Qué Estado

Septiembre 2018

Con plan estratégico agroalimentario y agroindustrial hacia la dictadura imperialista por hambre abajo.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Estamos ante la ofensiva del poder económico e imperialista para maximizar la desposesión de territorios, bienes comunes y nuestro trabajo. La enfrentamos con la fragmentación del potencial de rebeldía enorme en el 2001-2002 gracias ante todo al kirchnerismo y se ha agregado desde hace años el Papa Francisco. Pero también las izquierdas políticas persisten en la autopercepción de vanguardias y menosprecian el hacer político de los movimientos sociales.

 

Vivimos hoy el imperativo de esclarecernos sobre cómo Cristina Fernández de Kirchner promovió la ocupación económico territorial de Argentina por el sistema imperialista de agronegocios.

Plan Estratégico Argentina 2020 (III):

El Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial

30 de Abril de 2012

Por Ana Crux   

El Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial (PEA) 2020 presentado en septiembre pasado por la Presidenta en Tecnópolis, fue elaborado con los aportes de 53 universidades, 24 complejos productivos y 470 escuelas agrotécnicas de todo el país. Para ello, se crearon mesas de trabajo técnicas, con funcionarios y los propios integrantes de la cadena de comercialización.

Objetivos del plan

La principal meta del PEA consiste en elevar la producción de granos de 92 a 157 millones de toneladas para el 2020, un 58 % más; además de incrementos de un 53 % en cultivos industriales, un 235 % en el complejo algodonero, un 89 % en el hortícola, un 27 % en el forestal, 36 % para el complejo frutal citrícola, un 15 % para el vitivinícola y un 115 % para el avícola.

Las exportaciones totales del sector agroalimentario y agroindustrial pasarían a 96.611 millones de dólares, una suba de 145%. El mismo incremento registraría la venta de manufacturas de origen agropecuario, que llegarían a 64.200 millones. En tanto, las colocaciones de productos primarios crecerían un 80%, hasta 27.360 millones de dólares.

De este modo, el PEA proyecta que para fines de la década el 14% de la producción de cereales secundarios y trigo, y el 16% de los aceites vegetales se destinarán a biocombustibles en comparación con el 10% y 9% de promedio en las campañas 2007-2009. Y calcula el aumento de las exportaciones de biocombustibles derivados de la soja de 1.277 millones de dólares a 5.320 millones, representando esto un incremento del 317%.

¿Alimentos o negocio?

El PEA resulta muy asertivo en las metas económicas y productivas, pero no tanto en cómo serían alcanzadas, y mucho menos en cuáles serían sus costos y cómo se distribuirían sus beneficios. En síntesis, el PEA no se preocupa por los alimentos sino por los precios de los mismos, y está enfocado fundamentalmente en aumentar la rentabilidad del sector vinculado a la agroexportación. Las primeras estimaciones indican que para alcanzar las metas propuestas sería necesario expandir la superficie cultivada en una extensión que varía de 5 a 20 millones de hectáreas. El Plan no dice de dónde saldrían las tierras para alcanzar ese incremento.

Por otro lado se resalta, como indicador de este gran salto productivo, la masiva incorporación de tecnologías, el ingreso de profesionales a la actividad y el incremento en cinco veces de la cantidad de fertilizantes utilizados.

Merenson (http://losverdes.org.ar/blog/?tag=merenson) describe la dimensión ambiental de este proceso: “En los últimos años, de la mano de la monocultura sojera, la frontera agropecuaria avanzó fundamentalmente en dos regiones: en el NEA, donde el área sembrada aumentó, entre las campañas 1997/98 y 2004/05, en un 417%, y el NOA donde para similar periodo, el aumento fue de un 220%“.

Dos regiones que albergan al Parque Chaqueño y las Yungas, que según datos del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, basado en imágenes Landsat 5 TM (años 1998/1999) y Spot (año 1995) contenían unas 25 millones de hectáreas de tierras forestales, el 80% de los bosques nativos remanentes de nuestro país. Obviamente, esas tierras fueron sometidas a intensos procesos de deforestación durante la década del año 2000, tal como surge del trabajo realizado por la Dirección de Bosques de la SAyDS: “Pérdida de Bosque Nativo en el Norte de Argentina”. El área de estudio abarcó aquellas zonas que habían sido afectadas fuertemente por el proceso de deforestación localizadas en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Salta y una pequeña porción de Jujuy, la evaluación definió que el área deforestada entre 1998 y 2008 alcanzó 1.700.000 ha, parte de ella se concretó incluso durante el periodo de prohibición de desmontes establecido por la ley nacional

26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos”. No se trata de un Plan Agroalimentario, sino de una propuesta de incremento de la producción de mercancías agrícolas, especialmente de aquellas destinadas a la exportación. El PEA se enfoca sólo en la faz productiva, poniendo un énfasis casi exclusivo en los productores de commodities agrícolas. Se propone aumentar el volumen exportable a 150 millones de toneladas (principalmente de carnes, cereales y oleaginosos), lo que redundaría en un incremento de los ingresos monetarios. No se habla de cómo se distribuiría la ganancia, en un esquema de producción y comercialización concentrado, donde el 60 % de la producción es producida en explotaciones de más de 1000 has (apenas el 10 % de los productores del país) y donde la comercialización está manejada por siete grandes empresas transnacionales (Cargill, Noble, ADM, Nidera, Bunge, Dreyfus, Topfer) que manejan el 90% de la exportación y la industrialización del grano de soja (INTA, Estudios Socioeconómicos de los Sistemas Agroalimentarios y Agroindustriales Nª 3. Bs. As. Ediciones de INTA. 2009).

“Plantear que debemos redoblar las exportaciones de alimentos en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos. Además esto va en dirección a consolidarnos como productores de materias primas en el marco de un saqueo transnacional que nada tiene que envidiarle a antiguos esquemas coloniales. Aumentar a 160 millones de toneladas de granos (forrajeros y no alimentarios) la producción anual (tal como anunció el ministro) es sumar otras 10 millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica, además de los otros cultivos. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas que producen de manera sustentable en el bosque, a partir de eliminar la biodiversidad de ecosistemas frágiles y en franco deterioro como el Parque Chaqueño. Presionando al éxodo rural que continuará sobredimensionando las ciudades” (Movimiento Nacional Campesino e Indígena, Comunicado de prensa: http://www.mnci.org.ar/)

Nuestra alternativa

Necesitamos un PEA que ponga en primer lugar la satisfacción de las necesidades alimentarias de las mayorías del país, necesidades alimentarias de calidad, variada y accesible. Un PEA que planifique la producción agrícola conservando los recursos naturales y la biodiversidad; para ello resulta indispensable expropiar a los grandes latifundios y pools de siembras, poniendo a los mismos al servicio de los trabajadores y de las necesidades más elementales del pueblo.

Fuente: http://argentina.elmilitante.org/argentina-othermenu-26/argentina-othermenu-27/5832-plan-estrategico-argentina-2020-iii.html

 

 

Comprobemos cuán tramposa fue la utilización K del fracaso en la resolución 125 para escenificar su tener en contra a la oligarquía terrateniente.  En ningún momento ambos bandos del enfrentamiento pusieron en discusión al sistema imperialista de soja transgénica.

 

Examinemos cómo el gobierno CFK siguió esforzándose en afianzar los negocios de las corporaciones agro-biotecnológicas.

 

 

La Agencia de Noticias CTA (ACTAreproduce a continuación el documento colectivo: No nos patenten la vida. Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina. Pase y lea.

7 de septiembre de 2014

 “Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento.

En un contexto mundial marcado por un fuerte embate del neoliberalismo – que incide sobre la producción y el comercio global de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.

Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias al accionar de las resistencias sociales.

A pesar de la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero – paradigma del extractivismo agrario – continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas. En tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.

 

Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo agro- minero – exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato). Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.

A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias socio- ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América Latina.

Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado – a través de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas.

En este contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo de la producción de los alimentos y del control de las cadenas alimentarias.

 

El anteproyecto para reformar la Ley de Semillas

El gobierno nacional y las corporaciones agro – biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual.

En nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas.

Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra.

Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se adecuen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.

Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.

Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal. En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era realizada por las agencias de los Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las variedades de semillas desarrolladas en el dominio público.

En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos.

 

Hallamos, a continuación, en el documento otra manera K de imponer los intereses corporativos que fue la institucionalización de la lucha campesina. Veamos:

 

La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar

Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma.

El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.

La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una “Mesa de Diálogo” convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas.

Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado.

Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que rodean las problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera. (...) Leer

En consecuencia, hoy ante la propaganda de presentar a Cristina Fernández como alternativa a Macri es crucial la revisión crítica de cómo hizo cuanto pudo para garantizar la ocupación económico territorial de Argentina por el sistema imperialista de agronegocios y sin importarle que causa ecocidios-genocidios. Consideremos la conclusión del documento No nos patenten la vida y sus propuestas.

 

La Agencia de Noticias CTA (ACTAreproduce a continuación el documento colectivo: No nos patenten la vida. Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina. Pase y lea.

7 de septiembre de 2014

A modo de conclusión

De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta iniciativa de privatización de la vida en muchos países.

En definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa – dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático – prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el año pasado.

 

Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar resistiendo a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza.

 

Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:

- No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta.

- No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.

- No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.

- Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.

- Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos.

- Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.

- Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.

Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar aprobarse el proyecto para la reforma de la Ley de Semillas que detallamos en el presente documento”.

 

Organizaciones y espacios: Acción Reverdeciente; Colectivo Volver a la Tierra -FAUBA; Cultivarte; Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria; Argentina (Agrupación Visión Sostenible); CTA; Estudiantes Críticos en el Frente Popular Darío Santillán; Fundación Che Pibe; Grupo de Reflexión Rural (GRR); Mishkila Alimentos; Red Tacurú; Sopita Ropita; Autoconvocadxs por la libertad de las semillas y la Soberanía Alimentaria; Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Carrera de Comunicación Social, UNER; Centro de Educación Agroecológico ASHPA de Guernica; Proyecto Sur Provincia de Buenos Aires en Corriente Nacional Emancipación Sur; La Usina Cultural del Sur Almagro/Pompeya en Corriente Nacional Emancipación Sur; Sobre Rieles UnLa; Los Pies en La Tierra; Oro del Inca Cooperativa; Reforestala “Proyecto Compartir”; Bandera Negra UNQ); Colectivo desde el Pie; SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia); Red Ecosocialista (MST+Independientes); La Revolución de la Cuchara Argentina; Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la Sexta iniciativa del EZLN); Colectivo Orgánico; Comisión Ecológica de Ituzaingó, Buenos Aires; Agrupación ecologista “Nueva Ecología de la Tierra” (N.E.T.), Santa Fé; Junta Abya Yala por los Pueblos Libres (JAPL); Revista Theomai; Chaucha y Palitos Huerta Barrial, Salta; Portal Confraternizar Hoy; Organización para la Liberación Argentina (OLA); “La Peñaloza” Organización Campesina; Instituto Taki Ongoy; Corriente del Pueblo; “La Rabia” Radio/TV Escuela; Partido Pirata.

 

Individuales: Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas; Mirta Baravalle; Félix Diaz; Miguel Teubal; Norma Giarracca; Jorge E. Rulli; Jorge Falcone; Miguel Bonasso; Alejandro Bodart; Vilma Ripoll; Lucila Díaz Rönner; Patricia Langlais; Maristella Svampa; Enrique Viale; Soledad Barruti; Laura Isod; Marcelo Viñas; Miguel Mirra; Susana Moreira; Eduardo González; Elena Picasso; Marcelo Giraud; Carlos Del Frade; Mario Cafiero; Ana Isabel Rivas; Bibiana Apolonia del Brutto; Andrés Dimitriu; Ulises de la Orden; Silvia Cloquell; Guido Galafassi; Luis Barone; Ana Valtriani; Tomás Palmisano; Luis Mattini; Jorge Cardelli; Carlos María Pagano; Graciela Ferrario; Miguel Mazzeo; Guillermo Folguera; Víctor Bruno Montesco; Luis Daniel Hocsman; Mariano Rosa; Juan Wahren; Carlos Abel Suárez; Matías Giletta; Marcelo Manzatto; Julián Llamosas; Elena Kahn; Guillermo Cieza; Victoria Díaz Abal; Sofía Bascuñan; Laura Didowicz; Judith de Babot; Claudia Carbone; Noelia García; Cintia Cuneo; Pablo Vommaro; Fernando Del Gener; Agostina Falduti; Sofía Kempski; Caito González; Nicolás del Aguila; Jorgelina Alioto; Dolores Jiménez; Mario Pablo Gallino; Pamela Orellana; Pablo Delgado; Gladis Melo; Cristina Delgado; Emanuel Marcos Abínzano; Patricio Ramos; Patricia Azcoitia; Nicolás Games; Ignacio López Lemus; Virginia Azcoitia; Pablo Aranda; Estela Knez; Analía Bernardo; José Rubio; Verónica María Martín; Zuríe Amado; Carmen Orellana; Mauricio Nicolao; Pablo Urrutia; Fernando Rovelli; Milena Amaya; Lucio Florio; Nora López Rita; Oscar Vicente Silva; Daniela Miranda; Fabián O. Barrionuevo; Mario Brasca; Julia Esvant; Pablo Gómez; Roberto Ochandio; Ignacio Mayorga; Elena González; Alicia Gianfelici; Jorge Malla; Elena Cedrón; Eva Montesco; Verónica Torres; Franco Hernández; Lilah Ríos; Gabriel Beber; Maria Belen Coussirat; Cecilia Fantini Giorgetto; Guillermo Eugenio Acosta; Silvia Cerpa; Antonio Merched Mitre; Luis Fabrizi; Juan Spinetto.

Internacionales: Gustavo Esteva (Universidad de la Tierra, Oaxaca, México); Raúl Prada Alcoreza (Grupo Comuna, Bolivia); Miguel Benasayag (Francia); Jairo Restrepo (La Mierda de Vaca, Colombia); Francisco “Paco” Puche (España); Elena Kahn (Guerreros Verdes, México); Carlos Walter Porto-Gonçalves (Universidade Federal Fluminense, Brasil); Rodrigo Meiners Mandujano (Desarrollo Rural-Xochimilco, México); Fabián Cevallos Vivar (Ecuador); Rodrigo Lampasona (Iniciativa Exige Vivir Sano, Chile); Alicia Jardel (Bélgica); Conciencia Colectiva (Quintana Roo, México); LEMTO (Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e de Territorialidades, Universidade Federal Fluminense, Brasil). Leer

 

 

Analicemos cómo el gobierno CFK tampoco fue contra el poder fáctico de los grandes laboratorios y al revés siguió fomentando la legitimación de su creciente gravitación en los destinos del país-continente y de nosotros, los diversos de abajo.

 

Comprobemos que, como en los distintos derechos, es la autoorganización popular la que proyecta los cambios radicales para la justicia social-ambiental.

 

 

La producción estatal de medicamentos

en la Argentina

Por Martín A. Isturiz

La producción pública de medicamentos es un área estratégica de la salud. Cómo fue su desarrollo en nuestro país, en qué situación se encuentra hoy, y cuáles son los caminos a seguir.

Si partimos del concepto básico de que la salud es un derecho, el medicamento deja de ser una mercancía para constituirse en un bien social y, en consecuencia, su accesibilidad por todos los habitantes de nuestro país debe estar garantizada por el Estado.

En un marco de esas características la Producción Pública de Medicamentos (PPM) es, sin lugar a dudas, un área estratégica en salud, y es lo que intentaré fundamentar en este artículo.

Las políticas nacionales de los últimos cuarenta años relacionadas con el abastecimiento de medicamentos a la población –cuando las hubo– para resolver necesidades sociales se llevaron a cabo, fundamentalmente, a través de la compra de los mismos, no de la producción. Un ejemplo de ello, en los últimos años, se expresa en el programa Remediar, un plan implementado a partir de octubre de 2002 hasta la fecha (actualmente denominado Remediar + Redes), y pensado para abastecer a 15 millones de personas en estado de desamparo y sin cobertura social.

Así, el Remediar se pudo implementar en los primeros cuatro años (2002-2006) con fondos provenientes de un préstamo del BID por 140 millones de dólares, más 90 millones de dólares aportados por el Estado nacional. Más allá de las críticas que se le hicieron oportunamente, sobre todo desde el punto de vista operativo, desde lo conceptual el plan Remediar fue importante para resolver la coyuntura de la crisis iniciada en el año 2001. De esa manera, se cubrió la necesidad de medicamentos de amplias franjas sociales recurriendo a la compra de medicamentos a través de una acción asistencialista rápida.

Por otra parte, la compra de medicamentos a través del Remediar fue un aliciente económico a las empresas farmacéuticas, que venían con caída de ventas por la crisis de fines de la década de los ’90. Sin embargo, para que la cobertura en medicamentos fuera sustentable en el tiempo, activar la PPM era una decisión paralela e insoslayable que debería haberse tomado por parte del Estado, para no perder de vista que el abastecimiento a través de la compra era un hecho circunstancial. Si bien se insinuaron algunas medidas en ese sentido, como veremos más adelante, luego de algunas vacilaciones, finalmente desde el Estado se persistió en la compra, que es la política actual.

Los funcionarios que han alentado o promovido la compra de medicamentos por licitación para atender necesidades sociales, suelen fundamentar su posición en que esa propuesta impulsa el desarrollo de la industria farmacéutica privada local y que, complementada con otras medidas como la prescripción por nombre genérico, o eventuales acuerdos de precios con los laboratorios, forman o constituyen un proyecto razonable y adecuado.

Obviamente, estas medidas contaron con el beneplácito implícito de las cámaras empresarias que reúnen a las empresas farmacéuticas, hoy ya estabilizadas por la recuperación del mercado interno, a lo que debe sumarse los alrededor de 700 millones de dólares anuales facturados por exportaciones (año 2009).

Por otra parte, los laboratorios de capitales argentinos nucleados mayoritariamente en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y en la Cámara Empresaria de la Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), consideran que el Estado debe intervenir sólo en la regulación de su actividad pero sin entrar en el terreno de la producción pública, a la que consideran con escasos recursos tecnológicos, o que no reúnen las condiciones establecidas por el organismo regulatorio a nivel nacional, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), entre otras cosas.

Sin embargo, y más allá de eventuales intereses sectoriales, la implementación de políticas públicas en medicamentos basadas esencialmente en la compra de los mismos, difícilmente pueda ser sustentable en el tiempo, por diferentes razones. Más aún, eso significa tener una mirada corta del problema, no una concepción estratégica.

En principio porque las empresas farmacéuticas locales, como en todo el mundo, no forman sus precios sobre una estructura de costos sino que se rigen por valores de mercado, espacio en el cual la industria farmacéutica, altamente oligopólica o monopólica, tiende a prácticas colusivas y no de competencia, en donde la cartelización de precios es moneda corriente.

Tampoco se tiene en cuenta la alta extranjerización actual de la economía argentina que, eventualmente, podría concluir en que una pujante industria nacional pasara a manos de multinacionales del sector, hecho frecuente en el rubro farmacéutico y que, de ocurrir, como país quedaríamos totalmente desguarnecidos y en un marco en donde el gasto en medicamentos se podría incrementar a niveles impredecibles. Además, en nuestro país, a pesar de tener un mercado interno de 4.350 millones de dólares, el sector tiene una balanza comercial desfavorable actual de 1.300 millones de dólares, en donde las importaciones de principios activos crecieron 60 por ciento entre 2003 y 2010, mientras que los medicamentos lo hicieron un 229 por ciento, como lo afirmó recientemente la ministra de Industria, Débora Giorgi.

Por otra parte, los laboratorios privados no producen medicamentos de reconocida acción terapéutica, aunque de escasa rentabilidad, como los denominados “huérfanos”, que se utilizan en el tratamiento del mal de Chagas, la hidatidosis o la tuberculosis, por mencionar algunos casos. Obviamente, su objetivo no es priorizar la función social de los mismos, sino obtener la máxima ganancia en el menor tiempo posible. Entonces, optan por otros nichos más redituables, o por la exportación. Así, debido a los vientos favorables en sus exportaciones, hoy están dejando de licitar para el plan Remediar, espacio que viene siendo ocupado por empresas de origen indio y peruano, muchas veces ligadas a multinacionales del sector.

Esa concepción de abastecer de medicamentos para resolver necesidades sociales a través de la compra tampoco tiene en cuenta que los medicamentos, vacunas e insumos médicos es un área particular cuya dinámica necesita de investigación y desarrollo permanente. Sin embargo, en el amplio espectro de alrededor de 150 laboratorios farmacéuticos privados de capitales argentinos, salvo en 3 ó 4 de ellos, no se hace investigación ni desarrollo. Y los que lo hacen es, obviamente, en temas muy acotados a sus líneas terapéuticas. Pero la gran mayoría de ellos sólo compran materia prima a granel, manufacturan copias y comercializan. Estas políticas, a largo plazo, son letales tanto para el sector de producción pública como para el privado, porque no se plantean intentar cerrar el círculo que va desde la producción de principios activos hasta el medicamento.

Entonces, establecer políticas públicas de abastecimiento de medicamentos para planes sociales direccionadas sobre el eje de la compra, las vuelve muy vulnerables al significativo poder de las grandes empresas farmacéuticas y a los avatares de una economía de “mercado”.

Una alternativa real a las políticas de compra de medicamentos consiste en la utilización de la capacidad instalada existente en el sector público y que se expresa en los laboratorios de PPM que hay en nuestro país.

Estos laboratorios surgieron en distintas épocas y lugares como una consecuencia de bajos presupuestos para adquirir medicamentos. Por esa razón son de distinta complejidad y diferentes potencialidades, debido a que se crearon para resolver problemáticas de distinta envergadura localizadas en el ámbito nacional, en el provincial o el municipal.

Hoy en el país contamos con 39 laboratorios de PPM que se localizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 12 provincias (Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Misiones, La Pampa, Río Negro, Tucumán, Corrientes, Chaco y Mendoza).

Partiendo de la base de que los laboratorios de PPM debían tener un mayor protagonismo en salud, en setiembre de 2007 se formó una Red Nacional de Laboratorios de PPM (RELAP), constituida por alrededor de 25 laboratorios públicos y en donde el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) actuaba como soporte tecnológico en alrededor de 30 rubros como control de calidad, modernización tecnológica, actualización de procesos industriales, control de materias primas y análisis de costos, calibración de equipos, por mencionar algunos.

Ese proyecto que, obviamente, contaba con el aval de los laboratorios públicos, tenía entre sus principales promotores a la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Especiales de la entonces Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SeCyT), el INTI y la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Además, contaba con el apoyo político de la Multisectorial por la PPM, un colectivo constituido por 67 organizaciones de distinto origen (político, social, gremial, académico, científico, tecnológico).

Ese proyecto, fundamentado y construido desde una base racional, que además contemplaba la vinculación con universidades nacionales y organismos de CyT como instrumentos para articular producción de medicamentos con investigación y desarrollo en áreas en las que se considerara necesario, fue tomado orgánicamente por el Ministerio de Salud para implementar su “Programa para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas, y Productos Médicos” (Resol. 286/2008).

Este programa tuvo un despegue prometedor a mediados de 2008 (gestión de la ministra Ocaña), en donde ante una solicitud del Ministerio de Salud de la Nación para el programa Remediar, cuatro laboratorios públicos (LIF de Santa Fe, LEM de Rosario, Laboratorios Puntanos de San Luis y Laformed de Formosa) produjeron 40 millones de comprimidos en cinco especialidades medicinales diferentes, hecho que hablaba de la versatilidad y de la capacidad potencial de los mismos.

Sin embargo, esto fue fugaz y ese programa del Ministerio de Salud, inexplicablemente, fue desactivado de hecho a mediados de 2009 por parte de otras autoridades del Ministerio de Salud de la Nación (gestión del ministro Manzur), sin ninguna causa que lo justificara.

En sus considerandos, ese programa del Ministerio de Salud consideraba estratégica la PPM. Pero a pesar de las normativas tan claras y precisas de esa Res. 286/2008, como mencionamos anteriormente, las conductas fueron erráticas cuando no opuestas. En efecto, el programa se activó y se desactivó, llamativamente, durante la gestión de gobierno de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

Ante la desidia o desinterés por parte del Ministerio de Salud de la Nación de continuar con el programa, hoy es fundamental que los laboratorios de PPM, en la medida en que sus jurisdicciones los habiliten, se fortalezcan a través de intercambio de medicamentos entre provincias, o del abastecimiento a aquellas regiones en donde no hay laboratorios de PPM. Porque hay normativas de la ANMAT que permiten hacer esto y, por suerte, algo está sucediendo a través de la firma de convenios interprovinciales

Así, en algunas provincias, como por ejemplo San Luis y Río Negro, la PPM ha alcanzado niveles significativos de abastecimiento a través de sus laboratorios públicos, Laboratorios Puntanos y Prozome, respectivamente.

Pero quizás el caso más paradigmático de valorización de la PPM como un instrumento fundamental en salud se observa en la provincia de Santa Fe, en donde ha habido una clara visión estratégica acerca del tema, y en donde la PPM reviste las características de una política de Estado, obviamente a nivel provincial. Estas políticas se apoyan, esencialmente, en dos laboratorios: el LIF (Laboratorios de Industria Farmacéutica, de la ciudad de Santa Fe), y el LEM (Laboratorios de Especialidades Medicinales, de la ciudad de Rosario) que, juntos, abastecen del 94 por ciento de las necesidades de medicamentos para atención primaria de la salud y producen el 66 por ciento del consumo total de la provincia de Santa Fe.

Sintetizando, consideramos que frente a la necesidad social del acceso a los medicamentos, hay dos alternativas:

1) Abastecer de medicamentos a hospitales, centros de salud, dispensarios, etc., a través de la compra.

2) Abastecerse recurriendo a los laboratorios de PPM.

Para analizar esta disyuntiva, veamos las consecuencias inmediatas que surgirían de tomar una, u otra decisión.

Las consecuencias de priorizar la compra son:

No utilizar la capacidad instalada existente. No hacer desarrollos nacionales ni regionales. Seguir en la dependencia interna o externa. No tener un instrumento para establecer precios testigo sobre la base de costos. No hacer investigación ni desarrollos, entre otras cosas.

Por otra parte, abastecerse a través de la PPM implica:

Utilizar la capacidad instalada de los 39 laboratorios de PPM que hay en el país y del INTI como soporte tecnológico. Resolver el problema de los medicamentos “huérfanos”. Utilizar el conocimiento para hacer investigación y desarrollo a través de convenios con universidades y organismos de ciencia y tecnología, para hacer síntesis de principios activos, producción de proteínas de uso terapéutico por ingeniería genética, etc. Hacer estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia, farmacovigilancia. Centralizar las compras para obtener mejores precios en insumos y coordinación en la producción nacional sin que los laboratorios dejen de atender necesidades regionales. Generar un instrumento formidable (la PPM) para la negociación y para establecer precios testigo sobre la base de estructuras de costos y no de “mercado”.

Además, como los laboratorios públicos están radicados en 12 provincias y la CABA, el desarrollo de un proyecto nacional de PPM implicaría potentes desarrollos regionales, entre otras virtudes.

Por otro lado, la PPM es, esencialmente, un proyecto de carácter integral e interdisciplinario que, obviamente, necesita del aporte de distintas ramas del conocimiento (medicina, química, ingenierías, biología, bioquímica, tecnología, etc.). En consecuencia, la activación de un proyecto con estas características tendría un fuerte impacto sobre el sector científico-tecnológico, hoy llamativamente aislado de las problemáticas nacionales y poco útil.

Así, la articulación de proyectos de los laboratorios de PPM con universidades u organismos de CyT conduciría a resolver, o atenuar, el problema de la fragmentación institucional del sector científico-tecnológico, a expandir a un sector que podría absorber recursos humanos calificados y nos daría soberanía tecnológica en el sector, todos ellos problemas estructurales que es necesario corregir para generar un verdadero sistema de ciencia y tecnología, que hoy no tenemos.

En conclusión, partiendo de la base de la utilización social del conocimiento (en este caso para la PPM), podríamos resolver problemáticas propias, generar inclusión social y expandir el área tecnológica sobre bases genuinas, aspectos fundamentales para empezar a construir soberanía en salud así como en ciencia y tecnología.

Fuente: http://www.vocesenelfenix.com/content/la-producci%C3%B3n-estatal-de-medicamentos-en-la-argentina

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Comprobamos que frente a la ofensiva del sistema mundo capitalista contra los pueblos, como todos los progresismos, el Kirchnerismo está con las transnacionales y sus socios locales. Privilegió los negocios criminales de Monsanto e incluso alardeó de que la corporación envenenadora planificara expandirse en Argentina y le ofreció la Patagonia.

 

En contra del progresismo consagrado a la continuidad y profundización del capitalismo dependiente que  subdesarrolla desplegando extractivismos, apreciemos:

 

Reseña de ¿Quién alimenta realmente al mundo? de Vandana Shiva

Contundente alegato contra la agricultura industrial y la modificación genética.

4 de julio de 2018

Por Jesús Aller (Rebelión)

Vandana Shiva (Dehradun, India, 1952) es una de las activistas más conocidas en el ámbito alimentario y ha publicado numerosos libros en defensa de una agricultura en equilibrio con el medio ambiente y al servicio del ser humano y no de los balances de las multinacionales. ¿Quién alimenta realmente al mundo?(Capitán Swing, 2017 con introducción y traducción de Amelia Pérez de Villar) es su último trabajo y profundiza en esta línea, poniendo de manifiesto los peligros para la salud del planeta y sus habitantes de las políticas que se imponen en estos momentos.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, las industrias químicas que habían lucrado con el conflicto se reconvirtieron para concentrarse en la producción de venenos destinados al control de plagas. A partir de los años 60, el uso masivo de éstos así como de organismos seleccionados y modificados genéticamente liquidó en extensas regiones métodos agrarios que acumulaban siglos de sabiduría práctica sobre complejos equilibrios naturales, y los sustituyó por monocultivos basados en el petróleo. Vandana Shiva nos descubre que esta trasformación, publicitada como una exitosa “Revolución Verde”, sirvió en realidad para empobrecer los suelos y disminuir su resistencia a la erosión, incrementar las enfermedades ligadas a la malnutrición y a la exposición a agrotóxicos y agravar el cambio climático, con lo que nos convence de que es necesariamente otra vía la que debe ensayarse para acabar con el hambre del mundo.

El camino nos lo señala el botánico inglés Albert Howard, que estudió y sistematizó los métodos de cultivo que conoció en la India a principios del siglo XX y propuso una agricultura ecológica, basada en el reciclaje y empeñada en lograr un equilibrio entre el suelo y las plantas que sustenta a fin de producir alimentos saludables. Otra autora reivindicada es Rachel Carson, que con Silent spring (1962) nos dejó un aviso precoz sobre los venenos silenciosos que enferman y matan indiscriminadamente animales y plantas. Las mismas empresas asesinas de los campos de exterminio nazi siguen hoy envenenando de esta forma la vida de todo el planeta con una incidencia brutal en la salud humana. Y los criminales no dudan en perseguir a los que desde las universidades tratan de investigar y denunciar estos hechos.

El uso de organismos modificados genéticamente ha supuesto el último paso en la dirección equivocada. Dotados con genes resistentes a las plagas, éstos acaban generando súper-plagas que obligan a utilizar venenos cada vez más letales. Un repaso de algunos casos muestra la espiral destructiva a la que conduce jugar a ciegas con los mecanismos sutilmente complejos de la vida.

En oposición a esta locura, la agricultura que apuesta por la biodiversidad dispone de sistemas naturales de control de animales y plantas indeseados, basados en métodos que no envenenan la tierra, como cultivos intercalados y rotados. Afortunadamente, algunos gobiernos (Indonesia, Andhra Pradesh, etc.) han tomado buena nota y no dudan en aplicar estos procedimientos. Sin embargo, el avance no será posible sin resistencia; por citar un ejemplo, la protección en la Unión Europea de las abejas, polinizadores esenciales en peligro de extinción por los agrotóxicos, dio lugar a una demanda de Bayer y la consiguiente guerra judicial.

Se demuestra que cuando se consideran todos los factores implicados, el monocultivo no es más productivo y depende más de elementos externos que la agricultura orgánica, además de suponer un atentado contra la biodiversidad, que cercena los desarrollos futuros. Por otra parte, la lógica del mercado que rige los monocultivos desprecia las necesidades reales de los seres humanos que han de ser alimentados. Como alternativa a esto, algunos ejemplos, de la India a Centroamérica, muestran las virtudes de combinar diversas especies en el huerto, ancestral sabiduría medioambiental y nutricional amenazada de destrucción por los beneficios del agronegocio. De todas formas, la batalla no está perdida porque aún hoy un 70 % de los vegetales que alimentan al mundo son cosechados en pequeñas explotaciones que representan sólo un 30 % del área cultivada. La alta productividad de éstas en todos los continentes demuestra lo insensato del paradigma que se intenta imponer. Las cifras sobre quién alimenta realmente al mundo hablan por sí solas, pero es necesario revertir la tendencia que se observa en estos momentos de retroceso de la agricultura tradicional.

La infinita diversidad de las semillas, depositarias de siglos de selección y garantía de libertad de elección, se ve hoy día amenazada por el reduccionismo del monocultivo. Además, la progenie de las nuevas variedades híbridas impuestas no sirve para la siembra, lo que obliga al agricultor a continuos desembolsos a los propietarios de las patentes. En el caso de organismos modificados genéticamente la situación es aún más grave, pues las manipulaciones realizadas para producirlos, que se describen en el libro, ponen de manifiesto los peligros inherentes para los consumidores. El siguiente paso hacia el abismo es una legislación que considera el planeta campo abierto para el lucro de las multinacionales, dueñas de la vida. Afortunadamente algunos gobiernos se oponen a estas atrocidades, patrocinadas sobre todo desde Norteamérica y Europa, pero resulta imprescindible una amplia concienciación y movilización para revertir el desastre.

Otro capítulo repasa las ventajas de la producción local sobre la globalización de los alimentos, basada en monocultivos contaminantes y destructivos y en un abuso de combustibles fósiles. Escudándose en un falaz abaratamiento de costes, tiene lugar en realidad una devastación de los cultivos tradicionales que arroja a muchos campesinos a la miseria y beneficia a los más ricos sin solucionar el hambre del mundo. Después, los mercados manipulados por los monopolistas incrementan los precios para garantizar la ganancia, dejando un reguero de desolación. Otro desequilibrio proviene de las subvenciones a la agricultura del norte, que también contribuyen a arruinar la del sur global. Al fin, los desahuciados se convierten en mano de obra esclava en megaurbes que crecen desaforadamente, y por todo el planeta los que no mueren de inanición consumen alimentos tóxicos o de bajo valor dietético producidos muchas veces a miles de kilómetros de distancia.

La sección final presenta un proyecto para superar la situación crítica en la que nos vemos, asentado en la concienciación de todos para abolir la dictadura del mercado inhumano, buscar alimentos próximos y saludables, y exigir las modificaciones legales necesarias que protejan la biodiversidad, las semillas y la tierra. El fundamento de todo ello ha de ser una ciencia holista que reconozca y valore las sinergias entre los seres vivos. En los extensos apéndices de ¿Quién alimenta realmente al mundo? encontramos una crítica de los métodos usados actualmente, con una tecnología muy sofisticada, pero ignorante de los complejos equilibrios del medio natural. Se describen también en detalle los resultados de la Revolución Verde, que buscando apaciguar a los campesinos a través de una mejora de sus condiciones de vida, consiguió sobre todo una grave degradación medioambiental y de las relaciones sociales.

El suicidio de centenares de miles de agricultores en la India a consecuencia de la imposición de un sistema de cultivo con semillas patentadas y agrotóxicos, que los lleva a la ruina, es uno de los rostros más amargos de una tragedia que se repite en todos los continentes, porque muestra la indefensión absoluta en que se hallan los propios productores de alimentos. La India sigue siendo uno de los epicentros del hambre a pesar de su crecimiento estable en términos macroeconómicos, y esto es así porque ha aceptado someterse a la dictadura de las corporaciones globales y de un cruel dios-mercado que exige sacrificios humanos. Vandana Shiva nos convence con las documentadas reflexiones de ¿Quién alimenta realmente al mundo?  que pesa sobre nosotros la responsabilidad de luchar con todos los medios a nuestro alcance para imponer un nuevo paradigma alimentario, basado en el respeto del derecho a la salud y el trabajo digno por encima del que se atribuye a los poderosos de enriquecerse sin medida ni control.

Blog del autor: http://www.jesusaller.com/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243671

 

 

Los gobiernos progresistas no sólo engañan y manipulan a los pueblos con la modernidad de los extractivismos sino también sobre el carácter productivo e industrialista de esos ecocidios-genocidios. Por eso ocultan la superexplotación del capitalismo tanto de los trabajadores como de la naturaleza y desvían la mirada mayoritaria hacia el neoliberalismo.

 

 

Cómo influyen los bancos y la especulación financiera en los precios de los alimentos. Capítulo III

Especulación alimentaria: ¿qué es y dónde se origina?

10 de septiembre de 2018

Por Juan Felipe Carrasco

Sal & Roca

Es importante recordar, en primer lugar, que una crisis alimentaria no es un fenómeno coyuntural, por mucho que los medios o grupos de interés político insistan en presentarlo así. El problema del acceso a una alimentación digna y sana para todas y todos está, lamentablemente, muy extendido y es estructural.

La crisis alimentaria es el hambre que azota a muchos pueblos, aunque utilicemos los mismos vocablos para referirnos a la situación puntual en la que, se disparan los precios de los alimentos. Desde la instauración en las tres últimas décadas de la globalización capitalista y el consecuente desmantelamiento de las políticas agrarias y alimentarias, el empobrecimiento es de carácter estructural. Más aún, es inherente al sistema mundial alimentario, instaurado siguiendo las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Inter nacional. Es por ello que movimientos como la Via Campesina pugnan por cambiar el guión de esta historia.

Las cifras de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señalan que en 2015, el número de personas que sufre de hambre en el mundo es de entorno 800 millones de personas [10] y que probablemente este número siga aumentando si el modelo que lo produce sigue invariado [11].

Por ejemplo, es sabido que las revueltas populares que se extendieron en los países árabes en 2011, se vincularon con la escalada de los precios de los alimentos. La aplicación de la Revolución Verde en esta región y la suma de medidas neo liberales volvió sumamente vulnerable al baile de los precios internacionales de los granos básicos a la que fue una de las regiones más ricas en la producción agrícola en el pasado. El caso de Egipto es extremo, siendo el primer importador de trigo del planeta.

Para explicar el aumento de los precios de los alimentos, se suelen mencionar factores de diferente índole. Entre ellos se suele destacar la supuesta escasez de los alimentos y la reducción de las reservas mundiales, que como veremos no es sólo una falacia, sino que es la zanahoria utilizada para provocar la subida de precios que le interesa a quienes especulan con los alimentos.

Un factor que se menciona también y que sí interviene de manera más real, radica en la subida del precio de los combustibles fósiles. Sin lugar a dudas, el modelo agroalimentario global es petrodependiente, en cada una de las etapas de la cadena productiva. Pero además, y sobre todo, no podemos olvidar que si sube el precio del petróleo, aumenta la rentabilidad de los agrocombustibles, y del etanol en particular. Al respecto, de acuerdo con el Banco Mundial, a partir del momento en que el precio del petróleo se sitúa por encima de los 50 dólares por barril, un incremento de su precio de 1% implica un aumento de 0.9% del precio del maíz destinado al etanol. Esto se relaciona con otro factor explicativo del alza de los precios: el auge de los agrocombustibles [12].

Pero quizás el más importante de los elementos que inciden en los precios de los alimentos básicos es la especulación financiera. Estamos en un contexto en el cual todo movimiento en las Bolsas de Chicago, Londres o Hannover, donde se negocian contratos de futuros sobre cereales y oleaginosas, tiene repercusiones a nivel de los alimentos.

Esto, que ha tenido lugar de manera paralela a la liberalización de la agricultura, explica la repercusión sin precedentes que ha tenido la especulación en los últimos años sobre los precios de los alimentos.

Se suma a esto el papel del agronegocio. Es bien sabido que este dispone de un control creciente en la cadena productiva y que un puñado de empresas dominan los mercados internacionales de alimentos. Además, actúan directamente en los mercados financieros, aprovechándose del papel privilegiado que tienen en la esfera productiva.

El capital financiero migra de forma continua. De burbuja en burbuja, desembarcó en el mercado de los alimentos, generando la crisis del 2008. Desde hace unos años ha dado un paso más, avanzando hacia el acaparamiento de tierras, un nuevo terreno de especulación alimentaria al cual debemos prestar particular atención: se trata de un fenómeno [13] que se está produciendo en un número cada vez mayor de países del Sur y que ya constituye una amenaza en el acceso a la tierra para las y los más empobrecido/as. La industria financiera, que tanto apostó por sacar buen dinero de las deudas y perdió, está buscando refugios seguros y las tierras agrícolas representan la posibilidad de obtener grandes ganancias. En los últimos años un ejército de fondos de inversión, fondos de capitales privados, fondos de cobertura y otros por el estilo han comprado ávidamente tierras agrícolas en todo el mundo. El efecto es que los precios de la tierra están subiendo alarmantemente. 

Especulación alimentaria: ¿qué es y dónde se origina?

La especulación consiste en el conjunto de operaciones comerciales o financieras que tienen por objeto la obtención de un beneficio económico, basado en las fluctuaciones de los precios. Quien especula no busca disfrutar del bien que compra, sino beneficiarse de las fluctuaciones de su precio. En sentido extenso, toda forma de inversión es especulativa; sin embargo, se suele limitar el término a la inversión que no comporta ningún compromiso con la gestión de los bienes en los cuales tiene lugar, limitándose al movimiento de capitales. La compra especulativa de un producto tiene por objetivo provocar que el precio de este producto suba por encima de su valor real.

Cuando se produce un aumento anormal y prolongado del precio de un producto, de manera que este precio se encuentra cada vez más aleja do del precio real, se produce una burbuja especulativa. En esos casos, el proceso puede llevar a nuevos compradores a adquirir el producto con el objetivo de venderlo a un precio mayor en el futuro, lo que va provocando una espiral de subida continua. Podemos distinguir tres tipos de especulación en el sector agroalimentario:

a) El acaparamiento directo, que consiste sencillamente en almacenar y mantener fuera del mercado un producto a la espera de que su precio suba. Es la forma más antigua de especulación y tiene lugar a escalas muy distintas. Es una operación común que pueden realizar en ocasiones las propias empresas acaparadoras de grano o los corredores de bolsa por cuenta propia o por cuenta de sus clientes, que pue den ser empresas, entidades bancarias y otras.

b) La especulación en los mercados de futuros: se trata del mecanismo más habitual entre los actores especulativos, que compran y venden contratos de futuro esperando sacar beneficios en cualquiera de las transacciones, independientemente de que estos contratos se materialicen. Por ejemplo, un contrato de futuro de maíz es un acuerdo que obliga a vender o comprar una cantidad determinada de este grano en una fecha futura. Estos contratos son “su bastados” en la bolsa o “mercado de futuros”.

c) La ingeniería financiera actual: la especulación que tiene lugar mediante instrumentos y mecanismos financieros cada vez más complejos y que permite por ejemplo encontrar fondos de inversión ligados a los mercados agrícolas. 

Origen y funcionamiento de los mercados de futuros

La historia de la especulación alimentaria en los mercados de futuros se origina a mediados del Siglo XIX, al expandirse la producción agrícola en los Estados Unidos. Este tipo de desarrollo suele realizarse en condiciones profundamente des iguales del punto de vista socioeconómico, y la realidad estadounidense de la época no fue una excepción. En efecto, directamente endeudados con los bancos que vendían la tierra, los campesinos no tenían más opción que producir para mercados cada vez más alejados. En ese contexto de incipiente comercio internacional de los cereales, se fue operando una paulatina concentración del poder de la cadena alimentaria en manos de unos pocos pero poderosos intermediarios, ancestros de las actuales multinacionales de la alimentación.

Se empezaron a firmar contratos de venta anticipada entre quienes producían y las empresas distribuidoras. Los primeros se comprometían a la entrega de cierta cantidad de grano en una fecha futura específica y a un precio pactado. Este tipo de acuerdo pretendía brindar a los productores primarios la garantía de recibir dinero por su cosecha, a la vez que permitía a las empresas contar con una cantidad de grano asegurada. Aquí tiene un papel clave la apertura en 1848 de la Bolsa de Chicago (“Chicago Board of Trade” – CBOT), en tanto que un espacio centralizado donde compra dores y vendedores de productos agrícolas podían encontrarse y negociar. La elección de la ciudad de Chicago se debe a que está situada en la región de los Grandes Lagos, muy cerca de la principal área de producción agropecuaria estadounidense. Además de constituir un centro natural para el transporte fluvial (conexión con las hidrovías del Mississippi y de Illinois para la exportación hacia Europa vía el Golfo de México), Chicago se convirtió en uno de los nodos de interconexión logística más importantes del país a partir de la construcción del ferrocarril el mismo año que la apertura de la Bolsa.

Ahora bien, los contratos de venta anticipada no permitían contar con una seguridad total. Las partes podían incumplir sus compromisos, las mercancías podían no ser entregadas según lo acordado o podía haber impagos. etc. En este contexto, la Bolsa de Chicago evolucionó rápidamente hasta tener el papel de cámara de compensación (Clea ring House). Así, cobró la forma moderna en la cual se ha convertido, una empresa privada que actúa como intermediaria entre las partes firmantes. Paga por la compra del grano a quien vende y entrega la mercancía a quien compra. En este tipo de espacio no participa cualquiera. Se debe ser socio de la CBOT, pagando una cuota y demostrando la suficiente solvencia económica.

Para asegurar el buen funcionamiento de este sistema, los contratos fueron “estandarizados” y tomaron la forma de contratos de futuros des de 1865. La gran diferencia con los contratos de venta anticipada es que un contrato de futuros es intercambiable, puede ser vendido y comprado. En suma, se creó un nuevo mercado. El número de productores agrícolas individuales que participaban en un mercado de futuros era muy limitado, por ser demasiado costoso y lejano. Hoy, los que optan por ello, lo hacen recurriendo a intermediarios como asociaciones de productores, empresas procesadoras, bancos, corredores de bolsa, etc.

Es importante subrayar que en el mercado de futuros, lo que se compra y se vende son los contratos y no los productos en sí. El precio del contrato cambia según la oferta y la demanda en el mercado de futuros. Los actores que intervienen en la transacción no tienen forzosamente la intención de adquirir realmente la soja o el maíz estipulados en el contrato. La mayoría de estos contratos son utilizados “con finalidad especulativa, es decir, de ganar dinero con ellos, en concreto, con la fluctuación de los precios de ellos”. Los futuros de productos básicos agroalimentarios, sólo se negocian en las bolsas de futuros agrícolas, también denominadas “mercados regulados”[14].

Ahora bien, los precios de las materias primas agrícolas tienen la particularidad de ser muy volátiles, y el precio de los contratos de futuros sigue esta tendencia. Es por ello que los mercados de futuros representan un terreno muy atractivo para la especulación. En efecto, de acuerdo con la Comisión estadounidense que regula el comercio de futuros en el sector de las materias primas (CFTC), un/a especulador/a es quien no produce ni hace uso de una mercancía, pero que sin embargo arriesga su capital comercializando contra tos de futuros vinculados con dicha mercancía. Su objetivo es obtener ganancias a partir de las variaciones de los precios de la mercancía.

Por lo tanto:

 

Años 30: una regulación que otorga legitimidad a la especulación

Desde inicios del Siglo XX, la especulación alimentaria en el mercado de futuros suscitó conflictos y debates. De acuerdo con la FAO, en la Bolsa de Chicago se han aducido manipulaciones del mercado – especialmente “restricciones” o “acaparamientos”– al menos una vez por decenio desde su creación. Diversas fuentes de la época reportan además protestas de los/las agricultores/as estadounidenses frente a un mercado en el que no participaban. Las críticas en las ciudades se recrudecieron cuando en la Primera Guerra Mundial se evidenció que empresas como Cargill habían registrado beneficios récord, en el contexto de una creciente fluctuación de precios elevados [15]. La especulación fue también acusada de ser responsable de la caída de los precios que marcó los años 20’ y 30’. En ese momento, las cooperativas de productores intentaron organizar se para tomar el control de los precios, mediante el control directo de la producción y de la comercialización. Los periódicos de la época registran incluso que la administración se planteó la toma del control de las cinco principales empresas vende doras de grano, las cuales cifraban transacciones de más de mil millones de dólares por año.

Entre 1922 y 1936, a pesar de las presiones provenientes del sector corporativo y financiero, el gobierno de los Estados Unidos tomó cartas en el asunto y fortaleció la legislación en torno a los mercados de futuros alimentarios. Básicamente, la idea de la regulación se sustentaba la reducción del margen de acción de los especuladores. Por ello, se establecieron limitaciones sobre el número máximo de contratos que un solo actor podía comercializar [16]. En la actualidad, se considera la política de Roosevelt como positiva del punto de vista regulatorio. No obstante, es importante apuntar que se establecieron límites a la especulación, a la vez que se brindaba legitimidad al mercado de futuros, al declarar ese tipo de operaciones financieras, “de interés público”. Se justifica la existencia de los mercados de futuros destinados a una mejor gestión y asunción de los riesgos vinculados a la variación de los precios. Es por esta razón que las limitaciones impuestas no conciernen a todos los actores. Se aplican específicamente a los especuladores y eximen a los “comerciantes”, es decir, aquellos que producen, compran, venden o transforman realmente los productos.

En paralelo, en 1933 se puso en marcha una importante política agrícola considerada como la primera “Farm Bill”[17]. Mediante fuertes incentivos en aras de estabilizar los precios, se comenzó a controlar la oferta en los mercados mediante cuotas de producción y el almacenamiento público. Bajo el mandato de Roosevelt se crearon también los primeros seguros públicos frente a los precios. Uno de los resultados de esta política radica en que las cooperativas rebajaron sus reivindicaciones, aceptando jugar el juego de los mercados de futuros.

Notas:

[10] http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml

[11] Uno de los 8 Objetivos del Milenio 2000-2015, el denominado “erradicar la pobreza extrema y el hambre”, incluía la meta “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren hambre”. Esto no se ha conseguido.

[12] Vivas E. “La crisis alimentaria golpea de nuevo”. La Directa, 24 de marzo de 2011.http://esthervivas.wordpress.com/2011/03/24/ la-crisi-alimentaria-colpeja-de-nou/

[13] http://farmlandgrab.org/ y Lines (2010, 7).

[14] Entre las principales bolsas de este tipo se ubican actualmente: Chicago Mercantile Exchange – CME, NYSE Euronext (Londres y París), RMX (Hannover), Tokyo Commodity Exchange, Dalian Commodity Exchange (China), el Mercado a Término de Buenos Aires, Multi Commodity Exchange (Mumbai), South African Futures Exchange – SAFEX. Veremos más adelante, que con la complejización de los mercados financieros ha ido creciendo otro espacio de compra y venta de otros productos derivados, que no está regulado, aquel de los contratos particulares u “Over-the-Counter” (OTC).

[15] http://www.cargill.com/wcm/groups/public/@ccom/documents/document/doc-cargill-history-timeline.pdf

[16] Se prohibieron también las opciones dentro de la Bolsa o en las transacciones no reguladas. Fueron reestablecidas a partir de 1981, pero únicamente para los actores considerados como “comerciantes”, y dentro de un mercado reglamentado.

[17] Se trata de la principal herramienta de política agrícola y alimentaria del gobierno federal de los EEUU. Esta completa ley omnibus es aprobada cada cinco años por el Congreso y se ocupa tanto de la agricultura como de todos los demás asuntos que están bajo la competencia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Artículo extraído del informe El Casino del Hambre: Cómo influyen los bancos y la especulación financiera en los precios de los alimentos coordinado por Juan Felipe Carrasco y publicado originalmente por Amigos de la Tierra. Este artículo ha sido elaborado por el equipo de redacción de Amigos de la Tierra a partir del informe de Mundubat de 2011 con el mismo título.

https://www.salyroca.es/articulo/lyfestyle/bancos-especulacion-financiera-precios-alimentos/20180822122817005193.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246176

En consecuencia, a diferencia de los progresismos, las luchas antiextractivistas sin fronteras nos interpelan a enfrentar al capitalismo como generador de:

 

El hambre en el mundo,

flagelo que condena a 821 millones de personas.

12 de septiembre de 2018

Por Sergio Ferrari (Rebelión)

Las personas subalimentadas o con falta crónica de alimentos, aumentaron estos últimos tres años a nivel planetario: 821 millones contra 804 millones en 2016. Se cae, así, a los niveles de una década atrás, en lo que constituye ya un retroceso civilizatorio preocupante. Una de cada 9 personas en el mundo se confronta a este flagelo que golpea directamente, también, a 150 millones de niñas y niños que presentan ya síntomas de atraso en su crecimiento. La situación, empeora en particular en América del Sur y en África.

De ese total, 256 millones de personas se encuentran en África; 515 millones en Asia; 39 millones en América Latina y el Caribe; 2.8 millones en Oceanía y un poco menos de 28 millones en América septentrional y Europa.

Así lo afirma el último Informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo con cifras actualizadas hasta 2017- presentado el martes 11 de septiembre por la Organización de las Naciones Unidas y elaborado en colaboración por la FAO -organización para la Alimentación y la Agricultura-, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Internacional de Desarrollo de Alimentos (FIDA). El mismo lleva como subtítulo: Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición.

El informe divulgado por la FAO subraya que los fenómenos climáticos juegan un impacto esencial en este drama, en particular los cambios meteorológicos extremos como sequías excesivas o inundaciones incontrolables. Sin embargo, los conflictos, las situaciones de guerra y ausencia de paz así como las crisis económicas, con su secuela de pobreza y marginalidad, tienen impactos dramáticos.

Las temperaturas anómalas, con tendencia al aumento, en el periodo 2011-2016, que provocaron periodos más frecuentes de calor; así como el inicio tardío o temprano de las lluvias con sus implicaciones directas en la agricultura, constituyen una causa esencial de la malnutrición.

La desnutrición aguda infantil sigue siendo muy alta en Asia, según las cifras publicadas. Uno de cada 10 menores de cinco años tiene bajo peso en relación con su estatura. Realidad que en América Latina y el Caribe afecta a uno de 100 infantes.

La situación de las mujeres en condiciones de maternidad es calificada como “vergonzosa” por el Informe. Una de cada tres mujeres en edad reproductiva se ve afectada por anemia, con consecuencias tremendas para su propia salud, así como para la de sus hijos. La tasa de lactancia materna en África y Asia es 1.5 veces más alta que en América del Norte donde solo el 26% de los lactantes menores de seis meses recibe exclusivamente leche materna.

Los datos publicados ponen en gran duda la posibilidad de avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la comunidad internacional, que contemplaban alcanzar el “hambre cero” en el mundo en el año 2030.

En sus recomendaciones, la ONU convoca a la comunidad internacional a “romper el ciclo intergeneracional de la malnutrición”. Priorizando los grupos más vulnerables: lactantes, menos de 5 años, infantes en edad escolar, muchachas adolescentes y mujeres. Llama a “un cambio sostenible” hacia la agricultura atenta a la nutrición y convoca a implementar políticas que promuevan la adaptación y mitigación del cambio climático y la reducción del riesgo de los desastres naturales.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246391

 

 

Las luchas antiextractivistas requieren trastocar el discurso progresista porque: "La promoción, ampliación y difusión de producciones con efecto regresivo –social, política y ambiental– se sostiene en un discurso hegemónico que afirma y publicita que la economía de la mayoría de los países del Cono Sur depende y necesita de estas actividades para garantizar su crecimiento y bienestar. De este modo se justifica, sostiene y consolida un modelo económico-productivo dominante, en el que las organizaciones y sectores sociales que se oponen son permanentemente cuestionades, judicializades y perseguides con diferentes métodos, cuando no reprimides, encarcelades y asesinades4".

 

Otra cuestión medular es que, en contraposición al productivismo y al estatismo de gobiernos progresistas,  miran por cambio radicales en las relaciones sociales e internacionales.

 

 

Mundo agrar. vol.18 no.37 La Plata abr. 2017

 Territorio, Poder y Sojización en el Cono Sur latinoamericano. El caso argentino1

Por Mabel Manzanal

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
Programa de Estudios Regionales y Territoriales, Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
mabelmanzanal@gmail.com

 

Introducción2

Avances alarmantes de deforestación, desertificación y pérdida de biodiversidad, con procesos consecuentes de marginación y persecución social conforman una preocupante realidad cada vez más extendida dentro del espacio latinoamericano.

 

La expansión del monocultivo y la producción a gran escala de agrocombustibles (soja, palma aceitera, maíz), la minería a cielo abierto, la intensificación de actividades industriales y agroindustriales contaminantes (y/o con escaso control y regulación, como la celulósica, la ganadería en feedlots3) están en el origen de estas problemáticas.

La promoción, ampliación y difusión de producciones con efecto regresivo –social, política y ambiental– se sostiene en un discurso hegemónico que afirma y publicita que la economía de la mayoría de los países del Cono Sur depende y necesita de estas actividades para garantizar su crecimiento y bienestar. De este modo se justifica, sostiene y consolida un modelo económico-productivo dominante, en el que las organizaciones y sectores sociales que se oponen son permanentemente cuestionades, judicializades y perseguides con diferentes métodos, cuando no reprimides, encarcelades y asesinades4.

Convivir, oponerse y enfrentarse al poder hegemónico y a sus variadas expresiones –económicas, políticas, financieras, culturales– es una tarea enorme que abarca diversos e infinitos frentes. Entre todos ellos, entendemos que el más complejo es el que se vincula con el discurso hegemónico que naturaliza hechos y realidades como los que aquí nos ocupan –vinculados con la expansión de los commodities– y que los expone como resultantes de un devenir natural y necesario para el bien de todos y para el desarrollo de la nación en cuestión. Esto es un discurso de poder, una construcción de verdad, la verdad del poder hegemónico que se conforma ocultando, desinformando, desvalorizando toda evidencia sobre las negativas consecuencias –sociales, ambientales, productivas y culturales– que estos procesos productivos conllevan.

 

Es este contexto cultural hegemónico el que logra que las actuales consecuencias de la producción del territorio5 y de valorización del capital (ligadas al extractivismo y a la reprimarización6 de las economías del Cono Sur latinoamericano) se tornen lejanas e incomprensibles para la gran mayoría de la población. Porque se desconoce, se minimiza o se desestiman los problemas sociales, económicos, políticos y ecológicos resultantes del avance de los commodities, como: la profundización de la desigualdad y la marginación social, el deterioro ambiental proveniente de la deforestación y del uso de plaguicidas; la persecución, la opresión y la discriminación de numerosos actores involucrados, la pérdida de autonomía en las decisiones políticas, económicas, tecnológicas y financieras7.

 

Vale aclarar que algunos de estos procesos difieren en su profundidad, características y especificidad según nos refiramos a territorios pampeanos y extrapampeanos. Así, por ejemplo, ciertas formas de persecución y discriminación de poblaciones originarias o de ocupantes sin título aparecen concentradas en las áreas extrapampeanas. Lo mismo puede decirse de los actuales procesos de avance de la frontera agropecuaria y de deforestación. No es tan nítida esta diferenciación entre pampeano y no pampeano cuando nos ocupamos de los peligros resultantes de la difusión indiscriminada de plaguicidas y la pérdida de autonomía política. Porque éstos tienen relación con la práctica misma de la producción sojera bajo las formas que se da en Argentina y en el Cono Sur. Al respecto, vale subrayar que, en cualquier caso, la ignorancia u ocultamiento de estos procesos y sus impactos negativos es semejante, independientemente de su localización. Y precisamente lo que este trabajo pretende es evidenciar esta cuestión del ocultamiento, porque es a través del desconocimiento de hechos como los que aquí se describen que se sostiene la hegemonía del actual modelo de “desarrollo” desigual.

De todos modos y en cualquier caso, la ignorancia u ocultamiento de estos procesos y sus impactos negativos son semejantes independientemente de la respectiva localización. Y precisamente lo que este trabajo pretende es evidenciar, tener clara, esta cuestión del ocultamiento. Porque es a través del desconocimiento de hechos como los señalados que se sostiene la hegemonía del actual modelo desigual de “desarrollo”.

Por ejemplo, se difunde y se piensa que los efectos negativos resultantes de las nuevas formas de acumulación del capital se circunscriben a un espacio determinado y afectan exclusivamente a la población localizada en el entorno de estos emprendimientos, lo cual se asocia con la falsa percepción de que, por tanto, podrían aislarse y prevenirse cuando, por el contrario, su alcance es extendido, difuso, global, y compromete a toda la sociedad.

 

La reprimarización de las economías del Cono Sur controlada directa o indirectamente por grandes corporaciones multinacionales (Monsanto, Syngenta, Bayer, Cresud, Cargill, ADM, Maggi, Bunge, entre otras) condiciona la soberanía nacional a través de la pérdida de la autonomía de la gestión política, económica y científica de los distintos países. De este modo, la democracia misma se torna incompatible con el control corporativo.

En el presente trabajo nos proponemos poner en discusión estos temas de la problemática territorial de las economías latinoamericanas, tomando como ejemplo fundamentalmente el caso argentino. Nos vamos a referir a hechos que afectan, en lo inmediato, la subsistencia de numerosas poblaciones que habitan y viven de los recursos que están en disputa (tierra, agua, bosques). Y observaremos que estas formas de acumulación extractivista y especulativa, características de la presente etapa del capitalismo a escala latinoamericana y mundial, comprometen el futuro de la sociedad en su conjunto.

La expansión sojera en el Cono Sur latinoamericano

La producción mundial de soja viene siendo liderada por Estados Unidos desde finales de la segunda guerra mundial. Hacia la década de 1960 comenzó a producirse soja en el sur latinoamericano, específicamente en Brasil (entonces bajo un gobierno militar). Fue en 1970 cuando se inició una expansión sostenida y acelerada de dicha producción, especialmente en Argentina y Brasil, lo cual implicó que en 2012 el Cono Sur superara la producción de Estados Unidos y de América del Norte. La Tabla 1 muestra que en 1972 Brasil concentraba casi toda la siembra y producción de Sudamérica (92%) y Estados Unidos dominaba claramente en el mercado mundial de soja, controlando más del 70% de dicha producción. Esta situación se fue modificando y en 2012 el Cono Sur, con el liderazgo conjunto de Brasil y Argentina, alcanzó la mitad de la producción mundial de soja, y comenzó a cuestionar el liderazgo de Estados Unidos como principal productor.

Fueron 40 años durante los cuales Brasil y Argentina experimentaron un altísimo crecimiento con tasas que, en el caso de Brasil, duplicaron las mundiales (tanto en superficie sembrada como en producción). La expansión más notoria ocurrió en Argentina, con un crecimiento extraordinario en dicho periodo: tanto en el área sembrada, que quintuplicó los valores mundiales (15% Argentina frente a 3% mundial) como en volumen de producción (17% Argentina y 4% mundial -Tabla 1).

Y si bien también otros países de Sudamérica (como es el caso de Bolivia y Uruguay) tuvieron importantes crecimientos, aun a tasas mucho mayores, es asimismo cierto que partieron de magnitudes absolutas casi nulas. No es el caso de Argentina cuya participación llegó al 17% de la superficie y de la producción mundial de soja en 2012, y se mantuvo en los años siguientes con cifras y rendimientos en continuado aumento, como surge de la tabla 2. Obsérvese asimismo que Argentina viene liderando en los dos últimos años el aumento de los rendimientos (9,7%) incluso por encima de Estados Unidos (8,5%).

Evidentemente, esta etapa de más de 4 décadas constituye, respecto a la soja, una verdadera explosión productiva (notoria en Argentina, pero también en el resto de los países productores del Cono Sur). La misma puede explicarse por diferentes cuestiones y medidas de carácter internacional y nacional.

En el ámbito internacional se sucedieron situaciones como: disminución de cosechas por parte de países productores (especialmente Estados Unidos); aumento de la demanda desde algunos importadores (la Unión Soviética primero y China después); aumentos de precios, acuerdos comerciales liderados por Estados Unidos para promover el acceso de la soja al mercado europeo; legislaciones restrictivas al comercio de granos; expansión de la producción de derivados, como los agrocombustibles (Coalición Holandesa de la Soya, 2008, pp. 15-17). Y a nivel nacional, en el caso de Argentina se suma a lo anterior la desregulación de la década de 1990. En particular, el decreto 2284 de 1991 que eliminó las juntas reguladoras (Junta Nacional de Granos, de Carnes, Dirección Nacional del Azúcar, etc.) y los sistemas de cuotas de producción y/o precios sostén de la actividad agropecuaria. Además, en esos mismos años se introdujo la soja transgénica y la siembra directa (en 1996 se produjo la liberalización de la soja transgénica). Los incrementos productivos se vieron impulsados, a su vez, por la suba de precios y de demanda. Es decir, se conformó un contexto productivo y económico muy favorable, en el que gobiernos y empresas agropecuarias (especialmente en Argentina y Brasil) se posicionaron para promover y ampliar el área y la producción de soja.

Todo esto se tradujo en significativas y complejas transformaciones territoriales, en los más variados sectores de la vida social y laboral. De hecho, un ejemplo útil para caracterizar este devenir es que, en el año 2003, la corporación Syngenta (empresa líder mundial en la producción de semillas) hizo una publicidad en la que define como la República Unida de la Soja a los territorios sojeros de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay (Grain, 2013).

Este acelerado crecimiento no parece detenerse, en buena medida, porque la producción de soja continúa ligada –en el marco del Cono Sur latinoamericano– a la demanda de China, impulsada por el mayor consumo de sus sectores sociales medios.

La expansión sojera en Argentina

En Argentina hubo un regular crecimiento de la producción sojera en los últimos 40 años, en el que se incluyen los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015). Precisamente, fue en estos años cuando el cultivo de soja se constituyó en el eje de la economía argentina, en tanto resulta ser su principal fuente de divisas.

Una causal significativa de esta expansión fue el boom de los precios de la soja de la primera década del 20008, sumada a la existencia de un favorable contexto nacional dado que la soja no es parte de la canasta alimentaria argentina (como sí lo es el trigo). Entonces, su comercialización en el mercado internacional no compite con el abastecimiento del mercado interno y su potencial suba de precios no afecta la canasta familiar de alimentos (como sí sucede con el trigo). En este sentido, la soja tiene la ventaja (respecto a otros productos agropecuarios, como trigo, maíz o carne) de superar la restricción externa propia de los productos que abastecen o se dirigen a ambos mercados (interno y externo).

Por todo esto, la comercialización internacional de la soja logró una expansión duradera y apuntaló las reservas internacionales, lo que posibilitó cancelar obligaciones con el exterior durante los gobiernos kirchneristas (Paez, 2016, p. 26).

Paéz (2016, p. 3) sostiene que desde principios del siglo XXI y sobre las bases de las transformaciones de las décadas anteriores:

…el cultivo de la soja adoptó un rol central en la economía argentina. Por un lado, el contexto de elevados precios internacionales y la adopción de un nuevo bloque tecnológico promovieron la siembra del cultivo en 15 de las 24 provincias. Durante la campaña 2013-2014, el cultivo alcanzó la cobertura de 20 millones de hectáreas sembradas, lo que implicó dos tercios de la superficie total sembrada en la Argentina. Estos simples números muestran la relevancia económica, territorial, política y social que ha adquirido la oleaginosa, ya no solo en la tradicional Pampa Húmeda sino también en zonas extrapampeanas.

La Tabla 3 rescata una serie anual sobre la expansión sojera desde el inicio de la década de 1980. En la misma se observa el aumento casi constante de la producción, superficie y rendimientos, con pocos retrocesos (dos notorios en 1989 y 2009 ligados ambos a crisis económicas nacionales, como la hiperinflación de fines de los años ’80 y el conflicto del campo sucedido en 2008). Esta serie de 35 años muestra que la producción se multiplicó 35 veces y la superficie poco menos de 10; esto da cuenta del aumento de los rendimientos, especialmente durante el gobierno kirchnerista (asociado con los altos precios que los commodities obtuvieron en dicho período).

Todos los indicadores parecieran confirmar que esta expansión continuará durante los próximos años. Más aún porque con el gobierno de Mauricio Macri, iniciado el 10 de diciembre de 2015, se están modificando sustancialmente los patrones de referencia previos hacia una matriz claramente neoliberal, concentradora, desigual y conservadora en el campo económico, social y cultural, cuyas primeras medidas se dirigieron a impulsar al sector agropecuario a través de la liberalización del mercado cambiario, la quita o reducción de los aranceles a las exportaciones y la limitación de la legislación restrictiva en cuanto a la compra de tierras por inversores extranjeros.

En este marco, muy posiblemente la sojización avance a mayor ritmo, a menos que la desaceleración de la economía China –que desde 2015 algunos observadores mencionan– resulte muy pronunciada o que crisis climáticas o ambientales detengan las señales positivas que se observan para el mercado sojero argentino desde diciembre de 2015.

En los hechos, la producción agropecuaria con eje en la soja no detuvo su crecimiento, aun cuando desde el 2008 se hizo evidente y más agudo un enfrentamiento (hasta entonces en parte latente) entre el sector agrario empresarial de mayores recursos y el gobierno de Cristina Kirchner9. Fue lo que se denominó conflicto del campo, provocado por la política de aumento de los aranceles a la exportación de productos agropecuarios, en particular a la soja, la cual no pudo efectivizarse en los términos planteados.

Esta conflictividad desaparece bajo el gobierno de M. Macri, claramente aliado al sector agropecuario que lideró aquel frente agrario opositor al gobierno de Cristina Kirchner. Esta alianza se tornó evidente con una de las primeras medidas del gobierno macrista: a tan sólo 4 días de su asunción se eliminaron los derechos de exportación de los productos agropecuarios. Para la soja se los disminuyó un 5% (pasó del 35% al 30% y del 32% al 27% para los respectivos derivados) y se instrumentó un plan anual de baja de dichos derechos10.

Pero a lo anterior se sumó pocos días después (el 16 de diciembre) la liberalización del cepo a la compra de dólares y la apertura del mercado cambiario. Esto significó una devaluación de más del 40% del peso argentino. O sea, simultáneamente se tomaron dos medidas directamente ligadas a beneficiar y promover al sector agroexportador y expandir aún más la producción sojera.11

Se trata de decisiones y acciones con significativas consecuencias territoriales que conllevan enormes daños colaterales: mayor deforestación; expansión del uso de plaguicidas, herbicidas, semillas transgénicas; dependencia de las transnacionales de la agroindustria y de las proveedoras de semillas y otros insumos; expulsión y persecución de la población rural de menores recursos.

Como es evidente, estas medidas profundizan el fortalecimiento de la cadena agroindustrial (productores, comercializadores y exportadores de granos, y sectores conexos: semillas, aceites, fertilizantes, agroquímicos, maquinarias, innovación y tecnología, finanzas), ya que consolidan y aumentan los procesos de acumulación y de concentración económica agroindustrial, alimentaria y financiera.

En una segunda instancia, la expansión productiva y las transformaciones territoriales se traducen en procesos regresivos de carácter social, ambiental y cultural, y a su vez en el fortalecimiento de un renovado campo de poder (un poder hegemónico conformado por antiguos y nuevos actores relacionados al sector agroindustrial y alimentario, al financiero y a los medios masivos de comunicación). Además, se debilitan sectores sociales conformados por trabajadores, pequeños y medianos productores agropecuarios, productores familiares, empresarios y pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales, de servicios, cooperativistas, desocupados. A ellos se suman también los integrantes de distintos movimientos sociales vinculados con los derechos humanos –de género, de diversidad étnica y sexual– y con las poblaciones originarias (Grain, 2013; REDAF, 2010).

En Argentina, las expectativas y el impulso al crecimiento de la producción de soja estaban claramente presentes desde la gestión de gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, desde el Ministerio de Agricultura se gestó el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal –PEA– 2020, que proponía como meta para el 2020 una superficie sembrada de 22 millones de hectáreas y una producción de 71 millones de toneladas de soja.12Esta proyección fue yendo por buen camino, ya que, a diciembre 2015, la superficie sembrada de soja superaba los 20 millones de hectáreas, lo que constituía un nuevo hito de crecimiento13.

Se trata de una expansión con múltiples significados e interpretaciones. Por un lado, aumenta notoriamente el volumen exportable de soja, lo que atrae divisas para la economía nacional –tema central para todo gobierno–; pero, por otro, podría debilitar aún más el control del mercado de granos y oleaginosas por parte del estado argentino, porque la concentrada estructura agroindustrial y exportadora seguirá su derrotero excluyente y, consecuentemente, incrementará su poder en el campo de las decisiones políticas. A esto se suma un nuevo y particular actor: las inversiones de origen semiestatal de China dirigidas a la producción, comercialización y exportación de soja para venderla a su propio mercado de consumo. Al respecto, es notorio el aumento acelerado de estas inversiones en la región (expresadas en la adquisición del 51% de las acciones de Nidera Argentina)14. Cuestión paradójica, porque mientras desde el poder político, los medios hegemónicos de comunicación y, en general, los discursos políticos se plantea la enorme oportunidad que representa para Argentina y todo el Cono Sur vender soja a China. Se ignora o se oculta que son capitales semiestatales chinos los que en realidad hacen el negocio, pues invierten y producen en países del Cono Sur lo que luego se venderán a sí mismos para abastecer su propia demanda de alimentos. Se trata de un proceso de acumulación ampliado y de expansión territorial controlado y garantizado en su devenir completo por y para el capital chino.

Transformaciones del territorio: más allá de las leyes y el derecho

Dada la conflictiva situación ambiental y social del presente (que iremos retratando en los párrafos que siguen) consideramos que aumentos en torno o superiores al 20% de la superficie sembrada y al 35% de la producción (como los proyectados y los que se vienen dando en relación a la soja) profundizarán los procesos: (i) de despojo y desposesión de la población criolla y originaria, (ii) de deforestación y pérdida de biodiversidad, (iii) de judicialización y represión de la protesta social, (iv) de contaminación ambiental por el creciente uso de agroquímicos.

Metas de ese orden de magnitud constituyen una apuesta de alto riesgo, que compromete el futuro social y ambiental de Argentina, así como la estabilidad político-institucional y la democracia misma (tan sólo por el aumento de la desigualdad social y la concentración económica que estos procesos ya han producido y cuyo acrecentamiento se proyecta hacia el futuro).

Desde luego, esto trasciende a Argentina y al Cono Sur. El extractivismo y la reprimarización tienen que ver con “una fiebre global por la tierra, por la minería y por los recursos naturales en general”, como sostiene Paulo Tavares (Ñ, Clarín, 18-6-2013)15, lo cual nos ha llevado a que el cambio climático –desde el año 2000– se torne un proceso irreversible, originado por una concepción en la que la naturaleza es un objeto de apropiación, de propiedad:

…repensar esto es un cambio radical porque significa mudar sistemas legales, organizativos, institucionales. Significa repensar formas culturales de relacionarse con el otro que es la naturaleza, pero también repensar paradigmas científicos. Los desafíos son entonces múltiples, porque tocan nuestro propio modo de ver el mundo, la cosmología occidental.

Tavares sostiene que se necesita discutir acerca de los derechos de la naturaleza; lo que propone es una transformación cultural y simbólica de carácter contrahegemónico, porque el cambio que se postula atañe al campo de la cultura, instituida y constituida a través de los valores y a lo largo de la historia para construir y fortalecer la hegemonía.

En este contexto, pareciera que sólo atravesando crisis sociales, económicas, ambientales, con sus profundos y complejos conflictos y disputas podrá proyectarse una cultura contrahegemónica. Es decir, es muy difícil confiar en modificaciones o nuevos diseños del campo legal, organizativo e institucional del sistema actual (en el que se sustenta la hegemonía) que permitan una transformación cultural respecto a los “derechos de la naturaleza”. Hay aquí un ámbito de disputa de la hegemonía que no debería soslayarse, porque implica crisis de enorme magnitud.

La sojización expresa procesos de amplitud y manifestación a escala global. Sus transformaciones territoriales son innumerables y contundentes, y, en varios sentidos, inabarcables para cualquier sistematización y/o descripción (aunque se tratara de un sólo caso de estudio circunscripto espacialmente). Sus connotaciones materiales y simbólicas resisten toda delimitación metodológica.

Las metamorfosis territoriales asociadas con la sojización en el Cono Sur latinoamericano trascienden a esta región; aparecen en otras geografías y territorios, no sólo en los vinculados directamente con la producción de soja. Para dimensionar sus alcances habría que identificar desde cada territorio la cadena que lo conecta con los productores de insumos y maquinarias, los empresarios del sector, los especuladores que persiguen ganancias extraordinarias, los organismos de ciencia y técnica que producen innovaciones, los medios de comunicación masivos que avalan y sostienen el avance de los agronegocios, los consumidores que seleccionan sus productos y derivados. Y, del mismo modo, importa reconocer a los actores y procesos que resisten su difusión, desde las organizaciones de productores, ambientalistas, comunidades originarias, hasta las instituciones públicas y privadas y la población que se opone a este avance desenfrenado sobre la sociedad y su ambiente.

En las más de 55 millones de hectáreas cultivadas con soja (Tabla 2) del Cono Sur en 2014, quienes controlan y operan estos procesos lo hacen a través de similares modalidades. En la mayor parte de esta superficie predomina el monocultivo de soja transgénica; se fumiga con glifosato y se deforesta para ampliar la superficie cultivable. Grain (2013) calcula que, en 2012, en el Cono Sur se aplicaban 600 millones de litros de glifosato y que la deforestación, como mínimo, alcanzaba 500 mil ha por año. En el caso argentino, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2012, pp. 95, 97) corrobora esta afirmación al referirse a la constante pérdida de superficie de bosque nativo, acelerada en las últimas décadas: “la deforestación para el período 1998-2002 es de aproximadamente 230.000 hectáreas/año, mientras que en el período 2002-2006 se perdieron 330.000 hectáreas/año de bosques nativos”.

Los grupos que lideran y conducen el extractivismo y la reprimarización de la economía de Sudamérica pueden ser identificados, son pocos y poderosos y, como dice Grain (2013), tienen nombre y apellido: “Monsanto y algunas corporaciones biotecnológicas más a la cabeza (Syngenta, Bayer); terratenientes y pooles de siembra que controlan millones de hectáreas (Los Grobo, CRESUD, El Tejar, Maggi son algunos de los principales); Cargill, ADM y Bunge transportando los granos”. A ellos deben agregarse las empresas proveedoras de insumos y servicios y los respectivos gobiernos nacionales, provinciales y locales aliados en este paradigma productivista.

Se trata de un proceso de continuado fortalecimiento del poder económico y político de unas pocas empresas y, simultáneamente, de debilitamiento del accionar de los estados en el ejercicio de su soberanía política.

La concentración en ámbitos clave de la economía es una realidad latinoamericana y mundial. Así sucede en Argentina con el sector exportador de granos en torno al cual gira toda la economía nacional. Es llamativo que Mario Llambías (un referente del agro, ex­presidente de Confederaciones Rurales Argentinas –CRA–, una de las 3 más importantes entidades representativas de los grandes productores rurales del país) haya manifestado en enero de 2011: “Hace siete años había 40 exportadoras, y hoy sólo 7 exportan el 90 por ciento de la producción agrícola”16.

Estas 7 empresas son: Cargill, Aceitera General Deheza, Bunge, Molinos Río de la Plata, Vicentin, Louis Dreyfus Commodities y Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Y son sólo otras pocas más las que operan con peso en el mercado exportador de cereales (Nidera, Noble, Oleaginosa Moreno, Los Grobo, Glencore, Adeco y ADM).

Este dato no puede corroborarse con cifras oficiales porque en 2008 el Gobierno nacional dejó de publicar las estadísticas sobre compras, ventas y embarques de granos (situación que se relaciona con el conocido “conflicto del campo” entre el gobierno y los productores agropecuarios por la aplicación de los derechos de exportaciones). Contar con dicha información permitiría comprobar el altísimo grado de concentración comercial de las multinacionales exportadoras y su acelerado aumento durante el período correspondiente al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina F. de Kirchner17.

Pero dentro de estas transformaciones territoriales, en su mayor parte regresivas socialmente, hay una cuestión de enorme gravedad asociada a los agronegocios: en el Cono Sur oponerse a los agronegocios significa riesgo de vida. Diversos asesinatos están relacionados con resistencias sociales al avance depredador de los agronegocios.

En Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) regularmente denuncia hechos de represión directamente relacionados con el avance de los agronegocios sobre territorios comunitarios. Un caso emblemático de resistencia es el de Cristian Ferreyra, un joven de 23 años perteneciente a la comunidad indígena Lule-Vilela (comunidad de dos mil hectáreas en San Antonio, Santiago del Estero). Cristian fue asesinado por dos encapuchados cuando intentó resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida: “Esto es el Lejano Oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales”, denunció Marilena Santillán, compañera de militancia de Ferreyra e integrante del Mocase-Vía Campesina. En aquella oportunidad también fue herido Darío Godoy, de 26 años (Página 12, 18-11-2011). Darío Aranda, periodista especializado en temas rurales y uno de los pocos que denuncian estos crímenes ligados al avance de la soja, lo relata de este modo:

El miércoles, a la hora de la siesta, según contó ayer Julián Roqué, un compañero de la víctima, llegaron hasta la casa de Darío Godoy dos personas encapuchadas. Eran los hermanos Javier y Anton Juárez, dos guardias privados enviados por el empresarios santafesino José Ciccioli aseguró Roqué (…) Desde el Mocase denunciaron que los homicidas trabajan para un empresario agropecuario de la zona. (…) El Mocase-VC emitió un comunicado: Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian (Página 12, 18-11-2011).

El mismo diario informa de otros homicidios de militantes, muertos en defensa de su territorio, previos al caso de Cristian: el diaguita Javier Chocobar en Tucumán el 12 de octubre de 2009; la campesina santiagueña Sandra “Ely” Juárez, que sufre un paro cardiaco frente a una topadora el 13 de marzo de 2010; el qom de Formosa Roberto López el 23 de noviembre de 2010 en un corte de ruta.

Se trata de una lucha muy desigual, en la que sectores de poder (político, económico y mediático) ocultan estos crímenes y protegen a sus autores materiales e intelectuales. El hecho que grupos empresarios violen el cumplimiento de las leyes, atenten contra los derechos consagrados en la constitución y lleguen hasta el homicidio indica, necesariamente, complicidad del estado (sea local, provincial o nacional).

Es sabido que estos crímenes no se investigan y sus autores materiales e intelectuales no son debidamente procesados y encarcelados. En el caso de Cristian Ferreira, que logró una mayor notoriedad, la sentencia de la Cámara del Crimen absolvió a Jorge Ciccioli, empresario señalado como autor intelectual, luego de un juicio oral realizado en Monte Quemado, a 220 kilómetros al norte de la capital provincial (Pagina 12, 2-2-2015). Entonces cabe preguntarse: ¿Quiénes son los responsables de que una sucesión de asesinatos no se esclarezca? ¿Por qué no se dilucida la trama de intereses comprometida con estos hechos? Todo indica protección a sectores poderosos vinculados con prácticas territoriales ligadas con la deforestación, el avance de la frontera agropecuaria y la ocupación de tierras para destinar a la expansión y monocultivo sojero, especialmente.

Nada revela que estas persecuciones, despojos y asesinatos vayan a terminar si tenemos en cuenta la dependencia de la matriz productiva argentina de la producción sojera y su muy probable continuidad y expansión productiva en los años venideros.

La ampliación de la frontera agraria (con sus consecuentes procesos de deforestación, desertificación, pérdida de la biodiversidad) significa, conjuntamente, la agudización de la conflictividad social, la cual empieza por los sectores directamente afectados.

Todos son temas y contradicciones del modelo sojero que no se conocen masivamente porque no se difunden en ciudades y grandes urbes. Del mismo modo, muy limitada ha sido la difusión de un estudio sobre conflictos de tenencia de la tierra y ambientales que contabilizó 259 conflictos sólo para la región del Chaco argentino en agosto de 2010 (REDAF, 2010:23).

Paraguay es otro ejemplo aún más desmesurado. Pues aquí se considera que el poder de los agronegocios ha llegado hasta a provocar la destitución del gobierno democrático del presidente Lugo. Paraguay ha estado siempre gobernado por el partido conservador Colorado con la sola excepción del período del gobierno de Lugo entre 2008 y 2012. Partido que ha avalado y profundizado con sus políticas una de las peores distribuciones de la tierra de América Latina: “El 80% de la tierra cultivable (…) está en manos del 2% de los propietarios, según cifras oficiales”18.

Esta situación y el acercamiento que se fue dando entre el gobierno de Lugo y sectores campesinos parecieran explicar la durísima oposición que se gestó motorizada por grupos nacionales aliados al agronegocio (Unión de Gremios de la Producción -UGP) y desde corporaciones internacionales (como Monsanto, Cargill).

Desde algunas áreas del gobierno de Lugo (Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas) se mantuvo un diálogo con las organizaciones campesinas que buscaba frenar las fumigaciones, los nuevos transgénicos y la ley de semillas. Esto devino en un ambiente político-institucional convulsionado, que se extremó con la matanza de Curuguaty (11 campesinos y 6 policías muertos el 15-6-2012). Esta se constituyó inmediatamente en el argumento que avaló el juicio político que terminó con la presidencia de Lugo (en un rapidísimo procedimiento concretado en menos de dos horas de sesiones parlamentarias. Grain, 2013).

Pero además lo sucedido en Curuguaty no fue investigado. Hay dirigentes locales que consideran que se trató de una conspiración contra el gobierno de Lugo19, la cual, por su parte, se asocia y fundamenta en la ola represiva que se desató posteriormente y que terminó con la vida de 3 dirigentes de organizaciones campesinas. Este hecho fue calificado como un plan de exterminio, de asesinato selectivo de líderes campesinos20. Esta misma apreciación surge del informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay del 10-12-2012, donde se afirma: “Curuguaty fue el nombre como la prensa denominó al conflicto que dio inicio a la crisis política más importante de los últimos 20 años de historia paraguaya. Curuguaty es sinónimo de estremecimiento político, pues costó 17 muertos y la caída de un gobierno legítimo”21.

También Paulo Tavares (Ñ, Clarín, 18-6-2013) vincula el golpe institucional al gobierno de Lugo con el avance de la soja y la centralidad de la problemática de la tierra en toda América Latina: “Ese golpe se dio por una cuestión que ha sido la cuestión fundamental para casi todos los golpes de estado que América Latina vivió durante mucho tiempo. Es la cuestión de la tierra.”

No hay duda que, en Latinoamérica, la tierra ha sido y sigue siendo central en la disputa de poder. Y en esta confrontación siempre ha predominado la presencia política de los sectores más conservadores de cada país.

Transformaciones del territorio: construcción de hegemonía y marginalidad

El tipo de desarrollo de las últimas décadas en el Cono Sur ha conducido al fortalecimiento de grupos de poder y de espacios y lugares desde donde se ejerce la dominación –como centros financieros y zonas de alto consumo de grandes ciudades–. Paralelamente se observa la debilidad y la marginación de otros ámbitos espaciales (afectados por la desertificación, la pérdida de la biodiversidad), y también de amplios sectores sociales.

Se trata de un modelo excluyente y concentrador que abandona a su suerte (“por los designios del mercado” dirían las corrientes del mainstream) a pequeños productores agropecuarios y de servicios: agricultores familiares, población originaria, trabajadores rurales. Muchos son habitantes de zonas deforestadas, o son desalojados y/o despojados de sus tierras y viviendas, o deben abandonar sus actividades, o son trabajadores de la salud, de la educación, de servicios, o familias y niños en edad escolar que deben enfrentar enfermedades producidas por la contaminación, la pobreza, la marginalidad; o conforman la población de pueblos y localidades cuyas principales actividades han quedado relegadas.

En todos estos procesos está presente la profunda desigualdad que desencadena este modelo productivo de exclusión, del cual podemos identificar muchas transformaciones territoriales, mientras que otras continuarán siendo ignoradas en tanto puedan mantenerse ocultas. Enfermedades, plagas y hambre se suceden invisibilizadas por la trama de poder dominante, asociadas con los agroquímicos y con la pérdida de la biodiversidad. Se trata de procesos que afectan a los sectores más postergados, a los que viven en torno a los lugares de fumigación pero no únicamente a ellos, porque los agroquímicos se esparcen y difunden más allá del ámbito donde fueron aplicados y contaminan otros ambientes además de los alimentos que consumimos. En distintos tiempos y lugares, su nocividad alcanza a toda la población.

Las transformaciones territoriales más evidentes están asociadas directamente con la puesta en marcha, ampliación y mantenimiento de la cadena de producción y comercialización de la soja22. Muchas son fácilmente identificables y en un primer acercamiento suelen evaluarse positivamente por la mayor dinámica económica y comercial que imprimen a ciertas localidades y por los signos de modernidad resultantes (como sucede con ciudades-puerto, como Rosario y Santa Fe, en Argentina).

La magnitud y complejidad de esta producción del territorio, asociada con el acondicionamiento de infraestructura requerida para la expansión de la producción y comercialización de la soja, puede ejemplificarse con un caso paradigmático: la Hidrovía Paraguay-Paraná, obra que comprende toda la cuenca del Río de la Plata, la circulación de sus principales tributarios (los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay) e involucra a buena parte de los países del cono sur latinoamericano (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay). Esta monumental obra se enmarca dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), es promovida por la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y bancos de desarrollo nacionales y regionales23.

Además, en ciudades medias y grandes, la sojización contribuye a profundizar la polarización urbana, pues tanto ayuda a fortalecer la imagen de modernidad y pujanza como agudiza la marginalidad y exclusión social. De este modo se construyen ciudades polarizadas con claras y precisas imágenes de riqueza y de miseria, de inclusión y de exclusión, donde la desigualdad es la premisa y el proceso de sojización uno de sus desencadenantes24.

Las villas miserias constituyen una opción de residencia para muchas familias e hijos de pequeños productores y trabajadores rurales que quedan sin trabajo y desplazados de sus campos y viviendas a causa de la expansión sojera en el norte argentino, Paraguay y Bolivia. Al respecto, el ex secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita y conocedor de la situación de las villas (por su militancia en el movimiento de desocupados) sostenía: “los pibes que no trabajan ni estudian en las villas del conurbano bonaerense, los ni ni, son hijos de una campesina de Santiago del Estero”25.

Es decir, en general nos estamos refiriendo a transformaciones territoriales que son producto de procesos sociales y económicos que se dan a lo largo de décadas y que la sojización profundiza, si bien pueden haberse iniciado bastante antes. En su mayoría con consecuencias regresivas para el territorio y su población, por su menor diversificación productiva y mayor concentración económica. Así, en la década de 1990 se acelera fuertemente el proceso de concentración de la tierra, se intensifica la actividad agrícola en la pampa húmeda26y en las regiones extrapampeanas (noroeste y noreste). Es el caso de la agriculturización27que se inicia a hacia la década de 1970 y que se consolida con la creciente expansión de la soja (Manuel-Navarrete et al; 2005, p. 8).

Bosques naturales amenazados por desertificación y pérdida de biodiversidad

La deforestación de los bosques naturales trae consigo la pérdida de biodiversidad, la expulsión de la población local y originaria y conflictos y procesos ligados a varios de los hechos ya mencionados anteriormente (enfermedades, desalojos, judicialización, migración, marginalidad, precariedad).

El principal desencadenante de la deforestación que actualmente se da en Argentina es el avance de la frontera agrícola y ganadera hacia el centro y el norte del país, hacia el Gran Chaco28, y llega hasta Paraguay y Bolivia.

En conmemoración del Año internacional de los Bosques, 2011, Eduardo Rojas Briales, responsable del tema bosques de la FAO, sostuvo que “el caso de Argentina es un punto neurálgico a nivel mundial debido a la pérdida de sus bosques”. Y Hernan Giardini, coordinador de la campaña de biodiversidad de Greenpeace de Argentina decía:

Los bosques de Argentina se encuentran desde hace unos 15 años en una situación de emergencia (…) Argentina perdió el 70 por ciento de sus bosques nativos originales. Hoy tiene 31 millones de hectáreas. En los últimos 10 años perdimos 2,5 millones de hectáreas a mano fundamentalmente de la soja transgénica y posteriormente la ganadería.29

Según un informe de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo, en 1935 se realizó un censo forestal que calculó que la superficie total de bosques naturales era cercana a 1.100.000 km2 (casi 40% de la superficie nacional); en 2004 esa superficie se había reducido a 331.000 km2 (menos del 12% de la superficie nacional)30.

Desde luego que una parte de esta pérdida forestal comenzó mucho antes de la expansión sojera31; y también antes de la pampeanización (expansión de las prácticas productivas y tecnologías de la pampa húmeda hacia regiones –como el semiárido, el norte y el chaco- con otras características ecológicas)32.

Pero con la soja y los bosques implantados la deforestación siguió avanzando cada vez en forma más acelerada. La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2012, pp. 95, 97) especifica que las zonas más afectadas por el reemplazo de grandes extensiones de bosque nativo por cultivos agrícolas son “las regiones Parque Chaqueño, Selva Misionera y Selva Tucumano Boliviana”. Conjuntamente, ha aumentado la superficie de plantaciones forestales, principalmente en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Esta situación ha puesto en riesgo la sustentabilidad, especialmente en el noroeste y noreste argentino, como puede verse en el caso de la selva misionera cuyo bosque nativo era en 2002-2006 de 1.160.000 ha, en la selva tucumano-boliviana de 3.650.000 ha y en el parque chaqueño de 20.600.000 ha33.

El parque chaqueño, donde fue notoria la expansión de la soja, es el más extendido y también el más depredado (a una tasa de pérdida de 1.44 % anual entre 2002-2006)34. Sus suelos son naturalmente pobres en materia orgánica y afrontan un mayor riesgo climático, económico y ambiental (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; 2012, p. 98).

Estos procesos de pampeanización hacia el semiárido chaqueño se caracterizan por un avance de la frontera agrícola y de las prácticas de la pampa húmeda hacia regiones de mayor fragilidad (en relación con la pampa húmeda). Algunas de sus consecuencias negativas, especialmente las relacionadas con el futuro productivo de las regiones del Gran Chaco, son difundidas por medios periodísticos (como los diarios La Nación y Clarín), lo cual pareciera contradecirse con el tradicional apoyo y defensa de la expansión productiva y de la agriculturización que vienen sosteniendo estos diarios35. Es el caso de una nota periodística de la edición impresa del suplemento Campo de La Nación del 2 de noviembre de 2013 con el sugerente subtítulo “La búsqueda de una renta rápida y la falta de un ordenamiento territorial exponen la región a las consecuencias de la sequía”36. En la misma, tres expertos investigadores mencionan que el auge de la sojización en las zonas semiáridas y subhúmedas del noroeste y noreste argentino tiene varias causas37. Entre ellas, mencionan: a) la presencia de un ciclo húmedo que se extendió por un cuarto de siglo y que estaría llegando a su fin en el siglo XXI, y b) “una coyuntura de valores elevados para los granos, en particular para la soja, con una generosa oferta de tierras a bajos precios…”.

Sin embargo, enfatizan que los resultados de esta expansión se traducen en ecosistemas seriamente afectados como “el bosque de tres quebrachos en Santiago del Estero, y la zona de transición Chaco-Yungas, en Salta” producto de que: (i) un 80 % de las áreas transformadas eran bosques; (ii) se pasó de casi 5 millones de ha cultivadas en la región chaqueña entre 1995/1996 a 11,4 millones de ha en 2012; (iii) se potenció la susceptibilidad a la erosión hídrica y los procesos erosivos eólicos (que no eran de importancia cuando existía el bosque); y, finalmente (iv) la expansión de la frontera agrícola en la región chaqueña no respondió a un programa de ordenamiento territorial sino, claramente, a las leyes del mercado, ya que para estos ambientes no se recomienda ni el desmonte masivo, ni el monocultivo de soja (La Nación, 2-11-2013).

Producción del territorio y poder: bajo la reprimarización de la economía latinoamericana

Comenzamos esta reflexión con una cita de Moraes (2005, p. 15) que encuadra nuestra perspectiva de análisis respecto a las situaciones que luego expondremos:

Todos sabemos que las formas espaciales son productos históricos. El espacio producido es un resultado de la acción humana sobre la superficie terrestre que expresa, a cada momento, las relaciones sociales que le dieron origen. En este sentido, el paisaje manifiesta la historicidad del desarrollo humano, asociando objetos fijados al suelo y genéticamente fechados (traducción nuestra).

Estas relaciones sociales son relaciones de poder y como tales aparecen y se expresan a través de numerosas acciones que van transformando el territorio. Se trata de una producción social del espacio que en muchos aspectos se torna imperceptible para nuestro mirar cotidiano.

Precisamente, en el presente, con el modelo extractivista y de reprimarización de las economías latinoamericanas se están gestando escenarios territoriales, opresivos y devastadores que se repiten y difunden sin obtener mayor difusión pública. Despojo de los recursos, avasallamiento y persecución de la población, y judicialización de la protesta social son modos de sometimiento cada vez más extendidos que, además, cuentan con avales institucionales en beneficio de poderosos intereses locales y extralocales (económicos, financieros, políticos, judiciales).

Comunidades originarias, pequeños productores, campesinos, agricultura familiar –AF–38, cada una con sus particularidades –territoriales, productivas, tecnológicas, sociales– se enfrentan al hambre, a la migración forzada, a la difusión de enfermedades resultantes de la contaminación del agua y de las variadas fumigaciones con agrotóxicos (especialmente entre niños, embarazadas y ancianos), a la destrucción de puestos y fuentes de trabajo, a la deforestación, a la depredación de suelos, a la pérdida de la biodiversidad39.

Se trata de procesos que buscan aislar –sino hacer desaparecer– a estas poblaciones condicionando sus formas de reproducción y desacreditando sus identidades, culturas, modos de vida, formas de interacción social. Un ejemplo cabal de este pensamiento degradante y estigmatizante aparece en la opinión pública de uno de los principales referentes del poder empresarial que lideró la transformación territorial de los últimos 25 años de Argentina, Eduardo Leguizamón, ex presidente de Nidera Argentina40, quien afirma, entre muchos otros desatinos, que “El monte nativo no es algo romántico: por el contrario, es algo siniestro. En él habitan seres humanos que están más cerca de la escala animal que de la humana” (La Nación, suplemento Campo, 21-08-2004). Se trata de un relato obsceno que muestra una ajustada expresión de ejercicio de poder a través de un discurso conservador que, con argumentos eficientistas, busca habilitar el acceso del capital a nuevas tierras (Naharro, Alvarez, y Klarik, 2009, p. 145).

Al aplicar exclusivamente la cosmovisión occidental y un tono claramente despreciativo y discriminatorio de otras formas de vida, de otras identidades, se desconoce, omite o manipula la realidad. Se ignora que, junto con la globalización, se configura una sociedad cada vez más multicultural; que junto con las formas capitalistas de consumo se visibilizan otras identidades y prácticas sociales y culturales, frecuentemente ocultadas; que han aumentado las interacciones de mercado, de consumo capitalista pero también los intercambios y vivencias entre variadas y diferentes culturas.

Esta cerrada y eurocéntrica percepción social menosprecia y agravia a la población criolla del monte y a las comunidades originarias, injuria y tergiversa sus formas de vida, desconoce o enmascara sus derechos constitucionales sobre la tierra (ocupada ancestralmente por los antepasados de las comunidades actuales), y engaña acerca de las oportunidades de empleo que tendrían quienes abandonaren sus tierras41.

La realidad territorial nos muestra que no habrá oportunidades de empleo para la población desplazada, porque la demanda asociada a las nuevas producciones agroindustriales es menor, selectiva y especializada; en otras palabras, es de acceso nulo para los pequeños productores y población originaria. Si la población desplazada sobreviviera a todos los procesos conexos que la esperan a partir de la expulsión de su hábitat terminaría, en el mejor de los casos, engrosando la población de las villas miserias. Es decir, literalmente en la miseria y, en general, en las márgenes de las grandes urbes o ciudades medias. Y éstas son una parte, no menor, de las transformaciones territoriales resultantes de la sojización.

Las ideas y discursos como los expresados por el ex presidente de Nidera producen consecuencias, hechos de dominación a través de los valores que transmiten y de las acciones y políticas que promueven.

Es de este modo como se construyen y configuran barreras de exclusión territorial que operan en el campo de la ideología, de la práctica, y definitivamente en el de la construcción de hegemonía42. Más allá de su verosimilitud o racionalidad, resultan difíciles de franquear, porque conforman mitos, tradiciones, creencias, cosmovisiones, valores, que integran y alimentan el discurso de poder hegemónico, y, como tales, avalan el funcionamiento del sistema capitalista en sus diferentes expresiones escalares.

En otras palabras, conforman la cultura de una sociedad que como sostiene Portes (2006, p. 22)– es “donde se incorporan los elementos simbólicos, la esfera de los valores de la sociedad, los marcos cognitivos y del conocimiento acumulado”. Y es en este campo donde “las elites que controlan los recursos que confieren poder tratan de estabilizar y perpetuar su posición”, moldeando creencias para que “la masa de la población sea persuadida de la ‘justicia’ del orden existente”. Entonces, consolidar posiciones de poder exige instituciones que trasciendan a las personas y, más allá de ellas mismas, respondan a los valores que conforman la estructura social de dominación. Se trata de sostener un marco institucional –legal y político– que preserve la dominación y avale las actuales formas de producción del espacio.

Este contexto favorece la desinformación, el desconocimiento y el desinterés por comprender, en toda su complejidad y alcance, las actuales transformaciones territoriales, más aún cuando se presentan y difunden como irreversibles y fuera del alcance de los ciudadanos comunes, hecho que avala, por cierto, su desconexión con las mismas.

No hay duda de que este hecho constituye un formidable obstáculo en el camino de construcción de formas y mecanismos contrahegemónicos de resistencia y lucha. ¿Es posible crear instituciones que respondan a valores contrahegemónicos, por ejemplo, organizaciones sociales dirigidas a preservar su autonomía e independencia del estado y a comprometerse con otras prácticas de vida y consumo?

Estos casos existen y es necesario profundizar su conocimiento y difundir sus prácticas, especialmente porque observamos que hay un campo fértil generador de resistencias y conflictos. Así sucede con el que se vincula con las grandes transformaciones territoriales relacionadas con la reprimarización de la economía en el Cono Sur, con la agriculturización centrada en el monocultivo de soja.

Recuperar el control del territorio, de un territorio sobre el cual ejercer derechos consuetudinarios de vida y de trabajo, sólo puede lograrse a partir de gestar otro poder, un poder contra hegemónico, alternativo, producto de la participación, la movilización, la organización y la resistencia social que en muchos territorios y ámbitos locales se corresponde con su población mayoritaria, frecuentemente postergada y marginal.

Por su parte, la construcción de poder alternativo exige la deconstrucción de los variados valores y creencias que son parte y sostienen al sistema capitalista. Actualmente observamos que desde diferentes territorios de Latinoamérica aparecen muchas formas de oposición al avance depredador del modelo extractivista. Por ello, es necesario avanzar en su conocimiento más profundo, buscando identificar cuáles son las formas institucionales asociadas con la constitución de un poder contrahegemónico.

Para seguir en este camino de análisis, nos detendremos en un conocido caso localizado en el norte de la provincia de Salta y vinculado con el despojo social y ambiental resultante de la sojización.

El “caso Pizarro” y el accionar del poder

El caso Pizarro localizado en General Pizarro, en el departamento de Anta al noreste de Salta, es un ejemplo de desconocimiento intencionado de parte del poder político de leyes, de derechos y de aplicación de mecanismos dilatorios, y, en relación con los demás sectores, es un ejemplo de respuesta y movilización de organizaciones sociales, ambientalistas e indígenas, de alcance nacional e internacional (junto con el apoyo de ONGs, instituciones públicas y privadas). El caso Pizarro consistió originalmente en una protesta por la ley provincial 7274 del 2003, la cual desafectaba dos lotes fiscales (el 32 de 5298 ha y el 33 de 20.028 ha) de la categoría de área natural protegida y autorizaba su venta subvaluada a terceros43.

La ley de desafectación fue enviada por el gobernador Juan Carlos Romero a la legislatura provincial y allí fue aprobada por dos tercios de los senadores y diputados (La Nación, 23-10-2004). Los motivos aducidos eran que se requería ese dinero para la reparación de las rutas provinciales 5 y 3044.

El área desafectada no sólo es ecológicamente frágil sino que estaba habitada desde tiempos ancestrales por una comunidad wichi compuesta por 18 familias y numerosas familias de campesinos criollos45(Buliubasich, y Rodriguez, 2013; Bianchi, y Couto, 2013).

Los hechos asociados al caso Pizarro fueron desencadenantes de múltiples procesos territoriales centrados en la provincia de Salta. Uno de los más trascendentes fue la Ley de Bosques 26.331, que luego de muchas tratativas se dictó a fines de 2007 y que obligaba a un Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) en todo el país como condición para autorizar desmontes.

Sin embargo, en casi todas las provincias los gobiernos y los sectores de capital interesados en la deforestación idearon mecanismos para subvertir sus normativas y/o su aplicación. En Salta, por ejemplo, en el último cuatrimestre de 2007 se aceleraron las autorizaciones de desmonte, en particular en los departamentos de Anta, San Martín y Orán: “en una carrera vertiginosa, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADES), logró autorizar la cifra de 185.372,51 hectáreas en noviembre de ese año” (Buliubasich y Rodriguez, 2013, p. 176).

Diferentes documentos, medios y diarios registraron avances y retrocesos a lo largo de los años; se sucedían cautelares que suspendían desmontes con desmontes que desconocían dichas suspensiones, y así en un continuado ir y venir de acciones judiciales y prácticas depredatorias.

Las medidas cautelares que luego no se efectivizaban eran una constante. Por ejemplo, bajo el título “Detienen un desmonte en Salta”, y el subtítulo de “protesta ecologista”, Clarín publicó el 27 de julio de 2004:

El gobierno salteño ya preadjudicó las 16.275 hectáreas que tiene la reserva, a las empresas CUREL, MSU, S.A. y Miguel Ragone, que ofrecieron $9.615.000 [aproximadamente u$s 3.200.000 de aquella fecha]. 
Ni bien concluyó el acto licitatorio, Greenpeace y las fundaciones Vida Silvestre, y Ambiente (FUSA) y Recursos Naturales (FARN) presentaron una medida cautelar para frenar la venta definitiva de los lotes de la reserva. 
“Esto se va a conocer en todos los rincones del planeta mediante una ciberacción. Solicitamos a los usuarios de internet que exijan a las embajadas y consulados argentinos que frenen los desmontes” [Emiliano Ezcurra, referente de Greenpeace].

Por su parte, La Nación del 23 de octubre de 2004, en el marco de la autorización desenfrenada de desmontes titula: “Polémico desmonte en Salta. General Pizarro quedaría expuesto a graves inundaciones y a recibir masas de lodo desde las laderas de las sierras si se elimina el bosque en la zona vendida de los lotes 32 y 33”, e informa las opiniones de distintos referentes. Por un lado, de científicos y técnicos de la Universidad de Salta –UNSA– y del INTA, quienes en general plantean los riesgos ambientales y sociales de estos desmontes, ya entonces muy avanzados. Y, por otro, de funcionarios de gobierno, que desautorizan los informes de la UNSA afirmando que no es un trabajo con base científica sino sólo político, por estar la Universidad contra el gobernador Romero, a lo que agrega un discurso productivista que sostiene que la política provincial busca alentar la producción dentro de criterios de desarrollo sustentables.

Según Bianchi y Couto (2013, p. 223) lo que ha quedado finalmente del caso Pizarro son: a) 5.000 ha desmontadas para cultivo de soja; b) una comunidad wichi –Eben Ezer– que habita en un espacio de 800 ha, lo que le impide mantener sus prácticas anteriores de recolección y caza (realizadas en una superficie de 5000 ha) y que la lleva al aislamiento y al aumento del individualismo; c) una reserva Pizarro que se prometió y no se ha reconstruido; y d) familias de criollos que viven de forma precaria en superficies reducidas, muchas sin alcanzar su sustento.

Asimismo, estas autoras critican a Greenpace y Vida Silvestre. En primer lugar, porque en sus demandas priorizaron más la preservación del ambiente que los derechos y demandas de la población wichi y criolla. Y, en segundo lugar, porque desistieron de su presentación ante la justicia nacional (Corte Suprema de la Nación) y aceptaron el acuerdo propuesto por Parques Nacionales de creación de una nueva área protegida (que no ha avanzado) y la entrega de 800 ha a los wichis, que no les representa una solución a sus problemas.

A pesar de este panorama poco alentador, vale mencionar que las autoras reproducen un pensamiento de un dirigente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APCHS), Alfredo Riera, que da cuenta del nivel de comprensión de estos sectores y de la conciencia que la resistencia genera. Lo cual evidentemente es un capital social en la conformación de un poder alternativo:

Lamentablemente, todo esto no tiene ningún tipo de peso o valor para la justicia o los empresarios, que vienen de afuera reclamando supuestos derechos legales y en nombre de un desarrollo milagroso, que no incluye, sino que sólo ofrece expulsión y miseria a los campesinos que echan de sus tierras, pero que en honor a la verdad poco les importa el desarrollo y nuestros derechos adquiridos. Sólo les interesa realizar su gran especulación inmobiliaria y financiera a costa de nuestras familias y nuestras tierras. (Bianchi y Couto, 2013, p. 230).

A tan lúcida expresión sobre los sectores de poder empresariales queremos sumarle lo que el caso Pizarro revela o nos muestra en relación con el rol del estado. Aquí, el estado (ámbito de arbitraje, de conciliación, de búsqueda del equilibrio entre sectores, de promoción de la equidad y defensa de los sectores más desprotegidos, según el discurso dominante) claramente protege al poderoso, a la actividad privada sojera y desprotege a los más vulnerables social y ambientalmente. Los derechos de los más débiles: la comunidad wichi y los campesinos criollos (que además habitan en una zona de mucha fragilidad ambiental) son avasallados por el propio estado, que ni siquiera respeta derechos legalmente adquiridos y reconocidos históricamente, y en diferentes estamentos y jerarquías legales.46

Es el propio estado el que no cumple con las leyes y convenios creados para regular la actividad socioeconómica: este estado no arbitra entre sectores en disputa, no regula, ni hace cumplir la ley, ni tampoco cumple él mismo las leyes que su función le obliga a resguardar. Este estado opera a favor de los sectores dominantes, hegemónicos, abandona al más débil y transgrede las leyes: es claramente un infractor en todos sus niveles: ejecutivo, legislativo y judicial. Este estado más que aliarse se subordina al poder hegemónico.

Lineamientos para reflexionar e investigar

Lo señalado hasta aquí muestra las profundas transformaciones territoriales que resultan de la expansión de los agronegocios y, en particular, de la reprimarización de la economía (principalmente asociada con la sojización).

Estas se expresan en:

  • Acaparamiento y concentración de la tierra, despojo de recursos naturales, aumento de los conflictos por la tierra y medioambientales.

  • Expulsión de la población de su hábitat y migración hacia zonas o áreas marginales de  ciudades medias y grandes.

  • Vulnerabilidad ambiental asociada a la agriculturización, la deforestación, la desertificación y la pérdida de biodiversidad.

  • Contaminación del ambiente en general y del agua en particular con agentes químicos, plaguicidas, pesticidas y múltiples agroquímicos causantes de enfermedades y muertes (empezando por la población –rural o urbana– que habita y vive en las zonas donde opera el agronegocio).

  • Desinterés, desatención y desaparición de las prácticas productivas y culturales de la población local y de las comunidades originarias.

  • Imposición de las prácticas y valores de la cultura occidental en territorios rurales y de población originaria.

  • Judicialización de la protesta social, persecuciones y asesinatos de líderes campesinos.

  • Alianza y/o complicidad del estado con los sectores empresarios de poder en resguardo de los procesos de sojización.Incumplimiento y violación de leyes, convenios y reglamentaciones –provinciales, nacionales e internacionales– tanto por parte del sector empresario como del estado, que implican la vulneración de los derechos adquiridos por campesinos, pequeños productores, población originaria.

Todas estas acciones se traducen en un profundo quiebre en la forma de vida de los pueblos y localidades a las que llegan inversores e interesados en tierras destinadas a la producción sojera.

En la mayoría de los territorios alcanzados por los intereses de capitales locales y del capital global conectados con la producción de soja, la organización espacial resultante se torna más desigual y regresiva que la precedente, por sus formas pronunciadamente excluyentes –intensivas en capital y de menor ocupación laboral– que traen consecuencias que afectan la seguridad y la soberanía alimentaria, la salud humana y el medioambiente. Esto en el largo plazo termina perjudicando a toda la sociedad y no sólo a algún sector particular.

Esta organización espacial (que permite la valorización del capital hegemónico a escala global, que domina a partir de un modelo sostenido en la exportación de bienes primarios, con precios fuera del control local y/o nacional y, frecuentemente, especulativos y en alza casi regular) configura territorios que expresan relaciones de poder espacializadas en las que el poder hegemónico aplica su capacidad excedente, asegura su proceso de acumulación y viabiliza su propia continuidad y la del capitalismo como sistema.

Las transformaciones territoriales (económicas, productivas, tecnológicas, sociales, institucionales, espaciales) resultantes de la hegemonía neoliberal limitan fuertemente las posibilidades de acciones y políticas que pretendan un tipo de desarrollo socialmente más incluyente y menos depredatorio, espacial y ambientalmente47. A la vulnerabilidad del modelo se suman los condicionamientos estructurales instalados y difíciles de remover (leyes, desregulaciones, privatizaciones, acuerdos internacionales, etc.) que condicionan el accionar político de los gobiernos en general, y de las organizaciones y actores locales que buscan otras alternativas de desarrollo.

Esto no impide reconocer que, de todos modos, la acumulación neoliberal por desposesión, por especulación financiera está y ha estado muy lejos de ser un proceso lineal, por el contrario, siempre se ve atravesada por conflictos y crisis recurrentes en diferentes ámbitos geográficos del mundo. Esto mismo sucede con la propia naturaleza de la financiarización de la economía perpetuamente vulnerable en relación a la producción de valor de la actividad industrial y agrícola (Harvey, 2009, p.63). La recurrencia cada vez más frecuente de las crisis, junto a la magnitud de los conflictos sociales que generan y a la diversidad de reacciones y movimientos sociales contestatarios que emergen, da cuenta de que tampoco la historia del desarrollo es lineal y de que la esperanza de alcanzar otros horizontes de desarrollo es posible.

Notas

Fecha de recibido: 2 de julio de 2016 
Fecha de aceptado: 6 de enero de 2017 
Fecha de publicado: 17 de abril de 2017
Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942017000100010

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Precisamos, quienes miramos por facilitar la autodeterminación de los pueblos, generalizar la toma de conciencia sobre la decadencia del pensamiento crítico que se identifica con los gobiernos progresistas. Reparemos que desde su pináculo: el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, su director es español y economista o sea toda una definición de estancamiento en la colonialidad del poder, saber y ser. Podría parecer una interpretación anecdótica pero su siguiente artículo prueba no sólo un análisis coyuntural sino sobre todo que el progresismo procura convencer al poder económico e imperialista sobre su mayor eficiencia en la gobernabilidad del capitalismo dependiente.

 

La inestabilidad neoliberal en Latinoamérica

12 de septiembre de 2018

Por Alfredo Serrano Mancilla

CELAG

 

Estabilidad, confianza, certidumbre y eficiencia son las cuatro promesas más repetidas por cualquier proyecto neoliberal. ¿Se cumplen? ¿Es un gobierno neoliberal capaz de dar estabilidad a un país? ¿Saben cómo generar confianza y certidumbre? ¿Logran tener economías eficientes? Veamos qué sucede en Latinoamérica. Empecemos por Argentina.

Crear un buen eslogan es siempre más fácil que estabilizar la economía de un país en un ambiente de fuerte restricción externa. El macrismo se desgasta a mucha más velocidad de lo previsible porque demuestra que no sabe gobernar ni gestionar. En algo menos de tres años consiguió que el país esté patas arriba. La economía no va, se mire por donde se mire. La inflación apunta este año 2018 a estar por encima del 40% según las últimas estimaciones oficiales, a pesar de que la tenían calculada en el 15% a fines del año pasado. La economía se contraerá por encima del 2%, aunque habían pronosticado que crecería por encima del 3%. La liberalización cambiaria provocó una devaluación que no tiene fin: en este tiempo lo llevaron de 10 pesos hasta casi 40, y veremos cómo acaba. La inversión extranjera jamás llegó. Se prometieron dólares que era imposible de producirlos en casa, y sólo han podido ser obtenidos parcialmente,con una deuda eterna con el mundo. El Fondo Monetario Internacionalpide más ajuste: más recortes sociales, menos salarios, provocando así que la demanda interna pierda toda su fuerza como motor económico. La tasa de interés va por el 60%: espaldarazo ideal para que la economía financiarizada acabe con la economía real. La industria se desmorona. La balanza comercial es cada día más deficitaria tras la liberalización de las importaciones.

El cuadro macroeconómico del neoliberalismo en Argentina no resiste a ningún test de equilibrio ni eficiencia. Mauricio Macri y Cambiemos trajeron consigo justamente lo contrario de aquello que siempre promete: incertidumbre y desconfianza. La inestabilidad no sólo es económica, también lo es política y social. Las protestas crecen y se extienden a casi todos los sectores gremiales. La marcha de las mujeresdemostró también la incapacidad del Gobierno para entender que está surgiendo otra nueva mayoría que refleja un sentido común cada vez más protagónico en la sociedad argentina. Tampoco les funciona el oído; se alejaron de todo lo que pasa en la calle. El timbreo como apuesta publicitaria está bien, pero no les sirve para que la ciudadanía resuelva sus problemas. Están atrapados en sus propios anuncios mientras que la inestabilidad afecta a la gente.

Pero no es únicamente en Argentina donde neoliberalismo e inestabilidad se dan la mano. Brasil es otro buen ejemplo de ello. Con elecciones a la vista yun presidente no electo desde hace años, este país presenta un largo etcétera de sucesos que conforman un panorama ciertamente inestable. Su economía no crece. El real se devalúa. El país se ha militarizado para frenar protestas. Y Naciones Unidas desautoriza que se impida a Lula ser candidato a presidente.

Otro caso es el de Perú, que aunque su macroeconomía es estable, el sistema político y judicial hace aguas por todas partes. Posee un presidente no electo tras el caso de corrupción que sacó a Kuczynski de su condición. Tiene a otros tantos ex presidentes también en la cárcel o prófugos por haberse enriquecido ilegalmente. El sistema judicial está completamente podrido. El actual fiscal general está con múltiples casos en su contra. La mayoría de la ciudadanía no cree en sus instituciones.

Es fácil seguir dando ejemplos de países que bajo la gestión neoliberal no saben generar ni confianza ni certidumbre. Colombia es otro país con una economía real raquítica, desindustrializada progresivamente, con productividad muy baja, sin demanda interna que logre generar crecimiento sostenido, y con indicadores sociales más propios de países en guerra. Y con un conflicto cada vez más difícil de resolver por la llegada de Iván Duque a la presidencia. Y, mientras tanto, las muertes de lideres sociales continúan. Chile es otro destino no tan ideal como lo presentan. Con una economía que no despega, y en medio de continuos paros nacionales por parte de una gran diversidad de sectores, el país tampoco muestra un marco de estabilidad. Y no olvidar a México, cuyo neoliberalismo ha hecho que la economía siga estancada, con alta inflación, fuertemente endeudado, con un sector petrolero venido a menos luego de las últimas reformas, y con pobreza y desigualdad de carácter estructural que, además de ser injustas, suponen un freno a cualquier intento de reactivación económica.

Se mire por donde se mire, el neoliberalismo no sabe gobernar, ni siquiera bajo sus propias premisas. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Si las agencias de calificación de riesgo hicieran bien su trabajo, desde criterios estrictamente ortodoxos, les daría a todos ellos una nota muy negativa.

La verdadera experticia del neoliberalismo es comunicar lo que no sabe hacer. Ni estabiliza; ni da certeza ni confianza; y tampoco logra consolidar economías eficientes.

Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (España), con estancias predoctorales en Módena y Bolonia (Italia) y Québec (Canadá). Postdoctorado en la Université Laval (Québec, Canadá). Especialista en Economía Pública, Desarrollo y Economía Mundial. Profesor de Posgrado y Doctorado en universidades internacionales. Actual Director Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Autor de libros como América Latina en disputa, El pensamiento económico de Hugo Chávez, ¡A Redistribuir! Ecuador para Todos, Ahora es Cuándo Carajo (Bolivia). Articulista en Página 12, La Jornada, Público, Russia Today. http://www.celag.org/inestabilidad-neoliberal-latinoamerica/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246379

 

Coincidimos en que: "Es necesaria una pausa, retomar análisis que vayan más allá de la superficialidad, sean más precisos en sus conceptos, entiendan y dialoguen con todo tipo de actores, asumiendo las tensiones, los avances y los retrocesos en los procesos políticos". Aclaramos que el Kirchnerismo no tuvo origen en la izquierda ni fue antineoliberal por su pertenencia al partido Justicialista.

 

 

Izquierdas y progresismos:

la divergencia vista desde allá y desde aquí

5 de septiembre de 2018

* Eduardo Gudynas

 

Hemisferio Izquierdo

 

 

Estos son tiempos de perplejidad para muchos. Pocos años atrás se festejaban los avances de gobiernos de una “nueva izquierda” en América Latina, pero ahora hay alarma ante sus derrumbes. En esa perplejidad están inmersos muchos analistas, académicos y militantes, tanto en nuestro continente como en el norte global, que en muchos casos resulta de lo que podrían describirse como miradas “externas” que no siempre logran entender las contradicciones y riesgos que existían “dentro” de nuestros países.

Es necesaria una pausa, retomar análisis que vayan más allá de la superficialidad, sean más precisos en sus conceptos, entiendan y dialoguen con todo tipo de actores, asumiendo las tensiones, los avances y los retrocesos en los procesos políticos.

El reciente especial de Hemisferio Izquierdo sobre “Bienes Comunes” es una excusa apropiada para un aporte en ese sentido, y en especial la entrevista a Daniel Chávez (1). Este investigador, residente en Holanda y participante del Transnational Institute, reconoce su distancia con los que describe como “críticos al desarrollo” (entre los que incluye a Pablo Solón de Bolivia, Edgardo Lander de Venezuela, Arturo Escobar de EEUU / Colombia, Maristella Svampa de Argentina, y a mí mismo). El cuestionamiento de Chávez apunta a dos componentes de aquella corriente: “su crítica acérrima al rol de Estado y su incapacidad de formulación de propuestas alternativas o superadoras de lo que ellos criticaban”, aunque admite que con los años comprendió que no eran tan “ácidos” y que habían algunas “propuestas”.

Esa entrevista ejemplifica a la corriente de quienes fueron entusiastas defensores de los progresismos, se resistían a entender las contradicciones y en varios casos cuestionaban a quienes elevaban alertas. Ese tipo de posturas prevalecieron por años, y al menos desde mi experiencia, entiendo que en parte se originan desde esa postura de un “exterior” político casi siempre, epistemológico y afectivo muchas veces, y que no lograba reconocer las voces de alerta “internas”. De esa manera no se detectaron a tiempo los problemas, no se corrigieron muchas estrategias políticas, y lo que es peor, de alguna manera, no advirtieron que con eso germinó el regreso de un nuevo conservadurismo en algunos países. El énfasis en defender a toda costa a los progresismos, la disciplina partidaria o la adhesión política acrítica, y los problemas en dialogar con otros actores, seguramente jugó un papel importante en la actual debacle. Por esa razón, esta crisis política está inmersa en otra crisis más amplia, una de interpretación, y que no siempre es reconocida.

Advertencias tempranas

Sin duda los nuevos gobiernos que conquistaron el poder desde 1999, con Hugo Chávez en Venezuela, y que se difundieron en los siguientes años, como Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador o el Frente Amplio en Uruguay, implicaron una ruptura con el conservadurismo y las posturas neoliberales. Ese cambio recibió amplios respaldos tanto desde zonas rurales como ámbitos urbanos.

En una etapa inicial, y en especial desde mediados de los años 2000, buena parte de los analistas, militantes e intelectuales del amplio campo de la izquierda celebraron cambios como la reducción de la pobreza o una mayor participación estatal en las estrategias de desarrollo, especialmente vinculada a la administración de recursos mineros o petroleros. Esto es entendible. De todos modos, algunos daban unos pasos más, y sostenían que era próximo el derrumbe de los capitalismos (como se afirmaba al tiempo de la crisis financiera de 2007/8) o que no existía nada a la izquierda de esos gobiernos.

Pero poco a poco comenzaron a elevarse alertas, inicialmente desde algunas minorías y desde localidades rurales (que en varios países correspondían a comunidades campesinas o indígenas). Muchas de ellas expresaban reclamos ante los efectos negativos de ciertos tipos de estrategias, como la explotación minera, petrolero o agrícola. Recuerdo que en el año 2007, en el norte de Ecuador, líderes indígenas amazónicos me decían que la contaminación que ellos sufrían era la misma, y nada cambiaba si operaba una empresa estatal o una corporación transnacional. Esos casos mostraban que el desarrollo se organizaba de diferente manera bajo esos gobiernos pero se repetían problemática como los impactos sociales, ambientales y económicos.

Este tipo de circunstancias también se registraba en Bolivia y Venezuela, mientras que en Argentina, Brasil o Uruguay, contradicciones análogas se vivían con la liberalización desenfrenada de transgénicos, la avalancha de agroquímicos, y la proliferación de los monocultivos de exportación.

Cuando se ubica esa problemática en un marco conceptual, se puede argumentar que enfrentamos distintas variedades de desarrollo. En unos casos se organiza de modo conservador, con fuerte participación empresarial y extranjera, tal como ocurría en Chile o Colombia. En otros casos, como Uruguay, Argentina, Brasil o Venezuela, el desarrollo se instrumentaliza en clave progresista, con mayor presencia estatal y un abanico de instrumentos de compensación, sobre todo económicos. Pero en todos los casos se compartían ideas básicas sobre el desarrollo como progreso, crecimiento económico y subordinación exportadora del país como proveedor de recursos naturales.

La obsesión con ciertos parámetros económicos, incluyendo unas ideas simplistas sobre que el mero crecimiento podía generar excedentes que permitirían reducir la pobreza, hacía que incluso aquellos nuevos gobiernos insistieran en profundizar la exportación de recursos naturales para incrementar sus ingresos.

Eran los tiempos de bonanza de los altos precios de las materias primas, como soja, minerales o petróleo, lo que alimentó una notable expansión económica. Bajo esas condiciones se generaban muchos excedentes, y algunos de ellos eran captados por los Estados para, en parte, compensar a grupos afectados. Por ejemplo, si bien el gobierno Lula priorizó el apoyo a la actividad agropecuaria exportadora, especialmente sojera, esa bonanza le permitió proveer de asistencia a pequeños agricultores y movimientos sociales rurales. No resolvió sus problemas estructurales ni avanzó en una reforma agraria, pero apaciguó la protesta en el campo. Algo similar ocurrió en Uruguay. Esas compensaciones disimulaban desarreglos productivos sustantivos, el desplazamiento de prácticas tradicionales de agricultura familiar, y una creciente lista de impactos sociales y ambientales de la agroindustria. Cuando los precios internacionales cayeron, esa compensación económica se resquebrajó, regresaron los cuestionamientos y ya no pudieron disimularse los problemas que permanecían sin resolución.

Los intentos de seguir una senda distinta que podría llamarse un desarrollo de izquierda, que buscara desmontar la dependencia exportadora de materias primas, no fructificaron. Las necesidades de dinero y las tentaciones de aquellos altos precios, reforzó el perfil comercial primarizado en todos los países. La intención de aumentar la captura de excedentes, como ocurrió en la Argentina kirchnerista cuando se elevaron las retenciones a las exportaciones de granos, generó una ola de protestas sociales que forzó a un retroceso gubernamental.

Un caso todavía más extremo ocurrió en Perú, cuando asumió el gobierno Ollanta Humala en 2011 en asociación con varios partidos de izquierda. Su giro progresista chocó a los pocos meses con las exigencias de los sectores empresariales mineros y las necesidades de capital, y al no contar con capacidades para construir una alternativa, terminó recayendo en un extractivismo tan conservador, que se rompió su coalición.

 Izquierda y progresismo: dos regímenes

Este breve repaso, sin duda incompleto y esquemático, tiene por finalidad mostrar que esos gobiernos expresaban distintos estilos que de todos modos correspondían a desarrollos capitalistas como proveedores de materias primas. Eso los alejaba de las intenciones defendidas por la izquierda que les dio origen. Las izquierdas latinoamericanas siempre cuestionaron el desarrollo basado en exportar materias primas, y lo concebían como un resabio colonial. El cambio propio de los progresismos es que pasaron a defender esa condición primero como un éxito, y luego como una necesidad. Allí nace en Uruguay, pongamos por caso, la apuesta sojera y luego la obsesión con buscar petróleo, el coqueteo con el fracking o el sueño megaminero del anterior gobierno.

Estas mismas condiciones se repiten en otros terrenos, y como consecuencia se vuelve necesario distinguir entre izquierdas y progresismos. Otra cuestión distinta es si una izquierda crítica del desarrollo hubiese podido ejercer una autonomía frente a ese tipo de desarrollo bajo las condiciones que padecía América Latina; sin duda esto es discutible. Pero mi punto es que esa aspiración dejó de estar en la agenda concreta y real de esos gobiernos, y por el contrario, organizaron justificaciones y explicaciones para seguir siendo proveedores de materias primas. Esa postura, abandonando ese horizonte de cambio, es uno de los elementos específicos del progresismo, y como se dijo arriba ocurre lo mismo en otras cuestiones. Todo ello expresa un regreso a la defensa del “progreso”, por momentos en visiones próximas a las de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

El desvanecimiento de aquel impulso inicial de izquierda ocurrió de distinto modo y a diferentes ritmos en cada país. Pero en todos ellos la adhesión al desarrollo convencional jugó un papel importante, ya que si, por ejemplo, se persiste en el papel de proveedor subordinado de materias primas, se deben por un lado proteger emprendimientos como minería o petróleo, incluso ante la protesta ciudadana, y por el otro lado, aceptar las reglas de la globalización, el flujo de capital y mercancías, y normas como las de la Organización Mundial de Comercio (2). La viabilidad de ese tipo de exportaciones requiere asumir casi todas las condiciones del capitalismo global.

Ese tipo de factores terminaron conformando lo que hoy conocemos como gobiernos “progresistas”. Por lo tanto, “izquierda” y “progresismo” son regímenes políticos diferentes. Sin duda que el progresismo no es una nueva derecha ni un neoliberalismo, por más que a veces así se lo acusa. Pero tampoco es la izquierda original propia de cada país y del continente. Es también exagerado afirmar que estamos ante un “final” del progresismo (en realidad eso responde casi siempre a una mirada autocentrada de analistas argentinos o brasileños sobre sus propios países, prestándole poca atención a lo que ocurre en Uruguay, Bolivia o Ecuador).

La incapacidad de reconocer a los progresismos como un régimen político distintivo y los análisis incompletos sobre la situación en cada país, debe estar jugando papeles importantes en la perplejidad de muchos analistas, tal como se indicaba al inicio de este artículo. En ellos opera una mirada “externa” que no supo entender los síntomas “internos” que vienen acumulándose desde hace años.

Ese tipo de miradas, sean del sur como del norte, no reconocieran esa divergencia, y siguen insistiendo en que gobiernos como los de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, son la mejor y genuina expresión de una izquierda, y que además es latinoamericana y popular.

Afuera y adentro

La asimilación de los progresismos a una izquierda es esperable por quienes priorizan las adhesiones partidarias, están atemorizados por un retorno de la derecha o se aferran a un cargo en el Estado. Pero más allá de esos casos, se superponen otros análisis donde fallaron los vínculos y diálogos con las comunidades locales. Esto no quiere decir que exista mala intención, pero si es cierto que se desestiman las voces de alerta de ciertos actores.

Siguiendo recorridos como estos, se genera una narrativa sobre el devenir de la “nueva izquierda” latinoamericana que es sobre todo una construcción intelectual basada en artículos y libros, donde la conversación discurre entre las citas bibliográficas. Pero casi no se “escucha” o “entienden” las demandas que vienen desde la base ciudadana, especialmente los más desplazados en sitios marginales, como pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos, indígenas, etc. (y a pesar que buena parte de ellos fueron clave en que esos partidos ganaran las elecciones).

Posiblemente los ejemplos más conocidos de ese tipo de posiciones sean los escritos periodísticos de Atilio Borón o Emir Sader. Lo mismo ocurre con varios análisis producidos desde el hemisferio norte sobre lo que sucede en América Latina. Al leer esa literatura, casi toda escrita en inglés, se tiene la impresión que en nuestros países se vivía algo así como un paraíso de la liberación nacional, y que cualquier crítica era mera expresión de conservadores agazapados que intentaban socavar un experimento popular.

Sea en el norte o en el sur, hay analistas que presentan por ejemplo a José “Pepe” Mujica como el apóstol del ambientalismo por su discurso en las Naciones Unidas, pero nunca entendieron, ni escucharon, pongamos por caso, a las mujeres de la zona Valentines que alertaban sobre los impactos de sus planes de megaminería de hierro. Lo mismo ocurre en los demás países (3).

También se decía que los “críticos del desarrollo” se contentaban con los cuestionamientos pero no ofrecían alternativas. Esa afirmación es otro ejemplo de la escucha incompleta, ya que las alternativas iban de la mano casi desde un inicio con los cuestionamientos a los extractivismos progresistas. Es más, ese esfuerzo, conocido como transiciones post-extractivistas, está en marcha desde hace diez años en los países andinos y ya avanzó hacia otras naciones (4). A diferencia de otras exploraciones, estas alternativas otorgaban especial atención a propuestas concretas, sean en políticas como en instrumentos, desde reformas tributarias a las zonificaciones territoriales. Pero además, esa insistencia en opciones de cambio concreto eran en parte esfuerzos para recuperar una izquierda comprometida con la justicia social y ambiental.

Renovación y raíces

Tanto dentro de nuestros países como a nivel global, hay cuestionamientos al capitalismo global, como los de David Harvey, y defensas de los progresismos criollos, como las de Atilio Borón. Todas ellas pueden tener elementos valiosos. Pero esas miradas a su vez confunden capitalismo con desarrollo, y progresismo con izquierda, y por ello tienen dificultades para entender la crisis actual y para proponer alternativas. Están muchas veces restringidas a los manuales y decálogos políticos europeos o norteamericanos, y no son interculturales.

Constituyen ejemplos de ese “afuera” donde no aparecen los matices o voces interiores, como las de indígenas o campesinos, las de los jornaleros informales en los campos de soja bolivianos, o las de las negras colombianas que resisten la minería de oro. De ese modo, esa “exterioridad” pierde lo específicamente latinoamericano que se esperaría en una crítica desde nuestro continente. Los análisis de coyuntura se han debilitado, y se escapan las particularidades nacionales y locales.

Así se termina confundiendo al progresismo con la izquierda. Del mismo modo, se esquiva el espinoso análisis de cuáles son las responsabilidades de esos progresismos en generar el nuevo conservadurismo que ahora se observa, por ejemplo, en Argentina o Brasil (5). Entonces, no puede sorprender la perplejidad ante la actual crisis.

Una postura muy distinta es la crítica que se hace desde el “adentro”, y que podría describirse como “enraizada”, para tomar una imagen del colombiano Orlando Fals Borda (6). En lugar de excluirlos, se busca un diálogo con las alertas, las visiones o los reclamos locales, especialmente con quienes son directamente afectados por el desarrollo o usualmente marginados cultural y políticamente. Es un “adentro” que acepta la interculturalidad, respetando otros tipos de saberes y otras sensibilidades ante el mundo social y natural. Sin duda habrá posiciones distintas, acalorados debates, y otro tipo de contradicciones, pero será una construcción más cercana a nuestras circunstancias. Por todo esto, una renovación de lo que sería unas “izquierdas” que estén ajustadas a América Latina y al siglo XXI, deben estar social y políticamente situadas, dialogar con todos los actores y sus saberes, y entender los contextos históricos y ecológicos.

* Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo.

Notas

1) "El Estado tiene un papel muy importante que asumir en América Latina, pero también ya es ahora de que la izquierda de la región abandone la añosa visión estado-céntrica y que se abra a perspectivas como las de los comunes". Entrevista a Daniel Chavez, Hemisferio Izquierdo, 26 Julio 2018, https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2018/07/26/El-Estado-tienen-un-papel-muy-importante-que-asumir-en-Am%C3%A9rica-Latina-pero-tambi%C3%A9n-ya-es-ahora-de-que-la-izquierda-de-la-regi%C3%B3n-abandone-la-a%C3%B1osa-visi%C3%B3n-estado-c%C3%A9ntrica-y-que-se-abra-a-perspectivas-como-las-de-los-comunes-entrevista-a-Daniel-Chavez

2) Tan solo a modo de ejemplo sobre los debates acerca de los progresismos, entre las primeras alertas se destaca: El sueño de Bolívar. El desafío de las izquierdas Sudamericanas, por M. Saint-Upéry, Paidós, Barcelona, 2008. Más recientemente, ver distintas opiniones en:

El correismo al desnudo, A. Acosta (ed), Montecristi Vive, Quito, 2013.

Mito y desarrollo en Bolivia: el giro colonial del gobierno del MAS, por Silvia Rivera Cusicanqui, Plural, La Paz, 2015.

Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo, por varios autores, Entre Pueblos, Barcelona, 2016.

As contradições do Lulismo. A que ponto chegamos?, por A. Singer e I. Loureiro (orgs), Boi Tempo, São Paulo, 2016.

3) En el caso de Uruguay se vaticinaba que la llegada del Frente Amplio lanzaría un nuevo “modelo de desarrollo”, y más allá de la ambigüedad sobre el significado del término “modelo”, es evidente que eso no ocurrió. Véase sobre esa predicción: Tercer Acto. La era progresista. Hacia un nuevo modelo de desarrollo, por A. Garcé y J. Yaffé, Fin de Siglo, Montevideo, 2055.

4) Distintos documentos sobre alternativas a los extractivismos y al desarrollo en el sitio www.transiciones.olrg

5) Una ilustración de esa problemática resulta de comparar dos libros del politólogo argentino José Natanson: en 2008 prevalecía un cierto triunfalismo con lo que denominó como “nueva izquierda”, y en 2018 se analizan algunas razones del colapso kirchnerista y el triunfo del macrismo.

La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Boolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador, Debate, Buenos Aires, 2008; ¿Por qué? La rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha, Siglo XXI, Buenos Aires, 2018.

6) Hacia el socialismo raizal y otros escritos, por Orlando Falsa Borda, CEPA y Desde Abajo, Bogotá, 2007.

https://www.hemisferioizquierdo.uy/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246091

 

Prestemos atención a qué dice Emiliano Teran Mantovani sobre la situación de su país. "Estamos ante otra faceta diferente de neoliberalismo, heterodoxa, híbrida, estratégica y flexible; de permanentes reacomodos, ajustes y mutaciones, en la cual coexisten mecanismos de flexibilización y desregulación, formas de mercantilización y financiarización, comercialización (..) con intervenciones estatales, ciertas narrativas de izquierda y mecanismos selectivos de distribución social de la renta petrolera". 

 

 

 

 

Maduración neoliberal y gobierno de transición

Revolución Bolivariana 2014-2018: el "Largo Viraje"

5 de septiembre de 2018

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

El reciente anuncio del “Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica” por parte del Gobierno nacional (ago. 2018) ha llegado a ser señalado por varios sectores críticos como un “paquetazo neoliberal”. El problema es que los “paquetazos” están históricamente vinculados al recetario ortodoxo del Consenso de Washington (primordialmente estructurado por el FMI), llevado adelante mediante la «terapia de shock». Estamos ante otra faceta diferente de neoliberalismo, heterodoxa, híbrida, estratégica y flexible; de permanentes reacomodos, ajustes y mutaciones, en la cual coexisten mecanismos de flexibilización y desregulación, formas de mercantilización y financiarización, comercialización (orientación a las exportaciones y al mercado global), corporativización (organización según el modelo de negocios), o incluso formas parciales de privatización de facto, con intervenciones estatales, ciertas narrativas de izquierda y mecanismos selectivos de distribución social de la renta petrolera.

A nuestro juicio, para poder comprender este proceso en su complejidad, debemos renunciar de una vez por todas al ya viejo empeño de relacionar neoliberalismo únicamente con su forma “pura”, ortodoxa (vinculada a los años 90, al FMI, al Consenso de Washington o solamente a las privatizaciones). Los tiempos han cambiado. El costo político de la imposición de programas de ajuste mediante terapias de shock en países latinoamericanos y otros del mundo, fue y ha sido altísimo –provocando numerosas revueltas populares y caída de gobiernos–, por lo que a las autoridades gubernamentales les es también conveniente impulsar este modelo con matices, adaptaciones, grados diferenciados de intensidad y flexibilidad. El propio FMI llegó a declarar públicamente en 2016 que estaban ante un “replanteamiento de la política” de la institución, expresando autocríticas a algunos pilares de sus recetas ortodoxas.

En América Latina, el último boom de los commodities contribuyó en este proceso de versatilización del neoliberalismo Post-Consenso de Washington, lo cual pudo además viabilizarse a través de políticas de financiarización de las clases populares, utilizando múltiples mecanismos distributivos para la incorporación de buena parte de la sociedad anteriormente excluida del consumo y de los instrumentos financieros.

Si bien las recetas más ortodoxas no desaparecen en este nuevo período (si no, ¿hacia dónde se dirige el actual gobierno de Mauricio Macri en Argentina?), el posicionamiento de China en América Latina supuso también la penetración de sus particulares formas de acumulación neoliberales –«neoliberalism with chinese characteristics»(Harvey dixit)– rotuladas, por ejemplo, por las zonas económicas especiales (promovidas desde las reformas liberalizadoras de Deng Xiaoping post-1979); la promoción de endeudamiento público masivo por parte de los Estados receptores, principalmente para la expansión del sector primario; etc. En este sentido, el variado ensamblaje de modalidades y tipologías del extractivismo en la región está también marcado por las políticas del Consenso de Beijing.

Comprender las dinámicas de esto que hemos llamado el neoliberalismo mutante, es útil para visibilizarlo como un método para:

a) configurar una forma de gobernabilidad más sostenible en el tiempo;

b) allanar una transición socialmente más tolerable, ante el agotamiento y fin del ciclo progresista;

c) preparar el camino para un eventual giro a la ortodoxia u horizonte de despojo masivo, apuntando con posterioridad a políticas más crudas, ortodoxas y explícitas de neoliberalismo.

 

La maduración neoliberal: el Largo Viraje 2014-2018

Antes que un paquetazo –de la marca del «Gran Viraje» de Carlos Andrés Pérez II–, nos encontramos, tal vez, ante la etapa madura de una transición político-económica en el país, la cual inicia en 2014 y ha ido desmantelando gradualmente los pilares progresistas de la llamada Revolución Bolivariana: nacionalismo energético, democracia popular participativa, economía anti-neoliberal en favor de los más desfavorecidos y soberanía nacional.

Asistimos a un proceso de re-estructuración de la economía extractivista –lo que hemos llamado una nueva fase del extractivismo en Venezuela –, el cual se ha desarrollado como un Largo Viraje, en el que se van llevando adelante reformas legales, normativas, políticas y medidas económicas, que van dándole cada vez mayor cabida a formas de acumulación neoliberal.

Pero este proceso no hay que interpretarlo como uno lineal e inevitable. Más bien ocurre en un contexto político accidentado, inestable, volátil y de intensas disputas, que incluyen claro está, la incidencia de actores geopolíticos. Lo que es necesario resaltar es que, incluso los grupos de poder que pugnan, comparten los principios de re-estructuración económica –en consonancia con las grandes potencias foráneas, sea EEUU, China, Rusia, etc–, previendo en primeros términos la solución a los problemas internos de liquidez por parte del Estado, la recuperación y relanzamiento de la economía extractivista, el equilibrio del mercado interno, el desmontaje de obstáculos al crecimiento, el favorecimiento al capital y arreglos favorables a los inversores foráneos y, por supuesto, el mantenimiento del poder político y el control de las empresas clave del país.

El llamado ‘Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica’ es en realidad parte de un devenir económico de varios años. A pesar de que en el período 2009-2013 ya se expresaban síntomas de agotamiento del modelo de acumulación –determinados por su sesgo extractivista, la acentuación de la dependencia a los sectores primarios, la crisis mundial 2008-2009 y el “Efecto China” vivido nuevamente por Venezuela como una enfermedad holandesa– y de estancamiento político del proyecto bolivariano, es a partir de 2014 cuando comienzan a darse pasos más claros que van apuntando a una re-estructuración económica.

Una corriente pragmática va tomando el timón de ciertos sectores, como lo fue por ejemplo la gestión de Eulogio del Pino en la presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. desde 2014, comenzando a estructurar lo que llamó un “régimen especial de inversiones”, en el cual se van configurando reformas en los marcos de negocios que apuntan a la flexibilización progresiva en favor de las corporaciones transnacionales, principalmente en lo que respecta a la Faja Petrolífera del Orinoco, lo que posteriormente se tomaría como modelo en los marcos del resto de los sectores extractivos. Este mismo año aparecen las llamadas “Zonas Económicas Especiales”, una figura de una muy alta significancia, que plantea la instalación un régimen de liberalización radical de los territorios asignados para un desarrollo acelerado.

Otro elemento que destaca es la búsqueda de avance a las nuevas fronteras de los commodities, con miras a abrir nuevos polos extractivos para la captación de divisas y el relanzamiento de otros ya existentes (como por ejemplo Carbozulia). Ya en 2015 comienza a re-emerger y tomar fuerza el Arco Minero del Orinoco, lo que va a ir oficializándose en 2016, de la mano de la llamada “Agenda Económica Bolivariana”, que suponía una importante promoción del avance de fronteras, dándole especialmente a la minería un rol nunca visto anteriormente en la historia contemporánea venezolana.

Se van creando mecanismos para el incremento en la participación y poder de las empresas transnacionales en los emprendimientos extractivos, como lo estipulado en la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas (30-12-2015), que contempla la posibilidad de participación mayoritariamente privada; como lo reflejan las loas al proyecto Cardón IV (Gas offshore en Paraguaná), de inversión 100% privada (Repsol 50% y Eni 50%); como ocurre por la incapacidad financiera de PDVSA, que hace que la parte accionaria de la misma sea cubierta mediante préstamo de su socio extranjero; o en la invitación a las empresas a ser, además de accionistas, financistas de los proyectos.

Resaltamos la expansión y sofisticación de la mercantilización y financiarización de la naturaleza, que van desde la ya más vieja vinculación directa de la deuda con parte de la producción petrolera diaria (relación Fondo Chino – pago de la deuda con petróleo), al ofrecimiento de retribución a los inversores directamente con commodities (ej., el ‘atractivo’ carbón venezolano), avances en la certificación de todas las reservas mineras del país –y su consiguiente inscripción en las dinámicas de valores de las principales bolsas mundiales de commodities–, y la aparición del Petro como una denominación monetaria digital, probablemente multifuncional –como unidad de cuenta, bono y criptomoneda– respaldada con petróleo y otros “recursos naturales” a futuro.

Adicionalmente, se va haciendo más nítida, creciente y enfática la orientación de la economía nacional a las exportaciones y al mercado global (principio de comercialización), al tiempo que se hacen evidentes la introducción y posicionamiento de términos económicos propios de la ortodoxia neoliberal, lo cual se expresa claramente en los discursos que se producen en torno al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica: disciplina fiscal, crecimiento sostenido, prosperidad, equilibrio macro-económico, poderoso mercado interno, entre otros.

Leyes y medidas como la “Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva” (diciembre 2017) y el reciente decreto (2/08/2018) de exoneración del Impuesto Sobre la Renta a los enriquecimiento de PDVSA y sus empresas filiales y mixtas (que abarca a las corporaciones petroleras foráneas asociadas) –siendo que el cobro del mismo ha sido una especie de emblema histórico del ejercicio de soberanía por parte del Estado venezolano– son varios ejemplos de los mecanismos clave que van trazando el camino más próximo hasta la llegada de este último anuncio para un programa de recuperación económica.

Todo esto se ha producido en el marco de políticas diferenciadas y paradójicas de distribución de la renta, que hace coexistir, por ejemplo, la adjudicación directa de bonos a través del llamado “Carnet de la Patria”, la formalización de permanentes aumentos de los salarios nominales o políticas de corte social como el “Plan Chamba Juvenil” (para incorporar jóvenes al campo laboral), con severos recortes a las importaciones, que contrastan con el pago puntual de la deuda pública externa y su servicio; imposición de sacrificios u omisiones en relación a las dramáticas carencias de bienes de primera necesidad y servicios públicos; absoluta falta de transparencia de las cuentas públicas y asignaciones a discreción de los excedentes con base en criterios partidistas; y un aumento de la represión y control social, ante las protestas crecientes. Recursos como la emisión masiva de dinero inorgánico –reconocida recientemente por el Gobierno nacional– han permitido matizar lo que hubiese podido ser una mayor austeridad en el gasto público.

El conjunto de estas medidas distributivas no sólo no logran paliar la crisis actual –sobre todo en el caso de los sectores sociales más desfavorecidos–, sino que básicamente representan medidas compensatorias que no interrumpen el proceso de transformación y re-formateo conservador del régimen progresista previo.

 Vivir hipotecados: ¿hacia un perverso rentismo hiper-financiarizado?

La orientación del conjunto de medidas presentadas como el ‘Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica’ pudiera resumirse en la búsqueda desesperada de captación de divisas recurriendo, en una primera capa, fundamentalmente a las estructuras del sector primario (extractivismo). Para ello se centran en dos pilares: a) el Petro como unidad de cuenta y bono (y potencial criptomoneda minable), creando un sistema de anclaje del mismo a la fuerza material fundamental de la economía capitalista doméstica (petróleo y demás ‘recursos naturales’) que, ante la ruina y colapso de la producción nacional, aparece principalmente en su forma más cruda (petróleo bajo el suelo, oro en bóvedas) y como commodity a futuro; b) favorecimiento a la inversión extranjera para el deseado aumento de la “producción” de los sectores extractivos (claramente para la exportación), así como la necesidad de la recuperación fiscal y tributaria, pero que no podría perjudicar a las empresas foráneas y que debería ser cargado sobre la población de maneras selectivas y tolerables (ej. aumento del IVA con excepciones, aumento progresivo de la gasolina y cobros de la misma a través del llamado Carnet de la Patria).

Una segunda capa, se refiere a las formas de distribución de estos excedentes, divisas y recursos (como por ejemplo, la devaluación del tipo de cambio y su unificación en una sola modalidad) en las cuales, como ya se ha dicho, se promueven asignaciones precariamente paliativas (como el aumento nominal de salarios) y a discreción de los intereses político-partidistas.

En esencia, lo que queremos destacar son los peligros que conlleva este intento de anclaje y sustentación de la economía formal en una especie de nueva meta-economía, fundamentalmente especulativa, en la cual se desborda la relativa relación causal barriles de petróleo/renta petrolera, para entrar en dinámicas perversas de un tipo de rentismo de obligaciones, que tiene más un formato del tipo instrumento financiero a futuro. Esto abre el camino a la formación de una especie de fase de hiper-financiarización del capitalismo rentístico, sin poder al momento determinar qué dimensiones podría desarrollar.

Lo que complica aún más las cosas es que se crean estas obligaciones –pues se van a tener que respaldar en petróleo, divisas equivalentes o algo que haga que el Petro tenga valor, validez y credibilidad en el mercado, y que sea recaudable– a partir de crudos que son mucho más costosos, económicamente inestables y complicados de extraer, como lo son los extra-pesados de la Faja del Orinoco, lo que implica que en realidad el respaldo sería el conjunto de recursos naturales del país, la participación en los emprendimientos económicos y, en general, los bienes de la nación, concediendo soberanía a los acreedores.

Así que ya no es sólo la dependencia del rentismo de hoy, sino el de mañana y varios años más por delante. La trampa de este tipo de instrumentos es el encierro que se provoca en el círculo vicioso de la dependencia al extractivismo. Como se promueve la profundización de la extracción de petróleo, y ahora de la minería, esto consolida el hecho de que no haya otra “fortaleza económica” que el propio extractivismo –como ha ocurrido históricamente–, dejándonos en una orfandad productiva que favorece a la depreciación del valor real de la moneda, el desabastecimiento de productos nacionales, la especulación y la inflación. El devenir de la política imperante, sería la combinación de estas formas selectivas de distribución de emisiones y divisas de manera clientelar, con un aumento de la represión y control social.

Los más optimistas pedirán que se confíe en estas medidas –¿y cómo será que llegamos hasta este punto?–, las cuales serían provisionales para salir del hoyo y ahora sí, poder arrancar hacia una economía productiva. Pero no importa cuántas promesas se hagan, no hay forma de que prospere ningún programa económico si no se cuestiona y transforma radicalmente la estructura corrupta de distribución de la renta, esa misma que se ha instalado de tal manera, que ha producido la institucionalización del desfalco, y por tanto, la instalación de estas nuevas relaciones de poder, formas de desigualdad social y de hipotecamiento y devastación de la naturaleza.

La solución a esta grave crisis es fundamentalmente política.

Se nos agota el tiempo

La situación en Venezuela es dramática, en muchos sentidos, de alta gravedad y de muy sensibles tensiones políticas. La geopolítica estadounidense en América Latina, en articulación con sus aliados regionales, se ha tornado notoriamente agresiva con el país, generando medidas económicas en su contra y abriendo posibilidades para el desencadenamiento de escenarios realmente peligrosos. Pero estamos ante una disputa entre coaliciones políticas, determinada por el control del poder del Estado, los procesos de captación de renta y la gestión de los mercados y recursos naturales. Y en esta disputa los pueblos están sencillamente en un segundo plano.

Es inútil insistir en que la vía de neutralización de los sectores sociales que tomaron la bandera de cambio revolucionario, y el desmontaje paulatino de los pilares progresistas del proyecto bolivariano durante el gobierno de Nicolás Maduro, era un camino inevitable. Hay ya un largo registro de críticas y señalamientos que, desde diversos sectores del campo popular –incluyendo amplios sectores del chavismo de base– fueron alertando de medidas y políticas que debían tomar otros rumbos. A estas alturas, se evidencia que el actual gobierno está cumpliendo la tarea de configurar una transición hacia otro régimen político en el que se está combinando la maduración neoliberal y el autoritarismo.

La pregunta ante estos complejos escenarios es qué pueden hacer los pueblos para salir adelante. La izquierda no puede sólo pensar desde la ‘razón de Estado’, la real politik, o únicamente fungir como la consejera del príncipe. Mucho menos convertirse en censora de los sectores críticos, construyendo chivos expiatorios, generando sospechas criminalizadoras sobre la diversidad y pretendiendo colocarse en una posición de superioridad moral, cuando precisamente el silencio cómplice es uno de los factores que ha contribuido al crecimiento y consolidación de las tendencias restauradoras, conservadoras, autoritarias y corruptas en el Gobierno Bolivariano. La izquierda no puede disolver su proyecto ético –sencillamente no vale todo– y olvidar que su núcleo es pensar desde abajo, en clave popular.

Si hay alternativas al neoliberalismo, a la guerra, al despojo, al autoritarismo y al extractivismo, estas deberán emerger y crecer desde el seno de las bases sociales. Para ello no sólo habrá que desbordar los códigos dominantes de la política polarizada, sino crear otros nuevos.

Las enfermeras organizadas, los sectores de base que impulsan la marcha campesina, comunidades indígenas que resisten dignamente a los despojos en sus territorios, comuneros y comunas, docentes, entre otros, son voces dispersas, fragmentadas, pero en movimiento, y por tanto, son siempre horizonte de posibilidad. Y en este sentido, conviene resaltar el que es, a nuestro juicio, el gran dilema político-popular: ¿cuál será el rol del chavismo popular crítico ante esta situación? Esta parece ser la clave que podría favorecer un giro virtuoso de la situación.

Como pueblos, no tenemos más que nuestras tradiciones e historias de luchas, los saldos organizativos de los últimos años, y nuestras pulsiones y descontentos.

Se nos agota el tiempo...

 

* Emiliano Teran Mantovani es investigador asociado al Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) y miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246088

 

 

Hemos comprobado que todos los gobiernos e intelectuales progresistas defienden el capitalismo y lo ocultan pronunciándose contra el neoliberalismo. Lo cierto es que se esmeran en bloquear la autodeterminación de los pueblos y sin embargo se producen:

 

 

Las lecciones de la #MarchaCampesinaAdmirable

 2 de agosto de 2018

Por Marco Teruggi

Resumen Latinoamericano

La marcha campesina movilizó una gran solidaridad a su alrededor. Como si algo de muchos estuviera allí representado, como si ese caminar desde Portuguesa hasta Caracas hubiera excedido a quienes decidieron que esa era la acción correcta para este momento. La #MarchaCampesinaAdmirable, así nombrada con los días, operó como aglutinadora de demandas postergadas, atragantadas.

Se pueden pensar varias razones para explicarlo. En primer lugar, el tema en sí: desde comienzos de este año, y con episodios del año anterior, la cuestión campesina ha emergido en algunas agendas y medios de comunicación. Sucedió con casos públicos como la serie de desalojos en Barinas a inicio del 2017, la escuela rural quemada en Portuguesa, los 32 campesinos detenidos en la comisaría de El Vigía, las noticias periódicas de atropellos, el caso del sicariato de dos campesinos en Barinas en el mes de mayo, y las dificultades de la Comuna El Maizal para conseguir insumos para producir.

Las situaciones de injusticia, junto a la capacidad de articular respuestas comunicacionales, construyeron solidaridades alrededor de los campesinos, de una lucha histórica, contra el latifundio, por la democratización de la tierra y la producción. Se logró desandar en parte la matriz tendiente a sostener que los campesinos son roba-créditos, improductivos, y revendedores de tierras. Legitimidad entonces, central.

En segundo lugar, junto con este apoyo por una causa justa, la solidaridad se produjo como si la marcha campesina hubiera dicho algo que muchos piensan: que es necesario rectificar determinadas políticas, activar mecanismos de democracia protagónica, escuchar, movilizarse ante un escenario de retroceso que se expresa en lo urgente del cotidiano, así como en tendencias sobre puntos estratégicos. Una voz se hizo muchas voces, se vio en el recorrido, y, en particular, en Caracas.

*

No existen recetas para las revoluciones, menos aún para los tiempos de asedio de guerra que amenazan con quemar lo conquistado. Puesto a arriesgar una hipótesis diría que es necesario presionar, movilizar, para frenar las tendencias conservadoras/restauradoras que trabajan desde el interior del proceso, y avanzar sobre nuevos puntos. Dentro de la unidad del chavismo, el apoyo a Nicolás Maduro -algo que los campesinos de la marcha repitieron hasta el cansancio.

Se trata de un ejercicio complejo, por la dificultad del escenario y los oportunistas que acechan. ¿Si no se realiza ese ejercicio democrático de movilización entonces qué? ¿Quedarse a la espera de respuestas que no llegan? ¿Dejarse desalojar y sicariar? En el caso campesino se consiguieron respuestas -parciales- gracias a las presiones por varias vías. De lo contrario seguramente no hubieran existido. Una movilización como la marcha campesina es un síntoma de vitalidad del proceso.

*

Las respuestas a la marcha fueron varias. En el caso comunicacional, el apoyo/cobertura se expresó por parte de diferentes medios de comunicación que vienen trabajando sobre este tema, y de comunicadores que desde dentro de medios del Estado trataron el asunto. Ese trabajo fue clave. No existe posibilidad de victoria sin fuerza comunicacional -existen varias formas de medir las victorias, varias victorias posibles en una misma lucha.

Por otro lado, se observó un silencio en muchos medios de comunicación estatales, evidenciando la inamovilidad de la línea comunicacional oficial: nada que cuestione la matriz de un gobierno que enfrenta con todos sus esfuerzos la agresión imperial tiene espacio en pantallas. Era lo predecible.

En cuanto a las respuestas en las cercanías de Miraflores la jornada del miércoles dejó dos imágenes centrales y una en espera. Por un lado, Diosdado Cabello, como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, con su peso como figura de la revolución, recibió a una delegación de la marcha. Por otro lado, fue puesto un cordón de policía sobre la avenida Urdaneta, cerrando el paso al Palacio de Miraflores, punto final de la movilización. Ese acto tuvo un impacto simbólico, y trajo preguntas/interpelaciones. Por ejemplo: si el gobierno, en particular el presidente, dialoga con banqueros, empresarios, opositores, lo hace ante cámaras, ¿por qué la resistencia para sentarse a escuchar a quienes son parte central del proceso revolucionario, a gente de a pie, campesina, que lo reconoce y apoya?

La imagen en espera es la de Maduro: ¿recibirá a los campesinos?

*

Queda un tema, el central en este caso: la política agraria. La marcha campesina, y, en términos generales, el movimiento campesino, ha planteado varios cuestionamientos a la política agraria en curso.

Uno tiene que ver con las orientaciones centrales, donde se privilegia a la agroindustria, una decisión que se traduce en la falta de apoyos al campesinado que les permita desarrollar/ampliar la producción/distribución/comercialización en una situación económica tan compleja. Una orientación que se articula con las respuestas a medias que da la institución en muchos rescates, lo que se une a su vez a la continuidad de los atropellos: desalojos, persecuciones judiciales, complicidad de cuerpos de seguridad del Estado.

El debate alrededor de la política agraria está en el centro de la mesa. Este punto no se solucionará en un acto con la marcha campesina, ni la posible reunión con el presidente Maduro. Se trata de un punto neurálgico del debate económico en esta etapa de la revolución, de orientaciones tomadas, unidas a la situación de crisis de las empresas estatales como Agropatria, Pedro Camejo, o la poca capacidad de las instituciones dentro del Ministerio de Agricultura que deberían apoyar la producción campesina.

La pelea es peleando, y no habrá respuesta mágica ni inmediata. La marcha campesina ratificó que la inmovilidad ayuda a quienes buscan revertir lo que se alcanzó con tanta lucha. En el caso campesino costó más de 300 muertos. La solidaridad alrededor de la marcha, y sus posibles efectos desencadenantes, ya son una victoria. Queda mucho por delante.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/08/02/las-lecciones-de-la-marchacampesinaadmirable-por-marco-teruggi/

En consecuencia, insistamos, los gobiernos e intelectuales progresistas promueven los extractivismos e incluso estigmatizan a quienes luchamos por erradicarlos. Al subsumir más en el capitalismo dependiente están contra la autodeterminación de los pueblos. Tengamos en cuenta:

Agenda oculta y el futuro de la nación

11 de septiembre de 2018

 

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

 

La aprobación forzada de la ley de partidos políticos ha tenido el efecto de una bomba de aturdimiento generalizado. A tiempo de desconocer y aislar al movimiento popular y ciudadano como sujeto político, ha descolocado a la generalidad de los actores políticos y ha precipitado el adelantamiento del periodo de campaña electoral, donde el partido de gobierno y el propio oficialismo surgen como directos y preferentes beneficiarios de la astuta maniobra legislativa que los coloca en una aparente ventaja frente a toda la ciudadanía y la oposición nacional.

La candidatura ilegal, inconstitucional y antidemocrática que antes de la aprobación de la ley se encontraba en jaque y cercada por el repudio y la resistencia popular (hasta el punto de haber obligado a cambiar varias veces la agenda presidencial y desistir de participar en actos públicos donde era fuertemente interpelado), ahora pretende recuperar algo de la confianza perdida, sobre la base del desconcierto provocado.

Pero como los golpes de efecto son generalmente transitorios y efímeros, sólo hasta tanto dure y se asimile la mañosa maniobra; sea oportuno plantear la agenda que ha quedado oculta tras esta nueva “estrategia envolvente”.

Y es que más allá de esta puesta en escena que ha provocado diverso tipo de respuestas sobre lo que hay que hacer para desmontar la tramoya, y al mismo tiempo dar continuidad con mayor vigor a las estrategias para impedir la inconstitucional, ilegal y antidemocrática candidatura oficialista, lo que cabe preguntarse es cuál y qué tipo de país (sociedad, economía y Estado) queremos para después de las elecciones del 2019.

Si bien con todo acierto la resistencia ciudadana y popular decidió finalmente concentrar sus esfuerzos en defender el mandato soberano del 21F y exigir la anulación o el desistimiento de la candidatura oficialista; sin embargo, ha descuidado peligrosamente la discusión y construcción de una alternativa política (que no es lo mismo que encontrar o proponer un candidato, cayendo en el electoralismo y la pugna a las que quiere llevar el MAS para convalidar y legitimar sus propios candidatos).

Sucede que el grueso mayoritario de la resistencia nacional y ciudadana, que se había empeñado en lograr primero el desistimiento y anulación de la candidatura oficialista (rechazando a las corrientes que querían adelantarse a proponer candidatos de oposición); ahora que no existe dicho candidato de consenso, surge nuevamente la tentación de priorizar su elección, como si eso fuese a solucionar la maniobra oficialista que pretende hacer aparecer como si la candidatura de Evo Morales fuese inevitable.

Quienes se sitúan en esta corriente, dan por descontado que sólo la unidad nacional en torno a un candidato, ya sería prenda de garantía para vencer y al mismo tiempo cumplir con el objetivo de impedir la reproducción del oficialismo en el poder, así como de rescatar la democracia que todos reclaman. Sin embargo, es claro que una candidatura de ese tipo, sin programa y sin visión de país, no sólo que puede ser contraproducente, sino que puede devolvernos a la restauración neoliberal y el retorno de viejas como despreciadas prácticas políticas (con las que la derecha y los partidos tradicionales se sentirían a sus anchas). Es decir, que el remedio sería peor que la enfermedad.

Esta posibilidad, siendo que no es una opción deseable porque el pueblo y la ciudadanía así lo han expresado y puntualizado expresamente en la generalidad de sus movilizaciones, en cambio bien podría presentarse como el mal menor, no desdeñable.

No hay que olvidar que buena parte de las movilizaciones sociales que se han dado como expresión de rechazo y resistencia al intento de quiebre democrático, constitucional y de burla al mandato soberano que quiere imponer el oficialismo; ha repetido insistentemente que no quieren a Bolivia como Nicaragua, Cuba o Venezuela. Es decir, que acentúan y convierten en predominante una consigna que si bien destaca la defensa de los valores y conquistas democráticas y las libertades como un derecho irrenunciable; en cambio olvida (intencional o implícitamente), los factores económicos, sociales y de relacionamiento con la naturaleza, que son determinantes para contar con un tipo de sociedad sin explotación, en armonía entre todos, con la naturaleza y la vida.

Olvidar (ojalá que no deliberadamente), que Bolivia tampoco quiere ser como Argentina o Chile por ejemplo (que han retornado a un neoliberalismo tan nefasto como el que ya conocemos), es también parte de esa agenda que ha quedado oculta. Es decir, ha quedado detrás de la obcecada pretensión gubernamental de reproducirse en el poder a toda costa, imponer una agenda netamente electoralista, e impedir la discusión y debate sobre el tipo de país y el proyecto nacional que necesitamos construir. Todo para ocultar el agotamiento y degeneración del modelo desarrollista y salvajemente extractivista del actual gobierno.

Quienes apuntan a recuperar la democracia y defender intransigentemente el 21F, no pueden olvidar que muy a pesar del barniz democrático que tuvieron los regímenes neoliberales y la derecha tradicional que ya gobernaron, nunca (mientras gobernaron), el país pudo gozar de libertades, respeto a los derechos humanos, transparencia, protección y soberanía sobre los recursos naturales, la naturaleza y la vida.

Por tanto, no sólo urge, sino que es estratégicamente importante abrir la agenda de debate y discusión pública (no cerrada ni exclusiva de grupos iluminados), para construir la visión de país que queremos y el proyecto nacional que sustituya la farsa e impostura actuales. De eso sí depende el futuro de la nación, y no de candidatos elegidos a la topa tolondra. 

Arturo D. Villanueva Imaña, sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246361

 

 

Debemos, abajo y a la izquierda, hacer al viraje de una creciente mayoría desde la creencia en que necesita la conducción de líderes e intelectuales hacia la confianza en la autoorganización de su presente y futuro en común. En Venezuela se está creando ese poder popular de hacer a los cambios radicales.

 

 

El Maizal:

la fuerza de la estrategia comunera en Venezuela

13 de septiembre de 2018

 

Por Marco Teruggi

La Correo (Bolivia) y Correo del Alba

 

La comuna El Maizal suele ser noticia. Una de las últimas veces fue en diciembre pasado, cuando un grupo de comuneros se movilizó hasta la Plaza Bolívar de Caracas, frente a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Eran hombres y mujeres de a pie, de las tierras del maíz, café y ganado. Reclamaban que les habían robado la victoria electoral de su principal vocero a la alcaldía, Ángel Prado, pedían que se respetara la decisión popular. Despertaron solidaridad a su alrededor, un acercamiento a la causa comunera.

Nace una comunidad

El Maizal ya era una comuna de referencia. Se hizo conocer desde sus inicios en el 2009, cuando Hugo Chávez fue a grabar el programa Aló Presidente 344 a esas 2.200 hectáreas expropiadas a un ganadero. Allí se vio a Ángel y los inicios de la comuna. Era el momento de la revolución en el cual nacía y cobraba fuerza la estrategia comunal: de ese año es el primer Aló Teórico, donde Chávez ahondó acerca de la construcción de las comunas.

Nadie sabía cómo construir una comuna en ese entonces. Todo era ensayo, primeros pasos. Algunos, como en El Maizal, se pusieron la tarea al hombro y avanzaron. 22 consejos comunales entre los estados Lara y Portuguesa, una parte de llano, otra de pie de monte, 17 mil familias, potencialidad productiva agrícola y ganadera, hombres y mujeres en proceso de organización, politización, movilización desde 1999 y antes: por esas tierras hubo batallas, guerrillas, pueblo bravo. Ésas eran las coordenadas.

La construcción se hizo sobre dos pilares: el político y el económico, es decir, autogobierno y autogestión, claves de toda construcción comunal.

El pilar político significó conformar un gobierno comunal sobre las 2.200 hectáreas. Las bases primeras se formaron sobre cada consejo comunal con su respectiva asamblea de ciudadanos y ciudadanas, luego las instancias de la comuna: el parlamento, el órgano de contraloría, el legislativo, y las diferentes vocerías por cada área de desarrollo en el territorio. El ejercicio de la democracia participativa se fue trabajando en cada espacio, como ejercicio permanente, con aciertos, errores, correcciones, nuevos aciertos.

Lo segundo fue pensar el desarrollo económico del territorio. Comenzaron con siembras, como las de caraotas, y en el 2010 conformaron su primera empresa de propiedad social directa –es decir, sin participación del Estado– llamada Argimiro Gabaldón, en referencia al conocido Comandante Carache, quien peleó en la guerrilla en los años 60 en esas montañas.

El fuerte económico de la comuna se conformó alrededor del maíz: cerca de ochocientas hectáreas sembradas, tres toneladas cosechadas en el 2017. El Maizal hizo honor a su nombre.

El desarrollo de su capacidad productiva les permitió avanzar en varios proyectos, en acciones concretas financiadas por su propia fuerza: 372 casas, cuatro liceos, dos escuelas, más de mil ayudas económicas para operaciones, prótesis, recuperación de ambulancias, vehículos de la alcaldía y consejos comunales, mercados. Yohander Pineda, comunero, las enumera como quien habla de algo extraordinario que se ha hecho ordinario. Es protagonista de cada uno de esos logros, como parte de El Maizal, de la historia de hombres y mujeres que reinventaron sus vidas, rompieron el orden que los condenaba a la miseria y la sumisión, construyeron otro, en colectivo. Eso, entre otras cosas, es la revolución.

Reimpulsar el chavismo desde abajo

El Maizal se consolidó. Ese desarrollo abrió nuevos objetivos, necesidades, en lo económico y lo político. En lo productivo, además de avanzar en sus capacidades propias de siembra y ganadería, la comuna decidió abordar dos casos paradigmáticos en su territorio, dos espacios estatales en situación de deterioro y casi abandono.

El primer caso fue Porcinos del Alba, una empresa del Estado que decidieron rescatar en junio de 2017. El cuadro era crítico: quedaban cerca de 380 cochinos desnutridos de los 6.000 que se encontraban en sus inicios, camiones abandonados y desmantelados, trabajadores sin cobrar, robos permanentes. Las denuncias hechas a las instituciones no habían tenido respuesta. La comuna tomó la decisión de recuperar la empresa y asumirla junto a los trabajadores. Aportaron los primeros alimentos, la voluntad, redujeron la mortalidad en 98% y en poco tiempo ya contaban con 1.400 animales.

El segundo caso fueron las instalaciones de la Estación Experimental de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado: 98 hectáreas en estado de abandono a pesar de haber recibido financiamiento del Estado para la investigación genética y tecnológica, 790 animales de alta genética sin cuidado, lagunas de cría de cachamas inactivas. Recuperaron las instalaciones, las maquinarias, y ahora, entre otras cosas, se produce leche, queso y derivados.

El avance económico-productivo de El Maizal demostró un punto siempre cuestionado por los opositores a la revolución: las comunas sí producen. Las formas de propiedad comunal, una economía organizada por consejos comunales, comunas, pequeños productores, campesinos, pueden ser eficientes, en este caso, más que la privada y la estatal: la productividad es mayor a la que tenía el terrateniente al que se le expropiaron las tierras y la que se encontraba en las dos instalaciones que recuperaron. Ese avance generó enemistades en ambos frentes, no podía ser de otra manera.

Las nuevas metas también tuvieron que ver con lo político. La primera iniciativa tuvo lugar cuando Nicolás Maduro anunció la convocatoria a la ANC. El Maizal decidió postular a Ángel, que ganó con el 80% de los votos.

“Vamos a derrotar la mentira, como dice la burguesía, la oligarquía, los reformistas, de que los consejos comunales, el pueblo, somos una cuerda de desordenados, unos locos que mal administramos los recursos del Estado, es falso. Vamos a hacer historia, a demostrarle al mundo de que Chávez creó una tropa de hombres y mujeres con valores, y ese pueblo en la ausencia de Chávez va a asumir el reimpulso del chavismo, del proyecto bolivariano, socialista”, dijo Ángel, entre otras cosas, al saber su victoria como constituyente comunero.

A los pocos meses vino el llamado a las elecciones para alcaldes de diciembre. La comuna decidió que era necesario dar esa disputa, acceder a ese gobierno local. La razón tuvo que ver con la necesidad de romper con un desencuentro casi permanente entre alcaldía y comuna, y hacerlo a través de la forma más directa: postulando a un candidato, accediendo a ese espacio institucional. De esa manera se podrían construir mecanismos de cogobierno entre alcaldía y comunas, proyección conjunta del territorio, traspaso de competencias y recursos.

El designado fue nuevamente Ángel, y la apuesta fue ir como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido que es, en el imaginario popular, el partido de Chávez. La respuesta por parte del partido y de la institucionalidad no fue la esperada: se le negó la candidatura, y luego la victoria electoral, donde obtuvo 57.45% de los votos. Era predecible que ganara, se trata de un liderazgo construido durante años desde el trabajo de base. Las razones para no permitirle que se presentara carecieron de sustento real, se trató de una maniobra para impedirle, a él y a la comuna, que ganara la alcaldía. Así lo denunciaron los comuneros que se movilizaron a Caracas a exigir lo que habían ganado por el voto popular. Fueron rodeados de solidaridad, las puertas siguieron cerradas: Ángel, electo por la mayoría; la alcaldía, en manos de otro.

Una ciudad comunal

Una ciudad comunal. Eso dijeron al ver la batalla de la alcaldía injustamente perdida, a la vez que ganada. Ya estaba en debate, en el imaginario de varios. Esa conclusión llegó, como las demás, producto de la maduración comunal: alrededor de El Maizal, acompañadas varias veces por ellos, se fueron construyendo más comunas. El camino conjunto, político, económico, así como el territorio común y sus proyecciones, les hizo pensar en la posibilidad de unirse para conformar una nueva instancia de agregación, de gobierno y economía. Ya existen experiencias similares en el país: corredores comunales, ciudades comunales.

Ese horizonte se puso en marcha. Planean dos ciudades comunales para el municipio. Falta aún, son numerosas las tareas simultáneas que suceden en este contexto complejo, de asaltos económicos nacionales, internacionales, y ataques directos contra la comuna por parte de quienes no quieren perder aquello que fue recuperado por los comuneros. Producir es un desafío en cada uno de sus pasos: conseguir los insumos, distribuir, comercializar, ganar sin especular. ¿Cómo se sostiene una economía comunal en un escenario de guerra que tiene uno de sus epicentros en el ataque sobre la economía y nudos de corrupción en espacios claves? Prueba, ensayo, error, mucha voluntad y empeño, fue la respuesta.

La comuna El Maizal se ha transformado en una referencia en sí y algo más: una demostración de la potencia de la estrategia comunal desarrollada por Chávez. La razón de El Maizal es la razón de Chávez. La prueba de que se pueden poner en marcha formas de economía y política que cargan la fuerza de un horizonte socialista dentro de un proceso de transición. Seguirán día tras día en la construcción de autogobierno, de autogestión, de ciudades comunales, del movimiento comunero que busca reagruparse y dar nuevas batallas. Seguirán porque nadie los quitará de la verdad que han construido.

* Publicado en revista La Correo No. 78, septiembre de 2018 / www.lacorreo.com

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246458

 

 

Verificamos cómo esa construcción de la autodeterminación de los pueblos exige lucha de clases, confrontación con el Capital Estado.

 

 

Entrevista a Reinaldo Iturriza:

el movimiento comunero debe disputar poder

Resumen Latinoamericano*, 25 de agosto 2018.

Este 25 de agosto tuvo lugar una asamblea nacional comunera convocada por El Maizal y la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, que se realizará en El Maizal. ¿Cuáles podrían ser los desafíos actuales para el movimiento comunero? ¿En qué situación se encuentran las comunas? Reinaldo Iturriza analiza el panorama.

 

¿Cómo ves el cuadro general del proceso comunal en esta etapa?

El sujeto comunal está allí, es un espacio que permanece, aunque está muy de bajo perfil. En parte porque hay una suerte de incomprensión sobre la importancia estratégica del espacio comunal y del sujeto comunal, hay que recordar que la comuna es parte de un territorio y es un sujeto político, un sujeto de derecho. Y desde el punto de vista de la dinámica comunal misma, hay un evidente repliegue político, que también tiene que ver en parte con esa incomprensión desde arriba.

No es que se haya abandonado la lucha, pero está ocurriendo algo muy similar a un desencuentro. No es que no exista relación, evidentemente la hay, existe un plan de siembra comunal, por ejemplo, pero a propósito de esto predomina un malestar con respecto al trato por lo general poco favorable que recibe el sujeto. No porque sea un sujeto que espere prácticas propias de la política corporativista, sino porque es un sujeto que sabe y conoce cuál es su importancia estratégica, que no está apostando a sembrar para enriquecerse sino a producir lo que necesitamos para alimentarnos. Un sector tan politizado, al ver cómo se favorece a otros sectores de la sociedad y no al sujeto comunal reacciona con malestar.

Por las propias características del sujeto chavista, en la medida en que se acentúe la crisis de relación con el gobierno, le cuesta mucho articularse, porque depende bastante de esa relación. La articulación pasa por esa relación de mediación, que es la que en buena medida explica que exista el chavismo. No hay que perder nunca de vista que la revolución bolivariana funcionó así desde el origen. Un hombre, Chávez, con su liderazgo extraordinario, que al mismo tiempo es hechura de ese sujeto, ocupa el gobierno, tiene control del Estado y lo pone al servicio de ese sujeto, y va produciendo y creando espacios. Eso está en crisis.

Eso tiene otras explicaciones importantes, como un repliegue que es previo. Hay una percepción de que el objetivo del horizonte estratégico se perdió parcialmente, y eso es justamente lo que causa el repliegue. No tiene que ver con inmadurez de las masas, no es infantilismo, no es un gesto de malcriadez política. Hay un repliegue porque hay una evaluación sobre la manera de actuar la clase política, y esto hay que manejarlo bien como concepto, porque se habla demasiado de la figura de Nicolás Maduro y eso no permite entender la situación, porque soslaya la lucha de clases a lo interno del chavismo y del gobierno.

 

¿Existe lo que podríamos denominar un movimiento comunero? 

Creo que sí lo hay. No existe realmente algo así como una multiplicación de comunas por el territorio nacional que luego comienzan a articularse. Hay experiencias de organización y agregación que son inclusive previas a las comunas, por eso cuando aparecen formalmente las comunas, en muchos lugares existen ya como corredores, ya con la intención de constituirse en ciudades comunales. Si lo vemos como sujetos de derecho, estamos hablando de formas de agregación a mayor escala.

Pero no es eso solamente, es un movimiento, un sujeto que tiene formas concretas de organizarse, que se agrega a mayor escala, pero eso sucede porque existe como movimiento. Está presente en territorios más o menos amplios, y se reconoce como tal, hay una identidad, hay un horizonte específicamente comunal que está vinculado con el horizonte general estratégico.

Es un movimiento con unos importantes niveles de dispersión, con una dificultad importante para lograr niveles de articulación. Eso siempre ha sido así, pero se agudiza por la situación económica actual y por la crisis de relación con el Estado, lo cual favorece dinámicas más bien locales y autorreferenciales. Donde hay territorios en los que el nivel de politización es mayor, hay más claridad de la necesidad de que los niveles de articulación sean mayores, entonces se dan relaciones entre unas experiencias y otras para complementarse.

En vistas del encuentro ¿cuáles crees que pueden ser unos primeros pasos conjuntos en función de un reagrupamiento, con objetivos, una agenda política y económica?

Hay una disputa muy fuerte en el gobierno. Es un momento muy complejo en el que hay que ser muy responsables a la hora de establecer alianzas e identificar aliados allí. Las alianzas, sean cuales sean, deben pasar por ratificar el apoyo a Nicolás Maduro. Digo esto, aunque parezca obvio, porque hay líneas de fuerza que más o menos visiblemente están procurando debilitarlo, al considerarlo como una figura que inevitablemente tiene que estar allí, pero ente la oportunidad de desplazarlo lo desplazan. Desde El Maizal, espacio del cual me siento parte y con todo lo que ha pasado, eso está totalmente claro, hay que apoyar a Nicolás.

El encuentro me parece positivo, es importante es garantizar que eso que se viene analizando y se discuta se traduzca en acuerdos y garantizar que se cumplan. Lograr una articulación mínima para fortalecerlo económicamente. Es necesario trabajar todo el tema de la autonomía, con respecto a la semilla y los insumos, la no dependencia de terceros, pero no estoy de acuerdo con la postura de que hay que dejar de disputar al Estado, es un error político muy grave. Creo que el movimiento comunal no puede dejar de disputar poder, y poder es recursos, poder es renta.

Fortalecerse económicamente, trascender la dinámica autorreferente, porque es más o menos donde estamos ahorita, para progresivamente hacer del movimiento comunero un movimiento capaz de disputar. Nosotros no podemos apartar de nuestro horizonte político la noción de disputa y de conflicto. Obviamente luego de acordar estos principios, hay millones de consideraciones tácticas, como definir cuál es la disputa correcta ahorita. Pero yo incluso veo tendencias a decir que ya no hay nada que disputar, que hay que conformarse, me parece muy grave. Y luego está el tema de la formación, el tema de la soberanía, del control de los territorios, la milicia, pero yo diría que esos es lo central en lo político.

*Prensa Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/08/26/entrevista-a-reinaldo-iturriza-el-movimiento-comunero-debe-disputar-poder/

---

Venezuela: Declaración de El Maizal

Resumen Latinoamericano, 25 de agosto 2018.

74 comunas provenientes de Apure, Táchira, Barinas, Lara, Yaracuy, Portuguesa y Mérida, nos hemos reunido este sábado 25 de agosto en tierras de El Maizal. El encuentro organizado por El Maizal y la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, donde se acercó una delegación de la Marcha Campesina Admirable, La Red Nacional de Comuneros y Comuneras, el Movimiento de Trabajadores sin Tierra de Brasil y el Movimiento Patria Grande de Argentina, fue el primer paso para avanzar en un reimpulso del movimiento comunal nacional.

La actividad se dio en el contexto nacional marcado por las iniciativas económicas tomadas por el gobierno, así como por las amenazas provenientes de los Estados Unidos y sus aliados internacionales y nacionales. En ese contexto respaldamos al gobierno, la iniciativa para estabilizar y relanzar la economía, así como nos pronunciamos en defensa unitaria de nuestra patria.

El objetivo de reimpulsar el movimiento comunero se da dentro de la necesidad de avanzar hacia objetivos postergados, así como nuevas metas: insumos para la producción, adjudicación de tierras comunales, transferencia de competencias, servicios, así como un espacio de diálogo con el gobierno para acercar propuestas políticas y planes productivos. Vemos que se han hecho mesas de negociación con empresarios, banqueros, importadores, pero no con comuneros y comuneras, ni con otros sectores de nuestra gente organizada. El plan económico del gobierno no puede dejar de lado en su diseño a quienes producimos, organizamos y avanzamos en el horizonte socialista que proyectó Chávez.

Salir del momento de quietud requiere construir una agenda propia, que nazca desde el encuentro comunal con comunas de todo el país, que se establezcan objetivos a alcanzar, para lo cual tendremos necesariamente que luchar, estar movilizados(as) en los estados y a nivel nacional. No lograremos obtener insumos, apoyos, transferencias, sin un proceso de movilización, organización, cuestionamiento de los errores, lucha contra las mafias, la corrupción, que son parte central para explicar la situación actual.

Damos este primer paso desde la aldea universitaria recuperada por el movimiento comunero de Simón Planas porque creemos que ese es el camino: avanzar en comunalizar los espacios, recuperar lo que fue mal llevado por quienes rifaron logros de la revolución, defender las conquistas, proyectar nuevos avances como son las ciudades comunales y demás formas de agregación de comunas, de gobierno comunal, democracia participativa.

Debemos inventar, tomar la iniciativa, construir pasos que dependan de nuestras propias fuerzas y desde allí dar la disputa por lo nuestro.

Desde aquí convocamos a profundizar este camino de articulación, unidad, construcción de una alianza comunera que incorpore a otros actores, como son los campesinos y las campesinas, que, muchas veces, también somos nosotros(as) mismos(as) en nuestros territorios. Existe una agenda de lucha dispersa, debemos unirla, planificar victorias, avances en este contexto de dificultades, amenazas, a la vez que oportunidades que nacen de este pueblo que libra una inmensa batalla contra la guerra y contra quienes buscan terminar con el proceso revolucionario desde dentro. Con la certeza de Chávez: comuna o nada.

 Firman:

Comuna Socialista El Maizal, Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora,  Ciudad Comunal Campesina Socialista Simón Bolívar (conformada por ocho comunas), Ciudad Comunal Juan Pablo Peñaloza (conformada por cinco comunas), Comuna Socialista Sarare, Comuna Socialista Lanceros de Ature, Comuna Río Cenizo, Comuna Andillana, Comuna Patria De Bolívar, Comuna Ezequiel Zamora, Comuna Moliturística Riveras Del Río Acequias, Comuna Pedro Briceño Méndez, Comuna Los Sueños De Bolívar Y Zamora, Comuna Herederos De Chávez, Comuna Pie De Monte, Comuna Ezequiel Zamora I, Comuna San José, Comuna Cordillera Andina, Comuna El Portal Bolivariano, Comuna La Machiri, Comuna Juan Pablo Peñaloza, Comuna Simón Bolívar Vive, Comuna Simón Bolívar 200, Comuna Eli Gerardo Medina, Comuna Cacique Guaicaipuro, Comuna Alí Primera II, Comuna Espada De Bolívar, Comuna Estero De María La Gorda, Comuna Cuartel De La Montaña 4F, Comuna Chávez Vive, Comuna Guerreros De Azua, Comuna Juan Milla, Comuna Orimiquire, Comuna Unión De Los Pueblos Socialistas, Comuna Árbol De Las Tres Raíces, Comuna Quebrada Del Guayabal, Comuna Simón Rodríguez Comuna Juan De Los Santos Contreras, Comuna Jesús De Nazaret, Comuna Brisas Del Río Sarare, Comuna Riveras De Periquera, Comuna La Periquera, Comuna Gran Samario, Comuna Unión Del Llano, Comuna Montaña E La Puerta, Comuna Antonio José De Sucre, Comuna Che Guevara, Comuna Jesús Romero Anselmi, Comuna El Carmen, Comuna Espada De Bolívar, Comuna Manuelita, Comuna Vencedores De Monte Bello, Comuna Cuatro De Febrero, Comuna Negro Primero, Comuna Julián Mellado, Comuna Cuatro Raíces, Comuna Trinidad 1913, Comuna Las Colonias Del Viento, Comuna La Revolución En Progreso, Comuna Monte De Sinaí, Comuna Paraíso Del Llano, Comuna Caño Los Pájaros, Comuna Socioproductiva Libertadores Del Sur, Comuna Libertadores de la Patria, Comuna Guardianes de La Patria.            Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/08/26/venezuela-declaracion-de-el-maizal/