Qué Trabajo

Marzo 2020

Ejecuta el acaparamiento para los oligopolios de lo esencial a la vida. El desafío opositor es generalizar cosmovisión indígena.

 


 

 

 

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /Alternativas emancipatorias

 

 

 

Expropiado y explotado por burguesía

 

 

Pensemos que son trabajadores quienes deforestan sin sentipensar su acción destructiva.

 

Cómo impacta la deforestación en el Chaco

28 de marzo de 2018

Chaco Argentina ()

 

Pompeyo y la maldición de Lewuku

 
Por Graciela Elizabeth Bergallo
 
Crónica inspirada en el Informe antropológico-social presentado en la Justicia por la autora (socia de Redaf), que luego fue publicado con el título: “Bosques, Culturas y Derechos. El impacto sociocultural de la Deforestación en Chaco. Informe antropológico- Social”. Resistencia, Contexto, 2017.
 

Llegar a Misión Nueva Pompeya no es fácil, allí la justicia queda lejos y llega tarde. Es posible intentarlo por la ruta Juana Azurduy, desde J. J. Castelli hacia el noroeste chaqueño, ya chaco seco. Un trayecto casi recto, abierto con filo perfecto y sin titubeos entre palosantales, algarrobales, vinales, cactus, tunas, quimilís, cardos. A mitad de camino está Fuerte Esperanza, creado por decreto en 1978, “con el fin de propiciar el desarrollo de una vasta zona despoblada” (¿?). Lo que no lograron con los soldados lo lograron con las topadoras, la soja detrás de los antiguos habitantes de la tierra, sean indígenas o criollos. Algunos animalitos cruzan rápidamente la ruta, hasta un oso hormiguero, un tatú mulita muy de vez en cuando.

Pero si se desea acortar el camino, antes de llegar a Fuerte Esperanza se dobla hacia la derecha. En el km 82, la ruta Juana Azurduy es atravesada por la ruta 82. Desde el año 2013 esta ruta se llama “Madres de Plaza de Mayo” hacia el sur, hasta Pampa del Infierno, plena zona sojera. Hacia el norte, plena zona de deforestación, se llama “Abuelas de Plaza de Mayo”. Si es posible sortear kilómetros de pozos, colchones de tierra o barro, empantanarse casi para siempre en días de tormenta, se arriba a lo que fue una antigua Misión Franciscana radicada allí en 1901, a quinientos kilómetros de Resistencia.

La Misión fue promovida por el Gobierno Nacional para posibilitar la evangelización de los indígenas. Hoy es una localidad con considerable población wichi y criolla que está en la zona desde hace mucho, antes de aquél decreto de 1978, algunos desde hace siglos.

Entonces era invisible.

Todavía lo es.

Pero poco antes, justo en la intersección de las mencionadas  rutas,  frente al Cartel que dice “Abuelas de Plaza de Mayo” al lado de una flecha que apunta hacia arriba, se ubica el Kiosko “Juancito”. El kiosco Juancito es una especie de panóptico de una calesita abierta de camiones transportando cadáveres de algarrobos centenarios en ritmo continuo. Día y noche.

En Nueva Pompeya las catástrofes ambientales no fueron producidas por causas naturales como en Pompeya en el año 79 d.C.

El escenario del kiosco Juancito se repite en todo el noroeste chaqueño. Es una especie de circo romano de la destrucción, no importa si son reservas naturales, territorios indígenas, si con ello se destruyen las memorias, las posibilidades de sobrevivencia de cualquier especie que allí viva. Las consecuencias no son sólo locales. El hambre de lucro es tan colosal como las ganancias. Titubean algunos funcionarios, no importa de qué signo político.

De repente hay una parte del mundo que comienza a ser invisible.

La tierra en carne viva se evapora en remolinos o se abre en grietas como si fuera un gran panal incendiado. También la piel de hombres o mujeres, wichi y criollos, que deambulan como fantasmas envueltos en brumas de polvo. Algunos a caballo, gauchos, pequeños ganaderos con sus monturas y vestimentas que permanecen idénticas desde fines del siglo XIX, por tradiciones de elaboración familiar.

En el centro del poblado está el edificio de la antigua misión que se eleva hacia un alto y enorme campanario. Imagino su sonido. Todo empuja al silencio, incluidos mis propios labios resecos.

La evangelización tuvo un significado diferente para los primeros franciscanos, la hermana Guillermina, los hermanos maristas, la pastoral aborigen, para aquellos que se aventuraron en estos territorios del far west chaqueño, y se preocupan por los derechos de los otros, sean animados o inanimados, con una alegría desconcertante, también razonable indignación.

También llegaron otros, algunos funcionarios que se creen patrones por acumulación en años de obsecuencia. Hasta algún político de izquierda que imagina descender en helicóptero con el logo de un megaproyecto para impresionar, con algún fondo. Otros con otras creencias, cosmovisiones, saberes acuñados en siglos de colonización que al imponerlos matan, a su manera. Hay también rufianes de variado color y tamaño que van tras el tesoro de esta tierra: el algarrobo.

Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Nueva Población se encuentran en territorio tradicional wichi, departamento General Güemes, noroeste del Chaco. Las tres asociaciones comunitarias wichi hace quince años iniciaron una acción de amparo por deforestación ilegal.

Los wichi -junto con los nivaclé, chulupi y chorotes- pertenecen a la familia lingüística mataguaya. Como todos los pueblos chaquenses, han sido tradicionalmente cazadores-recolectores. Pero el despojo territorial y la inserción en sistemas productivos como los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, entre otros, alteraron significativamente la vida de los pueblos indígenas de la región, redujeron sus lugares de caza y pesca, sus ciclos y rituales vitales.

En Nueva Pompeya hay una población aproximada de seis mil wichi que vive en un territorio de veinte mil hectáreas jurídicamente propio. La deforestación ilegal ha llegado al corazón de su territorio; lugares lindantes con fuentes de agua, ríos y lagunas donde no sólo existe mayor biodiversidad…allí están sus espacios culturales e históricos de mayor significación.

A veces los camiones vienen de noche, no sé cómo, trabajan de noche, se iluminan con los reflectores y bueno…se llevan la madera; y al día siguiente vuelven, es un robo. Nosotros queremos que se suspenda porque si no el monte se va a terminar y nuestros hijos también, no van a tener el monte…después si morimos van a decir: ‘no, pero mirá los viejos, no’. La gente se va desplazando a medida que va aumentando el corte de la madera…” (testimonio wichi).

El Gran Chaco fue uno de los últimos espacios americanos en iniciar el proceso de destrucción de lo diferente, no sólo en relación a lo étnico. En el binomio malón-expedición fue encerrada la estrategia discursiva de la ocupación del suelo por parte del estado terrateniente moderno. Luego de Amazonía, la región chaqueña es la mayor área boscosa que queda en  Abya Yala[1], tiene el único bosque seco subtropical existente en el planeta y los pueblos cosmológicamente ligados a esa biodiversidad son los únicos que conocen sus secretos.

En los ecosistemas chaqueños ocurren procesos ecológicos -trama misteriosa de la vida-   irreemplazables: regulan temperaturas, ciclos de lluvias, reciclan los nutrientes del suelo, liberan oxígeno, previenen inundaciones y otros efectos a escalas mayores. Existe una fauna y flora única que posee mucho más valor en pié y viva, que extraída. Algunas de sus especies tienen prioridad de conservación internacional (Redford et al. 1990, IUCN, www.redlist.org) o nacional como el caso de monumentos nacionales o provinciales, o especies citadas en libros científicos como el libro rojo de los mamíferos argentinos: el chancho quimilero, el pecarí labiado o maján, el tatú carreta (Camino 2014). 

 

 

El proceso de colonización, las explotaciones forestal, azucarera, algodonera, ganadera y sojera, la concentración de la tierra paralela a los zarpazos de la soja transgénica y sus paquetes tecnológicos desde fines de los años noventa, su avance luego hacia el oeste chaqueño, provocaron efectos sociales y bioculturales en población indígena, campesina, pequeños y medianos productores.

Entre 1994 y 2007 el Chaco perdió el ochenta por ciento de sus tierras fiscales[2], y  se produjo el avance de la deforestación sobre el Impenetrable. Desde el año 2007 la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos (Ley Bonasso) representó un enorme avance para la protección de los bosques nativos en Argentina, al entrelazar las dimensiones ambientales, sociales, culturales, económicas. Sin embargo, los análisis realizados sobre los resultados de los ordenamientos territoriales en el noroeste argentino mostraron, entre otras cuestiones, la diversidad de criterios con los que fueron realizados además de la escasa o nula participación de la población interesada, pueblos originarios, comunidades criollas y campesinas.

La incorporación de estos actores resultó insuficiente y disímil entre las provincias a pesar del énfasis de la Ley en este punto, lo señaló la Red Agroforestal (Informes 2010 y 2013) y el Informe 2015 de Auditoría General de la Nación. Este informe también destacó la necesidad de trabajar en relación con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a cargo del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Ley 26.160), dado que la cuestión de los bosques nativos está vinculada estrechamente a los conflictos por la tenencia de la tierra. En suma, la pérdida de bosques nativos en los últimos años se dio: por incumplimiento de la ley, deforestación de áreas en riesgo, escasos recursos financieros, falta de adhesión provincial y la contradicción no resuelta entre la ampliación de la frontera agrícola según cierto modelo unilineal y extractivo de desarrollo y el ordenamiento territorial de los bosques nativos con la participación real que exige la Ley.

En junio del año 2017 la organización ambientalista Greenpeace presentó un informe  en el que demuestra que durante los primeros seis meses del 2017 fueron desmontadas unas 45 mil hectáreas de bosques en el noroeste argentino: Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, de las cuales un 42 por ciento se produjo en regiones protegidas por la Ley de Bosques. Un año antes esta organización había presentado en el Congreso,  junto a una diputada nacional, un Proyecto de Ley de Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo[3]. El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos, “también penaliza (con cárcel de 2 a 6 años) a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes. En estos casos se plantea la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública”.

En Nueva Pompeya, si alguien pregunta a cualquier familia, cuatro o cinco de sus integrantes padecen Chagas. Un 69 por ciento de chagásicos registró el Instituto de Medicina Regional en esa localidad (Lucero et al 2011), es una de las zonas con mayor porcentaje de chagásicos reconocida oficialmente[4]. Los sistemas naturales controlan el avance de enfermedades y plagas en el Gran Chaco, cuando aquéllos se desequilibran se produce el avance de enfermedades como Chagas y Leishmaniasis. Hay estudios que demuestran la relación entre enfermedades transmitidas por vectores y deforestación (Walsh et al 1993), la urbanización del Chagas es un ejemplo. Especies como el puma y yaguareté controlan la cantidad de otras especies que son portadoras de enfermedades, al desaparecer estos predadores tope aumenta la cantidad de fauna que las carga.

Un hawaye, chaman wichi que apenas habla castellano y que vive en un asentamiento no muy lejano a Nueva Pompeya, en zona rural, camina por una antigua senda (totuinek). Lo acompaño. Estas sendas conducen hacia lugares de agua, lagunas, esteros, donde habitan las entidades que protegen el agua (chelaj), donde se encuentra la miel y pueden mariscar el alimento, lograr algunos remedios del monte para la cura. Las mujeres también caminan kilómetros para buscar la chagua, obtener las tinturas de los frutos de algunos árboles para luego tejer las yicas, con delicadísimos diseños que preservan la memoria de su pueblo, diseños que hablan. Algunas son vendidas para comprar otras cosas. Piden permiso a los dueños o protectores del monte (tahyi) y del río (tewukw), es decir, a los ayudantes de Lewuku, entidad inmanente más importante en la cosmovisión wichi.

De repente comienzo a tener cuidado, de mis propias pisadas, de elevar la voz, mientras un ser invisible le susurra a una semilla “vive”, “vive”.

Tales seres pueden provocar que alguien se pierda en el monte, como etek-sayntaj -también dueño del monte, dicen- que puede seguir a la persona y golpearla con un garrote si corta una rama de más. Se lo reconoce porque tiene siempre avispas rondando su cabeza, es melero. Pero ojo, la maldición de Lewuku es terrible cuando la transgresión a un tabú del monte o del agua es muy grave. Puede afectar a la persona y a sus descendientes, a todo su entorno. Además de la pérdida del alma todo tipo de dolencias aguardan a quienes se atreven a la destrucción.

No habrá hawaye que pueda salvarlos.

No solamente la biodiversidad de un territorio es impactada por la alteración de los bosques nativos, también lo son espacios y saberes, significaciones espirituales y materiales de esos espacios, memorias que los impregnan, los sentidos, los derechos  que articulan una comunidad. También la gente se muere de tristeza cuando se desestructura su universo psicobiocultural por el vaciamiento de su territorio, el desplazamiento forzado, cuando voltean sus árboles sagrados, sus alimentos, sus medicinas, sus medios de vida. La aniquilación no es sólo física, se produce también con la ruptura de un orden simbólico pleno de significados con el cual se nombra y ordena el mundo. El ecocidio conlleva un genocidio silencioso y aparentemente invisible, salvo por la voz de las poblaciones que dignamente se atreven a reclamar en todas las instancias institucionales y legales para que alguien pare esto.

Los hawaye son personas que han recibidos dones y cuidan a su comunidad; pueden ponerse en contacto con las entidades que habitan el monte, el aire, el agua; pueden curar, leer los sueños, anticipar el futuro, pueden recuperar las almas perdidas y devolverlas a sus dueños.

 “Los hawaye son gente que defiende el monte y ellos tienen contacto con los espíritus que nosotros no vemos, en cambio ellos sí ven. Hawaye es como un doctor que ayuda a su comunidad y, cuando hay una enfermedad, ellos curan. Si, por ejemplo, en los montes hay pocas frutas ellos se preocupan. Se juntan los curanderos para ver qué problema hay y después, cuando solucionan el problema dentro de dos días, tres días, una semana, ya viene de todo: el monte ya tiene miel, por ejemplo, los árboles la algarroba, nos dan muchas frutas y encima los frutos son muy sanos. ¿Por qué?, porque gracias hay abuelos, hay curanderos que defienden a su comunidad y también el monte, defiende su monte, y todo eso es la parte de la espiritualidad, de la cosmovisión. Ellos siempre me contaron” (testimonio wichi).

Qué pensaría el hawaye mientras mirábamos las antiguas sendas destruidas por las profundas huellas que dejan los camiones y acoplados en los que se llevan los algarrobos centenarios. Caminos de los mapas de la memoria hacia los lugares sagrados, sendas que transitan los niños que van a la escuela. Qué pensaría de los cementerios improvisados, playones en los que se acumulan los troncos de algarrobos para ser transportados. Con ellos se llevan no sólo el principal alimento, la bebida de sus rituales.

Es uno de sus árboles sagrados.

Qué pensaría de las medicinas, de los alimentos y artes que se destruyen con el arrastre de cadenas y troncos. Qué pensaría de los hermanos que traicionan a su pueblo firmando algún papel arrimado por algún empresario o funcionario con la promesa de alguna mejora, pero que termina significando el saqueo y la destrucción del territorio propio. Saqueo que parece imposible controlar o detener. Sobran amenazas. Qué pensaría del empresario o funcionario (¿lo dijo un técnico, un abogado?) que le dijo que ya no se usa más el monte, que hay que explotarlo, que es un recurso, que estamos en la era de la globalización.

Eso se lo dijo a él, a un hawaye antes de avanzar con sus máquinas de muerte sobre la memoria del agua de su tierra.

Nadie le pidió permiso, tampoco a los intermediarios de Lewuku.

Que llueva todo lo que tenga que llover hasta que se agote el agua del cielo, la memoria está escrita en el agua.

Nadie les pidió perdón.

Nadie pide perdón.

 

Bibliografía citada:

Auditoría General de Nación (Nov/2015). Informe Gestión Ambiental. Informe sectorial del Presidente de la AGN Dr. Leandro Despouy.

Camino Micaela, Erica Cuyckens, Mariana Altrichter y Silvia Diana Matteucci. 2014. Identificación de sitios prioritarios de conservación en una porción del Chaco Semiárido, en base a modelos de hábitat de cinco especies de mamíferos grandes. Reunión Argentina de Ecología, Cmodoro Rivadavia, Argentina.

Lucero et al (2011). La Enfermedad de Chagas en poblaciones aborígenes del Noreste de Argentina. Enfermedades Emergentes 2009;11(3):22-29. Instituto de Medicina Regional, Resistencia, Chaco.

REDAF (2010). Conflictos sobre tenencia de tierras y ambientales en la región del chaco argentino. Observatorio de tierras, recursos naturales y medio ambiente. 2° Informe. Datos relevados hasta agosto del 2010. Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF),  Reconquista, Santa Fe.

REDAF (2013). Conflictos sobre Tenencia de Tierra y Ambientales en la Región del Chaco Argentino. 3º Informe. Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente. Red Agroforestal Chaco Argentina. Reconquista, Santa Fe.

Redford K., A. Taber, J. Simonetti. There is more to diversity than the tropical rain forest. Conservation Biology(4), 1990, pp. 328–330.

Walsh, J.F., Molyneuxf D. H., and M. H. Birley: “Deforestation: effects on vector-borne disease”. Liverpool School of Tropical Medicine, Pembroke Place, Liverpool L3 5QA, U.K. Parasitology (1993), 106, S55-S75 Copyright © 1993 Cambridge University Press.

[1] Abya Yala es el nombre con que se conocía al continente que hoy se denomina América, significaría tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Dicho nombre le fue dado por el pueblo Kuna en Panamá y en Colombia y la nación Guna Yala del actual Panamá.

[2] https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-105270-2008-06-01.html

[3] http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/Presentan-proyecto-de-ley-que-penaliza-los-desmontes-ilegales-e-incendios-intencionales/

[4] http://www.msal.gov.ar/chagas/images/stories/Equipos/modulo_chagas.pdf

Fuente: http://redaf.org.ar/como-impacta-la-deforestacion-en-el-chaco/

Señalemos causas principales de deforestación en el modo capitalista de producción cada vez más ecocida, etnocida y genocida:

 

Ganadería industrial y

 soya transgénica queman la Amazonia

2 de septiembre de 2019

Publicado por Red Latina Sin Fronteras/ enred_sinfronteras@riseup.net

Por Silvia Ribeiro*

 

Esta serie de incendios están directamente ligados al avance del agronegocio

Cerca de 79 mil incendios en la Amazonia, principalmente en Brasil, Bolivia e importantes áreas de Paraguay, han avanzado por semanas, quemando más de un millón de hectáreas de bosque tropical y arrasando territorios indígenas, muchos de los cuales habían sido invadidos legal o ilegalmente por la ganadería, la agricultura industrial y la minería. Hay un millón 500 mil habitantes de comunidades indígenas que están amenazados o ya sufriendo los impactos de esta grave crisis que está devastando amplias regiones amazónicas, su fauna, flora y diversidad biológica única.

El fuego se expande siguiendo la ruta de las trasnacionales de ganadería y agronegocios. Se talan y queman bosques para abrir espacio a la soya transgénica de Bayer-Monsanto y a la cría de ganado para JBS, la mayor trasnacional de producción industrial de carnes a escala global, que tiene una negra trayectoria de diversas violaciones legales, entre otras, por comerciar ganado criado con la deforestación del Amazonas.

La Vía Campesina Brasil declaró que esta serie de incendios están directamente ligados al avance del agronegocio, y por los enormes daños que provoca a comunidades y naturaleza debe considerarse un crimen contra la humanidad (https://lahaine.org/aG9v). Entre el 10 y 11 de agosto, que fue declarado Día del fuego por los hacendados de la región que queman el bosque para sembrar soya transgénica y pastura, los incendios aumentaron 300 por ciento. Denunció también que imágenes satelitales muestran un avance no visto desde la década de 1980 de la minería ilegal en territorios indígenas, que ha sido estimulada por el gobierno. ( https://tinyurl.com/y3rq9d4j )

En efecto, no se trata de factores climáticos o mala suerte: hay causas y actores concretos. El principal motor de la tragedia es la siembra de monocultivos y de pasturas para ganadería a gran escala y la deforestación que causan. Brasil es el primer exportador mundial de soya transgénica, con extensas zonas en las áreas incendiadas y aledañas, en su amplia mayoría su destino es para forraje de cerdos, pollos y vacas en confinamiento, principalmente en Europa y China.

Pero ni los monocultivos de soya (u otros) ni la ganadería industrial son necesarias para alimentar a la población mundial (https://tinyurl.com/yxv3dz8s). Son solamente negocio de trasnacionales con grupos económicos que se han asegurado políticas muy favorables de producción y exportación desde el Sur global, acompañadas de diversos estímulos para aumentar adrede el consumo de cárnicos en muchas partes del mundo. Esto, pese a que tanto los monocultivos agroindustriales como la ganadería intensiva están entre los factores más altos de emisiones de gases que producen el cambio climático. Y eso, sin contar el aumento de emisiones de carbono que significan los incendios ahora en curso.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien llegó al gobierno apoyado por la llamada bancada ruralista de ese país (latifundistas, sembradores de monocultivos de caña, soya, maíz y grandes ganaderos), ha manifestado repetidamente que conservar la Amazonia es un desperdicio de recursos que pueden ser aprovechados por esas y otras industrias, como mineras, hidroeléctricas y petroleras. A todas ha facilitado avanzar en esa región, con una mezcla de legalización de despojos, desmantelamiento de medidas de protección y saboteo de la fiscalización ambiental.

Para ocultar los síntomas del desastre que se avizoraba, a principios de agosto de este año, Bolsonaro despidió de su cargo a Ricardo Galvão, director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), por informar que la deforestación en la Amazonaa aumentó a un ritmo alarmante y mucho mayor que el año anterior. Bolsonaro negó que esto fuera verdad y poco después, cuando ya no pudo negar la crisis de incendios en la Amazonia, lanzó burdas mentiras, como que el fuego era causado por organizaciones ambientalistas para acosarlo. Como si los incendios no fueran causados por la misma gente que alentó y cobija.

Si el fuego sigue propagándose –advirtió la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica–, no solamente están en peligro los habitantes de 350 pueblos indígenas que habitan el Amazonas, también serían afectados 6.7 millones de kilómetros cuadrados de bosques, 44 mil especies de plantas, 2 mil 200 especies de animales, 2 mil 500 especies de peces de agua dulce y de 17 a 20 por ciento del total del agua dulce del planeta, además de que la pérdida de follaje de este ecosistema representa hasta 10 por ciento de las emisiones de carbono global. (https://tinyurl.com/yxasfvd4)

Una investigación de la organización Trase, con The Guardian y Repórter Brasil (2 de julio 2019), evidenció que JBS vende, a sabiendas, ganado criado en áreas devastadas de la Amazonia (https://tinyurl.com/y4yxtfhn). Seguramente alimenta otras instalaciones de ganado con soya que también viene de la Amazonia. Bayer-Monsanto enfrenta más de 18 mil juicios en Estados Unidos por causar cáncer a ese número de víctimas, a sabiendas de los efectos cancerígenos del glifosato, agrotóxico usado para la siembra de transgénicos. Tal como plantea La Vía Campesina, se trata de crímenes contra la humanidad, en Amazonia y más allá.

* Investigadora del Grupo ETC. La Jornada

https://www.jornada.com.mx/2019/08/31/economia/023a1eco

 

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2019/09/02/ganaderia-industrial-y-soya-transgenica-queman-la-amazonia/

 

 

Advirtamos qué hacen posible les trabajadores de altas tecnologías e investigaciones científicas examinando cómo progresa el sistema mundo capitalista:

 

 

 

Nuevo asalto corporativo a

la alimentación

15 de febrero de 2020

 

Se presentan como iniciativas públicas, por el involucramiento de actores de Naciones Unidas o gobiernos, pero lo que subyace son estrategias para sabotear el multilateralismo, evitar la supervisión pública y, sobre todo, evitar que organizaciones campesinas, indígenas, de derecho a la alimentación y otras puedan opinar y actuar sobre estos procesos. 

 

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC.

 

Se está gestando un ataque en varios frentes por parte de las mayores trasnacionales de los agronegocios –junto con las de informática y otras– para apropiarse de la decisión global sobre políticas agrícolas y alimentarias. El intento es reconfigurar el sistema de gobierno internacional –actualmente basado en agencias públicas y de Naciones Unidas, como la FAO– y de investigación agrícola para crear instituciones globales manejadas por y dependientes de las transnacionales, pero desde donde se pretende instaurar políticas públicas para todos los países. O sea, políticas que nos afectan a todos y todas, que definen la calidad, cantidad y condiciones de acceso a los alimentos, en desmedro de las redes campesinas, que son las que producen la mayoría del alimento que consume 70 por ciento de la población mundial, y de la posibilidad de definir nuestra propia alimentación.

Se trata de tres iniciativas internacionales que vinculan los temas de gobierno, nuevas tecnologías e investigación agrícola: una Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, a realizarse en 2021, una propuesta para establecer un concejo digital internacional de agricultura y alimentación y una propuesta de unificación de los centros de investigación agrícola pública internacionales (sistema Cgiar) bajo una sola mesa directiva global, en función de intereses corporativos. Son iniciativas digitadas por trasnacionales y filantrocapitalistas, como la Fundación Bill y Melinda Gates. El nuevo informe The next agribussiness takeover, del Grupo ETC, analiza estas propuestas y su contexto.

Paradójicamente, se presentan como iniciativas públicas, por el involucramiento de actores de Naciones Unidas o gobiernos, pero lo que subyace son estrategias para sabotear el multilateralismo, evitar la supervisión pública y, sobre todo, evitar que organizaciones campesinas, indígenas, de derecho a la alimentación y otras puedan opinar y actuar sobre estos procesos.

Por ejemplo, la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios fue anunciada en 2019 por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, desde su sede en Nueva York, afirmando paralelamente que se realizará en colaboración con el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), donde se reúnen las trasnacionales y los más ricos del mundo. La FAO y otras agencias multilaterales de la ONU no fueron consultadas, sino posteriormente.

Se podría creer que una cumbre convocada por el secretario general es una cumbre de Naciones Unidas. Pero esto no es así, como tampoco lo son las cumbres del Clima o de los Océanos, realizadas antes en Nueva York. Son anunciadas desde un cargo público y usando las instalaciones de Naciones Unidas, pero con actores privados. Quién participa y cómo, depende de las posibilidades económicas que se tenga para llegar allí, o que alguno de los financiadores, filantrocapitalistas o empresas, solvente el gasto. La dinámica, decisiones y declaraciones son decididas por esos organizadores.

 

En las agencias de la ONU, como la FAO en el caso de agricultura y alimentación, todos los países miembros deben participar, cada uno con un voto, y para ello se debe garantizar desde la ONU la participación de los países pobres. Dentro de esos organismos hay mecanismos para que los grupos afectados participen en las negociaciones. En el caso del Comité Mundial por la Seguridad Alimentaria, que reúne a todas las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el tema, se formó un Mecanismo de la Sociedad Civil, que se autoorganiza para discutir los temas en negociación y garantizar se expresen las posiciones, especialmente de las organizaciones campesinas e indígenas.

Sería ingenuo creer que esto alcanza para que haya participación igualitaria de los países y las empresas siempre han intervenido, cabildeado y presionado dentro de Naciones Unidas de todas formas. No obstante, la propuesta ahora viene directamente desde los centros de poder de las trasnacionales, en este caso a través de la Iniciativa de Sistemas Alimentarios del Foro de Davos, y es parte de una estrategia global para garantizar que sean las propias empresas las que definan las políticas públicas.

La intención es asegurar las mejores condiciones en todo el mundo para desplegar la agricultura 4.0, es decir, agricultura industrial dependiente de alta tecnología, desde cultivos transgénicos y semillas corporativas hasta sistemas digitalizados en producción y comercio, todo controlado por las trasnacionales de agronegocios y las plataformas digitales con las que están aliadas (Ver La insostenible agricultura 4.0).

Como una forma de afianzar esto, Guterres nombró enviada especial para la Cumbre de Sistemas Alimentarios a Agnes Kalibata, presidenta de AGRA (Alianza para la Revolución Verde en África), iniciativa para devastar ese continente con agricultura industrial y transgénica, promovida por la Fundación Gates.

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, que reúne a miles de organizaciones campesinas y de la sociedad civil que han interpelado a las cumbres de la Alimentación desde 1996, lanzó una carta pública de protesta –aún abierta a firmas– exigiendo al secretario general de la ONU que separe a Kalibata del cargo y cuestionando la forma de organización de esta nueva cumbre.

 

Agricultura 4.0, Alimentación

 

Fuente: https://www.anred.org/2020/02/15/nuevo-asalto-corporativo-a-la-alimentacion/

 

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Cortarle las piernas al gigante agroindustrial

14 febrero 2020

 

Por José Godoy Berrueta  

 

"El Gigante Agroalimentario mantiene su necedad mientras los niños y adolescentes desde Entre Ríos (Paraná, Argentina) hasta Jalisco (México) y los pueblos campesinos de América Latina son fumigados. Sin estas niñas y niños, sin semillas y sin producción campesina nuestro futuro está siendo fumigado".

Los gigantes agroalimentarios se multiplican en América Latina dejando a su paso destrucción y desolación en el continente para la población en general, mermando la vida rural y campesina, el medio ambiente y la salud de grandes poblaciones. Así sucede desde Chile o Argentina hasta México, pasando por Paraguay, Perú, Ecuador y Centroamérica. El que no es “líder” es “potencia” agroindustrial.

Estos impulsos oficiales se recrudecen con la firma de Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, Estados Unidos o multilaterales como el TPP-11 (Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica) que impactan todas las esferas de la vida pública de los países imponiendo procesos y disposiciones legales en muchos sectores, incluido el agropecuario.

En el acuerdo entre la UE y México se dispone la cooperación en el sector agropecuario donde “Las Partes se comprometen a fomentar el desarrollo y la cooperación en el sector agrícola, agroindustrial y rural” y “Las disposiciones para armonizar las normas y las medidas sanitarias, fitosanitarias y medioambientales, con vistas a facilitar los intercambios comerciales, teniendo en cuenta la legislación en vigor en esos ámbitos para las dos Partes y de conformidad con las normas de la OMC”. En el T-MEC acuerdan “la importancia de alentar la innovación agrícola y facilitar el comercio de productos de la biotecnología agrícola” lo que se traduce en producción de mercancías agropecuarias ajenas por completo a alimentar a la población.

La serie de adecuaciones legales se apegan a las normas internacionales de la producción agropecuaria, pero son normas que homogenizan la producción industrial de alimentos en cualquier parte del mundo: desregularizan la propiedad social de la tierra y la acaparan por compra, renta, invasión, desalojo, contaminación; rodeándola de agroindustria o quitándole el agua. Establecen normativas de privatización de las semillas según los estándares de UPOV y reservorios para marginar y folclorizar la agricultura campesina. Todos mecanismos de control de productos y procesos bajo pretexto de la inocuidad y la estandarización.

En Jalisco, México, los campesinos enfrentarán las consecuencias de la recién aprobada “Ley Agroalimentaria del estado de Jalisco”. Ésta plantea “Asegurar al estado de Jalisco un abasto agroalimentario nutritivo, suficiente y de calidad”; “prevención fitozoosanitaria y el fomento de la inocuidad agroalimentaria”; “implementar los instrumentos, mecanismos y regulaciones necesarias para contar con un sistema promotor y clasificador de las calidades de los productos del sector agroalimentario”; “ejecutar en cualquier tiempo y lugar, las diligencias necesarias para la práctica de inspecciones, verificaciones y certificaciones de establecimientos, instalaciones, productos, procesos y servicios en materia agroalimentaria para comprobar el cumplimiento de esta Ley y las disposiciones técnicas que de ella deriven”.

En septiembre de 2011 Cristina Fernández, entonces presidenta de Argentina, pregonaba a los medios de comunicación que “Argentina es ya un líder mundial agroalimentario capaz de producir alimentos para 400 millones de personas”. Argentina cuenta con unos cuarenta millones de habitantes y vive desde entonces una profunda crisis económica y alimentaria. Ella se refería a la producción y exportación de soja, biodiesel, maíz, aceite de girasol, trigo, ajo, jugos de manzana y de limón, entre otros productos de producción industrial que afectan el empleo y benefician a unas cuantas industrias del agronegocio.

La variedad y calidad de la alimentación rápidamente se pierde en las regiones donde invade el sistema agroindustrial. En Jalisco, su “innovadora” disposición legal se orienta al control de plagas siendo que por sus monocultivos es la propia agroindustria la generadora de resistencia y propagación de plagas. Dicha ley establece instancias en las que están plenamente presentes las empresas y el sector público, sin considerar de ninguna manera al sector campesino y ciudadano. Abre la puerta a contratos y convenios con instancias educativas y de capacitación de las mismas empresas que producen y comercializan agroquímicos y semillas patentadas con el pretexto de promover “buenas prácticas en el manejo de agroinsumos” ligadas al control de sus plagas, pero muy ajenas a la producción real de alimentos sanos y libres de contaminantes químicos agrotóxicos.

Tal ley de sanidad no considera la emergencia ambiental, alimentaria y de salud que ya provocó el “Gigante Agroalimentario” en la región. El gobernador, secretarios y políticos de turno continúan embebidos con los falsos números de las exportaciones, sin considerar que esos ingresos son insuficientes para enfrentar la emergencia multifactorial. Entretanto los niños en las poblaciones cercanas a regiones agroindustriales son intoxicados por múltiples venenos con alarmantes síntomas. Capacitadores corporativos les enseñan a usar, como cosa de gracia, los trajes “de astronauta” para el buen uso de agrotóxicos violando toda su esfera de derechos a la salud, a un ambiente sano y el respeto a toda su emocionalidad.

Simultáneamente se pretende aprobar la “Ley Federal de Variedades Vegetales”, algo que la Red en Defensa del Maíz califica de “grave intento de privatizar, acaparar semillas comerciales y no comerciales en general, y criminalizar las semillas campesinas en agravio contra la soberanía alimentaria” ya que pretende “asegurar la propiedad intelectual de las transnacionales semilleras”.

“La reforma propuesta es explícita en adherirse a los planteamientos de lo que se conoce como Acta de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) en su versión 91, que ya es parte sustancial de todos los tratados de libre comercio puesto que con ella las empresas semilleras buscan monopolizar la producción y comercialización de las semillas. Se prepara entonces el arribo del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy rebautizado T-MEC, un acuerdo que se hizo a espaldas de campesinas y campesinos y sin consultar a nadie”.

Con estas y otras leyes se corre el peligro de dejar en la “ilegalidad” todas las prácticas agrícolas tradicionales y agroecológicas que producen alimentos sanos, nutritivos y diversos en todas las regiones.

Dicen los miembros de la Red Agroecológica de Loja, Ecuador, en su cartilla “Nuevas leyes de sanidad e inocuidad, ¿Promover o devastar el sistema alimentario local?” elaborada para analizar comunitariamente la ley orgánica de sanidad agropecuaria aprobada en junio de 2017 tras la firma del TLC entre Ecuador y la Unión Europea. “Esta andanada de acuerdos y leyes hechos para cumplir los intereses de las empresas transnacionales pretenden promover una sola forma de producir alimentos sin pensar en la población y manteniendo el sistema productivo agroindustrial que genera altísimos niveles de calentamiento global, contaminación y graves efectos en la salud”, que en esta región afecta la ancestral producción artesanal de lácteos y ganado.

En cualquier país estas políticas provocan las mismas emergencias de salud, contaminación y ataque a la vida campesina y rural.

“Con esta ley se pretende imponer requisitos que se deben cumplir para sacar a vender semillas y productos alimenticios en el mercado. A esto se suma la prohibición de usar insumos no registrados y no autorizados. Se ponen trabas para el desposte de animales y el transporte a los mercados locales para la venta”. Imponen “participar en programas obligatorios de uso de pesticidas y agrotóxicos en cultivos (Art. 22 y 25), a pretexto de prevención, control o erradicación de plagas y enfermedades”.

“Avanza un modelo de agricultura industrial, de monocultivos y monocrianzas de animales, basada en semillas certificadas, fertilizantes, pesticidas, alimentos balanceados, antibióticos y vacunas”.

Pero subsiste la agricultura campesina diversa, en pequeñas propiedades con un bajo uso de insumos comerciales, practicando una agricultura diversificada, con tendencia a una agricultura ecológica e integral con insumos producidos y mejorados en la propia finca.

En los pueblos y comunidades hay principios básicos, como la agricultura, que guían las decisiones, y son siempre la posibilidad de construir una forma de vida y convivencia que se va corrigiendo en la práctica o el camino, con la asamblea y la experiencia.

Históricamente se ha insistido en que los campesinos modifiquen sus cultivos en función de los intereses de las grandes industrias. Así vastas regiones se convirtieron en productoras de monocultivos.

Se ha buscado desenraizarles imponiendo las condiciones para usar su mano de obra en el agronegocio y otras industrias. Muchas políticas proponen sacar a los habitantes del campo, y ya no incluirlos en los sectores productivos agrícola o industrial sino mandarlos directamente al sector servicios —definitivamente desconectados de las actividades relacionadas con sus tierras y territorios, prisioneros en el ámbito de la especulación del ecoturismo, el folklor, los servicios ambientales; proveedores de insumos para las industrias (minera, petrolera, construcción) según los planes de manejo y programas oficiales-empresariales, ajenos a las actividades y decisiones comunitarias. Y que sólo quede en el campo la producción automatizada.

En Jalisco, en las asambleas y talleres regionales contra la agroindustria y las afectaciones ambientales y a favor de la agroecología se dice: “sólo queremos vivir bien y que se reconozca lo que es nuestro, nuestra tierra y nuestro trabajo”. “Desde hace cientos de años llegaron los hombres de empresa con el fin de progresar ellos mismos a costa del trabajo y la riqueza de los pueblos campesinos e indígenas. Y no han cesado de imponer su dominio. Pero los pueblos se han levantado siempre y han buscado sembrar la tierra como lo hicieron sus padres y de esa forma han trasmitido su sabiduría y han logrado resistir”.

El movimiento Basta es Basta en Argentina (que surgió ante el hecho de que 700 mil niños y adolescentes de escuelas rurales corren riesgo por las fumigaciones con agroquímicos sin control en los campos aledaños a los centros educativos, frente a una agroindustria que fumiga escuelas y comunidades rurales), denuncia: “en dos años obtuvimos cinco sentencias judiciales que ampararon nuestras escuelas rurales y permitieron discutir si queremos una provincia envenenada o producir alimentos sanos para nuestro pueblo. Sin embargo, el gobierno en vez de fomentar una transición para los productores ahogados por un modelo agotado apeló contra los derechos humanos y ambientales [...] en vez de escuchar un reclamo razonable, justo y con respaldo científico y propuestas de solución, nos obligó a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para defender nuestra salud y nuestro territorio”.

En diciembre de 2019 el movimiento denunció: “ante un probable decreto por parte del gobernador Bordet que disminuye las distancias de fumigaciones con agrotóxicos a 100 metros las terrestres y a 200 metros las aéreas contrariando el fallo del Supremo Tribunal de Justicia que ordena alejar las pulverizaciones a mil metros y 3 mil metros respectivamente de cada escuela rural de Entre Ríos, desde la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos: ¡Basta es Basta! advertimos: señor gobernador, los intereses de niños, niñas y adolescentes son considerados superiores por tratados internacionales supraconstitucionales”.

El Gigante Agroalimentario mantiene su necedad mientras los niños y adolescentes desde Entre Ríos (Paraná, Argentina) hasta Jalisco (México) y los pueblos campesinos de América Latina son fumigados. Sin estas niñas y niños, sin semillas y sin producción campesina nuestro futuro está siendo fumigado.

Pero la Vía Campesina, organizaciones, ejidos, comunidades y municipios de toda América Latina comienzan a declararse agroecológicos. 

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Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Cortarle-las-piernas-al-gigante-agroindustrial

En consecuencia, la «reforma agraria integral» como construcción de los pueblos de sus soberanías alimentarias confrontará con “los avances tecnológicos que no se detienen, todos los días hay noticias espectaculares al respecto, pero el hambre sigue, la miseria sigue, y los informáticos y los biotecnólogos se sienten dioses". Arraigará en "la resistencia a la Agricultura 4.0  de los lugares que hacen el tejido minucioso de los saberes y acciones locales que son incontrolables por el robot, aquello que responde con inteligencia creativa ante cada problema”. Se fundamentará en la insubordinación al capitalismo de les trabajadores en tecnologías de avanzada y en investigaciones científicas que eligen estar siendo con los pueblos.

Nuevo asalto tecnológico a la agricultura

17 febrero 2020

 

Por Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina (Red TECLA)

 

En noviembre de 2019 nos reunimos en México los y las integrantes de la Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina, Red TECLA, a celebrar nuestra tercera asamblea y compartir en público reflexiones críticas sobre las tendencias tecnológicas, en el seminario internacional Navegar la tormenta digital. 5G, blockchain y otras perturbaciones. Los textos de esta sección se presentaron en dicha reunión, y ahora los compartimos como parte de nuestra discusión continua, pues varias y varios integrantes de la Red TECLA son a la vez integrantes de la Alianza Biodiversidad.

Agricultura 4.0, insostenible

Por Verónica Villa (Grupo ETC)

A fin de 2019, el Grupo ETC-México presentó La insostenible Agricultura 4.0 —digitalización y poder corporativo en la cadena alimentaria. Hablamos con decenas de estudiantes de agronomía, profesores, sembradores y representantes de organizaciones afectadas por la industrialización agrícola en Jalisco, entidad que se promueve internacionalmente como “el gigante agroalimentario de México”.

La insostenible Agricultura 4.0 es la versión en castellano de Blocking the Chain, documento investigado y escrito por Pat Mooney, fundador del Grupo ETC. “Bloquear la cadena (industrial de producción de alimentos)” sería su traducción más directa pero quisimos hacer explícito que se enfoca en lo que hoy llaman “Agricultura 4.0”, la convergencia de nuevas tecnologías robóticas, ciber-financieras o genómicas susceptibles de usarse para la producción agrícola industrial. Quieren hacernos creer en una agricultura de generación 4, ultra automatizada y súper sustentable.

Son tres sus componentes:

1. Hardware o maquinaria. Para la siembra, cuidados y cosecha de cultivos, de tractores a drones, polvo inteligente, sensores incorporados a robots en campo. Para el océano, cercas eléctricas y jaulas movibles para criar y capturar especies, entre otros ejemplos. Todo conectado a satélites y bases de datos sobre clima, condiciones de los suelos, historia de los cultivos y su propiedad intelectual.

2. Software o interfaz entre datos masivos y biociencias. Técnicas de edición genética, series o “patrones” numéricos [algoritmos] que permiten aprovechar la información digital de secuencias genómicas y encontrar tendencias comercialmente atractivas (un compuesto botánico de alto costo en el mercado o las características genéticas deseables para insertar en cultivos comerciales), manipulaciones genéticas en ganado y peces para potenciar su rendimiento.

3. Tecnologías financieras. Que facilitan la ejecución de los contratos de compra y venta, la especulación con futuros, la transferencia de valores, la vigilancia y sujeción de quien trabaje a las condiciones de los contratos electrónicos.

Los componentes de la Agricultura 4.0 son muy nuevos. Que tengamos muy poca información sobre ello ya representa un enorme problema, pero algo tal vez de mayor alarma es que no se han creado regulaciones que puedan evitar el abuso de las máquinas (muchas diseñadas en su origen como armas de guerra), el robo de recursos genéticos, la liberación de organismos que pueden extinguir especies completas o la especulación con las cosechas y el trabajo de agricultores, pescadores, u operadores de las empresas. La “legalidad electrónica” se auto-ejecuta en el universo cibernético de los negocios. Éste sería el escenario de ensueño de la Agricultura 4.0.

Si para que funcione esta insostenible agricultura tiene que exacerbar la extracción de recursos (en aras de conectividad absoluta) y anular la iniciativa humana (sometiendo todo a las decisiones algorítmicas más convenientes para el mercado mundial), entonces su modelo ideal acarrea consecuencias terribles para las comunidades y redes que ya alimentan al mundo; su modelo imperfecto puede ser aún más escabroso y destructor.

Los mayores comerciantes y procesadores de materias primas creen que pueden reducir los costos de transacción entre 20% y 40% utilizando cadenas de bloques (blockchains), para librarse de las burocracias domésticas y los servicios de contadores, abogados y otros operadores, pero como los registros en estas plataformas de datos masivos son anónimos, cárteles de la droga, traficantes de personas y distribuidores de armas por igual pueden usarlos para cortar sus costos administrativos.

En los diálogos con organizaciones escuchamos reiteradas críticas a la propuesta de la Agricultura 4.0. Aquí una muestra.

Los campesinos no podrán tener opinión, participación o control sobre una tecnología diseñada por aplicaciones programadas según las tendencias interesantes para los agronegocios y no para las redes campesinas o los agricultores más pequeños.

Una agricultura robotizada nunca podrá entablar diálogo o resolver las diferencias entre empresas y comunidades. Los drones servirán para espiar y obtener información que tal vez las comunidades no quieran dar sobre su biota, sus formas de relacionarse con la naturaleza y sus planes para enfrentar los retos a la supervivencia.

El hecho de colocar por encima de las comunidades de carne y hueso el quehacer de los robots disloca totalmente la voz de los pueblos sobre su relación con la naturaleza. Así se obvian los consensos duramente trabajados en asambleas sobre qué hacer con tal o cual parte del territorio, de lo que hay en él, o cómo intercambiar los productos de sus trabajos.

Si agricultores asumen elementos de la Agricultura 4.0, como las máquinas muy sofisticadas, ¿podrán adaptarlas a sus necesidades, o las máquinas tienen su “propia agenda” (la de las empresas que las diseñaron)?

Ya existe en Estados Unidos un movimiento de agricultores contra los tractores automatizados, “por el derecho a reparar”, pues quieren poder modificar el equipo que adquieren a costos muy altos. En un caso extremo de la anulación de la autonomía laboral, intelectual, creativa de los agricultores no se permite acceder al hardware o el software de las máquinas, ni logran comunicarse con el agente de ventas de la compañía que puede estar en cualquier lugar del mundo, lejos de las parcelas. Pero el movimiento ya comenzó a intervenir digitalmentesus propios tractores y a organizar foros de software libre para enfrentar el problema.

¿Cómo puede traer beneficios la generalización de una Agricultura 4.0 controlada por las mismas empresas que se han fusionado en oligopolios, y de las que todo mundo tenemos quejas? Bayer-Monsanto, Syngenta, BASF, Shell, John Deere y Nestlé, por mencionar sólo algunas.

¿Cómo confiar en quienes impulsan la Agricultura 4.0? A muchas organizaciones no les interesa siquiera conocer qué propone, pues prevalece el resentimiento hacia las empresas abusivas de siempre, que aunque dicen promover una agricultura eficaz y limpia siguen envenenando el agua, destruyendo los suelos, fumigando a los pueblos y contaminando los cultivos nativos, además de cabildear para poner a su modo las leyes nacionales.

Agricultores en San Louis Missouri, (hogar de Monsanto) se preguntan cómo es posible que de pronto haya un sistema que lucre con todos los datos que sus territorios, cultivos y saberes producen, pasando por alto que esa información y esas formas de relacionarse con la naturaleza son trabajo colectivo a lo largo de miles de años de habitar sus territorios. Para la gente que trabaja el campo es difícil creer que una corporación que vende herbicidas esté dispuesta a vender cada vez menos cantidad de su producto bajo el supuesto de que las maquinarias de la Agricultura 4.0 sabrán exactamente cuánto aplicar y no habrá desperdicios.

La supuesta eficiencia y sustentabilidad de la Agricultura 4.0 queda en entredicho desde el momento en que es inconmensurable la materia prima que necesita sacarse de la tierra para construir laboratorios, computadoras y robots; los kilómetros de cables y enormes enfriadoras de las centrales donde se alojan los descomunales procesadores de “datos masivos” [big data], junto con los satélites lanzados a la órbita terrestre. No existe modo de compensar el insumo energético y de recursos de la Agricultura 4.0 y otros desarrollos tecnológicos que presumen sustentabilidad, eficacia e “invisibilidad”.

La Agricultura 4.0 necesita una base de agricultura industrial de generación previa, y consolidar estructuras y prácticas que le permitan dar el salto. ¿Qué tan realista o deseable es eso en Mesoamérica, África, el Caribe, o la extensa zona campesina de Asia? ¿Cómo y por qué va a instalarse la Agricultura 4.0 con su requerimiento de total conectividad cuando existen en incontables áreas del mundo problemas relativos a la propiedad de la tierra, corrupción de las autoridades, falta de servicios e infraestructura básicos, prácticas no formales de producción y circulación de los bienes?

¿Y si presenta fallas el satélite que gobierna la convergencia entre máquinas, datos y valores? ¿Cuánto se estará mermando el milenario saber agrícola en aras de capacitar a las nuevas generaciones en el manejo de autómatas que desempeñen las labores del campo? La Agricultura 4.0 promueve la extinción de los agricultores. La erosión de los saberes sobre la naturaleza ocurre velozmente: en esta época, el desarrollo técnico equivale directamente a la producción de ignorancia.

“En lugares como Mesoamérica, y en los infinitos centros campesinos del planeta” —dijo Ana de Ita del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano—, “la Agricultura 4.0 se va a enfrentar a la terquedad y resistencia de campesinos e indígenas por cultivar su tierra en laderas, en nichos ecológicos tan pequeños que no aceptan fórmulas de fertilizantes y plaguicidas estándar, con infinita diversidad en sus sistemas productivos, y mano de obra familiar que no labora por un pago sino por la supervivencia comunitaria, y que se negará a ser remplazada por robots”.

Todos los problemas  relativos a las tecnologías más avanzadas de comunicación e información (espionaje, manipulación de tendencias, control del disenso, pérdida de autonomía e iniciativa, vulnerabilidad por extrema dependencia de entes centralizados sea un satélite, una central eléctrica o un módem casero; consumo insaciable de energía), todos estos problemas se trasladan al ámbito rural y en especial al sostenimiento de los sistemas alimentarios.

Cuando presentamos La insostenible Agricultura 4.0 en Jalisco, el investigador Humberto González dijo: “los avances tecnológicos no se detienen, todos los días hay noticias espectaculares al respecto, pero el hambre sigue, la miseria sigue, y los informáticos y los biotecnólogos se sienten dioses. La resistencia a la Agricultura 4.0 vendrá de los lugares que hacen el tejido minucioso de los saberes y acciones locales que son incontrolables por el robot, aquello que responde con inteligencia creativa ante cada problema”.

La sustentabilidad de las nuevas tecnologías es muy cuestionable, tanto si nos fijamos en su modelo ideal como si lo traducimos a las duras circunstancias reales en nuestros espacios latinoamericanos. 

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Autores/Red-de-Evaluacion-Social-de-Tecnologias-en-America-Latina-Red-TECLA

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Revelaciones de una

red de investigadores.

Un modelo agropecuario tóxico

29 de febrero de 2020

Por Darío Aranda

La Red de Acción en Plaguicidas (Rapal) denunció 108 presentaciones de herbicidas e insecticidas de muy alta toxicidad.

Agrotóxicos prohibidos en Europa y de uso libre en Argentina. Herbicidas e insecticidas a los que solo se les mide su toxicidad aguda (en el corto plazo) y no crónica (sostenida en el tiempo). Y 108 formulaciones “altamente peligrosas” que empresas multinacionales promocionan y comercializan en el país. Son algunos de los aspectos destacados en una investigación de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (Rapal). Además del famoso glifosato, denuncia el uso de los agrotóxicos atrazina, clorpirifos, paraquat, fipronil e imidacloprid, entre otros. Las empresas responsables: Syngenta, Bayer-Monsanto, Dow Agrosciences y Atanor.

“Informe sobre los plaguicidas altamente peligrosos en la Argentina”, es el título de la investigación de Rapal y de la Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes (IPEN, por sus siglas en inglés). Son 170 páginas donde detallan Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) utilizados en la Argentina. Se define como PAP a los plaguicidas que presentan niveles elevados de peligrosidad aguda o crónica para la salud o el ambiente. Según la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN) se precisa como PAP a los químicos que son perturbadores endócrinos, bioacumulables, muy persistentes en el agua, en el suelo o en los sedimentos, y tóxicos para los organismos acuáticos y para las abejas.

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El trabajo alerta que, además de cultivos extensivos como la soja y el maíz, muchos plaguicidas se utilizan en actividades como la fruticultura y horticultura, lo que implica una gran exposición no solo de los productores y trabajadores sino también de los consumidores de frutas y verduras.

El informe toma como referencia a la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN), que tiene registro de al menos 299 químicos peligrosos. El 42 por ciento de ellos (126 de esos productos) se utilizan en Argentina. Casi la totalidad (123) se utilizan en actividades agrarias y en “línea jardín” (uso domiciliario). Estos productos se expenden bajo diferentes nombres comerciales, que varían la forma de presentación y la empresa fabricante.

Si se contrapone el listado de agroquímicos con alguna prohibición y los que se utilizan en Argentina queda en evidencia la permisiva política nacional: en las provincias argentinas se usan 108 productos que cuenta con restricciones en el exterior. En la página 43 del informe de Rapal se detallan los herbicidas atrazina y paraquat, prohibidos en más de treinta países, entre ellos todos los de la Unión Europea. Syngenta (empresa de origen Suiza, adquirida por ChemChina en 2017) no comercializa atrazina en Suiza, pero sí en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay.

“Hay una ‘doble vara’ de las empresas. Están prohibidos en los países de origen y aquí se utilizan dado la baja información, la poca presión de los consumidores y la escasa acción de los organismos estatales que deben evaluar, registrar y categorizar a los plaguicidas en la Argentina”, afirmó Javier Souza Casadinho, coordinador de Rapal y autor de la investigación.

Los agrotóxicos más utilizados y peligrosos son los herbicidas glifosato, atrazina y paraquat (utilizados en cultivos de soja, maíz, tabaco, entre otros). Los insecticidas cipermetrina, clorpirifos, fipronil e imidacloprid (utilizados en hortalizas, frutales, maíz). Y los fungicidas benomil y carbenzazin (fundamentalmente en hortalizas).

“Benomil y carbenzazin son alteradores de la reproducción y se utilizan mucho en horticultura, y es muy posible que lleguen a los consumidores”, explicó Souza Casadinho, que también es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA. Destacó que el fipronil y el imidacloprid, utilizados en hortalizas, frutales , soja y aún en mascotas, están prohibidos en Europa y son muy cuestionados por afectar a las abejas (polinizadores esenciales para la humanidad).

En la página 34 del informe se destacan las empresas productoras de plaguicidas altamente peligrosos en Argentina: Bayer/Monsanto (productoras de glifosato, inidacloprid, cipermetria, fipronil), Syngenta (atrazina, paraquat), Nufarm (imidacloprid), Atanor (glifosato, atrazina), Dow Agrosciences (clorpirifos) y Basf (Carbendazin), entre otras.

El trabajo denuncia la forma de autorización de los plaguicidas en Argentina. El Estado, a través del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), categoriza la peligrosidad de los agrotóxicos según la clasificación denominada “Dosis Letal (DL) 50”, que solo mide la toxicidad aguda de un producto en base a la dosis con la que muere el 50 por ciento de una población de animales de laboratorio. Nada establece sobre las intoxicaciones crónicas, por ejemplo cuando las personas de una comunidad están expuestas a dosis pequeñas por largos periodos de tiempo o sometidas a distintos tipos de plaguicidas que se aplican durante meses o años.

El Senasa no tiene en cuenta, por ejemplo, los efectos endócrinos de los agroquímicos (alteración del equilibrio hormonal) ni las enfermedades epigenéticas (expresiones incorrectas del ADN). El Senasa, que basa sus aprobaciones en informes de las propias empresas, tampoco tiene en cuenta la afectación y acumulación de los agroquímicos en agua y suelos.

Es un histórico reclamo de los pueblos afectados por las fumigaciones con agrotóxicos: que se incluyan estudios de toxicidad crónica y afectaciones en el ambiente.

Página/12

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/revelaciones-de-una-red-de-investigadores-un-modelo-agropecuario-toxico

 

 

 

Estamos viviendo, abajo y a las izquierdas revolucionarias, una socialización que rompe con la del capitalismo. Son subjetividades colectivas que se rebelan y critican el trabajo premiado e impuesto por el sistema mundo. Surgen insubordinándose a la criminalidad de este último, ante todo se yerguen en su dignidad humana por adueñarse de su sentipensar y actuar. Pero al responsabilizarse en forma integral por la sociedad y el mundo a construir descubren que no les basta dedicarse a bloquear el modo destructivo de producción del Capital. Enfrentan  el 'Orden' policial o militarizado conque el gobierno de turno garantiza súper negocios oligopólicos.

 

Cuando no hay boom de commodities, el gobierno de turno instaura 'ajuste' e intenta que nosotres, les diverses de abajo, conciliemos con los militares. Cristina Fernández no sólo pretendió que los juicios a militares y policías cesaran sino también al designar a Milani jefe del Ejército buscó perfeccionar red de espionaje e infiltración en las organizaciones populares y asociar, a través de Hebe Bonaffini y Milani, al Ejército con la ayuda en barrios y villas miseria.

 

En el presente, Alberto Fernández manifestó: “Argentina debe dar vuelta una página, una página que nos distanció mucho tiempo por las inconductas de algunos”.

 

 

 

¿Inconductas o

políticas de clase?

29 de febrero de 2020

 

Por Rolando Astarita

En ocasión de un acto realizado el 21 de febrero en Campo de Mayo, el presidente Fernández, en referencia a la dictadura 1976-1983, manifestó: “Argentina debe dar vuelta una página, una página que nos distanció mucho tiempo por las inconductas de algunos”.

Casi inmediatamente Nora Cortiñas, de Madres de la Plaza de Mayo Línea fundadora, dijo que “los dichos de Fernández sobre la dictadura son un gesto negacionista”. Fernández se disculpó: “no quise causar el más mínimo dolor. Veo que no usé las palabras pertinentes. Disculpas por ello. … no quiero que nadie dude de mi compromiso con la verdad y la justicia”.

De todas formas, Hebe de Bonafini y Estela Carlotto salieron a defender a Fernández. Carlotto sugirió que Cortiñas no estaba lúcida (“los años la pueden hacer equivocar”). Y Bonafini, en nombre de Madres de Plaza de Mayo, dijo estar de acuerdo con el Presidente: “Sus expresiones fueron muy claras en cuanto a la reivindicación de las Fuerzas nuevas, renovadas, que crearon Néstor, Cristina y Nilda Garré con su modificación de los planes de estudio y formación militar, y que ya nada tienen que ver con la dictadura, ya que están integradas por personas que nacieron hace 20, 25, 35 años”. También: “Estamos de acuerdo con reconocer y reivindicar a esas nuevas Fuerzas Armadas, porque si no nunca las vamos a tener de nuestro lado, al lado del pueblo”. Pocos días antes Alberto Fernández había afirmado que “la totalidad de la oficialidad de nuestras FFAA ha surgido en democracia”.

A todo esto el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia rechazó lo dicho por Fernández. Sostuvo que no se puede dar vuelta la página con instituciones que ocultan el destino de 400 hijos de desaparecidos; que los archivos de la represión continúan cerrados; y que al hablar de la “inconducta de algunos” se está negando la participación “del conjunto de las FFAA en la represión del pueblo”.

Días después Fernández recibió a Cortiñas, y al premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel. Al salir de la reunión Cortiñas manifestó que el tema estaba superado, y que no volvería a usar el término “negacionista”.

 FFAA y naturaleza de clase

 Coincidiendo con el comunicado de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en lo referente al involucramientode conjunto de las FFAA en la represión entre 1976 y 1983, quisiera precisar, sin embargo, que las FFAA hicieron lo que hicieron porque obedecieron a una lógica de clase, inherente a la naturaleza social del Estado del cual constituyen un pilar fundamental. Esto es, el terrorismo de Estado y la dictadura no fueron producto de alguna falencia institucional (del tipo “faltó educación democrática”), sino el producto de una política promovida, avalada o consentida por la clase dominante argentina.

Es que en una sociedad basada en la explotación del trabajo, el Estado y sus fuerzas represivas siempre van a reprimir en tanto la lucha de clases amenace más o menos seriamente esa explotación. Y lo harán sin importar a qué extremos lleguen. Responde a una determinación de clase. Digamos también que la dictadura contó con la colaboración activa de otros gobiernos capitalistas de América Latina; con el “dejar hacer”, por lo menos, de las principales potencias; y con la protección, en los organismos internacionales de derechos humanos, de la URSS y de Cuba.  

 

Es claro entonces que no se puede explicar semejante conjunción de fuerzas e intereses por las “inconductas de algunos”. ¿”Inconductas” de las cámaras empresarias que saludaron el golpe? ¿“Inconductas” de los cientos de políticos de partidos burgueses que colaboraron ocupando cargos oficiales desde 1976 en adelante? ¿”Inconducta” de Washington cuando recomendaba a Videla hacer rápidamente el “trabajo sucio”? ¿“Inconductas” de los gobiernos del Cono Sur al instrumentar el plan Cóndor? ¿Y qué decir del apoyo del castrismo, y de la burocracia soviética, a Videla? ¿También “inconductas”?   

 

 La historia enseña

 Contra lo que dice Fernández sobre dar vuelta a la página del período 1976-1983, toda la historia muestra, en lo que atañe a los cuerpos represivos, que sus rasgos de clase terminan imponiéndose por sobre cualquier otra consideración.  

 Por ejemplo, se sugiere que las FFAA no serán golpistas ya que “la totalidad de la oficialidad ha surgido en democracia”. Pero, ¿acaso las oficialidades de las FFAA chilenas y uruguayas que dieron el golpe en sus respectivos países no habían surgido también “en democracia”? ¿O es que esta historia no le dice nada al presidente Fernández?  

 

Se afirma asimismo que los “nuevos” militares argentinos no van a reprimir al pueblo porque se han formado con nuevos planes de estudio de Garré y los Kirchner. Sin embargo, la alta oficialidad que encabezó la dictadura de 1976 a 1983 recibió su formación en los tiempos “de la revolución nacional y popular”. El mismo Videla hizo el curso de oficial de Estado mayor entre 1952 y 1954 (y entre 1942 y 1944 en el Colegio Militar). Algo similar se puede decir de Bignone, Viola, Galtieri. Por lo tanto, ¿qué diríamos de alguien que hubiera asegurado que la formación patriótica-popular de estos personajes garantizaba su alineamiento con los trabajadores?

 

 Pero hay contraejemplos de la tesis que estoy criticando mucho más cercanos. Por caso, recordemos la acusación –avalada, entre otras, por Nora Cortiñas- de que en 2012 Gendarmería montó un operativo para infiltrarse en manifestaciones obreras y populares e identificar a los cabecillas (véase Página 12, 17/02/12). ¿No eran esos gendarmes “productos genuinos de la democracia”? ¿O puede explicar el asunto la “experta” en formación democrática, Garré?

   

 Tomemos ahora el “negacionismo” (negar que hubo terrorismo de Estado). ¿A quién se le ocurre que el mismo sea producto de fallas en la educación de los “negacionistas”? Por ejemplo, gran parte de la intelectualidad progresista, nacional y democrática mira para otro lado cuando recordamos a la Triple A y sus responsables políticos e ideológicos. Es una “negación” que abarca al ejecutivo nacional y a los ejecutivos provinciales; a los legisladores nacionales y provinciales; y a cantidad de dirigentes políticos, sindicales, sociales y estudiantiles. Ninguno de estos personajes, amantes de la memoria, verdad y justicia, pidió, ni pide, que se investigue el tema. Peor aún, cuando las denuncias adquieren alguna relevancia, las acallan con un prepotente “no jodan con Perón”. ¿Se debe a que les falta de “educación democrática”? Si ese es el caso, ¿se solucionará la falla con más tiempo en “democracia”? ¿Cuánta décadas les falta todavía para no ser “negacionistas” de la vinculación Perón – Triple A? ¿O van a decir, de nuevo, que se trata de “inconductas”?

 

 Para terminar con este listado de “casos”, recuerdo que una alta funcionaria del actual gobierno, también experta en democratización de FFAA, hace unos años abogaba para que los militares cursaran carreras en las universidades públicas. Su argumento era que así “afianzarían sus convicciones democráticas” (sospecho que sigue con la misma idea). En cualquier caso, pregunto, ¿oyó hablar esa funcionaria de Concentración Nacional Universitaria? Para aquellos que no vivieron los 1970 les cuento que CNU fue una organización terrorista de ultraderecha, vinculada a la Triple A. Como su nombre lo indica, tuvo origen universitario. Y varios de sus miembros parecen haberse integrado a los grupos de tareas de la dictadura. Pero además, algunos de los que integraban esos grupos de tarea cursaban en la UBA (nos consta a varios que estuvimos secuestrados en Coordinación Federal, en 1976). Y los represores que nos interrogaban -muchas veces picana mediante- no parecían en absoluto incultos. ¿No tiene nada que decir al respecto la “experta en democratización de FFAA”?

 

En definitiva, no hay manera de hacer entrar la tesis “FFAA no represivas gracias a la educación democrática” en la cruda realidad del Estado capitalista y de la sociedad dividida en clases. Pero a los apologistas del “nuevo Ejército” (y de los Milani, dicho sea de paso; véase aquí) esto los tiene sin cuidado. Y en este asunto no hay inocentes. Saben perfectamente qué están diciendo cuando afirman que la dictadura militar y el terrorismo de Estado se debieron a las “inconductas de algunos”, y aconsejan “dar vuelta la página”. Todo sirve para que la gente no saque las conclusiones que se derivan de un estudio objetivo de los hechos (posmodernos abstenerse). Para colmo, a ese repugnante e hipócrita discurso se lo quiere hacer pasar como de izquierda y progre.

Descargar el documento: varios formatos siguiendo el link, opción Archivo/Descargar Como: ¿Inconductas o políticas de clase?

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2020/02/29/inconductas-o-politicas-de-clase/

 

 Ecocida y genocida

 

Consideremos porqué el Foro Agrario Nacional y la Unión de Trabajadores de la Tierra al desatender la realidad capitalista tal cual es y al consagrarse a colaborar con el "Plan Argentina contra el hambre" (en vez de confrontar con los hambreadores) se convierten en funcionales al avance de:

 

La Agricultura 4.0 en Argentina y

la aceleración de un campo sin gente
febrero de 2020

Por César Marchesino

Una importante preocupación entre comunidades campesinas en Argentina y algunos ingenieros agrónomos que trabajan con ellas, es que la Agricultura 4.0 viene a acelerar el proceso de un campo sin gente, algo que comenzó en este país hace tiempo. Brasil y Argentina son los países de punta en el cultivo extensivo de soja, y han ido desplazando a la agricultura convencional y a la campesina. Las comunidades avizoran que se va a acelerar la desaparición de empleos y tareas en el campo.

Hay algunos datos recientes. El Censo Nacional Agrícola (CNA) de 2018 revela que hay una pérdida del 25.5% de las Explotaciones Agropecuarias de Producción (EAP) respecto al CNA de 2002, y en relación al CNA de 1988, la pérdida es del 41.5 %, una cifra alarmante.

Algunas unidades de producción (EAP) revelan una mayor concentración de hectáreas. El 1.08% de las EAP tiene el 36.4 % de la propiedad de la tierra (entre 10 mil y 20 mil hectáreas), mientras que el 54.62% tienen menos del 2.25% de la propiedad agraria (menos de cien hectáreas). Éste es un claro ejemplo de concentración de la tierra. Otro dato significativo: más de 20% de la superficie se explota bajo arrendamiento, quienes detentaban la tierra originalmente se van a las grandes ciudades y entregan las tierras bajo arrendamiento para la producción. Un dato final: existen más de 31 mil contratistas y prestadores de servicios de maquinaria agrícola. Para el caso de las oleaginosas, el 66.5% de sus superficies son cosechadas por contratistas. Esto significa vaciamiento de las zonas rurales, donde sólo en 45.9% de las EAPs la gente vive cerca de sus cultivos. Hoy existen más de 75 mil viviendas deshabitadas de quienes trabajaron la tierra. El resto de EAP, más del 50%, son explotadas por grandes compañías.

El 6 y 7 de noviembre de 2018 se presentó la Agricultura 4.0 en Argentina, en un gran encuentro titulado Silicon Valley Forum. Participó una de las personas que se perfilaba para ser parte del gabinete en el nuevo gobierno: Gustavo Beliz,1 quien entonces llegó como parte del staff del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se encargó de introducir y presentar lo que será la Agricultura 4.0 en el país junto con distintos organismos oficiales y representantes de los agronegocios a nivel local. En su intervención se reveló la clara visión del movimiento político que pasa a ser oficialismo desde diciembre de 2019, expresado en un discurso de construcción de una Agricultura 4.0 “con justicia social”, por decirlo de alguna manera. Lo interesante del discurso es el uso de conceptos mediante los cuales se está creando la idea de una gobernanza 4.0, un empleo 4.0, entre otros afines.

Dijo Gustavo Beliz durante el cierre del evento: “El piloto automático no funciona. Son los Estados quienes deben garantizar un reparto equitativo de los dividendos digitales a partir de un nuevo contrato social tecnológico entre trabajadores, empresarios y gobiernos”. Para esta tarea alentó a construir una “justicia algorítmica” que garantice “la vigencia de valores éticos y humanos junto con una mayor eficiencia”, y aseguró que “las ventajas innovativas pueden ser motor del crecimiento si las tecnologías se aplican con sentido ético”. También sugirió “buscar un salto de calidad, reentrenar a los trabajadores antes de automatizarlos” e incluir en los programas de ayuda social “la capacidad tecnológica, al tiempo que se construyen alianzas estratégicas entre los diferentes actores sociales y la academia.”2

Argumentos oficiales a favor de la Agricultura 4.0

 El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) plantea lo siguiente en un documento recién publicado:

“Considerando que el nivel de adopción de la agricultura de precisión se estima entre un 25 y un 30%, el impacto de estas prácticas promovidas desde la red público/privada que coordina el INTA genera un aumento del saldo exportable de unos 650 millones de dólares. Valor que supera 3.3 veces el presupuesto total asignado al INTA.”3

El INTA argumenta que la productividad que vendrá con la Agricultura 4.0 fortalecerá al mismo INTA porque los impuestos que se van a cobrar generarían inversión vinculada al desarrollo del sector agropecuario.

Destaca también el papel de los colegios profesionales y su compromiso explícito con la Agricultura 4.0. Cuando se llevó a cabo el Silicon Valley Forum, la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos hizo una publicación especial en la que expusieron sus argumentos en favor de esta agricultura. Éste discurso corporativo de los técnicos no refleja necesariamente las necesidades de las comunidades y de la agricultura familiar, pues no toman en cuenta la visión campesina.

Otros argumentos similares tienen la idea de que es importante generar estrategias para que Argentina consolide sus sistemas extensivos de producción conviviendo con la agricultura orgánica y celular en contextos donde se plantean modificaciones institucionales para la introducción de la Agricultura 4.0.

Un técnico como Sergio Feingold, ha planteado de un modo casi filosófico: “¿Qué es lo natural y lo artificial? Hemos modificado a las plantas y animales de tal manera que se cuestionan los transgénicos, pero no nos cuestionamos la aplicación de la biotecnología en otros ámbitos como la salud”.4 Feingold hace estos planteamientos para problematizar las fronteras entre lo natural y lo artificial, y desmontar toda la idea de que podemos cuestionar la artificialidad. Otra participación muy preocupante fue la de Dragan Macura, cuando plantea que “el cambio climático es un desafío más y el secreto para enfrentarlo está en el suelo […] Los microbiomas del suelo existen desde siempre, pero ahora se los está diferenciando para poder estudiarlos en detalle”.5 Y es que una de las argumentaciones a favor de esta “nueva agricultura” tiene que ver justamente con esta idea de que las cosas siempre han estado allí, y ahora simplemente lo que estamos haciendo es conocerlas mejor para poder usarlas a nuestro favor.

Los “argumentos” del mercado

Si la gente en el mundo quiere comer más carne entonces es necesario, por ejemplo, desarrollar la tecnología de la carne sintética, nos dice el mercado. (La sustitución de productos animales es una de las vertientes de las nuevas agriculturas.) Si Argentina es una de las principales productoras de carne, también, debido al desarrollo de su industria biotecnológica,nos insisten, tiene la posibilidad de producir carne en laboratorio.6

Las “críticas” de los profesionales

Lo que dicen los técnicos es interesante de analizar. Supuse que harían argumentos relativos a la sustentabilidad, pero lo que dicen tiene que ver con el cuestionamiento de “¿para qué la Agricultura 4.0 si tenemos un montón de técnicas que ya utilizamos y que podrían funcionar igual?”. O bien: “… la revolución 4.0 es una moneda de dos caras. En los próximos cinco años, destruirá 7 millones de profesiones ‘tradicionales’ en los países más avanzados del mundo, y sólo se van a generar 2 millones de puestos nuevos”.

También sostienen argumentos como “la biotecnología y la información darán la posibilidad de diseñar la vida de nuevo”, basados en lo que afirma el pensador israelí Yuval Noah Harari, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. “Para afrontar los desafíos del siglo XXI estamos obligados a caminar por encima del orden liberal que conocemos y crear algo nuevo. Para ello, necesitamos también parte del orden liberal. Si agarramos el sistema y nos negamos a cambiarlo, no seremos capaces de afrontar los desafíos, especialmente los desafíos de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la biotecnología”, nos indica en su último libro: 21 lecciones para el siglo XXI. Y cuestiona: “¿Qué posibilidades tenemos de no perdernos estas tendencias y crecer?”7 Resulta interesante preguntarse en qué medida estas reflexiones y argumentos establecen algún diálogo con las miradas y saberes de las comunidades campesinas y la agricultura familiar. Ya que en primera instancia parecen ser sólo reflexiones teóricas en manos de técnicos fuera de todo contexto, y desde una pretendida superioridad epistémica.

Agricultura 4.0 en el terreno

¿Qué quiere decir esta agricultura en concreto? ¿y si la consideramos sobre el terreno?

El 35% de las EAPs argentinas tiene acceso a internet, de aquí podríamos predecir que el terreno de las EAPs que usan Agricultura 4.0 es de 35%, sin embargo no es necesario tener acceso a internet para acceder a la tecnología satelital o los drones. Puesto que 35% es una cantidad considerable, si trasladamos ese porcentaje sobre 32 millones 700 mil hectáreas agrícolas (extensivas) de la campaña 2018/19 significan unos 11 millones 440 mil hectáreas.

La tecnología 4.0 en Argentina se utiliza sobre todo en agricultura extensiva (soja, maíz, trigo, girasol, algodón y ahora en el norte de Córdoba hay casos de garbanzo y otros), pero muy poco en producción de frutas u hortalizas; se utiliza casi nada en viñedos de grandes empresas y producciones frutícolas de escala (manzana, ciruela, limón, cereza). Se usa en la producción lechera en tambos de grandes empresas que producen en forma concentrada, de tipo engorde a corral. En Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires hay en total 55 establecimientos en producción bajo techos, y éstos son los únicos que podrían usar 4.0.

En el caso de la ganadería es muy escaso el uso de esta tecnología, son muy pocos los establecimientos de engorde a corral con encierre de más de 10 mil cabezas anuales. Menos de 2% de estos productores pueden usar 4.0. Debe haber unos 400 establecimientos en todo el país, y si bien no se cuenta con datos actualizados, son cerca de 1 millón de cabezas encerradas sobre una faena de 12-13 millones.

Los productores dicen que la Agricultura 4.0 no tiene nada que ver con el sistema de producción agroecológica. Que la 4.0 utiliza tecnología y procesos de producción con muchos productos e insumos químicos. Los pequeños productores la consideran parte del paquete de la agricultura basada en químicos y maquinaria y no creen que eso sea algo que les pueda ayudar. Por el contrario, la perciben como una amenaza para el tipo de producción que ellos tienen. Sin embargo, algo que debe discutirse es el planteamiento de algunos ingenieros agrónomos, que utilizan estas tecnologías, pero dicen estar desarrollando un tipo de Agricultura 4.0 “artesanal”; y generan prestaciones de servicios que pueden incluso prescindir del manejo de “datos masivos” [big data] si lo deciden. Sucede incluso que algunos productores de producción extensiva eligen contratarlos a ellos y no a las grandes empresas. Ésta es una situación que ocurre y es fundamental discutirla de modo amplio y participativo para explorar las limitaciones y alcances de una tecnología como ésta en relación con las comunidades campesinas y la agricultura familiar. 

Notas:

[1] Beliz es secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación desde diciembre de 2019.

[2] https://conexionintal.iadb.org/2018/11/27/267_e_ideas5/

http://www.cpia.org.ar/agropost/201902/nota16.html

[3]  https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta-agricultura-y-ganaderia-de-precision-octubre-2018.pdf

[4] Ibid

[5] Ibid

[6]  http://www.elagrario.com/ganaderia-carne-sintetica-oportunidad-o-crisis-para-la-argentina-1378.html

[7] http://www.cpia.org.ar/agropost/201906/nota4.html

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Nuevo-asalto-tecnologico-a-la-agricultura

 

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Banco de códigos de la Amazonía y

apropiación de la información genética

Por Elizabeth Bravo.

Uno de los nudos críticos en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, es la potestad que tienen los Estados de declarar bienes de uso público ciertos “recursos naturales” permitiendo su acceso y la aplicación de derechos de propiedad intelectual a partir de las innovaciones obtenidas. Para ello, es necesario primero cosificar la naturaleza, para luego transformarla en mercancías.

Al respecto, Nathaniel Comfort1 sugiere que muchos de los peores capítulos de la historia reciente son el resultado del cientificismo: la ideología de que la ciencia es la única forma válida de entender el mundo y resolver problemas sociales. Donde la ciencia ha expandido y liberado nuestro sentido de identidad a menudo el cientificismo lo ha limitado.

Quiero centrarme en la informática y la biología molecular y su confluencia en el proceso de cosificación de la naturaleza, lo que ha creado nuevas metáforas que reformulan la identidad de los seres vivos.

La biología molecular nace del matrimonio de la física y la química, no de la biología, y es una hija de la posguerra, según dijo Regal en 1998. En esa época, los físicos que empezaron a rearreglar las moléculas de la herencia conocían poco sobre los organismos vivos, y se movían dentro de las limitaciones de sus propias disciplinas. Así, la física “colonizó” la biología con el fin de conseguir “progresos científicos” rápidos, siendo la Fundación Rockefeller la principal fuente de financiamiento. Esta fundación promocionó la transición de la biología clásica a la biología molecular y la “química del gen”.

A mediados del siglo XX, Francis Crick propuso el “dogma central del ADN” [el “código de la vida”] y con esto, surgieron nuevas metáforas, provenientes de la cibernética y la teoría de la información. Se propuso “una teoría de las comunicaciones de los organismos vivos”. Después de la propuesta de la doble hélice del ADN, los biólogos moleculares encontraron nuevas analogías con las ciencias de la información, cuando se empezaron a usar palabras como “transcripción”, “traducción”, “mensajeros”, “transferencias” y “señalización”; que el genoma “se deletrea” en un “alfabeto” de cuatro letras. Hoy se habla de “edición génica”.

Las tecnologías de la genética y la industria informática crecieron juntas. Y si la informática se basa en “algoritmos”, los seres vivos están determinados por cuatro letras en el ADN (ACTG) cuya secuencia determina quiénes somos. El ADN se transcribe en ARN mensajero. Éste se traduce en una proteína. La información contenida en los genes constituye el “libro de la vida”.2 Las secuencias de ADN se digitalizan, sus mensajes pueden ser interceptados, decodificados y programados. Así, se impone la biología molecular como la ciencia que explica todos los procesos biológicos, los que están determinados por los genes.

Se creía que el ADN era un texto sagrado transmitido fielmente a las generaciones. Ahora se sabe que esto no es así. Aún desde el punto de vista cientificista, la secuencia de las cuatro letras codificadas en el ADN no determina la esencia de los seres vivos. El medio ambiente influye en la expresión de los genes a través de cambios epigenéticos; todos los organismos vivos conviven de manera simbiótica con bacterias y virus: tenemos diez células bacterianas por cada célula humana, y quién sabe qué otros fascinantes descubrimientos surgirán en el futuro.

A inicios del presente milenio, un consorcio de científicos dio a conocer la decodificación del genoma humano, la quintaescencia de nuestra existencia, así como de una gran cantidad de seres vivos, gracias al desarrollo de métodos de “decodificación del ADN” de manera muy acelerada.

Es así como los seres vivos, sujetos de derechos, quedan transformados en secuencias génicas, lo que facilitó su mercantilización.

Transformación en mercancía

 Al momento existen gran cantidad de bases de datos almacenadas en las “cadenas de bloques” [las blockchains] de secuencias genómicas de varios organismos vivos, especialmente bacterias. Haciendo uso de esta tecnología, se lanzó en el Foro Mundial de Davos un proyecto recientemente llamado “Proyecto Biogenoma de la Tierra (EBP por sus siglas en inglés)” y el “Amazon Bank of Codes” (ABC) [banco de códigos del Amazonas], cuyo objetivo es hacer que los “activos biológicos y biomiméticos” de la naturaleza estén accesibles para los innovadores de todo el mundo.3

La iniciativa pretende replicar al Proyecto Genoma Humano, para crear una base de datos de código abierto para todas las plantas, animales y organismos unicelulares, con el argumento de que ello podría proporcionar el incentivo comercial para preservar la biodiversidad de la Tierra, empezando por la Amazonía.

Hasta ahora, sólo se ha secuenciado el 0.1% del ADN de las especies animales y vegetales, dicen sus proponentes, y las nuevas técnicas de la Cuarta Revolución Industrial están liberando valor económico de la biodiversidad, como los algoritmos de automóviles autónomos inspirados en hormigas, que no colisionan a pesar de que cientos transitan por un mismo espacio. 

Los promotores de esta iniciativa insisten en señalar que al igual que el Proyecto Genoma Humano, que rindió al menos 65 dólares a la economía estadounidense por cada dólar público invertido, el EBP creará una bioeconomía incluyente, beneficios a la salud humana, medicina molecular y ciencia, y permitirá la conservación y regeneración de la biodiversidad.

El EBP durará diez años y costará unos 4 mil 700 millones de dólares, lo que es posible debido a la caída en los costos de la secuenciación genómica. Funcionará mediante una plataforma abierta, global, pública y digital, que registrará y mapeará los “activos biológicos” en la blockchain. Es un código bancario que registrará la procedencia, los derechos y las obligaciones asociadas con los activos de la naturaleza, su propiedad intelectual, para rastrear su procedencia y uso. Cuando se crea valor al acceder a estos activos, los proponentes dicen que los contratos inteligentes facilitarían la distribución “equitativa” de los beneficios a los custodios de la naturaleza y a las naciones de origen con diversidad biológica.

Se trata de un nuevo intento de instrumentalizar la naturaleza, de reducirla a códigos genéticos y de crear falsas expectativas sobre el futuro de la ciencia, la conservación de la biodiversidad, de la salud pública y de las comunidades tradicionales amazónicas.

Cómo se justifica

 Estos nuevos “emprendimientos” se justifican desde una visión profundamente reduccionista diciendo que al descubrir las secuencias génicas de los seres vivos, se puede encontrar “la respuesta” a muchos de los problemas que aquejan a la humanidad y al planeta. Según esta narrativa, “desbloqueando” el valor de la naturaleza, “se puede abordar problemas como la biopiratería y la pérdida de hábitats”.

La justificación central que usan estas propuestas es decir que como las poblaciones indígenas y locales son “custodias tradicionales” de la biodiversidad y jamás se han beneficiado de ella, aunque hay muchas empresas que se han enriquecido con la biopiratería, la solución, dicen los proponentes, son estas iniciativas con “libros de cuentas digitales” que ahora sí van a garantizar la distribución equitativa de los beneficios comerciales, en los términos estipulados en el Protocolo de Nagoya.

Otro argumento es la llamada “sexta extinción masiva” en la que 20 mil especies están en peligro, una “aniquilación biológica” que representa un “atemorizante asalto a los cimientos de la civilización humana”. Alegan que esta iniciativa sí frenará la extinción si se llega a conocer el contenido genómico de todas las especies.

Aquí se presentan dos falacias. 1) no son las comunidades locales las responsables de la sexta extinción, 2) una empresa petrolera o minera o de ganadería extensiva (que sí son responsables de las grandes extinciones), con mercados y cadenas de valor ya bien establecidos, no van a pasarse al negocio farmacéutico, de cosméticos o de materiales.

Dicen que de estas iniciativas surgirá la nueva generación de antibióticos, a partir, por ejemplo, de ranas amazónicas, para enfrentar la amenaza de resistencia a los antimicrobianos; como si el problema de la resistencia bacteriana se resolviera con nuevas moléculas, y no con un cambio en los paradigmas de la cría masiva de animales de granja o de salud pública.

Conclusiones

Los marcos normativos en torno a la naturaleza, la consideran como un conjunto de recursos que pueden ser explotados, o bien como una cosa que incluso puede hacernos daño. La porción de la naturaleza que se analiza sería considerada como un recurso a ser apropiado. El Protocolo de Nagoya lo llama “recurso genético”, y la forma de apropiación es con contratos de “acceso a recursos genéticos” y aplicando derechos de propiedad intelectual, una vez que se hayan encontrado algo de interés para la industria.

Hasta hace unos años era inconcebible que se aplicaran derechos de propiedad intelectual a las formas de vida o sus productos derivados, porque estos derechos se aplican a las invenciones, no a los descubrimientos, pero la legislación de Estados Unidos fue poco a poco expandiendo estos derechos a distintos aspectos de la vida. Ahora, patentar microorganismos está totalmente naturalizado mediante los Acuerdos de Propiedad Intelectual de la OMC y del Tratado de Budapest, que han re-interpretado el concepto de micro-organismo, como cualquier organismo que puede ser cultivado por métodos de laboratorio, in-vitro. Esto amplía enormemente el campo de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual sobre la vida, pues con el avance de esta tecnología casi todos los seres vivos pueden ser cultivados, con excepción tal vez de algunos parásito biotróficos.

Esta interpretación permitió que se otorgue la patente número 4 438 032 sobre la línea celular del ciudadano estadounidense John Moore. Con miles de secuencias génicas en las blockchain, la expansión de los derechos de propiedad intelectual puede llegar a tener alcances inimaginables, afectando cada faceta de la vida.

Es necesario que los debates sobre derechos de la naturaleza se amplíen para analizar el ámbito de la propiedad y apropiación sobre ésta, mediante mecanismos como los contratos de acceso a recursos genéticos (ahora mucho más complejizados a través de su aplicación a plataformas digitales y “datos masivos”), y otros como las concesiones bajo declaratorias de bienes de uso público, o subasta de “servicios ambientales”. Es necesario además que se abogue por ponerle límites a la propiedad intelectual.

Notas:

[1]  Nathaniel Comfort, “How science has shifted our sense of identity”. Nature, 2019.

[2]  Lily Kay,  Who Wrote the Book of Life? A History of the Genetic Code. Stanford University Press, 2000

[3] Fon Mathuros, New Partnership Aims to Sequence Genomes of All Life on Earth, Unlock Nature’s Value, Tackle Bio-Piracy and Habitat Loss. WEF, 2018

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Biodiversidad 103 -Nuevo as...

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Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Nuevo-asalto-tecnologico-a-la-agricultura

En consecuencia, la «reforma agraria integral» como producto y poder de las luchas de recuperación/creación de territorios por los pueblos desafía a estos a situarse en que confrontan con el sistema desertificador pero también en que requieren ganar la autoconciencia de los trabajadores sin la mirada o visión indígena de sentirse parte dependiente de la naturaleza. Reflexionemos sobre:

Máquinas del ecocidio y de la subalternidad

3 de septiembre de 2019

Por Raúl Prada Alcoreza

 

¿Cómo funcionan las máquinas del ecocidio, que son las máquinas del poder, máquinas de guerra y máquinas extractivistas, máquinas de muerte de la  geopolítica del sistema-mundo capitalista? Las máquinas de poder funcionan contra las resistencias; las máquinas ecocidas, funcionan contra los ecosistemas, los ciclos vitales, la vida. Las máquinas extractivistas de la economía-mundo capitalista funcionan contra los ciclos planetarios de largos procesos minerales, hidrocarburíferos y de asombrosa cristalización simétrica. Se trata de máquinas de muerte; el sistema-mundo capitalista solo puede desarrollarse inscribiendo y hendiendo sus marcadas huellas ecológicas, es decir, destruyendo los ecosistemas. Su desarrollo, que ideológicamente se legitima, en el imaginario institucionalizado, como desarrollo  y crecimiento económicos, no corresponde más que a la realidad apocalíptica de la muerte planetaria, dilatada por los ritmos mismos del capitalismo y sus ciclos largos.

 

Quizás una ilustración esquemática ayude a representar este desarrollo del capitalismo. Primero, se prepara el terreno, en palabras teóricas, se conforman las condiciones de posibilidad económicas para la construcción del modo de producción capitalista. Esto es, se cosifican las relaciones sociales, se convierten a los bienes comunes en cosas, después en mercancías; paralelamente, se erige la ideología, es decir, la fabulosa máquina de fetichización generalizada. Una vez conformadas las condiciones de posibilidad económicas, a través de los procesos inherentes a la economía política generalizada, por lo tanto, a la economía política restringida a los límites de lo que el discurso moderno llama economía, la “ciencia de la producción, distribución y el consumo”, en términos más restringidos, la “ciencia del mercado”, se edifica la logística y la infraestructura de lo que el discurso marxista ha denominado el modo de producción capitalista. Siguiendo con la metáfora estructural, después o, más bien, en el transcurso, se erige la arquitectura del modo de producción capitalista. Y en el mismo transcurso, paralelamente, se conforma lo que el mismo discurso marxista denomina superestructura jurídico-política.

 

Cuando el modo de producción capitalista se consolida, sobre todo mundialmente, pues así funciona, en todo el orbe tomado por la economía política generalizada, ya parte de los ecosistemas han sido desmantelados; empero, todavía el planeta conserva sus apariencias “naturales”, mejor dicho, ecológicas, a pesar de las redes de nichos ecológicos demográficos de las sociedades humanas, la red comunicacional, sobre todo física, las redes de transportes marítimos, terrestres y aéreos.

 

(…)Sin embargo, es en la etapa tardía, cuando el modo de producción capitalista generalizado, que ha desterrado a los otros modos de producción, cuando este modo de producción de la valorización abstracta avanza demoledoramente, de manera desmesurada, desequilibrando al máximo los ecosistemas y los ciclos vitales, convirtiéndose en una verdadera amenaza para las sociedades humanas y las formas de vida en el planeta. La constatación de lo que decimos aparece en los alcances que ha tomado lo que se llama eufemísticamente “cambio climático”, alcances que se aproximan a los umbrales mismos de lo que figurativamente nombramos apocalipsis, apocalipsis planetario y de crepúsculo de la civilización moderna, que se clausura, empero, pretende llevarse a las formas de vida del planeta, en su propio desaparecer.  

 

Para lo que nos compete y nos preocupa, en este ensayo, nos focalizamos en lo que pasa en la Amazonia y la extensión complementaria del Chaco del sudeste de Sud América.  Por eso pasaremos a una descripción publicada, que pueda, ahora, ilustrarnos empíricamente sobre lo que pasa. Se trata de una denuncia y relato de lo que sucedió antes y durante la propagación de los incendios en la Amazonia brasilera.

 

Contratación de operadores de motosierra y motoqueros, creación de pistas de aterrizaje clandestinas y mucho más. Los hechos escandalosos que reveló la revista brasileña Globo Rural ocurridos el “Día del Fuego” en la Amazonia. Así pasará a la historia el tristemente célebre 10 de agosto de este año, cuando comenzó un suerte de incendio simultáneos encendidos en forma mancomunada por productores rurales de la región norte de Brasil, que consumieron miles de hectáreas del “pulmón del mundo”. Según la revista, la organización del “Día del Fuego” empezó en el grupo de Whatsapp “Jornal A Voz da Verdade” (Diario La Voz de la Verdad). El grupo fue creado por João Vgas el 17 de agosto de 2016 y tiene 246 participantes, entre productores rurales, expropiadores de tierras y comerciantes del municipio Novo Progreso, en la provincia de Pará. De ellos, 70 aprobaron los planes del “Día del Fuego”, y entonces crearon el grupo “Sertão” – referencia al nombre del establecimiento de Ricardo de Nadai, creador de este segundo grupo. Hasta el final de los preparativos, el grupo llegó a tener 80 participantes. El objetivo principal del grupo era incendiar matas y tierras estatales, y hacer avanzar el fuego hacia la Floresta Nacional Jamanxim, una reserva de 1,3 millones de hectáreas. Su objetivo era alcanzar la Tierra del Medio, escenario de los mayores conflictos de tierras en Brasil. La revista Globo Rural relevó que al menos cuatro miembros de ese grupo ya fueron presos por crímenes ambientales. Antes de provocar el fuego, varias áreas fueron previamente desmatadas. Globo Rural entrevistó a un operador de motosierra que afirmó que “nadie se quedó sin tarea”. Personas fueron traídas de otras regiones de la Amazonia e incluso del Nordeste para realizar la acción ilegal. El procedimiento de este tipo de acción criminal es primero desmotar y después quemar. Esta acción predatoria de la naturaleza contó incluso con pistas de aterrizaje clandestinas para desembarcar gente para la destrucción de la floresta. El 10 de agosto, motoqueros contratados por el grupo atizaron el fuego en los márgenes de la ruta BR-163.

 

Todavía no se sabe si este grupo puede haberse organizado con otros grupos. Sin embargo, todos vieron el resultado: una nube de humo que cubrió el país, y hasta pudo ser vista desde satélites. La misma nube que cubrió San Pablo e hizo atardecer a las tres de la tarde.

 

El 7 de agosto, tres días antes de esas quemas, el fiscal local Gustavo de Queiroz Zenaide avisó lo que estaba por ocurrir al gerente ejecutivo del Instituto brasileño del medio ambiente (Ibama) de la localidad de Santarém, Roberto Fernandes Abreu, a través de un oficio. Este aviso vino a través de un documento oficial protocolado por el Ibama de Santarém el 8 de agosto. En él Gustavo escribe: “productores rurales planifican realizar una quema en la región del municipio de Novo Progresso el 10 de agosto de 2019 como forma de manifestación”. A pesar de todo esto, durante todo el período, el gobierno de Bolsonaro intentó negar la existencia de las quemas, siendo luego desmentido por las nubes de partículas y hollín que cerraron los cielos de San Pablo.

 

La política de Bolsonaro de deslegitimar los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE por sus siglas en portugués), o intervenir el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), no sólo encubre sino defiende los intereses de estancieros, apropiadores de tierra y latifundistas. Él y sus ministros, defensores de que el calentamiento global no existe, en el fondo, por su verborragia irracional, tiene un programa bien claro y extremadamente comprensible por cualquier persona racional: transformar todas las riquezas nacionales en ganancia capitalista, tirar a la basura el futuro del país, el futuro de la juventud, atacar a los pueblos indígenas, fortalecer los asesinatos en el campo, la persecución a los Sin Tierra y terminal con los derechos de los trabajadores.

 

La transformación de esa realidad pasa por un cambio radical de la sociedad en que vivimos. No hay conciliación histórica posible entre una producción volteada hacia la ganancia – cuya dinámica inexorable es la acumulación capitalista – y cualquier cosa parecida a la utilización racional y ambientalmente correcta de los recursos. Solo la organización de una sociedad emancipada de las garras del capital, y por lo tanto con base en los productores libremente asociados podrá superar la explotación predatoria de la naturaleza, la crisis ambiental y la miseria social a la que estamos sometidos[1].

 

La descripción no podría ser más elocuente, teniendo en cuenta los detalles mismos de la organización de la destrucción de los bosques amazónicos. La incumbencia y complicidad operativa del gobierno de Jair Bolsonaro se hace patente en el comportamiento político del ejecutivo, pero también en la modorra de los órganos de poder del Estado. La única que reacciona ante las atrocidades del ecocidio es la sociedad brasilera, el pueblo brasilero y los pueblos indígenas amazónicos, además de los institutos de investigación científica. En contraste, se evidencia con mayúsculo descaro el cinismo grotesco de un gobierno sin horizontes, además de los estratos más conservadores y recalcitrantes de la estructura social brasilera. Se hace patente el despropósito de destruir para obtener las ganancias anheladas por estos estratos de una burguesía sin escrúpulos, que apuestan al goce inmediato, goce banal, por cierto, de la obtención de ganancias y hasta de super-ganancias, a costa de la desaparición misma de los ecosistemas, las formas de vida, los ciclos vitales integrados del planeta.  

 

Estamos, como dijimos antes, ante los síntomas mismos no solo del apocalipsis, sino también ante el desborde descomunal de la decadencia. De la decadencia generalizada en todos sus niveles y planos de intensidad; el institucional, sobre todo, estatal, el relativo al funcionamiento de la economía-mundo, en plena dominancia del capitalismo financiero y especulativo; el de los campos sociales, manifestado en la asombrosa descohesión social, entre sus síntomas, el desprecio a la vida. La decadencia del sistema-mundo cultural de la banalización generalizada; el derrumbe ético y moral. Además, se evidencia lo que podemos nombrar mediocridad generalizada, sobre todo en los perfiles de los personajes de las castas políticas gobernantes.

 

El problema no sólo es que se ha llegado a grados demasiado intensos de la crisis múltiple social, política, cultural y económica, sino que los efectos irradiantes parecen irreversibles. La muerte de las especies y de los seres orgánicos, la muerte de los ecosistemas, la muerte misma de la humanidad de la humanidad, de las sociedades humanas, aunque en una tortuosa dilatación; la muerte de los horizontes, que se pliegan hacia adentro, hacia un centro abismal, que aparece como agujero negro; muertes que patentizan lo irreversible de estas fatalidades, de estas tragedias, de este vaciamiento de la potencia creativa de la vida.

  

Ahora bien, lo que pasa en la geografía política de Bolivia no es distinto de lo que pasa en Brasil, salvo las singularidades del acaecer particular en las formaciones sociales 

diferenciales. Que Evo Morales exprese el perfil simbólico de la convocatoria del mito, encarnada en la simbolización del poder convocante del caudillo, y Jair Bolsonaro exprese el perfil deslucido y gris de un  anacrónico fascista criollo, hace solo a la diferencia de las formas de presentación de los mismo, del desenvolvimiento demoledor de la geopolítica del sistema mundo capitalista en la extensión diferencial de las periferias y de su evolución, en algunos casos, a lo que se denomina, por la burocracia mundial, “potencias emergentes”. Ambos presidentes, uno, de un país anclado en el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, el otro, de un país que se vanagloria, en sus estratos elitistas, de ser “potencia emergente”, son los dispositivos simbólicos, en el teatro político, del demoledor desarrollo capitalista, en la modernidad tardía, cuando domina el mundialmente capitalismo financiero y especulativo.

 

Otra descripción, esta vez de lo que acaece en Bolivia, es ilustrativa empíricamente de la destrucción ecológica para dar lugar al desarrollo desigual capitalista en la geopolítica del sistema-mundo moderno. La descripción publicada parte de las metas propuestas por la forma de gubernamentalidad clientelar del “gobierno progresista”. Para seguir con las consecuencias desastrosas de la persecución anodina de estas metas, por personajes políticos gobernantes, que, a pesar de que se reclamen “progresistas” y hasta “socialistas del siglo XXI”, es más, partidarios del “socialismo comunitario”, son, efectivamente, operadores de las estructuras de poder dominantes en el orden mundial, el imperio, y agentes encubiertos de las empresas trasnacionales extractivistas.

 

El Gobierno plantea llegar a 13 millones de hectáreas cultivadas en 2025, cuando el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras advertía, en 2012, señaló que las áreas agrícolas disponibles en el país serían de sólo 8,9 millones de hectáreas. La observación pertenece al investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea, quien observa que la medida beneficiará a los agroindustriales y que el engrosamiento de la frontera agrícola implica destruir terrenos de vocación forestal. “El estudio Compendio Agropecuario 2012, publicado por el Ministerio, señala que el total agrícola disponible (es decir la sumatoria de la superficie cultivada, barbecho, descanso y tierras con potencial agrícola) alcanza a 8,9 millones de hectáreas, es decir, sólo el 8,1 por ciento del territorio nacional”, señala Ormachea. El investigador, con base en el estudio del Ministerio, añade que si a estos 8,9 millones se restan las tierras que ya están siendo cultivadas y aquellas en barbecho o descanso, las tierras con potencial agrícola se reducen a la mitad, es decir a 4,5 millones. Ormachea resalta que en la medida en que la política gubernamental acordada con los agroindustriales está destinada a la producción de biocombustibles, es decir a potenciar los cultivos de caña de azúcar y soya, las tierras con potencial agrícola en Santa Cruz, Beni y Pando alcanzan a sólo 2 millones de hectáreas.

 

 “Como se puede inferir, una ampliación de la frontera agrícola a 13 millones de hectáreas supone sobrepasar ampliamente estos límites, por lo que el incremento de la frontera agrícola se expandirá a áreas de clara vocación forestal del uso del suelo, que incluyen los territorios indígenas, seguramente con resultados productivos de muy corto plazo, pero no sustentables a futuro; lo que ocurre hoy en la Chiquitanía expresa esta obsesión gubernamental”.

 

Ormachea señala que Bolivia se sitúa entre los países con menores rendimientos agrícolas de la región y con distancias abismales con relación a la productividad alcanzada por los países desarrollados. En el período comprendido entre 2005/2006 y 2016/2017, es decir durante el “proceso de cambio”, los rendimientos promedio anuales apenas sufrieron un muy ligero incremento de 4,76 toneladas métricas por hectárea a 4,96. Se requieren, por tanto, políticas públicas orientadas a mejorar sustancialmente la productividad”. El investigador plantea que, considerando la propuesta gubernamental de lograr 13 millones de hectáreas para producir 45 millones de toneladas métricas hacia 2025, en realidad se retrocede en productividad, pues se alcanzaría un rendimiento de sólo 3,46 toneladas métricas por hectárea. “Gran regalo del MAS para celebrar el bicentenario de Bolivia, a costa, obviamente, de sus bosques y su biodiversidad”.

 

El estudio cuantifica 90 mil kilómetros cuadrados como la totalidad de superficie agrícola disponible. Unos 27.500 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie cultivada. Hay otros 45 mil kilómetros cuadrados con potencialidad agrícola. La mayoría está en Santa Cruz, con 15 mil kilómetros cuadrados. Pando tiene 6 mil. Algo más de 9.500 kilómetros están reservados como zonas de descanso[2].

Otra descripción empírica también ayuda ilustrativamente a comprender los alcances de la fenomenología apocalíptica de la destrucción capitalista, sobre todo, en una de las periferias de la geopolítica del sistema-mundo moderno. Se enfoca la trágica situación en el Chaco húmedo boliviano, sobre todo en la geografía administrativa denominada Chiquitana.

 

El incendio de magnitudes en la Chiquitanía ha destapado el tema de la distribución de tierras en el oriente boliviano. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha negado que se haya dado permisos de asentamientos en las zonas del siniestro, pero las resoluciones emitidas desde marzo contradicen a esa repartición del Gobierno central. Entre el 11 y el 17 de marzo, el INRA entregó resoluciones de aprobación de asentamientos a las llamadas “comunidades interculturales”, sectores sociales de colonizadores, movimientos sin tierra y gremios sindicalizados aliados al régimen de Evo Morales, que desde 2006 se vienen organizando para lograr tierras en los valles, oriente y Amazonía del país.

 

Las resoluciones beneficiaron a grupos como la Comunidad Intercultural agroecológica Marcelo Quiroga Santa Cruz adjudicada con 650 hectáreas de tierra y la Comunidad Agropecuaria Intercultural El Quebracho con 1.350 ha, ambas en San Miguel de Velasco; la Comunidad Intercultural Alborada logró 1.551 ha en San Ignacio; los interculturales Pampa Grande con 1.350 ha en San Rafael. Posteriormente, en marzo, el INRA volvió a dotar de tierras fiscales a estas comunidades colonizadoras, aprobando la entrega de 26.157 ha para la Federación de Interculturales de Santa Cruz, a fin de consolidar los asentamientos en las provincias Chiquitos, Cordillera, Ñuflo de Chávez y Velasco de Santa Cruz. Otro documento muestra la lista de 26 comunidades afiliadas a la Central Única de Campesinos de Santa Cruz, que se beneficiaron con resoluciones de asentamientos por más de 60 mil hectáreas a un promedio de 1.500 ha por comunidad, en un proceso que abarcó desde febrero a abril de este año.

 

El director nacional del INRA, Roberto Polo, había negado que esa entidad hubiera aprobado los asentamientos en las zonas en las que se produjo el incendio que hasta la fecha no ha podido ser sofocado, aunque la magnitud y cantidad de focos de calor redujeron 80 por ciento, quedando 142 puntos reportados. “Nosotros desmentimos categóricamente a la población en general que los focos de calor hubieron sido a raíz de los asentamientos. Reitero, no tenemos asentamientos desde el 2018 y en la actualidad no se están haciendo asentamientos”. Sin embargo, el documento de aprobación de asentamientos para la Central Única de Campesinos de Santa Cruz incluye al municipio de Roboré, donde se presume comenzó el siniestro que hasta hoy ha provocado la pérdida de 1,1 millón de hectáreas y mantiene 30 incendios activos en la zona de la Chiquitanía. Entre Pailón, Roboré y San José de Chiquitos figuran nueve comunidades beneficiadas con terrenos para la expansión de la frontera agrícola. En Roboré, específicamente, se encuentran la Comunidad Campesina Agroforestal Aguas Claras y la Comunidad Tupac Amaru, esta última cercana a Tucavaca, donde a fines de 2018 hubo resistencia para el ingreso de colonizadores a la zona por existir ahí una reserva natural. Mientras desde el régimen de Evo Morales se rechaza el tema de asentamientos, los activistas y cívicos cruceños desplazados en la Chiquitanía han verificado que existe tala de árboles y apertura de caminos. También se muestran en imágenes carteles de las comunidades interculturales con nombres como “San Lorenzo”, “Miraflores”, hasta “Comunidad Evo Morales”. El director del INRA también anunció dar cumplimiento a la “pausa ecológica” que decretó el mandatario del Estado Plurinacional. “Se ha suspendido absolutamente todo, así como se ha instruido a la Unidad de Catastro a nivel nacional que no se va a permitir la mutación y la transferencia de bienes en el lugar en cuanto no se tenga todo este desastre controlado”.

 

Para el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, las tierras afectadas por el incendio son precisamente aquellas que el INRA repartió desde 2018, pues el 70 por ciento de las hectáreas quemadas son tierras fiscales y de empresas agropecuarias. Colque, en palabras al matutino Los Tiempos, confirmó que los incendios afectan a los municipios de San José de Chiquitos, San Rafael, San Ignacio de Velasco, San Matías, Roboré y Puerto Suárez. La Fundación Tierra calcula que existen más de mil comunidades asentadas en la Chiquitanía, desde el inicio del “proceso de cambio” en 2006, con políticas gubernamentales que promovieron además los “perdonazos” a las quemas y desmontes ilegales.

 

 El investigador y abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Leonardo Tamburini, publicó en su cuenta de Facebook, las diez normativas elaboradas durante la última gestión de Evo Morales, para ampliar la frontera agrícola en deterioro de las tierras, reservas naturales y territorios indígenas. Tamburini llama “paquetazo” a estas leyes y decretos, fruto del consenso entre el MAS y el empresariado de Santa Cruz y Beni, que van desde la Ley 337 de 2013, que estableció el “perdonazo” a los desmontes ilegales desarrollados entre 1996 a 2011, hasta el polémico Decreto Supremo 3973 de julio de 2019, que amplió el desmonte de bosques y la quema controlada en tierras comunitarias en ambos departamentos. “Se debe cambiar el modelo productivo agroextractivista, que supone la liquidación de los bosques nacionales”. La distribución de tierras del régimen de Evo Morales coincide con el informe de la Fundación Tierra de 2011, que identificó zonas de expansión agrícola y ganadera en Santa Cruz, que tenía importante presencia de empresas de Brasil. La Chiquitanía, en un mapa elaborado por esa organización, se encuentra justo en la zona que va desde San Miguel a Puerto Suárez, con esta región amazónica en medio, caracterizada como “área de expansión agrícola”.

En marzo, cuando el entonces director del INRA y actual viceministro de Tierras, Juan Carlos León, entregaba la resolución de asentamientos a la Federación de Interculturales de Santa Cruz, que incluyó parte de la provincia Chiquitos, conminaba a los colonizadores a apresurar la instalación de cultivos. “De estas 26.000 hectáreas, quisiéramos que para el siguiente año estén cultivadas 6.000 hectáreas. Sabemos que se requiere capital para producir, es importante que ustedes produzcan para aportar a la Seguridad Alimentaria del país”. El 9 de julio el consejo de ministros aprobó el Decreto Supremo 3973 dictado por el mandatario Evo Morales, con el que se amplió la acción de desmonte de tierras a las llamadas “tierras comunitarias”, es decir, aquellas que el INRA ya había aprobado para la acción de los interculturales meses antes.

 

El anterior decreto 26075 de 2001, que fue modificado con esta norma presentada en la sede de la Federación de Ganaderos de Beni, solo aprobaba el desmonte en tierras privadas y según reglamentos departamentales. El D.S. 3973 agregó la figura de “tierras comunitarias” y también incluyó a Beni en los permisos de “quemas controladas” o “chaqueos”, que ya se daban en Santa Cruz. Con el siniestro de la Chiquitanía, el Gobierno quedó marcado como “ecocida” y “biocida”. Sin embargo, las posiciones ambientalistas quedan cortas con un tema que hace a la redistribución de las tierras de oriente y amazonía en favor de los sectores corporativos que son la base social del régimen socialista populista de Evo Morales. Datos últimos de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano hablan de 40 millones de árboles con valor comercial perdidos por el siniestro, que tendrían un valor de mercado de 1.140 millones de dólares en este bosque seco, además de alertar sobre 1.200 especies de fauna afectada entre 43 ejemplares de anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos[3].

 

Lo sugerente de estas descripciones empíricas es que nos muestran las correlaciones y vinculaciones entre dispositivos jurídicos y políticos con los desplazamientos de la destrucción ecológica. Por otra parte, es importante anotar, que proporcionalmente, la magnitud de la destrucción de la Amazonia es relativamente mayor en Bolivia que en Brasil. El aditamento, un tanto distinto a lo que ocurre en Brasil, es que el gobierno boliviano se presenta como “defensor de la Madre Tierra”, aunque, ciertamente, desde el conflicto del TIPNIS y la evidencia de la Cumbre de Naciones Unidas de Cancún se ha caído la careta; en cambio, el gobierno fascista criollo brasilero se presenta descarnadamente tal como es, incluso en sus propios discursos desnudos y provocadores. Empero, este contraste complementario nos muestras que es inocuo tratar de diferenciar a los gobiernos por la forma ideológica con la que se presentan, pues, al margen de que esto tenga efectos en la convocatoria discursiva a los pueblos, se trata de dispositivos discursivos diferenciales al servicio de lo mismo, el funcionamiento de lageopolítica del sistema-mundo capitalista, en su etapa tardía y de dominancia del capitalismo financiero y especulativo.

 

En Bolivia, se ha tratado de presentar los incendios como un accidente, en el mejor de los casos, como un descontrol del chaqueo, que estaba normado como “quema controlada”, en el peor de los casos, en su forma grotescamente manipuladora, como una extensión casual de los incendios dados en el Brasil y en Paraguay. Sin embargo, esta versión oficialista cae por su propio peso, pues no puede ocultar ni las políticas extractivistas del gobierno, tampoco sus dispositivos jurídicos, leyes, normas, reglamentos, que alientan la ampliación de la frontera agrícola, incluso avanzando en áreas de vocación forestal. Por otra parte, no pueden ocultar lo que efectivamente ha ocurrido, la entrega de tierras a “comunidades” de colonizadores, mal llamados “interculturales”, además de las concesiones dadivosas a la burguesía agroindustrial de la soya y también, en su desenvolvimiento, del añorado biocombustible, acompañado por la promoción de los transgénicos.

 

En otras palabras, observando lo que ocurre en Sud América, en la álgida coyuntura de crisis ecológica del presente, lo que acaece en la Amazonia, tanto brasilera como boliviana, así como en la Amazonia peruana, además de lo que acaece en el Chaco paraguayo, corresponde a los costos de muerte ecológica del desarrollo del capitalismo en su etapa tardía, es decir, financiara, especulativa y desbordadamente extractivista. Que se den perfiles de gobierno distintos, en rostros diferentes de presidentes, no sugiere otra cosa que el desenvolvimiento destructivo del capitalismo puede darse en distintas versiones políticas.

 

 

Conclusiones

  • Las máquinas ecocidas, que son las máquinas capitalistas, además, en su contexto mayor, máquinas de poder, despliegan, en plena modernidad tardía, cuando se combinan barrocamente, una vinculación perversa de tecnologías de última generación con la destrucción atroz de las formas de vida en el planeta, son máquinas de guerra sofisticadas de la civilización moderna contra la vida.
  • El funcionamiento de estas máquinas corresponde a la heurística depredadora del sistema-mudo capitalista, sobre todo, en la etapa de la dominancia del capitalismo financiero, especulativo y demoledoramente extractivista.
  • La crisis ecológica es planetaria, no está focalizada en algunas regiones o espacios cardinales del planeta. La diferencia radica en que, desde la perspectiva de la geopolítica sistema-mundo capitalista, las regiones de lasperiferias tiene que pagar, fuera del desarrollo desigual y combinado y la desigualdad diferencial de los términos de intercambio, además de la proletarización generalizada de sus poblaciones, con la destrucción sistemática e irreparable de sus bosques y de sus suelos.
  • En Brasil, el proceso de la destrucción ecológica, que, obviamente comenzó antes, y comprometió a los “gobiernos progresistas” del PT, ha cobrado una desmesura descomunal en el gobierno de Jair Bolsonaro. En Bolivia, en la tercera gestión de los gobiernos de Evo Morales Ayma, también denominado “progresista”, la desmesura descomunal de la destrucción ecológica cobra apocalípticamente magnitudes escalofriantes.
  • La alianza de los gobiernos del PT fue desplazándose, paulatinamente, con los distintos estratos de la burguesía, primero con la burguesía industrial, lo que es comprensible, después, con los estratos burgueses mas bien especulativos. El gobierno de Jair Bordonero, a pesar del perfil desnudamente fascista criollo, puede leerse como continuidad de lo que se venía proyectando, a pesar de la diferencia en las políticas sociales, de salud y del trabajo. En otras palabras, las gestiones corrosivas de los últimos gobiernos del PT cavaron la sepultura del proyecto “progresista”. En circunstancias catastróficas de crisis múltiple del Estado, en el contexto coyuntural del derrumbe ético y moral del proyecto progresista, emerge, casualmente, un personaje altamente anacrónico, de los estratos de la lumpen-burguesía, aliada, por cierto, a los estratos recalcitrantemente conservadores de la oligarquía “café con leche”.
  • La alianza del gobierno de Evo Morales con los estratos más conservadores de la burguesía boliviana, sobre todo con los estratos más depredadores, patentiza no solamente el decurso de la genealogía del poder del “gobierno progresista”, sino la fatalidad ineludible del circulo vicioso del poder y del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

Notas

[1] Leer Escándalo: cómo se organizaron las criminales quemas en la Amazonia. https://www.laizquierdadiario.com/Escandalo-como-se-organizaron-las-criminales-quemas-en-la-Amazonia? Leer

[2] Leer Cedla: Gobierno pasa por alto sus cifras para la frontera agrícola.https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190903/cedla-gobierno-pasa-alto-sus-cifras-frontera-agricola.

[3] Leer Siniestro de la Chiquitanía destapa masiva distribución de tierras del oriente para interculturales.http://www.visorbolivia.com/noticia/5656.

Fuente: https://www.bolpress.com/2019/09/03/maquinas-del-ecocidio-y-de-la-subalternidad/

 

 Alternativas emancipatorias

 

Analicemos porqué distanciarnos e independizarnos del Foro Agrario Nacional y la Unión de Trabajadores de la Tierra: -Desatienden el modo capitalista de producción que es ecocida, etnocida y genocida. -Se focalizan en colaborar con el "Plan Argentina contra el hambre" cuando ,como el pacto social, hace a la gobernabilidad del sistema de constante aumento de las injusticias social y ecológica.

 

Pero desde ese posicionamiento consecuente con objetivos comunes a ambos buscar el encuentro imprescindible si real y efectivamente miran por la soberanía alimentaria en -junto a todes les diverses de abajo- bregar por poner fin a la política del Estado, sobre todo desde los setenta, de garantizar la acumulación gran capitalista por expoliación tanto de los trabajadores y pueblos como de la naturaleza.

 

Alberto contra la biodiversidad: promoverá actividad petrolera en el mar, megaminería y no cambiará el modelo agrotóxico

4 de marzo de 2020

 

Por Patricio Eleisegui

En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, Fernández oficializó su apuesta por el extractivismo y su postura frente al resto de las actividades.

"A favor de la preservación de las condiciones de vida de nuestro pueblo, queremos construir una Argentina medioambientalmente sustentable”.

Con esas palabras, el presidente Alberto Fernández activó el espacio asignado al tratamiento de los recursos naturales en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias 2020.

Pero lo que parecía el inicio de un derrotero de políticas orientadas a combatir los efectos del calentamiento global o la preservación de los ecosistemas derivó en exactamente lo contrario.

Sin escatimar detalles, y lo suficientemente claro como para no dejar lugar a libres interpretaciones, el primer mandatario informó que su gestión mantendrá como prioridad actividades opuestas al resguardo de la biodiversidad como la explotación de hidrocarburos -tanto en el continente como en la plataforma marina-, la minería a gran escala, y también la agricultura atada al paquete tecnológico que combina transgénicos con agrotóxicos.

“Los hidrocarburos serán una palanca para el desarrollo productivo de nuestro país. Vamos a extraer los recursos a partir de un entramado productivo tecnológico y diversificado en todas las provincias argentinas”, expresó Fernández en un tramo de su enunciación.

“Por eso, enviaré a este Congreso un proyecto de ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero que promueva y estimule la inversión nacional e internacional en el sector y facilite el desarrollo de la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios”, añadió.

 

Vaca Muerta

Aunque omitió la referencia directa, Fernández apuesta a reavivar las actividades extractivas en el reservorio no convencional de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Un área que, sobre todo en 2019, perdió interés comercial para las petroleras por efecto de variables como el control al giro de divisas al exterior, el incremento en los costos operativos y, principalmente, el recorte de jugosos subsidios estatales. 

Vaca Muerta, como expuso Economía Sustentable hace muy pocos días, ya es escenario de desastre ambiental por efecto del sistema de extracción consagrado por las petroleras que operan en el área: la fractura hidráulica, también conocida como “fracking”.

La técnica en cuestión, aplicada por compañías como la estatal YPF, Tecpetrol -grupo Techint-, la malaya Petronas, y las europeas Wintershall y Total, entre otras, comprende la perforación de pozos mediante la rotura de rocas subterráneas con explosivos. Y la posterior inyección de una mezcla de agua y una batería de formulaciones que puede ir de 20 a 500 aditivos. 

En concreto, el método combina aspectos de la explotación petrolera consolidada y la labor minera más cuestionada a partir de una ausencia total de cualquier criterio de sustentabilidad.

Como ya contó este medio, el impacto negativo del “fracking” en Neuquén se hizo evidente en cuanto las áreas bajo situación de monitoreo entraron, a partir de 2015, en fase de explotación directa e intensiva. La primera consecuencia inmediata fue la irrupción de sismos en un territorio de la Patagonia que no había temblado en más de 100 años. 

Solo en 2019 el área bajo fractura hidráulica sufrió 135 sismos confirmados. Se generó, además, un volumen anual de “flowback”: agua con químicos y otros residuos industriales que devuelve cada perforación, equivalente a algo más de 500 piletas olímpicas de 50 metros de largo. 

Y, de acuerdo a lo que pudo constatar Economía Sustentable, se consolidaron casi 60 pozos sumideros que albergan sin tratamiento alguno a esos mismos líquidos, en filtrado permanente hacia la dorsal Huincul, falla geológica predominante en esa zona de la provincia de Neuquén.

Dicho sistema de extracción hidrocarburífera, anticipó Fernández este último domingo, contará en breve con el respaldo de una ley nacional. Pero hay más: en su pronunciamiento, el Presidente adelantó que promoverá una normativa para establecer una nueva demarcación de la plataforma continental argentina. Esto, expresó, con el fin de acentuar el extractivismo.

“El ‘Proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina’ contribuirá a consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo. La adopción de la ley y la publicación de las coordenadas de la plataforma continental argentina incrementarán la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias”, precisó. 

De avanzar con estas operaciones, Argentina finalmente entrará en el grupo de países con intervenciones petroleras concretas en el océano -u “offshore”- con el riesgo de catástrofe que esto encierra. 

Según organizaciones ambientalistas, en los últimos 50 años han ocurrido alrededor del mundo más de 130 vertidos de hidrocarburos en ecosistemas marinos con consecuencias letales para infinidad de especies.

 

Status quo 

En otro tramo de su discurso, Fernández se refirió a la minería como un ámbito en el que “tenemos grandes posibilidades pendientes, con pleno respeto a estándares ambientales y participación social”.

“En particular, la minería metalífera y la del litio se presentan como grandes oportunidades para aumentar las exportaciones argentinas”, justificó. Con este posicionamiento, el Presidente vuelve a colocarse en la vereda de enfrente de la exigencia popular de acabar con la megaminería.

La postura muestra también que lo ocurrido en Mendoza a fines de diciembre de 2019, con el pueblo movilizado en oposición a la extracción con cianuro y la depredación de las fuentes de agua, no modificó en absoluto la predilección del mandatario por esa forma de explotación.

Con su espaldarazo a la actividad, el primer mandatario coloca en el cajón de lo desestimado a eventos como la sucesión de derrames protagonizados por la minera Barrick Gold en su yacimiento Veladero, en el territorio de San Juan. 

Ocurridos entre 2015 y 2017, derivaron en el vertido de millones de litros de solución cianurada en los ríos que atraviesan los departamentos de Iglesia y Jáchal, enclavados en el norte de esa provincia. Semejante acción representa, al menos hasta hoy, el mayor evento de contaminación generado por una minera en toda la historia del país. 

En el caso del litio, la contracara de esa explotación está en el impacto ambiental que su extracción genera en los salares de Jujuy, Catamarca y Salta que contienen al mineral. Asimismo, su producción consume una enorme cantidad de agua, recurso que claramente no abunda en la Puna.

Por último, Fernández se refirió al agronegocio dando evidencias que, más allá de la decisión de avanzar con una dirección de agroecología -cuya demora en la oficialización ya comenzó a despertar suspicacias-, la decisión gubernamental es no modificar el “status quo” predominante en términos de métodos de producción. 

“Nos hemos ocupado de mejorar las condiciones para que los productores del campo tengan un más fácil acceso al crédito. Hemos cuidado que el precio de los combustibles no los afecte tampoco. Una divisa estabilizada ayuda mucho a la hora de comprar insumos”, dijo el Presidente.

Para luego agregar: “Partiendo de allí, y queriendo preservar el mejor desarrollo del campo, hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones en la que sólo se incrementa uno de un total de veinticinco cultivos que hoy están afectados por esos derechos.”

Dicho de otro modo, el Gobierno incrementará las retenciones a la soja transgénica como fuente de regalías para las arcas oficiales -una constante desde mediados de los años 90 a esta parte-, mientras que no establecerá cambios para el resto de los productos que lideran las exportaciones agrícolas de la Argentina. 

Fuera de discusión para el primer mandatario: las consecuencias socioambientales de un modelo que, consolidado a partir de la deforestación y el colapso de la diversidad agrícola a manos del monocultivo, pero sobre todo basado en el uso irrestricto de agrotóxicos, amenaza la supervivencia  de millones en el interior del país.

Economía Sustentable

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/alberto-contra-la-biodiversidad-promovera-actividad-petrolera-en-el-mar-megamineria-y-no-cambiara-el-modelo-agrotoxico

 

 

Necesitamos, les diverses de abajo, reconocer que les gobiernos e intelectuales progresistas son tan neoliberales o procapitalistas y entregadores de países a imperialismos como los que se muestran sin máscaras. Ambos hablan de fuentes de trabajo y prosperidad para justificar los ecogenocidios implícitos en los extractivismos.

 

 

El debate sobre el “extractivismo” en tiempos de resaca

Publicado el 20 abril, 2016

 

Por Horacio Machado Aráoz

 

A la Memoria de Berta Cáceres

“Desde su origen, el capital ha utilizado todos los recursos productivos del globo… tiene necesidad de disponer del mundo entero y de no encontrar límite ninguno en la elección de sus medios de producción”. (Rosa Luxemburgo, 1912).

 

Hace poco más de un lustro ya, inmersos todavía en el clima refrescante de las expectativas emancipatorias abiertas por el “giro a la izquierda” en América Latina, asistíamos a la irrupción de las discusiones en torno a la matriz socio-productiva y las estrategias económico-políticas seguidas en la región como curso para salir y, eventualmente, superar el trágico estadio del neoliberalismo. Por entonces, los debates sobre el “extractivismo” corrieron como reguero de pólvora en las siempre agitadas tierras ideológico-políticas de la región (Gudynas, 2009; Acosta, 2011; Svampa, 2013; Lander, 2013). Para ser precisos, los revuelos causados por la materia, repercutieron con mayor fuerza en el hemisferio ideológico de actores y referentes (políticos, intelectuales y movimientos) de la izquierda. Pues como bien precisó en su momento Eduardo Gudynas (2009), no estábamos ante una problemática que pueda decirse “nueva”; más bien todo lo contrario. Lo ‘novedoso’ o lo extraño del caso residía en que eran ahora gobiernos y fuerzas políticas auto-identificadas como de izquierda los que asumían la defensa y el impulso de políticas centradas en la profundización de la vieja matriz primario-exportadora, aquella misma con la que nuestras sociedades fueran violentamente incorporadas al mundo del capital y su estructura de división internacional del trabajo.

 

Esa matriz primario-exportadora, que fraguara como indeleble marca colonial de las economías latinoamericanas, y cuyas implicaciones externas (en términos de dependencia y “desarrollo del subdesarrollo”) e internas (configuración de élites oligárquicas autoritarias y rentísticas, estratificación social dualista y altamente desigual, etc.) fueran objeto de crítica y de análisis de lo mejor de la teoría social latinoamericana, era ahora reivindicada como una vía popular-emancipatoria por políticas (dichas) de izquierda.

Como ya es harto sabido, las críticas y las resistencias a estas políticas, fueron sistemáticamente rechazadas y reprimidas, generando una escalada de violencia que, en este punto, llegó a equiparar las respuestas que se daban desde “derechas” e “izquierdas” en el poder.

 

El argumento central de la izquierda oficialista era que estas posturas “le hacían el juego a la derecha” (Borón, 2013). Se reivindicaba el uso estatal de la renta extractivista como motor de las políticas de “desarrollo con inclusión social” y se veía en las críticas sólo intentos solapados o abiertos de desestabilización. Lamentablemente, para los gobiernos progresistas de la región –para los intelectuales y fuerzas políticas adherentes- el concepto de “extractivismo” acabó oficialmente devenido en “arma ideológica” del ambientalismo de derecha. El vicepresidente de Bolivia oficializó esta postura, señalando que “detrás del criticismo extractivista de reciente factura contra los gobiernos revolucionarios y progresistas, se halla pues la sombra de la restauración conservadora” (García Linera, 2012: 110). Los presidentes que más públicamente se mostraron en los ámbitos internacionales como “defensores de la Madre Tierra” y/o de los Derechos de la Naturaleza, fueron paradójicamente quienes más lejos llegaron en sus acusaciones a los movimientos sociales que intentaban frenar el “extractivismo”. Tempranamente, Rafael Correa planteó que “no crean a los ambientalistas románticos, pues todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista” (Cit. por Isch, 2014). En el mismo sentido, Evo Morales sentenció que “el ambientalismo es el nuevo colonialismo del siglo XXI” (Cit. por Stefanoni, 2012). El abanico de las descalificaciones iba desde los motes de infantilismo, romanticismo, pachamamismo, hasta las acusaciones de “eco-terroristas” y/o “agentes encubiertos del imperialismo”.

 

Luego, reunidos en la XII Cumbre del Alba en Guayaquil, los gobiernos progresistas emitían una declaración en la que señalaban: “rechazamos la posición extremista de determinados grupos que, bajo la consigna del anti-extractivismo, se oponen sistemáticamente a la explotación de nuestros recursos naturales, exigiendo que esto se pueda hacer solamente sobre la base del consentimiento previo de las personas y comunidades que vivan cerca de esa fuente de riqueza. En la práctica, esto supondría la imposibilidad de aprovechar esta alternativa y, en última instancia, comprometería los éxitos alcanzados en materia social y económica” (XII Cumbre del ALBA, Declaración de Guayaquil, 30 de julio de 2013).

 

Así, alegando los intereses de las clases oprimidas y la bandera de la lucha contra el imperialismo, los gobiernos progresistas terminaron justificando la senda del “extractivismo” como una condición necesaria para sostener los empleos, los salarios, las políticas sociales. Lamentablemente, ese razonamiento pasó por alto que sostener el empleo, los salarios, el consumo, etc., es sostener el crecimiento, las inversiones, las tasas de ganancia… En fin, el sistema mismo. El énfasis “anti-neoliberal” llevó a ocluir el fondo del problema. La prioridad de las políticas de “reactivación” condujo a soslayar los desafíos del cambio revolucionario. Como señaló Ruy Mauro Marini para ciclos anteriores, “se confundió crecimiento con transformación estructural” (Marini, 2013). Por desgracia para el curso presente y futuro de los procesos sociopolíticos, los tan ponderados “éxitos alcanzados en materia social y económica” no fueron comprometidos por la eficacia de las resistencias “anti-extractivistas”, sino, elementalmente, por el agotamiento del ciclo de alza de las commodities.

Esto cambia drásticamente las condiciones del diálogo, pero no el fondo de la cuestión. Es que, cuando iniciamos estos debates, vivíamos inmersos aún en un clima signado por la borrachera del crecimiento. La oficialidad del poder hacía gala de mayorías aplastantes forjadas al ritmo de las cotizaciones de petróleos, soja, pasta de celulosa, aceites y proteínas básicas prensadas, hierro, cobre, molibdeno, y por supuesto, oro y plata… Hoy, el escenario ha cambiado rotundamente. Ahora en cambio, el cuerpo social latinoamericano está atravesando el tiempo de la resaca… Como tantas otras veces en la historia económica de la región, el momento cíclico de auge, duró poco; tras el mismo, los efectos y los síntomas de las expropiaciones y devastaciones, afloran a la superficie. El dolor de la expropiación se siente a flor de piel (Machado Aráoz, 2012); los efectos anestésicos del consumismo -del consumo ostentoso de las élites; del consumo imitativo de las clases medias y el consumo compensatorio de las bases de la pirámide (Machado Aráoz, 2013; Scribano y DE Senna, 2014) han perdido eficacia. Son tiempos de aturdimientos y confusiones; también de crisis y levantamientos oblicuos, de efervescencia de la conflictividad social y política; en suma, de agudización y explicitación de las violencias y los violentamientos expropiatorios (Antonelli, 2016). Quizás, lo único promisorio de este sombrío escenario presente, es que, tal vez, estemos ahora, en mejores condiciones para volver a plantear y a re-pensar, precisamente, el fondo de la cuestión.

El extractivismo como geo-metabolismo del capital

“El capitalismo vive a expensas de economías coloniales; vive, más exactamente de su ruina. Y si para acumular tiene absoluta necesidad de ellas, es porque éstas le ofrecen la tierra nutritiva a expensas de la cual se cumple la acumulación”. (Rosa Luxemburgo, 1912).

El fondo de la cuestión, a nuestro modo de ver, sobre la problemática del –probablemente mal llamado- fenómeno del “extractivismo” es el de la naturaleza colonial del capitalismo y, más genéricamente, el de los resabios (por cierto contradictoriamente antimaterialistas) antropocéntricos, productivistas y evolucionistas que aún hoy afectan la radicalidad revolucionaria del pensamiento marxista [1].

Sobre la primera cuestión fundamental, cabe señalar que la razón progresista ha incurrido (interesadamente o no) en una gravosa omisión teórico-política sobre las raíces, los alcances y las funciones del extractivismo en la ecología-mundo del capital. Pretendiendo limitarlo temporalmente a ciertos períodos y/o restringirlo espacialmente a las geografías donde se localizan las “actividades extractivas”, los voceros de los gobiernos progresistas han procurado desconectar / desconocer los insoslayables vínculos histórica y geográficamente existentes entre extractivismo, colonialismo y capitalismo. Por caso, García Linera ha planteado que el extractivismo es sólo una fase o etapa de los procesos productivos que se halla en cualquier formación social, independientemente de sus características y condiciones histórico-políticas específicas. Para él, “el extractivismo, el no-extractivismo o el industrialismo (…) son sistemas técnicos de procesamiento de la naturaleza mediante el trabajo y pueden estar presentes en sociedades precapitalistas, capitalistas o sociedades comunitaristas. (…) Los críticos del extractivismo confunden sistema técnico con modo de producción y a partir de esa confusión asocian extractivismo con capitalismo, olvidando que existen sociedades no-extractivistas, las industriales ¡plenamente capitalistas!” (García Linera, 2012: 107).

Sin embargo, esto se contradice con (y reniega de) los análisis elementales de Marx sobre los orígenes y la naturaleza del capitalismo. El capitalismo es un modo histórico de producción que, desde sus orígenes, surge y se constituye como tal en cuanto sistema-mundo, no apenas como “economía nacional”. Aún cuando Marx se concentró en el análisis del capitalismo británico, como la expresión más acabada de éste en el siglo XIX, nunca postuló que la economía británica podía ser comprendida en sí misma, al margen de las relaciones coloniales establecidas con el resto del mundo. Y más aún, el apogeo británico del siglo XIX, no es un hecho azaroso, sino el resultado del proceso histórico de despliegue de las relaciones coloniales que Europa protagoniza a partir de fines del siglo XV.

 

Para una mirada pretendidamente marxista no es posible pasar por alto que en “los albores de la era de la producción capitalista” hallamos como, hechos determinantes, “el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros…” (Marx, 1976: 638). Además, como han destacado los análisis de Rosa Luxemburgo (1912) y de David Harvey (2004), los hechos desencadenantes de la acumulación originaria no revisten apenas el valor de acontecimientos del pasado que signan los orígenes del capitalismo, sino que se trata de un modus operandi que revela la lógica intrínseca, constitutiva y constituyente del capitalismo. Lejos de ser una etapa en el desarrollo del capitalismo que se restringe a sus orígenes, esas formas de expoliación y de saqueo constituyen un aspecto inherente y continuo del capitalismo a lo largo de sus diversas fases históricas.

El análisis de Rosa Luxemburgo es sumamente esclarecedor de esta desigualdad geográfica permanente en el tiempo, propia del capitalismo como sistema mundial. Para ella, el proceso de producción de plusvalía que acontece en las metrópolis imperiales (“la acumulación como proceso puramente económico”) es inseparablemente subsidiario de “la política colonial” que “se desarrolla en la escena mundial”, donde la acumulación acontece ya, “sin disimulo” por medio de “la violencia, el engaño, la opresión y la rapiña” (Luxemburgo, 1912). En la economía-mundo del capital, las geografías industrializadas están “orgánicamente vinculadas” a las geografías coloniales (donde impera lisa y llanamente la acumulación por despojo); por tanto, “la evolución histórica del capitalismo sólo puede ser comprendida si las estudiamos conjuntamente” (Luxemburgo, 1912).

Así, es preciso descartar de plano una burda falacia argumental sobre el “extractivismo”: no se puede concebir extractivista a la economía brasileña por su alta tasa de exportación de bauxita y no-extractivista a la economía alemana, que es la de mayor índice de consumo de aluminio per cápita tiene a nivel mundial, cuando precisamente, el aluminio que consume la economía alemana está provisto por yacimientos ubicados en territorio brasileño. El “vínculo orgánico” que plantea Rosa entre las economías industrializadas y las zonas coloniales remite directamente al des-en-cubrimiento del extractivismo como dispositivo colonial del geo-metabolismo del capital.

De tal modo, efectivamente, el extractivismo no es un modo de producción, pero tampoco es una fase de los procesos productivos, ni es algo que defina apenas la economía de un país o región donde se realiza la extracción. Ni es un fenómeno reciente, ni es algo atemporal. El extractivismo es un fenómeno estructural, históricamente delimitado a la moderna era del Capital. Emerge como producto histórico geopolítico de la diferenciación y jerarquización originaria entre territorios coloniales y metrópolis imperiales; los unos concebidos como meros espacios de saqueo y expolio para el aprovisionamiento de los otros.

En este sentido, no es posible pasar por alto el fundacional y determinante papel performativo desempeñado por la conquista y colonización de América en el surgimiento, expansión, y consolidación del capitalismo como patrón de poder mundial y modelo civilizatorio hegemónico. El hallazgo de la naturaleza americana se erige así como el pilar fundacional de ese proceso y la condición de posibilidad misma del capitalismo como tal. Desde entonces hasta el presente, ininterrumpidamente, la “riqueza” de la naturaleza americana (y de las zonas coloniales, en general) se constituirá en la materia prima de la acumulación capitalista global; proveerá las bases materiales y simbólicas de la producción capitalista de la naturaleza y de la configuración de la naturaleza como objeto colonial del capital.

Esto es, la cosmovisión propiamente moderno-capitalista de la Naturaleza -basado en una concepción eminentemente antropocéntrica/utilitarista de la misma- y el patrón hegemónico de relacionamiento extractivista resultante, se con-formaron en el específico contexto socio-histórico del “descubrimiento” y la conquista de la naturaleza americana. Así, el modus operandi del conquistador fungió como habitus a partir del cual se construyeron las tecnologías materiales, institucionales y representacionales de apropiación, uso y manipulación de la Naturaleza, a la postre, instituidas como “únicas”, “universales”.

Ese habitus conquistador está en la quintaesencia del sujeto moderno, del prototipo del individuo racional; el que ya encarnado en sus roles de científico, de empresario, y/o de funcionario estatal (intercambiablemente) se arrogó el monopolio del tratamiento y disposición (ya “científica”, ya “eficiente”, ya “legal”) de la Naturaleza. Así, a partir de entonces y hasta la fecha, la Naturaleza-Vida, degradada ya a su condición de mero recurso, va a ser unilinealmente pensada, concebida y tratada como objeto de conquista, de explotación, al servicio de la acumulación.

La idea de colonialidad de la naturaleza remite a este dispositivo epistémico a través del cual el capital trazó una trayectoria de objetualización, cientifización y mercantilización de la Naturaleza, tanto de la naturaleza exterior (=territorios-recursos naturales),como de la naturaleza interior (=cuerpos-fuerza de trabajo). El historiador de la ciencia Peter Bowler destaca cómo la formación del “espíritu científico” moderno y la propia constitución de las ciencias naturales estuvieron motivacionalmente fundadas “no sólo por el deseo de explorar sino también de explotar una proporción siempre mayor de la superficie terrestre… Tal actitud exigía una visión más impersonal de la naturaleza; una imagen de los seres vivos como meros artefactos que estaban ahí para ser explotados” y no es una detalle menor el hecho de que esos descubrimientos fueran protagonizados “por hombres que no eran ilustrados, sino comerciantes que partían en busca de ganancias” (Bowler, 1998: 50-55). De tal modo, desde el siglo XVI en adelante, asistimos al ascenso de una concepción mecanicista de la naturaleza como verdad científica, que coadyuvó a “legitimar la despiadada actitud de una época donde el lucro era lo único que importaba” (Bowler, 1998: 50).

Ahora bien, vale remarcar entonces que ese sistema representacional no se creó en el aire; ni con anterioridad a la organización global de la economía política del saqueo. La colonialidad como la cara oculta de la Modernidad no es concebible al margen y/o independientemente de la dinámica material-energética, socio-geo-metabólica, de imposición de un patrón mundial estructural de explotación de los territorios y los cuerpos así con-vertidos en botines de guerra/objetos de conquista. Como precisa el geógrafo brasileño Carlos Walter Porto Goncalves, “sin el oro y la plata de América, sin la ocupación de sus tierras para las plantaciones de caña de azúcar, de café, de tabaco y de tantas otras especies, sin la explotación del trabajo indígena y esclavo, Europa no sería ni moderna, ni centro del mundo” (Porto Goncalves, 2003: 168).

Esto significa que no hay colonialidad sin colonialismo; y que no hay capitalismo sin extractivismo. El extractivismo, tal como lo hemos definido y caracterizado (Machado Aráoz, 2015), remite al patrón geográfico-colonial de apropiación y disposición de las energías vitales (las primarias energías naturales y las secundarias, socioterritoriales) por parte de una minoría social violenta que ha impuesto la economía de guerra, como cosmovisión y práctica de relacionamiento con el mundo; lo que, a largo plazo, produce condiciones (ecobiopolíticas) de superioridad en unos (pocos) seres humanos y grupos socioculturales, y efectos (ecobiopolíticos) de inferiorización en vastas mayorías de aquellos.

 

Por otro lado, al ser un sistema autoexpansivo, que toma como finalidad un objeto abstracto (la acumulación de valor) desentendiéndose de la materialidad concreta del mundo de la vida, el capitalismo crea una Naturaleza donde la producción de “riqueza” está dialéctica e inexorablemente ligada a la depredación de las fuentes y medios de vida. La capitalización de la Naturaleza -incluso en las formas del conservacionismo- es la muerte de la Naturaleza.

Ahora bien, esa muerte no se distribuye proporcional y simétricamente; anida de modo diferencial, en las economías coloniales, así marcadas como zonas de sacrificio. La economía imperial del capital, el modo de vida imperial (Brand y Wissen, 2013) de las élites que detentan el control oligopólico de los medios de violencia, sólo se hace “sostenible” a costa de la explotación extractivista de los cuerpos y los territorios; es decir, de la Vida en sus formas históricas elementales. Por eso el capital, es una necro-economía de frontera. “La apropiación de la tierra y el trabajo de frontera ha sido la condición indispensable para las grandes olas de acumulación de capital (…). Las apropiaciones de frontera envían vastas reservas de trabajo, alimento, energía y materias primas a las fauces de la acumulación global de capital” (Moore, 2013), sin las cuales ésta no sería materialmente posible.

 

¿Crecer para salir del neoliberalismo? Los espejismos del “crecimiento con inclusión social”

“El capitalismo de crecimiento ha muerto. El socialismo de crecimiento, que se le parece como un hermano gemelo, nos refleja la imagen deformada de nuestro pasado, no la de nuestro futuro” (André Gorz, “Ecología y Libertad, 1977).

Ver y comprender hasta qué punto el capitalismo no puede funcionar sino a expensas de la explotación extractiva de economías coloniales, podría no ser políticamente tan importante si no fuera que estamos viviendo y hablando de y desde Nuestra América. Entender y sentir hasta qué punto la explotación de la Tierra es, en sí misma, la explotación de los cuerpos, es algo crucial para quienes estamos situados en una perspectiva epistémico-política del Sur (Souza Santos, 2009). Pues precisamente, ello nos hace tomar conciencia de que la “riqueza” que el capital acumula y que (en sus versiones progresistas) promete “redistribuir” es la riqueza del valor abstracto, esa cuya acumulación se amasa a costa de la fagocitosis de los expropiados; de” los condenados de la Tierra” (Fanon, 1961).

Como ya señalamos en otras oportunidades, los extravíos de la razón progresista nacen precisamente de aquella omisión. Al abrazar fervientemente la fe ciega en el progreso (esto es, el credo colonial-capitalista del evolucionismo, el cientificismo y la omnipotencia y la ‘neutralidad’ tecnológica), la razón progresista cree firmemente en el crecimiento infinito como horizonte universal y deseable de la historia y en la redistribución de ese crecimiento como “camino” de la redención social. Ese imaginario colonial ha “atacado” de nuevo los esfuerzos emancipatorios nuestroamericanos recientes. En las encrucijadas del capitalismo/colonialismo senil, los gobiernos progresistas de América Latina, surgidos e impulsados por resistencias populares contra el neoliberalismo, han recaído –una vez más- en la ceguera colonial de las fantasías desarrollistas. Han tentado romper las cadenas de la opresión histórica, profundizando sin embargo, las sendas estructurales que las forjaron. Omitiendo que el problema de fondo era y es el capitalismo/colonialismo, se optó por confrontar con el “neoliberalismo”. Confundiendo “crecimiento con revolución social”, apostó al crecimiento –sí, claro, con redistribución del ingreso- como “vía de salida” hacia el “post-neoliberalismo. Pese a todas las advertencias en contrario, la obsesión por el crecimiento, por la expansión del consumo, el “ascenso de las clases medias” como vía de “superación de la pobreza”, terminó provocando una gravosa amnesia política sobre qué es lo que crece y sobre los efectos eco-biopolíticos de ese crecimiento.

 

Ineludiblemente, lo que crece con el crecimiento (del PBI, de las inversiones, de los empleos, y aún de los salarios y el consumo popular) es el capitalismo. El crecimiento no nos saca ni nos aleja de éste; sino que nos hunde cada vez más en sus fauces necro-económicas. Nuestro crecimiento, el de nuestras economías latinoamericanas, es el crecimiento específicamente del capitalismo periférico-colonial-dependiente. Por tanto, es la profundización de las condiciones histórico-estructurales de super-explotación (Marini, 1973); de depredación de la Tierra y de los Cuerpos como materia prima para la realización de la acumulación global. Nuestro crecimiento no nos alejó del capitalismo, sino que fue funcional a su reactivación e intensificación. No sólo en términos macro-geopolíticos, ya que el boom de los commodities alimentó el crecimiento industrial chino, como locomotora del mundo; sino también en términos micro-bio-políticos, pues la expansión del consumo opera como una gran fábrica de producción capitalista de subjetividades, de sensibilidades y sociabilidades hechas cuerpos, donde las formas de percepción de la realidad, los modos de estructuración de las relaciones sociales y hasta los modos de pensar la propia vida, los sueños, los deseos y el sentido de la existencia, están completamente mediados y colonizados por la lógica fetichista de la mercancía.

La expansión de la fiebre consumista, lo sabemos, provoca estragos en las energías revolucionarias. Cuando la forma mercancía se convierte en portadora de la felicidad; cuando el acceso a éstas es tomado como indicador de “bienestar social”; cuando el universo de los ideales políticos, las máximas aspiraciones libertarias, igualitarias y de justicia, se reducen drásticamente a la aspiración minimalista de ‘participar’ en el consumo de mercado, es cuando ya hemos perdido completamente el rumbo y hasta el sentido de la vida.

Nuestras críticas a los gobiernos progresistas en modo alguno buscaron “hacerle el juego a la derecha”; todo lo contrario. Simplemente procuraron remarcar que hablar de “capitalismo salvaje” es una tautología y que predicar el “capitalismo humanizado” es un oxímoron. El capitalismo no admite adjetivaciones; es simplemente eso: un régimen de relaciones sociales que opera la fagocitosis de las energías vitales como medio para la acumulación pretendidamente infinita del valor abstracto. En ese proceso consume la vitalidad de la Tierra y la humanidad de lo humano.

Ahora, que se vienen de nuevo tiempos de “ajuste y recesión” bien vale la pena recordar lo que dijimos en tiempos de auge y expansión: el neoliberalismo no es apenas sinónimo de privatizaciones, ajustes, recortes de salarios y de las políticas sociales. El neoliberalismo es apenas una fase del capital cuya característica central está dada por el predominio de procesos deacumulación por despojo (Harvey, 2004), vale decir, por intensificación de las dinámicas de mercantilización mediadas por múltiples y crecientes recursos de violencia. El neoliberalismo es, ni más ni menos, que el capitalismo en su fase senil; la era de la acumulación en tiempos de agotamiento del mundo y de crisis terminal de las energías vitales, tanto las primarias (que brotan de la Tierra) como de las sociales (que surgen y se movilizan por el trabajo).

Precisamente porque la economía política de la devastación (Foster, 2007) ha llegado a sus límites, la fase del extractivismo neoliberal implica el inicio de una nueva era: la era de la explotación no convencional. Es que las formas convencionales de la explotación (tanto de la fuerza de trabajo-naturaleza interior, como de la Tierra-naturaleza exterior) han tocado fondo. Es el agotamiento de las formas neotayloristas de disposición de los cuerpos y extracción de las energías sociales; es el agotamiento de las formas convencionales de extracción de energías en sus formas primarias (petróleo, minerales, nutrientes, proteínas). Es, por consiguiente, el inicio de nuevos regímenes de trabajo/tecnologías de extracción de plusvalía y de nuevas tecnologías de extracción y súper-explotación de los “recursos no convencionales”: la era de la del fracking, del shale-oil y el presal; de la minería hidro-química a gran escala; de las mega-plantaciones también químicas y carburíferas; la era de la transgénesis y de la intervención mercantilizadora sobre las estructuras microscópicas de la vida (nanotecnología) así como de las geo-ingenierías y los mercados de carbono, oxígeno, fósforo, nitrógeno, etc. Bajo esta dinámica, el capital avanza creando nuevos regímenes de naturaleza (capital natural) y nuevos regímenes de subjetividad (capital humano), cuyos procesos de (re)producción se hallan cada vez más subsumidos bajo la ley del valor. Ese avance del capital supone una fenomenal fuerza de expropiación/apropiación de las condiciones materiales y simbólicas de la soberanía de los pueblos; de las condiciones de autodeterminación de la propia vida. Y todo ello se realiza a consta de la intensificación exponencial de la violencia como medio de producción clave de la acumulación.

 

Vivimos tiempos de agudización y explicitación de las violencias y los violentamientos expropiatorios.

No casualmente, días atrás, el relieve sociopolítico de Nuestra América se ha visto sacudido por el brutal asesinato de Berta Cáceres, acompañado también de agresiones y de intentos de incriminación a Gustavo Castro Soto, otro compañero, aunados en las luchas contra los mega-proyectos hidroélectricos, de minería a gran escala y monoculturas extractivistas varias que implican, en el fondo, los nuevos “enclosures” del Siglo XXI. Incontrastablemente, el motivo de semejante crimen fue que Berta se había tornado en un duro obstáculo para los proyectos del poder. Como lideresa firme y clara, tenía plena conciencia que su vida corría peligro. Ella misma, unos meses antes de su asesinato denunciaba que el terrorismo, la militarización y las persecuciones que estaban viviendo campesinos, pueblos originarios, el pueblo Garífuna en Honduras, eran parte de una estrategia cuyo fin era “decapitar el movimiento social que está resistiendo en los territorios el avance del capitalismo”. En una entrevista de noviembre de 2014, el periodista le pregunta: “Berta, frente a esta ola de asesinatos, ¿temes por tu vida?”; y Berta contesta: “Sí, sí. Bueno, tenemos temor… En Honduras no es fácil; es un país en el que se vive una violencia brutal; son constantes los asesinatos, las amenazas, los atentados a la vida… El encarcelamiento, las órdenes de prisión, bueno, esos son riesgos menores. (…) Lo más peligroso en Honduras, que yo misma lo siento, es el riesgo de perder la vida… (…) Pero sí, tememos por nuestra vida, pero yo también quiero decir categóricamente que no nos van a paralizar por el miedo. Eso sí, que lo sepan ellos. Además, aunque sucediera, yo estoy absolutamente convencida de que el pueblo lenca y la resistencia del pueblo hondureño no va a cesar, al contrario, va a crecer más aún” [2].

Forma extrema de los violentamientos, el asesinato de Berta, como el de tantas y tantos otros sujetos/cuerpos-conscientes de su territorialidad en Nuestra América, emerge como inequívoco síntoma de la fase senil, ultra-predatoria en la que ha ingresado el metabolismo necro-económico del Capital, esa ecología-mundo que ha prosperado y ha usurpado el nombre de la humanidad, a costa de la depredación sacrificial de las economías de frontera; de su Tierra y su Trabajo. Berta tenía clara conciencia de que el modo de vida capitalista, colonial, patriarcal contra el que luchaba, precisaba, para progresar, fracturar las conexiones vitales-existenciales entre cuerpos-trabajo y Tierra-territorios de vida. Berta lucha junto a esos cuerpos primitivizados por la violencia modernizadora del capital. Por eso, para la “opinión pública”, en las crónicas periodísticas convencionales, Berta era presentada como “defensora de los Derechos Humanos”. Para quienes la conocimos, para muchas y muchos que hacen parte de esos cuerpos en re(ex)sistencia, Berta es una Defensora de la Madre Tierra. Tenemos la íntima convicción que ella misma prefería esta última presentación; porque su vida es, en sí, una pedagogía política que nos enseña que no hay derechos humanos por afuera ni por encima de la Madre Tierra; que no hay “dignificación del ser humano” ni “lucha contra la explotación de la/os trabajadora/es” que se logre a costa de la explotación y la depredación de la Tierra. (...) Leer

 

Precisamos para emancipar al Trabajo del Capital constatar que nuestra confrontación no es sólo con el Estado burgués y los capitales-estados imperialistas sino también con la gran burguesía local. Veamos porqué:

 

 

El acaparamiento de tierras por el agronegocio

también se cobra vidas en América Latina

28 de febrero de 2020

 

Por Fernando Frank
GRAIN

El grupo empresario Cresud controla 370 mil hectáreas en la provincia de Salta, en los territorios ancestrales del pueblo wichi, allí donde en estos primeros meses del 2020 han muerto nueve niños por desnutrición y falta de agua. No podemos permitir que el agronegocio se siga cobrando vidas.

Desde hace semanas toda la Argentina está sacudida y conmovida por una tragedia que no es nueva pero que esta vez ha ocupado, transitoriamente, las tapas de los diarios: en lo que va del año, nueve niños del pueblo wichi fallecieron por desnutrición y falta de agua potable1 .

Probablemente en algunas semanas la noticia pasará a segundo plano y otros titulares menos trascendentes ocupen su lugar. La ocasión, sin embargo, es propicia para, más allá de repudiar lo que está ocurriendo, pensar en sus causas y sobre todo en formular y ejecutar políticas para que esto no ocurra nunca más.

El lugar donde ocurre este drama está perfectamente identificado: se trata de la Colonia Santa Victoria Este en el norte de la Provincia de Salta. Pero sin duda la amenaza se extiende a todo el territorio en el que habita el pueblo wichi.

El pueblo wichi es una nación originaria que ocupa el Gran Chaco americano en América del Sur, habitando lo que hoy es el norte argentino y el sur de Bolivia —y supo vivir también en los territorios que hoy ocupa Paraguay. El pueblo wichi ha sido históricamente un pueblo nómada cazador–recolector que a partir de la colonización se transformó en sedentario.

Cresud Salta

Para identificar las causas del problema recogemos las declaraciones de la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda cuando por primera vez en la historia de la institución visitó la zona: “Los caciques (de la comunidad) pidieron muchas cosas pero fundamentalmente agua. Ellos están padeciendo la falta de agua desde hace mucho tiempo, producto de la deforestación y el desmonte indiscriminado” completó la titular del INAI al tiempo que añadió, “Hicimos el trabajo de tomar nota de cada comunidad que necesitaba agua. Aquellos que sí tienen pozos los colocan en unos bidones que fumigan y están todos contaminados con agroquímicos”. El INAI es el organismo oficial de Argentina responsable de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas en el país.

 

Un diagnóstico oficial claro: el avance del agronegocio para el monocultivo de soja y maíz transgénicos en los territorios ha terminado con los bosques que eran el sostén para la vida de estos pueblos, pero además permitían que el agua estuviera presente como parte de esos ecosistemas.

Su destrucción por el agronegocio ha llevado a que la Provincia de Salta tenga una de las mayores tasas de deforestación de la Argentina: entre 2007 y el 2017 la provincia perdió más de 750 mil hectáreas de bosques según informes oficiales, siendo junto a Santiago del Estero las dos provincias con mayor destrucción de bosque de la Argentina y con las mayores tasas de deforestación del mundo2.

En los últimos días escuchamos, de parte del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que la gestión del ministro anterior, Bergman, devolvió 38 millones de dólares de un proyecto del Banco Mundial que tenía el objetivo, justamente, de asegurar el agua a las comunidades3.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado intervención a partir de la presentación realizada por la organización Naturaleza de Derechos. El Estado Argentino debe presentar en un plazo de 15 días informes sobre la situación: agua potable, salud y alimentación, y las medidas adoptadas para darle solución.

 

Cresud

Pero por supuesto, y más allá de las responsabilidades gubernamentales que no son menores, hay actores claves en este avance del agronegocio y en este caso hay uno que se puede ubicar en el podio de las responsabilidades. Se trata de la empresa Cresud propiedad de Eduardo Elsztain que posee el Grupo Corporativo IRSA. IRSA es la compañía de bienes raíces más grande de Argentina. Cresud, una compañía que cotiza en el Nasdaq y controla Elsztain, posee el 62% de IRSA.

Cresud presenta con orgullo que controla 800 mil ha en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, pero llamativamente expone en su mapa de establecimientos que solamente con dos de ellos ubicados justamente el la Provincia de Salta (Anta y Los Pozos) posee 370 mil hectáreas que dedica a la agricultura y la ganadería (y también como reserva en Los Pozos)4. Estos establecimientos están en la provincia y región donde está ocurriendo este drama. Esto lo convierte en uno de los grandes acaparadores de tierra y sin dudas en uno de los principales responsables del drama que está viviendo el pueblo wichi.

Las actividades agrícolas a las que se dedica son fundamentalmente el cultivo de maíz y soja (más de 600 mil toneladas entre ambos cultivos cosechados en el año 2018), la producción de caña de azúcar y la ganadería vacuna para producir carne y leche. En su presentación describe claramente cuál es su opción tecnológica: “Consideramos que es posible mejorar la productividad y el valor a largo plazo de tierras de bajo costo y/o subdesarrolladas mediante la inversión en nuevas tecnologías tales como semillas modificadas genéticamente y de alto rendimiento, técnicas de siembra directa, maquinaria.”

En cuanto a la ganadería, según un reporte de Greenpeace del año 2018 en el Chaco argentino la deforestación producida por la misma fue de más de 100.000 hectáreas, más del doble que la provocada por agricultura5.

Cresud presenta, en su página web, la estrategia de negocios de la empresa y allí expone que en su búsqueda de ganancias procuran maximizar el rendimiento de sus activos y rentabilidad general mediante la adquisición de propiedades agropecuarias con perspectivas atractivas de incremento de producción agropecuaria, optimizando los rendimientos y la productividad implementando tecnología y técnicas agrícolas de vanguardia6.

Al mismo tiempo nos informa que busca “Maximizar el valor de sus activos inmobiliarios agrícolas” a través de la aplicación de algunos “principios”: adquisición de propiedades subutilizadas y mejoramiento de su uso que incluye: transformar tierras improductivas en ganaderas, transformar tierras ganaderas en tierras adecuadas para usos agrícolas más productivos, mejorar el valor de las tierras agrícolas cambiando su uso para actividades agrícolas más rentables, y llegar a la etapa final del ciclo de desarrollo inmobiliario transformando propiedades rurales en urbanas, a medida que los límites de los desarrollos urbanos se extienden a las zonas rurales.

La forma de ejecutar estos objetivos ha sido, en Salta y en otros territorios, comprar los campos, desmontarlos, incorporarlos a los agronegocios: transgénicos, agrotóxicos y maquinarias, y riego complementario por medio de la tecnología de los pivots centrales.

La estrategia empresaria, como ellos se encargan de explicar, incluye la cotización en Bolsa y la especulación inmobiliaria.

Ya en el año 2013 desde GRAIN denunciábamos a Eduardo Elsztain como uno de los grandes acaparadores de tierras a nivel global y compartíamos parte de su historia: “En la década de 1990, George Soros apoyó financieramente a Elsztain en la compra de una propiedad subvaluada en Argentina, a través de su empresa familiar IRSA7. Rápidamente ganaron millones y decidieron usar parte de las ganancias para adquirir Cresud, una empresa propietaria de alrededor de 20.000 há de tierras de cultivo. Con otra inyección importante de dinero por parte de Soros y la oferta pública en la bolsa de Buenos Aires, Cresud expandió dramáticamente sus propiedades agrícolas. A fines de 1998, era dueña de 26 fincas con una superficie de 475.098 hectáreas”.

El doctor Medardo Ávila Vázquez, médico de pueblos fumigados, en un artículo en el medio Enredaccióndefine claramente lo que está ocurriendo. “La Argentina tiene una crisis humanitaria que esta invisibilizada, porque las víctimas no son vistas, recién fueron ‘descubiertas’ cuando destruyeron sus bosques. No tenían ni documentos. Quinientos años después de destruir América con el genocidio más grande de la historia, lo estamos repitiendo con la misma inhumanidad que en aquellas épocas. Esta crisis tiene una base estructural, se promueve incorporar a la producción agroindustrial un territorio que está poblado y cuya población se descarta”8.

Sin embargo Eduardo Elsztain no parece preocuparse por las consecuencias de sus acciones y en recientes declaraciones a un medio argentino expresó: “Si vas desde acá (por su oficina) al centro de convenciones no hay un solo estacionamiento libre… la gente piensa que el país está pasando por su peor momento, pero acabamos de tener la mayor cosecha de granos en la historia de Argentina”, agregó 9.

La cría y caza de animales, la recolección de hierbas medicinales y alimentos del bosque nativo, son la base económica de miles de familias del Gran Chaco americano hoy, como lo ha sido desde hace muchísimas generaciones. La única posibilidad para que las poblaciones campesino–indígenas puedan ejercer el derecho a la alimentación y a la salud es el acceso y control sobre sus territorios. Si el país sigue teniendo sus mejores tierras presas de los agronegocios y la especulación, la situación económica, alimentaria y sanitaria indefectiblemente se irá agravando cada vez más. La lógica de las cosechas récords a costa del ecocidio y el etnocidio debe terminar. Ése es el único camino posible para iniciar un camino en el que la vida de los pueblos esté por encima de los negocios.

Notas

1. Perfil, “Salta: ya son nueve los menores que murieron en lo que va del 2020, 21 de febrero, 2020”, https://www.perfil.com/noticias/sociedad/salta-ya-murieron-9-menores-2020-infeccion-respiratoria.phtml

2. Ministerio de Ambiente y Dessarrollo Sustentable, Informe Monitoreo de la Superficie de bosque nativo de la República Argentina, 2018, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1.informe_monitoreo_2017_tomo_i1_3_0.pdf

3. ambito.com, “Bergman devolvió u$s38 millones destinados a proveer de agua a los wichís en Salta”, 22 de febrero, 2020, https://www.ambito.com/politica/bergman/bergman-devolvio-us38-millones-destinados-proveer-agua-los-wichis-salta-n5083578

4. Cresud, Portfolio Agrícola Regional, https://www.cresud.com.ar/portfolio.php

5. Greenpeace denuncia destrucción del Gran Chaco por frigoríficos locales y supermercados extranjeros, Greenpeace, 3 de agosto de 2019, https://www.greenpeace.org/argentina/issues/bosques/2120/greenpeace-denuncia-destruccion-del-gran-chaco-por-frigorificos-locales-y-supermercados-extranjeros/

6. Cresud, Estrategia de negocio, https://www.cresud.com.ar/compania-nuestra-estrategia-de-negocio_inst.php

7- ¿Quiénes están detrás del acaparamiento de tierras?, GRAIN, 14 de enero, 2013, https://grain.org/es/article/4636-quienes-estan-detras-del-acaparamiento-de-tierras

8. Medardo Ávila Vázquez, “El agronegocio y el desmonte detrás del drama de las muertes por desnutrición en Salta”, 14 de febrero, 2020, https://enredaccion.com.ar/el-agronegocio-detras-del-drama-de-las-muertes-por-desnutricion-en-salta/.

9. La Nación, “Eduardo Elsztain. El pronóstico económico de uno de los mayores empresarios del país”, 18 de febrero, 2020, https://www.lanacion.com.ar/economia/eduardo-elsztain-la-gente-piensa-estamos-peor-nid2334858

https://www.grain.org/es/article/6415-el-acaparamiento-de-tierras-por-el-agronegocio-tambien-se-cobra-vidas-en-america-latina

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2020/03/01/argentina_salta-el-agronegocio-y-el-genocidio-wichi/

En consecuencia, la «reforma agraria integral» como trabajo-economía postcapitalista requiere ante todo compenetrarse de la cosmovisión indígena de ver la humanidad parte, y dependiente, de la naturaleza. Retomemos a:

 

El debate sobre el “extractivismo” en tiempos de resaca

Publicado el 20 abril, 2016

 

Por Horacio Machado Aráoz

 

A la Memoria de Berta Cáceres

“Desde su origen, el capital ha utilizado todos los recursos productivos del globo… tiene necesidad de disponer del mundo entero y de no encontrar límite ninguno en la elección de sus medios de producción”. (Rosa Luxemburgo, 1912).

 

(..)

De la cuestión de fondo a lo fundamental. Pensar-nos Tierra como clave para re-orientar nuestras luchas emancipatorias

 

“La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; es decir, la naturaleza en cuanto no es el mismo cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que debe mantenerse en un proceso constante, para no morir. La afirmación de que la vida física y espiritual del hombre se halla entroncada con la naturaleza no tiene más sentido que el que la naturaleza se halla entroncada consigo misma, y que el hombre es parte de la naturaleza” (Karl Marx, Manuscritos Económicos Filosóficos de 1844).

 

Salvo notables excepciones, el pensamiento tradicional de izquierda y el marxismo ortodoxo en general ha tendido a priorizar la opresión de clase por sobre la explotación de la Naturaleza, como si fueran dos problemáticas distintas e inconexas. Sin embargo, este tipo de razonamiento está en abierta contradicción con la ontología materialista de Marx, que al pensar los fundamentos de la realidad, en lugar de la conciencia, del Sujeto o del Objeto, parte del cuerpo. En efecto, para Marx, “(L)la primera premisa de toda la historia humana es la existencia de individuos humanos vivos. El primer hecho a constatar es, por tanto, la organización corpórea de esos individuos y la relación por eso existente con el resto de la naturaleza” (Marx y Engels, 1974: 19).Se trata de una premisa fundamental sobre la que se edifica todo el pensamiento filosófico, antropológico y político de Marx.

Pues, en primer lugar, partir de los individuos humanos vivientes, implica, ante todo, negar radicalmente toda separación entre Naturaleza y Sociedad y rechazar todo antropocentrismo. O, si se prefiere, supone partir de la afirmación básica de que el ser humano es naturaleza.

 

La materialidad del cuerpo remite indefectiblemente al enraizamiento histórico-material que lo humano tiene respecto de la Naturaleza en general. Una perspectiva histórico-materialista –como la que propone Marx- nos lleva a reconocer que, históricamente, venimos de la Naturaleza: somos parte del proceso natural de irrupción, despliegue y complejización de la materia en el transcurso geológico de la vida en el planeta. Y que fisiológicamente, dependemos de la Naturaleza: los cuerpos humanos vivientes (naturaleza interior) tienen una relación de dependencia existencial con el conjunto de seres vivos y de factores y condiciones biosféricas de la Tierra (naturaleza exterior). La Tierra -como sistema viviente- nos excede, nos precede y nos contiene absolutamente. Nuestra vida es estructural y funcionalmente dependiente de una sistemática e ininterrumpida vinculación material con el resto de la Naturaleza en general. Por tanto, lo humano no puede ser escindido de la naturaleza; no puede ser pensado o concebido como algo exterior, ajeno o contrapuesto a la naturaleza.

 

En segundo término, al partir de los cuerpos, Marx coloca la cuestión de la vida -la problemática de los individuos humanos vivientes- en la base de su construcción teórica y en el centro de sus preocupaciones políticas. A diferencia del idealismo, del empirismo naturalista y del materialismo mecanicista (cada uno, en sus diferentes variantes), Marx no concibe el mundo ni como “idea” ni como “cosa”, sino como vida-práctica. En Marx, lo real es lo vivo en cuanto tal: el conjunto de procesos práctico-materiales a través de los cuales acontece la vida en general; y también, en particular, la vida humana, como una expresión histórico-específica de aquella.

 

Así, la centralidad del cuerpo, en cuanto permite despejar la ficción idealista de todo antropocentrismo, es fundamental para una epistemología política que se piensa en clave de emancipación y realización plena de la Vida. Pues, cuando lo que ocupa el centro de nuestras preocupaciones epistémicas y políticas es la vida plena de los seres humanos vivientes, no hay lugar ahí para sustentar la falacia del antagonismo de “el hombre” vs. “la naturaleza”. Por el contrario, se hace evidente que, en realidad, la contradicción Capital vs. Trabajo, no es anterior ni exterior, a la contradicción Capital vs. Naturaleza-Vida; que no se trata de dos contradicciones (O´Connor, 2001), sino pues solo de una única gran contradicción fundamental, en la que la dinámica necro-económica del capital supone (y requiere) sacrificar la vida (en la radicalidad de sus fuentes y en la diversidad de sus formas y manifestaciones) en el altar del valor abstracto. Se hace, en definitiva, manifiesto que el encarcelamiento de la Tierra –a través de la propiedad- es el primer eslabón de los grilletes que encadenan al Trabajo.

Así, la crucial cuestión de la liberación humana (de las ataduras del capital) requiere hoy, más que nunca, en los umbrales del Siglo XXI, re-pensar la Tierra. Re-pensar la Tierra como cuestión vital-fundamental, es re-pensarla y re-descubrirla como Madre. Y es también re-pensar-nos a los seres humanos, como ontológicamente hijos de la Tierra; seres terrestres, en el sentido existencial de que no sólo vivimos apenas sobre la Tierra y de la Tierra, sino que literalmente somos Tierra. Precisamos, de modo urgente, volver a saber-nos y, sobre todo, sentir-nos Tierra.

Pues, si la (in)civilización del capital ha llegado tan lejos en la devastación y denigración de la Vida, es precisamente porque no sólo ha crecido y se ha mundializado declarándole la guerra a la Madre-Tierra, sino porque además, decisivamente, ha sido muy eficaz en la creación de sujetos-individuos que no se conciben como hijos-de-la-Tierra, sino que la sienten y conciben desde la exterioridad, la superioridad y la instrumentalidad. Individuos que creen y que sienten que viven del dinero y no de la Madre-Tierra; que conciben el progreso y el desarrollo de lo humano, en términos de dominio y explotación presuntamente infinita de los “recursos” de la Tierra.

 

Frente al escenario de barbarie mundializada y diversificada que nos ofrece el siglo XXI, tras más de cinco siglos de “desarrollo capitalista”, necesitamos, de modo urgente, re-pensar la Tierra para re-orientar el horizonte y el sentido de nuestras luchas emancipatorias.

 

Re-pensar la Tierra como Madre no es romanticismo pachamamista ni oscurantismo anti-científico. Si bien sí es una afirmación efectivamente pre-científica, se trata, sin embargo, de una verdad fundamental, no sólo en el más profundo sentido filosófico, sino también en el más riguroso sentido científico. Re-conocerla como tal y adecuar a ella nuestros modos de vida, nuestras instituciones, nuestras subjetividades, es decir, nuestros cuerpos y nuestros sueños, nuestras formas de concebir, percibir, pensar, sentir y vivir nuestro lugar en el mundo, es quizás, el mayor desafío pedagógico-político que afrontamos como especie, en un momento donde el camino de la emancipación se ha tornado, ni más ni menos, que el camino por la sobrevivencia; la sobrevivencia, al menos, de la humanidad de lo humano. Si las fuerzas de izquierda no asumen como propio este desafío, ¿entonces quiénes?

Bibliografía: (…)

Fuente: http://extractivismo.com/2016/04/el-debate-sobre-el-extractivismo-en-tiempos-de-resaca

 

Valoremos definiciones de características del movimiento de unión abajo y el concepto de clase como clave de nuestro posicionamiento consecuente con el desafío de cambios radicales:

 

 

"Nos definimos como movimiento Plurinacional. Cuando hablamos de plurinacionalidad no hablamos exclusivamente del reconocimiento de los pueblos originarios sino que nos reconocemos como distintas comunidades, territorios y pueblos que tenemos horizontes políticos que queremos articular desde lo originario, desde lo afro, desde lo migrante, desde lo rural, desde lo urbano.

Otro hito super importante es que nos definimos como movimiento Antipatriarcal".

 

 

El Movimiento por el agua

y los territorios de Chile

21 de febrero de 2020

 

El verano chileno continúa marcado por el proceso de lucha que estalló el 18 de octubre del año pasado contra las consecuencias de un sistema basado en la precarización de la vida, la marginalización y la privatización de todo espacio público y bienes comunes. Ni las políticas neoliberales, la desarticulación social y la represión pueden frenar el proceso organizativo chileno que se vienen gestando desde hace décadas entre movimientos sociales, feministas, socio-ambientales, estudiantiles, de pueblos originarios, migrantes y diferentes sectores oprimidos a lo largo de todo el país. Porque “no son 30 pesos, fueron 30 años”: 30 años30 años de represión y silencio, de segregación y precarización pero también años de rearticulación y crecimiento del movimiento social.

 

Compartimos la entrevista  a Francisca Fernández. 

 

Por Ayelén Branca para ANRed

 

El 1ro de Febrero, en la Asamblea abierta de la Coordinadora 8M de Santiago de Chile convocada para organizar la Huelga general del 8 de marzo nos encontramos con Pancha (Francisca Fernández) del Movimiento por el agua y el territorio (MAT) de Chile. En esta instancia intercambiamos sobre el proceso organizativo que se viene dando este movimiento ¿Qué lugar tiene el movimiento en el levantamiento insurreccional y el proceso constituyente que se abre actualmente? ¿Cuáles son las perspectiva de cambio que se abren?

 

Ayelen: ¿Cómo surge el MAT en Chile? ¿se extiende a lo largo del país? ¿articulan con otros movimientos sociales y ambientales de Chile o de otros países? ¿qué luchas y reivindicaciones sostienen?

Pancha: El Movimiento por el Agua y los Territorios lo conformamos en el 2013. El proceso es bien interesante. El OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales), una ONG, realizó un encuentro que se llama “Aguante la vida”, en el que distintos territorios mostramos y visualizamos nuestro conflicto socioambiental para generar estrategias conjuntas, teniendo en cuenta las demandas y las posibilidades de construcción de alternativa. En uno de los primeros “Aguante la vida” se resolvió que se necesitaba conformar un MAT con un principio, una demanda, fundamental: la derogación del código del agua. 

En el fondo para nosotres el gran problema en Chile es la privatización de todos los bienes comunes y de la vida en general, la precariedad que habitamos sostenida por la constitución de 1980, que consagró el agua como bien privado y si bien lo reconoce como bien nacional de uso público, su forma de aprovechamiento es a través del derecho del agua. En Chile el código de agua 1981 te permite vender, comprar, arrendar y hasta hipotecar el agua. Es decir, el agua es privada. Y eso es demasiado importante para nosotres y nos conformamos al ala de esta exigencia en 2013.

Lo conformamos alrededor de 100 organizaciones desde Arica a Magallanes, constituidas en tres zonales: zonal norte, centro y sur. Yo participo del zonal sur, específicamente el Bloque Andino por el agua del territorio, que somos un bloque que funcionamos en un espacio que se llama Cerro Blanco en recoleta que recuperamos hace 20 años. Lo conformamos organizaciones territoriales, socio-ambientales, estudiantiles, OLCA, Asambleas por el Agua y soberanía del Puente Alto; en el sur, la red de defensa de los territorio; en el norte, la coordinadora de mujeres por la defensa del río y la madre tierra, entre muchos otros espacios y organizaciones artísticas, de pueblos originarios y migrantes.

Es un movimiento bien diverso y justamente esa diversidad hace que nos definamos como movimiento Plurinacional. Cuando hablamos de plurinacionalidad no hablamos exclusivamente del reconocimiento de los pueblos originarios sino que nos reconocemos como distintas comunidades, territorios y pueblos que tenemos horizontes políticos que queremos articular desde lo originario, desde lo afro, desde lo migrante, desde lo rural, desde lo urbano.

Otro hito super importante es que nos definimos como movimiento Antipatriarcal. Entendemos que el origen del despojo, la contaminación y la degradación de nuestras aguas, de los territorios en general y de nuestros bienes naturales es el extractivismo. El extractivismo ha sido la forma en el que el capitalismo ha azotado a los territorios colonizados. Por eso también nuestra lucha, siendo un movimiento plurinacional, tiene carácter descolonizador. Entendemos que la forma de construcción del capitalismo en la modernidad ha construido un poder y una forma de entender a la naturaleza basada en su explotación y consumo. El extractivismo es la extracción ilimitada de los bienes comunes para las ganancias de los mercados internacionales. La misma forma de explotar a la naturaleza es con la cual se ha explotado el cuerpo a las mujeres, les niñes y las disidencias. Entendemos que el extractivismo tiene lógicas de economías masculinizadas que han instalado la precariedad de la mujer en el ámbito laboral, el no reconocimiento del trabajo reproductivo. Además, solemos ser las mujeres las que estamos en el espacio de la resistencia y de la construcción de la alternativa desde la agroecología, el cuidado de la semilla y resistiendo los cortes de ruta. Desde ese carácter antipatriarcal muchas de nosotras nos referimos como ecofeministas o feministas territoriales. Nosotres hablamos hace rato del feminismo de los pueblos, es por eso que hace un año del MAT somos parte de la Coordinadora Feminista 8M y conformamos un comité socioambiental.

Somos plurinacionales, tenemos el carácter descolonizador, somos antipatriarcales y nuestra lucha primordial y esencial es la desprivatización del agua y de los territorios ¿Bajo qué? Derogar el código del agua, finalizar con las instituciones privatizadoras y que realmente haya una institucionalidad que permitan fiscalizar respecto al ámbito socioambiental. También exigimos la demanda de los derechos de la naturaleza. El agua debe ser reconocido como un derecho humano.

 

¿Cómo lo hacemos? vía asamblea general constituyente real, plurinacional, feminista y desde el enfoque socioambiental popular, que permita una nueva constitución donde el agua se consagre como derecho humano pero también como derecho a la naturaleza, ¿en qué sentido? en que nuestra lucha no es solo por el consumo humano del agua sino también por el equilibrio del ecosistema, por la mantención de los flujos y los ciclos hídricos. Implica tener otra mirada de la relación con la naturaleza entendiendo que somos parte de y estableciendo interrelaciones que requieran, por ejemplo, de la justicia restaurativa.

Hablamos de justicia restaurativa porque queremos una justicia ecológica que restaure el ecosistema y que permita la generación de la vida y que además permita la dignidad de los pueblos. Es un horizonte bien particular, en ese sentido como movimiento socioambiental tenemos alianzas con otros movimientos sociales vinculados con la lucha por la desprivatización y contra la precariedad de la vida. Además de ser parte de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo con algunas dificultades hemos participado algunas organizaciones de Unidad Social. También tenemos cercanía con la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) al entender que la lucha contra la desprivatización educativa es la misma lucha contra la desprivatización del agua. Tenemos cercanía internacional con el Asamblea Agua de Mendoza. También tenemos cercanía con el Foro Fama en Brasil y hay compañeras que son parte de una Red de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra y en contra de la Minería. Se han ido articulando relaciones en distintos niveles.

 

Ayelén: Es muy interesante el proceso de constitución del MAT y cómo este movimiento está vinculado con todas las luchas que se están dando a lo largo del país desde hace años y que en este momento estallan; así como el modo en que se articulan luchas socioambientales, por el agua y contra el extractivismo en toda la región, dado que como países dependientes es el sustento de las economías nacionales tanto en los países con gobiernos progresistas como con gobiernos neoliberales clásicos.

Pancha: Es muy importante lo que decis porque, por ejemplo, nuestra propuesta es una alternativa a la lógica del desarrollo. Los estados progresistas han podido reconocer los derechos a la madre tierra, como Ecuador y Bolivia, pero no cambiaron el modelo energético productivo, siguieron arrasando con los territorios. Entonces acá estamos diciendo: La lucha socioambiental hoy tiene un carácter de urgencia, que la existencia misma de la vida tanto humana como no humana y es el carácter de urgencia. Y por eso nuestra idea es también la construcción de alternativa, para desplazar este modelo productivo energético.

Y ¿desde donde? Señalamos las economías territoriales, la gestión integrada pensada desde las cuencas donde nos encontremos las distintas comunidades; desde la agroecología, en contra de los agrotóxicos y el uso de plaguicidas; desde la lucha de las semillas. Esto nos entrelaza en contra de los tratados de libre comercio que vienen a intensificar los procesos de privatización. También tenemos construcción de alternativa que ya estamos habitando, por ejemplo está la Escuela Agroecológica Genuina que es parte del MAT y que ha hecho un trabajo muy interesante desde esta perspectiva de la agroecología. Es decir, son muchas aristas bajo, justamente, lo que tu bien señalas, uno de los supuestos importantes de nuestra lucha es mucho más transversal: derrocar la lógica de cómo se ha instalado la relación con la naturaleza, con los bienes comunes  y que implica finalmente derrocar el neoliberalismo. O sea pensarlo desde otros lugares posibles y desde esa lectura articularnos con otros sectores.

 

Ayelén: En relación a este estallido que se da en Chile desde el 18 de Octubre del año pasado, algo que es muy palpable es que que la lucha tiene una perspectiva amplia -contra un modelo neoliberal- en el que se articulan diversos sectores organizados a lo largo del país. El MAT que ya tiene siete años de existencia ¿cómo crees que aporta este movimiento al proceso abierto desde el estallido? y a la inversa, ¿qué efectos tiene este proceso en el movimiento por el agua?

 

Pancha: Creo que uno de los grandes aportes del estallido en general es la importancia de la radicalidad y la movilización constante. Hemos visto durante estos treinta años post dictatoriales que realmente los cambios estructurales no los logramos. Entonces lo que sostiene el cambio estructural es la movilización y visiones más rupturistas del modelo. En este sentido ha habido actives muy interesantes, por ejemplo, en muchos territorios con la movilización de octubre se rompieron boca de toma. Las bocas de toma son donde se desvían las aguas y se manejan. Esto es un giro en la radicalidad de la lucha, antes no se había hecho. Otro ejemplo, se tomó un pozo, el pozo 9 en el Melón donde la comunidad también se movilizó y finalmente los desalojan. Pero se entiende que ya tiene que haber este tipo de acciones directas. No estoy diciendo que no haya debate legal, que es fundamental también y lo estamos dando pero ahora también tenemos que hacer acciones concretas. Entonces quizas esta gran emergencia, nos posibilitó a tener más seguridad de que los cambios también pasan por esas acciones directas. Ahora se nos viene el 22  de marzo, que es el día mundial por el agua, donde planeamos ese tipo de acciones además de movilizaciones, marchas, participación de foros y conversatorios.

Obviamente hay una retroalimentación sin embargo todavía creemos que hay altos desafíos de reconocer la importancia de la dimensión social y mental de la lucha en general. Por ejemplo, nos pasa que escuchamos mucho sobre “recuperar los recursos naturales” cuando hace años hablamos de “bienes comunes”. O se habla de “nacionalizar el agua” cuando no es lo que interesa nacionalizar porque no interesa el tipo de estado que se ha construido ni que ellos sean los gestores del agua. No! queremos gestión comunitaria del agua. Estas son las perspectivas generales.

 

Ayelén:  Bien, parece que el proceso de estallido social mantiene en crecimiento y ebullición el proceso abierto por el MAT durante tantos años de lucha y organización. Hay una pregunta mas para ir cerrando que se nos presenta a todes quienes estamos viendo el proceso chileno,  que es ¿Hacia donde ? ¿Cuáles son los resultados o los horizontes que se puedan llegar a dar tanto por vía legal, por la nueva constitución, como el proceso constituyente que se está dando en el pueblo?

 

Pancha:  Para ir cerrando, la pregunta más difícil.  Mira hemos hecho una lectura importante. Para nosotras el proceso constituyente tiene dos momentos, dos dinámicas o dos temporalidades como le quieran llamar. El institucional y el movilizado. El institucional tiene que ver con el debate de la Nueva Constitución , que iremos a una Asamblea Constituyente. Pero voy a referirme más al segundo.

Entendemos el proceso constituyente como la constitución de nuevos horizontes políticos que nos permitan la construcción de alternativa ¿desde donde? desde las asambleas territoriales, los cabildos y espacios autoconvocados. Esos procesos constituyentes tienen una temporalidad mucha más larga de la que nos da la institucionalidad.  Es lo que estamos habitando ahora desde dentro de la movilizaciones en los distintos territorios. Entonces el proceso constituyente de esta construcción de un nuevo horizonte político requiere un proceso destituyente, la desmonumentalización por ejemplo -se han roto muchas estatuas para resignificar y recolocar por ejemplo una casica diaguita del norte en La Serena, o pintar, o renombrar la Plaza Italia que se llama hoy la Plaza de La Dignidad-, es un gesto destituyente que va más allá de lo que el acta de la Constitución permite.

Igualmente también estamos en el proceso constituyente institucional debatiendo respecto a esos procesos, que por ejemplo nosotras decimos “queremos asamblea plurinacional, feminista y desde un enfoque socio-ambiental que reconozca  los derechos de la naturaleza”. Entonces a nivel institucional vamos a presionar hasta el máximo. Sin embargo respecto a las elecciones tanto en el MAT como en la Coordinadora 8M, no tenemos claridad. Hay un sector que llama a boicotear y otro sector que dice participemos para no quedar afuera de la posibilidad que se derogue el codigo agua o de otros cambios estructurales. A mi en lo personal me pasa que por dia cambio de opinión, de momentos digo “hay que boicotear porque ya no se puede más, es todo una burla, nos asesinan, dan una serie de requerimientos que impiden criterios tan básicos como la paridad, ni siquiera estamos en una lucha feminista, la paridad me parece un criterio lógico, entonces tu dices esto es una porqueria”, y por otra parte tu dices “ pero claro , ahora es un momento en que realmente podríamos colocar es que se pueda derogar el … de agua y eso generaría un cambio super potente” pero no hay claridad.

¿Cuál es la claridad? posicionar y presionar hasta el máximo para una Asamblea Constituyente a nuestra medida, a la medida de los pueblos, presionar de mantener la movilización por Marzo y por todo el 2020, y respecto a la agenda institucional ir evaluando desde este marco de presión.

Ayelén: Muchas gracias sé que no va a ser fácil pero se viene y se continúa la lucha fuerte, que igual yo creo que más allá del horizonte ya está generando transformaciones durante el  proceso constituyente y de lucha insurreccional que aún sigue abierto.

Más noticias (...)

Fuente: https://www.anred.org/2020/02/21/el-movimiento-por-el-agua-y-los-territorios-de-chile/

 

 

"Entendamos que «la clase» es siempre el resultado del proceso de luchas y que no existe de manera aislada sino en función de su relación de antagonismo con la otra clase (o lo que es lo mismo: que la lucha de clases precede a la clase y que la clase y la conciencia de clase son siempre las últimas y no las primeras fases del proceso real histórico –Thompson, 1984–). De este modo las posibilidades que se abren son múltiples y fecundas".

 

 

Propuestas feministas para

un rearme teórico y estratégico

5 de septiembre de 2019

 

Por Julia Camara y Laia Facet

Las características de la crisis actual, así como el recorrido práctico y teórico de los últimos años, han permitido un diálogo fecundo entre dos de las corrientes teóricas centrales de los últimos dos siglos como son el feminismo y el marxismo. Con una historia de matrimonios y divorcios a las espaldas parece que los últimos años estamos asistiendo a un encuentro entre ambas. En la última década ha proliferado la literatura que dialoga o es deudora de ambas corrientes recuperando, así como superando, algunos de los debates históricos que han marcado su relación. Sin duda, la creciente masividad del movimiento feminista ha contribuido a esto. Y, por otro lado, no revelamos ninguna sorpresa si afirmamos que durante los últimos años se ha producido una renovación del interés académico y activista por el marxismo: proliferan los seminarios universitarios, se reeditan las obras de los pensadores clásicos, etc.

 

El desorden global y las vivencias de la crisis sistémica en que nos encontramos insertas desde hace más de una década (crisis económica, crisis de legitimidad política, crisis de la reproducción social y crisis de los límites del planeta) han generado una necesidad de entender que no puede ser cubierta por análisis parciales sino que requiere, para ser colmada, de una teoría de la totalidad. El marxismo aparece entonces como esa vieja gran verdad que se abre paso a través de la tan proclamada muerte de los grandes relatos para demostrar, una vez más, su actualidad y precisión como herramienta analítica.

 

Lejos de tratar de llevar a cabo una aproximación exhaustiva, que por supuesto excedería las posibilidades de este artículo, hemos decidido centrarnos en algunos de los nudos que consideramos centrales y estratégicos para rearmarnos teórica y políticamente en el presente: los debates en torno a la reproducción, el trabajo y la clase, así como una toma de partido sobre cómo entendemos que el movimiento feminista, junto a las luchas ecologistas, están reconstruyendo un nuevo horizonte emancipatorio en medio del caos capitalista.

 

Los debates sobre la reproducción

En la década de 1970, las feministas de la segunda ola, criadas en la máxima de que lo personal es político, comenzaron a poner el foco en la cuestión de la reproducción.

 

Se trataba de un momento complejo, marcado por la crisis del petróleo y por fuertes ataques contra las conquistas ganadas por la clase trabajadora desde la posguerra.

 

En este marco de desarrollo y posterior consolidación de un nuevo tipo de capitalismo (el neoliberal) se estaba produciendo una transformación sustancial del mercado laboral, del papel del Estado y del reparto de los tiempos y los trabajos, con el consiguiente impacto en los mecanismos de construcción identitaria de género. Si ponemos el foco en los países del Norte global, donde las feministas de la segunda ola estaban actuando y escribiendo, encontramos los siguientes fenómenos entrecruzados:

- Destrucción de empleo en sectores tradicionalmente ocupados por hombres, como la minería o la industria pesada.- Aumento de la tasa de explotación y reducción generalizada de los salarios, desapareciendo casi totalmente el denominado salario familiar: aquel que permitía a ciertos sectores de la clase cubrir las necesidades vitales del trabajador varón y de su familia, manteniendo a la esposa en el rol de ama de casa.

- Gran entrada de mujeres en el mercado de trabajo, buscando complementar los mermados ingresos del marido con un salario auxiliar y supletorio o bien acceder a su propia independencia vital y económica.

 

- Rechazo, por parte de sectores no despreciables de mujeres, de la carga impuesta de tareas domésticas, buscando desarrollarse personalmente a través de fórmulas tradicionalmente más vinculadas a la construcción identitaria masculina: carrera profesional, éxitos económicos, etc.

 

Con el camino abierto por toda la producción teórica ya realizada por la segunda ola en torno a la politización y problematización social de los roles de género, las relaciones de pareja y la cuestión sexual, tuvo lugar una serie de debates que podemos ubicar entre el debate sobre el trabajo doméstico y la problematización de la reproducción.

 

Estos debates partían de varias constataciones que en la actualidad han pasado a formar parte del sentido común feminista, pero que hace cincuenta años estaban empezando a bosquejarse: que el trabajo no remunerado realizado por las mujeres en los hogares es fundamental para la supervivencia social, que la equiparación de trabajo y empleo impide politizar el trabajo doméstico, y que la articulación de la lucha política a través únicamente del conflicto laboral-asalariado deja fuera a partes importantes de la clase, fundamentalmente las mujeres.

 

A grandes rasgos, las inquietudes que motivaron estas reflexiones fueron dos:

 

·     La primera fue tratar de discernir quién era el beneficiario del trabajo no remunerado realizado por las mujeres y cuál era, por lo tanto, el enemigo principal. Para Christine Delphy y las denominadas feministas materialistas, eran los hombres quienes explotaban económicamente a las mujeres a través del contrato matrimonial, configurándose así un modo de producción doméstico autónomo del modo de producción capitalista (Delphy, 1976). Sin embargo, Mariarosa Dalla Costa y otras feministas de formación marxista procedentes de la autonomía defendían que los verdaderos beneficiarios del trabajo doméstico eran los empleadores y el Estado (Dalla Costa, 2009: 21-52). Aunque ambas posturas abogaban por la construcción de un movimiento feminista autónomo, la diferencia política era fundamental: las materialistas conceptualizaban a las mujeres como clase, señalaban la explotación patriarcal como experiencia que unificaba la vida de todas ellas y entendían la lucha contra el patriarcado y contra la clase explotadora (los hombres) como primera tarea; las marxistas reconocían el factor diferencial de la clase social en la vivencia concreta de la opresión de género y, además de defender la autonomía del movimiento feminista, apostaban también por la participación de las mujeres en la lucha de clases (Pérez Orozco, 2014: 49-73).

 

·         La segunda inquietud, que preocupó fundamentalmente a aquellas feministas que se definían como marxistas y que coincidían en articular el trabajo doméstico dentro del conjunto del sistema capitalista, tenía que ver con la caracterización de dicho trabajo: ¿era o no era productivo de la mercancía fuerza de trabajo? O lo que es lo mismo: ¿el trabajo doméstico produce (plus)valor? No vamos a entrar en los detalles de este debate, que acabó en ocasiones enredándose en disquisiciones teóricas algo infructuosas, pero es útil nombrarlo porque nos permite comprender de qué manera las feministas marxistas estaban tratando de ampliar el análisis de Marx para incluir la esfera doméstica, concibiendo el trabajo de las mujeres en el hogar como objeto de estudio crítico propiamente dicho.

 

La aportación más interesante y teóricamente sólida llegaría unos años más tarde, con la publicación de Marxism and the Oppression of Women. Toward a Unitary Theory por Lise Vogel en 1983. Vogel partía de las consideraciones que Iris Young había hecho un par de años antes al señalar cómo el estudio de las relaciones patriarcales como un sistema diferente aunque profundamente interconectado con el capitalismo permitía al marxismo mantener intacto su análisis de las relaciones de producción y tratar la opresión de las mujeres como un simple añadido. Frente a ello, Young defendía la necesidad de conceptualizar la diferenciación de género como un elemento nuclear de la formación capitalista, haciendo un esfuerzo por desarrollar una teoría unitaria de la producción y reproducción capitalistas (Young, 1981).

 

Esta es la tarea que asume Lise Vogel, con dos aportaciones fundamentales que están en la base de sendos desarrollos teóricos del feminismo actual.

En primer lugar, Vogel rompe con las explicaciones funcionalistas que conciben el trabajo doméstico como estrictamente necesario para la reproducción del capitalismo, y plantea que el origen de la opresión de género bajo el capital no es la división sexual del trabajo, sino la necesidad que este tiene de asegurar la reproducción social. Esta teoría de la reproducción social está siendo desarrollada en la actualidad con gran perspicacia por Tithi Bhattacharya (2017) entre otras. En segundo lugar, y respondiendo con esto al debate de los años previos, Vogel sostiene que el trabajo doméstico o reproductivo no es generador de (plus)valor puesto que no produce valores de cambio, sino valores de uso. Esto no le resta importancia social, pero nos permite comprender que, de algún modo, el trabajo reproductivo es un tipo de trabajo especial con características propias. Y en esta evolución del término (trabajo doméstico/trabajo reproductivo) llegamos a uno de los conceptos fundamentales de la corriente actual conocida como economía feminista: el trabajo de cuidados.

 

La economía feminista recoge, consciente o inconscientemente, la constatación de Vogel de que el trabajo doméstico es un tipo de trabajo diferente de aquel que, realizando aparentemente las mismas actividades y tareas, sí produce valores de cambio que se ofrecen en el mercado. ¿Qué diferencia el trabajo de una cocinera en un restaurante del que esa misma mujer puede realizar en su casa? La respuesta que da la economía feminista es la siguiente: aunque ambos son trabajos reproductivos, el segundo es además trabajo de cuidados. El trabajo de cuidados se entiende como una actividad que se define precisamente a partir de la relación y de la implicación emocional que conlleva; cuando esta misma actividad se realiza en el mercado, pierde esta implicación y pasa a incorporar un tipo distinto de relación humana (la mercantil). La economía feminista redefine el conflicto capital-vida y señala los cuidados como los garantes de la reproducción social. Su apuesta política, como veremos más adelante, no pretende reivindicar ese tipo de actividades tal y como existen actualmente, sino empujar hacia una reorganización de los trabajos y de los tiempos que rompa con las dinámicas de acumulación y ponga la vida en el centro.

 

Casi cinco décadas de debates en torno a la reproducción han ido asentando algunas ideas, aún simplificadas y desprovistas de su complejidad teórica, en el sentido común feminista: la importancia social del trabajo no remunerado de las mujeres, el recurso al mismo en épocas de crisis, su vinculación con la precariedad femenina y con la pobreza específica de las mujeres, etc. Todo esto es lo que ha salido a flote con las huelgas feministas: la reivindicación de la importancia del rol social y la consciencia del poder político que nos otorga. No se trata de simples movilizaciones sectoriales, sino de procesos que, en su desarrollo, están transformando y actualizando las propias concepciones del trabajo y la clase.

Actualización del concepto de trabajo

Como hemos visto, bajo el neoliberalismo el trabajo ha sufrido una gran transformación a escala mundial que por supuesto no es homogénea a escala internacional ni regional. En el Norte global, sin embargo, esa transformación ha estado marcada las últimas décadas por el fenómeno de la llamada «feminización de la fuerza de trabajo», comúnmente utilizado para explicar dos fenómenos distintos pero que a menudo se dan simultáneamente. Por un lado, se ha usado para explicar la entrada masiva de mujeres en el mercado laboral, con las consecuencias ya comentadas y su efecto en los debates del feminismo de los años 70. Pero, por otro lado, el concepto de «feminización de la fuerza de trabajo» se ha utilizado también para explicar el proceso por el que las condiciones que han vivido históricamente las mujeres de clase trabajadora se generalizan a amplias capas de la masa asalariada más allá de las mismas.

 

La temporalidad, la alta rotatividad, la falta de estabilidad, los salarios complementarios, sectores con una práctica ausencia de derechos laborales formales, trabajo informal y un largo etcétera son las condiciones que hoy configuran la organización del empleo en nuestra sociedad. Por descontado, este proceso a gran escala, además de configurar las formas de explotación, está reconfigurando también las condiciones del trabajo reproductivo y en general de las condiciones de vida y su sostenibilidad.

 

Estas consideraciones tienen implicaciones tanto teóricas como estratégicas. Estas formas de trabajo, lejos de ser un subproducto precapitalista o un subproducto de formas capitalistas anteriores, son formas constitutivas de un capitalismo que siempre genera márgenes. El trabajo eventual, en negro o informal, entre otras fórmulas, constituye un área de explotación que algunos considerarán que se encuentra en los márgenes del mercado laboral y que sin embargo hoy se ha convertido en la regla que desmonta la excepción.

 

A su vez, se ha dado un proceso de mercantilización de actividades que antes se encontraban en esferas no laborales, aunque siempre constituyeron trabajo en un sentido amplio, como puede ser el cuidado de ancianos o la propia procreación. Sea porque los márgenes ya constituyen la regla o porque lo reproductivo está en fase de mercantilización, podemos constatar que la separación artificial entre lo productivo y lo reproductivo, así como la frontera entre empleo y trabajo de cuidados, se diluye. Quizás esto es lo que ha permitido una expansión teórica en el marxismo contemporáneo del concepto de trabajo que durante mucho tiempo estuvo secuestrado por los sesgos más economicistas.

 

Además de las implicaciones teóricas, estas consideraciones pueden tener también consecuencias estratégicas. Así, sostenemos que las huelgas feministas y las huelgas de mujeres pueden considerarse una experiencia central para pensar la organización, no solo de las mujeres, sino del grueso de la clase trabajadora. Judith Carreras (2018) recuperaba en un artículo reciente en esta misma revista una cita de Mariana Montanelli, quien expresaba la siguiente intuición que compartimos: “Las perspectivas feministas constituyen un punto de vista privilegiado para analizar las condiciones de explotación contemporánea”. Podríamos añadir que también constituyen un punto de vista privilegiado para experimentar nuevas formas de organización y de lucha.

 

Tras décadas de sindicalismo de pacto y concertación, el movimiento feminista está permitiendo un proceso de democratización de la herramienta de la huelga que probablemente tenga consecuencias a largo plazo. Los últimos dos 8 de Marzo han permitido a una capa de trabajadoras nada desdeñable hacer y organizar una huelga, en muchos casos, por primera vez en su vida. La autoconfianza, empoderamiento, la experiencia acumulada y las redes establecidas por miles de mujeres pueden suponer un salto cualitativo para el conjunto de la clase solo evaluable con el paso del tiempo. El otro elemento de democratización es la organización de la huelga en trabajos tradicionalmente olvidados por el sindicalismo de concertación, como son los cuidados o el consumo, que sin embargo sí tuvieron importancia en el movimiento obrero de principios de siglo: las huelgas por la carestía de la vida o las de alquileres son un buen ejemplo. En este sentido, la democratización de la huelga permite experimentar esta herramienta en los márgenes del mercado laboral que comentábamos anteriormente y refuerza la idea de que esas actividades son también y sobre todo trabajo.

 

Actualización del concepto de clase

El retorno de la cuestión de clase ligado a todo lo que venimos contando encierra, sin embargo, fantasmas que es necesario atajar incorporando las apreciaciones que desde el marxismo crítico, pero también desde el pensamiento antirracista y el feminismo, se ha hecho sobre el concepto. De cualquier otro modo, nos encontraremos reproduciendo debates estériles sobre el sujeto mítico, absoluto e incuestionable de la lucha de clases, de dudosa existencia material y difícilmente historizable, que demuestran ser mucho más fetiche estético que comprensión de las dinámicas sociales y que acaban inevitablemente enfrentados a las luchas reales. Pero si entendemos, por el contrario, que «la clase» es siempre el resultado del proceso de luchas y que no existe de manera aislada sino en función de su relación de antagonismo con la otra clase (o lo que es lo mismo: que la lucha de clases precede a la clase y que la clase y la conciencia de clase son siempre las últimas y no las primeras fases del proceso real histórico –Thompson, 1984–) entonces las posibilidades que se abren son múltiples y fecundas.

 

La formulación histórica o heurística de clase que propone Thompson, además de diferenciarse de una visión estática tremendamente problemática en su aplicación política, encaja con las ideas desarrolladas por las teóricas de la reproducción social y nos permite comprender uno de los aspectos fundamentales del feminismo marxista con el que nosotras nos identificamos: la constatación de que la clase se articula de maneras específicas en la realidad concreta, de que los procesos de acumulación se despliegan a través de mecanismos de género, raza, etc., y de que estos fenómenos no pueden desligarse de la experiencia de la desposesión porque constituyen su propio núcleo. No existe un capitalismo ciego al género o a la raza, del mismo modo que no existe la clase desgenerizada o desracializada. La perspectiva material aportada por el feminismo nos permite así comprender el modo en que las diferentes vivencias clasistas (explotado o explotador) se encarnan en cuerpos concretos e históricamente situados, proporcionándonos una visión global del desarrollo de la lucha de clases.

 

Resulta evidente que esta interpretación nos aleja de aquellas teorías que, proclamándose también marxistas, parten de una concepción estática de la clase, dada ya a priori de la experiencia histórica, donde el género o la raza son añadidos que desvirtúan o modifican el sujeto mítico original. Pero por otro lado, lo que aquí proponemos nos delimita también de las lecturas posmodernas de la interseccionalidad que se limitan a “sumar opresiones”, manteniéndolas como sistemas distintos que se entrecruzan o entremezclan en el espacio (Ferguson y McNally, 2017). Integrar en un marco analítico unitario fenómenos como el racismo o el heterosexismo nos permite no sólo afirmar, siguiendo a Himani Bannerji (2005), que el todo es más que la suma de las partes, sino también poner el foco en la influencia que esto tiene en la construcción histórica de la clase.

 

El enorme auge del movimiento feminista vivido durante los últimos años en todo el mundo y la discusión en torno a la irrupción o no de una tercera ola han puesto en el centro los debates en torno a la clase. ¿De qué modo este movimiento de masas se relaciona con la lucha de clases?, preguntan algunas voces. Nosotras sostenemos que este interrogante está mal planteado, pues parte de la noción estática de clase y no es capaz de comprender el feminismo más que como un añadido externo. El recurso a la herramienta de la huelga, la centralidad de las luchas por la reproducción social, la aspiración a comprender los procesos de producción y reproducción como un todo integrado, y su funcionamiento como vector de politización y radicalización de masas, hacen que esta tercera ola feminista sea, en sí misma, proceso de subjetivación de clase. Y esto es así porque a escala mundial el movimiento feminista está redefiniendo los antagonismos y constituyéndose en lucha de clases feminista (Arruzza, 2018). La potencialidad de las mujeres para cumplir este papel en el actual momento histórico no depende de ninguna identidad esencial, sino que parte de nuestro rol en el proceso de reproducción social, que hace que nuestros intereses coincidan con los intereses de la humanidad (Facet, 2017).

 

A quien cuestione esta evidencia basándose en la supuesta parcialidad o en lo insólito del fenómeno, las feministas le decimos que “ningún modelo puede proporcionarnos lo que debe ser la verdadera formación de clase en una determinada etapa del proceso. Ninguna formación de clase propiamente dicha de la historia es más verdadera o más real que otra, y la clase se define a sí misma en su efectivo acontecer” (Thompson, 1984: 38-39).

 

Apuntes para un rearme emancipatorio

Sigue siendo cierto aquello de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, lo que no es más que una manera muy gráfica de expresar el derrumbamiento de un horizonte emancipatorio tras la derrota del siglo XX. Sin embargo, las reflexiones ecosocialistas junto a las experiencias y reflexiones feministas, empiezan a reconstruir un horizonte emancipatorio. Un horizonte aún lejano que mantiene continuidades y discontinuidades con las experiencias revolucionarias y emancipatorias del siglo XX y que constituye también un terreno de disputa con fracciones de las clases dominantes que buscan construir una agenda propia en clave feminista y ecologista en un intento de suturar la crisis de gobernanza neoliberal.

 

Conscientes de los peligros de las tentativas neoliberales, hay que rastrear cuáles son los elementos con más potencialidad del nuevo ciclo de movilizaciones que se ha abierto camino en los últimos años. Reflexionar de qué modo el feminismo está permitiendo recuperar consignas como el reparto de los trabajos –esta vez en plural–, la rebaja drástica de la jornada laboral ligada a la socialización del trabajo reproductivo, repensar cuáles son los trabajos socialmente necesarios, pero también qué actividades económicas deben cesar por ser destructivas para las personas o el planeta, etc. Ante la irracionalidad capitalista y el derroche de recursos y energía humana que este genera, debemos apostar por una reorganización de los trabajos en clave ecosocial y feminista. Esta es una tarea fundamental en la fase que nos encontramos. Los procesos de acumulación y la crisis de la gobernanza neoliberal han abierto un nuevo ciclo virulento y en muchos casos violento que busca redefinir los mecanismos de explotación, dominación y opresión. Disputar esa redefinición será clave para su desenlace.

 

*Julia Cámara es historiadora, activista feminista y forma parte de la redacción de la web de viento sur.

**Laia Facet es activista feminista y militante anticapitalista

Referencias

Arruzza, Cinzia (2018) “De la huelga de las mujeres a un nuevo movimiento de clase”, viento sur, 161, pp. 54-61.

Bannerji, Himani (2005) “Building from Marx: Reflections on class and race”, Social Justice, 32, 4, pp. 144-160.

Bhattacharya, Tithi (2017) Social reproduction theory: Remapping class, recentering oppression. Londres: Pluto Press.

Carreras, Judith (2018) “¿Puede ser el feminismo un revulsivo sindical?”, viento sur, 161, pp. 71-82.

Dalla Costa, Mariarosa (2009 [1972]) “Poder femenino y subversión social”, en Mariarosa Dalla Costa, Dinero, perlas y flores en la reproducción feminista, Akal, Madrid.

Delphy, Christine (1976) The main enemy, Women’s Research and Resource Centre.

Facet, Laia (2017) “Mujeres: sujeto estratégico”, https://vientosur.info/spip.php?article12902

Ferguson, Sue y McNally, David (2017) “Social reproduction and intersectionality: an interview”, https://marxismocritico.com/2017/10/17/social-reproduction-beyond-intersectionality/

Pérez Orozco, Amaia (2014) “Del trabajo doméstico al trabajo de cuidados”, en Cristina Carrasco (ed.), Con voz propia. La economía feminista como apuesta teórica y política, viento sur-La Oveja Roja, 2014.

Thompson, Edward Palmer (1984) “¿Lucha de clases sin clases?”, en E. P. Thompson: Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Crítica, Barcelona, pp. 13-61.

Young, Iris (1981) “Beyond the unhappy marriage: A critique of the dual system theory”, en Lydia Sargent, Women and revolution. A discussion on the unhappy marriage of Marxism and feminism, South End Press, pp. 43-69.

 

Revista Viento Sur nº 165

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/propuestas-feministas-para-un-rearme-teorico-y-estrategico