Qué Abya Yala-Abril/Mayo 2022

Con arrasamiento de sus territorios ( o simbiosis cultural e histórica de cada una de las comunidades locales) para el acaparamiento oligopólico de bienes comunes naturales y sociales.

Historia y presente/ Ofensiva del sistema mundo capitalista /
Alternativas emancipatorias

Historia y presente

El término Abya Yala es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto hacia las raíces de los pueblos originarios; y en ese sentido, el poema Abya Yala Wawgeykuna (Hermanos Americanos), originario del pueblo Quechua de Argentina, hace un llamado a la unidad de los pueblos a mantener presente su origen y a continuar su camino siguiendo las huellas de sus ancestros. Tal como su título indica, Abya Yala Wawgeykuna.

Artes, saberes y vivencias de indígenas americanos, el libro que sostienen en sus manos es un tributo a la filosofía de ese poema, pues intenta plasmar el pasado y el presente de distintos pueblos originarios: sus modos de vida, sus manifestaciones artístico-culturales, sus creencias… y al fin y al cabo, su identidad. Leer

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Estamos sumidos –como país, como continente y como mundo– en el sistema mundo capitalista y sus locales maximizando el acaparamiento de tierras y otros bienes comunes hasta el extremo de arrasar la Cordillera, los océanos, los bosques nativos y las selvas. Es hora de generalizar la percepción (conocimiento y posicionamiento) sobre, por ejemplo, en:

Chaco argentino, indígenas y criollos pelean
por un ambiente que les permita vivir mejor

20 de abril de 2022

Por Daniel Gutman | Periodistas por el Planeta

En el extremo norte de la Argentina, sobre el río Pilcomayo y cerca del punto de triple frontera con Bolivia y Paraguay, hay un territorio que quedó fuera de la conquista española. Los enviados de la Corona nunca hicieron pie en ese lugar, que está en el noreste de la provincia de Salta y desde el punto de vista ecológico pertenece a la región del Gran Chaco, la segunda llanura boscosa más grande de América del Sur, luego de la Amazonía.

Allí, el calor puede superar los 50°C. Y, si uno se aleja del Pilcomayo, el agua escasea: sólo llueve entre noviembre y marzo. Es un área en la que no es fácil vivir, que no cuenta con metales ni otros recursos económicos que fueran valorados en tiempos de la colonia, por lo que ni siquiera mereció la atención de los españoles.

Sólo en la segunda mitad del siglo XIX, el moderno Estado argentino se lanzó a conquistar esa zona y a someter a los indígenas. Ellos eran cazadores-recolectores que vivían en una estrecha relación con el monte, pero, para el Gobierno de Buenos Aires, constituían sólo una fuerza laboral susceptible de ser explotada en los obrajes y los ingenios azucareros incipientes en el norte del país.

Los indígenas vieron como en su tierra todo cambiaba. Detrás de las fuerzas militares y de las armas, llegaron, en busca de buenos pastos para sus animales y también con apoyo del Estado, los ganaderos blancos. O criollos, como hasta el día de hoy se llama en la zona a los descendientes de europeos o incluso a los mestizos.

Desde entonces, indígenas y criollos conviven y luchan por sus derechos a la tierra y a una calidad digna de vida en lo que por décadas fueron los lotes fiscales 55 y 14, que en conjunto ocupan 643.000 hectáreas.

Pobreza generalizada

La ausencia del Estado y la degradación ambiental generada por décadas de sobrepastoreo del ganado —que tradicionalmente ha sido criado “bajo monte”, lo que significa que a los animales se los deja sueltos para que busquen alimento— y la explotación irracional de la madera hundió en la pobreza a casi todos.A las naciones indígenas se les reconoció la propiedad comunitaria sobre una extensión de 400.000 hectáreas. Según datos del último censo hecho en la Argentina (2010), en el departamento salteño de Rivadavia, donde están los ex lotes fiscales 55 y 14, 13.462 personas —o el 45% de la población— vivían en viviendas caracterizadas como ranchos o en casillas de madera. La mayor parte del resto de los hogares tampoco le escapaba a la precariedad: el 67,5% ni siquiera tenía heladera.

«La visión romántica de que los indígenas son los únicos que cuidan el ambiente y los criollos sólo depredan es equivocada. Por falta de medios de vida, los indígenas son generalmente la mano de obra barata para la extracción ilegal de madera. Y los criollos, a medida que obtienen seguridades de que no van a ser expulsados, realizan prácticas más conservacionistas». (Luis de la Cruz, especialista en antropología ambiental y presidente de la Fundación FUNGIR, una de las que trabaja en la zona con las comunidades).

Derecho a la tierra

En 1984 —diez años antes de la reforma de la Constitución Nacional de Argentina que reconoció el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras que ocupan ancestralmente—, las comunidades comenzaron a reclamar un título único que reconociera su derecho. Y en 1998, ya agrupadas en la asociación Lhaka Honhat (“Nuestra tierra”, en lengua wichí), llevaron su reclamo al sistema interamericano de derechos humanos.

Como resultado de tantos años de organización y de lucha, en 2014, el Gobierno de Salta reconoció la propiedad de indígenas y criollos sobre las tierras. El Decreto 1498 —firmado por el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey— estableció que 400.000 hectáreas pertenecen en propiedad comunitaria a los más de 10.000 indígenas que habitan el lugar. Las 243.000 hectáreas restantes fueron adjudicadas en condominio a 463 familias criollas. Esa partición recogió el acuerdo alcanzado por los líderes sociales en el lugar. Sin embargo, a los indígenas nunca se les delimitó su tierra ni se les dio su título de propiedad. Y, en el caso de los criollos, el proceso apenas avanzó.

Hoy, las esperanzas están puestas en una histórica sentencia dada a conocer en abril de 2020  por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado argentino que otorgue un título de propiedad colectiva sobre 400.000 hectáreas a las 132 comunidades indígenas que habitan el lugar y asegure la relocalización de las familias criollas instaladas en ese territorio. Además, le indicó que establezca acciones para remediar la contaminación de las aguas, evitar que continúe la pérdida de recursos forestales, y garantice el acceso a una alimentación nutricional y culturalmente adecuada.

El fallo fue leído con atención por organizaciones indígenas en toda América latina, porque fue el primero del sistema interamericano de derechos humanos que estableció una relación entre el derecho a la propiedad de la tierra y su conservación ambiental. No sólo se trata de que las comunidades sean dueñas del espacio que ocupan ancestralmente, sino también de que estén en condiciones de proveerse de los recursos naturales con los que sustentan su vida, dijeron los jueces.

La Corte consideró que la tala ilegal, así como la ganadería y la instalación de alambrados por parte de los criollos, afectaron bienes ambientales y alteraron el modo tradicional de alimentación, limitaron el acceso al agua y lesionaron la identidad cultural de las comunidades indígenas, que pertenecen a los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete). La sentencia tiene 133 páginas, pero existe un resumen oficial de sólo seis, que ya fue traducido a cuatro de los idiomas de esas naciones indígenas, para que los miembros de las comunidades puedan conocer su contenido.

Recuperar la calidad del ambiente

“La sentencia de la Corte ordena que se dé satisfacción a un largo reclamo de las organizaciones indígenas: que se retiren de su territorio las vacas y los alambrados de los criollos. Un siglo de pastoreo ganadero sin control ha producido una degradación del ambiente. Hoy, hay más de 60.000 de cabezas de ganado sobre territorio indígena”, explica la ingeniera agrónoma Ana Álvarez, representante de ASOCIANA, una ONG vinculada a la iglesia anglicana que trabaja con comunidades indígenas en la zona. Y agrega:

La decisión es un hito en un proceso de más de 30 años, que nos permite pensar en la recuperación de la calidad del ambiente. Si eso ocurre, la gente va a poder aprovechar sus recursos del modo que cada uno vaya definiendo para vivir mejor.

En marzo de 2019, el líder indígena wichí Francisco Pérez —quien falleció en junio de 2021 a causa de Covid-19— viajó a San José de Costa Rica. En audiencia ante la Corte Interamericana, dijo que no consideraba a los criollos sus enemigos, pero advirtió que las formas de vida son muy distintas.

“La ganadería es el problema principal”, sostuvo. “Las vacas nos arruinan la tierra y comen los frutos que nosotros usamos para comer y como medicinas. Y los alambrados molestan a los animales y no dejan que nosotros lleguemos al río para pescar.”

Esa relación entre calidad de vida y ambiente que se establece en la sentencia es lo que ha llamado la atención de defensores de los pueblos de los derechos indígenas en todo el continente, que están convencidos de que se fijó un precedente fundamental para comunidades que luchan contra industrias extractivas en la región. 

Recuperar el diálogo

Julia Cabello, abogada de la organización paraguaya Tierraviva, considera que, más allá del derecho al ambiente sano, que ya había sido reconocido en otras sentencias por el alto tribunal, en este caso se estableció que “la degradación de la naturaleza afecta la identidad cultural, el modo de vida y la proyección de vida de las comunidades”.

Ahora bien, una de las cuestiones más interesantes es que la decisión de la Corte también fue celebrada por quienes trabajan con las poblaciones criollas del Chaco salteño.

“El fallo recupera el diálogo y la negociación que se viene llevando adelante desde hace muchísimos años entre organizaciones indígenas y criollas. Y, si bien es verdad que es favorable al reclamo indígena, ayuda a todo el proceso, ya que también empuja al Estado a darles sus tierras y sus títulos de propiedad a las familias criollas”, afirma Gabriel Seghezzo, director Ejecutivo de FUNDAPAZ, una organización que tiene casi 50 años de labor con las comunidades del Chaco.

Grandes cambios para todos

La sentencia también ordenó que, en un plazo de seis años, toda la población criolla sea trasladada fuera del territorio indígena. Esa resultará, seguramente, la cuestión más conflictiva, porque requiere de importantes inversiones del Estado para poner en condiciones habitables tierras que hoy no lo son. 

La asamblea realizada en mayo de 2019, en ocasión de la visita a la zona del Pilcomayo de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Hacen falta agua, escuelas, caminos… De otra manera, es imposible relocalizar a los criollos. Nadie puede ir a vivir a un lugar donde no hay nada”, dice Seghezzo. Y detalla que sólo 42 de las 463 familias criollas reconocidas por el Gobierno salteño en 2014 recibieron su título de propiedad, aunque ya hay casi 200 que han llegado a un acuerdo.

En cualquier caso, la implementación de la sentencia está destinada a significar grandes cambios para todos. “Los criollos, que están acostumbrados a criar a sus vacas a campo abierto, y tenían 643.000 hectáreas a disposición para hacerlo, ahora van a contar con entre 500 y 700 hectáreas, que es la superficie que van a tener sus propiedades privadas”, explica el ingeniero agrónomo César Ardiles, quien vive hace cuatro años en Santa Victoria Este, cabecera del municipio, donde trabaja como técnico de FUNDAPAZ.

Ardiles asegura que no sólo los indígenas sino también los criollos viven del monte y pierden con su degradación:

Todos se perjudican con la tala ilegal de árboles, pero los que denuncian después son amenazados por las mafias que operan en la zona. Necesitamos un compromiso del Estado provincial para evitar que se lleven madera. Hay sólo tres salidas de Santa Victoria Este, así que sería bastante fácil poner controles, pero no existe voluntad.

Luego de conocer la zona y conversar con indígenas y criollos, la Corte Interamericana reconoció la propiedad de la tierra por parte de las comunidades originarias y el derecho a un ambiente sano. Crédito: Gentileza ASOCIANA.

Hoy, instituciones oficiales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Secretaría de Agricultura Familiar trabajan junto a organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de estrategias para la recuperación del ambiente.

“El espacio brinda muchas posibilidades, y el objetivo es apoyar a indígenas y criollos para que recuperen los espacios productivos para todas las actividades: desde ganadería y agricultura hasta cacería y apicultura. Para que las cosas funcionen y la gente pueda vivir bien, se necesitan planificarlas y acordarlas muy bien”, afirma Luis de la Cruz.

Y completa: “A través de la regeneración de bosques y pastizales no sólo vamos a construir un espacio habitable, sino que también vamos a contribuir a la captura de carbono, que es un tema que la Argentina y el mundo necesitan en el combate contra el cambio climático”.

Se trata, como ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hacer entre todos un ambiente más próspero para que la gente pueda vivir mejor.

Durante la visita de los jueces interamericanos, las comunidades indígenas relataron cómo el deterioro ambiental afecta su calidad de vida.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina. 

Fuente: https://periodistasporelplaneta.com/blog/chaco-argentino-indigenas-y-criollos-pelean-por-un-ambiente-que-les-permita-vivir-mejor/

Reparemos el contraste de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del apoyo desde unas ONG con la realidad concreta que uniones de autoorganizaciones populares denuncian y exigen soluciones.

Por un lado, sosteniendo un desencuentro entre los de abajo que encubre a los grandes capitales en comunidad de negocios con el Estado:

(…)El fallo fue leído con atención por organizaciones indígenas en toda América latina, porque fue el primero del sistema interamericano de derechos humanos que estableció una relación entre el derecho a la propiedad de la tierra y su conservación ambiental. No sólo se trata de que las comunidades sean dueñas del espacio que ocupan ancestralmente, sino también de que estén en condiciones de proveerse de los recursos naturales con los que sustentan su vida, dijeron los jueces. (…)

(…) “La sentencia de la Corte ordena que se dé satisfacción a un largo reclamo de las organizaciones indígenas: que se retiren de su territorio las vacas y los alambrados de los criollos. Un siglo de pastoreo ganadero sin control ha producido una degradación del ambiente. Hoy, hay más de 60.000 de cabezas de ganado sobre territorio indígena”, explica la ingeniera agrónoma Ana Álvarez, representante de ASOCIANA, una ONG vinculada a la iglesia anglicana que trabaja con comunidades indígenas en la zona. (…)

(…) “El fallo recupera el diálogo y la negociación que se viene llevando adelante desde hace muchísimos años entre organizaciones indígenas y criollas. Y, si bien es verdad que es favorable al reclamo indígena, ayuda a todo el proceso, ya que también empuja al Estado a darles sus tierras y sus títulos de propiedad a las familias criollas”, afirma Gabriel Seghezzo, director Ejecutivo de FUNDAPAZ, una organización que tiene casi 50 años de labor con las comunidades del Chaco. (…)

Por otro lado:

Semana de lucha de los pueblos contra el hambre y
los agrotóxicos en Salta, Córdoba, Rosario

6 de febrero de 2020

ANRed difunde comunicado:

BAJANDO AL AGRONEGOCIO
SEMANA DE LUCHA DE LOS PUEBLOS CONTRA EL HAMBRE Y EL VENENO

 ¡Comienza la 1era de 3 jornadas de lucha en distintos puntos del país!

En este modelo de muerte, lxs muertxs siempre lxs ponemos las de abajo. Somos PUEBLO que viene a decir BASTA. En el mes de Enero murieron 6 niñxs y una Madre de comunidades wichi del norte de Salta. Decenas de niñxs de estos territorios se encuentran en la misma situación crítica. Entre los principales motivos se encuentra la falta de agua, y la falta de una alimentación digna.

Esta situación que están atravesando nuestrxs hermanxs es la misma que atravesamos cientos de comunidades campesinas, en pueblos y pequeñas ciudades, lo mismo que millones de personas apiladas en los colchones de miseria de las grandes ciudades. Millones de personas no podemos resolver necesidades básicas como lo son el acceso al agua y a una alimentación de calidad.

Pero todo esto, entendemos, tiene un origen: el despojo de nuestras tierras; y tiene una continuidad: el desmonte, el posterior sembrado de soja y luego la lluvia de millones de litros de agrotóxicos que luego allí se vierten. Una muestra de esto es que, tanto en comunidades originarias del norte, como en parajes, pueblos y localidades del centro de país, muchas veces los únicos recipientes disponibles para juntar agua son los tachos de veneno que descartan los gringos. Las comunidades indígenas estan siendo perseguidas y acorraladas sistemáticamente a favor del desmonte, el agronegocio y la megamineria. Las consecuencias de las fumigaciones con veneno ya son ampliamente conocidas en el mundo científico y académico, y somos sobre todo los pueblos pobres que padecemos esta problemática quienes en carne propia sabemos de cáncer, leucemias, malformaciones, abortos espontáneos y un sinfín de padeceres, provocados por la ganancia de unos pocos terranientes y sojeros.

El glifosato, el 24D y el cianuro están envenenando nuestrxs territorios y nuestras vidas. Es un modelo donde el lucro esta por sobre la vida de plantas, animales, los pueblos y nuestras culturas. En paralelo la situación social y alimentaria en la Argentina es muy grave. Casi la mitad de la población nos encontramos bajo la línea de la pobreza, y no podemos acceder a las más básicas necesidades alimentarias y cotidianas. Este modelo de producción extractivista no solo nos envenena sino que NO produce alimentos de consumo local, ni está pensado para satisfacer las necesidades que tenemos como pueblo. Para peor tenemos que ser testigos de la quiebra fraudulenta del monstruo de las sojeras como lo es Vicentin, que debiera ser expropiada, estatizada y puesta a producir sin veneno para el pueblo. Estamos hartas de que a este modelo de muerte, injusto que nos endeuda de manera fraudulenta y millonaria y que nos sumerge en la miseria, siempre lo paguemos con la sangre de las de abajo.

Por eso una vez más, acá estamos los pueblos defendiendo la vida y la producción campesina agroecológica. No queremos más soja, estamos hartas de ver miles de hectáreas que representan dólares para unos pocos mientras el pueblo se muere de hambre.

Queremos políticas de estado que defiendan la alimentación sana. Donde hay soja queremos verdura y animales para que el pueblo coma. Las campesinas y campesinos, los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular somos, entre muchxs, quienes trabajamos y producimos alimentos para comer, desde la agroecología, desde una cosmovisión que incluye no solo a lo que hacemos, sino al entorno que nuestra Pachamama nos brinda, y que debemos cuidar ante el avance del agronegocio.

El pueblo pobre se está muriendo de hambre y el extremo más doloroso son las comunidades originarias empujadas sistemáticamente a la muerte para que unos pocos se enriquezcan. Queremos gritar nuestro YA BASTA. No se trata de paciencia, los pueblos tenemos mucha paciencia. Pero no se trata d esto, se trata de urgencia y de desesperación. Se trata de que esta vez el ajuste lo paguen lxs de Arriba.

La muerte de niñxs por desnutrición y falta de agua es la contracara de reuniones, palcos, anuncios y actos contra del hambre. Creemos que deben tomarse medidas aún más drásticas para acabar con esta situación. Entendemos que hay un clima nacional e internacional en delicado equilibrio, que los sectores más poderosos de este país no quieren ceder sus riquezas, y por eso venimos como pueblo a plantarnos aquí a hacerle saber a esos ricos que no pueden seguir viviendo a costa de nuestras vidas. Y venimos aquí a decir que somos parte de la solución y por lo tanto parte de la decisión.

Somos el pueblo que defiende y organiza la vida. Porque es el pueblo quien debiera mandar y es el gobierno quien debe obedecer. Somos quienes durante décadas hemos bancado las crisis en nuestros comedores y merenderos a lo largo y ancho del país que estamos sin alimentos desde noviembre de 2019.

El agronegocio es un modelo de muerte y el pueblo lucha por la vida. La producción campesina y popular agroecológica es un modelo de vida basado en el respeto y la dignidad de los pueblos. Para que los números cierren con la gente adentro, necesitamos cambiar este modelo de muerte por un modelo que defienda la vida. La economía popular se sustenta sobre un modelo comunitario solidario, igualitario y agroecológico, es un modelo social que defiende la vida… y aqui estamos:

Somos el pueblo que defiende la vida ¡SOMOS TIERRA PARA ALIMENTAR A LOS PUEBLOS!

Fuente: https://www.anred.org/comunicado/semana-de-lucha-de-los-pueblos-contra-el-hambre-y-los-agrotoxicos-en-salta-cordoba-rosario/

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El acaparamiento de tierras por el agronegocio
también se cobra vidas en América Latina

28 febrero 2020

Por GRAIN y Fernando Frank

Desde hace semanas toda la Argentina está sacudida y conmovida por una tragedia que no es nueva pero que esta vez ha ocupado, transitoriamente, las tapas de los diarios: en lo que va del año, nueve niños del pueblo wichi fallecieron por desnutrición y falta de agua potable[1]. Probablemente en algunas semanas la noticia pasará a segundo plano y otros titulares menos trascendentes ocupen su lugar. La ocasión, sin embargo, es propicia para, más allá de repudiar lo que está ocurriendo, pensar en sus causas y sobre todo en formular y ejecutar políticas para que esto no ocurra nunca más.

El lugar donde ocurre este drama está perfectamente identificado: se trata de la Colonia Santa Victoria Este en el norte de la Provincia de Salta. Pero sin duda la amenaza se extiende a todo el territorio en el que habita el pueblo wichi.

El pueblo wichi es una nación originaria que ocupa el Gran Chaco americano en América del Sur, habitando lo que hoy es el norte argentino y el sur de Bolivia —y supo vivir también en los territorios que hoy ocupa Paraguay. El pueblo wichi ha sido históricamente un pueblo nómada cazador-recolector que a partir de la colonización se transformó en sedentario.

Para identificar las causas del problema recogemos las declaraciones de la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda cuando por primera vez en la historia de la institución visitó la zona: “Los caciques (de la comunidad) pidieron muchas cosas pero fundamentalmente agua. Ellos están padeciendo la falta de agua desde hace mucho tiempo, producto de la deforestación y el desmonte indiscriminado” completó la titular del INAI al tiempo que añadió, “Hicimos el trabajo de tomar nota de cada comunidad que necesitaba agua. Aquellos que sí tienen pozos los colocan en unos bidones que fumigan y están todos contaminados con agroquímicos”. El INAI es el organismo oficial de Argentina responsable de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas en el país.

Un diagnóstico oficial claro: el avance del agronegocio para el monocultivo de soja y maíz transgénicos en los territorios ha terminado con los bosques que eran el sostén para la vida de estos pueblos, pero además permitían que el agua estuviera presente como parte de esos ecosistemas.

Su destrucción por el agronegocio ha llevado a que la Provincia de Salta tenga una de las mayores tasas de deforestación de la Argentina: entre 2007 y el 2017 la provincia perdió más de 750 mil hectáreas de bosques según informes oficiales, siendo junto a Santiago del Estero las dos provincias con mayor destrucción de bosque de la Argentina y con las mayores tasas de deforestación del mundo [2].

En los últimos días escuchamos, de parte del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que la gestión del ministro anterior, Bergman, devolvió 38 millones de dólares de un proyecto del Banco Mundial que tenía el objetivo, justamente, de asegurar el agua a las comunidades [3].

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado intervención a partir de la presentación realizada por la organización Naturaleza de Derechos. El Estado Argentino debe presentar en un plazo de 15 días informes sobre la situación: agua potable, salud y alimentación, y las medidas adoptadas para darle solución.

Cresud

Pero por supuesto, y más allá de las responsabilidades gubernamentales que no son menores, hay actores claves en este avance del agronegocio y en este caso hay uno que se puede ubicar en el podio de las responsabilidades. Se trata de la empresa Cresud propiedad de Eduardo Elsztain que posee el Grupo Corporativo IRSA. IRSA es la compañía de bienes raíces más grande de Argentina. Cresud, una compañía que cotiza en el Nasdaq y controla Elsztain, posee el 62% de IRSA.

Cresud presenta con orgullo que controla 800 mil ha en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, pero llamativamente expone en su mapa de establecimientos que solamente con dos de ellos ubicados justamente el la Provincia de Salta (Anta y Los Pozos) posee 370 mil hectáreas que dedica a la agricultura y la ganadería (y también como reserva en Los Pozos) [4]. Estos establecimientos están en la provincia y región donde está ocurriendo este drama. Esto lo convierte en uno de los grandes acaparadores de tierra y sin dudas en uno de los principales responsables del drama que está viviendo el pueblo wichi.

Las actividades agrícolas a las que se dedica son fundamentalmente el cultivo de maíz y soja (más de 600 mil toneladas entre ambos cultivos cosechados en el año 2018), la producción de caña de azúcar y la ganadería vacuna para producir carne y leche. En su presentación describe claramente cuál es su opción tecnológica: “Consideramos que es posible mejorar la productividad y el valor a largo plazo de tierras de bajo costo y/o subdesarrolladas mediante la inversión en nuevas tecnologías tales como semillas modificadas genéticamente y de alto rendimiento, técnicas de siembra directa, maquinaria”.

En cuanto a la ganadería, según un reporte de Greenpeace del año 2018 en el Chaco argentino la deforestación producida por la misma fue de más de 100.000 hectáreas, más del doble que la provocada por agricultura [5].

Cresud presenta, en su página web, la estrategia de negocios de la empresa y allí expone que en su búsqueda de ganancias procuran maximizar el rendimiento de sus activos y rentabilidad general mediante la adquisición de propiedades agropecuarias con perspectivas atractivas de incremento de producción agropecuaria, optimizando los rendimientos y la productividad implementando tecnología y técnicas agrícolas de vanguardia [6].

Al mismo tiempo nos informa que busca “Maximizar el valor de sus activos inmobiliarios agrícolas” a través de la aplicación de algunos “principios”: adquisición de propiedades subutilizadas y mejoramiento de su uso que incluye: transformar tierras improductivas en ganaderas, transformar tierras ganaderas en tierras adecuadas para usos agrícolas más productivos, mejorar el valor de las tierras agrícolas cambiando su uso para actividades agrícolas más rentables, y llegar a la etapa final del ciclo de desarrollo inmobiliario transformando propiedades rurales en urbanas, a medida que los límites de los desarrollos urbanos se extienden a las zonas rurales.

La forma de ejecutar estos objetivos ha sido, en Salta y en otros territorios, comprar los campos, desmontarlos, incorporarlos a los agronegocios: transgénicos, agrotóxicos y maquinarias, y riego complementario por medio de la tecnología de los pivots centrales.

La estrategia empresaria, como ellos se encargan de explicar, incluye la cotización en Bolsa y la especulación inmobiliaria.

Ya en el año 2013 desde GRAIN denunciábamos a Eduardo Elsztain como uno de los grandes acaparadores de tierras a nivel global y compartíamos parte de su historia: “En la década de 1990, George Soros apoyó financieramente a Elsztain en la compra de una propiedad subvaluada en Argentina, a través de su empresa familiar IRSA [7]. Rápidamente ganaron millones y decidieron usar parte de las ganancias para adquirir Cresud, una empresa propietaria de alrededor de 20.000 há de tierras de cultivo. Con otra inyección importante de dinero por parte de Soros y la oferta pública en la bolsa de Buenos Aires, Cresud expandió dramáticamente sus propiedades agrícolas. A fines de 1998, era dueña de 26 fincas con una superficie de 475.098 hectáreas”.

El doctor Medardo Ávila Vázquez, médico de pueblos fumigados, en un artículo en el medio Enredacción, define claramente lo que está ocurriendo. “La Argentina tiene una crisis humanitaria que esta invisibilizada, porque las víctimas no son vistas, recién fueron ‘descubiertas’ cuando destruyeron sus bosques. No tenían ni documentos. Quinientos años después de destruir América con el genocidio más grande de la historia, lo estamos repitiendo con la misma inhumanidad que en aquellas épocas. Esta crisis tiene una base estructural, se promueve incorporar a la producción agroindustrial un territorio que está poblado y cuya población se descarta” [8].

Sin embargo, Eduardo Elsztain no parece preocuparse por las consecuencias de sus acciones y en recientes declaraciones a un medio argentino expresó: “Si vas desde acá (por su oficina) al centro de convenciones no hay un solo estacionamiento libre… la gente piensa que el país está pasando por su peor momento, pero acabamos de tener la mayor cosecha de granos en la historia de Argentina», agregó [9].

La cría y caza de animales, la recolección de hierbas medicinales y alimentos del bosque nativo, son la base económica de miles de familias del Gran Chaco americano hoy, como lo ha sido desde hace muchísimas generaciones. La única posibilidad para que las poblaciones campesino-indígenas puedan ejercer el derecho a la alimentación y a la salud es el acceso y control sobre sus territorios. Si el país sigue teniendo sus mejores tierras presas de los agronegocios y la especulación, la situación económica, alimentaria y sanitaria indefectiblemente se irá agravando cada vez más. La lógica de las cosechas récords a costa del ecocidio y el etnocidio debe terminar. Ése es el único camino posible para iniciar un camino en el que la vida de los pueblos esté por encima de los negocios.

Notas:(…)

GRAIN

Fuente: https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/El-acaparamiento-de-tierras-por-el-agronegocio-tambien-se-cobra-vidas-en-America-Latina

Prosigamos percatándonos de cuán grave es la criminalidad de lesa humanidad y de lesa naturaleza de la economía capitalista que el Estado la subsidia y le garantiza ‘paz social’. De ahí lo urgente de reconocerlo como nuestro enemigo o antipopular.

Valeria Mapelman

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El plan del gobierno del Chaco para incinerar el monte

Periodistas por el Planeta

Difícilmente, pueda considerarse sustentable o renovable quemar un árbol que puede vivir más de 300 años para generar electricidad. Es un recurso que toma mucho tiempo para madurar, concentrando en un solo tronco a varias generaciones de familias humanas.

Sin embargo, las palabras pueden confundir todo, trastocando incluso lo que es evidente. Por eso, el Gobierno del Chaco no tiene empacho en tratar de hacernos creer que incinerar industrialmente el quebracho, una especie que está en la categoría de alerta en las listas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), es hacer energía limpia.

En diciembre de 2020, con el presidente Alberto Fernández por zoom y el gobernador Jorge Capitanich en su provincia, inauguraron dos plantas de biomasa en la provincia, una en la localidad de Puerto Tirol, de la firma Indunor-Sersa, y la otra en La Esperanza, de la empresa SISMEGA-UNITAN. Producen casi 20 megas de electricidad. Ambas compañías, se dedican a obtener tanino de los troncos del quebracho colorado y de exportar prácticamente toda la producción, que se utiliza, sobre todo, para la industria del cuero, entre otras aplicaciones.

Sin embargo, estos complejos industriales son los hijos de la destrucción que genera el desmonte, muchas veces ilegal. La madera de quebracho guarda enormes volúmenes de CO₂ en su interior porque es dura, noble y tarda mucho tiempo en crecer. Aunque su quema reemplace el uso de un combustible fósil, destruir estos árboles causa tanto o más cambio climático que quemar fueloil. Además, provoca la desaparición de una especie clave para que existan otros animales y plantas a su alrededor. O sea, por hacer electricidad se pierden todos los servicios ecosistémicos del maravilloso bosque chaqueño.

La planta de Indunor es un gigantesco cementerio de quebrachos añosos, cuyo tamaño da pavura. Miles y miles de troncos se apilan esperando el momento que la fábrica obtenga el tanino de su preciosa madera.

Los años de todos esos árboles juntos deben sumar millones. Los pequeños animalitos que viven en ellos y los insectos chillan como locos al ser triturados mecánicamente. Los restos de madera que quedan de esa operación son los que serán incinerados. Pero los políticos se jactan de hacer energía del SXXI con una sonrisa cínica.

Se necesitan más quebrachos, no menos, para capturar el exceso de carbono en la atmósfera. Destruirlos no sólo es un crimen contra el ambiente y la humanidad. Es también un sinsentido.

https://www.facebook.com/pxpLAC?utm_source=Gran%20Chaco%20November&utm_campaign=d222ff4eab-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_28_05_39&utm_medium=email&utm_term=0_185f310f61-d222ff4eab-94549662

Aclaremos

Chaco: ¿Qué son las centrales de biomasa y
cuál es su relación con los desmontes?

4 de febrero de 2021

La organización para la conservación del medioambiente Somos Monte Chaco explica los riesgos que implica el promocionado plan del gobierno provincial y nacional.

El 2 de diciembre de 2020, a través de una videoconferencia, el presidente Alberto Fernández inauguró dos centrales generadoras de energía en base a biomasa forestal en las localidades chaqueñas de La Escondida y Puerto Tirol.

“Celebro que en el Chaco estemos desarrollando proyectos como el que hoy vemos, que son proyectos que suponen grandes inversiones para producir energías renovables a partir del aprovechamiento de residuos forestales”, dijo el presidente, acompañado por el gobernador Jorge Capitanich.

¿Pero qué son las centrales de biomasa y cuál es su relación con los desmontes? ¿El proyecto de las empresas Indunor y Unitan, las plantas industriales que requirieron una inversión de 43 millones de dólares, es un proyecto sustentable y que cuida el medioambiente? Estas preguntas vale la pena hacérsela en la provincia que más destrucción de bosques sufrió en los últimos cuatro años (más de 130.000 hectáreas)

Centrales termoeléctricas

Las centrales de biomasa son centrales termoeléctricas, es decir, plantas que producen energía eléctrica por combustión de materiales. Según el tipo de central, el material utilizado varía, siendo en teoría utilizable cualquier tipo de material combustible: gasoil, carbón, basura, o en este caso descartes de aprovechamientos forestales.

La preocupación acá en Chaco es la siguiente: las centrales de biomasa son una alternativa amigable para producir energía si el material que se utiliza, proviene de fuentes verdaderamente sustentables o reutilizables, no si proviene de bosques nativos primarios.

Utilizar troncos de arboles centenarios del Impenetrable para alimentar a estas centrales sería como quemar los libros de Biblioteca Nacional para calentarse en el invierno.

¿Entonces cuál es el principal problema? Vemos que llegan camiones a estas centrales, que son además las tanineras históricas de Chaco, con troncos de quebracho blanco u otras especies arbóreas nativas. Estos no son descartes forestales sino arboles enteros con un valor biológico e incluso comercial mucho mas alto, que provienen de desmontes del Impenetrable. Desmontes que pueden ser legales o ilegales, como denunciaron incluso algunos dirigentes del sector forestal.

¿De dónde viene la madera que se quema?

El coordinador del Centro de Estudios e Investigación Mandela, Rolando Núñez, denunció ya en 2018 que los dirigentes de una de estas tanineras eran los dueños de uno de los predios recategorizados irregularmente. Se trata de bosques en categoría amarilla al lado del Parque Nacional Copo y de la Reserva Provincial Piramide, que aunque la ley lo prohibía fueron desmontados y transformados en campos de soja. De ahí la preocupación por saber de dónde viene y qué es lo que se está quemando. Porque si es sustentable tiene que haber una reserva forestal bien delimitada, donde se respeten las cantidades y turnos de corte, se destinen los troncos a los aserraderos y las ramas y descartes a las centrales, se hagan inventarios forestales, etc. Nada de todo esto se planteó hasta ahora en Chaco.

El problema no es entonces la teoría de las centrales de biomasa, sino la práctica, la realidad de acá del Chaco, la falta de transparencia, las repetidas ilegalidades.

Se han pedido hace meses los datos de las guías de los camiones que transitan todos los días en la provincia del Chaco para saber de dónde viene y hacia dónde va la madera, y las autoridades no quieren dar esta información.

Además, es alarmante leer en el último decreto N° 86/2020, firmado a las apuradas el 15 de enero, que estas mismas empresas que explotan el monte expresen la necesidad de conseguir madera y que el Gobierno bajo este pedido les permita extraerla de tierras fiscales, que son bosques vírgenes ya que allí no se han realizado actividades productivas.

No sólo hay pruebas de casos en que la madera utilizada por estas empresas proviene de desmontes sino que ellos mismos lo dicen en ese decreto: la mayor fuente de rollos y rollizos en todos estos años vino de los cambios de uso de suelo (palabra técnica para decir desmontes), es decir que en estos 10 años de «sostenible» no hubo nada, porque todo o casi provenía de los desmontes.

En síntesis, las centrales termoeléctricas a biomasa pueden ser una oportunidad de generar energía eléctrica de forma amigable con el ambiente, siempre y cuando se utilice madera que no provenga de bosques nativos primarios. De lo contrario, es una presión más sobre los bosques, una práctica insostenible maquillada para que parezca algo sustentable a la gente que no sabe del tema.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/chaco-que-son-las-centrales-de-biomasa-y-cual-es-su-relacion-con-los-desmontes/#:~:text=La%20preocupaci%C3%B3n%20ac%C3%A1%20en%20Chaco,proviene%20de%20bosques%20nativos%20primarios.

  Ofensiva del sistema mundo capitalista

Advirtamos que la gravedad del Estado imponiendo la aceleración y la intensificación de la acumulación gran capitalista e imperialista se complementa con la labor política e ideológica del Instituto Tricontinental de Investigación Social:

Mirando a China

La multipolaridad como oportunidad para los pueblos de América Latina

21de abril de 2022

Instituto Tricontinental de Investigación Social

Introducción

Las profecías sobre el “Nuevo Siglo Americano” han quedado atrás y la reemergencia de la República Popular China, no solo como potencia económica sino también como actor global, es incuestionable. Las estrategias del imperio estadounidense para desarrollar su política de unipolaridad han quedado sepultadas en los escombros de un mundo occidental que intentó, luego de la Segunda Guerra Mundial, ser forjado a imagen y semejanza de Estados Unidos.

Los cambios se aceleraron desde 2001 y el deseo de un mundo capitalista occidental y globalizado no ha cumplido las expectativas incluso de sus defensores más entusiastas. Hoy asistimos a un mundo multipolar, más allá de los deseos de globalistas, neoconservadores y “americanistas”. Claro que esta situación ha favorecido la emergencia de movimientos de nueva derecha y de viejas derechas con nuevos disfraces (ver nuestro Dossier 47). Y esta situación de crisis de hegemonía, que va de la mano de una transición geopolítica ya en pleno desarrollo pone sobre la mesa profundos desafíos, pero a la vez grandes oportunidades para los pueblos del sur.

En particular para la región latinoamericana, que por años Estados Unidos ha considerado su patio trasero, la decadencia del imperio y la conformación de un mundo multipolar desde 2001 en adelante, acelerada con la crisis del 2008, abre una serie de posibilidades y nuevas discusiones. Debates acerca de cuáles son los márgenes de autonomía para un proceso de desconexión que ponga en valor las necesidades de las mayorías populares de la región y provoque una transición para abandonar nuestra condición de países capitalistas dependientes.

Es en este marco que hay dos discusiones ineludibles: ¿Qué condiciones otorga la reemergencia de China y su peso global para ganar grados de autonomía nacional en este contexto? ¿Qué rol pueden jugar los procesos de integración de América Latina para utilizar nuestros recursos como pueblos para satisfacer las necesidades de las mayorías? América Latina es hoy un continente atravesado por una dinámica pendular aún sin resolución. Por un lado, nuevos proyectos populares que logran llegar al Estado a partir de las luchas que se desarrollaron para hacer frente a la nueva ofensiva de las derechas, las clases dominantes y el imperio estadounidense desde, al menos, 2012. Por otro lado, una serie de expresiones de derechas con altos grados de legitimidad, incluso a costa de poner en crisis las bases de su propia democracia burguesa.

En esta situación compleja, este Dossier 51 del Instituto Tricontinental de Investigación Social intenta recuperar y actualizar los debates sobre las oportunidades que otorga la potencia económica y geopolítica de China para debatir un nuevo tipo de integración regional que hoy se torna más urgente que nunca ante los zarpazos desesperados del imperio en decadencia. (…)

La reemergencia de China reduce al mínimo el espacio para las proyecciones de unipolaridad en todas sus formas y allí es donde se abren ventanas de posibilidad en la periferia del mundo. El viejo orden nacido de Bretton Woods ya no existe con el mismo peso y ha perdido poder respecto a años previos. Sin embargo, las instituciones de Bretton Woods aún funcionan como herramientas de ejercicio del poder imperial, aunque no sean capaces de contener los nuevos polos de poder emergentes. Intentan profundizar la alineación a algunas de las versiones de unipolaridad a través de grados crecientes de coerción: condicionamientos financieros a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), aplicación de sanciones comerciales y financieras para los que consideran “Estados canallas”, impulso a las opciones de derecha y antipopulares en varios países de América Latina, intentos de control militar a través de Estados-tapón en Eurasia, financiamiento de estrategias de desestabilización de diverso tipo. Ya sin disfraces, Estados Unidos apela a retomar sus posiciones estratégicas con toda su fuerza sin importar los “daños colaterales”.

2. La reemergencia de Asia y el mundo multipolar

Como mencionamos, la contracara del declive de Estados Unidos es la reemergencia de Asia oriental y, en particular de China. En el siglo XIX se consolidó la Gran Divergencia que marcó el comienzo del predominio global del Occidente capitalista y la destrucción de las avanzadas culturas orientales (Pomeranz, 2000).

Luego de este período de periferialización de Asia, producto de la estrategia del capital británico, desde 1914-1917 la región de Asia comienza a resurgir en términos económicos y políticos y da un salto significativo hacia los años 60 del siglo XX. En ese momento los llamados tigres asiáticos y también Japón avanzaron en procesos de desarrollo intensivos de su fuerza productiva. En particular, la República Popular China avanzó en un proceso de apertura luego de la muerte de Mao en 1976 que, lejos de subordinar el crecimiento del gigante asiático a los acuerdos bilaterales con Estados Unidos como el resto de los Estados de Asia oriental, optó por un proceso de fuerte control estatal de la planificación del desarrollo (Merino, Bilmes y Barrenengoa, 2021). Esto llevó a incrementar los niveles de crecimiento económico a un promedio de 9,5% anual entre 1978 y 2017 (Ross, 2021). Sin embargo, lo más relevante es que desde la Revolución liderada por Mao Zedong en 1949, China reconstruyó la soberanía sobre el territorio de la nación y fortaleció sus instituciones estatales, logró un nivel de igualdad social significativo, alcanzó una elevada tasa de crecimiento económico e impulsó un modelo exitoso de reforma agraria que se basó en la nacionalización de tierras y permitir su uso al campesinado. Estos elementos permitieron ampliar radicalmente las posibilidades de intervención para abonar a una estrategia de desarrollo que priorice las necesidad populares, la reducción de la pobreza y la inclusión de las mayorías, a la vez que China se convirtió, de acuerdo con Samir Amin (2013), en el único país realmente emergente con grados completos de soberanía y sin ingresar en una dinámica de desarrollo capitalista por etapas, tal cual proponía el ideólogo del concepto de desarrollo económico del centro, Walt Rostow (1960). Durante las dos décadas y media que siguieron a la revolución de 1949, la China de Mao alcanzó una tasa de crecimiento económico cercana al 11% anual (Tricontinental, 2021).

Sin embargo, en la década de 1970 cuando la crisis de gran turbulencia global que golpeaba al Occidente capitalista empezaba a notarse con claridad, la República Popular China requería de un giro que permitiera incrementar tanto su capacidad productiva como su capacidad tecnológica y, al mismo tiempo, incluir a una buena porción de su población urbana que había aumentado significativamente desde fines de la década de 1940. Así, el gobierno de Deng Xiaoping avanzó en una serie de reformas significativas: la apertura de la economía a una economía de mercado (es decir, fijación de precios no centralizada), apertura para inversiones extranjeras con un control estatal claro acerca del destino de esas inversiones, modificaciones en la utilización de la tierra por parte del campesinado (lo que permitió el aumento de la escala de producción sin provocar un retroceso hacia formas de latifundio), entre otros aspectos de peso.

Los datos muestran con claridad que China comenzó, a finales de la década de 1970, una carrera de crecimiento económico sostenido, con altos niveles de planificación, con procesos de reducción de la pobreza muy acelerados y con peso creciente en el comercio y la producción globales. De acuerdo con los datos de Sugihara (2003) Asia oriental pasó de representar el 5% del producto mundial en 1950 a representar el 20% en 2003. En 2020, la República Popular China sola, con poco más del 22% del producto global, sobrepasó a Europa occidental (El Economista, 2020).

Resulta innegable entonces que en el plano económico China es un actor global que tracciona el crecimiento económico de varias regiones del mundo. Por ello, se convirtió en un polo en el concierto geopolítico global, algo que, como hemos mencionado, no pueden obviar ni siquiera los gobiernos de países alineados de manera casi automática con Estados Unidos. A su vez, es un modelo de “economía exitosa” que rompe con los moldes neoliberales aplicados a todo el Tercer Mundo desde los años 70 mientras desconcierta a quienes quieren adjudicar a las reformas promercado y la apertura económica la clave de su crecimiento y desarrollo meteóricos. Por el contrario, parece ser que la planificación económica del Estado es la llave de su éxito, lo que marca una referencia innegable para todos los pueblos ahogados por décadas de mandatos del Fondo Monetario Internacional.

Hay, sin embargo, dos preguntas interesantes sobre esta reemergencia de China. En primer lugar, existe una larga discusión sobre el carácter socialista de la economía China. Una parte de los enfoques de las izquierdas occidentales considera que China ha seguido una vía propia de transición de una economía socialista a un desarrollo capitalista a través de etapas similares a las que transitó Europa y, sobre todo, Estados Unidos (ver por ejemplo Walker y Buck, 2007). Por el contrario, varios intelectuales que consideramos interesantes para pensar el sistema-mundo contemporáneo, corren de lugar este debate planteando que efectivamente China ha seguido un proceso propio de desarrollo que combina una “revolución industriosa”, que se basa en una cultura de división social del trabajo y descentralización de pequeña escala con una planificación socialista de las perspectivas estratégicas (Arrighi, 2007; Sugihara, 2003).

Esto da una potencia económico-social particular a la experiencia de desarrollo China que no se parece en nada al modelo de desarrollo capitalista occidental. Es un modelo con generación constante de puestos de trabajo, distributivo y planificado en función de necesidades sociales (salud, educación, vivienda, etc.). A su vez, la tierra, los bancos y los recursos naturales estratégicos son de propiedad exclusiva del Estado, aspecto que no fue modificado en tiempos de apertura comercial y globalización. En segundo lugar, un punto que resulta central para este dossier es cómo efectivamente China se vincula con el resto del mundo como polo emergente de poder. Una interpretación es que, efectivamente, China en su desarrollo subordina las opciones soberanas de la periferia de manera similar al imperialismo occidental (para este debate en detalle ver Li, 2021).

Sin embargo, esta idea ignora una serie de factores. La nación china ha tenido un desarrollo y un esplendor sin precedentes con anterioridad al siglo XIX basado en principios de cooperación, no intervención y respeto a otras naciones. Esto incluso fue reforzado a partir de la revolución de 1949 en lo que se conoció como los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica entre China, India y Myanmar: respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, no agresión mutua, no interferencia en los asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio mutuos y, por último, coexistencia pacífica.

En un sentido similar al de estos postulados de coexistencia pacífica se ha expresado en varias oportunidades el líder chino Xi Jinping, como por ejemplo en su discurso en el centenario de la fundación del Partido Comunista de China:

En la nueva expedición, debemos enarbolar la bandera de la paz, el desarrollo, la cooperación y la ganancia compartida, aplicar una política exterior independiente y de paz, seguir con perseverancia el camino del desarrollo pacífico e impulsar la articulación del nuevo tipo de relaciones internacionales, la estructuración de una comunidad de destino de la humanidad y el desarrollo de alta calidad de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, ofreciendo nuevas oportunidades al mundo con el nuevo desarrollo de China.

Esta visión sobre la estrategia de las relaciones internacionales es diametralmente opuesta a la que ofrece el imperio estadounidense con sus planes de intervención, guerras híbridas, listas de Estados-canallas, violaciones de derechos humanos, exportación de su modelo político a la fuerza, subordinación completa a las lógicas del capital financiarizado que domina Occidente, entre otras cuestiones.

A pesar de estos postulados, las tensiones de China con otros Estados continuaron presentes como con India (1962) y la URSS (1966). Si bien son puntos de partida, la práctica de las relaciones diplomáticas de China requiere de un análisis más detallado.

3. El proyecto de la Franja y la Ruta y la importancia de América Latina en la estrategia China

Desde que el geógrafo británico Halford Mackinder escribió su artículo El pivote geográfico de la historia en 1904 todas las potencias imperialistas han tenido en cuenta el control de Eurasia o el bloqueo de desarrollo de otra potencia en esa zona. La máxima más famosa de Mackinder afirma: “Quien gobierne el Heartland manda en la Isla del Mundo. Quien gobierna la Isla del Mundo manda en el mundo” sintetiza lo que posteriormente se conoció como la teoría de Heartland o del «área de pivote» la cual toma como territorio estratégico mundial al centro de Eurasia. Es decir, la franja de territorio continuo más grande del planeta, donde se concentra la mayor densidad poblacional y cuya continuidad histórica-cultural es milenaria. Si se tiene en cuenta este plano geopolítico, la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) que promueve la integración de toda esta extensión a través de sistemas de transporte, infraestructura, comunicaciones y zonas de comercio internacionales, abona a esa estrategia de unidad euroasiática a contramano de las estrategias implementadas en los últimos dos siglos por parte del Imperio Británico, en un inicio, y por Estados Unidos ya en el siglo XX e inicios del XXI, con la última gran avanzada de Occidente en las guerras de Afganistán e Irak (concluida en 2021 con el retiro de tropas estadounidenses de Kabul).

El proyecto Una Franja, Una Ruta, actualmente denominado Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) fue anunciado oficialmente por el presidente chino Xi Jinping en septiembre de 2013 en una visita oficial a Kazajistán. En un principio se trataba de la comunicación y la integración terrestre de la zona oeste de China, la más pobre y aislada, con los países de Asia central y Europa. Con los años ha ido sumando las rutas marítimas que incorporan al Sudeste asiático y el Océano Índico, África, y desde el año 2018 ya se incorpora a América Latina con su proyección hacia el Océano Ártico.

El megaproyecto, también conocido como “Plan Marshall chino” tiene dos ejes centrales: el desarrollo de una vía terrestre que une a China con Pakistán, Afganistán, Turquía, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Europa mediante los Balcanes hasta llegar a Francia (centralmente a través de trenes); y la profundización de una ruta marítima (que se ha dado en llamar “collar de perlas”) hacia América Latina, África y Oriente Medio que implica la instalación de puertos comerciales en los océanos Índico, Pacífico y Caribe.

Si bien China ha priorizado la región de Eurasia en su fase inicial y el desarrollo del IFR tiene su centro nodal en esta región del mundo, la importancia de América Latina y el Caribe (ALC) ha ido en ascenso.

En los últimos quince años, las relaciones de China con América Latina se han ampliado enormemente. En noviembre de 2008, el gobierno chino publicó un Libro blanco  sobre ALC que constituye el primer documento político de China hacia la región y pone de manifiesto la importancia que asigna China a ALC. En los quince años previos China ya había establecido formalmente relaciones de asociación estratégica con Brasil (1993), Venezuela (2001), México (2003), Argentina (2004) y Chile (2012). El comercio entre China y la región pasó de 14.900 millones de dólares en 2001 a 261.288 millones de dólares en 2012, convirtiendo a China en el segundo socio comercial de ALC. Hasta finales de 2012, el acervo de las inversiones directas de China en la región fue de 68.200 millones de dólares, según estadísticas de la República Popular China. Adicionalmente, China firmó tres Tratados de Libre Comercio (TLC): con Chile (2005), Perú (2009) y Costa Rica (2010).

Desde la llegada de Xi Jinping al gobierno estas relaciones cobran un carácter mucho más destacado. En 2014 en Brasilia, en una reunión de jefes de Estado y de gobierno organizada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en 2015 en Beijing en la primera reunión ministerial del Foro China-CELAC, el presidente de China propuso la iniciativa de establecer un marco nuevo de cooperación integral entre China y ALC llamado “1+3+6”. El 1 se refiere al Plan de cooperación entre China y ALC 2015-2019, el 3 son los tres motores: el comercio, la inversión y la cooperación financiera, y 6 los seis terrenos: recursos energéticos, infraestructura, agricultura, manufactura, innovación tecnológica y tecnología informática.

En noviembre de 2016, el Gobierno de China emitió un II Libro blanco, titulado “Documento de Política de China sobre América Latina y El Caribe” donde se detalla una larga lista de temas, pero su núcleo está centrado en la concepción de China sobre la cooperación económica con la región: comercio, inversiones, finanzas, agricultura, manufactura, infraestructura, recursos y energía, aduanas, inspección de calidad, turismo, reducción de la deuda pública, así como asistencia técnica. Los objetivos perseguidos son claros en cuanto a la necesidad de China de acceder a materias primas para alimentar su espectacular crecimiento económico, pero sobre todo en posicionarse como un actor global que tiende a un orden más justo y respetuoso. En este documento se hace énfasis sobre este plano que excede a lo comercial, atendiendo a los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica ya mencionados.

El II Libro blanco también explica la importancia que China le asigna al creciente rol internacional que América Latina adquirió en los últimos años, lo que lleva a describir los vínculos interregionales como «estratégicos». Deja también en claro que el principio de «una sola China»[1] es la base y condición excluyente para el establecimiento de relaciones con los países de la región en términos bilaterales. China procura también evitar generar susceptibilidades y resquemores del lado estadounidense al circunscribir la cooperación con la región al área de intercambios, cooperación y diálogo para la defensa.

Si bien, el país asiático evita cualquier tipo de confrontación diplomática con EE. UU., la respuesta por lo general es directa y amenazante. Se puede establecer una relación entre la avanzada imperialista estadounidense en la región y el acercamiento de los proyectos soberanistas y revolucionarios a China. Hay una notable continuidad entre una serie de eventos, por ejemplo:

1. La radicalización de la guerra híbrida contra Venezuela y el afianzamiento de sus      vínculos comerciales, políticos y militares con China.
2. El golpe parlamentario a Dilma Rousseff, apoyado por EE. UU. y puesto en marcha poco tiempo después de la Cumbre de los BRICS en Fortaleza y la Cumbre CELAC-China en Brasilia, realizadas ambas en 2014.
3. La apuesta del imperialismo estadounidense por Mauricio Macri en Argentina luego del desarrollo de una marcada agenda multipolar por parte del gobierno de Cristina Fernández.
4. La subordinación de Ecuador a la agenda de Washington con la llegada de Lenín Moreno.
5. El golpe de Estado en Bolivia en 2019 que contó con el apoyo de Estados Unidos y frenó diversos proyectos de cooperación con China que se habían llevado a cabo de forma bilateral o regional a través de la CELAC, cuya conformación fue posible por la iniciativa y promoción de Hugo Chávez, acompañado por Rafael Correa y Evo Morales.

La primera instancia donde se convocó a países de América Latina a la IFR se dio en mayo de 2017 cuando China invitó al Foro Una Franja, una Ruta para la Cooperación Internacional en Beijing, al que asistieron los entonces presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Chile, Michelle Bachelet y veinte ministros de otros países de ALC (Xinhua, 15 de mayo de 2017). De estos dos países, solo Chile siguió profundizando su vinculación económica, mientras que Argentina, según lo mencionado anteriormente, se encargó de boicotear la CELAC y enfrió cualquier relación con China por fuera de lo formal y comercial. Ese mismo 2017 Panamá, país estratégico para la conexión entre al Océano Atlántico y el Pacífico, anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán, reconociendo de esa forma la política impulsada por Beijing de “Una sola China” y pocos meses más tarde, el presidente Varela de Panamá y Xi Jinping firmaron un Memorando de Entendimiento de Cooperación en el Marco de la Ruta de la Seda y el Cinturón Económico y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. La República Dominicana y El Salvador establecieron relaciones diplomáticas con China en 2018. En la actualidad, de los 33 países de la región, 24 ya han establecido relaciones diplomáticas con China. Además, a la fecha, 12 países de ALC: Brasil, México, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Surinam y Jamaica han establecido relaciones denominadas Asociación Estratégica con China y los primeros 7 países han establecido relaciones de Asociación Estratégica Integral con China.

La segunda reunión ministerial entre China y la CELAC realizada en Chile en enero de 2018 fue un nuevo punto de partida ya que allí China convocó formalmente a los Estados latinoamericanos a ser parte de la IFR. La propuesta fue muy bien recibida por actores de diversos marcos ideológicos, siendo el gobierno neoliberal de Chile de los más entusiastas. En esta reunión se aprobó una declaración especial sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta donde todos los gobiernos acordaron que “la Iniciativa del gobierno chino constituye una oportunidad importante para fortalecer la cooperación hacia el desarrollo entre los países involucrados”.

China, por su parte, propuso cinco sugerencias con el objetivo de profundizar la cooperación en los ámbitos clave:

• Conexión de la tierra y el mar fortaleciendo la construcción de infraestructura.
• Apertura de un gran mercado facilitando el comercio y la inversión.
• Formación de un gran sector avanzado acelerando la cooperación de capacidad de producción.
• Desarrollo ecológico e innovación mejorando la cooperación de los sectores emergentes.
• Incrementar los intercambios culturales sobre la base de la igualdad.
• Construir confianza mutua ampliando los estudios entre las dos partes.

Esta cumbre puso en alerta al gobierno estadounidense que, un mes más tarde, en febrero de 2018, envió al entonces secretario de Estado, Rex Tillerson a recorrer varios países de América Latina y el Caribe. Este representante del imperialismo estadounidense no se privó de dar declaraciones elogiosas de la Doctrina Monroe, advertir sobre las supuestas ambiciones de China en la región y denunciar a Venezuela: “América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que solo buscan beneficiar a su propia gente (…) el modelo de desarrollo liderado por el estado de China recuerda al pasado” (citado en: Lissardy, 2018).

A pesar de los esfuerzos de Washington, los lazos entre China y ALC han seguido profundizándose. En septiembre de 2021 se realizó la VI Cumbre CELAC luego de cuatro años de congelamiento de estas instancias que venían realizándose de forma anual desde la primera Cumbre en 2010. Esta última cumbre, presidida por México, no sólo tuvo una fuerte impronta unionista en un contexto de claro cuestionamiento a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la denuncia del bloqueo a Cuba y la participación plena de Venezuela; sino que la apuesta por sostener los vínculos y lazos con socios extrarregionales, en particular con el Foro CELAC-China estuvo en el centro de los consensos alcanzados. Es en ese marco que el Plan de Acción Conjunto de Cooperación en Áreas Claves China-CELAC (2022-2024), terminó de enumerar una serie de elementos clave de los vínculos y posibilidades que abre la apuesta de debilitar las estrategias de integración subordinadas al proyecto estadounidense en una multiplicidad de planos: seguridad, economía, turismo, finanzas, innovación tecnológica, entre otras.

Este reforzamiento de las relaciones políticas surge gracias al cambio de signo de varios gobiernos en la región que tienden hacia el multipolarismo, pero también porque el valor total del comercio entre China y América Latina y el Caribe ha registrado un nuevo máximo en 2021, con más de 450.000 millones de dólares y todo indica que seguirá creciendo sostenidamente. Según el último Boletín Estadístico de Inversión Extranjera Directa publicado por el gobierno de China (2020), América Latina representa el 10,8% de los flujos de inversión desde China hacia el exterior. Esto convierte a la región en la principal receptora de inversiones chinas fuera de Asia, superando a Europa, Norteamérica, África y Oceanía.

Actualmente 21 países de ALC han firmado memorándum o acuerdo de cooperación con China en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta: Panamá, Costa Rica, el Salvador, Trinidad y Tobago, Dominica, Granada, Antigua y Barbuda, República Dominicana, Barbados, Jamaica, Cuba, Surinam, Bolivia, Guayana, Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú; recientemente Nicaragua (enero de 2022) y Argentina en febrero de 2022

Este marco geopolítico convierte en un hecho para la región alguna instancia de coordinación con el polo de atracción asiático. La pregunta es con qué objetivos políticos y con qué estrategias de desarrollo para los pueblos de nuestra región.

4. América Latina y los proyectos de integración en disputa

Es claro que gobiernos de diferentes signos políticos en la región latinoamericana han avanzado en estrechar vínculos económicos y políticos con la República Popular China. La IFR generó entusiasmo en diferentes gobiernos latinoamericanos, acostumbrados a los planes de endeudamiento financiero dictados por Washington y poca o nula inversión en infraestructura. A esto hay que sumarle que con la llegada de la pandemia de COVID-19 la colaboración de actores como China y Rusia en el acceso a vacunas superó de forma abismal la asistencia estadounidense, incluso hacia sus socios más serviles en la región. Por ejemplo, el gobierno neoliberal de Piñera ha avanzado en firmar su participación en la IFR con un plan de inversiones en infraestructura de 42.800 millones de dólares (BBC, 2019). De igual modo, el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, uno de los más claros representantes de las nuevas expresiones de derecha del continente, firmó sin problemas en 2019 un acuerdo comercial con el gigante de Asia. Incluso el gobierno conservador de Colombia está debatiendo su ingreso a la IFR luego de la visita de Iván Duque a China en 2019. Sólo unos pocos gobiernos han abonado a una posición abiertamente pro-estadounidense y anti-China en el plano discursivo. Un ejemplo claro ha sido el gobierno derechista de Jair Bolsonaro en Brasil en una posición que, sin duda, no ha sido acordada con el sector que representa el ministro de Economía Paulo Guedes (ver nuestro Dossier Nuevas ropas, viejos hilos).

Por otro lado, gobiernos progresistas y de izquierda de la región mantienen relaciones fluidas con China que les han permitido el ingreso de una cantidad de dólares ya sea para el desarrollo de ciertas industrias (sobre todo vinculadas a la extracción de minerales y la infraestructura) o bien para el sostenimiento de sus monedas frente a las ofensivas especulativas del capital financiero estadounidense. Este es el caso por supuesto de las relaciones que ha desarrollado la República Bolivariana de Venezuela, pero también otros países con gobiernos progresistas como México y Argentina (este último acaba de firmar un acuerdo de inversiones por 23.000 millones de dólares para formar parte de la IFR).

Las oportunidades que ofrece China a los países latinoamericanos para llevar adelante un proyecto de desarrollo soberano que priorice las necesidades de los pueblos dependen crucialmente de dos factores.

• La capacidad de los movimientos populares de politizar sus luchas y desplazar a las oligarquías del poder del Estado. Este punto es crucial porque la dependencia de nuestra región también tiene un fuerte correlato en la ideología colonizada de las clases dominantes que en la mayoría de los casos y en el mejor escenario intentan convertirse en apéndices del capital estadounidense, en otros sectores la dependencia ideológica incluso atenta contra sus intereses.
• Volver a desarrollar, como fue posible durante la primera década del siglo XXI, un proceso de integración y de unidad regional que priorice la cooperación por sobre la competencia y que excluya a Estados Unidos y su política exterior injerencista de las instituciones políticas latinoamericanas.

Consideramos que los proyectos en disputa en nuestra región se organizan alrededor de dos contradicciones principales:

• Unipolaridad versus multipolaridad. ¿Ayudarán los proyectos de los Estados latinoamericanos a Estados Unidos a mantener y reforzar su frágil ambición unipolar, reforzada tras el colapso de la URSS en 1990-91? ¿O trabajarán para promover un orden mundial basado en el crecimiento de cada región?
• El desarrollo del subdesarrollo versus la soberanía nacional. ¿Seguirán los proyectos estatales latinoamericanos dejándose subordinar en un sistema económico mundial que crea riqueza para el Norte y para una pequeña parte de los capitalistas de la región, mientras empobrece a la mayoría de sus pueblos (en otras palabras, lo que André Gunder Frank llamó «desarrollo del subdesarrollo»)? ¿O impulsarán una agenda que priorice el desarrollo nacional, regional y popular?

El papel de China en América Latina no está en uno u otro lado de estas contradicciones. Es posible que la integración con China fomente el «desarrollo del subdesarrollo» si los proyectos estatales latinoamericanos producen una nueva relación de dependencia con China mediante la mera exportación de productos primarios. Será mucho mejor para los pueblos de la región si la relación se basa en la igualdad (multipolaridad), así como en la transferencia de tecnología, la ampliación de los procesos productivos y la integración regional (soberanía nacional y regional).

Los proyectos de la derecha latinoamericana, comprometida con las políticas de libre comercio, han desarrollado un enfoque pragmático respecto a China. Este pragmatismo está arraigado tanto en un multilateralismo que, sin embargo, no desafía la unipolaridad de Estados Unidos, como en la combinación de la extracción de recursos primarios con cierta mejora de la producción de alto valor. Aceptan el papel de China, pero no quieren permitir que se amplíen los lazos comerciales con ella ni producir ningún cambio profundo en términos de estructura económico-social de sus países ni mucho menos en la estructura de orden global. Es el caso del gobierno de Sebastián Piñera en Chile, el de Iván Duque en Colombia, Nayib Bukele en El Salvador y algunos otros, que ven en el potencial económico de China una forma de reproducir a las oligarquías locales y su poder a través de una inserción internacional de nuevo periférica y que profundiza la dependencia externa.

Por otro lado, hay una potencialidad que algunos de nuestros países exploran tímidamente, mientras otros desarrollan con toda claridad: un proyecto de autonomía y de soberanía nacional. Este grupo de países, algunos a paso firme y otros con más dudas, comienzan a generar una propuesta que se basa en el aprovechamiento de los intercambios virtuosos y mutuamente beneficiosos con China para elaborar un proyecto de cambio estructural en lo económico y de soberanía en el plano político. Esta mirada, es el punto de partida de una refundación del Proyecto Bolivariano que luego de la muerte del comandante Hugo Chávez Frías quedó sin rumbo en la región y fue el principal objetivo del nuevo Plan Cóndor.

En este sentido, el proyecto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), creado en 2004 y que tiene como objetivos principales la soberanía y no dominación externa y la integración para el desarrollo interno, representa una alternativa. Este proyecto nos legó la importancia de la cooperación frente a la competencia en el plano comercial; de la complementariedad de los intercambios en base a las necesidades de cada pueblo y región; de la unidad para enfrentar las negociaciones posibles con otros bloques regionales; el objetivo de una moneda propia que rompa con la dependencia del dólar; y una coordinación para el desarrollo de infraestructura e iniciativas de financiamiento (como el Banco del Sur). Esos elementos están hoy presentes y la posibilidad de que el resurgimiento de China —con su convicción ancestral de desarrollo basado en la cooperación y la no injerencia— sea una oportunidad para ellos depende crucialmente de nuestras luchas como pueblo de América Latina y de la capacidad que desarrollemos para romper la inercia colonial que nos ha impuesto que la vía occidental de desarrollo capitalista es la única alternativa posible.

En definitiva, dejar de lado la vía de desarrollo capitalista occidental implica otra globalización y una ruptura con la modernidad occidental. Una globalización que dé cuenta del multipolarismo basado en valores de cooperación y planificación, y en la cual logremos salir del círculo vicioso de las relaciones internacionales como juegos de suma cero y logremos, de una vez, avanzar en una integración del tipo ganar-ganar. China no solo está surgiendo en el mundo como gran potencia, sino que su misma emergencia está modificando el mundo en todo sentido. Sin embargo, la construcción de un nuevo futuro multipolar que eleve la soberanía de las naciones en desarrollo dependerá también de que los pueblos aprovechen esta cambiante realidad geopolítica para consolidar un proyecto de país y de Patria Grande que anteponga los intereses de la mayoría.

Agradecimientos

Agradecemos la colaboración para este Dossier de Gisela Cernadas de Dongsheng y Gonzalo Armúa de la Secretaría Operativa de ALBA Movimientos.

Bibliografía

Nota:

^[1] Es la posición oficial de las autoridades de la República Popular China desde 1949 y hace referencia a que sólo existe un gobierno legítimo. Es un principio rector de la política exterior china que rechaza mantener relaciones diplomáticas con aquellos que defienden la existencia de dos Estados o que simplemente establecen relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán. Ver https://politica-china.org/areas/taiwan/el-principio-de-una-sola-china-y-la-evolucion-de-la-cuestion-de-taiwan-desde-la-perspectiva-de-la-republica-popular-china.

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Fuente: https://rebelion.org/la-multipolaridad-como-oportunidad-para-los-pueblos-de-america-latina/

Señalemos, ante todo, el carácter antisocialista o antimarxista-leninista del análisis. Tergiversa qué significa e implica recuperar la expropiación terrateniente y burguesa de los bienes comunes naturales y sociales. De ahí que refuerce la mala interpretación sobre la verdad objetiva e histórica del Estado. Que una revolución socialista no lo toma del existente sino lo destruye y sustituye por el creado desde las luchas de diversidades de los oprimidos-humillados y reprimidos por el capitalismo que, en los países-continentes condenados a ser saqueados, se complementa con los imperialismos ocupándolos económica y territorialmente.

Aún más, el nuevo Estado -en la revolución socialista- es dictadura sobre quienes acapararon los bienes comunes sociales y naturales para terminar por completo con su poder de explotación de los pueblos y los trabajadores. De modo que se va extinguiendo según se concreta la igualdad social o democracia plena y no se necesita de su violencia contra clase alguna ya que se ha erradicado toda burguesía por su antagonismo irreconciliable con la autodeterminación de los pueblos, con la libertad de trabajo y con los «buenos vivires» creados por las comunidades autónomas pero confederadas democráticamente.

La China actual ha consolidado un Estado capitalista a la vez que imperialista y un Partido Comunista que ha maximizado su burocracia, así como al Estado monopolizador tanto de la economía como de los territorios del país.

Es cierto que cumple con la concepción de desarrollo social y humano de Marx, Engels y Lenin que lo atribuían al despliegue incesante de las fuerzas productivas e intensificación del productivismo.

Lenin anticipó el porvenir en: Esta expropiación hará posible un gigantesco desarrollo de las fuerzas productivas. Y cuando vemos en qué medida increíble el capitalismo frena ya ese desarrollo, cuando vemos qué progresos podrían lograrse sobre la base del nivel técnico ya alcanzado, tenemos derecho a decir, con la más absoluta convicción, que la expropiación a los capitalistas producirá inevitablemente un desarrollo gigantesco de las fuerzas productivas de la sociedad humana.

 (…) La sociedad, al distribuir los productos, no tendrá necesidad de regular la cantidad que ha de recibir cada uno; todo hombre podrá tomar libremente “según su necesidad”. En pág. 104, tomo XXVII de Obras Completas, Cartago, 1970

Lenin se equivocó, al igual que Marx y Engels, en avizorar el futuro. Sin embargo, los tres asumieron fundamentarse en análisis científicos de constante rectificación según y conforme con la realidad objetiva a la vez que subjetiva del contexto contemporáneo e histórico del plan o acontecimiento objeto de discusión.

Desde la revolución científico tecnológica con varias fases comprobamos cómo el capitalismo optimiza y maximiza el desarrollo de las fuerzas productivas aprovechando sobre todo a sus imperialismos, sin estas expropiaciones-expoliaciones (implícitas en la Ruta de la Seda) a países-continentes no podría haber ese avance. Hoy éste patentiza su criminalidad de lesa humanidad y de lesa naturaleza que amenaza con extinguir la vida planetaria.

De manera que el postcapitalismo surgirá y se desarrollará cuando las comunidades y los pueblos asuman crear sus respectivos «buenos vivires» o nuevas relaciones sociales e internacionales mirando a recuperar el «trabajo» que hizo a la antropogénesis y explica las selvas, los bosques nativos y las otras biodiversidades como simbiosis ecoculturales que los pueblos originarios construyeron.

Resulta por lo menos incomprensible el siguiente párrafo del artículo glorificador de China:

(…) dejar de lado la vía de desarrollo capitalista occidental implica otra globalización y una ruptura con la modernidad occidental. Una globalización que dé cuenta del multipolarismo basado en valores de cooperación y planificación, y en la cual logremos salir del círculo vicioso de las relaciones internacionales como juegos de suma cero y logremos, de una vez, avanzar en una integración del tipo ganar-ganar. China no solo está surgiendo en el mundo como gran potencia, sino que su misma emergencia está modificando el mundo en todo sentido. Sin embargo, la construcción de un nuevo futuro multipolar que eleve la soberanía de las naciones en desarrollo dependerá también de que los pueblos aprovechen esta cambiante realidad geopolítica para consolidar un proyecto de país y de Patria Grande que anteponga los intereses de la mayoría.

Dejemos que destapen la realidad concreta de China respecto a Argentina (compartida por pueblos del Abya Yala y África) las autoorganizaciones comunales para resistir el avasallamiento de derechos de los pueblos y de la naturaleza.

China: relación complementaria o subordinación y dependencia

26 de marzo de 2021

Agronegocio, megaminería, represas, granjas porcinas y obras de infraestructura. Son algunos de los sectores que impulsa China en Argentina. Según los funcionarios se trata de “complementariedad”, pero otras voces plantean una relación de subordinación y dependencia. Cuando la bienvenida a inversiones no contempla las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.

Por Germán Mangione*

La pandemia ralentizó los flujos comerciales, pero no detuvo los planes de expansión de la República Popular China, que incluyen un capítulo especial en América Latina y en suelo argentino. Con los primeros síntomas de reactivación económica del gigante asiático se renovaron también las negociaciones para el desarrollo de inversiones en todo el continente.

Acompañada de la “política de las mascarillas” (como se llamó a la asistencia sanitaria china en países como Argentina en el comienzo de la pandemia) primero y de las vacunas después, China no perdió oportunidad de estrechar lazos con los países que resultan base de su aprovisionamiento en cuestiones centrales como la alimentaria o la energética.

Una relación que crece, más allá de los gobiernos

Si bien la presencia del capital estadounidense sigue siendo predominante en los principales sectores de la economía argentina, la relación con China se ha estrechado profundamente desde el acuerdo de asociación estratégica firmado, en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner. La asociación fue elevada a “estratégica integral”, en 2014, bajo la presidencia de Cristina Fernández y continuó con la firma de decenas de tratados durante la presidencia de Mauricio Macri. 

Con menos fuerza en el inicio de la gestión de Alberto Fernández, producto de la pandemia, los negocios con China comienzan a profundizarse en la actualidad, al ritmo de la reactivación del consumo interno chino. La incorporación de Argentina al Banco Asiático de Inversión de Infraestructura (BAII) en noviembre de 2020, lo que ratificó un acuerdo firmado por Cristina Kirchner en 2015, fue una clara señal en ese sentido.

Profundizar el modelo

El crecimiento del complejo oleaginoso-cerealero argentino, y la consecuente profundización del agronegocio (y sus consecuencias), producido en los últimos 20 años fue acompañado del crecimiento de las compras chinas en el sector. Las compras responden al crecimiento de una incipiente clase media china trasladada del campo a la ciudad, que generó un aumento del consumo de carnes de cerdo y pollo. Una producción que depende cada vez más de la importación de cereales y oleaginosas.

En 2001, el complejo oleaginoso —soja y girasol— implicó para Argentina ventas por 5.264 millones de dólares, mientras que el complejo cerealero —maíz, trigo, arroz— 2.662 millones de dólares. De ese total, por entonces, China explicaba apenas 2.000 millones de dólares.

El año pasado solo la soja (tanto el poroto como sus derivados harina y aceite) explicó un volumen de ventas al exterior por 14.865 millones dólares y el gigante asiático fue el principal comprador, al igual que en el rubro carnes. Esto consolidó a China como el segundo socio comercial de Argentina después de Brasil y por encima de Estados Unidos.

Inversiones para abastecer el mercado chino 

De la mano del crecimiento de las relaciones comerciales con occidente, se produjo en el mundo una ola de inversiones chinas en los sectores que el gobierno de la República Popular China considera estratégicos para resolver sus necesidades de crecimiento. Los commodities agrícolas son la punta basal para garantizar una estrategia alimentaria integral, y los combustibles y productos mineros fueron los sectores que recibieron mayor financiamiento oriental. 

América Latina pasó a ser parte de los planes chinos con más fuerza luego de la crisis del 2008. El momento fue una oportunidad ideal para China, que contaba con fondos para la expansión, mientras que Estados Unidos dejaba un vacío para ocuparse de resolver la crisis financiera surgida por la burbuja inmobiliaria que estalló en ese país.  

En ese año se publicó el “Libro Blanco” para América Latina, en el que el comité central del Partido Comunista chino dejó en claro los nodos de sus intereses en la región. Luego, en 2015, Xi Jinping prometió una inversión de 250.000 millones de dólares en Latinoamérica a lo largo de diez años, en el marco del proyecto global de infraestructura chino de “la franja y la ruta”. El conjunto de las inversiones en nuestros países tuvo, desde un comienzo, que ver con mejorar el aprovisionamiento chino en sectores claves.

Capitales chinos desde los insumos hasta la exportación 

El actual debate sobre la nueva concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el posible ingreso de la empresa Shanghai Dredging —subsidiaria del holding China Communications Construction Company (CCCC)—, que solamente en América Latina tiene a cargo más de 50 grandes proyectos de infraestructura, camina por el mismo terreno estratégico. 

En la Patagonia se encuentra uno de los principales proyectos de obra pública gestados durante el kirchnerismo con un presupuesto de 4.770 millones de dólares: la construcción de represas hidroeléctricas en Santa Cruz, a cargo de un consorcio entre la empresa argentina Electroingeniería y la china Gezhouba Group Corporation. El 85 por ciento del financiamiento es realizado por el Estado de China y bancos privados de ese país. Es la inversión extraterritorial más grande de China en el sector hidroeléctrico.

Los cuerpos de agua potencialmente afectados por la obra son el Lago Argentino, los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y el Parque Nacional Los Glaciares, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Desde el comienzo de la construcción se denunciaron graves deficiencias y omisiones técnicas e informativas de la Evaluación del Impacto Ambiental. A su vez, el informe ambiental fue realizado por una empresa que no estaba habilitada para hacerlo y cuyo ex Presidente (Jorge Marcolini) era al mismo tiempo funcionario del Ministerio que debía evaluarlo.

La aprobación se dio de manera tan apresurada que imposibilitó que organismos técnicos como el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Ianiglia) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) tuvieran tiempo suficiente para efectuar un análisis de los impactos ambientales.

Por otro lado, Gezhouba -la empresa china que construirá las represas y se transformó en la contratista extranjera más grande de Argentina- fue sancionada por el Banco Mundial tras reconocer “mala praxis” en proyectos sobre agua, recuperación tras terremotos y gestión de las inundaciones. Justamente, para las represas en Santa Cruz, la empresa debe inundar una gran parte del territorio que rodea el proyecto.

En San Juan, la compañía china Shandong Gold es propietaria del 50 por ciento de la operación en la mina Veladero luego de comprar medio paquete accionario en 2018 a la canadiense Barrick Gold, y se comprometió a invertir 145 millones de dólares para seguir explotando el yacimiento hasta 2030. También hubo anuncios sobre la posibilidad de que la compañía china compre Pascua Lama (proyecto binacional) a Barrick Gold.

En Jujuy, la empresa china Gangfeng Lithium adquirió Lithium Americas, con sede en Vancouver, por el 50 por ciento del proyecto de litio Caucharí-Olaroz, actualmente en construcción, en lo que se ha transformado en otro de los sectores estratégicos buscados por China con la explotación del litio. En La Rioja, la londinense ECR Minerals vendió su filial argentina Ochre Mining a la china Hanaq Argentina, que también se especializa en litio.

En nuestro país un ejemplo claro de esas inversiones ocurrió en el rubro ferroviario. La “modernización” del ramal Belgrano Cargas se dio de la mano de la extensión de la frontera agrícola hacia el norte del país, lo que implica mejorar el transporte hacia los puertos exportadores para bajar los costos que actualmente se encarecen por el uso de camiones en distancias largas.

Por otro lado, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Transporte, Mario Meoni, firmaron cuatro convenios con empresas chinas que le prestarán a la Argentina 4695 millones de dólares para intervenir 3384 kilómetros de vías del sistema ferroviario de carga en 13 provincias, además de 490 millones de dólares para la adquisición de material rodante, que permitirá aumentar las frecuencias y mejorar la eficiencia de los servicios de pasajeros en todo el país.

El círculo de la relación se completa así con la importación de productos industrializados como el caso de las locomotoras y vagones traídos desde China: creados con trabajo chino y dependientes de los técnicos chinos, mientras en la Argentina languidece una industria ferroviaria que supo ser de punta y generar miles de puestos de trabajo.

En el marco de esas inversiones, China apuntó también a quedarse con activos clave en la cadena productiva como es el caso de Cofco, el principal exportador de granos de Argentina en 2020, que desplazó incluso a la histórica estadounidense Cargill del podio. La empresa estatal china se quedó en nuestro país con las agroexportadoras Noble y Nidera, obteniendo así no solo infraestructura para exportar, con puertos y plantas procesadoras, sino también con parte de la generación de semillas y el negocio biotecnológico.

El acuerdo porcino  

El polémico caso de las megagranjas de cerdo es otro ejemplo de las inversiones chinas en el país. Ante el avance de la gripe porcina africana que diezmó casi la mitad del rodeo porcino chino, las inversiones se dirigieron a instalar la “fabricación” de cerdos por otros puntos del planeta. Como en otros casos, las inversiones tienen que ver estrictamente con necesidades propias chinas, y como denunciaron productores porcinos locales, terminan avasallando las producciones de las provincias argentinas, que no pueden competir ni por escala ni por financiamiento.

En todos los casos la zanahoria de la inversión y la entrada de dólares terminan seduciendo a los gobiernos locales, que más allá de las consecuencias a mediano plazo, eligen la llegada de yenes en lo inmediato como palanca para una supuesta reactivación económica.

Incluso ante la dificultad que generan este tipo de inversiones el gobierno chino suele avanzar en acuerdos con distritos más pequeños como provincias o municipios, amparado en acuerdos nacionales. Por ejemplo, Chaco y Santiago del Estero avanzan en acuerdos porcinos, que fueron descartados nacionalmente.

La huella ecológica china 

Un aspecto que brota, cada vez con más fuerza, en el debate sobre las inversiones chinas es sin duda las consecuencias ecológicas de organizar la producción y la economía para abastecer al gigante asiático. En algunos casos, como el de las megagranjas porcinas, es mucho más evidente la relación entre las inversiones y el pasivo ambiental que implican, y ha generado reacciones sociales más fuertes.

Pero otras consecuencias como la extensión de la frontera agrícola para satisfacer la demanda china —que impulsa los precios, a base de mayor uso de agroquímicos y modificaciones genéticas— o el incendio de los humedales para aumentar el espacio para cría de ganado —cada vez más solicitado por el mercado chino y con menos espacio por la sojización— quedan ocultas tras el velo de supuestas definiciones locales.

Relación complementaria o subordinación dependiente

Está claro que Argentina tiene que aprovechar sus ventajas comparativas en lo productivo para reactivar su economía y resolver la gigantesca contradicción entre los manantiales de la riqueza fluyendo por sus puertos y la mitad de su población bajo la línea de la pobreza. Y también está claro que para eso tiene que aprovechar su comercio exterior y las necesidades de otros países compradores.

La pregunta que se abre de la mano de la reactivación de las negociaciones es sobre qué tipo de relación construye Argentina con países como China o las demás potencias compradoras. Desde el Gobierno y algunos sectores del progresismo se habla de “oportunidades de desarrollo” e incluso de economías complementarias.

Sin embargo, la mayoría de los negocios que ofrece China apuntan a cimentar un modelo productivo extractivista y centrado en los commodities, concentrado en pocos rubros y otorgando al comprador, a través de sus socios locales (exportadoras, grandes dueños de la tierra, grandes empresarios), cada vez más facilidades de negocios y mayor poder de definición sobre el modelo productivo de Argentina. Un modelo que se fue profundizando en los últimos 20 años, al calor del crecimiento de la relación comercial chino-argentina y que, con resultados a la vista, no ha servido para resolver los grandes problemas de las mayorías populares locales.

* Observatorio de actividad de los capitales chinos en América Latina

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/china-relacion-complementaria-o-subordinacion-dependiente/

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Impenetrable chaqueño:
comunidades qom rechazan el acuerdo porcino con China

16 de marzo de 2021

Megagranjas porcinas, desmonte para sembrar y abastecerlas, plantaciones de banana y mango son algunas de las propuestas que impulsa el gobierno de Chaco, con complicidad de autoridades locales. Sin cumplir con el proceso de consulta previa y los estudios de impacto ambiental. La comunidad Qom Meguesoxoche proponen un proyecto productivo sustentable con el monte, pero temen ser sacados por la fuerza.

Por Nahuel Lag

“Liberación del territorio. 140 mil hectáreas, propiedad Qom Meguesoxoche.” La pancarta sintetiza el reclamo de las 36 comunidades qom que rechazan el acuerdo porcino con China. Habitan el territorio comunitario ubicado en la localidad de El Espinillo, en el Impenetrable chaqueño. Les pertenece de manera ancestral y por título, pero denuncian que eso puede estar en peligro por el acuerdo que firmó el gobierno de Jorge Capitanich con la firma Feng Tian Food para instalar megagranjas porcinas, entre otros proyectos. “No queremos que vengan los chinos al territorio de los Qom. No hubo consulta previa, no hay respeto por nuestra cultura. Este es un territorio virgen, que bastante lucha nos llevó preservarlo. No queremos que vengan con las granjas por 20 años, ¿para qué? ¿Qué va a quedar para mis hijos, mis sobrinos, mis nietos?”, pregunta Ercilia Celin dirigenta qom de El Algarrobal. 

Las preguntas que lanza Ercilia no obtuvieron respuesta luego de una semana de cortes que las comunidades originarias junto a los habitantes criollos de El Espinillo realizaron en varios puntos de la localidad: en el puente La Sirena y en los ingresos al pueblo en la zona conocida por el interflujo de los ríos Teuco y Bermejito. Una semana permanecieron a la espera de respuestas del gobierno provincial, pero también del intendente local y presidente de la Asociación Civil Meguesoxoche, Zenón Cuellar, representante legal de las comunidades e impulsor del acuerdo que sus representados rechazan y al que responden pidiendo un proyecto productivo sustentable para preservar el monte.    

“Hablan que van a traer dinero, pero no se especifica el convenio que van a firmar. El pueblo de Espinillo lo está repudiando. Él está incumpliendo legalmente con el derecho a consulta previa y cuando se le pregunta por el impacto ambiental no sabe qué responder. Es solo por ambición, plata y poder”, lamenta Félix Medina, dirigente qom de Pozo del Rancho sobre el rol que está cumpliendo Cuellar, elegido por las comunidades de El Espinillo en 2019.

Hasta el momento lo que las comunidades saben sobre el acuerdo para que las empresas chinas lleguen con sus capitales al Impenetrable es a través de los medios de comunicación locales y por contactos individuales con algunos integrantes de las comunidades, sobre todo a los más ancianos. No se cumplió con la consulta previa, libre e informada que ordena el Convenio 169 de la OIT ni con el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), presente en la Constitución y reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El convenio nunca fue traducido ni se presenta con intérpretes para quienes a penas hablan español, denuncian. Las megagranjas porcinas son parte del acuerdo oficial anunciado, pero también se habla de plantaciones de banana, mango y desmonte para sembrar el cereal que consumirán las megafactorías.   

En octubre del año pasado, cuando el acuerdo porcino impulsado por el gobierno nacional tuvo que quedar congelado ante la contundente reacción social bajo el lema “Basta de falsas soluciones”, Capitanich abrió la nueva estrategia de desembarco para esos capitales chinos, acuerdos provinciales. El de Chaco fue con la empresa Feng Tian Food, una intermediaria de reciente creación integrada por el ex secretario de Agricultura del kirchnerismo, Lorenzo Basso. 

Lo que se conoció de ese convenio fue el proyecto de instalar tres plantas, con cinco granjas de producción porcina cada una, para alcanzar un total de 12.000 madres. El argumento “sostenible” indica que no se trata de megafactorías de 100 mil madres. Los estudios a nivel internacional muestran los impactos generados en la salud y el ambiente por el nivel de desechos, la gran cantidad de agua utilizada, los gases liberados y los cócteles de químicos aplicados a los animales, que generan resistencia bacteriana.  

La organización de las comunidades de El Espinillo coincidió con declaraciones del embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, que confío en el avance del acuerdo porcino con China. “Las comunidades vivimos en el monte con un aire puro de nuestra masa boscosa que beneficia hasta la Ciudad de Buenos Aires”, responde Félix desde El Espinillo y Ercilia completa: “La sequía nos afectó y estamos mezquinando el agua, pero tenemos los ríos para abastecernos. Cuando vengan los chinos van a contaminarlos”. 

“Los acuerdos comerciales con China en territorio chaqueño generan una profunda preocupación porque sea producción porcina, sea mango, sea soja o banana implican el avance sobre el monte nativo, sobre las personas que trabajan y habitan en él”, advierte Carla Colombo, integrante de la organización Somos Monte, que acompaña a las comunidades. “En Chaco, los funcionarios y funcionarias dicen estar trabajando por un Chaco sustentable e inclusivo, pero la realidad es que nadie encara la situación socioambiental de raíz”, lamenta. 

“Esto es tierra comunitaria”  

“Somos 36 comunidades y esto es tierra comunitaria”, reafirma Ercilia buscando explicación al silencio ante los reclamos por parte de Cuellar, pero también del titular del Instituto de Aborígen Chaqueño, Orlando Charole. Las diferencias llegaron al punto de que el vicepresidente de la Asociación Civil Meguesoxoche, Enrique Ramírez, fue expulsado por oponerse al avance del acuerdo y se abrió una demanda judicial contra quienes conservan la representación legal de las comunidades. 

“Estamos en asamblea permanente porque la llegada de las empresas chinas es una amenaza para nuestra comunidad y nuestros hijos. Son empresas, tienen otra cultura que desconocemos”, advierte Medina sobre la continuidad de la organización tras levantar, por el momento, la modalidad de los cortes de ruta y explica que las reuniones continúan paraje por paraje, monte adentro.   

Félix señala que se recorre cada paraje de las 140 mil hectáreas que conforman el territorio comunitario Qom-Meguesoxoche y precisa que también hay otras 10 mil hectáreas en las que viven comunidades con título individuales de 50 o 100 hectáreas sobre las que ya se está avanzando para conseguir firmas de convenios. 

“A algunos ancianos los hicieron firmar sin conocer el convenio, cuando no saben ni leer ni escribir”, lamenta Félix y denuncia: “Cuellar contrato más policía para que circule dentro del territorio. Dentro de 15 o 20 días vamos a estar custodiados. Tenemos miedo que nos vayan a sacar por la fuerza. No nos queda más que estar en asamblea permanente y seguir luchando”. 

Defensa del monte con
un proyecto productivo sustentable

En las hectáreas pertenecientes al Pueblo Qom, las comunidades crían ganado menor y mayor, realizan apicultura y producen sandía y zapallo, entre otros actividades de autoabastecimiento. “El gobierno tiene que acompañar a los pequeños productores. Para ampliar la producción campesina, para que los mismos pobladores de la comunidad ocupen el territorio, no que vengan los chinos a instalar sus granjas, pero para su beneficio”, propone Ercilia esperando que algún funcionario escuche.  

Desde Pozo del Rancho, Félix completa: “Si el gobierno quiere podemos hacer un proyecto sustentable dentro del territorio: tenemos materia prima, campo vírgen. Pero hagamos proyectos sustentables, ¿porque vamos a dejar entrar a los chinos que tienen otra cultura y van a contaminar los ríos Teuco y Bermejito”. 

El pedido de difusión del conflicto vuelve a conectarse con las movilizaciones de mediados del año pasado que reclamaban: “basta de falsas soluciones” frente a la Casa Rosada. “Solicitamos a los medios y a las organizaciones ambientalistas que lo hagan visible: van a entrar por Chaco y no sabemos dónde van a terminar”, alerta Félix. 

“En Chaco, los funcionarios y funcionarias dicen estar trabajando por un Chaco sustentable e inclusivo, pero la realidad es que nadie encara la situación socioambiental de raíz”, advierte la integrante de Somos Monte e insiste en el reclamo de las 36 comunidades del Espinillo: “Seguimos reclamando la consulta previa e informada a las comunidades y los estudios de impacto ambiental, en colaboración con las comunidades implicadas, para analizar la incidencia social, cultural y espiritual de lo que se pretende realizar en estos territorios. No pueden seguir avanzando de manera arbitraria y autoritaria porque las comunidades ya no creen en estas falsas soluciones”.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/impenetrable-chaqueno-comunidades-qom-rechazan-el-acuerdo-porcino-con-china/

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¿Argentina quiere la central nuclear Atucha III?

14 de abril de 2022

El gobierno nacional firmó un acuerdo con China para la instalación del reactor nuclear «Hualong One» en el Complejo Atucha de la localidad bonaerense de Zárate. Desde el Movimiento Antinuclear denuncian los peligros para la salud y el ambiente, detallan la historia de contaminación nuclear y proponen un debate popular para una verdadera transición energética.

Por Pablo Lada*

El reactor nuclear de origen chino Hualong One que los patagónicos rechazamos con movilizaciones masivas en el año 2017, conquistando además la Ley 5227 —que prohíbe la instalación de centrales de generación nucleoeléctrica de potencia en Río Negro— es el mismo reactor que ahora promocionan para Atucha III en Lima, partido de Zárate (provincia de Buenos Aires). 

En 2017 no había ningún reactor funcionando del tipo del Hualong One, ni siquiera en China. A pesar de este dato y aunque se trata de un prototipo experimental de “tercera generación”, la gestión de Mauricio Macri firmó los preacuerdos. Para febrero de este año, cuando el presidente Alberto Fernández viajó al país asiático para firmar por el Hualong One, apenas habían logrado poner en funcionamiento dos reactores, uno en ese país en 2020 y otro en Pakistán en marzo de 2021. 

En el mundillo nuclear preocupa la escasa experiencia operativa de China y nadie sabe con certeza si podrán hacerlo de manera segura y confiable porque son actores nuevos en el mercado. A eso hay que sumarle que se trata de tecnología de uranio enriquecido que el sector nuclear argentino no maneja y que genera polémica por su potencial bélico. 

Los reactores de tercera generación se presentaron al mundo como diseños estandarizados confiables y con menor potencial de accidente, que acortarían los tiempos de construcción y los costos. Aunque se había previsto una gran expansión de este tipo de reactores en los años ochenta, ninguno se materializó. El interrogante que surge es: ¿Argentina quiere el Hualong One o es una imposición de China para financiar otras obras millonarias? 

¿Cómo están operando hoy la central de Atucha?

El año pasado se encendieron las alarmas por la bajante histórica del río Paraná. Con sus aguas se refrigeran las centrales nucleares Atucha ubicadas en Zárate. La autoridad nuclear había previsto crecidas, pero nunca el descenso extremo de uno de los ríos más caudalosos del planeta. En funcionamiento normal el complejo necesita 100 metros cúbicos por segundo para enfriamiento de moderadores y piletas de combustible agotado, entre otros usos. 

Por manual operativo el nivel de la bajante obligaba a parar las centrales nucleares, pero la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) modificó sobre la marcha los límites de operación escritos en la documentación mandatoria. Es decir, como estaban obligados a detenerlas mejor cambiar las reglas y seguir operando cueste lo que cueste. 

Nada que sorprenda a los movimientos antinucleares, acostumbrados a la desinformación de las autoridades, las mentiras y la falta de seriedad del organismo que debiera brindar un mínimo de seguridad ante el peligro que representan las centrales nucleoeléctricas.

Un repaso por las consecuencias de la Argentina nuclear 

En cualquier punto que se mire a la infraestructura nuclear se encontrá la huella radiactiva. Desde la minería a la fabricación de dióxido de uranio, de los elementos combustibles hasta las plantas nucleares y los residuos radiactivos que generan. Se trata de un reguero radiactivo por todo el territorio.

Por ejemplo, seis millones de toneladas de residuos tóxicos y radiactivos sin remediar es el legado de la minería del uranio en Argentina. Se trata de los minas de Sierra Pintada, Malargüe y Huemul en Mendoza; Los Gigantes en Córdoba, Pichiñán (Los Adobes) en Chubut, Tonco en Salta, La Estela en San Luis y Los Colorados en La Rioja. Todas ellas siguen sin estar remediadas y siguen contaminando el aire, el suelo y el agua, y afectando con su presencia —y sus contaminantes— actividades económicas genuinas como la producción de vinos o frutas y el turismo.

En la planta de la empresa Dioxitek de Córdoba fueron arrojados 57.600 toneladas de residuos radioactivos de baja actividad, sin ninguna protección, en medio de un barrio densamente poblado. En Buenos Aires, el Centro Atómico Ezeiza fue objeto de denuncias judiciales por contaminación y un peritaje determinó que el acuífero Puelche, del que se abastecen 300.000 personas, estaba contaminado con uranio y plutonio. 

La contaminación con tritio radioactivo en la cuenca alta del río Ctlamochita, Córdoba, es consecuencia de las descargas rutinarias descriptas en el “Informe ambiental sobre el emplazamiento y el área de influencia de la Central Nuclear de Embalse” del año 1979. Pero, además, tres centrales nucleares funcionando desde hace años generaron peligrosos residuos radiactivos de alta actividad que se almacenan al lado de las centrales nucleoeléctricas en piletas y en los llamados “silos secos”. 

Estas estructuras de hormigón no cuentan con medidas de protección como las que tiene el núcleo del reactor, que podría soportar (se supone) el impacto de un avión de gran porte. La liberación del material acumulado en la central nuclear Embalse de Córdoba, por ejemplo, es suficiente para causar una tragedia nacional inimaginable

Según una investigación del periodista Cristian Basualdo, la Central Nuclear de Embalse en Córdoba contenía 140.761 elementos combustibles gastados al 31 de diciembre de 2015, que incluyen 2628 toneladas de uranio natural y 9,6 toneladas de plutonio. 

Breve historia de las radiaciones, una “energía sutil”  

Hace 125 años el físico alemán Wilhelm Conrad Roentngen descubría una misteriosa fuerza capaz de develar el interior del cuerpo humano, tan desconocida que la llamó «rayos X», los rayos incógnita. Poco después el francés Henri Becquerel descubrió que las sales de uranio emitían espontáneamente radiaciones —energía que se propaga en forma de ondas o partículas— y en ellas encontró también una nueva y sorprendente propiedad de la materia: la radioactividad. 

No fue hasta que la ganadora del Premio Nobel Marie Curie comenzó a investigar en profundidad aquella materia que se tuvo dimensión de qué clase de energía emanaba. Marie Curie y su esposo (Pierre Curie) molieron a mazazos toneladas de “pechblenda”, unas rocas verdosas que llegaban al laboratorio y que guardaban en su interior una importante concentración de uranio.

Comenzaron a sintetizar y descubrir otros elementos que eran producto del decaimiento radiactivo del uranio natural, y que hoy encontramos en la tabla periódica de los elementos, como el Polonio 210 (Po) o el Radio (Ra) 226. Claro que por entonces el matrimonio desconocía las consecuencias para la salud y, efectivamente, ambos sucumbieron envenenados por la misteriosa energía sutil que emanaba del uranio

Una muestra de esa contaminación: Marie Curie está sepultada en un grueso ataúd de plomo. Sus cuadernos de apuntes científicos y sus notas de laboratorio se encuentran dentro de cajas forradas de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia. A 100 años de los hallazgos, aquellos sencillos cuadernos con anotaciones continúan siendo letales. Todo el material está contaminado con radio 226, uno de los productos del decaimiento del uranio 238, presente en las minas de uranio con una vida media de 1600 años.  

Ya pasaron 100 años, habrá que esperar otros 1500 años para que decaiga la radiactividad, no para que se extinga, sino que decaiga a la mitad. Seguirá activo durante 16.000 años. Marie Curie había descubierto que las radiaciones ionizantes contienen tanta energía que son capaces de llevarse un electrón de cualquier átomo o molécula que atraviesen, generando cambios químicos en las células y dañando el ADN. El daño es proporcional a la dosis recibida. Son las radiaciones que salen del núcleo de un átomo de uranio. 

El ecologista Javier Rodríguez Pardo nombró a la energía surgida de las radiaciones como una “energía sutil”. Se trata de una poderosa energía, sin humo, sin olores, sin sentido alguno que la pueda captar. Sin embargo, cuando la radiación gamma atraviesa el cuerpo genera mutaciones perniciosas en el ADN, enfermedades o la muerte.

La caja de pandora de los desechos nucleares 

El 2 de diciembre de 1942 la historia cambió radicalmente. El físico Enrico Fermi puso en marcha en Estados Unidos, en el marco del proyecto Manhattan para construir la bomba atómica, el primer reactor  nuclear de la historia.

Al romper artificialmente el núcleo de un átomo de uranio 235 se abrió la caja de pandora y se “crearon” nuevas partículas radiactivas que no existían en estado natural, diferentes a las sustancias que manipulaba Marie Curie y que pueden encontrarse en un yacimiento uranífero.

La primera fisión nuclear controlada en un reactor generó también el primer combustible agotado, en él se encuentran elementos tan temibles como el plutonio, al que habrá que custodiar por milenos —su vida media o período de semidesintegración es de 24.100 años y se mantiene activo durante 240.000 años—. Una millonésima parte de un gramo de plutonio produce cáncer. Fue fundamental para el desarrollo del programa bélico nuclear estadounidense. 

Ochenta años pasaron y no se encontró respuesta definitiva al drama de los desechos nucleares. En la actualidad, centenares de miles de toneladas de residuos radiactivos de alta actividad pululan por el planeta en guardas provisorias y miles de toneladas de residuos de media y baja actividad fueron arrojados impunemente a los océanos durante décadas.

De manera que la radiación natural de fondo viene creciendo bajo el eufemismo de “radiación tecnológicamente aumentada”, que indica que la energía sutil de la que hablamos vino para quedarse durante milenios, es acumulativa y afectará el genoma humano y el de todas las especies vivas, con consecuencias impredecibles.

Con el tiempo advertimos también que las centrales nucleares pueden tener accidentes gravísimos y que una sola que colapse (entre las más de 400 que existen) pondrá en riesgo a toda la humanidad, como el caso de Chernobyl o Fukushima, entre tantos otros. 

Por eso es vital entender que la actividad nuclear es la única industria humana con la capacidad de transformar a los territorios en inhabitables, como si se tratara de la luna, donde tras un accidente habrá que colocar un cartel que diga “zona no apta para la vida (regresar dentro de mil años)”.

También aprendimos que no hacía falta ni Chernobyl ni Fukushima para padecer la contaminación. El funcionamiento normal de una central nuclear de potencia (que produce electricidad), libera al ambiente peligrosos elementos radiactivos. Diversos estudios alrededor del mundo demuestran que las plantas nucleares, aun sin accidentes ni catástrofes, realizan descargas y emisiones radiactivas rutinarias al ambiente. Investigaciones en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Escocia y Francia demostraron el aumento de la tasa de leucemia en niños, entre otros cánceres, así como el aumento de la tasa de mortalidad infantil cerca de instalaciones nucleares.  Robert Minogue y Karl Goller, de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos (NRC) escribieron juntos en septiembre de 1978 que “cualquier dosis de radiación, por insignificante que sea, puede provocar daños en la salud, por ejemplo cáncer, y toda exposición a la radiación tiene un efecto acumulativo en el cuerpo y se suma hasta el último día de nuestras vidas”.

Guerra, crisis climática y países vulnerables 

La guerra en Ucrania enseña que los países que poseen centrales nucleares —al contrario de lo que se piensa— son más vulnerables. Un accidente nuclear puede poner de rodillas a la nación más poderosa. Los temores a un bombardeo sobre el complejo atómico de Zaporiyia en Ucrania (el más grande de Europa) llevaron al presidente de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, a entablar delicadas negociaciones con rusos y ucranianos para evitar una tragedia mayor en la que todos perderían. 

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, advirtió que de ocurrir algo en Zaporiyia habría que evacuar Europa. ¿Exageró? Creemos que no, porque hoy sabemos que sin la bravura de los “liquidadores” de Chernóbil en 1986 o los mineros que construyeron la base de hormigón debajo de la colapsada central Europa habría enfrentado evacuaciones de tinte apocalíptico. Pero no solo la guerra, la crisis climática también expone a las plantas a crecientes riesgos: olas de calor, huracanes, tsunamis, inundaciones y sequías. Como en la actualidad ocurre con la bajante del Paraná y el Complejo Nuclear Atucha. 

En la Patagonia no, en Buenos Aires tampoco

Luego de las masivas movilizaciones que rechazaron el Hualong One en Río Negro nació el Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA), un colectivo de organizaciones y asambleas que busca generar un fuerte debate nacional exigiendo la cancelación del plan nuclear y rechazando de plano el intento de ubicar al reactor chino en la localidad bonaerense de Zárate.

“En el marco de un nuevo aniversario de la catástrofe de Chernóbil, los actuales escenarios de guerras y crisis climática, desde asambleas de distintos puntos del territorio convocamos  a todos a participar de una semana de acciones en lucha contra el plan nuclear argentino. Se harán movilizaciones simultáneas el día 23 de abril y actividades diversas durante la semana. Hacemos un llamamiento urgente y necesario para que pongamos de nuevo en la agenda de los pueblos esta problemática que nunca pierde vigencia y es una pata más del extractivismo que azota nuestros cuerpos y territorios”, anuncia el comunicado de la Marcha Plurinacional Antinuclear.

Impulsar un debate social plural y democrático sobre las necesidades energéticas permitirá evitar la imposición de costosas centrales nucleares que ponen en riesgo a comunidades enteras. Es imprescindible reemplazar las iniciativas nucleoeléctricas por energías verdaderamente limpias y renovables, así se daría el mejor comienzo a la ansiada transición energética. 

Que el pueblo decida.

(*) Integrante del Movimiento Antinuclear del Chubut. MARA–RENACE

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/argentina-quiere-la-central-nuclear-atucha-iii/

Alternativas emancipatorias

Hemos verificado que, en Argentina y todo el Abya Yala, la contradicción fundamental con el sistema mundo capitalista y sus locales se da como disputas de los territorios entre el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales y las comunidades, naciones que resisten al avasallamiento de derechos de los pueblos e individuos de abajo y de los de la naturaleza, éstos implican su funcionamiento y evolución esencial a la vida.

En todo el país-continente se multiplican esas defensas y recuperaciones de territorios. Pero hay predominio de la creencia en el Estado, en leyes y el Acuerdo de Escazú. Ejemplifiquemos:

Desde la Red de Luchas Socioambientales de Salta sostenemos  que es hora que el  Estado Argentino nacional , provinciales y municipales en los tres poderes y todas sus instituciones  reconozcan  efectivamente  la preexistencia  y respeten  los derechos  de los  Pueblos Naciones Originarias preexistentes al Estado Argentino ,habitantes ancestrales  de lo que hoy se llama Argentina.

Esos PUEBLOS ORIGINARIOS PREEXISTENTES  que la conquista genocida devastó y que la  historia oficial invisibilizó durante  siglos son : Los  Tastil, Lules, Atacama, Yojwis , Weenhayek, Kolla, Diaguita, Wichí, Chorote, Chané, Chulupí, Guaraní, Toba , Tapiete, Comechingón,Chicha,Charrúa ,Guaycuru, Huarpe, Mapuche, Mpqoit, , Mby´a Guaraní ,Ocloya, Omaguaca, Avipón, Yamanas, Yaganes, Quechua, Pilagá,Q’om, Querandí, Rankulche, Selk’nam,Tonokoté, Tilián, Tilcara, Vilela, Sanavirón, Nivaclé.

No hay PUEBLOS INDIGENAS que sean usurpadores de tierras. Son preexistentes a los Estados, son los dueños ancestrales de todo el territorio argentino. Son los Estados los que se formaron y asentaron sobre el genocidio de los  Pueblos Indígenas Originarios . Son los Estados, los que deben dar cuenta del genocidio y saqueo  a los Pueblos Indígenas.

Sin embargo, pareciera que para los genocidas no basta, con la conquista de 1492 a sangre y fuego, ni la llamada Conquista del desierto (que nunca estuvo desierto, sino poblado de Comunidades Indígenas) , no bastó  con las masacres de indígenas en los cuatro puntos cardinales, los genocidas que se repartieron las tierras indígenas  y que conformaron la oligarquía agro ganadera sigue arremetiendo contra  los Pueblos Indígenas . Como pasa con el Pueblo Wichi arrinconado por los desmontes, la soja transgénica, los despojos de sus tierras, de sus ríos , condenados a morir lentamente sin agua ni alimento. 

En estos días, esos mismos que forjaron su riqueza por arrebatar tierras indígenas, son los que firman un proyecto de ley contra todas las Comunidades Indígenas del país. Quieren más, quieren todo. Sigue el genocidio, ahora institucional.

Ante ese intento institucional de arrebatar territorios indígenas, que no se reduce a la Argentina  sino contra los Indígenas de todo el planeta,  resuena con más fuerza el canto   de la Guardia  Indígena de los Pueblos de Colombia   que en su Himno dicen:    “Pa ‘delante compañeros, dispuestos a resistir “.         

redluchassocioambientalessalta@gmail.com

Teléf.  54 9 387 5944661

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Sábado 14 de Mayo. Cosquin, Córdoba

La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, Comisión ambiente, pueblos indígenas, las Organizaciones y organismos que nuclean, repudiamos el desalojo violento ejecutado por la Policía de la Provincia de Córdoba, vulnerando el derecho a la libre manifestación pacífica, amparada por el Acuerdo de Escazú:  Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe,en este, el art 9, pronuncia y resguarda a los Defensores ambientales, como así también el convenio OIT 169, quien pronuncia mantener informada a las comunidades indígenas y la participación de las mismas ante cualquier decisión sobre los territorios.

En este momento, se están violando las leyes ambientales Nacionales y Provinciales como por ejemplo: 

-Ley Nº 9.814 – Ordenamiento territorial de bosques nativos de la Provincia de Córdoba.

Art 41. Constitucion nacional: Derecho a un medio ambiente sano 

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

Artículo 124.

 Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad

Ley Prov, N° 7343

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, para lograr y mantener una óptima calidad de vida.

Estas leyes protegen el Bosque Nativo, las zonas rojas y amarillas. 

 Molinari está siendo desmontada en sectores de zona roja protegida por la Ley de bosque, como así los diferentes puntos del Valle de Punilla, por donde están avanzando las topadoras con el único interés que el particular, desoyendo y negando la participación ciudadana.

Ante esta situación, vecinxs, comunidades indígenas y movimientos ambientales se reunieron en asamblea y armaron un refugio-acampe, exponiendo de esta manera la ilegalidad de Caminos de las Sierras y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Siendo las 3:40 de la madrugada del día 10 de Mayo, sin orden de desalojo, sin previo aviso, ingresan al acampe, un comando de la Policía de la Provincia de Córdoba, quienes aparecen por el monte, de forma inesperada haciendo abuso de autoridad, los empujan y agreden psicológica y físicamente. Trayendo a la memoria los peores momentos de la dictadura Cívico militar esclesiastica empresarial.

Ante este atropello se exige a la fiscalía que realice las investigaciones pertinentes y que se nombre y se aleje de sus cargos a los responsables.

Desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos damos nuestro apoyo y solidaridad a les vecinxs que sufrieron el desalojo, a les vecinxs afectadxs por este proyecto de construcción que ya se está llevando a cabo, violando todas las leyes y demandas presentadas en el Tribunal de justicia. 

Solidaridad y apoyo al  Pueblo de Punilla y a todos los que hoy luchan y protegen desde el  corazón Nuestra Casa Común.

Ya Dijimos NUNCA MÁS!!!

#PorJusticia

#PorSoberania

#PorDemocracia

#LaMemoriaEstáEnLaCalle.

Examinemos a través de Chile: qué encubre la Constitución de nuestros países; cuál ha sido la función de los gobiernos progresistas y cómo se abstrae al Acuerdo de Escazú tanto de cuál ha sido y es el papel antipopular del Senado como del régimen extractivista imperante.

Reconocimiento de
la Constitución de Lagos

25 de abril de 2022

Por Felipe Portales| Rebelión

Pareciera que nuestro país siempre ha sufrido más que otros –porque ciertamente no es “monopolio” chileno- de fuertes dosis de amnesia, engaño y autoengaño histórico.

Para circunscribirnos a nuestra historia reciente esto lo podemos ver dramáticamente expresado en el generalizado desconocimiento -producto fundamentalmente de la ocultación de la elite concertacionista- de políticas y medidas cruciales adoptadas por sus gobiernos en desmedro de sus proclamadas posiciones de centroizquierda. ¿Cuántos nos acordamos –¡o supimos alguna vez!- del regalo a la derecha de la inminente mayoría parlamentaria efectuada por la dirigencia concertacionista, a través de las reformas constitucionales concordadas con Pinochet en 1989?; o ¿cuántos nos acordamos -¡o supimos!- de las “exitosas” políticas de exterminio de la prensa de centro-izquierda, seguidas por los sucesivos gobiernos de la Concertación, que liquidaron “Análisis”, “Apsi”, “Fortín Mapocho”, “La Epoca”, “Hoy”, “Rocinante”, “Plan B” y “Punto Final” -entre muchos otros medios- y que han tenido un impacto devastador ¡hasta el día de hoy!?; o ¿cuántos nos acordamos de la omisión de los gobiernos de Lagos (entre agosto de 2000 y marzo de 2002) y de Bachelet de usar sus respectivas mayorías parlamentarias –finalmente obtenidas- para modificar el modelo económico neoliberal?

Pero sin duda que el olvido generalizado más desconcertante (¡porque nadie que tenía uso de razón en su momento puede decir que no lo supo!) es el de que la Constitución chilena actual, si bien fue generada por Pinochet en 1980, fue posteriormente refrendada por Lagos y todos sus ministros en 2005. Usted, estimado lector, lo puede certificar viendo cualquier texto de nuestra Carta fundamental editada con posterioridad a ese año.

Por ello es loable el reconocimiento efectuado al respecto por el reciente precandidato presidencial del PR, Carlos Maldonado. Así, él ha dicho en relación al avance del texto de nueva Constitución elaborado por la Convención, que “si no se mejora sustantivamente la línea, los contenidos, la forma, y por tanto no se presenta un texto mucho mejor que el que conocemos hasta ahora, si yo tuviera que votar hoy elijo la Constitución de Lagos” (“El Dinamo”; 20-4-2022). Dado que el “rechazo” significa mantener la actual Constitución, ese voto es el que está anunciando Maldonado. Quien también recientemente se pronunció a favor de la actual Constitución (en rigor, fue producto de una Reforma Constitucional) fue el ex diputado y ministro del PDC, Jorge Burgos, en carta a “El Mercurio”: “En la edición del miércoles, el expresidente del Senado don Sergio Romero recuerda el origen y trámite de la reforma constitucional de 2005. En su recuerdo incorpora un trámite legislativo que no concurrió, la Comisión Mixta. Quizás de haber existido tal comisión, de allí pudo surgir la propuesta de un plebiscito ratificatorio, lo que terminó siendo una omisión lamentable, por cierto, de la cual también soy reo” (15-4-2022).

Otra distorsión de la memoria histórica utilizada por el concertacionismo –aprovechando nuestra proverbial amnesia- es que dicha Constitución (o Reforma, como quiere que se le llame) habría sido generada como el único avance posible que pudo lograrse en la época dado el poder parlamentario de la derecha. Pero que en ningún caso representaba una Constitución considerada como plenamente democrática. ¡Una mentira más grande que una catedral! Pruebas al canto, el entusiasta y fervoroso discurso de Lagos pronunciado en el acto de refrendación de dicha “nueva” Constitución, el 17 de septiembre de 2005:

“Hoy, 17 de septiembre del año 2005, firmamos solemnemente la Constitución democrática de Chile (…) Hoy nos reunimos aquí para celebrar, celebrar solemnemente el reencuentro de Chile con su historia. La Constitución de 1833 le abrió el paso al Chile del siglo XIX; la de 1925 en el siglo XX. Y hoy nos reunimos, inspirados en el mismo espíritu de 1833 y de 1925: darle a Chile y a los chilenos una Constitución que nos abra paso al siglo XXI (…) Chile cuenta desde hoy con una Constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido, desde el cual podemos continuar avanzando por el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia. Nuestra Constitución no es más que un dique en la vida nacional, la vida nacional puede fluir ahora como un río por este cauce institucional” (“Siete”; 18-9-2005).

Su entusiasmo fue todavía más allá: “Hoy es un día señero. Iniciamos nuestras celebraciones nacionales con una patria más grande, más unida, más prestigiosa, reconocida en el mundo; una patria que termina de reencontrarse con su tradición histórica, donde todos sus hijos pueden abrazarse, donde todos podemos mirarnos a los ojos con respeto; sin privilegios inaceptables, sin subordinaciones indignas, sin exclusiones vergonzantes. Tener una Constitución que nos refleje a todos era fundamental, fundamental para todas las tareas que los chilenos tenemos por delante, puesto que ello consolida el patrimonio de lo que hemos avanzado en lo económico, en lo social, en lo cultural” (Ibid.).

Y culminó en la exaltación: “Este es un momento trascendental para todos los chilenos, pero sobre todo para los jóvenes y niños, porque ellos están llamados también a la tarea de perfeccionar nuestra democracia, ampliar nuestras libertades, elevar los niveles de justicia social, hacer de Chile un país cada vez más grande, como lo soñaron los padres de la Patria, respetado por las virtudes y por la buena vida de sus habitantes. Chilenos y chilenas: Este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar, tenemos hoy, por fin, una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Es nuestro mejor homenaje a la Independencia, a las Glorias Patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Chilenos y chilenas: Hoy, hoy despunta la primavera. Muchas gracias” (Ibid.).

Dado todo esto, los reconocimientos de Maldonado y Burgos de que la actual es la Constitución de Lagos tienden a poner, en cierto modo, las cosas en su lugar. Curiosamente, la revuelta social de octubre de 2019 que develó el carácter legitimador del modelo de la dictadura de “los 30 años”, ha continuado hablando de la actual Constitución como del 80, sin resaltar su refrendación por Lagos y la Concertación en 2005. Quizás, como una forma de terminar de “despertar”, sin traumas, a muchas de las bases concertacionistas para que rechacen la actual Constitución en el futuro plebiscito de septiembre. En todo caso, tal predicamento revela, por otro lado, que la “obra” de Lagos y de la Concertación –y particularmente su pretendida Constitución de 2005- no ha sido más que un (afortunadamente) frustrado intento por legitimar, consolidar y “perfeccionar” la proyección política, económica y social de la dictadura.

Fuente: https://rebelion.org/reconocimiento-de-la-constitucion-de-lagos/:

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Acuerdo de Escazú: Senado de Chile lo aprueba en primer debate

14 de mayo de 2022

Por Nicolás Boeglin | Rebelión

El Senado de Chile aprobó por abrumadora mayoría el Acuerdo de Escazú.

Según reportan varios medios de prensa (véase nota de El Monstrador y cable EFE registrado en La Vanguardia), el Senado de Chile aprobó este 11 de mayo en primer debate constitucional el Acuerdo de Escazú: lo hizo con una abrumadora mayoría de 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones. 

Un segundo debate debería llevarse a cabo muy pronto en el seno de esta misma cámara alta del congreso chileno.

Breve puesta en contexto

Como se recordará, hace 4 años, el Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica, después de un largo y arduo proceso de negociación, que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días. Este proceso fue coliderado por Chile y Costa Rica, quienes pusieron a sus mejores equipos de negociadores para lograr llevar a feliz término el proceso de discusión entre los 33 Estados que integran la CEPAL (un trabajoso proceso que requirió un total de 9 rondas de negociación).

Su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe» (véase acta final de la novena ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica). El Acuerdo de Escazú se adoptó en Costa Rica un 4 de marzo, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato). 

Adoptado en marzo, en el mes  de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes, Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto completo) enfatizaron que: 

«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.

Esta declaración conjunta del mes de junio del 2018 constituye la última manifestación  oficial de ambos Estados en favor del Acuerdo de Escazú: hay que agradecer a la diplomacia chilena por haberla mantenido en su portal desde entonces.

Un paso más hacia una rectificación por parte de Chile

Esta primera aprobación en el Senado chileno constituye un importante logro para el Poder Ejecutivo de Chile que permite vislumbrar una muy pronta nueva ratificación del Acuerdo de Escazú: un tratado regional que ya cuenta con 12 Estados Partes (los últimos en ratificarlos en enero del 2021 siendo Argentina y México). 

Por parte de América Latina, Chile vendría así a sumarse a las ratificaciones ya registradas (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) de Bolivia y Uruguay (septiembre del 2019), Panamá y Nicaragua (marzo 2020), Ecuador (mayo 2020), así como Argentina y México (enero 2021). Se trata de Estados en los que, dicho sea de paso, no se ha observado en lo más mínimo una salida de las inversiones extranjeras o una parálisis de sus economías desde que se aprobo el Acuerdo de Escazú. Ni mucho menos una invasión indebida de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito del derecho penal, como escuchado en Colombia o en Costa Rica pero también en Perú y en Paraguay (Nota 1) por parte de algunos colegas (de manera bastante extraña, debemos precisar para el caso costarricense, como lo explicaremos en las líneas que siguen). 

Al haber firmado el texto (en setiembre del 2018) , pero no haberlo aún ratificado, Costa Rica comparte esta situación con además de Chile, en lo que atañe a América Latina los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. ¿Costa Rica, que ha basado históricamente su imagen internacional en el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente, … en esta lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.

Supuestos «argumentos» en contra de Escazú que la realidad objetiva desnuda

Tratándose de un  tratado internacional que establece el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban (al no permitirse ningun tipo de reserva – Artículo 23 – que pueda modular el alcance de algunas de sus disposiciones), se entiende cada vez mejor, conforme es aprobado el Acuerdo de Escazú en otras latitudes de la región, que los supuestos «argumentos» en su contra escuchados por parte de sectores políticos y económicos opuestos al Acuerdo de Escazú, en realidad, no lo son: un tempranero ejercicio periodístico desde la Universidad de Costa Rica (UCR) ya lo había así detectado (véase nota de Doble Check del 26 de abril del 2021 la cual no ha dado lugar, a la fecha, a ningún derecho de respuesta o aclaración por parte de la UCCAEP, una influyente cámara empresarial costarricense).

Al respecto, tuvimos la oportunidad de lanzar públicamente algunas preguntas a algunas cámaras empresariales costarricenses y a sus (siempre muy hacendosas) fichas políticas: véase nuestra breve nota publicada en el medio Delfino.cr el pasado 3 de marzo (que, por alguna razón, no ha sido aún contestada).

Remitimos también al artículo del jurista costarricense Mario Peña (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia. 

Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a algunas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta hace poco), se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años (1998). Así se detalla en este valioso artículo del precitado jurista publicado en el medio digital Delfino.cr: este artículo tampoco ha dado lugar a una aclaración o reacción por parte de algunos sectores que han invocado la inversión de la carga de la prueba como un sólido «argumento» para oponerse al Acuerdo de Escazú.

Cabe precisar que en su sentencia del 2011 que puso fin a la «affaire Crucitas» (Nota 2), la Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó en todos su extremos la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del 2010 (véase texto) sobre el fallido proyecto minero de Crucitas: al revisar la batería de argumentos presentados por la empresa minera canadiense Infinito Gold (véase el texto completo de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran interés), se observa que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental fue invocada por los abogados de la recurrente en su apelación (y, claro está, rechazada sin mayor contemplación por los integrantes de la Sala Primera – párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera). ¿Una empresa minera canadiense en una apelación intentando cuestionar la aplicación de un principio básico del derecho ambiental vigente en el ordenamiento jurídico costarricense por parte de un tribunal costarricense? Así como se lee.

Chile: un Estado anfitrión de la primera COP sin serlo del todo

Haciendo a un lado a algunos sectores que en Costa Rica desconocen algunas herramientas muy básicas del derecho ambiental, cabe recordar que los pasados 20-22 de abril, se celebró en Chile la primera Conferencia de Estados Partes (COP) al Acuerdo de Escazú: la localización de esta cumbre regional se debió a la ubicación geográfica de las instalaciones de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (más conocida como CEPAL), ente que auspició las negociaciones de este innovador instrumento regional. 

Sobre esta primera COP, una reunión fundamental de cara a la futura implementación del Acuerdo de Escazú, remitimos a nuestros estimables lectores a una breve nota explicando sus alcances (versión en español así como en inglés).  

A la cita, además de los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú, participaron como Estados observadores  delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, al no haber aún aprobado dicho instrumento regional estos Estados: en el caso de Colombia, su representante no pasó desapercibido, al ser una persona conocida de movimientos sociales colombianos, y de familiares de personas fallecidas y gravemente heridas durante las protestas acaecidas en Colombia en el 2019 (Nota 3). 

A modo de conclusión

El pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile, durante una muy emotiva jornada vivida en el Palacio de la Moneda, firmó el Acuerdo de Escazú, poniendo así fin a un craso error de lectura de su antecesor en el cargo y cerrando una parentesis bastante triste para los derechos humanos y el ambiente que significó la administración 2018-2022 en Chile.  

Desde este momento,  el Poder Ejecutivo inició de forma decidida el proceso en la dirección correcta que nunca debió abandonar, reafirmando de esta manera el regreso de Chile y el de su indiscutible liderazgo en la región en temas de ambiente y de derechos humanos. 

El pasado 3 de mayo del 2022 , un primer paso se inició en esta dirección en el Senado de Chile (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo que reproduce un cable de la agencia de noticias EFE). En cambio, el 4 de mayo la agencia de noticias alemana DW (véase nota)  y la francesa AFP (véanse esta nota de RFI y la única nota aparecida en Costa Rica en el Tico Times) reportaron lo escuchado en Costa Rica: lo cual, como era previsible, va en la dirección exactamente opuesta.

Notas:

Nota 1: Ante la aparición de «argumentos» muy similares en contra del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano, esfuerzos valiosos desde la sociedad civil y la academia han denunciado esta campaña de desinformación contra este tratado internacional. En el caso de Costa Rica, véase en particular PEÑA  CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí;  así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos«, Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos. 

Nota 2:  La expresión «affaire» refiere al complejo entramado politico-empresarial que desnudó ante la opinión pública costarricense este caso, llevado ante la justicia: con una sentencia redactada por tres valientes jueces que refirieron a una verdadera «orquestación de voluntades» para explicar las ilegalidades de todo tipo observadas por parte de la empresa minero y el mismo Estado costarricense. En un reciente artículo del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Fernando Cruz, publicado en La Revista.cr (véase texto), leemos que: «La trascendencia política y económica del caso, no impidió a los jueces resolver conforme al mérito de los autos, con plena conciencia que la decisión no complacía a las instancias de poder político y económico. No es fácil que un juez resuelva a contrapelo de los poderosos intereses que sustentan el caso. La decisión de este tribunal es un luminoso homenaje a la independencia judicial». En febrero del 2022, tuvimos la ocasión de analizar la última maniobra de la empresa minera contra Costa Rica: véase BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica: una nueva maniobra de la empresa minera contra Costa Rica«, Portal Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 8 de febrero del 2022, disponible aquí.

Nota 3: El ahora diplomático Guillermo Botero con rango de embajador en Chile fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y las organizaciones sociales negociaron con el Poder Ejecutivo colombiano las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación, orquestada por cúpulas empresariales colombianas y sectores políticos afines empecinados en presentarlo como un verdadera freno al desarollo: se trata de sectores reacios a que se proteja la vida y la integridad física de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y ecologistas que defienden el ambiente en Colombia.

Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Blog del autor: https://derechointernacionalcr.blogspot.com/
Fuente: https://rebelion.org/acuerdo-de-escazu-senado-de-chile-lo-aprueba-en-primer-debate/

Atendamos más a propuestas e iniciativas desde diversidades del abajo sin fronteras ni muros burgueses.

Felwine Sarr: «Desde África estamos asumiendo la responsabilidad de repensar el mundo incluyendo diferentes latitudes»

22 de abril de 2022

Por Laura Feal, Ángela Rodríguez Perea| El salto

El filósofo y economista senegalés hace balance de la recientemente clausurada cuarta edición de Los Talleres del Pensamiento, una iniciativa cofundada junto al historiador camerunés Achille Mbembe que se ha convertido en una cita clave para la creación de propuestas epistémicas alternativas promovidas desde el continente africano.

Dakar (Senegal)

No es exagerado decir que se trata, hoy por hoy, de la cita más importante del panorama intelectual africano, y también una de las principales del mundo francófono y de la esfera de la decolonialidad. Los “Talleres del Pensamiento” (Ateliers de la Pensée, en francés) nacieron en 2016 en la capital de Senegal, Dakar, de la mano de dos grandes nombres del continente, el camerunés Achille Mbembe y el senegalés Felwine Sarr. La intención de ambos fue, desde un primer momento, reclamar la soberanía teórica de África y de su diáspora.

Con cuatro ediciones a sus espaldas, el evento se ha vuelto ineludible por la expectación que provoca, por su capacidad de reunir a una verdadera constelación de personalidades de todo tipo de horizontes y por su sorprendente lucidez y pluralidad de propuestas. Desde su nacimiento, han contado con reflexiones de grandes figuras del pensamiento universal, como el filósofo Souleymane Bachir Diagne, la ex ministra francesa Christiane Taubira, la politóloga Françoise Verges o escritores como Léonora Miano, Alain Mabanckou o el recientemente galardonado con el premio Goncourt, Mbougar Sarr. Los Talleres, como se los conoce popularmente, recuerdan otros momentos históricos como los dos Congresos de Escritores y Artistas Negros, celebrados en París en 1956 y 1959, que tenían esa misma vocación de emitir al mundo un discurso común, de gran eco mediático, amplificando voces tradicionalmente desoídas.

El evento se desarrolla a través de mesas redondas, seguidas de un turno de preguntas abiertas al público, donde las personas invitadas reflexionan en torno a la temática general y presentan sus últimas líneas de investigación. Los paneles se celebran también hasta altas horas de la madrugada, en un formato poco usual que hace pensar en un verdadero Festival de las Ideas. Con el tiempo, además de las presentaciones de tipo académico, las manifestaciones artísticas han ido adquiriendo un papel cada vez más significativo, integrando disciplinas como la danza contemporánea, la música, la performance o el teatro. Los fundadores persiguen así producir saberes desde un centro diferente del occidental, pero también reclamar formas de conocimiento no discursivas.

La cuarta edición de los Talleres del Pensamiento, bajo el título de “Cosmologías del vínculo y formas de vida” giró en torno a temáticas como el ecofeminismo, los saberes indígenas y las cosmopolíticas de la solidaridad

La cuarta edición de los Talleres del Pensamiento se celebró del 23 al 26 del pasado mes de marzo en el simbólico Museo de Civilizaciones Negras de Dakar, congregando una considerable afluencia de público en directo —unas 200 personas al día, según la organización— así como más de un millar de seguidores en directo por redes sociales tanto de dentro como de fuera de África. Bajo el título de “Cosmologías del vínculo y formas de vida” las conferencias giraron en torno a temáticas como el ecofeminismo, los saberes indígenas y las cosmopolíticas de la solidaridad. Las reflexiones aportaron claves para afrontar los desafíos globales en un mundo post-pandemia, enunciando soluciones que pasan por la comunidad y el vínculo, en un contexto en el que resurgen las reacciones conservadoras y excluyentes con fuerza inusitada.

Felwine Sarr (1972, Niodior, Senegal), cofundador de la iniciativa, es economista, docente, escritor y músico. Su ensayo Afrotopia (2016), que navega en la intersección de disciplinas como historia, economía, sociología o filosofía, ha tenido un fuerte impacto dentro del activismo africano y afrodescendiente, y su atractivo título ha sido reutilizado por programas de radio, bienales o hasta piezas de teatro. Sarr fue también el encargado del famoso informe sobre la Restitución del Patrimonio Cultural africano presente en los museos franceses, algo que lo ha posicionado durante tres años seguidos en los primeros puestos de la famosa lista Artpower 100, el ranking de referencia sobre las personas más influyentes en el arte contemporáneo. Después de varios años en la Universidad Gaston Berger de Saint Louis, Senegal, actualmente enseña en la Duke University de California, lo que no le impide llevar a cabo proyectos en su país natal, como es el caso de los Talleres, contexto en el que nos recibe. Mientras gestiona a sus más de 40 invitadas internacionales y una veintena de medios de comunicación, hace una pausa para respirar un poco en la terraza del conocido Hotel Djoloff, en el centro de la ciudad: con café en mano y semblante serio repasa el origen y aventura el futuro de esta experiencia.

El tema de los Talleres del Pensamiento de 2019, “Fluctuación de los mundos y prácticas de desvulnerabilización”, fue premonitorio de lo que ocurriría en 2020.

Confieso que no sabíamos que habría una pandemia, pero en ese momento nos interesaba la cuestión de la “desvulnerabilización”. Veíamos cómo este tipo de prácticas se estaban construyendo en las sociedades de África, y también en otras partes de mundo, allí donde el Estado no cumple su función de cuidar de los individuos, donde hay importantes fisuras en la educación y la salud, por ejemplo. Nos preguntamos cómo las sociedades cuidan de sí mismas en esos lugares donde la administración no llega, aunque nuestro análisis no tenía como objetivo que lo público deje de asumir esa función, por supuesto.

Cuando llegó la pandemia a Dakar y la respuesta fue cerrar las fronteras, vimos que los debates por aquel entonces pasaban por alto la manera de pensar el cuidado en el seno de las comunidades, ese tipo de saberes que la humanidad había ido construyendo a largo plazo. Hubo un momento en el que la gente aquí no creía en el virus, porque no veía muertos en su entorno. Los imaginarios en relación a la enfermedad, producto de una larga historia, no fueron objeto de ningún trabajo sociológico o antropológico, aunque fuera al menos con el fin de transmitir mejor el mensaje de que estábamos ante una verdadera pandemia, que no se trataba de una historia de los occidentales.

¿De qué manera ha impactado esa experiencia en esta última edición de los Talleres?

Antes de la pandemia soñábamos con un mundo unido, tratábamos de dar una respuesta al contexto de globalización económica neoliberal. Trabajábamos cuestiones como la movilidad entre fronteras, maneras de enfrentar la crisis ecológica, de crear una comunidad humana, etc. En resumen, cómo “hacer mundo” de una manera positiva…

Pero, con la crisis, los procesos de desunificación que ya estaban en curso se cristalizaron y aceleraron: la llamada comunidad internacional se replegó al ámbito nacional, lo común se redujo a lo tribal. Cada cual gestionó sus dificultades por separado, hubo una guerra mundial por las mascarillas, y con la vacuna llegamos realmente a una situación extrema, de “no hacer mundo”: la solución que supuestamente debía reequilibrar la situación global se ve acaparada por algunos países, que se guardan más reservas de las que necesitan y distribuyen a otros países con menos medios vacunas a cuatro días de su fecha de caducidad…

Ante esto, decidimos repensar la cuestión ecológica: cómo restablecer el vínculo con las especies animales y vegetales a las que hemos ido despojando de sus hábitats, y también la política, sobre cómo rehacer las comunidades a una más amplia escala. De ahí nació la idea de pensar las cosmologías que ya existen en algunas partes del mundo, como en África o América Latina, que articulan vínculos y otras maneras de habitar el territorio, diferentes a las que la economía neoliberal nos propone. También nos interesaron aquellas nuevas prácticas económicas y sociales que podríamos inventar y cuáles podrían ser los nuevos espacios para ponerlas en práctica.

Pandemia, crisis climática, reorganización geopolítica intensificada a partir de la guerra en Ucrania… La temática propuesta este año parece querer aportar pistas para explorar respuestas a las coyunturas mundiales actuales. ¿Es esta la nueva vocación de Los Talleres?

En las dos primeras ediciones quisimos que África hiciera uso de la palabra, reflexionar desde el continente y la diáspora sobre nuestro propio destino, por eso se trataron principalmente cuestiones decoloniales, aunque no dejaban de ser asuntos globales que quizás nos conciernen un poco más a los africanos. En el proceso de reflexión posterior decidimos no centrarnos en asuntos exclusivamente africanos: debíamos ser un lugar donde discutir problemáticas comunes de este mundo que compartimos, y pensarlas con gente que viene de lugares diversos, asumiendo esa apertura.

Decidimos no centrarnos en asuntos exclusivamente africanos: debíamos ser un lugar donde discutir problemáticas comunes de este mundo que compartimos. En ese sentido no queremos reproducir lo que le echamos en cara a Europa: su eurocentrismo, su manera de pensar el mundo a partir de ellos mismos

En ese sentido no queremos reproducir lo que le echamos en cara a Europa: su eurocentrismo, su manera de pensar el mundo a partir de ellos mismos. Si queremos pensar el mundo tenemos que hacerlo con los demás.

En esta edición queríamos empezar un diálogo con América Latina, y aunque ha participado Natalia Brizuela (profesora asociada de literatura y cultura latinoamericana moderna y contemporánea en la Universidad de California, Berkeley, NDLR) no hemos conseguido hacerlo a la altura que hubiésemos querido, por cuestiones logísticas. También hemos invitado a personalidades europeas y estadounidenses, e intentamos contar con gente del África lusófona… Nos ha faltado Asia, aunque hemos proyectado un documental del camboyano Rithy Panh, que ha intervenido a través de videoconferencia. Tenemos la voluntad y el deseo de incluir la diversidad de los espacios que aún faltan.

¿De qué manera las ideas que se están creando en Los Talleres pueden influir en la manera de hacer política?

El espacio político es muy difícil por regla general. Mi experiencia personal es que, para que no haya riesgo de manipulación, tiene que haber una misión clara en la que un cargo político pide expresamente una opinión experta sobre un tema y el trabajo se realiza para satisfacer ese requerimiento concreto. Amartya Sen (economista y filósofo indio, NDLR) me enseñó que la actividad más productiva es la de reintroducir en el cuerpo social un cierto número de resultados de los saberes producidos, desde la óptica de su inteligibilidad. Cuando la élite política se preocupa por tener buena información la va a encontrar, pero si, por el contrario, quiere otra versión también sabe dónde encontrarla. Básicamente, creo que es más útil poner ciertas ideas a disposición de la sociedad que de la clase política.

He renunciado a la idea de que los saberes que estamos conformando, que requieren paciencia, influyan de forma inmediata en las sociedades humanas. Hay que aceptar la secuencialidad de los procesos

¿Y cree que efectivamente las nuevas ideas y propuestas que se han ido discutiendo estos años en estos foros acaban diluyéndose en la sociedad?

Es la gran pregunta. Los Talleres reciben constantemente una crítica de elitismo y de no diseminación: la gente se pregunta cómo estas reflexiones le pueden afectar al señor del pueblo de Thiaroye, aquí en Senegal, y a su vida cotidiana de manera práctica. Yo he renunciado a la idea de que los saberes que estamos conformando, que requieren paciencia, influyan de forma inmediata en las sociedades humanas. Creo que hay un segundo trabajo de divulgación y de reinyección de esas ideas en el cuerpo social. Esa labor no se puede llevar a cabo en el mismo momento en el que se constituye el saber. En todo caso, los recursos producidos por Los Talleres quedan a disposición de todo el mundo a través de libros, vídeos, etc. Hay que aceptar la secuencialidad de los procesos, y el reparto de roles entre diferentes tipos de actores sociales, y en este sentido habrá que pensar cuáles son los formatos o plataformas para ponerlos en marcha de manera práctica. Nosotros intentamos hacerlo en Souza, una localidad de la región litoral de Camerún. Hemos conformado allí un pequeño laboratorio para experimentar, la Fabrique de Souza, adonde volveremos en el próximo mes de abril.

Cuéntenos un poco más sobre esa experiencia que se sale de la esfera teórica.

La Fabrique de Souza es un espacio experimental, a 40 km de Duala (Camerún), donde estamos intentando poner en marcha una economía experimental agroecológica, relacional y de comunión con el resto de seres vivos. Tras la segunda edición de Los Talleres del Pensamiento, en 2017, cuya temática fue “Condición planetaria y política de los seres vivos”, la responsable de la Galería MAM, Marlène Malong, que había asistido a aquella edición, nos invitó a hacer de su espacio un lugar de práctica para aterrizar las ideas teóricas. La primera acción fue hacer una cartografía, que realizamos con un equipo multidisciplinar para estudiar la historia, geografía, antropología, etc. del lugar, con el objetivo de identificar los saberes que existen en el territorio.

En el equipo que estamos trabajando allí hay tres doctorandos de universidades de Camerún, y también están la filósofa Sévèrine Kodjo-Grandvaux, la profesora de ciencias políticas Nadine Machikou, el antropólogo Parfait D. Akana o el economista colombiano Diego Landivar, entre otras personas. Este año se nos ha unido con su equipo la ambientalista Isabelle Delannoye [participante de la cuarta edición de los Talleres con una intervención sobre su concepto de economía simbiótica]. Ellas cuentan con más de una década de experiencia en el montaje de economías neutras en carbono. El objetivo es crear una economía de circuitos cortos, en la que el campesinado de la región pueda obtener mejores ingresos e insertarse mejor en redes de intercambio, descarbonizando a la vez sus prácticas.

Tras esta última edición, Los Talleres se están consolidando como cita histórica y generando mucha expectación, tanto dentro como fuera del continente. ¿Cómo se están planteado el futuro de la iniciativa?

Vamos a darnos un tiempo para evaluar con mayor claridad cómo enfocar una próxima edición. Sin embargo, con la Escuela Doctoral [iniciativa académica también derivada de los Talleres] tenemos una idea más clara de convertirla en una Universidad de Verano. La pandemia había impedido celebrar la convocatoria anterior a esta, en 2020, pero acabamos de terminar la segunda edición con 18 doctorandos y doctorandas de todo el mundo: Colombia, Brasil, Italia, Mali, Ghana, Camerún, etc. Allí se trataron las mismas cuestiones que se iban a debatir en los Talleres unas semanas después y fue muy bien. Sentimos que la iniciativa ha evolucionado positivamente, con reflexiones de mejor calidad. Ahora estamos pensando cómo asegurar un seguimiento de las diferentes promociones, crear también una universidad de verano donde se impartan talleres y seminarios y preparar una plataforma en línea para trabajar en red de manera más permanente.

https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/felwine-sarr-africa-asumiendo-responsabilidad-repensar-mundo-incluyendo-diferentes-latitudes-

Fuente: https://rebelion.org/desde-africa-estamos-asumiendo-la-responsabilidad-de-repensar-el-mundo-incluyendo-diferentes-latitudes/

Apreciemos que las simbiosis (entre culturas y ecosistemas) de la Amazonía son esenciales para la salud planetaria que incluye a la de la humanidad. Están siendo atacadas por el sistema mundo capitalista y sus locales procurando el acaparamiento total y totalitario de los oligopolios adueñados de países y continentes. Sólo lo pueden viabilizar por el protagonismo de Estados Nacionales y sus gobiernos de turno. Lo último prueba que los progresistas no son antagónicos con los de las derechas desembozadas.

Es grave que se crea en Lula y en Evo Morales- Álvaro García Linera- MAS como alternativa de los pueblos. Porque promovieron y miran hacia la gobernabilidad, o viabilización con fachada democrática, de los extractivismos cuyas consecuencias son ecocidios y genocidios silenciosos, silenciados e invisibilizados.

Tengamos en cuenta, además, que esas simbiosis fundamentan e iluminan a los pueblos planetarios sobre qué rumbos asumir para sus respectivas creaciones de «buenos vivires».

Entrevista a Gregorio Díaz Mirabal

«Ser dirigente indígena en una zona petrolera o donde hay muchos recursos naturales es una sentencia de muerte»

4 de mayo de 2022

Por Astrid Arellano |Mongabay

La ausencia generalizada de los gobiernos de los nueve países amazónicos ha provocado la muerte de líderes indígenas en las zonas donde predomina la violencia, señala el dirigente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización vocera de pueblos de nueve países.

José Gregorio Díaz Mirabal recuerda que el río Atabapo, con sus aguas color negro, rodeado de selva y montañas, hace 200 años estaba en territorio indígena. Hoy atraviesa tres países: Colombia, Brasil y Venezuela. “Nos han dividido los Estados, pero nosotros somos una gran familia”, dice el líder indígena wakuenai kurripaco.

Aunque la Amazonía aún es un sitio de escenarios naturales increíbles, agrega Díaz Mirabal, está amenazada por la ambición del ser humano, con sus economías legales o fuera de la ley, pero criminales de igual forma. “Buscan el oro, el petróleo, la riqueza y el poder”, sostiene. “Parece que todos nuestros gobiernos no han podido controlar o monitorear esos territorios fronterizos y, así como la lucha de los pueblos indígenas se ha hecho global, la delincuencia también lo es”.

Díaz Mirabal es el dirigente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización con casi cuatro décadas como vocera de los pueblos indígenas de nueve países amazónicos: Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Colombia, Surinam y Guyana Francesa, con la que llevan las demandas de las comunidades a escenarios internacionales.

“Es una realidad muy compleja por la violencia que se vive; los carteles ya son un poder mundial, están en todas partes y han llegado a todos nuestros países de la cuenca amazónica”, asegura. “Creo que se maneja un Estado paralelo con ellos por el poder de fuego, de armas, de dinero y de corromper cualquier estructura; eso no es un secreto, eso lo sabe todo el mundo y a nosotros nos ha tocado empezar a convivir con esa realidad”.

Mongabay Latam conversó con Díaz Mirabal sobre los retos y amenazas que enfrentan los nueve países amazónicos, donde se busca una cooperación transfronteriza para la defensa de la naturaleza, de los pueblos indígenas y sus derechos, además de la necesidad de que estos se encuentren en el centro de la toma de decisiones y negociación respecto al cambio climático y extinción de la biodiversidad.

—¿Qué problemas comparten los pueblos indígenas amazónicos? ¿Qué es lo que están detectando desde la Coica?

—Las principales amenazas son el extractivismo y la minería ilegal, que crece cada segundo, sin control, legal o ilegal. Pero también están los monocultivos —como la soya— y la ganadería extensiva, que está sobre todo en Brasil, en Bolivia y en casi todos los países productores de carne que están buscando tierra y deforestando la selva. También el narcotráfico y, por supuesto, la ampliación de la frontera hacia la Amazonía por parte de los gobiernos, para cualquier tipo de proyecto que ellos llaman “de desarrollo”.

Consideramos que, en este momento, la más grave de todas las amenazas es la falta de reconocimiento de los derechos territoriales: no hay titulación suficiente. Hay más de 300 millones de hectáreas por titular. Es una amenaza grave, porque el Estado o las empresas pueden invadir los territorios indígenas en cualquier momento.

Las consecuencias de negarte a un proceso de desarrollo con los Estados y las empresas, al final, terminan en asesinato, persecución y criminalización de los dirigentes, dirigentas o de las organizaciones indígenas.

La ausencia generalizada de los gobiernos de los nueve países amazónicos ha provocado la muerte de líderes indígenas en las zonas donde predomina la violencia, señala el dirigente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización vocera de pueblos de nueve países.

Pero la situación es igual con el tema del extractivismo. Parece que esa es la única solución que tienen los Estados en los países de Suramérica y nosotros estamos planteando que el delito de ecocidio se reconozca, que los Estados puedan ser interpelados, puedan ser monitoreados por la justicia internacional, porque están destruyendo un patrimonio de la humanidad, porque ahora los territorios indígenas garantizan agua, alimento, aire puro y, si se destruyen, se está jugando con la desaparición de los seres humanos en el planeta también.

—En ese contexto, ¿qué significa ser líder indígena? ¿Cómo es vivir bajo amenazas, criminalización, persecución y ver a otras compañeras y compañeros pasando por este tipo de presiones?

—Ser un líder o lideresa indígena, en este momento, significa muchas cosas. Primero, cuando tú defiendes un río, un territorio, una o varias culturas —como el caso de COICA, que son nueve países, más de 500 pueblos y más de 100 pueblos en aislamiento voluntario y el bosque tropical más grande del planeta— es una responsabilidad muy grande.

Nosotros, básicamente, acompañamos los procesos nacionales, territoriales y vemos cómo compañeros han muerto, han sido asesinados o están en la cárcel, algunos han muerto allí por la violencia que hay. Entonces, tú evalúas por qué están presos si no han asesinado a nadie, no son narcotraficantes, simplemente están defendiendo el territorio, su identidad, su familia, los pueblos, el agua, la montaña y eso parece ser un delito.

Ser dirigente en una zona petrolera o donde hay muchos recursos naturales es una sentencia de muerte o estás condenado a la criminalización si no negocias, si no aceptas las condiciones de las empresas o de los gobiernos. Pero también hay un gran respeto de los pueblos, de los territorios, a todos los dirigentes, hombres y mujeres, que asumen con valentía esta vocería, cuando sabemos que denunciar a una empresa o al gobierno y exigir derechos, consulta previa, la titulación del territorio, es ir en contra de muchos poderes económicos y políticos.

Allí los dirigentes indígenas saben que salen a luchar, pero no saben si regresan. Y eso ha pasado mucho. La región más peligrosa del planeta para defender la biodiversidad, los territorios, las montañas, los ríos y la selva, lamentablemente, es Sudamérica.

—Usted dijo que el mayor problema de los pueblos indígenas es el tema de titulación, ¿cómo van los pueblos de Sudamérica en ese tema? ¿Este retraso es el centro del avance de las amenazas?

—En este momento, en la cuenca amazónica, nosotros estamos diciendo que, si se quiere garantizar que el cambio climático no supere los niveles del 1.5, —lo planteamos ahora en el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) de Ginebra— se tienen que titular, como mínimo, 100 millones de hectáreas. Si se llega a 300 millones de hectáreas sería ideal. Nosotros estamos diciendo esto desde hace casi 15 o 20 años. Se ha avanzado muy poco, porque todos los estudios científicos dicen que los territorios indígenas son los mejor conservados porque estamos allí, pero muchos de ellos no tienen garantía de titulación, entonces, en cualquier momento, el Estado o las empresas pueden intervenir porque no hay una garantía legal del territorio.

Es una gran contradicción porque en la Conferencia Mundial de Cambio Climático y de Biodiversidad, el discurso de los Estados, es que van a proteger, van a luchar contra el cambio climático, pero en realidad son los primeros que promueven la deforestación y lo hacen a través de decretos, de leyes, muchas de ellas desconociendo los derechos de los pueblos indígenas.

Si eso no se resuelve, la deforestación va a seguir creciendo, la extinción de la biodiversidad va a seguir aumentando cada día, habrá más fenómenos climáticos y, por supuesto, no va a haber mucho alimento ni agua potable suficiente si los territorios conservados —ya sean áreas protegidas o territorios indígenas— siguen siendo forzados a ser áreas de destrucción por el extractivismo o cualquier otra actividad económica que promueva la deforestación.

—El año pasado, durante la COP26, precisamente se dijo que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de la naturaleza. En el caso de los países amazónicos, ¿qué debe suceder para que sus propuestas sean escuchadas, ejecutadas y que los recursos verdaderamente lleguen a los territorios?

—En Glasgow se hicieron muchos anuncios. Ya han pasado casi cinco meses, vamos por seis meses, y ese anuncio de 1.7 billones de dólares para la lucha contra el cambio climático y que también apoya los pueblos indígenas, en este momento todavía no tiene un mecanismo sobre cómo esos recursos bajarán a los pueblos. Hasta el momento, se mantiene esto de que el 1 % llega a los territorios indígenas y el 99 % se queda en consultorías, en burocracia gubernamental y en mantenimiento de nómina de las grandes ONG mundiales. Recientemente, volvimos a tener una reunión con los donantes de ese 1.7 y hemos exigido un mecanismo.

El problema es la burocracia. Nosotros estamos tratando, realmente exigiendo, que confíen en los pueblos indígenas y que busquen un mecanismo directo, porque realmente no hay mucho tiempo y ese dinero serviría para parar un poco la deforestación en los territorios.

—¿Cómo ha servido contar con la COICA como una organización política para defender todas estas causas de los pueblos indígenas amazónicos? ¿En qué medida están siendo escuchados y atendidos por los diferentes gobiernos de los nueve países amazónicos?

—En Sudamérica no existe una organización del nivel de la COICA. Hemos tratado de asumir con responsabilidad la vocería internacional y también hemos tenido un impacto global porque, al unirnos con Asia, África, Centroamérica y los pueblos con esas organizaciones, hemos logrado sentar a algunos gobiernos de Europa y sentarnos con nuestros gobiernos en Europa. Es increíble: no podemos hablar aquí en Sudamérica, pero tenemos que hablar con ellos en esas conferencias mundiales.

Estamos buscando esos diálogos con los gobiernos para ver si cumplen lo que prometen a nivel internacional. Estamos haciendo ese esfuerzo, vamos a estar los nueve países presentes, las organizaciones de COICA, para buscar un plan de acción, porque son muchas promesas, pero las acciones tardan demasiado.

Si no participamos en la gobernanza climática y de biodiversidad —porque tenemos propuestas probadas milenariamente— si no somos el centro de la toma decisión, de la participación, ejecución, planificación y la implementación de un plan, seguiremos en ese camino que estamos viendo y que parece que es de guerra, de que se destruyan el agua potable, la biodiversidad y la vida. Viene una crisis alimentaria fuerte si no se toman esas decisiones. Somos parte de la solución de esta crisis mundial y eso tiene que reflejarse en una acción, en una coordinación con los Estados que son responsables de eso.

—A pesar de esto, ¿usted piensa que se ha avanzado en los últimos años?

—Nosotros hemos avanzado con mucho dolor. La pandemia se llevó a muchos hermanos, cuando el Estado pudo actuar mucho mejor y no llegó a los territorios indígenas como debió hacerlo. También por el índice de asesinatos de hermanos en las cárceles. A pesar de todo eso, a pesar del dolor y que tengamos que estar en las calles —porque los mejores logros se han hecho en la calle y no porque el Estado ha regalado el derecho— nosotros creemos que las organizaciones son quienes están luchando en los territorios. Todas las organizaciones que están en los países defendiendo derechos, son necesarias, son clave para la vida de los pueblos indígenas.

Tenemos voz, tenemos derecho, eso es cierto; pero se ha logrado con mucho dolor, con mucho sacrificio, con muchas pérdidas. No ha sido regalado. Pero eso no es suficiente todavía, necesitamos que nuestros derechos se implementen realmente, que se materialicen en acciones.

—¿Qué fue lo más fuerte y lo que más ha marcado a los pueblos indígenas durante la pandemia?

—La pandemia fue algo que nadie se esperaba. Cuando eso sucede, nosotros tenemos que alertar a los territorios y, con sus guardias indígenas, cerrar las comunidades. Darnos cuenta que no había medicamentos, que no había puestos de salud, ni siquiera había escuelas. La pandemia agarró a las comunidades en total abandono por su situación geográfica y, bueno, terminó la pandemia y muchas veces no llegaron los gobiernos.

Nosotros hicimos un plan de emergencia y logramos conseguir oxígeno, alimento, medicamento, y se hizo un esfuerzo grande por llegar a las comunidades a las que no llegó el Estado. Pero lo más duro fue ver a los compañeros morir, contagiarse y que, igual que todas las familias en el mundo, perdieran a sus seres queridos. A nosotros también nos pasó eso.

—¿Qué significa para usted la palabra territorio?

—El territorio es la casa, la maloca, la chacra, el agua, es la vida. Si quiere destruir a los pueblos indígenas, quítele el territorio, porque ya dejarían de ser indígenas. Serían mendigos en las ciudades. El territorio es la vida, es tu farmacia, es tu escuela, es tu sitio de entretenimiento, de sanación, es tu sitio espiritual, de fiesta también. Lo tienes todo allí y no necesitas salir.

Pero tenemos la maldición de siempre, desde que llegaron los españoles. Antes querían oro, ahora quieren petróleo, minerales estratégicos, y nunca ven al territorio como agua, como alimento, como espíritu y como ser vivo, sino como un negocio. Siempre ha sido así y nosotros somos los incomprendidos. Nosotros somos unos seres extraños que no queremos explotar a la naturaleza, sino que queremos convivir con ella siempre, histórica y milenariamente. Nadie entiende que nosotros dormimos encima de tanta riqueza y nosotros queremos seguir viviendo como siempre.

*Imagen principal: José Gregorio Díaz Mirabal, líder indígena wakuenai kurripaco. Foto: COICA

Fuente: https://rebelion.org/ser-dirigente-indigena-en-una-zona-petrolera-o-donde-hay-muchos-recursos-naturales-es-una-sentencia-de-muerte/