Qué Abya Yala

Agosto 2020

Con asesinatos a quienes luchan por el futuro de las vidas o sea por territorios libres de extractivismos.

 

 

 

Historia y presente/ Ofensiva del sistema mundo capitalista / Alternativas emancipatorias

 

Historia y presente

 

El término Abya Yala es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto hacia las raíces de los pueblos originarios; y en ese sentido, el poema Abya Yala Wawgeykuna (Hermanos Americanos), originario del pueblo Quechua de Argentina, hace un llamado a la unidad de los pueblos a mantener presente su origen y a continuar su camino siguiendo las huellas de sus ancestros. Tal como su título indica, Abya Yala Wawgeykuna.

 

Artes, saberes y vivencias de indígenas americanos, el libro que sostienen en sus manos es un tributo a la filosofía de ese poema, pues intenta plasmar el pasado y el presente de distintos pueblos originarios: sus modos de vida, sus manifestaciones artístico-culturales, sus creencias... y al fin y al cabo, su identidad. Leer

 

Nos urge recuperar nuestras historias. ¿Quiénes? la mayoría de les diverses de abajo sin fronteras ni muros instituidos por los poderes dominantes. ¿Para qué? para generalizar la visión  de cuán imprescindible ha sido y es el régimen latifundista para el sometimiento de nuestros países del Abya Yala . También comprobar las gravísimas consecuencias de esta desterritorialización y reterritorialización que llevaron y llevan a cabo el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales para implantar sus extractivismos.

 

Nicaragua: el Nemagón,

la insignia de los nuevos piratas

17 marzo 2005

Por Gerardo Iglesias

Olvidados por las transnacionales y por el Estado, los damnificados por el Nemagón (DBCP) llegaron una vez más a Managua. Son miles acampando en la ciudad, mientras otros tantos, muy enfermos, aguardan el resultado de la movilización en sus caceríos de mala muerte. Con Leticia del Socorro Matamoro, ex trabajadora bananera

En Nicaragua, al Sur, sobre las costas del Mar Caribe, está Bluefields. Se estima que su nombre se debe a la modificación onomatopéyica de Blauvelt, apellido de un pirata holandés que alrededor de 1630 solía esconder su barco en esa bahía. Las primeras plantaciones bananeras en Nicaragua se situaron allí, en las postrimerías del siglo XIX. A partir de ese momento otros piratas –mucho más despiadados– desembarcaron en esas playas para proseguir con el saqueo, aunque ahora tierras adentro.

 

En 1899 se estableció la primera filial de la United Fruit Company, la Bleufields Steamship Company. Así, a principio del siglo XX Bluefields se posicionaba como uno de los principales exportadores mundiales de banano.

En las primeras décadas del siglo XX se fue consolidando en el istmo centroame-ricano el modelo agroexportador, que diseñado desde afuera y para los de afuera, generó un desarrollo concentrador y excluyente. En ese proceso se desarraigó de la tierra a buena parte del campesinado provocando su proletarización, y más adelante en una descartable pieza de la maquinaria de los conglomerados agroindustriales.

La historia de la región transitó por caminos que presentan hechos y momentos recurrentes, esquinas donde se hizo fuerte el poder omnipresente de un selecto grupito de compañías, el avasallamiento a las naciones perpetrado por Estados Unidos en defensa de los intereses de sus transnacionales, conspiraciones, golpes de Estado, fuerzas que colisionan con los pueblos y sus organizaciones que no permanecieron inertes e hicieron (hacen) sentir su voz.

Las transnacionales bananeras levaron ancla de Nicaragua. En los otrora enclaves bananeros malvive la gente empobrecida, los quemados por el veneno. Transcurrieron más de 100 años desde la llegada a las playas de Bluefields, y mientras se invierten millones de dólares en la investigación sobre los males del banano, miles de indigentes con su piel manchada, con sus cuerpos carcomidos por el agrotóxico, marcharon sobre Managua. Eran miles, algunos murieron en el viaje, y otros vieron morir a sus hijos que no trabajaron nunca en una bananera pero fueron contaminados por sus padres. Es el legado maldito de un modelo irresponsable y absolutamente inmoral.

En estos días nuevamente Managua recibe a los damnificados por el Nemagón, el veneno que las transnacionales sabían que era esterilizador y cancerígeno pero aplicaron igualmente a favor de la salud de sus finanzas.

Leticia del Socorro Matamoro tiene 62 años, la piel manchada, y toda ella pregunta: ¿por qué?

-Entré a trabajar en 1970...

-¿Su primer trabajo?
-Sí.

-¿Cuántos años tenía?
-Era muy joven y en la bananera dejé mi juventud. Buscaba trabajo y allí llegué porque tenía necesidad, porque éramos muy pobres. Mi padre se había muerto, éramos cinco hermanos y yo la cumiche, la menor de todos.

-¿De qué vivían?
-Alguno de mis hermanos trabajaba en el corte del algodón, pero se pagaba muy poco, daba para medio comer. Por eso yo busqué trabajo en la plantación San Pablo y me lo dieron.

-¿Se acuerda de aquel día? Estaría contenta...
-Ahh, claro, entré sin problemas, sin enfermedad, entré sana y entonces me dieron el trabajo.

-¿Qué fue lo primero que hizo?
-Como era una mujer que me gustaba el trabajo me enseñaron todo: a descoronar, a empacar, sellar, desmanar la banana como hombre al revés y al derecho, a desflorar y como la banana entraba a la empacadora llena de veneno, ahí es donde uno se contaminó.

-¿Por qué?
-Porque la fruta venia llena de veneno y los capataces nunca nos dijeron que eso era malo; llegué a ser de las más viejas, y nunca me lo dijeron. Al Nemagón lo regaban a las 10 de la noche, pues estaba sereno, no había viento, porque si no se dispersa, y los regadores salían con bombas y pistolas a regar y amanecían las bananas remojadas en veneno, y eso venía a las empacadoras. Entonces las 10 mujeres que estábamos allí desmoronábamos la banana y todo lo blanco quedaba en la pileta, y eso era el veneno. El veneno se regó como en el 72 y 73. No soy mentirosa, yo no trabajé en los campos, pero estoy contaminada por lo que ya expliqué y porque además el agua que bebíamos estaba contaminada.

Entre allí sana, y ahora estoy mala. No sabíamos que ese veneno era peligroso, fue una acción criminal. Mis hijas mujeres también están enfermas; a la soltera la mande a Costa Rica para que la puedan ayudar porque tiene cáncer en el riñón, como yo. Ahora me están saliendo todas estas manchas, y el doctor me dice que es del Nemagón.

-¿Y su hijos varones tienen problemas?
-También, uno es estéril, ese chaval (señala a un joven) tiene 24 años y no puede tener hijos, fue afectado por mí y por el padre cuando trabajamos en San Pablo.

-¿Hace cuánto que está en la Asociación?
-Desde el 82. Yo me pregunto por qué no nos oyen, cuántas otras mujeres y hombres tienen que morir de cáncer para que nos ayuden.

-¿Nunca le advirtieron sobre la peligrosidad del Nemagón?
-No, a nosotros no nos dijeron, no sé a los capataces, pero a nosotros no.

-¿Fue la desgracia entrar allí?
-Si, fue por la pobreza. Si hubiera sabido que nos iba a perjudicar tanto…
Yo pregunto que si estas transnacionales sabían que ese producto era malo, ¿por qué lo trajeron a nuestro país? Me pregunto, ¿es falta de conciencia?, ¿es que no creen en Dios, sino en su dinero? ¿Por qué contaminaron y enfermaron a toditos los que trabajaron en San Pablo? Es una injusticia lo que hicieron con nosotros.

-¿Pero ellos sí sabían que era venenoso?
-Ahh, claro, pero ellos querían hacerse más ricos, sólo eso les importaba.

-¿Han dado la cara?
-Por lo menos yo no los he mirado, como ellos son los poderosos pueden hacer lo quieran. Pero sabe, nosotros estamos haciendo lo justo.

-Mucha gente leerá esta entrevista, ¿qué les diría?
-En primer lugar que nos apoyen, que nos ayuden para poder resolver nuestros problemas, nuestras enfermedades. Les pido que me escuchen, que nos respalden en nuestra lucha contra esas transnacionales que son ingratas. Es por esas transnacionales que estamos enfermos, mientras ellas se enriquecieron más.

Vivo en una casa pobre y el doctor me recetó siete exámenes para poder operarme, porque dice que si no el riñón que tengo malo ya no me va a servir. Me recetó unas inyecciones y no las pude comprar, porque aquí uno está desamparado. Es por ello que estamos organizados y hay que luchar para que le abran el corazón a esa gente…

Leticia vive a 130 kilómetros de la capital, pero viene del fin del mundo, el mundo de nadie, donde el dolor se transmite de generación en generación. Un lugar hecho a la medida de la codicia y la saña de las transnacionales, de las cuales hasta el propio pirata Abraham Blauvelt se habría horrorizado.

Gerardo Iglesias
© Rel-UITA
17 de marzo de 2005
SIREL # 944

Rel-UITA - Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines.
E-mail: uita@rel-uita/ http://www.rel-uita.org

UITA - Secretaría General - www.iuf.org

 

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Nicaragua_el_Nemagon_la_insignia_de_los_nuevos_piratas

 

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Sin fiestas en el Bajo Aguan:

conflicto y robo de tierras en Honduras

13 enero 2011

Por Salva la Selva

En Honduras no han estado para fiestas. La industria de los biocombustibles en Centroamérica tiene como consecuencia el desplazamiento de la población campesina, la destrucción de bosques, pérdida de soberanía alimentaria y calentamiento global.

 

Una mala combinación: palma, militares y campesinos

 

El grave conflicto actual en el Bajo Aguán, en Honduras, es por las tierras que fueron usurpadas a los campesinos por terratenientes palmicultores ávidos de dinero y poder. Ha habido varios asesinatos y la población se ha visto desplazada. En este momento una persona se encuentra desaparecida. Se requiere urgente solidaridad de personas y organizaciones de todo el mundo.

 

Los campesinos del Bajo Aguán cultivan alimentos para su subsistencia y la de sus familias en las tierras en cuestión. En busca de reconocimiento de su ilegitimidad, el régimen de facto de Porfirio Lobo medió una negociación entre campesinos y terratenientes, para que los campesinos pudieran acceder a 11.000 hectáreas de tierra que se comprarían con fondos públicos a un terrateniente bajo la condición que sembraran palma aceitera en la mitad y la vendieran al mismo terrateniente. Detrás de las condiciones un sólo nombre: el del terrateniente Miguel Facussé Barjum.

 

En Honduras se dice de Miguel Facusse, el palmicultor más poderoso, que se apoderó de sus tierras por métodos fraudulentos, pagádolas a menos del 10% de su valor. También se le acusa de perseguir y atacar sistemáticamente a los campesinos. Todas las fuentes coinciden en afirmar que es el responsable directo de varios asesinatos en el Aguán: en 2010, tres en agosto, una en septiembre, y cinco en noviembre. También en los primeros días de enero 2011 ya ha habido noticias de dos jóvenes campesinos seriamente heridos y un desaparecido, periodista vinculado al MUCA. "Para qué se acercan a mis propiedades sabiendo que mis hombres estaban armados" se ha oído decir a Facussé. Existe además un teatro mediático para justificar la masiva operación militar, alertando a la población sobre la supuesta presencia de "campesinos guerrilleros, entrenados en el extranjero".

 

Se sabe también que Facussé es uno de los pilares del golpe de estado perpetrado en Honduras el año pasado. Es propietario de empresas como Mejores Alimentos, Químicas Dinant, Exportadora del Atlántico, así como de procesadoras de aceite en la zona del Bajo Aguán, algunas financiadas con millones ya concedidos por el IFC del Banco Mundial, o a la espera de aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana (BCIE) o la DEG alemana, según informaciones difundidas por la propia empresa. Pretende beneficiarse también del incipiente 'mercado de carbono' que en vez de dar solución real al cambio climático permite a las industrias de los países del Norte a seguir contaminando. Para ampliar su actual radio de exportación a Centroamérica y México, tiene ahora en la mira a Europa y Estados Unidos. Ninguno de estos organismos o gobiernos parece tomarse en serio las cuestiones de derechos humanos y se continúa con los negocios como si tal cosa.

 

Así se van gestando complicidades con la perversidad detrás del negocio de los biocombustibles y de atroces violaciones de derechos humanos asociadas a la expansión del cultivo de la palma aceitera a nivel mundial. Y esto se hace bajo los términos "sostenible", "energía renovable" y "mecanismo de desarrollo limpio" bajo los que se gesta un gran lavado verde de la imagen de la industria, para lo que la producción de biocombustibles grandemente promocionada por las políticas europeas de biocombustibles se presta encantada.

 

 Se requiere solidaridad internacional, la de todos nosotros. Invitamos a todos a sumarse a esta carta de solidaridad con los campesinos hondureños del Bajo Aguán, firmando el formulario que se encuentra aquí (al pie).

Salva la Selva

 Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Campanas-y-Acciones/Sin_fiestas_en_el_Bajo_Aguan_conflicto_y_robo_de_tierras_en_Honduras 

 

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Masacre en la Amazonia indígena peruana

10 de agosto de 2020

 

 

Por Luís Hallazi (Rebelión)

El pueblo Kukama Kukamiria que se puede traducir al castellano como “Chacra pequeña amamantada” son un pueblo pacífico, reconocidos en la Amazonia como grandes pescadores, aproximadamente suman 37 mil miembros reunidos en comunidades entre las cuencas del río Marañón, Tigre, Urituyacu y río Huallaga,[1] donde un grupo de ellos convive desde hace décadas con lotes de explotación petrolera (Lote 95, Lote 8) superpuestos en sus territorios.  

El 9 de agosto en la madrugada (día internacional de los pueblos indígenas) según los testigos aproximadamente 70 indígenas que venían protestando de manera pacífica desde el miércoles 5, fueron reprimidas por las fuerzas policiales que custodiaban la empresa PetroTal, asesinando a 3 indígenas Kukamas, dejando 4 indígenas heridos de gravedad y otros 7 heridos leves, los que venían intentando tener un diálogo con representantes de la petrolera.

El mismo día en que el mundo celebra y conmemora la diversidad cultural, en el Perú se recordará también la agresión y el olvido del Estado hacia los pueblos indígenas; que desde hace mucho tiempo dan por insignificante una fecha como ésta. Si revisamos en retrospectiva, año tras año, llegaremos a la tragedia del Baguazo, han pasado 11 años de promesas incumplidas y nada ha cambiado. Tres gobiernos donde esa escena escalofriante de masacres anunciadas estan siempre al borde de producirse como una maldición atávica sin que ningún gobierno haga nada.

Desde Garcia a Humala, pasando por Kuczynski y Vizcarra, ninguno se ha tomado en serio los problemas y posibilidad de los pueblos indígenas. Lo indignante y dramático es que en medio de la pandemia COVID 19 el Estado peruano se ha consagrado como el perpetrador de una nueva masacre en el mismo día internacional de los pueblos indígenas.

 

Explotación naturalizada, convivencia tóxica

La Amazonía peruana, desde hace mucho viene teniendo una presión, amenaza, conflictos y violencia sobre su territorio, el 12% de la cuenca amazónica esta concesionado a los hidrocarburos, veintiséis lotes de hidrocarburos en etapa de explotación y exploración se superponen de manera parcial o total a 412 comunidades (IBC, 2019). Los conflictos socioambientales a junio del 2020 son el 70% del total, donde el 17% están relacionados a la actividad de hidrocarburos[2].

El Lote 95 esta administrado por la empresa canadiense PetroTal Corp. que desde hace 15 años viene operando en el campo Bretaña, donde viene produciendo en 11 pozos, según los reportes desde el 2018 la producción es de más de 280 000 barriles de crudo, cuyos ingresos netos solo el año 2018 fueron de casi $ 10 millones[3]; para éste año 2020 se  estaba empezando a extraer 10 mil barriles diarios y haciendo pruebas para incrementar las reservas probables a probadas.

Por su parte, el Estado peruano en base a la Ley 30977, Ley de Promoción de la Amazonia Sostenible desde finales del 2019 estuvo diseñando un Plan de Cierre de Brechas, anunciados por la PCM en febrero del 2020 [4], que en su primer año impulsaría 146 proyectos de infraestructura y servicios básico; con la promesa de invertir 5 292 millones de soles entre el 2020 y 2025 en la región de Loreto. Un plan que solo comprende las zonas donde se realizan actividades petroleras, con la finalidad de prevenir conflictos; un plan con enfoque reducido, con limitada articulación con otras políticas, una visión fragmentada y cortoplacista que sigue presente en el Estado para atender a los pueblos indígenas.  

El Lote 95 esta superpuesto en territorios de comunidades nativas Kukama Kukamiria, parte de ellas organizadas en la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP) que hace un año atrás, en marzo del 2019, formaron parte de las protestas y la toma de instalaciones del mismo lote, en ese momento el premier Salvador del Solar [5] llegó a un acuerdo para levantar la protesta: Se acordó revisar la ley de canon, promover una declaración de emergencia del Oleoducto Norperuano, además de atender la falta de energía eléctrica, instalación de agua y desagüe y construir un pequeño hospital equipado, es decir atender con servicios básicos a estas zonas petroleras, lo que después se transformaría en el denominado Plan de Cierre de Brechas.

Desde el anuncio de dicho Plan, no se supo nada y tras 5 meses de pandemia COVID 19,  la falta de reacción del Estado, así como la falta de implementación de normas aprobadas para la prevención de contagio, atención a infectados y acciones de mitigación para dichos pueblos, empezó a generar una desesperación en las comunidades indígenas. Eso fue uno de los impulsos, el abandono del Estado en esta pandemia y al mismo tiempo tener al frente una petrolera que no ha detenido sus actividades en todo lo que va de la pandemia, extrayendo petróleo y generando recursos económicos que nunca llegan a las comunidades.

Y la misma historia se vuelve a repetir, pobladores se organizan, ejercen su derecho a la protesta ante la única presencia relacionada con el Estado, en este caso la empresa PetroTal, la respuesta es represión, abuso de la fuerza policial con un desenlace trágico que ya conocemos. Es probable que si el Estado peruano no hace algo urgente en este contexto, esto se siga repitiendo. La pandemia COVID19 no ha hecho más que empezar a ser el detonante de los problemas estructurales que existen con los pueblos indígenas.  

Notas:

[1] Revisar Base de Datos de Pueblos Indígenas: https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos/kukama-kukamiria

[2] Revisar Reporte de Conflictos Sociales N° 126 Defensoría del Pueblo.

[3] Revisar Diario Gestión: https://gestion.pe/economia/lote-95-petrotal-inicio-perforacion-segundo-pozo-produccion-266142-noticia/?ref=gesr

[4] Revisar: https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/81328-plan-de-cierre-de-brechas-invertiran-5292-millones-de-soles-entre-2020-y-2025-para-impulsar-obras-que-impacten-en-veinticinco-distritos-del-ambito-petrolero-de-la-region-loreto

[5] Revisar SERVINDI: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/21/03/2019/reto-para-del-solar-evitar-el-posible-paro-indigena-en-el-circuito

Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos

Fuente: https://rebelion.org/masacre-en-la-amazonia-indigena-peruana/

En consecuencia, nos urge recuperar nuestras historias. ¿Quiénes? la mayoría de les diverses de abajo sin fronteras ni muros instituidos por los poderes dominantes. ¿Para qué? para generalizar la visión  de cuán imprescindible ha sido y es el régimen latifundista para el sometimiento de nuestros países del Abya Yala . También comprobar las gravísimas consecuencias de esta desterritorialización y reterritorialización que llevaron y llevan a cabo el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales para implantar sus extractivismos.

 Es cuestionar la propiedad sobre las tierras, su acaparamiento por usurpación a los pueblos indígenas e involucrarnos en la lucha de los últimos por recuperar o mantener sus territorios. Para ello reflexionemos sobre:

 

Nación Mapuche. “Pensar en la historia Mapuche, pensar soluciones, tiene que ver con repensar también el país”

Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2020.

Claudio Alvarado Lincopi (31 años), licenciado en Historia, con magister en Historia y Memoria, y actual estudiante de doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos, se ha dedicado a la docencia y a la investigación sobre la historia Mapuche y ha participado en diversas organizaciones y plataformas de educación e investigación sobre esta temática.

–¿Cuál es el conflicto Mapuche y por qué se originó?

Una de las primeras cuestiones que hay que aclarar, es que no se trata de una conflictividad Mapuche, sino que de un Estado y unas élites coloniales que desarrollaron un proceso de invasión en la segunda mitad del siglo XIX, y que sus efectos sociales, económico, políticos y culturales se desenvuelven hasta la actualidad.

Por eso es que nosotros decimos que la sociedad Mapuche habita desde el siglo XIX un proceso de colonialismo, que se expresa, insisto, en varias esferas de lo social y que se ha desenvuelto durante todo el siglo XX como el escenario para las vidas Mapuche. Entonces, si tú me preguntas cuándo se origina, digamos, el momento conflictivo, tiene que ver con un proceso de invasión colonial en la segunda mitad del siglo XIX.

¿Cómo se ha ido desarrollando hasta hoy?

Bueno, el efecto más claro y palpable del proceso colonial son las condiciones materiales derivadas de él, fundamentalmente el despojo del territorio, que significó perder el 95% del territorio Mapuche.

Por lo tanto, una de las primeras luchas tiene que ver con la tierra y esa fue la gran lucha durante todo el siglo XX, y se desenvolvió de diversas maneras, primero con la intención de resolverlo judicialmente mediante los juzgados de indios, o incluso después políticamente, intentando que tanto las autoridades locales como las autoridades nacionales intervinieran en la conflictividad. Durante el siglo XX se hicieron muchos viajes hacia Santiago con la finalidad de que las autoridades políticas centrales tomaran cartas en el asunto. En un momento también comenzaron tomas de tierra, corridas de cercos. En un primer momento las corridas de cercos fueron desde los latifundistas hacia territorio Mapuche y luego el mundo Mapuche comenzó también a hacerlo con la finalidad de recuperar tierras.

Ahora, eso únicamente en lo material, que quizás es el fenómeno más evidente, que se expone más a la opinión pública, pero hay un montón de otros efectos del colonialismo que tienen que ver con cuestiones de racismo, por ejemplo, racismo que se expresaba desde múltiples formas. Formas como la discriminación más pura, pero también estructuró relaciones laborales, relaciones en el mundo educativo, formas de comprensión del saber que quedaron subordinadas sobre la base de una supuesta inferioridad de los saberes Mapuche.

Contra esas múltiples formas de racismo, el mundo Mapuche también desarrolló lucha, desde el sindicalismo, por ejemplo, que en un primer momento aparentemente es una organización puramente gremial , pero si uno comienza a reflexionar en torno a esas expresiones sindicales en el mundo panificador o en el mundo de las trabajadoras de casa particular, uno se da cuenta de que también tienen expresiones antirracistas; hasta, por supuesto, las formas de organización comunitarias que reconstruyen lazos culturales, sociales y políticos en las reducciones de tierra que dejó el despojo colonial.

Y quizás una de las grandes batallas contra el racismo es justamente invertir una de las más profundas consecuencias de la condición colonial, que tiene que ver con aquello que es determinado como colonialismo internalizado, es decir, el complejo de inferioridad de una sociedad colonizada impuesto por el sistema colonial.

Y frente a esa condición supuesta de inferioridad, el mundo Mapuche lo que dice es “abrazar el orgullo”, y quizás es una de las grandes luchas y triunfos del movimiento, en su siglo ya de existencia, digo, posterior a la invasión chilena.

A lo que voy, finalmente, es que la lucha se ha desenvuelto de diversas formas y tiene que ver con la realidad de un pueblo colonizado, que, desde sus diversos frentes de acción, producto muchas veces de la propia dispersión que generó la estructura colonial, ha sido obligado a luchar desde muchos lugares, desde muchas trincheras y desde muchos sentires. Hoy, por ejemplo, hay un arte contemporáneo Mapuche que también sin duda es otra trinchera; las organizaciones educativas, las colectividades vinculadas con la salud, en fin, son múltiples espacios los que ha generado nuestro pueblo en su lucha por la descolonización. 

Perder sus tierras no significó solo perder su territorio, también fue una pérdida cultural, ¿verdad?

Si claro, o sea, por un lado tiene que ver efectivamente con lo que tú dices, con las condiciones materiales, y en ese sentido durante el siglo XX se habló mucho de tierra, en su condición material, pero posteriormente las reflexiones fueron más bien vinculadas con la idea de territorio, que pareciese ser un salto únicamente conceptual, contextual, pero contiene una profundidad como tú señalas, porque cuando se busca imprimir que hay una intención de recuperar territorio, no únicamente es recuperar las condiciones materiales, que también son importantes para la producción de la vida digna y luchar contra el empobrecimiento dejado por el colonialismo, sino que también un espacio para reproducir la vida Mapuche, para reproducir la vida política, social y cultural Mapuche.

Por lo tanto, cuando se habla de «territorio», no se está hablando únicamente de cuestiones materiales, sino que también se está hablando de autodeterminación. Cuando el mundo Mapuche dice “vamos a recuperar territorio”, es que vamos a recuperar tierras para autogobernarnos, para comenzar a establecer el autogobierno Mapuche, para ver cómo avanzamos hacia la autodeterminación política.

– ¿Cuáles han sido las políticas públicas que el Estado ha desarrollado para resolver este conflicto? ¿Han aportado?

El centro gravitatorio de la conflictividad tiene que ver con los antecedentes coloniales. Tendría que ocurrir una reformulación de los procesos de jerarquización, que tiene que ver mucho más, siento yo, con este proceso constituyente, que con cualquier política pública desarrollada por los gobiernos hasta hoy día. Y esto, porque lo constituyente hoy lo discutimos dada la existencia de una revuelta destituyente, y esta revuelta destituyente/constituyente es la concreción política del poder de los pueblos. Esto sin duda abre un campo de oportunidades, seguramente no definitivas, para gestar nuevos vínculos entre las múltiples naciones que construimos la comunidad política de Chile y Wallmapu. 

Claro, hubo algunas políticas públicas con mayor capacidad de acercarse a una cierta dignificación de la vida Mapuche, digamos, en un contexto colonial, pero claro, ninguna de ellas ha dado el ancho, por lo tanto, todavía tenemos problemas, la situación sigue estando ahí, latente. No hay solución frente a una conflictividad que es mucho más compleja, que más que tratarse de políticas públicas, se trata de cuestiones más estructurales.

Pensar en la historia Mapuche, pensar soluciones, tiene que ver con repensar también el país, su conjunto, una cosa no va desatada de la otra, y lamentablemente no se han entendido así las políticas públicas durante estos 30 años. Más bien, ellas se han sostenido en dos pilares que muy poco hacen para solucionar la profundidad del problema: el pilar que criminaliza, judicializa y reprime y el pilar que ve en el y la mapuche solo a una persona empobrecida. Entonces, por un lado, militarización y presidio político, y por otro, planes y programas asistencialistas. Ni los gobiernos de la Concertación ni de la derecha han hecho política con el pueblo Mapuche, claro, nos ven desde la mirada del racista, aquella mirada que les impide vernos como un pueblo con derechos colectivos, y mucho menos como un pueblo que puede aportar con ideas, agentes y conocimientos en la profundización democrática. Esto último se pondrá a prueba en el proceso constituyente que se avecina, ¿cuál será el rol de nuestro pueblo en aquellas discusiones? Esto dependerá mucho de la madurez política de la sociedad chilena y cuán afincado todavía se encuentre el racismo en la sociedad. 

¿Cuáles crees que han sido las consecuencias más graves que ha traído este conflicto para el pueblo Mapuche?

Un proceso de deshumanización y empobrecimiento radical vivido durante el siglo XX producto del despojo territorial y la violencia colonial.

Creo que ha habido permanentemente esto, que tiene básicamente el sistema colonial, que es la deshumanización de ciertas vidas. El colonialismo, lo que hace, sobre todo, es ubicar algunos cuerpos, algunas vidas, en lo que se ha denominado como las “zonas del no ser”. Y sobre esas ciertas vidas, por lo tanto, es más fácil gestar procesos de explotación y de esto que uno podría denominar como el “gatillo fácil”, es decir, es más fácil de alguna manera disparar sobre estos cuerpos, y al mismo tiempo su empobrecimiento parece natural, no se cuestiona. […] sus saberes son ubicados en condición de inferioridad también. Los saberes del pueblo Mapuche han quedado inferiorizados.

Y esto se da también en cuestiones políticas, la imposibilidad que tuvieron los Mapuche de desenvolverse políticamente durante el siglo XX, sobre la base de la conformación política del Estado chileno.  Y es por eso que hoy día se habla de autodeterminación y también se está hablando de plurinacionalidad. La plurinacionalidad seguiría una reformulación global del sistema político y democrático en Chile, y eso está en cuestión.

Insisto, yo creo que los caminos, más bien, tienen que ver con estos procesos de destitución y constitución que estamos habitando desde principios de octubre. Es por eso que algunas y algunos estamos esperanzados en torno a eso otro también, que sabemos puede ser un momento interesante para refundar la relación política entre la chilenidad y la sociedad Mapuche.

¿Qué significó para el pueblo Mapuche el estallido social que se inició en octubre del año pasado?

Primero, hay que reconocer un hecho, que la sociedad Mapuche, al menos frente al neoliberalismo y la “democracia de los acuerdos”, viene ejerciendo quehaceres tanto críticos como quehaceres de lucha también efectivos, desde los noventa, contra el modelo neoliberal. […] Por lo tanto, lo que ocurre el 18 de octubre, tanto en sus elementos críticos, el mundo Mapuche ya lo venía desarrollando.

En primer lugar, yo diría que el 18 de octubre el mundo Mapuche lo observa como parte de un proceso más bien largo o de mediana duración. Ahora bien, en el 18 de octubre ocurre que aquella sociedad que no había observado, que no había sentido las consecuencias de luchar contra el modelo, lo siente. Y, por lo tanto, lo que se comienza a gestar y visibilizar es un marco de solidaridades entre el mundo chileno popular y la sociedad Mapuche, que se expresa en la utilización, por ejemplo, de la Wenufoye, la bandera política Mapuche, y también en los ejercicios de desmonumentalización.

Se trama un vínculo afectivo incluso, muchas veces la política hace eso también, vínculos afectivos que ahora se tienen que traducir en cuestiones políticas, y eso es lo más complejo.

Pero, por lo tanto, se mira con buenos ojos, por cierto, lo que pase desde el 18 de octubre en adelante, se puede gestar desde mi punto de vista, si se conduce de manera simétrica, aspirando hacia encuentros entre pueblos. Creo que puede llegar a ser muy importante.

¿Cómo ves el proceso constituyente?

En torno particularmente al proceso constituyente, siento que hay un proceso de politización en curso, yo creo que es muy atractivo, pero que en donde todavía los sectores populares, los sectores indígenas, el feminismo, la lucha socioambiental, los trabajadores y trabajadoras no logramos todavía gestar un programa mínimo nuestro. Yo creo que eso es una tarea pendiente y que, por lo tanto, seguramente se va a ir formando en el mismo proceso constitucional. En ese sentido, si bien observo el proceso constituyente con sospechas, pueden ocurrir interesantes discusiones.

Obviamente los pueblos indígenas también vamos a estar ahí, intentando presionar para que eso ocurra, para que se hable sobre plurinacionalidad, de autodeterminación, de territorio, para que se hable sobre los derechos de la naturaleza, para que puedan existir articulaciones del mundo indígena hacia otros sectores sociales.

Siento que la mayor ganada de todo será el proceso mismo, será la maduración del proceso de politización en curso que se viene desatando desde hace algunos años, que marca un hito el 18 de octubre. Todo el malestar se comenzará a llenar de contenido, por lo tanto, seguramente va a salir un programa desde ahí, un programa para el futuro. El pueblo Mapuche en sus décadas de lucha ha construido ideas y concepciones políticas, ha gestado apuestas democratizadoras como la plurinacionalidad, la autodeterminación, la protección de la naturaleza, las nociones sobre territorio, en fin, una serie de ideas políticas que pueden ser un importante aporte en los debates constituyentes.  

¿Cómo es la situación que está viviendo el pueblo Mapuche frente a esta pandemia?

Bueno, hay que decir que esto es prueba de la causa, la pandemia no se comporta homogéneamente, ósea todo nos podemos enfermar, por su puesto, pero las respuestas están articuladas por dimensiones de pobreza o de riqueza. […] Por lo tanto, hay que pensar que la Región de La Araucanía es la región más pobre del país, concentra a las comunas más pobres del país también, muchas de esas comunas habitadas fuertemente por Mapuche, por lo tanto, aquí uno tendría que empezar a pensar en el vínculo entre salud, pobreza y racismo.

Muchas veces nos quedamos con el hecho de que pareciese que el racismo es algo de otro lugar y que las expresiones del racismo en Chile se circunscribieron en esta dinámica de discriminación, que en la medida de que no decimos indio o negro el racismo se acaba. No, el racismo es una estructura del poder, es algo más sistémico, y como es sistémico, las lógicas del empobrecimiento están articuladas por las lógicas de racialización, y es por eso que las comunas más pobres del país se ubican justamente donde está ubicada la población más racializada históricamente en Chile, que es el mundo Mapuche.

Y esto, trae consecuencias a todo nivel, la pobreza no se ve únicamente en cuestiones económicas de bolsillo, sino que se expresa en cuestiones educativas y se expresa en cuestiones territoriales, se expresa, por supuesto, en cuestiones de salubridad, es decir, la capacidad del sistema de salud en La Araucanía es menor y hay territorios donde derechamente no tienen cómo atenderse, por lo tanto, la única posibilidad ha sido intentar resguardarse y pensando de manera autónoma desarrollar procesos de cuidado […] han sido las mismas comunidades muchas veces las que han cumplido esa labor. Por supuesto, a esto se suma que las políticas de salud que vienen desde las autoridades centrales son muchas veces monoculturales, no hay una compresión de los modelos de salud indígena, no se reconoce agentes, procedimientos, epistemologías. Esto ha sido un problema permanente que bajo la pandemia se agrava.

Por último, en pleno desarrollo de la pandemia, los presos políticos Mapuche, bajo el marco del Convenio 169 que se encuentra ratificado por el Estado de Chile, solicitaron el cumplimiento de sus derechos como presos políticos pertenecientes a un pueblo indígena, como la posibilidad de cumplir sus procesos judiciales en sus territorios, lo cual es una exigencia basada en instrumentos internacionales reconocidos por el propio Estado. Bueno, hasta ahora el gobierno no ha mostrado ningún signo de preocupación por el estado de salud de los presos políticos, los cuales llevan casi 80 días de huelga de hambre. Esto es derechamente impresentable, poco humanitario, ya lo era antes, pero con una pandemia a cuestas es inhumano. Bueno, la deshumanización sobre la vida y los cuerpos Mapuche, derivada del racismo, no se detiene ni con el Covid-19.

* Colegio de Arqueólogos de Chile

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/05/nacion-mapuche-pensar-en-la-historia-mapuche-pensar-soluciones-tiene-que-ver-con-repensar-tambien-el-pais/

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Gulumapu y Puelmapu juntos contra

el terrorismo estatal

7 de agosto de 2020

Por Andrés Kogan Valderrama (Rebelión)

A propósito de las violentas acciones racistas cometidas la noche del 1 de agosto, de parte de sectores de ultra derecha de Chile contra integrantes de comunidades mapuche, se buscará problematizar un proceso de colonización del Wallmapu de parte del Estado de Argentina y Chile iniciado en el siglo XIX. Los comuneros se encontraban en un proceso de toma de distintos municipios de la Provincia de Malleco, como forma de presión por la situación de 27 presos políticos mapuche, quienes se encuentran en huelga de hambre.

Un proceso colonial desde ambos Estados, nombrado desde el discurso racista, como la “Conquista del Desierto” y la “Pacificación de la Araucanía”, evidencia explícitamente la concepción de inferioridad y de salvajismo que han tenido las elites políticas, militares, económicas y religiosas sobre el pueblo mapuche.

Es así como esta situación puntual ocurrida, no es otra cosa que la herencia de un proceso de limpieza étnica y de terrorismo estatal. Si bien puede situarse históricamente en las campañas realizadas por parte del conquistador argentino Julio A. Roca y del conquistador chileno Cornelio Saavedra a mediados del siglo XIX, ha sido constante la profundización de aquel etnocidio y ecocidio, los cuales han estado directamente relacionados a la expansión de la producción agropecuaria, petrolera, forestal, minera, salmonera, hidroeléctrica, para de esa manera sostener economías extractivas que se han dedicado principalmente al saqueo desenfrenado de bienes comunes. 

No es casualidad por tanto, que el genocidio, persecución y desplazamiento de comunidades mapuche se haya mantenido históricamente, en mayor o menor medida, más allá de los distintos gobiernos de Argentina y Chile, ya sea liberales como conservadores, socialistas como peronistas, los cuales han visto al mapuche como un obstáculo para alcanzar un ideal de progreso, desarrollo o revolución, que no es otra cosa que la imposición de un proyecto civilizatorio de muerte, cuyo principal fin es colonizar todos los territorios posibles, sin importar el costo humano y de la Madre Tierra.

No obstante, no será hasta con la imposición de dictaduras en la década de los 70 en ambos países, y luego con la implementación de recetas neoliberales, que se iniciará un proceso de privatización de los territorios mapuche, en donde grandes empresas se instalarán para producir esas tierras desde una lógica puramente de acumulación capitalista, mostrando una evidente complicidad de parte de la clase política desde la vuelta a la democracia en Argentina y en Chile, en donde tanto los gobiernos de Carlos Menem como de los de la Concertación, se subordinaron completamente al capital trasnacional.  

Los casos de comienzos de los 90, de parte del grupo Benetton en Argentina y de la empresa Endesa en Chile, no hicieron otra cosa que iniciar un proceso de apropiación de miles de hectáreas y de fuentes de agua, sumado a lo realizado por otras grandes empresas dedicadas a la sobreexplotación de árboles, salmones, petróleo, minerales (Arauco, Colbún, YPF-Chevron, Enel, Ima Resources, Agrosuper, Pan American Silver, Metallurgical Construction Corporation), las cuales han servido para desarrollar el negocio extractivo a través del despojo privado, siendo el  Estado de ambos países, el garante de aquello, mediante la militarización, la represión, el encarcelamiento y la instalación de un Estado Uninacional, por medio de leyes antiterroristas, instalaron la idea de un mapuche como enemigo interno.

Esto va acompañado por el asesinato de dirigentes por la causa mapuche en los últimos años, con la complicidad de ambos Estados, como pasó con Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Matías Catrileo, Alex Lemun, Macarena Valdés, Camilo Catrillanca, entre otras personas, y además el hostigamiento sistemático a Alberto Curamil, a quien a pesar de haber recibido el Premio Ambiental Goldman 2019, el Estado de Chile prefirió encarcelarlo por movilizarse contra el proyecto hidroeléctrico Alto Cautín.

Por todo ese escenario similar históricamente, de parte del Estado de Argentina y Chile, que la lucha por la autodeterminación del Wallmapu, necesariamente tenga que ser entre Gulumapu (tierra mapuche del oeste) y Puelmapu (tierra mapuche del este), solo así se podrá generar un horizonte descolonizador. De ahí que la plurinacionalidad deba plantearse más allá de los límites territoriales de los Estados, los cuales están pensados desde lógicas económico- militares y no desde las comunidades y ecosistemas.  

Fuente: https://rebelion.org/gulumapu-y-puelmapu-juntos-contra-el-terrorismo-estatal/

 

 

  Ofensiva del sistema mundo capitalista

 

Nos urge recuperar nuestras historias. ¿Quiénes? la mayoría de les diverses de abajo sin fronteras ni muros instituidos por los poderes dominantes. ¿Para qué? para generalizar la visión de cómo la ofensiva del sistema mundo capitalista y sus locales avasalla a todos los pueblos del Abya Yala comenzando por las comunidades y naciones indígenas. Para ello reflexionemos sobre cómo compartimos todes la ofensiva del sistema mundo capitalista en la actualidad y sobre:

 

Propuestas de lectura de la crisis en América Latina

El Covid-19 permanece, la desigualdad aumenta:

el subdesarrollo dice presente

8 de agosto de 2020

Por Gregorio Vidal (Rebelión)

1.- El número de personas contagiadas de COVID-19 en América Latina esta aumentando notablemente. La región alcanzó un total de 3.023.813 de casos confirmados el 7 de julio, que representan cerca del 50% de los contagios en América. En esa fecha, según cifras oficiales, este continente suma más de 6 millones de personas contagiadas de un total mundial de más de 11.5 millones, encabezando la lista Estados Unidos. La región representa alrededor del 25% del total mundial de contagios, cifra muy superior al tamaño de su población (menor a 9%) con relación al total mundial.

Brasil es el segundo país en el mundo por número de contagios y de decesos, con cifras que no guardan proporción con la dimensión de su población en el total mundial. Otros países de la región reportan cifras de contagios y decesos que no se corresponden con el tamaño de su población. Perú es el quinto país por número de contagios y décimo por decesos, aún cuando por tamaño de su población ocupa el sitio 43. México, Chile, Colombia y Ecuador están entre los que informan de un mayor número de contagios o de personas fallecidas, sin que exista correspondencia con el tamaño de sus poblaciones. Por ejemplo, Ecuador que ocupa el lugar 67 en el mundo por número de habitantes, tiene el sitio 25 por número de contagios y 20 por personas fallecidas, con el agravante de notables carencias en el seguimiento de la epidemia que implica más personas contagiadas y fallecidas.

2.- Las noticias sobre dificultades importantes para que la población pueda ser atendida por los servicios de salud en varios países de la región se multiplican, acompañadas de otras informaciones sobre el colapso en los servicios funerarios. Los acontecimientos reportados en gran cantidad de países de la región hacen manifiesto una notable incapacidad para atender la emergencia sanitaria. Se puede sostener que son hechos compartidos con gran cantidad de países desarrollados. Sin embargo, las infraestructuras y las capacidades en materia de salud son notablemente menores.

En los países de la región latinoamericana el avance de la pandemia se da en poblaciones con un alto número de enfermedades crónicas que hacen más grave el curso de la enfermedad y más difícil su atención. Es uno de los resultados de años de carencias económicas, ingresos monetarios insuficientes para tener una vida digna y una sistemática desnutrición en amplios grupos de la población. Son condiciones de vida resultado del funcionamiento de las economías en la región, que han sido notablemente transformadas en los 35 a 40 años previos como resultado de una política económica fundada en la austeridad y la ejecución de reformas estructurales sistematizadas en la agenda del Consenso de Washington.

3.- Al examinar el desempeño de las economías de la región en los meses recientes, las medidas ejecutadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia y la notable caída en la actividad económica, es recurrente el señalamiento de los altos niveles de informalidad laboral. Se destaca que la situación constituye una de las mayores dificultades para ejecutar las medidas de aislamiento social, necesarias para combatir la pandemia, como para llevar adelante la recuperación en las economías.

La informalidad laboral implica que la población no cuenta con seguridad social y vive al día. El tema se encuentra presente en los documentos del FMI, el Banco Mundial, la OCDE y la propia CEPAL. Es una informalidad laboral asentada en las ciudades, que penetra todo el tejido social, de forma tal que acompaña el desempeño de los grandes empresas y las actividades del sector público. Es, en ese sentido, una de las más notables consecuencias del desempeño económico construido en los 40 años previos. Es uno de los más significativos resultados de la ejecución de la agenda del Consenso de Washington, que consideró una privatización sin límites, la mercantilización de los servicios públicos y una flexibilidad laboral absoluta. La informalidad laboral es una expresión de la notable heterogeneidad social que resta capacidad productiva, impide un crecimiento sostenido en el largo plazo y expresa el avance del subdesarrollo en pleno siglo XXI.

4.- Según información de CEPAL, en su balance de las economías de América Latina de diciembre de 2019, la región tuvo un crecimiento de 0.1%, con una ligera caída en América del Sur y en México. En años previos lo característico fue el débil crecimiento, por lo que considerando los resultados estimados en ese informe para 2020, suman siete años con bajo crecimiento, que implican un deterioro sostenido del ingreso por habitante. Con esas estimaciones en el periodo de 2014 a 2020 el PIB por habitante en la región se reduciría en 3.7%. Con los resultados alcanzados en los dos primeros trimestres del año y reconociendo que la actividad económica esta siendo afectada en una dimensión mayor a lo previsto, la caída en el ingreso será mayor. Según las proyecciones de junio de 2020 del FMI, en América Latina la caída en el PIB será de 9.4%, destacando los casos de Brasil y México, entre las economías más afectadas.

Son varios años con un comportamiento semejante, a pesar de que en las mayores economías de la región se mantuvo o se recuperó la agenda de reformas estructurales. Un caso emblemático es México, que profundizó desde 2012 las reformas estructurales en materias substanciales como mercados laborales, industria energética y medios de comunicación, sin lograr resultados positivos importantes en crecimiento económico y menos en disminución de la desigualdad social. En algunos países es un comportamiento radicalmente diferente al de los años 2003 a 2012, cuando tenían gobiernos que se distanciaron de la agenda del Consenso de Washington.

5.- Son muchos lustros en que el desempeño de las economías en la región y las políticas económicas ejecutadas no permiten el crecimiento sostenido y menos la disminución de la desigualdad social. Es la condición para mantener los cuantiosos beneficios de un reducido grupo de financieros y rentistas. Los cambios realizados por algunos gobiernos en América del Sur a partir de diversos años de la década pasada fueron anulados, no necesariamente por métodos democráticos. El COVID-19 desnuda ese modelo de funcionamiento de la economía.

En 2010 los gastos en salud por parte los gobiernos centrales de América Latina equivalen a 1.9% del PIB. En los años siguientes no existen aumentos importantes y los gastos representan en 2019, 2.3% del PIB. Por su parte el pago de intereses por la deuda pública tienen un crecimiento mayor, pasando de 1.7% en 2010 a 2.6% del PIB en 2019. Sumando los gastos por pago de capital en varios países, como México, la cifra es mayor a la inversión pública. En este contexto es que desde 2018 en varios países de la región los movimientos sociales se hicieron nuevamente presentes planteando la necesidad de modificar el estado de cosas. Lo mismo en México, como en Argentina y posteriormente en Chile, Colombia, Ecuador con señalamientos expresos contra un sistema social fincado en el mantenimiento de la desigualdad. En Ecuador objetando las decisiones del gobierno contrarias a la institucionalidad construida en años previos. En Argentina logran derrotar la intención de reelección de Macri y en México un año antes (2018) triunfa López Obrador.

A la fecha gran parte de países de la región registran una importante salida de recursos financieros, con una fuerte depreciación de su moneda y notable inestabilidad financiera. Hay disminución de exportaciones, sin que se observe para cuando se modificará el panorama. Por ello no es posible establecer cuál será la dimensión de la recesión y menos su duración. El problema mayor para los países de la región es que la opción no es regresar al estado de cosas previo. En ese sentido la solución no es ejecutar políticas económicas anticíclicas y menos aún aquellas que tienen como prioridad inyectar recursos en los sistemas financieros. Hoy, con mayor urgencia, es imprescindible que se construyan proyectos sociales que generen condiciones de crecimiento económico sostenido, con base en la disminución de la desigualdad social y el avance en el Estado de Bienestar.

Gregorio Vidal. Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente, es investigador miembro del Grupo de Trabajo de Integración regional y unidad latinoamericana de CLACSO.

Twitter: @GregorioVidalB.

http://gregoriovidal.izt.uam.mx

(*) Esta nota fue publicada en el Boletín Nº 9 “Integración regional. Una mirada crítica” del GT Integración regional y unidad latinoamericana de CLACSO.

Fuente: https://rebelion.org/el-covid-19-permanece-la-desigualdad-aumenta-el-subdesarrollo-dice-presente/

 

 

Enfrentamos un sistema cuyo crecimiento económico se impone hasta matando a quien osa denunciarlo en su criminalidad de lesa humanidad y lesa naturaleza. Una opresión-represión que es realizada no sólo por la gran burguesía de las potencias en sociedad con la local sino también por translatinas. Ejemplo: Paolo Rocca, accionista de Peña Colorada, se reunió con el presidente López Obrador y días después, el 18 de octubre la Semarnat autorizó a la mina utilizar 155 hectáreas de bosque como depósito de desechos, lo que generó una serie de movilizaciones tanto en la Sierra de Manantlán como en la ciudad de Colima, ya que las comunidades indígenas nunca fueron consultadas.

 

 

enred_sinfronteras@riseup.net

México:
“No hemos podido parar a las empresas mineras porque detectan a quien se moviliza y lo desaparecen”

8 de agosto de 2020

 

Por Carlos Ruiz López
militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria

 

En la Sierra de Manantlán los empresarios mineros, con la complicidad del Estado mexicano, han logrado despojar a las comunidades locales de su territorio y marginarlas de la vida económica, social y política. En un café del centro de la ciudad de Colima tuvimos un encuentro con Martín Corona*, habitante de la comunidad de Ayotitlán, ubicada en lo alto de la sierra, quien nos confesó que “no han podido parar a la minera porque detectan a quien se moviliza y lo desaparecen”.

La última denuncia contra el consorcio minero fue realizada el pasado 23 de julio, cuando la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) expuso cómo el consorcio, junto con la policía municipal y el comisario del ejido, hostigaron a la última familia que habita la ranchería El Mameycito con el fin de desalojarla del predio, ya que les informaron que las tierras se habían rentado para ser depósito de los desechos de la mina Peña Colorada.

Martín comentó que el consorcio sigue explotando los yacimientos minerales sin regresar nada a las comunidades, además, ponen en riesgo la existencia de algunas especies de plantas y animales y, principalmente, del agua: “cuestión que nos afecta mucho ya que hemos durado hasta quince días sin agua, no podemos sembrar hortalizas”.

El consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada SA de CV, del que forma parte la empresa ítalo-argentina Ternium y la india ArcelorMittal, ha explotado las entrañas de la sierra por más de 45 años en los límites entre Colima y Jalisco, a pesar del sinnúmero de denuncias por contaminación, invasión de terrenos, vínculos con el crimen organizado y acusaciones de represión hacia miembros de las comunidades opositoras, defensores de derechos humanos y ecologistas.

Darcy Tetreault, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, realizó un estudio para el Colegio de la Frontera Sur en 2013, en el cual menciona que las actividades mineras en Manantlán “evidencian un proceso de acumulación por desposesión en tanto privan a la población local de los recursos naturales y paisajes culturales que sustentan sus medios de vida, bienestar social y cosmovisión indígena”. Además, explica que el tipo de relaciones generadas por el consorcio en cuestión reflejan un proceso de “reciprocidad negativa”, pues se orientan a extraer los minerales a cambio de nada o muy poco para la población local.

“Hemos luchado contra la minera desde sus inicios pero no se ha podido pararla porque detectan a alguien que se moviliza y lo desaparecen, como sucedió con Celedonio Monroy, quien luchó por los derechos de los pueblos indígenas en su defensa de la tierra”, narró Martín Corona.

En julio de 2013, el líder nahua Gaudencio Mancilla, representante legal del Consejo de Mayores, logró escapar cuando un comando armado entró a su casa, en el rancho La Guayaba, del ejido de Ayotitlán. Sin embargo, la madrugada del 22 de agosto del mismo año, cinco camionetas de enmascarados lo capturaron y lo llevaron ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco achacándole el delito de portación ilegal de arma de fuego. Este modus operandi es el mismo del caso de su compañero Celedonio Monroy, desaparecido desde 2012, quien se oponía también a la tala clandestina y a la minería ilegal. Macilla insiste en que su detención “es un asunto relacionado con las minas”.

La mina a cielo abierto Peña Colorada produce por sí sola el 33% del hierro del país arrojando 300 mil millones de toneladas anuales de residuos sólidos, con todo el impacto social y ambiental que esto significa. En septiembre del año anterior, Paolo Rocca, el hombre más rico de Argentina y accionista de este consorcio minero, se reunió con el presidente López Obrador y días después, el 18 de octubre, la Semarnat autorizó a la mina utilizar 155 hectáreas de bosque como depósito de desechos, lo que generó una serie de movilizaciones tanto en la Sierra de Manantlán como en la ciudad de Colima, ya que las comunidades indígenas nunca fueron consultadas.

Tras un sorbo de café, Martín nos explicó su forma de organización tradicional, el Consejo de Mayores, reconstituido en 1997 con el impulso del levantamiento neozapatista, y cómo a partir de este consejo, asociado con otros grupos ambientalistas, estudiantiles, académicos y de defensores de los Derechos Humanos, han dado la pelea para evitar que Peña Colorada siga destruyendo el territorio.

Para el investigador Darcy Tereault, la forma de organización y el actuar del movimiento generado en Ayotitlán corresponde al “ecologismo de los pobres”, ya que sus demandas “no sólo van enfocadas a la distribución de los costos y beneficios de la minera, sino también con la autonomía y la autodeterminación de las comunidades.”

La Sierra de Manantlán no sólo es asediada por la minería legal e ilegal, también los talamontes con arma en mano tienen interés en los recursos madereros de estos cerros. Según la revista Proceso, desde 2008 se ha agudizado el robo de hierro en la zona, con el fin de exportarlo a China utilizando el puerto de Manzanillo. Los habitantes han reportado haber visto gente armada realizando trabajos de exploración y talando árboles de especies preciosas como el tampicirán y la rosamorada, ambas protegidas por las leyes mexicanas de conservación.

Según testimonios de los mismos pobladores, en ambas actividades económicas se han incorporado organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Aunque no sucedió en la zona, está el precedente de que, en 2010, la Procuraduría General de la República capturó a cuatro integrantes del cártel “La Familia Michoacana” acusados de exportar un millón 100 mil toneladas de hierro ilegal por la cantidad de 42 millones de pesos.

Al finalizar nuestro encuentro y con el corazón en la mano, Martín nos confió que lo único que quieren lograr con su lucha es justicia: “queremos que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, sus bienes materiales, su territorio. Queremos proteger el territorio, los animales y plantas que están en peligro de extinción y, sobre todo, el agua, pues carecemos de ella”.

*El nombre ha sido modificado a petición del entrevistado por motivos de seguridad.

Referencias:

https://socialistarevolucionaria.org/queremos-proteger-el-territorio-entrevista-con-un-comunero-de-ayotitlan/

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=455745076003

https://www.proceso.com.mx/636945/minera-pena-colorada-pide-autorizacion-a-semarnat-para-construir-planta-de-filtrado-en-minatitlan

https://regeneracion.mx/el-ejido-ayotitlan-intenta-desalojar-a-poblado-indigena-para-rentar-tierras-a-la-minera-pena-colorada-denuncian/

https://www.tyt.com.mx/nota/piden-reactivacion-del-fondo-minero-para-colima

https://www.proceso.com.mx/616658/minera-colima

https://www.colimanoticias.com/autoriza-semarnat-a-pena-colorada-deposito-de-desechos/

https://www.proceso.com.mx/352497/mineras-siembran-el-terror-en-la-sierra-de-manantlan

http://www.desi.economia.gob.mx/empresas/Empresas3.asp?Clave=126

https://vanguardia.com.mx/chinacomprabaalafamiliahierrorobado-568489.html

Fuente:
http://socialistarevolucionaria.org/no-hemos-podido-parar-a-pena-colorada-porque-detectan-a-quien-se-moviliza-y-lo-desaparecen/?fbclid=IwAR0ZBEHyCUqjSedErQgLh_skiaGHS-TiKDhWuNI9ycBaigkGJjWKzlSVyVk

enviado por
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
inforema.mexico@gmail.com,
rema@remamx.org,
www.remamx.org,
Twitter: @MXREMA,
Facebook: REMAMX

enlaces relacionados:

Comunidades indígenas contra la tala de árboles en la Sierra de Manantlán
https://youtu.be/fe378oZAnzQ

Abusos en Manantlan     https://otrosmundoschiapas.org/jalisco-y-colima-pena-colorada-y-sus-abusos-en-manantlan/

Salvemos PEÑA COLORADA Querétaro, México
https://youtu.be/U3ucxr3vovY

Peña Colorada debe permanecer rica y biodiversa para las nuevas generaciones
https://youtu.be/x1jFlJE14M4

 

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2020/08/08/mexico_pena-colorada-no-hemos-podido-parar-a-las-mineras-quien-se-moviliza-lo-desaparecen/

 

 

Estamos sumides en proyectos de grandes capitales que no nos tienen en cuenta como estados y sociedades de distintos países, tampoco sopesan la gravedad de sustituir selvas (también otros biomas) por vastos monocultivos de agrocombustibles transgénicos y menos se preocupan de expropiar desalojando a pueblos y comunidades.

 

 

Expansión de las plantaciones de palma aceitera como política de Estado en Centroamérica

31 octubre 2016

Por Henry Picado

Aspectos históricos, ambientales, laborales y económicos unen el fenómeno de expansión de los monocultivos de la palma africana de aceite en la región centroamericana. Estrategias de producción tercerizada, exoneración de impuestos, apoyo a los tratados de libre comercio, concentración de subsidios estatales y estrategias de responsabilidad empresarial son comunes en las empresas de palma. Incluso coinciden fechas de experimentación y planes pilotos como es el caso de los años 50 y 60 en el Valle de Agúan en Honduras y la costa del Océano Pacífico en Costa Rica.

En Centroamérica las extensiones de palma aceitera registradas oficialmente sobrepasan las 370.000 hectáreas y esta cifra viene en aumento debido a una agresiva expansión producto de la demanda de aceite de palma a nivel global. El 51% del aceite vegetal consumido mundialmente es de origen de palma. En particular las exportaciones centroamericanas tienen como destino México, Estados Unidos y la Unión Europea (1).

El aceite de palma es quizá una de las industrias de más rápido crecimiento y al mismo tiempo integradas regionalmente como agronegocio. Pero destaca por ser quizá el cultivo menos estudiado en cuanto a sus impactos sociales y ambientales aún inconmensurables.

En Guatemala existen 130.000 hectáreas de plantaciones de palma. En los departamentos con presencia del monocultivo se reportan desplazamiento de comunidades y pueblos indígenas (2). Estos son los casos del Sur de Petén, Izabal, Alta Verapaz, Quiché, Q´eqchí, Escuintla, Suchitepéquez, Quetzaltenengo, San Marcos y Retalhuleu, la mayoría comunidades campesinas y pescadoras. Alrededor del 4% del total de la superficie agrícola del país está ocupada por este monocultivo.

Si hablamos del caso hondureño, el monocultivo de palma es uno de los responsables más importantes de la deforestación y la pérdida de territorio por parte de las comunidades garífunas y misquitas. Honduras posee una agroindustria agresiva vinculada a poderes políticos, militares y del narcotráfico. Se reportan oficialmente 165.000 hectáreas, pero esta cifra está poco documentada y se encuentra actualmente en expansión gracias a políticas e incentivos gubernamentales.

Para Honduras la concentración aparente no es tan acentuada ya que la producción de palma no es exclusivamente una actividad de grandes productores o transnacionales. En Honduras, 16 de los 18 mil productores son pequeños (50 de las 165 mil hectáreas). Hay que señalar que el número de hectáreas registradas con cultivo de palma en Honduras es el que emiten las mismas empresas, por lo que se estima que están subcontabilizadas. Sobre todo luego del Golpe de Estado de 2009, cuando se ha venido consolidando de forma más agresiva la expansión palmera, la militarización y la violencia contra campesinos. Esta situación se ha hecho particularmente evidente en el Valle del Agúan, por la gran cantidad de asesinatos y desaparecidos dentro de las plantaciones. En el centro de esta polémica por los crímenes está la empresa DINANT, propiedad de la familia Facussé, el mayor productor de aceite de palma del país (3).

Por su parte, el censo agrícola de 2014 de Costa Rica reporta 66.419,7 hectáreas sembradas de palma aceitera distribuidas en 2169 fincas, donde el 67% de la extensión se encuentra en tan solo el 8,6% de las fincas. Esta producción está vinculada con la industria alimentaria y cosmética principalmente, aunque han habido intentos gubernamentales por incentivar la producción de palma aceitera para la producción de biodiesel. Según datos de la Cámara Nacional de Productores de Palma (CANAPALMA), el 50% de la superficie sembrada de palma en Costa Rica está en posesión del 3% de los productores.

La introducción de la palma aceitera de forma intensiva en Costa Rica se dio en la década de 1980, aunque se reporta ya experimentación desde los años 50. El agotamiento de los suelos y la contaminación con metales pesados provocada por el uso excesivo de fungicidas a base de Sulfato de Cobre empleados en las plantaciones bananeras, ocasionó que miles de hectáreas de tierra se tornaran tóxicas para las musáceas (familia de las bananeras) y otros cultivos intolerantes a la presencia de estos elementos en el suelo.

Esto provocó una disminución en la producción bananera de la zona. Por tanto, la United Fruit Company (principal transaccional agroexportadora de la época) migró agresivamente sus plantaciones e infraestructura relacionada con la industria bananera desde el Pacífico Sur hasta el Caribe costarricense a la siembra de palma aceitera. Este cambio se generó no solo debido a que el Caribe suministraba mejores condiciones de humedad que beneficiaban al cultivo de palma, sino además porque este cultivo tolera altos niveles de concentraciones de metales pesados en el suelo, como el cobre.

Para 1973, la United Fruit Company tenía contratados alrededor de 11.000 empleados en la industria bananera en la Zona Sur. Luego de la migración a palma aceitera, esta misma compañía empleaba 4.000 peones agrícolas a finales de los años ochenta. Mientras las plantaciones de banano en promedio empleaban a un trabajador por hectárea, ahora ese mismo peón asiste 10 hectáreas de palma. Esta razón puede llegar a explicar el desempleo generado desde la década del 80 en gran parte del Pacifico Sur costarricense producto de este cambio productivo.

Para algunos autores, la transaccional United Fruit Company/United Brands suministró a los pequeños productores locales de una alternativa productiva, crédito y tecnología de punta. Sin embargo, también controló la entrada a los segmentos más rentables de la cadena de producción de aceite por medio del material genético, la industrialización, el transporte y la comercialización. El Estado jugó un papel central en la configuración de las relaciones de poder por medio de su participación en la construcción de infraestructura procesadora e industrializadora de aceite. Dejando en poder de la transnacional la parte más rentable de este negocio (la comercialización) que luego tomaría el nombre de Chiquita Brands.

El fomento al sector cooperativo es donde el papel de las instituciones estatales posee mayor injerencia cuando se habla de palma en Costa Rica. Mediante un primer préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$31 millones, otro de la institución financiera para el desarrollo del gobierno del Reino Unido (CDC, por su sigla en inglés) de US$ 13 millones y un aporte estatal de US$ 4 millones, se da inicio a la operación de una Unidad Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Agroindustrial de Coto Sur. Esta Unidad no solo fomentaría la siembra de palma por parte de pequeños y medianos productores, sino también la construcción de una planta procesadora para extraer aceite.

En la actualidad, la Cooperativa de Pequeños Productores de Palma (COOPEAGROPAL), adeuda más de 1,500 millones de colones (aproximadamente US$ 2,72 millones) al Estado costarricense en un fideicomiso en el Banco Nacional, adquirido para el establecimiento de una planta extractora de aceite. Esto es excepcional debido a que Costa Rica ha optado por la desfinanciación de la agricultura campesina, para apostarle a la inversión agroindustrial publico-privada. Así, se da inicio a una industrial marcada por desigualdades e intereses económicos muy fuertes.

Palma Tica S.A. tiene en su control el procesamiento y la comercialización del 80% del aceite crudo y se estima que del total de hectáreas sembradas de palma aceitera en el país esta misma empresa pose el 40% de la superficie sembrada, es decir 24.800 hectáreas aproximadamente. A esto se le debe sumar alrededor de 19.200 hectáreas que pertenecen a productores independientes financiados mediante crédito hipotecario por parte de Palma Tica, la cual reclama la totalidad de la producción durante 14 años, como parte del pago. Por otro lado, COOPEAGROPAL maneja el restante 31% de la superficie sembrada y comercializa al rededor de un 20% de la producción.

Palma Tica S.A es una de las cuatro grandes empresas del Grupo Numar, transnacional que opera a nivel centroamericano y en Panamá especializada en producción, distribución y comercialización de alimentos procesados. La transnacional Chiquita Brands vendió el Grupo Numar en 1995 por US$100 millones a ocho firmas costarricenses, una panameña y otra de Belice. Posteriormente, en 2013, Chiquita Brands vuelve a comprar esta compañía.

El Grupo Numar, a través de su subsidiaria Agricultural Services and Development (ASD), tienen en su control la totalidad del suministro de germoplasma tanto para los productores independientes, como para Palma Tica S.A y COOPEAGROPAL. Según la misma empresa, ASD ha exportado más de 300 millones de semillas a prácticamente todos los países productores de palma aceitera en el mundo. En América Latina alrededor de 65% del área plantada del monocultivo de palma fue desarrollada con variedades de ASD. En el mundo, las plantaciones comerciales que han usado variedades de ASD representan más del 11% del área total plantada, lo que demuestra la influencia regional y global de la transaccional en la expansión de este monocultivo.

Actualmente, tanto Costa Rica, Guatemala como Honduras cuentan con políticas de “biocombustibles” o mejor dicho agroenergía, las cuales han intensificado y estimulado la expansión de la palma. Un ejemplo de esto son las declaraciones de la Federación Nacional de Palmeros de Honduras (Fenapalmah) quienes afirmaron que para setiembre de 2015, 7 de cada 10 plantas de extracción de aceite estaban produciendo energía de biomasa.

La región centroamericana en su conjunto sufre una serie de procesos de supuesta integración económica y financiera: sistemas de interconexión eléctrica, tratados de libre comercio regionales, políticas aduaneras conjuntas y proyectos de infraestructura son ahora algunos de sus ejes. En este sentido, la producción de aceite de palma no sólo puede ser visto como un proyecto regional sino que es una carrera de “integración económica” anclada a la producción de mercancías para la exportación. Los pueblos y comunidades expulsados de los territorios ocupados por esta expansión son los más afectados.

Los procesos de expansión del monocultivo a nivel regional se encuentra orquestado sin importar fronteras ni gobiernos. Para comprender este fenómeno a nivel regional es preciso verlo en su conjunto y tratarlo como un proyecto empresarial de gran magnitud fuera de las proporciones nacionales de cada uno de los países centroamericanos.

Henry Picado, agrobici@gmail.com

Red de Coordinación en Biodiversidad, http://redbiodiversidadcr.codigosur.net/

Notas

(1) Mapa “Monocultivo de Palma Aceitera en América Latina”, Otros Mundos AC, GeoComunes – ver aquí.
(2) Guatemala: la palma africana promueve un nuevo desplazamiento de comunidades rurales – ver aquí.
Guatemala: Isla Chicales – tierras estatales deben ser manejadas por las comunidades – ver aquí.
(3) Bajo Aguán: Grito por la Tierra – ver aquí.
Honduras: mujeres en lucha por la tierra en un marco de violencia y asesinatos – ver aquí.

Boletín 226 del WRM

Fuente: Leer

En consecuencia, la «reforma agraria integral» como desafío central a la emancipación del Abya Yala deberá ser obra de comunidades que recuperan o defienden territorios de los extractivismos pero, a la vez, se hermanan entre sí (sin fronteras ni muros instituidos por el capitalismo) para reterritorializar cada país y el continente en acuerdo con ir restableciendo o creando las biodiversidades e interrelaciones de las arrasadas ecorregiones. Implica confrontar con los poderes opresores cuya actual "agenda y construcción en la región mira a posibilitar la apropiación y capitalización de la naturaleza y el trabajo, partiendo de la administración del binomio seguridad/emergencia y rescate/crisis económica".

 

Los ritmos de la nueva normalidad coordenadas del extractivismo en la pandemia en América latina.

26 de julio de 2020

 

 

Por Emiliano Teran Mantovani*

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

“Tenemos la oportunidad, en este momento en el cual la atención de la prensa está concentrada casi exclusivamente sobre el COVID […] ahora que la prensa está dando un poco de tregua sobre los otros temas, de aprobar las reformas infralegales de desregulación y de simplificación en materia, todas aquellas reformas de las que tenemos necesidad […] Necesitamos nuestro esfuerzo, ir ‘pasando el ganado’, ir cambiando todo el reglamento y simplificando normas del IFAM, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ambiente”.

Ricardo Salles, ministro del Ambiente de Brasil, 2 de abril de 2020

“La pandemia les venía como anillo al dedo porque nos habían metido a todos en la casa, pero al ver que el extractivismo no estaba haciendo cuarentena, nos vimos forzados a romper la cuarentena para salir a movilizarnos y además lanzar una nueva iniciativa popular con muchísimo más vigor y más fuerza que el anterior”

Leo Travaglia, Asamblea No a la Mina de Chubut, 6 de julio de 2020

El continente americano es hoy uno de los puntos álgidos de la pandemia global de la Covid19. Misma que está generando impactos múltiples en América Latina y va trastocando las coordenadas y ejes del patrón y modo de acumulación dominante en la región: el extractivismo. Estamos en medio de un largo proceso de crisis y reestructuración sistémica muy accidentado e impredecible.

A pesar de la coyuntura y la gran inestabilidad, el extractivismo no está confinado; mucho menos está sentado esperando a que llegue el tan mentado “mundo post-covid”. El extractivismo ‘está en la calle’, tiene salvoconducto y también impunidad. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, pues está ocurriendo mientras el grueso de la población se encuentra agobiada y restringida por la situación de la pandemia.

La orientación de una ‘nueva normalidad’ está ya en agenda y construcción en la región, que posibilite la apropiación y capitalización de la naturaleza y el trabajo, partiendo de la administración del binomio seguridad/emergencia y rescate/crisis económica. ¿Hacia dónde marchamos? En este artículo intentamos cartografiar las coordenadas del extractivismo en la pandemia. De sus ritmos, sus reajustes, sus altibajos, sus atajos. Veamos.

 Commodities, crisis, pandemia y protestas: cuatro determinantes de la situación

Primeramente, las dinámicas del extractivismo en la pandemia hay que entenderlas en el marco de procesos globales, nacionales y territoriales que están siendo determinantes (y lo seguirán siendo), de los cuales es importante resaltar al menos cuatro aspectos entrelazados:

a) Impactos en la demanda y mercados globales de energía y commodities: en general, la pandemia ha deprimido la demanda de materias primas, provocando a su vez una caída en los precios de la mayoría de los commodities. Esto ha sido así especialmente para hidrocarburos y commodities metálicos[1]. Además de la estrepitosa e histórica caída de la demanda y precios del petróleo (que impacta a Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, México, Perú o Argentina), destacan también la del cobre (afectando especialmente a Chile y Perú) y el caucho. También, aunque en menor medida, se evidencian caídas en los precios de la soja, el maíz, el café o la caña, entre otros. Muy al contrario, los precios del oro están experimentando una notable alza, que se mantienen en ascenso y rozan records. Todos estos factores tienen una alta incidencia en las dinámicas del extractivismo. Por ejemplo, la debacle petrolera va incrementando las tendencias hacia la minería, aunque está también provocando una crisis sobre los agrocombustibles (afectando los negocios sobre el maíz y la caña); se eleva el atractivo sobre los commodities agroindustriales; mientras que el alza del oro produce más presiones en la Amazonía y otros territorios campesinos e indígenas, donde existen reservas del mineral. Lo que vaya ocurriendo en este sentido será determinante sobre el curso de las tendencias que configuren al extractivismo en la región.

b) Procesos de ajuste económico y el desarrollo de la crisis económica: por otro lado, la pandemia emerge cuando ya América Latina venía, desde al menos 2014-2015, desarrollando una crisis económica que estaba evolucionando de la mano de una progresiva expansión de políticas neoliberales (que incluyeron a gobiernos ‘progresistas’). Organismos como la Cepal o el FMI prevén que a raíz de la pandemia se viene para Latinoamérica la peor recesión de su historia[2]. Esto tiene múltiples y tremendas implicaciones, entre las que destaca el hecho de usar retóricamente al extractivismo como el ‘gran salvador’ y tratar así de legitimarlo. Otra cuestión es que, de la mano de la creciente precarización de la población y del autoritarismo en los gobiernos, probablemente el extractivismo se haga mucho más conflictivo;

c) Dinámicas de flujo social y comercial en la pandemia: la restricción, severa en muchos casos, de la circulación de personas y el comercio, a raíz de la pandemia, ha tenido un impacto tremendo en la forma que ha tomado la crisis. Las tendencias que vayan imponiéndose en el tiempo –por ejemplo, la instauración de circulaciones permanentemente restringidas en diversas áreas, o diversas formas de desglobalización– van a ser determinantes en la ‘normalización’ de una u otra modalidad de extractivismo (dependiendo de los emprendimientos);

d) Emergencia, masividad y/o intensidad de las protestas y resistencias: la región ha sido un amplio territorio de movilizaciones sociales masivas contra diversas políticas anti-populares, así como de resistencias territoriales contra el extractivismo. El año 2019 fue año de explosión de estas expresiones de poder de los pueblos, que hicieron un muy importante contrapeso a los poderes establecidos. Diversas movilizaciones se han podido ver en 2020, lo que muestra que la cuarentena y el miedo al contagio pueden ser relativos. El extractivismo y sus reacomodos dependen también del nivel de las resistencias sociales que se desarrollen en los tiempos venideros.

El ‘esencial’ extractivismo no está en cuarentena: opera sobre trabajadores contagiados y los gritos de la selva

El shock social, económico y político que implicó la globalización de la pandemia, ciertamente ha estremecido todo, incluyendo las economías de la región y los emprendimientos extractivistas. Pero, en general, el extractivismo, en sus diversas facetas, ha seguido operando, y sobre todo, las élites políticas de nuestros países se han encargado de ello, a pesar de los sensibles costos sociales, sanitarios y ambientales que conlleva en este tiempo de tanta vulnerabilidad.

En buena parte de los países latinoamericanos, mientras se declaraban estados de emergencia y se imponía el aislamiento social obligatorio, actividades como la minería, el agronegocio o la tala eran declaradas “actividades esenciales” para la economía y la sociedad, lo que implica que estas funcionan sin restricciones. Esto fue así, por ejemplo, para gobiernos como el de Fernández en Argentina, de Vizcarra (Perú) o el de Bolsonaro en Brasil. El gobierno de Lenin Moreno (Ecuador) eximió a las empresas mineras de los cierres impuestos a la población, mientras que el Gobierno de Piñera en Chile afirma que ha hecho ‘grandes esfuerzos’ para mantener la minería en pie[3] durante la pandemia.

En estos críticos meses de la Covid19 en la región, ciertamente la minería ha tenido altibajos. Sin embargo, esta actividad extractiva ha tenido un lugar privilegiado y, de acuerdo a comunidades, organizaciones y trabajadores, ha actuado saltándose normas y protocolos establecidos para la coyuntura. En México, las principales empresas de la rama –como el Grupo Frisco, Fresnillo o Industrias Peñoles– de una u otra forma no han suspendido operaciones[4]; en Chile, la Cámara Minera de ese país se jacta de haber aumentado las cuotas de extracción en varios de sus emprendimientos de cobre y otros minerales[5]; en Argentina, se retoman actividades como ocurre en los yacimientos de la provincia de Santa Cruz –llegando a producir al 80% de su capacidad[6]–; mientras que en Brasil, se alcanzó la notable cifra de 29 toneladas de oro (oficialmente) extraídas[7]. Respecto a la minería ilegal (e informal), aunque en sus inicios se generó una significativa ralentización (o parón, dependiendo de los casos) de la actividad, posteriormente esta se reposicionó, como ha ocurrido en Colombia[8], Perú[9] y Venezuela[10].

El agronegocio, en sus diversas formas, ha venido también funcionando con impunidad en casi todos los países de la región. En Colombia, nuevas fronteras son colonizadas de forma mafiosa para el acaparamiento de tierras, además de la ganadería extensiva o la agroindustria –como ocurre con el rápido crecimiento de cultivos de eucalipto y palma en las sabanas de La Fuga (Guaviare)[11]; en Perú persisten operaciones como las de las empresas de palma aceitera –como ocurre en Ucayali[12]–; e incluso se registran aumentos de las exportaciones agroindustriales como en Brasil con la carne y la soja[13], o en Paraguay, con un incremento del 24% de los envíos de carne al exterior en relación a 2019[14].

En relación al extractivismo petrolero, este ha continuado operando pero la crisis lo ha llevado a la baja (como ocurre en grados diversos en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, entre otros).También es relevante mencionar la continuación de otras operaciones como el tráfico ilegal de madera, como se da en el Ecuador[15]; o la intensificación de la pesca ilegal marítima, como sucede en la Argentina.

Similar situación de avance y reposicionamiento se produce con el agronegocio. En Honduras, con los decretos PCM-030-2020 (abril) y su reforma PCM-041-2020 (mayo), se facilita a las empresas agroexportadoras el acceso a tierras nacionales y ejidales[37], mientras que en Ecuador, el 2 de junio el pleno de la Asamblea Nacional aprobaba el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados, que promueve aún más este tipo de cultivos y la producción de biodiesel –afectando también tierras comunales y áreas en conservación[38]. El gobierno de Añez en Bolivia autorizó a principios de junio la importación de eucaliptos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, que incluye un paquete tecnológico que “utilizará material genético con características inmunológicas más fuertes”[39], mientras que en Chile, en los territorios del Wallmapu, forestal Arauco aprobó en mayo un aumento de capital de casi 700 millones US$ para el cuestionado proyecto MAPA[40], el mayor complejo industrial de celulosa en construcción del mundo. También, en países como Perú y Bolivia, se busca abrir el camino para la introducción de transgénicos, como veremos más adelante.

En el caso de las infraestructuras, resaltaremos el caso del polémico proyecto del Tren Maya impulsado por el gobierno de López Obrador y presentado como el ‘motor’ de la reactivación económica. El 1 de junio, a pesar de las numerosas oposiciones, AMLO inauguraba obras en tiempos de pandemia, aunque para mediados de julio las mismas fueron detenidas por atentar contra la salud de comunidades y pueblos indígenas[41].

Sin embargo, y a diferencia de los otros sectores mencionados, como ya señalamos el sector hidrocarburos se encuentra en serias dificultades dadas las particulares circunstancias energéticas globales. Importantes caídas y estancamiento en las inversiones han generado el estrangulamiento de algunos emprendimientos y las proyecciones son muy inciertas, muchas de ellas pesimistas. Esto de ninguna manera supone que este tipo de extractivismo de un paso al costado. De hecho, mientras Ecuador se encontraba en cuarentena y estado de excepción, una nueva carretera de 2,2 kilómetros se ha venido construyendo desde mediados de marzo en el controvertido Bloque 43, más conocido como ITT, ubicado en el corazón del Parque Yasuní (en la Amazonía) –según lo revela un reciente reporte de MAAP[42].

En todo caso es muy relevante mencionar que los que quedan en una comprometida situación son los proyectos de hidrocarburos no convencionales, poniéndose seriamente en entredicho su viabilidad, como ocurre con Vaca Muerta en Argentina o la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela. En el caso de Pre-sal en Brasil, probablemente queden inactivas las plataformas de aguas poco profundas con mayores costos de extracción (al menos temporalmente)[43], mientras que la crisis parece allanar el camino hacia privatizaciones. Unas 18 empresas del fracking en los Estados Unidos han ido a la quiebra, entre las que se cuenta la pionera de esta técnica, Chesapeake Energy[44]. A pesar de este contexto, el presidente Iván Duque se ha mantenido activo e insistente en la promoción del fracking en Colombia, y a principios de julio la administración de Ecopetrol se asoció con la multinacional ExxonMobil para la puesta en marcha de los proyectos piloto en el Magdalena Medio[45]. ¿Cómo lo va a sostener económicamente? ¿A quiénes se le va a cargar la cuenta?

‘Pasando el ganado’: dejar colar una ola de flexibilización, endeudamiento y desregulación del extractivismo

Cuando el ministro del ambiente del Gobierno de Bolsonaro, Ricardo Alles, afirmaba con total crudeza y cinismo –en un video filtrado de abril de este año–, que había que aprovechar que la gente y la prensa estaban distraídas con la pandemia para impulsar una desregulación de la política ambiental del país[46], para “ir pasando el ganado”, estaba no sólo mostrando la grotesca y desinhibida forma del extractivismo actual en Brasil, sino también lo que en realidad es una política compartida en la región, aunque varíe en sus grados de intensidad e intencionalidad. Como típica expresión de un proceso de acumulación por desposesión, estos movimientos de avance estratégico y reposicionamiento del extractivismo en la región vienen aparejados de lo que podría ser una ola de flexibilización, endeudamiento y desregulación, ante la cual hay que tener mucha atención. Aquí mencionamos al menos 4 modalidades de este proceso:

a) Eliminación, congelamiento o entorpecimiento de evaluaciones y leyes de protección ambientales: en Chile durante la pandemia se ha introducido más del doble de la cantidad de proyectos que el promedio de los dos años anteriores, para ser escrutados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En un informe presentado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la organización indica que los más de 500 proyectos en calificación superan con creces la capacidad de evaluación de la institución, a pesar de que las Asociaciones de Funcionarios Públicos de los Servicios Ambientales del Estado, han solicitado públicamente congelar todos los procedimientos en este periodo, dado que provocará una precaria y deficiente evaluación ambiental[47]. Olca también señala que, durante el estado de excepción, la autoridad ambiental ha congelado el trámite de evaluación ambiental para proyectos que contemplan la Participación Ciudadana (PAC) y/o deben hacer consulta indígena. Esto se intensifica con el llamado “Acuerdo Covid” alcanzado a mediados de junio entre el Gobierno de Piñera y parte de la oposición, el cual contempla la reducción de los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos[48]. Por otro lado en Colombia, el gobierno nacional ha resuelto que audiencias públicas para el otorgamiento de licencias ambientales se realicen en línea, como se ha evidenciado en el caso del proyecto aurífero Soto Norte en el páramo de Santurbán, lo que ha sido denunciado por el Comité para la Defensa del Agua y los Páramos de Santurbán[49]. Misma situación se registra en Honduras, siendo que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de ese país anunció el 31 de marzo que los trámites para licencias ambientales se pueden hacer de manera virtual, señalando la necesidad de no detener la operatividad del comercio y las empresas, ni la promoción de la inversión en el país[50].

b) Facilitación y aprobación de ingreso de nuevos insumos para el extractivismo: en Bolivia, el 8 de mayo el gobierno de Añez le dio paso a la autorización al Comité Nacional de Bioseguridad para establecer procedimientos abreviados para la evaluación de eventos transgénicos, en cultivos como el maíz, la caña de azúcar, el algodón, el trigo y la soja (Decreto Supremo 4232)[51]. Situación un tanto similar se presenta en Perú donde, después de una moratoria de 10 años, el gobierno ha emitido un decreto, el 22 de mayo, en el cual ordena que se publique el reglamento que regula, con criterios de seguridad de la biotecnología, el desarrollo de actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM) en el sector agrario[52]. Diversas organizaciones han señalado que se trata del primer paso para la liberación de transgénicos en el país, declarándose públicamente contra este decreto. En Brasil, entre marzo y mayo, el gobierno de Bolsonaro ha aprobado 118 nuevos agrotóxicos para ser vendidos en el mercado nacional, superando el registro del año pasado (que fue record) para el mismo período[53]. Algo parecido se da en la Argentina cuando, en un claro favor al agronegocio, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá –mismo ministro de Menem que en aquel entonces le abrió la puerta del país a los ‘paquetes tecnológicos’– redujo a finales de abril aranceles para potenciar la importación para la fabricación de los herbicidas glifosato y 24D en el país. Esto, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica del Mercosur[54].

c) Flexibilización y reducción de obligaciones laborales y sanitarias: en numerosos casos en varios países, como mencionamos anteriormente, además de otorgársele prioridad a los emprendimientos extractivistas antes que a la salud de la población, se han generado reclamos y conflictos por parte de sindicatos, comunidades, organizaciones sociales y gobiernos locales ante el incremento de los contagios en los trabajadores y las malas condiciones para el desarrollo de las jornadas. Esto se dio también por omisión e incumplimiento de protocolos, complicidad gubernamental o medidas directas de favorecimiento a las empresas. Por ejemplo, en Perú, bajo presión de las empresas mineras entre mayo y junio se realizaron modificaciones el protocolo del Ministerio de Energía y Minas en relación a la protección de la salud de los trabajadores, lo que para Cooperacción se trata de una acción en pro de estas grandes empresas. Dicha modificación supuso medidas como la reducción de la distancia social mínima que debe existir entre los trabajadores en varios espacios de los centros laborales, reducción del números de personas comprendidas en la categoría ‘grupo de riesgo’ o la eliminación de la especificación de que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es la instancia encargada de la aprobación del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo[55].

d) Formas de endeudamiento para el extractivismo: podríamos mencionar al menos dos modalidades resaltantes relacionadas con formas de ejercer poder a partir del financiamiento, requerido por gobiernos locales y nacionales en estos tiempos de crisis. En primer lugar, el caso de empresas que realizan sustanciosas ‘donaciones’ de dinero para ‘causa social’ y para afrontar la pandemia, generando claros conflictos de interés y promoviendo formas de captura corporativa del Estado. Un caso claro de esto es la muy cuestionada transnacional minera Barrick Gold, la cual, a la par que en el contexto de la pandemia dona un hospital de campaña por más de 10.000 millones de pesos (unos 13 millones de US$) y anuncia posibles inversiones por 3.500 millones de US$ en el país, declara que su idea es encontrar ‘rápidamente’ un proyecto de primer nivel y dice que la industria minera jugará un rol fundamental en la recuperación económica chilena tras superar la pandemia[56]. Similar situación se evidencia en Brasil, cuando apenas unos días después que empresas mineras como la Vale, donara al gobierno federal 5 millones de kits de análisis para Covid19, el Ministerio de Energía y Minas aprobó la resolución 135/2020 que catalogó a la minería como ‘actividad esencial’[57]. En segundo lugar, está una forma de endeudamiento de tipo macro, que vincula la deuda pública asumida por gobiernos locales y/o nacionales con viejos y nuevos proyectos extractivistas. En Argentina –caracterizada por su alto nivel de endeudamiento–, existe un proyecto de reestructuración de la deuda pública de la provincia de Chubut presentado por el gobernador Arcioni en junio que, según señala la Unión de Asamblea de Comunidades de Chubut, implicaría aceptar entregar ingresos de coparticipación municipal y provincial, y/o regalías de los bienes comunes naturales de la provincia como garantía. Esto se conecta con la declaración en video-conferencia que el 28 de mayo hiciese el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, quien afirmó que están trabajando en un plan estratégico para el desarrollo minero argentino, con el fin de atraer divisas para pagar la deuda interna generada en este contexto de aislamiento social obligatorio. El otro que habló en dicha conferencia fue Alfredo Luenzo, senador por Chubut[58].

Las precarias democracias no pueden respirar: securitización de la pandemia, continuidades del estado de excepción y vulneración de lo público

El surgimiento de la pandemia se produce cuando en América Latina, en el marco del fin del llamado ‘período progresista’, fue tomando determinante fuerza la presencia de lógicas del estado de excepción y el incremento de la violencia extractivista. Este nuevo estado de emergencia no sólo abre una nueva fase de este proceso de excepcionalidad, reorganizando y redefiniendo las gobernanzas, sino también, de una u otra forma, se va articulando con el avance estratégico y reposicionamiento del extractivismo. La serie de nuevas reformas, proyectos de inversión, ajustes y reestructuraciones en curso, intentan también apoyarse en los nuevos regímenes de poder de la pandemia, en nuevas biopolíticas, cosa que además evoluciona en un escenario que es y será más conflictivo.

En este sentido, conviene examinar cómo se configuran los marcos generales de este proceso, así como las políticas y dinámicas en los territorios. En relación a lo primero, además de una generalización de las declaraciones formales de estado de emergencia y/o de excepción en los países de la región, podríamos afirmar que nos encontramos ante un proceso de securitización de la pandemia. Esto tiene múltiples y profundas implicaciones, entre las que es importante resaltar una militarización de cada vez más ámbitos de la vida; mayor potestad de los Estados sobre los cuerpos, sus movilidades y su clasificación; una mayor politización de los criterios de bioseguridad; una mayor cabida a enfoques neo-darwinistas y/o neo-malthusianos; o el manejo a conveniencia de narrativas sobre la emergencia y la tipificación de amenazas por parte de los Estados y las corporaciones.

La crisis que va dejando la pandemia, se ha traducido en una mayor debilidad de las instituciones, mientras que los espacios de deliberación y participación política van quedando relegados –destacando la postergación del plebiscito sobre la reforma constitucional en Chile y de las elecciones presidenciales en Bolivia. Del mismo modo se va generando una vulneración del ámbito y el espacio público, el cual va perdiendo contrapesos y formas de escrutinio, mientras la población y sus derechos van quedando más expuestos ante diversas formas de violencia oficial y extralegal. Todo esto configura un escenario enrarecido que ha servido para impulsar mayores formas de control social y de justificación de las mismas, al tiempo que estas han venido siendo aprovechadas en pro de un avance estratégico y reposicionamiento del extractivismo.

En lo que se refiere a las políticas y dinámicas que se expresan en los territorios, el marco descrito supone severas dificultades para los defensores y líderes sociales, así como para organizaciones de derechos humanos y de defensa del ambiente. En los tiempos de pandemia hemos visto cómo en Perú, desde fines de marzo, el gobierno de Vizcarra aprobó la anteriormente promulgada «Ley de Protección Policial», que permite el uso de fuerza letal, con total impunidad, por parte de la policía y el ejército[59]; en Guatemala, El Salvador y Honduras se imponen toques de queda y se endurecen sanciones a quienes rompen la cuarentena, siendo que en este último país se señala un incremento del hostigamiento policial y de las detenciones ilegales[60], algo también denunciado en México en contra de defensores del territorio[61]. En Bolivia, el gobierno de Añez ha aumentado la represión ante las protestas sociales por la crisis, ha encarcelado decenas de opositores políticos y restringido seriamente la libertad de información, a través del decreto supremo 4.200 del 25 de marzo[62]. En Venezuela, el presidente Maduro y otros actores estatales han criminalizado a los migrantes venezolanos que entran al país por pasos fronterizos irregulares, acusándolos de ser parte de un plan foráneo para ‘contaminar’ a Venezuela[63], siendo que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada llegó a calificarlos como “bio-terroristas”[64]. Y en tiempo de pandemia, persisten los dramáticos asesinatos de líderes sociales en Colombia (así como de excombatientes de las Farc)[65]; cosa que también se replica en Honduras, y con periodistas y activistas en México[66].(...)

NOTAS(…)Fuente: https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/07/26/los-ritmos-de-la-nueva-normalidad-coordenadas-del-extractivismo-en-la-pandemia-en-america-latina/

 

 

Alternativas emancipatorias

 

 

Nos urge a la mayoría de les diverses de abajo cuestionar fronteras y muros instituidos por los poderes dominantes para imposibilitar nuestra unión confraternal que nos emancipará del sistema mundo capitalista y sus locales. En ese rumbo conviene generalizar la visión de cuán medular al sometimiento de nuestros países del Abya Yala ha sido y es el régimen latifundista. Esto nos desafía a desconocer la propiedad sobre las tierras, erradicar su acaparamiento por usurpación a los pueblos indígenas y a involucrarnos en la lucha de los últimos por recuperar o mantener sus territorios. Pero nos preguntamos cómo concretar, o al menos intentar, soluciones a esas necesidades de dignidad de vida y trabajo. Para ello regresemos a:

 

Los ritmos de la nueva normalidad coordenadas del extractivismo en la pandemia en América latina.

26 de julio de 2020

 

 

Por Emiliano Teran Mantovani*

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

 

“Tenemos la oportunidad, en este momento en el cual la atención de la prensa está concentrada casi exclusivamente sobre el COVID […] ahora que la prensa está dando un poco de tregua sobre los otros temas, de aprobar las reformas infralegales de desregulación y de simplificación en materia, todas aquellas reformas de las que tenemos necesidad […] Necesitamos nuestro esfuerzo, ir ‘pasando el ganado’, ir cambiando todo el reglamento y simplificando normas del IFAM, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ambiente”.

Ricardo Salles, ministro del Ambiente de Brasil, 2 de abril de 2020

“La pandemia les venía como anillo al dedo porque nos habían metido a todos en la casa, pero al ver que el extractivismo no estaba haciendo cuarentena, nos vimos forzados a romper la cuarentena para salir a movilizarnos y además lanzar una nueva iniciativa popular con muchísimo más vigor y más fuerza que el anterior”

Leo Travaglia, Asamblea No a la Mina de Chubut, 6 de julio de 2020

El continente americano es hoy uno de los puntos álgidos de la pandemia global de la Covid19. Misma que está generando impactos múltiples en América Latina y va trastocando las coordenadas y ejes del patrón y modo de acumulación dominante en la región: el extractivismo. Estamos en medio de un largo proceso de crisis y reestructuración sistémica muy accidentado e impredecible.

A pesar de la coyuntura y la gran inestabilidad, el extractivismo no está confinado; mucho menos está sentado esperando a que llegue el tan mentado “mundo post-covid”. El extractivismo ‘está en la calle’, tiene salvoconducto y también impunidad. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, pues está ocurriendo mientras el grueso de la población se encuentra agobiada y restringida por la situación de la pandemia.

La orientación de una ‘nueva normalidad’ está ya en agenda y construcción en la región, que posibilite la apropiación y capitalización de la naturaleza y el trabajo, partiendo de la administración del binomio seguridad/emergencia y rescate/crisis económica. ¿Hacia dónde marchamos? En este artículo intentamos cartografiar las coordenadas del extractivismo en la pandemia. De sus ritmos, sus reajustes, sus altibajos, sus atajos.  (...)

Sorteando la cuarentena, defendiendo la vida:

contrapesos y re-existencias populares y comunitarias

Ciertamente tenemos ante nosotros un escenario muy complejo en el que vemos cómo las lógicas de expolio, racismo, explotación, despojo, colonialismo y precariedad entran en una nueva fase con la pandemia, planteándonos extraordinarios desafíos. Como hemos visto, el extractivismo se moviliza, reacomoda y reposiciona en América Latina ante la situación. Sin embargo, no debemos de ninguna manera asumir este movimiento y ajuste extractivista como un proceso unilateral, estable, lineal e irresistible. La crisis en la que nos encontramos es de tal profundidad que no se trata sólo de si un sector económico se hunde y otro emerge o se fortalece. Lo que enfrentamos es una crisis del orden histórico civilizatorio, en la que se revela no sólo la inviabilidad del sistema capitalista global, con sus contradicciones, sino también el que hayamos alcanzado un punto de degradación de los ecosistemas del planeta Tierra que está poniendo en serio peligro la vida tal y como la conocemos. La pandemia es no sólo un síntoma de esta profunda crisis, sino que está representando un punto de inflexión para que muchas cosas ya no vuelvan a ser como eran hasta ahora.

Si asumimos pues que se están moviendo las placas tectónicas del orden histórico civilizatorio, esto impacta, como hemos mencionado, no sólo a los pueblos sino incluso a las élites económicas y políticas, a la viabilidad de sus proyectos económicos, a la perdurabilidad de sus particulares sistemas de dominación. La volatilidad y la incertidumbre son la marca de la normalidad actual y futura. Nada está garantizado y absolutamente todo está en disputa.

Así que, quedan ciertamente vías y caminos abiertos. Es en este sentido que se ha afirmado que la pandemia nos abre también oportunidades. Pero el aprovechamiento de dichas oportunidades y la emergencia de nuevas alternativas societales que tributen a los pueblos y a la vida en la Tierra, no surgirán espontáneamente. Muy al contrario, requerirá de los pueblos en movimiento y la organización social, grandes esfuerzos y lucha.

En este sentido, si el extractivismo se va volviendo cada vez más autoritario y agresivo, entonces hay que resaltar la fuerza de las masivas movilizaciones sociales en América Latina, las cuales no sólo nos revela el descontento de las poblaciones de la región ante el estado actual de cosas, confronta a los crecientes procesos de neoliberalización, cambia favorablemente la correlación de fuerzas, sino también potencia procesos democratizadores, abre caminos para posibilitar y expandir las democracias. Las causas que originaron los malestares, rabias y las extraordinarias movilizaciones que se vieron en Latinoamérica en 2019 siguen estando ahí, sin resolverse. El 2020 también nos ha mostrado que los pueblos siguen en las calles, buscando reformular la expresión de sus descontentos ante estos tiempos de pandemia, mientras que buscan adaptarse a las nuevas situaciones y encontrar nuevos sentidos de lo político. A pesar de los confinamientos, la impunidad, el estado de excepción y la constante inyección de miedo a la población, al profundizar la crisis e intensificar todos los males del sistema imperante, la pandemia también está generando las condiciones para más y nuevas protestas y estallidos sociales.

Pero si ponemos la mirada en la especificidad de los territorios en este período, también presenciamos movilización, organización y resistencia. En Argentina, ante los intentos de imponer nuevos proyectos mineros en la provincia, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut rompió con la cuarentena para movilizarse, al ver que extractivismo no la estaba cumpliendo. A partir de ahí lanzaron una propuesta más fuerte, que convoca a más de 20 localidades: el proyecto de ley de Iniciativa Popular (IP) 2020, una herramienta legislativa planteada para proteger a la provincia de la avanzada minera en los territorios[67]. En Chile se ha producido una situación similar en Putaendo (provincia de San Felipe de Aconcagua), cuando los vecinos se han movilizado desde abril para manifestar contra las nuevas pretensiones de la minería (Vizcachitas Holding) en sus territorios y en defensa del agua[68]. En la Amazonía peruana, pueblos indígenas como el Awajún, en territorios que han sido muy afectados por la minería informal, cerraron sus comunidades desde inicios de la pandemia al ingreso de otras personas[69]. En México, desde el 21 de abril 290 organizaciones, colectivos, comunidades y personas de varios estados del país han exigido mediante diversas acciones legales (como demandas de amparo y medidas cautelares) el cese de las actividades del proyecto del Tren Maya por riesgo sanitario, además de solicitar las garantías de participación equitativas para las comunidades afectadas, lo que finalmente se tradujo en una orden de paralización del proyecto a fines de junio[70]. Y en Venezuela, comunidades de Maripa, en el estado Bolívar, ha protestado en contra de la instalación de nuevas plataformas para la explotación minera en el Río Caura –en el marco del Arco Minero del Orinoco–, además de la situación de precariedad de los servicios públicos en la zona.

El cuestionamiento al extractivismo en América Latina sigue siendo fuerte. Las élites económicas y políticas intentan ya en la pandemia reposicionarlo y legitimarlo como un ‘salvador’ de la economía, por lo que la disputa por los caminos que debemos transitar para ‘salir de la crisis’ será muy intensa. Muy al contrario de ideas como estas, este es un tiempo propicio y necesario para el post-extractivismo. Nos encontramos en una encrucijada como región y como planeta, y la opción no puede ser retomar o insistir en esa ‘normalidad’ expoliadora y depredadora. Es fundamental crear y promover espacios de confluencia de las diferentes luchas en las que se puedan tejer redes de acción, compartir visiones estratégicas y establecer algunos horizontes comunes. Espacios como el Pacto Eco-social del Sur[71] permiten hacer confluir propuestas e iniciativas congregadoras para la región, tales como la solicitud de la condonación de la deuda externa –que contribuye no sólo a frenar la debacle que produce la pandemia sino también al extractivismo, que se sustenta en dicho endeudamiento–, una transformación tributaria solidaria o la construcción de economías y sociedades postextractivistas. Por su parte, la Asamblea Mundial Amazónica, realizada desde el 17 de julio, ha permitido articular organizaciones de varias partes del mundo con el fin de generar movilizaciones urgentes ante la situación de esta delicada biorregión[72].

El extractivismo es hoy, más que nunca, una opción de muerte y destrucción. Quienes defienden la vida están convocados a oponerse a ello, reivindicando su derecho a existir y a re-existir.

NOTAS(…)Fuente: https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/07/26/los-ritmos-de-la-nueva-normalidad-coordenadas-del-extractivismo-en-la-pandemia-en-america-latina/

 

En consecuencia, la lucha por la «reforma agraria integral» en el Abya Yala exige confrontar con el Estado al servicio de los grandes capitales locales e imperialistas. Reclama tener claro la historia pasada, presente de todos los Estados del Abya Yala y sus partidos de gobierno. Examinemos:

 

El despojo y la opresión histórica

del Estado chileno contra el pueblo,

una salida anticapitalista y socialista

15 de agosto de 2020

Por Pablo Torres y  Juan Valenzuela (Rebelión)

La serie de desalojos efectuados por sectores racistas, instigados por la extrema derecha la noche del pasado 1 de agosto en las municipalidades de Victoria, Curacautín, Ercilla, Traiguén y Collipulli, sacó a la superficie contradicciones sociales profundas.

En este artículo queremos referirnos a algunos aspectos estructurales: cómo se articulan el racismo, el capitalismo y la lucha mapuche, poniendo en debate una política de izquierda anticapitalista y socialista para responder a las encrucijadas que nos plantea.

Estas acciones en contra de las tomas en apoyo a la huelga de hambre de 26 presos políticos mapuche y el machi Celestino Córdova, pusieron de manifiesto -otra vez- la profunda fractura entre el pueblo mapuche, el Estado chileno y los sectores más conservadores vinculados a los terratenientes (o a camioneros), de una sociedad que al sur del Biobío fue construida sobre la base del colonialismo, el despojo y la contrarrevolución capitalista neoliberal que terminó con el proceso revolucionario de la década 1970.

¿Cuáles son las premisas de la lucha del pueblo mapuche con el Estado chileno, los capitalistas y los sectores reaccionarios? Para responder hoy, es necesario tener en cuenta es que durante las últimas cinco décadas se configuró un escenario en el que las empresas forestales son las grandes ganadoras mientras los mapuche se empobrecen y emigran a las ciudades y la mayoría de las trabajadoras y trabajadores asalariados de La Araucanía, gana sueldos de hambre, lo que se agudiza al ser parte de la población mapuche. El Estado -que en la zona del conflicto se abrió paso a través de la ocupación militar a fines del s. XIX- en conjunto con los sectores reaccionarios herederos de los primeros colonos y terratenientes actúan como la fuerza de choque de los intereses capitalistas en la zona. A través de esta configuración se desarrolla pauperización en un polo de la sociedad y la acumulación de riquezas inauditas en el otro.

Paisajes de pauperización

La pauperización es un dato de la realidad. Según un artículo publicado por el Centro de Estudios Públicos, la “región de La Araucanía”, donde se concentra una “cantidad relevante” de las personas mapuche (y que, como sabemos, es el epicentro del actual conflicto), “es la región más pobre de Chile”.

«En 2015, el ingreso per cápita de la IX región era sólo de 2.287 dólares, que corresponde al menor entre todas las regiones. Este nivel de ingresos está bastante lejos de la región Metropolitana, que tenía 6.482 dólares por cabeza y del de la región de Antofagasta que, debido al impacto de la minería, tenía un ingreso de 14.420 dólares.»

Ahora bien, los ingresos de los mapuche son inferiores a los de los chilenos incluso dentro de la región más pobre del país. En la Araucanía vive un 23,2% de los mapuche (308.749) bajo dominio del Estado chileno, según datos de 2015 (CEP), por debajo del 32,8% que vive en la Región Metropolitana (436.475) y por encima del 15,4% de la región de Los Lagos (204.682). De esos poco más de 300 mil mapuche de La Araucanía al menos un tercio (100.000) están en situación de pobreza y quienes trabajan ganan bastante menos en comparación a los trabajadores chilenos. Como dice Rodrigo Cerca N. “de acuerdo a los datos de la encuesta CASEN, en 2015, mientras el ingreso ocupacional promedio del resto de los chilenos era de algo más de $470.000 pesos, las personas que se autodeclaraban mapuches en la región de La Araucanía tenían ingresos ocupacionales de sólo $252.000”.

¿Y cuál es la situación de las comunas de Curacautín y Victoria donde se produjeron las manifestaciones de racismo más escandalosas el pasado 1 de agosto? Estas comunas no escapan a esta situación de pobreza. Tomando como referencia datos de 2015, el ingreso medio en Curacautín era de $272.104, y en Victoria de $245.998, apenas por encima del sueldo mínimo ese año y muy por debajo del promedio nacional de ingresos laborales ($470.000).

¿Qué tipo de trabajos realizan en esas dos comunas de La Araucanía quienes ganan tan mal, apenas por encima del sueldo mínimo? Según el sitio datachile, “las ocupaciones más comunes en Curacautín, según el número de trabajadores, son trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, trabajadores no calificados, oficiales y operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios”. Por su parte, en Victoria, la mayoría son trabajadores no calificados, trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados y agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros”. En Curacautín, casi el 14% de la población local es mapuche y en Victoria casi el 28%, según los datos del Censo de 2017. Sólo teniendo a la vista estos datos, podemos concluir que la pobreza es común a chilenos y mapuche en esta zona. Unos y otros ganan mal en empleos de baja calificación, en el campo o la ciudad, aunque los mapuche ganan peor.

La primacía del capital forestal y la pobreza del campo

El trasfondo de esta situación es el tipo de capitalismo que se ha configurado en la zona del denominado “conflicto mapuche”: un capitalismo orientado centralmente a la producción forestal y a la exportación, con un débil desarrollo técnico y bajos niveles de consumo debido a la pobreza. En La Araucanía, la productividad en lo que concierne al trigo y el maíz -que son los cultivos más comunes en el país-; es notoriamente baja, especialmente el maíz, y claramente desigual respecto al sector forestal: La Araucanía es donde peor es el rendimiento del maíz en todo Chile. Según el «Informe Anual de Cultivos Esenciales” del INE “las razones pueden ser múltiples (bajo nivel de capital, pocas economías de escala en la producción, falta de capacitación, entre otras), pero obviamente este es un tema que también requiere atención”, comenta Rodrigo Cerda.

Recordemos que una parte importante de familias mapuche rurales se dedica precisamente al cultivo de trigo o maíz. No es nada lucrativo -mucho menos con la parcelación cada vez mayor de las tierras: por eso la mayoría de los miembros más jóvenes de las comunidades sale a trabajar fuera del campo o emigra a otras ciudades.
Este hecho está en evidente contraste con la situación de la industria forestal, que se ha transformado en el sector predominante del capital en el territorio mapuche histórico. La contrarrevolución que llevó adelante la dictadura pinochetista implicó una contrarreforma agraria y el regreso de las tierras recuperadas por los mapuche bajo el gobierno de la UP, a sus anteriores dueños que rápidamente se la entregaron a los inversionistas forestales favorecidos por la dictadura, los que, a su vez, han mantenido la presión contra los mapuche para expoliar sus tierras. Según Massimiliano Farris y Oscar Martínez-Royo:

«El sector forestal es clara expresión del tipo de capitalismo que se ha desarrollado y consolidado en Chile, en particular desde el golpe de 1973 cuando el gobierno dictatorial incentivó la apertura a la inversión internacional, para responder a la demanda internacional de materias primas. Se caracteriza por una extrema concentración del capital en un restringido círculo de grandes grupos económicos (holding) que controlan los diferentes sectores de la economía a través de un régimen de oligopolio […] la peculiaridad del capitalismo chileno ha sido limitar la conformación de conglomerados económicos exógenos. El sector forestal es una expresión evidente de esto, más que otros sectores como el salmonero o el minero. Estas ventajas garantizadas por el sector público han facilitado a las grandes empresas privadas chilenas una estabilidad económica que les ha permitido internacionalizar sus inversiones» (extraído de conicyt.cl).

Pero al mismo tiempo que esa evidente capacidad expansiva que hace que los capitales forestales locales se hayan elevado al nivel de empresas translatinas, se produce una intensificación del poder de esos grupos en el entorno inmediato en el que actúan y de su trabazón con el aparato del Estado. “Estos factores han determinado que el oligopolio forestal impusiera una hegemonía política y económica que […] tiene claras implicaciones territoriales”. En realidad, quienes gobiernan en esas zonas, son los capitalistas forestales. Las familias más poderosas del país: Forestal Arauco es controlada por la familia Angelini y la Compañía Manufacturera Papeles y Cartones (CMPC), es controlada por la familia Matte- tienen un interés directo en preservar el actual patrón de acumulación extractivista en los territorios mapuche. Son estas empresas las que moldean el espacio a su imagen y semejanza, sembrando monocultivos a un ritmo determinado solamente por el hambre de acumular y oprimiendo a los mapuche amparados en las fuerzas represivas del Estado. Las forestales “son propietarias de los principales viveros de plantas industriales y de la mayoría de superficie forestada del país (de las 2.400.000 has. plantadas en Chile en 2016, 710.000 has. pertenecen a Arauco y 470.000 a CMPC) – como de la industria de transformación (celulosa, papel, aserraderos, bioenergía). “Sólo la región del Biobío concentra el 40% de la superficie total plantada, el 22% de aserraderos y 8 de las 11 plantas de celulosa del país”. Como vemos, una enorme diferencia con las alrededor de 500.000 hectáreas pertenecientes a la población mapuche.

Lo que podemos concluir de lo anterior, es que cualquier proyecto político que aspire a que las demandas de autodeterminación del pueblo mapuche no se queden en el papel necesariamente debe tocar esos intereses capitalistas y la propiedad privada de estos grandes grupos forestales.

Los terratenientes y una herencia de colonización

Como instrumentos de los sectores del capitalismo forestal predominante y del dominio estatal chileno, encontramos a los herederos de los primeros colonos y que más tarde fueron los terratenientes expropiados durante la reforma agraria de la UP que recuperaron sus tierras en dictadura, pero ya para ceder paso al nuevo sector dinámico de los empresarios forestales apoyados por el Estado bajo la dictadura y luego en democracia. Este sector es -hoy por hoy- el más activo en las acciones directas contra la población mapuche. Es a esta “tradición” y sector social que pertenecen personajes como Gloria Naveillán, de APRA, que hizo el llamado a desalojar con palos la municipalidad, o Juan de Dios Fuentes Vega, actual director del Registro Civil de La Araucanía, que participaba de las reuniones de autodefensa de los agricultores, según reportó CIPER. No son el sector dominante del capital, pero portan una larga tradición de opresión contra el pueblo mapuche.

En los albores de la formación del Estado de Chile, grupos de colonos muchas veces europeos, amparados por el Estado, realizaron expediciones para expulsar por la fuerza a los mapuche, actuando como punta de lanza del dominio estatal chileno y la penetración de las relaciones capitalistas. Un testimonio de Segundo Ancalao, que narra cómo su familia fue expulsada de su lof original para terminar viviendo en Tirúa sur (recogido por R. Foerster), nos permite imaginar el modus operandi de estos colonos pioneros:

“Mi bisabuelo peleó contra los alemanes, los francés, contra los que provocaban las invasiones, ellos peleaban pero al final ellos se aburrían, porque imagínese usted al matarle la oveja a bala, los chanchos póngale bala o perros y en el patio de la casa los gringos poniendo cercos, quitando la tierra. Esa es la parte más o menos, la familia Ancalao eran de Arauco” (Pactos de sumisión o actos de rebelión, p. 242).

Foerster también recoge el caso de “un tal Pedro Grandón que poseía una cantina, engañó a la familia Huilipán y los obligó a alejarse de sus tierras en el año 1861”. El misionero franciscano Luis Mansilla hablaba de “la ley del poderoso que vence al más débil” (p. 243).

Es esta misma ley la que pretenden aplicar grupos como el APRA (Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía), autodenominados hipócritamente víctimas directas de los hechos de terrorismo, con sus llamados a desalojar con palos el municipio. Se trata de la tradición de latifundistas y colonos en esa zona. Esta ley “del más poderoso” en hechos como el secuestro e interrogatorio ilegal de Carlos Lemún en verano de 2015, hermano del comunero Alex Lemún asesinado: “sus captores lo interrogaron sobre un robo de ganado en un predio de Angol”. La comunidad Pu Mapu, en Purén, se había tomado unos predios y fueron desalojados por civiles con escopetas (CIPER). El anteriormente condenado por complicidad en el asesinato de René Schneider, Allan Cooper Allan, agricultor de la zona, declaraba que a quienes se tomen sus predios “los voy a balear a todos si es que llegan acá. No les tengo ningún miedo. Este no es problema de los mapuches, estos son unos delincuentes, algunos son mapuches, hasta andan con extranjeros. Nosotros queremos agarrar a los tipos que están haciendo este tipo de cosas. Son una minoría entre el pueblo mapuche”.

El latifundio, que emergió al calor de estos procesos históricos, sigue existiendo, pero ya no juega por ningún caso el rol central que jugaba en la estructura económica y social anterior, aunque sí mantienen viva una cierta tradición política y cultural. Ahora, se nutre del negocio forestal a través de negocios turísticos, hoteleros, comerciales, y de transporte, junto a toda una red de empresas medianas. Pero su aporte más esencial al dominio capitalista es, sobre todo, ampliar las funciones estatales coercitivas a la sociedad civil, apuntalando los prejuicios anti mapuche y el racismo.

El Estado capitalista chileno y su papel de opresión al pueblo mapuche

Si al finalizar el siglo XIX e iniciarse el s. XX, colonos de distinta proveniencia fueron beneficiados con tierras otorgadas por el Estado, confinando a los mapuche en las “reducciones”, junto a una política “cultural” de chilenización, siendo perseguidas sus prácticas culturales, lengua; hoy, los prejuicios contra “los indios” son usados como instrumento para dividir a los explotados y oprimidos mapuche de los explotados y oprimidos chilenos y garantizar el dominio de los holdings forestales y los sectores que les sirven. El naciente Estado capitalista chileno, en 1861 (tras la anexión de Antofagasta y Arica en la Guerra del Salitre) ha sido un protagonista. Inició un proceso de expansión territorial al sur del río Biobío, con el objetivo de destruir la autonomía política y los elementos rudimentarios de una economía más compleja que se estaban desarrollando en torno a la actividad ganadera.

En el pasado fue el Ejército comandado por Cornelio Saavedra, en una campaña iniciada de 20 años, de sangre, muerte, torturas y sometimiento, conquistando para el Estado chileno alrededor de cinco millones de hectáreas, el puntal del Estado en esa zona.

El horizonte de lo que es hoy en día La Araucanía está marcado por la dictadura de Pinochet que asesinó más de 300 dirigentes mapuche y la “transición pactada”. El fomento y entrega de la actividad forestal en manos de dos grupos económicos también permitió la parcelación de las tierras comunales, destruyendo comunidades por medio de expropiación forzosa, modificando la estructura de la propiedad rural. La liberalización forzosa de las tierras y parcelación en propiedades individuales buscó abrir las puertas a nuevas inversiones en el territorio mapuche histórico, otorgando parcelas mediante “arriendos” y otras figuras legales, con métodos de expoliación, de violencia ilegal y legal.

La transición pactada mantuvo estas bases, y las profundizó. La Concertación mantuvo el peso de la dominación histórica del Estado capitalista chileno sobre el pueblo-nación mapuche y profundizó la dominación del capital forestal. Han buscado con medidas paliativas cooptar y mantener la paz social, canalizadas a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entregando tierras, que sin embargo desde los 90 a la actualidad no alcanzan ni el 20% de los grupos Matte y Angelini. También han desarrollado la persecución sistemática en contra de las comunidades en lucha y las organizaciones como la CAM que ha sufrido el asesinato de dirigentes y el encarcelamiento.

Ninguna de esas medidas ha resuelto históricamente el conflicto, que es una de las crisis vivas del Estado chileno.

Los hechos del 1 de agosto

Los hechos de Malleco no deben ser tomados a la ligera. La intervención del nuevo ministro del Interior en la zona con un vivo llamado a desalojar los municipios tomados por comunidades mapuche, confluyó con la rabia reaccionaria de sectores pauperizados, con una cultura moldeada por viejos latifundistas colonialistas (históricos despojadores del pueblo mapuche, muchos también convertidos hoy en empresarios hoteleros y turísticos). “Hay que sacar a los indios”, “el que no salta es mapuche”: esos fueron los gritos enfurecidos de la turba reaccionaria. Se trata de un sector que es “base social” de la derecha chilena, educados en los prejuicios reaccionarios contra “los indios” y que de alguna manera buscan propagar la cultura del racismo para conservar la división de mapuche rurales y urbanos y trabajadores chilenos a fin de mantener la explotación.

¿Acaso no resuena una herencia del viejo peonaje inquilino? El racismo tiene raíces históricas en esa zona que mucho tiempo fue una “frontera”. La derecha política explota este atraso de la conciencia. Curacautín es una de las comunas más pobres del país, lo mismo Victoria y toda la región. Se decía que en Chile no había racismo, pero acá se ve que sí lo hay. Las fuerzas sociales y políticas que lo sustentan tienen una larga historia.

¿Por qué aparece ahora? En buena medida es una reacción frente al avance de la movilización mapuche. Que la bandera mapuche haya sido parte del símbolo de la rebelión fue un enorme paso. Eso es lo que ahora se quiere detener.

Lo acontecido en lugares como Curacautín y Victoria nos recordó que la derecha está ahí, que sí tiene una existencia social. Si bien todavía los sectores de ultraderecha dispuestos a chocar físicamente con los sectores populares y trabajadores no le imprimen su sello a la situación política, estos hechos nos muestran que es necesario prepararnos. Los golpes al pueblo mapuche mañana serán a toda la clase trabajadora que luche.

El derecho a la autodeterminación nacional del pueblo mapuche y el programa socialista y anticapitalista

Más que nunca como clase trabajadora necesitamos apoyar las reivindicaciones por la libertad de los presos mapuche y tomar la lucha por el derecho a la autodeterminación nacional y territorial. Los trabajadores, chilenos y mapuche o inmigrantes, por su papel en la producción, pueden confrontar directamente a los grandes grupos económicos que expolian al pueblo mapuche, a las forestales y derrotar al Estado chileno.

La resistencia del pueblo Mapuche no ha sido derrotada, atravesando diversos momentos históricos, y resurge como una de las luchas fundamentales del Chile del siglo XXI. Es una causa que deben tomar la clase trabajadora y los sectores populares.
Importantes cambios estructurales han acelerado el proceso de urbanización y proletarización de sectores del pueblo mapuche, reconfigurándolo. La mayoría de la población mapuche que ha emigrado a las ciudades y sus descendientes, son trabajadores asalariados. El corazón del conflicto del pueblo-nación mapuche está en las zonas rurales, pero quienes luchan contra la opresión están también en las ciudades, en los lugares de trabajo y estudio, poblaciones.

En comunidades, el Estado descarga una brutal represión que no discrimina entre niños o ancianos. Los perdigones, balaceras y golpizas en “zonas de conflicto” proliferan. Desde allí viene la violencia. En su mayor parte, desde el Estado, coaligados con las corporaciones forestales, latifundistas y gremios de colonos.

Las luchas del pueblo mapuche tienen simpatía popular, y apoyo activo en miles de jóvenes. Empieza a resurgir una identidad nacional mapuche, en respuesta a la prisión política, montajes y la aplicación de la Ley Antiterrorista. Miles de jóvenes, rurales y urbanos, buscan recuperar y revivir el mapuzungun y tradiciones culturales ancestrales, se unen a sus comunidades. Estudiantes mapuche viven en sus universidades represiones constantes. De esta lucha, han surgido diversos proyectos de las comunidades, algunas más proclives a la negociación e integración en el Estado, y otras que reclaman autonomía, territorio y autodeterminación nacional. Algunas con métodos más “parlamentarios” y otras con métodos radicales de ocupaciones, atentados a medios de producción o guerrilla rural.

En cada sindicato y en cada población, en coordinación con nuestros hermanos mapuche, debemos pelear para que se retire la policía de todas esas zonas, por la desmilitarización de la Araucanía, la libertad inmediata de presos políticos mapuche y la eliminación de la Ley Antiterrorista. Las tierras controladas por capitalistas y terratenientes que tienen su origen en el saqueo, deben ser devueltas a las comunidades mapuche, y con la expropiación sin pago de los más de dos millones de hectáreas de los grupos Matte y Angelini.

Estas conclusiones no solo deben ser aprehendidas en consciencia, sino que implicarán una lucha física con los sectores que configuran el dominio capitalista en la zona del conflicto. Como decía León Trotsky: “no hay alma sin cuerpo. No hay revolución sin guerra civil”.

En una zona donde la propiedad privada se constituyó y se ha preservado a través de la violencia y métodos coercitivos más allá de las fronteras del propio Estado, el problema del movimiento de todas las fuerzas sociales estratégicas es de vida o muerte. En perspectiva, significará la autodefensa y milicias obreras junto a la guerra rural mapuche. Sin esa unión no se logrará territorio, autonomía, y la liberación material y espiritual de los sectores empobrecidos, los trabajadores y los mapuche. Es por esta razón que los más de 40.000 trabajadores forestales que laboran en la zona del conflicto, pueden jugar un papel clave si unen sus fuerzas con las del pueblo mapuche para enfrentar los intereses capitalistas.

La cuestión mapuche constituye quizá una de las causas democráticas profundas más irresueltas, e imposibles de resolver por el Estado chileno. La Guerra de Arauco que inició Pedro de Valdivia en 1536, la continúa Sebastián Piñera en el 2020. Quinientos años de matanzas y destrucción de nuestros pueblos originarios, y que le llamamos «Pacificación». 300 años de Colonia y 200 años de República.

La izquierda del régimen no desarrolla una política acorde a la magnitud del problema. El FA y el PC ven posible resolver el problema por medio de mecanismos de diálogo y consenso pero respetando el poder estatal capitalista.

Pero el Estado chileno se ha “perfeccionado” en el manejo militar contra la lucha mapuche. Por eso, destruir esa maquinaria y sustituirla por un gobierno de los trabajadores y trabajadoras, es una precondición para la realización de un verdadero y efectivo derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche. Cualquier “autodeterminación” o “autonomía” es una ficción si no puede ejercerse mientras el poder real del territorio recae en el Estado capitalista chileno y sus agentes ligados al latifundio y sus protegidos forestales. Desde ya esto impone la tarea preparatoria de organizar la autodefensa a través de organismos de frente único de la clase trabajadora y de coordinación con los sectores populares. La existencia viva de una tradición colonizadora y una ultraderecha en La Araucanía, debe llamarnos a evitar cualquier ingenuidad reformista o gradualista a la hora de visibilizar las vías de resolución de las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche.

Sólo un gobierno y un nuevo Estado de ese tipo, basado en organismos de autoorganización que permitan unir a trabajadores y mapuche en la más democrática deliberación de masas, hará posible terminar con la opresión al pueblo-nación mapuche y abrir incluso la posibilidad de la formación de un Estado independiente con los territorios ancestrales recuperados en su propio beneficio. En la lucha contra el capitalismo internacional los socialistas consideraremos mejor pelear centralizando las fuerzas, pero somos conscientes de que un Estado de trabajadores surgido de una revolución, no puede imponer una nacionalidad a un pueblo oprimido por siglos, primero por la Corona de España y luego por la clase dominante y el Estado capitalista chileno.

Acabar con todo rastro de opresión en el mundo -incluyendo la opresión al pueblo mapuche- es parte de las tareas por una sociedad socialista, una sociedad en la que las palabras “opresión”, “explotación” y “racismo” serán erradicadas. El pueblo mapuche y su lucha de siglos puede ser una gran fuente de energías en esta lucha por abrirle paso a una sociedad que deje atrás la miseria y opresión capitalista.

Fuente: https://rebelion.org/el-despojo-y-la-opresion-historica-del-estado-chileno-contra-el-pueblo-chileno-una-salida-anticapitalista-y-socialista/