Malvinas. 

«Creemos, definitivamente, que hay que respetar la integridad territorial de las naciones. Por eso también siempre acompañamos la idea de que hay una sola China y siempre estuvimos al lado de ese planteamiento», sostuvo el jefe de Estado argentino, en declaraciones a Xinhua

Argentina y China coinciden además en la importancia de impulsar el multilateralismo, propiciar el comercio internacional basado en reglas comunes y mejorar la gobernanza global. 

Frente a la pandemia de COVID-19, ambas partes se mantuvieron unidas y se ayudaron mutuamente, dando un buen ejemplo de solidaridad y cooperación. 

Los primeros lotes de insumos sanitarios que envió China a Argentina nada más comenzar la pandemia, en abril de 2020, fueron entregados en cajas con la siguiente leyenda: «Los hermanos sean unidos», título que refiere a uno de los pasajes del Martín Fierro

«Estos 50 años de relaciones formales constituyen un ciclo muy fructífero. Lo primero que destaco es la continuidad que ha dado Argentina a la profundización de la relación con China, más allá de los distintos Gobiernos nacionales, el hecho de ver a China como socio estratégico de Argentina», dijo a Xinhua el director del Observatorio Sino-Argentino, Patricio Giusto. 

El académico destacó que «hay un consenso generalizado en la clase política de nuestro país y eso se ve traducido en cómo han ido prosperando las relaciones bilaterales, sobre todo, en los últimos 20 años». 

El también profesor visitante en la Universidad de Zhejiang valoró que Argentina y China «se han ido acercando, independientemente de quién gobernaba en cada lado, por una complementariedad natural, que está en plena expansión». 

Los vínculos comerciales entre China y Argentina se han mantenido estables desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace medio siglo. 

Según datos del ministerio de Comercio chino, el comercio bilateral aumentó más del 28 % interanual en 2021 y China sigue siendo el segundo socio comercial más grande de Argentina. 

La académica y experta en comercio internacional Romina Sudack señaló a Xinhua que «la relación bilateral en materia comercial ha ido en evolución sostenible, a partir de acuerdos, memorandos de entendimiento y protocolos, entre otros documentos e iniciativas conjuntas en estos 50 años». 

«Se han firmado más de 180 documentos entre ambos países y se puede evidenciar el enriquecimiento de los flujos comerciales, con reciprocidad y facilidades para la importación y exportación de las mercancías producidas por cada una de las partes, así como para el intercambio tecnológico», valoró la analista. 

Sudack, integrante del GEChinA, Grupo de Estudios sobre China y Argentina, resaltó que «se perfila la voluntad de ambas partes de consolidar, desarrollar y diversificar las relaciones económicas entre los dos países a través de una cooperación más amplia, recíproca y permanente». 

Los ejes de esa cooperación incluyen «agricultura, ganadería, pesca, explotación petrolífera, gasífera, carbonífera, la industria alimenticia, frigorífica, petroquímica, carboquímica, medicinal y farmacéutica. También siderurgia vial, naval, ferroviaria, portuaria, industrias de maquinaria liviana en general, equipos para telecomunicaciones, electrónicos y médicos, como también servicios de consultoría, ingeniería y seguros», enumeró. 

Ahora es habitual encontrar, en las mesas de hogares y restaurantes de China, productos argentinos como cerezas, uvas, arándanos, mandarinas, limones, arvejas, miel, langostinos, camarones, carne de ave, ovina, porcina y vacuna. 

A todo ello se suma el apoyo de China para que Argentina modernice su infraestructura. 

Ese respaldo se manifiesta con la construcción de represas hidroeléctricas en el sur de Argentina para modernizar la matriz energética, o con la puesta en valor del transporte ferroviario de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, modernizando los trenes de carga que atraviesan provincias agroexportadoras del norte. 

Y con el financiamiento y las tecnologías para desarrollar paneles solares que permitan sustituir combustibles fósiles por energías alternativas en el noroeste. 

Sudack mencionó que, en esta nueva etapa de cooperación, el eje estará puesto «en la construcción de instalaciones industriales y en la modernización de las ya existentes, y también en la transferencia de patentes y licencias». 

«Se han dado pasos para profundizar en el intercambio bilateral y en pos de dotar de mayor valor agregado a los envíos argentinos», resumió. 

Durante la visita del presidente Fernández a China, las dos partes emitieron una declaración conjunta sobre la profundización de su asociación estratégica integral y firmaron una serie de documentos de cooperación, entre ellos un memorando de entendimiento sobre la promoción conjunta de la construcción de la Franja y la Ruta. 

«La adhesión formal de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta permitirá un desarrollo muy fuerte del país en sectores como minería, energía y electromovilidad», dijo Giusto. 

El experto señaló que la cooperación bilateral a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta es «un nuevo hito, que se suma al de 2004 cuando se estableció la asociación integral, y al hito de 2014 cuando se estableció la asociación estratégica integral». 

«Las partes han dado sólidos pasos en favor de una profundización de la relación, que no incluye solo lo económico, sino que también tenemos intercambios crecientes en lo cultural, en lo educativo, en lo deportivo y en turismo, pese a las distancias geográficas», afirmó. 

En opinión de Sudack, durante los últimos 50 años Argentina pasó a intercambiar con China productos de mayor valor agregado, con un elevado componente tecnológico, lo cual favoreció a más sectores industriales argentinos, integrando también a las pequeñas y medianas empresas en estos flujos. 

«Ser parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta es positivo y refleja la apertura de China hacia el logro de un multilateralismo con ganancias y beneficios mutuos para todos sus participantes en esta red de crecimiento que Beijing impulsa», indicó la académica. 

Al reunirse en Beijing con Fernández, Xi dijo que China está dispuesta a impulsar los intercambios y la cooperación en varios campos y dar comienzo a otros 50 años brillantes bajo la asociación estratégica integral con Argentina. 

Giusto remarcó que «con la llegada de Xi al gobierno en 2013, Latinoamérica fue resignificada en la visión estratégica de China, y Argentina no fue la excepción, por ser uno de los actores más relevantes de la región». 

«Con el presidente Xi, hubo un nuevo impulso a la relación que, rápidamente, se dio en 2014 con la ampliación de la asociación estratégica integral entre las partes», recordó el analista, para quien Xi «ha apostado a esta relación de 50 años, dándole un lugar de privilegio a Argentina, que tiene abiertas las puertas de China para que la cooperación se profundice, algo que es muy bueno para nuestro país». 

Los proyectos 

Nuestro país necesita inversiones para desplegar la obra que busca mejorar la línea de transmisión desde Futaleufú hasta Puerto Madryn, y que energiza, a partir de esa central hidroeléctrica, a la planta de fabricación de aluminio Aluar. 

También desea concretar el cruce del gasoducto por el río Paraná y el ramal hacia el norte de Corrientes a Misiones. Esto se denomina Etapa III del plan del GNEA, cuya realización beneficiará a la población y economías de las dos jurisdicciones del NEA. La puesta en marcha de la Etapa III del Gasoducto del Noreste Argentino involucra una inversión inicial de $ 40.000 millones para 2021 y otra de $ 30.000 millones para el 2022. 

Otro proyecto es la Central Térmica Manuel Belgrano II, cuyo costo aproximado es de $ 5.000 millones. La construcción de esta central de ciclo combinado brindará al sistema eléctrico una potencia de 810 MW. 

Asimismo, se impulsa la construcción del Gasoducto San Jorge para transportar la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta. Allí se pretende una inversión china por U$S 2.500 millones. Implicará la construcción de un gasoducto de 1.000 kilómetros desde Tratayén, en Neuquén a Salliqueló, en el distrito bonaerense. De concretarse, alcanzará una capacidad de transporte de 60 millones de metros cúbicos diarios. 

El otro pedido oficial se refiere a la extensión de la red eléctrica del Area Metropolitana Buenos Aires. La compañía china State Grid ya resolvió participar en este proyecto. Incluye obras para la red Nacional 500 kV, Etapa 1, con futuro fuerte impacto en el Gran Buenos Aires. La idea es desplegar un programa destinado a ampliar las redes de 500 kV. 

Según la revista y portal especializado DangDai “hay varias listas de obras posibles que se van alterando y cambiando de prioridades porque se negocian cada una con las provincias dependiendo del presupuesto y de la coordinación que hace Asuntos Estratégicos”. 

Esta publicación señaló que: “En el último listado aparecen obras en varias líneas ferroviarias, de carga y de pasajeros; en aguas y saneamientos, la ampliación del Parque Solar Cauchari (Jujuy), puentes, puertos, corredores viales, obras de conectividad y fibra óptica, trasmisión eléctrica de las represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz, centrales eléctricas y viviendas, entre otras, todo buscando que impacten en la trama socioproductiva argentina”. 

“A China también le puede interesar el polo logístico en Ushuaia, de cara a la Antártida, destacó DangDai. Y quiere participar, a través de Shanghai Dredging (de la gigantesca CCCC) de la licitación por la Hidrovía, entre los mayores emprendimientos. En el Presupuesto 2021 hay partidas previstas para algunas de esas obras, como ferroviarias y de energía atómica”. 

Sin embargo, la obra más importante sería, según DangDai, la cuarta central nuclear. “Se negocian dos contratos. Uno es el comercial con la China Zhongyuan Engineering Corporation (CZEC), subsidiaria de la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC), que incluye la cuestión del combustible nuclear a utilizarse. Y el otro es el financiero, a cargo del banco ICBC, pero del que participan otras instituciones bancarias como el Exim Bank de China”. 

“La obra sería por un total de 8.500 millones de dólares, de lo cual China financiará 85% (a comenzar a saldarse 8 años después, cuando el reactor comience a generar energía eléctrica) y el presupuesto argentino 2021 ya contempla partidas para la obra”. 

De concretarse estos proyectos, nuestro país estará recibiendo el volumen inversor más grande de su historia.  

Cooperación con Argentina frente a la pandemia profundizó el vínculo bilateral 

La valiosa y continua cooperación entre China y Argentina ante la pandemia de COVID-19 permitió profundizar el vínculo bilateral, no solo en materia sanitaria, sino también en lo político, económico y social, destacó la académica argentina Carla Oliva en diciembre 2020. 

«La cooperación sanitaria en el contexto de la pandemia fue muy novedosa. Puntualmente, por los mecanismos a través de los cuales se canalizó, como conferencias virtuales y puentes aéreos entre Buenos Aires y Shanghai, o entre Buenos Aires y Guangzhou, algo que no había sido visto hasta el momento», enfatizó la experta en una entrevista con Xinhua

La coordinadora del Grupo de Estudio sobre China y Argentina (GEChinA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) señaló que «este año la pandemia de COVID-19 determinó el tipo y las materias de la cooperación bilateral, y estuvo centrada en áreas como la cooperación sanitaria, que fue una de las más importantes en ese contexto». 

«De todos modos, esa cooperación no fue excluyente, porque otras áreas, como la política y la económica, también evidenciaron importantes niveles de cooperación», resaltó la analista. 

La licenciada en Relaciones Internacionales por la UNR puntualizó que «uno de los rasgos distintivos de la cooperación sanitaria fue su continuidad, ya que no solo se produjo en el momento inmediatamente posterior al surgimiento de la pandemia, sino que se mantuvo a lo largo de los meses siguientes». 

Esa cooperación permitió «una profundización del vínculo, en la medida en que adquirieron mayor relevancia áreas de cooperación que hasta el momento no eran importantes, como la sanitaria», observó la experta. 

«Además, se sostuvo la cooperación en materia política y económica, que en el nuevo contexto se direccionó a fortalecer esas áreas», agregó. 

Oliva subrayó que «sin duda, la cooperación es el camino para que los países superen los desafíos derivados de la pandemia». 

Consultada sobre qué aspectos es dable destacar de la cooperación sino-argentina a lo largo del año, la entrevistada dijo que «el 2020 fue un año muy particular, porque el grueso de las relaciones pasó por el tema de la lucha contra la pandemia». 

Resaltó que desde el inicio la crisis «asistimos a un importante nivel de cooperación entre Beijing y Buenos Aires». 

La cooperación «se visualizó en los puentes aéreos mediante los cuales los aviones de Aerolíneas Argentinas trajeron insumos médicos, como reactivos, barbijos, trajes y respiradores desde China hacia Argentina», precisó la experta. 

La entrevistada describió además como «un aspecto muy importante de la cooperación en el contexto de la pandemia las videoconferencias entre los Gobiernos nacionales y municipales de ambos países, en las que los especialistas chinos asesoraron en materia de prevención, control y manejo de la pandemia a sus pares argentinos». 

Oliva destacó que la cooperación entre las partes no solo se dio en el ámbito bilateral, sino también a nivel internacional, con una coincidente postura de apoyo al multilateralismo y al rol de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La “política de las mascarillas” 

Acompañada de la “política de las mascarillas” (como se llamó a la asistencia sanitaria china en países como Argentina en el comienzo de la pandemia) primero y de las vacunas después, China no perdió oportunidad de estrechar lazos con los países que resultan base de su aprovisionamiento en cuestiones centrales como la alimentaria o la energética

Si bien la presencia del capital estadounidense sigue siendo predominante en los principales sectores de la economía argentina, la relación con China se ha estrechado profundamente desde el acuerdo de asociación estratégica firmado, en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner. La asociación fue elevada a “estratégica integral”, en 2014, bajo la presidencia de Cristina Fernández y continuó con la firma de decenas de tratados durante la presidencia de Mauricio Macri. 

Con menos fuerza en el inicio de la gestión de Alberto Fernández, producto de la pandemia, los negocios con China comienzan a profundizarse en la actualidad, al ritmo de la reactivación del consumo interno chino. La incorporación de Argentina al Banco Asiático de Inversión de Infraestructura (BAII) en noviembre de 2020, lo que ratificó un acuerdo firmado por Cristina Kirchner en 2015, fue una clara señal en ese sentido. 

El crecimiento del complejo oleaginoso-cerealero argentino, y la consecuente profundización del agronegocio (y sus consecuencias), producido en los últimos 20 años fue acompañado del crecimiento de las compras chinasen el sector. Las compras responden al crecimiento de una incipiente clase media china, que generó un aumento del consumo de carnes de cerdo y pollo. Una producción que depende cada vez más de la importación de cereales y oleaginosas. 

En 2001, el complejo oleaginoso —soja y girasol— implicó para Argentina ventas por 5.264 millones de dólares, mientras que el complejo cerealero —maíz, trigo, arroz— 2.662 millones de dólares. De ese total, por entonces, China explicaba apenas 2.000 millones de dólares. 

El año pasado solo la soja (tanto el poroto como sus derivados harina y aceite) explicó un volumen de ventas al exterior por 14.865 millones dólares y el gigante asiático fue el principal comprador, al igual que en el rubro carnes. Esto consolidó a China como el segundo socio comercial de Argentina después de Brasil y por encima de Estados Unidos

De la mano del crecimiento de las relaciones comerciales con Occidente, se produjo en el mundo una ola de inversiones chinas en los sectores que el gobierno de la República Popular China considera estratégicos para resolver sus necesidades de crecimiento. Los commodities agrícolas son la punta basal para garantizar una estrategia alimentaria integral, y los combustibles y productos mineros fueron los sectores que recibieron mayor financiamiento oriental

América Latina pasó a ser parte de los planes chinos con más fuerza luego de la crisis del 2008. El momento fue una oportunidad ideal para China, que contaba con fondos para la expansión, mientras que Estados Unidos dejaba un vacío para ocuparse de resolver la crisis financiera surgida por la burbuja inmobiliaria que estalló en ese país. 

En ese año se publicó el “Libro Blanco” para América Latina, en el que el Comité Central del Partido Comunista chino dejó en claro los nodos de sus intereses en la región. Luego, en 2015, Xi Jinping prometió una inversión de 250.000 millones de dólares en Latinoamérica a lo largo de diez años, en el marco del proyecto global de infraestructura chino de “la franja y la ruta”. El conjunto de las inversiones en nuestros países tuvo, desde un comienzo, que ver con mejorar el aprovisionamiento chino en sectores claves. 

El actual debate sobre la nueva concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el posible ingreso de la empresa Shanghai Dredging —subsidiaria del holding China Communications Construction Company (CCCC)—, que solamente en América Latina tiene a cargo más de 50 grandes proyectos de infraestructura, camina por el mismo terreno estratégico. 

Daño ambiental 

En la Patagonia se encuentra uno de los principales proyectos de obra pública gestados durante el kirchnerismo con un presupuesto de 4.770 millones de dólares:la construcción de represas hidroeléctricas en Santa Cruz, a cargo de un consorcio entre la empresa argentina Electroingeniería y la china Gezhouba Group Corporation. El 85 % del financiamiento es realizado por el Estado de China y bancos privados de ese país. Es la inversión extraterritorial más grande de China en el sector hidroeléctrico. Los cuerpos de agua potencialmente afectados por la obra son el Lago Argentino, los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y el Parque Nacional Los Glaciares, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.  

Desde el comienzo de la construcción se denunciaron graves deficiencias y omisiones técnicas e informativas de la Evaluación del Impacto Ambiental. A su vez, el informe ambiental fue realizado por una empresa que no estaba habilitada para hacerlo y cuyo ex presidente, Jorge Marcolini, era al mismo tiempo funcionario del ministerio que debía evaluarlo. La aprobación se dio de manera tan apresurada que imposibilitó que organismos técnicos como el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Ianiglia) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) tuvieran tiempo suficiente para efectuar un análisis de los impactos ambientales. Por otro lado, Gezhouba -la empresa china que construirá las represas y se transformó en la contratista extranjera más grande de Argentina- fue sancionada por el Banco Mundial tras reconocer “mala praxis” en proyectos sobre agua, recuperación tras terremotos y gestión de las inundaciones. Justamente, para las represas en Santa Cruz, la empresa debe inundar una gran parte del territorio que rodea el proyecto. 

Proyectos mineros 

En San Juan, la compañía china Shandong Gold es propietaria del 50 % de la operación en la mina Veladero luego de comprar medio paquete accionario en 2018 a la canadiense Barrick Gold, y se comprometió a invertir 145 millones de dólares para seguir explotando el yacimiento hasta 2030. También hubo anuncios sobre la posibilidad de que la compañía china compre Pascua Lama (proyecto binacional) a Barrick Gold. Un derrame por año es el riesgo que enmarca la actividad de la mina de oro ubicada en Veladero. El mayor accidente minero de la historia de Argentina, ocurrió entre el 12 y el 13 de septiembre de 2015, cuando millones de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados cayó al río Potrerillos y contaminó otros cuatro cursos de agua. 

En Jujuy, la empresa china Gangfeng Lithium adquirió Lithium Americas, con sede en Vancouver, por el 50 % del proyecto de litio Caucharí-Olaroz, actualmente en construcción, en lo que se ha transformado en otro de los sectores estratégicos buscados por China con la explotación del litio.  

En La Rioja, la londinense ECR Minerals vendió su filial argentina Ochre Mining a la china Hanaq Argentina, que también se especializa en litio.

Ferrocarriles 

La “modernización” del ramal Belgrano Cargas se dio de la mano de la extensión de la frontera agrícola hacia el norte del país, lo que implica mejorar el transporte hacia los puertos exportadores para bajar los costos que actualmente se encarecen por el uso de camiones en distancias largas. 

Por otro lado, el presidente Alberto Fernández y el ex ministro de Transporte, Mario Meoni, firmaron cuatro convenios con empresas chinas que le prestarán a la Argentina 4.695 millones de dólares para intervenir 3.384 kilómetros de vías del sistema ferroviario de carga en 13 provincias, además de 490 millones de dólares para la adquisición de material rodante, que permitirá aumentar las frecuencias y mejorar la eficiencia de los servicios de pasajeros en todo el país. 

El círculo de la relación se completa así con la importación de productos industrializados como el caso de las locomotoras y vagones traídos desde China: creados con trabajo chino y dependientes de los técnicos chinos, mientras en la Argentina languidece una industria ferroviaria que supo ser de punta y generar miles de puestos de trabajo. 

En el marco de esas inversiones, China apuntó también a quedarse con activos clave en la cadena productiva como es el caso de Cofco, el principal exportador de granos de Argentina en 2020, que desplazó incluso a la histórica estadounidense Cargill del podio. La empresa estatal china se quedó en nuestro país con las agroexportadoras Noble y Nidera, obteniendo así no solo infraestructura para exportar, con puertos y plantas procesadoras, sino también con parte de la generación de semillas y el negocio biotecnológico

El acuerdo porcino 

El polémico caso de las megagranjas de cerdo es otro ejemplo de las inversiones chinas en el país. Ante el avance de la gripe porcina africana que diezmó casi la mitad del rodeo porcino chino, las inversiones se dirigieron a instalar la “fabricación” de cerdos por otros puntos del planeta. Como en otros casos, las inversiones tienen que ver estrictamente con necesidades propias chinas, y como denunciaron productores porcinos locales, terminan avasallando las producciones de las provincias argentinas, que no pueden competir ni por escala ni por financiamiento. 

En todos los casos la zanahoria de la inversión y la entrada de dólares terminan seduciendo a los gobiernos locales, que más allá de las consecuencias a mediano plazo, eligen la llegada de yenes en lo inmediato como palanca para una supuesta reactivación económica. 

El domingo 30 de agosto del 2020, desde la cuenta oficial de Twitter de Cancillería se comunicó la postergación de la firma del Memorándum de entendimiento con China, con el objetivo de incorporar un artículo que asegure “el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad”. 

Fue un triunfo de la movilización popular, en oposición a la instalación de las megafactorías porcinas.  

Pero, ante la dificultad que genera este tipo de inversiones el gobierno chino suele avanzar en acuerdos con distritos más pequeños como provincias o municipios, amparado en acuerdos nacionales. Por ejemplo, Chaco y Santiago del Estero avanzan en acuerdos porcinos, que fueron descartados nacionalmente. 

“Argentina se ha vuelto hoy un patio trasero de China” 

Entrevista de Florencia Beloso al Dr. en Biología e investigador del Conicet, Guillermo Folguera, para Agenda Sur 

– AS: ¿En qué consiste el acuerdo con China? ¿Y por qué China eligió a la Argentina? 

– GF: La información es mala. Lo que está circulando es que se trata de la instalación de 250 “megagranjas” en las provincias de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Catamarca y La Rioja para la exportación de carne de cerdo. Me impresiona la homogeneización de los territorios, esto también se dio con la soja. Con el llamado proceso de “pampeanización” del territorio argentino. Tratar a todo el territorio como si tuviera las mismas características. China elige Argentina por la presencia de agua y por la producción de granos, de maíz y de soja para consumo de los chanchos. Argentina ya tiene montado el sistema. Nuestro país les queda lejos y para los chinos termina siendo bastante positivo, y además, debemos tener los sistemas de control muy flexibles. 

– AS: ¿Qué beneficios tiene este acuerdo para Argentina? 

– GF: El Gobierno impulsa este acuerdo porque es una manera rápida de obtener dólares. Si uno lo rastrea, está previo a la pandemia, pero esta situación quizás haya acelerado los planes de inversión. 

– AS: China es un país inmenso, ¿por qué no instala las granjas en su territorio? ¿Por qué busca otros países para hacerlo? 

– GF: China está atravesando una migración marcada. En 1950, tres cuartos de la población china era rural. En el 2012 más o menos mitad y mitad, y en 20 años se calcula que el 75 % va a ser urbano. Con lo cual tenés un despoblamiento del campo. Tienen territorio para hacerlo. Lo hacen y están dispuestos a pagar el kilo de cerdo más caro. Externalizan los riesgos y los gastos en los bienes comunes. Uno de los grandes problemas de este tipo de producción es el consumo de agua que tiene esa cantidad de animales. Imaginate cómo sería en Catamarca y La Rioja donde el agua escasea. 

– AS: ¿Qué riesgos corremos con este acuerdo, en caso de que se implemente de manera inmediata, cuando recién estamos aprendiendo a convivir con una pandemia? 

– GF: La pandemia no sólo es negada desde la defensa del proyecto, sino que es negado algo que yo creo que es muy grave, que es no comprender que la pandemia tiene poco de carácter excepcional. Hay acuerdos en toda la gente que trabaja en salud de que la pandemia tiene mucho de escenario que ha venido para quedarse. Dado los niveles de hacinamiento de animales, la inyección de químicos, antibióticos y antivirales que están teniendo los sistemas de producción; dada la mala nutrición que tiene gran parte del globo y dado los hacinamientos en las grandes ciudades, las pandemias hay que pensarlas como un escenario más frecuente. Este riesgo no está planteado en el proyecto. Otro tema es la contaminación. Todo megaproyecto con animales lo tiene. Otro punto preocupante es la destrucción del pequeño productor. Hablan del trabajo y en el fondo hay un efecto directo. El 98 % de los productores porcinos son pequeños productores y sólo 100 productores concentran el 50 % de la producción total. Con este tipo de proyectos intensifican la concentración. 

– AS: Considerando la importancia del tema y todos los factores que están en riesgo desde el trabajo del pequeño productor hasta los efectos en el medio ambiente, ¿este proyecto no debería ser tratado en el Congreso, o llevarlo al debate público?  

– GF: No hay ningún tipo de apertura. Hay otro punto. Aprovechan las crisis. Toda crisis la sacan a favor. La aprobación de los transgénicos venía de una crisis agraria, la aprobación de la megaminería venía del menemato. La expansión de la soja vino después de la crisis de 2001. 

– AS: En los últimos días, científicos de Brasil alertaron sobre una nueva cepa de gripe porcina y no descartaron que pueda convertirse en una nueva pandemia. 

– GF: Entiendo que con esto se encienden las señales de alarma y se vuelve especialmente sensible este tema porque estamos en una pandemia. Pero esto es lo esperado cuando vos tenés una producción intensiva de algo. Lo primero que es esperado es que te aparezcan plagas o patógenos que te arrasen una parte de la población. Gran parte del desafío que implicó la agroecología fue justamente comprender que la diversificación es una manera de hacer un sistema más resistente. Cuando vos producís lo mismo, por ejemplo, chancho, eso lo exponés a condiciones donde es mucho más probable que se enfermen los animales. Entonces, la forma que tiene el propio sistema industrial de frenar esa enfermedad es agregándole químicos, antibióticos, antivirales. La capacidad de predecir la zoonosis es baja, lo que está clarísimo es que estamos jugando con fuego. 

– AS: El presidente Alberto Fernández habló sobre soberanía alimentaria cuando anunció el proyecto de ley de expropiación de Vicentín. Ahí un poco se abrió el debate sobre este tema, pero a veces da la impresión de que no se profundiza la discusión y sólo queda en una cuestión de quién maneja o controla algo. Estado vs Control privado. 

– GF: La soberanía alimentaria tiene que ver con la elección que una determinada comunidad hace sobre cómo producir, qué comer y cómo hacerlo. Argentina se ha vuelto hoy un patio trasero de China. En el mejor de los casos, Vicentín representaba la forma que tenía el Estado de maximizar ganancias respecto al sector privado. Pero no parece estar en juego ningún cambio de lógica, ni en formas de producción ni en qué se iba a producir. 

– AS: Entonces mientras no cambie la lógica de producción el sistema seguirá siendo el mismo. Pienso en el ingreso de Monsanto a la Argentina y en el actual canciller Felipe Solá cuando en 1996 autorizó a la estadounidense Monsanto para producir soja transgénica en nuestro país. Un acuerdo que también se realizó con total hermetismo y tuvo infinidad de irregularidades. 

– GF: El acuerdo con China tiene el sello de Solá y de un Estado llamado “Estado empresarial”, un Estado que busca maximizar sus ganancias y los costos sociales y ambientales los mete debajo de la alfombra. Solá sabía lo que había firmado, lo hicieron entre gallos y medianoche tal como se están moviendo ahora. 

Consecuencias para el medio ambiente 

Un aspecto que realza, cada vez con más fuerza, en el debate sobre las inversiones chinas son las consecuencias ecológicas de organizar la producción y la economía para abastecer al gigante asiático. En algunos casos, como el de las megagranjas porcinas, es mucho más evidente la relación entre las inversiones y el pasivo ambiental que implican, y ha generado reacciones sociales más fuertes

Pero otras consecuencias como la extensión de la frontera agrícola para satisfacer la demanda china —que impulsa los precios, a base de mayor uso de agroquímicos y modificaciones genéticas— o el incendio de los humedales para aumentar el espacio para cría de ganado —cada vez más solicitado por el mercado chino y con menos espacio por la sojización— quedan ocultas tras el velo de supuestas definiciones locales.

La pregunta que se abre de la mano de la reactivación de las negociaciones es sobre qué tipo de relación construye Argentina con países como China o las demás potencias compradoras. Desde el Gobierno y algunos sectores del progresismo se habla de “oportunidades de desarrollo” e incluso de economías complementarias. 

Sin embargo, la mayoría de los negocios que ofrece China apuntan a cimentar un modelo productivo extractivista y centrado en los commodities, concentrado en pocos rubros y otorgando al comprador, a través de sus socios locales (exportadoras, grandes dueños de la tierra, grandes empresarios), cada vez más facilidades de negocios y mayor poder de definición sobre el modelo productivo de Argentina. Un modelo que se fue profundizando en los últimos 20 años, al calor del crecimiento de la relación comercial chino-argentina y que, con resultados a la vista, no ha servido para resolver los grandes problemas de las mayorías populares locales

Xinhua News Agency, UyPress – Agencia Uruguaya de Noticias, Resumen Latinoamericano, Radio Gráfica, Agencia de Noticias Tierra Viva, Anred. 

Fuente: https://rebelion.org/relacion-complementaria-o-subordinacion-y-dependencia/

Apreciemos que hay caminos emancipatorios como:

Acción global contra la militarización y la guerra capitalista y patriarcal

29 de octubre de 2022

Por Gilberto López y Rivas | La Jornada

En el marco de la Acción Global contra la Militarización y la Guerra Capitalista y Patriarcal, culminada el 12 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, el Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos de Apoyo al Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ratificó su hermandad y solidaridad con la lucha de los pueblos originarios y las clases trabajadoras del país contra la guerra de desgaste, contrainsurgente, de amplio espectro que el actual gobierno lleva a cabo en todo el territorio nacional, a través de una militarización y militarismo, acompañados de la utilización cada vez más frecuente de la delincuencia organizada, como el otro actor armado en los territorios y espacios rurales y urbanos.

Entiendo por militarización, en el caso mexicano, la asignación de misiones, tareas, prerrogativas, presupuestos y competencias a las fuerzas armadas, no contempladas en la Constitución y sus leyes, y que corresponden a otras secretarías, instituciones y dependencias del gobierno dedicadas a la seguridad, la obra pública y la administración del Estado, entre otras. Para agosto de este año, el estamento militar realizaba 223 tareas de este tipo.

La recolonización corporativa territorial que conforma la llamada acumulación militarizada delincuencial lleva inherente infinitas formas de violencia contra los pueblos, y la sociedad en su conjunto, agrede directa y de manera particular a las mujeres, con la práctica al alza de los feminicidios, pero también contra franjas de la población expuestas por la economía criminal, como los niños, los adolescentes, migrantes, y trabajadores del campo y de la ciudad. Así, el actual gobierno da continuidad a la acumulación capitalista por desposesión, militarizada y necropolítica, que las anteriores administraciones neoliberales pusieron en práctica.

Asimismo, el colectivo manifestó su denuncia en torno a los ataques permanentes contra todas las estructuras, niveles y articulaciones comunitarias, regionales, nacionales e internacionales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de grupos paramilitares, cerco de penetración, vigilancia aérea, terrestre, de toda forma de comunicación, así como el trabajo de espionaje al EZLN, que ha sido expuesto recientemente por el jaqueo de Guacamaya a la Sedena (https://cutt.ly/QNkhM9r).

También se expresó el apoyo al Congreso Nacional Indígena, que este 2022 cumplió 26 años de haber sido fundado en territorio chiapaneco, y a 530 años del inicio del etnocidio y el genocidio que significaron la conquista y la colonización de este continente por los distintos poderes coloniales europeos.

El CNI ha sido blanco de los ataques y las agresiones de la guerra contrainsurgente contra los pueblos de México, ocasionando un número indeterminado de homicidios extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos poblacionales, así como una permanente campaña de terrorismo mediático, fragmentación comunitaria por medio de los programas asistenciales, individualizados, y los proyectos neoindigenistas del llamado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Las recientes filtraciones del jaqueo a Sedena muestran, igualmente, que los militares continúan, durante este llamado gobierno de la Cuarta Transformación, con la inadmisible labor de espionaje, que no de inteligencia, contra integrantes del Congreso Nacional Indígena.

Llegó la Hora de los Pueblos hizo un llamado a la academia, a la intelectualidad, a los y las artistas, a los profesionales independientes de los medios de comunicación, al magisterio, al estudiantado, a quienes mantienen viva la flama del pensamiento crítico, en todas las trincheras de la lucha social, del saber y el conocer, a continuar acompañado la lucha de los pueblos por la vida, por la autonomía, los autogobiernos del mandar obedeciendo, contra toda forma de violencia patriarcal, por la construcción del poder popular, por otro mundo posible y sustentable, guiados por los principios éticos de la democracia concejista comunitaria de los mayas zapatistas.

En esta campaña, varios colectivos y organizaciones efectuaron actividades y movilizaciones en Morelos, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Colima, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Baja California, Tlaxcala y la Ciudad de México, así como eventos en el País Vasco, Bélgica, Alemania y Estados Unidos (https://cutt.ly/YNkji69).

En la maraña ideológica de la clase política en torno a estos temas, dedicada de lleno a la adelantada sucesión presidencial, al conflicto interoligárquico y a la politiquería, los pueblos indígenas ratifican su papel de conciencia crítica de un país a la deriva, manteniendo la esperanza de la utopía concreta.

https://www.jornada.com.mx/2022/10/28/opinion/018a2pol

Fuente: https://rebelion.org/accion-global-contra-la-militarizacion-y-la-guerra-capitalista-y-patriarcal/

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