Qué Abya Yala – Diciembre 2021

 Regeografiado por IIRSA y Proyecto Mesoamérica vs. Reorganizado por autodeterminación de todos sus pueblos confederados democráticamente.

Mirar aprendiendo del zapatismo valora principios como el caminar preguntando y el despliegue horizontal del antagonismo con el Estado del Capital.

Historia y presente/
Ofensiva del sistema mundo capitalista /
Alternativas emancipatorias

Historia y presente

Estamos sumidos en una inflexión histórica como país, como continente y como mundo. Desatendiendo a la crisis civilizatoria en que sume a la humanidad, el sistema capitalista local e imperialista maximiza el acaparamiento de tierras y bienes comunes hasta el extremo de arrasar la Cordillera, los océanos, los bosques nativos y las selvas. Es hora de generalizar la percepción (conocimiento y posicionamiento) sobre que: La destrucción de la Amazonía nos acerca más al precipicio y a la hecatombe climática. Una humanidad saludable y con futuro necesita de los bosques y pueblos amazónicos vivos. En su defensa los pueblos amazónicos se han confederado e impulsan un movimiento internacional con la solidaridad de organizaciones de pueblos planetarios.

Apreciemos cómo el internacionalismo revolucionario por confrontar con la guerra a la naturaleza del capitalismo se está concretando y va adquiriendo carácter multi-identitario desde las luchas emancipatorias de las diversidades de abajo:

Cumbre de los Pueblos y extractivismo en América Latina

Entrevista a Francisca Fernández Droguett

3 ENERO, 2020

ANDRÉS KOGAN VALDERRAMA

Francisca Fernández Droguett, Antropóloga, Magíster en Psicología Social y Doctora en Estudios Americanos. Ha sido integrante desde el año 2013 del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y es vocera del comité socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M. Además baila danza andina y es parte del Colectivo Cerro Blanco. Especializada en Antropología Jurídica, en donde hace defensa por los derechos de agua de comunidades aymaras y quechuas. Ha tenido una relación muy fuerte con América Latina, sobre todo en países como Bolivia y Ecuador, en donde ha realizado estudios y pasantías. Actualmente es docente en la Universidad Academia Humanismo Cristiano de Chile, en donde fue realizada esta entrevista.

Andrés Kogan Valderrama1: Con respecto a la Cumbre de los Pueblos, en la cual tú fuiste parte en la organización y participaste en aquella instancia plurinacional realizada en Santiago de Chile entre los días 2 y 7 de diciembre del 2019, ¿como fue la experiencia?

Francisca Fernández Droguett: La Cumbre de los Pueblos fue una instancia que se nos presentó como Movimiento por el Agua y los Territorios en marzo del 2019, y ahí se definieron dos propuestas: Primero, la realización de los cabildos por el agua y la necesidad de generar una instancia paralela a la COP25, donde no solo estaría el MAT sino otras organizaciones, sobre todo territoriales, ONGs, tanto de Chile, Latinoamérica como del mundo.

Por tanto, la Cumbre de los Pueblos derivó en distintos espacios: Un espacio general de debate sobre los efectos del monocultivo, agrotóxicos, agronegocio, la megaminería, la piscicultura, hidroeléctricas, glaciares y energía. Pero sobre todo, situarse en lo que estaba pasando en el país, con un fuerte énfasis en la asamblea constituyente y cómo desde las luchas socioambientales entregamos insumos para ese debate, a través del ejemplo de los Derechos de la Naturaleza.

El segundo espacio fue la carpa de las mujeres, que tuvo varias dimensiones. Por una parte, la denuncia de como el extractivismo nos afecta más a las mujeres, las niñas, las disidencias sexuales, en términos de que el modelo de explotación a la Naturaleza es similar al modelo de explotación a las mujeres. También tuvimos la realización de un tribunal ético, tomando el caso de Macarena Valdés, asesinada el año 2016 en Chile, en el marco de la defensa territorial en Panguipulli contra la hidroeléctrica Tranquil. Asimismo, tomamos el caso de la muerte de más de 120 campesinos y campesinas en Paraguay, por pesticidas usados en la soja, y el caso de Nicole Saavedra, que si bien es un asesinato lesbofeminicida, en tanto mujer lesbiana, ella es asesinada en un contexto dentro de un territorio donde los agrotóxicos, los agronegocios, están insertos en lo que nosotras denominamos como economías y territorialidades masculinizadas.

Otra de las dimensiones de la carpa de las mujeres, fue dar cuenta de alternativas al extractivismo, como lo son las economías solidarias, locales y feministas, donde dan cuenta del trabajo de la soberanía alimentaria y de la protección de la semilla.

Por último, estuvo la Aldea de la Paz, donde organizaciones vinculadas al ámbito más espiritual, desarrollaron actividades para visibilizar esa dimensión, tanto desde los pueblos originarios como desde perspectivas de organizaciones socioambientales.

Andrés Kogan Valderrama: En cuánto al 5 Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que se desarrolló también en Chile, ¿qué me puedes decir al respecto?

Francisca Fernández Droguett: Si bien el 5 Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza no se hizo dentro de la Cumbre de los Pueblos en la Universidad de Santiago, sino en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, se tomaron casos bastante emblemáticos sobre el extractivismo en América Latina. Por ejemplo se tomó el caso de los incendios ocasionados en la Amazonía y el fracking de Vaca Muerta en Argentina. En cuanto a Chile, se tomó la situación del Litio en el Salar de Atacama, la Patagonia como gran reserva de vida y un caso más genérico, que es la privatización del agua en el país.

Lo que hace el tribunal, es que tiene un fiscal de la Tierra, que es un abogado emblemático de lucha de derechos socioambientales de Argentina (Enrique Viale), y se arma una mesa de jueces que van tomando distintos casos. Por Chile por ejemplo, estuvo Nancy Yáñez y Raúl Sohr de analista. Además estuvo Alberto Acosta, Yaku Pérez y Maristella Svampa. A nosotros nos tocó Alberto Acosta como juez particular, que abordó nuestro caso de Chile.

Andrés Kogan Valderrama: Durante la Cumbre de los Pueblos, en la mesa sobre Experiencias Constituyentes y los Derechos de la Naturaleza en América Latina, planteabas la idea de destituir el nacionalismo, destituir el extractivismo y destituir el desarrollismo en Chile.

Francisca Fernández Droguett: Sí, es complejo, el peligro que yo siento, es que si aspiramos a que todo el cambio sea a través de la asamblea constituyente y la nueva constitución, pero no lo logramos, nos deprimamos. Yo siento que tenemos que visibilizar que el cambio ya lo estamos viviendo, a través de procesos de agenciamientos territoriales, de reflexión entre vecinos y vecinas, de tomar once en la calle, de las performance del Colectivo Lastesis. Yo creo que todos estos insumos son proceso constituyentes de estos nuevos horizontes políticos y que a la vez están destituyendo el discurso monoculturalista y opresor.

Nosotros como Movimiento por el Agua y los Territorios, decimos, asamblea constituyente plurinacional, feminista y con enfoque socioambiental. Cuando hablamos de plurinacional, no es exclusivamente desde lo indígena, sino reconocer distintas comunidades políticas que combinan territorios, pueblos originarios, migrantes, afros, rural-urbano, sectores populares. Eso es plurinacionalidad, que es una potencia desde donde pensar la articulación desde estas comunidades políticas.

Sobre lo feminista, es entenderlo desde una mirada transversal, que no solo pasa por lo paritario. Lo paritario es la figura que da cuenta de un elemento casi estadístico. Pero el feminismo lo que busca es cómo generar practicas anti-patriarcales, que visibilicen la violencia estructural hacia las mujeres, las niñas, las disidencias sexuales. Por otra parte, lo socioambiental se refiere a cómo somos capaces de incidir, por ejemplo, en que haya algún tipo de reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza.

Andrés Kogan Valderrama: Ustedes como Movimiento por el Agua y los Territorios plantean la idea de desprivatizar el agua, no nacionalización del agua. Me imagino que la distinción es por el temor al Estado.

Francisca Fernández Droguett: Lo que no fue simple al principio, ya que había sectores que estaban más por la nacionalización. Lo que pasa es que mientras haya un Estado Nación monocultural, extractivista, no puede pasar por el Estado la gestión del agua. Eso no quita que igual vamos a tener que interpelar al Estado, sin duda, entonces desde ahí nosotros hablamos de la gestión comunitaria del agua. Desde lo territorial y lo micro, podemos articular estas gestiones más concretas, más específicas. Por ejemplo, la sanitaria en Maipú, ahí hay gestión comunitaria directa con el agua, por decirlo así.

Si bien no nos interesa nacionalizar el agua, sí queremos reconocimiento de derecho constitucional, que son cosas distintas. Entonces como Movimiento siempre, desde el día uno, la idea fue derogar el código de agua. No hay posibilidad de desprivatización mientras se mantenga ese código de agua del 81. Por mucho que se les hagan las reformas que queramos, mientras exista ese cuerpo normativo, no hay posibilidad de desprivatización.

Por eso nuestra principal demanda, desde el 2013, es derogar el código de agua vía asamblea constituyente para la creación de una nueva constitución.

Andrés Kogan Valderrama: En cuánto el ecofeminismo, ¿cómo lo ves en Chile?

Francisca Fernández Droguett: Yo creo que llegamos a un proceso insipiente pero súper potente. El ecofeminismo como término ya estaba en los 70 y tiene una impronta más europea, por eso algunas nos acercamos más al feminismo comunitario boliviano, a los feminismos territoriales, que es lo que habla Maristella Svampa. Yo hace rato vengo trabajando la noción de feminismos de los pueblos.

Por ejemplo, tengo una compañera en el comité socioambiental, vinculada a la lucha contra los plaguicidas en Chile, y que desde la lucha socioambiental se define como feminista. Lo interesante es que el feminismo socioambiental que ha tenido nueva visibilidad, no viene del feminismo, sino de las luchas por los territorios. Marca diferencia, porque es desde la vivencia de como las mujeres somos más afectadas en el extractivismo, en término de economías masculinizadas, territorios masculinizados, donde hay violencia tanto en el nivel de nuestra precariedad laboral y flexibilidad laboral. Pero una violencia también, en la cantidad de roles que tenemos que asumir en el cuidado de la casa. Los casos de Ventana- Quintero- Puchuncaví por ejemplo, donde las hijas se intoxican, son las madres la que están ahí, no es casualidad por tanto que en muchos de los territorios desplegados sean llevados por mujeres.

Andrés Kogan Valderrama: Esta crítica al feminismo occidental, eurocéntrico, que cree que viene a enseñarle al resto de las mujeres en el mundo de cómo ser feminista, ¿cómo lo ves?

Francisca Fernández Droguett: Nosotras tuvimos un encuentro en Agosto, que llamamos encuentro socioambiental plurinacional Macarena Valdés en La Ligua. Fue interesante, porque uno de los temas centrales del feminismo clásico, tanto autónomo como institucional, han sido los derechos reproductivos y el aborto, los cuales sin duda son nuestra bandera de lucha transversalmente. Sin embargo, las compañeras campesinas, siempre nos ponían atención, que me parece muy relevante, es que nuestra lucha es por la soberanía del cuerpo, tanto del aborto como de la maternidad. Entonces también la maternidad es un elemento muy importante en la construcción territorial, de los pueblos originarios, de las campesinas, de las mujeres afro, migrantes.

Andrés Kogan Valderrama: Ahora pensando más en América Latina en términos de conflictos socioambientales, ¿cómo ves la relación entre gobiernos progresistas y extractivismo? En Chile quizás sea un poco invisibilizado esto, ya que estamos en un país tan neoliberal que esa discusión no aparece.

Francisca Fernández Droguett: Yo siempre fui muy cercana, en una primera etapa, al gobierno de Evo Morales. De hecho participé en actividades del Ministerio de descolonización y despatriarcalización. Mi doctorado lo hice en relación a la comunidad de Jesús de Machaca en el lago Titicaca. Tengo una cercanía, cariño y amor profundo por los pueblos bolivianos. Sin embargo, siempre noté la tensión, bajo la figura del Estado. Y en ese sentido, el Estado por muy plurinacional que se presente y lo llenemos de otras denominaciones, sigue siendo un Estado extractivista. De hecho han aumentado las empresas extractivas en Bolivia, bajo el argumento de que estamos mejorando la política pública y ampliando la política social.

Andrés Kogan Valderrama: Claro, depende desde donde uno esté situado.

Francisca Fernández Droguett: Eso sí, quiero ser súper enfática, no hay ninguna equivalencia entre Chile y Bolivia, no hay posibilidad alguna, porque son procesos muy distintos, muy complejos y con realidades distintas. Para mí la experiencia más maravillosa en Bolivia fue justamente la asamblea constituyente, ni siquiera la constitución. El proceso fue maravilloso y tuve la oportunidad de participar en distintas instancias de debate.

Andrés Kogan Valderrama: Por ejemplo, tú cómo ves la figura de Álvaro García Linera, él es como de los intelectuales y políticos más importante de los progresismos en América Latina.

 Francisca Fernández Droguett: Voy a ser súper honesta, yo durante años cité a Álvaro García Linera, porque tenía un trabajo muy interesante sobre Ayllu, como posibilidad de comunidad política. Yo creo que Álvaro García Linera tiene trabajos muy interesantes. Sin embargo, conocí a Álvaro García Linera, que es otra cosa. Tiene lógicas muy masculinas, muy machistas, y yo siento que además, que muchas de las críticas que podemos hacerle al gobierno de Evo Morales, pasan sobre todo por Álvaro García Linera.

Andrés Kogan Valderrama: De hecho tiene documentos que justifican el extractivismo.

Francisca Fernández Droguett: Si, además son miradas que nos tratan de ingenuos por denunciar el extractivismo. Hace poco expuse con Hugo Moldiz del MAS, sobre los Derechos de la Naturaleza y me trató de ingenua. Esto por decir que me parecía contradictorio que estén reconociendo Derechos de la Naturaleza sin cambiar la matriz productiva energética.

Andrés Kogan Valderrama: Además el cambio de la matriz productiva energética se debe hacer a través de una transición, nadie dice de un día a otro.

Francisca Fernández Droguett: Obvio, por eso revindicamos el concepto de Eduardo Gudynas, de transición postextractivista. Obviamente no puede ser de un día para otro, pero por ejemplo sí podemos hacer medidas concretas, como que la gran minería desaparezca. O la aplicación de estándares internacionales de emisión de carbono. Después, la disminución de producción en términos de objetos de consumo, como el televisor, y empezar a potenciar los oficios. Hoy estamos en una debacle mundial, en donde si no tomamos medidas ahora vamos a hacer destastres. Ya hay una urgencia a nivel mundial, una crisis climática, que es lo que ha generado el capitalismo, el modelo de extracción y la forma de vincularse con la Naturaleza, heredera de la modernidad. Si bien debemos apostar a la transición postextractivista, esta tiene carácter de urgencia.

Andrés Kogan Valderrama: ¿Cómo ves el tema de los caudillos, los personalismos en América Latina?

Francisca Fernández Droguett: Eso es algo absolutamente transversal desgraciadamente, y por eso tanto desde el feminismo como lo socioambiental tensionamos ese lugar. De cómo pensar la construcción de la política desde las distintas actorías. Tratamos de ser enfáticas y enfáticos con la rotatividad y con los caminos recorridos.

Andrés Kogan Valderrama: Por ejemplo la experiencia zapatista, que es muy importante en ese aspecto.

Francisca Fernández Droguett: Si, absolutamente, si bien no se definen como feministas las y los zapatistas, son un gran referente del feminismo, porque se hicieron cargo de la violencia y la opresión hacia las mujeres. Cambiaron el tipo de relación en sus espacios comunitarios, sin dejar de ser zapatistas y sin dejar de ser tzotziles, choles, indígenas.

Andrés Kogan Valderrama: Con respecto al rol de China en el planeta, que a mi parecer la izquierda lo invisibiliza, no lo discute, solo se centra en Estados Unidos, ¿cómo lo ves?

Francisca Fernández Droguett: Nosotras siempre comentamos lo mismo, China es un caso que siempre es emblemático. Acá el problema es de la matriz energética productiva, de donde sea, socialismo real, capitalismo, economía mixta, como el caso chino, todos siguen en el modelo de explotación de la Naturaleza.

Andrés Kogan Valderrama: Sobre instancias políticas regionales, como UNASUR, Celac, Banco del Sur, que eran instancias más amplias, ¿qué piensas al respecto?

Francisca Fernández Droguett: Lo mismo, uno le tenía como simpatía, en el sentido de ser un espacio de izquierda, más crítico, más progresista, pero es exactamente lo mismo. Si tú piensas ahora, está el plan IIRSA, que tiene que ver con la vinculación de los distintos territorios, para generar los flujos de mercado para sacar los bienes naturales. Los mismos países progresistas son parte de esas plataformas. Brasil por ejemplo, con Lula, con Dilma, lo apoyaron, y ahora con Bolsonaro por supuesto es un desastre.

Sin embargo, yo siento, que con todo lo crítica que estoy de la izquierda, siento por lo menos, que con la izquierda hay más posibilidades de conversar, con la derecha no. Quiero ser enfática, la derecha y la izquierda para mí no son lo mismo, a pesar de que el extractivismo sigue siendo transversal en ambas. La posibilidad real de una transformación lo veo mucho más cercana dialogando con esa izquierda, tensionando con esa izquierda, en cambio con la derecha es imposible.

Andrés Kogan Valderrama: Pero también hay un discurso autoritario de izquierda, que por hacerle críticas a los gobiernos progresistas, dicen que se le está haciendo el juego a la derecha. Por ejemplo a Silvia Rivera Cusicanqui, Raúl Zibechi, María Galindo, Raquel Gutiérrez Aguilar, Rita Segato, Maristella Svampa, las están criticando por hacerle supuestamente el juego a la derecha y ser imperialistas, por hacer críticas que han hecho siempre.

Francisca Fernández Droguett: Si, pero para mí lo de Bolivia fue un golpe de estado, es lo único que yo no estuve de acuerdo con las compañeras, que no fueron lo suficientemente enfáticas al comienzo, pero después lo fueron. Yo soy crítica, creo que hubo responsabilidades políticas muy potentes del MAS, pero lo que tenemos hoy en Bolivia es un golpe de estado. Es una derecha reaccionaria, fanática, religiosa, que es lo que estamos viendo con los evangélicos, con Bolsonaro, con nuestro propio Kast en Chile. Entonces, constantemente tenemos que dar la pelea contra ese tipo de locura y también contra los efectos devastadores de políticas progresistas neoextractivistas, entonces nuestro lugar no es fácil.

Andrés Kogan Valderrama: Bueno, el pensamiento crítico nunca es fácil.

Francisca Fernández Droguett: No, pero vamos en esas posibilidades de construcciones distintas.

Andrés Kogan Valderrama: Gracias Francisca por la entrevista.

Andrés Kogan Valderrama. Sociólogo, Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable, Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea y Doctorando en Estudios Sociales de América Latina. Editor del Observatorio Plurinacional de Aguas www.oplas.org
Fuente: https://iberoamericasocial.com/cumbre-de-los-pueblos-y-extractivismo-en-america-latina/

Pero contra la vida y salud planetaria que incluye a la humana se hallan también los nac&pop de progresismos e izquierdas afines. Comprobemos su enfoque de los ríos Paraná y Del Plata e inculcación de identificación con un oligarca terrateniente de la provincia de Buenos Aires por expropiación a los pueblos originarios, fundador del puerto de contubernio entre elites locales bonaerense con el imperialismo británico en contra los pueblos de las otras provincias y creador de La Mazorca o el Estado terrorista en la provincia bonaerense:

Soberanía: de la Batalla de Punta Quebracho al negocio agroexportador

24de noviembre de 2021

La internacionalización de la Cuenca del Plata, que no pudieron establecer en el siglo XIX con la flota anglo-francesa, la concretaron las multinacionales. El Paraná es un río de curso interior, pero sujeto al Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que rige desde mediados de 1990. 

Por Horacio Rovelli (El Megáfono).

El 4 de junio de 1846 en Punta de Quebracho, cinco kilómetros al norte de la localidad santafesina de San Lorenzo, las tropas de la Confederación pusieron fin a la incursión de la escuadra anglo-francesa que pretendía forzar la internacionalización de la Cuenca del Plata. Tras doblegar la resistencia en Vuelta de Obligado y luego de varios meses de correrías por el río Paraná, los noventa y cinco barcos mercantes y doce de guerra que navegaba de regreso hacia el Río de La Plata se volvieron a encontrar con las fuerzas de la Confederación.

La fallida aventura comercial devino en derrota militar. Luego de una batalla que le ocasionó severas pérdidas, la flota debió acordar con Juan Manuel de Rosas una salida honrosa a su estrepitoso fracaso. Paradójicamente, la cruz de quebracho que se colocó en 1939 como recordatorio de una de las batallas más importantes en defensa de la soberanía nacional tuvo que ser desplazada a mediados de los ‘90 a 2 kilómetros del emplazamiento original. La multinacional Cargill había comprado el predio para emplazar allí uno de sus puertos privados desde los que exporta libremente mercancías por un río libremente navegable.

Breve apunte del desguace

No siempre fue como hoy. Desde 1846 hasta 1995, el río Paraná fue argentino. El Estado nacional se encargaba de su cuidado, señalización y dragado. El comercio se realizaba con nuestra propia flota mercante. Las embarcaciones se construían y reparaban en astilleros locales, públicos o privados, pero en el país.

Antes de Menem, con todas sus limitaciones, la Argentina era un país soberano. Luego de la década privatizadora, los ríos quedaron bajo dominio de las multinacionales. Lo que no pudo la flota anglo-francesa en el siglo XIX, lo pudieron las multinacionales en la última década del siglo XX.

Las fragatas y los primeros barcos a vapor de bandera extranjera que bajaban por el Paraná fueron expulsados. Hoy van y vienen por el mismo cauce de un río que es interior,

La avanzada comenzó en 1992 con la sanción de la Ley de Puertos Nº 24.093. La Administración General de Puertos perdió centralidad y con la reforma portuaria se desactivó paulatinamente la Dirección Nacional de Vías Navegables, el organismo encargado hasta entonces del mantenimiento de los puertos y canales. La actividad dejó de ser considerada como un acto de gobierno inserto en el derecho público. De ahí en más se la consideró una actividad productiva. Proliferaron así los puertos privados de las multinacionales agroexportadoras.

La mal llamada Hidrovía del Paraná y su concesión desde 1995 a la unión transitoria de empresas formada por la belga Jan de Nul y la local EMEPA, emergió del proceso iniciado por el menemismo. El diseño, que se mantiene hasta hoy, favorece a las cerealeras y otras grandes empresas volcadas al comercio exterior, pero también a los puertos uruguayos de Nueva Palmira y Montevideo. El Estado nacional corre con las inversiones. Financia y subsidia a la competencia.

La razón es sencilla. El Paraná es un curso interior pero regido por el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra (que en nuestro país se materializa mediante la Ley 24.385) suscripto entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo determina la libre navegación desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay) para los buques con banderas de los países firmantes. Lo mismo corre para terceros. Un mundo ideal para las empresas que no están interesadas en saber si la soja es argentina, brasileña, uruguaya o paraguaya. Solo les interesa comprarla lo más barato posible.

Un giro, Montevideo y los subsidios

Si hasta la década del ‘90 el puerto de Montevideo era proporcional al PIB de Uruguay, desde entonces cobró cada vez más importancias hasta convertirse en lo que es hoy: un megapuerto que incluye una zona franca desde la que operan con total libertad las cerealeras. Durante el gobierno de Cambiemos, el Estado nacional consolidó esa posición: autorizó el Canal Profundo Montevideo. Lo entronizó como el puerto central de la Cuenca del Plata. Hoy, todos los buques que ingresan o egresan de la Argentina deben pasar por Montevideo.

En marzo de 2021, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay acordó con la operadora de contenedores belga Katoen Natie para que continúe por 50 años concesionando la Terminal Cuenca del Plata, del puerto de Montevideo.

Aunque en agosto del 2020 Alberto Fernández anunció la creación de la Administradora Federal de la Hidrovía Sociedad del Estado, para administrar y licitar el dragado, balizamiento y mantenimiento de la red troncal entre Confluencia y la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior, tres meses después delegó esas facultades en el Ministerio de Transporte, mediante el Decreto 949/20.

El giro sintoniza con el objetivo de las compañías: que la autopista exportadora se mantenga sustraída del control estatal.

Es una de las pocas obras de infraestructura multimillonarias que será financiada íntegramente por el sector privado”, asegura Gustavo Idígoras. Lo que obvió el presidente de la Cámara de Exportadores de Cereales, de la Cámara de Industrias Aceiteras y del Consejo Agroindustrial Argentino son los millonarios subsidios que recibió Hidrovía SA desde 1995. Unos 40 millones de dólares anuales, que se deben sumar al cobro de 3 dólares dólares por tonelada transportada en concepto de peaje.

Deuda, evasión y fuga

El esquema actual es funcional a la matriz extractivista-agropecuaria-exportadora. Sobre ella se asienta la economía nacional y su integración al mundo. Se trata del principal obstáculo para el desarrollo de una industria que sustituya importaciones y genere trabajo. El sector externo lo refleja claramente: Argentina representa solo el 0,3% del PIB mundial pero es el décimo país exportador de alimentos. Atrapados en el laberinto, los sucesivos gobiernos promueven, a como dé lugar, las exportaciones para alcanzar un superávit comercial que se destina, básicamente, al pago de la deuda externa.

Pese al esfuerzo, la situación obliga a permanentes reprogramaciones. También a redoblar los ajustes para que el déficit primario no agrave el endeudamiento. Aun así, el nivel de la deuda pública es inaudito. El comercio exterior acumuló un superávit de 175.000 millones de dólares entre enero de 2000 y mayo de 2021. Sin embargo, y pese a las exitosas renegociaciones de 2005 y 2010, Macri acrecentó la deuda en 100.000 millones. No hubo obras de infraestructura. Se fugaron 86.200 millones. Entre los cien primeros fugadores está Hidrovía SA. La deuda sirvió para financiar la fuga y profundizar la pérdida de soberanía.

Recuperar el control

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) declarado superará este año los 115.000 millones de dólares. Con que solo no se declare el 15% de las operaciones, el contrabando rondaría los 18.000 millones. Si el Estado nacional y las provincias no administran los cursos navegables no podrán controlar lo que se exporta e importa.

“Es un tema muy estudiado a nivel nacional e internacional, aunque no siempre integra la primera plana de los debates o de los análisis. Aunque la mayor parte del comercio que se desarrolla a través de esta vía se hace conforme a la normativa vigente, a ninguno escapa que desde hace más de cincuenta años se han desplegado maniobras de contrabando de armas y drogas, pero también de alimentos, granos y aceites con las implicancias impositivas del caso”, afirma Carlos Cruz, director de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En síntesis: el principal problema de la economía argentina, la restricción externa, se explica en gran parte por la elusión, la evasión y otras operaciones ilegales que realiza el sector exportador. Los intereses que se oponen al control estatal lo hacen en virtud de la magnitud del excedente que se apropian. Son los mismos actores que extraen recursos y trabajo para valorizarlos en el exterior.

De allí que sea perentorio restituir al Estado nacional y a las provincias el control sobre los ríos Paraná y Del Plata, como así también las tareas de dragado y balizamiento, además de gravar a las embarcaciones extranjeras para constituir un fondo que financie la industria naval local. Es lo que impulsa el Frente por la Soberanía Nacional. Una iniciativa concreta para recuperar la soberanía perdida.

https://elmegafono.net/15751/2021/11/19/

Fuente: https://www.anred.org/2021/11/24/soberania-de-la-batalla-de-punta-quebracho-al-negocio-agroexportador/

Advertimos que a los nac&pop no les alarma e interesa la grave bajante del Paraná ni que el presente y el pasado del Estado sea el de garante de la comunidad de negocios entre los Capitales Estados imperialistas y los locales. Horacio Rovelli concluye: “De allí que sea perentorio restituir al Estado nacional y a las provincias el control sobre los ríos Paraná y Del Plata, como así también las tareas de dragado y balizamiento, además de gravar a las embarcaciones extranjeras para constituir un fondo que financie la industria naval local”. Reparemos en:

HISTORIA ARGENTINA SIGLO XIX. El combate de Vuelta de Obligado, ¿un hito en la soberanía nacional?

20 de noviembre de 2020

Por Liliana O. Caló

El 20 de noviembre se conmemora el “Día de la Soberanía Nacional”. El verdadero trasfondo del combate de Vuelta de Obligado.

Este hecho se recuerda como “Día de la Soberanía” instaurado como feriado nacional por el kirchnerismo, reivindicando la figura de Rosas.

(…)Al presentar batalla, Rosas se propuso asegurar el control absoluto de los recursos de la Confederación, más precisamente los intereses vitales de Buenos Aires; buscó consolidar y preservar la inicial acumulación de capital de los hacendados porteños y sus saladeros, que desde la década de 1820 con la expansión de la frontera productiva y el aumento del stock ganadero, sin grandes inversiones de capital, habían logrado elevar el nivel general de la producción de la campaña y la producción para la exportación. Como señala agudamente Peña “es indiscutible que defendió la independencia del país – de su país, el país de los estancieros porteños, contra todos los intentos de colonización”.

En ese sentido más que un ideario nacionalista, el rosismo supo resolver, en la diversidad de coyunturas, los problemas que enfrentaron los sectores hacendados vinculados a la estancia y al saladero (“la pequeña industria del cuero, la sal y el tasajo”), a costa de las potencialidades relegadas del resto de las provincias.

Rosas impuso a los sectores comerciales porteños, dependientes e intermediarios del capitalismo europeo y favorables al libre comercio, los intereses del sector terrateniente vinculado más directamente a las fuerzas productivas del país (asentados en la gran propiedad de la tierra), sostén principal de la producción y fuente genuina de la centralización política durante sus mandatos. Sus intereses (los de la elite comercial y terrateniente) confluirán, luego de la derrota de Rosas en Caseros (1852), en los años siguientes ante la oportunidad de negocios que ofrecía el refinamiento del ganado ovino asociado a la “fiebre del lanar” en el mercado mundial, casualmente el inglés.

El combate de Vuelta de Obligado puede recuperarse como un acto de reafirmación política contra la injerencia extranjera. Pero como señala Peña la única “bandera” que Rosas defendió se llamaba puerto de Buenos Aires. Su política buscó preservar las bases económicas fundamentales de la precaria hegemonía política de una clase en formación, que no estaba interesada en desarrollar ningún camino autónomo o nacional como demostró en 1852 el proyecto secesionista de Buenos Aires.

Vuelta de Obligado dejó un legado menos recordado, el de la pax rosista. Rosas logró utilizar los conflictos externos para construir su poder y liderazgo, apelando al respaldo de los sectores populares y el establecimiento del orden interno que incluía el control de los conflictos civiles, la persecución indígena y la transformación del gaucho/peón, condiciones necesarias para favorecer la expansión de la campaña ganadera y los intereses de clase de un capitalismo atrasado y semicolonial en formación.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/El-combate-de-Vuelta-de-Obligado-un-hito-en-la-soberania-nacional?fbclid=IwAR27bqYDgQEeZ6VO1XimuVBXfeZDwrmK9KBAc4_8JxBYRVZQViHM2bnIFl4

El revisionismo histórico como ideología gubernamental

Por decreto el gobierno creó días pasados el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, con el fin, entre otros, de “reivindicar” a los que “defendieron el ideario nacional y popular ante el embate liberal y extranjerizante”, como el caudillo que da nombre al instituto junto con otros como el Chacho Peñaloza, Felipe Varela, Facundo Quiroga, hasta Yrigoyen y Perón, además de San Martín, O’Higgins y Martí.

1ro de diciembre 2011

 (..) El kirchnerismo ha hecho una utilización abierta de cierta historia para sostener su proyecto político. La “gran fiesta del bicentenario” fue un ejemplo de ello. Allí un conjunto de historiadores se pusieron al servicio de componer una visión de la historia que retomaba el hito de Mayo, los ideales de Moreno y Monteagudo, y nos recordaron las diferencias con los festejos del Centenario, cuando sólo la oligarquía festejaba mientras los trabajadores debían enfrentar al gobierno para expresar sus demandas y recibían a cambio represión, en una visión que no dejaba de ser ecléctica y que estaba lejos de rescatar los aspectos más progresivos del proceso histórico. Pero hace pocos días, la presidenta apareció en el acto de recordación de la batalla de Vuelta de Obligado, en el Día de la Soberanía, con una divisa punzó con la imagen de Rosas y ensalzó las figuras del caudillo y de su esposa Encarnación Ezcurra, “esa gran mujer ocultada por la historia, verdadera inspiradora de la Revolución de los Restauradores”. Ahora no es la Revolución de Mayo que rompió cadenas con España sino la llamada “Revolución de los Restauradores”, que asentó en el poder a Juan Manuel de Rosas, el eje del discurso ideológico de la presidenta.
 
El revisionismo: ¿nacional y popular?

Desde mediados del siglo XIX las clases dominantes construyeron una interpretación de la historia que buscaba consolidar una idea de “nación” recurriendo al ensalzamiento de figuras prominentes, los “próceres”, y de hechos históricos, como la revolución de Mayo, la batalla de Caseros (la derrota de Rosas en 1852), la Conquista del Desierto, presentados como hitos que fundaron la Nación y con los que se delinearon políticas educativas que se proponían crear una “identidad nacional” para someter a las clases populares.

Con la crisis del régimen oligárquico y la crisis mundial de los años ‘30 emergió un movimiento que se oponía a esta “historia oficial” la historiografía liberal y que se fue definiendo como “revisionismo”. Como corriente historiográfica tuvo distintas expresiones, desde sus vertientes más nacionalistas conservadoras de los años ‘30, hasta sus expresiones nacionalistas “antiimperialistas” de los años ‘60; es decir, sus exponentes ofrecen material para componer distintas visiones. Sin embargo, algunos elementos en común parecen ser los que subyacen en los objetivos actuales del gobierno.

Los revisionistas condenaron la línea historiográfica liberal “Mayo-Caseros”, con sus próceres y sus hitos y construyeron otra versión con otros próceres y otros hitos que ahora vemos en boca de la Presidenta y el director del Instituto del revisionismo. Si bien en algunas de sus obras pueden encontrarse críticas a las raíces de la “dependencia” argentina, de conjunto constituye una interpretación de sectores de las clases dominantes.
 
¿Burguesías y “ejércitos progresistas”?

En este sentido el revisionismo no es una alternativa a la historia liberal, en tanto no se ubicó desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera y los sectores populares, sino que es también una visión que defiende los proyectos de una fracción de las clases dominantes. No es extraño entonces que el gobierno nacional busque en ese cajón de utilería lo que le permita sostener su alianza con los industriales locales y extranjeros, con la banca y el capital internacional. Desde este punto de vista se entiende su empatía con historiadores como José María Rosa o su simpatía con el régimen rosista. Fue Rosas el que puso fin a los desórdenes de las guerras civiles, el que “restauró” el orden y consolidó la clave, el núcleo central de la única clase “nacional”, la burguesía y la oligarquía asentada en la gran propiedad de la tierra. Por eso la reivindicación revisionista puede aparecer hoy como un recurso viable para un modelo que se sustenta en mantener los fundamentos del orden semicolonial nativo.

Pero el relato revisionista, ¿qué tiene de popular? Denunciando los asesinatos del liberalismo, el revisionismo eligió su propia secuencia de violencia contra las masas. No solo a Juan Manuel de Rosas, el jefe de la Mazorca y del ejército de frontera, sino también a Julio Argentino Roca. Cuando los liberales acusan al gobierno de imponer el “pensamiento único” en la historia, los acusados responden que ellos son plurales, como el revisionismo mismo que tuvo sus diferentes alas. Ahí está Jorge Abelardo Ramos, iniciado en la militancia trotskista pero abandonándola pronto para integrar la izquierda nacional. Su pasaje fue fatídico terminó en el menemismo. Pero antes, en su momento “revisionista de izquierda” llamó a Julio Argentino Roca el “gran político nacional” que forjó el Ejército que llevaba “la conciencia nacional en sus costurones y cicatrices!”. Ese Ejército, que templado como el mismo Roca en la fratricida guerra del Paraguay, trajo de sus conquistas a 4000 “indios” para venderlos como peones, sirvientas o ayudantes. No sorprende entonces que Cristina K presente a “nuestro” Ejército como democrático, de la misma manera que la estratagema revisionista presentó a Rosas y Roca, los asesinos de los pueblos originarios y promotores de la represión policial contra las masas, como representantes del “progresismo nacional”.

Las disputa por la historia

Beatriz Sarlo se exaspera desde La Nación, mientras Pacho O’Donell gesticula el discurso gubernamental. Estrujada como trapo de piso, La Historia es invitada a comparecer en el presente: dicen unos, la oligarquía es una clase democrática; dicen los otros, la burguesía nacional es una clase progresista. Decimos nosotros: son fracciones de una misma clase, aunque pueda enarbolar filiaciones históricas cruzadas. Su acuerdo irrenunciable es no modificar ni cuestionar la estructura económica heredada del pasado. Después de todo el gobierno de Cristina depende de que la agroindustria “coloque” parte de sus divisas en el tesoro nacional, y los pueblos originarios siguen resistiendo como antaño a la acumulación de tierras.

A mediados del siglo XIX, con la caída de Rosas, se inició un momento histórico. El historiador marxista Milciades Peña percibiendo esta posibilidad retomaba los proyectos de Alberdi y Sarmiento como aquellos que mediante una “revolución por arriba” podían haber forjado las bases de una nación con mayor independencia del imperialismo, pero ese momento quedó trunco y las clases dominantes locales consolidaron la nación semicolonial que hoy seguimos siendo.

Distintos relatos desde una perspectiva de la clase obrera y los sectores populares se trazaron de Mariátegui a Mella, de Liborio Justo a Milcíades Peña. Fueron éstos los que pensaron en sentido crítico las historias oficiales para dejar entrever la posibilidad de otra historia, la de los campesinos y comunidades originarias, la de los peones y obreros, la de las trabajadoras y sectores oprimidos. Fue la resistencia, a veces desordenada y caótica, a veces organizada y determinada, de las masas oprimidas y explotadas durante el siglo XIX la que fue forjando la imagen de injusticia que generaba la nueva estratificación de clase a medida que se consolidaba el capitalismo semicolonial. Sin estas resistencias es impensable la historia de insubordinación del siglo XX, con sus huelgas generales e insurrecciones obreras. Una camada de historiadores surgió en las últimas décadas develando esta otra historia, la de la militancia obrera y estudiantil, la de las organizaciones de fábrica, la de la lucha de clases en los años ‘70, aportando al conocimiento, y también a la crítica y al debate, entre ellas la del trotskismo y el marxismo. 

Frente a la historia académica y liberal que esconde bajo la tarea y el oficio la despolitización de la historia, frente a la politización de la historia como discurso del Estado y la burguesía del gobierno K, con su genealogía de próceres y Ejércitos “progresistas”, se levanta la lucha por una historia politizada de las clases explotadas y oprimidas. Una historia que desnude los discursos oficiales y permita entrever la posibilidad de un proyecto autónomo de los trabajadores y oprimidos, una historia de aquellos que pueden conquistar una verdadera independencia nacional y una federación latinoamericana obrera y socialista.

Fuente: https://www.pts.org.ar/El-revisionismo-historico-como-ideologia-gubernamental

A 140 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO. Rosas: el caudillo que gobernó para la élite terrateniente

La figura de Rosas en la historia nacional continúa en debate. Su poder constituyó un fuerte impulso a favor de la oligarquía terrateniente marcando una etapa de acumulación del capital agropecuario

Hernán Perriere

Martes 14 de marzo de 2017

En los últimos años la figura de Juan Manuel de Rosas cobró identidad con el establecimiento del feriado nacional por el Día de la Soberanía, en referencia al suceso de la Vuelta de Obligado y también por el revisionismo restablecido por el kirchnerismo como ideología gubernamental. La vuelta al relato de la historia liberal que busca implantar el macrismo pone en tensión ambas visiones.

Frente a la historia mitrista liberal surge como consecuencia de la crisis capitalista de 1929 una nueva visión histórica. Los revisionistas cuestionan a la historiografía liberal imponiendo otros próceres e hitos de la historia nacional entre ellos Rosas. Ambas corrientes historiográficas fundamentan su concepción en una mirada orientada a la interpretación de diversos sectores de la clase dominante.

Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires (1829-1832/1835-1852), la legislatura le asignó todo el poder político, militar y el manejo de las relaciones internacionales. De esta manera, Rosas organizó la llamada Confederación Argentina en acuerdo con las provincias federales, frente al centralismo porteño. Su poder constituye un engranaje político e ideológico en favor de la oligarquía terrateniente del territorio bonaerense.

La acumulación del capital agropecuario

Así lo expresa Milciades Peña. Durante el gobierno de Rosas, los estancieros de Buenos Aires y en menor medida los del litoral acrecentaron y consolidaron una acumulación de tierras, vacas y peones. Esta elite acumuló capitales también por la producción ganadera, los saladeros y la pequeña industria del cuero, la sal y el tasajo. El gobierno de la Confederación Argentina expresó el poder de una clase capitalista nacional, los terratenientes.

Durante su gobierno la ganadería creció un 60% en el territorio nacional como también lo hicieron las ventas de carnes al exterior. Se eximió a los propietarios rurales del pago de impuestos. Rosas impulsó a la marina mercante para el control de los ríos del litoral y decreta la Ley de aduanas (1835) que prohíbe la entrada de producciones extranjeras que retrasen el mercado interno. A su vez acrecentó el régimen de puerto único (Buenos Aires).

Peña, discute desde esta afirmación con la concepción populista que Puiggros quién niega que bajo el gobierno de Rosas se haya desarrollado una producción capitalista. No solo afirma que durante la etapa rosista hay una acumulación capitalista sino que esta se basaba en relaciones sociales de producción asalariadas. La persecución y control de los vagabundos y de los gauchos tuvo la finalidad de incorporarlos forzosamente al sistema productivo basado en el modelo estanciero-saladeril.

La política contra el indígena tuvo el mismo sentido, la incorporación de tierras para la producción. Para esto estableció una doble política de negociación, cuidado y consideración con las “tribus amigas o aliadas” y persecución y muerte para las que no se sometieran a su mando.

Orden y disciplina al servicio de la elite terrateniente

Se consolidó un gobierno totalitario al servicio de la clase terrateniente. Como buen caudillo, se apoyó en las montoneras a la vez que las domesticó para evitar rupturas de los sectores populares y mantener el orden generalizado. Para esto articuló diversas estrategias de control.

La ideología católica fue utilizada para mantener el orden social, así fue como Rosas funda numerosas iglesias en la campaña y en 1831 dicta un decreto que establecía la obligatoriedad de asistir a la misa parroquial, para esto se cerrarían las pulperías, tiendas, los preceptores escolares estaban obligados a asistir con los niños todo esto bajo control policial.

El orden se mantenía bajo la Mazorca, a quien Di Meglio, define como un grupo parapolicial integrado mayoritariamente por empleados de la policía en actividad, cuya finalidad es controlar las prácticas políticas de los opositores. Persecución y muerte es su legado. La Mazorca fue utilizada como ejemplo para la organización de las distintas fuerzas para policiales como la Triple A en el tercer gobierno de Perón.

Vuelta de Obligado, la gesta kirchnerista y la defensa británica

En 1845 dos potencias imperialistas, Francia y Gran Bretaña deciden intervenir en la costas del río Paraná para forzar la libre navegación de los ríos y fortalecer la relación comercial con Corrientes y Paraguay. Si bien Rosas, defendió los intereses británicos en el río de la Plata, no estaba dispuesto a permitir la intervención militar de las potencias. En la Vuelta de Obligado sobre el río Paraná se intentó impedir el paso de los buques extranjeros.

Este hecho histórico se recuerda el 20 de noviembre y bajo el gobierno el kirchnerismo a propuesta del historiador José María Rosa se declaró como Día de la Soberanía por la Ley 20.777. Entre sus fundamentos se señala: “es reconocida como modelo y ejemplo de sacrificio en pos de nuestra soberanía, contribuyendo la citada conmemoración a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos, y recordar que la Patria se hizo con coraje y heroísmo”. El kirchnerismo utilizó al revisionismo y a la figura de Rosas para justificar sus negocios capitalistas. Rosas fue reivindicado como “defensor de la soberanía nacional” tanto por la derecha como por la izquierda peronista.

Esta gesta considerada heroica estaba muy lejos anular la dependencia económica que la elite terrateniente tenía con la potencia británica. Peña señala que Rosas fue, un inmejorable amigo de Inglaterra y su gobierno contribuyó a robustecer la oligarquía anglocriolla: “ya sabemos que los ingleses constituían unos de los principales grupos propietarios del país (de las 293 estancias bonaerenses, 79 eran de ingleses). Rosas aceleró ese proceso”. Otras decisiones afirman esta orientación: el recibimiento con honores en su llegada a Inglaterra en su exilio, en 1840 en plena crisis financiera ordena pagar una cuota a la Baring, en el tratado Arana-Southern de 1849 no se negocia la ocupación de Malvinas por Gran Bretaña desde 1833.

La oligarquía porteña y los estancieros del litoral habían acumulado capitales y buscaban nuevos horizontes en el mercado mundial. Estos de a poco le quitaron su apoyo. En el litoral surge una fuerza en defensa del libre comercio tras la figura de Urquiza. Apoyado por Brasil y Uruguay. Luego de la derrota de Caseros, Rosas embarcó hacia Inglaterra. Muere en Southampton, Reino Unido el 14 de marzo de 1877.

https://www.laizquierdadiario.com/Rosas-el-caudillo-que-goberno-para-la-elite-terrateniente

Cómo se lo vivió en la época?

El rosismo hizo mucha propaganda con la defensa de la Vuelta de Obligado. Ya que, si bien los europeos ganaron la batalla, fue una victoria pírrica, porque no aportó resultados económicos y casi ningún beneficio militar.

Las provincias eran muy pobres, prácticamente toda la mercancía que llevaron los ingleses y franceses volvió. Los europeos tomaron conciencia, que, sin pasar por Buenos Aires, no tenía sentido el comercio. Porque los grandes poderes económicos, los grandes comerciantes estaban allí. Desde Buenos Aires se extendían las redes comerciales

¿Qué fue el revisionismo histórico?

El revisionismo es una escuela historiográfica que plantea rever la historia argentina, alterar la historia oficial, que solía denostar a los caudillos. Tiene que ver, también, con la postura política que imperaba en el mundo en 1930, la derechización de la política, con el fascismo, y los nacionalismos exacerbados.

Pero lo que hacen, en definitiva, es bajar algunos bronces, y subir otros. Rosas va a ser su favorito, mientras que Urquiza, Rivadavia y Mitre serán los malditos. 

A Rosas lo caracterizaban como el buen patrón, que en cierto modo escucha a los sectores populares. Incluso desde la izquierda y más tarde desde el peronismo se consideró a Rosas como el defensor de la nación.

Pero Rosas fue un estadista. Estadista en el sentido de que priorizó el Estado, al fin y al cabo. Construyó un Estado, que, si bien respondía a los intereses de los terratenientes, no pudo dejar de tener en cuenta los de los sectores populares. Su poder político se basaba en el apoyo popular, campesinos y peones, afrodescendientes e indígenas.

Su legitimidad se apoyó siempre en el sufragio, en las elecciones. A pesar de que él nombraba a dedo a los candidatos, ampliaba constantemente la participación. Buscaba la legitimidad a través del voto popular. 

Rosas fue un gran negociador. Negociaba con las potencias extranjeras, con los indígenas, con los pobres, con los únicos que no negociaba era con los opositores, con las élites. 

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Fuente: https://www.uba.ar/noticia/19675?fbclid=IwAR26aohGIhs3ahPExLlJjQUUIlOXLSJCigHytNCzzxuD4GBB8fPjKScufZE

En consecuencia, los nacional populistas de progresismos e izquierdas afines tienen un enfoque mercantil y estatista de los ríos Paraná y Del Plata. Es decir, desconocen la realidad integral de la Cuenca del Plata y dependiente de la Amazonía y otros biomas biodiversos. Son pro capitalistas hasta en su antagonismo con la naturaleza. Así como son reaccionarios al inculcar identificación con un oligarca terrateniente de la provincia de Buenos Aires por expropiación a los pueblos originarios, fundador del puerto a beneficio del contubernio entre elites locales bonaerenses con el imperialismo británico en contra los pueblos de las otras provincias y creador de La Mazorca o el Estado terrorista en la provincia bonaerense.

Subrayemos que la actual emergencia climática es la expresión contundente de la socioecológica a que el capitalismo ha conducido y agrava al expandir su acumulación oligopólica por devastación de la naturaleza y destrucción de equilibrios ecológicos de la salud planetaria. Por eso, como señala Survival Internationallos pueblos indígenas desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Sus tierras protegen el 80% de la biodiversidad mundial y desde los incendios en la Amazonia hasta las marchas contra las minas de carbón en la India, los pueblos indígenas se juegan la vida para detener la destrucción de la naturaleza.

Agreguemos que nos enseñan apreciar la simbiosis de la humanidad con la naturaleza y la autoorganización comunal según principios de buenos vivires convivires. De ahí lo prioritario de frenar y luego erradicar la destrucción de la Amazonía por el capitalismo sea bajo gestión progresista o bajo gestión de la derecha desembozada. Para ello es fundamental » una evaluación integral, sistemática y rigurosa sobre el estado de los ecosistemas amazónicos, impactos y tendencias actuales, así como sus implicaciones para la biorregión en el mediano y largo plazo». Como la que participó y comunica:

Emiliano Teran Mantovani

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Recientemente ha sido publicado el “Reporte de Evaluación de la Amazonía 2021”, elaborado por el Panel Científico por la Amazonía (auspiciado por las Naciones Unidas), en el que hemos participado para una aproximación del caso Venezuela.

El informe, elaborado por un conjunto de más de 200 científicos, es un documento extraordinario y muy completo, que ofrece una evaluación integral, sistemática y rigurosa sobre el estado de los ecosistemas amazónicos, impactos y tendencias actuales, así como sus implicaciones para la biorregión en el mediano y largo plazo.

También se analizan las oportunidades y políticas relevantes para la conservación de la Amazonía.

El capítulo en el que he participado se encuentra en el siguiente link, y detalla las formas de intervención que se han generado sobre la Amazonía en 8 países (Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, las Guayanas, Brasil y Venezuela), cada uno con sus especificidades: https://www.academia.edu/…/Globalization_extractivism…

El Reporte ha sido presentado en Glasgow (COP26) y contiene tres partes, accesibles en este link: https://www.theamazonwewant.org/amazon-assessment-report…/

Es, a mi juicio, uno de los documentos más completos con los que actualmente se puede contar para comprender y actuar en torno a la Amazonía.

 

Ofensiva del sistema mundo capitalista

Comprobamos la confrontación del Capital Estado con todos los pueblos del planeta en su propósito de continuar su acumulación oligopólica mediante ecocidios-genocidios por embaucamiento de hacerse cargo de la emergencia climática.

Antes aclaremos que hablar de «cambio climático» es usar un eufemismo por encubrir la responsabilidad del capitalismo de haber generado emergencia climática y estarla agravando. Las actuales condiciones atmosféricas del planeta no son resultado de fenómenos y procesos evolutivos de la naturaleza y dependen de la salud de los ecosistemas y de sus interacciones que el sistema mundo está arrasando.

Reparemos cómo la expropiación de bienes comunes se da en México a través del desarrollo de una parte del Proyecto Mesoamérica.

México. Violatorio de derechos humanos, acuerdo presidencial sobre proyectos de seguridad nacional: comunidades y organizaciones

Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021.

El decreto abre la posibilidad de reservar información relacionada con las obras del gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó, a través del acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que los proyectos y las obras del gobierno deben ser consideradas de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.

Fundar Centro de Análisis e Investigación considera esta acción como inconstitucional, ya que se abre la posibilidad de reservar información relacionada con los proyectos, además señala que dicho Acuerdo resulta “problemático y de grave preocupación”, dado que “da espacio a la opacidad y a la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos”.

Por su parte, juristas y expertos, además del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, advierten que el Acuerdo pretende pasar por encima de lo que se establece en el marco legal vigente, motivo por el cual “podría ser objeto de demandas de amparo por parte de particulares y de controversias o acciones de inconstitucionalidad por parte de organismo o de otros poderes”.  

El Acuerdo pretende eliminar obligaciones a las que el Estado Mexicano se ha comprometido y debe cumplir antes de otorgar cualquier tipo de autorización para megaproyectos, como son la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, y la realización de estudios previos sobre el impacto social, ambiental y de derechos; indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada.

Además, el Poder Ejecutivo contraviene de manera directa los derechos a la tierra, al territorio de los pueblos y a la propiedad de los núcleos agrarios, pues “dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado Mexicano se ha comprometido”, precisa Fundar.

Por ello, “hacemos un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión para que, conforme a sus competencias y facultades, activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo”.

Entre las organizaciones que señalan la inconstitucionalidad están la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, la Campaña global “El Istmo es nuestro”, Centro de Estudios Ecuménicos, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), Oxfam México, y Serapaz.

A continuación, el comunicado completo:

Acuerdo presidencial viola derechos humanos al declarar de interés público y de seguridad nacional los proyectos prioritarios de la actual administración.

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2021.- El pasado 22 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuye el carácter de interés público y de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal.

Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión para que, conforme a sus competencias y facultades, activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo, para resguardar los preceptos constitucionales, tal como lo ha decidido el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional y con ello se abra la posibilidad de reservar información relacionada con dichos proyectos. Además, el Acuerdo resulta problemático y de grave preocupación, ya que da espacio a la opacidad y a la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos, y genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México.

El Acuerdo instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar su “autorización provisional” para dar inicio a las obras necesarias, sin tener que esperar a que las licencias o permisos correspondientes sean otorgados bajo los procedimientos debidos. El Acuerdo fija un mal precedente al declarar como de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura que se consideren prioritarios y estratégicos, pues abre la posibilidad de que reserve información relacionada con éstos, sin reconocer que estas acciones deben llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificación procedería.

Con ello, el Acuerdo pretende eliminar obligaciones a las que el Estado Mexicano se ha comprometido y debe cumplir antes de otorgar cualquier tipo de autorización para megaproyectos, tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos.

Además, al establecer como de interés público y prioritarias esas actividades, el Poder Ejecutivo contraviene también de manera directa el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado Mexicano se ha comprometido.

Este Acuerdo se suma a un marco normativo neoliberal vigente en México desde décadas atrás, como la Ley Minera, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, que prevén estas actividades como de utilidad pública y preferentes frente a cualquier otro uso del territorio a costa de los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y equiparables, lo que se agrava aún más con este nuevo acto administrativo del Ejecutivo.

El Artículo 6 Constitucional establece que toda la información generada y en posesión de cualquier entidad es en principio pública y sólo por excepción en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias se podría limitar. Reiteramos que, las restricciones al derecho de acceso a la información no pueden ser absolutas ni categóricas, sino que depende de un análisis exhaustivo, a partir de cada caso en concreto, y una prueba de daño que demuestre que la divulgación de información genera un daño específico al interés público o la seguridad nacional.

Por ello, declarar que todos los proyectos y obras públicas a cargo del Estado son de seguridad nacional, genera una aplicación restrictiva del derecho de acceso a información y la máxima publicidad, pues posibilita que cualquier información pueda ser interpretada arbitrariamente como de seguridad nacional, y en consecuencia, clasificar a priori, toda la información relacionada con los mismos. Lo que rompe con el principio de regularidad constitucional y contraviene los principios y disposiciones de la legislación de la transparencia y los tratados internacionales en la materia.

Sólo las autoridades públicas, cuyas responsabilidades específicas incluyen la protección de la seguridad nacional, podrán aseverar la seguridad nacional como fundamento para retener información siempre que cumplan con los estándares relativos al marco legal de excepciones de información. Y el decreto presidencial posibilita que cualquier entidad pública que conozca, intervenga, genere o posea información sobre proyectos y obras públicas, pueda invocar este supuesto como reserva, dando paso a actuaciones discrecionales y arbitrarias por parte del Estado.

Por otra parte, es de suma preocupación que el Acuerdo establezca una excepción tan amplia a requisitos para autorizar la ejecución de proyectos que tienen asignada una gran cantidad de recursos, permitiendo una autorización provisional de proyectos, hasta por 12 meses, lo que limita el despliegue de mecanismos de control y de rendición de cuentas que deben de seguir los proyectos u obras públicas, como los procesos de planeación, licitación y ejecución de los mismos.

La ejecución de obras y proyectos públicos no sólo tiene impacto en el patrimonio público, sino también en la garantía de derechos y el acceso a servicios por lo que deben de ejecutarse de manera abierta, pública y respetando los procedimientos, reglas y requisitos previstos en los distintos marcos jurídicos, para lograr su utilidad, eficiencia y calidad, que respondan a los problemas públicos, en condiciones de igualdad.

Generar un sistema de excepciones que elimina los mecanismos de evaluación y control, pone en riesgo el cumplimiento de objetivos de los proyectos y obras públicas conforme a las necesidades sociales y la garantía de derechos humanos, pero también transgrede la rendición de cuentas y genera un campo fértil para la opacidad y la corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en un sistema democrático auténtico. Por ello, limitar controles y mecanismos de prevención de la corrupción implica un manejo discrecional que impacta frontalmente en el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Artículo 19 México y Centroamérica, Alianza Mexicana vs Fracking, Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Campaña global “El Istmo es nuestro “, CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil, Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Estudios Ecuménicos AC, Colectiva Ley Minera #CambiémoslaYa, Coalición de Organizaciones, Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C., Consejo Regional Totonaco, Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla, Coordinación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP). Cultura Ecológica, Equis Justicia para las Mujeres, Enlace Comunicación y Capacitación A.C..

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA), Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., GESOC, A.C., Grupo Territorio, Género y Extractivismo, Indignación. Promoción y Defensa de Derechos Humanos A.C, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC, Oxfam México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales,

Red de Mujeres Artesanas, Cocineras tradicionales y Productoras del campo. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Serapaz. Servicio y Asesoría para la Paz A.C., Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij

Publicado originalmente en La Coperacha

desinformemonos.org

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/mexico-violatorio-de-derechos-humanos-acuerdo-presidencial-sobre-proyectos-de-seguridad-nacional-comunidades-y-organizaciones/

DECLARATORIA del Encuentro en Defensa de Nuestros Bienes Naturales y Comunales «EL ISTMO ES NUESTRO»

Noviembre 2021

Por APIIDTT

Desde Jalapa del Marqués, Oaxaca, nos convocamos en el Encuentro en Defensa de nuestros Bienes Naturales y Comunales “EL ISTMO ES NUESTRO” para informar, analizar y organizarnos ante la imposición del llamado Corredor Interoceánico que pretende ser el nudo que articule los “proyectos estrella” de la 4T como es mal llamado Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Proyecto Integral Morelos, y toda la infraestructura energética que pretende interconectar estos y más megaproyectos para abastecer el consumo energético de las grandes industrias y los mercados nacionales e nternacionales, así mismo reflexionamos sobre este sistema capitalista y patriarcal que atenta y violenta nuestros cuerpos, bienes naturales y territorios, acordamos organizarnos para fortalecer las luchas de resistencia de los pueblos del Istmo y de todo México frente a la imposición del Corredor Interoceánico y los Megaproyectos que reorganizar y saquear el sur sureste del país en beneficio del capital corporativo internacional.

Ratificamos nuestro compromiso como Campaña Global “El Istmo es Nuestro”, iniciativa surgida en el año de 1996 cuando Ernesto Zedillo anunció el Megaproyecto del Istmo donde decenas de pueblos y organizaciones de nuestra región y de otras geografías solidarias convocamos y participamos en el primer Foro Nacional el Istmo es Nuestro, acordando defender la soberanía y los derechos de nuestros pueblos, es por eso que desde enero de 2019 decidimos relanzar la campaña para rencontrarnos, informar, organizar y articular la lucha contra este megaproyecto que históricamente ha ambicionado transformar la región en un corredor industrial, comercial, energético y militar que sirva de muro de contención para lxs hermanxs migrantes, convirtiéndose en la frontera y aduana más importante del mundo, controlada por los grandes capitales.

Nos reunimos autoridades agrarias, tradicionales, comunidades, organizaciones, colectivxs, sindicatos de varios estados y regiones de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, Querétaro, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Boston, Chicago, Brasil y Francia para compartir nuestras experiencias y articular nuestras luchas en defensa de nuestros bienes naturales, comunales, territorios y la vida misma, es por eso que:

D E N U N C I A M O S:

Que existe una falta de información con respecto a los impactos ambientales, sociales y culturales del Corredor Interoceánico y demás proyectos vinculados a él.

La utilización del Derecho a la Consulta como instrumento para el despojo de los territorios facilitando los permisos para megaproyectos.

A la Procuraduría Agraria del Estado de Oaxaca. Tehuantepec y Matías Romero que se encuentran coludidas con intereses de diversos grupos políticos y empresariales.

Las agresiones armadas y el desplazamiento forzado a la comunidad del Rebollero, Los Arquitos y Río Minas de San Pablo Cuatro Venados, en medio de intereses de dos concesiones mineras con una extensión total de 1532 Ha.

La imposición del Proyecto Integral Morelos, así como todas las amenazas, agresiones y persecución hacía los habitantes de las comunidades que alzan la voz y defienden sus territorios en Morelos, Puebla y Tlaxcala.

A la empresa COMESA (que le trabaja a PEMEX) está violando derechos de las comunidades de la zona baja de la Sierra nuntajiyi (popoluca) y nahua de Santa Martha entrando sin permiso para la explotación de hidrocarburos (fracking) en las comunidades y municipios de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan.

Pretenden imponer en el municipio de Chinameca un “relleno sanitario” que sería el vertedero de desechos tóxicos de todos los parques industriales del corredor interoceánico de la región de Coatzacoalcos, así como en el municipio de Oteapan, una recicladora ligada al proyecto del relleno sanitario.

En el municipio de Jáltipan, desde el 2013, impusieron la instalación por una empresa española de un tiradero de coque, residuo toxico de la refinería de Minatitlán, destruyendo un importante centro arqueológico olmeca, una selva milenaria con sus manantiales.

En el municipio de Texistepec, después del desalojo violento de familias campesinas de sus propiedades, pretenden instalar la cervecera Constellation Brands.

La aprobación de la construcción de un cuartel de la guardia nacional en el municipio de Mecayapan, el aumento de la compra/venta de drogas como el cristal y el recrudecimiento de la violencia por la delincuencia organizada sin ninguna intervención de la “seguridad” publica.

La falta de interés y colusión del Gobierno Estatal y Federal en las comunidades de Guerrero Grande y Ndonyugi que fueron desplazados violentamente por el Presidente Municipal Rogelio Bautista Barrios, Maribel Velazco García Sindica Municipal y el Regidor de Hacienda Carlos Riaño Sandoval; además de la comunidad Mier y Terán que fueron reprimidas (os) y asesinadas (os) por los miembros del Gobierno Municipal de San Esteban Atlautla.

La serie de desplazamientos y ataques paramilitares en contubernio con los gobiernos municipales y estatal donde han asesinado y desaparecido a sus habitantes y pueblos, por lo que llamamos a una campaña de acopio y solidaridad contra los desplazamientos forzados en el estado de Oaxaca.

E X I G I M O S:

El respeto al derecho a la libredeterminación y autonomía de los pueblos indígenas.

La cancelación del Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec – Corredor Interoceánico y todos los megaproyectos que atenten contra la vida.

El desistimiento de las denuncias judiciales por parte de la SCT y el municipio de San Blas Atempa contra nuestros compañeros David Hernández Salazar, Oseas Salazar Patiño y Alberto Patiño de la Rosa, defensores del territorio de Puente Madera.

Cancelación de todas las concesiones mineras en la región, el estado y el país.

Exigimos el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un Derecho Humano y el derecho a la generación comunitaria de energía eléctrica.

El cese a cualquier trabajo de exploración y extracción de hidrocarburos, agua y demás bienes naturales de la Sierra de Santa Martha, Veracruz.

La cancelación de todos los proyectos de fracking a nivel nacional.

Libertad inmediata para nuestros presos políticos; Fredy García del CODEDI, Fidencio Aldama de la tribu Yaqui, Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gabito, Omar Morales, Isaias Gallardo, Alfredo Bolaños y Francisco Duran originarios de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.

La presentación con vida de la defensora Irma Galindo Barrios, Miguel Bautista Avendaño, Marcos Quiros Riaño, Donato Bautista Avendaño y Mayolo Quiros Barrios.

Justicia para los 5 defensores asesinados en la comunidad de Paso de la Reina en la costa de Oaxaca, que participan en el COPUDEVER y en la defensa del río verde.

Respeto al Territorio y a la lucha de las comunidades de los valles centrales de Oaxaca articuladas en el Frente no a la Minería por un Futuro se Todas y Todos frente al proyecto minero » San José»-

Alto a la criminalización y judicialización de las personas defensoras de territorios y Derechos Humanos.

Alto a la violencia paramilitar respaldada por el Gobierno mexicano contra las comunidades de base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

Que el estado realice la ejecución de la sentencia a favor del pueblo Zoque Chimalapas de manera inmediata sin peligro ni violencia a las comunidades, porque ante el avance en su lucha histórica ya están recibiendo por caciques, ganaderos y talamontes.

Trato digno a las personas migrantes centroamericanas, haitianas y demás geografías a quienes se les violan sus derechos humanos, primero en sus países de origen al no contar con medios/posibilidades para contar con una vida digna y después por el Estado mexicano que sirve de frontera de Estados Unidos. Migrar no es un delito.

Solución a las demandas de la Comunidad Otomí en Resistencia que mantienen la lucha desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”

Cese a los hostigamientos del gobierno de la ciudad de México contra lxs compañerxs de la Casa Okupa Chiapas.

Acordamos que esta lucha es por la vida y que los pueblos indígenas hemos conservado más del 80% de los ecosistemas en el mundo, y que frente a estos megaproyectos que están atentado contra la vida y pretenden desaparecernos como pueblos originarios, tenemos que seguir avanzando en el proceso de articulación entre los diferentes pueblos, luchas, organizaciones sociales y territorialidades indígenas y urbanas, para construir colectivamente planes de vida comunitarios que nos permitan seguir construyendo Otros Mundos Posibles.

CONVOCAMOS a los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, sindicatos y pueblo en general de México y el Mundo, a sumarse a la jornada global contra el Corredor Interoceánico y los Megaproyectos de Muerte de enero 2022 a abril 2022, coincidiendo con una acción dislocada el día viernes 22 de abril de 2022.

RECHAZAMOS EL CORREDOR INTEROCEÁNICO Y TODOS LOS MEGAPROYECTOS IMPULSADOS POR EL CAPITAL NACIONAL, INTERNACIONAL Y EL GOBIERNO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN.

NO NEGOCIAMOS, NI NOS RENDIMOS.

FRATERNALMENTE

“EL ISTMO ES NUESTRO”: Asamblea de Comuner@s de Jalapa del Marqués, Asamblea de Comuner@s de Santa María Xadani, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT, Asamblea General Comunitaria de Puente Madera, Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, Axolote Radio, CEMDA – Centro Mexicano de Derecho Ambiental., Centro Cultural Cesar Martínez – Playa Brasil, Centro de Derechos Humanos – Tepeyac, Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria, Centro para los Derechos de la Mujer Naaxwiin A.C, CINPA – Coordinadora Indígena Popular Autónoma, CNI-CIG – Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno, CODEDI – Comité para la Defensa de los Derechos Indígenas, COJUDIDI – Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, Colectivo Altepee, Colectivo Liberación Ixtepecana, Colectivo Nahuales, Colectivo Xquipi, Comuner@s de San Mateo del Mar, Concejo de Ancianos y Asamblea Comunitaria en Resistencia de Álvaro Obregón, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, Concejo de Mujeres Autónomas, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, Consorcio para el dialogo parlamentario y la equidad Oaxaca A.C., COOA – Consejo de Organizaciones Oaxaqueña Autónomas, Cooperativa CIMARRONEZ, Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG, Coordinación Parisiana de la gira zapatistas “Viaje por la Vida”, CRIPX – Concejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, EDUCA – Servicios para una Educación Alternativa A.C., Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Frente de Resistencia Indígena integrado por autoridades agrarias y municipales de Guerrero Grande, Ndonyugi, Mier y Teran, Habitantes en resistencia de Mixtequilla, Herramientas para el Buen Vivir, Ixtepec e Ixtaltepec, Laboratorio Popular de Medios Libres, Localidades El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, San Pablo Cuatro Venados, Maderas del Pueblo del Sureste A.C., Monapakuy Organización Comunitaria, Mungiurndyck Guardianes del Mar, Noticias de Abajo, Oaxatrans, OIDHO – Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, OLAG – Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Guerreros Verdes A.C., Patio Nayapi, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta del Sur de Veracruz, Radio Comuna 96.5, Red Mexicana de acción frente al Libre Comercio, Red Nacional de Resistencia Civil, Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan, Red Universitaria Anticapitalista, Resistencias contra las Altas Tarifas de la Zona Oriente del Istmo, Rural Healt Indi, Sección XXII SNTE-CNTE, Servicios para la Paz, Tierra y Libertad, Universidad de la Tierra Oaxaca,Universidad Federal de Maranhao.

fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2021/11/17/mexico-declaratoria-del-encuentro-en-defensa-de-nuestros-bienes-naturales-y-comunales-el-istmo-es-nuestro

En consecuencia, el sistema mundo capitalista y sus locales mirando en exclusivo por la acumulación oligopólica de riquezas y poder de dominio regeografía el Abya Yala confrontando con las resistencias de los pueblos en forma terrorista de amplio espectro sin importarle estar exterminando la vida y aniquilando los subsistemas que la hacen posible.

Alternativas emancipatorias

Constatemos cómo China, a través de sus corporaciones privadas y estatales, impone la IIRSA aun cuando, en apariencia, sea sólo una hidroeléctrica y cómo el Estado del país hermano colabora.

Chile. Guardias de empresa China Three Gorges y Carabineros desalojaron campamento contra el proyecto hidroeléctrico en Rucalhue golpeando y atacando con perros

Por Juan Contreras Jara, Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2021.

Durante la represiva acción, fueron detenidas por Carabineros nueve personas, entre ellas dos adolescentes. Todas y todos denunciaron haber sido golpeados por personal policial,  en conjunto a los guardias privados de la transnacional China Three Gorges Corporation, quienes incluso les  atacaron utilizando perros.

Durante la jornada de este lunes vecinas y vecinos opositores al proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue fueron violentamente desalojados por Carabineros y guardias privados de la empresa, del borde del río Biobío. En el lugar  mantenían un improvisado campamento en función de fiscalizar la actividad de China Three Gorges Corporation, transnacional que entre otros, pretende inundar 180 hectáreas de terreno del sector para su instalación.

Pese a la férrea defensa de la comunidad de Rucalhue y Quilaco al proyecto hidroeléctrico, que se ha materializado en el rechazo a través de la consulta ciudadana, la toma por cinco meses de las instalaciones de la empresa y el campamento en el borde del rio Biobío, la transnacional china continúa con la idea de materializar la central.

Sobre la violencia desplegada tanto por Carabineros como por los guardias privados, Álvaro Espinoza, parte del movimiento contra la construcción de la central hidroeléctrica en Rucalhue, comentó que, «llega Carabineros junto con la empresa, más de tres vehículos policiales y tres camionetas de la empresa. Se bajaron al rededor de 20 carabineros con cascos, lumas y acompañados por 10 guardias de la empresa con perros».

Hay que agregar que de las nueve personas detenidas, una de ellas fue reducida y golpeada por guardias de la empresa «y todo esto en presencia de Carabineros» acotaron. Espinoza agregó que «además de no haber ninguna orden, no dialogar y de venir acompañados por la empresa con perros, no había ninguna oficial de Carabinero y detuvieron a cinco mujeres, una de ellas menor de edad, por lo que el procedimiento fue absolutamente irregular».

Otra de las graves situaciones vividas durante el desalojo tiene que ver con la utilización de perros entrenados por parte de los guardias de la transnacional china, quienes luego de golpear y reducir en el suelo a uno de los manifestantes, «llevaron al perro y se lo pusieron en la cara para que se la lamiera, con la intención de intimidarlo», comentaron desde Rucalhue.

Pero la brutalidad policial no acabó con el desalojo de la ribera del río Biobío, lugar por lo demás considerado como bien nacional. Tras detener y trasladar a las y los manifestantes hasta la comisaría de Santa Bárbara, personal de Carabineros detuvo y golpeó en el suelo a un poblador que protestaba a las afueras del edificio institucional.

A esto hay que sumarle acciones de amedrentamiento que la comunidad atribuye también a la transnacional China Three Gorges Corporation. Una de ellas dice relación con constantes rondas de vigilancia con perros y la ejecución de disparos desde un vehículo que transitaba por el camino privado y cercado que mantiene la empresa en el predio donde pretende emplazar la central, una semana antes de la violencia desplegada este lunes.

Resumen Cl

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/chile-guardias-de-empresa-china-three-gorges-y-carabineros-desalojaron-campamento-contra-el-proyecto-hidroelectrico-en-rucalhue-golpeando-y-atacando-con-perros/

Apreciemos los caminos andados por el Ejército Zapatista de Liberación que orientan al protagonismo de los pueblos del Abya Yala en sus luchas y construcciones emancipatorias.

México. EZLN: 38 años de concientización y construcción de autonomía

Por Gilberto López y Rivas, Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2021.

El 17 de noviembre se conmemoró el 38 aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por un pequeño grupo guerrillero integrado por cinco hombres y una mujer, tres mestizos y tres indígenas, en su implantación en la zona montañosa de la Selva Lacandona del sureste mexicano. Esta proporción de su composición habría de cambiar: la organización político-militar es hoy mayoritariamente indígena y con presencia significativa de mujeres en todos sus espacios organizativos.

Muchos caminos han andado los mayas zapatistas durante estos 38 años de clandestinidad, reclutamiento y crecimiento exponencial de sus filas entre los pueblos tseltal, tsotsil, chol, tojolabal y nam, preparación militar y política para el levantamiento del 1º de enero de 1994, diálogo y negociación de los acuerdos de San Andrés con el gobierno federal (1996) y, posterior a la traición de la clase política y de los tres poderes de la unión, el extraordinario proceso que se abre con la construcción y el fortalecimiento de los autogobiernos locales, municipales y regionales, a partir de la autonomía.

El EZLN hace del ejercicio autonómico una estrategia de resistencia pacífica contra la guerra de contrainsurgencia, el crimen organizado, el paramilitarismo y la invasión corporativa de los territorios, que va más allá de los autogobiernos, trasformando al sujeto autonómico en varias direcciones: las relaciones intergeneracionales y de género, que promueven una singular participación de mujeres y jóvenes, la permanente concientización política, cultural e ideológica de su membresía, la preparación y el relevo de la militancia en los espacios políticos de sus estructuras y jerarquías.

Esta experiencia de autonomía integral constituye un ejemplo paradigmático de la naturaleza revolucionaria de estos procesos en la forja de comunidades altamente politizadas y participativas, que pueden establecer un nuevo tipo de democracia y de formas de gobierno, que se sintetizan en el concepto mandar obedeciendo, una redefinición con el entorno circundante, local y nacional, un cambio real en el desarrollo de una economía solidaria. La defensa de los sujetos autonómicos a la acción del mercado y sus agentes estatales significa el control del territorio desde las comunidades.

Asimismo, los mayas zapatistas fortalecen en los espacios donde prevalece su hegemonía, un tejido multiétnico de pueblos diversos, superando conflictos seculares por linderos y recursos, a través de consensos, tolerancia y superación de diferencias religiosas, étnicas y culturales. Igualmente, y sin pretender caer en el vanguardismo, que también caracterizó a muchos de los agrupamientos de liberación nacional, los mayas zapatistas propiciaron la formación del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), que en la actualidad encarna la resistencia de los pueblos indígenas contra el proceso de recolonización, continuado con especial vigor por el actual gobierno del cambio histórico.

Como ninguna de las organizaciones político-militares que surgen tras el triunfo de la revolución cubana, el EZLN supera las perspectivas proletarizantes sobre los sujetos revolucionarios, formando su ejército popular con los pueblos indígenas, que se apropian del proyecto insurgente y lo transforman. Este hecho significa un cambio cualitativo en la concepción del mundo indígena que venían sosteniendo las organizaciones de liberación nacional, en las que se concibe a los pueblos indígenas, en el mejor de los casos, como aliado secundario y subalterno de los procesos revolucionarios, a los que hay que imponer una forma velada de asimilacionismo paternalista.

Lejos de una versión anquilosada del marxismo, éste se aplica a las condiciones objetivas y subjetivas que encuentra el grupo fundador, lo que, era de esperase, provocó rupturas, críticas y desencuentros que todavía hoy en día afloran, en reclamos equívocos, fuera de lugar y cargados de resentimiento que, en el contexto actual, sólo ayudan a la contrainsurgencia y al poder establecido.

Pese a una estrategia de contrainsurgencia que no ha dejado de estar activa desde 1994, recrudecida en la actualidad por acciones extremas de provocación del paramilitarismo delincuencial, la militarización y el militarismo desplegados en la extensión y profundidad del territorio nacional por el actual gobierno cuartotransformista, el EZLN celebra su 38 aniversario con una audaz iniciativa política por la vida, contra el capitalismo, el racismo y el patriarcado, que lleva a los confines del mundo su interlocución con los pueblos y movimientos en lucha, iniciando en la tierra insumisa de Europa.

Mantener la llama de la utopía concreta y posible, la congruencia ética del “para todos todo, para nosotros nada”, es un extraordinario mérito político del EZLN en sus 38 años de lucha, sin rendirse, sin venderse y sin claudicar.

Observemos cómo los pueblos originarios de México resisten la regeografía implícita en el Proyecto Mesoamérica.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) de México denuncia en Valencia el impacto de los “megaproyectos de muerte”

Pueblos originarios de México
contra el poder de las transnacionales

1de diciembre de 2021

Por Enric Llopis

Rebelión

Organizaciones europeas –más de 500- apoyan el recorrido por el viejo continente de las delegaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) de México, del que forma parte el movimiento zapatista.

En el contexto de la Gira, la delegada otomí del CNI, Marisela Mejía Pérez; y el delegado rarámuri del Congreso, Francisco Palma Aguirre, visitaron el País Valenciano –entre el 22 y el 25 de noviembre- e impartieron una conferencia sobre La lucha contra los megaproyectos de muerte en México en el Centre Octubre de Valencia.

El CNI se constituyó el 12 de octubre de 1996, con el fin de ser la casa de los pueblos originarios, tribus y naciones de México. Denuncian 500 años de exterminio y que el capitalismo “se nació de la sangre de nuestros pueblos y continúa alimentándose de ella”. Se caracteriza, en su página Web, como espacio de solidaridad y reflexión para fortalecer las luchas de resistencia y rebeldía. La de los pueblos –añaden- que llevan en la sangre, en la carne y en la piel, toda la historia, sabiduría, cultura, lengua e identidad.

Entre sus siete principios, figuran “servir y no servirse”; “convencer y no vencer”; “obedecer y no mandar”; “bajar y no subir” o “proponer y no imponer”. En 2001, el CNI se sumó a la Marcha Nacional Indígena –del color de la tierra– encabezada por el Ejército Zapatista, y que llegó a la Plaza del Zócalo de Ciudad de México con la consigna “Nunca más un México sin nosotros”.

El pasado 21 de noviembre el CNI reproducía un comunicado solidario de la Unificación de Pueblos contra la Minería en el estado de Morelos; se denunciaba la “cobarde represión” y las agresiones (“golpeadores con la complicidad policial”) contra seis miembros del colectivo Pueblos Unidos en la comunidad de Santa María de Zacatepec, en el estado de Puebla (dos comunicadores populares y defensores ambientales –Alejandro Torres Cocolatl y Michel Torres- fueron detenidos por la policía municipal).

El mismo día se informaba del ataque a la población zoque del Ejido Esquipulas Guayabal (municipio de Chapultenango, Chiapas) por parte de un grupo armado, con el resultado de pobladores heridos, desaparecidos y casas quemadas; el comunicado hacía responsable al Estado y su “negligencia para resolver el conflicto agrario” en México.

Asimismo, el 21 de noviembre el CNI convocaba al Foro Nacional de las Resistencias y alternativas de los pueblos ante el capital trasnacional y la Militarización, que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca).

Durante su estancia en Valencia, Marisela Mejía y Francisco Palma participaron en la tertulia que siguió a la proyección del documental Remedio México, de Cucho Ramírez, en los cines Babel; la película se incluye en la programación de la XII Mostra Itinerant de Cinema i Vídeo Indígena del País Valencià, organizada por la ONG Perifèries, la Assemblea de Solidaritat amb Mèxic y la Xarxa Solidària Gira per la Vida del País Valencià. Los dos activistas fueron entrevistados en Radio Klara y La Radio i Televisió del Poble. La CGT se sumó a las acciones de apoyo.

Los dos miembros del CNI recordaron, en el Centre cultural Octubre, que se cumplen 25 años de la fundación del Congreso. Por este motivo el CNI-Concejo Indígena de Gobierno (CIG) emitió el 21 de octubre un pronunciamiento -dirigido a los pueblos del mundo- en el que se denuncian los “megaproyectos de muerte”. Así, “No queremos el Tren Maya (1.550 kilómetros por las principales regiones de la Península del Yucatán) que convierta todo el sur-sureste de nuestro país en un eslabón del capital trasnacional; en la extracción, contaminación, destrucción y despojo, en las vías y sus alrededores y en toda la región”.

Por otra parte, añade el pronunciamiento, “no queremos el Corredor Transístmico, que convierta en una fábrica de energía eólica, maquilas y explotación de minerales zonas enteras desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México”.

Otra de los macroactuaciones denunciadas por el CNI-CIG es “el Proyecto Integral Morelos (promovido por el Gobierno de México para la generación de energía eléctrica), que atenta contra el territorio de las comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos en los pueblos del volcán Popocatépetl y que reprime con la muerte a quienes cuestionan o se oponen, como el compañero Samir Flores Soberanes”.

Una de las empresas citadas en el acto de Valencia fue Acciona. En febrero esta multinacional española anunció que emprendería la construcción -en consorcio con la minera y constructora Grupo México- del Tramo 5 del Tren Maya, entre Playa del Carmen y Tulum (Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo).

Adjudicada y valorada en 713 millones de euros, la iniciativa implica la construcción de 60 kilómetros de doble vía electrificada, e incluye un viaducto ferroviario de siete kilómetros en Playa del Carmen. En una nota informativa, Acciona relaciona la infraestructura del Tren Maya con “los más de tres millones de turistas que cada año visitan la zona”. La compañía da cuenta de otras inversiones que realiza en México: 1.300 megavatios operativos en energía eólica y fotovoltaica.

Asimismo el ejecutivo español informó, en diciembre de 2020, de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) del Gobierno de  México había adjudicado un contrato para el Tren Maya –de tres años por valor de 13,5 millones de euros- a un consorcio formado por Renfe; la ingeniera y consultora pública española Ineco y la alemana DB Engineering & Consulting; las adjudicatarias “prestarán apoyo durante el periodo de construcción y supervisarán la fabricación, entrega y puesta en marcha del material rodante”.

En el mismo comunicado del Consejo de Ministros español, se afirma que el Tren Maya es un “proyecto prioritario del Gobierno de México (presidido por Andrés Manuel López Obrador) para el transporte de viajeros y mercancías”.

“¡Exigimos a Iberdrola la cancelación de los parques eólicos y fotovoltaicos en México y Latinoamérica!” Es uno de los lemas utilizados por la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; y la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura, durante una protesta el 4 de noviembre ante las oficinas de multinacional española en Ciudad de México.

Se trataba de una acción de solidaridad con los pueblos del Istmo de Tehuantepec, contra los megaproyectos y el lavado verde, en la que los activistas denunciaron –en un escrito dirigido a los directivos de Iberdrola- “el engaño, el despojo, la destrucción y la contaminación ocasionados por sus energías mal llamadas ‘limpias’”.

En el escrito, los movimientos populares rechazaban macroiniciativas de supuesto “progreso y modernidad”, como el Corredor Interoceánico, “los Aeropuertos militarizados de Santa Lucía-Estado de México y Tulum-Quintana Roo; el Parque Urbano mal llamado ecológico en el Lago de Texcoco, por cuya ribera avanza dividiendo comunidades y ejidos la autopista Tuxpan-México, vinculada al puerto marítimo de Tuxpan-Veracruz en el Golfo de México; o la Refinería de Dos Bocas en Tabasco”.

Marisela Mejía y Francisco Palma han alertado, asimismo, sobre la situación de los defensores en México; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señala que 18 defensores del medio ambiente fueron asesinados durante 2020 (estos homicidios se incluyen en las agresiones -90- llevadas a término en 65 ataques diferentes). Con una perspectiva más amplia, la ONG cifra en 460 las agresiones contra personas defensoras del territorio entre enero de 2012 y diciembre de 2018.

En cuanto a la violencia perpetrada por sectores, el CEMDA destaca el forestal –principalmente respecto a las talas clandestinas- y las vías de comunicación; de hecho, la organización ha identificado ocho ataques en 2020 en relación con el Tren Maya; tres con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla (Estado de México); y otros tres con la construcción del Puente Vehicular Xochimilco (Ciudad de México).

Tras ocho años de trabajo documental y de registro, el CEMDA constata una “violencia estructural y generalizada contra quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio”.

Destaquemos:

Nuestramérica.
Pueblos y movimientos sociales construyen
espacio de articulación continental plurinacional

Por Ollantay Itzamná, Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021.

En la ciudad de Guatemala se realiza el Encuentro Internacional titulado: Abya Yala Soberana desde los Movimientos Sociales. Este evento se realiza los días el 1 y 2 de diciembre, con la finalidad de proseguir con los consensos para la articulación plurinacional continental de pueblos, movimientos y colectivos desde los mismos actores sociopolíticos, para proseguir con los procesos de emancipación inconclusas en el Continente.

El primer día (1 de diciembre), más de 100 participantes, provenientes de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, Guatemala, y el país Vasco (España), luego de los actos protocolares, y la ceremonia espiritual de inauguración, se concentraron en exponer y debatir los siguientes temas: 

Situación y luchas movimientos de los movimientos sociales en Abya Yala

Expositores de Chile, Argentina y Guatemala, con las preguntas y aportes del resto de los presentes, coincidieron que “hay luchas de resistencia emancipatoria contra el sistema capitalista neoliberal, patriarcal, ecocida y colonial/racista en todos los pueblos y territorios del Continente”. Y el consenso fue: “Debemos seguir trabajando para conocernos y articularnos entre todas y todos con nuestras luchas. No queremos que nos sigan dividiendo con más ONG, estados naciones, “organizaciones” que hablan por nosotros, pero sin nosotros”. “No son suficientes sólo las luchas culturales o sociales. Tenemos que hacer la lucha política también por la autodeterminación de nuestros territorios”, indicaron.

Experiencias sociopolíticas como los casos del Movimiento de Pueblos en Lucha y su herramienta política Igualdad, en Chile, el caso del movimiento CODECA y su instrumento político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), en Guatemala, o el caso del movimiento FRENADESO y su herramienta política Frente Amplio por la Democracia (FAD), en Panamá, generaron entusiasmo y expectativa en la audiencia. 

Se espera escuchar la experiencia sociopolítica de movimientos y pueblos de Bolivia, en la segunda jornada del evento.

Impactos del sistema neoliberal en los pueblos y movimientos sociales

Panelistas de Panamá, El Salvador, Colombia, Honduras, Uruguay, Argentina, con los aportes de las y los presentes, concluyeron que: “el sistema neoliberal fue y es altamente destructivo para los pueblos y movimientos sociales, pero esos mismos golpes activaron y alimentan procesos de organización/articulación de resistencias territoriales de los pueblos y sectores afectados”

“El neoliberalismo destruye modos de organización sindical, social, de antaño, pero activa/obliga otro tipo de movimientos de pueblos y organizaciones sociales” “El sistema neoliberal nos golpea al sector de mujeres, pero, ahora, las mujeres nos articulamos y luchamos como nunca antes en Argentina” “El sistema neoliberal empobrece y condena a la miseria a poblaciones enteras, pero nos organizamos en ollas comunes para hacerle frente al sistema en Uruguay”. Estas fueron algunas de las ideas que se reiteraron. 

Repudiaron al sistema neoliberal colonial, racista, patriarcal, pero lo hicieron como sujetos sociopolíticos colectivos, ya no como víctimas.

Nuestros horizontes, naturaleza y objetivos del espacio de Abya Yala Soberana

En la última parte de la jornada del primer día, las y los presentes consensuaron ideas centrales que en alguna medida identifica e identificará al espacio continental denominado Abya Yala Soberana

“Somos y debemos ser un espacio de articulación solidaria de pueblos, movimientos sociales y organizaciones decoloniales, antipatriarcales, anti imperiales, anti neoliberales. Intercalando luchas sociales y luchas políticas de manera constante, simultánea e integral en y desde nuestros territorios con miras a construir estados plurinacionales, mediante procesos constituyentes populares y plurinacionales para construir el Buen Vivir”.

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/nuestramerica-pueblos-y-movimientos-sociales-construyen-espacio-de-articulacion-continental-plurinacional/

Hallamos otra lectura de la realidad del Abya Yala en Eduardo Gudynas.

Necropolítica: dejar morir a la gente y la naturaleza para mantener viva la economía

9 diciembre 2021

Por Patricia Fachin yWagner Fernandes de Azevedo

La situación social, económica, política y medioambiental de América Latina es «dramática». Así se refiere a la situación actual Eduardo Gudynas, que durante más de tres décadas ha seguido los problemas del desarrollo, el medio ambiente y los movimientos sociales en la región. «Hay más de 22 millones de pobres, lo que eleva la pobreza total en América Latina a 210 millones de personas. Se han perdido al menos 43 millones de empleos, ha aumentado la informalidad, ha vuelto la inseguridad alimentaria en varios países, más de 160 millones de estudiantes han sufrido interrupciones en sus clases y la atención sanitaria, en lugar de mejorar, ha empeorado. Estos y otros problemas están interconectados», afirma.

Eduardo Gudynas es investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES. Fue el primer latinoamericano en recibir la Cátedra Arne Naess de Justicia Global y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo (Noruega). Recientemente se ha incorporado a la Comisión para la Transformación de la Economía del Club de Roma. Sus últimos libros son sobre el extractivismo y los derechos de la naturaleza, publicados en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En inglés, su obra más reciente es «Extractivisms» (Fernwoord, 2021).

– ¿Cuáles son los principales aspectos de las crisis vividas en los países latinoamericanos?

Es necesario entender que estamos inmersos en múltiples crisis. La insistencia en que sólo sufrimos de Covid-19 se utiliza para minimizar otras crisis igualmente graves. Los problemas de la sanidad pública han agravado las dificultades que ya estaban presentes desde años anteriores. Hay dificultades económicas, desempleo y aumento de la pobreza. Ninguno de estos problemas comenzó con la pandemia. Esto explica a su vez que estas crisis afectan a todas las dimensiones sociales, económicas, políticas y medioambientales, y que sus componentes están interconectados. No se pueden tratar por separado.

La situación es dramática: más de 22 millones de personas viven en la pobreza, lo que eleva la pobreza total en América Latina a 210 millones de personas. Se han perdido al menos 43 millones de empleos, ha aumentado la informalidad, ha vuelto la inseguridad alimentaria en varios países, más de 160 millones de estudiantes han sufrido interrupciones en sus clases y la atención sanitaria, en lugar de mejorar, ha empeorado. Estos y otros problemas están interconectados.

– ¿Cuáles son las principales expresiones de este conjunto de crisis?

Hay algunos análisis que consideran la situación actual como una etapa o expresión de la «crisis del capitalismo». Estos planteamientos son a veces muy simplistas porque no entienden que el capitalismo, en cualquiera de sus versiones, implica «crisis». Por tanto, el hecho de que existan estas crisis no significa que el capitalismo esté amenazado, ni que vaya a colapsar mañana. Por el contrario, el capitalismo se reproduce aprovechando las crisis y, en algunos aspectos, esto sirve para reforzar sus versiones más primitivas. Lo que está en marcha en América Latina y en otras regiones son brutales transferencias de excedentes que se captan como dinero, mientras que al mismo tiempo se derivan otras como externalidades de todo tipo, sanitarias, sociales, económicas y culturales.

– Usted propuso la idea de la necropolítica para abordar esta situación. ¿Por qué esta idea nos ayuda a entender estas situaciones?

La pandemia aceleró un cambio más profundo en las formas de entender la política. Los grupos políticos y los Estados aprovecharon la pandemia para reforzar los mecanismos de vigilancia, control y disciplina. Utilizaron la crisis sanitaria para justificar estos altos niveles de pobreza y desempleo. A su vez, argumentando que necesitan salir de la pandemia de la crisis económica, aplican medidas de protección a las empresas e inversores que hasta hace poco eran injustificables.

La necropolítica surge bajo esta condición. Se trata de dejar morir a las personas y a la naturaleza para mantener viva la economía. Todos estamos más controlados y vigilados, la pobreza ha aumentado, cientos de miles de personas han muerto por Covid y el medio ambiente se ha destruido aún más. Pero de alguna manera esto ha sido aceptado por los políticos y gran parte de la sociedad.

Es en este cambio donde el concepto de necropolítica pone su énfasis. Se está produciendo un cambio en la esencia de la forma de entender la política, lo que hace que se acepten y naturalicen todas estas crisis. Hay miedo entre varios sectores de la ciudadanía, una creciente resignación entre otros, y hay quienes exigen aún más control, más facilidades para las corporaciones, más destrucción ecológica.

La idea de la necropolítica también indica que lo que consideran aceptable o inaceptable en las políticas públicas está cambiando, en sus demandas a los gobiernos y en relación con lo que creen que sería vergonzoso tolerar. En el pasado también hubo crisis económicas, pobreza y violencia, pero al mismo tiempo hubo grupos de partidos políticos que consideraron esto inaceptable y buscaron alternativas, y todo esto fue alimentado por fuertes movilizaciones ciudadanas. El debate político estuvo presente en las diferentes formas de defender la vida, de intentar superar estas crisis.

Por el contrario, en la necropolítica hay un fatalismo en dejar morir a las personas y a la Naturaleza, aunque estén obsesionados por mantener vivas las economías. Parece que no nos damos cuenta de que al menos 1,5 millones de latinoamericanos han muerto a causa de la pandemia. Es una cifra asombrosa. Es una ola de muertes que en otros tiempos habría hecho caer a gobiernos y presidentes, pero que no ocurrió, echando la culpa, una y otra vez, al Covid-19. El virus se ha convertido en una excusa para reforzar la necropolítica.

– Algunos componentes de esta necropolítica, como la pobreza y la violencia, están presentes en América Latina desde hace mucho tiempo.

Correcto. La violencia es un problema muy grave, no sólo hoy, sino que se arrastra desde la época colonial. Muchas de sus expresiones conocidas se han reforzado con la pandemia. Por ejemplo, la violencia del Estado al imponer medidas de cuarentena y confinamiento apelando a la policía y al ejército. La escala de todo esto era inmensa. Por ejemplo, estimamos que al menos 300 millones de latinoamericanos experimentaron alguna forma de confinamiento. También se han fortalecido los grupos ilegales, como los que se dedican a la extracción de oro o a los cultivos para las redes de narcotráfico, que controlan los territorios mediante la violencia.

La condición necropolítica se apoya en esta difusión de la violencia. Sin embargo, la necropolítica no se refiere a la violencia en actos concretos, como en el caso de los grupos armados en Colombia o las maras centroamericanas. No es una política que ordene la ejecución de personas. Sin embargo, es una política que permite que mueran, ya sea por Covid-19, o por estos grupos armados o por la criminalidad tradicional, y se resigna a ello. Es la inacción. Es una aceptación resignada. Como si asumiera que se han agotado todas las alternativas para resolver el drama de la violencia.

La vieja política presentaba discursos y medidas para intentar solucionarlo, independientemente de que pudiéramos estar o no de acuerdo con esas propuestas. Estas cuestiones fueron objeto de debate político y amplios sectores de la ciudadanía exigieron soluciones, porque no podían tolerar y estaban indignados por los asesinatos. Sin embargo, tras la pandemia, se produce una transformación en la moral pública: esto ya no genera tanta indignación, ya no produce vergüenza ni angustia, y se acepta cada vez más. Este es el triunfo de la necropolítica.

Así, la necropolítica es el resultado de una ruptura en el campo de la moral. Esto se debe a que la opresión opera ahora en este nivel más profundo y es capaz de anular otras opciones morales. Antes, las condiciones morales consideraban inaceptable que la gente muriera, las muertes generaban angustia e indignación. Durante años, todo esto se ha ido erosionando, pero con la pandemia el proceso se ha acelerado y empeorado. La opresión ha dado un paso más, actuando ahora en este campo antes que las ideologías políticas, para modificar los mandatos morales que alimentan todas las principales corrientes políticas.

– ¿Qué valoración hace de las negociaciones de la convención sobre el cambio climático que acaban de terminar en Glasgow?

Muchos líderes ofrecieron discursos y promesas radicales para hacer frente al cambio climático. Por ejemplo, Iván Duque, de Colombia, prometió la neutralidad en las emisiones netas de carbono para 2050, y el gobierno de Jair Bolsonaro firmó un acuerdo para detener la deforestación. Pero sus prácticas concretas, dentro de cada país, están lejos de cumplir estas promesas; al contrario, empeoran las emisiones de gases de efecto invernadero. Así es como Duque promueve la exploración de petróleo y gas mediante el fracking y defiende la minería del carbón, y en Brasil se acaba de confirmar un aumento del 22% de la deforestación en la Amazonia, alcanzando el nivel más alto en 15 años.

Brasil, junto con países como Argentina y Uruguay, ha firmado incluso un compromiso para reducir las emisiones de metano, que es un potente gas de efecto invernadero que se origina, por ejemplo, en la agricultura y la ganadería. Si realmente actuaran así, golpearían a la poderosa agroindustria de esos países. Pero firmaron ese acuerdo en Glasgow porque no impone medidas para garantizar su cumplimiento. Son sólo declaraciones de intenciones que sirven para la publicidad y para calmar las demandas de los ciudadanos, pero no garantizan una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Todos los gobiernos son responsables. Es cierto que algunos son más responsables que otros, pero en este momento, todos tienen algunas responsabilidades. Por otro lado, los países industrializados evitan asumirlas en todos sus aspectos, especialmente en la ayuda financiera. Pero al mismo tiempo, muchas naciones del Sur aprovechan su baja proporción de emisiones de gases de efecto invernadero para seguir contaminando y continuar exportando combustibles fósiles, como es el caso de Colombia, Bolivia y Venezuela. O utilizan la excusa de la necesidad de desarrollarse para ser aún más contaminantes, como India y México.

Así llegamos al documento final firmado por todos los gobiernos, el Pacto de Glasgow, en el que reconocen que el objetivo debe ser reducir las emisiones de CO2 en un 45% para 2030, y a cero para 2050. Pero en el mismo pacto, unos párrafos después, confiesan que las acciones de los gobiernos no conducen a estas reducciones, sino que actúan en sentido contrario, aumentando los gases de efecto invernadero en un 13,7% para 2030.

Esto hace que el documento firmado en Glasgow sea llamativo porque es una confesión escrita de su fracaso. Y no pasa nada. No hay ningún cataclismo político, ningún ministro de medio ambiente ha dimitido. Gran parte de la prensa internacional ni siquiera entiende el contenido de este pacto, y hay organizaciones que incluso lo han apoyado. Esto es necropolítica. El Pacto de Glasgow muestra claramente que la naturaleza y las personas pueden morir.

– ¿La situación política de los distintos países permite afrontar esta crisis? Por ejemplo, los cambios de gobierno en Ecuador y Perú, o las recientes elecciones legislativas en Argentina y presidenciales en Chile, ¿ofrecen oportunidades o son retrocesos?

Por un lado, hay muchos cambios en marcha, pero por otro lado hay que tener cuidado en el análisis para no caer en simplificaciones. En Ecuador, el banquero Guillermo Lasso ganó la presidencia, aplicando un programa muy conservador. Sin embargo, sigue activo el progresismo, que tiene similitudes con la agenda política del «lulismo» en Brasil y que en Ecuador se inspira en Rafael Correa. Pero al mismo tiempo, hay una renovación de la izquierda que busca dejar atrás las limitaciones progresistas y explora una plataforma comunitaria, territorial, ambientalista, feminista e indígena, liderada por Yaku Pérez. –

Se dice que Perú ha girado hacia lo que algunos llaman progresismo o izquierda, tras la victoria del profesor Pedro Castillo. Pero, de hecho, el progresismo retrocedió mucho, ya que el partido Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, perdió buena parte de sus votantes. La renovación del ala izquierda del Frente Amplio, con Marco Arana, se redujo aún más. Perú Libre, el partido que llevó a Castillo como candidato presidencial, defiende un programa dogmático del siglo pasado, ideológicamente anterior al progresismo, e incluso se ha distanciado del gobierno.

Por lo tanto, se puede ver que los sectores conservadores mantienen una presencia y un poder en estos países. Esto alimenta la necropolítica y, a medida que se extiende, refuerza aún más el conservadurismo.

Algo similar ocurrió con la renovación legislativa argentina, donde el progresismo que corresponde al actual presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha retrocedido. Los partidos clásicos de izquierda han aumentado su presencia, pero los sectores conservadores vinculados a la anterior presidencia de Mauricio Macri han aumentado aún más. No sólo eso, también ha surgido una extrema derecha, similar a la bolsonarista, que ha ganado votos para entrar en el congreso.

El miedo ante la extrema derecha es aún más evidente en las elecciones de Chile. El candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, obtuvo la mayoría en la primera vuelta para presidente. Pero lo más alarmante es que la derecha controlará la mitad del Senado y, en la práctica, también la Cámara de Diputados.

Este resultado sorprendió a muchos, porque desde el estallido social de finales de 2019, todo indicaba un giro a la izquierda. Además, en la elección de los miembros de la Convención Constituyente, el progresismo obtuvo una buena votación, pero aún más esperanzadora fue la elección de muchos miembros que representaban una renovación de la izquierda más allá del progresismo. Entre ellos se encontraban reconocidos activistas territoriales, indígenas, ecologistas y feministas. El segundo puesto en la carrera presidencial fue para el candidato de centro-izquierda, Gabriel Boric, procedente del progresismo. Se genera una situación muy tensa, ya que nadie quiere un presidente de extrema derecha, pero al mismo tiempo Boric representa un progresismo que la renovación de la izquierda desea dejar atrás.

En resumen, se puede decir que estamos viendo diferentes tensiones entre al menos tres perspectivas. Hay corrientes de derecha, que pueden ser más moderadas, como en Uruguay, o extremistas, como Bolsonaro y Kast. Ahí se alimenta la necropolítica. Los progresistas gobiernan en Argentina y Bolivia, pero su actuación es aún más criticada, sin avanzar en una renovación de ideas, como ocurriría también en Perú y Chile.

En la dimensión política, siguen atascados con el caudillismo, en la dimensión económica, con el extractivismo, y todavía hay obstáculos, según el caso, con demandas como las feministas, indigenistas y ambientales.

Por lo tanto, no son antídotos eficaces contra la necropolítica.

Por último, se mantienen los intentos de renovar una izquierda plural decolonial y, por tanto, intercultural, ecologista y, de esta manera, postextractivista, feminista y democrática. Son alternativas que trascienden el progresismo, que se enfrentan a la necropolítica, y su avance más reciente se ha producido en Ecuador y Chile, pero ha retrocedido en Perú y es marginal en países como Brasil y Argentina.

– En la última entrevista que nos concedió, dijo que las «alternativas» para América Latina «van más allá del desarrollo capitalista, y para ello contamos con la inspiración del Buen Vivir». En la práctica, ¿qué significa eso en tiempos de necropolítica?

En concreto, el punto en común de estas renovaciones de la izquierda es que tienen componentes que se corresponden con el Buen Vivir. Son de izquierdas porque defienden, por ejemplo, la justicia social y rechazan las aventuras de la derecha y la extrema derecha. Pero también reconocen las limitaciones de progresismos como los de Lula da Silva, con su «nuevo desarrollo». De este modo, el Buen Vivir y otras propuestas similares son alternativas al desarrollo en todas sus variedades. Aparecen de vez en cuando, y el ejemplo más llamativo se da en la Convención Constituyente de Chile. Allí, la comisión de medio ambiente se llama incluso «derechos de la naturaleza y modelo económico». Esto deja claro que apuntan a los derechos de la Naturaleza, que es un componente crucial del Buen Vivir y que, a su vez, corresponde a un cambio en la forma de entender el valor y, por tanto, la asociación con los modelos económicos.

Por lo tanto, no se trata de una discusión filosófica, sino de una izquierda que quiere repensar todas las estrategias económicas desde otros puntos de partida. Los componentes pueden ser muy concretos, como nuevos procedimientos de evaluación de costes y beneficios, herramientas para hacer valoraciones explícitas que no sean utilitarias, otra organización del gasto estatal e incluso propuestas alternativas de integración entre países.

Estos son los antídotos contra la necropolítica. Necesitamos una reconstrucción de la política que proteja la vida, que considere inaceptable que las personas mueran y también la Naturaleza. Este es precisamente el mandato de la Buena Vida. Y, por así decirlo, una política de la vida que parte de la valoración de la vida, no sólo por su utilidad, sino también por su belleza, sus historias e incluso por sus propiedades intrínsecas. Este aprecio alimenta el compromiso moral de defenderla. La política de la vida en la Buena Vida está en la forma en que la practicamos.

Entrevista por Patricia Fachin y Wagner Fernandez de Azevedo, traducida por CEPAT, al portugués, publicada en Revista IHU (Unisinos), 1 diciembre 2021 –  aquí…

Traducción del original en portugués al español por  Correspondencia de Prensa, y publicado en su sitio el 2 diciembre 2021,  aquí…

Acción y Reacción

Fuente: https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Necropolitica-dejar-morir-a-la-gente-y-la-naturaleza-para-mantener-viva-la-economia

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