Qué Trabajo

Noviembre 2019

Con consagración a la reterritorialización e infraestructuras de los extractivismos destruyendo presente y futuro para los pueblos.

 


 

 

 

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /Alternativas emancipatorias

 

 

 

Expropiado y explotado por burguesía

 

 

Son tiempos en que la crisis estructural del sistema mundo capitalista, y la civilizatoria en que subsumió a la humanidad entera, nos interpela a todas/os les trabajadoras/es para asumir nuestra desalienación o nuestra independencia del Capital-Estado. Tal proyecto nos plantea un cambio radical en el enfoque de nuestra cotidianeidad que haga virar nuestra actitud de familia e individuo al posicionamiento en procura de una fraterna sociedad-mundo y nos involucre en análisis de nuestra realidad profunda como elabora Gian Carlo Delgado Ramos cuando explica: El caso a revisar es el sudamericano, una región que concentra más de la quinta parte de las reservas de agua dulce del orbe y que apunta a integrar, sin considerar seria y detenidamente los impactos ecológicos y sociales, una serie de esquemas de "corredores hídricos" como contraparte a los corredores de desarrollo propuestos oficialmente desde el proyecto de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA).

 

IIRSA y la Ecología Política del Agua Sudamericana

27 de julio de 2004

Por Gian Carlo Delgado Ramos

Desde una revisión de la geoeconomía y la geopolítica del agua el presente texto busca dar cuenta de la tendencia del líquido a transformarse crecientemente en un recurso estratégico de múltiples usos y con ello de múltiples modalidades de explotación de plusvalor. Para dicho propósito se presenta una revisión de la vinculación entre el emplazamiento de lo que se conoce como "corredores de desarrollo" y, el papel que jugaría el agua para satisfacer las diversas necesidades de esos corredores y que van desde el consumo humano directo, el agrícola e industrial, como generadora de electricidad, como medio de transporte, etcétera. El caso a revisar es el sudamericano, una región que concentra más de la quinta parte de las reservas de agua dulce del orbe y que apunta a integrar, sin considerar seria y detenidamente los impactos ecológicos y sociales, una serie de esquemas de "corredores hídricos".

La idea de corredor de infraestructura es bastante vieja, no obstante, en términos "modernos", tal vez el caso más apegado a tal concepción es el proyecto estadounidense del ferrocarril transcontinental del siglo XIX y que tuvo como fin la expansión hacia el Pacífico al ir ocupando nuevas tierras. El "paquete" incluía un "programa de desarrollo" ya que conforme avanzaba el ferrocarril, y posteriormente cuando se llevó agua a las tierras áridas del oeste o al Gran Desierto Americano (1) , se iban emplazando ciudades, centros industriales, agrícolas, culturales, etcétera. Todo a modo de un gran "corredor de desarrollo" en el que los costos sociales y ecológicos de la expansión territorial estadounidense fueron apabullantes. La masacre de millones de indígenas, el robo y saqueo de sus tierras, o poco tiempo después, la inundación de tierras para la construcción de represas, -entre otras "imágenes"-, han sido una constante en la historia de la potencia norteña (2).

Ahora bien, los "corredores de desarrollo", en adelante denotados como corredores, tienen claro fundamento en el emplazamiento de un conjunto de infraestructuras que los hacen posibles, con las que toman cuerpo y forma en el espacio geográfico. Me refiero a los corredores de infraestructura.


La diferenciación es importante para dar cuenta de que sin la existencia de un corredor de infraestructura no se puede hablar de un corredor, no obstante, cuando se habla de un corredor, al mismo tiempo se está haciendo alusión a la infraestructura que lo hace posible.

Los corredores (y sus respectivos corredores de infraestructura) en los últimos siglos han demostrado ser la figura más eficiente -en términos capitalistas- para la ocupación territorial (reordenamiento territorial), el transporte y comercio de mercancías por tierra y agua, el desarrollo de la industria y la agricultura de gran escala, el estímulo de zonas de turismo de inspiración de multinacional, etcétera. Es por ello que los corredores deben verse como rutas de desarrollo estratégicas de varios kilómetros de ancho en los que se emplazan zonas de producción intensiva, de extracción de recursos naturales, de medios de comunicación, de emplazamientos urbanos, entre otros factores.

A grosso modo, la composición nodal de un corredor consiste en: 1) Medios de Transporte para mover las materias primas y mercancías (puertos marítimos -por ejemplo del lado del Atlántico y del Pacífico- y otros medios que varían según la composición territorial lo permita: canales de agua, ferrocarriles de alta velocidad, carreteras, etcétera); 2) Energía para hacer funcionales los corredores, y sobre todo para mover los sistemas de producción: petróleo, gas y electricidad (plantas nucleares, termoeléctricas/geotérmicas, hidroeléctricas, tendido e interconexión eléctrica, gasoductos/oleoductos, etcétera.); 3) Agua para actividades productivas (presas, trasvases, acueductos, sistemas de bombeo, distribución y tratamiento, etcétera -inclúyase la generación de hidroelectricidad) (3) ; y 4) Telecomunicaciones que integren la región en tiempo real, tanto hacia adentro del corredor, como con otros corredores y en general con el exterior (fibra óptica y emplazamiento de centros de comunicación con tecnología de punta). Véase Cuadro A.

Esta esquematización es ampliamente conocida y su implementación en el hemisferio Americano es un asunto de actualidad, en Mesoamérica con el Plan Puebla Panamá (4) y, en Sudamérica con el IIRSA (véase más adelante).

Vale aclarar que en general los diseños solo son trazos generales y las especificaciones se manejan a nivel regional, nacional y local. Éstos siempre son sujetos de modificaciones, no sólo técnicas, sino también de aquellas que responden a su refuncionalización en búsqueda de las mejores opciones que vayan surgiendo para estimular la acumulación de capital a favor de los principales grupos de poder económico de tal o cuál región. Además, su grado de incertidumbre es considerable tanto por su factibilidad financiera y limitaciones tecnológicas y técnicas no esperadas (características biogeofísicas de los territorios, entre otros factores), como por las condiciones políticas y sociales (en nuestro caso de estudio tanto aquellas dentro de Estados Unidos como las presentes en el espacio territorial latinoamericano).

En su caso, la implementación es progresiva y no siempre se presenta como un "paquete", sino como una serie de proyectos aislados de diversas dimensiones. En otras ocasiones, se pueden identificar proyectos que no estaban considerados previamente pero que han sido consecuencia de nuevas necesidades particulares de las cúpulas de poder y de la competencia intercapitalista, y otras son resultado de la contradicción de intereses capitalistas locales, nacionales, regionales o mundiales; ambas de un momento histórico dado. Por tanto, no siempre todos los proyectos de infraestructura forman parte de un esquema mayor, dígase corredores, aunque bien pueden ser integrados y adaptados posteriormente a ésos.

Escenarios de corredores de desarrollo y sus corredores hídricos en Latinoamerica

En América, tres son las regiones de escenarios y megaproyectos hídricos que se pueden identificar y que responden al emplazamiento de corredores (ver Mapa 1). Al norte del río Bravo, sobresalen los corredores del este de EUA -totalmente vinculados al Mississippi- y los de algunas regiones del oeste de ese país (particularmente California). Para satisfacer las demandas de agua de los susodichos corredores, además de las de otros ubicados al sur de Canadá y al norte de México, se ha diseñado desde mediados del siglo XX el North American Water and Power Plan (NAWAPA) (5). Su potencial retorno ante una aguda crisis de agua en EUA no es algo descartable (6). En México y Centro América, se viene impulsando insistentemente el desarrollo de múltiples corredores (siete en México según el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000 (7) ). Su última versión es el llamado Plan Puebla Panamá (PPP) que tiene como su contraparte hídrica lo que he calificado en otra ocasión como Escenario Aquarium y que tiene como corazón el sistema hidroeléctrico de la cuenca del Usumacinta (México-Guatemala) (8). Por último, el contexto sudamericano es modelado por los siete corredores terrestres y dos de hidrovías que conforman el sistema de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA). Los movimientos de agua ahí, en especial se centran en los afluentes de los ríos Plata/Paraná/Paraguay-Guaporé (donde se ubica un corredor de hidrovías que va de sur a norte); el Amazonas/Putumayo; y el río Negro-Orinoco (los dos últimos, conforman un corredor de este a oeste conectando Macapa y Belem en el Atlántico, con Saramerisa/Yurimaguas en Perú y con Puerto El Carmen en Ecuador, todos con conexiones terrestres al Pacífico). Además, el foco de atención es el potencial que tiene el acuífero Guaraní, la reserva de agua fresca subterránea más grande del mundo y que se perfila como pivote hídrico de la región productiva "fuerte" del Mercosur. 
Veamos pues el caso particular de Sudamérica, sus planes de mega proyectos hídricos y su "empalme" con los corredores diseñados para esa región.

Las reservas estratégicas de agua sudamericanas y el IIRSA

En América del Sur, la riqueza natural es alucinante. Es la primera reserva biótica terrestre del planeta y la segunda marina; almacena cerca del 25% del agua fresca mundial; además de contar con cuantiosos depósitos de petróleo en Venezuela (cerca del 70% de las reservas hemisféricas (9) ); de gas en Perú y Bolivia; o de distintos minerales en toda la región; entre otros ejemplos.

Como se ha apuntado, los ejes hídricos más importantes son los afluentes de los ríos Plata/Paraná/Paraguay-Guaporé; el Amazonas/Putumayo; y el río Negro-Orinoco. Asimismo, entre otras reservas de agua superficial de importancia considerable y que son pertinentes mencionar, están las que se localizan en la Patagonia entre río Mayo y río Gallegos. A ésas se suman los inmensos depósitos subterráneos del liquido que conforman lo que se conoce como Acuífero Guaraní, por mencionar el más importante de la región y que se reconoce como el acuífero más grande del mundo con una extensión de alrededor de 1,190,000 km2 (superficie mayor que las de España, Francia y Portugal juntas). El reservorio de agua abarca una superficie, en Brasil, de aproximadamente 850 mil km2 (9.9% del territorio), en Argentina 225 mil km2 (7.8%), en Paraguay 70 mil km2 (17.2%), y en Uruguay 45 mil km2 (25.5%).

Como puede imaginarse, su importancia es vital para la serie de corredores de desarrollo que ahí se busca consolidar (Mapa 2). No es casual que el centro de producción más fuerte de Sudamérica, según los diseños del IIRSA sea justamente la zona donde se extiende el acuífero, un punto geográfico que por el oeste tiene salida directa por el Atlántico y por el este se comunica con lo que se pretende que sea la hidrovía Paraná-Paraguay (medio de transporte regulado por varias represas que ya comienzan a ser financiadas por el BM y el BID -e.g., Corpus, Yacyretá (10) – y que, "aunque" dañarían el ecosistema del Pantanal, su realización podría dar salida a la producción no sólo industrial, sino a la agrícola -particularmente de la soja convencional y genéticamente modificada que es producida ahí por multinacionales como Cargill- en un área que se extiende desde Cáceres en Argentina, a Mato Grosso en Brasil, y hasta Nueva Palmira en Uruguay) (11).

En este escenario de ordenamiento territorial, el acuífero se perfila como estratégico, de ahí que el BM y los gobiernos de los países que integran el MERCOSUR lanzaran el proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Sistema Acuífero Guaraní.

Lo llamativo aunque no sorprendente, es que se trate de un programa diseñado por los "expertos" del BM en conjunto con sus "contraparte locales" que trabajan subordinadamente según los típicos lineamientos del Banco contenidos en sus manuales operativos (12). A lo que se suma el "detalle" de que es financiado por ese organismo "internacional", por los Gobiernos de Holanda (Bank Netherlands Water Partnership Program) y Alemania (German Geological Survey), por la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Organización de Estados Americanos (con sede en Washington).

Según el News Release No. 2003/371-LAC del BM, "?los $27.24 millones del Proyecto del Sistema Acuífero Guaraní, que incluyen una donación del Fondo Mundial para la Naturaleza [Gef, por sus siglas en inglés] de $13.4 millones, servirán?para elaborar e implementar en forma conjunta un marco institucional y técnico para el manejo y la preservación del Acuífero." Una reserva de agua que puntualmente es reconocida por el Banco en ese mismo documento como: "?un recurso estratégico de agua potable en el Cono Sur." (13)

Entre los 7 componentes del Proyecto, descritos en el documento base del BM (14) , caben destacar: (i) la expansión y consolidación del conocimiento científico a cerca del Acuífero en base al "desarrollo e integración" del SISAG – Sistema de Información del Sistema Acuífero Guaraní; (ii) el desarrollo e implementación conjunta de un marco regulatorio de manejo del Acuífero; así como la (vi) consideración del potencial geotérmico para la generación de energía eléctrica.

Ahora bien, vale aclarar lo que el BM suele entender por "marco regulatorio de manejo" o proceso de "fortalecimiento institucional" en sus proyectos relacionados a recursos naturales (háblese, por ejemplo de biodiversidad o agua). Generalmente, se refiere a todas aquellas medidas que se han de tomar para homogeneizar los lineamientos legales y operativos de acceso a tales o cuales recursos (claro está, bajo el argumento de que es un prerrequisito necesario para ejecutar su "conservación", su "uso sustentable", etcétera) (15). En tal sentido, de los 4 años que de entrada componen el proyecto del Acuífero Guaraní, los 3 primeros se enfocan a esa finalidad, o como el BM señala, a la "primera fase" que, una vez consolidada, el siguiente paso (o fase) sería colocar a determinados actores en la gestión y usufructo del líquido.

Ese es el típico modus operandi del Banco que, en este tipo de proyectos, devela su interés, primero, por reconfigurar el manejo de cuencas y, segundo, por la transferencia de los servicios hídricos hacia el sector privado (16). Es decir, por un lado, impulsa una concentración del manejo de cuencas hídricas en manos de "selectos actores" (como sus ONG conservacionistas; e.g., Conservation Internacional) y, una vez consolidados, busca, por el otro lado, colocar a las multinacionales de los acreedores en el centro de la gestión y usufructo del agua dulce (es decir, en los negocios de servicios hídricos de almacenaje, distribución, potabilización, generación de termo e hidroelectricidad, etcétera).

Ese proceso del usufructo privado del agua, que se consolida mediante concesiones parciales o totales (pretexto que se usa para decir que entonces no se trata de privatización, queriendo decir, de "venta total"), se ha venido concentrando principalmente en manos de multinacionales como Bechtel Co., las francesas Suez/división ONDEO -antes Lyonnaise des Eaux- y Vivendi, o la inglesa Thames Water, entre otras. Es un proceso que ha sido sólo posible a partir de que los Gobiernos están abandonando el control de las fuentes nacionales de agua al participar en tratados o arreglos comerciales tipo OMC (17) o TLCAN (el último para el caso de América del Norte), desde los cuales endosan la "transferencia" de la gestión de los recursos hídricos hacia la iniciativa privada (en este contexto, en el caso del acuífero Guaraní, no es que se venda el acuífero en sí mismo -aunque se puedan privatizar/concesionar pozos, hidroeléctricas o geotérmicas-, sino más bien del negocio que se pueda hacer con el agua extraída de ahí).

Los argumentos pro-privatizaciones/concesiones son ya bien conocidos y un tanto desgastados. Éstos suscriben la urgente necesidad de mejorar el mal servicio que prestan las paraestatales" y la "ausencia de presupuesto público". El objetivo, según nos informan las multinacionales del agua, sus Gobiernos, el FMI, el BM y los bancos de desarrollo regional, es asegurar, mediante la privatización del agua o de acuerdos público privados, el acceso a los servicios relacionados a más de 2.4 millardos de personas en el mundo. La "universalización plena del servicio", bajo esa lógica, se sustenta en un sector privado que por naturaleza es más eficiente y competitivo, además de ser capaz de aportar el financiamiento necesario. Esas presuposiciones, como puntualiza Grusky de Public Citizen (EUA), "?no son ejecutadas en la práctica y lo demuestran, entre otros, los fiascos de?Buenos Aires, Manila, Atlanta, Cochabamba, Inglaterra [ya que]?han resultado en incrementos en los ritmos de consumo de agua, en crisis de salud pública, débiles regulaciones, falta de inversión en infraestructura hídrica, pérdida de empleos y amenazas a sindicatos, contaminación y otras catástrofes ambientales, o en acuerdos secretos e inconformidad social" (18).

Ahora bien, la determinación de la gestión y usufructo del agua contenida en el acuífero Guaraní queda definida en el documento base del BM antes indicado, cuando se explicita que, "?el financiamiento de la segunda fase considerará recursos de agencias de cooperación, GEF, BM, el sector privado y/o otros organismos de financiamiento multi o bilateral." (19) Es decir del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, entre otros.

De lo que se está hablando en el fondo, es de moldear las legislaciones nacionales de los países Sudamericanos en cuestión, para que faciliten programas de inversión privada sobre un recurso estratégico (entiéndase como el endoso de los Gobiernos para transferir la gestión y usufructo del agua, aunque sea nada más a modo de "préstamo", o en palabras legales, de concesión); un panorama en el que la información de las características cualitativas y cuantitativas del recurso (recabadas por el ya mencionado SISAG) es fundamental para saber las dimensiones y potencialidades de los negocios viables. Por demás llamativo es que esos datos científicos, estarán a disposición del BM y su IFC, del resto de financiadores y seguramente de los inversores interesados.

Aunque el proyecto del acuífero sobresale por las grandes cantidades de agua fresca ahí contenidas, existen otros proyectos del mismo estilo en la región. Vale la pena mencionar aquellos vinculados a la Cuenca del Plata (un eje nodal de los corredores sudamericanos de la zona productiva del Mercosur) que drena un cuarto del continente Sudamericano y cubre una superficie de 3.100.000 km2. En este caso destaca el programa financiado por la National Science Foundation – NSF (EUA) denominado "Desarrollo de una Agenda de Investigación Multidisciplinaria en la Cuenca del Plata". Es parte del proyecto "Ciencia para el Desarrollo Sustentable" del Directorio de Programas Internacionales de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia – AAAS (por sus siglas en inglés), financiada, entre tantos, por diversos actores vinculados a un importante consumo de agua como la Rockefeller (EUA), Ford (EUA), IBM (EUA), Kellogg (EUA), Kodak (EUA) o la Coca-Cola (EUA). Esta última a la cabeza, junto con Nestlé (Suiza) y Danone (Francia), del negocio mundial del agua embotellada (20).

En sí, el Proyecto, al igual que en el caso del acuífero Guaraní y su SISAG, busca consolidar un Sistema de Información Geográfica (SIG) más preciso de la región, con el objeto de "fortalecer" y enlazar "iniciativas ya existentes del BM, BID?", etcétera. (21)

La consolidación del control sobre esas reservas hídricas particularmente se basa en la perspectiva de su "conservación" y "uso sustentable" (que, como se indicó, para el BM y sus socios generalmente quiere decir de usufructo solamente por parte de algunos candidatos que cumplan con ciertos requisitos que muchas de las veces no tienen mucho que ver con cuestiones ambientales y de conservación), pero existe otra dimensión del recurso en términos de comunicaciones y generación de energía; me refiero al emplazamiento de hidrovías e hidroeléctricas, entre otras infraestructuras relacionadas.

A la hidrovía Paraguay-Paraná se suma, por ejemplo, el "Gran Canal" que conecta el sistema del Amazonas -y eventualmente los afluentes del Paraná- con las costas Venezolanas a través del río Orinoco. Esta hidrovía debe visualizarse desde la dinámica de los corredores como una salida directa al Caribe y hacia EUA mediante el Mississippi. Aquí es dónde podría tomar forma un escenario de "arrastre" de bolsas súper gigantes con agua sudamericana hacia la potencia norteña (Florida) como una alternativa o complemento al escenario Aquarium.

Otro esquema llamativo es la red de represas que se ha diseñado para la región del Chaco y la Pampa en Argentina, íntimamente ligado a potenciar la producción agrícola de regadío intensivo (léase, agroindustria). Entre las represas que se barajan, están las del Sistema Tarija-Bermejo y Sistema Polo de Desarrollo; más al sureste las de Paraná y Guazú; o poco más al suroeste las de Chocón, Cerros Colorados, Michihuao, Piedra del Agua, Alicurá y Collón Curá (véase Mapa 2).

Otras represas, más ligadas a su función energética como fundamento de la explotación minera (particularmente de aluminio) se han considerado por ejemplo en: Argentina (caso de las represas a emplazarse en los ríos Cuervo, Cóndor y Blanco para beneficio de la canadiense Noranda); zona amazónica de Brasil (represa San Isabel, Serra Quebrada, Estreito y Machadinho, todas en beneficio de la estadounidense Alcoa y otras empresas domésticas como Vale do Rio Doce o Votorantim); Chile (3 represas en Chacabuco en beneficio de Noranda); etcétera. (22)

Asimismo, considérese el potencial hidroeléctrico de otras regiones como el de Perú, un caso llamativo si se tiene en cuenta que es en ese país donde se emplaza gran parte del corredor de desarrollo Andino y en donde desembocan las principales hidrovías (Sarameriza/Yurimaguas/Pucallpa) de lo que el IIRSA denomina como "eje del Amazonas" -afluentes del Amazonas/Putumayo. El alto consumo de energía que implicaría el funcionamiento intensivo de puertos y zonas industriales vecinas se podría abastecer tanto con plantas generadoras de electricidad de gas proveniente de Camisea y/o con unas decenas de hidroeléctricas. Según algunos cálculos, el potencial hidroeléctrico de las cuencas de los ríos Marañón, Hullaga y Ucayali podría llegar a una potencia combinada de cerca de 18 mil megavatios. (23)

Escenarios similares de vinculación entre los corredores del IIRSA y [sus] "corredores hídricos" se extienden a lo largo y ancho del Cono Sur. Todos requieren de indagaciones detenidas, particularmente de parte de actores locales.

Las dimensiones de los impactos y secuelas ecológicas y sociales que giran en torno a tales potenciales escenarios de gestión y usufructo del agua sudamericana en el marco del IIRSA -los más aparatosos aquí brevemente indicados- sugieren pues, ser mayores. El debate colectivo, abierto y participativo es urgente, sobre todo porque se trata de un asunto que tiene y seguramente tendrá cada vez más trascendencia, sobre todo ante la creciente tendencia a privatizar y desnacionalizar los recursos naturales del planeta. Al fin y al cabo el agua es vital para tod@s, pero no resulta muy claro que el acceso al líquido vaya a ser, dentro de tales escenarios, efectivamente universal.

Reflexión Final

Resulta fundamental dar cuenta de que dichos proyectos (PPP, IIRSA y sus "corredores hídricos") sólo van a operar donde la población no se organice y luche colectivamente o donde deje de hacerlo. Y es que los movimientos sociales juegan un papel fundamental no solo como expresión de una afirmación de identidad local, sino sobre todo como reacción y contramedida ante una lógica geoeconómica y geopolítica que supone -en este caso desde el emplazamiento de "corredores de desarrollo"- la privatización, depredación y desnacionalización de los recursos naturales. Pero nótese que no se trata de rechazar todo plan de desarrollo, sino de aquellos que atentan contra los pueblos y su entorno natural; de aquellos que tanto en la esfera del agua como en otras, pretenden privatizar beneficios y socializar costos.

Este artículo ha sido producto de la investigación de grado de magister en Ciencias Ambientales del Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental (Universidad Autónoma de Barcelona) que lleva por título "Ecología Política del Agua". 
Publicado en Enfoques Alternativos. Argentina. Julio de 2004.

* Por Gian Carlo Delgado Ramos 
Economista mexicano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y candidato doctoral por la UAB. Autor de La Amenaza Biológica (Plaza y Janes, 2002) y Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización (Plaza y Valdés, 2004).

Referencias 
1- Véase: Worster, Donald. Rivers of Empire: water, aridity and the growth of the American West.
Oxford University Press. 1985.
2- Léase: Zinn, Howard. La otra historia de los Estados Unidos. Las otras voces. España, 1999.
3- En general, los proyectos de grandes represas van ligados a programas de irrigación masiva de tipo agroindustrial. En el mundo, alrededor del 65-70% del consumo del agua corresponde a la agricultura, y el grueso de ésta a la de regadío. Estos últimos comprenden cerca de un sexto de las tierras cultivadas, pero aportan más de un tercio de la cosecha mundial (Barlow, Maude y Clarke, Tony. Blue Gold. Sttodart. Canada, 2002: 6-9).
4- Para un análisis del agua en el marco del PPP, véase: Delgado-Ramos, Gian Carlo. "PPP, hidroelectricidad y medio ambiente." El Cotidiano. UAM. México, enero de 2004.
5- Diseñado en 1964 por The Ralph M. Parsons Company, una de las empresas más grandes de ingenieros en EUA, es un proyecto de múltiples represas en Alaska y el área del Yukón en Canadá que atraparía el agua de varios ríos en un área de cerca de 3.36 millones km2. Gran parte de esa agua sería despúes canalizada por un sistema de 800 km de largo construido de los cañones naturales de las Montañas Rocallosas en la provincia canadiense de British Columbia. De ahí, hacia el este se definía un canal hasta el Lago Superior con el objeto de mantener el nivel del agua constante. Con ese canal se aumentaría la capacidad de generación hidroeléctrica y de apertura de nuevos campos agrícolas de tipo intensivo en toda la zona de la Gran Planicie de Canadá y EUA, al tiempo que se habilitaría la navegación desde los Grandes Lagos hasta el corazón de Alberta, Canadá. Al sur del gran embalse de las Rocallosas, una parte del agua se bombearía hacia la Reserva Sawtooth al suroeste de Montana, punto desde el que se encausaría -por gravedad- hacia los estados del centro-este y sureste de EUA a través de un túnel que atravesaría la Montaña Sawtooth de unos 24 m de diámetro y 80 km de largo. Otra parte se encausaría a los acueductos que llevarían el líquido a Oregón, Utah, Nevada, California y Arizona en EUA, y a parte de Baja California, Chihuhua y Sonora en México. Y finalmente, el resto del agua del embalse de las Rocallosas se utilizaría en una serie de represas y tratadoras que se emplazarían en la parte central de Idaho y sureste de Washington.
6- Véase: 1) Delgado-Ramos, Gian Carlo. "Privatización y saqueo del agua en Mesoamérica." Nueva Sociedad. No. 183. Venezuela, enero-febrero de 2003. 2) Delgado-Ramos, enero de 2004. Op cit.
7- Poder Ejecutivo Federal. Secretaría de Desarrollo Social: Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000. México, marzo de 1996.
8- El escenario Aquarium, consistiría en un acueducto subterráneo y/o marino (para no perder mucha agua por evaporación) que se extiende a lo largo de la línea costera del Golfo de México y con destino a EUA; aunque las especificaciones podrían variar. La transferencia de agua sudamericana hacia el extremo sur, en algún punto del estado mexicano de Tabasco, también podría seguir el mismo rumbo que el de los oleoductos/gasoductos que salen de Colombia hasta un punto cercano al centro de refinería de Ciudad PEMEX en México. Una vez ahí se requeriría de un sistema de bombeo lo suficientemente potente, por lo que se especula de instalaciones con centrales eléctricas exclusivas (que pudieran incluir alguna que otra nuclear) y subestaciones de bombeo ligadas al tendido eléctrico principal. La importancia del sistema hidroeléctrico del Usumacinta, además de la energía que produciría con el emplazamiento de múltiples hidroeléctricas es que funcionaría como una red regulada en la que se conectarían los principales caudales de México y Guatemala (más el agua que se pudiese transferir del resto de Centroamérica-Colombia vía terrestre o marina mediante el arrastre de bolsas súper gigantes, escenario poco factible pero no descartable). Ello serviría a modo de un gran y extendido "dique" de contención del líquido antes de ser bombeado por el escenario Aquarium (Véase: Delgado-Ramos, enero de 2004. Op cit).
9- Según el Statistical Review of World Energy 2003, América Latina y el Caribe cuenta, en base a datos de finales del 2002, con el 10.6% de las reservas mundiales de petróleo (86% concentradas en Venezuela y México); produce el 14.4% del crudo; cuenta con el 4.7% de las reservas internacionales probadas de gas natural; con el 2.3% de las de carbón mineral -suficiente para 288 años-, y con el 21.7% de la producción de hidroelectricidad en el orbe. Reporte disponible en: www.bp.com/subsection.do?categoryld=95&contentld=2006480 
10- Véase: http://iadb.org/cont/poli/yacyreta/admin.htm 
11- Se estima una producción de 110 millones de toneladas de soja en el área de influencia, representando el 50% del volumen de mercancías que se espera se transportarían por esta hidrovía. De este modo, Brasil y Argentina juntos superarían a EUA, el "granero del mundo." Para revisar algunos detalles del proyecto y su avance, véase: a) texto del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente disponible en www.fobomade.org.bo/index1.php. b) documento del IV Coloquio Portuario Andino celebrado en octubre de 2001:www.caata.gov.co/reuniones/coloquios/IVcoloportandino.doc 
12- Léase: Saxe-Fernández, John y Delgado Ramos, Gian Carlo.
Imperialismo y Banco Mundial. Popular. España, 2004.
13- BM. "Multilateral Initiative to manage South America’s largest groundwater reservoir launched."
News Release No. 2003/371/LAC. Uruguay, 23 de mayo de 2003. Disponible en: http://web.worldbank.org Las negritas son mías.
14- BM, Environmental Protection and Sustainable Development of the Guaraní Aquifer System. Reporte No. 23490-LAC. Washington, D.C. EUA, 17 de mayo de 2002. ( www.ana.gov.br/guarani/docsbasicos/pad.pdf)
15- Para la revisión particular del modus operandi de los proyectos del BM en Mesoamérica sobre conservación de biodiversidad véase: Delgado-Ramos, Gian Carlo. Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización. Plaza y valdes. México, 2004.
16- Léase: Delgado-Ramos, enero-febrero de 2003. Op cit
17- En el marco de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Cancún (México) en septiembre de 2003 se presionó la negociación de la privatización de servicios, que incluyen los del agua. El fracaso de la Cumbre presupone la posposición de la situación. 
18- Véase Grusky, Sara. "Water privatization fiascos." Public Citizen. Marzo de 2003:1. Disponible en: www.citizen.org/cmep.
19- BM, mayo de 2002. Op cit. 
20- El volumen de ventas de agua embotellada registró en el año 2000 unos 84 millardos de litros, de los cuales, una cuarta parte se consumía fuera de su país de origen. Para 2002 la cifra había aumentado a 126 millardos. Según Nestlé, en los próximos años, el crecimiento del sector deberá oscilar entre un 7% y un 9% al año, y el mercado deberá multiplicarse por dos en el 2010. Es un negocio redondo que se sustenta en la venta de un recurso vital y público que rara vez paga por la comercialización privada del mismo. Esto es que las multinacionales en el negocio se apropian del agua de los países donde se establecen. El negocio no es cualquiera, sobre todo si se considera que la cotización del agua embotellada es mayor que la del petróleo. A nivel mundial, el mercado del agua envasada está estimado en 22 millardos de dólares anuales. Para un estudio puntual de la temática véase: Delgado-Ramos, Gian Carlo. "El privilegiado y gran negocio del agua embotellada." El Catobeplas. No. 25. España, marzo de 2004. Disponible en: www.nodulo.org/ec/2004/n025p14.htm 
21- www.aaas.org 
22- Para una indagación puntual sobre esta temática véase el informe de Electrobras "Novas Usinas Hidroeléctricas – 2001". Disponible en: www.eletrobras.gov.br/downloads/IN_Noticias_Assuntos/ usina_hidro01.pdf
23- Marañón 4,730 mw, Ucayali 8,360 mw y Huallaga 2,420 mw. (La Torre Tuesta y Lazarte Núñez. "Potencial hidroeléctrico de los ríos Marañón, Huallaga y Alto Ucayali." Cosapi. Perú. Sin fecha)

Fuente: https://www.ecoportal.net/temas-especiales/agua/iirsa_y_la_ecologia_politica_del_agua_sudamericana/

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, comenzaremos a desestructurar el poder real y efectivo de la «contrarreforma agraria integral» si cuestionamos cómo el trabajo de cada cual y de todes nosotros la hace posible. Implica enfoque multisectorial, federal-latinoamericano e interdisciplinario de la desterritorialización por el Capital-Estado para concretar la reterritorialización de la eficiencia extractivista exportadora.

 

Circulación y división territorial del trabajo:

la hidrovía Paraná-Paraguay,

el avance de la soja

y el agravamiento de

la crisis socio-ambiental en la Argentina (1996-2014)

 

Revista Eletrônica Geoaraguaia. Barra do Garças-MT. V 5, n.1, p 1 - 26. Janeiro/Julho. 2015.

 

Sebastián Gómez Lende Investigador Asistente de CONICET. CIG, IGEHCS, CONICET-UNCPBA. Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina. gomezlende@yahoo.com.ar

 

Introducción

Entender el funcionamiento del territorio exige captar el movimiento. Esta premisa es especialmente válida para el período actual, donde la circulación se acelera y prevalece sobre la producción propiamente dicha, valorizando desigualmente las áreas de cada país e imprimiendo fluidez al desplazamiento de los factores esenciales de la economía globalizada. Como en el pasado, las redes de transporte desempeñan una función clave: permitir la difusión de los usos modernos del territorio, jerarquizando a las áreas productivas preexistentes y participando de la creación de otras nuevas. En la actualidad, esto viabiliza formas de acumulación por desposesión que insertan a esas áreas en el mercado mundial a expensas del patrimonio ambiental y las condiciones de vida de las comunidades locales.

 

Este trabajo persigue dos objetivos complementarios.

 

En primer lugar, se presenta un breve marco teórico, donde se definen conceptos básicos como espacio geográfico, redes, acumulación por desposesión y extractivismo. A continuación, se desarrolla una aproximación general al caso de la Hidrovía Paraná-Paraguay, analizando sus antecedentes y contexto histórico, la funcionalidad de esta obra de infraestructura para los países miembros del proyecto, sus nexos respecto de la privatización del sistema nacional de puertos, la concesión de parte de esa red a capitales privados, las condiciones de fluidez existentes para la circulación y el nivel de tráfico comercial. Enteramente dedicado al núcleo del trabajo, el tercer apartado explica cómo el inicio y la expansión de las actividades de la Hidrovía Paraná-Paraguay hicieron posible el avance de la frontera agrícola hacia el norte del país, fenómeno que, íntimamente ligado al boom de la soja transgénica, ha coadyuvado al agravamiento de la crisis socio-ambiental preexistente. En tal sentido, se analiza el peso relativo de la comercialización de oleaginosas en las exportaciones

transportadas por la hidrovía, el aumento (discriminado según provincias) de la superficie dedicada al monocultivo sojero, la apropiación de puertos por parte de las grandes cerealeras y agroindustrias nacionales y extranjeras, la valorización y concentración de la tierra, los conflictos sociales, la expulsión de campesinos y aborígenes, y el aumento de la deforestación y la contaminación ocasionado por ese nuevo uso del territorio.

 

También aquí son abordados los paralelismos hallados entre la moderna Hidrovía Paraná-Paraguay y la antigua expansión ferroviaria del modelo agroexportador, como vectores-clave para el afianzamiento y la expansión de los modelos hegemónicos de organización espacial propios de cada período histórico. Finalmente, se presentan las conclusiones a las que ha arribado este trabajo.

 

Conceptos básicos: espacio geográfico, redes, acumulación por despojo y extractivismo

Si el espacio geográfico constituye una forma-contenido manifestada a partir de un conjunto solidario, indisociable y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones mediados por normas (Santos, 1996a), la noción de «territorio» puede ser definida como ese mismo espacio explicado a partir de sus usos (Santos y Silveira, 2001). En el período histórico contemporáneo -el denominado medio técnico-científico-informacional-, los usos hegemónicos del espacio expresan una aceleración de todas las formas de circulación, la consolidación de la división socio-espacial del trabajo, el mayor nivel de especialización económica regional y la diferenciación de los lugares según su productividad espacial, generando una creciente tensión entre globalidad y localidad (SANTOS, 1996a; 1996b). En la actualidad, el propio patrón de reproducción espacial es definido por la circulación, que es responsable por los cambios de valor en el espacio y prevalece sobre la producción propiamente dicha, creando mapas de puntos de sujeción y control destinados a facilitar el movimiento de los factores esenciales de la economía globalizada (SANTOS, 1996a; 2000).

 

Entender el funcionamiento del territorio exige captar el movimiento y comprender cómo la inteligencia del capital reúne aquello que el proceso directo de la producción había separado (SANTOS y SILVEIRA, 2001). Cobran importancia aquí las ‘interacciones espaciales’ (LOBATO CORRÊA, 1997), el complejo conjunto de desplazamientos de personas, mercancías, capital e información que, vía diversos medios y velocidades, diseña redes de fijos y flujos. Ordenador del espacio total, ese espacio de flujos se superpone a aquél, implicando un proceso selectivo de creación de fluidez que privilegia a las regiones donde se sitúan las producciones destinadas a la exportación (SANTOS, 2000; SANTOS y SILVEIRA, 2001).

Siendo portadores de una lógica o racionalidad determinada, esos sistemas ‘eligen’ a los

los subespacios y agentes destinados a beneficiarse con su geometría, explotación y modernización, pasando a ‘regular’ sus comportamientos. Exigentes de un control coordinado, los puntos intrínsecos al trazado de las redes ejercen, a pesar de su limitada extensión física, una poderosa influencia sobre el espacio contiguo, incluso sobre las áreas más distantes del territorio nacional. Además, las redes destruyen viejos recortes espaciales y crean otros nuevos, operando como conductoras de fuerzas centrípetas y centrífugas que, de ese modo, se vuelven responsables por la división territorial del trabajo y la organización del espacio (SANTOS, 1996a). Operando como vectores de reproducción y agravamiento de las desigualdades preexistentes, las redes unen a los puntos productivos y evitan a las áreas menos dinámicas (Silveira, 1999). En consecuencia, los países se fragmentan en espacios de la rapidez y de la lentitud, en áreas de fluidez y de viscosidad, en virtud del nivel de fluidez virtual -morfología, número y densidad de vías, soportes y vehículos aptos para la circulación- y efectiva -frecuencia de uso, pautas técnicas y políticas de funcionamiento- (SANTOS y SILVEIRA, 2001) de las redes. Todas las redes geográficas -de transporte, energéticas, financieras, de comunicación e información- son permeables, bajo el imperio del llamado ‘orden global’, al influjo de lo que SANTOS (1996a, 1996b) denomina ‘verticalidades’, esto es, fuerzas cuyos principales atributos son la mundialización del capital, la producción globalizada, las actividades modernas, las normas internacionales y la estricta obediencia a la racionalidad del mercado y a los intereses de los actores dominantes. Las verticalidades fomentan la instalación de los usos modernos del territorio, que se revelan racionales sólo para los agentes beneficiados por ese modelo de organización espacial, y siendo irracionales para el resto de la sociedad. Esos usos del territorio encarnan mecanismos de ‘acumulación por desposesión’ (HARVEY, 2004), formas de despojo que representan la continuidad y perfeccionamiento del acto histórico de acumulación primitiva u originaria (MARX, 1968) que instauró las relaciones capitalistas a escala mundial. Operando a través de formas tanto tradicionales -supresión de las formas de producción y consumo alternativas, monetarización y tributación, usura y endeudamiento a través del crédito, desplazamiento de granjas familiares a manos de grandes empresas agrícolas, persistencia de ciertas formas de esclavitud- cuanto recientes -mercantilización y privatización de la tierra, conversión de regímenes de propiedad común al régimen de propiedad privada, expulsión de campesinos e indígenas de sus dominios ancestrales, privatización de firmas estatales industriales y de servicios públicos, depredación de los recursos naturales, degradación ambiental, biopiratería, robo de recursos genéticos, derechos de propiedad intelectual- (HARVEY, 2004), la acumulación por desposesión impone, en los países periféricos, un modelo espacial donde impera el orden de prioridades que interesa a los actores hegemónicos, a expensas de la insatisfacción de las necesidades esenciales y el agravamiento de las condiciones de vida del resto de la sociedad (SANTOS, 1996a).

 

Los usos extractivos del territorio se revelan como protagonistas privilegiados de la actual oleada de acumulación por desposesión en América Latina. Signado por la estructuración de una matriz socio-productiva altamente dependiente de la explotación intensiva de recursos naturales y la apropiación o usufructo de los productos así obtenidos por parte de agentes externos -vía la exportación-, el extractivismo (FRECHERO, 2013) es actualmente la modalidad dominante de articulación de los países periféricos a la división internacional del trabajo. Orientado a implantar economías de enclave y ‘zonas de sacrificio’, el extractivismo es un modelo diseñado para garantizar la continuidad de la inserción internacional subordinada de América del Sur (GUDYNAS, 2009).

 

En la Argentina, dicho modelo se expresa a través de vectores-clave de la división territorial del trabajo como el cultivo de soja transgénica, la minería metalífera, la silvicultura e industria forestal, la explotación de hidrocarburos y la pesca marítima, todos ellos implicados en la producción de graves problemáticas ambientales. Sabido es que las redes han desempeñado, en las últimas décadas, un papel estratégico respecto del afianzamiento y expansión del modelo extractivo en el territorio: así pues, segmentos y nodos considerados valiosos y/o estratégicos para el desplazamiento de personas y del capital, y para el desenvolvimiento de las vinculaciones con el exterior, han sido refuncionalizados conforme a las exigencias de la circulación internacional; paralelamente, han surgido sistemas más recientes, globalizados desde el momento mismo de su concepción. En ambos casos, el resultado es el mismo: las redes han pasado a operar de modo extrovertido para obedecer a la lógica del comercio mundial, funcionando como vectores de creación de áreas aptas para el avance del extractivismo. Se convierten así en vehículos de lo que SANTOS y SILVEIRA (2001) llaman ‘circulación innecesaria’ -una circulación redundante, de gran costo social-, contraparte inexorable de la ‘producción innecesaria’ a la que se refería MARX (1968).

 

La Hidrovía Paraná-Paraguay: aproximación general (…)

 

Conclusiones

Las redes en general y los sistemas de transporte en particular desempeñan un papel clave y estratégico en el rediseño de la división territorial del trabajo. Insertando diferencialmente a las áreas y recursos del espacio nacional en un determinado modelo de acumulación, esas redes garantizan su articulación al mercado mundial. Al cumplir la función fundamental de poner en movimiento la producción, la Hidrovía Paraná-Paraguay no sólo valoriza áreas agrícolas preexistentes, sino que coadyuva a la creación de otras nuevas, configurándose así como un motor para la expansión de la frontera oleaginosa, incorporando a la división internacional del trabajo a zonas hasta entonces aisladas y/o improductivas, cuyo potencial no era aprovechado debido a la ausencia de una red de circulación eficiente que les permitiera remesar su producción a los mercados externos.

 

El boom de la soja transgénica en el norte argentino no habría sido posible ni viable sin la HPP, que permitió la configuración de un espacio de flujos productivos (una verticalidad) basado en la interconexión (rápida y a bajo costo) de áreas agrícolas marginales con polos agroindustriales y puertos de exportación. Sin embargo, el precio a pagar por esa fluidez es elevado. La HPP y la expansión sojera a ella asociada encarnan, de principio a fin, un fenómeno de acumulación por desposesión.

 

En términos generales, la HPP acarrea un severo impacto ambiental (a menudo minimizado, poco evaluado o directamente ignorado) para el régimen hídrico de las cuencas implicadas. En el caso de la Argentina, la privatización (bajo el régimen de concesión con pago de peaje) del tramo fluvio-marítimo Santa Fe-Buenos Aires ha equivalido a lanzar parte del patrimonio público -el río y los puertos- desde la esfera estatal a la arena del mercado, convirtiéndolo en objeto de lucro privado bajo condiciones ignominiosas y lesivas para el bien común.

El auge del transporte fluvial, la profundización de la integración vertical de la producción agroindustrial y la fiebre sojera contribuyen a la mercantilización, concentración, privatización y extranjerización de la tierra, desencadenando agudos conflictos sociales en torno a la tenencia de la propiedad agropecuaria, y configurándose como el principal factor que interviene tanto en la expulsión de campesinos y aborígenes de sus dominios ancestrales como en el incremento de la marginalidad social en numerosas provincias del norte argentino. El nuevo modelo hegemónico obra como un acicate para el acelerado incremento de la tala del bosque nativo y la pérdida de biodiversidad.

 

Basados en las semillas transgénicas, la siembra directa y el uso intensivo de agrotóxicos, los nuevos paquetes tecnológicos fomentan la desertización de los suelos y acarrean graves implicancias sanitarias y ambientales. Así pues, el binomio ‘monocultivo sojero-hidrovía’ es tanto un caso paradigmático de acumulación por desposesión cuanto un ejemplo empírico de un uso moderno del territorio racional sólo para los agentes beneficiados por el mismo, y disfuncional para el resto de la sociedad. La Hidrovía Paraná-Paraguay es, así, el vehículo para una circulación innecesaria, con enormes y gravísimos costos socio-ambientales para gran parte del territorio argentino.

 

Se ha corroborado, asimismo, la hipótesis que avizoraba analogías entre la expansión ferroviaria durante el modelo agroexportador y la Hidrovía Paraná-Paraguay en el período histórico actual. Al igual que lo hizo el ferrocarril en la pampa húmeda, la HPP ha obrado como un vector de creación de áreas productivas en zonas otrora marginales del territorio. El aumento del calado en los segmentos más dinámicos de esa red convirtió al Río Paraná en la principal y más rápida vía de salida para las exportaciones oleaginosas argentinas, tal como lo fue el tren a finales del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX para las remesas agropecuarias.

 

En ambas situaciones, el trazado de la red ha implicado el avance de la frontera agrícola más allá de sus límites históricos, poniendo en producción vastas extensiones de tierras fértiles situadas en su radio de influencia; esto ha influido también en la rápida valorización de esas áreas, fomentando el control (y concentración) por parte de empresas extranjeras sobre tierras y puertos; y los fenómenos resultantes han tenido un inicuo impacto ambiental, especialmente sobre los bosques nativos, en el primer caso subsidiando el funcionamiento y expansión del ferrocarril y el crecimiento agropecuario en la pampa húmeda, en el segundo liberando tierras para el monocultivo oleaginoso en el norte para satisfacer las necesidades de abastecimiento de materia prima de los polos agroindustriales enclavados en Córdoba y Santa Fe. Lo que impera ahora no son los intereses del imperialismo británico, sino las estrategias geopolíticas de la IIRSA y las empresas transnacionales; el modelo agroexportador de antaño ha sido sustituido por el auge del extractivismo; la importancia estratégica otrora detentada por el transporte ferroviario ha sido asumida por el tránsito fluvial; y las remesas de carnes y cereales han cedido su lugar a las exportaciones de soja transgénica. No obstante, las similitudes son notables, y la racionalidad que anima el proceso continúa siendo la misma.

REFERENCIAS (…)

Notas (…)

Fuente: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/10652/CONICET_Digital_Nro.11519.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

 

 Ecocida y genocida

 

Son tiempos en que la acumulación de décadas del ataque contra los derechos tanto de los pueblos como de la naturaleza y la intensificación acelerada del sistema global de agronegocios nos interpelan a todas/os les trabajadoras/es para asumir nuestra desalienación o nuestra independencia del Capital-Estado.

Todavía hoy persiste, tanto en el progresismo como en las izquierdas, un desconocimiento de la centralidad del modelo extractivo en la reestructuración socioeconómica que consolida la recolonización de Nuestra América. Tampoco dan relevancia a los ecocidios-genocidios que esas expropiaciones sistémicas perpetran. Para aclarar, propongo que leamos:

 

Agronegocio, impactos ambientales y conflictos por el uso de agroquímicos en el norte argentino

 

Febrero 2018

Revista Kavilando, 10(1), 162-179.

Recuperado a partir de https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/218

 

Por: Mariana Andrea Schmidt1

UBA/CONICET

 

Virginia Toledo López2

 UBA/CONICET/UNSE

En Argentina, se han dado profundos procesos de transformación en el ámbito rural que han implicado nuevos arreglos institucionales y regulaciones en torno a los modos de acceso, disponibilidad, apropiación, distribución y gestión de los territorios. Especialmente, si se toma en consideración las implicancias que ha tenido la expansión del modelo de agricultura industrial a partir de la difusión del paquete tecnológico asociado a la soja transgénica a partir del año 1996, orientado a la generación de commodities para el mercado externo. En este contexto de transformaciones a la vez productivas, territoriales, sociales y ambientales debe ser situada la proliferación de conflictos, controversias y experiencias organizativas que han llevado a debate público las consecuencias del modelo productivo en general, y de la utilización de agroquímicos en particular, tanto para el ambiente como para la salud.

 

Los primeros conflictos y controversias se han suscitado en las provincias que más tempranamente se incorporaron al mismo (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco, por ejemplo)i , en tanto que en Salta y Santiago del Estero, jurisdicciones que en años recientes han incorporado amplias superficies a la producción agrícola y ganadera, la conflictividad en relación a la expansión del modelo del agronegocio ha estado particularmente vinculada a la tenencia de la tierra y la deforestación, y en menor medida se ha problematizado la cuestión de las fumigaciones. Aún hay escasos estudios que permitan diagnosticar los efectos de la implantación de este modelo extractivista en una región subtropical que, por otra parte, presenta funciones productivas, características ecológicas y sociales muy diferentes a las de la región pampeana. En el plano jurídico las controversias parten de la pregunta ¿cuál es la distancia mínima para evitar que las fumigaciones afecten a la población?, instando a la ciencia a generar evidencias en torno al impacto de los agroquímicos en la salud.

 

En paralelo, grupos, comunidades, asambleas, organizaciones y colectivos, vecinos y vecinas de barrios urbanos y periurbanos denuncian daños y demandan revisiones de los riesgos para la toma de decisiones políticas, exigiendo nuevas normativas y regulaciones.

(….)

 

 

En los últimos años se ha evidenciado en Argentina una proliferación de estudios con importantes aportes en ocasión del análisis y seguimiento de la formación del campo de las políticas y demandas ambientales como asunto socialmente problematizado (Merlinsky, 2013). La definitiva incursión de emprendimientos productivos, inmobiliarios, de infraestructura y servicios en nombre del desarrollo y generando intensos procesos de reestructuración en territorios de gran valor ecológico y extrema fragilidad ambiental ha desencadenado una creciente conflictividad por el acceso, disponibilidad, apropiación, distribución y gestión de los bienes de la naturaleza por parte de las poblaciones locales afectadas, tanto en ámbitos urbanos como rurales (Svampa & Viale, 2014). En particular, numerosas investigaciones han abordado la serie de transformaciones ocurridas en el medio rural latinoamericano y argentino (Giarracca & Teubal, 2010; Gras & Hernández, 2013; Pengue, 2017) desde la autorización de la producción y comercialización del primer organismo vegetal genéticamente modificado (OVGM) a mediados de la década de 1990 (actualmente son más de cincuenta).

 

A partir de entonces, el proceso de agriculturización que venía gestándose en años previos adquirió un nuevo impulso: según datos de la actual Secretaría de Agroindustria (SAI), en la campaña 1970/71 se sembraron 37,700 has de soja, hacia la campaña 2000/01 la superficie superó las 10,000,000 has y llegó a promediar las 20,000,000 has en la campaña 2015/16 (más de la mitad del área agrícola total del país). El aumento de las superficies implantadas con monocultivos industriales encuentra su correlato en el incremento del uso de agroquímicos en el proceso productivo. Según un informe realizado por la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas, 2013), su utilización aumenta exponencialmente desde el año 1990 (momento en que se usaban 30,000,000 litros/kg), hasta alcanzar 318,000,000 litros/kg en 2013 (en la campaña 2011/12 se aplicaron más de 370,000,000 litros).

 

El crecimiento del mercado fitosanitario en Argentina entre el año 1997 y el 2012 estuvo especialmente focalizado en el incremento del segmento de herbicidas (que en buena parte del período explica más del 60% de las ventas), de entre los cuales el principal activo es el glifosato (CASAFE, 2012). Particularmente, en el noroeste argentino (Santiago del Estero, Salta y Chaco) se utilizan hasta 20 litros por hectárea por año de Round Up (nombre comercial del herbicida elaborado por Monsanto). Como corolario, pueden distinguirse al menos dos grandes impactos:

 

 

Al respecto, es sugestivo que el informe realizado por la Auditoría General de la Nación con el objeto de analizar la gestión en el registro, autorización y restricciones en el uso de agroquímicos por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) entre 2008 y 2011 afirma que en el país “la contaminación por agroquímicos termina siendo una intoxicación silenciosa” (AGN, 2012: 30). Tal como explica el informe, los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22,000,000 has, en las que viven aproximadamente 12,000,000 habitantes (sin contar la población de las grandes ciudades de cada provincia), que son expuestos a una toxicidad crónica debido a la exposición repetida y a largo plazo, lo cual produce daños irreversibles a la salud.

 

Así lo evidencian los relevamientos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, al señalar que en la última década se han triplicado los casos de cáncer en niños/as y ha aumentado en un 400% los abortos espontáneos y las malformaciones en recién nacidos/as. A esto se suma la proliferación de otras afecciones tales como trastornos respiratorios, endocrinos, neurológicos, hematológicos y psíquicos (REDUAS, 2018). En el plano institucional y normativo, y como resultado de las persistentes demandas y denuncias de la población movilizada en alianza con ciertos actores estratégicos (cuya referencia inicial es la campaña “Paren de Fumigar” iniciada hacia el año 2005), se ha avanzado en la elaboración de proyectos y/o en la sanción de normas de alcance nacional, provincial y/o municipal que establecen zonas de exclusión para el uso de agroquímicos y regulan su utilización, gestión y transporte en áreas cercanas a asentamientos poblacionales y/o establecimientos educativos.

 

Sin embargo, tal como sostiene el Informe elaborado por múltiples instituciones y presentado a las Relatorías Especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación y los Derechos Humanos y Sustancias y Desechos Peligrosos, en la Argentina, no existe una ley nacional de presupuestos mínimos sobre agrotóxicos que regule su uso en la agricultura y en los domicilios (Ohchr, 2016) Así, la competencia sobre el establecimiento de normas para el uso de los agroquímicos escompartida por el Estado Nacional, las provincias y los municipios, aunque las regulaciones existentes son sólo a nivel provincial y municipal, lo cual genera una gran dispersión (Marchiaro, 2011). Por su parte, la cuestión del uso de productos fitosanitarios en el territorio, ya se ha señalado que es competencia nacional la puesta de los mismos en circulación y su clasificación toxicológica conforme las sustancias que contienen, aunque se han generado estructuras de coordinación federal como es el Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (Berros, 2013). El registro y la autorización de comercialización de los agrotóxicos (tanto en la agricultura como en uso residencial) pertenece al Estado Nacional, que la ejerce a través de dos organismos: el Senasa y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, interviniendo la cartera de Salud sólo en los procesos de autorización para uso domiciliario. Si bien en Argentina no existe una ley nacional que puntualice el modo en que deben regularse los transgénicos, sí hay mecanismos institucionales encargados de su control.

 

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), creada en el año 1991 en el ámbito de la por entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (hoy SAI), es responsable de la evaluación de la liberación al ambiente de los OVGM. Se trata de un ente mixto, conformado por representantes del ámbito público y privado, que en la práctica ha redundado en un espacio de distribución de poder de las grandes empresas trasnacionales del sector (Pellegrini, 2013), en virtud de que gran parte de los representantes expertos nombrados pertenecen a sus filas y/o responden a sus intereses. Por lo demás, el incremento de protestas por las fumigaciones en zonas periurbanas, cuya referencia fue la campaña Paren de Fumigar iniciada en Córdoba a partir del caso de las madres del barrio Ituzaingó Anexo, derivó en años recientes en la sanción de ordenanzas y proyectos provinciales que establecen zonas de exclusión para el uso de agroquímicos.

 

De esta forma, según Berros (2013) la construcción de la cuestión ambiental en el ámbito jurídico ha contribuido a delinear un “entramado precautorio” (compuesto por decisiones judiciales, normativas locales, provinciales, nacionales -también inspiradas en el derecho internacional-, e incluso internacionales, estructuras y procedimientos estatales), a través del cual se ha positivizado el principio precautorio en la legislación argentina. Asimismo, en tanto gran parte de los perjuicios ambientales pueden ser leídos tanto como daños o riesgos ambientales y también indirectamente como relativos a la salud humana, se ha planteado la posibilidad de extensión del principio precautorio del ámbito ambiental al ámbito de la salud.

 

De este modo Argentina, en su condición de “laboratorio a cielo abierto” (Filardi, 2017; Gras & Hernández, 2013; Svampa & Viale, 2014) es foco de profundos conflictos y controversias respecto de los impactos de los agroquímicos en la salud y el ambiente, que han involucrado dimensiones sociales, técnicas, sanitarias, económicas, jurídicas, filosóficas, políticas y ontológicas. En paralelo, ciertos organismos internacionales han comenzado emitir declaraciones que refieren a la “probable” peligrosidad del agroquímico más usado en el país, y se ha construido evidencia acerca de los impactos a nivel ambiental y socio-sanitario derivados del contacto directo o indirecto con los herbicidas y fertilizantes utilizados en la producción agropecuaria en Argentina a partir de los aportes realizados desde ciertas ONG, colectivos organizados y poblaciones locales (Foco, 2008; GRR, 2009), desde distintos equipos de investigación (Aiassa et al., 2009; Carrasco et al., 2012; Gallo Mendoza, 2010; Paganelli et al., 2010; Pengue, 2017; Ronco et al., 2016), desde los equipos de salud que cotidianamente trabajan en la atención de estas poblaciones, organismos estatales y otras instancias de difusión y visibilización de la problemática (Ávila-Vázquez et al. 2017; ÁvilaVázquez, 2004; DPN, Ciertas investigaciones han abordado el avance del modelo agropecuario dependiente de semillas GM y el impacto de las fumigaciones en el ambiente acuático, suelos y sedimentos, en la fauna y alimentos (Primost et al., 2017; Ronco et al., 2016; Villaamil et al., 2013), mientras que otros trabajos apuntan al análisis de los procesos organizativos y de acción colectiva en distintos ámbitos provinciales y del incremento del número de acciones legales y/o judiciales en pos de la prohibición de las fumigaciones (Arancibia, 2013; Carrizo & Berger, 2014; Souza-Casadinho, 2013).

 

De modo específico, existe bibliografía que ha abordado las consecuencias de la utilización de agroquímicos en jurisdicciones de la región chaqueña, además de las producciones que lo hacen en países limítrofes como Paraguay y Brasil (Arzipe & Locatelli, 2009; Ferreira Carneiro et al., 2016; Domínguez & Sabatino, 2005; Ramírez et al., 2012). Por su parte, desde las empresas proveedoras de herbicidas, fertilizantes y OVGM, así como también desde el sector productivo y desde ciertos organismos estatales se ha sustentado la posición de que no existe aún certeza acerca de los impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente. Se apela a las buenas prácticas agrícolas a través de las cuales se evitarían las posibles externalidades negativas y se argumentan los beneficios agronómicos, ambientales, económicos, sanitarios y sociales que los cultivos biotecnológicos traen a los agricultores y a la sociedad en general (Argenbio, 2016).

 

En virtud de las argumentaciones e intereses encontrados en ocasión de los debates acerca de la inocuidad o peligrosidad del uso de agroquímicos, cabe recuperar aquellas contribuciones que proponen pensar el conflicto como momentos de construcción e instalación de un problema en el espacio público (Merlinsky, 2013). La reconstrucción del campo contencioso permite indagar tanto en los elementos que definen su emergencia, sus condiciones de producción, los intereses en juego y las diferencias que organizan las maneras de percibir el riesgo. En este sentido, el hecho de que algunas personas y grupos comiencen a ver una situación como problema (social, ambiental y/o sanitario) implica un proceso de construcción social del riesgo, a través del cual se formulan y difunden formas de entendimiento respecto de una situación como fuente de daños o peligro.

 

Este proceso involucra la existencia de controversias sociotécnicas, en las que se pone en crisis la legitimidad de las explicaciones y los modos de justificación provenientes del ámbito de la técnica y la ciencia (discursos expertos) y cobran importancia las argumentaciones elaboradas por los legos, en particular por las poblaciones directamente afectadas, frecuentemente en alianza con otros actores (en muchos casos movilizando discursos contraexpertos) (Callon, Lascoumes & Barthe, 2009). De acuerdo con Skill & Grinberg (2013) para el caso que nos ocupa, las posiciones de la controversia pueden discernirse de acuerdo a dos argumentos: la postura pragmática, que afirma que no existe evidencia para determinar una correlación directa entre la exposición a las fumigaciones y las enfermedades, a la vez que sustenta que bajo un uso correcto los potenciales riesgos prácticamente desaparecen, y la postura precautoria, que enfatiza en los riesgos comprobados y en la existencia de evidencia suficiente de los impactos negativos.

 

En este contexto, resulta emblemático el surgimiento de ejemplos de “resistencia epidemiológica comunitaria” (Barri, 2010: 69), ante la insuficiencia de registros oficiales sobre la situación sanitaria de la población afectada por las fumigaciones. Cabe señalar que la soja y el glifosato son ejemplos por excelencia en virtud de su masividad y extensión, no obstante, existe una gran cantidad y diversidad de cultivos y agroquímicos que son utilizados de igual manera y con similares efectos. Por ejemplo, existen análisis, que podríamos denominar como de epidemiología crítica, realizados por profesionales de la salud en territorios amenazados por la agricultura industrial de monocultivos intensivos distintos a la soja (con menor superficie a nivel nacional pero importantes a nivel provincial). En los espacios rurales y periurbanos, la mayoría de las poblaciones continúan siendo víctimas de “intoxicaciones silenciosas” (AGN, 2012) ante la escasez de registros sanitarios, el vacío legal y la ausencia de controles respecto del uso de los agrotóxicos en el contexto de expansión del agronegocio.

 

Salta y Santiago del Estero, casos de “intoxicación silenciosa”

En las provincias de referencia, los procesos antes reseñados cobran especial atención. Se trata de regiones que se han visto intensamente afectadas por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la agricultura industrial. La conjunción de avances tecnológicos y nuevas variedades en los cultivos resistentes a suelos áridos, el bajo costo de las tierras y del desmonte y su potencial productividad para la agricultura, favorecido por un ciclo húmedo y por el alto precio de algunos commodities, fue permitiendo el movimiento progresivo del límite de los cultivos de secano hacia estos territorios antes considerados “improductivos”.

 

El proceso de incorporación de tierras chaqueñas a la producción agropecuaria ha sido denominado como la pampeanización del Chaco: la importación del sistema de manejo pampeano (de capitalización creciente, ahorrativo en mano de obra e intensivo en insumos, maquinaria e infraestructura, dinamizada por grandes productores) sobre ecorregiones frágiles y degradadas que tienen otras funciones productivas y otras características ecológicas y sociodemográficas. Se trata de un modelo exitoso y rentable, especialmente en el corto plazo, con impactos ambientales y socio-sanitarios en el largo plazo, tales como: pérdidas de rendimiento y fertilidad y aumento en los procesos de degradación, erosión y salinización de suelos; pérdida de biodiversidad; procesos de fragmentación de los ecosistemas naturales y de reducción de hábitats de las especies; crecientes problemas de contaminación de suelos y aguas, deterioro de la salud de las poblaciones rurales por uso de agroquímicos; concentración de tierras y expulsión de población hacia la periferia urbana; desalojos y episodios de violencia territorial (principalmente sobre población indígena y campesina); entre otros (Aguiar et al., 2016; Barbetta, 2005; Colina, 2011; Morello & Rodríguez, 2009; Schmidt, 2017; Slutzky, 2005; Venencia et al., 2012). En Salta, el cultivo de soja presenta un fuerte incremento en los últimos años: a comienzos de la década de 1990, esta oleaginosa rondaba las 100,000 has, y en la campaña 1998/99 alcanzó al poroto (principal cultivo provincial hasta ese momento), contabilizando alrededor de 200,000 has. A partir de entonces, la soja pasó a ser el principal cultivo en la provincia (en las últimas campañas promedia las 500,000 has). Por su parte, en Santiago del Estero la superficie cultivada con soja también tuvo un crecimiento espectacular en el período bajo análisis. La superficie implantada a inicios de la década de 1990 promediaba las 80,000 has, habiendo superado las 600,000 has una década después y superando el 1,000,000 has en la campaña 2010/11. Ahora bien, no obstante los avances en las superficies implantadas, rendimientos por hectárea, exportaciones y rentabilidad, las transformaciones agropecuarias recientes han repercutido negativamente en las condiciones de vida para pequeños productores e indígenas, a través del aumento en los desalojos, las migraciones y los impactos que en materia ambiental y sociosanitaria comienzan a evidenciarse.

 

Los cambios en los sistemas productivos implicaron fuertes transformaciones en el uso del suelo y en los ecosistemas. Argentina tiene una tasa de deforestación superior a los promedios continentales y mundiales, siendo las provincias de Santiago del Estero y Salta casos destacados tanto por sus superficies boscosas históricas como por sus tasas de deforestación en tiempos recientes (UMSEF, 2012, 2016).

Tratándose de las jurisdicciones con mayor superficie remanente de bosques nativos en Argentina, han sido a la vez las dos provincias que llevaron la delantera en pérdida de recursos forestales en el período 1998-2006: en Salta la tasa anual de deforestación fue de -0,69% entre los años 1998 y 2002 y de -1,54% (con más de 400.000 has deforestadas) entre 2002 y 2006, en tanto que en Santiago del Estero la tasa fue de -1,18% y de -2,17% (con más de 500.000 has deforestadas) para los mismos períodos (SAyDS-UMSEF, 2007).

 

En lo que refiere a la evolución del proceso de deforestación luego de la sanción de la Ley Nacional Nº 26,331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos en 2007 y de las leyes de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos salteña (Ley Nº 7,543) y santiagueña (Ley Nº 6,942), tampoco se ha logrado revertir la tendencia. Según informes del ex Ministerio (hoy Secretaría) con resultados del monitoreo de la superficie de bosque nativo entre 2007 y 2016, si bien los porcentajes anuales por período y provincia han ido en disminución (-0,38 para Salta y -0,56 para Santiago del Estero en 2016), son junto con Formosa y Chaco las jurisdicciones que aun ostentan los mayores índices de deforestación. A lo que debe agregarse que gran parte de estos desmontes son realizados en áreas protegidas por ley: de las 23,870 has desmontadas en Santiago del Estero en 2016, un 78,5% corresponden a categorías de alto y mediano valor de conservación, y de las 20,006 has deforestadas en Salta para ese mismo año, un 28,3% (MAyDS-UMSEF, 2017). En lo que refiere a sus características sociodemográficas y culturales, Salta y Santiago del Estero se destacan por ser provincias con diversidad étnica y lingüística, con presencia de comunidades campesinas y con los mayores porcentajes de población rural de la Argentina.

 

Las transformaciones productivas y territoriales enunciadas han conllevado un deterioro en las condiciones de reproducción de la vida de las poblaciones campesinas, indígenas y criollas del Chaco salteño y santiagueño (más allá de las diferencias existentes). Históricamente posicionadas en una situación de desigualdad y vulnerabilidad social, privadas de la tenencia de las tierras que habitan y del acceso y usufructo de los bienes de la naturaleza como consecuencia del modelo agropecuario desplegado de manera reciente pero vertiginosa en esta región, han quedado prácticamente arrinconadas en pequeños parches de monte entre grandes extensiones productivas y no se encuentran amparados por las normativas y/o regulaciones existentes. Cabe recordar aquí que en la determinación de los volúmenes y frecuencia de las fumigaciones, la temperatura y humedad son factores de importancia. En las provincias de la región chaqueña, esto se traduce en dosis de agroquímicos más altas con respecto a las dosis por hectáreas aplicadas en otras jurisdicciones (FM Noticias, 2018). En Salta, la regulación del uso de agroquímicos está contenida en las Leyes Nº 7,070 de Protección del Medio Ambiente y Nº 7,812 de Protección de la Salud Humana, Regulación, fiscalización, educación e implementación de las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. El caso del pueblo de Antillas (departamento de Anta) es el único en el cual un grupo de vecinos interpusieron una acción de amparo y lograron en 2011 una sentencia del Poder Judicial que prohibió las fumigaciones aéreas a menos de 1,500 metros de las viviendas y a no menos de 300 en caso de aspersiones terrestres (Aranda, 2011).

 

Entre las zonas más afectadas por los procesos mencionados se destaca el área de influencia de las localidades emplazadas a lo largo de la ruta 34 en el departamento de San Martín (Tartagal, General Mosconi, Coronel Cornejo, General Ballivián, Embarcación, entre las principales). De acuerdo a una investigación llevada adelante en una serie de comunidades indígenas en el municipio de Ballivián, y si bien no se cuenta con datos oficiales o registros que permitan cuantificar los efectos nocivos sobre la salud asimilables a los efectos de los agroquímicos, a través de consultas a profesionales del área de salud se han reconstruido las principales afecciones que en los últimos años se han incrementado: problemas de piel, enfermedades respiratorias, cáncer y nacimiento de niños con labio leporino y cardiopatías congénitas. De modo complementario, se denuncian las condiciones de inaccesibilidad a fuentes de agua (como resultado de los alambrados que privan del acceso a las fuentes tradicionales de agua) y contaminación de las mismas (tanto para consumo humano como animal, en virtud del escurrimiento del agua desde los campos de cultivo en donde se aplican agroquímicos) (Naharro & Álvarez, 2011); (Díaz Muñoz, 2015).

 

Otro hecho que refleja las consecuencias de estos procesos en materia de salud es el caso de las muertes y situaciones de desnutrición en niños indígenas, todo lo cual apunta a señalar que la salud indígena en el Chaco salteño continúa siendo un tema postergado (Lorenzetti, 2014). A modo de ejemplo, indicadores sociosanitarios del Operativo para la Vida 2013 realizado por UNICEF y el Ministerio de Salud provincial señalaban entre las principales causas de mortalidad infantil: en primer lugar, las diarreas combinadas con un estado de desnutrición; en segundo término, las afecciones respiratorias, y en tercer lugar las malformaciones congénitas. En términos generales, estos datos sanitarios indican una alta correspondencia entre las zonas que se han visto afectadas por los procesos de deforestación y el avance del modelo agropecuario dependiente de agroquímicos. En Santiago del Estero, la Ley N° 6,312 prohíbe (artículos 37 y 38) la aplicación de agroquímicos a una distancia respecto a las plantas urbanas inferior a 3,000 metros por vía aérea y 500 metros por vía terrestre, aunque no se define de forma precisa el concepto de planta urbana. Además de la normativa provincial, hay legislaciones de orden municipal que regulan el uso de agroquímicos, como por ejemplo en Bandera (departamento Belgrano) y Quimilí (departamento Moreno).

 

A su vez, existen conflictos entre comunidades campesinas y empresarios que realizan producciones con un gran uso de agroquímicos en campos colindantes y hay trabajos locales que describen la prolongada persistencia del glifosato en los suelos arcillosos (Camino & Aparicio, 2015), particularmente en muestras de suelo del este de Pozo del Toba, departamento Juan Felipe Ibarra (Tévez & dos Santos Afonso, 2015). Por su parte, la localidad de Selva (departamento Rivadavia), se distingue por ser el primer municipio provincial que está elaborando un ordenamiento territorial que prohíbe las fumigaciones en las proximidades del área urbanizada, con una zona de amortiguación de 800 metros. Se trata de una localidad situada en el extremo sudeste provincial (limita al sur con Córdoba y al este con Santa Fe) cuya zona de influencia pertenece a la cuenca lechera bovina, pero en los últimos años sufrió el avance de la producción agrícola. Desde el año 2014 se inició un proceso participativo, a partir del reclamo presentado por productores apícolas por los impactos sociosanitarios derivados de las fumigaciones con agroquímicos, que ha involucrado a distintos actores locales (municipio, ONG, productores y vecinos en general) junto a equipos técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). A partir de ese momento, se impulsó la adhesión de Selva a la Ley provincial de Agroquímicos en el marco del proceso de ordenamiento territorial (Ceirano et al., 2017; Lorenz, 2016). Además, si bien en la provincia los registros sanitarios son deficientes, existen casos de muertes por malformaciones que han sido atribuidas al uso de agroquímicos y en los espacios organizativos locales comienzan a debatirse estas problemáticas y paulatinamente aparecen denuncias por contaminación.

 

En Bandera, en el año 2010 falleció una beba que había nacido con múltiples malformaciones a causa de la exposición a la que durante su gestación se vieron expuestos su madre y padre (quien trabajaba como fumigador). Su caso ha sido judicializado y acompaña la demanda colectiva presentada por varias ONG y organizaciones sociales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2012, que solicita que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de OVGM y la comercialización de la soja GM, como así también se disponga el etiquetado de los productos que los contengan. En esta misma localidad, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), el municipio, el gobierno provincial, el INTA y el SAI están elaborando un proyecto para que sea la primera a nivel país en obtener una certificación de Buenas Prácticas Agrícolas periurbanas. En este marco en 2017 la municipalidad adhirió a la Ley Nº 6,312 y su decreto reglamentario, y se han iniciado procesos de revisión de las prácticas agrícolas por parte de los productores empresariales y sus organizaciones tendientes a certificar a Bandera como municipio ejemplo de Buenas Prácticas Agrícolas (La nota digital, 2011); (Aranda, 2008).

 

Tal como lo demuestran los párrafos precedentes, el avance del modelo de la agricultura industrial en Argentina ha implicado profundas transformaciones territoriales, económicas, socioculturales, ambientales y en la salud de las poblaciones. Estas han dado lugar a conflictos y controversias sobre los modos de uso, apropiación y distribución del territorio, que han derivado en nuevos saberes y regulaciones vinculadas a los sistemas agroproductivos, la conservación ambiental y el uso de agroquímicos. La dinámica que estos procesos adquieren en cada caso particular se comprende a partir de la trayectoria histórica de conflictos y resistencias existentes en el lugar y de la capacidad de los actores sociales involucrados para movilizar recursos, generar alianzas estratégicas y conformar redes a distintas escalas. En los casos analizados, se trata de una situación de profunda injusticia ambiental y sociosanitaria, que viene a ensamblarse sobre históricos procesos de subalternización de estos territorios y poblaciones. Conclusiones En este artículo nos propusimos explorar la problematización de los impactos ambientales y sociosanitarios en torno a la utilización de agroquímicos en las provincias de Salta y Santiago del Estero.

 

En el avance de la frontera agropecuaria hacia el norte argentino es posible reconocer impactos ambientales y sociosanitarios similares al resto del país, pero debido a sus características ecosistémicas y sociales específicas, es posible reconocer efectos diferenciales en comparación con otras regiones. Si bien latentes o en proceso de emergencia, se encuentran en gran medida invisibilizados (y/o subsumidos bajo otros conflictos de mayor profundidad histórica, como el conflicto por la tierra), existiendo aún escasas manifestaciones que establezcan reclamos por afecciones a la salud y al ambiente, las que, en su mayoría no logran trascender la escala local. Si en un primer momento los impactos ambientales y sociales del avance del modelo agroindustrial en las provincias de referencia quedaron mayormente visibilizados en los conflictos por la tierra en el plano local y en los reclamos en contra de la deforestación (denunciada tanto por colectivos locales como por diversas instituciones y/u ONG de nivel nacional, provincial y regional), es en tiempos recientes, y a la luz de la creciente difusión de la problemática a nivel nacional y en otros espacios provinciales, que comienzan a debatirse los riesgos asociados a la utilización masiva de agrotóxicos. Estos reclamos se han canalizado principalmente por la vía judicial y en espacios organizativos locales, acompañados en algunos casos por investigaciones realizadas por especialistas académicos y técnicos. Lo antedicho se ve agravado en virtud de la histórica situación de desposesión material y simbólica de las poblaciones locales directamente afectadas: comunidades indígenas y campesinas y pequeñas localidades que han quedado arrinconadas por emprendimientos agropecuarios a gran escala y que sufren cotidianamente los impactos de la utilización de agroquímicos que los afectan en sus cuerpos y en sus espacios de vida, siendo aún un área de vacancia los estudios que den cuenta de esta situación en forma acabada.

 

Así también, podemos ver que, en los conflictos y controversias sociotécnicas en torno al uso de agroquímicos, existe una multiplicidad de actores directa o indirectamente involucrados, cada uno de los cuales cuenta con capacidades y recursos diferenciales para incidir en el espacio de toma de decisiones y para dar lugar a procesos colectivos de construcción social del riesgo. Dichos conflictos y controversias permiten el cuestionamiento de las reglas de juego existentes y la construcción de nuevas regulaciones y marcos institucionales, siendo pues estos espacios, generadores de aprendizajes colectivos que pueden servir de referencia para la generación de políticas públicas y prevenir problemáticas similares en otras áreas del país. La incipiente problematización ha llevado asimismo a la discusión en torno a los límites para las fumigaciones y a poner en juego nuevos ordenamientos del territorio. En este marco, valoramos especialmente el proceso participativo llevado adelante en Selva como espacio de construcción social del riesgo, en el que se ponen en discusión criterios de ordenamiento territorial considerando el espacio presente, el concebido y el imaginado, y apelando a la participación de actores diversos en el proceso. La cuestión de la zonificación y de la definición de áreas de exclusión para las pulverizaciones, en ocasión de lo cual se dan cita saberes expertos y argumentaciones técnicas que entran en tensión con las experiencias de las poblaciones cotidianamente fumigadas, asume nueva actualidad a partir de los recientes anuncios por parte de los organismos nacionales de ambiente y agroindustria, con la creación del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios (Resolución Nº 1/2018), cuyos lineamientos y propuestas tienden a estimular el establecimiento de distancias de aplicación en áreas periurbanas que van en sintonía con las propuestas por las entidades empresarias (Bertello, 2017)

 

En este contexto, en que el debate sobre los riesgos asociados a los impactos de los agrotóxicos en la salud a nivel nacional se renueva asociado a nuevos casos de enfermedades y muertes por intoxicación que adquieren relevancia pública, propender a generar investigaciones que rompan con el silencio a partir de la difusión de diferentes voces involucradas en la problemática, atendiendo especialmente a recuperar la voz de aquellos cuyos derechos se encuentran vulnerados, se vuelve una tarea urgente.

Referencias bibliográficas

Fuente: https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/218

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, comenzaremos a desestructurar el poder real y efectivo de la «contrarreforma agraria integral» si cuestionamos cómo nos convencen contra nuestros intereses al confundirnos que centrarnos en la conveniencia para nuestro sector es el camino correcto. Ejemplifiquemos cómo el enfoque político o la toma de partido por los bienes comunes convierte a las luchas socioambientales de diversidades  de abajo en quienes destapan la incompatibilidad de extractivismos con la vida de todes mientras las organizaciones de campesinos creen salvarse de su desaparición por el capitalismo si aceptan la coexistencia con el sistema global de agronegocios.

 

¿Buenas Prácticas Agrícolas

para todos y todas?

Durante años, las corporaciones sostuvieron la inocuidad de los agrotóxicos para la salud y el ambiente. Con esa mentira hecha añicos, las empresas sacaron de la galera el discurso de las llamadas “buenas prácticas agrícolas”. Con ellas, un modelo que contamina y enferma se lava la cara y consolida su hegemonía transformado en política pública. Pero esta política marco debe bajar a cada territorio y encontrar allí su encarnadura concreta.

Por Huerquen

Hasta no hace mucho palabras como “agrotóxicos” no figuraban en el vocabulario de la enorme mayoría de la población de las grande ciudades o incluso en los pueblos de las zonas agrícolas del interior de la Argentina. Fue a partir de las denuncias y la lucha de pequeños grupos de vecinos aquí y allá que consiguieron instalarlas en boca de todos, vinculando el uso masivo de estos venenos en la producción agroindustrial y la explosión de determinadas enfermedades: cáncer, tiroidismos , asmas y problemas respiratorios, nacimientos con malformaciones y pérdida de embarazos, entre otros.

Según la reconstrucción de Naturaleza de Derechos (porque no hay datos oficiales), hoy en nuestro país se liberan al ambiente cerca de 500 millones de litros de agrotóxicos por año. Glifosato, Atrazina, 2,4-d, Cipermetrina, Paraquat, Glufosinato de amonio, Clorpirifos… son cientos de principios activos en miles de formulados comerciales; muchos de los cuales están prohibidos en otros países y han sido clasificados como altamente peligrosos. Moléculas que el SENASA aprueba para su venta con criterios fuertemente cuestionados, y sobre cuyo comportamiento en el ambiente una vez liberadas o sus sinergias con otras moléculas, sabemos muy poco o absolutamente nada.

Los agrotóxicos están en la base de la agroindustria transgénica y durante años las corporaciones que desarrollaron y alentaron este “paquete tecnológico” sostuvieron su inocuidad para la salud y el ambiente.

Mientras aquí se comparaba al glifosato, el herbicida de mayor uso en nuestro país, con “agua con sal” o se decía que eran “tan cancerígeno como el mate” el IARC-OMS determinó que era “probablemente cancerígeno para humanos, cancerígeno en animales y genotóxico”. Los llamados Monsanto Papers vienen a demostrar que las empresas siempre supieron sobre su toxicidad y el peligro que acarreaba su liberación para las poblaciones expuestas, y hoy enfrentan juicios multimillonarios por los daños a la salud de decenas de miles de personas en las potencias globales, entre un universo que abarca a millones en todo el mundo.

Con la mentira de la inocuidad hecha añicos, las empresas sacaron de la galera el discurso de las llamadas “buenas prácticas agrícolas” (BPAs), buscando desembarazarse de responsabilidades y endilgándoselas a los productores. Con este nuevo mantra del marketing corporativo desataron una nueva ofensiva para deslegitimar la voz de las comunidades afectadas y desarmar las regulaciones y restricciones al uso de agrotóxicos.

 

Al mismo tiempo montaron una plataforma desde la que influir en las políticas públicas: la Red BPA.

El hito más importante de este derrotero en nuestro país es el Informe Interministerialpresentado en julio de 2018 por los ministros de Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología, y Ambiente, que construye una serie de recomendaciones para el desarrollo de políticas y legislaciones basado en esta criatura de marketing empresarial, cuyos referentes ya habían colonizado los organigramas estatales.

Con el discurso de las llamadas BPAs, un modelo que contamina y enferma se lava la cara, profundiza su inserción territorial y consolida su hegemonía transformado en palabra oficial y política pública. Pero esta política marco debe bajar a cada territorio y encontrar allí su encarnadura concreta.

La “Resolución del Veneno” en Buenos Aires

El 17 de octubre del 2018 el Ministro de Agroindustria de Buenos Aires (ex? Monsanto) Leonardo Sarquís, firmó la resolución N° 246-MAGP-18 que establece pautas de aplicación de agrotóxicos según los criterios de las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPAs). La misma fue publicada en diciembre y debía entrar en vigor el primero de enero de este año.

La misma fue bautizada inmediatamente como la “Resolución del Veneno”, y se basaba en el informe interministerial de julio de 2018.

Habilitaba la aplicación de plaguicidas en lo que denomina como “zona de amortiguamiento”, que en las normativas locales corresponde a “zonas de exclusión”, o sea donde no pueden utilizarse estos venenos: “Lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales“.

 Permitía fumigar al lado de las escuelas rurales “fuera del horario escolar”, como si con esa restricción alcanzara para que los niños y niñas que jueguen en esas hamacas rociadas estuviesen a salvo. Médicos de Pueblos Fumigados declaró: “Sin duda ser víctima de la deriva primaria (la nube de plaguicidas que se disemina apenas es liberada por el fumigador) es muy grave y desagradable, pero fumigar con la escuela cerrada no impide que el ambiente escolar quede contaminado con esos agrotóxicos que sostendrán la exposición de alumnos y maestros cuando éstos regresen a la misma. Las escuelas deben ser lugares seguros para contener a los niños”, en sintonía con los pronunciamientos de la Red Federal de Docentes por la Vida.

 La presión de las organizaciones socio ambientales y de la opinión pública no se hizo esperar, y obligó a Agroindustria a retroceder: en febrero, a través de la Resolución N° 76-CGP-19, se suspendió la Resolución 246 por un año. Oportunamente festejamos este paso atrás, pero llamamos a mantenemos alertas, ya que la resolución 76/19 solo deja a la 246 en stand by, y crea un equipo técnico para elaborar un “protocolo de aplicación en la zona de amortiguamiento” en el marco de las BPAs. Como los mosquitos fumigadores que se esconden en el monte de la policía rural (cuando aparece) esperando para seguir fumigando, Agroindustria se agazapaba para volver.

A la Resolución 246 los municipios debían adherir voluntariamente. De hecho, de la presentación que se realizó con pompa en el Parque Pereyra Iraola participaron una buena cantidad de intendentes que ahora buscan la reelección. Muchos adhirieron aún cuando en sus municipios rigen ordenanzas que establecen zonas de exclusión.

Santa Fé

En esta provincia se encuentra el complejo industrial de procesamiento de soja y maíz más grande del mundo, y de sus puertos sale la gran mayoría de la producción agroindustrial que se exporta.

En ese marco, la Gobernación Provincial, y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) participan de la “Red BPA”. En Noviembre de 2018, el ministerio de la producción provincial lanzó un programa de BPAs para dar cumplimiento a dos leyes: la ley provincial “de fitosanitarios” (11.273) y de “uso y conservación de suelos” (10.552). Mediante este programa designaron coordinadores para el sur, centro y norte de la provincia, y una red de asesores por cada departamento para relevar problemáticas locales y difundir este discurso en las comunas.

Las escuelas entrerrianas

En la provincia continúa la batalla legal y política en torno a la distancia de protección a las escuelas rurales. Después de los fallos del Superior Tribunal de Justicia Provincial, que establece distancias de 1.000 y 3.000 metros para fumigaciones terrestres y aéreas respectivamente, el Ejecutivo provincial a cargo del reelecto Gustavo Bordet, emitió sendos decretos recortándolas significativamente.

Con el argumento de que esta protección dejaba “sin posibilidades de producir” cerca de 300.000 hectáreas, las organizaciones de la Mesa de Enlace Provincial se movilizaron y amenazaron con cortar rutas. Los decretos contra los fallos de la justicia fueron fruto de esta presión, y en ellos el tronco argumental es el discurso de las BPAs.

 

De los fallos impugnatorios de los decretos del ejecutivo se desprende con claridad que el discurso de las BPAs esgrimido por el agronegocio no pudo sostenerse frente a las evidencias presentadas por las organizaciones agrupadas en la Campaña ¡Basta es Basta!

La frutilla cordobesa

El 17 de octubre pasado, la Legislatura cordobesa aprobó el “Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba” (10.663) con los votos afirmativos de todos los bloques a excepción del FIT.

En la provincia de la lucha histórica de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, y donde se logró echar a Monsanto, funciona desde hace 3 años un programa que otorga beneficios económicos a productores ajustados a las llamadas BPAs. Del mismo participan pequeños y medianos productores, incluso de la agricultura familiar y campesina. El plan mediterráneo fomenta prácticas como cultivos de cobertura, instalación de colmenas, planes de manejo de monte; en producciones agroecológicas, orgánicas y biodinámicas. Este paraguas abarcaba incluso las producciones de familias integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) que acompañó la iniciativa, pocas semanas después de votada la Ley de Agricultura Familiar de la provincia.

Con la sanción de la 10.663 lo que era un programa impulsado desde el ejecutivo se convierte en norma provincial. Es el primer caso en que las llamadas BPAs, que son una creación del agronegocio, adquieren fuerza de ley; sentando un precedente muy grave para lo que pueda plantearse en el resto del país.

 

Otro modelo agropecuario implica otra correlación de fuerzas

La breve recorrida por estas 4 provincias, donde se concentra la enorme mayoría de la producción de commodities de exportación, permite reconocer que en torno a las llamadas BPAs se libra en términos simbólicos y políticos el grueso del enfrentamiento entre el agronegocio, que huye hacia adelante derramando cada vez mayores cantidades de agrotóxicos en nuestros territorios, y las comunidades. Son los pueblos fumigados, que defienden la salud y el ambiente; y también las producciones agroecológicas y orgánicas, del campesinado y pequeña producción que reclaman por otro modelo agropecuario.

Incluir a la agroecología bajo el paraguas de las BPAs es algo que aparece sistemáticamente en el discurso del agronegocio, sobre todo desde el impulso que se le empezó a dar desde organismos internacionales como la FAO.

En paralelo desde distintos ámbitos se reedita el discurso que habla de la posibilidad de “la convivencia” entre el agronegocio, y la producción agroecológica y familiar-campesina. Más de 20 años de desarrollo de la agroindustria transgénica en nuestro país demuestra claramente lo contrario: hemos perdido extensiones enormes de bosques nativos, vemos el impacto de los agrotóxicos sobre la biodiversidad, los ecosistemas y la salud de nuestras comunidades. Estamos en niveles críticos de pérdida de fertilidad de suelos, y los restos de agrotóxicos llegan con cada producto que la industria alimentaria asociada nos vende. El censo nacional agropecuario de 2018 nos habla de la pérdida de miles de pequeños y medianos establecimientos y mayor concentración de la tierra. Sigue la expulsión de población rural y originaria a las periferias urbanas. Más concentración, más desigualdad y más violencia; menos alimentos sanos, y posibilidades de vivir como lo hicimos durante generaciones en nuestros campos y pueblos.

¿Qué hacer? Para romper la hegemonía que el agronegocio instaló en nuestra sociedad necesitamos desenmascarar el discurso de las llamadas BPAs y de la Convivencia de modelos, al tiempo que acompañamos el fortalecimiento de prácticas agroecológicas, de otros modos de distribución y consumo; peleando por la democratización de la tierra y los medios de producción.

 

¿Cómo se construye una correlación de fuerzas que lo haga posible? Plantearlo seriamente implica reconocer la necesidad de enhebrar una confluencia social amplia que, a nuestro entender, debe incluir a las organizaciones campesinas y comunidades originarias, al movimiento de lucha socio-ambiental, al sector chacarero y cooperativo que retoma su historia, y los sectores urbanos que demandan por alimentos sanos. Creemos que no se puede prescindir de ninguno de estos sectores. Sabemos que este tipo de confluencia es difícil pero las experiencias como la de Red de Municipios y comunidades que fomentan la agroecología (RENAMA), los Encuentros de Pueblos Fumigados y sobre todo el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular demuestran que es posible.

Avanzar hacia otro modelo agropecuario significa hacerlo hacia otra sociedad; y eso, de fondo, es lo que está en disputa.

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Fuente: https://latinta.com.ar/2019/10/buenas-practicas-agricolas-para-todos-y-todas/

 

 

Revisemos cómo hacemos posible la  «contrarreforma agraria integral» cuando privilegiamos nuestra creencia de estar en solidaridad con la llamada Patria Grande por confiar en líderes e intelectuales progresistas en vez de hermanarnos e involucrarnos en las luchas de los pueblos por territorios libres de extractivismos.

También indaguemos en la realidad de su construcción capitalista imperialista.

 

 

 

Integración para el despojo:

el proyecto Mesoamérica, o

la nueva escalada de apropiación del territorio (I/III)

3 junio 2010

Por Mariela Zunino 

 

"Podemos decir que el Proyecto Mesoamérica (PM) es la continuación del Plan Puebla Panamá, o que constituye una nueva fase de éste. Pero sabemos que en esencia son la misma cosa: un conjunto de proyectos que busca exprimir al máximo nuestros recursos naturales para "sacarle todo su jugo".

 

El Plan Puebla Panamá: la resistencia al saqueo

Cuando el Plan Puebla Panamá fue lanzado en 2001 por el presidente de México de aquel entonces, Vicente Fox Quesada, la resistencia de los pueblos no tardó en llegar. La ofensiva que este plan significó contra comunidades indígenas y campesinas provocó su fuerte rechazo: los pueblos se manifestaron firmemente en contra de semejante proyecto de saqueo y privatización de los recursos naturales y de la vida. Hallaron que los mega-proyectos traerían sólo impactos negativos a sus comunidades y que los supuestos beneficios quedarían -como siempre - en manos privadas. Gracias a las protestas y movilizaciones populares han podido ser detenidas, postergadas, desviadas, alteradas y canceladas numerosas obras del PPP.

El golpe más fuerte en México contra los megaproyectos del gobierno de Fox, sin duda, fue la victoria de los ejidatarios en Atenco en 2001-2002, contra la construcción de un nuevo aeropuerto para la capital del país. Tras nueve meses de lucha, con el saldo de un muerto y varios heridos en confrontaciones con fuerzas policíacas, la tenacidad de la resistencia en Atenco doblegó al gobierno obligándolo a dar marcha atrás la orden de expropiación de 5,300 hectáreas de tierras productivas(1). Otras resistencias y luchas notables en el área del PPP que comparten algunas de las características señaladas son las de:

-CECOP (Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Presa La Parota) en Guerrero, México.

-COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) contra la presa El Tigre en la frontera entre Honduras y El Salvador.

-ACAP (Asociación de Comunidades Afectadas por el Anillo Periférico y Libramiento) en contra de vías rápidas en la zona metropolitana de San Salvador, El Salvador.

-La comunidad maya en Sipacapa, departamento de San Marcos, Guatemala, contra la minera Montana.

-UCIZONI (Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo), en el Estado de Oaxaca, México contra diversas obras del PPP y de PEMEX en el Istmo de Tehuantepec.

-El Grupo Solidario de la Venta en contra del Proyecto Eólico La Venta II, en el Istmo de Tehuantepec.

-La Asociación de Comunidades Rurales de Chalatenango, contra el acoso de varias empresas mineras en El Salvador(2).

A pesar del rechazo de los pueblos en Mesoamérica, el PPP siguió avanzando, pero de forma silenciosa. Muchos de sus proyectos dejaron de considerarse parte del PPP y fueron planteados como parte de obras de los diferentes gobiernos o de instituciones internacionales, para desviar la atención de la resistencia, y permitir que el PPP siguiera avanzando de forma silenciosa. Muchos lo dieron por muerto. A su vez, la falta de inversión trabó algunos de los muchos proyectos planeados bajo el sexenio de Fox. Sin embargo, el PPP siguió su marcha aunque sin hacer mucho ruido...

Más allá de Panamá: la integración de Colombia

Colombia es un país de una importancia geopolítica fundamental, por su ubicación geográfica y por sus recursos naturales. En octubre de 2006, Colombia se incorporó formalmente al Plan Puebla Panamá y así se convirtió en el "país bisagra" entre el PPP al norte y la IIRSA al sur. De este modo, la incorporación de Colombia es un paso más en la pretensión de penetrar la espesa selva de Darién (que separa Centroamérica de Sudamérica) con carreteras, gasoductos, oleoductos y tendidos eléctricos de alta tensión para unificar el comercio de todo el continente. 

¿Qué es la IIRSA?

IIRSA quiere decir Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur. Surgió en 2000 durante la Cumbre de Presidentes de América del Sur, realizada en Brasil. Se trata de un megaproyecto de dominación de todo el territorio sudamericano a través de la integración de los sectores del transporte, energía y telecomunicaciones. La IIRSA pretende crear grandes canales "multimodales" creando vías fluviales, carreteras, aeropuertos y puertos, todo con el mismo fin: la circulación más rápida y eficiente de los recursos naturales vueltos mercancías.

La IIRSA comprende más de 500 proyectos organizados bajo diez ejes de "Integración y Desarrollo". Detrás de estos proyectos subyace una visión meramente instrumentalista de la naturaleza al pretender eliminar las "barreras naturales" que obstaculizan la libre circulación de bienes y mercancías entre las diferentes regiones del continente sudamericano.(3)

 "La IIRSA incluye proyectos de integración de productos y de mercados, reforzando el rol subordinado de nuestros países de proveedores de materia prima para las grandes industrias transnacionales. (...) Somos hijos de la Pachamama, no sus dueños, menos sus dominadores, vendedores y destructores, por lo cual nuestra vida depende totalmente de ella y por ello desde milenios atrás construimos nuestras propias formas del mal llamado "desarrollo", es decir nuestro Sumaq Kawsay / Sumaq Qamaña(4), que debe ser respetado. Nuestro Buen Vivir como alternativa legítima de bienestar en equilibrio con la naturaleza y espiritualidad, está muy lejos de la IIRSA, que nos quiere convertir en territorios "de tránsito" de mercancías, de huecos mineros y ríos muertos de petróleo".

Resolución de Pueblos Indígenas sobre la IIRSA Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - C A O I febrero de 2008

 

Del Plan Puebla Panamá al Proyecto Mesoamérica

En junio de 2008, durante la Décima Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en la Ciudad de Villahermosa, estado de Tabasco, México, los presidentes de los 9 países firmaron la Declaración de Villahermosa. Allí plantearon la transformación del PPP en Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, o Proyecto Mesoamérica, "con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes".

Con este nuevo nombre, se ha venido dando un nuevo impulso al PPP, siempre bajo la misma lógica: integrar y preparar las regiones que van desde el sur de México hasta Colombia bajo los mandatos del neoliberalismo, para que sirvan al gran capital. Los más de 100 proyectos económicos con los que se contaba en un principio, se redujeron en un 95%, quedando una veintena de proyectos centrados en las siguientes áreas: energía, electricidad, salud, educación, telecomunicaciones, biocombustibles, carreteras y vivienda.

En México, el avance del PPP en los últimos años ha sido claro: hasta el día de hoy se han destinado 16 mil millones de dólares para la construcción de 2 mil kilómetros de carreteras, se ha construido el puerto en Salina Cruz, así como también las tareas de mejoramiento del ferrocarril y aeropuerto del istmo de Tehuantepec, y la construcción del parque eólico de La Venta, en Oaxaca, sobre el despojo de 800 hectáreas ejidales, entre otros proyectos.

Hoy nos encontramos frente a un "PPP concentrado", como parte de una nueva etapa más intensiva y focalizada en áreas clave como megaproyectos de infraestructura, comunicación, turismo, agroindustria y vivienda.

¿Pero el PPP y el Proyecto Mesoamérica son la misma cosa?

Podemos decir que el Proyecto Mesoamérica (PM) es la continuación del Plan Puebla Panamá, o que constituye una nueva fase de éste. Pero sabemos que en esencia son la misma cosa: un conjunto de proyectos que busca exprimir al máximo nuestros recursos naturales para "sacarle todo su jugo". Sin embargo, hay que destacar que el PM toma nuevas dimensiones políticas y geográficas.

Mientras que el PPP se centró en avances en cuanto a infraestructura física para la integración - redes eléctricas, de telecomunicaciones y transporte - el PM se presenta como una segunda etapa de "proyectos de alto impacto social en áreas de salud, medio ambiente, desastres naturales y vivienda", aunque - como veremos más adelante - su fuerte sigue y seguirá siendo el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura para un mejor flujo de los bienes y servicios hacia la región pero también para extraer sus recursos naturales, en particular energéticos y bióticos.

Un nuevo ingrediente: el tema de Seguridad Regional

Mientras que en el PPP no se habló abiertamente del tema de seguridad, en el Proyecto Mesoamérica este tema toma relevancia. La Declaración de Guanacaste, producto de la cumbre de Costa Rica en julio de 2009, incluye 10 puntos dedicados solamente a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado(5).

Entre los "asuntos políticos", se acuerda: 

"Acoger con satisfacción la Iniciativa Mérida, como un importante instrumento de cooperación internacional en el combate a la delincuencia organizada transnacional, en particular al narcotráfico, con base en un enfoque de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas entre los Estados. Asimismo, manifestar el deseo de ampliar la cooperación regional contra la delincuencia organizada y la urgencia de que se incrementen sus fondos para desarrollar y fortalecer las capacidades de cada Estado. En ese sentido, reiterar la solicitud al Gobierno de los Estados Unidos de América para incrementar los recursos de cooperación que destina a esta materia." (Declaración de Guanacaste)

 De este modo, quedan incorporados al PM elementos de:

* La Iniciativa Mérida: a través de esta iniciativa, México adopta los esquemas de seguridad de los Estados Unidos con respecto a 3 elementos: el combate al narcotráfico, el terrorismo y la migración indocumentada, pero subordinado al Congreso de los Estados Unidos, ya que éste determina los objetivos, estrategias y programas de la Iniciativa Mérida. Es el Plan Colombia aplicado a México. Para México, significa profundizar el modelo de la "guerra contra el narcotráfico", es decir, más militares en las calles y en las comunidades, más violaciones a los derechos humanos de los y las mexicanas por parte del ejército y la policía, y mayor criminalización de la protesta y de las y los luchadores sociales.

* Acuerdos como los tomados en el "Diálogo Centroamérica -México en Materia de Seguridad Democrática" o en los "Compromisos para la Seguridad Pública en las Américas", cuyo fin es el de "abordar la problemática de seguridad pública con una visión integral, considerando amenazas emergentes y seguridad fronteriza, así como la modernización de los sistemas penitenciarios"(6). Estos acuerdos buscan una mejor coordinación en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas y todas aquellas acciones que puedan atentar contra la seguridad de las personas y las instituciones.

En este sentido, cabe citar la frase del canciller de Guatemala, Gert Rosenthal: "Puede surgir algo tremendamente significativo como un corredor de seguridad desde Colombia hasta Estados Unidos"(7). A su vez, la "Declaración Conjunta IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla" rectifica el "compromiso de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado, para lo cual hemos emprendido esfuerzos (...) y estrategias que contribuyan a cerrar el paso a la delincuencia y el terrorismo internacional"(8).

Nada mejor que las palabras de la OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) para describir este plan:

"El Proyecto Mesoamérica es la zanahoria que viene acompañada de un garrote denominado la Iniciativa Mérida, versión local del Plan Colombia. Narcotráfico y maras se han convertido en el pretexto para la militarización paulatina del istmo, siendo que los dos problemas traen un rotulo visible que dice "made in usa"(9).

Sabemos que, con este nuevo ingrediente en materia de seguridad, el PM se vuelve más claramente un plan geoestratégico diseñado por los EEUU para que todos los países - de México a Colombia - se adecuen a sus intereses de seguridad nacional, desde el punto de vista:

* Económico: El PM continúa con las metas del PPP, principalmente las de adueñarse de los recursos naturales, tan ricos en la región (hidrocarburos, agua, tierras, biodiversidad). También busca crear la infraestructura que haga más fácil el acceso, la exploración, explotación, interconexión, el comercio y el transporte de recursos dentro de la región y hacia otros países, como EEUU.

* Geopolítico: El PM busca en definitiva que prevalezcan los intereses político-militares de los EEUU sobre la región, lo cual facilita notoriamente la apropiación y explotación de los recursos.

Estados Unidos y sus empresas buscan asegurar el predominio de sus intereses en un contexto de crisis económica-financiera, desvalorización del dólar y emergencia de nuevas potencias como China y la Unión Europea. Según el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, la estrategia de salida a la profunda crisis económica implica el impulso de su complejo industrial-militar, por medio de dos vertientes. Por un lado, la parte coercitiva de la estrategia, que comprende la instalación de nuevas bases militares en países como Colombia, Perú y Panamá, el apoyo al golpe de estado en Honduras o la reactivación, después de medio siglo, de la Cuarta Flota . Por el otro, la parte consensuada, a partir de la firma de Tratados de Libre Comercio (TLCs), acuerdos como la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte(10) (ASPAN) y los megaproyectos económicos y geoestratégicos como el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) y la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA)(11). Menos costosa que la dominación territorial por medio de guerras como las de Afganistán, la dominación a través de proyectos como este se resguarda tras "consensos democráticos". El dominio económico, tras la fachada de "proyectos de integración para el bienestar de las naciones", muchas veces logra obtener los mismos beneficios que una guerra pero sin tantos costos políticos. 

A la vez, mientras que el PM busca imponer un esquema de infraestructura que permita y asegure la circulación de los bienes y mercancías hacia los centros estratégicos en un marco "competitivo" para la economía internacional, esta infraestructura sin duda también está siendo pensada para facilitar la instalación y circulación de dispositivos bélicos a lo largo del territorio mesoamericano que sirvan a los intereses de seguridad regional de Estados Unidos, en un contexto de expansión militarista de esta potencia resguardada tras el discurso de las guerras contra el terrorismo y el crimen organizado.

La lógica por detrás: el reordenamiento territorial

Para la concreción de estos objetivos, tanto el PPP como el PM, de la mano de la Iniciativa Mérida, necesitan liberar aquellas zonas consideradas estratégicas para que las transnacionales desarrollen sus megaproyectos, desplazando a las poblaciones indígenas, campesinas, y comunidades en resistencia, como también a grupos narcotraficantes.

El reordenamiento territorial consiste en despejar regiones de alto interés para las transnacionales y los proyectos de gobierno, desplazando a las poblaciones por medio de la migración forzada o concentrándola en núcleos urbanos como es el caso del programa gubernamental Ciudades Rurales Sustentables en el estado de Chiapas.(12) De este modo, regiones con alta concentración de recursos quedan disponibles para su explotación por parte de las empresas en alianza estratégica con los gobiernos. Esto facilita la instalación de un enorme mercado al servicio de la globalización, que arrasa con toda iniciativa regional y local para centrarse en la exportación de nuestros recursos hacia los países ricos del norte. La consigna parece ser "limpiar el terreno", arrasar con el modo de vida campesino-indígena para dar lugar al "desarrollo".

Este concepto de reordenamiento territorial se vuelve explicito en un documento de la Comisión Ejecutiva del PM, donde se hace un llamado a la instrumentación de una "Política Mesoamericana de Ordenación del Territorio y Acción Regional",(13) que permita:"(...) en un principio, definir regiones prioritarias de actuación, objetivos territoriales y fondos estructurales para clarificar y lograr una mayor eficiencia, factibilidad financiera y rentabilidad social de la nueva generación de proyectos regionales estructurantes (que estructuran a futuro) y proyectos regionales compensatorios (que atienden rezagos históricos)."

Hay dos maneras de aplicar esta lógica de reordenamiento territorial que despeje zonas para el despliegue del capital. De forma coercitiva, por medio de acciones como el desalojo o la militarización o paramilitarización de las comunidades, o de manera más silenciosa y encubierta, propiciando las condiciones para el desplazamiento forzado de la población a través de la migración o el reacomodo en centros urbanos. La invasión de comida chatarra y materia prima más barata de Estados Unidos a causa del TLCAN, las políticas de abandono del campo, la privatización y venta de tierras antes comunales y la instauración de megaproyectos van abonando el terreno para el abandono del campo de miles de personas cuyo modo de vida campesina ya no encuentra cabida frente a tal saqueo del territorio. Lo que subyace por detrás es un "cambio de uso de suelo": la milpa y la comunidad - en su sentido amplio - se hacen a un lado para dar paso a proyectos ecoturísticos, carreteras, represas, monocultivos, agrocombustibles y mineras, siempre bajo el disfraz del desarrollo y el combate a la pobreza.

¿El regreso del ALCA?

Vuelven los fantasmas del ALCA pero esta vez a nivel Mesoamérica. Calderón invitó a los demás presidentes a unirse para alcanzar un Tratado de Libre Comercio Único en el área Mesoamericana. Una de las novedades de la Declaración de Villahermosa, producto de la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla de junio de 2008, fue la propuesta de México de iniciar negociaciones para que los tratados de libre comercio que actualmente existen en la región se conviertan en un único TLC Mesoamericano. El presidente de México parece haber olvidado el fuerte rechazo popular que generó la idea de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) a lo largo de todo el continente.

¿De dónde proviene el financiamiento para estos proyectos?

Principalmente de los gobiernos participantes y de entidades privadas. Asimismo, destaca la participación de instituciones financieras internacionales (IFIs) como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta entidad se presenta a sí misma como "la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe"(14) y es conocida por su amplio desembolso de cuantiosas sumas de dinero en México y Latinoamérica, destinadas principalmente a obras de infraestructura.

En 2008, el BID brindó a México recursos por un monto de 2 mil millones de dólares para "combatir la pobreza" por medio del apoyo a diversos programas como el de "Oportunidades"(15), como así también para destinar a obras de infraestructura que permitan una mayor "competitividad e integración regional". Diversos autores han señalado la falta de transparencia e información del BID acerca de su financiamiento dentro del marco del PM debido a las fuertes críticas recibidas en torno al Plan Puebla Panamá(16).

[Continuará...
Segunda parte: ¿En qué consiste el Proyecto Mesoamérica?
Tercera parte: ¿Y qué hay del Proyecto Mesoamérica en Chiapas?]

 Notas

1. Hay que resaltar, sin embargo, que la lucha en Atenco no ha concluido. A raíz de los acontecimientos represivos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, 12 personas se encuentran presas, entre ellas Ignacio Del Valle sentenciado a 112 años de cárcel, en un contexto nacional de creciente criminizalización de la lucha social.
2. "El Plan Puebla Panamá vive y crece: los pueblos frente a los planes del Imperio", Miguel Pickard, Boletín Chiapas al Día N° 527, CIEPAC A.C., noviembre de 2006, 
ver aquí.
3. "Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA). Integración a golpe de megaproyectos", Sergio de Castro Sánchez, Periódico Diagonal, 14 de enero de 2010 en 
ver aquí.
4. Sumaq Kawsay / Sumaq Qamaña: Significan en lengua quechua y aymara "buen vivir" o "vivir en armonía".
5. "Planes geoestratégicos, desplazamientos y migraciones forzadas en el área del Proyecto de Desarrollo e Integración de Mesoamérica", Anteproyecto de Investigación colectiva entre Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (DEAS-INAH, México); Centro de Estudios de Fronteras e Integración, Universidad de Los Andes (CEFI-ULA-Núcleo Táchira, Venezuela); Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia); la RMALC (México) y otras instituciones; junio de 2009.
6. "Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas", Informe del Relator, Ciudad de México, 7 y 8 de octubre de 2008.
7. "Centroamérica, México y EE.UU. acuerdan estrategia conjunta de Seguridad", Agencia EFE, 19 de julio de 2007.
8. "IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla", Declaración Conjunta, Belice, Junio de 2007.
9. "El Proyecto Mesoamérica y el Golpe de Estado en Honduras", OFRANEH, julio de 2009, en
 
ver aquí.
10. Para más información véase "Diez preguntas sencillas...sobre la ASPAN", Boletín Chiapas al Día, No. 541, CIEPAC, 
ver aquí.
11. "Plan de Trabajo 2010", Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras.
12. Ver "Ciudades Rurales en Chiapas: despojo gubernamental contra el campesinado", Boletines Chiapas al Día, Nos. 571 y 572, CIEPAC.
13. "Proyecto: Mesoamérica POT-AR 2010+", Santiago Antón Gracia, Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, México, diciembre de 2009
14. Portal del Banco Interamericano de Desarrollo: 
ver aquí 
15. "BID aprueba US$2,000 millones para combate a la pobreza en México", 
ver aquí 
16. "Megaproyectos del BID, desplazamiento y migración forzada", Laura Carlsen, Michael Collins, Oscar Chacón, Paula Álvarez, Ricardo Verdum y Christopher Loperena, Programa de las Américas, marzo de 2010: 
ver aquí

 

CIEPAC - Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria

Leer

 

 

 Alternativas emancipatorias

 

Son tiempos en que es perentorio desentrampar nuestro trabajo de la lógica del Capital. Implica superar la focalización para adquirir visión contextualizada, multifacética y unificadora de los protagonistas populares. Observemos la siguiente construcción desde asambleas socioambientales.

 

Espacio InterCuencas,

participación ciudadana y territorio

3 de octubre de 2007

 

Hace casi cuatro meses, en el barrio de La Boca, se reunían más de cien organizaciones sociales, ambientalistas, no gubernamentales y vecinos de Buenos Aires y el Conurbano con el fin de potenciar el ejercicio de algunos derechos sociales, teniendo como ejes el agua y la vida. Desde esa fecha ya se han realizado un total de tres reuniones plenarias en distintas zonas. Aquí una serie de testimonios tomados durante el último encuentro, realizado en Quilmes. 

 

Gentileza Biodiversidadla.org


El pasado 8 de septiembre se realizó el III Encuentro del Espacio InterCuencas en la Universidad Nacional de Quilmes. «Este espacio tiene la característica de reunir a organizaciones y personas de las cuencas Reconquista-Luján, Matanza-Riachuelo y del Río de la Plata. Es decir que es un espacio de intercambio de toda la región», explica Ernesto Salgado referente del espacio.

La necesidad de constituir un foro regional tiene que ver con la magnitud del problema, que desde el InterCuencas no dudan en caracterizar como de «emergencia hídrica, sanitaria y ambiental, en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires». No sólo se destacan los problemas de contaminación en los cursos de agua. También hacen estrago los numerosos barrios que se ven afectados por las inundaciones, corolario de la imaginación hídrica de Aguas Argentinas.

El Espacio InterCuencas sigue la senda que se traza en la mayoría de las provincias argentinas, la de las luchas por el agua. Camino que se enfrenta con el despropósito y las codicias gubernamental y privatizadora. Por eso, exige la «participación popular en el control de las obras de agua, saneamiento y cloacas», sin delegación, constituyendo nuevos tipos de ciudadanía y control territorial. Como dicen en el espacio de las Asambleas Barriales por la Recuperación de las Privatizadas , no se trata de hacer simple monitoreo sino de participar en el control de las obras.

Aunque el espacio es germinal aun, manifiesta la cristalización de una serie de experiencias y prácticas que tienen que ver con el pasado reciente. Asambleas populares, tercer sector muy diversificado -temática e ideológicamente-, vecinalismo, ambientalismo, participación ciudadana, y un acercamiento incipiente de los nuevos movimientos sociales. Si bien el rumbo y los resultados prácticos son inciertos, constituye un buen augurio tal conformación.

Durante la mañana del sábado 8 en la UNQUI cada asamblea y asociación expuso su problemática ante los estudiantes y asistentes mediante afiches, fotos y charlas. Luego se reunieron en comisiones para estudiar y discutir los temas y planificar un plan de acción.

Lo que siguen son tres testimonios tomados durante la jornada que intentan ser representativos de la riqueza del espacio y sintetizar los principales ejes de acción que plantean.

 

Ernesto Salgado, Foro en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.

«Nosotros trabajamos desde la ribera de Avellaneda hasta Ensenada y vamos a cumplir ocho años. El foro nace con el objetivo de contribuir a parar la contaminación del Río de la Plata, y sumar esfuerzos de la gente partiendo de un criterio, que es estar en la calle, en los debates y difundir la situación en la que está el río».

 ¿Cómo surge esta iniciativa en la que confluyen tantas asociaciones vecinales?

 Este es el tercer encuentro. El primer encuentro se hizo en La Boca en junio de este año, ahí salió una declaración en donde se plantea por qué pelear [1]. Luego se hace un segundo encuentro en el Delta de Tigre, donde empezamos a manifestarnos más en la calle. Y el encuentro de hoy tiene una doble característica, una muestra en la universidad y un debate a la tarde en comisiones para ver cómo avanzamos en los ejes que consideramos que son fundamentales, esto es, cómo romper la barrera de la indiferencia oficial y social a los temas de contaminación, en particular a los recursos hídricos. Esto nace como una necesidad en una reunión de los tres grupos de organizaciones, y empezamos a juntarnos para que el grito, como lo denominamos en el Delta, «El primer grito ambiental», sea un grito más poderoso y se escuche un poco más lejos.

 ¿Qué grupos son los impulsores o los más fuertemente organizados?

 Te puedo nombrar algunos, Asamblea Delta y Río de la Plata, Foro Ribereño en Defensa del Río de la Plata, Asociación de Vecinos La Boca, Foro Hídrico Lomas de Zamora, Foro Hídrico Alte. Brown, Foro Hídrico Lanús, Cipocarr (Coordinadora Intercomunal del Rio Reconquista), la gente de La Matanza muy vinculada a la cuestión de los basurales y la contaminación hídrica a partir de la basura, Asamblea de Wilde, los grupos de No a las privatizadas, entre otros.

 ¿De qué manera influyen en la problemática que ustedes abordan las empresas de servicio público (ya sean privatizadas o no)?

 El gran negociado de las privatizaciones fue una gran puerta para que las empresas puedan hacer lo que se les da la gana. Por ejemplo, Aguas Argentinas se queda con la concesión del agua de Capital Federal y 18 municipios de Gran Buenos Aires. Ganan la concesión no por ofrecer un precio menor sino porque se comprometen a hacer 4 grandes obras, como la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Berazategui, el río subterráneo Saavedra-Morón y la planta en el norte del Gran Buenos Aires. De esas cuatro, dos no las hicieron, por lo tanto ganan una concesión sin hacer las obras. Otro caso es la planta de tratamiento de Berazategui, donde se arrojan más de 1 millón de metros cúbicos diarios de desechos cloacales e industriales, que se debía realizar en el primer quinqueño de Aguas Argentinas, es decir para el año ’99. El gobierno de ese momento le pasó la fecha al 2018. Después terminan anulándole la concesión, pero no cumplieron con las cosas primarias que iban a hacer.

 ¿Y con AySA como lo ves?

 Con AySA es lo mismo. Qué dicen, que van a hacer dos megaplantas, una en Berazategui y otra a la altura de Dock Sud. Pero el problema de las megaplantas es que no resuelven lo fundamental: las plantas de pretratamiento no resuelven la «eliminación» de los contaminantes. No tratan los contaminantes, sólo los van a arrojar un poco más adentro del río. Ahora los arrojan a 2500 metros, con esta planta lo van a llevar a 7500, basados en un falso criterio de que el Río de la Plata está en condiciones de autodepurarse, cuando en realidad es el tercer río más contaminado del mundo, y obviamente no se puede autodepurar, está en terapia intensiva, a punto de colapsar.

Entonces AySA mantiene el mismo criterio desde el punto de vista de la contaminación. Pero al lado de esto hay que poner la foto donde se ve que de ese río tomamos agua 10 millones de personas. Entonces no es que «el río se arruinó, ¡uy que feo, que olor!», no, de ahí tomamos agua. Para que te des una idea, la planta que está en Bernal, que toma agua del Río de la Plata para abastecer a toda la región sur, ya tiene a sólo un kilómetro la mancha que se produce por los desechos cloacales de Berazategui. Y después los de la zona te dicen, «¿por qué el agua viene con tanto cloro?», está claro por qué. Y también después de una cierta medida el cloro también es perjudicial y es algo difícil de probar. Ningún médico te va a hacer un certificado en el que diga que tal persona se murió contaminada por el agua que tomaba. Todos morimos por paro cardio-respiratorio no traumático. Ahora, quién te generó la enfermedad que te produjo el paro. El agua que tomás, el polo petroquímico que te contamina el aire, el CEAMSE que te contaminó el Puelche (para los que no toman agua del río).

 Contanos del Puelche y por qué es un gran problema en zona sur

 Los ríos, en superficie o subterráneos, terminan teniendo puntos de unión. No es casualidad que en los municipios donde Aguas Argentinas tenía la concesión se dejó de usar el agua del Puelche y éste entonces creció, lo que provoca que las napas freáticas estén por encima del nivel del piso. Cuando se sacaba el agua del Puelche las napas freáticas estaban en su lugar. Por supuesto que hay otras cosas que contribuyen al problema, la autopista por ejemplo, que se ha convertido en una gran barrera donde la napa freática, que viene de free, libre, cuando enpieza a correr hacia el río, «en libertad», se encuentra con una gran muralla que es la tosca de cuatro metros hacia abajo que se hizo para construir la autopista. No hay forma de que el agua corra por abajo de la autopista. Todo esto contribuye a que, a la larga, el Puelche termine contaminado.

 ¿Y qué pasa con la contaminación que proviene de las empresas. Qué políticas públicas hay al respecto?

 Se sabe que hay que controlar a las empresas. No tendrían que vertir ningún líquido más si no tratan previamente las aguas. Y eso es responsabilidad de los municipios para la ley que existe, ellos tienen el poder de policía para clausurar la empresa que emane contaminantes a los arroyos. El segundo gran tema es la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales antes de que los desechos vayan al río. Ahora van todos derecho. Las cloacas de esta región, 6 millones de personas, se tiran en Berazategui sin ningún tratamiento previo. Otro elemento es un saneamiento en serio del Riachuelo, desde su cuenca alta. También es necesario terminar con la contaminación del Reconquista en base al mismo criterio, control de las empresas, que los desechos cloacales no vayan a los arroyos y que no vayan directamente al río. Si hiciéramos eso, en cincuenta, tal vez cien años, el Río de la Plata estaría recuperado. Pero acá la base es política oficial en serio, no verso, no cerrame la Shell por quince días. Nosotros hace ocho años venimos diciendo que las empresas del polo petroquímico contaminan por el agua que utilizan y tiran y por el sistema que usan los buques tanque que implica un derrame permanente y que luego al limpiar arrojan al río.

 ¿Qué logros vieron ustedes como grupo?

 En los ocho años que nosotros llevamos de trabajo lo que se logró fue por la movilización de la gente. Pero después, política oficial para detener la contaminación de la cuenca, ninguna. Forman un «comité de cuenca» y a los sectores barriales no le dan participación o los tienen para consultar y después hacen lo que quieren. Medidas reales todavía no hay.

 

Asamblea del Delta y Río de la Plata

Vecina: «La asamblea se formó el 19 de marzo de 2006. La mayoría somos vecinos de Tigre, de la isla y del continente. Estamos pidiendo el saneamiento del río Reconquista y estamos juntando firmas. También estamos pidiendo para que se promulgue una ley que prohíba los envases descartables. Sabemos que hoy en día hay muchos problemas con la basura, que están los rellenos sanitarios colapsados, los vecinos no quieren que se instalen nuevos rellenos en sus localidades, cada municipio está viendo qué hace con los residuos. Nosotros creemos que una solución es generar menos basura. Para esto sabemos que los envases descartables lo que hacen es agravar el problema».

Vecino: «Hay vecinos que vienen trabajando el tema y recopilando. Pero desde esa época nunca se ha tomado el auge de ahora, porque la gente ha ido tomando consciencia lo que es el avance de la contaminación. La gente participa muchísimo más que antes. Realmente los de arriba no se preocupan como se preocupa el vecino».

 ¿Tomaron contacto con otros sectores de la sociedad civil?

 Víctor Rodríguez: InterCuencas es un caso. Está justamente reuniendo a todas las organizaciones del Reconquista, Riachuelo y Río de la Plata. Hoy es el tercer encuentro y vamos para un cuarto, en la parte media del río Reconquista. Ya hicimos una primera reunión en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Todas las asambleas y asociaciones nos estamos organizando. Hay ONGs y también hay asambleas, como la nuestra, que no tiene personería jurídica, que para nosotros es una manera de valorar el espacio como asambleario y abierto.

 Vos participás también en la Asamblea de Las Tunas, ¿qué hacen allí?

 Lo que sucede en Las Tunas es grave. Las napas están colapsadas. Es un lugar que está encerrado por los barrios privados, lo que es el Nordelta, que está elevado sobre los barrios preexistentes. Por otro lado hay siete industrias contaminantes, como papeleras y frigoríficos. Hace poco se detectó arsénico en el agua de una de las escuelas, la Nº 26. Son barrios que no tienen cloacas y tienen más de 20 mil habitantes. Tigre tiene un 10% de cloacas, claro la parte más lujosa, pero Tigre no es rico, no hay cloacas ni agua corriente en gran parte. Entonces esta situación de tener las napas comprometidas y sin agua corriente me llevó a mi a hacer una acción de amparo en representación de algunos vecinos, que fue entregado este viernes en el Juzgado Nº 4 de San Isidro.

Hoy el progreso, entre comillas, no es tal y realmente hoy el progreso es otra cosa, se lo confunde mediante una mirada con afán economicista. Eso nos llevó a un colapso no de 20 mil habitantes, sino de los 14 millones que estamos comprometidos en el Gran Buenos Aires y Capital.

Los gobiernos no pueden suicidarse y decir ‘nosotros somos parte del problema’, que es lo que sucede en realidad. Entonces si uno denuncia a una empresa contaminante seguramente la municipalidad va y les aplica la multa, pero esa multa no hace que dejen de contaminar. Por lo tanto lo que hay que buscar es una solución de fondo, distinta. Pero, lamentable, lo que vemos es que la única solución que tienen para ofrecernos es que la gente se vaya acostumbrando.

 Esas soluciones sólo se alcanzan si afectás intereses concretos.

 Totalmente. Hoy hay que decirlo como es. La producción: hasta qué punto es interesante tener una alta producción si a la vez tenés un gran déficit en la salud, un colapso. Hay que parar por un momento y ver de qué manera doblar este destino al que estamos llegando.

 

Leonardo Pérez Esquivel, Asamblea Barrial Beccar y Asambleas Barriales por la Recuperación de las Privatizadas.

«Hemos estado junto a otras organizaciones luchando desde hace tiempo por el tema del agua. Luchando por la rescisión del contrato de Aguas Argentinas, por los incumplimientos que tuvo esta empresa en cuanto a la expansión del servicio y por el colapso hídrico que dejó por el ascenso de las napas al haberse cerrado los pozos del acuífero Puelche, que además provocó la contaminación del acuífero con los pozos negros que hay en las zonas sin cloacas.

«Lo que planteábamos en aquel momento era la posibilidad de que la empresa volviera al Estado. Pero al volver al Estado la forma jurídica que adoptó la nueva empresa es la de una sociedad anónima, AySA, regida por el derecho privado, y que por lo tanto escapa a una serie de controles de compras que tendría en el Estado. Esto le quita transparencia al funcionamiento de la empresa, sobre todo cuando han puesto al frente de AySA a dos personeros que fueron cómplices de la privatización, como son Carlos Ben, impulsor de la privatización y funcionario de Aguas Argentinas, y José Luis Lingeri, Secretario General del sindicato de Obras Sanitarias, un burócrata sindical cómplice de la privatización. Para citar sólo un ejemplo, ellos entregaron el inventario de la empresa recuperada fuera de término. Por contrato si se presentaba fuera de término no se le podía demandar las obras no hechas a Aguas Argentinas. Así ellos amnistiaron 800 millones de pesos, que implica un monto equivalente a todas las obras que AySA va a manejar solamente en términos de renovación y mantenimiento de la red de agua y cloacas (no de las obras grandes).

Para las obras grandes en cambio se planteó un nuevo marco regulatorio que disuelve el ente que controlaba antes a la concesionaria y crea otro ente, el ERAS [Ente Regulador de Aguas y Saneamiento], donde plantean algún tipo de participación a las entidades de usuarios, pero con facultades restringidas y las dejan haciendo simple monitoreo o discutiendo tarifas, pero sin control sobre las obras, que es lo central.

También en el Ministerio de Planificación se crea otro ente, la Agencia de Planificación, encargada de las obras. Todo esto se financia con un fondo fiduciario especial cargado en la tarifa. En este último punto participan sólo los delegados del ministerio y los intendentes municipales, y no pueden participar las organizaciones populares. Nosotros queremos estar ahí porque entendemos que es central la discusión de las obras, porque el eje de todo esto es cuál va a ser el plan, qué tiempos manejan. Sin estas obras no hay saneamiento viable frente al colapso actual. Porque además de los problemas de infraestructura por el ascenso de napas en muchas zonas, está todo el problema sanitario asociado.

 ¿Desde cuándo están haciendo este trabajo por la recuperación de las privatizadas?

 Fundamentalmente esto surgió después del 2001, con la rebelión popular que hubo, donde como consecuencia surgieron las asambleas barriales que fueron uno de los movimientos sociales de ese momento. De ahí se constituyó una comisión entre varias asambleas que trabajamos el tema de las privatizadas.

Primero fue la lucha contra el tarifazo, que se logró parar en ese momento, junto con otras acciones legales que hicieron las asociaciones de usuarios, pero las asambleas barriales fueron las que allí planteamos toda la movilización, la protesta, los apagones, escraches a los entes. Después cuando se paró lo del tarifazo se abre la renegociación en el ámbito de Economía para discutir las concesiones de las privatizadas, unos sesenta contratos que había ahí. Toda la parte petrolera no entró, pero sí los servicios. Dentro de eso empezamos a trabajar varios temas como correo, ferrocarril y agua. En este caso hoy estamos por el tema del agua.

Hoy las asambleas ya no tienen la movilización que tenían antes pero han quedado unas cuantas, y otras que se han vinculado a organizaciones o a espacios como foros de salud, que también están tomando estas problemáticas. Entre todos tratamos de coordinar en cada caso las movilizaciones y acciones que impulsen una recuperación de estas empresas para el pueblo, con un criterio de gestión pública con participación de las organizaciones populares en el control, que nos parece central, y que es lo que tendría que diferenciar las nuevas empresas en manos públicas respecto de las empresas anteriores.

 

Nota:

[1] http://www.espaciointercuencas.org/declaraciondelaboca.htm

Fuente: https://www.anred.org/2007/10/03/espacio-intercuencas-participacion-ciudadana-y-territorio/

 

 

Apreciemos análisis del trabajo a realizar para ir superando las crisis ecológica, climática, energética y civilizatoria del capitalismo. Significa desprenderse de la criminalidad e irracionalidad capitalista  indagando el qué y el cómo atender necesidades de las grandes mayorías sin romper los equilibrios ecológicos.

 

 

Una vida subordinada al petróleo: así dependen las grandes ciudades de los combustibles fósiles

3 de octubre de 2019

Alimentación, transporte, vivienda..., la vida en las grandes urbes queda supeditada a las fuentes de energía fósil. Este es un recorrido por los puntos más simbólicos de la petrodependencia de las sociedades industriales. 

 

ALEJANDRO TENA

 

La emergencia climática es una realidad multidimensional. En cierta medida, el colapso al que la humanidad se está viendo abocada es fruto de un modelo de producción que se expande más allá de los límites materiales de la Tierra y se sustenta en el uso casi derrochador de los recursos naturales. La humanidad se asoma a un abismo desconocido, así lo advierten los científicos que estudian los efectos que tienen las acciones de los seres humanos en los ciclos del cambio climático.

Esta suerte de hecatombe tiene una relación estrecha con el uso de combustibles fósiles para sustentar los ritmos productivos de las sociedades industriales. Nada se escapa de las manchas del petróleo y los recursos extractivos. Todo queda manchado por el oro negro que tantos conflictos bélicos ha generado en el último siglo. Tanto es así, que se podría trazar un eje con puntos simbólicos en cualquier gran ciudad con el que simbolizar esa subordinación.

Desde la alimentación que nos llevamos a la boca, hasta los proyectos urbanísticos, pasando por el regadío y el sector energético. Son ejemplos claros del nivel multidimensional de esta crisis climática ligada, en gran medida, al alocado ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero. En Madrid, una selva de cemento de más de tres millones de habitantes, se erigen algunos puntos calientes que personifican esa dependencia de los combustibles fósiles.

CLH, la despensa de petróleo

A poco menos de veinte minutos de Atocha, en el barrio obrero de Villaverde, se ubica el gigante del que todos los sectores terminan sirviéndose, la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Entre las verjas metálicas de un recinto industrial se atisba un skyline de tanques que guardan toneladas y toneladas de combustibles líquidos. Gasolina, gasóleo, queroseno y, en menor medida, biocarburantes. Este lugar es una de las cuarenta instalaciones que CLH tiene por toda la península y una de las tres que se asientan en la Comunidad de Madrid. Solo bastan unos minutos en la puerta para ver cómo los camiones entran y salen del lugar con sus cisternas llenas.

"Las instalaciones de hidrocarburos son la mayor contradicción entre la emergencia climática y la dependencia del petróleo"

“Aquí fluye la energía más importante para que pueda funcionar nuestro modelo económico. Este punto simboliza la mayor contradicción entre la emergencia climática y la dependencia del petróleo y los combustibles líquidos de nuestras sociedades”, explica a las puertas del emplazamiento Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción. Los depósitos que alberga CLH en este lugar tienen una capacidad de almacenamiento de 176.295 metros cúbicos. El combustible llega ya refinado a través de una red de oleoductos de cerca de 4.000 kilómetros que se vertebra por toda la península ibérica.

Los combustibles que se almacenan en esta planta y otras tantas se destinan a prácticamente todas las actividades económicas, desde el transporte hasta para calentar establecimientos y hogares. Se calcula que en 2017 se consumieron en España 80 millones de toneladas de combustibles, lo que se podría traducir en diez barriles anuales por cada ciudadano. Teniendo en cuenta las cifras de emisiones que hay detrás de la quema de estos productos, “¿éste es el camino a seguir para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París?”, se pregunta el activista de manera retórica, haciendo hincapié en los gases de efecto invernadero (GEI)que hay detrás de la quema de estos líquidos.

 

Alimentación petrodependiente

En un inmenso polígono industrial, a unos quince kilómetros de las instalaciones de CLH se encuentra Mercamadrid, la despensa de la capital. Más de doscientas hectáreas de almacenamiento logístico de alimentos de hasta cuarenta países diferentes. Frutas, verduras, hortalizas y otros productos frescos con una huella ecológica cuyo rastro toma partida en América, Asia o África. De este lugar depende, en cierta medida, la alimentación de más de 12 millones de consumidores situados en un radio de 500 kilómetros.

"El centro de la producción es generar beneficios y no alimentar"

A grandes rasgos, estos datos y esta forma de organización industrial son un retrato del modelo industrial imperante en las sociedades industriales. “Este es un sistema en el que el centro de la producción es generar beneficios y no alimentar”, valora Adrián Almazán, doctor en filosofía que investiga cuestiones rurales. El pensador, ligado al movimiento ecologista, advierte que los conflictos que esconde este sistema van más allá de las emisiones que se puedan generar durante toda la cadena de distribución. Se trata de ver cómo las formas de consumo masivo que se ejercen desde las grandes ciudades pueden derivar en pugnas bélicas por el control de la tierra. Esta es una realidad muy presente en latinoamérica, donde la deforestación para el cultivo masivo de productos como soja o café desplazan a colectivos indígenas.

También tiene que ver con la forma de entender la extracción de recursos de una forma intensiva que despoja a comunidades sin industrializar de sus formas de entender la vida. “Yo soy un ejemplo de una persona que se ha tenido que marchar de un lugar jodido por la forma de vivir”, expone Serigne Mbaye, miembro fundador de El Fogón Verde, un restaurante agroecológico y cooperativo. De origen senegalés, tuvo que dejar su país y sus gentes cuando los grandes buques pesqueros europeos saquearon las costas y sus peces. Ya no había nada que pescar en aquellas aguas. “Soy un refugiado climático”, apunta.

El caso de Mbaye es un ejemplo de lo que viene; del éxodo climático que se puede dar si no se pulsa el freno de emergencia de un sistema que crece por encima de sus posibilidades materiales.

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En busca de viviendas sostenibles

El hormigón, el cemento, los ladrillos. Los materiales que levantan las grandes estructuras donde se asientan los ciudadanos europeos presentan una fuerte subordinación de los combustibles fósiles, sea para su transporte o su fabricación. Tanto es así que la industria cementera es responsable de cerca del 8% de las emisiones mundiales de GEI, según el informe Making Concrete Change.

Pese al apogeo de las renovables, el parque inmobiliario de España y Europa se presenta viejo y ligado a los combustibles fósiles para el calentamiento del hogar o la refrigeración de alimentos, entre otras prácticas cotidianas como una simple ducha caliente. Sin embargo, existen alternativas que van asentándose en las sociedades urbanas. El proyecto Entrepatios se presenta como una de las muchas opciones de viviendas limpias y, además, alejadas de la especulación inmobiliaria.

Cerca del río Manzanares, en el barrio obrero de Usera, se levanta uno de los edificios que en el próximo verano darán cobijo a más de una decena de familias. Las casas, en propiedad de la cooperativa de Entrepatios, se componen de materiales eficientes, con un aislamiento extremo que permite ahorrar y su nutren de la energía solar que decora la azotea del bloque. “Todo por un alquiler de cerca de 700 euros, por debajo del precio de la zona”, explica Luis González Reyes, miembro de la cooperativa y uno de los vecinos que entrará a vivir en uno de los pisos que se están levantando en el lugar.

Decía Murray Bookchin que “el proyecto de dominar la naturaleza seguirá existiendo y conducirá inevitablemente a nuestro planeta a la extinción ecológica”. Por el momento, el camino hacia el colapso lleva un largo trecho recorrido. Quizá esta sea una buena ocasión para desandar lo andado.

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/vida-subordinada-petroleo-dependen-grandes-ciudades-combustibles-fosiles.html

En consecuencia, a la «contrarreforma agraria integral» del sistema mundo capitalista y de su capitalismo local, la paramos con construcción del poder constituyente de las diversidades del abajo sin fronteras ni discriminaciones de tipo alguno.

 

Generalicemos la percepción (conocimiento y toma de partido) respecto a la irreconciliabilidad de los pueblos con el capitalismo en primer lugar y luego, cómo la están estableciendo en el Abya Yala:

 Entrevista a Ken Loach

"El sistema ha llegado a la perfección, el obrero obligado a explotarse a sí mismo"

4 noviembre de 2019

Por Begoña Piña (Público)

 

El cineasta aborda la precariedad laboral en Sorry We Missed You, con guion de Paul Laverty, una cinta en la que evidencia a los trabajadores que éste no es un sistema sostenible. Premio del Público a la Mejor Película Europea en San Sebastián.

El mercado quiere ganar y ganar dinero, y el precio lo pagan los trabajadores. Pero “la lucha continúa” y Ken Loach levanta el puño y sonríe. 83 años combatiendo la injusticia del capitalismo y poniendo el dedo en la llaga. Ahora toca luchar contra la máxima expresión de la explotación, “el sistema de explotación ha llegado a la perfección, el obrero obligado a explotarse a sí mismo”.

Es lo que le sucede a Ricky, uno de los protagonistas de su nueva película, Sorry We Missed You, retrato de la precariedad laboral en la sociedad de hoy. Loach, con guion de Paul Laverty, dibuja un panorama, muy amargo porque es real, de las condiciones laborales de una familia media británica. Cada día trabajan más, cada día tienen menos tiempo juntos, cada día el desánimo gana terreno en sus vidas…  

Extraordinaria película, cargada de una humanidad y una verdad turbadoras por la tristeza que arrastra, Sorry We Missed You se estrenó en el Festival de Cannes y en el Festival de San Sebastián conquistó el Premio del Público a la Mejor Película Europea. Loach, octogenario imparable, presentó su película en un cine abarrotado, atendió feliz a la prensa –con Público mantuvo esta entrevista– y, entre una cosa y otra, salió corriendo hacia el Puente de la Zurriola para acompañar a las trabajadoras de las residencias de ancianos de Gipuzcoa, en huelga esos días por sus condiciones laborales. Hace solo unos días escribió a sus distribuidores en España para preguntar cómo iban las negociaciones de estas trabajadoras.

¿La precariedad laboral ha llegado a un punto que resulta ya insoportable?

Hoy el desempleo es menor que hace unos años, pero se ha incrementado ese tipo de trabajo que no te permite vivir. El trabajo es muy precario. Con esta película no quería hacer ningún alegato, pero pensé mucho en la historia, porque es una situación que puede ocurrir, de hecho, millones de personas conocen esta historia.

Pero ¿cuánto se puede resistir?

Lenin decía que la clase dirigente sobreviviría a cualquier crisis siempre que la clase trabajadora pagara el precio.

¿Cómo podemos luchar contra esto?

Creo que tenemos que luchar en la forma tradicional, tenemos que pertenecer a un sindicato. Y a partir de ahí ir provocando movimientos políticos que defiendan nuestros intereses. El problema es que la política de los sindicatos socialdemócratas hoy es que el jefe, el patrón, se beneficie antes de que el trabajador tenga un buen salario. Y si la prioridad es esa, jamás podremos cambiar. Así, solo resistiremos lo que podamos.

¿No es tiempo ya de crear unos sindicatos europeos?

Así es, esa es la lucha. Hemos ido perdiendo la idea del colectivo. Desde Margaret Thatcher se ha ido incrementando el culto al individualismo y el colectivo ha ido disminuyendo. El bien común ha decrecido y ha subido el éxito personal.

¿Este momento tiene algo diferente respecto de esta lucha?

Sí, porque la situación afecta a una gran mayoría de personas, no solo a la clase trabajadora, también la clase media pierde privilegios . Es el momento justo para luchar.

En la película insiste en cómo el trabajo precario nos roba la vida privada…

La vida familiar pierde su integridad, se está desintegrando. Si trabajas catorce horas diarias, no tienes tiempo para tus hijos. Paul Laverty se documentó mucho y los trabajadores le decían que no veían a sus hijos y que si les veían, estaban agotados y no les aguantaban. La película está suavizada, no es nada comparado con lo que ocurre de verdad, hay historias mucho peores. Esta familia trabajadora de la película está a punto de destruirse.

Esta familia ya lo pasa bastante mal…

Pero puede ser peor, el domingo me encontré con una mujer cuyo marido tiene diabetes, fue a su cita en el hospital y la empresa le despidió. En el siguiente trabajo precario que tuvo no fue al hospital. Los compañeros le dijeron al jefe que no se encontraba bien, que estaba mal, que le dieran un respiro. El hombre murió. Tenía 53 años.

La situación es límite, pero la reacción ¿no es demasiado escasa?

Pero la gente reacciona. Ese mismo día, conocimos a un sindicalista que estaba intentando crear una defensa. Es cierto que la solidaridad ha muerto como cimiento social, aunque en pequeños colectivos sigue existiendo.

En Inglaterra, ¿qué posibilidades existen de que la situación de los trabajadores cambie?

Bueno, esto es el fin del sistema. Con Jeremy Corbyn sí hay una posibilidad porque él sí se lo cree. Lo primero es eso, será eso, devolver al trabajador salarios decentes. Aunque, claro, la BBC y los periódicos no hablan nunca de ello.

El mercado quiere ganar y ganar dinero, y el precio lo pagan los trabajadores. Pero “la lucha continúa” y Ken Loach levanta el puño y sonríe. 83 años combatiendo la injusticia del capitalismo y poniendo el dedo en la llaga. Ahora toca luchar contra la máxima expresión de la explotación, “el sistema de explotación ha llegado a la perfección, el obrero obligado a explotarse a sí mismo”.

Es lo que le sucede a Ricky, uno de los protagonistas de su nueva película, Sorry We Missed You, retrato de la precariedad laboral en la sociedad de hoy. Loach, con guion de Paul Laverty, dibuja un panorama, muy amargo porque es real, de las condiciones laborales de una familia media británica. Cada día trabajan más, cada día tienen menos tiempo juntos, cada día el desánimo gana terreno en sus vidas…  

Extraordinaria película, cargada de una humanidad y una verdad turbadoras por la tristeza que arrastra, Sorry We Missed You se estrenó en el Festival de Cannes y en el Festival de San Sebastián conquistó el Premio del Público a la Mejor Película Europea. Loach, octogenario imparable, presentó su película en un cine abarrotado, atendió feliz a la prensa –con Público mantuvo esta entrevista– y, entre una cosa y otra, salió corriendo hacia el Puente de la Zurriola para acompañar a las trabajadoras de las residencias de ancianos de Gipuzcoa, en huelga esos días por sus condiciones laborales. Hace solo unos días escribió a sus distribuidores en España para preguntar cómo iban las negociaciones de estas trabajadoras.

¿La precariedad laboral ha llegado a un punto que resulta ya insoportable?

Hoy el desempleo es menor que hace unos años, pero se ha incrementado ese tipo de trabajo que no te permite vivir. El trabajo es muy precario. Con esta película no quería hacer ningún alegato, pero pensé mucho en la historia, porque es una situación que puede ocurrir, de hecho, millones de personas conocen esta historia.

Pero ¿cuánto se puede resistir?

Lenin decía que la clase dirigente sobreviviría a cualquier crisis siempre que la clase trabajadora pagara el precio.

¿Cómo podemos luchar contra esto?

Creo que tenemos que luchar en la forma tradicional, tenemos que pertenecer a un sindicato. Y a partir de ahí ir provocando movimientos políticos que defiendan nuestros intereses. El problema es que la política de los sindicatos socialdemócratas hoy es que el jefe, el patrón, se beneficie antes de que el trabajador tenga un buen salario. Y si la prioridad es esa, jamás podremos cambiar. Así, solo resistiremos lo que podamos.

¿No es tiempo ya de crear unos sindicatos europeos?

Así es, esa es la lucha. Hemos ido perdiendo la idea del colectivo. Desde Margaret Thatcher se ha ido incrementando el culto al individualismo y el colectivo ha ido disminuyendo. El bien común ha decrecido y ha subido el éxito personal.

¿Este momento tiene algo diferente respecto de esta lucha?

Sí, porque la situación afecta a una gran mayoría de personas, no solo a la clase trabajadora, también la clase media pierde privilegios . Es el momento justo para luchar.

En la película insiste en cómo el trabajo precario nos roba la vida privada…

La vida familiar pierde su integridad, se está desintegrando. Si trabajas catorce horas diarias, no tienes tiempo para tus hijos. Paul Laverty se documentó mucho y los trabajadores le decían que no veían a sus hijos y que si les veían, estaban agotados y no les aguantaban. La película está suavizada, no es nada comparado con lo que ocurre de verdad, hay historias mucho peores. Esta familia trabajadora de la película está a punto de destruirse.

Esta familia ya lo pasa bastante mal…

Pero puede ser peor, el domingo me encontré con una mujer cuyo marido tiene diabetes, fue a su cita en el hospital y la empresa le despidió. En el siguiente trabajo precario que tuvo no fue al hospital. Los compañeros le dijeron al jefe que no se encontraba bien, que estaba mal, que le dieran un respiro. El hombre murió. Tenía 53 años.

La situación es límite, pero la reacción ¿no es demasiado escasa?

Pero la gente reacciona. Ese mismo día, conocimos a un sindicalista que estaba intentando crear una defensa. Es cierto que la solidaridad ha muerto como cimiento social, aunque en pequeños colectivos sigue existiendo.

En Inglaterra, ¿qué posibilidades existen de que la situación de los trabajadores cambie?

Bueno, esto es el fin del sistema. Con Jeremy Corbyn sí hay una posibilidad porque él sí se lo cree. Lo primero es eso, será eso, devolver al trabajador salarios decentes. Aunque, claro, la BBC y los periódicos no hablan nunca de ello.

¿Y con el brexit?

Desde que nos levantamos estamos hablando del brexit, pero es lo otro lo que más importa. Y ahora tenemos un laborista que cree y quiere hacerlo. El problema ahora, si nos vamos o no de Europa, es mucho más que el brexit.

¿Espera un futuro próximo convulso en su país?

Va a ser una lucha interesante. La derecha nunca invierte en regiones pobres, no quieren que saquen a las empresas privadas de la sanidad… pero la política de Corbyn en estos territorios es popular. Los medios de comunicación hablan muy mal de él, le llaman viejo, incompetente y, lo peor, lo más pernicioso, dicen que es racista. Eso es una mentira malvada y todo porque supuestamente apoyó a los palestinos. Espero que esa campaña salvaje contra él de los medios no haga mella.

El adolescente de su película está completamente perdido. ¿Está así la juventud?

Creo que es algo que ocurre en cualquier generación. Es un proceso. Primero está la esperanza, después está tener que sobrevivir en un mundo en el que el cambio que estás esperando no llega nunca y luego la desilusión. Nuestro trabajo es detener eso. Tenemos que seguir luchando, ellos tienen que seguir luchando porque tenemos y tienen fuerza para cambiar.

Los jóvenes han reaccionado con la crisis climática.

Sí, es la gran causa de los jóvenes, el cambio climático los está uniendo. Y nosotros, todos nosotros, debemos ser parte de esa campaña. Jeremy Corbyn estuvo con los chicos en la manifestación del clima.

Todo esto se ha acelerado desde la crisis de 2008, ¿qué hacemos para no ir a peor?

Nada de lo que pasa es una sorpresa, efectivamente. Es su juego. No es un fallo de la economía de mercado, al revés, es un desarrollo lógico del mercado. Pero nosotros aprendemos de eso una lección, la estructura económica debe cambiar, la economía debe ser planificada, hay que basar la economía en la propiedad común. Además… el petróleo se agota y si nosotros queremos cambiar, no podemos seguir usándolo… el cambio climático… todo eso también tiene que cambiar.

Habrá que cambiar también la Unión Europea ¿no?

Claro. La precariedad del trabajador viene de la competencia entre las empresas. Si una decide pagar menos a sus trabajadores, el productor que vende valdrá más barato y el de la empresa de al lado tendrá que hacer lo mismo. La fundación de la Unión Europea está basada en el libre mercado, así que sí, la comunidad europea nos empuja a ese trabajo precario.

@begonapina

Trailer 

https://www.publico.es/culturas/entrevista-ken-loach-sistema-llegado-perfeccion-obrero-obligado-explotarse.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262061

 

 

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Destellos de antagonismo

en América Latina

2 noviembre de 2019

 

Por Máximo Modonesi (Rebelión)

 

Hay que festejar la renovada emergencia antagonista que hace frente a la derechización en Ecuador y en Chile y parece cubrir el vacío dejado por el progresismo. En este sentido, la irrupción de las protestas multitudinarias parece corresponder a la lógica de un momento especifico de la estructura y las relaciones de poder: contra las derechas emergentes, más allá o más acá del progresismo desgastado y derechizado. Por lo tanto, visto que se trata de un escenario difuso, aún con sus diferencias nacionales, no hay que excluir que aparezcan fenómenos similares en otros países y que, una vez más, se dé cierto grado de sincronía latinoamericana en los procesos políticos.

Podemos constatar que, si la variable son los colores de los gobiernos, la constante, aunque se manifieste de forma intermitente, sigue siendo la capacidad de lucha e insubordinación de las clases subalternas latinoamericanas.

En efecto, si bien las revoluciones pasivas progresistas cayeron por derecha, no han estado ausentes, en particular en los años posteriores al 2013, movilizaciones populares de tinte antineoliberal. En este sentido, el antagonismo no solo ha estado latente, sino que se ha manifestado, aunque sea de forma esporádica e inorgánico -para usar adjetivos gramscianos. La capacidad de irrupción que siguen conservando y utilizando las clases subalternas, se presenta bajo algunos formatos que ameritan ser brevemente registrados a la luz del impactante retorno en escena de esta modalidad disruptiva de la política latinoamericana.

A nivel temporal, se configuran como episodios que rompen y rebasan las rutinas de la conflictualidad ordinaria y cotidiana, de la cual, al mismo tiempo, se nutren. La intensa brevedad del antagonismo concentrado en estas irrupciones tiene su límite y su prueba de fuego no tanto en la duración sino en el impacto y la capacidad de modificación de la correlación de fuerzas. Al mismo tiempo, a nivel espacial, es decir de amplitud social, las irrupciones se montan sobre las prácticas y la acumulación de experiencias y la formación de tejidos sociales y comunitarios, pero se vuelven multitudinarias en la medida en que se amplían a sectores no organizados, cuya politización y capacidad de movilización puede ser preexistente y latente o generarse al calor del conflicto. En todo caso, la activación de franjas no organizadas de las clases subalternas confiere el carácter masivo y le permite un impacto.

Al mismo tiempo, ambas dimensiones de este formato antagonista que se expande y contrae han sido identificadas como problemáticas en tanto que, en el reflujo de la marea, la evaluación de los saldos es objeto de distintas interpretaciones. Señalo dos de ellas, que configuran la antinomia de la política latinoamericana de las últimas décadas: la autonomista y la hegemonista.

En extrema síntesis, la autonomista enaltece la capacidad de lucha y de organización desde abajo y, por lo tanto, atribuye un valor absoluto a todo tipo de manifestación de conflictualidad que sea expresión y que refuerce las capacidades y las reservas de politización, organización y autodeterminación, poniendo en segundo plano o inclusive desconfiando radicalmente del saldo en términos de modificación de los equilibrios en el sistema político partidario o institucional. La hegemonista, por el contrario, valora este tipo de manifestaciones solo en tanto sacuden equilibrios estáticos y permiten dilatar la influencia y la capacidad de articulación de un polo o una fuerza política que intervenga en la disputa por el poder estatal, que sea en forma directa o delegada, es decir expresión de los movimientos y los sectores populares o solo en nombre de ellos.

Bajo estos prismas, el fin del ciclo progresista y el retorno del formato del antagonismo de irrupción vuelve a colocar, mutatis mutandi, cuestiones que fueron surcando los debates a partir del inicio del milenio. Valorar los movimientos en su espontaneidad relativa y su efecto simbólico y experiencial de organización desde abajo y/o lamentar su incapacidad de mantenerse en el centro del escenario y de producir resultados contundentes y tendencialmente irreversibles antes de refluir en la normalización sistémica. Posturas que no son antitéticas en sentido estricto, pero configuran énfasis que dislocaron posturas que tienden a enfrentarse. El valor coyuntural de la irrupción se tradujo y sigue traduciéndose en distintos lenguajes políticos y se proyecta de maneras a veces contrastantes en la mediana duración.

La distancia entre una y otra perspectiva se achica cuando las derechas están en el gobierno y se ensanchan cuando partidos o movimientos progresistas lo ocupan o están en condición de hacerlo. En este sentido, un dato histórico y político ha cambiado respecto a los años 90 y principio del 2000 ya que el fin del momento progresista, salvo –por el momento- el caso mexicano, arroja la existencia desgastada o la simple sobrevivencia de las fuerzas que fueron protagonistas del ciclo gubernamental. Cabe entonces preguntarse qué tanto éstos son percibidos o pueden presentarse como alternativos a las derechas o a sí mismos, es decir capaces de superar sus límites y contradicciones o, más sencillamente, ser aceptados como mal menor frente a derechas manifiestamente reaccionarias e incapaces de instituir una dinámica hegemónica, como ha sido el caso en Argentina en las recientes elecciones. Qué tanto, en estas condiciones, en medio de una derechización epocal y cultural, desde las clases subalternas latinoamericanas, pueden constituirse, sostenerse y expandirse dinámicas que, si bien no desdeñen el impacto en el plano institucional, se sostengan principal y fundamentalmente en una labor de construcción de contrapoderes, de un recurso de mayor duración y consistencia.

Lo que podemos registrar, una vez más, es que la conflictualidad latinoamericana puede volverse incandescente y, a esta temperatura, hasta los metales más duros se vuelven moldeables y, como ocurrió en los años 90 y a inicio del siglo XXI, pueden forjarse experiencias y escenarios inesperados. Nada lo garantiza, pero, una vez más, nadie se lo esperaba.

massimomodonesi.net 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262021

 

 

Veamos a quienes siguen la lógica del Capital. En efecto,  "tratan de trabajar para consumir, pensando en el bienestar, y entregarse al débito para que el capital y la riqueza empresarial crezcan sin control. Es decir, ganar dos —eso es lo que, en el mejor de los casos, le dan sus empresas, por un lado, para hacerle su servidor—para gastar cuatro —como consumidor, por el otro— y ahogarse en el crédito que generosamente ofrecen los prestamistas. De esta manera ya no hay competencia porque no hay competidores, sino sumisos seguidores".

 

 

 

Hay que alimentar al monstruo

27 de octubre de 2019

 

Por Antonio Lorca Siero (Rebelión)

 

Dice el dogma capitalista que hay que alimentar al monstruo del capital. No obstante existe el riesgo de que crezca tanto que acabe por devorar a todos. El nuevo Leviatán ya no es aquel imaginario hobbesiano, hoy simple siervo del poder del dinero, sino el capital que crece vertiginosamente y exige permanentemente nuevas víctimas para satisfacer su insaciable apetito. Estas no son otras que los irresponsables consumistas que, comulgando con la doctrina dominante en casi todo el mundo, se entregan al culto oficialmente establecido para crear más capital —en interés del Capital— y nuevos ricos —en interés de la riqueza material—.

Las masas, ese filón que no entraña competencia para los capitalistas, que da la vida a sus mercados y, de otro lado, permite conservarles en su puesto elitista, engañadas con la etiqueta del consumo —que viene a decir que consumiendo se encuentra ese bienestar natural al que todos aspiran—, creen en la verdad del dogma, sin caer en la cuenta de que tiene trampa. Por decirlo de forma sintética, se trata de trabajar para consumir, pensando en el bienestar, y entregarse al débito para que el capital y la riqueza empresarial crezcan sin control. Es decir, ganar dos —eso es lo que, en el mejor de los casos, le dan sus empresas, por un lado, para hacerle su servidor—para gastar cuatro —como consumidor, por el otro— y ahogarse en el crédito que generosamente ofrecen los prestamistas. De esta manera ya no hay competencia porque no hay competidores, sino sumisos seguidores.

Se ha dado orden, a los gobernantes capitalistas confesos y a quienes rigen oficialmente los destinos económicos, de que se colabore con las empresas en el proceso de desarmar el ahorro de las masas , porque el monstruo necesita más comida. Decisivo mandato, porque las elites ya no tendrán competidores y las tajadas se las repartirán entre sus afiliados. Como complemento del consumismo dominante y cumpliendo con la superior directiva capitalista, los gobernantes gastan sin mesura —siempre mirando de reojo a la parte que les corresponde en concepto de comisión por la mediación en el negocio—, se dice que lo hacen en interés de la democracia y para regocijo de las masas incautas que esperan la limosna del reparto. Propaganda aparte, el beneficiario último del despilfarro siempre es el empresariado. El problema viene cuando hay que pagar lo que se debe. Entonces ya se sabe que la solución no es otra que más impuestos y mayor pobreza. Los directamente afectados son los de siempre.

No hay remedio, porque quienes creen escurrirse del cerco, guardando sus bienes a buen recaudo, pensando que han burlado al sistema, tampoco tienen escapatoria. Por ejemplo, los inmuebles refugio son un bocado siempre apetecido por las haciendas locales. En cuanto al efectivo, los bancos que antes pagaban intereses ya no pagan y van más allá destruyendo cualquier posibilidad de ahorro, expropian los depósitos a cuenta gotas. Si se acude a la inversión en la bolsa de por aquí, baste decir que camina errática a base de maquillaje, mirando cada día al gran oráculo norteamericano para bajar, aprovechando cualquier eventualidad, y cuando dice que hay que subir, se sube, pero bajando. Los expertos, que operan desde la ciencia inversora, asesoran, recomiendan y elucubran para animar a los crédulos a entrar en la trampa, para caer ellos mismos en otra de más alto nivel. En todo caso, la víctima sigue siendo la misma, el que trata de escapar de la bolsa y se pierde en los fondos, para satisfacción de quienes se quedan con los beneficios de la información de pago. Queda el torpe consuelo de que en todo esto el dinero se pierde, si bien con cierta angustia, sin trabajar en exceso. Lo fundamental es que se hace en beneficio de los intereses dominantes.

El proceso parece que viene funcionando, pero si resultara que, a fuerza de explotar a las masas, se agotara el negocio, el capitalismo se encontraría con un problema. Además, cuando el monstruo ya no tuviera nada que llevarse a la boca, acabaría por devorar hasta a sus más fieles servidores.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=261831

 

 

 

Subrayemos: " La posibilidad de una práctica política radical emerge allí, en esta conflictividad latente, donde las comunidades defienden su esencial derecho a cultivar la tierra para alimentarse de modo sano y soberano; para conservar una economía agraria con arraigo territorial; para sostener un suelo habitable para las próximas generaciones. A la vista de la larga historia de desplazamiento de las economías campesinas e indígenas, y de la sistemática erosión de la autonomía alimentaria puesta a andar por el capitalismo, entendemos que la defensa de los bienes comunes que hacen posible la vida desde el propio territorio-cuerpo como expresión materializada de la «soberanía alimentaria» nos pone frente a una otra práctica política imprescindible frente a la profunda crisis civilizatoria que atraviesa la humanidad".

 

 

 

La soberanía alimentaria

frente a la mega-minería de litio

 

7 noviembre 2019

Por Leonardo Rossi

    

"En el marco de un nuevo ciclo de auge de los precios internacionales de las materias primas, la geografía latinoamericana experimentó un profundo proceso de reconfiguración dando lugar a un nuevo orden económico y político de reprimarización, concentración y extranjerización socioterritorial y productiva".

 

Ética frente al despojo, binomio contestatario y combate necesario (como entre maíz y gorgojo); pugna impostergable, arrojo al desnudo y sin blindaje, ethos, pasión que desgaje, humano, amoroso beso, y hasta el tuétano del hueso ¡Decisión frente al ultraje!”

Juglar de fiesta y quebranto

G. Velázquez B

Marx para la emancipación del extractivismo

Buscamos detectar y caracterizar prácticas y discursos que den sentido a la soberanía alimentaria como horizonte emancipatorio en territorios rurales atravesados por la mega-minería.

Como explica Machado Aráoz (2017), el extractivismo no es una mera actividad económica de países colonizados, es el conjunto de arreglos institucionales y geográficos que configuran las condiciones estructurales para la acumulación capitalista a escala mundial (“la estructura geometabólica del capital”). La disputa territorial con el extractivismo implica confrontar el corazón que bombea desde hace siglos la sangre de la tierra a la máquina capitalista.

Nos alejamos de cualquier determinismo, y enfatizamos que el sujeto siempre se desplaza entre la externalidad de las circunstancias, históricas, y ser productor de su realidad, lo que a su vez altera su propia subjetividad.

Modonesi (2010), nos invita a pensar los procesos de subjetivación política en un nivel sincrónico, a partir de reconocer combinaciones desiguales de subalternidad, antagonismo y autonomía, que reflejan experiencias de subordinación, insubordinación y emancipación. Es en esa dirección que intentamos captar esos “espacios de esperanza” forjados en torno a la soberanía alimentaria como resistencia, desafío y/o respuesta a las lógicas del capitalismo en su expresión local de la dinámica extractivista.

Extractivismo situado

Es una dinámica global, histórica, intrínseca y fundamental en el devenir capitalista. Su re-actualización es incesante y, si bien la configuración de sus sentidos permea toda la cadena del capital —bienes, trabajo, relaciones, emociones—, es en los territorios de las extracciones donde hallamos la explicitación más llana de esa renovada acumulación por despojo.

En el marco de un nuevo ciclo de auge de los precios internacionales de las materias primas, la geografía latinoamericana experimentó un profundo proceso de reconfiguración dando lugar a un nuevo orden económico y político de reprimarización, concentración y extranjerización socioterritorial y productiva.

Algunos datos ilustran con claridad estas tendencias, y el tipo de actividad extractiva que ahora atraviesa los países de la región. Las naciones del extremo sur de América triplicaron el área de cultivo y quintuplicaron la producción de soja entre 1990 y 2014, hasta alcanzar en conjunto más de 150 millones de toneladas en 60 millones de hectáreas, una extensión más grande que la superficie de Paraguay y Uruguay juntos.

Según un documento de Oxfam, entre 2000 y 2014 “las plantaciones de soja en América del Sur se ampliaron en 29 millones de hectáreas, comparable al tamaño de Ecuador”. Como reflejo de estas prácticas predatorias en la década de 1990 se desató un “boom minero” en el Centro y Sur de América que hizo crecer las exportaciones, duplicándolas en esos años. El aumento no se revirtió ni con el significativo cambio de escenario político regional a partir del 2000, durante el denominado ciclo progresista: la megaminería triplicó sus exportaciones en la década siguiente.

El proceso es nítido en Argentina. La década de 1990 marca un hito del modelo mega-minero, con la sanción del nuevo Régimen de Inversiones Mineras en 1993. Cuantitativamente, tales políticas significaron que entre 2002 y 2012 se pasara de 18 a 614 proyectos de explotación minera. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, con datos oficiales, son 435 los prospectos mineros existentes en Argentina: 82 por ciento en etapa inicial; un 9.5 por ciento de los proyectos en etapa de factibilidad y operación, mientras que una veintena alcanza ya una exploración avanzada. El territorio afectado por minería atraviesa 183 mil kilómetros cuadrados (7 por ciento de la superficie continental argentina). Son 17 las provincias con proyectos, más allá de legislaciones que limiten la actividad o que estén comprometidas tierras indígenas, áreas protegidas o zonas urbanas.

Catamarca se ha convertido en una jurisdicción emblemática del régimen minero exportador: es sede del primer mega-proyecto de minería a cielo abierto del país, por la transnacional Minera Alumbrera Ltd, con una capacidad de explotación de 180 mil toneladas diarias de roca y un consumo de agua autorizado de mil 200 litros de agua por segundo según Machado Aráoz (2009).

El discurso “oficial” (político y empresarial) del presente opera desde una concepción binaria de los territorios basada en la lógica viable-no viable, “que desemboca en dos ideas mayores: por un lado, la de “territorio eficiente”; por otro, la de “territorio vaciable”, en última instancia, “territorio sacrificable” (Svampa, Bottaro y Sola Álvarez, 2009). Esto es evidencia de ese eco-geno-cidio, más explícito en algunas regiones, más anestésico en otras, nacido de la conquista y el saqueo de América y que funda la institucionalidad y subjetividad moderna que aún nos habita como cultura hegemónica. El desacople de la autoproducción alimentaria, la contaminación concentrada en las grandes urbes, la industrialización de la agricultura, el desplazamiento de comunidades campesinas, la inferiorización de los cuidados socio-afectivos se desata a niveles inconmensurables por la secuencia colonialismo-capitalismo. que pervive hasta nuestros días como profunda “falla civilizatoria’ según afirma Machado Aráoz, 2017.

Soberanía alimentaria, horizonte emancipatorio

En 1996 La Vía Campesina (VC) lanzó al debate público el término “soberanía alimentaria” como respuesta crítica a la Conferencia Mundial sobre la Alimentación que la FAO organizaba en Roma. Desde el organismo dependiente de Naciones Unidas, en el marco de históricas reuniones, se fijó como eje principal la lucha por la “seguridad alimentaria”, definida como “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”. Si bien desde el organismo se hacía mención a las comunidades indígenas y campesinas como sujetos productores de alimentos, el foco de sus intenciones estaba puesto en las lógicas del desarrollo, los mercados y los aportes de la transferencia científica desde una perspectiva occidental.

Desde la VC, la principal articulación de organizaciones rurales de base a nivel mundial, se buscó una “alternativa a los problemas del hambre, la pobreza y la degradación medioambiental y social relacionadas con la producción de alimentos a través de la distribución de poder en la cadena alimentaria”. Mientras que la seguridad alimentaria significa que “cada niño, cada mujer y cada hombre deben tener la certeza de contar con el alimento suficiente cada día”, nada dice esa propuesta respecto a “la procedencia del alimento o a la forma en que se produce” como señala Peter Rosset (2003).

Esto dejó claro que la soberanía alimentaria es un concepto en permanente recreación, que dialoga con las realidades territoriales y las coyunturas políticas. Tal vez, la Declaración de Nyéleni (2007) sea una de las definiciones más acabadas y que mejor sintetiza la densidad de la propuesta:

[…] es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a campesinos, campesinas y agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.

El extractivismo no sólo pone en jaque lo que desde la lógica del capital se tipifica como “recursos naturales” pues erosiona diversas tramas socio-culturales que caminan en los bordes del modelo capitalista. El capitalismo implica un metabolismo que arrasa el vínculo con la tierra, y el cuidado ecológico urdido en torno a esa comunalidad.

Desde una perspectiva política radical, debemos comprender la disputa de sentidos y prácticas alimentarias como esencia de la democracia en su sentido profundo. “Las resistencias campesinas, alimentarias, ecologistas o fundadas en una economía solidaria entienden que no puede haber soberanía alimentaria si no se trabaja en la democratización del entorno extenso que la puede producir” según Calle, Montiel y Ferré (2010). La disputa por la soberanía alimentaria nos ubica en una esencial lucha por emanciparnos de las lógicas del capital. La soberanía alimentaria encarnada en las prácticas concretas habla en términos de comunalidad y autonomía alimentaria territorial, situada, que se tensiona y coexiste con aspectos soberanos a nivel macro si pensáramos en términos netamente estatalistas.

Nutrir (se-de) el territorio1

Si los grandes trazos del extractivismo nos hablan de daños inconmensurables, la soberanía alimentaria como “régimen sociometabólico otro” respecto al capitalismo nos permite dimensionar con mayor claridad sus impactos. En el caso catamarqueño, los

requerimientos de agua de la explotación minera desplazan las economías domésticas cuyas actividades agrícolas son por completo dependientes del riego, tal como se constata en el valle de Santa María. Son visibles los impactos en la agricultura y la ganadería: degradación de los pastizales naturales con el consecuente despoblamiento de puestos y localidades pastoriles. Son casos emblemáticos Amanao y Vis Vis, en el departamento Belén. La degradación y pérdida de las capacidades productivas también se nota en el departamento Belén, donde según datos de la Dirección Provincial de Riego desde fines de la década de 1990 la superficie cultivada se ha reducido en 2 mil 600 hectáreas. En Andalgalá, según estimaciones de la Estación Experimental del INTA, la superficie cultivada anual descendió de mil 700 hectáreas a principios del 2000 a 800 hectáreas en las últimas campañas. En tanto que para Andalgalá se observa una significativa merma de las unidades productivas, de 800 a 450 explotaciones agropecuarias. En ese departamento, los pequeños productores centrados en la economía local ponen como eje central de sus discusiones frente a organismos técnicos del Estado la cuestión del agua, tanto su disponibilidad como su calidad por encima de otros temas de índole productivo (Ver Machado Aráoz y Rossi, 2017).

Con estos antecedentes, y en el marco de una “fiebre” global por el litio, al menos doce proyectos relacionados están vigentes en la provincia en diverso estado de avance y actividad.2 Un ejemplo insignia de esta nueva minería es el emprendimiento Tres Quebradas (3Q) al oeste de Fiambalá, Tinogasta, área agrícola atravesada por el río Abaucán. En la margen norte de esa “herradura” natural que forman los cerros, hay la intención de explotar el proyecto aurífero La Hoyada.3 En este territorio del denominado bolsón de Fiambalá, aún pervive una intensa actividad agrícola con población rural estable, principalmente vinculada a la producción de vid en unidades familiares, tanto para uva de mesa como para vino.4 Las chacras se caracterizan ser diversificadas: cuentan con variedad de frutales (durazno, manzanas, higo, entre otros), horticultura, granos, pasturas, cultivo de árboles para extraer madera a baja escala, y además de satisfacer el consumo familiar aportan productos para vender (en especial la uva), y para truequear (por otras frutas, verduras y carne).

Esta tensión latente se refleja en los relatos de la Asociación Campesinos del Abaucán (Acampa) en torno a la posible convivencia entre la minería y la agricultura que practican.

Dice Santiago, de Chuquisaca, 69 años: “el gobierno local dice: vamos a apoyar a los productores, pero da apoyo a la minería; sí sabemos que el agote de agua nos va a perjudicar nuestro frutos. Las riquezas que tenemos, no sé cómo llamarles, yo les digo así, tantos yuyos que hay en nuestra zona que son curativos, van a morir; los animales, hay mucha hacienda, y ésas son las riquezas de la gente. Mucha gente en la zona no es empleada del Estado y no es jubilada tampoco. Vive con su ganadito: ovejas, llamas, cabras. Eso a lo último va a fracasar”.

Nicasio, de Medanitos, con 58 años afirma: “aparte del litio, hay muchos proyectos para otros minerales. Una vez que se instalan ahí vamos a tener verdaderos problemas. Todo el agua que se utiliza, eso es de la cordillera. Si sacan el agua allá, ya está”.

Cuenta Helena, de 63 años, habitante de Tatón: “si empiezan con la minería no sé qué va a pasar, cómo vamos a sobrevivir. Toda la contaminación va a llegar. Ojalá no sean los emprendimientos en nuestro pueblo, pero estamos cerca. Ahora es una preocupación, hemos empezado a pensar en los problemas, las enfermedades, y lo que sería si faltara el agua. Estamos acostumbrados a beber agua del río, y lo que cultivamos es con esa agua”.

La minería a gran escala será un perjuicio en tanto afectaría la cantidad y calidad de agua, con la consecuente extinción de la agricultura y ganadería a pequeña escala, entre otras secuelas. Como dejan entrever los relatos, para quienes practican esta economía de subsistencia la presión pone en riesgo su propio modo de relacionarse con la naturaleza. No es la mera desaparición de un oficio lo que está en juego sino una trama compleja que abarca una relación con el alimento escasamente mediada que incluye aspectos bio-físicos (relación entre cuerpo y tierra entendida en sentido pleno) y profundas prácticas e imaginarios culturales en torno al ser con la agricultura.

Comenta Nicasio, de Medanitos: “Se siembra un poco de todo: morrón, zapallito, maíz. Se va probando. Este año he sembrado ajo, cebolla. Hay tomate, zapallo. Se hace acopio para la ganadería, porque tenemos chanchos también. Hay intercambio todavía con los vecinos. Por ahí uno tiene carne, huevo y uno cambalechea. Y las viñas mal que mal se venden, a bajo precio, pero siempre tenés la esperanza el año siguiente”.

Helena, de Tatón, completa: “Tenemos la vid, higuera, duraznero, manzano, granada, nuez, hortaliza, ponemos alfalfa, vicia, papa, maíz, zapallo. Tenemos hermosas chacras. Hacemos dulces, jaleas, aprovechamos la fruta, desecamos la verdura. Eso es una ayuda, da un rédito. Nos quedan los chanchos. Uno lo que tiene es para mantenerse para la familia, y el sobrante por ahí vende, lo cambia. Tenemos la hortaliza para todo el año, para poner la olla todos los días”.

Santiago, de Chuquisaca, comenta: “hortalizas todos tienen. Tenemos durazno, nogales, la higuera, el membrillo, la manzana deliciosa, y el vino, alfalfa. Y truequeamos: capaz yo no tengo higuera y cambiamos con otro que no tiene membrillo; o algún cabrito por pasa de higo”

Mercedes, de Medanitos, con 62 años agrega: “acá se vive mejor que en la ciudad, porque allá si no tiene un bolsillo con plata no va a comer, acá mal que mal tiene un choclo, un zapallo, un tomate que lo cocina y lo va a pasar bien. En cambio en la ciudad lo tiene que comprar todo”

Desde esta identidad de campesinas y campesinos toma densidad la preocupación por el avance de los proyectos mineros. Es la propia subjetividad reflejada en la defensa de esas prácticas agrarias la que expresa su potencial político en antagonismo con la apropiación de la naturaleza. El posible avance de ese modelo extractivo a gran escala no implica solamente el gravísimo riesgo de agotamiento del agua o el desplazamiento de algunas familias; expresa sobre todo la probable erosión de un tejido de sabias relaciones entre humanos y naturaleza que sienten, habitan y producen el lugar para vidas futuras, a manos de quienes ven allí una superficie inanimada a ser ocupada con fines capitalistas excluyentes, como dice Escobar, 2017.

Mercedes de Medanitos nos dice: “nosotros salimos, conversamos con gente que ha sido golpeada por eso. Si sigue la minería, va a llegar un momento dado que ni uva vamos a cosechar. ¿Y los que vienen detrás de nosotros? Uno no puede pensar en sí mismo, sino pensar en las generaciones que vienen detrás”.

Helena, de Tatón agrega: “Sería lindo hacer reuniones, para enseñar, hablar más, porque en la radio poco se habla de esto. Que le cuenten a la gente que no cree, que expliquen”.

Dice Nicasio, de Medanitos: “está la posibilidad de hablar con gente que ya sufre en Belén o Andalgalá. Ya están diciendo cuáles son las consecuencias de la minería, porque la han vivido. Hay gente que espera trabajo de la minera, algún beneficio, eso es pan para hoy, hambre para mañana”.

Socio-metabolismos antagónicos

Los miembros de Acampa manifiestan su conocimiento de los riesgos de la actividad minera por su articulación con afectados de otras locaciones; expresan la incompatibilidad con sus prácticas productivas y la necesidad de ampliar la discusión sobre el tema en las comunidades de la zona. En tanto riesgo latente, la actividad minera en el Bolsón de Fiambalá se perfila como “antagónica” desde la posición de alguna gente organizada en Acampa.

Se explicitan aquí al menos dos tipos de “territorialidades” claramente diferenciadas, que expresan diversos modos de ser-estar en el territorio, y que lo reconfiguran a partir de la subordinación, la insubordinación o la emancipación.

Por un lado, los pueblos que practican una posesión y una producción colectiva de la tierra, o formas más próximas a este tipo de dinámicas, son quienes históricamente han tendido a “sentirse parte de la naturaleza, que si es afectada seriamente también pone en peligro la vida de la comunidad”, como dice Tapia, 2009.

En otro camino, el avance de la propiedad privada, simbolizado en la empresa mega-minera, “cancela las prácticas de reciprocidad o complementariedad”.

Para Modonesi (2010), las diversas instancias de conflicto nunca son puras y se superponen de forma permanente: encontramos rasgos de subalternidad (no existe una resistencia sistemática al aval institucional hacia la actividad minera ni una lucha sostenida contra el discurso hegemónico en favor del sector empresarial que avanza), mientras que sí persisten profundos rasgos de autonomía en las prácticas productivas y socio-culturales de las comunidades campesinas (siembra para subsistencia, trueque, venta de alimentos artesanales, feria de intercambio de semillas). Éstas son las prácticas autónomas que anteceden al potencial conflicto y que son un reservorio clave para la lucha.

La presencia de un discurso enraizado en las prácticas concretas de la agricultura campesina, que sugiere la imposibilidad de convivencia entre las actividades en disputa, plantea un horizonte donde la “soberanía alimentaria” (término clave), nos permite dimensionar una serie de tensiones que afloran allí donde irrumpe el capital extractivista.

Ese embrionario antagonismo pone de manifiesto la lucha por el agua, la tierra, el aire, por los modos de producir, distribuir y consumir el alimento; por las formas de habitar (con) el territorio, es decir ‘socio-metabolismos’ contrapuestos: uno que aún mantiene una flecha del tiempo más armónica con lo circular, con la regeneración de los ciclos de la vida; y otro que se encuentra plenamente fracturado, que va hacia un adelante auto-destructivo. La posibilidad de una práctica política radical emerge allí, en esta conflictividad latente, donde las comunidades defienden su esencial derecho a cultivar la tierra para alimentarse de modo sano y soberano; para conservar una economía agraria con arraigo territorial; para sostener un suelo habitable para las próximas generaciones. A la vista de la larga historia de desplazamiento de las economías campesinas e indígenas, y de la sistemática erosión de la autonomía alimentaria puesta a andar por el capitalismo, entendemos que la defensa de los bienes comunes que hacen posible la vida desde el propio territorio-cuerpo como expresión materializada de la “soberanía alimentaria” nos pone frente a una otra práctica política imprescindible frente a la profunda crisis civilizatoria que atraviesa la humanidad.

Bibliografía:

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/La-soberania-alimentaria-frente-a-la-mega-mineria-de-litio