Qué Trabajo

Agosto 2019

Con lógica del gran capital vs. Enfoque ecosocialista.

 


 

 

 

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /Alternativas emancipatorias

 

 

 

Expropiado y explotado por burguesía

 

 

Apreciemos porqué la lógica del capital está agravando e intensificando las injusticias social y ambiental. Implanta el:

 

Acaparamiento de tierras y

bienes comunes

marzo 2015

Por Amigos de la Tierra Argentina

(….)Acaparamiento por minería a gran escala

América Latina vive un auténtico “boom minero”. Las exportaciones que provienen de las minas y canteras de los países del MERCOSUR (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) aumentaron, pasando de 20.000 millones de dólares en 2004 a 46.000 millones en 2007. El caso argentino es ilustrativo del fenómeno. Desde los años ‘90, las minas que habían cerrado fueron otra vez abiertas, y nuevos yacimientos se encuentran en etapa de prospección. Según el Mining Journal (Periódico Minero), la Argentina está en el sexto puesto de las naciones más ricas en recursos mineros, que se encuentran en la Cordillera de los Andes. Esta se extiende sobre 5.000 kilómetros, atravesando varios países del continente (Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela). Estos recursos no son un descubrimiento reciente: su explotación ha empezado hace mucho tiempo. Además de sus sobrenombres como “granero del mundo”, la Argentina está en camino de llegar al estatuto de “vedette de la industria minera”.

 

Esta aceleración de la actividad minera resulta destructiva del ambiente y daña a las poblaciones que viven en las regiones sometidas a este sacrificio ambiental. Sin embargo, las comunidades locales resisten, formando organizaciones asamblearias de base y diferentes grupos que actúan en solidaridad por la defensa del territorio bajo el lema “contra el saqueo y la contaminación”, aparecieron asambleas en 12 provincias que se agruparon en la UAC.

 

Estos nuevos movimientos sociales, que alimentan la agenda pública y política, contribuyen a la modificación de las leyes en vigor y a la constitución de un nuevo marco legal. Algunas provincias prohíben o limitan diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis, Córdoba, La Rioja y Río Negro; si bien siempre se presentan posibilidades de derogación, modificaciones o problemas para la aplicación cabal de estas limitaciones. También contamos con la reconocida Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares, y con diversas leyes provinciales, sancionadas como contrapeso jurídico a la ley nacional, de mayor jerarquía (por ejemplo, las provincias de Salta, La Rioja, San Juan, Río Negro, Santa Cruz y Jujuy).

 

Una historia minera

Sería un error pensar que la Argentina no tiene una historia minera. El problema de estas explotaciones en América del Sur data de hace cincos siglos y los proyectos actuales obviamente hacen referencia al pasado colonial del continente. La explotación de las minas de plata y oro fue el nervio de la economía colonial. Quizás en el pasado no ha existido una arremetida descomunal como la que vivimos actualmente, sin embargo es necesario reconocer que ya desde el “descubrimiento” de América se ha instalado la expropiación de los pueblos por medio de esta actividad. Así, la minería hoy en la Argentina se encuentra bajo la lógica de un nuevo capitalismo que obedece a diferentes procesos construidos históricamente. La situación actual es imposible entenderla sin enmarcarla en una historia que pueda especificar cuáles son los principales cambios en su proceso.

 

Es bien conocido que los incas en Perú y los aztecas en México tuvieron dominio del oro, la plata y el bronce, según lo demuestran los objetos recolectados en dichas zonas. En la Argentina se conoce que los pueblos originarios tenían el uso del litio “para las puntas de las flechas, las hachas, y en algunos casos para las boleadoras, especialmente en las zonas de las actuales Ensenada, Luján y Esperanza, en la Provincia de Buenos Aires” (Straccia, 2004). La primera motivación de la conquista fue sin duda la fabulosa cantidad de metales que se encontraban en poder de los nativos, y con la ayuda de la iglesia católica la expropiación se hizo de forma sistemática. Al respecto, Straccia (2004) menciona cómo las misiones jesuíticas que se instalaron en el continente entre 1650 y 1773, por medio del discurso de la evangelización que les permitió acercarse a las comunidades locales, lograron conocer con precisión dónde se encontraban las minas de gran valor. De esta manera, “numerosas minas de oro y plata de Salta, Jujuy y Catamarca fueron explotadas por estos enviados de la iglesia”.

 

Además, es imposible desconocer la importancia que tiene la minería en el sur del continente con la extracción realizada en el Cerro Rico de Potosí, una mina extensamente descrita por Eduardo Galeano en su texto Las Venas Abiertas de América Latina, que fue descubierta en 1545 y que durante más de 200 años sostuvo la economía de la corona española con la extracción de 10.000 toneladas de plata entre 1550 y 1630. Durante los comienzos del siglo XIX, la extracción minera se fue aplacando, principalmente por haberse emprendido proyectos de difícil realización, y también debido al auge agroexportador en el que se encontraba el país. No obstante, para la nueva república era de interés la extracción minera, y ya en 1813 fue sancionada la primera Ley de Fomento Minero. Durante la segunda mitad del siglo, la extracción se orientó a otros minerales de envergadura: cobre y plomo. Estos podemos encontrarlos en los trabajos realizados en los distritos de El Salado (La Rioja), Capillitas (Catamarca) y Virorco (San Luis).

 

A partir de un moderado auge a finales del siglo XIX, el Estado comenzó a desarrollar sus propias herramientas de investigación. Además durante 1886 se constituyó el Código de Minería de la Nación, que entró en vigencia el siguiente año, manteniendo un marco legal para el siguiente siglo. Este código establece que las minas de primera categoría (es decir de oro, plata, níquel, y luego también de uranio) son propiedad del Estado, que no puede explotarlos directamente: su utilización económica solamente puede hacerse tras el otorgamiento de concesiones. Así, a lo largo del siglo XX, numerosas compañías mineras occidentales siguen explotando la mano de obra nativa, particularmente en las Altas Mesetas del Nordeste. La minería en la Argentina durante la primera mitad del siglo XX se encontró enmarcada por las guerras mundiales.

 

El moderado auge de esta actividad debido a condiciones externas, tuvo un freno con el estallido de la Primera Guerra Mundial, debido a que los países beligerantes dejaron de exportar materias primas minerales que la Argentina necesitaba, y desde aquí que se intentó suplir este déficit desde el ámbito local. Este proceso se comprueba al observar un aumento de las solicitudes y consultas mineras del país, como los pedidos de análisis de minerales, rocas, aguas, carbones y petróleos. Con la Segunda Guerra Mundial se acrecentó el interés por la minería local. “De esta manera, tomó fuerza la explotación del mineral de hierro en la sierra de Zapla (provincia de Jujuy) y el Estado nacional encabezó la explotación de azufre en el norte del país, fundamentalmente en la Puna salteña y también en Mendoza” (Straccia, 2004). Se observa cómo la minería principalmente fue emprendida con capitales nacionales para suplir un consumo interno de las industrias. La Secretaría de Industria empezó a manejar la Dirección de Minas y Geología, que con el Banco de Crédito Industrial Argentino y la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) empezaron a abastecer de materias primas a la industria local, en un mercado mundial destruido por la guerra. Durante esta primera mitad del siglo XX, como ya hemos resaltado, la minería oficial fue ejecutada por órganos nacionales y provinciales, quedando al margen el sector privado.

 

Straccia (2004) destaca la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), en 1941, para el fomento del desarrollo industrial del país y que se abocó a la expansión de la siderurgia pesada, aportó avances en la investigación geológicominera, participó en la explotación ferrífera en la provincia de Jujuy y de azufre en la Puna salteña, y promovió un programa de aprovechamiento de reservas de hierro en Sierra Grande. Además se menciona la creación de la Dirección General de Yacimientos Carboníferos Fiscales (DGYCF), en la provincia de Santa Cruz, para encarar el proyecto de Río Turbio. En la década de los ‘50 se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que inicia los estudios de prospección y procesamiento de productos uraníferos. De esta manera el DGFM, CNEA y la Secretaría de Minería realizaron diversos proyectos de exploración y explotación en el territorio argentino entre 1960 y finales de 1970. Según Straccia, durante los años ‘80 no hay mucho que decir en relación con esta industria. La Argentina se reencontraba con la democracia y otros temas eran fundamentales en la vida nacional, la violación de los derechos humanos y los problemas económicos, que relegaron las labores mineras estatales y privadas a un segundo plano. Al fin de los años ‘80, la caída de los precios de los minerales precipita el cierre de la mayoría de las minas, propiciando una desestructuración total de la organización local del empleo y un éxodo masivo de los habitantes de esas regiones hacia las grandes ciudades. Según este marco histórico, la explotación minera durante los siglos XIX y XX fue realizada a baja escala y con el ya citado objetivo de suplir un consumo interno industrial.

 

En los años ‘90 y al principio del siglo XXI, la historia de la minería en el país encuentra un auge sin igual para la explotación de recursos metalíferos por parte de transnacionales, como consecuencia de una profundización en el cambio de estrategias del modelo capitalista sobre el territorio latinoamericano. Siguiendo la lógica impuesta durante los años ‘90 en toda Latinoamérica con la apertura económica dictada por el “Consenso de Washington”, que consistió en una profunda reforma del marco regulatorio para el beneficio de las grandes transnacionales, la Argentina inició una política de privatizaciones de los servicios públicos y de la totalidad de los recursos naturales del país. La rentabilidad de la explotación de los metales y minerales vuelve a elevarse, a causa de los avances tecnológicos y de la subida de los recursos en los mercados internacionales, debida al aumento de la demanda. Durante el mandato de Carlos Menem, el gobierno reajusta sus inversiones en dirección hacia este sector y busca atraer fondos internacionales para desarrollar y modernizar esta actividad en el país.

 

A partir de la Reforma Constitucional de 1995, se aprobó la actualización del Código Minero, por medio de la Ley 24.498, en donde se concede a las empresas privadas la facultad de buscar minas, aprovecharlas y disponer de ellas como dueños (según el artículo 8) y la autoexclusión del Estado para disponer de la minería en el país (en el artículo 9). Precisamente, este marco induce a que las transnacionales sean las únicas entidades capaces de afrontar la extracción minera, excluido de la actividad el Estado y no siendo posible realizarla con empresas medianas, puesto que los altos costos que implica sólo pueden ser sostenidos por la inversión de enormes capitales. También es necesario subrayar que según el artículo 18: “Las minas se conceden a los particulares por tiempo ilimitado”. En la práctica, el contrato de concesión está limitado a 36 años: 5 años para la exploración, 1 año para el estudio de factibilidad y 30 años para explotación. Con lo cual se le entrega el territorio a las transnacionales, quienes podrán usufructuarlo durante un largo período de tiempo, lo que atenta de forma directa contra la soberanía de los pueblos.

 

La única mención del Código Minero sobre la función social de dichos emprendimientos se encuentra en el artículo 13, que pese a decir que: “La explotación de las minas, su exploración, concesión y demás actos consiguientes, revisten el carácter de utilidad pública”, no aclara en qué consiste dicha utilidad. Al parecer se trata sólo de una enunciación estratégica que, al darle el carácter de “utilidad pública”, coloca a la minería como una prioridad para las políticas provinciales sobre otros temas como pueden ser la salud, la educación y la industria.

 

Y se trata sólo de un discurso demagógico, pues ¿qué utilidad pública puede dar una multinacional que se enriquece por medio de la riqueza de los metales y por encima de la riqueza tangible de las comunidades (ambiental, social, agrícola, etc.)? Y, ¿qué utilidad puede observarse en el tema de la minería? Pues a pesar de enunciarse como un gran desarrollo para las comunidades el que dejen sólo un 3% del valor boca de mina1 , han dejado a su paso un pasivo ambiental2 en los territorios que el Estado tendrá que remediar o mitigar para el bienestar de las comunidades, y por medio de nuestros impuestos. Un deterioro ambiental que no puede ser apreciado monetariamente en la actualidad, pero sí valorado en relación con nuestro legado a generaciones futuras. Un caso paradigmático en este proceso de privatización por medio de la inversión de capitales extranjeros consiste en el proyecto minero Pascua Lama, que se materializa en un área de 3.041 kilómetros cuadrados situada en la frontera argentino-chilena, resultando legitimado por los gobiernos de ambos países mediante el Tratado de Complementación Minera argentino-chileno, sancionado en marzo de 2000. Un territorio netamente cedido al control de la corporación Barrick Gold, y también denominado como un “tercer Estado”, donde la empresa dispone de la tierra para sus beneficios económicos, no permitiendo el ingreso a la comunidad, ni a ninguna persona por fuera de los trabajadores.

 

Hasta el momento de redactar el presente texto (agosto de 2014), el proyecto se encuentra suspendido dentro del territorio chileno desde octubre de 2013, debido a serios incumplimientos en las políticas ambientales del mencionado país. “Pero naturalmente mantendremos nuestra opción de retomar el ritmo de la construcción y finalizar el proyecto cuando hayan sido logradas mejorías a sus actuales desafíos”, informó su presidente y CEO, Jamie Sokalsky. El revés para el proyecto binacional crispó a la contraparte argentina y al sector minero: “Se lo dije a mi par, la Ministra de Minería de Chile en la reunión que tuvimos hace pocos días. Les dijimos: ‘pónganse los pantalones largos, necesitamos que Chile, que el gobierno chileno le dé respuesta al proyecto Pascua’, que es la parte chilena del proyecto binacional Pascua Lama. Porque no queremos detener la construcción de Lama en la Argentina, porque implica prescindir de cientos de contratos de servicios”, declaró el Ministro de Minería argentino, Jorge Mayoral.

 

Sin embargo, el 31 de julio de 2014 la empresa anunció la suspensión total de las obras en el lado chileno del proyecto. Queda la duda acerca de los motivos reales de esta retracción: la voluntad de la corporación de ceñirse a las normas o el contexto económico y social desfavorecedor para la actividad. Durante los años ‘90 se realiza una reforma legislativa, posibilitando el ingreso de las corporaciones a los territorios, apoyado por el Banco Mundial en el año 1994 con su Proyecto de Asistencia a la Minería Argentina (PASMA), cuyo objetivo fue lograr reformas regulatorias e institucionales con “autoridades provinciales de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis” (Secretaría de Minería, 1994), tendientes a alentar la inversión privada en minería. Así, con las condiciones jurídicas ya dispuestas y con la inversión de entidades como el Banco Mundial, este proyecto político tuvo continuidad, consolidándose en estos últimos 10 años. De esta forma, se construye una mirada más estratégica y planificada en el 2004 con el Plan Minero Nacional. Este plan instaura la minería como política de Estado ofreciéndole un impulso nunca antes visto a la expoliación del territorio argentino, y que de forma sorprendente los números revelan, puesto que de 40 emprendimientos en 2003 actualmente existen hoy más de 600 en el territorio nacional.

 

En 2001, a pesar de la crisis financiera en la Argentina, los precios del oro y del cobre alcanzan niveles récord por la demanda de las economías china e india. Así, entre 2003 y 2007, las inversiones en el sector minero aumentan un 748%. En 2007, la Argentina contaba con 9 yacimientos explotados, 5 en construcción y 140 en prospección. Es necesario también ubicar este auge minero dentro de un modelo complejo que ha tenido diferentes causas y que ha sido re-diseñado desde los países del norte para los países del sur. En este sentido, otra causa que impulsa esta arremetida de la extracción metalífera, en particular en el tema del oro, es la crisis económica acaecida en el 2008. Siguiendo la reflexión de Brand (2009), la crisis de ese año fue causada por la desregulación de los mercados financieros y sobre todo por la falta de control sobre sus administradores: precisamente una de las estrategias para superar dicha crisis consistió en la regulación de los mercados financieros por parte de los Estados.

 

De aquí que los grandes inversionistas, al darse cuenta de la inestabilidad de los mercados, se guiaron nuevamente a un impulso incansable de basar su riqueza por la compra de oro. Aunque este punto de vista es una interpretación hegemónica de la crisis que esconde otras causas, podemos resaltar dos hechos que son innegables: 1) La inexorable subida de los precios del oro, y 2) La arremetida minera en Latinoamérica por las empresas transnacionales. Lo que pone en claro un interés mundial por los metales preciosos, en especial el oro, que es directamente proporcional al boom minero en Latinoamérica y al acaparamiento de tierra.

 

Según las fuentes oficiales la industria minera ha alcanzado un récord de crecimiento en 2008, las exportaciones llegan a la cifra de 3.437 millones de dólares y las inversiones fueron de 2.041 millones. La Argentina inaugura 4 nuevos proyectos importantes: Manantial Espejo en Santa Cruz, Pirquitas en Jujuy, Sierra Grande en Río Negro y Gualcamayo en San Juan. Al mismo tiempo que el gobierno multiplica las promesas de respeto al medio ambiente y a la salud de las poblaciones. Entonces, durante la última década el crecimiento de la inversión extranjera en minería fue de grandes proporciones en la Argentina, según el informe entregado en el año 2011 por la Secretaría de Minería: alrededor de 11.078 millones de pesos en inversiones. En su última publicación, Minería Argentina. Oportunidades de Inversión (Secretaría de Minería, 2011), se habla de alrededor de 614 proyectos mineros en el país con la inversión de 30 diferentes países participantes en la exploración y explotación, lo que convierte a la Argentina en el sexto país con potencial minero en el mundo. Un crecimiento del 3311%, como el informe lo presenta, en relación con los proyectos existentes en el año 2003. En este sentido, en menos de 10 años la Argentina ha implementado una verdadera política de Estado, como fue denominada por el gobierno de Néstor Kirchner al lanzar su Plan Minero Nacional. Precisamente el informe presentado por la Secretaría de Minería, Minería en Números 2009, expone la extracción de minerales en el país como: “... una verdadera alternativa productiva para el desarrollo y la prosperidad de las zonas más alejadas a los grandes centros industriales de nuestro país”.

 

De la misma forma, es posible resaltar la locución de la Presidenta Cristina Kirchner durante la 42º Cumbre MERCOSUR, realizada a finales de 2011, en donde ratificó el modelo de desarrollo productivo minero para la Argentina y la región afirmando: “Tenemos muchas cosas para hacer, la minería que algunos les parece casi una mala palabra, pero que haciéndola sustentable y respetando las normas que se hacen en otros países es todavía una actividad sub-explotada en la región” (Secretaría de Minería, 2011). De esta manera, es posible constatar que la minería se ha constituido como uno de los principales proyectos de desarrollo en el país, con el objetivo de mayor expansión sobre el territorio, y sin duda es expuesto como uno de los mayores triunfos en la política económica.

 

Continuemos la lectura destacando significados e implicancias de las:

 

Resistencias populares

A pesar de estas estrategias por parte de las empresas mineras, las luchas se mantienen. En efecto, es posible resaltar que de forma paralela, al mismo tiempo que se realizaban las exploraciones y se implementaban los emprendimientos, se construían resistencias en contra de este modelo extractivista-exportador3.

 

Las alternativas y las exigencias por una democracia directa no se silencian frente a un avasallador sistema que intenta acallar las voces que exigen cambios del modelo y que nos muestran alternativas. De esta manera, la resistencia se ha articulado a través de medios alternativos y comunitarios, en algunas provincias se han fortalecido las radios comunitarias, la difusión de las problemáticas de los proyectos, por medio de la educación ambiental, implementando estrategias de bibliotecas, videotecas y el diálogo.

 

Sin duda, existe una gran diversidad en las resistencias contra la minería a cielo abierto, la mayor parte de éstas se han reunido bajo la figura de asambleas o vecinos autoconvocados que realizaron diferentes movilizaciones alusivas en sus territorios. En ellas confluyen diferentes actores sociales, económicos y políticos. Recurren a numerosos medios de acción directa, como cortes de ruta, bloqueo de los camiones que transportan herramientas y máquinas a los lugares de explotación, manifestación, denuncia pública, huelga de hambre. También llevan a cabo campañas de información, educativas, y obras de investigación.

 

Reaccionando ante las decisiones inconsultas que se imponen en sus territorios comunitarios, y faltos de respuestas oficiales ni garantías a su salud. De la misma manera, como subraya Svampa (2008), existe una heterogeneidad en relación con los resultados que alcanzan, ya que la mayor parte de ellos también dependen del tejido social y la diversidad económica de la provincia, además de la etapa de realización en la que se encuentra el proyecto (prospección, exploración, explotación). No obstante, las principales problemáticas que denuncian y sus principales causas de lucha pueden ser enmarcadas en dos preocupaciones: ambientales y sociales, dos sistemas que no se encuentran separados, sino interrelacionados con lógicas complejas.

 

Es importante observar que las resistencias consideran que el problema de la minería no es tan solo un conflicto en un plano espacial4, sino también cultural y político. De aquí que prefieran hablar de «territorio», que implica una visión cultural, ancestral y comunitaria. De la misma manera se fortalece la noción de territorio, la utilización del espacio público para realizar una discusión abierta y argumentada de los proyectos, se toman los territorios para hacer valer sus dimensiones sociales, culturales y ambientales; de esta forma han detenido emprendimientos tomando los caminos comuneros y las rutas nacionales y provinciales.

 

Un esfuerzo por democratizar la información, por reivindicar la noción de territorialidad, por la exigencia de una democracia participativa, una democracia asamblearia y una lucha por la autonomía de los pueblos. Por esta razón, la contaminación social es considerada como altamente antidemocrática, ya que intenta silenciar por medio del poder que se ejerce en los ámbitos económicos, académicos y sociales la palabra para la voz de la oposición. Contaminación que ha permeado todos los espacios de lo público, y ha llevado a que todos los entes gubernamentales dependan de las empresas mineras.

 

En este contexto es donde podemos observar dos visiones distintas e irreconciliables acerca del modelo, en relación con la minería en la Argentina.

 

·         Por un lado, encontramos un nivel gubernamental que propende por una “minería sustentable”, que encuentra en su actual desarrollo uno de los principales triunfos políticos y económicos, y que propugna llevar desarrollo a las comunidades más alejadas de las principales zonas industriales del país.

·         Por otra parte, nos encontramos con la movilización social en contra de la minería, una lucha infatigable denunciándola como contaminante, tóxica, y contraria a los intereses de un país democrático.

 

Ahora bien, en este sintético pero revelador marco, es necesario preguntarse: ¿Cuáles son los costos políticos y sociales que tiene que pagar un país por una política extractiva de tal envergadura?; estos hechos que se presentan como grandes triunfos en el desarrollo del país por parte de la institucionalidad ¿son victorias reales del modelo o, por el contrario, son una interpretación sobredimensionada de una realidad mucho más compleja?; y acaso, ¿es posible con el desarrollo tecnológico actual hablar de una “minería sustentable”?

 

Estas preguntas, pertinentes en el campo democrático, nos permitirán pensar con una perspectiva crítica la nueva arremetida propagandista pro-minera en la Argentina como proyecto político, que de forma paradójica ha mantenido un silencio institucional para una discusión política y ambiental con las comunidades que han padecido el desarrollo minero en el país.

 

Consecuencias ambientales y sociales

En la Argentina, la mayoría de los glaciares se hallan en la cordillera y en las provincias de Mendoza y San Juan. Estos glaciares juegan un papel fundamental en la regulación hídrica del país: en efecto, durante los períodos de verano o de sequía, los glaciares son las principales fuentes de aprovisionamiento de las zonas áridas. Las comunidades dependen del agua proporcionada por los glaciares para su consumo personal, la irrigación de cultivos y la producción de energía eléctrica. Según Alexander Brenning, investigador en la Universidad de Waterloo (Ontario, Canadá), la explotación minera de alta montaña es una fuente importante de contaminación del agua. Entre tantos, el caso más dramático es el de Jachal, provincia de San Juan, una localidad cercana a la mina Veladero: “Primero se contaminó el agua, después comenzó a escasear ese recurso y luego se han contaminado las napas.

 

La crisis hídrica hoy es constante. No se puede tomar el agua de la canilla por prescripción médica, en particular porque el río posee niveles elevados de cianuro, plomo y arsénico”, afirma María José Salazar, vecina y participante de la agrupación Madres Jachaleras. Las empresas se instalan incluso en las áreas protegidas o en los parques nacionales. El gobierno de Cristina Kirchner sigue promoviendo activamente la instalación de nuevos proyectos como por ejemplo el de Pascua Lama, en la frontera entre la Argentina y Chile, llevado adelante por la empresa Barrick Gold para explotar una de las más grandes reservas de oro y plata del mundo. Este proyecto se desarrolla en el contexto de la ampliación de la explotación de Veladero de la Argentina hasta el otro lado de la frontera con Chile. Con la subida de la cotización en bolsa de los metales hasta 2008, se ponía de relieve la posibilidad de usar la explotación minera para reactivar la actividad económica del país. Esta opción es altamente promovida por el gobierno actual al punto de impedir la aplicación total de la Ley de Glaciares, que debía prohibir toda actividad industrial en los glaciares y el área periglacial.

Más allá de la propiedad de los recursos, se reproducen reglas y funcionamientos de los procesos productivos volcados a la competitividad, eficiencia, maximización de la renta y externalización de impactos y no se observa ninguna mejora sustancial relevante en la calidad de vida de los habitantes.

 

Una condición de posibilidad para la minería a cielo abierto se debe al avance tecnológico en este campo.

Precisamente, este tipo de minería no es la habitual, aquella realizada por medio de socavón a través de labores subterráneas. En términos comparativos, la maquinaria que se usa en la minería subterránea es mucho menor que la que se utiliza a cielo abierto, debido a las limitaciones que imponen el tamaño de las galerías y demás labores. En la actualidad, por un déficit de metales en forma de veta5 , la minería a cielo abierto intenta extraer el mineral que se encuentra diseminado por las montañas, denominado “yacimiento” (concentración anómala de ciertos metales), por medio de excavación o explosión.

 

Esta remoción produce dos clases de elementos: desechos de roca y sedimentos. Los primeros, por su baja cantidad de mineral, son descartados y liberados como polvo o agua contaminada. Los sedimentos, por su parte, son molidos y aplastados para luego pasar a las piscinas en donde por medio de un proceso de lixiviación (un elemento químico que es echado en estas piscinas y que varía según el mineral que se quiera extraer: por ejemplo el oro utiliza cianuro, y el cobre, ácido sulfúrico, ambos altamente contaminantes), en donde es separado el mineral de la roca, produciendo desechos o relaves (conjunto de roca y líquido contaminado).

 

Podemos observar con claridad que la minería a cielo abierto es altamente contaminante. Por ejemplo, la voladura de la montaña, que en un día puede utilizar 9 toneladas de explosivos, requiere el removimiento de la capa vegetal, y la alteración o represamiento de los ríos, drenajes, humedales o áreas costaneras, ya que necesita utilizar 370 litros de agua por segundo (como en el caso de Pascua Lama), generando una modificación profunda de la topografía de toda el área de la mina. En relación con el tema hídrico existen más riesgos, pues cualquier piscina mal sellada o un movimiento telúrico que genere una fisura causan la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, contaminación que no puede ser detectada inmediatamente y que genera enfermedades durante varias generaciones en las poblaciones. Sin contar los efectos que produce el polvo de la explosión, remoción y transporte del material, que se disemina por el aire y dependiendo de los efectos del viento puede llegar a las comunidades u otros territorios. No hay duda de que la minería a cielo abierto produce problemáticas ambientales que pueden observarse cuando se estudian con detenimiento los procesos necesarios para su implementación.

Sin embargo, las resistencias denuncian que la contaminación no es sólo ambiental, sino que también es generada en el ámbito público, lo que ellos han denominado como una “contaminación social”. Según Yenni Luján, de la Asamblea por la Vida de Chilecito, en la provincia argentina de La Rioja, la principal estrategia para crear un buen ambiente para los emprendimientos se basa en “la contaminación social, y esto consiste en desarticular a los colectivos que estamos resistiendo a la instalación de los proyectos, por medio de una publicidad agresiva en los medios de comunicación...” (Radio Mundo Real, 2011a), construyendo un imaginario en que la minería trae consigo: crecimiento económico, vivienda, educación, salud, etc., lo que genera una división dentro de la comunidad. Otra estrategia que las empresas utilizan consiste en profundizar “el modelo clientelar con entrega de subsidios para instituciones, de becas, y a cambio de eso les piden firmar documentos en donde de alguna manera declaran que están a favor de este proyecto minero” (Radio Mundo Real, 2011a).

 

De la misma manera, en una entrevista realizada al fiscal Gustavo Gómez, este importante defensor ambiental desde el ámbito legal nos recuerda que el modelo desarrollista y neoliberal empresarial utiliza la estrategia de “pagar a los gobiernos, entregarles ambulancias a los municipios, computadores a las escuelas, templos parroquiales a las iglesias, hospitales a los gobiernos… esa contaminación social hace que se nieguen a ver la contaminación”. Sin duda, esta contaminación social, con diversas caras, termina con la corrupción de diferentes niveles de lo público, desde los líderes sociales hasta las altas esferas de los gobiernos (Gómez, 2011). La contaminación ambiental genera mucho dinero y puede comprar al aparato ejecutivo por medio de la corrupción, y a su vez el aparato judicial crea impunidad que genera más contaminación, observando un crecimiento cada vez mayor. Un caso emblemático en relación con este tema ha sido La Alumbrera, en donde un juez federal fue destituido luego de ser investigado por corrupción. En cada lucha siempre existen denuncias específicas de corrupción en el ámbito público y empresarial.

Las empresas mineras, con ayuda del gobierno, introducen la noción de “erradicar la pobreza” para realizar esta contaminación social. De esta forma, argumentan que traen consigo trabajo, salud y educación, y que cualquier persona que se oponga al emprendimiento es un opositor al desarrollo de la región. Sin embargo, este discurso es producto de un modelo construido desde los sectores que detentan el poder: entre las empresas privadas y la institucionalidad, ya que las empresas se radican en lugares en donde intencionalmente los pobladores han sido absolutamente desprotegidos por el Estado, donde la sociedad ha sido despojada de fuentes de trabajo, de proyectos alternativos, de seguridad social, de trabajo estable, etc. De esta forma, el Estado produce un espacio propicio para que llegue la empresa y resulte ella cumpliendo sus deberes constitucionales6.

 

Se observa un desconocimiento de los saberes tradicionales y la descalificación sistemática de los sectores críticos. Desde sectores políticos y empresarios se construye un discurso que sistematicamente busca descalificar a los que se oponen al modelo extractivo, calificándolos como “ignorantes”, “opositores” al crecimiento económico o la erradicación de la pobreza o, hasta “nazis” entre los últimos adjetivos acuñados(La Nación, 2012). Las empresas utilizan el espacio público para realizar esta descalificación, precisamente Yenni Luján nos dice: “...invitan a ciertas personalidades, supuestamente científicos conocedores del tema de minería, ‘iluminados’, que vienen de alguna manera a traernos la luz porque el gobierno en su descalificación permanente a todos los militantes de las asambleas siempre nos está diciendo que somos ignorantes, que hablamos desde la ignorancia, que hablamos desde una postura eco-terrorista y que nos oponemos al desarrollo de la provincia” (Radio Mundo Real, 2011a).

Esto convierte las tácticas utilizadas por las empresas, con participación del gobierno, en claramente antidemocráticas, ya que en lugar de crear un espacio abierto y público para la discusión en donde las voces de la oposición sean escuchadas y generar un debate de razones y argumentos, son acalladas con la descalificación. El tema también pasa de la misma forma por el campo del saber y el poder que detenta el conocimiento, puesto que las empresas, en algunas provincias, organizan la “educación ambiental” de las comunidades, educación que, por supuesto, invisibiliza los efectos contaminantes de la actividad minera. En particular es posible mencionar el caso de Catamarca (Andrada, 2007), en donde el Ministerio de Educación ha delegado la “educación ambiental” a una empresa de estudios y servicios ambientales (SRL) que tiene entre sus clientes a Minera Alumbrera Limitada, desconociendo el artículo 267 del Código Minero, que indica que esta educación debe ser impartida por el Estado, para la comprensión de los problemas ambientales, sus consecuencias y prevención con arreglo a las particularidades regionales, étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar en que se desarrollen las tareas mineras. También podemos citar un caso en La Rioja, en donde un manual fue reelaborado completamente con asesoría de la minera, ya que en algunos párrafos la Secretaría de Medio Ambiente reconocía lo agresivo de dicha explotación (Comambiental, 2011 ).

 

La resistencia contra la minería sufre una importante represión ejercida por las autoridades a nivel local. Por último, e igualmente grave, las empresas mineras implementan dentro de sus estrategias la criminalización de los militantes y de la protesta social, dirigida hacia los participantes de los colectivos e incluso sus familiares. El modelo, al desconocer la voz de la resistencia, al acallarla con adjetivos negativos desde el campo del saber y desde la noción del desarrollo, busca silenciar en lo concreto por medio de amenazas, quitándole beneficios a la población, o generando presión laboral. Precisamente, debido a estas causas se ha provocado un malestar generalizado en el movimiento social por la Ley Antiterrorista, aprobada el 22 de diciembre de 2011, que puede ser entendida como una afrenta contra el movimiento social al legalizar la posible judicialización de los militantes. Los desafíos futuros Según Maristella Svampa, “el continente latinoamericano es el locus por excelencia de los grandes recursos naturales” (Svampa, 2013, p110). La región tendría históricamente una ventaja comparativa para exportar estos recursos de la naturaleza.

 

La discusión nacional en relación con la minería es sumamente heterogénea, pero, como hemos visto, el debate es un problema del modelo impuesto. Algunos consideran que es sólo una cuestión económica, y que mejorando las regalías de las empresas o haciendo una “minería sustentable” que no contamine, se puede hablar de un verdadero desarrollo en las provincias. Sin embargo, según lo observado la minería es un problema que no sólo acapara el territorio, sino que introduce un modelo económico y político expoliador de la soberanía de los pueblos incluyendo su cultura, su tejido social y en última instancia atentando contra la democracia.

 

Para poder interpretar la situación de la minería en la Argentina es necesario enmarcarla en una noción acuñada por Svampa (2008) y otros teóricos: “extractivista-exportador”, que “apunta a consolidar y ampliar aún más las brechas sociales entre los países del norte y del sur, basado en la extracción de recursos naturales no renovables, la extensión del monocultivo, la contaminación y la pérdida de biodiversidad” (Svampa, 2008b). Siguiendo en algunos puntos la reflexión de David Harvey, comprende que este modelo coloca en el centro de disputa la cuestión acerca del territorio y del ambiente. Por esta razón, cada vez son más las voces que se encuentran en contra de la construcción de mega-represas, los proyectos previstos por el IIRSA7, la difusión de los agrocombustibles (etanol) y, en este caso particular, la minería a cielo abierto. El modelo, de esta forma, ha cooptado no sólo el territorio, sino nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestro saber, ejerciendo poder sobre los significados, los discursos que le permiten postular nuestras prioridades. Por ejemplo, nociones como “desarrollo” o “subdesarrollo”, acuñadas por los gobiernos como evidentes por sí mismas, tan sólo reproducen un discurso colonial que no nos permite pensarnos, ni construirnos.

 

 

Escobar (1998) en su interesante texto “La invención del tercer mundo” demuestra, realizando una deconstrucción de la noción del desarrollo, que dicha noción deviene de un discurso para el control de los pueblos y que permitió drásticamente convertir a las dos terceras partes del mundo en países subdesarrollados, convirtiéndolos en objetivo para la prosperidad material y progreso económico. No obstante, esta designación era realizada desde el punto de vista económico, desconociendo los valores ambientales, culturales y sociales de esas comunidades8.

 

Y en vez de traer el reino de abundancia prometido en los años ‘50, el discurso del desarrollo produjo lo contrario: miseria, explotación y opresión. De esta manera, consideramos necesario pensar alternativas al desarrollo, construyendo nuevos horizontes políticos de los Estados y viendo la posibilidad de transición a nuevos paradigmas que respeten el bienestar de los pueblos y la integridad de la naturaleza en lo local y lo global, en oposición al crecimiento económico. Así, poder posicionar un nuevo horizonte del “Buen Vivir”: asegurando la calidad de vida de las personas, su bienestar, manteniendo la integridad de la naturaleza a nivel local y global, valorando la multiculturalidad de los pueblos. Una propuesta que plantee un cambio bajo un proceso de transiciones con diferentes alternativas y que se encuentra en proceso de construcción.

 

LEY DE GLACIARES, testigo de la antípoda minería-agua

 

La minería y el calentamiento global son las dos grandes amenazas a las que se encuentran sometidos los glaciares andinos. En el año 2008, el Congreso sancionó una Ley de Protección a los Glaciares que fue inmediatamente vetada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “La Ley fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras y sancionada bajo el número 26.418. Pero su aprobación no pasó inadvertida por las empresas mineras, que negociaron con la Presidenta el veto total de la Ley”, afirma Marta Maffei, autora del proyecto de Ley1. Fue denominado “el veto Barrick” y generó una escalada de reacciones a nivel popular, académico, artístico y político. Varias organizaciones, entre ellas Amigos de la Tierra Argentina, solicitamos la revisión de esta medida y se inició una campaña pública multisectorial con más de 100 organizaciones de todo el país para la aprobación de un proyecto de ley con el mismo espíritu del anterior.

 

La Campaña por la Protección de los Glaciares fue amplia y se enviaron 156.350 firmas a la Cámara de Representantes, que reconsideró la iniciativa. Luego de dos años de reclamos, y tras ocho horas de debate en el Senado y vigilia popular en la Plaza de los dos Congresos, el proyecto de ley fue aprobado el 30 se septiembre de 2010 con el número 26.639. La resistencia a la ley pasó del Ejecutivo Nacional a los gobernadores de las provincias, quienes amenazaron con desconocer la ley e imponer medidas judiciales. Esta ley se propone salvaguardar todas las zonas de suelos congelados y prohíbe la minería cerca de los glaciares. Sin embargo, la aplicación de la misma se vuelve difícil debido a la resistencia de las llamadas “provincias mineras” que antepusieron diferentes recursos para evitar su aplicación, desde leyes provinciales más permisivas pasando por la medida cautelar impuesta por la minera Barrick Gold en San Juan, lo que provocó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuviera que ratificar la ley nuevamente en el año 2012. La ley también ordena la creación del Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). El primer informe presentado por esta institución, en marzo de 2013, relevó cuerpos de hielo en 6 provincias e identificó más de 4.000 glaciares que cubren un área superior a 3.700 kilómetros cuadrados. 1- Glaciares Andinos, Recursos Hídricos y Cambio Climático: Desafíos para la Justicia Climática en el Cono Sur, 2011, Programa Chile Sustentable, Chile.

Los costos políticos de una estrategia extractiva de tal envergadura atentan contra los valores de una política democrática. Precisamente, el modelo en el cual se enmarca la extracción minera permite la corrupción en todas las esferas del ámbito público, generando una dependencia de los entes gubernamentales a las empresas mineras. (….)

Fuente: http://amigosdelatierra.org.ar/wp-content/uploads/ACAPARAMIENTO-web.pdf

 

Podemos comprender cómo la lógica del capital trastoca la economía en lo siguiente: Más allá de la propiedad de los recursos, se reproducen reglas y funcionamientos de los procesos productivos volcados a la competitividad, eficiencia, maximización de la renta y externalización de impactos y no se observa ninguna mejora sustancial relevante en la calidad de vida de los habitantes.

 

La lógica del capital rige la economía vigente desde siglos también por embaucamiento popular. Hoy este último está  a cargo de progresistas e izquierdistas aburguesados. Lo hallamos en el artículo siguiente, del cual extraemos afirmaciones de Carlos Heller y Juan Carlos Junio.  "Nosotros no decimos ‘no a la minería’, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta, la semana pasada. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”. También detalla que el “80 por ciento del litio del planeta” está en el sur de Bolivia, y el norte de Chile y Argentina, área denominada como “el triángulo del litio” y asegura que “en el mundo minero y de las finanzas asociadas a los recursos extractivos se habla informalmente de la ‘Arabia Saudita del litio’”.

 

El proyecto remarca de manera reiterada la importancia de que el Estado maneje el recurso, menciona la posibilidad de una “asociación estratégica” con Bolivia y Chile, y celebra que (los tres países) podrían “controlar en forma cuasi-monopólica la oferta mundial del litio”. Se intenta el éxito en 2012 cuando "El Famatina no se toca" se había transformado en causa nacional y despertado la solidaridad con el  ¡NO! a la megaminería, el kirchnerismo-PJ recurrió al estatismo aprovechando su amplio enraizamiento en las creencias populares. Así  la Organización Federal de Estados Mineros hizo a la involución de la conciencia mayoritaria.

 

 No sólo el proyecto deja de lado a derechos constitucionales de los pueblos originarios locales a ser consultados sino también se despreocupan de lo que Rodrigo Solá, uno de los abogados de las comunidades, explicó (durante la exploración) “perforaron el acuífero” y realizaron un doble mal: contaminaron el acuífero de donde obtienen agua para consumo humano, animales y cultivos. Y, al mismo tiempo, el agua dulce que ascendió hasta la superficie arruinó la sal de ese sector de la salina. Es que se rigen por la lógica del Capital y de modo que, para ellos, son externalidades: la expropiación de territorios y bienes comunes y la destrucción de las condiciones tanto de vida como de trabajo.

 

 

Argentina: YPF del litio  la minería “progresista”.
lalineadefuego.info /
28 de Julio 2015

Por Darío Aranda
Pressenza

Diputados kirchneristas impulsan un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”. Intenta regular la extracción de un mineral pretendido por empresas mineras y automotrices en el noroeste del país, mayoritariamente en territorio indígena. La iniciativa se presenta como progresista porque promueve que el Estado controle este “recurso estratégico”. Sin embargo, la propuesta legislativa no contempla los derechos básicos de los pueblos originarios. Tampoco hace hincapié en la leyes ambientales.

“El oro del futuro”, publicitan empresas y gobiernos al referirse al litio, un mineral utilizado en las baterías de teléfonos celulares, computadoras y autos eléctricos. En el norte argentino ya se explota minería de litio, hermana menor de la megaminería metalífera (de oro, plata y cobre). Desde el kirchnerismo acaban de presentar un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”, que lo intenta declarar “bien estratégico” y propone –con discurso progresista– procesarlo y que el Estado se apropie de esa renta. El proyecto no contempla ninguno de los derechos de los pueblos originarios (donde está buena parte de las reservas de litio) y no menciona ningún aspecto del derecho ambiental. “¿Qué dirían esos diputados si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”, reprochó Clemente Flores, kolla de las Salinas Grandes de Jujuy.

Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto tiene 74 artículos, declara las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establece de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propone la creación de la “YPF del litio” (llamada formalmente Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado).

“Nosotros no decimos ‘no a la minería’, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta, la semana pasada. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (vinculado al mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña. Y, desde la última década, ámbito alineado con el kirchnerismo. El escrito es acompañado con la firma de los legisladores Carlos Raimundi, Juan Mario Pais, Luis Basterra, Jorge Rivas, y Lautaro Gervasoni, todos del oficialismo.

El articulo 20 crea la Comisión Nacional de Explotación del Litio (CNEL), que dependerá del Ministerio de Planificación, tendrá como objeto regular y fiscalizar la exploración, explotación, industrialización y comercialización. La Comisión tendrá un directorio constituido por un presidente y siete miembros: uno a las provincias que tengan yacimientos de litio, uno a las universidades nacionales con sede en las provincias con litio, uno del Ministerio de Ciencia, uno al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), uno a la Secretaría de Ambiente de Nación, uno a la Secretaría de Minería y uno a las “comunidades originarias”.

En los fundamentos llama al litio como el “oro blanco” y “mineral del siglo XXI”, afirma que se ha duplicado su demanda a nivel mundial en menos de una década (desde comienzos de 2000) y señala que “las proyecciones coinciden en que el incremento en la demanda será sostenido y crecerá en forma exponencial”.

También detalla que el “80 por ciento del litio del planeta” está en el sur de Bolivia, y el norte de Chile y Argentina, área denominada como “el triángulo del litio” y asegura que “en el mundo minero y de las finanzas asociadas a los recursos extractivos se habla informalmente de la ‘Arabia Saudita del litio’”. El proyecto remarca de manera reiterada la importancia de que el Estado maneje el recurso, menciona la posibilidad de una “asociación estratégica” con Bolivia y Chile, y celebra que (los tres países) podrían “controlar en forma cuasi-monopólica la oferta mundial del litio”.

Por una minería nacional (sin indígenas)

Las salinas (o salares) son las extensas planicies blancas del norte del país que suelen ser la foto buscada de los turistas y, al mismo tiempo, espacio de vida, trabajo y cultura de los pueblos originarios. El litio está contenido en esos territorios y ya es motivo de conflicto de corporaciones y comunidades indígenas.

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

“Le pone una pátina indígena pero por supuesto que muy alejado de respetar el derecho a la consulta. La presencia de un indígena en la Comisión de explotación es sólo para legitimar, aparte que es ex post, nunca antes de la explotación. Y el artículo 30 es de sólo participación y no consulta, y sólo en la evaluación de impacto ambiental y tampoco es vinculante. En fin, con una ley de ese tipo se está en graves problemas, no se cumplen los derechos indígenas”, afirmó Silvina Ramírez, integrante de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas (AADI) y del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

La acción judicial de las 33 comunidades reclama que se respeten sus derechos. Llegó hasta la Corte Suprema pero fue remitida a tribunales provinciales. En la actualidad tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dilemas del progresismo extractivo

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Rodrigo Solá, uno de los abogados de las comunidades, explicó que (durante la exploración) “perforaron el acuífero” y realizaron un doble mal: contaminaron el acuífero de donde obtienen agua para consumo humano, animales y cultivos. Y, al mismo tiempo, el agua dulce que ascendió hasta la superficie arruinó la sal de ese sector de la salina.

Tras cinco años de resistencia, en Salinas Grandes no hay minería de litio. Sí comenzó la explotación a 90 kilómetros, en Susques, donde el accionar conjunto del gobierno provincial y las empresas Orocobre (australia-estadounidense), Posco-Exar (consorcio coreano-canadiense) y Sales de Jujuy dividió a las comunidades indígenas.

El proyecto de ley de Heller y Junio señala que en la explotación de litio “sus impactos a la salud y a la integridad territorial-ambiental son mucho menores que cualquier otra alternativa energética” y destaca que “la preocupación por el impacto ambiental y a la población de la extracción del litio está ampliamente incluida en los artículos 18, 29 y 41”.

De la lectura de los artículos se desprenden generalidades:

No menciona la Ley General del Ambiente (norma básica en la materia) ni el “principio precautorio” (cuando no haya certeza científica, deben tomarse medidas para proteger a la población y el ambiente), derecho reclamado por organizaciones sociales, asambleas socioambientales y pueblos indígenas.

Clemente Flores, kolla de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes (que reúne a las 33 comunidades afectadas) no cree en espejitos de colores: “Dicen que no van a contaminar pero ya afectaron el acuífero y las salinas. No nos contó nadie, lo vimos nosotros mismos en el territorio”. Y deja un mensaje para los legisladores: “Antes de escribir leyes debieran leer la Constitución Nacional y los convenios internacionales. Ahí verán que tenemos derechos y que ellos también deben respetarlos”.

http://www.pressenza.com/es/2015/07/ypf-del-litio-la-mineria-progresista/

Fuente: https://lalineadefuego.info/2015/07/28/bolivia-ypf-del-litio-la-mineria-progresista-por-dario-aranda/

En consecuencia, nuestro «trabajo» está subsumido en aumentar las riquezas y el poder de nuestros opresores o sea tanto de las transnacionales como de sus socios locales. La democracia legaliza y legitima esta expoliación y avasallamiento de derechos humanos a una creciente mayoría de nosotros, los diversos de abajo. Al respecto repitamos a Amigos de la Tierra Argentina cuando dicen: Con la Reforma Constitucional de 1995 se le entrega el territorio a las transnacionales, quienes podrán usufructuarlo durante un largo período de tiempo, lo que atenta de forma directa contra la soberanía de los pueblos.

 

La única mención del Código Minero sobre la función social de dichos emprendimientos se encuentra en el artículo 13, que pese a decir que: “La explotación de las minas, su exploración, concesión y demás actos consiguientes, revisten el carácter de utilidad pública”, no aclara en qué consiste dicha utilidad. Al parecer se trata sólo de una enunciación estratégica que, al darle el carácter de “utilidad pública”, coloca a la minería como una prioridad para las políticas provinciales sobre otros temas como pueden ser la salud, la educación y la industria. También Amigos de la Tierra Argentina nos aclaran:

La minería es un problema que no sólo acapara el territorio, sino que introduce un modelo económico y político expoliador de la soberanía de los pueblos incluyendo su cultura, su tejido social y en última instancia atentando contra la democracia.

 

Comprobemos cómo ese enfrentamiento económico político contra la autodeterminación de los pueblos se da no sólo en la megaminería a cielo abierto sino también en toda megaminería. E incluye al gobierno Estado, al empresariado y a los científicos.

 

 

 

La fiebre del litio

Publicado en Página 12 el 6 de Junio de 2011.

 

La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.

 

Por Darío Aranda

 

“El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.

 

“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo.

En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).

 

El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama.

 

“Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores, 47 años, kolla, siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias, piensan y actúan de manera similar.

 

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía.

 

Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades indígenas.

 

“La explotación de la minería y la afectación del uso del agua –con el absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas– en una zona árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas por tales emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos de los jueces del máximo tribunal del país.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA Salta.

Respecto de la minería, precisa que sus “principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”.

 

“La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad.”

Rodrigo Solá, uno de los abogados que participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano. “Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego vender.”

En febrero de 2010 las comunidades indígenas confirmaron que había empresas que exploran las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando. “Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/ provincia de Jujuy y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras once comunidades.

 

Entre los ejes de la demanda figura la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.

Se solicita la suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional.

“No puede ni debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas”, explica Solá, que desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades, y precisa que “el consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas no sería válido ni pertinente”. Y remarca la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del Código de Minería y Código Civil.

 

Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa: “Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado de luchas. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.”

Subnotas:

“Nosotros no comemos baterías”

Un mineral codiciado

“Recurso estratégico provincial”

Fuente: https://darioaranda.wordpress.com/2011/06/07/la-fiebre-del-litio/

 

Hallamos continuidad y profundización en imponer condiciones perjudiciales a la vida y al trabajo de los pueblos-comunidades locales. Despojo e invasión de sus territorios para destruirlos en aras de negocios de corto plazo que implica aniquilamiento de ecosistemas cuyas dinámicas de amplias interrelaciones con las culturas se constituyeron durante siglos. Apreciemos a:

Litio y espejos de colores

27 de diciembre de 2018

Por Darío Aranda
Pressenza

“Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene”.
Bruno Fornillo (investigador del Conicet y Clacso)¹

La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.

“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.

Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.

Veinte años

El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas (kollas y atacama en Jujuy y Salta).

El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y está en manos de la multinacional multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promociona de forma retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.

¿Desarrollo nacional?

“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.

“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

Académicos

El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.

El Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales es heterogéneo, en formación (economistas, cientistas políticos, historiadores) y miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.

“Geopolítica del litio”, es el libro publicado en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en ciencias sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.

Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.

Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.

Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.

“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.

Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo reivindicó el modelo boliviano, donde –remarcó– se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.

Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.

“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.

En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente. Pero

¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.

 

Entrevista a Slipak.

–¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?

–La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.

–¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?

–Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.

–Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, “menos contaminante”. Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.

-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.

Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación.

 

Lucha

Las comunidades indígenas ya dijeron “no a la minería de litio”. Algunos académicos, con discurso progresista, impulsan la explotación (Foto de Iwgia).
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron qué implicaba la consulta, cómo debía ser, qué implicaba. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.

Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.

Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.

Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.

 

Ambiente y presiones

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos

(…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.

Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada por que el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.

Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.

EEUU y represión

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.

El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.

“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.

¹ Libro “Geopolítica del litio”. Página 87.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2018/12/litio-y-espejos-de-colores

 

 Ecocida y genocida

 

Consideremos que el capitalismo hace uso del proceso expansión geográfica y de reorganización espacial para efectivizar dinámicas de la valorización de capitales y por tanto de explotación y despojo de prácticas económicas y sociales distintas a las suyas. Ahora "esta nueva producción de espacio, es así, una continuación del proceso de dominación colonial, ya que la penetración de relaciones sociales y las nuevas divisiones territoriales del trabajo, implican básicamente una confrontación violenta con las comunidades campesinas e indígenas que mantienen otra forma de relacionarse, de construir su economía y sus sentidos de vida".

 

En esa desterritorialización-reterritorialización del continente y mundo es clave generalizar el enfoque sobre los ecocidios-genocidios que esas expropiaciones sistémicas perpetran. Para aclarar, propongo que leamos:

 

Reconfiguraciones territoriales y neoextractivismo: la nueva zona económica especial de Chiapas, México

 

Por Agustín Ávila Romero y León Enrique Ávila Romero

Para David Harvey (2004) la tendencia del sistema capitalista a producir crisis de sobreacumulación de capital, desarrolla excedentes de capital y excedentes de trabajo (creciente desempleo) que coexisten sin verse claramente la posibilidad de combinarse en forma útil. Para resolver dicha tendencia a la sobreacumulación, el capital hace uso del proceso expansión geográfica y de reorganización espacial que permite a otras partes del mundo incorporarse plenamente a las dinámicas de valorización de capital y por tanto de explotación y despojo de sus prácticas económicas y sociales distintas. Esta nueva producción de espacio, es así, una continuación del proceso de dominación colonial, ya que la penetración de relaciones sociales y las nuevas divisiones territoriales del trabajo, implican básicamente una confrontación violenta con las comunidades campesinas e indígenas que mantienen otra forma de relacionarse, de construir su economía y sus sentidos de vida.

 

Es ahí donde la dinámica de la vida campesina e indígena de Chiapas choca con los grandes intereses económicos que se impulsan en la región. Lo que aparece entonces claramente es el conflicto, la lucha entre diversas clases sociales para hacer frente a las dinámicas espaciales del capital, donde por un lado aparecen claramente los elementos privatizadores y despojadores -no sólo de sus medios productivos sino de las valoraciones sociales de los pueblos- y del otro lado, los sentidos de geografías del espacio, donde se mantiene la reexistencia, la valorización social territorial construida y los horizontes del buen vivir descolonial como futuro. A este proceso David Harvey (2003, 2007, 2014) le llama acumulación por desposesión (Despojo). Un mecanismo de acumulación del capital que se basa en la privatización de los bienes públicos y comunitarios; un modelo de explotación de los recursos naturales que proporciona a las empresas excepcionales condiciones de rentabilidad pero sin mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

 

Mediante este escrito se realiza un recorrido por los procesos de despojo que se viven actualmente en el estado de Chiapas, entre los que se encuentran la Reconversión Productiva agro-exportadora; el impulso a sistemas de plantaciones forestales y de agrocombustibles; la privatización de los recursos energéticos (petróleo, gas, energías renovables como la solar, eólica, geotermia entre otros ); minería; el impulso al Turismo Capitalista convencional y los Megaproyectos para obras de Infraestructura. Todo ello dentro de la declaración de Zona Económica Especial que se le ha dado a Chiapas.

 

Expansión geográfica y despojo

La creación de zonas económicas especiales y del proceso de acumulación por desposesión tienen sentido como iniciativas que buscan colonizar en la lógica del capitalismo regiones o territorios donde la subordinación a la dinámica de capital no se ha desarrollado plenamente. Ello responde también a la búsqueda de ganancia del capital que requiere reducir sus costos laborales y de acceso a materias primas. David Harvey lo explica de la siguiente forma:

“Cuando los costos locales aumentan rápidamente, los capitalistas buscan otros lugares en la economía global donde realizar sus actividades. Esto sucede particularmente cuando surgen nuevas combinaciones tecnológicas y productivas y se agudizan las luchas de los trabajadores. Desde finales de la década de 1960, por ejemplo, Silicon Valley fue desplazando poco a poco a Detroit como el centro de la economía capitalista estadounidense, y de forma parecida Baviera desplazó al Ruhr en Alemania y Toscana a Turin en Italia, mientras que aparecían con gran pujanza nuevos competidores globales como Singapur, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur y finalmente China, en la competencia global por la preeminencia en ciertas líneas de producción. (Harvey, 2014: 153)

Ello genera un desarrollo geográfico desigual donde hay territorios dentro de un país que se ven plenamente impulsados por la llegada de capitales y la puesta en marcha de infraestructuras impresionantes, y otras partes del territorio que quedan prácticamente en ruinas ante la dinámica del capitalismo. Por lo que añade:

 

“Los desarrollos geográficos desiguales enmascaran convenientemente la auténtica naturaleza del capital. La esperanza puede mantenerse eternamente, porque siempre hay alguna localidad, región o zona afortunada, en que las cosas van bien mientras que a su alrededor todo son calamidades”. (Harvey, 2014: 161)

 

Y eso es lo que vemos precisamente en el funcionamiento actual del sistema capitalista, algunas regiones geográficas concentran la llegada creciente de inversiones, de personas y de dinámicas extractivistas de la naturaleza. Mientras que otras sufren procesos de deterioro social sin precedentes donde la criminalidad, la delincuencia organizada, el desempleo y la exclusión son sus características fundamentales. Se suma a ello la gran presencia de las corporaciones trasnacionales en la dinámica económica marcando claramente el ritmo y la dirección de las tendencias económicas mundiales.

Fuente: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/article/viewFile/16249/16095

 

Tengamos en cuenta leyes y justificaciones respectivas para indagar porqué esa reestructuración socioeconómica y aculturación homogeneizadora.

 

México en el giro de tuerca mundial:

Zonas Económicas Especiales (Parte II)
24 de noviembre de 2015

 Por Mateo Crossa

La ley de Zonas Económicas Especiales fue firmada en Tapachula, Chiapas, por Peña Nieto el 29 de septiembre, mismo día en que fue enviada a la cámara de diputados. El documento comienza con una justificación de la ley donde se pone énfasis en el bajo crecimiento y baja productividad de la región sur del país en comparación con el norte. La ley lo expone de la siguiente manera:

«Los estados de la región sur de nuestro país presentan barreras estructurales que inhiben el desarrollo de actividades económicas de elevada productividad. Entre estos obstáculos destacan i) un ambiente de negocios débil que genera incertidumbre sobre el retorno de las inversiones ii) carencia de infraestructura que limitan el acceso a mercados de tamaño relevante y elevan los costos de transacción iii)menores niveles de capital humano que reducen la productividad laboral y dificultan el desarrollo de actividades económicas más sofisticadas iv)escasa innovación que limita el escalamiento productivo de las empresas v) ausencia de empresas en sectores altamente productivos (…) vi)una baja integración a la economía mundial».

El documento está empecinado en insistir que el sur mexicano no es productivo como si lo es el norte. ¿Qué obsesión tienen ahora por hablar de productividad en el país cuando existe una dependencia tecnológica como nunca antes provocada por la apertura económica con el TLCAN? ¿Con qué insistencia hablan de productividad después de haber aprobado la reforma energética que deja en manos extranjeras el proyecto energético del país y la reforma laboral que impide la capacitación de la mano de obra y promueve mayor precarización del trabajo para ofertar salarios bajos a las multinacionales? En julio de este año, la OCDE y el gobierno mexicano organizaron Cumbre Internacional de Productividad donde Peña Nieto, en una intervención de media hora, delineó algunas iniciativas de su gobierno, entre las cuales estaban las ZEE. Para justificar tales medidas mencionó que la prioridad de su gobierno es la productividad y que todos los esfuerzos se harán para «aumentar la productividad del país». La productividad, según él y la OCDE, nos salvará de todo mal y nos llevará a las filas del desarrollo y progreso. La pregunta que nos debemos hacer es ¿qué entienden por productividad?

Existen sólo dos maneras de aumentar la productividad. La primera es con avances científicos y tecnológicos que permitan producir más en menos tiempo. Para ello se requiere de un proyecto de educación que califique mano de obra e invierta en investigación, tecnología y ciencia. Sin embargo este no es el caso mexicano que sólo contribuye con 0.82% de la propiedad intelectual nivel mundial y tiene un grandísimo rezago en innovación tecnológica y científica. La segunda manera de aumentar la productividad es superexplotando la fuerza de trabajo, es decir, aumentando la producción sin aumentar los costos de producción. Esta manera de aumentar la productividad es la que conocemos en México desde los años ochenta y particularmente en los noventa después de la firma del TLCAN. Para el norte de México, región a la que el gobierno mexicano llama «altamente productiva» por estar integrada al mercado mundial, la productividad no significó otra cosa más que la generalización del modelo maquiladora.

En términos generales, la maquila es el aumento de la producción mediante la venta barata de mano de obra. Eso es lo que nos ha enseñado la experiencia de Ciudad Juárez, donde se integró una mano de obra barata y femenina para redoblar la explotación y aumentar las ganancias de los empresarios. Eso es para ellos un ejemplo de productividad aunque mucho se sepa sobre el grado de descomposición social en esta ciudad. En Ciudad Juárez, la industria maquiladora «altamente productiva» ha significado la generalización de la pobreza, la militarización y el crecimiento exponencial de la delincuencia. Es el epicentro de la descomposición social, el epicentro de la violencia contra las mujeres, el epicentro del control laboral y el epicentro de la vida sin derechos. Según ellos, ese es el mundo de la productividad que buscan promover de manera renovada en el sur de Mexico con las ZEE. Ese ese el norte productivo que no sólo es Ciudad Juárez, sino todas las ciudades y regiones industriales de este país que están encadenadas a la economía global por medio de industrias maquiladoras de exportación.

Entre los elementos más importantes de ser subrayados sobre la ley, está el tema de la expropiación de tierras. El despojo de tierras será una condición intrínseca del proyecto. La nueva iniciativa de ley menciona que las ZEE son territorios de interés público y las regiones donde se consideren apropiadas para ser instaladas, serán expropiadas.

«La presente iniciativa de Ley califica a la construcción mantenimiento, ampliación y desarrollo de la Zona, como causas de utilidad pública, lo cual tiene efectos para la eventual aplicación de las medidas previstas en la Ley de Expropiación, cuando así se requiere para promover bienes o servicios para tales actividades».

El Ejecutivo es quién declara un territorio como zona de utilidad pública y el Ejecutivo es quien expide el decreto de expropiación de ese territorio. Lo único que le queda a las regiones afectadas es esperar la indemnización. Así lo prueba el hecho de que Peña Nieto ha anunciado tres zonas económicas especiales y nadie está enterado cómo funcionará, de qué se tratarán, para quién, cómo, cuándo, dónde. Se va a aprobar la ley y nadie tiene información, sólo los círculos cerrados de la clase política mexicana e instituciones internacionales como OCDE, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Esta falta de información demuestra que aquello que aparece como «interés público», es todo lo contrario. Entre menos se sepa, mejor.

La excepcionalidad arancelaria será también una condición de las ZEE. Las empresas que decidan invertir en las Zonas Económicas Especiales estarán exoneradas de pagar impuestos arancelarios de importación y exportación. Esta ya es una historia conocida en México que se volvió normal con el TLCAN y hoy se renueva con esta ley:

«El Ejecutivo deberá establecer los beneficios fiscales en materia de contribución que se consideren necesarios para impulsar el establecimiento y desarrollo de las zonas (…). Los beneficios que otorgue el Ejecutivo federal en los términos del presente artículo deberán tener como mínimo una duración de ocho años».

Las empresas que operen en las ZEE no pagarán impuestos ni tampoco aranceles por los productos importados. En pocas palabras, se retoma nuevamente el modelo maquilador que ensambla productos importados para ser rápidamente exportados del país sin tener que pagar agregados por esa maniobra. Territorios tomados por el gran capital, enclaves de exportación.

Hasta la fecha se ha anunciado la creación de tres zonas económicas. De acuerdo a comunicaciones oficiales, se construirá el Corredor Industrial Inter-Oceánico, el Puerto Lázaro Cárdenas y el Puerto Chiapas. Antes de que sepamos qué actividades productivas, extractivas o comerciales se lleven a cabo de las zonas, el Estado tiene que hacerse cargo de preparar la región para que las empresas tengan la infraestructura necesaria para operar. Hasta ahora lo que sabemos, de acuerdo con información oficial, es que se construirán tres ZEE que tendrán a grandes rasgos las siguientes características:

  1. Corredor Industrial Inter-Océanico en el Istmo de Tehuantepec que conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México. En esta zona se promoverá la creación de un gasoducto transoceánico de Coatzacoalcos, en Veracruz, a Salina Cruz, en Oaxaca. Se promoverá también la rehabilitación del ferrocarril del Istmo, un trazo que, históricamente, ha sido muy valioso en el desarrollo productivo de esta región del país. Para apoyar esta conectividad también se impulsará la carretera transístmica.
  2. Puerto Lázaro Cárdenas y municipios colindantes. Se emprenderán diversas obras de infraestructura, equipamiento y modernización de Puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán. Los municipios colindantes de la Costa Grande de Guerrero también serán beneficiados con la ampliación e inversión que se proyectan en Lázaro Cárdenas.
  3. Puerto Chiapas: Su importancia radica en que detonaría el desarrollo en la zona fronteriza del estado de Chiapas. Se impulsará el gasoducto Salina Cruz-Puerto Chiapas-Guatemala con lo que Puerto Chiapas acompañaría el impulso generado por el corredor transístmico.

Estas han sido las zonas económicas especiales anunciadas por el presidente y mientras se discute la ley de ZEE en el congreso, se va preparando el terreno. Existe un proyecto de infraestructura que se está llevando a cabo para que en un futuro no tan lejano puedan operar las empresas trasnacionales. Estos proyectos de infraestructura son parte del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 que también se puede llamar Programa Nacional de Despojo.

A pesar de que la ley de Zonas Económicas Especiales menciona que los proyectos se harán sobre la base de consultas de pueblos indígenas de la región, ya podemos ver algunos casos de infraestructura relacionada con las ZEE que está siendo construida sin el consentimiento de los pueblos:

El gasoducto Salina Cruz-Puerto Chiapas-Guatemala anunciado como parte de la infraestructura que abastecerá de gas a la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas comenzó a realizarse desde 2014. Este gasoducto transportará gas natural desde Salina Cruz hasta Guatemala y tendrá una longitud de 600 kilómetros. El proyecto forma parte de una estrategia de encadenamiento regional que involucra a México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Cuenta con la asesoría y apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo así como del Departamento de Estado de EU, a través de Buró de Recursos Energéticos.

Para el caso de la Zona Económica Especial Corredor Industrial Transoceánico, se anunció el inicio de la construcción de gasoductos que atravesarán 14 municipios de Veracruz y 13 de Oaxaca con una extensión de 381 kilómetros de largo. El proyecto llamado Cinturón Transoceánico se anunció en agosto del 2015 yconsiste «en la construcción de dos gasoductos en la región del Istmo de Tehuantepec, para transportar gas LP de Pajaritos, Veracruz, y gas natural de Chinameca, Veracruz, hasta Salina Cruz». De acuerdo con medios locales,

«La construcción de los gasoductos representa para el Istmo una gran inversión, puesto que implicaría tener gas natural para atraer a las grandes industrias transformadoras de cualquier parte del mundo a instalarse en la región, parar generar empleos permanentes bien pagados. El sureste mexicano tiene la ubicación más estratégica de todo país, pero no cuenta con gas natural para desarrollar su industria, a diferencia del norte del país donde existen varias interconexiones. Ahora será diferente».

Pocas semanas después de haberse hecho público el anuncio del Cinturón Transoceánico, los pobladores de la región hicieron sentir su rechazo en el foro ciudadano llamado «Los Gasoductos y su Impacto Social». Los participantes, en su mayoría de pueblos indígenas de la región istmeña advirtieron a las autoridades que no otorguen permisos de cambio de uso de suelo y manifestaron su rechazo a la construcción de los gasoductos por los efectos ambientales y sociales que ocasionarán. A pesar de este rechazo popular al despojo, la empresa encargada de la construcción (Grupo PMI), publicó una defensa del proyecto argumentando que los reclamos son infundados. En otras palabras, la propiedad privada parece tener mayor razón que la propiedad pública.

Con estos dos casos va quedando claro quién define la utilidad pública de estos proyectos. Ni siquiera se ha aprobado la ley y ya se está llevando a cabo el despojo de tierras sobre campesinos pueblos indígenas de la región. Con esto están dejando claro cómo van a funcionar las reglas del juego: primera regla, la población no participa.

Las Zonas Económicas Especiales significarán un proyecto de maquilización de la tierra istmeña del sur mexicano. El objetivo es convertir a esa región del país en un gran enclave productivo para la exportación que participe activamente en el nuevo armazón económico de escala mundial promovido por EU. Lo que ya podemos observar es que la infraestructura que se va a poner a disposición de las ZEE se construye dándole la espalda a los pueblos de la región. La clase política y las cámaras empresariales se jactan una y otra vez de que las ZEE son proyectos que servirán a la población del sur del país, pero desde ya podemos observar que es todo lo contrario. Recién comienzan las obras de infraestructura y ya queda claro lo lejano que estarán de las necesidades de la población de la región. Las Zonas Económicas Especiales están insertas en una dinámica de renovación del dominio comercial estadounidense y México será una geografía fundamental en ese teatro. Para las empresas trasnacionales que ocuparán esas zonas, la excepcionalidad arancelaria, la infraestructura gratuita y la baratísima mano de obra que se les ofrece serán motores de sus ganancias. Para la economía mexicana será mayor desarrollo del subdesarrollo, mayor dependencia, mayor despojo y mayor precariedad de la vida social.

Fuente: https://subversiones.org/archivos/120067

 

En consecuencia, la subsunción del «trabajo» en el sistema mundo capitalista no sólo lo vuelve ecocida y por tanto genocida sino también arruina de modo casi irreversible al país-continente.

 

Reconfiguraciones territoriales y neoextractivismo

la nueva zona económica especial de Chiapas, México

 

Agustín Ávila Romero y León Enrique Ávila Romero

Resumen

Mediante esta investigación se da cuenta de las reconfiguraciones territoriales que se observan en Chiapas por la profundización del modelo extractivista de recursos naturales que se incrementará a raíz de la declaratoria como Zona Económica Especial del puerto Chiapas, México.

 

Se ubica el funcionamiento del sistema capitalista y los procesos de expansión geográfica del capital como uno de los elementos constitutivos de la actual ampliación de los procesos colonizadores que se viven en Chiapas, México. Entre los diferentes procesos que se observan que tienen impactos en las dinámicas socioespaciales porque significan la construcción de otras formas de vida y de producción del espacio se encuentran la reconversión agroexportadora, los monocultivos forestales como la Palma Africana, la privatización de los recursos energéticos, la minería, el turismo capitalista convencional y los megaproyectos de infraestructura. Todo ello forma parte de la apropiación capitalista de los territorios que implica la transformación de las construcciones territoriales previas.

 

 

Introducción

Para David Harvey (2004) la tendencia del sistema capitalista a producir crisis de sobreacumulación de capital, desarrolla excedentes de capital y excedentes de trabajo (creciente desempleo) que coexisten sin verse claramente la posibilidad de combinarse forma útil. Para resolver dicha tendencia a la sobreacumulación, el capital hace uso del proceso expansión geográfica y de reorganización espacial que permite a otras partes del mundo incorporarse plenamente a las dinámicas de valorización de capital y por tanto de explotación y despojo de sus prácticas económicas y sociales distintas. Esta nueva producción de espacio, es así, una continuación del proceso de dominación colonial, ya que la penetración de relaciones sociales y las nuevas divisiones territoriales del trabajo, implican básicamente una confrontación violenta con las comunidades campesinas e indígenas que mantienen otra forma de relacionarse, de construir su economía y sus sentidos de vida.

 

Es ahí donde la dinámica de la vida campesina e indígena de Chiapas choca con los grandes intereses económicos que se impulsan en la región. Lo que aparece entonces claramente es el conflicto, la lucha entre diversas clases sociales para hacer frente a las dinámicas espaciales del capital, donde por un lado aparecen claramente los elementos privatizadores y despojadores -no sólo de sus medios productivos sino de las valoraciones sociales de los pueblos- y del otro lado, los sentidos de geografías del espacio, donde se mantiene la reexistencia, la valorización social territorial construida y los horizontes del buen vivir descolonial como futuro. A este proceso David Harvey (2003, 2007, 2014) le llama acumulación por desposesión (Despojo). Un mecanismo de acumulación del capital que se basa en la privatización de los bienes públicos y comunitarios; un modelo de explotación de los recursos naturales que proporciona a las empresas excepcionales condiciones de rentabilidad pero sin mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

 

Mediante este escrito se realiza un recorrido por los procesos de despojo que se viven actualmente en el estado de Chiapas, entre los que se encuentran la Reconversión Productiva agro-exportadora; el impulso a sistemas de plantaciones forestales y de agrocombustibles; la privatización de los recursos energéticos (petróleo, gas, energías renovables como la solar, eólica, geotermia entre otros ); minería; el impulso al Turismo Capitalista convencional y los Megaproyectos para obras de Infraestructura. Todo ello dentro de la declaración de Zona Económica Especial que se le ha dado a Chiapas.

 

Expansión geográfica y despojo

La creación de zonas económicas especiales y del proceso de acumulación por desposesión tienen sentido como iniciativas que buscan colonizar en la lógica del capitalismo regiones o territorios donde la subordinación a la dinámica de capital no se ha desarrollado plenamente. Ello responde también a la búsqueda de ganancia del capital que requiere reducir sus costos laborales y de acceso a materias primas. David Harvey lo explica de la siguiente forma:

 

“Cuando los costos locales aumentan rápidamente, los capitalistas buscan otros lugares en la economía global donde realizar sus actividades. Esto sucede particularmente cuando surgen nuevas combinaciones tecnológicas y productivas y se agudizan las luchas de los trabajadores. Desde finales de la década de 1960, por ejemplo, Silicon Valley fue desplazando poco a poco a Detroit como el centro de la economía capitalista estadounidense, y de forma parecida Baviera desplazó al Ruhr en Alemania y Toscana a Turin en Italia, mientras que aparecían con gran pujanza nuevos competidores globales como Singapur, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur y finalmente China, en la competencia global por la preeminencia en ciertas líneas de producción. (Harvey, 2014: 153)

 

Ello genera un desarrollo geográfico desigual donde hay territorios dentro de un país que se ven plenamente impulsados por la llegada de capitales y la puesta en marcha de infraestructuras impresionantes, y otras partes del territorio que quedan prácticamente en ruinas ante la dinámica del capitalismo. Por lo que añade:

 

“Los desarrollos geográficos desiguales enmascaran convenientemente la auténtica naturaleza del capital. La esperanza puede mantenerse eternamente, porque siempre hay alguna localidad, región o zona afortunada, en que las cosas van bien mientras que a su alrededor todo son calamidades”. (Harvey, 2014: 161)

 

Y eso es lo que vemos precisamente en el funcionamiento actual del sistema capitalista, algunas regiones geográficas concentran la llegada creciente de inversiones, de personas y de dinámicas extractivistas de la naturaleza. Mientras que otras sufren procesos de deterioro social sin precedentes donde la criminalidad, la delincuencia organizada, el desempleo y la exclusión son sus características fundamentales. Se suma a ello la gran presencia de las corporaciones trasnacionales en la dinámica económica marcando claramente el ritmo y la dirección de las tendencias económicas mundiales.

 

“La particularidad de su fase actual en el terreno de la economía es la dislocación del capital y, por lo tanto, de la inversión. Este es un proceso de mutación espacial del capital que permite una doble modificación: pasar de la lógica del intercambio comercial a la de una estrategia de las firmas multinacionales; salir de la lógica de las relaciones internacionales entre las naciones para inaugurar una entre las firmas multinacionales”. (Rodríguez, 2015: 45)

 

Esta nueva fase es profundamente depredadora de la naturaleza ya que las firmas trasnacionales en el proceso de expansión geográfica requieren la construcción de infraestructuras, ciudades y mercados en los nuevos espacios sociales que abre casi siempre de manera violenta el movimiento de capital. Para ello el capitalismo hace uso de la emisión de dinero sin respaldo metálico para abrir terreno al dominio de las finanzas internacionales sobre el proceso de valorización de capital de los territorios. Así cuando el precio de las materias primas fue alto muchas inversiones se concentraron alrededor de la naturaleza, cuando el precio baja se dirigen hacia la esfera especulativa, productos derivados y demás productos financieros de alto riesgo. Por eso como señala Bartra (2014: 200):

 

“El capitalismo de los tiempos de la Gran Crisis es de nuevo un capitalismo ferozmente territorial, porque en tiempo de escasez la privatización de los recursos naturales promete enormes rentas; pero es también un capitalismo radicalmente desterritorializado pues cuando caen las utilidades de la inversión productiva no hay mejor negocio que la especulación financiera”.

 

Todo este proceso se realiza en un continuo enfrentamiento con pueblos originarios y campesinos que defienden su tierra pero también su modo de vida y sus prácticas sociales y culturales. Así a lo largo del planeta, los movimientos socioambientales de defensa del territorio, la vida y la ecología, marcan claramente las disputas que existen entre los intereses de las corporaciones y la vida de las comunidades. De esa forma se ve que:

 

El control del territorio se convierte en factor productivo clave en tanto directamente genera condiciones para engendrar valor. Este es hoy por hoy el escenario de las confrontaciones más significativas entre el capital y los guardianes de la tierra, los pueblos originarios”. (Rodríguez, 2015: 50) Ello es lo que sucede fundamentalmente en el estado de Chiapas, donde el conjunto de intereses territoriales y socioespaciales de las mineras, el turismo, los agroexportadores, entre otros, se contraponen a la racionalidad campesina e indígena que permanece en las comunidades rurales de México.

 

Dinámicas socioespaciales de despojo en Chiapas

La continuación del modelo económico neoliberal en México ha tenido como consecuencia el abandono de la producción campesina por parte de las políticas públicas en México, lo cual se ha traducido en la pérdida de la soberanía alimentaria de nuestro país. Los espacios rurales han sido vistos como lugares desde los cuales poner en práctica la extracción o aprovechamiento de recursos naturales para beneficio fundamental de unas cuantas empresas ligadas a los mercados internacionales.

 

Entre los diferentes procesos que se observan en Chiapas que tienen impactos en las dinámicas socioespaciales porque significan la construcción de otras formas de vida y de producción del espacio se encuentran la reconversión agroexportadora, los monocultivos forestales como la Palma Africana, la privatización de los recursos energéticos, la minería, el turismo capitalista convencional y los megaproyectos de infraestructura. Todo ello forma parte de la apropiación capitalista de los territorios que implica la transformación de las construcciones territoriales previas.

 

Es necesario entender al territorio no sólo como un espacio geográfico determinado, sino como un entramado complejo y dinámico de relaciones (bioculturales, sociales, económicas, etcétera). Pueblos indígenas y campesinos practican sus formas de gobierno, crean y recrean relaciones territoriales en la comunidad, entre pueblos, frente a los poderosos, con las tierras, los montes y el agua. Los cargos de servicio al pueblo, el trabajo colectivo, los sistemas agrícolas tradicionales, que se vuelven mano vuelta, tequio, alimento, fiesta y comunidad, los saberes, las prácticas o el acuerdo, son formas complejas de construcción colectiva de un territorio, que es lo que encontramos precisamente en Chiapas y que diversos impulsos capitalistas buscan desmontar.

 

a)    Reconversión agroexportadora

Con la entrada de México a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) nuestro país se insertó dentro de una división internacional del trabajo donde renunciaba de manera estratégica a la producción de alimentos para el mercado interno nacional para posicionarse como un exportador de hortalizas y frutas al mercado estadounidense fundamentalmente. Como parte de ese proceso se abandonaron los apoyos en subsidios al proceso productivo en el campo mexicano, pero se mantuvo la dependencia a tecnologías e insumos externos como los fertilizantes químicos o los apoyos monetarios. Los paquetes tecnológicos contribuyeron a transformar las relaciones campesinas de la agricultura familiar y a desplazar a una generación entera. Tanto la tecnología como el subsidio limitan la fuerza de la comunidad, del trabajo colectivo e incluso del familiar, y buscan generar dependencia. No se apoya a la producción pero se crea el asistencialismo con los subsidios a la reproducción de la fuerza de trabajo. Todos los programas: Prospera, el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), 70 y más, entre otros, son aplaudidos por el Banco Mundial como la panacea frente a la pobreza. Sin embargo, el problema de la pobreza no encuentra su origen ni su núcleo en una cuestión de ingreso, sino en la explotación, el despojo y la discriminación. Además, se trata de individualizar la pobreza, de excluir a muchos, de cambiar la alimentación y la salud, de romper tejidos sociales y modos de vida. Lo que el Estado ofrece es convertir al ciudadano en individuo y de ahí en cliente, busca además romper el tejido social, borrando del mapa toda referencia a lo colectivo y a su historia de pueblos viviendo en comunidad. La producción así de monocultivos comerciales para la exportación se convierte en un mecanismo de conflictos en el medio rural , porque el ser campesino es antes que nada un asunto ontológico y cultural.

 

 Olvidan los neoliberales que los campesinos como afirmaba el ruso Teodor Shanin (2008:) son un modo de vida …y eso es fundamental para comprender su naturaleza. El impulso de la agroexportación en Chiapas se ha realizado de manera vertical y autoritaria a través de la imposición de programas gubernamentales que premian la comercialización de monocultivos y no la producción de los alimentos básicos que consumimos los mexicanos. Hoy Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional por la producción de cultivos como la palma africana, café, plátano, papaya y cacahuate, a ello se suma la actividad pesquera con el atún y la mojarra que son de los principales productos de exportación. Los principales países a los cuales se dirigen las exportaciones son Estados Unidos, Francia, Alemania, España e Inglaterra. Si observamos los datos del año 2014 del Compendio de Información Geográfica y Estadística de Chiapas (CIGECH), podemos darnos cuenta de los desplazamientos espaciales agrícolas que se presentan en el campo chiapaneco, donde los cultivos agroexportadores cada vez ocupan más número de hectáreas en detrimento de la producción de alimentos como frijol, arroz y maíz. Por ejemplo de Aguacate se reporta más de 3 mil 293 hectáreas sembradas, mientras que de Arroz Palay un cultivo esencial para la alimentación solamente 588 hectáreas.

Si observamos la Tabla 1 podemos darnos cuenta de datos interesantes como el hecho de que el valor de la producción de mango rebasa el valor de la producción de fríjol en el estado, lo que nos habla de la desvalorización de la producción campesina e indígena de Chiapas frente a los otros productos agrícolas base del modelo agroexportador y la consiguiente pérdida de la soberanía alimentaria. La construcción del Parque Agro logístico de la Costa de Chiapas y de la Zona Económica Especial de Puerto Madero busca mejorar la logística para el traslado de mercancías rumbos a esos mercados externos en detrimento de los apoyos que se requieren para la producción alimentaria en Chiapas.

 

b) Plantaciones forestales: el caso de la palma africana

La palma africana en Chiapas se ha convertido en uno de los impulsores centrales de la deforestación de la Selva Lacandona y de la promoción al cambio climático. Ello porque el modelo de negocios que promueve basado en la agricultura de contrato impulsa a los campesinos a desmontar la floresta para sembrar dicho cultivo. Es muestra del ―proceso de mundialización (que) ha generado la incorporación de grandes actores económicos a la producción agrícola, es así que las empresas trasnacionales han visto como un nicho de oportunidad, el cultivo de la palma africana para el abastecimiento en primer término de la industria alimentaria y de cosméticos, y en un segundo término la conversión a biodiesel de la pasta obtenida. (Ávila, 2014: pp. 60) Ello es importante visualizarlo porque como afirma la Organización de la Sociedad Civil Otros Mundos (2014) las empresas transnacionales son los principales responsables de los problemas que causan las plantaciones: el acaparamiento de los territorios y de los bienes comunes; la destrucción de áreas biodiversas y formas de vida asociadas; el secamiento y la contaminación por pesticidas de los ríos, arroyos y pozos; el agotamiento y la erosión del suelo; condiciones de trabajo degradantes; un creciente proceso de financiarización2 de la naturaleza sobre las tierras y la producción. Sin embargo, estas empresas no sólo persisten en negar y encubrir sistemáticamente todos estos procesos de injusticia social y ambiental, sino también se consideran parte de las ‗soluciones‘ a estos problemas. Algunas de las falsas soluciones de mercado, o más bien, las soluciones para el propio capitalismo financiero, aumentan las injusticias asociadas a los monocultivos, con una serie de iniciativas que legitiman las operaciones empresariales sin obligarles a rendir cuentas por los crímenes y violaciones cometidos. En estudios anteriores (Ávila et. al, 2014, 2015) se señalan tres grandes impactos que dicha actividad forestal genera:

 

 1) la concentración del ingreso en pocas empresas y transferencias de subsidios gubernamentales a grandes agentes privados, 2) la gran utilización de fertilizantes y agroquímicos con lo que se contribuye enormemente al cambio climático y se elimina de manera extraordinaria la biodiversidad que caracteriza al estado de Chiapas y

3) es una imposición colonial-cultural a la vida campesina e indígena ya que los productores son subordinados como simples trabajadores de la agroindustria capitalista. Según Compendio de Información Geográfica y Estadística de Chiapas (CIGECH) la Palma Africana tenía al año 2014 un total de 43 mil 206 hectáreas sembradas, de las cuales en 32 mil 264 hectáreas se obtuvo cosecha, para un total de 453 mil toneladas por un valor económico de más de 643 millones de pesos.

 

Es un negocio creciente donde a la deforestación que se produce en Chiapas se le suma la alta utilización de agentes químicos y tóxicos y la superexplotación del trabajo a la que son sometidos los trabajadores en la cosecha del producto. Alrededor del lugar geográfico que abarcará la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas es donde se han impulsado los cultivos de este bien y la construcción de plantas agroindustriales para su posterior transformación. En Puerto Chiapas se tiene la base para la construcción de una planta de producción de biodiesel en base a palma africana con asesoría y tecnología colombiana enmarcado en el Plan Mesoamérica (Ávila, 2008) .

 

 c) Privatización de recursos energéticos

Aprobada bajo la idea de aprovechar los recursos energéticos del océano, el nuevo marco energético que significo una reforma a la constitución de la República en México que se aprobó en el año 2013 abrió a las empresas extranjeras la posibilidad de apropiarse de los recursos del subsuelo, del viento, de las mareas y de la energía que puede producirse con el sol. Todo ello a cambio de compartir unas ganancias mínimas con las comunidades donde se instalan estos parques energéticos y con el gobierno que ha visto reducir de manera sorprendente sus ingresos petroleros y ha recurrido a un endeudamiento público exorbitante.

 

A pocos años de su instrumentación la reforma energética no ha significado un incremento en la producción petrolera de México y solo ha abierto a las empresas extranjeras recursos que antes pertenecían a todos los mexicanos. La gasolina y el gas siguen subiendo para los consumidores mexicanos y buena parte del territorio nacional funciona bajo la explotación de fracking3 lo que ocasiona graves daños ambientales a muchas comunidades rurales sobre todo en el Noreste de México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Norte de Veracruz.

 

Así se observa que un gran objetivo de la reforma fue abrir nuevos mercados para la exploración y extracción de energías no convencionales, la construcción de infraestructura de gasoductos y oleoductos, y los sectores de la petroquímica y productos derivados para los negocios de corrupción de la clase política. Además la apertura para la iniciativa privada de la producción y transportación de la energía eléctrica es punto nodal de esta propuesta junto con el fomento las energías renovables y de la ‘economía verde‘ por parte de la Iniciativa Privada.

 

El gran negocio no es la venta de dichos energéticos sino la construcción de infraestructura donde participan ya muchas empresas extranjeras y de capital nacional. A ello, se suma la creación de un mercado de energías alternativas o renovables bajo el control de la iniciativa privada (IP). Donde la idea fundamental del gobierno de Enrique Peña Nieto es dejar todas las infraestructuras de las redes eléctricas, gasoductos y oleoductos en manos de capital privado. El marco legal quedo definitivamente fijado el 11 de agosto de 2014 y abrió al sector privado nacional y extranjero, la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de la electricidad.

 

En su implementación la ley de hidrocarburos y la reforma energética ya no apuestan a la compra de tierras de los campesinos sino a la ocupación temporal de las mismas. Hay un modelo de ocupación temporal donde se rentará la tierra por un periodo fijo y los dueños de los terrenos recibirán entre 0.5 y 2.5 por ciento de las utilidades y 3 si se explota gas. El contratista tendrá que llegar a un acuerdo con el dueño de la tierra, si en 180 días no hay un arreglo entre el ejidatario y el contratista, este podrá acudir al Tribunal Agrario o al juzgado de distrito para que se inicie la servidumbre voluntaria. Las rondas cero, uno y dos ya han puesto en marcha por parte de más de 15 mil ejidos procesos legales.

 

En los territorios de la Ronda cero se ubican 1 mil 899 núcleos agrarios, la ronda uno fluye por 671 territorios comunitarios. Ello afecta a 13 pueblos indígenas y suma casi 48 mil kilómetros cuadrados, entre los afectados figuran chontales, totonacas y popolucas en la planicie costera del Golfo en Veracruz y Tabasco fundamentalmente. La ronda uno por su parte a huastecos y nahuas en la Huasteca con más de 3 mil 200 kilómetros cuadrados. Con ello se espera un proceso de despojo de tierras a comunidades indígenas sin precedentes.

 

La reforma energética trae consigo también, la eliminación de los subsidios a la electricidad y donde se imponen multas de 637 mil pesos hasta 3 millones de pesos a las personas o empresas que se cuelguen de los “diablitos”. Desaparece paulatinamente la Comisión Federal de Electricidad y nace la Comisión Nacional de Energía que desde febrero 2016 ya opera en el país. A ello, se añade ya las licitaciones para que diversas empresas extranjeras y de capital privado operen gasolineras con lo cual se perderán casi medio millón de empleos. A partir del 2017 el precio del gas lo fijará el mercado lo que significará un alza significativa de su precio.

 

Como parte de esta gran ofensiva del capital en el terreno energético se contempla la completa entrega de espacios geográficos regionales a las empresas trasnacionales. Es así como se instrumenta ya la puesta en marcha de Zonas Económicas Especiales (ZEE), donde destaca en el tema la que se visualiza para los estados de Campeche y Tabasco. En el caso del estado de Chiapas la privatización energética es importante porque en la zona del Norte del existen recursos petroleros abundantes y en la zona de la Costa se instalan ya diversos parque eólicos donde confluyen el capital privado nacional y los intereses de corporaciones trasnacionales.

 

El caso de la energía eólica es importante en Chiapas porque se puede observar la confluencia de capital privado en la dinámica de despojo de tierras de los campesinos de la costa de dicha entidad. Tan sólo para los años 2015 a 2018 se esperan inversiones por más de 14 mil millones de dólares en la construcción de parque eólicos en México, donde Chiapas se visualiza con un punto estratégico en la privatización del viento para la generación energía eléctrica. Tal es el caso de la construcción del Parque Eólico de Arriaga, el cual se realizó por parte del Grupo Dragón -del dueño de Televisión Azteca Ricardo Salinas Pliego- por una inversión de más de 1 100 millones de pesos y que posee capacidad para producir 28.8 megavatios equivalente a la demanda de energía que requieren más de 40 mil viviendas. Ello tiene un impacto en el paisaje relevante ya que cada aerogenerador tiene una altura aproximada de 130 metros y un diámetro de 90 metros equivalente a un edificio de 25 pisos.

 

Con la reforma energética es un negocio redondo para el Grupo Dragón, ya que la Comisión Federal de Electricidad les compra la electricidad y la coloca a ocho municipios del estado de Chiapas: Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Tonalá, Suchiapa, Siltepec, Huehuetan y Escuintla.

 

La Comisión para el Diálogo de los Pueblo Indígenas (CDPIM) de la Secretaría de Gobernación de México (2012), ubica de forma más detallada algunas implicaciones entre las que destaca que los parques eólicos, en especial los aerogeneradores, son intensivos en el uso de energía y materiales durante todo su ciclo de vida, es decir, desde la procedencia de materia prima hasta su disposición terminal como residuos. Las obras de parques eólicos a gran escala puede afectar significativamente el paisaje del sitio de operaciones y de sus alrededores, así como, la apreciación que las personas le imputan al paisaje. También, puede resultar en la fragmentación de extensiones contiguas de ecosistema, afectando primariamente a la avifauna. Entre todos los impactos, este es sin duda el más controversial, la muerte de las aves por la colisión con las aspas de aerogeneradores en funcionamiento. Sumemos a ello, la inconformidad de los ejidatarios debido al cambio de tenencia de la tierra colectiva a privada por medio de la firma de contratos de arrendamiento de tierras entre sus propietarios y las empresas eólicas, que permite a éstas el acceso exclusivo a la tierra para instalar aerogeneradores que aprovechen el recurso eólico. Estos contratos se realizan en condiciones de clara desventaja para los propietarios porque permiten a las empresas obtener derechos sobre el uso de la tierra durante 30 años, con posibilidad de renovarse por otros 30, y apropiarse de gran parte de las ganancias de los parques eólicos al fijar los montos por el pago de la renta de cada hectárea arrendada. Además los contratos de arrendamiento limitan las actividades de los campesinos o comuneros alrededor de los espacios donde se instalan los parques eólicos lo que trae consigo que no puedan construir casas, granjas, locales para granos, obras en los caminos, plantar árboles o sembrar cultivos que crezcan más de dos metros y limitar sustancialmente el uso de maquinaría agrícola.

 

“Las empresas además estipulan que serán las únicas con derecho de construcción, operación y venta de energía eléctrica, de bonos verdes y de otros beneficios derivados de las operaciones de usufructo. Adicionalmente, son las únicas que pueden dar por terminado el contrato de manera anticipada”. (Alonso; García :2016, p. 191) En enero de 2013, los ejidatarios cerraron el acceso a las instalaciones del parque eólico del Grupo Dragón ya que señalaron que fueron engañados por la empresa ya que muchos no saben ni leer ni escribir. Anotaron que reciben una renta mínima por la instalación de los aerogeneradores y por el paso del cableado por sus terrenos. (La Jornada, 19 de enero de 2013).

 

d) Minería (…)

 

f) Megaproyectos de infraestructura

Un megaproyecto genera la reconfiguración del espacio geográfico y la puesta en marcha de otras relaciones sociales, económicas y políticas en múltiples escalas y con diversos impactos tanto a nivel local, regional, nacional. Suelen visualizarse como megaproyectos la infraestructura carretera, un gasoducto, la ampliación de un puerto, un desarrollo inmobiliario o la construcción de un centro comercial, entre diversas actividades. Los megaproyectos “no sólo transformaron el paisaje y la organización territorial; asimismo produjeron un nuevo espacio que condujo a nuevas relaciones económicas, políticas y por supuesto de poder, donde participaron múltiples actores en diferentes escalas, se utilizaron considerables extensiones territoriales y recursos naturales, y fluyeron billones de dólares de organismos privados y públicos. Así, dichos megaproyectos originaron todo un nuevo espacio material, representado y vivencial. (Ibarra, Talledos; 2016: pp 10) En el caso de Chiapas diversos megaproyectos se ponen en marcha basados en la lógica neoextractivista y de funcionamiento del capitalismo moderno-colonial, entre ellos destacan dos que indudablemente han generado impactos considerables sobre las dinámicas socioespaciales del territorio. Nos referimos a la construcción del proyecto hidroeléctrico Chicoasen II y la ampliación de Puerto Chiapas.  (…)

 

Zonas Económicas Especiales

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que fue votada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio del 2016, otorga una serie de beneficios fiscales, aduaneros y financieros a las empresas que decidan hacer uso de la infraestructura que se encuentra en el Puerto Chiapas, el corredor Coatzacoalcos-Salina Cruz y el puerto de Lázaro Cárdenas, -y recientemente fueron incorporados Campeche y Tabasco-. Dichas zonas económicas especiales (ZEE), no sólo vienen a entregar parte de nuestro territorio nacional a empresas extranjeras sino que sobre todo vienen a modificar la forma de vida campesina e indígena que se encuentra mayoritariamente en dichos estados de nuestro país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce que el Banco Mundial aportó elementos para reforzar la iniciativa de Ley, validar vocaciones productivas y conocer necesidades específicas de inversionistas potenciales. Y se señala que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no sólo está apoyando el proceso de planeación de las Zonas Económicas Especiales en temas como el desarrollo urbano y las políticas públicas complementarias sino es el constructor de una estrategia de estabilidad social que garantice el flujo de las inversiones a las Zonas Económicas Especiales.

 

Es de llamar la atención, que las Zonas Económicas Especiales implicarán también ordenamientos territoriales de las comunidades campesinas cercanas a la costa de Chiapas, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán , en ello ya se contempla claramente propiedades mixtas de la tierra para los impulsos agroindustriales, mineros, hidro-energéticos y de construcción de infraestructura que ya se visualizan en el sur-sureste. Y que vienen a ubicar a estas regiones dentro de la estrategia extractivista para saquear sus minerales, petróleo, agua y fuerza de trabajo.

 

Ello es acorde, a lo que Harvey ha señalado como las nuevas divisiones internacionales del trabajo a nivel territorial: “La organización de nuevas divisiones internacionales del trabajo territoriales, de nuevos complejos de recursos y de nuevas regiones como espacios dinámicos de acumulación de capital, proporciona nuevas oportunidades para generar beneficios y absorber excedentes de capital y mano de obra. Sin embargo, tales expansiones geográficas suelen amenazar los valores ya fijados en otros lugares. Esta contradicción es inevitable: o bien el capital se traslada y deja tras de sí un rastro de devastación y devaluación (por ejemplo, en Detroit) o permanece ahogándose en los excedentes que inevitablemente produce, sin encontrar oportunidades de inversión rentable para ellos”. (Harvey, 2014: pp 154)

 

En ese sentido es de esperarse que la implementación de las zonas económicas especiales jalará inversiones hacia la zona sur del país, en detrimento de los desarrollos que se encuentran en el norte, dando origen a un desarrollo geográfico desigual. Ahora bien, lo más importante es visualizar que muchas de las áreas donde pretende desarrollarse la infraestructura que requiere la zona económica especial se encuentran en tierras cuya propiedad agraria es de campesinos, indígenas y pequeños productores. Por ello, es previsible que los conflictos agrarios y los movimientos socioambientales se desarrollen con mayor intensidad en dichas regiones en los próximos años.

 

La Zona Económica Especial de Chiapas

El diseño de las zonas económicas especiales en México trata de retomar las experiencias internacionales en la materia donde China destaca como ejemplo de impulso al crecimiento económico y la equidad. Pero es de resaltar que también existen experiencias desastrosas como las que se han impulsado en África y que sólo han significado la construcción de elefantes blancos sin impactos reales en el comercio y el desarrollo económico. En el caso de Chiapas tal parece que su impulso se encuentra en esa disyuntiva. Construida desde una visión economicista y colonial, las comunidades campesinas e indígenas no han participado en su construcción y diseño. Con ello se viola el principio y derecho fundamental de los pueblos indígenas a la consulta y a la información.

 

La información sobre los alcances de la misma, los grupos empresariales involucrados y las infraestructuras a desarrollar se mantienen en la secrecía de la elite política y económica con lo cual la transparencia está ausente de esta política institucional de gran calado. A nivel federal se nombra una Autoridad Federal para las Zonas Económicas Especiales dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que es la encargada de la labor de cabildeo con los grupos económicos internacionales y nacionales sobre el destino de estos territorios nacionales. Como resultado de ese cabildeo sabemos que en los espacios donde van a actuar libremente los capitales internacionales, la ganancia del pueblo mexicano y chiapaneco será mínima, que el monto de inversiones que se desarrollarán en pocos años sobrepasaran los 100 mil millones de pesos, por lo cual el impacto en la vida de millones de personas será contundente. Como parte del capital globalizado, los espacios de capital trasnacional que se construyen con estas zonas económicas especiales no sólo generarán territorios libres de cargas aduaneras, fiscales, laborales y de gestión territorial diferenciada, sino que sobre todo son enclaves de las nuevas relaciones económicas mundializadas donde a México le corresponde seguir insertándose a través de estas empresas trasnacionales con materias de primas, productos agrícolas y turismo como se observa en Chiapas. (…)

 

Reflexiones finales

El estado de Chiapas resalta por su belleza natural, la diversidad biocultural que se presenta en su territorio y por la presencia de una cultura viva de los pueblos originarios. Las dinámicas socioespaciales que se han impulsado en los últimos tiempos van ocasionando un impacto sobre esa diversidad, así somos testigos del impulso de monocultivos forestales y agrícolas frente a la diversidad biológica de la selva lacandona. Además se promueve la minería a cielo abierto con efectos brutales sobre el paisaje, el agua y la vida de personas cercanas a reservas ecológicas fundamentales para la preservación de especies animales y vegetales.

 

La nueva Zona Económica Especial que se impulsa para Chiapas traerá consigo un conjunto de transformaciones socioterritoriales con la consiguiente construcción de 31 infraestructura que impactará de manera creciente en la dinámica extractivista de la entidad. Lo cual, probablemente generará empleo precario pero a costa de la pérdida de un modo de vida, de una forma de ser de los pueblos indígenas y los campesinos de Chiapas y sobre todo de un deterioro innegable de la naturaleza. Además, para su puesta en marcha la tenencia agraria donde los campesinos e indígenas son dueños de la tierra, hace necesario que este neoextractivismo y modelo de acumulación por desposesión, busque los mecanismos jurídicos y de violencia para hacer posible el impulso tanto de megaproyectos, monocultivos, minería, energías eólicas, turismo convencional, entre otras.

 

 Las alternativas a esta dinámica expoliadora, surgen de la elaboración de nuevas políticas publicas en las que se tome en cuenta a los pobladores de los territorios afectados, nuevas epistemologías como los derechos de la naturaleza, el buen vivir, que trastoca la forma en cómo se relaciona el ser humano y la naturaleza. Nuevos concepto como el de agroecología, se convierten en una estrategia de defensa territorial, y en la posibilidad de la custodia colectiva del patrimonio biocultural de los pueblos.

Bibliografía (…)

Fuente: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/article/viewFile/16249/16095

 

 

Reflexionemos sobre cómo el gobierno de Nicolás Maduro coincide con el de México en ir contra los pueblos originarios y a favor del subdesarrollo de Venezuela. Es decir, el «trabajo» subsumido en el capitalismo (sea la gestión progresista sea neoliberal) no sólo hace a la acumulación oligopólica de riquezas y poder sino también genera pobreza, desertificación, envenenamiento de comunidades y trabajadores...saqueo, reprimarización e industrialismo destructor del país-continente incapacitándolo para buenos vivires.

 

 

Emiliano Terán Mantovani: “con el Arco Minero del Orinoco estamos frente a un suicidio…”.

3 de septiembre de 2017

 

Entrevistó Carlos Carcione. UPC de CER Latinoamericana para Aporrea.org 

Investigador y activista, Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con una Maestría en Economía Ecológica de la Universidad de Barcelona, trabaja en circuitos de investigación militante, relacionados con círculos regionales en América Latina. Circuitos que tienen que ver con el debate y la lucha medio ambiental, e igualmente en el activismo que está relacionado con los movimientos ecologistas. Sobre todo con los ecologismos ligados a las luchas populares, por los territorios, por los bienes comunes, contra las desigualdades generadas por los impactos ambientales. En debate directamente relacionado con el cuestionamiento al modelo.

 

Es parte de grupos como Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Red Oilwatch Latinoamérica y otras organizaciones que acompañan luchas de comunidades indígenas, campesinas, urbanas, contra los impactos del extractivismo. Fue Mención del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Es uno de los jóvenes intelectuales y activistas comprometidos con los procesos de transformación más destacado del país.

 

Cuál es tu principal preocupación por el avance de la ampliación de la frontera extractiva en el último tiempo en Venezuela.

Hay varias preocupaciones. Pero hay una fundamental: A lo largo de la historia venezolana hemos estado planteándonos salir del modelo, o empezar a salir del modelo, hemos atravesado momentos en que se llega a crisis profundas, momentos de bifurcación, en los que está planteado salir del modelo o continuar en él. Hoy estamos otra vez en uno de esos momentos. Hay que insistir en que este no es un debate solamente de ecologistas sino que tiene que ver con el tema de la dependencia, que tiene que ver con la soberanía, porque es un modelo de altas concentraciones de poder de los sectores que capturan la renta.

Entonces una preocupación fundamental es que, en esta bifurcación, se están reformulando un conjunto de acuerdos que son o que suelen ser, acuerdos de largo plazo. Lo interesante para analizar es que son acuerdos de fuerzas muy negativas para el Estado Venezolano, es decir no son acuerdos de partes con potencialidades políticas iguales, sino que se estos acuerdos tienen que ver con concesiones, tienen que ver con desregulaciones, flexibilización creciente, formas de  favorecimiento al desmontaje de la visión nacionalista energética que ha tenido en su momento el presidente Chávez.  Y que estos acuerdos se van haciendo orgánicos, por ejemplo, la concreción de los acuerdos de PDVSA con el capital foráneo que ya no solo aparecería como “accionista” sino como “prestatario”, citando a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA.

Qué significa esto, y esta es la trampa de lo que yo llamo el neoliberalismo mutante: por más que en términos formales, yo estado o PDVSA sea accionista mayoritario y tu privado, transnacional, seas minoritario, si tu pones tu capital accionario y además me prestas para que yo coloqué el mío, esto termina enredándose en una forma en la que en realidad tú tienes el control. Todo aquel que tiene la gran parte de la inversión, controla. Piensa por ejemplo en la participación de Estados Unidos en el FMI, en el Banco Mundial, o lo que supone el mecanismo de endeudarte, en lo que respecta al control de la relación económica o política que se tiene con respecto a las decisiones sobre los modelos económicos, de negocios, políticos, etcétera.

Por eso sostengo que el modelo que se está configurando desde hace dos años en Venezuela y la respuesta que se ha tratado de plantear es la siguiente: intentar hacer un piso mínimo, el que permitiría un flujo de caja mínimo para el gobierno y que las retribuciones se hagan de ese piso hacia arriba. En síntesis el planteamiento es subir el extractivismo en todos los ámbitos para poder retribuir con ese excedente, con lo que sería ese nuevo aumento del extractivismo,  a la ganancia y a la devolución de la inversión en esos casos.

Esto supone además,  una expansión de todos estos elementos que hacen a la arquitectura del extractivismo en Venezuela. Y que abre a otra preocupación que calza en esta situación, es toda la reconfiguración social que está ocurriendo en los territorios.

Hay que pensar por ejemplo en lo que escribía Rodolfo Quintero, toda la transformación antropológica, económica, social, cultural que se daba en los campos petroleros. Lo que está ocurriendo en Santiago de Cabrutica o en la zona sur de Monagas, todos estos cambios sociales que tiene que ver con afectación de tierras cultivables, problemas de agua severos, la migración de formas de trabajo productivo al taladro, provocando un mayor abandono de la agricultura, una agricultura extremadamente precarizada como lo está en la actualidad. Entonces lo que tienes es dos tendencias opuestas en términos de la crisis.

Una tendencia  de una enorme gravedad, con una población de muchas décadas asimilada a la economía rentista, a los sectores terciarios de distribución de la renta, y una necesidad histórica de producción interna que necesita una subjetividad que tenga alguna cultura del trabajo. Entonces tienes dos tendencias que están caminando en sentido contrario y que va a agravar la crisis. La otra consecuencia es el tema ambiental,  yo entiendo que el tema ambiental tiene poca incidencia en el país, por la fragilidad de los movimientos ambientalistas. Pero además, sobre todo por la poca información que existe sobre el problema ambiental.

Por ejemplo, el tema ambiental del agua en Venezuela es gravísimo, ahí tenemos varias bombas de tiempo. Por ejemplo lo que está ocurriendo con los embalses de Paucachinche y Camatagüa que atienden a 10 millones de personas en el país, que está proveyendo agua con más escases, por la incapacidad de potabilización. Porque viene además contaminada por diversas razones, pero entre ellas el proyecto de trasvase de agua para evitar que el lago de Valencia siguiera creciendo, pero entonces estamos tomando agua con heces  aquí en Caracas, en Valencia y Maracay es peor, y esto es una bomba de tiempo política. Te voy a dar un ejemplo: en el 2014 hubo una crisis del agua en Sao Paulo en la cual Dilma Rousseff termina declarando que esa crisis se convierte en un asunto de Seguridad Nacional, por qué lo declara, porque una ciudad de más de 12 millones de personas colapsando por la escasez de agua es claramente una crisis política. Lo mismo en los Estados Unidos declara problema de seguridad nacional el tema, por ejemplo, del cambio climático.

Esta tendencia es a que se agrave porque hay negligencia e incapacidad para atenderlo. Y el extractivismo produce una agudización, una profundización de estos patrones. La expansión del extractivismo para dar un ejemplo concreto, generaría una contaminación severa del Río Socuy, que alimenta embalses fundamentales para suministrar agua a la población de Maracaibo, del Tablazo, de San Francisco, donde hay también millones de personas, ahí tienes también problemas de seguridad. Yo lo veo desde el punto social y ambiental, pero si lo tomamos del punto de vista más político hay una cosa de seguridad nacional con esta crisis.

Y el Arco Minero del Orinoco ni se diga las consecuencias. Pero es bueno mencionarlas. El 4% del agua que consumimos está en la zona norte costera donde vive el 90% de la población. Es decir nosotros dependemos de las cuencas hidrológicas del sur del país. Cuencas hidrológicas que ya están sumamente contaminadas por varias razones. Entre ellas la contaminación que producen las industrias básicas, el tema petrolero, pero también por la minería ilegal, es decir una cosa dramática, esta expansión del cianuro en las aguas. El tema del Arco Minero sería llevar a una devastación el tema del agua. Hay datos científicos de lo que llaman la huella hídrica del oro, que te dice que para obtener una onza de oro necesitas mil litros de agua. Y en el proyecto del AMO, estamos hablando de 7000 toneladas de reservas de oro que se plantea sacar.  Tal vez no las saquen completas, pero el dato sirve para tener una idea de los billones y billones de litros de agua comprometida, sólo hablando de la extracción de oro. Es decir, yo creo que no hay ninguna duda en decir que estamos frente a un suicidio socio ecológico en puertas. Un muerta lenta. Y los que contrarían estos argumentos hablan justamente de un tema de seguridad y de soberanía. Pero que tengamos agua para vivir, es el verdadero tema de soberanía y seguridad.

Me parece que el debate del extractivismo ha sido poco comprendido porque no se entiende que toca todas las aristas de la vida. La arista cultural, la arista económica, la arista geopolítica y política, la arista ambiental y  por supuesto la arista social.

Porque se supone que es en realidad la concepción del uso de la tierra y de la soberanía de los sujetos sobre esa tierra, nada más y nada menos. Entonces te diría que no solo se trata de este nuevo avance de frontera, sino cómo se va a hacer el avance de frontera y el contexto histórico en el cual está este nuevo avance de frontera. Esto hay que detenerlo como sea.

Pero para eso hace falta politizar más el tema ecológico, que se entienda que es un tema que tiene ver con territorio, con vida. Y yo no diría solo que crezca el reclamo de las organizaciones ambientalistas sino que hay que ecologizar también las luchas populares que tienen que ver con sindicatos. Por ejemplo los sindicatos que se han movilizado, aunque el reclamo no sea estrictamente ambientalista, sino por reclamos que hacen a la salud de los trabajadores, son los sindicatos del complejo petrolero industrial de Jose. Así sea por su seguridad laboral, pero por ahí hay algo que va haciendo el vínculo. (...)

Hace muy poco estamos tratando de retomar el debate por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que cuestionó recientemente Luis Brito García. El sugiere eliminar los derechos indígenas en la Constitución, pero ese debate no es sólo sobre los derechos indígenas, es un debate contra la concepción que se tiene sobre el territorio, sobre el extractivismo, sobre el poder, esta todo allí. Y buena parte de lo que llamo chavismo popular, verá entonces que ése no es su proyecto. Se preguntarán, 500 años esperando, postergando y ahora viene un intelectual del chavismo a cuestionar lo que habíamos avanzado.

Fuente: https://portaldelaizquierda.com/2017/09/emiliano-teran-mantovani-con-el-arco-minero-del-orinoco-estamos-frente-a-un-suicidio/

 

 Alternativas emancipatorias

 

Preguntémonos por qué el 'honorable' Senado se hizo cargo de los reclamos de “Jóvenes X el Clima Argentina” y por el contrario rechazó a la gigantesca Marea Verde. Sucede que ésta cuestiona al capitalismo y al régimen patriarcal que someten a la mujer y al disenso sexual, sobre todo, en el «trabajo». Esto último trasciende a los hombres.

 

Al revés "la ley a la que el Senado de la Nación dio media sanción se propone desarrollar estrategias y promover una nueva conciencia ambiental que permita reducir los efectos del cambio climático". Nada dice sobre la sociedad de consumo ni sobre los acaparamientos oligopólicos de tierras y bienes comunes para saquearlos y  envenenarlos afectando mortalmente a las comunidades, pueblos e individuos.

 

Todos al frente por el medio ambiente

10 de agosto de 2019

Por Leo Grosso

Tiempo Argentino

 

En julio el Congreso nacional votó dos leyes muy importantes en la lucha por el medio ambiente: la declaración de Emergencia Ecológica y Ambiental, y la ley de Adopción de Medidas y Mitigación del Cambio Climático.

Argentina fue el cuarto país del mundo en declarar la emergencia ecológica y ambiental, que exhorta al Poder Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cumpliendo con los objetivos plasmados en el Acuerdo de París, al cual suscribimos en 2018.

Fueron lxs jóvenxs, como en muchos otros temas de interés público, los que se movilizaron para pedirles a sus representantes que atiendan a sus reclamos. “Jóvenes X el Clima Argentina” —parte del movimiento global liderado por la joven sueca de 16 años, Greta Thunberg— presentó el Proyecto de Declaración de Emergencia Climática en el Senado como un primer paso para exigir políticas públicas que respondan a la problemática del medio ambiente de manera integral y federal.

La ley a la que el Senado de la Nación dio media sanción se propone desarrollar estrategias y promover una nueva conciencia ambiental que permita reducir los efectos del cambio climático. Plantea la creación de un Gabinete Nacional del Cambio Climático que tendrá como función articular entre las distintas áreas de gobierno y un Consejo Asesor Permanente compuesto por científicos, profesionales, organizaciones ambientales, de la sociedad civil y entidades académicas.

Claro que para llevar adelante los principios de estos proyectos, necesitaremos no sólo la aprobación de la Ley de Cambio Climático en la Cámara de Diputados de la Nación, sino también la voluntad política de quienes ocupen el Poder Ejecutivo Nacional y de las Provincias.

No hay tiempo que perder. Tenemos que tomar conciencia de que el cambio climático es un problema global que exige medidas urgentes y, por sobre todo, eficientes. Necesitamos políticas públicas que estén a la altura de las necesidades de una población que genera cada vez más y más desechos.

No nos podemos conformar con que exista una ley, la 25.916, de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos que promueve la separación y reciclado de residuos si nadie puede cumplirla.

La basura es uno de los problemas más graves para quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires. Las organizaciones desarrollaron experiencias de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) con los que demostraron estar muy por encima en su conciencia ambiental y social respecto de la clase política, que parece desconocer los objetivos de esta Ley.

La provincia de Buenos Aires se debe una política de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y de erradicación de los basurales a cielo abierto. Para ello, entre otras cosas, hay que dotar de presupuesto al Órgano Provincial de Desarrollo Sustentable, dejando atrás las políticas de ajuste de la Gobernadora María Eugenia Vidal.

El cuidado del medio ambiente es una tarea urgente y nos involucra a todxs. Lxs jóvenes y los sectores vulnerables de este país son los que más sufren las consecuencias y son, también, quienes han tomado el tema en sus manos. El Estado se tiene que hacer cargo. No podemos seguir dándoles la espalda.

Leo Grosso es diputado nacional.

https://www.tiempoar.com.ar/nota/todos-al-frente-por-el-medio-ambiente 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=259119

 

"La ley a la que el Senado de la Nación dio media sanción se propone desarrollar estrategias y promover una nueva conciencia ambiental que permita reducir los efectos del cambio climático". Atribuye a la población originarlo como lo hace el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático  en su informe sobre La Tierra y el Cambio Climático.  Ambos ocultan al sistema mundo capitalista como causa de la crisis ecológica y la crisis alimentaria que amenaza no sólo supervivencia humana sino ante todo la vida planetaria. En el Abya Yala los extractivismos (monocultivos transgénicos como la soja, megaminería, fracking, megaemprendimientos turísticos e inmobiliarios y la IIRSA-Proyecto Mesoamérica) destruyen comunidades-provincias y ecosistemas e incluso ecorregiones. Arrasando las biodiversidades rompen equilibrios ecológicos origen de la crisis climática y las sequías e inundaciones.

 

El Informe ignora la liquidación de la soberanía alimentaria por desaparición forzada de campesinos e indígenas, concentración/centralización en corporaciones del qué, cómo, cuándo y para quién producir. Revitaliza a Malthus y acusa a la población pero encubre a los oligopolios acaparando-contaminando y agotando el consumo de agua, energía, suelo... para exportaciones a gran escala. En Ganequiengane seguiremos luchando por territorios libres de extractivismos.

 

 

El cambio climático pone en riesgo

el agua y la comida en el planeta

11 de agosto de 2019

 

 Alimentos más caros, menos nutritivos y disrupciones en la cadena de distribución afectarán a todo el planeta y dramáticamente a los países más pobres, si no se toma acción para detener la degradación de la tierra y mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C. Incluso con un aumento de 1,5°C, hay grandes riesgos de escasez de agua, incendios, degradación del permafrost y de inestabilidad en el sistema alimentario. 

Por Desinformémonos

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó este jueves su informe sobre La Tierra y el Cambio Climático, en el que destaca, entre otras cosas, cómo el clima está afectando la disponibilidad, el acceso, la nutrición y la estabilidad de los alimentos.

La seguridad alimentaria se verá cada vez más afectada por el cambio climático futuro a través de la disminución del rendimiento agrícola, especialmente en los trópicos, con el aumento de los precios, la reducción de la calidad de los nutrientes y las interrupciones de la cadena de suministro. Veremos diferentes consecuencias en diferentes países, pero habrá un impacto más drástico en los países de bajos recursos en África, Asia, América Latina y el Caribe”, asegura Priyadarshi Shukla, una de las autoras del informe.

Comer más verduras y desperdiciar menos

El estudio destaca que actualmente alrededor de un tercio de la comida se pierde o se desperdicia. Las causas difieren entre países desarrollados y en desarrollo, pero reducir su ocurrencia disminuiría las emisiones de gases de efecto invernadero y la inseguridad alimentaria.

Algunas dietas requieren más agua y más tierra, y causan más emisiones de gases que aumentan el calentamiento global.

“Algunas dietas requieren más agua y más tierra, y causan más emisiones de gases que aumentan el calentamiento global. Las dietas balanceadas con más alimentos a base de granos, legumbres, frutas y verduras y con alimentos animales producidos de manera sostenible, presentan oportunidades para limitar el cambio climático”, revela la experta Debra Roberts.

El informe también asegura que hay maneras de abordar los riesgos y reducir las vulnerabilidades en los sistemas de producción y distribución de la comida y de gestión de la tierra.

La reducción de riesgos puede aumentar la resiliencia de las comunidades ante eventos extremos, lo cual tiene un impacto en la seguridad alimentaria. Un ejemplo puede ser cambios en la dieta y en los alimentos que se cultivan para prevenir la degradación de la tierra.

Reducir la desigualdad, aumentar los salarios y asegurar el acceso a la comida en regiones donde la tierra ya no produce también influyen en adaptarse a los impactos negativos del cambio climático.

Banco Mundial/John Hogg

Las industrias y la ganadería generan gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.

La tierra como un recurso crítico en la lucha contra el cambio climático

La tierra ya está bajo una presión humana creciente y el cambio climático se está sumando, mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC solo se puede lograr reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores, incluidos la tierra y los alimentos.

La tierra juega un rol muy importante en el sistema climático. La agricultura, la silvicultura y otros tipos de uso representan el 23% de las emisiones de efecto invernadero. Al mismo tiempo los procesos naturales de la tierra absorben dióxido de carbono equivalente a casi un tercio del emitido por los combustibles fósiles y las industrias”, asegura el experto Hans-Otto Portner.

Manejar los recursos de manera sostenible puede ayudar a abordar el cambio climático. “Las elecciones que hacemos en este manejo pueden ayudar a reducir y en algunos casos hasta reversar los impactos”, expresa el científico del Panel Kiyoto Tanabe, quien añade que la tierra que ya está siendo usada puede alimentar a la población mundial y al mismo tiempo proveer biomasa para la energía renovable, pero se necesita acción temprana y extensa para lograrlo.

Banco Mundial/Ray Witlin

Una mujer agricultora de la India.

La degradación de la tierra y los riesgos añadidos al calentamiento global     

Cuando la tierra se degrada se hace menos productiva y se reduce su capacidad para absorber carbono, lo que influye en el cambio climático, que en retorno contribuye más a su degradación.

“En un futuro, con lluvias más intensas, aumentará el riesgo de erosión del suelo en las tierras de cultivo. La gestión sostenible de la tierra es una forma de proteger a las comunidades de los efectos perjudiciales de la erosión del suelo y deslizamientos de tierra. Sin embargo, hay límites para lo que se puede hacer, por lo que en otros casos la degradación puede ser irreversible “, añade Tanabe.

 “En un futuro, con lluvias más intensas, aumentará el riesgo de erosión del suelo en las tierras de cultivo.

Aproximadamente 500 millones de personas viven en áreas que experimentan la desertificación. Las áreas secas son más vulnerables al cambio climático y a los eventos extremos, incluidos la sequía, las olas de calor y las tormentas de polvo, con una creciente población mundial que proporciona más presión.

El informe establece opciones para abordar la degradación de la tierra y también examina los impactos de los diferentes niveles de calentamiento global.

Hay riesgos muy altos de escasez de agua, riesgos por incendios, degradación del permafrost y de inestabilidad en el sistema alimentario, incluso con un aumento de temperatura de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales. El riesgo se hace mucho más intenso con un aumento de 2°C, aseguran los expertos.

PNUD Chad / Jean Damascene Hakuzim

Vista aérea del Lago Chad que muestra claramente los efectos de la desertificación. En los últimos 50 años, la cuenca del Lago Chad se ha reducido de 25.000 kilómetros cuadrados a 2.000.

Recomendaciones

Un enfoque general en sostenibilidad combinado con acciones tempranas ofrece las mejores oportunidades para luchar contra el cambio climático. Esto incluye, un menor crecimiento de la población, la reducción de desigualdades, una mejor nutrición y un menor desperdicio de comida.

Si se logra un sistema alimentario más resiliente se puede tener más tierra disponible para crear energías limpias, y al mismo tiempo proteger los bosques y los ecosistemas naturales. Sin embargo, si no se actúa pronto, más tierra podría necesitarse para generar energía y esto conduciría a desafiantes decisiones sobre su uso y el sistema alimentario.

“Las políticas que apoyan la gestión sostenible de la tierra, aseguran el suministro de alimentos para personas vulnerables y mantienen el carbono en el suelo mientras reducen las emisiones de gases de efecto invernadero son importantes”, agrega Eduardo Calvo, coautor del informe.

Otras políticas fuera del sector alimentario y de los suelos, como el transporte y en medio ambiente, también hacen una diferencia crítica en la lucha contra el cambio climático. “Actuar rápidamente costará menos, ya que evitará más perdidas”, advierte el informe.

Hay cosas que ya estamos haciendo, utilizando tecnología y buenas prácticas, pero hay que aumentarlas y usarlas donde no se están aplicando.

“Hay cosas que ya estamos haciendo, utilizando tecnología y buenas prácticas, pero hay que aumentarlas y usarlas donde no se están aplicando. Hay un gran potencial a través del uso sostenible de la tierra, reducir el consumo excesivo y el desperdicio de comida, evitar que los bosques sean quemados, prevenir el cultivo excesivo de madera para combustible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, concluye Panmao Zhai, presidente de un grupo de trabajo del IPCC.

El informe fue preparado por 107 expertos de 52 países, y se trata del primero en que la mayoría de los científicos son de países en desarrollo y hay una participación de un 40% de mujeres.

El documento será un aporte científico clave en las próximas negociaciones sobre el clima y el medio ambiente, como el de Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación (COP14) en Nueva Delhi, India en septiembre y la Conferencia Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25) en Santiago, Chile, en diciembre.

El informe concluye que una mejor gestión de la tierra puede contribuir a combatir el cambio climático, pero no es la única solución.

En 2015, los Gobiernos respaldaron el objetivo del Acuerdo de París de fortalecer la respuesta global a cambio climático al mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de 2ºC por encima de los niveles pre-industriales y perseguir esfuerzos para limitar el aumento a 1.5ºC.

Este material se comparte con autorización de UNAM Global

Más Noticias

Fuente: https://www.anred.org/?p=120074

En consecuencia, ante todo es fundamental definir como crisis ecológica al 'cambio' climático para que con nuestro «trabajo» tratemos de no ser cómplices de ecocidios-genocidios y practicar desde ahora políticas mirando a comunalidades, a buenos vivires.

 

Toma generalizada de partido por la recuperación de nuestro «trabajo» para que procure atender necesidades e intereses populares. Es poner fin a la impunidad de CFK de ufanarse ser más capitalista que Macri y de los expertos del Informe que llegan a la desfachatez e irracionalidad de destacar promisorio a que se pueda tener más tierra disponible para crear energías limpias o sea hablan, esencialmente, de agrocombustibles y mega represas vs. las tierras para la producción de los alimentos y  la vida de comunidades.

 

Crisis ecológica y lucha política:

la alternativa ecosocialista
13 de diciembre de 2010

 

Por Michael Lowy y Samuel González
Revista Memoria (México)

 

Nada ha corrompido tanto a la clase obrera alemana como la idea de que se movía en el sentido de la corriente. Consideraba los desarrollos tecnológicos como el sentido de la corriente en el que avanzaba. De ahí no había más que un paso hasta la ilusión de que el trabajo fabril que supuestamente tendía al progreso tecnológico constituía un logro político” 
Walter Benjamin.

Durante siglos cada sociedad ha desarrollado un complejo y particular entramado de relaciones con la naturaleza. De entre los distintos vehículos que ha establecido la humanidad en su relación con la naturaleza, la técnica, sin duda alguna, es una pieza angular al ser esta la encargada de delimitar y modelar, a través de instrumentos y relaciones sociales, la dinámica con la cual cada cuerpo social se apropia y se relaciona con la naturaleza, y a su vez consigo mismo.

Cada conjunto de relaciones que la humanidad establece con la naturaleza proyecta, a su vez, cada fracción de las relaciones humanas establecidas en la sociedad. Dentro de este complejo cosmos, existe igualmente un sistema de ideas, encargado de justificar la dinámica social, las cuales constituyen una serie de estructuras mentales que modelan la forma de concebirnos frente a la naturaleza y frente a nosotros mismos.

En este sentido es que la modernidad inauguraría un curso completamente radical para construir y conceptualizar dicha relación. La sociedad industrial moderna trataría de modelar el medio ambiente a imagen y semejanza suya, para lo cual el desarrollo de la técnica se convertiría en esa promesa efectiva para la realización del paraíso industrial.

De esta forma, la libertad moderna en la sociedad capitalista fue concebida como dominación de lo natural en contraposición a las contingencias del ambiente. Para poder liberarse había que descubrir y dominar a la naturaleza -este ha sido precisamente el paradigma de la técnica capitalista y lo que tiene como consecuencia la degeneración de la ciencia que opera bajo los parámetros de la ganancia-.

La subsunción de la modernidad al orden del capital conjuraría las aspiraciones modernas condenándolas a la lógica de la valorización de valor, a su racionalidad puramente instrumental. La aspiración moderna de construir nuestra propia historia quedaría sellada dentro de las promesas formales del Estado, la ciudadanía y la propiedad, las cuales promoverían una supuesta sociedad democrática en donde todos seriamos iguales y en donde todos tendríamos el derecho a ser poseedores. Sin embargo la realidad haría evidente que son las minorías, dueñas del capital, las que decidirían por las mayorías, evidenciando cómo es que la sociedad capitalista tiene, como punto de partida para su estructuración al individuo, pero no cualquier individuo sino aquel que es propietario de los medios de producción.

La sociedad capitalista ha instaurado una dinámica presidida por el deseo de dominar la naturaleza mediante la técnica, convirtiéndola en una mercancía más que podría contribuir a de la acumulación privada de capital. En esa medida, la lógica de las sociedades capitalistas constituye una relación con la naturaleza que expresa la enajenación del ser humano, extrañado de sí mismo y de la naturaleza, a la cual enfrenta como externalidad que le repele. El metabolismo naturaleza-humanidad trascurre así en una dinámica de destrucción y degeneración, de caos y vaciamiento. Por supuesto esta situación está llegando a su límite.

Las distintas crisis que hoy enfrenta la humanidad a nivel mundial resultan de un mismo fenómeno: un sistema que transforma todo – la tierra, el agua, el aire que respiramos, la naturaleza, los seres humanos- en mercancía; que no conoce otro criterio que no sea la expansión de los negocios y la acumulación de beneficios para unos cuantos. Sin embargo, este conjunto de crisis son aspectos interrelacionados de una crisis más general, la crisis de la moderna civilización industrial.

Hoy, sin embargo, el proceso de devastación de la naturaleza, de deterioro del medio ambiente y de cambio climático se ha acelerado a tal punto que no estamos discutiendo más sobre un futuro a largo plazo. Estamos discutiendo procesos que ya están en curso, la catástrofe ya comenzó, esta es la realidad y estamos en una carrera contra el tiempo para intentar frenar y contener este proceso desastroso.

¿Cuáles son las señales que muestran el carácter cada vez más destructivo del proceso de acumulación capitalista a escala global? El más obvio, y peligroso, es el proceso de cambio climático; un proceso que resulta de los gases de efecto invernadero emitidos por la industria, el agro-negocio y el sistema de transporte existentes en las sociedades capitalistas modernas. Este cambio tendrá como resultado no sólo el aumento de la temperatura en todo el planeta, sino también la desertificación de tierras, problema que en la actualidad tiene efectos devastadores sobre la población del tercer mundo , la elevación del nivel del mar, la desaparición de ciudades enteras (Hong-Kong, Río de Janeiro) debajo del océano y la desaparición de ecosistemas enteros. Todo ello nos acerca fatalmente a lo que probablemente será la sexta mega extinción de la vida sobre el planeta Tierra.

Todo esto no resulta del exceso de población, como dicen algunos, ni de la tecnología en sí abstractamente, ni tampoco de la mala voluntad del género humano. Se trata de algo muy concreto: de las consecuencias del proceso de acumulación del capital, en particular de su forma actual, de globalización neoliberal que ha descansado sobre la hegemonía del imperio norteamericano. Este es el elemento esencial, motor de este proceso y de esta lógica destructiva que corresponde a la necesidad de expansión ilimitada –aquello que Hegel llamaba “mal infinito”- de un proceso infinito de acumulación de negocios, acumulación de capital que es inherente a la lógica del capital.

Luego, la cuestión que se coloca es la necesidad de una alternativa que sea radical. Las alternativas de soluciones “moderadas” se revelan completamente incapaces de enfrentar este proceso catastrófico. El llamado Protocolo de Kioto tiene alcances muy limitados, casi infinitamente limitados del que sería necesario, y aún así, el gobierno norteamericano, principal contaminador, campeón de la contaminación planetaria, se rehúsa a firmarlo.

El Protocolo de Kioto, en realidad, propone resolver el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero a través del llamado “mercado de los derechos de contaminación”: Las empresas que emiten más CO2 van a comprar otras, que contaminan menos, derechos de emisión. ¡Esto sería la solución del problema para el efecto invernadero! Obviamente, las soluciones que aceptan las reglas del juego capitalista, que se adaptan a las reglas del mercado, que aceptan la lógica de expansión infinita del capital, no son soluciones y son incapaces de enfrentar la crisis ambiental – una crisis que se transforma, debido al cambio climático, en una crisis de sobrevivencia de la especie humana-.

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de diciembre de 2009 fue el ejemplo más clamoroso de la incapacidad - o de la falta de interés - de las potencias capitalistas para enfrentar el dramático desafío del calentamiento global. La montaña de Copenhague desenmascaró el engaño: se trató de una miserable “declaración política” sin ningún compromiso concreto y cifrado únicamente en la reducción de las emisiones con efecto invernadero; y el peligro de que este mismo fenómeno se repita en Cancún este mismo año es inminente.

Necesitamos pensar, por lo tanto, en alternativas radicales que se coloquen en otro horizonte histórico, más allá del capitalismo, más allá de las reglas de acumulación capitalista y de la lógica de lucro de mercancías. Como una alternativa radical es aquella que va a la raíz del problema, que es el capitalismo; esa alternativa es, para nosotros, el ecosocialismo: una propuesta estratégica que resulta de la convergencia entre la reflexión ecológica y la reflexión socialista.

Existe hoy a escala mundial una corriente ecosocialista, hay un movimiento ecosocialista internacional que recientemente, por ocasión del Foro Social Mundial de Belem (enero de 2009) publicó una declaración sobre el cambio climático, la cual formó parte del extenso y rico universo de protesta en Copenhague y lo seguirá haciendo en ocasión de la COP 16 en México.

El ecosocialismo es una reflexión crítica. En primer lugar, crítica la ecología no anticapitalista, la ecología capitalista o reformista, que considera posible reformar el capitalismo, llegar a un capitalismo “verde” más respetuoso al medio ambiente. De este modo, el ecosocialismo implica una crítica profunda, una crítica radical de las experiencias y de las concepciones tecnocráticas, burocráticas y no ecológicas de construcción del socialismo. Eso nos exige también una reflexión crítica sobre la herencia marxista en el campo de la cuestión del medio ambiente.

Muchos ecologistas critican a Marx por considerarlo un productivista. Tal crítica nos parece completamente equivocada: al hacer la crítica del fetichismo de la mercancía, es justamente Marx quien coloca la crítica más radical a la lógica productivista del capitalismo, la idea de que la producción de más y más mercancías es el objeto fundamental de la economía y de la sociedad.

El objetivo del socialismo, explica Marx, no es producir una cantidad infinita de bienes, pero sí reducir la jornada de trabajo, dar al trabajador tiempo libre para participar de la vida política, estudiar, jugar, amar. Por lo tanto, Marx proporciona las armas para una crítica radical del productivismo y, notablemente, del productivismo capitalista. En el primer volumen del El Capital, Marx explica cómo el capitalismo agota no sólo las fuerzas del trabajador, sino también las propias fuerzas de la tierra, agotando las riquezas naturales. Así, esa perspectiva, esa sensibilidad, está presente en los escritos de Marx, sin embargo no ha sido suficientemente desarrollada.

Desde esta perspectiva el reto ecológico que enfrentan las clases subalternas es precisamente lograr subvertir eso que Marx criticó: la lógica individualista y enajenante del capital, la fetichización de la mercancía, con el objetivo de erradicar la cosificación del sujeto y de la naturaleza, logrando sentar las bases para la construcción de una nueva lógica para esta relación. Por ello, es necesario construir una crítica radical a la técnica capitalista, lo cual implica comprender que son también los instrumentos técnicos portadores de la dinámica de devastación ecológica, y ello exige reinventar no sólo las relaciones sociales en torno a los instrumentos sino a los instrumentos mismos.

Esta visión asume conscientemente que las fuerzas productivas existentes no son neutras: ellas son capitalistas en su dinámica y su funcionamiento, y por lo tanto son destructoras de la salud de las personas, así como del medio ambiente. La propia estructura del proceso productivo, de la tecnología y de la reflexión científica al servicio de la tecnología mercantil y de ese aparato productivo, se encuentran enteramente impregnadas por la lógica del capitalismo y conduce inevitablemente a la destrucción de los equilibrios ecológicos del planeta que son completamente incompatibles con los ciclos infernales del capital.

Lo que se necesita, por consiguiente, es una visión mucho más radical y profunda de lo que debe ser una revolución socialista. Se trata de transformar no sólo las relaciones de producción y las relaciones de propiedad, sino la propia estructura de las fuerzas productivas, la estructura del aparato productivo. Esto es, en nuestra concepción, una de las ideas fundamentales del ecosocialismo.

Hay que aplicar al aparato productivo la misma lógica que Marx pensaba para el aparato de Estado a partir de la experiencia de la Comuna de Paris, cuando el dijo lo siguiente: los trabajadores no pueden apropiarse del aparato del Estado burgués y usarlo al servicio del proletariado, no es posible, porque el aparato del Estado burgués nunca va a estar al servicio de los trabajadores. Entonces, se trata de destruir ese aparato de Estado y crear otro tipo de poder.

Esa lógica tiene que ser aplicada también al aparato productivo: el cual tiene que ser, sino destruido, al menos radicalmente transformado. Este no puede ser simplemente apropiado por las clases subalternas, y puesto a trabajar a su servicio, pues necesita ser estructuralmente transformado. A manera de ejemplo, el sistema productivo capitalista funciona sobre la base de fuentes de energía fósiles, responsables del calentamiento global – el carbón y el petróleo – de modo que un proceso de transición al socialismo solo sería posible cuando hubiera la sustitución de esas formas de energía por energías renovables, que son el agua, el viento y, sobretodo, la energía solar.

Por eso, el ecosocialismo implica una revolución del proceso de producción, de las fuentes energéticas. Es imposible separar la idea de socialismo, de una nueva sociedad, de la idea de nuevas fuentes de energía, en particular del sol – algunos ecosocialistas hablan del comunismo solar, pues entre el calor, la energía del Sol y el socialismo y el comunismo habría una especie de afinidad electiva.

Es por ello que en la actualidad los movimientos sociales tienen la necesidad de repensar la relación humanidad-naturaleza, teniendo presente que un cambio radical para esta relación debe contemplar una transformación no sólo en la forma de concebir el proceso productivo, pues una nueva forma de relacionarnos implica, necesariamente, una nueva técnica cuya lógica debe construirse desde la comunidad y para los intereses de ésta, los cuales deben contemplar conscientemente la preservación de la vida en el planeta.

Pero un cambio radical a favor de la preservación de la vida en el planeta debe ser un cambio social, democrático y comunitario. Y para esto es primordial hacer estallar la cárcel de la valorización de valor, localizada precisamente en la propiedad privada de los medios de producción y la mercantilización del mundo social y natural, lo cual se expresa en la gestión privada y autoritaria de la sociedad y la naturaleza.

La dinámica capitalista de devastación ecológica tiene no sólo el vehículo de la técnica, sino también el de la propiedad privada que articula un sistema fundamentado en la gestión privada y enajenada de los recursos. Esto exige un cambio radical en la propiedad y gestión de los recursos que debe avanzar, como lo ejemplifican las luchas en América Latina, hacia la perspectiva de gestión comunitaria y territorial de los recursos.

Pero no basta tampoco transformar el aparato productivo y los modelos de propiedad, es necesario transformar también el patrón de consumo, todo el modo de vida en torno al consumo, que es el patrón de capitalismo basado en la producción masiva de objetos artificiales, inútiles, y peligrosos. La lista de productos, mercancías y actividades empresariales que son inútiles y nocivas a los individuos es inmensa. Tomemos un ejemplo evidente: la publicidad. La publicidad es un desperdicio monumental de energía humana, trabajo, papel, árboles destruidos para gasto de papel, electricidad etc., y todo eso para convencer al consumidor de que el jabón “X” es mejor que el jabón “Y” – es un ejemplo evidente del desperdicio capitalista-.

Por eso se trata de crear un nuevo modo de consumo y un nuevo modo de vida, basado en la satisfacción de las verdaderas necesidades sociales que es algo completamente diferente de las presuntas y falsas necesidades producidas artificialmente por la publicidad capitalista. De ello se desprende pensar la revolución ecosocialista como una revolución de la vida cotidiana, como una revolución por la abolición de la cultura del dinero impuesta por el capitalismo.

Una reorganización del conjunto de modo de producción y de consumo es necesaria, basada en criterios exteriores al mercado capitalista: las necesidades reales de la población y la defensa del equilibrio ecológico. Esto significa una economía de transición al socialismo, en la cual la propia población – y no las “leyes de mercado” o un Buró Político autoritario- decidan, en un proceso de planificación democrática, las prioridades y las inversiones.

Esta transición conduciría no sólo a un nuevo modo de producción y a una sociedad más igualitaria, más solidaría y más democrática, sino también a un modo de vida alternativo, una nueva civilización ecosocialista más allá del reino del dinero, de los hábitos de consumo artificialmente inducidos por la publicidad, y de la producción al infinito de mercancías inútiles.

Podríamos quedarnos sólo en eso, pero seremos criticados como utópicos, los utópicos son aquellos que presentan una bella perspectiva del futuro, y la imagen de otra sociedad, lo que es obviamente necesario, pero no es suficiente. El ecosocialismo no es sólo la perspectiva de una nueva civilización, una civilización de la solidaridad- en el sentido profundo de la palabra, solidaridad entre los humanos, pero también con la naturaleza-, es también una estrategia de lucha, desde ya, aquí y ahora. No vamos a esperar hasta el día en que el mundo se transforme, no, nosotros vamos a comenzar desde ya, ahora, a luchar por esos objetivos.

Así, el ecosocialismo es también una estrategia de convergencia de las luchas sociales y ambientales, de las luchas de clases y de las luchas ecológicas, contra el enemigo común que son las políticas neoliberales, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el imperialismo americano y el capitalismo global. Este es el enemigo común de los dos movimientos, el movimiento ambiental y el movimiento social. No se trata de una abstracción.

Contrario a lo que muchos quisieran, la crisis ecológica actual es un problema de lucha de clases, pues la dinámica que ha producido esta catástrofe es el resultado de una estructura social en donde las minorías deciden cómo es que se gestiona la industria y en general la producción social en función de interés privados, por eso nuestras estrategias de lucha deben tener presente este aspecto.

La crisis de civilización, dentro de la cual el problema ecológico es central, debe solucionarse a favor de las mayorías y de la vida en el planeta, pero esto no podrá ocurrir sin la organización y la acción política de las clases subalternas. Una respuesta popular a los conflictos globales de la humanidad sólo podrá articularse mediante una sólida acción política por parte de las mayorías, que pretenda no sólo resistir sino avanzar en la construcción de otra sociedad y de otra forma de relacionarnos con la naturaleza.

Hasta ahora las experiencias de lucha son invaluables. Frente a la ofensiva depredadora del capital hemos asistido al nacimiento de distintas muestras de resistencia fundamentadas en la organización popular. No debemos perder de vista que la lucha ecológica ha logrado consolidarse gracias a su amplitud y pluralidad, en donde se mezclan y entrecruzan distintas concepciones y prácticas culturales de los distintos pueblos del mundo.

La experiencia de la lucha indígena en América Latina es uno de los ejemplos más avanzados. En Bolivia, por ejemplo, desde hace años miles de indígenas lograron irrumpir en la escena política en defensa de las condiciones sociales, la preservación del territorio y la conservación de los recursos. Esta lucha ha logrado evolucionar hasta cuestionar los fundamentos sobre los cuales el Estado está organizado en su país, exigiendo su refundación partiendo del reconocimiento a los diversos grupos indígenas y procurando la conservación de la naturaleza.

En América Latina la lucha ecológica de los campesinos e indígenas, en donde también han participado de manera protagónica estudiantes, mujeres y obreros, se ha convertido rápidamente en una lucha política, de esta manera las luchas por el bienestar comunitario y la lucha por la preservación de los recursos y el respeto a la naturaleza son simultáneas e indisolubles.

La crisis ecológica actual, agudizada por el estallido económico de 2008, ha precipitado las condiciones de lucha política, revelando la conexión estructural entre el conjunto de problemas sociales a nivel mundial y la lógica de la sociedad capitalista. Las respuestas que demos, en esa medida, deben poseer la fuerza y determinación necesarias para cuestionarlo todo, para enfrentar a los gobiernos del capital y sobrepasarlos con poder popular.

La respuesta de las y los explotados y oprimidos del mundo a la crisis ecológica ha evolucionado considerablemente. Muestra de ello, es la reciente Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Madre Tierra realizada en Cochabamba (Bolivia), con la participación de 30.000 delegados indígenas, campesinos, sindicales, ecologistas, de América Latina y de todo el planeta, que denunció claramente al capitalismo como responsable del calentamiento global; así como la última sesión plenaria de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en México, en donde las conclusiones relacionan directamente la lucha en contra de la devastación ecológica con la necesidad de luchar por un cambio social. Las luchas sociales en contra de la crisis ecológica del capitalismo, a nivel mundial, confirman que una lucha coherentemente ecológica es consecuentemente una lucha anticapitalista, una lucha por una revolución social.

Como estas, hay muchas otras luchas, sea en Francia, India o México y en otros países del mundo entero, en donde cada vez más se da esa convergencia. Pero ella no ocurre espontáneamente, tiene que ser organizada conscientemente por los militantes, por las organizaciones. Es necesario construir una estrategia de lucha que haga converger a las luchas sociales con las luchas ecológicas. Esta nos parece ser la respuesta al desafío, la perspectiva radical de una transformación revolucionaria de la sociedad más allá del capitalismo.

Sabiendo que el capitalismo no va a desaparecer como víctima de sus contradicciones, como dicen algunos supuestos marxistas, ya un gran pensador marxista de comienzos del siglo XX, Walter Benjamin, decía que, si tenemos una lección que aprender es que el capitalismo no va a morir de muerte natural, será necesario acabar con él…Necesitamos de una perspectiva de lucha contra el capitalismo, de un paradigma de civilización alternativo, y de una estrategia de convergencia de las luchas sociales y ambientales, desde ahora plantando las semillas de esa nueva sociedad, de ese futuro, plantando semillas del ecosocialismo.

 Fuente: http://rebelion.org/noticia.php?id=118552