Con desertificación o sea arrasamiento de las biodiversidades, ecoculturas y potencialidades de constituirse en otros países-mundo confraternales.

Historia y presente/ Ofensiva del sistema mundo capitalista / Alternativas emancipatorias

Historia y presente

El término Abya Yala es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto hacia las raíces de los pueblos originarios; y en ese sentido, el poema Abya Yala Wawgeykuna (Hermanos Americanos), originario del pueblo Quechua de Argentina, hace un llamado a la unidad de los pueblos a mantener presente su origen y a continuar su camino siguiendo las huellas de sus ancestros. Tal como su título indica, Abya Yala Wawgeykuna.

Artes, saberes y vivencias de indígenas americanos, el libro que sostienen en sus manos es un tributo a la filosofía de ese poema, pues intenta plasmar el pasado y el presente de distintos pueblos originarios: sus modos de vida, sus manifestaciones artístico-culturales, sus creencias… y al fin y al cabo, su identidad. Leer

Estamos sumidos en una inflexión histórica como país, como continente y como mundo. El sistema capitalista local e imperialista maximiza el acaparamiento de tierras y bienes comunes hasta el extremo de arrasar la Cordillera, los océanos, los bosques nativos y las selvas. Es hora de generalizar la percepción (conocimiento y posicionamiento) sobre que: La destrucción de la Amazonía nos acerca más al precipicio y a la hecatombe climática. Una humanidad saludable y con futuro necesita de los bosques y pueblos amazónicos vivos.

Urge solidarizarnos, abajo y a la izquierda, con todos los pueblos indígenas del Abya Yala que han creado las biodiversidades de las ecorregiones del continente en interacción cultural con la naturaleza. Desafío que nos exige superar las esperanzas en los gobiernos progresistas o sea en la reforma humanizante del capitalismo que es imposible como podemos analizar en Colombia, el país donde el capitalismo e imperialismo ha optimizado el sometimiento estatal de los pueblos naciones de Colombia.

Pongamos en discusión los siguientes análisis para destapar que cambio de gobierno por elecciones y parlamentarismo conduce a defraudación costosa en vidas y en devastación.

Una propuesta de transición fallida: extractivismos a “manos llenas” en Colombia

20 de agosto de 2022

Por Eduardo Gudynas | Rebelión

La victoria de Gustavo Petro en Colombia desató una animada polémica sobre unas transiciones para abandonar los extractivismos mineros y petroleros.

Esa intención se lee en el programa de gobierno y el ahora presidente Petro lo ha repetido desde hace tiempo. Es transitar hacia una economía sin petróleo y carbón, sostuvo en su discurso tras la victoria electoral.

Como era esperable, esa idea provocó críticas, tales como denunciar que abandonar esos extractivismos llevaría a un colapso económico. Reacciones como ésas, desde el poder político y económico colombiano, fueron tan simplistas que no requieren mayor análisis.

En cambio, merecen consideración los cuestionamientos que provienen de lo que podría llamarse una “academia verde”. El caso más reciente son los dichos de Manuel Rodríguez Becerra, de la Universidad de los Andes y del Foro Nacional Ambiental, afirmando que Colombia debería exportar carbón a “manos llenas” y petróleo y gas hasta la “última gota”. Es más, sostuvo que los planes del presidente Petro de abandonar el carbón y el petróleo eran equivocados.

Seguramente muchos esperarían que desde la academia enfocada en temas ambientales en lugar de proponer más extractivismos se defendiera reducirlos. Pero ese tipo de posiciones no son raras, y otro caso conocido es Brigitte Baptiste, también académica, quien ya había defendido exportar hasta la “última gota” de petróleo (1). Es necesario considerar ese propósito y los argumentos empleados para justificarlo, dejando a un lado los individuos para no entrar en una polémica personalizada.

Los argumentos y justificaciones se encuentran en esas recientes intervenciones en los medios de Rodríguez Becerra. Sostuvo que deben extraerse y exportarse todos los combustibles fósiles ya que “no hay ninguna razón para no hacerlo”, dejar esas actividades “no tiene ningún impacto” (o “cero” efecto) en las emisiones de gases invernadero, y que si Colombia no los exportara, algún otro país lo haría. Agregó que esos extractivismos son necesarios para el «desarrollo» o para «resolver problemas sociales» (2).

Como se verá en el análisis que sigue, esas consideraciones son incorrectas. Reflejan una minimización o incomprensión de los impactos locales de los extractivismos, un incompleto abordaje del cambio climático, y un inadecuado tratamiento de la economía política y la geopolítica de los extractivismos. Esos argumentos no son suficientes para defender a los extractivismos, y por el contrario, son incompatibles con la justicia social y ecológica.

Ese tipo de defensas de los extractivismos se puede esquematizar en el siguiente encadenamiento de argumentos: (a) los extractivismos tienen implicancias sociales y ambientales locales, (b) pero esas consecuencias son menores, manejables o son ignoradas, (c) los efectos ecológicos globales son minimizados o ignoradas, (d) esas exportaciones son necesarias, e incluso indispensables, par a el crecimiento económico y el desarrollo, y (e) eventualmente pueden generar dineros para resolver los problemas locales y sus beneficios superan los perjuicios sociales y ambientales. Se pueden analizar cada uno de estos componentes.

Impactos locales y cambio climático

Comencemos por el primer componente en ese raciocinio. Sostener que se debe continuar con extractivismos mineros y petroleros a “manos llenas” olvida sus severos impactos sociales y ambientales a nivel local. No puede desconocerse, por ejemplo, que la megaminería de carbón a cielo abierto implica una amputación ecológica, o que la perforación petrolera inevitablemente lleva a problemas de derrames y contaminación. La evidencia de estos y otros problemas es abrumadora, y se ha acumulado por años, y cualquiera puede advertirla en Colombia.

En cuanto al segundo argumento basado en que esos impactos se pueden resolver adecuadamente, en realidad en muchos casos no existen esas soluciones tecnológicas o gerenciales perfectas dadas la escala e intensidad de los extractivismos. Sus impactos son inevitables.

Es por eso que si se aplicaran seriamente exigencias y controles ambientales, sanitarios y sociales, muchos de esos emprendimientos serían inaceptables. Se llevan adelante en tanto se imponen daños irreparables a la Naturaleza, y se toleran sus impactos sociales (un aspecto que se discute más abajo) (3).

Sigamos ahora con el argumento del “cero” o “nulo” impacto de los extractivismos colombianos en el cambio climático global. En esa posición hay varios problemas, ya que los combustibles fósiles que exporta Colombia se quemarán en algún otro país, y desde allí alimentarán el cambio climático. Por ejemplo, el carbón que se remueve desde la mina Cerrejón se quemará en una planta de generación eléctrica en Europa, y aunque esas emisiones se contabilizan desde un país europeo, eso no anula que su origen es colombiano ni su efecto invernadero planetario. Si no se considera esa relación estamos ante una incomprensión de las cadenas de comercialización extractivistas y sus consecuencias ecológicas globales.

Para ilustrar esto se puede compartir un rápido ejercicio. Considerando que Colombia en 2021 exportó 54,3 millones de toneladas de carbón térmico, un cálculo provisorio muestra que al quemarse ese combustible fósil se emitiría un estimado de mas de 125 millones de ton CO2 (4). El propósito de estas líneas no es ofrecer un cálculo exacto, sino dejar en claro que solamente un rubro de exportación extractivista termina arrojando millones de toneladas de gases invernadero. Una evaluación similar se debería hacer con las exportaciones de coque y de otros hidrocarburos, lo que aumentaría todavía más los gases invernaderos resultantes.

Por lo tanto, los efectos de las exportaciones extractivistas en el cambio climático no son ni “nulos” ni “cero”. No es riguroso ni propio de la academia sostener que no se emite “nada” o “muy poco”. Es más, si se sumaran a las emisiones nacionales esas otras que son responsabilidad de los combustibles fósiles exportados, seguramente el total se acercaría al nivel de los países industrializados (5). Este es un hecho que no puede olvidarse al diseñar políticas públicas.

De modo similar, muchas veces se sostiene que como Colombia emitiría “pocos” gases invernadero en comparación con los países industrializados, se justificaría continuar con los extractivismos. Este argumento es otra simplificación, ya que, a menos que se sea China, siempre habrá alguien que emitirá más gases invernadero. Basar las políticas públicas en una lógica que asume que el daño que produzco es menor al que provoca otro, no parece muy serio. De este modo queda en evidencia otro asunto clave: no se comprende que todos los países son responsables del cambio climático, y todos deben enfocarse en medidas de reducción de sus emisiones, sin excepciones.

Pero hay otros problemas con esa argumentación de minimizar los impactos de los combustibles fósiles exportados. Es que la quema de carbón tiene una enorme relevancia en el cambio climático global; se ubica en el primer puesto en alimentar las emisiones de CO2 (con el 39% de participación en las emisiones globales). A su vez, la minería de carbón ocupa el segundo lugar después de la de hierro, con las mayores contribuciones al cambio climático debido a la extracción de materia (6). Esto muestra que la promoción de los extractivismos de combustibles fósiles contribuye al cambio climático, pero además, se basa en rubros que están entre los más contaminantes.

Por si fuera poco, parecería que no se entiende que contribuir al descalabro ecológico planetario también afecta a la propia Colombia, un país que padece muchas fragilidades para lidiar con anomalías climáticas y desastres naturales. Es por todas estas razones que la defensa de extractivismos a “manos llenas” expresan una incomprensión de la dinámica del cambio climático y de cómo se articulan sus causas y consecuencias.

Pasando al siguiente argumento de justificación, se sostiene que si Colombia dejara de exportar esos combustibles fósiles, de todos modos alguna otra nación lo haría, y eso mantendría incambiadas las emisiones de gases invernadero globales. Siguiendo esa lógica, no tendría sentido abandonar ese rubro comercial. Ante esas ideas se debe enfatizar que las metas de las políticas nacionales no pueden basarse en las malas prácticas de otros países. Si se aplicara aquel razonamiento, el gobierno colombiano podría tolerar la exportación de maderas amazónicas porque de todas maneras en los países vecinos hay tala ilegal que alimenta la demanda internacional. Entonces, al contrario de esa postura, un país debe asegurar las mejores políticas y gestión ambiental para sí mismo, para sus ciudadanos y su Naturaleza, y no puede tomar como justificativo político o moral las malas prácticas de otros gobiernos.

Economía y desarrollo

Se pueden abordar ahora las consideraciones sobre economía y desarrollo. El argumento extractivista insiste en que esas exportaciones son necesarias para obtener dineros que servirían al desarrollo en general, o para acciones específicas, tales como generar empleo o reducir la pobreza. Es el mismo razonamiento que empleaba el gobierno Duque, y que ha sido utilizado en otros países, y por más de un siglo: insistir en exportar materias primas como el único y necesario camino para el anhelado desarrollo.

La información disponible muestra que esa relación causal entre extractivismo y desarrollo carece de sustento. La dependencia extractivista no resolvió los problemas de pobreza y calidad de vida en América Latina. Además sabemos que produce distorsiones económicas que acentúan todavía mas la simplificación económica del país, impiden la industrialización propia, repetidamente producen enfermedades holandesas (con sobrevaluación de la moneda nacional, invasión de manufacturas de consumo importadas, etc.), generando condiciones para ser todavía más extractivistas (7). De este modo, aseveraciones tan simplistas como las de asumir que “más extractivismo” es “más desarrollo” resultan de una incomprensión de la economía política de los extractivismos (y del desarrollo).

A su vez, la insistencia en exportaciones extractivistas obliga a insertarse en las redes mundiales de comercio, aceptar sus reglas y los canales por los cuales fluye el capital, y adaptarse a los precios fijados en las metrópolis financieras. En otras palabras, se profundiza la subordinación del país a la globalización. Por lo tanto, en el pedido de exportar a “manos llenas” hay una incomprensión de la geopolítica de los extractivismos, ya que se erosionan las autonomías nacionales.

Finalmente, más minería significa inevitablemente más conflictos ciudadanos, más disputas, represiones policiales, violaciones de derechos humanos, y así sucesivamente. Defender los extractivismos parecería que olvida o minimiza esta problemática, sin atender en particular a los llamados “efectos derrame”. Este es un concepto que refiere a la distorsión de las políticas públicas, la erosión de la salvaguarda de los derechos y la tolerancia de la corrupción y la violencia. Esos efectos no son impactos locales de un emprendimiento en particular, sino consecuencias que tiñen a toda la dinámica política de un país, y por ello es posible que sean las consecuencias más graves de los extractivismos. Insistir con los extractivismos desemboca en reproducir esos efectos derrame; a la inversa, la pacificación del país requiere transitar salidas a ellos.

Una transición insostenible

Llegado a este punto es posible ofrecer un balance en esta discusión. La justificación de imágenes tales como las de explotar el carbón a “manos llenas” o el petróleo hasta la “última gota” están inmersas en un conjunto de incomprensiones y mitos tal como se han ejemplificado más arriba. Hay un abordaje inadecuado o parcial sobre lo qué son los extractivismos, sus impactos sociales, económicas y políticas, y a su vez, sobre el cambio climático. Son justificaciones que se vuelven simplistas, como puede ser asumir que los extractivismos aseguran desarrollo, y es ese simplismo lo que las hace populares. Todo esto hace que afirmar que no existe “ninguna razón” para seguir siendo extractivista es insostenible: hay una enorme lista de evidencias y razones para dejar los extractivismos. Se las podrá considerar suficientes o no, verificadas o no, y así sucesivamente, pero no pueden ser negadas o escondidas, y las decisiones políticas deben incorporarlas para poder tomar decisiones de manera informada y rigurosa.

En este contexto se inserta la idea de “transiciones”, que viene siendo usada en uno y otro sentido, e incluso fue empleada por el anterior gobierno de G. Duque. Las transiciones sociales y ecológicas requieren, por un lado, análisis rigurosos y detallados de las situaciones actuales, para determinar qué se quiere resolver y evitar, y por el otro lado, metas y objetivos de cambio. En el repaso que se hace más arriba queda en claro que hay limitaciones importantes en el diagnóstico de los extractivismos actuales. Entonces, si ese análisis de partida es incompleto o inadecuado, las alternativas propuestas también serán limitadas. Eso explica que se use el término “transiciones” y a la vez se promuevan los extractivismos de “manos llenas”. Por lo tanto, en realidad lo que allí se ofrece es una transición entre distintas formas de extractivismos, por ejemplo abandonando el fracking pero incrementando la minería de carbón. Ese tipo de cambio no es una alternativa a la dependencia extractivista ni representa una transición postextractivista.

Se llega así a la cuestión clave en este repaso: una defensa de la Naturaleza, de la justicia social, y de la ecología planetaria son incompatibles con los extractivismos mineros y petroleros. Las transiciones que se necesitan no buscan exportar más, sino que, por el contrario, son medidas y acciones para reducir los extractivismos, desmontar sus efectos derrame y reducir nuestra dependencia global (8). O sea, para dejar de exportar minerales o hidrocarburos a manos llenas.

Notas:…

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

Publicado originalmente en el portal Transiciones.org

Fuente: https://rebelion.org/una-propuesta-de-transicion-fallida-extractivismos-a-manos-llenas-en-colombia/

Pero sucede que:

Colombia, viejo aliado estratégico de Washington-OTAN

18 de agosto de 2022

Por Hernando Calvo Ospina | Rebelión

Aún humeaban las armas en la Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial; el Ejército Rojo soviético apenas emprendía su regreso a casa, luego de enfrentar, perseguir y aplastar a las tropas hitlerianas hasta en la propia Berlín; y ya otro terrible peligro para la humanidad empezaba a emanar desde Washington. Su ejército tan solo había entrado a la guerra cuando la bandera roja, con la hoz y el martillo, empezaba a flotar en los campos de concentración liberados.

Washington había visto la valentía y el ímpetu soviético en la guerra, y ahora veía a ese enemigo ideológico resurgir de entre los escombros. Entonces no podía perder tiempo para apoderarse del herido mundo.

Una de sus prioridades fue concretar el dominio sobre lo que llamaba su «patio trasero»: toda la América Latina y el Caribe, región que no había sufrido directamente el horror de la guerra.

Para ello el presidente Harry Truman promulgó en 1946 la ley sobre «Cooperación Militar Interamericana». Esto se concretó con la firma en Río de Janeiro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, en septiembre de 1947, que integró a todos los ejércitos del continente bajo el dominio estadounidense.

El TIAR debía responder ante cualquier agresión exterior, que, en su lógica, vendría del bloque encabezado por la Unión Soviética.

El pretexto era evitar la llegada del «comunismo perverso y ateo», pero la realidad era tener alejada a la Unión soviética de los incalculables recursos estratégicos de la región, sobre los que sólo podía decidir Washington.

El marco estatutario del TIAR lo redactó el expresidente y embajador en Washington, el colombiano Alberto Lleras Camargo, bajo los criterios establecidos por Washington.

Era natural, entonces, que el gobierno de Bogotá fuera el primero en firmar un convenio militar con el de Estados Unidos bajo los principios del TIAR. Al año siguiente, abril de 1948, se crea en Bogotá la Organización de Estados Americanos, OEA, cuyos estatutos fueron presentados por la delegación colombiana, aunque el texto le había sido entregado por la estadounidense, encabezada por el general George Marshal. Lleras Camargo fue designado como el primer secretario general de la OEA.

Adaptados, los estatutos de la OEA junto a los del TIAR fueron impuestos por Estados Unidos para que se convirtieran en el marco ideológico y operacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, creada el 4 de abril de 1949.

Tan solo seis años después, el 14 de mayo de 1955 se crea el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia. Fue un acuerdo de cooperación militar entre los países del campo socialista europeos, encabezados por la URSS, para responder a las agresivas pretensiones de la OTAN.

De 1951 hasta 1954, Colombia participó en la Guerra de Corea, junto a los países de la OTAN, bajo el mando estadounidense. Fue el único país de América Latina que envió tropas, más de 5 mil soldados. Desde entonces los diferentes regímenes colombianos no han desaprovechado oportunidad para apoyar a Estados Unidos en agresiones e invasiones militares. Casi siempre sin pedírselo.

Se puede destacar su alianza con Washington y los miembros de la OTAN para apoyar a Gran Bretaña, cuando Argentina intentó recuperar militarmente las Islas Malvinas, abril de 1982. Colombia, junto a la dictadura chilena de Augusto Pinochet, fueron los dos únicos países latinoamericanos que se pusieron de ese lado.

Con tropas oficiales o facilitando la participación de miles de mercenarios, Colombia ha estado junto a Estados Unidos y su OTAN en las guerras contra Irak, Afganistán, Yemen…

Pareciera que el mundo político no se modifica en su esencia, que solo cambia de máscara, decoro y personajes, pero las intenciones y procedimientosd del imperio y sus secuaces siguen casi idénticas.

A comienzos de la década de los noventa del siglo pasado, la URSS y el llamado campo socialista europeo se desintegraron y, por lógica, el Pacto de Varsovia. Era de esperar que la OTAN se diluyera al no existir el enemigo comunista. Pero se quedó y empezó a explayarse invocando la necesidad de combatir al tráfico mundial de drogas y al terrorismo. O sea, la OTAN pasaba de ser la más poderosa organización militar multinacional del mundo, para asumir asuntos policiales.

Cierto, era el pretexto, pero se aceptó. Las grandes corporaciones mediáticas, casi todas gerenciadas desde Estados Unidos y países de la OTAN dijeron sin rubor que la «opinión pública internacional», o sea ellos mismos, estaba de acuerdo. Y hasta crearon invasiones y guerras para hacer realidad esos pretextos.

Ya se ha visto que la intención era avanzar hacia el este de Europa, tragándose naciones que habían pertenecido al Pacto de Varsovia, buscando cercar a Rusia, nación que salía del despeñadero en que había caído con la desaparición de la URSS. Resurgimiento impensable en la década de los noventa. Estados Unidos-OTAN no habían logrado apropiarse de sus descomunales recursos estratégicos, en particular el petroleo y gas.

Además, Rusia fue expandiéndose económicamente por el mundo, pero sin soldados invadiendo, ni chantajes políticos o económicos, logrando estratégicos intercambios comerciales en África, Asia y América Latina.

¡Ah, pero también China!: sin ejércitos, ni extorsiones monetarias o amenazas contra la soberanía de otras naciones.

Estados Unidos fue asumiendo desde hace dos décadas que el poder económico mundial se estaba saliendo de su control. Por eso impuso a la OTAN el hacer presencia urgente en esas regiones, aunque nada tenían que ver con sus objetivos fundacionales ni regionales.

Aunque discretamente, la Alianza Atlántica ha tenido cierta presencia en América Latina y el Caribe a través del Comando Sur estadounidense, pero básicamente por intermedio de sus colonias en el Caribe: los Países Bajos tienen a Bonaire, Aruba y Curazao, entre otras; Francia mantiene en su poder a Martinica y Guadalupe, principalmente; Gran Bretaña coloniza las Islas Vírgenes, Monserrat, Anguilla, además de no soltar totalmente a Jamaica; Estados Unidos subyuga a Puerto Rico.

En el Atlántico sur Gran Bretaña invade las islas Malvinas, y Francia tiene al departamento de la Guayana.

Impulsada por Washington, ante la expansión comercial de Rusia y China la OTAN se lanzó a poner pie directo en países, digamos, soberanos. Es así como en 1998 el presidente Carlos Menen se felicitó de que ella incluyera a la Argentina como «aliado principal extra-OTAN». Nada importó que esa misma OTAN le hubiera hecho la guerra para que las Malvinas siguieran en manos de Londres. En 2019 otro neo liberal extremista, Jair Bolsonaro, se enorgulleció que a Brasil se le otorgara la misma categoría.

Así la OTAN tuvo de su lado a dos de las tres potencias latinoamericanas (México es la otra), sin que ello la obligara a apoyarlas en caso de un conflicto armado.

Con la llegada del presidente Hugo Chávez al gobierno en Venezuela, y de una serie de presidentes progresistas en varios países latinos, que exigían respeto a la soberanía de sus naciones, la necesidad de una presencia efectiva de la OTAN se acrecentó para Washington.

En junio 2021 fue definida la «Agenda OTAN 2030», la que venía siendo planificada desde el gobierno de George W. Bush (2001-2009). En ella se precisó la urgencia de fortalecer las relaciones con América Latina, África y Asia con un fin muy concreto, repetimos: contrarrestar la influencia de Rusia y China. Y no precisamente la militar: la económica.

La presencia de la Alianza en América Latina debería servir para lo que en su momento sirvió el TIAR: por intermedio de la amenaza militar, imponer condiciones políticas y económicas a los principales rivales de Washington-OTAN.

Y si Cuba fue el gran desafío de Estados Unidos en la década de los sesenta, Venezuela con Chávez y el presidente Maduro la amenaza se triplicó por ser una nación con inmensos recursos estratégicos, empezando por el petróleo. Es que estos gobernantes se atrevieron a tener como aliados estratégicos a Rusia e Irán, en lo económico y militar.

Con los antecedentes de nación postrada a Washington, fue natural que desde Colombia se empezaran a organizar los planes de Washington-OTAN para desestabilizar al gobierno bolivariano, que incluía una invasión militar.

Por lo menos desde el año 2000 tropas de varios países de la OTAN tuvieron presencia regular en Colombia, utilizando las 9 bases instaladas por el Pentágono para uso exclusivo, o en cualquier batallón en el país. Militares colombianos se entrenan desde hace varios años en las escuelas que la OTAN tiene en países europeos. Las pocas veces que ello salió al público se adujo que era una colaboración para la guerra al narcotráfico. «Colaboración» que se ha mostrado bien inservible porque desde entonces la producción de cocaína no ha parado de aumentar. Como el tráfico de opio se disparó en Afganistán mientras estuvo invadida por la OTAN.

Estas tropas de la OTAN sirvieron en realidad para entrenarse en la guerra contra las guerrillas y para asesorar en técnicas de espionaje.

Un poco antes del año 2016, y más precisamente desde que la guerrilla de las FARC entregara las armas, la estrategia militar del ejército colombiano empezó a cambiar por orden de Washington. Había sido un ejército altamente especializado en contraguerrilla y en perseguir y asesinar al «enemigo interno», o sea a la oposición política. Ahora debía pasar a tener un ejército para la guerra regular, y hasta adaptar su armamento. Ha sido una prioridad dentro de los planes estadounidenses para agredir a Venezuela.

Y ahí la OTAN estaba para asesorar y aportar armamento.

Además era imposible no pensar en la posibilidad de utilizar a las tropas colombianas, que en número sólo son superadas por las de Brasil en Latinoamérica: 350.000 y 200.000, respectivamente.

El 11 de marzo del 2022, Washington dio el reconocimiento al régimen colombiano de «Aliado preferencial estratégico no miembro de la OTAN». Bogotá y Washington corrieron a explicar que ello no se condicionaba solamente al área militar, sino que convenía al futuro de Colombia porque también integraba el desarrollo económico, la educación, el desarrollo rural, seguridad y defensa, democracia, migración, cambio climático y COVID. Así, se podría pensar que EE.UU-OTAN y Colombia acababan de conocerse. No solo ello: el acuerdo también es para «combatir al crimen organizado», la «seguridad humana». Más adelante se habla de «fortalecer» a las fuerzas armadas colombianas.

O sea, se oficializó una vieja realidad.

El estatus de «aliado principal extra-OTAN», es una designación bajo la ley estadounidense pero que no hace parte de la OTAN al país ni lo respalda si es atacado por otra nación «amiga» de Washington.

Entre las «ventajas» que tiene Colombia al poseer ese estatus, están el obtener préstamos de material militar, suministros o equipo con fines cooperativos de investigación, desarrollo, prueba o evaluación, así como para la entrega prioritaria de artículos de defensa. Eso sí, y es bien clarito en el acuerdo: salvo que el Pentágono o la OTAN lo acuerden, Colombia debe reembolsar todos los costos.

Colombia ha quedado como el principal aliado de la OTAN en la región. Que, como ya vimos, siempre lo ha sido para Washington.

Las preguntas obligadas a plantearse ahora son: ¿es que el nuevo gobierno Gustavo Petro – Francia Márquez, dejará a Colombia con ese estatus, a pesar de sus consecuencias? ¿Seguirá dejando que el Pentágono haga en su territorio lo que le venga en gana, ahora con la OTAN sumada oficialmente? ¿Permitirá que Estados Unidos siga buscando la desestabilización del gobierno bolivariano de Venezuela desde su territorio?

Ojalá que la dignidad y la soberanía por fin lleguen a Colombia, para que sea un territorio de paz, dentro y fuera de sus fronteras. Porque desde que Colombia se llama Colombia ni dignidad, ni soberanía y menos paz ha tenido.

Este texto hace parte de la campaña «No + OTAN», organizada por el Comité Promotor en la República Bolivariana de Venezuela

Fuente:  https://rebelion.org/colombia-viejo-aliado-estrategico-de-washington-otan/

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Guerra, paz y capitalismo en Colombia

20 de agosto de 2022

Por Alberto Pinzón Sánchez | Rebelión

Así como las nubes tienen en su interior el agua y la tormenta, el capitalismo lleva en su interior la guerra, y en ninguna otra parte del mundo la Historia muestra esta intrincada relación, que cada día cobra mayor actualidad, como en Colombia.

Una vez más la Historia, muestra que tiene la razón: El capitalismo nace con la guerra, se alimenta y crece con la guerra y, mientras subsista, habrá guerra; sobre todo en ese atormentado y ensangrentado país del capitalismo trasnacional DEPENDIENTE donde persisten 5 nichos o  mercados capitalistas muy bien establecidos muy difíciles de erradicar, que dejan fabulosas ganancias al complejo militar-industrial-financiero (como hoy se denomina a SÍ mismo el Imperialismo global) y que son:

1 ) El mercado de las armas y la tecnología militar estricta.

2) El mercado de la seguridad (incluida la seguridad privada y la tecnología informática de punta y de localización personal por satélite).

3) El mercado de la cocaína.

4) El mercado de la tierra despojada, y,

5) El mercado de los contratos (de todo tipo) del Estado contrainsurgente. . 

Baso la anterior afirmación en dos libros trascendentales para la humanidad, no solamente por su antigüedad sino por las luces que siguen irradiando a las generaciones futuras, a pesar de los muchos intentos de sus enemigos por tacallarlos o tergiversarlos y aún prohibirlos. Uno es el Capital de Marx ( 1867) (*), especialmente el capitulo sobre la llamada “Acumulación Originaria”, y otro, el libro-denuncia presentado en 1552 al poderoso rey Carlos V, por fray Bartolomé de las Casas “Brevísima relación de la destrucción de las Indias” (**), que pronto fue traducido e impreso ilegalmente por los imperios coloniales rivales del español, ( Holanda Francia e Inglaterra), y en donde el fraile, como testigo presencial de excepción, pudo describir en detalle los horrores, saqueos, matanzas, exterminios y demás etcéteras de aquella Primera Guerra de Civilizaciones del sistema Colonial del Capitalismo que Marx, pudo leer en Inglaterra al analizar dicho proceso en el capítulo mencionado sobre la Acumulación Originaria. 

Trascribiré algunos párrafos pertinentes al proceso, pidiendo disculpas al lector por el recorte, debido a la naturaleza de este escrito. Escribe Marx así (*) :

….” La llamada acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Se llama originaria porque forma la prehistoria del capital y del modo capitalista de producción”…..el movimiento histórico que convierte a los productores en obreros asalariados, representa la liberación de la servidumbre y de la coacción gremial, y este aspecto es el único que existe para nuestros historiadores burgueses. Pero si enfocamos el otro aspecto, vemos que estos trabajadores recién emancipados sólo pueden convertirse en vendedores de SÍ mismos una vez que han sido despojados de todos los de todos los Medios de Producción y de todas las garantías de vida que las viejas instituciones feudales les aseguraban Y, esta expropiación queda inscrita en los anales de la historia con trazos indeleble de sangre y fuego. (pág 103)

Y, más adelante continúa su aclaración: 

…El proceso de donde salieron el obrero asalariado y el capitalista tuvo como punto de partida la esclavización del obrero. Este desarrollo consistía en el cambio de forma de esclavización: la explotación feudal se convirtió en explotación capitalista. Para comprender la marcha de este proceso, no hace falta remontarse muy atrás: aunque los primeros indicios de producción capitalista se presentan ya esporádicamente, en algunas ciudades del mediterráneo durante los siglos XIV y XV, la era capitalista solo data en realidad, del siglo XVI, Allí donde surge el capitalismo hace ya mucho tiempo que se ha abolido la servidumbre y que el punto de esplendor de la Edad Media, la existencia de ciudades soberanas, ha declinado y palidecido. En la historia de la acumulación originaria confluyen todas las transformaciones que sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista y sobre todo los momentos en que grandes masas de hombres son despojados repentina y violentamente de sus medios de subsistencia y lanzados al mercado del trabajo como proletarios libres pero desheredados. Sirve de base a todo este proceso la expropiación que priva de su tierra al productor rural, al campesino. Su historia presenta una modalidad diversa en cada país, y en cada uno de ellos recorre las diferentes fases en distinta gradación y en épocas diversas. Reviste su forma clásica sólo en Inglaterra, país que aquí tomamos como Modelo. ( pág 104).

… . En el período de infancia de producción capitalista, ocurría no pocas veces en la ciudades medievales, que el proceso de de saber cual era de los siervos huidos llegaría a ser amo y cual obrero se tornaba lento y, no correspondía a las exigencias comerciales del nuevo mercado mundial creado por los grandes descubrimientos de fines del siglo XV. La edad media había legado dos formas distintas de capital el capital usurario y el capital comercial que alcanzaron su sazón en las más diversas formaciones socioeconómicas que y que antes de llegar a la era del Modo de Producción Capitalista eran considerados capital por antonomasia…

..El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, el exterminio, la esclavización y el sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de la Indias Orientales ( Java, Borneo, Filipinas, etc) la conversión del continente africano en cazadero de esclavos, son los hechos que señalan los albores de la era de la Producción Capitalista. Procesos “idílicos” que representan otros tantos factores fun damentales en el movimiento de la acumulación originaria. Y tras ellos, pisando sus huellas, viene la Guerra Comercial de las naciones europeas, con el planeta entero por escenario. Rompe el fuego con el alzamiento en los Países Bajos contra la Corona española que se logran sacudir el yugo de su dominación; cobra proporciones gigantescas en Inglaterra con la Guerra antijacobina, y sigue ventilándose en China las Guerras del Opio.

…Las diversas etapas de la acumulación originaria tiene su centro, en un orden cronológico más o menos preciso, en España, Portugal, Holanda, Francia, e Inglaterra. Es aquí en Inglaterra donde a fines del siglo XVII, se resumen y sintetizan sistemáticamente en el Sistema Colonial, el sistema de la deuda pública, el moderno sistema tributario y el sistema proteccionista. Métodos que se basan como ocurre con el Sistema Colonial con la más burda de las violencias. Pero todos ellos se valen del poder del Estado, de la fuerza concentrada y organizada de la sociedad, para acelerar a pasos agigantados el proceso de transformación del Modo Feudal de Producción en el modo de Producción Capitalista y acortar las transiciones.. (Pág 139).

…En las plantaciones destinadas exclusivamente al comercio de exportación, como en las indias occidentales (Caribe, etc) y en los países ricos y densamente poblados, entregados al pillaje y la matanza como México y ellas Indias Orientales (Java, etc) era, donde el trato dado a los indígenas revestía las formas más crueles. ( pág 141).

Sin embargo, no es todo, hay otro hecho histórico que deseo resaltar. El Libertador Simón Bolívar, obviamente no conoció por imposibilidad biológica a Marx, pero en cambio si se tiene certeza que leyó con detenimiento y dedicación en toda su extensión la “Brevísima relación de la destrucción de las Indias de fray Bartolomé de las Casas, libro que ejerció una profunda impresión en su conciencia anti colonialista y anti esclavista . Dicho libro, actualmente, es de difícil consecución debido a las poderosas fuerzas transnacionales que operan en su contra para acallarlo. Por tal razón, quisiera transcribirlo todo completo porque no hay una sola frase que no sea un importante documento histórico, pero para reforzar mi escrito, solo trascribiré lo relativo a la llegada del Capitalismo a Colombia, que abarcan las últimas seis páginas de su impactante descripción, donde desmitifica la imagen del “creador del alma nacional” Jimenez de Quesada.  (Una aproximación a su biografía hecha por mi hace 13 años, pero que nunca suplirá el documento denuncia del fraile De las Casas, se puede leer aún en internet en https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad3/acumulacionOriginaria)

“..Del Nuevo Reino de Granada. (**) 

El año de mil y quinientos y treinta y nueve concurrieron muchos tiranos yendo a buscar desde Venezuela y desde Sancta Marta y desde Cartagena el Perú, e otros de que desde el mesmo Perú descendían a calar y penetrar aquellas tierras, e hallaron a las espaldas de Sancta Marta y Cartagena, trescientas leguas la tierra adentro, unas felisísimas e admirables provincias llenas de infinitas gentes mansuetísimas y buenas como las otras y riquísimas en también de oro y piedras preciosas las que se dicen esmeraldas. A las cuales provincias pusieron por nombre el Nuevo Reino de Granada, porque el tirano que llegó primero a esas tierras era natural del reino que acá está de Granada. Y porque muchos inicuos e crueles hombres de los que allí concurrieron de todas partes eran insignes carniceros y derramadores de sangre humana, muy acostumbrados y experimentados en los grandes pecados susodichos en muchas partes de las Indias, por eso han sido tales y tantas sus endemoniadas obras y las circunstancias y calidades que las afean e agravian, que han excedido a muy muchas y aún a todas las que los otros y ellos en las otras provincias han hecho y cometido.

De infinitas que en estos tres años han perpetrado e que agora en este día no cesan de hacer., diré algunas muy brevemente de muchas: Que un gobernador ( porque no le quiso admitir el que en el dicho Nuevo Reino de Granada robaba y mataba para que él robase e matase) hizo una probanza contra él de muchos testigos, sobre los estragos e desafueros y matanzas que ha hecho y hace, la cual se leyó y está en Consejo de Indias. 

Dicen en la dicha probanza los testigos, que estando todo aquel reino de paz e sirviendo a los españoles, dándoles de comer de sus trabajos los indios continuamente y haciéndoles labranzas y haciendas e trayéndoles mucho oro y piedras preciosas, esmeraldas y cuanto tenían y podían, repartidos los pueblos y señores y gentes dellos por los españoles ( que es todo lo que pretenden por medio de alcanzar su fin último que es el oro ) y puestos todos en la tiranía y servidumbre acostumbrada, el tirano capitán principal que aquella tierra mandaba prendió al señor rey de todo aquel reino e túvole preso seis o siete meses pidiéndole oro y esmeraldas, sin otra causa ni razón alguna. El dicho rey que se llamaba Bogotá, por miedo que le pusieron dijo que él daría una casa de oro que le pedían, esperando de soltarse de las manos de quien así lo afligía, y envió indios a a que le trajesen oro y por veces trajeron mucha cantidad de oro e piedras, pero porque no daban la casa de oro, decían los españoles que lo matase, pues no cumplía lo que había prometido. El tirano dijo que se lo pidiesen en justicia ante él mesmo; pidíeronlo así por demanda, acusando a dicho rey de la tierra ; él dio sentencia condenándolo a tormentos si no diese la casa de oro. Dánle el tormento del tracto de cuerda; echábanle sebo ardiendo en la barriga, pónenle a cada pie una herradura hincada en un palo, y el pescuezo atado a otro palo y dos hombres que le tenían las manos, e así le pagaban fuego a los pies, y entraba el tirano de rato en rato y decía que así lo había de matar poco a poco a tormentos si no daba el oro. Y así cumplió e mató al dicho señor con los tormentos. Y estando atormentándolo, Dios dio señal de que detestaba aquellas crueldades en quemarse todo el pueblo donde las perpetraban. Todos los otros españoles, que por imitar a su buen capitán y porque no saben otra cosa sino despedazar aquellas gentes, hicieron lo mesmo, atormentando con diversos y fieros tormentos a cada uno al cacique y señor del pueblo e pueblos que tenían encomendados, estándoles sirviendo dichos señores con todas sus gentes y dándoles oro y esmeraldas cuanto podían y tenían. Y solo los atormentaban porque les diesen más oro y piedras de lo que les daban. Y así quemaron y despedazaron a todos los señores de aquella tierra.

Por medio de las crueldades egregias que uno de los tiranos particulares en los indios hacía, se fueron a los montes huyendo de tanta inhumanidad un gran señor que se llamaba Daitama, con mucha gente de la suya. Porque esto tienen por remedio y refugio ( si les valiese) Y a esto llaman los españoles levantamiento y rebelión. Sabido por el capitán principal tirano, se envía gente al dicho hombre cruel (por cuya ferocidad los indios que estaban pacíficos e sufriendo tan grandes tiranías y maldades se habían ido a los montes) , el cual fue a buscallos y porque no basta a esconderse en las entrañas de la tierra, hallaron gran cantidad de gente y mataron y despedazaron más de quinientas ánimas, hombres y mujeres e niños, porque a ningún género perdonaban. Y aún dicen los testigos que el mesmo señor Daitama había, antes que la gente le matasen, venido al dicho cruel hombre y le había traído cuatro o cinco mil castellanos de oro e no obstante esto, hizo el estrago susodicho. 

Otra vez, viniendo a servir mucha cantidad de gente a los españoles y estando sirviendo con con humildad e simplicidad que suelen, seguros, vino el capitán una noche a la ciudad donde los indios servían y mandó que a que todos aquellos indios los metiesen a espada, estando dellos durmiendo y dellos cenando y descansando de los trabajos del día. Esto hizo porque le pareció que era bien hacer aquel estrago para entrañar su temor en todas las gentes de aquella tierra. 

Otra vez mandó el capitán tomar juramento a todos los españoles cuantos caciques y principales y gente común cada uno tenía en su casa y luego que los trajesen a la plaza, e allí les mandó cortar a todos las cabezas, donde mataron cuatrocientas o quinientas ánimas y dicen los testigos que desta manera pensaba apaciguar la tierra. 

De cierto tirano particular dicen los testigos que hizo grandes crueldades, matando y cortando muchas manos y narices a hombres y mujeres y destruyendo muchas gentes. 

Otra vez envió el capitán al mesmo cruel hombre con ciertos españoles a la provincia de Bogotá a hacer pesquiza de quien era el señor que había sucedido en aquel señorío después que mató a tormentos al señor universal, y anduvo por muchas leguas de tierra prendiendo cuantos indios podía haber, e porque no le decían quién era el señor que había sucedido, a unos cortaba las manos y a otros hacía echar a los perros bravos que los despedazaban, así hombres como mujeres, y desta manera mató y destruyó muchos indios e indias. Y un día, al cuarto de alba, fue a dar sobre unos caciques y mucha gente de indios que estaban en paz y seguros, que los había asegurado y dado fe de que no recibirían mal ni daño, por la cual seguridad se salieron de los montes donde estaban escondidos a poblar a lo raso donde tenían su pueblo, y así estando descuidados y con confianza de la fe que les habían dado, prendió mucha cantidad de de gente, mujeres y hombres y le mandaba poner la mano tendida en el suelo, y el mesmo con un alfanje les cortaba las manos e decíales que aquel castigo les hacía porque no le querían decir donde estaba el señor nuevo que en aquel reino había sucedido. 

Otra vez, porque no le dieron un cofre lleno de oro los indios, que les pidió este cruel capitán, envió gente a hacer guerra, donde mataron infinitas ánimas e cortaron manos e narices a mujeres y a hombres que no se podrían contar, y a otros echaron a perros bravos que los comían y despedazaban. Otra vez, viendo los indios de una provincia de aquel reino que habían quemado los españoles tres o cuatro señores indios principales, de miedo se fueron a un peñón fuerte para defender de enemigos que tanto carecían de entrañas de hombres, y serían en el peñón (según dicen los testigos) cuatro o cinco mil indios. Envía el capitán susodicho a un grande y señalado tirano (que muchos de los que de aquellas partes tiene cargo de solar) con cierta gente de españoles para que los castigase, diz que los indios alzados que huían de tan gran pestilencia y carnicería. Idos los españoles al peñón súbenlo por fuerza, como los indios sean desnudos y sin armas, y llamando los españoles a los indios de paz y que les aseguraban no les haría mal alguno, que no peleasen, luego los indios cesaron: manda el crudelísimo hombre a los españoles que tomasen todas las fuerzas del peñón, e tomadas que diesen en los indios. Dan los tigres y leones a ovejas mansas y desbarrigan y matan a espada a tantos que se pararon a descansar: tantos eran los que habían hecho pedazos después de haber descansado un rato mandó el capitán que matasen y despeñasen del peñón abajo, que era muy alto, toda la gente que viva quedaba Y así los despeñaron toda e dicen los testigos que veían nubada de indios echados del peñón abajo de setecientos hombres juntos que caían donde hacían pedazos. Y por consumar del todo su gran crueldad rebuscaron todos los indios que se habían escondido entre matas, y mandó que a todos les diesen estocadas y así los mataron y echaron de peñas abajo. 

..Otra vez, este mesmo tirano fue a cierto pueblo que se llamaba Cota y tomó muchos indios e hizo despedazar a los perros quince o veinte señores principales y cortó mucha cantidad de manos de mujeres y hombres, y los ató en una cuerdas, las puso colgadas de un palo porque viesen los otros indios lo que habían hecho a aquellos en que habría setenta a pares de manos…

Hay otras provincias grandes que confinan con las partes del dicho Nuevo Reino de Granada que se llaman Popayán y Cali, e otra tres o cuatro que tiene más de quinientas leguas, las han asolado y destruido por la manera de esas otras, robando y matando, con tormentos y con los desafueros susodichos, las gentes della que eran infinitas. Porque la tierra es felisísima y dicen los que agora viene de allá que es una lastima grande grande y dolor ver tantos y tan grandes pueblos quemados y asolados como veían pasando por ellas, que donde habían pueblos de de mil e dosmil vecinos no hallaban cincuenta y otros totalmente abrasados y despoblados. Y, finalmente porque desde los reinos del del Perú por la parte de la provincia de Quito, penetran grandes y crueles tiranos hacia el dicho Nuevo reino de Granada y Popayán e Cali, por la parte de Cartagena y Urabá, y después otros malaventurados por la parte del rio Sant Juan que es la la costa sur ( todos los cuales se vinieron a juntar) han estirpado y despoblado más de seicientas leguas de tierras, echando aquellas tan inmensas ánimas a los infiernos, haciendo lo mesmo el día de hoy a las gentes miseras, aunque inocentes que quedan….. ( pág 129 a 135) 

Una contextualización histórica más amplia de la «Guerra de Civilizaciones»  que significó la conquista española en Nuestramérica denunciada por el fraile De las Casas, puede leerse en el estudio titulado “La guerra de Conquista o la destrucción de Indias. Una aproximación desde la contemporaneidad” escrito por el historiadores José María Rojas G. Cali 2006 (***) que se puede consultar en      file:///C:/Users/user/Downloads/1160-Texto%20del%20 art%20 culo-3683-1-10-20090420.pdf.

Después de leer las anteriores puntadas, es obvio para cualquier colombiano conocedor (así sea en mínimo) de la singular y compleja historia de su país; que esta es y ha sido un cruel despiadado e inhumano proceso de extermino, saqueo y genocidio producido por la avaricia de aquella primera Guerra de Civilizaciones Capitalista con las que se inició el Modo de Producción Capitalista descrito en 1522 por el fraile Bartolomé de las Casas, en la sufrida Colombia.

Proceso prolongado durante siglos ( mediante la expropiación y despojo “violento” del campesinado descrito por Marx) no sólo por la Clase Capitalista Colonial dominante en España y en el Virreinato Neogranadino, sino por la Clase Capitalista de los “Criollos que se tomaron el Estado – Nación de Colombia (surgido de la guerra anti colonial).

Pues una vez muerto en 1830 el Libertador Bolivar y hecho añicos” su sueño de formar un Estado supranacional independiente y próspero, y, ascendido al Poder F.P. Santander con su gavilla de fanáticos librecambistas, integraron aún más a Colombia dentro del Sistema Colonial Mundial del Capitalismo, con el fin de crear el “mercado interno nacional”, desatando durante el siglo XIX 9 guerras civiles con sus respectivos proceso de paz, y durante el siglo XX y parte del actual, someter a la sociedad colombiana a una sofisticada guerra interna contra insurgente con sus múltiples proceso de paz frustrada, que por ahora ha dejado 8 millones mal contados (ojo léase bien) 8 millones de despojados violentamente, de expropiados, de saqueados por la guerra Estatal de todos sus bienes, expulsados militarmente de sus territorios para que se fueran a llenar los cinturones de miseria proletaria de las grandes ciudades colombianas. Una relación más detallada de este secular proceso, puede leerse en mi breve ensayo titulado Rafael Núñez : La guerra, la política y el origen del Estado capitalista colombiano, https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/11/colombia_libro_pinzon.pdf

Con todo esto y como conclusión, puedo argumentar con razón para volver al párrafo inicial de este escrito:

Así como las nubes tienen en su interior el agua y la tormenta, el capitalismo lleva en su interior la guerra, y en ninguna otra parte del mundo la Historia muestra esta intrincada relación, que cada día cobra mayor actualidad, como en Colombia. Una vez más la Historia, muestra que tiene la razón:.El capitalismo nace con la guerra, se alimenta y crece con la guerra y, mientras subsista, habrá guerra; sobre todo en ese atormentado y ensangrentado país del capitalismo trasnacional DEPENDIENTE donde persisten 5 nichos o mercados capitalistas muy bien establecidos muy difíciles de erradicar , que dejan fabulosas ganancias al complejo militar-industrial-financiero (como hoy se denomina a SÍ mismo el Imperialismo global) y que son:

1) El mercado de las armas y la tecnología militar estricta . 2) El mercado de la seguridad (incluida la seguridad privada y la tecnología informática de punta y de localización personal por satélite). 3) El mercado de la cocaína. 4) El mercado de la tierra despojada, y 5) El mercado de los contratos (de todo tipo) del Estado contrainsurgente.

La tendencia que se vislumbra en el reciclamiento actual del conflicto interno colombiano, es la desaparición de los bastante bien conocidos ejércitos populares guerrilleros, y más bien, una transición hacia una “mexicanización definitiva de Colombia”, con proliferación y dispersión en varios carteles de la droga desideologizados, muy bien financiados y mejor armados. (18.08.2022).

Bibliografía

(* ) El Capital, Capítulo XXIV. La Llamada acumulación originaria, en https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/eccx86s.htm

(**) De las Casas, Bartolomé. Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Edición SARPE.1985.

(***) Rojas G José Maria. Cali 2006 La guerra de Conquista o la destrucción de Indias. Una aproximación desde la contemporaneidad” file:///C:/Users/user/Downloads/1160-Texto%20del%20 art%20 culo-3683-1-10-20090420.pdf

Fuente Imagen Internethttps://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad3/acumulacionOriginaria

Fuente: https://rebelion.org/guerra-paz-y-capitalismo-en-colombia/

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¿Se acabó la contrainsurgencia en Colombia?

30 de agosto de 2022

Por Alberto Pinzón Sánchez | Rebelión

El complejo y contradictorio proceso histórico de la Guerra y la Paz en Colombia, desde hace más de 200 años, es decir desde su inicio como Estado Nación integrado en el mercado mundial capitalista, ha sido un largo proceso de despojo capitalista violento sobre las clases explotadas y subordinadas

El Estado colombiano, y su poderoso oligopolio mediático estructura fundamental del Bloque de Poder Contrainsurgente ( la ignorancia es la fuerza, Orwell, 1984) durante todo el tiempo de duración de la guerra contrainsurgente (los últimos 70 años), ha creado la realidad virtual y aparente de que Insurgencia/ Contrainsurgencia es una antinomia real u objetiva sólo superable con la desaparición de la insurgencia, y de ahí, la famosa consigna militar colombiana de que “la victoria es la paz”. Adaptación también de la consiga de 1a “Telepantalla de 1984” de Orwell, de “la guerra es la paz”, con la cual el Bloque de Poder Bipartidista, post-plebiscitario, conformado en 1962 en Colombia con el jefe falangista Laureano Gómez y bajo el auspicio protector del virrey estadounidense Alberto Lleras Camargo, pudo, con el nombre de Frente Nacional, dar carta libre al Capital transnacional para desarrollar a su antojo la guerra de acumulación por despojo en Colombia que hoy se pretende iniciar su conclusión definitiva.

Algunos comentaristas y politólogos autodenominados de “izquierda progresista”, convirtieron dicha antinomia artificial en una “contradicción dialéctica” objetiva, para reforzaron la idea hegemónica (dominante) con un ejemplo idealista traído de los cabellos: algo así como si se acaba la Burguesía se acabará necesariamente el Proletariado (Marx dixit). Y por ende , la “lucha de clases” objetivo máximo de cualquier socialdemocracia que se respete.

Pero la realidad objetiva es muy otra: La contrainsurgencia es una doctrina y una aberrante y cruel práctica imperialista y neocolonial, implementada en sus guerras de despojo para aplastar, dominar y especialmente depredar Pueblos y Naciones de la periferia capitalista, ampliar la riqueza capitalista y el mercado en el mundo conocido. En Colombia para ESTO, se construyó políticamente el Bloque de Poder Contrainsurgente ( BPCi ) en comento, cuyo eje central sobre el cual giran las demás ruedas dentadas de dicha construcción, como se ha repetido hasta el hartazgo, es la Embajada de los EEUU en Bogotá.

Es decir que dicha “coalición estructural” tiene un pie en el Gobierno de los EEUU y otro en territorio colombiano. Tal como lo ha demostrado el pico de la ofensiva contrainsurgente desarrollada por el Plan Colombia ( iniciado en 1997 y continuado hasta la actualidad ) por los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque; veinticinco 25 años del más cruel sufrimiento y despojo brutal ( 8 millones de despojados, más de un millón de muertos, 100 mil desaparecidos) sufrido por Pueblo alguno, bajo el piadoso nombre de WAR DRUGS. Mientras que la insurgencia colombiana no tiene una estructura nacional-internacional de tales características. Pequeña-Gran diferencia, aunque no la única, que desbarata la teoría progresista de la contradicción objetiva entre Insurgencia/ Contrainsurgencia.

El acuerdo de paz del 2016 entre el Estado y las Farc que todos celebramos como un rayo de esperanza y optimismo, más pronto de lo esperado se convirtió en una perfidia y engaño programado, que con la ayuda de los jefes de esa Insurgencia y los infiltrados, se convirtió la más estruendosa derrota político-militar de que se tenga noticia en el mundo. Se conocían derrotas a organizaciones insurgentes, varias. Pero no de la sordidez, tamaño y alcances de la destrucción en el postconflicto con las Farc. A la trampa de Santos-De la Calle-Jaramillo, para eliminar cualquier pretensión insurgente de modificar así fuera en un renglón la sacrosanta Constitución de Colombia, se le agregó no solo el objetivo “contrainsurgente oficial” de hacer trizas ese maldito papel, de incumplir lo pactado, sino el más cínico objetivo de liquidar uno a uno, tiro-a-tiro, la mayor cantidad posible de guerrilleros desmovilizados, así como de humillar, apabullar y aterrorizar a quienes habían pactado la desmovilización, Tal como lo ha venido a confirmar “oficialmente” el valiente y sincero actual Canciller de Colombia Dr Álvaro Leiva (1), algo que si bien era sabido y denunciado en su momento, es trascendental reconocerlo en estos momentos :

Los jefes guerrilleros como Santrich e Iván Marquez, fueron entrampados por el Estado para obligarlos a continuar en la lucha armada y así poderlos asesinar con todo el Poder del Estado contrainsurgente asistido plenamente desde sus bases militares por los EEUU.

Hoy se afirma que “la Lucha Armada Insurgente ha dejado de existir en Colombia o está en proceso de liquidación”. Sería un ideal. Algo que todo el Pueblo colombiano incluidos los insurgentes alzados han pedido y siguen pidiendo desde hace 70 años. Pero la experiencia (que no entra por cabeza ajena) muestra que todo el complejo y contradictorio proceso histórico de la Guerra y la Paz en Colombia, desde hace más de 200 años, es decir desde su inicio como Estado Nación integrado en el mercado mundial capitalista, ha sido un largo proceso de despojo capitalista violento sobre las clases explotadas y subordinadas, transcurrido a lo largo de ciclos cortos de Paz y largos de Guerra, inseparables y, que muy posiblemente actualmente estemos entrando en otro ciclo (ritual) de Paz que anuncia una nueva era. No hay duda que es bastante bien intencionado y concebido por el nuevo gobierno del Pacto Histórico para acabar de una vez por todas la violencia política en nuestro sufrido país, y al cual todos los insurgentes, sin excepción, deben acogerse. 

Pero (siempre hay un pero) se debe analizar detenidamente la realidad objetiva de esta nueva etapa política, analizando las repercusiones y consecuencias que puedan tener los nichos de los jugosos mercados trasnacionales para la Guerra (planteados a en mi anterior columna de opinión: mercado de armas, mercado de cocaína, mercado de los contratos de la tecnología de la seguridad con el Estado y, el mercado de la tierra), teniendo en cuenta tres consideraciones:

1- Que la lucha de clases seguirá en Colombia como en resto del planeta moviendo cada realidad nacional. Y que si bien los Contrainsurgentes han tenido una derrota electoral transitoria que los privó del gobierno, no por eso el Bloque de Poder que los cohesiona se ha desestructurado o desintegrado. Muy por el contrario, hay un proceso de recomposición y de búsqueda de nuevos dirigentes incluso más extremistas, agresivos y fanáticos que el propio Uribe Vélez a quien tildan de “Mamerto”, quienes aspiran a continuar con la tecnología política que les ha dado tantas ganancias y que ha consistido, simplemente, en invertir durante siglos la famosa sentencia del mariscal von Clauzewitz adaptándola a la Historia de Colombia: “La Política es la continuación de la Guerra por otros medios”

2- Que siguiendo a Gramsci, en Colombia ha sido derrotada irremediablemente la “Guerra de Movimientos” desarrollada por las insurgencias; dados una serie de factores, entre los cuales hay que considerar la inmensa superioridad tecnológica y asistencia de la OTAN brindada al Bloque de Poder Contrainsurgente (BPCi). Se hace pues necesario, iniciar un debate serio y profundo dentro de las clases explotadas y subordinadas para reivindicar y poner por delante la propuesta Gramsciana de la Guerra de Posiciones o trincheras que implica un largo proceso acumulativo y una revitalización y organización para el largo plazo, de lo acumulado por la potente Movilización Social.

3-  La hipótesis contrainsurgente de la Mexicanización del conflicto colombiano, planteada por la conocida periodista del diario oficial EL Tiempo, Maria Isabel Rueda, en su columna (2) “El galimatías de la Paz Total” del 07 de agosto 2022 (a la cual no se le ha puesto la debida atención) que al comentar la política del actual gobierno del Pacto Histórico, dice lo siguiente:

…. “Muy atrás han quedado conceptos tan simples como que el interés de un grupo guerrillero radicaba en tomarse el poder por las armas. Antes de que Fidel Castro falleciera, reconoció que esta vía era una quimera. Entonces, la aparición de docenas de clanes criminales menos interesados en tomarse el poder que en enriquecerse con el narcotráfico fue borrando la tenue raya que separa a la delincuencia política de la común; y lo que terminó sucediendo es que mientras los narcos contaminaron a las guerrillas con el narcotráfico, las guerrillas a los narcos con intereses políticos, abriéndoles un espacio en el conflicto armado que evidentemente hoy ocupan.

Es por eso factible que, en medio de esta amalgama, todos estos grupos de narcoguerrillos se puedan sentar con el nuevo gobierno a discutir una negociación. Con el Eln y las disidencias, el camino que viene ya lo recorrieron las Farc, y probablemente volverá a ser muy parecido: mucha injerencia cubana y de los enviados del Papa a Colombia. Pero como las disidencias de las Farc rechazaron las ofertas que el gobierno Santos les hizo en La Habana, el panorama indica que la vara de premios necesariamente tendrá que ser más alta. Habrá que mejorársela con más plata, más curules; y de extradición, ni hablar” ( 2) ……

Estamos pues entrando en Colombia en otra época, y es imprescindible dentro de la euforia y las esperanzas producidas por el triunfo electoral del Pacto Histórico, guardar siempre la distancia a la hora de analizar la realidad, así nos tilden de aguafiestas o aves de mal agüero.

Notas:

1. https://noticias.canal1.com.co/nacional/fue-entrampado-y-asesinado-canciller-alvaro-leyva-sobre-la-muerte-de-jesus-santrich/
2. https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/columna-de-maria-isabel-rueda-el-galimatias-de-la-paz-total-692983

Fuente: https://rebelion.org/se-acabo-la-contrainsurgencia-en-colombia/

 Ofensiva del sistema mundo capitalista

Advirtamos la criminalidad del capitalismo de hambrear a 828 millones de personas del mundo durante 2021 según Informe de Naciones Unidas.

La especulación, causa esencial del hambre en el mundo

El hambre explota, la guerra no explica todo

23 de agosto de 2022

Sergio Ferrari| Rebelión

Movimientos sociales, ¡dejen de jugar en las bolsas con los precios de la comida!

El lunes 21 de agosto fueron autorizados a partir del puerto ucraniano de Chornomorsk dos buques mercantes con un total de 30.800 toneladas métricas de granos con destino a Grecia y Egipto.

Un primer barco fletado por el Programa Mundial de Alimentos con 23.000 toneladas de trigo había zarpado el 16 de agosto hacia África, desde el puerto ucraniano de Yuzhny, cerca de Odesa.

Según voceros del Programa Mundial de Alimentos (PMA), estos movimientos marítimos marcan una fase inicial de la Iniciativa de Granos del Mar Negro. Un paso importante del cumplimiento del acuerdo que suscribieron Rusia y Ucrania el pasado 22 de julio, validado por Turquía y las Naciones Unidas (ONU). Gracias al mismo se agilizará la salida de granos, bloqueados desde fines de febrero cuando estalló el conflicto bélico en Europa Oriental. El Centro de Coordinación Conjunta (CCC), integrado por las dos partes en conflicto, más la ONU y representantes turcos, es la instancia responsable de coordinar la salida de cereales de puertos en zonas en conflicto.

Estos embarques conllevan un particular valor simbólico. Constituyen el inicio de un proceso de destrabe de uno de los atolladeros de la guerra que más repercusión tiene en varios países que necesitan para alimentarse los suministros tanto de Ucrania como de Rusia.

Rusia y Ucrania se encuentran entre las principales potencias agrícolas del mundo. Su maíz, trigo y girasol, así como otros granos, son esenciales para el abastecimiento de poblaciones que históricamente dependen de los mismos. Se calcula que, a raíz del conflicto, tan solo en Ucrania de 20 a 25 millones de toneladas de granos han quedado bloqueadas.

El hambre, drama inhumano

En 2019, según cifras de Naciones Unidas (ONU), 135 millones de personas sufrieron de “inseguridad alimentaria severa”, forma retórica para denominar el drama humano del hambre. Tres años después, a inicios de 2022, esta cifra se había más que duplicado: 298 millones de personas padecen ese flagelo social. Diferentes organizaciones internacionales calculan que el número de personas con hambre podría superar los 345 millones, en 82 países, a fines de 2022. 

Gian Carlo Cirri, Director adjunto del Programa Mundial de Alimentos (PMA), con sede en Ginebra, Suiza, presentó este cuadro dramático hace apenas unas semanas, durante una conferencia-debate en línea organizada por la ONG helvética SWISSAID.

Dicha ONG recuerda que, desde el comienzo de la guerra y la consiguiente interrupción de las cadenas de suministro mundiales, el acceso a los alimentos básicos se ha vuelto extremadamente complicado en varias regiones del mundo, especialmente para numerosas poblaciones del Sur. Cinco países producen el 78% de las exportaciones de cereales. Rusia y Ucrania, controlan el 30% de las exportaciones de trigo. “Desde la guerra, los precios se han disparado, los productos desaparecen de las estanterías [en ciertos países] y las carteras están desesperadamente vacías. Pero la situación ya era tensa antes”, recuerda SWISSAID. Por su parte, el portavoz del PMA, introduce una interpretación más global de la crisis alimentaria actual y recuerda que hay cuatro causas fundamentales, las “4 Cs”, como las denomina Cirri: conflicto, clima, COVID y costos. Según su opinión, se trata de una situación sin precedentes y que no se puede reducir a un solo factor.

Alimentos no faltan, pero con precios especulativos

Durante las últimas semanas se han publicado nuevos datos y análisis que permiten comprender mejor la realidad alimentaria mundial, señala en un documento de julio la ONG Grain (“Grano”, en francés). Esta organización apoya a pequeños y medianos productores rurales y a movimientos sociales campesinos (https://grain.org/es/article/6865-de-crisis-alimentaria-en-crisis-alimentaria).

Desmitificando la lectura casi generalizada y lineal que identifica la hambruna actual únicamente con el conflicto en Europa Oriental, Grain afirma que “enfrentamos una crisis de precios, no una escasez de alimentos”.

Con los costos en aumento de la energía, y en parte debido a ello, los precios de los alimentos han estado subiendo a nivel mundial, afectando sobre todo a los sectores más pobres y vulnerables. Grain sostiene que, en realidad, no hay escasez de alimentos, y que algunos países, como China o India, disponen de grandes reservas, resultado de sus estrategias de seguridad alimentaria promovidas desde hace años.

Según Grain, adicionalmente, se verifica una distorsión absoluta de precios y abastecimiento, consecuencia de los sistemas alimentarios cada vez más industrializados y especializados, que generan sobreproducción y enormes desperdicios. Los ejemplos abundan: un 60% de la producción europea de trigo se usa para el ganado, mientras que un 40% del maíz cultivado en Estados Unidos se destina al combustible automotor. El 80% de la cosecha mundial de soya se transforma en alimento para animales, mientras que el 23% del aceite de palma mundial se transforma en gasolina tipo diésel.

Desde una perspectiva global, insiste Grain, no es que falte producción de granos, sino que los precios han aumentado desmedidamente y además existen problemas de mano de obra y distribución. Por otra parte, denuncia, “grupos de presión han instrumentado la crisis y, con el argumento de que es necesario producir más alimentos, buscan dar marcha atrás a determinadas reformas políticas en materia alimentaria y a otros objetivos relacionados con el cambio climático”.

La nueva estrategia “Farm to Fork” (“De la granja al tenedor”), de la Unión Europea, cuyo objetivo consiste en ajustar las prácticas agrícolas a criterios de sostenibilidad, es hoy blanco de cuestionamientos y presiones. En numerosos países surgen propuestas para eliminar las metas de producción de biocombustibles que se habían impuesto para reducir las emisiones climáticas. Muchos programas europeos tendientes a eliminar definitivamente la energía nuclear o la de origen fósil pasan rápidamente al basurero con el argumento de que la crisis del aprovisionamiento del gas y los combustibles rusos así lo exigen. La Unión Europea acaba de proponer planes para una reducción del 15% de los combustibles durante el próximo invierno continental (diciembre 2022 a marzo 2023). En este contexto, el combate por la defensa del clima y de reducción de ese tipo de energías queda relegado a un segundo plano debido a la preocupación creciente del ciudadano europeo por los “sacrificios” que podría confrontar en el ámbito de la electricidad.

En cuanto a las causas mismas de la crisis alimentaria, Grain insiste en que son estructurales y que van más allá de la guerra en Ucrania. Y advierte sobre la responsabilidad de las cuatro transnacionales que concentran el negocio de granos a nivel mundial (Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus) en el marcaje de los precios internacionales de los granos.

Si bien es cierto que parte de este sector se ha visto afectado por la guerra, es en países con conflictos internos propios, como Afganistán, Yemen, Siria, Eritrea, Somalia y la República Democrática del Congo, donde se concentra el mayor aumento del hambre. Realidad que no tiene ninguna relación con la situación en Ucrania, señala esta ONG, la cual hace propia las palabras del dirigente campesino Ibrahima Coulibaly de Malí: “Dejen de difundir noticias falsas: África no necesita el trigo de Ucrania”. Dicha reacción de parte de Coulibaly, se debe a la utilización de la guerra como excusa para impulsar lo que él denomina “imperialismo agrícola occidental”, al cual responsabiliza por “la destrucción de bosques, tierras de cultivo y la diversidad alimentaria en todo el Sur global”.

Un sistema que juega con la comida de los necesitados

Los datos disponibles muestran que la actual crisis de precios de alimentos no comenzó con la guerra en Ucrania y que es resultado de un conjunto más amplio de factores. Entre ellos, la pandemia del Covid-19 (con su consecuente y aún persistente interrupción en las cadenas de suministro a nivel internacional), la crisis climática y la especulación en los mercados financieros.

Estudios convincentes de la misma FAO muestran que el alza de los precios de los alimentos está desvinculada tanto de su producción como del abastecimiento. ¿Entonces, por qué suben los precios? En parte, porque los grandes inversionistas –sean bancos, fondos de pensiones o simplemente particulares–, están comprando obligaciones y acciones ligados a materias primas. Apuestan a precios futuros de determinadas materias primas, pero con efectos reales sobre su precio mundial actual. Los cereales, por supuesto, se encuentran en el centro mismo de la especulación bursátil.

En un reciente artículo publicado por Greenpeace México con el título de “¿Quién se beneficia con el hambre?”, su autor responde que “estas empresas, que afirman ser ángeles de la seguridad alimentaria y energética, siembran las semillas de la pobreza, el hambre, las enfermedades, el colapso climático, la destrucción de la biodiversidad y el sufrimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.

Y concluye que los comerciantes de cereales están obteniendo  enormes ganancias debido al aumento de los precios de las materias primas. Al igual que las empresas de combustibles fósiles, con ganancias récord a medida que se dispara el costo de vida. Estas son las empresas que se benefician de la hambruna al especular con los precios de los productos básicos. Las grandes corporaciones del petróleo, así como sus primas, las grandes empresas agrícolas, cuentan con fuertes grupos de presión para oponerse a cualquier forma de regulación ya que no están realmente interesadas ​​en arreglar un sistema que no funciona. De hecho, hacen justo lo contrario, y no sólo a través de sus poderosos grupos de presión, sino también de la captura corporativa del Estado y otras instituciones multilaterales. (https://www.greenpeace.org/mexico/blog/51212/se-aprovechan-del-hambre-vs-alimentos-sostenibles/).

Movimientos sociales por el fin de la guerra y la especulación

La Vía Campesina, principal organización de los movimientos rurales a nivel internacional, no subestima el impacto de la guerra Rusia-Ucrania (ni de otros conflictos mundiales actuales) en la crisis alimentaria actual. Sin embargo, en uno de sus últimos pronunciamientos coincide también en que “actualmente, la crisis no está ligada a la escasez de alimentos a nivel mundial, sino a la especulación con los precios” (https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-alto-a-la-crisis-alimentaria-soberania-alimentaria-ya/)

Los países que ahora dependen de la importación de alimentos, ya no pueden pagar los precios altísimos de los cereales en los mercados internacionales.

La Vía Campesina reitera que la agricultura en el mundo produce lo suficiente como para soportar un periodo más largo de crisis. El problema, según esta organización, no es la falta de alimentos, sino el hecho de que las grandes empresas capitalistas que dominan el mercado financiero y de distribución mundial han transformado el comercio de alimentos y productos agrícolas en un mercado altamente especulativo. La mayoría de los productos básicos negociados internacionalmente, ahora están sujetos a contratos a futuro, los cuales pueden comprarse y venderse en el mercado de valores varios cientos de veces al día. De ahí, que el precio final de estos productos para los países que los necesitan desesperadamente no tenga ninguna relación con los verdaderos costos de producción ni con la capacidad de compra e importación de dichos países.

Con esta lectura de la realidad, la organización campesina más representativa del planeta –con 200.000.000 de miembros en más de 80 países– llama a “la defensa intransigente de la vida y la paz”. Convoca a la “defensa de la soberanía de los pueblos o naciones contra la guerra y contra la destrucción de sus estructuras sociales”. Y al mismo tiempo, propone que se ponga “fin a la especulación con los productos alimenticios y la suspensión de la cotización de los mismos en las bolsas de valores”. Deben prohibirse los contratos futuros sobre productos agrícolas, agrega. Y concluye que el precio de los alimentos comercializados internacionalmente debe guardar relación con los costos de producción y seguir el camino del comercio justo, tanto para los productores como para los consumidores.

 Fuente: https://rebelion.org/el-hambre-explota-la-guerra-no-explica-todo/

Reflexionemos sobre:

Arrasar con la vida

8 de abril de 2020

Por Darío Aranda para la Agencia de Noticias Biodiversidadla    

El avance del agronegocio y la pérdida de millones de hectáreas de bosque. La crisis climática, el aumento de la temperatura global y los territorios de sacrificio en el Sur global.

En paralelo al avance del modelo sojero en el Cono Sur se arrasaron 35 millones de hectáreas de bosque nativo. El equivalente a la superficie de Alemania, donde se ubica la sede central de Bayer-Monsanto, u ocho veces la superficie de Suiza, donde nació la multinacional Syngenta-ChemChina. A pesar de leyes que protegen las áreas boscosas, el desmonte avanza en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Un modelo, el agronegocio, publicitado como “exitoso”, pero con enormes consecuencias en los territorios.

Millones de hectáreas

La aprobación de la soja transgénica sucedió en forma escalonada en los países de Cono Sur. En Argentina fue en marzo de 1996. En Uruguay se dio luz verde en octubre del mismo año. En el resto de los países se cultivó de forma ilegal desde fines de los ‘90 y la autorización formal llegó años después: en 2003 en Brasil, un año después en Paraguay y en 2005 en Bolivia.

El avance transgénico tuvo su correlato de devastación ambiental. En Argentina se destruyeron 5,6 millones de hectáreas de monte nativo entre 1998 y 2017. Las provincias más desmontadas fueron Santiago del Estero (1,8 millones de hectáreas), Salta (1,4 millones), Chaco (650 mil) y Formosa (418 mil). Todas zonas ajenas al agro industrial, todas zonas de campesinos, indígenas y agricultores familiares.

La Fundación Tierra de Bolivia precisó que en ese país se arrasaron 5,1 millones de hectáreas entre 1990 y 2016. El departamento con mayor deforestación es Santa Cruz de la Sierra, corazón de las empresas agroindustriales. Otros departamentos, con cifras menores, son Tarija, Beni, La Paz y Chuquisaca.

En Paraguay, entre 2001 al 2017, se destruyeron 5,4 millones de hectáreas. La organización Base-Is explicó que el desmonte mayormente se produjo en losdepartamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná. Son los mismos departamentos donde se produjo el mayor avance del modelo agroexportador.

En Brasil se desmontaron 19,1 millones de hectáreas entre 1990 y 2019. Se dio principalmente en la región llamada Amazonia Legal, un área que engloba en su totalidad los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins y Mato Grosso, y parcialmente el estado de Maranhao, todos pertenecientes a la cuenca amazónica.

Un elemento fundamental, muchas veces silenciado por organizaciones conservacionistas, en los territorios con bosque vivían (y viven) pueblos indígenas, campesinos, agricultores familias. Actores imprescindibles para la soberanía alimentaria y la defensa del monte nativo.

Los millones de hectáreas devastadas fueron transformadas en monocultivos. Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996. Y llegó al pico máximo de 20,5 millones hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En Paraguay se pasó de 1,1 millones de hectáreas con soja en 1997 a 3,4 en 2018. El maíz también se multiplicó: de 356.600 hectáreas en 1997 se llegó a un millón en 2016. En Bolivia se pasó de 200.000 hectáreas con soja en 1990 a 1,2 millones en 2017. A fines de la década del ‘90 Brasil contaba con tres millones de hectáreas declaradas. En la cosecha 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.

Otro monocultivo, mismo modelo

Uruguay es un caso muy particular referido al avance del agro y sus bosques. La Ley 15.939 (de 1987) prohíbe la tala de monte nativo (con excepciones para el uso doméstico, y con autorización de la Dirección General Forestal) y obliga a reforestar con especies nativas. De esta forma, la superficie de monte nativo pasó de 664 mil hectáreas en 1990 a 850 mil en 2019. Pero la misma ley estimula el desarrollo de la industria forestal, que genera el avance del monocultivo de árboles, parte del modelo de agronegocio. En 1987 la superficie de plantaciones forestales (pino y eucaliptus) era de 46.000 hectáreas. En 2017 llegó a las 2,2 millones de hectáreas. Lo que implicó acaparamiento de tierras, uso masivo de agrotóxicos y la instalación de plantas de celulosa, con denuncias de contaminación del agua y el aire. El caso más famoso: Botnia-UPM, de capitales fidlandeses.

Región chaqueña

 La ONG paraguaya Guyra analiza la situación del Gran Chaco Sudamericano, que incluye a la Argentina, Paraguay y Bolivia. Analizó el avance de los deforestación entre 2010 y 2018. En 2010 y 2011 contabilizó picos de desmonte de hasta 1400 hectáreas por día en promedio. Y en 2012 y 2013 aumentó incluso hasta un promedio de 2000 hectáreas diarias. A modo global, entre 2010 y 2013 se destruyeron más de 1,6 millones de hectáreas. Paraguay encabezó el ranking con un millón de hectáreas destruídas.

En junio de 2018, último informe mensual disponible, detectaron 34.000 hectáreas arrasadas, un promedio de 1096 hectáreas por día. Argentina representó el 80 por ciento y Paraguay el 18 por ciento.

“Monitoreo desmonte”, es un sitio web colaborativo que analiza la situación de bosques de la región chaqueña de Argentina, doce provincias del norte del país donde avanzó el modelo agropecuario. Mediante imágenes satelitales precisa los desmontes desde la década del ‘70 hasta la actualidad. Entre el año 2000 y el 2018 se perdieron 5,7 millones de hectáreas, un promedio anual de 300 mil hectáreas. “Las tasas de deforestación en esta región se encuentran entre las más altas del mundo y están promovidas principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Este proceso ha generado importantes conflictos territoriales que incrementaron la preocupación y el interés por conservar los bienes naturales y culturales asociados a estos bosques”, explican los autores del relevamiento, la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En Argentina se aprobó en 2007 la llamada “Ley de bosques” (26.331), que buscaba frenar la deforestación. Desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se destruyeron en Argentina 2,4 millones de hectáreas: equivalente a 120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. El 80 por ciento de los desmontes se concentró en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.

Crisis climática

Además de las emisiones de gases de efecto invernadero, un factor clave en el rol de los bosques es que absorben el dióxido de carbono, proveen oxígeno y son fundamentales para bajar la temperatura del planeta. Sin embargo, entre 1990 y 2019 se destruyeron en el mundo más de 129 millones de hectáreas de bosques, superficie equivalente a la de Sudáfrica1. El agronegocio, que incluye la ganadería industrial, es un factor clave en la destrucción de esos bosques.

«Perspectivas del Medio Ambiente Mundial», es el nombre del informe de Naciones Unidas (ONU), presentado en marzo de 2019. Brinda un alerta contundente: el planeta se dirige hacia el colapso climático, sanitario y social.

Desde 1880 la temperatura mundial aumentó entre 0,8 y 1,2 grados centígrados. Y en la última década se produjeron ocho de los diez años más cálidos de la historia. El Acuerdo de París (2015) establece que los países firmantes deben adaptar acciones para que la temperatura del planeta no aumente por encima del 1,5 grados centígrados. Fue (y es) muy criticado por organizaciones sociales por no cuestionar el modelo de consumo que lleva al desastre climático, no ser vinculante, no frenar la extracción de hidrocarburos (como se había propuesto en la cumbre mundial de Kioto –Japón– en 1997) y proponer «falsas soluciones» (monocultivo de árboles, bonos de «compensación» para contaminar, geoingeniería para modificar el clima, entre otros).

Las grandes potencias económicas del mundo comandan el Grupo de los 20 (G20). Y esos mismos países también son los máximos responsables del cambio climático, el aumento de la temperatura global y los consiguientes desastres ambientales: el 76 por ciento de las emisiones del dióxido de carbono (principal factor del ascenso de la temperatura) proviene de los países del G20. Encabezan el ranking de contaminación China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón y Alemania.

El informe de la ONU es concluyente: «Las actividades antropógenas (humanas) han degradado los ecosistemas de la Tierra y socavado los cimientos ecológicos de la sociedad». Aclara que es necesario «adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener y revertir esa situación y proteger así la salud humana y ambiental». Algunas de las medidas esenciales son reducir la degradación de la tierra, frenar la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire, la tierra y las aguas; mitigar el cambio climático y reducir la quema de combustibles fósiles”. Joyce Msuya, directora ejecutiva de ONU Medio Ambiente, fue tajante: «Estamos causando el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. No habrá mañana para muchas personas, a menos que nos detengamos».

Este artículo es parte del proyecto Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.

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#AtlasOGMConoSur | Entre 1990 y 2019 se destruyeron en el mundo más de 129 millones de hectáreas de bosques, superficie equivalente a la de Sudáfrica.  

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Arrasar-con-la-vida

Alternativas emancipatorias

Tengamos en cuenta la lucha decolonial, cultural e ideológica que se libró encabezada por los pueblos originarios de la Puna. Que consiguió instalar, gracias sobre todo a la labor periodística de Darío Aranda, entre las comunidades en resistencias a los extractivismos en Argentina que la lucha era contra la megaminería y no sólo la metalífera a cielo abierto.

Litio y espejos de colores

22 de diciembre de 2018 

«Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene».

Bruno Fornillo (investigador del Conicet y Clacso)*

La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.

Por Darío Aranda

«Oro blanco», es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. «Recurso natural estratégico», argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. «Nuestra vida», resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.

Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.

Veinte años

El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas (kollas y atacama en Jujuy y Salta).

El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y está en manos de la multinacional multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman «triángulo del litio» a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promociona de forma retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será «líder» en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.

¿Desarrollo nacional?

«YPF del litio», fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de «Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado».

“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

Académicos

El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la «YPF del litio» fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.

El Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales es heterogéneo, en formación (economistas, cientistas políticos, historiadores) y miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.

«Geopolítica del litio», es el libro publicado en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en ciencias sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El 21 de septiembre participó de la charla «¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.

Criticó la idea empresaria-gubernamental de la «Arabia Saudita del litio» (como se suele señalar al «triángulo del litio» de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.

Pero también señaló que el litio «plantea un dilema porque puede ser un material de transición a un modelo energético no fósil». Precisó que la «polémica» tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.

Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio).

Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. «Se les paga para que se lleven el litio», denunció.

«Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso», afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.

Explicó que en Chile, de la mano de «los Chicago boys», la apropiación de renta por parte del Estado es «muy importante» en comparación con Argentina. Pero sobre todo reivindicó el modelo boliviano, donde –remarcó– se estatizó «el recurso y se intervino en toda la cadena de valor».

Afirmó que existe fiscalización para que sea «menos contaminante» y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.

«Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades», propuso Slipak.

En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.

¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.

Entrevista a Slipak.

-¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?

-La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.

-¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?

-Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.

-Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, «menos contaminante». Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.

-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.

Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el «principio precautorio», vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación.

Lucha

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta, cómo debía ser, qué implicaba. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.

Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.

Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.

Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: «Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso». Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.

Ambiente y presiones

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.

Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. «Hay avance de mineras y la situación está complicada por que el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen», denunció González.

Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida «de decisión o negociación» sobre el territorio indígenas.

EEUU y represión

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. «El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.

El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.

«El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión», señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: «Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras».

* Libro «Geopolítica del litio». Página 87.

Fuente: https://darioaranda.com.ar/2018/12/litio-y-espejos-de-colores/

Examinamos en qué consiste la megaminería del litio y cómo viola los derechos tanto de los pueblos como de la naturaleza. También destapamos complicidades de estatistas o nacionalistas populares y productivistas. Tengamos presente que hubo y hay esfuerzos de científicos y fuerzas progresistas o de izquierdas reformistas por justificar esta desertificación.

Sigamos recordando profundizando en la extracción (que no producción) de litio y las complicidades de quienes se identifican como amigos de los pueblos.

Litio: mentira verde y colonial

2 de octubre de 2019  

*Por Darío Aranda

El litio se transformó en la nueva obsesión minera y es elogiado por todo el arco político, académicos y periodistas. En enero se conoció el rechazo del Pueblo Kolla en Jujuy a una minera, pero también hay casos de asambleas socioambientales en Catamarca, San Luis y Córdoba. Promesas de “progreso” y sacrificio de territorios. Intelectuales críticos y, otros pocos, cómplices. La situación en Bolivia y Chile.

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Primero fue el oro. También la plata y el estaño. Y más tarde el caucho. La madera, el petróleo y, más reciente, los transgénicos. Desde hace una década tomó fuerza un nuevo objeto de deseo, codicia y saqueo: el litio. «Recurso natural» llaman empresas y políticos. «Recurso estratégico» los académicos progresistas que llaman a «exprimirlo». Pueblos indígenas resumieron «litio para hoy, hambre para mañana».

El rechazo del Pueblo Kolla en Jujuy, de asambleas socioambientales en Catamarca, San Luis y Córdoba. Empresas, gobiernos y las promesas de «progreso». La situación en Bolivia y Chile. Propuestas verdes del Norte global que arrasan territorios del Sur.

¿Oro blanco?

El litio es un mineral esencial para las baterías de autos eléctricos, computadoras y teléfonos. Ascendió en uso y precio en las últimas décadas. Las empresas tecnológicas y automotrices son sus principales demandantes. Y las mineras las encargadas de la explotación.

A diferencia de la megaminería de oro, plata y plomo, no requiere de enormes agujeros en las montañas (los conocidos «open pit») y gigantescos dique de colas (basureros mineros de hasta cientos de metros de profundidad y decenas de hectáreas de superficie), pero tiene el común el uso de enormes cantidades de agua y sustancias químicas contaminantes.

Otro punto en común: el mercado está dominado por grandes multinacionales de primer mundo y la explotación, se realiza en su mayoría en países periféricos, dependientes.

El comienzo de la minería de litio a gran escala en Argentina fue en 1998, con el proyecto minero de litio Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca), en manos de la multinacional FMC Lithium.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman «triángulo del litio» a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp, parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promociona de forma retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será «líder» en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”. El 1 de marzo pasado, en su discurso en el Congreso Nacional, celebró: «El mundo habla del litio y tenemos Catamarca, Salta y Jujuy enormes reservas».

Pueblo Kolla

Uno de los lugares donde se encuentra el litio es en los salares, esas extensas planicies blancas que suelen ser también espacio de turistas.

Desde hace diez años, los gobiernos de Jujuy y Salta ofrecen a en todas las ferias mineras la región de Salinas Grandes, lugar de trabajo, historia, cultura y vida de los pueblos indígenas. Y, también desde hace diez, comenzó la organización y lucha de los pueblos originarios para rechazar la actividad.

Un logro histórico fue la conformación de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por decenas de comunidades. Exigen se respete la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Pueblos Indígenas: para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Pero el máximo tribunal dio la espalda a las comunidades y envió la causa a los tribunales provinciales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El asedio de las mineras tuvo una escalada con el gobernador Gerardo Morales. El 4 de enero informó la licitación pública minera de áreas de Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama, 35.000 hectáreas. «Se busca incrementar la producción de litio en la provincia”, explicó Carlos Oehler, presidente de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse). Y advirtió: “Tener hecha una evaluación sobre los yacimientos permitirá saber efectivamente si pueden transformarse en áreas productoras. De concretarse, posicionaría a esta provincia en un lugar privilegiado a nivel nacional”.

En los pliegos de licitación, que violan los derechos indígenas por no haber respeta la legislación nacional e internacional, figuran artículos que se burlan de los afectados: «“Jujuy exige una relación altamente respetuosa con las comunidades originarias, y las empresas deben tener la predisposición de integrarlos en el proyecto desde el inicio”.

Organización y acción directa

Las comunidades indígenas de Jujuy se enteraron por los medios de comunicación de la nueva avanzada minera. Muchas de ellas nucleadas en la organización Mesa de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Reunidas en asamblea, ratificaron el rechazo a la minería y exigieron el respeto a los derechos indígenas.

A inicios de febrero, el Pueblo Kolla se movilizó en los ingresos a las Salinas Grandes, se mantuvieron en asamblea permanente y realizaron cortes informativos en la ruta nacional 52. Llegaron hasta el área donde exploraba la empresa Ekekos S.A.-AIS Resources Liimited. Lograron que los operarios de la minera se retiren del lugar y la compañía paralice sus actividades.

«Logro histórico del Pueblo Kolla. Que sepa el gobierno de Gerardo Morales que vamos a impedir cualquier otro proyecto de megaminería y/o de litio en la Cuenca de Salinas Grandes, que es territorio sagrado de los pueblos originarios», alertaron las comunidades en un comunicado del 8 de febrero.

Denunciaron que el gobierno provincial manipula el derecho a la consulta, presiona a referentes indígenas y propone «mesas chicas» para «convencer» dirigentes indígenas y lograr el visto bueno de la minería.

El comunicado finalizó: «La vida y el agua valen más que el litio».

San Luis y Córdoba

Las asambleas y organizaciones sociales de San Luis lograron en 2008 una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería. Sin embargo, en 2011 y 2015 hubo intentos de empresas de radicarse y, paso posterior, modificar la ley. Es lo mismo que sucedió este verano, cuando desde la Red Ambiental y Social (que reúne a varias organizaciones de la provincia) se enteraron que las mineras Latin Resources (Canadá) y Dark Horse Resources (Australia) están presentes en San Luis.

Cecilia Sustersic, de la Red Ambiental y Social, precisó que la minera canadiense publicita que cuenta con 120.000 hectáreas en la provincia. Recordó que San Luis es una provincia semiárida, con ecosistemas muy frágiles y las mineras utilizan enormes cantidades de agua. «Las mineras ponen en riesgo la vida misma. No vamos a permitirles a estas empresas que vengan a llevarse un mineral estratégico que es para alimentar el consumo mundial que nos lleva al abismo como humanidad», afirmó Sustersic.

Durante enero realizaron encuentros, movilizaciones y cortes de ruta informativos en rechazo a la actividad.

En la localidad de Las Tapias, en Córdoba, los vecinos se enteraron por casualidad (nunca un Gobierno que informe a la población) de la presencia de la minera Dark Horse, para explorar en busca de litio. La provincia, que acumula luchas contra la megaminería (en 2008 lograron una ley que la prohíbe), contra las fumigaciones y en defensa del monte nativo, de inmediato comenzó a movilizarse impulsada por el Foro Ambiental de Traslasierra.

Asambleas, marchas, jornadas informativos y cuestionamientos a los funcionarios que abren la puerta a las mineras a espaldas de la población. Lograron que el Concejo Deliberante de Las Tapias apruebe una ordenanza que prohíbe la minería. Primer triunfo. Pero no se quedaron con eso.

«Es un gran avance, pero no es suficiente», explicó Marc Bohl, del Foro Ambiental, que señaló la posibilidad de que el Intendente (actual o por venir) vete la ordenanza o que el gobierno provincial o el Poder Judicial den luz verde a la minería.

Continúan con la campaña informativa y recolección de firmas para interpelar al gobernador Juan Schiaretti y a la Legislatura provincial. Exigen que se cierren los expedientes de la empresa, que la ley explicite que prohíbe toda minería metalífera y que se retire la empresa.

«Exprimir el recurso»

Existen intelectuales e investigadores que apoyan el modelo extractivo y no reparan, minimizan o no les importan, sus consecuencias. El modelo sojero cuenta con Ráquel Chan, investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral que impulsa una variedad de soja resistente a la sequía y con uso del peligroso agrotóxico glufosinato de amonio.

En la explotación de litio tuvieron amplios espacios periodísticos Victoria Flexer (química que impulsa el desarrollo de litio financiada por YPF, el gobierno de Jujuy y el Conicet) y Ernesto Calvo (de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y Conicet), que difunde una técnica de extracción que sería menos perjudicial al ambiente.

También existen casos más solapados, y peligrosos, con un discurso de «desarrollo nacional», desde el progresismo y la izquierda. Uno de ellos es el llamado «Grupo de estudios en geopolítica y bienes naturales», integrado por Bruno Fornillo, Florencia Puente, Ariel Slipak, Julián Zícari, Melisa Argento, Gustavo Romeo, Santiago Urrutia Reveco, Martina Gamba y Elaine Santos.

Tienen diálogo con académicos críticos, algunos de ellos visitan las comunidades en lucha y hasta se presentan como «militantes» o «compañeros» de las asambleas socioambientales. Se consideran a si mismos, dentro del mundillo académico, la «izquierda» del tema litio.

Publicaron en 2015 el libro «Geopolítica del litio», como parte de la «Colección Chico Mendes» de la Editorial El Colectivo. «Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural (el litio) que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene», afirma en la página 87 Bruno Fornillo, coordinador del libro y referente del grupo.

Fornillo, porteño que suele presentarse como «doctor en ciencias sociales por la UBA y en geopolítica por la Universidad de París», es también historiador, pero no vincula el saqueo de recursos naturales (lo llama «bienes comunes») con la dependencia de cinco siglos de América. En su artículo, «del salar a la batería» insiste una y otra vez en lo importante del litio y plantea la ilusión de «fabricar baterías» como camino al desarrollo de la Argentina.

«No hay dudas de que los beneficios que podrían cosecharse de la posibilidad de fabricar baterías de litio en la Argentina son múltiples», promete Fornillo. Reivindica el «desarrollo» de Ernesto Calvo para «extraer el litio con una muy baja utilización de agua». En dos apartados de su libro Fornillo refiere al debate necesario de todos los «actores involucrados», pero nunca incluye a los pueblos indígenas, que viven en los territorios que el académico propone «exprimir».

En su artículo no aparecen las palabras «indígenas» ni «pueblos originarios». Sí señala que el litio, y las baterías, posibilitarían «una transición energética verde y limpia».

Ariel Slipak es uno de los coautores. También porteño, licenciado en economía, becario del Conicet, pero avisa que se siente más cómodo como se identifica en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El 21 de septiembre de 2018 participó de la charla «¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires. Florencia Puente, del mismo grupo de académicos y también parte de la Fundación Rosa Luxemburgo, facilitó el audio de la charla pública (el grupo de académicos suele molestarse si no se cita ese hecho irrelevante). Slipak consideró que la falta de recursos económicos lleva a las provincias, y también a las universidades, a buscar dinero del sector privado. Mirada que minimiza las responsabilidades extractivas de gobiernos y universidades.

«Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso», lamentó Slipak, y señaló a Chile, que de la mano de «los Chicago boys», tiene una «muy importante» apropiación de renta por parte del Estado. Sobre todo, señaló como ejemplo a seguir «el modelo boliviano», donde, dijo, se estatizó «el recurso y se intervino en toda la cadena de valor».

Afirmó que existe fiscalización para que sea «menos contaminante» y también reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, para poder explotar litio y que «sea menos contaminante».

Slipak también compartió una entrevista en Radio Con Vos con el gerente de Toyota, Eduardo Kronberg. En un diálogo muy ameno, destacaron la importancia del litio y hubo escasos cuestionamientos al rol de las multinacionales. Volvió a insistir con seguir el (supuesto) camino de Bolivia: «(Se requiere) Un modelo estatal con participación popular».

Políticos y empresas suelen disparar contra asambleas socioambientales por decir «no» al extractivismo. Y de forma despectiva suelen llamarlos «fundamentalistas». Slipak se hizo eco de ese término y tomó postura: «No estoy diciendo ‘litio no’ de manera fundamentalista».

En Salinas Grandes no conocían del tenor de los escritos de Fornillo y Slipak. Pero no les sorprendió el discurso pro-explotación. Están acostumbrados a los académicos extractivos y de doble discurso.

Clemente Flores, dirigente del Pueblo Kolla en lucha contra las mineras de litio, fue tajante: «Slipak nunca vino a las Salinas. Fornillo solo una vez, hace años. Ya les dijimos que no queremos mineras pero insisten. Los académicos que dicen que se puede extraer litio que sepan que eso mata a las comunidades».

Falacias y discurso colonial

Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral «Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno», analizó los peligros y riesgos de la minería.

Explica que hay una «fiebre del litio», como en su momento fue del oro, que tiene como motor «un discurso colonial-desarrollista» que promete mejoras a partir de la explotación de recursos naturales. «La minería de litio se enmarca dentro de la misma matriz neoliberal de los ’90, que en nuestra provincia tiene como referencia a Minera Alumbrera en explotación de cobre y oro, y que comprarte rasgos coloniales y de rapiña que es propio de la fase noeliberal extractiva», afirma Machado Áraoz.

Y alerta sobre rasgos aún más graves, sobre todo por el discurso ambiental que impulsa la explotación del litio, de «transición energética» y de supuesta industrialización local. Afirma que «hay toda una lectura reduccionista y sesgada» de quienes dicen que el único problema es el cambio climático, que se va a resolver con una «transición energética» cambiando la matriz de hidrocarburos por energías limpias y renovables, donde estaría el litio. «Esos discursos son sumamente peligroso porque contiene falacias montados sobre un elemento indiscutible que es el calentamiento global y la quema de hidrocarburos».

Horacio Machado cuestiona que esos académicos y organizaciones pro-litio no aborden la insustentabilidad e injusticia energética estructural del modelo, y que tampoco cuestionan el nivel de consumo de los países centrales, elemento central de la crisis climática. «Es una simplificación y una falacia plantear que se puede dejar todo igual y que con las extracciones del litio se avanza en una transición de una matriz energética que deje de quemar combustibles fósiles y pasar a energías supuestamente verdes», remarca.

Alerta que detrás de un discurso ecologista de «transición energética» lo que se hace es profundizar viejas posiciones de dependencia respecto de los países más poderosos e industrializados. «Con el ‘boom’ del litio nosotros estamos poniendo los territorios que subsidian la transición energética de otras sociedades», explica.

También llamó «falacia» y «ficción industrialista» creer que, a diferencia del cobro o el oro, el litio se puede industrializar en los países donde se extrae y transformar en batería. Recordó que hay un control oligopólico de empresas transnacionales que impide que los países de la región cumplan esa función. Sumado a la histórica y conocida «división internacional del trabajo», con países dependientes-subordinados (proveedores de materias primas) y países desarrollados que industrializan y agregan valor.

Chile y Bolivia

El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) tiene su sede en Cochabamba y desde 1970 trabajo en problemáticas sociales y ambientales. Jorge Campanini y Marco Antonio Gandarillas enviaron a MU un detallado informe que aleja a Bolivia de ser un ejemplo a seguir:

-No existe información respecto que el gobierno de Bolivia haya aplicado la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas.

-Hubo consulta pública (en agosto de 2018) respecto a la «Planta Industrial de Carbonato de Litio» de las salmueras del Salar de Uyuni. La mayor parte de las observaciones referentes a los impactos ambientales y sobre las fuentes de agua no fueron respondidas por las autoridades de Yacimiento de Litio Boliviano (YLB).

-Las consultas públicas se realizaron como parte de un mero trámite de obtención de la licencia ambiental. No presentaron información rigurosa sobre los impactos ambientales potenciales.

-El acceso a información en la explotación de litio ha sido y es muy restringido y la participación de instancias de fiscalización y control independientes es nula. A futuro se teme que las sociedades con actores transnacionales (en especial de China) se manejen de forma similar.
-El litio no genera ni generará progreso para Bolivia. Ninguna explotación de materias primas hace eso. No conocen una experiencia previa exitosa en ese sentido.

-El litio no es parte de un modelo «sustentable ni de energías limpias». Se teme por las fuentes de agua y la contaminación con agentes químicos. En el caso boliviano, la extracción se realiza sobre ecosistemas frágiles y altamente intervenidos, con serios problemas hídricos que afectan enormemente a las poblaciones locales, rurales y urbanas. No es sustentable convertir a toda una región en inhabitable, sin agua accesible.

-En Bolivia no se industrializa en litio. Recién va a ponerse en marcha la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, la cual derivaría su producción a la obtención de hidróxido de litio y cloruro de litio, materia prima para la construcción de baterías (además existe una gran cantidad de materiales que están involucrados en la elaboración y que Bolivia no produce).

-Las exportaciones de sales de litio y potasio, a escala piloto, son mínimas en comparación de las exportaciones de Chile y Argentina. Baterías, se hicieron solo a escala demostrativa, ninguna venta o producción relevante.

Bárbara Jerez Heríquez es chilena, doctora en Estudios Latinoamericanos y en 2018 publicó el informe «Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandino del Cono Sur», donde analiza la situación de Chile, Bolivia y Argentina.

Destaca que los salares de Chile están «pagando un alto precio» ambiental, «un desastre ecológico» por la explotación de litio, los niveles de agua han descendido y las fiscalizaciones ambientales son muy precarias. Las comunidades indígenas no fueron consultadas, incluso en 2018 hubo una extendida huelga de hambre por esa violación de la ley, y las empresas están atravesadas por la corrupción, con financiamiento de campañas políticas incluidas (documentado por una comisión de la Cámara de Diputados).

Recuerda que la minería hace uso indiscriminado de agua y deja zonas contaminadas, erosión, comunidades divididas y enfermedades (detectó que en las zonas mineras se repiten algo índices de cáncer). «No genera desarrollo. Genera mucha dependencia y sacrificio de economías locales, desde la ganadería hasta el turismo», afirma.

Jerez Heríquez aclara que el litio, cobre y cobalto son minerales estratégicos «para la transición verde que plantean los países industriales, como una alternativa funcional a su metabolismo de acumulación, consumo y producción».

Los países más poderosos publicitan a las baterías de litio y los autos eléctricos como parte de su combate contra la quema de combustibles fósiles (central en el cambio climático). Algunos académicos y periodistas repiten el discurso, pero no cuestionan la demanda mundial de commodities y la devastación que significa en las comunidades donde se explotan los territorios.

«El reemplazo tecnológico (autos eléctricos) es una solución eco-técnica, un parche, que significa profundizar el extractivismo. Se traslada la zona de sacrificio a lugares más periféricos, replica las desigualdades estructurales de siempre. No modifica la relación Norte-Sur, y los efectos de la devastación ambiental lo pagamos las comunidades del Sur», afirma.

La investigadora reclama debatir los estilos de vida de los países más poderosos. Advierte que la presión extractiva por litio comienza en los salares, pero luego va por los reservorios de roca (como San Luis y Córdoba en Argentina, o regiones de Perú y México). «Es el extractivismo de siempre, pero ahora con un relato colonial verde que se ofrece como solución para luchar contra el cambio climático», resume.

*Por Darío Aranda. Artículo publicado en marzo de 2019 en revista MU.

 Fuente: https://darioaranda.com.ar/2019/10/litio-mentira-verde-y-colonial/

Recordamos para situarnos en el actual Massaqueo

Argentina. Litio: el extractivismo minero de EE.UU. avanza en Salta, Jujuy y Catamarca, ¿quiénes se benefician?

Por Jorge Galmes Aguzzi, Resumen Latinoamericano, 30 de agosto 2022.

El viaje del ministro de Economía a Estados Unidos busca consolidar un clima de negocios profundizando el saqueo de recursos, a cambio de dólares para pagarle al FMI. En provincias como Salta, Jujuy y Catamarca ya están diseñando un acuerdo del litio para acelerar la llegada de inversiones. Además de los severos daños socio ambientales para la población, ¿quiénes ganan con el avance de este tipo de extractivismo en la Argentina?

Las exportaciones de litio alcanzaron valores récord en 9 años, según datos de la Secretaría de Minería crecieron 15% interanual en julio. La fiebre del litio avanza en el país de la mano de la necesidad imperiosa por conseguir divisas para pagar la deuda al FMI, o al menos eso dice el gobierno. Siguiendo la misma suerte que tuvieron las petroleras, ahora se espera que el Frente de Todos otorgue nuevos beneficios a la actividad minera, relacionados a la liquidación de los dólares generadas por la exportación.

En Salta, Jujuy y Catamarca están diseñando un proyecto en común para promover un aumento de inversiones en el oro blanco, que sin lugar a dudas significará un relajamiento mayor de las exigencias en torno al control ambiental y la remediación de los impactos de la actividad sobre el entorno.

Las exportaciones en el NOA sumaron 128 millones de dólares en julio de este año, se trata de una suba aumento del 131,8 % en comparación con igual mes del 2021, según datos oficiales. Flavia Ávila, secretaria de Minería nacional remarcó en sus redes que “el sector minero representó el 70 % de las ventas mensuales al exterior en estas provincias.”

El Código Minero existente desde la Reforma Constitucional del año 1994, otorga el dominio originario de los yacimientos a las provincias pero sin embargo sólo el 3% de regalías sobre el valor en boca de mina (el litio tiene la misma regulación que cualquier otro mineral). A pesar de las denuncias de los habitantes, las gobernaciones provinciales de Jálil, Morales y Saénz, aceleran el avance de estos acuerdos con multinacionales para beneficiase de la entrega de los recursos del país.

Massaqueo de recursos

Si consideramos al conjunto de la actividad minera (metalífera y no metalífera), las mismas ya representan más del 4% del total de las exportaciones de la Argentina, por lo que se va constituyendo la actividad a la que todas las provincias con yacimientos minerales están buscando de explotar a toda costa.

En este sentido, si analizamos puntualmente el caso del Litio, la situación es mucho más alentadora tanto para las empresas como para el Estado (socios en esta iniciativa) dado que para el mes de julio con un crecimiento interanual del 459%, las exportaciones de litio ya representan casi un 30% del total de las exportaciones mineras.

A nivel regional, entre Argentina, Chile y Bolivia se encuentran cerca del 80% de las reservas de litio mundial de acuerdo con datos publicados por Fundamin.

Sólo la Argentina ocupa el cuarto puesto como productor mundial de litio; la distribución nacional del acervo de este mineral se distribuye de la siguiente manera: la provincia de Salta con un 40%, Jujuy 37% y Catamarca 23%. Juntas concentran alrededor de 40 proyectos mineros, tanto en planificación como en ejecución. No es de extrañar entonces que los Gobiernos provinciales busquen canalizar en sus arcas parte de esta maravillosa renta extraordinaria que el litio ya está evidenciando en los datos macroeconómicos.

En lo que respecta a los márgenes de ganancias existen proyecciones para el «mercado» argentino que la ubican en torno a los 70 dólares por kilogramo producido. Si tenemos en cuenta que para el año 2022 se estima que en el país se producirá cerca de 300 mil toneladas, podemos afirmar sin lugar a dudas que los márgenes brutos de explotación para los productores de litio superarán los 20 mil millones de dólares, incluso a pesar de que son cálculos en base a precio actuales y no futuros.

Tal como destaca el economista Gastón Remy en su informe, las empresas productoras de litio ya están estafando a la Argentina al declarar precios de venta al exterior menores a los vigentes en el mercado internacional. Un ejemplo de estas prácticas fraudulentas es la denuncia que recae sobre la minera Livent (Catamarca), realizada por la AFIP.

El estrés hídrico

En el caso argentino, a diferencia de otros países, la disponibilidad del litio se encuentra en la superficie lo que resulta mucho más accesible. Concretamente, se deposita en lagos de salmuera con una pureza mucho mayor producto de la acción de manantiales hidrotermales.

Al igual que en el caso de la mega minería metalífera la pregunta que surge inmediatamente es ¿a qué costo? De acuerdo con datos proporcionados en un informe publicado por Amigos de la Tierra, se requieren 2.2 millones de litros de agua para producir sólo una tonelada de litio.

Si consideramos la ubicación de la extensión de los salares donde se puede extraer el litio, son zonas sumamente áridas por lo que las comunidades cercanas van a sufrir el impacto en caso de sostenerse el nivel de actividad. Incluso si se tiene presente que en los salares también existen depósitos de agua dulce, cualquier alteración a gran escala puede significar la salinización del sistema hídrico.

La abogada ambientalista Verónica Gostissa fue entrevistada en el diario Perfil y allí denunciaba que una sola mina (Livent) consume en 15 días la misma cantidad que la localidad de Antofagasta en el término de un año.

El objetivo estratégico de Fondo

Mientras en el mundo la demanda de energía aumenta a un ritmo mayor a su oferta, afectada por las sanciones económicas impuestas a Rusia; en Argentina las importantes reservas de litio atrajeron muchas miradas. Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington al que accedió Página 12 de “Argentina tiene las segundas reservas de litio más grandes del mundo y es el cuarto mayor productor de carbonato de litio, detrás de Australia, Chile y China, y contribuyó el 6 por ciento a la oferta mundial con 33.000 toneladas métricas en 2021”.

En este sentido se entienden las declaraciones del embajador norteamericano en Argentina durante el Council of Americas, Marc Stanley: «Estados Unidos quiere tener una relación con Argentina para que sea líder en América Latina, su intención es ayudar con la infraestructura, alimentos, energía, litio”.

Algo no menor es lo que señalaron los especialistas, que el marco normativo minero en la Argentina es uno de los más liberales de la región. Las empresas que acceden a una concesión para explotar un yacimiento tienen total libertad para disponer de los recursos. El mismo informe del CSIS sostiene que el país “no ha impuesto ninguna regulación a la inversión extranjera en el sector del litio y permite que el mercado dicte el desarrollo de la industria.» Esto ha generado que las provincias pierdan poder de negociación con las empresas multinacionales, ni hablar los efectos del daño ambiental que recae sobre las poblaciones.

No sólo ganan las multinacionales, en el medio de la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, la confiscación de las reservas de litio adquiere un carácter estratégico. “Queda claro que el litio argentino es un recurso fundamental para EE.UU. en su carrera con China”, admitía el informe ya citado. Es decir, el litio es una puerta de entrada directa de los EE.UU. en su conflicto comercial con China dado que bajo el nuevo paradigma tecnológico que se avecina no es un mineral con el que EE.UU. pueda contar.

De la mano del Frente de Todos se profundiza el ajuste y el modelo extractivista en el país. Bajo la bota del FMI, Estados Unidos presiona para avanzar en el saqueo de recursos que considera estratégicos.

Para frenar esta entrega de los recursos nacionales, y combatir el daño ambiental asociado a estas prácticas que sólo priorizan la obtención de ganancias, es necesario romper el pacto con el FMI, que sólo empeorará el atraso y la dependencia nacional.

Izquierda diario

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/08/30/argentina-litio-el-extractivismo-minero-de-ee-uu-avanza-en-salta-jujuy-y-catamarca-quienes-se-benefician/

Nos resulta increíble que, desde las izquierdas partidarias, la solución sea romper el pacto con el FMI cuando en este mismo artículo se menciona al “informe del CSIS sobre que el país “no ha impuesto ninguna regulación a la inversión extranjera en el sector del litio y permite que el mercado dicte el desarrollo de la industria.» Esto ha generado que las provincias pierdan poder de negociación con las empresas multinacionales, ni hablar los efectos del daño ambiental que recae sobre las poblaciones”.

No es sólo con respecto al litio sino a todos los extractivismos que rige la ley de inversiones extranjeras que el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales implantó con dictadura genocida. Pero, además, el gobierno de Carlos Menem- Partido Justicialista estableció el correspondiente cuerpo jurídico y el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín fue fundamental para la descentralización que, en nombre de la autonomía, hizo que las transnacionales fuesen ‘controladas’ por estados provinciales o incluso municipios de acuerdo con la nueva Constitución de 1994.

Pienso que hoy es crucial probar la criminalidad de lesa naturaleza y de lesa humanidad del capitalismo y su parasitismo como que los extractivismos sólo son de alta rentabilidad con subsidios directos e indirectos.