Qué Economía

Septiembre 2018


Con reterritorialización de grandes áreas, millones de litros de agua a envenenar y enormes subsidios para petroleras.

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Recordemos que entre el 2001 y 2002  la mayoría de los diversos de abajo bonaerenses ocupamos algunos de los principales espacios públicos para rechazar el neoliberalismo y la democracia representativa. Hoy este desafío se ha profundizado en su claridad respecto a ese Nunca Más. Lo percibimos centrado en el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales. Hemos descubierto que la democracia representativa no es antagónica a la dictadura genocida de los setenta sino que la continuó legalizando y legitimando la acumulación de quienes planificaron y financiaron al genocidio para implantar su constante crecimiento oligopólico a costa de una incesante expansión de la miseria planificada por ellos como anticipara Rodolfo Walsh. También destapamos que el progresismo o neodesarrollismo coincide con el neoliberalismo en ir contra la autodeterminación de nuestros pueblos al promover:

 "El actual paradigma extractivista, modelo desnacionalizado que sostiene la desigual relación NORTE-SUR, se ha visibilizado en este territorio austral, alimentando al sistema capitalista mundial con nuevos territorios vaciables y sacrificables (Svampa 2011) o de acumulación por desposesión (Harvey 2004)".

Mauricio Macri anunció la primera exportación hidrocarburífera desde Vaca Muerta y asoció el proyecto sobre aumento de la misma con futuro luminoso mientras Cristina Fernández de Kirchner señaló que ella lo hace posible. Es decir, tanto el neoliberalismo como el neodesarrollismo menosprecian los ecocidios-genocidios que ese progreso del capitalismo dependiente causa. No les importa que Neuquén y otras provincias dejarán de ser habitables como tampoco dan relevancia a la desaparición forzada de pequeños-medianos productores, campesinos e indígenas mediante la ocupación económica territorial del país-continente por el sistema imperialista de agronegocios.

 

Entre los diversos de abajo debemos unirnos sin fronteras para resistir el avasallamiento de derechos implícitos en la expropiación transnacionalizadora de nuestros territorios. Como ayer nos unimos con los uruguayos contra el megaemprendimiento finlandés de una pastera, hoy la defensa de la Patagonia interpela no sólo a quienes la componen a ambos lados de la cordillera sino también a todos quienes componemos ambos países y estamos decididos a luchar contra el sistema mundo capitalista y a favor de la vida.

 

Las luchas antiextractivistas nos enseñan sobre cómo la disputa por la Patagonia con las transnacionales y socios locales se está dando en Chile.

 

La Patagonia en escena:

Auge minero, demanda energética y geopolítica del neoliberalismo*

 

Juan Carlos Rodríguez Torrent, Universidad de Valparaíso. Nicolás Gissi Barbieri, Universidad de Concepción. Francisco Ther Ríos, Universidad de Los Lagos. Patricio Medina Hernández, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

 

Resumen. Esta presentación refiere a un trabajo en curso y cuyas reflexiones son parte de las discusiones del Proyecto Fondecyt 1120795 “Etnografía de la colonización y recolonización de Chiloé Continental. Actores, intercambios y conflictos”, y plantea algunos de los problemas territoriales y sociales que se manifiestan en el marco de la ampliación del imaginario simbólico y material del país, a través de la visibilización de los potenciales mineros, hídricos, madereros, lacustres y acuícolas de la región de la Patagonia, en Chiloé Continental, y de los recientes asociados a la creación de nuevos tramos de la Carretera Austral.

 

Trata sobre superposición y coexistencia de los distintos imaginarios y emprendimientos en y sobre el territorio y las expropiaciones ecoterritoriales y socioculturales, los conflictos de interés entre lo tradicional y lo modernizante, la presencia del Estado, las comunidades locales, inversores privados y transnacionales; revisa los modos de apropiación territorial, la reterritorialización y desterritorialización que sufre la región, como parte de una estrategia de aseguramiento de los centros mundiales de consumo y acumulación, mediante el control, acceso y disposición de los recursos naturales para la reproducción del modelo, donde el Estado aparece como subsidiario de esta lógica.

 

I. Globalización, nuevas vecindades y lógicas opuestas

Una de las principales características de la globalización es el hecho de que disminuye las distancias físicas y virtuales entre los países y los pueblos del mundo, producto de las transformaciones generadas en las tecnologías de las comunicaciones y la información, así como por la disminución en el costo de los transportes. Se debilitan las barreras fronterizas a los flujos de capitales, bienes, conocimientos y personas, tendiendo a aumentar las interacciones entre entidades (países, empresas, pueblos) previamente distantes.

 

Las economías de mercado y las democracias representativas facilitan tales intercambios y las redes internacionales, tanto de “dominadores” (globalización hegemónica) como de “dominados” (globalización contra-hegemónica) se ven expandidas (Stiglitz, 2002; Santos, 2005), avanzando hasta zonas remotas en búsqueda de recursos. Reconocemos en este contacto un incuestionable impacto en el espacio y en el territorio, ya que los efectos se manifiestan en lo ambiental y en lo socio-cultural dentro de las fronteras que marcan y delimitan las comunidades.

 

Las interacciones dan paso a un marco sociocrítico de análisis sobre las nuevas configuraciones productivas en términos espaciales y territoriales, ya que los efectos se expresan en términos poblacionales, laborales y de estratificación social y de jerarquización de los territorios, pues se impone una nueva geografía de oportunidades para las poblaciones, así como para las regiones. Esta condición expresa mucho respecto de lo que han advertido economistas latinoamericanos sobre la paradoja de “la abundancia que empobrece” (Acosta, 2009), a propósito de la riqueza de nuestros recursos naturales que circulan por el mundo y que no se acompañan localmente con una superación de las desigualdades socio-económicas, ya que se trata de un modelo especulativo y rentista que opera para muchos actores críticos con la lógica de la piratería.

 

Gran parte de este análisis incluye una nueva sensibilidad, lo que da paso al reconocimiento de las trayectorias vitales de las comunidades y sus territorios, ganando un creciente lugar en el mundo académico y en el debate público, las cuales devienen como sujetos de derecho en la agenda que enfrenta a la gran industria del siglo XXI (Alimonda, 2011; Escobar, 2000, 2008, 2011; Machado, 2011; Svampa, 2009, 2011).

 

La adición de esta “nueva dimensión social” implica, aunque con diferentes niveles de conciencia en los distintos rubros y empresas, que para iniciarse un proyecto minero, forestal, energético, pesquero o agroindustrial se debe obtener una “licencia social” de parte de las comunidades vecinas, es decir, la consideración de las voces locales. Es de destacar que estos crecientes contactos, muchas veces entre actores de lógicas opuestas y con distintos poderes y accesos a la información y comunicación, conllevan graves conflictos de interés y acción. Este es el caso de las relaciones entre las empresas posfordistas y las comunidades locales contemporáneas, vínculo que ha sido homologado al de David y Goliat (Bellier, 2011).

 

Las firmas transnacionales se caracterizan por ser organizaciones complejas y jerárquicas, basadas en instituciones como el mercado y en principios neo/liberales como la competencia, la productividad y el ascenso individual. Por su parte, las comunidades suelen caracterizarse territorialmente por ser más bien horizontales, basadas en instituciones tradicionales como la etnia, la familia y la amistad, y en principios como la reciprocidad, la confianza y la lealtad (Adler et al. 2008). Vemos de esta manera que se ha ido gestando un imaginario global que opone nativos a neo-colonizadores, naturaleza a capitalismo, comunidad a Imperio, espiritualidad a materialismo, contra-poniendo a los actores entre chico/grande, débil/fuerte, víctima (posible) y victimario (posible). Estas representaciones son explícitas con respecto a las diferencias y asimetrías existentes entre ambos actores respecto de sus capacidades y dispositivos para presentar lo deseable y lo necesario e invitan a discutir y construir un nuevo paradigma en las relaciones, prácticas y estrategias empresariales; tal como fue planteado por Darcy Ribeiro como “expansión de la civilización”, proceso observado en los análisis de los procesos aculturativos. Sin duda, este vínculo empresa/comunidad es disímil para los actores, generándose inquietudes para las compañías, que tienden a visualizarlo como un “costo”, y temores desde las comunidades, que tienden a percibirlas como un peligro. En un mundo cada día más sensible a las desigualdades implícitas al crecimiento económico, a los daños ambientales, como también cada vez más respetuoso de las diversidades socio-culturales, las compañías se enfrentan al reto de que las comunidades aledañas acepten sus proyectos, acercándose, conociéndose mutuamente y logrando su confianza2 , disminuyendo la ambivalencia característica entre ambos actores (Banco Mundial, 2005). Al mismo tiempo, las (…)

 

El conflicto es y será permanente entre el modelo de desarrollo sustentado en un capitalismo desterritorializado, modelo extractivista, sin límites y sin fronteras; y las comunidades localizadas donde están las fuentes de recursos y se materializan los impactos ambientales y sociales. El conflicto no puede ser pensado al margen de una condición de encogimiento del espacio y de un proceso de reterritorialización, es decir un imaginario discursivo yuxtapuesto sobre los tradicionales, porque la expansión de las actividades capitalistas no se pueden desarrollar sin una incursión sobre los nuevos recursos ubicados en los complejos naturales, no explorados, poco intervenidos o no intervenidos. “La intencionalidad” es una condición básica en la existencia de este modelo de acumulación, porque las acciones y objetos son inestables y entran en un proceso constante de “disolución y recreación del sentido” (Santos, 2000: 21). Estos conflictos e impactos implican que las actividades tradicionales puedan abandonar su centralidad productiva, que son sostén de lo familiar y local.

 

De este modo surge la noción de frontera, entendida como el punto límite del territorio que se redefine de manera continua, al ser disputado de diferentes modos y por distintos grupos humanos (Martins, 2009: 10). Así se disputa un espacio y sus recursos desde perspectivas culturales y económicas que lo significan como lugares y territorios distintos. Analíticamente y conceptualmente, el espacio es el continente más amplio, lo que no tiene límites; el lugar es el núcleo de densificación significativa donde se desarrolla la experiencia vital; y el territorio, es el espacio cultural, instrumental e históricamente apropiado por una sociedad, que por lo común implica nociones de frontera (Barabas, 2004:1)

 

La frontera es el mejor lugar para observar cómo las sociedades se forman, se desorganizan y se reproducen. En la frontera los hombres y sus lógicas se encuentran y desencuentran. La frontera, por tanto, en modo alguno refiere sólo a lo geográfico, ya que simultáneamente también es y ha sido, la frontera de la civilización para las comunidades que han vivido en las periferias de los núcleos de los estados nacionales; la frontera espacial, la frontera de culturas y visiones de mundo, la frontera de la historia (Martins, 2009: 10-11). En el sur de Chile, la condición de frontera de Chiloé continental, presenta condiciones deseables para servir los objetivos de la demanda. Aquí observamos, las presiones en lo que ha sido un creciente proceso de transformación del espacio en territorio, marcado éste por un conjunto de actores visibles e invisibles, de rutas y nuevos objetos de circulación a partir de la apertura de la Carretera Austral, la que corresponde a una ruta de penetración por espacios terrestres que por décadas permanecieron aislados y no conectados. Existe un proceso en curso caracterizado por la colonización y re-colonización del territorio por parte del Estado, en el que participan pobladores autóctonos y alóctonos, así como por la presencia de capital nacional y transnacional en las ciudades y comunas de Hornopirén, Chaitén, Futaleufú y Palena, en la Región de Los Lagos. En este devenir se están superponiendo imaginarios e intereses económicos y geopolíticos de comunidades tradicionales, empresas turísticas, compañías extractivistas y productivas, grupos ambientalistas, todos operando en lo que constituye un “nuevo Dorado”.

 

Lo importante, es observar la tensión fáctica que se da en este proceso de ofensiva de colonización norte – sur, entre espacio, lugar y territorio. Esto es, entre lo más amplio, el paisaje, que tiene a partir de su preexistencia una connotación más estética; el lugar, que representa los puntos de densificación significativa donde encontramos a la población; y, el territorio, donde observamos el espacio cultural, instrumental y sus apropiaciones históricas (Barabás, 2004). Por cierto, una de sus particularidades es la confrontación entre lo puramente geográfico y político administrativo, ante lo territorial simbólico. Sin ser territorios étnicos, hay un reclamo geopolítico de quienes lo han usado históricamente, es decir, un enriquecimiento simbólico del territorio en cuanto hay una apropiación representacional que está más allá del lugar, que instala un cierto derecho colectivo y de larga duración. En esto, por cierto, el abandono por parte del Estado ha sido una llave para visibilizar y realzar la Patagonia como un lugar apropiado. “La naturaleza o el espacio pueden ser concebidos sin límites, pero los territorios habitados y apropiados sí los tienen” (Barabás, 2004: 148), lo que indica que un territorio no sólo ofrece lo que pudiésemos llamar recursos escasos, sino construcciones y cargas simbólicas que ponen límites al hacerlos lugar.

 

La reterritorialización de la Patagonia se da a través de la elongación de las fronteras agrícolas, pesqueras y mineras que dan forma al “frente pionero” (Martins, 2009) y es producto de la combinación eficiente y planificada entre lo “fijado” en cada lugar (sistemas naturales o activos naturales y sociales) y lo “móvil”, que está definido por lo nuevo o renovado proveniente de una fuente externa que recrea lo ambiental y lo social (Santos, 2000: 53-54). Esta combinación entre fijos y flujos es lo que otorga las características de un territorio rizomático, discontinuo y rugoso (Deleuze y Guattari, 2004), espacialmente fragmentado y distinto al tradicional. Por tanto no hay declinación del territorio, sino una “explosión” que da paso a la “multiterritorialidad” (Haesbaert, 2010: 338) y a la formación de territorios red, sobrepuestos o discontinuos como forma opuesta al capitalismo clásico de territorios zonas. La territorialidad, sin más, corresponde a la articulación específica entre naturaleza y sociedad; y, el territorio corresponde a la forma de habitar, de cualificar y ocupar el espacio. He ahí el conflicto patagónico. Por una parte, el espacio está desprovisto del habitar, es decir, de su carga simbólica, por lo que es puro valor de cambio. Por otra, aparece su valor de uso.

 

Así, la Patagonia espacio bi-nacional (Chile-Argentina), con un millón de kilómetros de tierra firme “disponible”, y ubicado entre los paralelos 39º y 59º de latitud sur en Sudamérica, ha pasado durante las dos últimas décadas a convertirse en un territorio protagónico para el futuro desarrollo económico, pasando a ser sus localidades nuevos lugares de múltiples conflictos de intereses. Históricamente la historia nacional chilena ha estado cruzada por el desconocimiento general y menosprecio de la Patagonia; sus colonos abandonados, poblados carentes de servicios y conectividad y un imaginario con tintes utópicos sobre suelos, subsuelos y ciudades plenas de riquezas. Sin embargo hoy, estos territorios comienzan a llenarse de interés y significado en la consolidación de la soberanía nacional, a través de un proceso de reterritorialización, puesta en valor a través de la Carretera Austral como discurso del desarrollo y de la integración, el mayor despliegue de la institucionalidad del Estado y la presencia de intereses corporativos transnacionales.

 

Dentro de este contexto, es que se desarrolla el “Movimiento Social por la Región de Aysén”, zona de la Patagonia chilena, colindante con las comunas mencionadas de Chiloé continental. Ocurrido durante los meses de febrero y marzo del año 2012, en su petitorio al gobierno central incluía demandas de combustibles a precios subvencionados, servicios médicos especializados, salarios regionalizados, infraestructura para la educación superior, transporte, administración y regionalización de los recursos naturales: hidro-biológicos, silvo-agropecuarios, agua y minería. Las protestas locales implicaron corte de caminos, acceso a mineras y suministro eléctrico, tomas de muelles, puertos y aeródromos. Se mostraba así una frustración de larga data en la población, acusando al Estado de Chile de olvidarlos y abandonarlos. Conectados con la valoración del espacio y el paisaje, y las amenazas sobre el mismo por parte del capital transnacional por iniciativas como Hydroaysén y otras, el movimiento social generó la simpatía de gran parte de la población chilena. Destacan en este movimiento social la articulación de las redes locales horizontales de manera rápida y eficiente contrastando con la lenta y torpe respuesta vertical por parte del gobierno central, ubicado a 1.500 kilómetros y neutralizados por las tomas de carreteras y otros lugares estratégicos del territorio.

 

La consigna “Aysén, tu problema es mi problema” se transformó en consigna a escala nacional. La visibilización de la demanda en lo que podría ser la “agenda política nacional”, sólo fue posible por la capacidad del actor local de lograr alianzas extraregionales, la toma de conciencia del valor de recursos regionales no explotados, la desconfianza en las empresas de exploración minera y energética, y una evaluación negativa respecto del Estado y la clase política.

 

Ahora bien, esta ambivalente imagen entre un negativo desierto austral y un maravilloso “Dorado” sureño, están año a año inclinándose hacia la exploración de sus suelos y aguas en búsqueda de las añoradas riquezas naturales. En este desafío han jugado un papel protagónico una vez más las empresas, nacionales y transnacionales. Aquí lo ejemplificaremos por medio del caso de la pequeña localidad de Futaleufú, la que con menos de 2.000 habitantes se convierte en un punto nodal y complejo, donde claramente se aprecia la nula relación entre “morfología espacial” y “morfología social” (Bonnin, 2009: 9) o entre continente y contenido. II. La “nueva colonización” de la Patagonia. La colonización de la Patagonia occidental se inició a comienzos del siglo XX, caracterizándose por un esfuerzo por domesticar la naturaleza, la que había sido impenetrable e inhóspita para quienes se aventuraban en ella. Poco a poco se fue transformando el bosque en espacios para la vida campesina. Hasta la década de 1990 las localidades de Futaleufú, Chaitén, Hornopirén y Palena eran fundamentalmente territorios campesinos, madereros y pesqueros, de acuerdo a la geografía y recursos de cada espacio.

 

Sin embargo, en los años 80’ el gobierno militar de Pinochet (1973-1990) empezó a ver con otros ojos a estos incipientes asentamientos. La belleza paisajística y la riqueza en recursos naturales convertían a la Patagonia en una zona a colonizar definitivamente, a chilenizar. Se decidió entonces iniciar la construcción de la Carretera Longitudinal Austral, traspasando la frontera de la selva valdiviana, y mejorando así la integración al territorio nacional, la que sólo se hacía por mar, en pequeños aviones o accediendo vía terrestre por Argentina. La Patagonia adquiría un destino turístico venturoso, recibiendo sus poblados luz eléctrica recién durante los años 90’. Con la apertura territorial, en el camino aparece Futaleufú (río grande, en mapudungun), un fronterizo y mediterráneo poblado fundado en 1929, por décadas más argentino que chileno, sin adscripción nacional clara. Ahora bien, el Estado no fue la única institución que se interesó en acceder e invertir en el territorio signado por la secular leyenda de la o las Ciudad(es) de los César(es). La compañía energética española Endesa, utilizando todas las prebendas y garantías de la “ley de aguas” en la que el recurso está separado de la tierra, porque aunque es un “bien de uso público” lo es también de “uso económico” (Larraín, 2012: 21), compró los derechos del río del mismo nombre, principal atractivo del ecoturismo en la zona, visitado mayormente por estadounidenses, israelitas y chilenos para practicar kayak y rafting5 . Con la adquisición de los derechos del río por la transnacional se visibiliza a Futaleufú en la órbita mundial; de inmediato se generaron diferencias de interés entre la empresa y la comunidad, la que demandó no afectar los recursos naturales asociados al río, aceptando esta nueva vocación económica de su localidad.

 

En la década de 1990 la Corporación Nacional Forestal (Conaf) creó la Reserva Nacional Futaleufú, la que forma parte de la Reserva de la Biósfera Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes6 , destacándose por caídas de agua, senderos y miradores, además de por la diversidad forestal, de fauna y aves (Neira y Torres, 2012). Hacia el año 2000 nuevos capitales extranjeros llegan a la zona, esta vez con la lógica y discurso de la ecología profunda, pero igualmente con fines lucrativos. Es la empresa (y Fundación) Patagonia Sur, la que adquiere tierras para venderlas más tarde a grandes inversionistas que se destaquen por su interés en la conservación. Es el caso del famoso Douglas Tompkins, quien creó el Fundo La Confluencia, el cual tiene una extensión de 491 hectáreas. El rubro minero también ha estado explorando el territorio, abriendo caminos para la entrada y salida de materia prima, maquinaria, personal e insumos. Han destacado durante la última década las inversiones efectuadas por las mineras Geocom Resourses (estadounidense) y Kinross Gold Corp (canadiense), las que se asociaron para llevar acabo 13 iniciativas en una extensión de 3.800 hectáreas de territorio patagónico, por lo que ya se habla de una nueva “fiebre del oro”; este Proyecto Espolón, que además necesita generar energía eléctrica, no demoró en generar un movimiento ciudadano en Futaleufú, dirigido por la agrupación “Aguas Libres”, en contra de tales prospecciones.

 

De este modo se generan entre las empresas, el gobierno local y la comunidad, disímiles imágenes respecto de cuál debiera ser el principal eje de desarrollo de la zona, porque existe una valoración diferenciada de los recursos y el territorio. La actividad agro-pecuaria, el turismo, la conservación ecológica y la industria minera “empujan” para lograr sus respectivos propósitos, definiendo un “campo de posibles” –en términos de Bourdieu-, usualmente no conciliables. En este campo se presentan las posiciones diferenciadas de los agentes participantes. Se trata de distintos ethos socioambientales, de modos de vida tradicionales y modernos, con fines productivos, de explotación, de conservación y contemplación, los que conllevan sus propias reglas; de principios filosóficos, políticos y económicos, mayor o menormente racionalizados, que valorizan de manera disímil el campo-territorio. Así, es posible encontrar un conjunto de antinomias narrativas: explotación – conservación, invasivas – tradicionales, locales – globales, vida – acumulación, horizontal – vertical. En este sentido, Futaleufú con estas tensiones estaría territorializándose y reterritorializándose por las distintas lógicas y narrativas, porque su conformación socioambiental no es ni definitiva ni absoluta, siendo la proyectada carretera austral no sólo una penetración física en el espacio, sino más bien una penetración discursiva en el territorio; siendo de esta manera una re-territorialización.

 

A partir de la complejidad de actores, imaginarios y apropiaciones, avanza hacia un territorio transnacional, cruzado por la economía-mundo (Wallerstein, 1979), por varias lógicas, distintos intereses, visibles e invisibles; “contextualizado”, “demarcado por el dominio económico”, porque avanza hacia una “ciudad [región] productiva” por su rol de generadora de riqueza (Baudouin, 2009: 189). Mientras tanto, para el Estado la población le ha sido indiferente, teniendo más protagonismo la flora y la fauna que las personas, y ahora, su potencial hídrico y metálico. III.

 

Conclusiones y reflexiones finales.

El actual paradigma extractivista, modelo desnacionalizado que sostiene la desigual relación NORTE-SUR, se ha visibilizado en este territorio austral, alimentando al sistema capitalista mundial con nuevos territorios vaciables y sacrificables (Svampa 2011) o de acumulación por desposesión (Harvey 2004). Año a año aumenta la presión de las corporaciones transnacionales por los recursos y las localidades, descubriéndose y reafirmándose a través de las exploraciones empresariales la secular leyenda de la Ciudad de los Césares y sus recursos naturales.

 

Sin embargo, las poblaciones locales han entrado en un proceso de reflexión y organización social, al tomar conciencia de que estas corporaciones podrían desposesionarlas de los recursos y las riquezas que ellos sienten son parte de su lugar y de su territorio, más que de su región e inclusive de su país. De este modo, la narrativa del desarrollo sustentable o sostenible ha empezado a hacer eco en las poblaciones patagónicas, reivindicando un modelo de desarrollo diferente. Así, en la última década el territorio patagónico se ha transformado en un “campo de posibles”, en distintos campos discursivos, en campo de disputas de hegemonías y construcciones de sentido.

 

Por una parte distintos grupos de intereses locales, ambientales y particulares; y, por otra, el Estado y toda su institucionalidad garantista y condescendiente con el capital nacional y transnacional, los cuales se superponen a las prácticas, vivencias y tradiciones de los habitantes permanentes de aquellos territorios. Las poblaciones y los poblados son sitiados y situados, es decir, son visibilizados por el capital transnacional y por el Estado de Chile, que paradójicamente como “garantista” se ha desnacionalizado. Esto ha conllevado a que las poblaciones han empezado a conocer y visualizar a “actores invisibles” (Neira y Torres op.cit), aprendiendo a negociar y a buscar alianzas en las ciudades entre los trabajadores independientes, los estudiantes, los intelectuales y los medios de comunicación. Estas alianzas son las que permiten la “sobrevivencia” de algunos asentamientos, entendiendo que lo que les sucede se generaliza nacionalmente a través de un sentimiento colectivo de usurpación de la riqueza por las corporaciones, junto a la connivencia de la clase política que favorece un modelo de economía extractivista que no ha generado inclusión social. En este territorio de “posibles” se experimenta una evidente contradicción respecto del pasado, presente y futuro.

 

Por una parte, localmente se confronta y enfrenta al Estado de Chile por el abandono histórico de las poblaciones colonizadoras hasta el día de hoy, las que geopolíticamente por décadas han realizado soberanía en un territorio de frontera (sin escuelas, sin consultorios de salud, sin instituciones); y, por otra, emerge el empoderamiento de las poblaciones en tanto ciudadanos sujetos de derecho, de la toma de conciencia del valor que poseen en la actualidad para el Estado de Chile y “el progreso nacional”, quienes reconocen la riqueza de sus territorios y recursos, tanto para el capital nacional como transnacional. Así, asentamientos con baja población o puntos invisibilizados en el mapa para el resto de los chilenos y el mundo, adquieren un protagonismo insospechado al encontrarse en sus territorios las riquezas más altamente demandadas por el modelo de acumulación, los que inclusive ponen en jaque o cuestionan proyectos de inversión en otras regiones del país o de otros países, tratándose de materias primas como el cobre o el hierro.

 

Existe además, una importante sinergia en estas exploraciones australes entre minería y agua, así como entre minería y matriz energética, ya que una supercarretera de conducción eléctrica puede llevar la energía necesaria desde la Patagonia hasta el desierto más árido del mundo en el norte de Chile. Lo importante, además, es que se trata de la conexión entre dos territorios polares y limítrofes en el mapa de Chile, y que tienen la menor densidad poblacional. Entre otras cosas, esto significa que los recursos mineros y el potencial energético de la región patagónica pueden evitar entrar en el espacio intermedio del país que es donde habita el Chile más urbano (Santiago, Valparaíso y Concepción), lo que revela la condición de verticalidad del modelo de acumulación. Estas nuevas configuraciones socioambientales obligan a revisar la categoría de “colono”. En efecto, nos encontramos hoy en día ante nuevos actores que re-colonizan la Patagonia, lo que hemos denominado la “nueva colonización”, una colonización en tiempos de globalización, con nuevas vecindades y lógicas opuestas, las que van desde los clásicos modelos de desarrollo, los modelos sustentables, la ecología profunda y el desarrollo local y autogestionado. Una nueva territorialización con nuevos significados sobre el espacio y sus recursos.

 

* La presentación del trabajo, al grupo Nº 20 Sociología del Desarrollo, se inscribe dentro del Proyecto Fondecyt 1120795 “Etnografía de la colonización y recolonización de Chiloé Continental. Actores, intercambios y conflictos”.

Fuente: https://sociologiadesarrollo.files.wordpress.com/2012/10/juan-carlos-rodriguez.pdf

 

 

Las luchas antiextractivistas nos enseñan sobre cómo el fracking pone en riesgo no sólo a las provincias petroleras pero también sobre que nuestra oposición debe hacerse desde un enfoque integral.

 

 

 

Declaración de la Cumbre Antifracking de Paraná
11 de mayo de 2015

Por OPSur

Los asambleístas reunidos en la Cumbre de Paraná agradecemos la participación de vecinos de todo el continente que nos ayudaron en estas dos jornadas a profundizar nuestra conciencia sobre los riesgos del sistema de fractura hidráulica para la vida.

Saludamos especialmente a los compañeros que viajaron de lejos, y reconocemos el esfuerzo de los organizadores del encuentro: la Asamblea de integración por territorios libres de fracking y el Movimiento Entre Ríos libre de fracking.

Resaltamos la elección del 2 de Agosto como el Día de la Argentina libre de fracking, en homenaje a la lucha de las asambleas para tomar y generar conciencia ambiental y anticolonial.

Coincidimos en la necesidad de trabajar con sinceridad y unidad para sostenernos en principios firmes ante el atropello de las multinacionales y sus socios.

Reclamamos en forma unánime la derogación de la Ley Antiterrorista y de la última reforma de la Ley de Hidrocarburos hecha a la medida de grupos concentrados.

Instamos a los organismos del estado a iniciar con seriedad estudios para el reemplazo de la petróleo dependencia por energías limpias, renovables y sustentables. Debemos resolver qué tipo de energía, para qué y para quiénes, y luchar por su democratización.

 

Sostenemos que la lucha contra la fractura hidráulica tiene bases sólidas en las asambleas y debe acentuarse en una red de asambleas que traspase las fronteras, y en la incorporación de las más diversas personas y organizaciones sociales, políticas, universitarias, periodísticas, científicas, sindicales, artísticas, etc. Valoramos la presencia de precandidatos partidarios que firmaron su compromiso de prohibición del fracking en Entre Ríos.

 

Reivindicamos la actitud de las asambleas y demás organizaciones para estudiar, conocer, compartir conocimientos y manifestarse en las calles como lo hicimos el 8 de mayo en Paraná, frente al Juzgado Federal en reclamo por el desprocesamiento de los compañeros militantes. No a la criminalización de las protestas.

 

No ignoramos que el atropello de las multinacionales y sus socios internos, particularmente en el estado para instalar el fracking, se repite en los atropellos del capital financiero, los agrotóxicos, los transgénicos, la minería a cielo abierto, los represamientos de ríos de llanura, la contaminación de arroyos y todas las aguas superficiales, y del extractivismo en todas sus manifestaciones.

Apoyamos las acciones para declarar municipios libres de fracking, y los proyectos para declarar a Entre Ríos, a la Argentina y a Uruguay libres de fracking.

Valoramos los aportes extraordinarios de esta Cumbre para conocer lo que ocurre en Colombia, México, Uruguay, los Estados Unidos, Brasil, Bolivia y las regiones de la Argentina. Coincidimos en la gravedad de la situación ambiental del mundo, y nos comprometemos a estudiar las herramientas que nos ofreció el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, para enfrentar el fracking en materia penal, sin limitar por eso nuestras luchas al plano jurídico. Atendemos la idea de crear una Corte internacional por delitos ambientales. Nos comprometemos a estudiar y actuar para hacer responsables a los directorios de las multinacionales y los funcionarios públicos de los delitos de lesa humanidad por violaciones al ambiente. Están advertidos.

Exigimos la investigación de las deudas externas, considerando que el fracking está relacionado directamente con las debilidades económicas de nuestros países por padecer el pago de la deuda fraudulenta que realizan los estados.

 

Entendemos que la información que poseemos y las interpretaciones del significado del fracking y problemas asociados deben ser trabajados en las aulas de nuestras escuelas y colegios, para lo cual valoramos especialmente el aporte que puedan hacer y hacen los sindicatos docentes.

Sostenemos que la conciencia sobre la importancia del agua como derecho esencial para la vida y sobre nuestra pertenencia a un sistema armónico que nos contiene debe ser contemplada para garantizar el agua limpia, el aire limpio y el suelo fértil para todas las especies y todas las generaciones. Reconocemos en la sede de esta Cumbre el antecedente histórico de la lucha en defensa del río libre que impidió el represamiento del Paraná Medio.

 

Nos comprometemos a no ceder en la conciencia y en la lucha mientras haya un sitio con fracking en la región. Y nos solidarizamos en especial con los luchadores de la Patagonia que resisten la embestida, conscientes de que nuestro territorio ha sido condenado al sacrificio por las corporaciones.

Cuando los pueblos se unen pueden proteger sus territorios y bienes comunes, como lo demuestran las naciones que han prohibido o declarado moratorias sobre el fracking.

Reafirmamos nuestro compromiso por territorios libres de fracking.

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/05/11/declaracion-de-la-cumbre-antifracking-de-parana/

 

 

Las luchas antiextractivistas nos enseñan sobre significados e implicancias de YPF-Chevron

 

 

 

Negocios insaciables:

Estados, transnacionales, derechos humanos y agua

30 de abril de 2015

Autores

Lluís Basteiro Bertoli (Coord.), Lidia Serreno Tur (Coord.) y col.

Albert Pérez, Lluís Basteiro Bertoli, Antonio Rodríguez-Carmona,

Miguel Castro, Marc Gavaldà, Hernán Scandizzo, Libia Arenal Lora,

Mónica Vargas Collazos y María Jurado.

En la oleada más virulenta de la globalización neoliberal, asistimos a un proceso de privatización, mercantilización y acaparamiento de ciertos bienes que, por su naturaleza, son vitales para la protección de la dignidad y de la vida humana.

 

Nos referimos al agua, a la tierra, a los alimentos, a los recursos energéticos, y a todos aquellos bienes cuya limitación a su acceso, disfrute o garantía podría poner en serio peligro el ejercicio de una amplia gama de derechos humanos (DDHH) reconocidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Algunos de estos bienes, incluso han sido elevados a la categoría de derechos humanos, como es el caso del agua, mediante Resolución de la Asamblea General de la ONU del año 2010. (...)

 

 

***Capítulo 2

Casos de estudio:

El agua en sectores estratégicos y vulneraciones de derechos humanos

Texaco en la Amazonía ecuatoriana:

De la impunidad a la sentencia emblemática

Albert Pérez, Ingeniería sin Fronteras, Cataluña

Históricamente el modelo de desarrollo del Ecuador ha obedecido a las necesidades de la

industria hidrocarburífera, colocando al Estado, a su Gobierno y a los recursos hídricos,

al servicio de las políticas neoliberales auspiciadas por organismos internacionales e internalizando

los costos ecológicos, sanitarios, sociales y culturales que se han derivado del

proceso. La operación de Texaco en la Amazonía ecuatoriana ilustra perfectamente este

hecho y sus resultados derivados. (...)

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Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Objetos_Relacionados/NEGOCIOS_INSACIABLES_-_ESTADOS_TRANSNACIONALES_DERECHOS_HUMANOS_Y_AGUA

 

La llamada “peor empresa del mundo” ha dejado una estela de impactos en los distintos países por los que ha pasado, debido a su actuar racista y sus criterios meramente economicistas. En el presente boletín revisamos los impactos del “Chernobyl de América Latina”, la catástrofe ambiental dejada por la empresa en la Amazonía ecuatoriana, directamente relacionada con su violento ingreso al territorio argentino.

Chevron-Texaco en Ecuador

Durante veintiséis años, entre 1964 a 1990, la empresa petrolera Texaco, hoy Chevron, desarrolló sus actividades de explotación en la Amazonía Ecuatoriana, en la frontera con Colombia. Cuando la empresa llegó a esta zona de gran biodiversidad, los únicos habitantes de la selva eran los Pueblos Indígenas Siekopai, Cofan, Siona, Secoya, Kichwa, Shuar y Wuaorani y algunos colonos que llegaron a la zona partir de los años ’50 como parte de la búsqueda de nuevas tierras para la producción agrícola, la ganadería, la explotación forestal. Debido a la presión social y del propio gobierno ecuatoriano, entre 1995 y 1998 la empresa Texaco realizó operaciones destinadas a la limpieza del crudo y desechos que había dejado al concluir sus operaciones. Dicha limpieza, llamada remediación, no cumplió con sus objetivos ni con los mínimos estándares internacionales según un peritaje realizado posteriormente. La selva y sus habitantes siguen sufriendo las consecuencias de la contaminación de la petrolera.

En 1993 un grupo de campesinos e indígenas amazónicos, en representación de otras 30.000 personas, iniciaron en las Cortes de Nueva York una demanda exigiendo la remediación ambiental del desastre causado por la operación de ChevroTexaco en contra de las operaciones petroleras que durante 25 años había realizado Texaco en Ecuador. Tras un largo período de tiempo, en el que se discutió si esa Corte era el foro conveniente o no, los magistrados decidieron que la demanda debía ser remitida a Ecuador. En 2003 comenzó el juicio, comprometiéndose Chevron (que en 2001 se había fusionado con Texaco) a acatar el veredicto de los tribunales ecuatorianos. Tras años de inspecciones y peritajes, finalmente la Corte Provincial de Nueva Loja consideró que Chevron-Texaco era culpable de la contaminación registrada en diferentes sitios de la Amazonía y la condenó a pagar cerca de US$ 9.500 millones para realizar la remediación ambiental del territorio y pedir disculpas públicas a los afectados que, de no hacerlo, la multa sería duplicada. Posteriormente, la sentencia fue ratificada tanto la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema que, aunque rechazó los recursos interpuestos por la petrolera, eliminó el pedido de perdón a los afectados debido a que consideró que esa figura, llamada “daños punitivos”, no existía en el ordenamiento jurídico de Ecuador.

Sin embargo, debido a que Chevron retiró sus activos de Ecuador los afectados debieron iniciar acciones judiciales en otros países -como Brasil, Canadá y Argentina- con el objetivo de que se ejecute la sentencia. La homologación de la sentencia ecuatoriana en cualquiera de esos países es la única vía legal por la cual podría conseguirse la remediación ambiental en el territorio afectado. (…)

Chevron en Argentina

En noviembre de 2012 el juez civil Adrián Elcuj Miranda embargó el flujo de caja de Chevron Argentina, acogiendo una rogatoria internacional emanada desde los tribunales ecuatorianos para hacer cumplir la sentencia en Ecuador. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmara la sentencia del juez de primera instancia. En junio de 2013, el máximo tribunal nacional dejó sin efecto la sentencia, haciendo lugar a un dictamen de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien consideraba el embargo constituía un riesgo para “la política energética y el desarrollo económico del país, así como con las finanzas públicas”. Tras el voto político de la Corte Suprema, no sólo se le negó la justicia a los afectados ecuatorianos sino que se abrió la puerta para que, un mes después, YPF firmara con Chevron el primer acuerdo para explorar el yacimiento Vaca Muerta, al interior de la comunidad mapuche Campo Maripe. Un acuerdo que viola el derecho indígena ya que no se implementó el mecanismo de consulta previa que, en Argentina, asiste a los pueblos indígenas. Este convenio devino en la explotación y es el primero de su tipo al sur del Río Bravo por lo que se considera a Chevron como una pionera en el impulso global del fracking. En aquel momento el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, denunció que la Corte Suprema le estaba otorgando impunidad a una de las petroleras más cuestionadas del mundo y sentaba jurisprudencia en contra de los pueblos latinoamericanos. Los afectados ecuatorianos, por su parte, han hecho hincapié en que la única manera en que pueda ejecutarse la sentencia es a través del cobro a las subsidiarias. “Chevron Corp. opera íntegramente a través de subsidiarias en todo el mundo, y no genera ningún ingreso distinto de los dividendos que recibe de dichas subsidiarias”, señaló en junio el equipo de abogados que demandó a Chevron en Argentina.

Los afectados por Chevron en Ecuador y la Comunidad Campo Maripe se reunieron en diciembre de 2013 para compartir experiencias y buscar articulaciones conjuntas en la lucha común contra la petrolera. Actualmente la comunidad mapuche continúa denunciando la violación de su territorio por el acuerdo Chevron-YPF y busca impedir que se siga utilizando la cuestionada técnica del fracking en él, que multiplica el riesgo de contaminación en la zona. Tras la visita de los ecuatorianos, en Buenos Aires se conformó una Red de Solidaridad con los Afectados por Chevron, espacio que en conjunto con la Confederación Mapuche de Neuquén y la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, organizarán el 21 de mayo el Día Internacional Anti Chevron en Neuquén y Buenos Aires; en simultáneo se realizarán acciones en otros países -como Rumania, Estados Unidos, Francia, Ecuador, Nigeria, España y Brasil- que también son afectados por el accionar de Chevron. El objetivo de esa jornada es hacer un llamado de atención al mundo sobre la estela de desastres ambientales que ha dejado la empresa en los distintos lugares donde operó, mostrando un verdadero prontuario de conductas irresponsables.
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2014/05/cartilla-1.pdf

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Montecristi vive al país

Justicia y verdad ante el atropello petrolero transnacional

14 de septiembre de 2018

Por Alberto Acosta y Juan Cuvi (Rebelión)

La Corte de la Haya ha fallado de forma ilegítima -e insólita- dando la razón a la petrolera Chevron-Texaco. Sin haber escuchado a las víctimas (comunidades afectadas y Naturaleza), la Corte resolvió un oscuro laudo que afecta los derechos justamente de esas víctimas. Ante esto, manifestamos nuestra enérgica condena.

El resultado de este juicio nace de múltiples inoperancias y complicidades acumuladas desde que empezó el litigio entre Texaco -hoy Chevron- y sus víctimas hace más de 25 años. La lucha de las comunidades afectadas denota constancia y valor al enfrentar a uno de los consorcios transnacionales más poderosos del planeta. El arbitraje, cuyo fallo estamos condenando, es apenas un capítulo más de un tortuoso camino.

Destacamos, firmes, que lo crucial es el derecho de las comunidades afectadas a la reparación y de la Naturaleza a la restauración, como dispone la Constitución de Montecristi. Pero no podemos olvidar que precisamente el gobierno de los entonces presidente Rafael Correa y vicepresidente Lenín Moreno aceptó tal arbitraje, violando claramente la Constitución, la cual prohíbe “ceder soberanía a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”(Art. 422).

Además de una defensa mediocre, el proceso está plagado de arbitrariedades, como las presiones de Correa para que, en 2016, las comunidades afectadas no cobren el dinero que les correspondía; el objetivo fue congraciarse con el mercado internacional para colocar bonos soberanos, según Correa evitando las presiones de Chevron contra dicha operación financiera. Igualmente está la manipulación mediática desplegada por el correísmo desde 2013, cuando levantó una millonaria campaña publicitaria en contra de la petrolera pero como mero dispositivo legitimador, pues apenas unos días antes autorizó la explotación petrolera en el Yasuní-ITT. La misma injerencia gubernamental -y corrupta- en la justicia brindó pretextos útiles para que un tribunal que decide sobre empresas e inversiones -lo cual nada tiene que ver con los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza- falle en contra de los derechos de los principales afectados.

El gobierno de Lenín Moreno no debe aceptar esta decisión y sólo escudarse en ejercer el derecho a la repetición. Moreno está obligado, ética y políticamente, a armar una estrategia jurídica y diplomática que defienda los derechos de los afectados (comunidades de indígenas y colonos, Naturaleza); debe rechazar categóricamente las pretensiones de Chevron y desplegar una gran ofensiva legal que plantee la nulidad del fallo de la Corte de La Haya como única opción apegada al derecho y a la defensa de la soberanía.

Dada la opacidad de diferentes gobiernos y administraciones de justicia que han alcahueteado los intereses de la Chevron-Texaco por más de 25 años, Montecristi Vive exige crear una Comisión de la Verdad que esclarezca el papel de las autoridades políticas y judiciales en este proceso y que defina responsabilidades por las omisiones o irregularidades cometidas. Los juicios de repetición deben aplicarse a todos los responsables de haber provocado un desenlace que puede afectar gravemente al patrimonio nacional.

Apoyamos las acciones necesarias para que Chevron-Texaco asuma su responsabilidad luego de atentar contra los Derechos Humanos y de la Naturaleza, luego de atentar por años contra la vida.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246494

En consecuencia, cuando proponemos la «reforma agraria anticapitalista» estamos hablando que los diversos de abajo se autoorganicen en comunidades de recuperación de los territorios a lo largo y ancho del país-continente para erradicar al Capital-Estado por sus planes criminales. Se trata de poner fin tanto al neoliberalismo como al progresismo que coinciden en propulsar los extractivismos contra los pueblos. Sólo los pueblos pueden y deben protagonizar su emancipación del sistema mundo capitalista. Lo están concretando sabiendo bien porqué lo hacen y cómo llevar a cabo los cambios radicales.

 

Chile: Los territorios se movilizan hacia

la III Marcha Nacional por el Agua
17 de marzo de 2015

Por tercer año consecutivo, diversas organizaciones territoriales y comunidades a lo largo y ancho del país, se coordinan para concretar la Tercera Marcha Nacional por la Recuperación y Defensa del Agua y la Vida que se realizará el 22 de abril en el marco del Día de la Tierra. Sin embargo, diversas comunidades ya comienzan a movilizarse desde sus territorios este mes de marzo con actividades locales en el marco del Día del Agua.

El Movimiento por la Recuperación y Defensa del Agua y la Vida inicia un mes de actividades territoriales, autónomas, autogestionadas y descentralizadas para elevar la voz en torno a la necesidad de modificar la actual administración del agua. Esto porque desde las diversas organizaciones entienden este líquido vital como bien común que no se debe tranzar en el mercado, pues, al igual que otros elementos de la naturaleza, son vida y no son propiedad transable en monedas.

 

Esta coordinación con diferentes organizaciones a nivel nacional, que cumple tres años realizando diferentes acciones en torno al agua, coordina diversas actividades de esta forma. La novedad de este año es que la marcha nacional se realizará en el Puerto Principal, como una apuesta por presionar a los Parlamentarios a que abran espacios para la discusión y modifiquen el actual Código de Aguas firmado por Augusto Pinochet en 1981.

 

El año pasado fueron miles de personas las que, desde cuatro columnas (norte, sur, este y oeste), se congregaron en el Parque Almagro para cerrar la caminata con un gran acto artístico cultural donde el protagonismo estuvo de parte de las comunidades que viajaron desde los territorios especialmente a difundir sus problemáticas locales en el marco de una demanda común a nivel nacional. Lea más aquí Diversos grupos musicales apoyaron la actividad.

Como parte de sus actividades, la Radio de los Pueblos transmitió de forma ininterrumpida este hito en el mundo medioambiental. Largas horas de transmisión durante ese 26 de abril de 2014 en un esfuerzo de comunicadores y comunicadores comunitarios y populares permiten hoy revivir esta marcha por el agua.

 

Transmisión Marcha por el Agua (parte 1)

http://www.ivoox.com/transmision-marcha-agua-parte-1-audios-mp3_rf_3068381_1.html

Transmisión Marcha por el Agua (parte 2)

http://www.ivoox.com/transmision-marcha-agua-parte-2-audios-mp3_rf_3068402_1.html

Transmisión Marcha por el Agua (parte 3)

http://www.ivoox.com/transmision-marcha-agua-parte-3-audios-mp3_rf_3068466_1.html

En tanto, el año 2013 fue una heróica caminata de varios kilómetros que se inició tanto desde el sur como desde el norte. Tras 33 kilómetros caminados, las más de 200 personas que salieron desde Til Til -simbólicamente representando a las comunidades del norte-, avanzaron durante ocho horas hasta Quilicura donde durmieron la noche del 25 de abril para iniciar el último trayecto e ingresar por la Ruta 5 Norte a la Alameda.

marcha agua norteLo mismo hicieron diversas organizaciones del sur del país que caminaron desde Buin a Nos en cuatro horas aproximadamente -representando simbólicamente a las comunidades del sur-. Desde ese punto, tras el descanso recomponedor, marcharon el 21 hasta la Capital donde se encontraron los caminantes del sur con los del norte con la columna que había salido desde la Estación del Metro Universidad de Santiago con las organizaciones de la Región Metropolitana.

Fueron miles las personas que caminaron con el simbolismo que implicaba el caminar desde los territorios del norte y del sur en la lucha por la defensa y recuperación del agua, concretándose sin incidentes la histórica Primera Marcha por la Defensa y Recuperación del Agua y la Vida.

Este año, el hito se concretará en Valparaíso este 22 de abril a las 11:00 hrs, desde Playa Ancha como una forma de presionar al Congreso de abrir espacios para la discusión así como modificaciones sustantivas para terminar con la mercantilización de este bien común.

La marcha ya se inició

El Movimiento cuenta con que cada territorio se movilice por la recuperación y defensa del agua y la vida, pero hasta este momento las informaciones son que:

Para este sábado 21 de marzo se están haciendo grandes esfuerzos para realizar una marcha – pasacalle y acto artístico cultural titulado “Hacia la recuperación de las aguas, por la defensa de los territorios”, a partir de las diez de la mañana. El punto de encuentro es en calle Prat con León Gallo (plazoletita ciclovía, antes de Isla Cautín), donde se dará inicio a la marcha pasacalle.

El recorrido terminará en la Plaza Teodoro Schmidt o Lautaro donde se realizará un importante acto artístico cultural.

Esta jornada es levantada por diversas expresiones sociales, que de manera autónoma y autogestionada, busca de manera amplia, consciente y contundente, poner en el centro de la agenda pública el problema de la sequía, la usurpación del agua, la contaminación y la diferente situación de los territorios.

En Arica, el mismo día se realizará una actividad informativa en el espacio del agro, donde los agricultores locales venden sus productos ya que son ellos cómo afecta la contaminacion y problemas con el agua

En Santiago las actividades comenzaron este sábado 14 de marzo, en miras a la movilización territorial que se realizará el 21 de marzo. Tanto en La Victoria como en La Florida se realizaron actividades de preparación. En la población se hizo una jornada de pinta murales informativos. En tanto, en el Huerto La Berenjena y la Biblioteca El Amaranto se hizo una actividad de difusión similar. En ambos territorios se informó sobre el Pasacalle que este sábado 21 de marzo se realizará por los paseos peatonales del centro de la ciudad.

De todas maneras, la convocatoria afirme es para este 21 a las 11 de la mañana en Ahumada con Alameda y, junto a un pasacalle, entregar información a los transeúntes en medio de consignas para despertar la defensa del agua en cada persona.

Más información en www.aguaenmarcha.cl

Si usted está organizando una actividad en el marco del Día del Agua este 21 o 22 de marzo, comuníquese con semillasdeagua@gmail.com y ayudamos con la difusión.

 

Las siete demandas del Movimiento por la Recuperación y Defensa del Agua

Tras intensas discusiones en años anteriores, se logró establecer siete demandas puntuales para luchar por la recuperación y defensa del agua y la vida.

1. Fin al lucro: El agua es un bien común, y tal como Chile reconoció en Naciones Unidas, es un derecho humano básico, y debe ser consagrado como tal en nuestra Constitución, dejando de este modo de ser una mercancía regulada por el mercado.

2. Propiedad colectiva: El agua es de la vida y de todos los seres que de ella dependen, por lo tanto, el rol del Estado no es asignarla en propiedad, sino que garantizar, bajo una lógica territorial, una gestión democrática, racional, equitativa y eficiente del agua. Para ello, es vital incorporar prioridades de uso, de manera que el uso asociado a agua para bebida, servicios sanitarios e higiénicos, producción de alimentos y mantención de los ecosistemas, tenga preferencia por sobre otras actividades productivas. Del mismo modo, se debe recuperar el control público sobre el abastecimiento y saneamiento del agua de bebida para la población.

3. Gestión comunitaria: Los pueblos tenemos el derecho de determinar los modos de vivir que deseamos. Decidir colectivamente los usos y cuidados que queremos darle a nuestras aguas es vital para viabilizar los proyectos locales y definir la cultura que debemos generar para que sean posibles. Por lo tanto, se hace urgente establecer una moratoria al centralista modelo de desarrollo minero, forestal, energético y agroalimentario que se ha impuesto en nuestros territorios, de modo de evaluar entre todos y todas, seria y rigurosamente los costos y beneficios que este ha traído a las regiones, el país y el planeta.

4. Derogación de los instrumentos privatizadores: El agua y la tierra son indivisibles, tal como lo comprenden todas las cosmovisiones campesinas e indígenas, por lo tanto, se deben derogar todos los instrumentos que fracturan este principio elemental, como el Código de Aguas y el Tratado Binacional Minero, de modo que el agua deje de ser un derecho empresarial inalienable, contra la vida y la sustentabilidad de las comunidades y los ecosistemas.

5. Leyes para la vida: Debemos dictar con urgencia una ley que proteja los ambientes fragilizados, en especial los ecosistemas glaciares y periglaciares, para preservar las nacientes de nuestras cuencas y la continuidad y sustentabilidad de los flujos hídricos.

6. Restructuración institucional: Es imprescindible que la institucionalidad, especialmente la Dirección General de Aguas, detenga sus conductas criminales, entregando más derechos de agua de lo que las cuencas pueden recargar, y resolviendo cuestiones técnicas en virtud decriterios político económicos. La institucionalidad que regule las aguas, no puede ser una pantalla democrática del saqueo, debe desburocratizarse ahora, estar al servicio de las comunidades y tener facultades y competencias para garantizar el buen uso de las aguas.

7. Fin a la criminalización de la protesta social: Las comunidades y organizaciones que hemos evidenciado las consecuencias del extractivísimo y nos movilizamos para frenar la crisis hídrica antes de que sea irrecuperable, nos hemos visto caricaturizadas mediáticamente, asediadas judicialmente, encarceladas sin cargos, en fin criminalizadas de diversas formas para ocultar a los verdaderos culpables de la precariedad impresentable en la que vivimos. Estas prácticas, entre las que se incluyen los intentos parlamentarios de la ley Hinzpeter, la vigencia de la ley antiterrorista y la discrecionalidad con la que operan las autoridades a favor de las empresas, debe pararse ahora.

El agua nos invita a despertar ¡32 años de gestión privada del agua están secando al país!

Descargue y difunda la cápsula radial
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“Mientras más se mojan, más nos secan”

Convocamos a la 3ra Marcha Nacional por la recuperación del agua y la vida que se realizará este 22 de Abril a las 11:00 hrs, desde Playa Ancha en Valparaíso…

Somos decenas, cientos, miles los que sufrimos la escasez de agua en nuestros territorios… por eso, nos movilizamos para que el Agua sea un bien común y no una mercancía…

Vamos a recuperar el agua y el poder también. Infórmate y súmate a esta lucha.

Convoca: Movimiento social por la Recuperación del Agua y la Vida.

Síguenos en Facebook y Twitter como agua en marcha.

www.aguaenmarcha.cl

 

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2015/03/17/chile-los-territorios-se-movilizan-hacia-la-iii-marcha-nacional-por-el-agua/

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Perú _ declaración defendamos el agua, la vida y la soberanía
29 de octubre de 2014

Defendamos el agua, la vida y la soberanía, construyendo el poder del pueblo

Comprendiendo que la articulación y organización de las luchas del pueblo es la piedra angular para la defensa y transformación de nuestra patria, el sábado 25 de octubre de 2014 nos hemos reunido en la ciudad de Lima, 318 personas, siendo de estas 276delegadosy delegadas acreditadas por67 organizaciones populares, provenientes de las regiones de Callao, Lima, Cajamarca, Moquegua, Ayacucho, Apurimac, Ancash, Junin, Huancavelica, Cuzco, Amazonas, Ucayali, Loreto, San Martín, Madre de Dios, Pasco, Arequipa, La Libertad y Lambayeque, a fin de manifestar y acordar lo siguiente:

Considerando:
Que es urgente defender y desarrollar los derechos de la Pacha Mama y de los pueblos ante la degradación avasalladora del medio ambiente, la cual como nunca antes en la historia amenaza la supervivencia del planeta.

Que reconocemos en el sistema capitalista de producción y su modelo extractivista neoliberal que aún opera en el país, a los causantes directos del cambio climático que amenaza al mundo.

Que es impostergable la tarea de confrontar radicalmente a este sistema económico y político, a fin de devolver el equilibrio perdido al mundo, a partir de la forja del poder del pueblo y el gobierno directo de este.

Que tenemos la plena conciencia de que para desarrollar estas tareas no bastan las declaraciones, foros o talleres. Es necesario un proceso de articulación mayor y de movilización sostenida en los territorios y en las calles, donde se difunda las demandas del pueblo y sus alternativas, así como se confronte a los poderes fácticos.

Que es necesario fortalecer la organización de la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y del Tawantinsuyu(ANPPT) a partir del desarrollo de las organizaciones populares que la conforman, así como el enraizamiento de estas en el pueblo peruano.

Que debemos construir una red de alianzas con otras organizaciones sociales del campo popular a partir de las coincidencias programáticas, más allá de la ANPPT y de las diferencias que podamos tener producto de las diversas concepciones del mundo o tácticas emprendidas.

Resolvemos:

1. Reafirmarnos en los acuerdos del encuentro del 17 de mayo de 2014 en Cajamarca,en específico la convocatoria al pueblo peruano a la II Marcha Nacional por el Agua, la Vida, los Derechos del Pueblo Trabajador y por la Madre Tierra los días 8, 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 2014, en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) a llevarse a cabo en la ciudad de Lima.

2. Movilizarnos en todos los rincones del país, para llegar a la ciudad de Lima el 8 de diciembre, y permanecer en acción constante, realizando actividades de difusión y concientización en las calles y espacios públicos, así como participando de los foros y eventos dela Cumbre de los Pueblos y demás sectores hermanos que se muestren en contra de la degradación del medio ambiente.

3. Comprometernos a garantizar que serán los movimientos sociales en conflicto los principales protagonistas de estas jornadas, poniendo por delante sus reivindicaciones, los puntos programáticos en común y deponiendo actitudes ajenas al espíritu de la convocatoria.

4. Ratificar la plataforma de lucha de la ANPPT, incorporando los planteamientos traídos por cada una de las organizaciones integrantes:
a. Reafirmar nuestra posición de rechazo a aquellas actividades económicas que demostradamente atentan los derechos del pueblo y de la pacha mama, los intereses de las poblaciones locales asentadas en los territorios, así como del futuro desarrollo del país el cual debe sustentarse en un adecuado equilibrio entre las diversas actividades agrarias, industriales, etc. que supongan un cambio de matriz energética que no afecte la sustentabilidad de los ecosistemas naturales. Entre ellas las actividades mineras, hidrocarburíferas, la colocación de antenas de telefonía, etc. asentadas en poblaciones urbanas o ecosistemas frágiles incompatibles con dichas actividades.

b. Impulsar la nacionalización de los sectores económicos estratégicos, que bajo gestión pública y con fiscalización de las comunidades y poblaciones involucradas, desarrollen una actividad económica sostenible y que contribuya a la justicia social.

c. Defender los recursos naturales y culturales, como elementos de nuestra soberanía e identidad. Entre ellos el agua como derecho humano inalienable, imprescriptible e inembargable, y que se le dé rango constitucional.Así como rescatar las enseñanzas ancestrales de los amautas para mejorar la organización de los pueblos del Perú y el Tawantinsuyu.

d. Defender absolutamente los derechos fundamentales del pueblo como el trabajo, la salud, la vivienda, la seguridad social y la educación entre otros. En ese sentido nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores del sector público peruano por la defensa de los servicios y derechos públicos. Exigimos una salud y educación pública, gratuita, de calidad y democrática con mayor inversión.

e. Denunciar todos los actos de corrupción e impunidad debidamente probados, vengan de donde vengan, principalmente del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales (más aún si se trata de propuestas políticas que se hayan identificado con los principios y propuestas planteadas por las organizaciones del pueblo).

f. Nos oponemos a la política de criminalización de la protesta social y nos declaramos en contra de la aprobación de las normas que las permiten. Así como nos solidarizamos con aquellas personas queson perseguidas por defender los intereses del pueblo y sus ideas políticas. Nos solidarizamos con los hermanos perseguidos judicialmente: Awajun y Wampis, de la provincia de Islay y con nuestro dirigente fundador Wilfredo Saavedra Marreros, Presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca.

g. Ratificar nuestra firme posición respecto al rechazo de la Constitución fujimontesinista de 1993, por  ilegítima. Forjar una nueva Carta Política que no solo declare los derechos del pueblo, sino los haga eficaces y efectivos. Sentar las bases para la convocatoria a una Asamblea Constituyente popular, democrática y representativa.

Los acuerdos de las mesas de trabajo y la relatoría de la plenaria adjuntos a la presenten forman parte de la Declaración.

Los participantes a la V Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyu se comprometen y compromete a todos sus afiliados a cumplir los acuerdos a los cuales se ha llegado para avanzar hacia la transformación de la patria de todas las sangres y por una sociedad más justa.

¡DEFENDAMOS EL AGUA, LA VIDA Y LA SOBERANÍA!
¡CONSTRUYAMOS EL PODER DEL PUEBLO!
¡TODOS A LA II MARCHA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y LOS DERECHOS DEL PUEBLO TRABAJADOR: 8, 9, 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014!
¡VIVA LA ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS DEL PERU Y EL TAWANTINSUYU!

Lima, 25 de octubre de 2014

 

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2014/10/29/peru_declaracion-defendamos-el-agua-la-vida-y-la-soberania

 

 

Analicemos porqué enfocar «el agua» es medular a un programa del país-mundo mirando hacia la afirmación en la autodeterminación de los pueblos emancipados del capitalismo.

 

 

 

Negocios insaciables:

Estados, transnacionales, derechos humanos y agua

30 de abril de 2015

Autores

Lluís Basteiro Bertoli (Coord.), Lidia Serreno Tur (Coord.) y col.

Albert Pérez, Lluís Basteiro Bertoli, Antonio Rodríguez-Carmona,

Miguel Castro, Marc Gavaldà, Hernán Scandizzo, Libia Arenal Lora,

Mónica Vargas Collazos y María Jurado.

En la oleada más virulenta de la globalización neoliberal, asistimos a un proceso de privatización, mercantilización y acaparamiento de ciertos bienes que, por su naturaleza, son vitales para la protección de la dignidad y de la vida humana.

 

Nos referimos al agua, a la tierra, a los alimentos, a los recursos energéticos, y a todos aquellos bienes cuya limitación a su acceso, disfrute o garantía podría poner en serio peligro el ejercicio de una amplia gama de derechos humanos (DDHH) reconocidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Algunos de estos bienes, incluso han sido elevados a la categoría de derechos humanos, como es el caso del agua, mediante Resolución de la Asamblea General de la ONU del año 2010.

En el marco de la protección de los DDHH, el estado ha sido y es el principal responsable de su respeto, protección y cumplimiento, y en el caso de las privatizaciones de servicios, no puede renunciar a sus obligaciones respecto de los mismos. Sin embargo, no podemos obviar que en estos procesos de privatización, mercantilización o acaparamiento de bienes esenciales para la vida, las empresas transnacionales (ETN) ocupan un papel fundamental, debiendo por lo tanto ser responsables de los posibles impactos negativos que sus actividades pudieran ocasionar sobre los derechos de las personas y de las comunidades afectadas por las mismas.

De hecho, de las 150 mayores economías del planeta, 87 son ETN y sólo 63 estados, lo que permite a éstas imponer determinadas decisiones para operar en un país. Las grandes corporaciones han amasado un poder económico sin precedentes, que paulatinamente se ha ido traduciendo en un mayor poder político, a medida que avanza el proceso de globalización y se consolida el modelo capitalista imperante. Este nuevo poder de las ETN se encarama por encima de las estructuras estatales, y pasa a tomar la iniciativa para priorizar sus intereses, con unas prácticas alejadas de la democracia y donde los DDHH son recurrentemente vulnerados; en muchos casos, indudablemente, con la connivencia y sumisión de los estados.

Por otra parte, si bien es cierto que en las últimas décadas ha habido un avance normativo significativo en el reconocimiento de los DDHH y se han adoptado tratados y protocolos vinculantes para los estados en la materia, también se ha producido una evolución sin precedentes del Derecho internacional mercantil y de inversiones, que ha generado una enorme asimetría entre la protección de los DDHH y la protección de las empresas en el desarrollo de sus operaciones comerciales o financieras, evitándose avanzar hacia un instrumento jurídico internacional vinculante en materia de DDHH. Ello significa que se ha priorizado la protección de las actividades de las empresas frente a la protección de los derechos de las personas y de los pueblos cuando ambos se han encontrado en conflicto.

En este documento se ha trabajado sobre tres cuestiones que resultan claves para entender la relación entre la privatización de bienes, los DDHH y el desarrollo de las personas y de los pueblos. La primera, establecer la necesidad de mejorar el enfoque en el tratamiento jurídico de bienes que son esenciales para garantizar la vida humana, reconociéndolos conjuntamente como bienes públicos o bienes globales y como DDHH protegidos por un régimen de Derecho. Para ello se ha abordado la cuestión del agua, por su importancia no sólo como elemento vital para la humanidad, sino para el desarrollo de actividades productivas y económicas, y su categorización como bien común y como derecho humano.

La segunda de ellas, fijar cómo la privatización, la mercantilización o el acaparamiento de un bien esencial o el de su suministro, puede determinar un patrón de violaciones de una gama amplia de DDHH reconocidos internacionalmente. Para ello, hemos analizado seis casos de intervenciones de empresas transnacionales a través de diferentes operaciones comerciales, industriales o de prestación de servicios, en sectores económicos estratégicos en países de América Latina, en los que la gestión del agua aparece comprometida, y cómo el impacto de estas actividades sobre el recurso hídrico ha provocado toda una serie de graves violaciones de DDHH en las comunidades afectadas.

 

La tercera cuestión, exponer que no sólo los Estados pueden violar los DDHH, sino que las empresas también lo hacen, y además en un contexto de gran impunidad. Si el Derecho internacional establece claras obligaciones para los Estados en materia de DDHH, no hace lo mismo para las empresas, para quienes se ha establecido una serie de códigos o directrices de carácter no vinculante, que no hacen sino reflejar la ausencia de voluntad política para reconocer el impacto negativo de las actividades de las empresas sobre los DDHH y el desprecio hacia el derecho de las víctimas de dichas violaciones a ser reparadas.

 

 

1.1. El agua como bien común 

El agua como recurso ha sido caracterizado desde diferentes perspectivas; como bien económico, como bien público y como bien común. La consideración del agua como bien común, presupone la inalienabilidad del recurso y el control sobre su uso y gestión. De esta forma se garantizaría a todas las personas su acceso, teniendo como objetivo la justicia distributiva en el reparto de los beneficios que emergen de lo común, excluyendo así cualquier posibilidad de lucrarse con la gestión del agua. 

 

En este sentido, la asunción del agua como un bien común conlleva considerarla como un patrimonio universal, que debe ser gestionado a partir de los criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad, y que son, a todas luces, incompatibles con cualquier aproximación mercantil que está, por su propia naturaleza, imbuida de expectativas cortoplacistas de lucro privado y beneficio personal. 

El concepto de bien común está radicalmente enfrentado con las políticas neoliberales que dominan en el contexto de la globalización económica, basadas en el fundamentalismo del mercado, y que promueven y favorecen que las empresas transnacionales (ETN) accedan directamente tanto a los recursos naturales, como a la gestión de los servicios asociados a sus usos. Y es esta visión del agua como bien eminentemente económico la que en demasiadas ocasiones ha sido priorizada por encima de la del bien común, y la que cataliza las violaciones de derechos humanos (DDHH) por parte de las ETN. La consideración conjunta del agua como un bien común, y del acceso básico al agua y al saneamiento como un derecho humano, constituye una de las principales reivindicaciones sociales frente a los procesos de privatización, que pretenden dejar en manos del mercado  la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como la propia gestión del agua. Y es que sólo la titularidad colectiva del agua y el carácter público de los servicios de abastecimiento y saneamiento pueden asegurar el acceso universal a este recurso vital y a estos servicios esenciales, garantizando una gestión integral que resulte socialmente equitativa, ecológicamente sostenible, políticamente democrática y culturalmente aceptable1. 1.2. El agua como derecho humano Sin duda alguna, los impactos generados por las ETN en el sector agua, y las reacciones generadas en determinados movimientos sociales e incluso estados, han resultado fundamentales para impulsar el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento (DHAS). No se puede olvidar como, por ejemplo, las vulneraciones del derecho al agua de las multinacionales Bechtel y Abengoa en Cochabamba, que desembocaron en la Guerra del Agua del 2000, o la gestión de Aguas de Barcelona e Iberdrola en Maldonado, que llevó en 2004 al referéndum contra la privatización del agua en Uruguay, han marcado profundamente el camino hacia el reconocimiento del DHAS. 

1.2. El agua como derecho humano

Sin duda alguna, los impactos generados por las ETN en el sector agua, y las reacciones generadas en determinados movimientos sociales e incluso estados, han resultado fundamentales para impulsar el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento (DHAS). No se puede olvidar como, por ejemplo, las vulneraciones del derecho al agua de las multinacionales Bechtel y Abengoa en Cochabamba, que desembocaron en la Guerra del Agua del 2000, o la gestión de Aguas de Barcelona e Iberdrola en Maldonado, que llevó en 2004 al referéndum contra la privatización del agua en Uruguay, han marcado profundamente el camino hacia el reconocimiento del DHAS. 

1.2.1. Origen, desarrollo y reconocimiento internacional del DHAS 
Tal y como plantea la Relatora Especial sobre el DHAS de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Catarina de Albuquerque, los marcos jurídicos e institucionales son la expresión formal de las intenciones que alberga un gobierno. Mediante el desarrollo de las leyes, políticas e instituciones pertinentes, el Estado demuestra su compromiso con el logro de unos objetivos determinados 2. Leyes y políticas que constituyen el marco para garantizar el DHAS, brindando las herramientas y mecanismos para su cumplimiento. El agua es un elemento natural imprescindible para la vida, y de ahí la importancia de considerarlo como un derecho humano. Pese a ello, el DHAS no estaba reconocido en la Declaración Universal de DDHH (DUDH) de 1948 y no es hasta el año 2010 que, después de un largo y complejo proceso3, y a partir de una propuesta de Bolivia apoyada por 40 países, se reconoce de forma expresa el DHAS a través de una Resolución de la Asamblea General de la ONU4. Dicha Resolución, a pesar de sólo tener un valor declarativo, ha adquirido gran importancia en el marco del sistema de la ONU al ser aprobada por unanimidad. Sin embargo, en el sistema de la ONU ya se había tratado el tema del agua y el saneamiento desde otras perspectivas, más amplias, como la protección de la salud o del medio ambiente. En este sentido, en la Conferencia sobre el Agua de Mar del Plata (1977) se plantea por primera vez que toda persona debe tener el derecho al agua en cantidad y calidad suficientes, pero no será hasta después de 25 años que se reconozca su vinculación con la protección de los DDHH. De hecho, será el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) quien defina y desarrolle por primera vez este derecho en la Observación General (OG) Nº 15 (2002)5, estableciendo que... el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud... Se debe tratar como un bien social y cultural, y no como un bien fundamentalmente económico... El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros DDHH. En esta resolución aún no se hacía referencia al saneamiento, cuestión que si sería incluida 8 años más tarde, por la resolución de julio de 2010 de la Asamblea General, aprobada por 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones. Posteriormente, en septiembre de 2010, el Consejo de DDHH de la ONU emitía una resolución6 reconociendo el DHAS e instando a los países a tomar medidas para su cumplimiento. (…) 

 

1.2.2 Conceptualización del DHAS

La Declaración del Derecho Humano al Agua de 2010 se basa en la OG 15 del Comité DESC de la ONU (2002), e indica que el derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, así como para una agricultura de subsistencia9. Además, la OG también reconoce los usos asociados al mantenimiento de los ecosistemas, fundamentales para garantizar la calidad del agua, tanto para usos domésticos como para usos productivos de subsistencia, agricultura o pesca10. Es en éste último caso donde las violaciones a cargo de la ETN extractivistas, por ejemplo, han sido más relevantes. (…) 

 

1.3. El agua y el saneamiento en la protección de otros DDHH y

de otros colectivos

En este apartado se valora la vinculación del acceso al agua y al saneamiento con la protección de otros DDHH, pues como ya apunta la Conferencia de Viena de 1993, todos los DDHH son interdependientes, indivisibles, universales y se refuerzan mutuamente, por lo que la protección del DHAS supone también la protección de otros DDHH, así como de su garantía depende la protección de determinados grupos considerados vulnerables, como las mujeres, las niñas, las poblaciones más pobres y los pueblos indígenas. Es de destacar cómo, antes del reconocimiento expreso del DHAS en 2010, su afirmación había venido dada por su vinculación con otros DDHH, como así lo prueba la OGNº 15 al vincularlo a los art. 11 y 12 del PIDESC, es decir, al derecho al más alto nivel de vida adecuado y al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como también ha sido vinculado a otros derechos como el derecho a una vivienda digna o el derecho a la educación. Sin embargo, no solo la falta de un acceso al agua implica la vulneración de otros derechos, sino que la realización de un acceso abusivo al agua, como sucede por ejemplo con la construcción de grandes presas, el acaparamiento de tierras para el agronegocio, o la minería aurífera, lleva a impactar decisivamente en derechos, como el derecho a la tierra o el derecho a la salud. En estos casos, los conflictos por los diferentes usos del agua, y la priorización de los usos lucrativos o industriales por encima de los asociados al DHAS, son constante fuente de violación del DHAS. Y es que la relación entre agua, energía y alimentos, más estrecha cuanto mayor es la escasez de agua, resulta fundamental para entender de manera amplia los impactos de una inadecuada gestión en varios DDHH. Para las corrientes de pensamiento dominantes, la mejor forma de gestionar la escasez es asignar precio a los recursos naturales, y establecer la competencia entre los usos. Pero los aspectos sociales quedan claramente relegados, y se sientan las bases para la violación de los DDHH. En el capítulo siguiente se exponen algunos ejemplos que ilustran estas situaciones. 

 

1.3.1 El agua y el derecho a una vivienda

Existe una relación directa entre agua y el derecho a una vivienda. Pero esta relación se debe visualizar desde una perspectiva amplia de vivienda, entendida como lugar dónde vivir, incorporando en el ámbito rural el concepto de derecho a la tierra; tierra donde se dan las actividades agroproductivas de las comunidades campesinas para garantizar una agricultura de subsistencia59. Sin embargo, esta visión amplia no es simplemente un matiz, sino que resulta muy relevante, puesto que este derecho a la tierra ha sido reiteradamente violado ante usos abusivos del agua, que ha priorizado el uso productivo e industrial por encima de los usos asociados al DHAS. Este sería el caso de los desplazamientos masivos de población ante la construcción de presas, o los capítulos de acaparamientos de tierras para grandes monocultivos. Pero pese a esta relación tan directa, entre DHAS y derecho a la tierra, no existe una definición formal del derecho a la tierra que recoja su interrelación con el agua. Donde sí que se explicita dicha relación es con el derecho a una vivienda digna, que se introduce de en la OG Nº 4 aprobada por el Comité DESC en 1991 al vincular el derecho a una vivienda digna con el derecho a un estándar de vida adecuado (art.11.1 PIDESC), que comprenda el acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, y a instalaciones sanitarias y de aseo, entre otros. Los costes asociados a estos medios deben estar a un nivel que no comprometa ni amenaza el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas.  También la vinculación directa entre la plena realización del derecho a una vivienda adecuada con el derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento fue introducida el 2002 y 2003 por el Relator Especial sobre una vivienda adecuada, MiloonKothari. Es interesante destacar de sus informes la mención a los obstáculos que ponen en riesgo la garantía de la disponibilidad de agua, como los efectos de la deuda externa, los programas de ajuste estructural, la privatización de empresas públicas y el coste del agua, especialmente para los pobres60. Así, buena parte de la población que vive en la pobreza no puede asumir los costos de proporcionar al inversor la recuperación de costes o la tasa de rentabilidad exigida. A menos que se subvencionen algunos costos, lo más probable es que los grupos más vulnerables queden excluidos de los servicios. Tal y como recuerda el Relator, los gobiernos no deberían olvidar su responsabilidad de velar por que sus políticas sean compatibles con sus obligaciones en relación a los DDHH. Por ejemplo, cuando participan en negociaciones en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, u otro tipo de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio entre EU-EEUU que se está negociando, y que intensificarán el proceso de privatización de recursos y servicios relacionados con el derecho a la vivienda, como el agua y el saneamiento. Los gobiernos e instituciones internacionales deben primar la garantía de los DDHH, como la vivienda y el agua y el saneamiento, especialmente para la población pobre y vulnerable, por encima del lucro de actores privados, evitando que los DDHH puedan transformarse en meros activos económicos. 

 

1.3.2. El agua y el derecho a la alimentación 
Se puede entender que una parte del derecho al agua está integrado en el derecho a la alimentación, como así lo hizo notar el anterior Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, incluyendo en sus informes el agua potable en el derecho a la alimentación, y como así lo han reconocido también algunos textos jurídicos, como por ejemplo la Carta Europea del Agua, actualizada por la nueva Carta Europea sobre Recursos Hídricos de octubre de 2001. En esta línea, el informe de 2002 del Relator señaló que el agua potable es imprescindible para una nutrición sana, de modo que habrá que considerarla un bien público... Incluir el agua potable en el derecho a la alimentación es una manera importante de velar por esa responsabilidad y justiciabilidad 61. Un año más tarde, recalcó que es imposible tratar la nutrición y la seguridad alimentaria sin hacer referencia al agua potable… Otro elemento del derecho a la alimentación es el agua utilizada para el riego, dado que ésta es esencial para la producción de alimentos y para garantizar la disponibilidad de los mismos, en particular en los países donde los pobres dependen principalmente de su propia producción 62. En este sentido, vemos como la garantía del acceso al agua es necesaria para disponer de los medios esenciales para hacer efectivo el derecho a la alimentación. En este sentido el Comité DESC, en su OG Nº 12 (1997), señala la importancia de garantizar un acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Debe hacerse lo posible para asegurar que el campesinado desfavorecido y marginado, en particular las mujeres agricultoras, tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua. Tomando nota de la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 1 del PIDESC, y reproducida en la OG Nº 15, que dispone que no podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia, los estados deberían garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la de subsistencia de los pueblos indígenas. De hecho, la OG Nº 15 reconoce la garantía de un acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Debe hacerse lo posible para asegurar que los agricultores desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres, tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua. 

 

1.3.3. El agua y el derecho a la salud 

El Comité DESC, en la OGNº15, vincula el derecho al agua con el art.12 PIDESC, el derecho al más alto nivel de salud, considerando que el mismo comporta la adopción de medidas no discriminatorias para evitar los riesgos para la salud que representa el agua insalubre y contaminada por sustancias tóxicas. Por ejemplo, los Estados Partes deben garantizar que los recursos hídricos naturales estén al abrigo de la contaminación por sustancias nocivas y microbios patógenos. Análogamente, los Estados Partes deben supervisar y combatir las situaciones en que los ecosistemas acuáticos sirvan de hábitat para los vectores de enfermedades que puedan plantear un riesgo para el hábitat humano. De hecho, en la OGNº14 del Comité DESC sobre el derecho al más alto nivel de salud (2000) ya reconocía que debe darse una interpretación amplia al derecho a la salud, en el que se incluye el DHAS. Reconoce que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que condicionan una vida saludable, y hace ese derecho extensivo a factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, y un medio ambiente sano. 

 

1.3.4. El agua y el derecho a la educación 
El derecho a la educación se ha vinculado de forma indirecta con la garantía del DHAS, a pesar de que, especialmente en las zonas rurales, mujeres y niñas realizan largos trayectos para tener acceso al agua, lo que en muchos casos, impide la asistencia a la escuela de las niñas. En este sentido, la posibilidad de ejercer el derecho a la educación se encuentra relacionada con el hecho de poder tener cubiertas las necesidades vinculadas al agua y al saneamiento, por ejemplo en las escuelas, ya que la insuficiencia de estructuras adecuadas que garanticen el acceso al agua potable y el saneamiento, constituye un freno para la eliminación del analfabetismo y la garantía del derecho al acceso universal a la educación, a la enseñanza obligatoria gratuita al nivel primario y a todos los niveles63. Cuestión que además tiene un gran sesgo de género, pues a quien afecta más es a niñas y mujeres. De hecho, se ha vinculado el agua y el saneamiento y el derecho a la educación en la aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, considerándose que el suministro de agua y saneamiento es un elemento clave de las estrategias a favor de la igualdad de género, y por ello se deberá capacitar a las mujeres para que puedan influir sobre las decisiones relativas al agua y el saneamiento en el hogar y a escala local y nacional. 

 

1.3.5 El agua y los grupos vulnerables 
Pueblos indígenas 

Históricamente los pueblos indígenas han reclamado la necesidad de reconocer su derecho sobre los recursos naturales, entre los que se encuentra el agua, de forma conjunta al derecho a la tierra, desde una concepción de titularidad colectiva y ligada a sus valores y tradiciones ancestrales. De hecho, en el plano internacional, los pueblos indígenas han tenido dificultades para ser reconocidos como titulares de derechos. A pesar de ello, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), también conocido como el Convenio Nº169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los art. 2 y 3 reconoce que los gobiernos deben asumir responsabilidades para proteger, sin discriminación, los derechos de los pueblos, y promover la plena efectividad de los DESC respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones. 

 

En relación al agua, reconoce en el art. 15.1 que los derechos de los pueblos… a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho… a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En el caso de que pertenezca al estado la propiedad de los recursos del subsuelo, como las aguas subterráneas, minerales o hidrocarburos, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier… prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras, reconociendo, además, el derecho de participación de los pueblos indígenas en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

 

Este aspecto resulta especialmente relevante, dado que en la práctica totalidad de las intervenciones de ETN en el ámbito de las extractivas, con la colaboración necesaria de los estados, se pasa impunemente por encima de los procesos de consulta previa vinculante. 

 

Un paso más, aunque sin constituir un tratado internacional vinculante sobre la materia, lo constituye la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, en la que se reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben con las generaciones venideras (art. 25). 

 

Igualmente, reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. Por ello, los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate (art.26). Uno de los retos en la garantía del DHAS y la preservación del agua como bien común en relación a los pueblos indígenas, viene dado por el hecho de que para los mismos la gestión de los recursos naturales, entre los que se encuentra el agua, está relacionada directamente con la conservación de la tierra.

Pero ambos recursos, por lo general, no han sido parcelados dado que las comunidades indígenas-campesinas consideran el agua y la tierra como un bien común que debe gestionarse de forma integrada y conjunta, más allá de un título de propiedad o de posesión. En este sentido, no han sido otorgados títulos de propiedad privada ni positivizada la regulación que atañe a su gestión, hecho que ha provocado, en algunos casos, la apropiación de estos recursos por ETN o el propio estado, especialmente en América Latina. Aun así, cabe recordar que en la OGNº15 se reconoce la obligación de los estados de asegurar a los pueblos indígenas que el acceso a los recursos hídricos en sus territorios está protegido de la invasión o usurpación y de la contaminación ilegal. Para ello, los estados deben proveer de recursos a los pueblos indígenas para diseñar, distribuir y controlar el acceso al agua. 

Mujeres 

El DHAS ha sido reconocido en algunos tratados universales sobre protección de los

DDHH de las mujeres, promoviendo un acceso sin discriminación por razón de género.

Este es el caso del Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer, el cual dispone que los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales, a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios; en particular, le asegurarán el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios y el abastecimiento de agua.

Esta corriente ha sido seguida en el ámbito regional, en concreto en el sistema africano,

ya que el Protocolo de Maputo a la Carta Africana, aprobado en 2003, en su art. 15 referente al derecho a la seguridad alimentaria, se reconoce que los estados deben adoptar las medidas apropiadas para proveer a las mujeres de un acceso al consumo de agua potable y establecer un sistema de provisión y

abastecimiento adecuado.(...)

Para descargar la publicación (PDF) haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Objetos_Relacionados/NEGOCIOS_INSACIABLES_-_ESTADOS_TRANSNACIONALES_DERECHOS_HUMANOS_Y_AGUA

 

 

 Crisis civilizatoria

 

Comprobamos que las luchas antiextractivistas van ampliando horizontes al aprender de todos los pueblos del mundo. Van sopesando cambios radicales como:

 

Decrecimiento, una palabra que irá sonando cada vez con más fuerza.
12 de mayo de 2015

 

Por La Ecoaldea UCM (Rebelión)

El pasado 5 de Mayo tuvo lugar en el campus de Somosaguas la mesa redonda “El Decrecimiento ante las Urnas”, con motivo de las I Jornadas Decrecentistas de la UCM. Precedida de una “Bicicletada por el Decrecimiento”, esta mesa redonda sobre Decrecimiento y Elecciones 2015, bajo la etiqueta #DecrecimientoyUrnas, sentó a discutir juntas a Inés Sabanés (nº 3 de la candidatura Ahora Madrid), a Yayo Herrero (Ecologistas en Acción) y a Miki (Decrece Madrid) sobre las posibilidades de que el Decrecimiento se abra paso en las instituciones políticas este año 2015 en el Estado español.

Este debate, que se produjo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM solo dos días después de que concluyera el IV Encuentro de Decrecimiento en Granada, fue organizado por el colectivo La Ecoaldea UCM, en colaboración con Decrece Madrid, y aunque podría pasar desapercibido como un debate más de los tantos que tienen lugar en campaña electoral, reflejó muy claramente un hecho: lo que estamos viviendo es un cambio de paradigma mucho más profundo de lo que muchos imaginan, una re-evolución social con muchas papeletas para colarse próximamente también en las instituciones políticas. Un debate que fue relevante tanto por lo que se habló, como por lo que faltó por hablar. Y por con quien faltó por hablar, pues de no haber dimitido días antes de la dirección de Podemos, la mesa redonda habría contado también con la participación de Juan Carlos Monedero.

De este debate, que puedes ver en Youtube haciendo click aquí, podemos sacar al menos tres conclusiones que apuntan a que actualmente el mundo camina hacia una gran transformación de la que no se está informando en los grandes medios de comunicación: 1) que el Decrecimiento es una idea cada vez más extendida en el imaginario colectivo; 2) que el Decrecimiento es una forma de organización social y de vida que se está constituyendo como una alternativa real cada vez más sólida al modelo capitalista; y 3) que muchas de las propuestas del Decrecimiento están incluidas en los programas de partidos que están intentando aprovechar la “ventana de oportunidad” que se ha abierto en el panorama político español.

La idea de que no es posible un crecimiento ilimitado en un planeta de recursos limitados ha ido ganado terreno en los últimos años en los debates mediáticos, como demuestra el hecho de que sean personas como Ada Colau, Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias, entre otros firmantes del Manifiesto Última Llamada, de planteamientos decrecentistas, quienes están liderando algunos de los más importantes procesos de cambio institucional que vivimos actualmente. O como reflejan los debates dentro de Podemos entre quienes apuestan por el Decrecimiento (donde deberían estar principalmente los firmantes del citado Manifiesto), y quienes son más partidarios de las políticas keynesianas de reactivación de la economía en la línea de Juan Torres y Vicenç Navarro.

Si asumimos, en palabras de Luis González (quien también participó en estas I Jornadas Decrecentistas de la UCM), que debemos “tender a acoplar la actividad de las sociedades a los recursos disponibles en un determinado territorio”, si asumimos que podemos vivir “mejor con menos”, cabe preguntarse qué posibilidades tiene este movimiento, que principalmente plantea la necesidad de decrecer, de abrirse paso en las instituciones políticas ante el panorama electoral de este año 2015. Al respecto, las palabras de Yayo Herrero en la mesa redonda del pasado 5 de mayo fueron rotundas: “Sí o sí, el Decrecimiento se va a colar en las instituciones, la cuestión es cómo”.

Por otro lado, no podemos perder de vista las palabras del ausente en el debate, Juan Carlos Monedero, quien ante el previsible terremoto mediático que pudiera ocasionar la que habría sido su primera aparición pública, prefirió no asistir. Tras la dimisión de sus cargos en Podemos, y pese a no haber acudido a la mencionada mesa redonda sobre #DecrecimientoyUrnas, el ex-secretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos afirmó explícitamente ante las cámaras de “Otra Vuelta de Tuerka” el pasado domingo junto a Pablo Iglesias: “Estamos en un momento histórico de crisis civilizatoria, […] tenemos que repensar el Decrecimiento. Hemos machacado a medio planeta Tierra y ya no hay posibilidades de seguir con esa actitud”. Palabras que se corresponden no sólo con que Monedero sea firmante del Manifiesto Última Llamada, sino en general con toda la trayectoria del profesor y político, que en varios de sus libros y artículos ya ha defendido la necesidad de apostar por el Decrecimiento.

En definitiva, como afirmó Inés Sabanés, para entender lo que en realidad está ocurriendo actualmente, “a los ejes derecha-izquierda y arriba-abajo, hay que añadir un tercero: crecimiento-decrecimiento”. Sin duda alguna, la palabra Decrecimiento será una palabra que irá sonando con cada vez más fuerza en los meses y años venideros. Una palabra cuya grandeza está en ser un “ariete” contra el pensamiento productivista y desarrollista que solo se basa en el crecimiento económico a costa de la sobreexplotación del planeta. Una palabra que es únicamente un “eslogan político” detrás del cual confluyen muchas tradiciones e iniciativas en marcha desde hace mucho tiempo, todas con un elemento en común: el replanteamiento de la relación de la humanidad consigo misma y con el resto de las especies y de la naturaleza. Una palabra, el Decrecimiento, que es solo la consecuencia irrefutable de un hecho irrefutable: el colapso climático, económico, energético… y que es portadora de un profundo cambio de conciencia: el resultante de asumir la necesidad de un “Decrecimiento sereno” hacia una sociedad en armonía. 

Fuente original: https://laecoaldeaucm.wordpress.com/2015/05/11/decrecimiento-una-palabra-que-ira-sonando-con-cada-vez-mas-fuerza/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=198704

 

Reparemos que, a diferencia del capitalismo que destruye casi irreversiblemente el planeta para extraerle hasta el último resto de hidrocarburos mediante fracking, las diversidades de abajo en lucha antiextractivista enfoca la erradicación de la gran escala y la agricultura industrial que despilfarran energía y devastan, envenenan...

 

 

 

«Última llamada»

Julio de 2014

Esto es más que una crisis económica y de régimen: es una crisis de civilización

Los ciudadanos y ciudadanas europeos, en su gran mayoría, asumen la idea de que la sociedad de consumo actual puede “mejorar” hacia el futuro (y que debería hacerlo). Mientras tanto, buena parte de los habitantes del planeta esperan ir acercándose a nuestros niveles de bienestar material. Sin embargo, el nivel de producción y consumo se ha conseguido a costa de agotar los recursos naturales y energéticos, y romper los equilibrios ecológicos de la Tierra.

Nada de esto es nuevo. Las investigadoras y los científicos más lúcidos llevan dándonos fundadas señales de alarma desde principios de los años setenta del siglo XX: de proseguir con las tendencias de crecimiento vigentes (económico, demográfico, en el uso de recursos, generación de contaminantes e incremento de desigualdades) el resultado más probable para el siglo XXI es un colapso civilizatorio.

Hoy se acumulan las noticias que indican que la vía del crecimiento es ya un genocidio a cámara lenta. El declive en la disponibilidad de energía barata, los escenarios catastróficos del cambio climático y las tensiones geopolíticas por los recursos muestran que las tendencias de progreso del pasado se están quebrando.

Frente a este desafío no bastan los mantras cosméticos del desarrollo sostenible, ni la mera apuesta por tecnologías ecoeficientes, ni una supuesta “economía verde” que encubre la mercantilización generalizada de bienes naturales y servicios ecosistémicos. Las soluciones tecnológicas, tanto a la crisis ambiental como al declive energético, son insuficientes. Además, la crisis ecológica no es un tema parcial sino que determina todos los aspectos de la sociedad: alimentación, transporte, industria, urbanización, conflictos bélicos… Se trata, en definitiva, de la base de nuestra economía y de nuestras vidas.

Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no crece no funciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible. Nuestra cultura, tecnólatra y mercadólatra, olvida que somos, de raíz, dependientes de los ecosistemas e interdependientes.

La sociedad productivista y consumista no puede ser sustentada por el planeta. Necesitamos construir una nueva civilización capaz de asegurar una vida digna a una enorme población humana (hoy más de 7.200 millones), aún creciente, que habita un mundo de recursos menguantes. Para ello van a ser necesarios cambios radicales en los modos de vida, las formas de producción, el diseño de las ciudades y la organización territorial: y sobre todo en los valores que guían todo lo anterior. Necesitamos una sociedad que tenga como objetivo recuperar el equilibrio con la biosfera, y utilice la investigación, la tecnología, la cultura, la economía y la política para avanzar hacia ese fin. Necesitaremos para ello toda la imaginación política, generosidad moral y creatividad técnica que logremos desplegar.

Pero esta Gran Transformación se topa con dos obstáculos titánicos: la inercia del modo de vida capitalista y los intereses de los grupos privilegiados. Para evitar el caos y la barbarie hacia donde hoy estamos dirigiéndonos, necesitamos una ruptura política profunda con la hegemonía vigente, y una economía que tenga como fin la satisfacción de necesidades sociales dentro de los límites que impone la biosfera, y no el incremento del beneficio privado.

Por suerte, cada vez más gente está reaccionando ante los intentos de las elites de hacerles pagar los platos rotos. Hoy, en el Estado español, el despertar de dignidad y democracia que supuso el 15M (desde la primavera de 2011) está gestando un proceso constituyente que abre posibilidades para otras formas de organización social.

Sin embargo, es fundamental que los proyectos alternativos tomen conciencia de las implicaciones que suponen los límites del crecimiento y diseñen propuestas de cambio mucho más audaces. La crisis de régimen y la crisis económica sólo se podrán superar si al mismo tiempo se supera la crisis ecológica. En este sentido, no bastan políticas que vuelvan a las recetas del capitalismo keynesiano. Estas políticas nos llevaron, en los decenios que siguieron a la segunda guerra mundial, a un ciclo de expansión que nos colocó en el umbral de los límites del planeta. Un nuevo ciclo de expansión es inviable: no hay base material, ni espacio ecológico y recursos naturales que pudieran sustentarlo.

El siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. Supondrá una gran prueba para todas las culturas y sociedades, y para la especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra continuidad en la Tierra y la posibilidad de llamar “humana” a la vida que seamos capaces de organizar después. Tenemos ante nosotros el reto de una transformación de calibre análogo al de grandes acontecimientos históricos como la revolución neolítica o la revolución industrial.

Atención: la ventana de oportunidad se está cerrando. Es cierto que hay muchos movimientos de resistencia alrededor del mundo en pro de la justicia ambiental (la organización Global Witness ha registrado casi mil ambientalistas muertos sólo en los últimos diez años, en sus luchas contra proyectos mineros o petroleros, defendiendo sus tierras y sus aguas). Pero a lo sumo tenemos un lustro para asentar un debate amplio y transversal sobre los límites del crecimiento, y para construir democráticamente alternativas ecológicas y energéticas que sean a la vez rigurosas y viables. Deberíamos ser capaces de ganar grandes mayorías para un cambio de modelo económico, energético, social y cultural. Además de combatir las injusticias originadas por el ejercicio de la dominación y la acumulación de riqueza, hablamos de un modelo que asuma la realidad, haga las paces con la naturaleza y posibilite la vida buena dentro de los límites ecológicos de la Tierra.

Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada —o hacer demasiado poco— nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser las y los protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta.

— En diversos lugares de la Península Ibérica, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y en el verano de 2014.

Fuente: https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/el-manifiesto/

En consecuencia, corresponde instalar en la agenda pública la posibilidad de:

Una utopía moderna

La transformación social-ecológica

de América Latina

27 de junio de 2018

 

Por Vivianne Ventura-Dias

Nueva Sociedad

La posibilidad de una verdadera transformación social-ecológica en América Latina se enfrenta a bloqueos externos e internos. La región arrastra muchos años de violencia estructural, niveles de desigualdad que se ubican entre los más altos del mundo, una inserción subordinada en la globalización y elites locales poco receptivas a cambios sociales en favor de la igualdad y de nuevos enfoques sobre el desarrollo. No obstante, la transformación social-ecológica puede funcionar como una utopía moderna que marque el camino hacia nuevas formas de ciudadanía y bienestar.

El continente americano está marcado por una historia de conquista y exterminio en pos de la apropiación de tierras y riquezas. No sorprende que, con la sola excepción de Canadá, las Américas ostenten estadísticas aterradoras de violencia directa, junto a un cuadro de profundas y persistentes desigualdades económicas y sociales1. La violencia se manifiesta de diferentes y múltiples formas. La violencia personal, medida por el número de homicidios intencionales, es quizás la más evidente y trágica, porque expone la falta de compromiso de los Estados nacionales con la protección del derecho humano más básico, que es el derecho a la vida2. Pero otros tipos de violencia están presentes en el cotidiano de las sociedades americanas, derivada de las estructuras económicas y de poder, con dimensiones de clase, raza, género y etnia.

En el caso particular de América Latina, la violencia estructural del modelo económico y de poder reproduce patrones de desigualdad, por medio de instituciones y mecanismos forjados a lo largo de la historia de la región que impiden a hombres y mujeres ejercer sus derechos humanos y ciudadanos. Las mismas prácticas de dominación de las elites locales se manifiestan en su consumo ostentoso que agota la biodiversidad, en la gestión criminal de los desechos de las actividades económicas y, en general, en el menosprecio por la vida humana y animal y por la sostenibilidad del planeta.

Sin embargo, a la violencia estructural se suma la violencia personal contrainsurreccional. Cabe mencionar que, en las últimas décadas, sobre todo en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú, las poblaciones originarias y residentes se organizaron en movimientos de resistencia contra la apropiación de reservas minerales en sus tierras por parte de empresas locales y extranjeras. Desafortunadamente, desde México hasta la Patagonia, pasando por los campos de Brasil, se acumulan los asesinatos de activistas campesinos e indígenas a manos de terratenientes y sus esbirros o de comisionados de la minería legal e ilegal, cuyos responsables permanecen impunes3.

¿Cómo lograr que sociedades tan desiguales y excluyentes generen espacios de libertad para que cada ciudadana y cada ciudadano pueda ejercer su derecho a la búsqueda del «buen vivir», cuando el propio concepto de ciudadanía está vacío de contenido en la mayor parte de los países de la región? No se puede decir que las condiciones internas y externas de los países latinoamericanos sean favorables para llevar a cabo un proyecto que se asienta en la centralidad de la vida humana y no humana, y de lo que sea necesario para que todos y todas puedan vivir sus vidas con alegría.

La transformación social-ecológica de América Latina es una utopía moderna que se contrapone a los modelos culturales difundidos por el capitalismo financiero global. Tiene como objetivo la construcción de sociedades más equitativas en el acceso a los frutos de la modernidad, que incluyen el bienestar material, la participación ciudadana y el libre ejercicio de amplios derechos humanos. La meta es alcanzar sociedades incluyentes y, al mismo tiempo, sociedades más solidarias y comprometidas con la utilización responsable de los recursos naturales y energía, dentro de los límites del planeta4.

El escenario internacional actual es complejo, inestable y de gran desasosiego. El mundo del siglo xxi , que los sociólogos describen como modernidad madura o tardía, de incertidumbre manufacturada y desastres globales esporádicos con obligaciones difusas, está evolucionando en un marco de agudas y crecientes desigualdades y en medio de severas crisis financieras, ecológicas, sociales y culturales. Los noticieros de todos los días ponen de manifiesto que el capitalismo global y criminal engendra sociedades excluyentes y el desmantelamiento de la ciudadanía social5. La enorme concentración de la riqueza y del poder entre pocos y la apropiación privada de bienes comunes, como el agua, el conocimiento y la biodiversidad del planeta, al tiempo que se expanden el desempleo y la precarización del trabajo, desafían la legitimidad de las instituciones políticas y el Estado democrático.

En este ensayo, trataré de presentar algunas reflexiones acerca de las restricciones externas e internas en los países de América Latina para una transformación social-ecológica, principalmente en un momento en que el progresismo se ha estancado en la región. En la próxima sección, se propone el concepto de violencia estructural para sintetizar el contexto de extrema violencia y de inseguridad generado por el capitalismo global en sus configuraciones contemporáneas. La sección que sigue se concentra en las restricciones sociopolíticas y económicas internas de los países latinoamericanos, en los cuales la violencia estructural asume características históricas propias. La última sección introduce algunos comentarios finales acerca de los desafíos para la construcción de modelos alternativos al sistema excluyente en vigor.

El escenario internacional

La literatura de antropología social rescató el concepto de violencia estructural planteado a fines de la década de 1960 por el sociólogo noruego Johan Galtung en sus estudios sobre la paz, para dar cuenta de la maquinaria de dominación y opresión que incide en el cotidiano de las personas. El fundamento de la violencia estructural es la desigualdad en la apropiación de los recursos materiales, que viene apareada con la desigualdad en el poder para distribuir esos mismos recursos en la sociedad local y global. La noción de «violaciones estructurales de los derechos humanos» también pasó a ser de uso corriente para distinguir violaciones explícitas, como las torturas en las cárceles de Guantánamo, de las violaciones de los derechos económicos y sociales de niños hambrientos y de personas en situaciones de miseria indigna. Mientras es posible identificar a los culpables por las torturas en Guantánamo, el hambre o la miseria son crímenes de responsabilidad difusa6.

La violencia estructural es un conjunto de condiciones sociales que incluyen pobreza, enfermedades, hambre y malnutrición, bajos niveles de condiciones sanitarias y de salud, muerte prematura, elevada mortalidad infantil, analfabetismo, desempleo, polución, miseria y depauperación, que privan a las personas del «derecho a tener derechos»7. La violencia estructural es una violencia inherente a estructuras sociales que crean y reproducen desigualdades8. Esas estructuras de poder generan disparidades entre el nivel potencial de bienestar que la modernidad permite disfrutar y el nivel efectivamente disfrutado por las poblaciones, y también impiden que las brechas disminuyan a lo largo del tiempo9.

La violencia asume diferentes formas y se presenta como un continuo que incluye desde el ataque directo a la integridad física de las personas hasta la violencia estructural en las relaciones de poder10. Una sociedad en la que las personas no pueden ejercer sus derechos básicos es una sociedad violenta, aunque en ella exista un nivel relativamente bajo de violencia personal. Sin embargo, la violencia estructural manifiesta presupone un grado latente de violencia personal, porque los sistemas defienden sus estructuras con políticas represivas y de control social11.

A la luz de esos conceptos, se puede decir que el contexto externo en el cual se inserta América Latina es un escenario de notoria violencia. La divergencia entre la capacidad potencial de las naciones para satisfacer las necesidades básicas de sus poblaciones y las insuficiencias concretas que esas poblaciones enfrentan constituye una prueba de la violencia estructural del sistema económico y de poder, porque esas brechas no se justifican dado el nivel de riqueza y de conocimiento científico y tecnológico acumulado por nuestra civilización.

Además, asistimos a la «banalización de la violencia» personal y promovida por el Estado, para citar otra vez a Arendt, con la destrucción de ciudades y países en guerras no declaradas en Afganistán, Iraq, Libia y Siria, entre decenas de otros países; la aceptación de la tortura como instrumento de coerción y la autorización abierta de asesinatos por Estados democráticos y de derecho, como en las guerras en los países mencionados; la expulsión de decenas de millones de personas de sus casas y países, condenadas a la pobreza en masa; las muertes prevenibles de los refugiados en el mar y en centros de concentración; formas horrendas de asesinato en masa de civiles en Europa, Estados Unidos, África y Oriente Medio, por parte de fanáticos religiosos, ellos mismos alimentados de las manos de los señores de la guerra.

No se trata de simplificar la problemática de la violencia, que es compleja en sus heterogéneas manifestaciones individuales y colectivas. Tampoco se puede afirmar que el tiempo que estamos viviendo sea más violento que otro anterior. Posiblemente, lo que no tiene precedentes es la nueva visibilidad de la extrema violencia a través de los medios de difusión, y la capacidad que ellos tienen de transformar la violencia en un show12. Por otra parte, en las últimas décadas, en las sociedades más ricas de toda la historia de la humanidad, asistimos al continuo proceso de derogación de derechos que se creían permanentes, como el derecho al trabajo, a la salud o a la protección en la edad avanzada, mientras se transfiere al mercado el suministro de servicios anteriormente definidos como bienes públicos.

No pretendo reiterar los amplios y conocidos datos sobre los niveles de concentración de riqueza, ingreso y poder global entre muy pocos. Me gustaría solamente mencionar que el último informe de la consultora pwc identificó que, en 2016, un grupo de solamente 1.542 personas acumuló una riqueza total de seis billones de dólares13. Por una irónica coincidencia, los seis billones de dólares equivalen al pib total de América Latina en 2014, antes de la crisis actual (el pib latinoamericano en 2016 bajó a 5,2 billones), según datos del Banco Mundial14. De un lado, 1.542 personas, del otro lado, los casi 600 millones que viven en la región también en condiciones de intolerables disparidades sociales y de poder15.

Vivimos en un planeta habitado por 7.400 millones de personas intensa y extensamente conectadas por circuitos de bienes, servicios e ideas. En sociedades de masas, las vidas de hombres y mujeres en las más diferentes regiones del planeta están entrelazadas por una red de interdependencias complejas, desequilibradas y asimétricas16. En el contexto de la convergencia mundial hacia un patrón de producción y consumo totalmente incompatible con la dotación de recursos del planeta, las discrepancias entre las aspiraciones al consumo inducidas por los medios de comunicación y las posibilidades reales de las poblaciones de los países más pobres de concretar sus deseos se suman a otros factores que alimentan la violencia interpersonal.

En una sociedad mundial extremadamente desigual en la distribución de las riquezas y del poder, las consecuencias negativas de la interdependencia global son impuestas a grupos sociales, sociedades y regiones que no se beneficiaron del progreso económico y tampoco contribuyeron a los daños derivados de ese mismo progreso. El cambio climático es un ejemplo significativo de procesos colectivos de larga duración cuyas consecuencias son distribuidas de forma indiscriminada entre regiones, personas y grupos de personas, con independencia de la forma e intensidad de su contribución al resultado colectivo. Al mismo tiempo, esas regiones, personas y grupos de personas tienen diferentes condiciones para resistir a los efectos del cambio climático, y condiciones muy desiguales para adaptarse en poco tiempo a los efectos trágicos de sequías, huracanes, inundaciones o incendios que resultan del aumento de la temperatura de la Tierra, como fue constatado en catástrofes similares con resultados contrastantes en Houston, Texas y Puerto Rico. De la misma manera, las acciones de empresas e inversionistas en territorios que no son los suyos afectan la salud, los empleos y la vida de las personas. La dificultad para establecer responsabilidades legales por los daños consecuentes facilita la impunidad de los crímenes de la globalización, como se observó en los acontecimientos que llevaron a la crisis financiera de 2008-2009.

La vida económica global expone el protagonismo de las corporaciones financieras y no financieras en el comercio legal de bienes y servicios, pero también directa o indirectamente en el mercado negro de drogas y armas y el tráfico de personas, que tienen efectos trágicos tanto en países centrales consumidores de drogas y productores de armas, como en los países latinoamericanos productores de drogas y consumidores de armas. El dinero de las acciones formalmente criminales, como el del tráfico de la droga, es blanqueado por bancos y sociedades financieras respetables y, una vez legalizado, vuelve a financiar las actividades legales de los capitalistas criminales17.

La violencia indirecta de las estructuras de poder, inherente al capitalismo global, se suma a la violencia directa como consecuencia de su naturaleza criminal, que se manifiesta en el trabajo esclavo o semiesclavo de niños, niñas, mujeres y hombres en las plantaciones de cacao en la Costa de Marfil, en la cosecha de tomates en el sur de Italia, en las fábricas textiles y electrónicas en Asia y otras partes del Sur global18, entre miles de casos similares19. Diferentes instrumentos de coerción y de inseguridad de masas son utilizadas por grandes empresas extractivas para impedir la generación de movimientos colectivos de protesta en África y América Latina, como es documentado en forma diaria por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y por diversas organizaciones no gubernamentales (ong)20.

Las marcas globales, como mostró Naomi Klein, esconden las condiciones siniestras de trabajo en que son producidos sus artículos, «lugares donde las marcas no existen»21. Así se ha descubierto que el origen de las zapatillas Nike son los inicuos talleres de Vietnam; el de las ropitas de la muñeca Barbie, el trabajo de los niños de Sumatra; el de los cafés capuchinos de Starbucks, los cafetales ardientes de Guatemala, y el del petróleo de Shell, las miserables aldeas del delta del Níger. La lista de las infamias del capitalismo global podría seguir por varias páginas. Es importante no perder de vista que esas prácticas de violencia están integradas en el contexto de las relaciones estructurales de dominación social del capitalismo, para encontrar formas renovadas de lucha y resistencia.

El capitalismo encierra en sí una historia de violencia sistemática contra la naturaleza, que está presente en la forma en que empresarios y sus corporaciones se relacionan con el medio ambiente, y la desestima, en sus actividades, por la capacidad limitada del planeta para renovar sus recursos y recibir los desechos producidos por los humanos (la tragedia de 2015 en Mariana, Minas Gerais, es un ejemplo). Como consecuencia del desarrollo industrial capitalista, estamos rodeados por un mundo manufacturado, un mundo fabricado por el ser humano mediante métodos de producción masiva que, por la escala del uso de los recursos naturales, tienen efectos dañinos en la naturaleza y en el planeta. Todos los objetos y servicios que utilizamos en el cotidiano son productos de un sistema industrial amplio y complejo, que depende del trabajo de hombres y mujeres con variadas calificaciones, repartidos por todo el mundo, apoyados en su actividad por máquinas cada vez más perfeccionadas, que en algún momento los van a reemplazar en sus tareas22.

Restricciones internas

A lo largo de la historia del continente americano, los recursos naturales fueron utilizados de forma intensiva para la producción de riquezas, primero por los colonizadores, después por las elites locales. Desde el oro, la plata y otros minerales preciosos, pasando por el monocultivo del «desayuno» (café, cacao, azúcar), los recursos naturales y la forma de servirse de ellos definieron la estructura social, de poder y de exclusión, que constituyó el elemento en común entre las disímiles sociedades latinoamericanas. Los recursos naturales y su explotación han representado una maldición para la mayoría de los pueblos de América Latina, en la misma medida en que han sido una bendición para las elites sociales y políticas latinoamericanas.

En la región, la trama de relaciones sociales y los juegos de las fuerzas político-económicas fueron y siguen siendo una fábrica de violencia. Se trata de una violencia estructurante, constitutiva, extremadamente compleja en sus dimensiones político-económicas, socioculturales, objetivas y subjetivas. Por medio de prácticas de violencia se ordenan y se modifican las relaciones entre los dueños del poder y los sectores sociales subordinados, entre los gobiernos y la población, entre las elites dominantes y las masas anónimas. Como sugirió el sociólogo brasileño Octavio Ianni, la violencia que nace como técnica de poder «se ejercita también como modo de preservar, ampliar o conquistar la propiedad»23. En la sociedad patriarcal y patrimonial latinoamericana, la negación de los derechos primordiales al conjunto de la población es la herencia de naciones forjadas por la esclavitud, el trabajo servil y la explotación absoluta del trabajo de hombres, mujeres, niños y niñas para la extracción de rentas.

Como consecuencia, las sociedades latinoamericanas enfrentan las contradicciones de la modernidad contemporánea junto a las paradojas de su propia historia. La modernidad se refiere a modos de la vida social que los pueblos latinoamericanos conocieron como proyectos «modernizadores» impuestos desde arriba y que, lejos de desafiar el orden patrimonial excluyente, reprodujeron la estructura de poder y ampliaron las desigualdades económicas y sociales reinantes. Para la construcción del modelo industrial-moderno, miles de campesinos fueron expulsados de sus medios de subsistencia y de las tierras que sembraban, que consideraban como suyas, para ser transformados en seres inútiles y miserables en las ciudades24.Una modernidad de apariencia, de repúblicas sin instituciones republicanas, de naciones sin ciudadanos, constituyó un proceso «modernizador» que genera, desarrolla y perfecciona las más sorprendentes modalidades de violencia, al reproducir las mismas estructuras sociales excluyentes bajo el poder de oligarquías «modernas». Es un proceso histórico que no ha sido lineal y que no adopta las mismas características en todos los países de la región, porque ha sido mediado por las instituciones políticas y del Estado y desafiado por movimientos sociales de emancipación. Asimismo, las manifestaciones y modulaciones de la violencia están marcadas por las relaciones, los procesos y las estructuras de dominación política y apropiación económica que corresponden al capitalismo en sus configuraciones específicas.

Cabe señalar que, para muchos historiadores, la modernidad empieza con la construcción de las fronteras entre dos esferas de la vida social, una pública y otra privada. Los términos son utilizados para diferenciar descriptivamente o normativamente dos dominios distintos en los cuales tienen lugar las acciones y la vida social25. El tema es vasto y no será desarrollado en este espacio. Vale mencionar que, al contrario del legado de la modernidad, en la mayoría de los países latinoamericanos y a lo largo de gran parte de su historia, el Estado no actúa para garantizar los derechos de los ciudadanos, en tanto la justicia está fuera del alcance de las personas comunes porque es cara, lenta, no confiable, parcial, corrupta, frágil o simplemente ausente.

En la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, las fronteras entre las esferas privada y pública aún son muy tenues. El Estado, el dominio público, es percibido por las clases dominantes como una ampliación de su círculo familiar, el privado, sin discontinuidades u oposiciones, lo que justifica sus prácticas predadoras y la búsqueda de beneficios personales utilizando recursos públicos. La cultura del compadrazgo sienta las bases para una tolerancia de la corrupción y la privatización del poder político por parte de los que disfrutan el poder patrimonial y los cargos.

Sin duda, la «modernidad» es un proceso que incluye combinaciones históricamente construidas por elementos tradicionales y modernos con sus propias tensiones y potencialidades, y América Latina no es la excepción. Las elites latinoamericanas se caracterizan por un comportamiento de obtención de rentas monopólicas derivadas de la explotación tanto de los recursos naturales como de la producción de bienes manufacturados protegidos de la competencia externa, capturando el Estado para sus intereses personales o corporativos.

Las clases dirigentes latinoamericanas constituyen el mayor obstáculo a una transformación social-ecológica en América Latina, aunque ellas hayan jugado un rol estratégico en el desarrollo de sus países cuando sus objetivos autocentrados coincidieron con los intereses colectivos. Esas elites son un obstáculo para movimientos hacia sociedades más incluyentes y sostenibles, no porque rechacen el progreso o la innovación tecnológica, como suponía la sociología norteamericana de mediados del siglo pasado. Son un obstáculo porque no tienen compromiso con proyectos colectivos o con las sociedades de sus países, ni están dispuestas a retroceder en sus privilegios para permitir la extensión de los beneficios de la modernidad a toda la sociedad. Sociedades tan desiguales como las latinoamericanas tienden a reproducir instituciones comprometidas con la consolidación de las mismas desigualdades.

Como sugirió Alice Amsden, los cambios en el régimen de derechos de propiedad, o sea, los cambios institucionales, fueron fundamentales en las estrategias de desarrollo de los diferentes países26. Sin embargo, las discontinuidades en el régimen de derechos de propiedad, como en el caso de reformas agrarias, casi siempre sucedieron contra la voluntad de los señores de la tierra, por medios violentos, como en la Revolución Cubana, o por imposición de fuerzas externas, como ocurrió en Japón y en la República de la Corea en la posguerra por exigencia de eeuu . Las instituciones existentes no solo influyen en los cambios institucionales y su dirección, sino que además tienen fuerte inercia y esto contribuye a la permanencia de instituciones ineficientes o injustas.

Los intereses de las elites latinoamericanas, cuyo poder económico y político proviene del agronegocio, del extractivismo, de la banca, de las sociedades de inversión, pero también de industrias de bienes y servicios intensivas en conocimiento, están intrínsecamente articulados con los del capital externo y los del capitalismo global, sin discontinuidad. Esas elites tienden a reforzar las instituciones políticas y económicas existentes, las mismas que se contraponen a los cambios institucionales que son necesarios para una transformación social-ecológica en América Latina.

Actualmente, el panorama es más difícil por el agotamiento del ciclo de gobiernos progresistas, comprometidos con la reducción de la deuda social y con la promoción de un desarrollo económico más inclusivo en los países de la región, después de casi dos décadas. Un conjunto de factores, entre los cuales se incluyen el desplome de los precios de los productos básicos (commodities) y la organización internacional de las fuerzas conservadoras en América Latina, precipitó la caída de esos movimientos. A pesar del progresismo social, es insuficiente el saldo de los cambios estructurales promovidos por los mismos gobiernos progresistas, puesto que se mantuvo la dependencia de las economías del modelo extractivista y del capitalismo financiero global, en una política de alianza con las clases dominantes locales.

De cualquier forma, fue más por los aciertos que por los errores que los líderes populares fueron reemplazados por políticos decididos al retroceso de las economías y de las sociedades latinoamericanas hacia un statu quo ante, por el voto, en Argentina, o por golpes parlamentarios en Brasil, Honduras y Paraguay27. En Brasil, políticos, burócratas y un nuevo aparato policial-judicial, sostenidos por las elites terratenientes, financieras y corporativas, pero también por segmentos medios de la población, se apoderaron del poder para estancar el impulso distributivo y la agenda progresista, dispuestos a destruir el patrimonio nacional construido a lo largo de décadas y vendido en subasta, contrarios a una política externa más independiente y a la construcción de instituciones democráticas. Las elites locales no vacilaron ante los costos sociales del desempleo, el corte de programas sociales, el aumento de la pobreza extrema, los desastres medioambientales y el regreso del hambre.

Consideraciones finales

Arendt observó que las libertades individuales y sociales solamente adquirieron la condición de derechos naturales, inalienables y no confiscables y pasaron a tener un rol revolucionario cuando en la era moderna, y no antes, los hombres (porque las mujeres no eran reconocidas como actores históricos) empezaron a dudar de que la pobreza fuese inherente a la condición humana. Esa duda fue reemplazada por la convicción de que la vida en la Tierra podría tener la bendición de la abundancia, en vez de ser maldecida por la escasez28. Esos valores llegaron muy tarde a América Latina, que se modernizó sin haber asimilado los ideales de igualdad, razón y ciudadanía, porque estos entraban en contradicción con la forma de operar de las sociedades patrimoniales, tradicionales y excluyentes.

Hoy más que nunca, en tiempos neoliberales pero de ideas antiliberales, es necesario retomar y reforzar los ideales de tolerancia, fraternidad, libertad, e igualdad de los pensadores de la Ilustración, para impedir que el miedo al otro y el recurso a la irracionalidad se expresen en manifestaciones de violencia racistas, clasistas y sexistas. La modernidad no es un concepto fácil de definir. Tiene variados significados, y las interpretaciones de su contenido se multiplicaron a lo largo de las últimas décadas. En palabras de Bolívar Echeverría29, uno de los autores latinoamericanos críticos de la interpretación eurocéntrica de la modernidad: «Unos más, otros menos, todos, querámoslo o no, somos ya modernos o nos estamos haciendo modernos, permanentemente». Más allá de sus contradicciones, la modernidad encierra conceptos que permitieron a una parte de la humanidad pensar críticamente la historia individual y colectiva y convencerse de que era posible transformarla. Por su aspiración a la construcción de un cambio social que contribuya a la autonomía individual y colectiva, la transformación social-ecológica se inscribe en la tradición filosófica de la modernidad30.

Es incuestionable que el orden capitalista global crea incluidos y excluidos, establecidos y foráneos (outsiders), integrados y marginados. Por una parte, están las regiones dominantes, las ciudades globales y los actores cosmopolitas que disfrutan las oportunidades abiertas y la movilidad ampliada por las grandes innovaciones científicas y tecnológicas, y que tienen acceso a la variedad de bienes y servicios facilitados por la globalización de los mercados y la financierización de la economía. En el otro extremo, están los actores sociales que contribuyen a los bajos precios de los bienes y servicios disponibles para los consumidores globales con su trabajo no pagado o mal pagado. Están también los excluidos de la modernidad y de la globalización, aun en las regiones líderes: son los desempleados crónicos, el «precariado», los nuevos pobres, los jóvenes ni-ni (ni trabajan ni estudian), los inmigrantes, los refugiados políticos y económicos, los delincuentes y los presos comunes, entre otros marginados31.

La transformación social-ecológica conlleva una utopía: una sociedad más justa y más responsable con el planeta, que elija la centralidad de la vida y del «buen vivir» como eje orientador. Las condiciones internas y externas son poco propicias, pero aún permiten diferentes lecturas. Es importante reconocer que los productos del desarrollo científico y tecnológico y de la razón humana posibilitan que cada quien viva una vida plena, con respeto a la diversidad cultural y biológica del planeta. Empero, la forma de apropiación y el uso de esos bienes y servicios por el capitalismo global y los dueños del poder tienen que ser enfrentados por la sociedad civil organizada en cada país y globalmente. Sin esa batalla, podemos estar construyendo una sociedad distópica, en la que el trabajo de la mayor parte de las personas se convierta en redundante, los ingresos derivados del trabajo se degraden y se profundice la fractura entre los pocos que se adueñan de todo y el resto de la humanidad, condenado a sobrevivir al margen de la abundancia. O bien, podemos caminar hacia una sociedad en la que las máquinas reemplazarán a los seres humanos en las actividades más rudas, monótonas y peligrosas, y las personas llegarán finalmente a no tener que trabajar para vivir frugalmente y deberán pensar, como lo planteaba John Maynard Keynes hace casi 90 años, cómo utilizar su tiempo libre para desarrollar el potencial creativo de cada uno y construir una sociedad más igualitaria, más solidaria y más cuidadosa con el planeta.

Notas:

1. Sin embargo, Canadá comparte con el resto de América una historia de pactos no respetados con las poblaciones originarias, prácticas de genocidio, asimilación forzosa, colonización y robo de tierras. Todavía no se respeta el compromiso de consulta a las poblaciones residentes antes de conceder licencia a una inversión minera. Ashifa Kassam: «Canada Celebrates 150 but Indigenous Groups Say History is Being ‘Skated Over’» en The Guardian, 27/6/2017; Mali Ilse Paquin: «Unsolved Murders of Indigenous Women Reflect Canada’s History of Silence» en The Guardian, 25/7/2015.

2. En 2012, los homicidios perpetrados en América (157.000) representaron cerca de 36% del total mundial (437.000), aunque la población del continente alcance poco más de 13% de la población mundial. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc): Estudio mundial sobre el homicidio 2013. Resumen ejecutivo, Naciones Unidas, Viena, 2013.

3. V. el sitio «The Defenders» en el periódico inglés The Guardian, que lleva un inventario de los asesinatos de defensores de la tierra, disponible en www.theguardian.com/environment/series/the-defenders.

4. Se trata de un enfoque propuesto por el proyecto regional Transformación Social-Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert (fes). Este artículo está basado, en parte, en un trabajo mucho más largo, preparado en el contexto del grupo de trabajo de este proyecto regional.

5. El concepto es de Thomas Marshall en su obra Ciudadanía y clase social [1950] (Alianza, Madrid, 2007) y fue retomado por Étienne Balibar en «¿De la victoria del capitalismo a la derrota de la democracia?», entrevista de Marc Verzeroli y Olivier de France en Nueva Sociedad No 271, 9-10/2017, disponible en www.nuso.org.

6. Kathleen Ho: «Structural Violence as a Human Rights Violation» en Essex Human Rights Review vol. 4 No 2, 9/2007.

7. Hannah Arendt: Los orígenes del totalitarismo, Alianza, Madrid, 2006. Para Galtung, un orden social se define como pacífico si en él la violencia está ausente. J. Galtung: «Violence, Peace, and Peace Research» en Journal of Peace Research vol. 6 No 3, 1969, p. 168.

8. Galtung diferencia entre violencia personal/directa y violencia estructural/indirecta: «cuando un marido golpea a su esposa es un claro caso de violencia personal, pero cuando un millón de maridos mantienen a sus esposas en estado de ignorancia, se trata de violencia estructural». J. Galtung: ob. cit., p. 171.

9. J. Galtung: ob. cit. Esa definición tiene similitud con la definición de desarrollo como libertad de Amartya Sen. Ver A. Sen: Desarrollo y libertad, Planeta, Buenos Aires, 2000.

10. Paul Farmer: «An Anthropology of Structural Violence» en Current Anthropology vol. 45 No 3, 6/2004.

11. J. Galtung: ob. cit.

12. E. Balibar: «Outlines of a Topography of Cruelty: Citizenship and Civility in the Era of Global Violence» en Constellations vol. 8 No 1, 2001.

13. pwc y ubs: «New Value Creators Gain Momentum: Billionaires Insights 2017», pwc / ubs, 2017.

14. V. los datos en Banco Mundial Datos, https://datos.bancomundial.org/region/america-latina-y-el-caribe.

15. Entre 1995 y 2016, el número de súper ricos ha aumentado, así como su riqueza, que pasó de uno a seis billones. pwc y ubs: ob. cit.

16. La sociedad de masas ha sido caracterizada por su tamaño, como formaciones sociales heterogéneas e indiferenciadas que se prestan a la manipulación y el control por las elites políticas, económicas, e intelectuales, es decir, por los que dan forma y configuran la cultura en las diferentes esferas de la vida social, en los términos de Karl Mannheim.

17. Como ejemplo, en 2009, el director ejecutivo de la unodc, Antonio María Costa, declaró que había evidencia de que los ingresos recaudados por el crimen organizado habían salvado a un gran número de bancos, ya que eran el único capital disponible con liquidez. Según sus estimaciones, en 2009, cerca de 352.000 millones de dólares derivados de la droga fueron absorbidos por el sistema económico. Rajeev Syal: «Drug Money Saved Banks in Global Crisis, Claims un Advisor» en The Guardian, 13/12/2009.

18. «Estas trabajadoras indonesias se han acostumbrado a recibir a personas como yo, extranjeros que vienen a hablarles sobre las espantosas condiciones que reinan en las fábricas donde cortan, cosen y pegan telas para empresas multinacionales como Nike, The Gap y Liz Claiborne». Naomi Klein: No logo. El poder de las marcas, Paidós, Barcelona, 2000.

19. Joe Sandler Clark: «Child Labour on Nestlé Farms: Chocolate Giant’s Problems Continue» en The Guardian, 2/9/2015; N. Klein: ob. cit.; Isabel Hunter y Lorenzo Di Pietro: «The Terrible Truth about your Tin Italian Tomatoes» en The Guardian, 24/10/2017.

20. V. el sitio https://business-humanrights.org/es.

21. N. Klein: ob. cit.

22. Diversos científicos han propuesto el término «Antropoceno» para definir una nueva era geológica dominada por la actividad humana. El término fue acuñado en 2000 por Paul Crutzen, ganador del Premio Nobel de Química, por analogía con la palabra «Holoceno», que define el periodo interglaciar que abarca la vida en el planeta desde el comienzo de la agricultura (Neolítico).

23. O. Ianni: «A violência na sociedade contemporânea» en Estudos de Sociologia No 12, 2002, p. 9.

24. Para una comparación, el movimiento similar de expulsión de campesinos en Inglaterra, como consecuencia del proceso de consolidación de tierras comunes (enclosure), empezó en el siglo xii y se extendió a lo largo de casi 200 años, entre 1450 y 1640. El proceso terminó al final del siglo xix. Karl Polanyi: La gran transformación, fce, Ciudad de México, 2011.

25. Norberto Bobbio: Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1978.

26. A.H. Amsden: «Elites and Property Rights» en A.H. Amsden, Alsia DiCaprio y James A. Robinson (eds.): The Role of Elites in Economic Development, Oxford University Press, Oxford, 2012.

27. Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2015-2016). El golpe de Haití fue anterior, en 2004.

28. H. Arendt: Sobre la revolución, Alianza, Madrid, 1988.

29. B. Echeverría: «Modernidad y capitalismo: 15 tesis sobre la modernidad» en Gonzalo Gosalvez (ed.): Crítica de la modernidad capitalista, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2011, p. 67.

30. Recientemente, el análisis crítico de la amplia diversidad cultural e institucional asumida por la modernidad en regiones cercanas o ajenas a la tradición «occidental» engendró el concepto de «modernidades múltiples», o formas plurales de la modernidad, en la teoría política y social de la modernidad. Peter Wagner: «Modernity as Experience and as Interpretation: Towards Something Like a Cultural Turn in the Sociology of ‘Modern Society’» en P. Hedström y Björn Wittrock (eds.): Frontiers of Sociology. Annals of the International Institute of Sociology vol. 11, Koninklijke Brill nv, Leiden, 2009.

31. «Precariado» es una expresión creada por Guy Standing para designar a los trabajadores que tienen mínimos derechos laborales y sociales. G. Standing: The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, Londres, 2011.

Vivianne Ventura-Dias: es investigadora independiente. Trabajó en la Organización de las Naciones Unidas (onu). Fue directora de la división de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

http://nuso.org/articulo/la-transformacion-social-ecologica-de-america-latina/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243570

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Generalicemos la toma de conciencia que lo positivo de los gobiernos progresistas fue su puesta en práctica de importantes maduraciones de diversidades de abajo respecto a sus derechos humanos pero hicieron posible la actual ofensiva de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Porque implantaron el presidencialismo de la obediencia debida sobre la base de aparatos clientelares y la manipulación mediática, los empoderamientos corporativos de las rebeldías populares que les dieron origen y convirtieron los ideales de justicia social en acceso a la sociedad de consumo o sea consolidaron la subsunción de las mayorías en el capitalismo dependiente del Abya Yala.

 

De modo que el desafío de hoy de enfrentar al Capital Estado nos exige ante todo destapar la impostura de líderes e intelectuales progresistas y recuperar las rebeldías populares no sólo de las anuladas por ellos sino de todo el Abya Yala. 

 

FDAC Cajamarca: ¡Cambiemos el sistema para cambiar el clima!


1 de diciembre de 2014

 

 

NUESTRA POSICION  FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO Y ANTE LA COP20

¡ Cambiemos el sistema para cambiar el clima  !

A los Señores Presidentes, Mandatarios, y Representantes de los países del mundo; Señores Representantes de las grandes Corporaciones Transnacionales; así como a las Organizaciones Financieras y ONGs Nacionales e Internacionales y a las Delegaciones de las Organizaciones Sociales presentes en la COP20, a la vez que expresamos nuestro saludo de Bienvenida, señalamos lo siguiente:

La tierra que hoy visitan, es la tierra del Perú, síntesis biogeográfica del mundo, cuna de Culturas Ancestrales y de miles y miles de productos alimenticios que hoy abastecen al planeta, principal laboratorio genético natural de la Pachamama. Los hombres y mujeres que hoy la habitamos empezamos a tomar conciencia de lo que esto significa, y es por eso que nos estamos Organizando  y nosotros como ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ Y EL TAWANTINSUYU (ANPP-T), asumiendo la responsabilidad que hoy nos compete como ciudadanos del Planeta e hijos de la Madre Tierra, redactamos la siguiente DECLARACIÓN sabiendo que todavía hay una oportunidad para revertir el denominado cambio climático, decimos:

 

·          Que está demostrado que los principales causantes de todos los males que afectan A NUESTRA MADRE TIERRA, son la presencia de grandes Empresas Transnacionales, principalmente extractivas, la Instalación de Industrias contaminantes a nivel mundial, así como la promoción de estilos de vida de una sociedad consumista cuya voracidad y ansias de lo superfluo e innecesario, terminan dejando inmensas ganancias y promoviendo poderosos intereses económicos, sin importar el daño que causan a nuestra MADRE TIERRA; esta forma de desarrollo a nivel Global es el SISTEMA CAPITALISTA, inhumano, depredador, mezquino e individualista, que tenemos que cambiar, con nuevos patrones de desarrollo, ética y solidaridad, para así frenar el cambio climático, que cada día nos afecta más y pone en peligro a la humanidad entera y a la Madre Tierra.

 

·          Que en este marco de desarrollo mundial, No podemos admitir más gases contaminantes de vuestros complejos industriales y parque automotor, por eso planteamos inequívocamente la reducción de por lo menos el 95% de la emanación de los gases que agudizan cada día más el efecto invernadero. No podemos tolerar más actividad o explotación minera, gasífera o petrolera ni en cabecera de cuenca, ni en las  cuencas de los ríos, lagunas, bofedales, humedales y lagos, ni en los alrededores de los sistemas de agua, valles, bosques, selva, tierras agrícolas u otras que dan vida a hombres, plantas y animales y que mantienen el  natural equilibrio ecológico.

 

Necesitamos proteger el agua para las futuras generaciones, pero sobre todo para hoy, encontrándose en manos privadas en muchas partes del planeta, y en el Perú donde se pretende privatizarla, LO QUE ES UN BIEN UNIVERSAL DE TODA LA HUMANIDAD, por lo que debe declarársele un RECURSO Y DERECHO HUMANO Y QUE LOS PAÍSES LO CONSIDEREN ASÍ EN SUS CONSTITUCIONES POLÍTICAS.

 

Estamos convencidos por ello que nuestra actividad principal es la Agricultura, el mundo hoy a pesar de tanta producción industrial todavía clama a causa del hambre, y necesita alimentos, por lo que proponemos que se dé más apoyo a la actividad agrícola con mayor infraestructura de riego principalmente en nuestros países andino amazónicos, y las zonas de nuestros continentes hermanos de África, Asia y Oceanía y se usen diversas técnicas de “acopio y cosecha de agua”, que aumente la producción agropecuaria y agro-industrial, en base a la promoción de alimentos sanos, orgánicos y diversos, como solamente nuestra tierra puede brindar; el comer sano no tiene que ser tan costoso.

Planteamos erradicar toda práctica de manipulación genética con productos alimenticios y animales, que sirve a todo ser vivo, ya que mediante técnicas de Ingeniería genética se privilegia la productividad y la ganancia de las Transnacionales, sin medir las consecuencias y el peligro que causan a la Salud humana, así como las secuelas en el corto y mediano plazo para la vida de todas las especies, puesto que los llamados “alimentos transgénicos” representan un grave peligro para el mundo de la alimentación, sobre todo para el Perú que posee  algunos  germoplasmas o almacén genético del planeta, esto último no puede ni debe ser patentado, controlado y manipulado por las Corporaciones Multinacionales y hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.

Proponemos un cambio de la matriz energética para el uso Industrial y humano en general, que hoy se basa en los combustibles fósiles como la petrolera, la gasífera o los Biocombustibles, reemplazándola por una industria en base a energías alternativas limpias, como la energía hidráulica, solar, la energía eólica y  otras. Así mismo promover é impulsar la medicina alternativa, natural y  de productos que nos prodiga la rica biodiversidad andina-amazónica y universal.

Proponemos que los bienes y recursos naturales sean administrados por las propias comunidades y pueblos originarios, garantes ancestrales de preservarlas también para las futuras generaciones ya que muchos de ellos NO SON RENOVABLES Y LA VORACIDAD DE LAS TRANSNACIONALES A LA VEZ QUE LOS AGOTAN RÁPIDAMENTE DEJAN UNA CADENA DE CONTAMINACIÓN Y POBREZA EN NUESTROS PUEBLOS, de esta manera la toma de decisiones en materia económica será decisión soberana de millones y millones de seres humanos del planeta tierra y no tan solo de unos cuantos cientos como en esta COP20.

Proponemos que los representantes de los países emisores en alto grado de gases de efecto invernadero no solo reduzcan sus emanaciones en un 95%, sino también deben comprometerse a desmantelar y/o eliminar sus armas de destrucción masiva, nucleares, químicas, biológicas, así como sus tecnologías que afectan el equilibrio ecológico y ambiental, como las diversas contaminaciones: electromagnéticas, sonoras, visuales, de residuos sólidos, líquidos y químicos, etc. causantes de la destrucción de la vida humana, animal y la Madre tierra.

EL CAMBIO CLIMÁTICO SE PUEDE REVERTIR, aún estamos a tiempo; podemos lograr que el planeta vuelva a su equilibrio natural; la lucha contra el cambio climático no debe ser utilizada para vivir de él con jugosos presupuestos económicos, o con llamados  miserables bonos de carbón; no se trata de adaptarnos o acostumbrarnos al cambio climático, ni tampoco al capitalismo, que lo ha provocado, porque de continuar así, TERMINARÁ CON TODO SIGNO DE VIDA  SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA Y CON LA EXISTENCIA DE NUESTRA MADRE TIERRA.

 

¡Por el agua, la vida, los derechos del pueblo trabajador y la Madre Tierra !

ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ Y EL TAWANTINSUYU ANPP-T

Lima, diciembre del 2014.

FDAC: http://fdaccajamarca.blogspot.com/

 

 

Requerimos instalar en la agenda pública que doce años de gobierno K no sólo dejó al neoliberal Daniel Scioli como alternativa a Mauricio Macri sino también regresión económico social. Coincide con todos los gobiernos progresistas:

 "Después de 10-15 años de estos procesos de transformación política, social y cultural en la región, lo que tenemos como saldo es, junto a un robustecimiento de nuestro carácter primario-dependiente, una gran expansión de las fronteras extractivas, avanzando en muchas ocasiones sobre territorios “vírgenes”, o que habían sido muy poco impactados por la modernización capitalista. Este avance extractivista se incrusta en nuestros territorios no sólo por la vía de infraestructuras, sino también mediante varios acuerdos de mediano y largo plazo con empresas transnacionales, al tiempo que se siguen explorando y negociando nuevos enclaves de extracción, muchos de ellos de fuentes no convencionales".

 

Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos
11 de septiembre de 2014


Por Emiliano Terán Mantovani

Hay claros indicios de que estamos frente al agotamiento de un ciclo político en América Latina, y en el tránsito hacia otra fase que nos enfrenta a una serie de amenazas de diferentes grados para los pueblos de la región. Es importante destacar que los diversos procesos de lucha social latinoamericanos suelen estar, en buena medida, atravesados por el carácter cíclico de nuestras economías, que influye poderosamente en las movilizaciones sociales, en la legitimidad del sistema político, en la relación entre el poder constituido y el poder constituyente, y en la composición política del Estado en un momento determinado. Esto evidentemente ha marcado las dinámicas de transformación de los últimos años, y marcará las que vendrán en el futuro.

Los debates sobre extractivismo toman aún más importancia en la actualidad debido a varias razones, de las cuales destacamos dos:

a) Después de 10-15 años de estos procesos de transformación política, social y cultural en la región, lo que tenemos como saldo es, junto a un robustecimiento de nuestro carácter primario-dependiente, una gran expansión de las fronteras extractivas, avanzando en muchas ocasiones sobre territorios “vírgenes”, o que habían sido muy poco impactados por la modernización capitalista. Este avance extractivista se incrusta en nuestros territorios no sólo por la vía de infraestructuras, sino también mediante varios acuerdos de mediano y largo plazo con empresas transnacionales, al tiempo que se siguen explorando y negociando nuevos enclaves de extracción, muchos de ellos de fuentes no convencionales.

Si mapeáramos los diversos proyectos de explotación de la naturaleza en los países latinoamericanos, podríamos advertir con gran preocupación cómo cada vez más territorio es comprometido, hipotecado y/o ocupado por la lógica de despojo y depredación del capital, tanto si hablamos de gobiernos francamente neoliberales (donde destacan Colombia [1] [2], Perú [1] [2] y México), hasta llegar a los denominados “progresistas” (como por ejemplo los casos de Ecuador [1] [2] [3], Bolivia y Venezuela [1] [2]). Ya se ha subrayado en otros momentos las crecientes consecuencias económicas, ambientales, políticas, geopolíticas, sociales y culturales de profundizar el carácter extractivista de nuestros modelos de sociedad;

b) Al parecer, una segunda fase del nuevo extractivismo (neoextractivismo) en América Latina se configura entonces sobre la base del desgaste, ralentización y estancamiento de los procesos de transformación recientes en la región, con una tendencia progresiva a la mutación del perfil social reivindicativo que han tenido buena parte de los gobiernos latinoamericanos en los últimos años, hacia formas híbridas y más complejas de acumulación por desposesión esto es, lo que hemos llamado el «neoliberalismo mutante», que podrían apuntar a políticas más crudas, ortodoxas y explícitas de neoliberalismo. Un “cambio de época” como este para América Latina, supondría que los dispositivos de dominación que se desprenden del extractivismo sería más tenaces y agudos.

La configuración de nuevos tiempos y escenarios para la región ha hecho al mismo tiempo brotar nuevas espirales en el debate sobre extractivismo, a la vez que la necesidad de enfrentar futuros desafíos exige intentar caracterizar los flujos y corrientes de poder político y epistemológico que se desprenden de ellos. Aquí proponemos 7 hipótesis de trabajo para la discusión sobre viejos y nuevos tópicos que se han vinculado a los debates sobre extractivismo en América Latina.

 

a) Pensar el extractivismo como proceso metabólico y un tipo de régimen de reproducción de la vida

Buena parte de los debates sobre extractivismo plantean un enfoque en el cual parece que se está discutiendo únicamente sobre un “modelo económico”, o bien un tipo de perfil o gestión estatal. La cuestión es que el extractivismo no es sólo esto, sino que en su esencia es un tipo de metabolismo [1] del sistema capitalista que atraviesa, permea e interviene sobre los propios procesos de producción de vida, para adaptarlos a su función específica en la División Internacional del Trabajo, y en el caso del ordenamiento territorial interno de los países, a lo que hemos llamado la «División Nacional de la Naturaleza» [2] , que producen los Estados extractivistas.

En este sentido, se trata de una reivindicación del análisis del extractivismo desde la transdisciplinariedad, enriquecido primordialmente desde la geografía crítica y la ecología política, que haga que, por un lado, reconozcamos que el extractivismo es un sistema transterritorial, y por el otro un régimen biopolítico, en el cual la territorialidad no puede ser sólo entendida como una sociabilidad posada en un espacio inerte, sino que se trata de la reproducción biosocial de la vida, una simbiosis que es indivisible.

El sistema extractivista genera pues territorialidades, ordenamientos geográficos, que se ven articulados jerárquicamente en torno a procesos hegemónicos de acumulación de capital; genera poder sobre los cuerpos; genera configuraciones narrativas y culturales funcionales a estas dinámicas; reproduce un proceso metabólico particular sobre la naturaleza y la producción de energía. Se hegemoniza no sólo al establecer una estructura organizada, transnacionalizada y corporativa de extracción/producción de energía y materia para el mercado mundial, sino también al intentar configurar los procesos productivos moleculares y territoriales haciendo que se deriven de ésta.

 

La temporalidad y la velocidad del metabolismo biosocial de un país como Venezuela, sus particulares ritmos de procesamiento del consumo y el movimiento, no están sólo determinados por la disposición de tecnología que tiene para ello, sino en primera instancia por cómo la lógica del capital ha generado históricamente un sesgo que se hace cada vez más brutal en su territorialidad piénsese que el 96% del monto de sus exportaciones son petroleras, y el porcentaje de importación del total del consumo nacional de alimentos ha crecido enormemente [3] , por cómo el extractivismo petrolero venezolano configura un ordenamiento geográfico donde los sujetos han sido progresivamente desterritorializados de sus ecosistemas originarios, de sus metabolismos tradicionales, para que sus procesos de producción/consumo/vida se adapten a la específica relación espacio-temporal que genera el dinero de la renta petrolera, con sus particulares formas de producción de subjetividad, de corporalidades, su tipo de representación de los imaginarios sociales, sus intensivos procesos energéticos per cápita.

 

Al analizar los denominados “recursos minerales estratégicos”, haciendo un mirada especial sobre el litio, uno de los metales que ha creado mayores expectativas en vías a nuevos proyectos y ejes extractivos en Suramérica, vemos que sus principales usos están dirigidos a las cadenas de producción de electrodomésticos, como televisores pantalla plana, teléfonos celulares, computadores portátiles, cámaras de video o de fotografías, y otros similares. Este metabolismo depredador transterritorial que determina los «modos de vida imperial» (U. Brand), puede alimentar guerras o conflictos de orden geopolítico, o bien el robustecimiento del carácter extractivista del Estado boliviano país donde se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, una reconfiguración de su ordenamiento territorial, así como la desterritorialización subjetiva de los afectados por estos nuevos proyectos extractivos, todo para alimentar procesos de acumulación de capital de estas ramas de la producción industrial transnacional, y los consumos suntuarios de un fragmento “privilegiado” de la población mundial.

El sistema extractivista pues, interviene “de arriba hacia abajo” sobre procesos socio-bioproductivos populares, que pueden tener un carácter autónomo, autosuficiente y de escala molecular, desestimando socialmente los valores que produce, subordinándolos a su modo de acumulación, o bien destruyéndolos externalizando costos hacia los trabajadores, pobladores y la naturaleza. Se conforman así, las rutas metabólicas del sistema, un patrón energético piramidal que a partir de una serie específica de productos, materias y energías funcionales al capital, alimentan una cadena que llega hasta la cotidianidad de hombres, mujeres y niños.

Creemos entonces conveniente, analizar la lógica de dominación de los sistemas extractivistas más allá del proceso extractivo en sí, más allá de sus dinámicas estructurales, o bien que trasciendan una visión puramente “económica”, o política (centrada en el Estado), etc. Poder hacer visibles las derivaciones metabólicas que se originan de un tipo de régimen de reproducción de la vida que opera transterritorialmente, es decir, que sobrepasa el territorio donde se produce la extracción de naturaleza, en el sentido en que articula en torno a su modo de acumulación, múltiples espacios geográficos, subjetividades, funciones sociales, que pueden ser muy diversos unos de otros, pero que están subordinados a las zonas donde se masifican los «modos de vida imperial» (puede ser países como Suiza, Suecia o Canadá, o bien, zonas privilegiadas de Johannesburgo, Santa Cruz de la Sierra o Buenos Aires). Esto por supuesto, tiene implicaciones en la ampliación de los objetos y sujetos que se analizan desde la crítica al extractivismo.

 

b) Extractivismo, soberanías y neoliberalismo mutante

La muy promovida socióloga peruana Mónica Bruckmann afirma que: El acceso, la gestión y la apropiación de los recursos naturales abre un amplio campo de intereses en conflicto en América Latina, evidenciando, por lo menos, dos proyectos en choque: la afirmación de la soberanía como base para el desarrollo nacional e integración regional y, por otro lado, la reorganización de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el continente que encuentra en los tratados bilaterales de libre comercio uno de sus principales instrumentos para debilitar el primero [4] .

Es importante resaltar que una disputa fundamental que se desarrolla en torno al debate del extractivismo es la que tiene que ver con la soberanía, la cual parece ser entendida casi unánimemente como un problema de Estados-nación o sistemas interestatales. Esto oculta otros actores en realidad los actores constituyentes de los procesos políticos y los territorios que están en disputa tanto contra el capital, como contra el Estado, para evitar procesos de explotación y despojo, y la imposición de proyectos extractivos. Sobre la base de una diferenciación política regional y una reivindicación de las soberanías popular-territoriales, proponemos no dos, sino cuatro proyectos en disputa en América Latina, que marcarán nuestra dinámica geopolítica en los próximos años. Esta propuesta por supuesto no es rígida, sino que dichos proyectos son porosos, agrietados, se pueden solapar, en cierta forma articularse, o bien coexistir, negociar, o disputarse unos con otros en un espacio político determinado, que puede ser incluso un mismo país. Son, como ya hemos dicho, hipótesis de trabajo.

El Uribismo como proyecto regional : se trata de un proyecto neoliberal delincuencial y paramilitar, orientado a un extractivismo expansivo, abierto y flexible al capital transnacional, con esquemas de acumulación franca y abiertamente antipopulares, que opera bajo la égida de los Estados Unidos y que gira en torno a la «Alianza del Pacífico». Los Estados de México y Colombia son dos claros.

El Lulismo : es un proyecto corporativo/extractivista en franca expansión, de perfil mixto (Estado y empresas TNs) que puede distribuir de una forma un poco más justa la renta de la tierra captada internacionalmente, pero que ejerce procesos sostenidos de despojo y mecanismos de acumulación de capital híbridos (neoliberalismo mutante). En la medida en la que el ciclo expansivo de los commodities comience a contraerse, estos procesos de acumulación por desposesión se proyectan a agudizarse. Su alianza geopolítica gira en torno a los emergentes, principalmente China, y se orientaría en torno a la unión UNASUR-MERCOSUR. Brasil tiene franca influencia en este proyecto regional.

El Socialismo del siglo XXI : tiene rasgos programáticos que proponen generar algunas transformaciones profundas y mayores reivindicaciones populares primordialmente desde el Estado, con vínculos con movimientos sociales, y que tienen como base material primordialmente la renta internacional de la tierra, planteando una expansión del modelo extractivista. Sus alianzas giran primordialmente hacia los emergentes, principalmente China y Brasil, y los proyectos ALBA, PetroCaribe y Unasur-Mercosur. Este proyecto se encuentra en franco retroceso, al menos en sus aspectos más radicales, decoloniales y anticapitalistas, y puede mutar o interrumpirse para tomar formas “lulistas” o “uribistas”. Aún mantiene una fuerza electoral importante.

Un proyecto popular pluricomunista a escala regional : se trata de un proyecto multiterritorial, pluricultural, alternativo, nivelador, contrahegemónico, con rasgos nuestroamericanos fuertes. Lucha en general en torno a la defensa del territorio y de los bienes comunes, como una fuerza de resistencia antidespojo, pero que al mismo tiempo busca reconfigurar su realidad territorial alrededor de lo común. Lamentablemente, y a pesar de la difusión de un imaginario latinoamericanista, son luchas normalmente atomizadas y poco articuladas unas con las otras en términos regionales, a pesar de algunos esfuerzos que resaltan en los últimos años.

 

Hay sobre estas interpretaciones que hemos propuesto, un factor clave en el debate sobre extractivismo, que tiene que ver con la importante distinción entre lo común, lo público y lo privado. La defensa de lo común, de nuestros comunes, se vuelve imperiosa ante el avance permanente de la acumulación por desposesión, sobre todo tomando en cuenta que tres de los cuatro proyectos en disputa mencionados, con sus diferencias, se proponen expandir el modelo y las fronteras del extractivismo. De la emergencia epistemológica de lo común se desprenden toda una serie de ideas no sólo sobre nuevas subjetividades y premisas ontológicas, así como diferentes formas de resistencias desde el territorio, sino incluso algunas bases para pensar transiciones post-extractivistas y post-capitalistas en las cuales los pueblos ejerzan un tipo de gobernanza y tengan una soberanía directa por medio de formas de autogobierno y autogestión sobre sus territorios y bienes comunes.

Podemos, en efecto, evaluar el papel del Estado, tratando de salvar un teórico nexo fundamental y productivo entre lo común y lo público, sobre todo en los gobiernos denominados “progresistas”. UNASUR se ha propuesto crear el Instituto de Altos Estudios de la unión, alrededor del cual ya giran algunas intelectualidades como Theotonio Dos Santos y Mónica Bruckmann, que sostienen que esta “ afirmación de la soberanía” nacional se da sobre la base de estados fuertes que a partir de sus “recursos naturales”, planifican su uso sustentable para el provecho de la mayoría de los actores sociales [5] . El “desarrollo nacional” se alcanzaría ahora por la vía de una industrialización de la naturaleza.

Sin embargo, y sin poder profundizar mucho más sobre las apreciaciones de los teóricos de la UNASUR, es importante resaltar lo profundamente problemático que es el supuesto vínculo “progresivo” entre nacionalismo energético y la defensa de los comunes (en términos de mantener la soberanía de los pueblos en sus territorios y conservar la naturaleza de la degradación expansiva), y más bien consideramos fundamental demarcar claramente la diferencia entre el ámbito de lo común y el de lo público.

Esto es así por dos razones. La primera es que la intensificación progresiva del extractivismo y la lógica desarrollista en América Latina están en profunda relación con la paulatina distensión de los vínculos que los gobiernos en esta era de perfil “progresista”, han tenido con los movimientos populares que los llevaron al poder, y le dieron sentido a su proyecto político; están también en relación con la pérdida de la composición radical que ha tenido este “bloque político del descontento” y el retroceso de las prácticas alternativas que han dado vida al impulso transformador de los proyectos de estos gobiernos; y a su vez con la progresiva desmovilización de los pueblos y la burocratización de dichos procesos de cambio social. A estas alturas creemos que es evidente que los Estados de orientación popular y progresista han podido hacer más de lo que finalmente han hecho, en términos de iniciar transiciones post-extractivistas; y el hecho de lesionar los vínculos con sus bases populares organizadas, debido al no reconocimiento de que la fuerza constitutiva de estos proyectos de cambio profundo está en ella, ha traído consecuencias, evidentes en la situación de estancamiento político que se vive actualmente en la región.

La segunda razón tiene que ver con las enormes presiones que ejerce la crisis del sistema capitalista mundial sobre los Estados, principalmente los periféricos o los del Sur Global, para que tengan un carácter político y administrativo cada vez más flexible y abierto a los flujos del mercado, lo que a su vez provoca una gran presión de los Estados sobre los territorios, en busca de procesos de acumulación por desposesión. De ahí las preocupaciones de Eduardo Gudynas sobre el anclaje del progresismo con la globalización [6] .

La UNASUR se propone mapear todos los recursos naturales de la región mediante el Servicio Geológico Suramericano (SGSA), insertarse de una manera repotenciada al mercado global capitalista aquí no se habla en ningún sentido de post-desarrollismo, post-extractivismo, ni mucho menos post-capitalismo, así como impulsar toda una red de infraestructuras territoriales para la integración multimodal: ferrovías, hidrovías, carreteras, puertos y aeropuertos [7] , bajo la lógica del COSIPLAN (antiguo IIRSA). Los peligros de que la hibridación que impulsan las formas mutantes del neoliberalismo, por las diversas razones antes mencionadas, termine configurando una política masiva de acumulación por desposesión son muchos. La profundización del extractivismo, con sus crecientes necesidades expansivas de flujos de capital y de conexiones globalizadas abre aún más estos riesgos.

¿Cómo seguir las pistas de este proceso? Tal vez preguntándonos: ¿hacia dónde están apuntando actualmente las políticas estatales respecto al enfoque del rendimiento económico en las exportaciones directas; a la actitud ante la apertura a la inversión extranjera directa y la inserción en el mercado mundial; al tipo de trato y relacionamiento interno que se da con los inversionistas extranjeros; a las políticas cambiarias; al tipo de ejercicio soberano que pone en práctica el Estado ante los grandes capitales respecto a sus “recursos naturales”; a la manera cómo intermedia respecto al acceso popular a los bienes comunes para la vida; a la manera cómo estructura los procesos redistributivos domésticos y la composición de quiénes son los sectores más favorecidos por estos; a cómo opera y qué alcance tiene la voluntad de protección que posee el Estado ante los sectores históricamente excluidos de la sociedad? [8]

c) Extractivismo, «capitalismo delincuencial» y guerra mundial por los recursos

El impresionante despliegue de diversas formas de violencia y guerras a lo largo y ancho del planeta en la actualidad, hacen parte, o se encadenan, a un mismo conflicto geopolítico de orden global, que responde no sólo a la propia crisis mundial del sistema capitalista, sino a una guerra por los llamados “recursos”, que determina la hegemonía o la supervivencia, siendo uno de sus objetivos centrales el control del territorio. En este sentido, no sólo hablamos de una progresiva ampliación de la militarización de los territorios, sean de origen estatal o formas privadas paraestatales; del establecimiento de mecanismos policiales de represión y satanización social de la protesta todos podemos ser potenciales sospechosos de “terrorismo”; sino también de la forma en la que la política tradicional se ha articulado creciente y alarmantemente con formas delincuenciales instituidas y en expansión; de cómo las disputas y soberanías territoriales que desbordan a los Estados son afrontadas por complejas corporaciones mafiosas transnacionalizadas que tienen cada vez más incidencia en estas dinámicas de poder y dominación del espacio geográfico.

Como ya lo hemos expuesto en otro momento, el modelo de acumulación de capital en el siglo XXI va tomando la forma de un capitalismo delincuencial, como lo ha planteado Ana Esther Ceceña. Dispositivos como estos en México y Centroamérica, Colombia y muy evidente en tiempos recientes en Venezuela, Brasil y en muchos territorios de toda la región, dan cuenta de una estrategia sumamente preocupante, que podría apuntar a una intensificación de la relación entre extractivismo y violencia, apuntando a la expansión de formas de extractivismo delincuencial, o bien de delincuencia extractiva articulada a redes más amplias de poder.

Estas tendencias suponen que la crítica al extractivismo no se dirigiría únicamente al poder de los Estados y las compañías transnacionales, sino a todo un entramado corporativo profundamente mafioso que puede reconfigurar la forma tradicional como se constituyen las correlaciones de fuerza y las disputas políticas en las luchas territoriales. Creemos que es importante analizar bien esta situación, y preguntarnos qué supone este escenario de feudalización mafiosa en la resistencia de los pueblos ante el extractivismo.

 

d) Ciudades y extractivismo urbano

El grueso de los debates sobre extractivismo ha centrado, con toda justificación, su mira geográfica en áreas rurales y semi-rurales, zonas campesinas, territorios indígenas, así como áreas de reserva natural. Sin embargo, y como hemos propuesto, es necesario reconocer el proceso metabólico transterritorial del extractivismo; esto es, que los rasgos más intensivos de este proceso se reproducen en las ciudades; que la conformación y/o expansión de un enclave urbano, de la masificación de los «modos de vida imperial», suponen al mismo tiempo la implantación y/o extensión de las «zonas de sacrificio» que sostienen ese “desarrollo”, sea de forma directa, por la vía de “importar” de manera creciente bienes comunes como agua, cultivos, entre otros; o primordialmente de forma indirecta por la vía de la intermediación del capital: su transformación en dinero, que retorna al Estado en forma de renta o ingresos transferidos como petrodólares y luego se distribuye para la modernización. En la medida en la que este patrón de poder se ejerce metabólicamente, entonces este proceso sólo podrá ser trascendido metabólicamente.

Ahora bien, lo que se suma a esta importancia de un análisis transterritorial del extractivismo, es el impacto de las transformaciones socio-espaciales que se han dado en América Latina en los últimos 15 años. La oleada de modernización en la región que se sigue del boom de los commodities a partir de la década de 2000, tiene un correlato directo con la expansión cuantitativa y cualitativa de los enclaves urbanos en nuestros países. Esto a su vez, hace que la incidencia política, económica, social y cultural de la cuestión urbana se haga aún más compleja y problemática de lo que ya era.

Si revisamos los últimos años vemos que buena parte de las movilizaciones políticas determinantes fueron de origen urbano: por ejemplo las movilizaciones por las tarifas del transporte público en São Paulo del año pasado y en general las protestas contra el mundial en Brasil en este año; movimientos estudiantiles en Chile y Colombia, así como el movimiento «Yo soy 132» en México; los diversos saqueos por el conflicto policial en distintas provincias en Argentina en 2013; y las diversas manifestaciones, con una fuerte carga contrainsurgente, en Venezuela en 2014. En este sentido, la territorialidad urbana, tanto como fenómeno particular de un sistema extractivista, como un objeto esencial de políticas post-extractivistas, toma una importancia completamente fundamental. Piénsese en qué suponen los debates sobre extractivismo en una Venezuela que tiene casi 90% de la población viviendo en ciudades.

Es esencial pues, comunicar y conectar espacios que aparecen desvinculados, luchas que parecen divorciadas la lucha contra el extractivismo y la lucha por el derecho a la ciudad, no sólo porque la explotación del trabajo en las zonas urbanas, tiene su base material en la extracción masiva de naturaleza en el campo, sino también porque en este período neoliberal, de predominio de la acumulación por desposesión, las operaciones de extracción (S. Mezzadra) también se producen en las ciudades. Más allá de la explotación social del trabajo, el «extractivismo urbano» (E. Viale) [9] apunta también a la desposesión social de bienes comunes en las urbes, como lo vemos permanentemente en numerosas ciudades de América Latina, y de manera muy grosera y reciente en la Brasil del Mundial de Futbol [10] . Esta es una faceta del extractivismo sobre la que creemos hay que profundizar.

 

e) Extractivismo y el papel de China en América Latina

El avance de China en el mundo, y su vertiginoso posicionamiento en América Latina, que comienza a expandirse desde la década de 2000, ha abierto el debate sobre el papel geopolítico que tiene esta “potencia emergente” respecto a procesos soberanos y de “liberación” de los países de la región. Las dramáticas huellas que ha dejado y sigue dejando el imperialismo estadounidense en la historia latinoamericana, ha provocado una especie de justificación para que algunos países se cobijen cálidamente en los robustos brazos del gigante asiático.

Para Mónica Bruckmann, China retomaría el espíritu de Bandung de 1955 [11] un espíritu anticolonial y de movimiento de países no alineados y junto a la emergencia de los BRICS, abriría el camino para un proyecto de coexistencia global que nos llevará a un profundo cambio de paradigmas: del «choque de civilizaciones» hacia un nuevo enfoque de «alianza de civilizaciones» [12] . El propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del país que tiene los nexos relativos más estrechos con China en toda la región, ha dicho que “por primera vez en la humanidad surge una nueva potencia no imperialista, ya eso es mucho” [13] .

Esta matriz de opinión de una «potencia no imperialista» o de la formación de un imperialismo amable, oculta cuatro factores fundamentales: a) no es posible ser una potencia en el sistema capitalista sin impulsar procesos de explotación y despojo a escala mundial, dado que el carácter intrínseco del capital es de naturaleza polarizante; b) la crisis sistémica global del capitalismo tensiona cada vez más a que los capitales mundiales hegemónicos (como los chinos) masifiquen formas de acumulación por desposesión de ahí el carácter “correctivo” del neoliberalismo; c) el imperialismo no sólo opera por la vía militar, sino que cuenta con un muy diverso y sofisticado aparato biopolítico para garantizar sus procesos de control territorial y acumulación capitalista, incluyendo claro está el capital financiero [14] ; y d) habría que no sólo recordar los procesos de acumulación por desposesión que se dieron en la propia China, sus esquemas políticos domésticos, sus formas de externalización de costos sobre la naturaleza, que impulsaron el muy notorio crecimiento de su economía desde los 90; sino también los actuales mecanismos geopolíticos de posicionamiento de sus capitales a lo largo y ancho del mundo, para tener una idea de cómo opera la reproducción de esta potencia capitalista en auge, y si es posible que sea considerada un amable naciente imperio.

La repotenciación del extractivismo en América Latina tiene también la marca de China. La presión que ha ejercido el gigante asiático dirigiendo sus inversiones en muy buena medida hacia la extracción de materias primas, atenazándonos por la vía financiera, posicionando sus mercancías en nuestros vulnerables mercados [15] , y disputándose nuestros territorios geopolíticamente, ha tenido una poderosa influencia en las nuevas dimensiones de los sistemas y metabolismos extractivos de la región. El problema no es sólo con quiénes generamos alianzas estratégicas, sino tal vez primordialmente qué tipo de alianzas y bajo qué modelos las hacemos. Probablemente esta visión romantizada de algunos sobre nuestra relación con China sea, con el tiempo, cada vez más difícil de sostener.

f) Persiste el falso dilema desarrollo-ambiente

Un argumento que sigue teniendo fuerza para desacreditar la crítica al extractivismo es la supuesta oposición entre “desarrollo” y “ambiente”. Por supuesto, la forma como son presentadas estas dos variables, de manera cosificada y trascendental, oculta un patrón de poder biosocial. Lo que aparece como un problema de orden temporal “en América Latina debemos llegar al estadio superior del desarrollo”, y que supondría un inevitable sacrificio de la naturaleza para alcanzar tan “ansiada” meta es, en términos de dominación geopolítica, un problema de orden geográfico.

La depredación sostenida del ambiente se justifica en el sentido de decir que se trata de una reivindicación de progreso para la gente en detrimento de la naturaleza, pero eso que se ha instrumentalizado como “ambiente”, en realidad es una relación ecosistémica de vida que además de “naturaleza”, implica al mismo tiempo la existencia de tierra y territorio. Por eso, en este proceso de dominación geográfica no sólo hay una degradación de biodiversidad, sino que también está involucrada una desterritorialización social que supone que la gente que habita esas áreas sufre los despojos que hacen posible el desarrollo, pierden el suelo que pisan, el agua y los frutos de la tierra de los que se abastecen directamente, y esto es algo que el ideal del progreso siempre ha querido ocultar.

En verdad no se trata de que la gente se enriquece en detrimento de un empobrecimiento de la naturaleza. La real polarización no es la de “desarrollo-ambiente”, sino una polarización colonial constitutiva que rige la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, y la división social y racial del trabajo (A. Quijano). Cuando hablamos de una dominación de orden geográfico, nos referimos a cómo el capital controla, administra y/o coopta el proceso metabólico de un territorio, que implica la síntesis indivisible de devastación ambiental y polarización social, en beneficio de una coalición de oligarquías globalizadas que por supuesto genera utilidades a las élites nacionales y a las burocracias de nuestros Estados extractivistas. Esta es la verdadera polarización a la que hay que atender. Así que el extractivismo, aunque prometa y prometa riqueza y desarrollo, siempre generará gente que se empobrece.

A esto hay que agregarle algo. El desarrollo de los capitalismo extractivos convierte a la naturaleza en renta, en dinero captado internacionalmente algunos dicen que es la riqueza de las naciones, y el dinero capitalista es un mecanismo de dominación porque, entre otras cosas, genera una intermediación, que resaltamos en dos sentidos: a) configura una nueva territorialidad que gira en torno al mercado mundial, en el cual se va destruyendo o cooptando el vínculo directo que hay entre el trabajo, el territorio y el acceso a los bienes comunes, lo que obliga a la gente a requerir de la intermediación del dinero para acceder al consumo (que generalmente compra naturalezas procesadas de los despojos de otras partes del mundo); y b) en términos del sistema-mundo, la conversión de los bienes comunes territoriales en dinero, hace que la riqueza fluya acorde a los inmensamente desiguales mecanismos de distribución y transferencia de capital a nivel mundial [16] . El nivel máximo de este proceso internacional de despojo es la crisis de la deuda externa. En ambos sentidos de la intermediación, resalta la relación entre pobreza y dependencia. El extractivismo es un problema económico porque es un problema ecológico y geográfico también.

 

g) Extractivismo y producción de subjetividad

Poco se trabaja la dimensión cultural del extractivismo, el impacto que tienen estos sistemas, sus modelos políticos, en la producción de subjetividad. Venezuela es un buen ejemplo de cómo en la medida en la que el metabolismo biosocial de todo un país está más determinado por el extractivismo, éste genera fuerzas muy influyentes en la producción de subjetividad, que incluso, como ha pasado en la Revolución Bolivariana, atentan contra los cambios de modelo y los procesos de transformación.

El antropólogo venezolano Rodolfo Quintero había nombrado desde principios de los años 70 a este proceso de producción de subjetividad en la Venezuela petrolera, la «cultural del petróleo», para hacer referencia a los diversos recursos materiales e inmateriales que producían este patrón de vida que “crea una filosofía de la vida para adecuar la población conquistada a la condición de fuente productora de materias primas” [17] . A partir de ahí muy poco se ha trabajado esta importante relación en la literatura política del país.

Desde este análisis metabólico que proponemos, un lugar común como la idea de que para superar nuestros principales males sociales hay que impartir una mejor educación, debe ser problematizada. Si se generaran tales procesos “educativos”, manteniéndose todos los procesos metabólicos propios de los capitalismos extractivos, que reproducen las formas culturales de estas subjetivaciones rentistas, difícilmente se podrían alcanzar tales objetivos nuevamente, Venezuela es un buen ejemplo de ello. Por citar un ejemplo, los fenómenos de reprimarización de las economías latinoamericanas, producto de la abundante captación de la renta internacional de la tierra desde mediados de la década de 2000, con sus efectos perniciosos sobre los factores productivos, sobre el ensanchamiento artificial de los mercados internos por la vía de las importaciones, están en profunda relación con la necesidad de redimensionar este tipo de subjetivación cultural rentista. Se trata de un requerimiento metabólico de estos modos de acumulación extractivos respecto al ámbito cultural, que tiene sus modalidades territoriales en las zonas de los proyectos extractivos en contra de culturas campesinas ancestrales, de pueblos indígenas, y en los complejos enclaves urbanos.

Los signos de un cambio de época en América Latina, los peligros de procesos masivos de despojo territoriales y degradación de la naturaleza en la región, y el impulso de teorías ad hoc para justificar la expansión del extractivismo, hace de estos debates espacios necesarios para el diálogo y la reflexión, en pro no sólo de insistir en la creación de caminos alternativos, sino de defender los comunes. Lo único que nos queda.

Emiliano Teran Mantovani es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos – CELARG.

La Paz, septiembre de 2014

Fuente original: Rebelión, 09/09/2014.

 

Fuente: http://www.revistapueblos.org/?p=17831

En consecuencia, las luchas antiextractivistas enfrentan al capitalismo en su actualidad "de procesos masivos de despojo territoriales y degradación de la naturaleza en la región". Hoy compartimos con Chile el ataque a comunidades Mapuche para desposeerlas de territorios y la historia del neoliberalismo implantado con terrorismo de estado pero también proseguido mediante democracia restringida.

 

La re-existencia Mapuche frente al extractivismo forestal

en un contexto de neoliberalismo armado.
2013

 

En "Ecología política del extractivismo en América Latina: casos de resistencia y justicia socioambiental" Gian Carlo Delgado Ramos coordinador colección red de posgrados en ciencias sociales*

 

Por Eduardo Mondaca**

Crisis de legitimidad neoliberal y neoliberalismo armado en Chile: a modo de introducción

Hace ya 40 años que las Fuerzas Armadas chilenas, bajo el mando de Augusto Pinochet, desplegaron un tratamiento de shock sobre la ciudadanía dando comienzo a un experimento que convertía a Chile en una especie de laboratorio económico mundial que terminaría por consolidar al modelo neoliberal capitalista como la principal herencia de la dictadura militar además –claro está- de una dolorosa herida en materia de derechos humanos. La propuesta neoliberal en esta época se basaba en una premisa bastante simple: desestatizar la economía y ceder su funcionamiento a los mecanismos espontáneos del mercado. Los ideólogos del modelo neoliberal chileno, conocidos como los Chicago Boys, señalaban que “la masiva y omnipresente intervención del Estado durante las décadas anteriores había plagado la esfera económica de trabas y distorsiones que a la larga habían conducido al desastre” (Salazar y Pinto, 2002:50). La falta de ahorro e inversión, la baja productividad, el bajo crecimiento, la corrupción e ineficiencia son sindicadas por estos economistas como deficiencias propias de una excesiva intervención del Estado en la economía.

 

Es así como, protegidos por las armas y la tortura, fueron desplegando un nuevo modelo económico donde el repliegue del Estado en la esfera económica se llevó a cabo principalmente mediante la privatización de las empresas públicas y la desregulación de los mercados. Ya en 1980, a siete años del golpe militar, el sector público había perdido el control de 387 empresas, preservando solo un reducido número, que en su mayoría también estaban destinadas a la privatización3 . Los primeros embates al proceso en curso se dieron en la crisis económica de 1981-1982, evidenciando la alta vulnerabilidad de la economía chilena frente al escenario económico internacional. La salida a dicha crisis se llevo a cabo a través de una serie de compromisos contraídos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (reducción de la deuda externa) y una nueva ola de privatizaciones, incluyendo ahora al estratégico sector energético y de comunicaciones. De esta forma, a través de un “sistema de canje de los pagarés de la deuda externa por acciones o activos de las empresas en proceso de privatización, se logró reducir las obligaciones hacia el exterior en nueve mil millones de dólares […], pero al precio de aumentar significativamente el control extranjero sobre algunas de las empresas más importantes del país” (Salazar y Pinto, 2002:59). De esta forma, el experimento chileno iba consolidando la presencia orgánica del capital foráneo como un modelo exportable, publicitado por organismos financieros internacionales. En paralelo a este frágil éxito macroeconómico, ya se hacía sentir el malestar social frente a la brutal violación de derechos humanos por parte de la dictadura de Pinochet y la grave cesantía producida por el desmantelamiento de la industria nacional, la cual para 1983 alcanzaba un 28.9%4 .

 

Entre 1983 y 1987 se desafió valientemente a una de las dictaduras más crueles de América Latina a través de 22 jornadas nacionales de protesta. Las consecuencias de estas masivas protestas sociales para el régimen de Pinochet y los ideólogos del modelo neoliberal capitalista fueron gravísimas. En pocas palabras, se demostró a la opinión pública mundial que Pinochet había perdido la gobernabilidad del pueblo chileno. Es decir, se evidenció que bajo un régimen neoliberal dictatorial Chile era ingobernable y no daba garantías para la inversión extranjera. Fueron estas 22 jornadas nacionales de protesta las que forzaron la salida de Pinochet y no el conocido plebiscito de 1988. La razón para señalar esto es que en un escenario de ingobernabilidad nacional el capital financiero internacional no invertiría en Chile, y el principal objetivo de la dictadura era justamente lo inverso. El centro del proyecto político-económico de Pinochet y de los ideólogos del neoliberalismo era que este capital financiero internacional entrara y se quedara en Chile, de lo contrario las Fuerzas Armadas abrían matado y torturado en vano, por ello sus exigencias eran ahora la instauración de un estado de derecho administrado por un velo democrático (que en Chile adquiere el nombre de Concertación de Partidos por la Democracia) que garantizará la irrestricta entrada del capital financiero internacional.

 

Frente a tales negociaciones subrepticias y embriagados por la fiesta del fin de una cruenta dictadura, los actores y movimientos sociales chilenos no tuvieron la lucidez política suficiente para descubrir y detener esta delicada estrategia encubierta del neoliberalismo. De esta forma, la Concertación de Partidos por la Democracia, a partir de 1990, se instala en el poder político respetando y defendiendo a cabalidad la Constitución Política de 1980, generada en dictadura, la cual detenta los cerrojos necesarios como para asegurar la gobernabilidad de un estado de derecho (neoliberal) exigida por los poderes hegemónicos del mercado mundial.

 

Cabe señalar que los gobiernos concertacionistas -apoyados por el capital financiero internacional- no sólo tienen como tarea “preservar, defender y consolidar sus intereses económico-políticos, sino también (…) elaborar una acción educativa de conformidad del conjunto del cuerpo social, de manera que los objetivos e intereses de la clase dominante aparezcan como datos y valores universales” (Grissoni y Magiori, 1974:167). Es en este sentido que se puede comprender la profunda despolitización que tiene lugar en Chile -y en Latinoamérica en general- durante la década de los noventa. Es en gran medida por esta articulación publicitaria internacional a favor del modelo neoliberal chileno que la potencial movilización social chilena muda en desaliento y la gobernabilidad (neoliberal) adquiere estabilidad a través del llamado consenso por apatía (Murillo, 2008).

 

Es por ello que el reencuentro con una voluntad e identidad soberana se ha desplazado en Chile por lentos y solidarios canales subterráneos. La identidad y consciencia social no se alcanza tan fácilmente tras semejantes y efectivas terapias de shock económico-políticas. Además porque “esa identidad sólo nace y crece envuelta en dialéctica histórica; es decir: en una relación socialmente tensa y crítica con el sistema dominante” (Salazar, 2011:20). Es necesario señalar en este punto que hay sectores que sienten de forma anticipada y directa esta relación socialmente tensa y crítica, especialmente cuando la fase neoliberal de acumulación capitalista supuso para Chile un proceso combinado de desindustrialización y reprimarización de la estructura económica y de recolonización (Seoane, 2012).

 

Se hace crucial señalar aquí que uno de los territorios más capitalizados por esta fase de acumulación es el territorio ancestral Mapuche a través de la megaindustria forestal y el capital transnacional. Fue esta violenta embestida neoliberal sobre territorios Mapuche lo que quizás acelero la configuración de una identidad soberana, autonomía organizativa y reencuentro identitario en el Pueblo Mapuche antes que en otros actores sociales. Aún bajo una gran asimetría de fuerzas y condiciones extremadamente severas lograron construir esos marcos identitarios y repertorios de acción colectiva que, cuando encontró visibilidad pública, recibió el nombre de Movimiento Mapuche.

 

Y si bien, este Movimiento Mapuche y sus denuncias eran aún manejables por la Concertación de Partidos enquistada en el poder, no lo fue tanto la embestida de la posterior crisis económica de 1997, conocida como la crisis asiática. Esta crisis se convirtió en una amenaza de ingobernabilidad y potencial escalada de conflictividad donde movimientos sociales ya cohesionados como el Mapuche se podían instalar como referentes de acción social, por tanto, el trato hacia ellos ya no podía ser el mismo. Además, este hecho se veía agravado para la democracia neoliberal chilena por el estallido y avance de una crisis de legitimidad del neoliberalismo (con sus distintas intensidades y características) en toda América Latina; la que se prolongó, con idas y vueltas, entre 1998 y 2003 (Seoane, Algranati, Taddei, 2011).

 

En la región latinoamericana, “esta crisis de legitimidad del neoliberalismo se expresó, entre otros modos, bajo la forma de una crisis de hegemonía graficada en la capacidad destituyente conquistada por las clases y grupos subalternos cuya acción precipitó la caída de seis gobiernos durante los cinco años que median entre el 2000 y el 20055 abriendo, en muchos de estos casos, significativos procesos de cambio” (Seoane, Algranati, Taddei, 2011). Esta crisis del neoliberalismo a nivel latinoamericano supuso la configuración de diferentes procesos de cristalización sociopolítica de salida a dicha crisis con la aparición de un nuevo ciclo de crecimiento económico a nivel continental. De esta forma, la cristalización de estos procesos, que emergieron desde el quiebre de la hegemonía neoliberal, generaron un contexto político-económico latinoamericano mucho más heterogéneo. En parte de América Latina, y principalmente en el Cono Sur, se han concentrado experiencias que plantean vías de salida al neoliberalismo.

 

Propongo entender estas vías de salida como la capacidad hegemónica que han alcanzado frente al neoliberalismo donde, por tanto, muchas de sus características están presentes.

-Uno de los proyectos de salida recibe el nombre de “neodesarrollismo”, básicamente por intentar recuperar la retórica en torno al desarrollo e industrialización de décadas precedentes. La hegemonía de esta orientación la detentan Brasil y Argentina. Se caracterizan por la su pretensión de reconstruir la autoridad estatal y signarle una mayor importancia en ciertas actividades industriales con el propósito de una mejor inserción en el mercado capitalista mundial. De igual forma, buscan la recuperación del monopolio de la política para el Estado donde la legitimidad se va asegurando a través de una serie de políticas sociales compensatorias de carácter masivo y la recuperación de empleo. Todo ello basado, preponderantemente, sobre la puesta en marcha de una amplia matriz extractivista de explotación de los bienes comunes de la naturaleza.

-Otro de los proyectos que viene resquebrajando la hegemonía neoliberal en la región es el de los llamados “procesos constituyentes” (Seoane, 2008) el cual engloba las experiencias de Venezuela, Bolivia y hasta cierto punto Ecuador. “En su sentido más transformador, este proyecto aspira a la transformación de la matriz liberalcolonial del Estado en el marco de una democratización radical de la gestión de los asuntos comunes, contracara de una redistribución del ingreso y la riqueza en base a los recursos aportados por la apropiación, propiedad y gestión público-estatal de los sectores económicos más dinámicos y/o estratégicos” (Seoane, Algranati y Taddei, 2011).

 

Resulta crucial señalar aquí, que en gran parte de América Latina, la hegemonía neoliberal logró resistir las aspiraciones de cambio, y se llevó a cabo la renovación y profundización de su recetario dando forma al llamado “neoliberalismo de guerra o armado” (Gonzalez Casanova, 2002). Países como México, Colombia y Chile han sido la vanguardia de este “neoliberalismo armado”. La Concertación de Partidos en Chile llevó a cabo este proyecto de salida a la crisis del neoliberalismo “clásico”, posteriormente reforzado por el gobierno de Piñera, que se basa en la profundización de una matriz extractiva exportadora bajo un radical control foráneo transnacional potenciando una recolonización en materia política y económica. De igual forma, ha tenido como propósito restablecer un “estado hobbesiano” que defienda nuevas legitimidades promoviendo un proceso de militarización de las relaciones sociales enfocado a criminalizar y disciplinar bastas dimensiones de la vida y acciones de las clases y sectores subalternos, con particular énfasis en aquellos que han sido mayormente afectados y despojados por la intensificación del patrón de acumulación neoliberal en curso.

 

Es bajo este marco teórico-conceptual como podemos entender de mejor forma la realidad cotidiana que vive el Pueblo Mapuche en Chile bajo una intensificación de la matriz extractiva transnacional en su territorio ancestral a través de la megaindustria forestal. Porque más allá de una cosmovisión refinada y relación de respeto ancestral con la tierra conforman una reacción social organizada ante un “neoliberalismo armado” concreto y real que configura un escenario políticoeconómico de amenaza etnocida a un Pueblo que obtiene su sustento físico y cultural de un territorio del que está siendo despojado y saqueado a favor de dicha fase de acumulación capitalista.

 

(…)El Pueblo Mapuche en el seno del extractivismo forestal chileno.

Como se señala en las líneas precedentes, el carácter extractivista de la economía chilena se mantiene y profundiza hasta la actualidad. Como se puede observar en el Cuadro I, el valor promedio anual de las exportaciones de bienes primarios en el PIB total se situó en el 32% en el período 2005-09, mucho mayor que en cualquier otro periodo anterior desde 1985, siendo más de cuatro veces el valor promedio de América Latina y el Caribe. Esto sitúa a Chile como la economía más extractivista de Latinoamérica amparada por el ya descrito “neoliberalismo armado”.

Respecto al extractivismo forestal, éste empieza a tomar forma en 1974 -tras haber pasado un año del golpe militar- cuando entra en vigencia el Decreto Ley 701, con el objetivo primordial de incentivar la explotación forestal en las regiones del centro-sur del país. Este Decreto ley “implementaba una nueva reglamentación sobre los terrenos de aptitud forestal. Dicha reglamentación intentaba impulsar la creación de la gran industria forestal, utilizando para ello vastos territorios” (Mella, 2007:83). Para tal propósito concede una serie de garantías tributarias y apoyo estatal que se traducirán en la bonificación de hasta un 75% de la forestación en base al monocultivo –principalmente- de pino y eucaliptos. “Hay que aclarar que este Decreto llegó a subvencionar hasta el 90% de la forestación en algunos casos” (Mondaca, 2011). Chile disponía “de una superficie exótica cercana a las 500.000 hectáreas, y de una importante industria en torno al pino insigne. En un contexto de liberalización de la economía, el Estado traspasó sus industrias al sector privado entre 1976 y 1979. Se estima que sus seis principales empresas [forestales] que estaban en manos de la CORFO [Corporación de Fomento de la Producción] (…) se vendieron a grupos empresariales a un 78% de su valor nominal. Paralelamente la CONAF [Corporación Nacional Forestal], creada en 1970, debió traspasar a los privados todos los aserraderos, viveros y una gran parte de los terrenos de aptitud forestal y plantaciones que administraba en esa época” (Larraín, 1999).

 

Para el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) “el Decreto Ley 701 es el principal instrumento de un modelo forestal que ha contribuido a una apropiación injusta y desproporcionada de la tierra, que se ha expandido sustituyendo bosque nativo y ocupando suelos agrícolas de buena calidad para dejarlos inutilizables, además de propiciar la ocupación de territorios del Pueblo Mapuche” (OLCA et al, 2009). En este sentido, “a partir de 1977, muchos de los predios reivindicados como tierras antiguas [por el Pueblo Mapuche] y ocupados durante el proceso de reforma agraria por las comunidades son adquiridos por las empresas forestales, entre ellas Forestal Mininco S.A., Bosques Arauco, Bosques cautín, con las que se inaugura un nuevo proceso de conflictos territoriales, los que ahora involucran a empresas privadas, amparadas por el Estado y sus leyes, en perjuicio de los intereses Mapuche” (Mella, 2007:84).

 

En este contexto no tardará en irrumpir bajo nuevas condiciones históricas la protesta indígena como un obstáculo al avance del tal modelo. Obstáculo que, bajo una dictadura militar, es franqueado a través de la tortura, ejecuciones, encarcelamiento y desapariciones. Por tal motivo, se constituye por parte del gobierno militar, “un nuevo imaginario respecto de los Mapuche. No ya el bárbaro que se opone al proyecto civilizador, sino el indio revolucionario, subversivo, enemigo de la patria” (Villegas, 2010:66). Debido al violento extractivismo forestal que estaba invadiendo el territorio mapuche, el intelectual José Bengoa señala que “el año 78´ (…) es la fecha de inicio de la nueva emergencia indígena en Chile. La característica de este nuevo discurso será una fuerte reafirmación étnica (…) a diferencia de lo que había ocurrido durante la Unidad Popular, en que los indígenas se habían plegado al movimiento campesino y a la reforma agraria, a partir de los ochenta los indígenas van a mostrar su diferencia y distancia con los otros movimientos sociales formando asociaciones y reivindicaciones autónomas.

 

La cuestión étnica se va a separar de la cuestión social en general, e incluso van a criticar crecientemente la intermediación de los partidos políticos (…) el despojo condujo a acentuar la visión de la distancia, de la separación, de la exclusión” (Bengoa, 2007:265-266). Es aquí, donde empieza a configurarse una nueva gama de repertorios de resistencia y acción política en el Pueblo Mapuche, que comienza a reconocer al modelo de mercado neoliberal -representado por el extractivismo forestal- como el principal elemento de conflicto, dentro del cual el Estado chileno, toma el rol de protector de dicho modelo. Por ser el modelo neoliberal la principal amenaza, al no verse éste alterado con el advenimiento de la “democracia”, las tensiones del Pueblo Mapuche con el Estado devienen en una mayor conflictividad.

 

La democracia constituye aquí un velo cosmetológico de legitimación de un modelo económico impuesto en dictadura, ya descrito en líneas precedentes.

Es en este escenario donde un renovado Movimiento Mapuche reestructura su lucha política incorporando conceptos tales como autodeterminación, autonomía, territorialidad y nación Mapuche. Conscientes de que la inclusión a una sociedad configurada por el mercado conllevaría su renuncia al territorio. Éste, “arraiga los significados culturales de su existencia [los cuales] son intraducibles en valores económicos. Es aquí donde se establece el umbral entre lo que es negociable (…) y lo que impide dirimir el conflicto (…) en términos de compensaciones económicas” (Leff, 2006:24). Se instala, por tanto, en un plano político.

 

Este plano queda de manifiesto el año 1996 cuando la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM) plantea que: (…) la decisión de llevar adelante una lucha por territorio y autonomía, que pasa porque salgan de nuestras tierras todos los particulares y empresarios forestales que sólo se han enriquecido a costa de nuestra pobreza y opresión (…) planteamos, en primer lugar, la resistencia Mapuche al sistema capitalista y la oligarquía en nuestro territorio ancestral, el que se expresa a través de las inversiones forestales, hidroeléctricas, turísticas, etc., y en segundo lugar, la reconstrucción del Pueblo Nación Mapuche, a través de la conquista de espacios territoriales autónomos, en donde se ejerza poder Mapuche, política y económicamente, y en donde se revitalicen todos los aspectos de nuestra cultura” (CAM, 1996). Adquieren prontamente un perfil político los repertorios de reexistencia y acción política Mapuche frente al impetuoso avance de grandes empresas forestales cuyas exportaciones para el “año 2011 totalizaron US$ 5.906 millones, anotando un nuevo récord histórico para el sector y situándose en el límite inferior de la barrera de los US$ 6.000 millones, tal como lo anticipara INFOR en su pronóstico del tercer trimestre. Comparado con el año 2010, el monto exportado en el 2011 representó un aumento relativo de 19,2%, lo que en términos absolutos corresponde a US$ 951 millones” (INFOR, 2012). A continuación, el Cuadro II evidencia de forma muy clara la evolución de las exportaciones de la industria forestal chilena desde 1990 hasta finalizado el año 2011.

 

Ahora bien, a través del Cuadro III vemos que “en cuanto a los exportadores, el ranking es liderado por Celulosa Arauco y Constitución, compañía que el año 2011 realizó el 29,3% de las exportaciones sectoriales. Le sigue CMPC Celulosa, con una participación de 19,9%. Las seis principales empresas exportadoras pertenecen a los dos grandes grupos empresariales del sector forestal chileno, Arauco y CMPC, y concentran el 75% de las exportaciones del sector. Los 20 principales exportadores, liderados por las seis empresas mencionadas, participan con el 89% del monto total exportado” (INFOR, 2012:6-7).

Estas empresas tienen como principal base extractiva forestal la octava y novena región de Chile -el centro-sur- en las cuales se concentra el 57.9% del total de plantaciones en el país.

Regiones que constituyen el territorio ancestral del Pueblo Mapuche que, conjuntamente, y al contrario de lo que intenta afirmar el Estado Chileno y la industria forestal, ostentan los mayores índices de pobreza (CASEN, 2009). “Si uno toma un mapa y cruza las localidades con mayor índice de pobreza e indigencia, de desempleo, de emigración, de sequía y los relaciona con las zonas de concentración forestal, existiría una abrumadora coincidencia” (Seguel, 2003). Aunque no se pueden atribuir los problemas señalados exclusivamente al sector forestal, los datos expuestos demuestran que éste no ha contribuido a mejorar la situación socioeconómica de los habitantes de estas regiones, ni siquiera a nivel rural, y su contribución a mejorar esta situación a nivel país queda en duda al constatar que Chile posee una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo. “El crecimiento y desarrollo de la industria forestal [por tanto] se ha verificado en directa relación con la ocupación y depredación del territorio Mapuche, toda vez que el proceso iniciado durante la dictadura militar ha continuado imparable durante los gobiernos actuales” (Gómez Leyton, 2011).

 

El Pueblo Mapuche es el testigo directo y vivencial de la degradación de suelos, de la grave escasez de agua y su contaminación por el uso de agroquímicos, de la destrucción, por tanto, de la base de recursos naturales de su territorio. “[...] que no tenemos agua, no tenemos plantas naturales, canelo se seca, el laurel. Lo que no tengo es agua por culpa de las plantaciones. Y en estos meses tampoco va a haber agua, y si llega a caer va a hacer con mucha enfermedad porque mi dios está totalmente contra de esas plantas de pinos y eucaliptus. Porque donde vamos nosotros ya no vemos el color de la tierra sino que vemos el color del cielo aquí en la tierra y en el cielo... entre medio de esos bosques ‘famosos’... y esas callampas que se crían bajo los pinos son una infección para los chanchos, para los animales. En delante había un buey que dijeron le había dado la ‘pica’, ¿pero era la pica? Porque según dijeron le dieron un pasto...me dio pena... cuando llegue estaba recién dejando de existir. Se murió”.

La Forestal ha hecho mucho daño, la Forestal que hace más daño es la Mininco. Está haciendo daño en los remedios, en el agua, está haciendo daño a los niños que están sin papá. Es una forestal que no mira atrás los niños que están creciendo, aquí no mira los remedios, el agua que está en el huincul, en el menoko. Todo esto ha configurado un escenario de confrontación entre el Pueblo Mapuche y el “neoliberalismo armado” de base extractivista. Es aquí donde el Mapuche se alza “ya no tan solo por la restitución de las tierras expoliadas durante décadas, sino que reivindicando derechos políticos, territoriales y culturales, e incorporando además la defensa del medio ambiente” (Mella, 2007:86). Como señala Guillermo Bonfil Batalla “los pueblos, las sociedades con una cultura propia, requieren un territorio (…) sobre el cual puedan tomar decisiones, en el cual encuentren recursos suficientes para su sobrevivencia y desarrollo” (Bello, 2004).

 

El centro de la lucha y demanda política del Movimiento Mapuche

Para abordar el centro de la demanda política del Movimiento Mapuche es necesario examinar y analizar los Comunicados Públicos que emanan periódicamente desde sus organizaciones y espacios de articulación propios. Indagar sólo los análisis provenientes de grandes medios de comunicación y/o organismos e instituciones no Mapuche nos puede llevar a graves distorsiones en el abordaje de la problemática. El año 2012, los días 18 y 19 de agosto, en la Comunidad de Temucuicui -novena región de la Araucanía- líderes Mapuche de la zona convocaron a la sociedad Mapuche en general e invitaron a la sociedad civil y ciudadanos chilenos a ser participes de un FvxaXawvn -gran reunión- al interior de uno de los territorios más disputados entre empresarios y Mapuche en la historia reciente, tierras en las cuales Temucuicui ha decidido tomar control productivo definitivo.

 

Los tres primeros puntos -de un total de nueve- de las conclusiones y demandas resueltas por los asistentes al FvxaXawvn nos guían hacia la comprensión del centro de las demandas Mapuche. Estos puntos exigen:

1– Ratificación de la Declaración Universal de Derechos Indígenas y su pleno ejercicio en todo el territorio ancestral mapuche.

2– El establecimiento del BUEN VIVIR (o Kvme Mogen) como nuevo paradigma civilizatorio aportado desde el mundo indígena, como alternativa al modelo neoliberal extractivista y depredador ambiental que proviene de occidente.

3– Fin de la invasión del territorio mapuche y su equilibrio ecológico por monocultivos agroforestales, megaproyectos y espacios urbanos. Eliminación de todos los mecanismos de apoyo y fomento a la forestación alógena en territorio mapuche junto a un plan de freno a la desertificación. Considerando que los puntos dos y tres los hemos venido desarrollando a los largo del estudio, profundizaremos en el primer punto.

 

El Estado chileno y los grandes medios de comunicación, en muy pocas ocasiones exhiben que la Ratificación de la Declaración Universal de Derechos Indígenas y su pleno ejercicio constituye una de las principales demandas Mapuche. La propaganda, estatal y de la elite empresarial, oculta entre los cientos de pliegues del constructo informativo y simbólico de los grandes medios de comunicación, presenta las demandas Mapuche como un intento de secesión para la configuración de un Estado Mapuche. Este tipo de distorsión estratégica en la presentación de las demandas del Movimiento Mapuche genera consecuencias axiológicas e ideológicas en la sociedad que devienen en una opinión social desinformada y en muchas ocasiones dominada por la estigmatización.

 

Si nos abocamos a profundizar en la primera demanda del Pueblo Mapuche, debemos señalar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas conocida como la “Declaración Universal de Derechos Indígenas” fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con votación a favor por parte del Estado chileno. Por ello, es una legislación vinculante para el ordenamiento jurídico nacional y el Pueblo Mapuche demanda su pleno ejercicio. Es necesario señalar que “la cuestión del reconocimiento de los Pueblos indígenas como sujetos de derecho siempre ha causado temor en los Estados donde habitan pues implica reconocerles el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, hemos visto que los Pueblos Indígenas reivindican su propia concreción del derecho a la autodeterminación, el cual se expresa en la autonomía, cuyo ejercicio es plenamente compatible con la vigencia del Estado de Derecho” (Villegas, 2010:99).

 

El artículo 7 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas señala que: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

El Artículo 8 concreta y especifica cuando indica que: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Por último, el Artículo 26.1 señala: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido Para el Pueblo Mapuche, así como para cualquier otro pueblo, el derecho a la libre determinación o autodeterminación es el derecho matriz a conquistar ya que contiene a todos “los derechos necesarios para ejercer realmente un control político y administrativo de sus territorios y recursos” (Berraondo, 2010).

 

El derecho a la libre autodeterminación es reivindicado por el Pueblo Mapuche bajo el concepto de Autonomía, ya que ésta les permitiría, conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Cuando hablamos de que el Pueblo Mapuche demanda Autonomía nos referimos a “un régimen político jurídico acordado, que implica el reconocimiento de una comunidad política en el seno de una comunidad nacional, con un gobierno propio autogenerado, con competencia y facultades legislativas y administrativas al interior del territorio autónomo” (Díaz-Polanco, 2010:94). Muy diferente a la propaganda que desliza el Estado chileno y los grandes medios de comunicación que introducen en el sentido común de la sociedad civil la noción de que la demanda Mapuche implica la separación de un Pueblo del Estado chileno para la formación de un nuevo Estado.

 

“El territorio autónomo es parte del Estado, pues por definición se da al interior de éste como forma de alcanzar la integración política del mismo a partir de relaciones horizontales (no subordinadas) entre éste y aquel, funcionando el Estado como gestor de intereses comunes y plurales. Se genera así un espacio político para ejercer los derechos históricos, sociales, económicos y culturales de un pueblo que aspira a concretar políticamente su diferencia dentro del Estado-nación, permitiendo su continuidad histórico-cultural en un marco que supere el actual estado de conflictividad y opresión” (Stavenhagen, 2007).

 

Como vemos, la demanda de Autonomía del Pueblo Mapuche, entendida en este sentido, “refuerza la cohesión social, pues permite resolver las tensiones que provoca la negación de la diversidad. Justamente, los Pueblos Indígenas apelan a la autonomía como modo de permitir y mantener una convivencia política en un marco de unidad diferenciada” (Villegas, 2010:95). El trato de la demanda del Movimiento Mapuche bajo la lógica del (nuevo) enemigo interno y su criminalización en un contexto de “neoliberalismo armado”. Como señalamos en la primera parte del presente estudio, como salida a la crisis de legitimidad de la hegemonía neoliberal a nivel continental, Chile –a diferencia de otros países del Cono Sur- optó por desplegado un neoliberalismo armado. Éste se basa en la profundización de una matriz extractiva exportadora bajo un radical control foráneo transnacional potenciando una recolonización en materia política y eco nómica respaldada por un “estado hobbesiano” que defiende a fuego nuevas legitimidades promoviendo un proceso de militarización de las relaciones sociales criminalizando, disciplinando y controlando bastas dimensiones de la vida y acciones de las clases y sectores subalternos, con particular énfasis en aquellos que han sido mayormente afectados y despojados por la intensificación del patrón de acumulación neoliberal. Como señala Myrna Villegas “quienes se resisten a estos mecanismos de control social, esto es, quienes miran con recelo los programas gubernamentales […] pero además se organizan para recuperar su territorio por vías no institucionales, son duramente reprimidos y criminalizados, más que cualquier otro tipo de delincuencia. Por eso, se criminaliza a la “resistencia”, y esta criminalización se hace a través del Derecho Penal del Enemigo” (Villegas, 2007:5).

 

Es fundamental evidenciar que el Derecho penal del Enemigo tiene alta correspondencia no sólo con el neoliberalismo armado sino también con la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), la cual, bajo el contexto de guerra fría, consolido la dominación de los Estados Unidos sobre los países de América Latina, estimuló un pensamiento político y económico proclive a sus intereses extractivistas, derrocó una serie de gobiernos y fijó tareas especificas a las fuerzas armadas: eliminar al enemigo interno comunista. Finalizada la Guerra Fría y con el advenimiento de un mundo unidimensional donde se afianza la lógica –por cierto también unidimensional- del neoliberalismo global, el precursor del derecho penal del enemigo, Günther Jakobs señala “[…] quien es superfluo en la economía común se conduce como si viviera en otro mundo, ello solo es consecuente: es que no vive en el mundo de las personas” (Jakobs, 1999:137). Por este sesgo fundacional Portilla indica que “la integración en el proceso sistémico de semejante conformación normativa de persona ha respaldado la conversión del derecho del enemigo en un Derecho de guerra donde la defensa de la seguridad del Estado prima por sobre principios liberales” (Portilla, 2004). El derecho penal del enemigo se nutre, de un lado, del viejo “punitivismo” de entreguerras, que implica expandir cada vez más el derecho penal ya sea aumentando las sanciones para delitos existentes, o creando delitos nuevos, y de otro lado, del derecho penal simbólico. Este último resulta sumamente importante en la reproducción de subjetividad del sistema y se caracteriza por los efectos que tiene en la ciudadanía el derecho penal. Se trata de dar la impresión de un legislador atento, decidido, eficaz frente al combate de la delincuencia (Villegas, 2007:5).

 

Es aquí donde los grandes medios de comunicación del neoliberalismo armado crean una atmósfera de signos y mensajes que incide en la concepción de nociones de inseguridad, terrorismo, enemigos al progreso, autonomía, violencia, etc. ejerciendo de esta forma una “influencia decisiva en la creación de condiciones objetivas para una represión brutal, mediante la generación de un clima de inseguridad generalizado en la población” (Villegas, 2010:37). El año 1997 constituye un punto de inflexión en la relación entre el Pueblo Mapuche y el Estado chileno ya que comunidades indígenas de la comuna de Lumaco -situada en la provincia de Malleco, región de la Araucanía- son acusadas de incendiar tres camiones de transporte de madera perteneciente a la Forestal Bosques Arauco S.A. con la cual mantenían disputas de territorio. Estos hechos fueron aprovechados por los grandes medios de comunicación chilenos para iniciar una ofensiva comunicacional que mantienen hasta el día de hoy. El Diario El Mercurio de Santiago -y su red de diarios regionales que cubren todo el territorio chileno- es el medio informativo nacional que le ha dedicado cientos de titulares tendenciosos al proceso reivindicativo Mapuche que distorsionan los hechos cubiertos en favor de los intereses extractivistas, de las clase dominantes y capital transnacional. Para los hechos acontecidos en Lumaco el 3 de diciembre de 1997 la Corporación Chilena de la Madera –que reúne a los empresarios forestales- denunciaba a través de este periódico un verdadero ‘estado de guerra’ declarado por grupos indígenas, y al día siguiente, publicaba una nota titulada: Investigan acción extremista tras ataques de indígenas. Como señala Pineda “La premisa básica es que la información (a saber, su control, selección y emisión) es, más que nunca, poder.

 

En las democracias capitalistas contemporáneas, la alianza del poder político y el poder económico desliza propaganda de modo más subrepticio que en regímenes totalitarios o dictatoriales; la pantalla de dicha propaganda radica en la “libertad” informativa y la “independencia” mediática” (Pineda, 2002:193). En el caso de las demandas del Movimiento Mapuche, la información emanada de los grandes medios, se ocupa de manipular el “sentido común” subordinándolo política y culturalmente en relación a los grupos dominantes, sus ideologías y sus intereses económicos. Es aquí donde adquiere transversalidad la identificación del (nuevo) enemigo interno y su tratamiento bajo leyes de excepción, ya que, en palabras de Günther Jakobs “el enemigo tiene menos derechos” (Jakobs, 2006). En Chile esto se ha traducido en la aplicación de la Ley N° 12.927 de Seguridad del Estado y la aplicación de la severa Ley N° 18.314 Sobre Conductas Terroristas a los Mapuche que se movilizan por la Autonomía de su Pueblo.

 

La ley N° 18.314 sobre conductas terroristas entra en vigencia en 1984, en plena dictadura militar de Pinochet, para criminalizar al enemigo interno disidente y las acciones de protesta en contra del régimen, especialmente las acciones realizadas por grupos organizados que consideraban totalmente ilegítimo el poder surgido a partir del golpe militar. A principios del 2000, en beneficio del neoliberalismo armado, sale a escena nuevamente la ley antiterrorista, esta vez para criminalizar los repertorios de resistencia y acción política Mapuche basadas en las reivindicaciones territoriales llevadas a cabo por comunidades organizadas.

 

¿Quién es el nuevo terrorista?: el Mapuche en resistencia. Para Myrna Villegas, el terrorista en Chile es aquel “que por su acción de resistencia representa un escollo en el proceso de acumulación de la riqueza” (Villegas, 2007:12). Hay que tener claro eso sí, que este proceso de acumulación se lleva a cabo bajo un neoliberalismo armado de base extractvista transnacional que criminaliza duramente la disidencia, por ello, “la reivindicación y la ocupación de tierras, donde se encuentran plantaciones forestales realizando anualmente beneficios descomunales, aparecen como terrorismo” (Barbut, 2010). A continuación, en el Cuadro IV, se detallan –a Junio de 2013- el listado de Presos Políticos Mapuche en las cárceles del Estado-Nación chileno, la mayoría de los cuales se encuentra en prisión por participan en acciones de reivindicación de territorios ancestrales –lo que demuestra su carácter selectivo- los cuales están actualmente en poder de grandes empresas extractivas forestales, latifundistas y capital transnacional.

 

Conclusiones

 

Hasta aquí hemos realizado una aproximación a algunas de las cuestiones que jalonan lo que consideramos una re-existencia o lucha política Mapuche frente al extractivismo forestal dilucidando las características de su criminalización por parte del neoliberalismo armado del Estado chileno bajo la lógica de (nuevo) enemigo interno. Su estudio va generando la plataforma necesaria para poder realizar algunas conclusiones. En primer lugar, es necesario recordar que el Pueblo Mapuche posee una concepción del mundo o cosmovisión con una forma de organización socio-cultural y unas normas de conducta que se desprenden de ella que son antagónicas a una racionalidad económica y social característica de un modelo de mercado neoliberal de base extractivista. Por ello, se configura un escenario en que se enfrentan formas opuestas de significación y uso del territorio. En segundo lugar, podemos señalar que a partir de la crisis de legitimidad de la hegemonía del neoliberalismo a nivel continental, Chile optó por la profundización de una matriz extractiva exportadora bajo un radical control foráneo transnacional resguardada por un “estado hobbesiano” que defiende nuevas legitimidades promoviendo un proceso de militarización de las relaciones sociales enfocado a la a criminalizar y disciplinar bastas dimensiones de la vida y acciones de las clases y sectores subalternos, con particular énfasis en aquellos que han sido mayormente afectados y despojados por la intensificación del patrón de acumulación neoliberal en curso. Frente a este panorama, el movimiento mapuche se articula como reacción ante una situación concreta, amenazante y real de personas y comunidades que obtienen su sustento biológico, cultural y espiritual de un territorio sobreexplotado, degradado y contaminado por grandes empresas forestales. Por ello, la lucha política Mapuche centra uno de sus principales objetivos en el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación o autodeterminación del Pueblo Mapuche. Derecho matriz a conquistar ya que de él se desprenden los derechos necesarios para ejercer realmente un control político y administrativo de sus territorios y recursos naturales. Derecho estipulado, por lo demás, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Instrumento jurídico internacional con plena vigencia en Chile. En este sentido es oportuno señalar que la producción jurídica emanada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es, por tanto, de muy poca sustancia y su impacto es bajo cuando se trata de temas que impugnen los intereses del mercado global y/o EE.UU. Por último, podemos corroborar la implementación, por parte del neoliberalismo armado del Estado chileno, de un sistema coordinado de represión selectiva basado en un control punitivo bajo la lógica del (nuevo) enemigo interno aplicando leyes de excepción que tienen como objetivo final la reactualización y profundización de la dominación política sobre el Pueblo Mapuche en aras de consolidar una posición colonial-subordinada en el mercado mundial.

 

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*Economista por la UNAM con estudios de maestría y doctorado en “Ciencias Ambientales” por la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Investigador titular de tiempo completo, definitivo, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

** Doctor © en Ciencia Política, Centro de Estudios Avanzados (CEA), Universidad Nacional de Córdoba. Posgrado en Ecología Política y Metabolismo Social por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). e-mail: eduardomondaca.m@gmail.com

 

 

Ecología política del extractivismo en América Latina : casos de resistencia y justicia socio-ambiental / Eduardo Mondaca ... [et.al.] ; Coordinado por Gian Carlo Delgado Ramos. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2013. E-Book.

Fuente: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/posgrados/20131218030905/EcologiaPolitica.pdf

 

 

Apreciemos que las luchas antiextractivistas de los pueblos originarios plantean alternativas fundamentales para erradicar el capitalismo dependiente de los gobiernos tanto progresistas como neoliberales que implican que:  "las economías nacionales sigan descansando en la apropiación intensa de los recursos naturales, y las materias primas sigan siendo las exportaciones más importantes".

 

 

Desarrollo, Derechos de la Naturaleza y

Buen Vivir después de Montecristi.

 

pp 83-102, En: Debates sobre cooperación y modelos de desarrollo. Perspectivas desde la sociedad civil en el Ecuador. Gabriela Weber, editora. Centro de Investigaciones CIUDAD y Observatorio de la Cooperación al Desarrollo, Quito. Marzo 2011.

Por Eduardo Gudynas*

Actualmente, se acepta que existen estrechas relaciones entre las estrategias de desarrollo y el contexto ecológico. Esa íntima vinculación es particularmente evidente en América Latina, donde las economías nacionales siguen descansando en la apropiación intensa de los recursos naturales, y las materias primas siguen siendo las exportaciones más importantes. Como resultado de más de cuatro décadas de discusiones, avances y retrocesos en los temas de ambiente y desarrollo, en los últimos años se han concretado novedades sustantivas, que encierran enormes potencialidades para un cambio de rumbo que permita proteger el acervo ecológico latinoamericano. Entre esas novedades, sin duda, se destaca la actual Constitución del Ecuador, donde se formaliza por primera vez los Derechos de la Naturaleza y, a la vez, se los articula con la original propuesta del Buen Vivir, como alternativa el desarrollo actual. En el presente artículo se examinan algunos puntos destacados en las relaciones entre ambiente y desarrollo bajo el nuevo marco establecido por la Constitución redactada en Montecristi. Se comienza por un brevísimo resumen sobre las diferentes corrientes del desarrollo sostenible, y se argumenta que el nuevo texto constitucional permite avanzar hacia la llamada sostenibilidad súper-fuerte. Esta se caracteriza, entre otras cosas, por reconocer valores propios en la Naturaleza y, por lo tanto, la vuelve sujeto de derechos. Se examinan las implicancias de estas propuestas, analizando algunos temas en particular, como las propuestas de transiciones hacia alternativas que dejen de depender el extractivismo. Finalmente, se repasan algunas lecciones, y en particular, aquellas de relevancia para las organizaciones de la sociedad civil. El presente texto ofrece resultados de investigaciones en marcha del autor junto a secciones que recopilan, con modificaciones y actualizaciones, artículos anteriores y, en especial, algunas secciones de un estudio sobre la ecología política de la nueva constitución ecuatoriana. (…)

 

Ambiente y Buen Vivir en la Constitución de Montecristi

La nueva Constitución de Ecuador es motivo de mucha atención internacional en tanto presenta dos innovaciones impactantes. Por un lado, se reconocen los derechos de la Naturaleza y, por el otro, se defiende la idea de una alternativa al desarrollo como Buen Vivir (Sumak Kawsay). Esta perspectiva permite encontrar muchas vinculaciones con el desarrollo sostenible. Establecido este marco, comencemos por indicar que la nueva Constitución otorga una sustantiva importancia a los aspectos ambientales, donde se destaca la sección sobre los derechos de la Naturaleza. El abordaje es original, ya que la categoría de Naturaleza es presentada en el mismo nivel que la Pachamama. Desde allí, seguidamente se postula que la Naturaleza/Pachamama “tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (art. 72). Se avanza aún más en ese sentido, agregándose que esta tiene, además, derecho a una restauración integral (art. 73). A su vez, esta postura original se articula con el reconocimiento de los derechos ciudadanos clásicos sobre calidad de vida y a un ambiente sano, como se comentará más abajo. En esta formulación hay muchas novedades. Por ejemplo se equipara la noción clásico occidental de Naturaleza con el saber tradicional de los pueblos indígenas expresados en la Pachamama. De esta postura multicultural, al reconocerse los derechos de la Naturaleza, queda implícito que ésta posee valores intrínsecos (también llamados valores propios). La Naturaleza deja de ser un objeto manejado de acuerdo a la utilidad o beneficio humano, y pasa a ser sujeto de derechos. La postura se refuerza en tanto se agrega que la restauración de la Naturaleza también es uno de sus derechos.

 

Si bien es común encontrar notas periodísticas que aluden a una situación similar con la nueva Constitución de Bolivia, es apropiado aclarar que existen diferencias sustanciales. En efecto, en el texto constitucional boliviano no se reconocen derechos propios de la Naturaleza, y se mantienen los temas ambientales restringidos a los derechos ciudadanos clásicos. Esos derechos clásicos, como por ejemplo el derecho a un ambiente sano, también están presentes en la Constitución del Ecuador, tales como los derechos al ambiente sano que aparecen en el art. 14. Estos corresponden a los llamados derechos de tercera generación, que incluyen aspectos sociales, económicos y ambientales. A su vez, su marco conceptual se explica desde las demandas ciudadanas frente al Estado y, por lo tanto, su abordaje teórico es distinto al de los derechos de la Naturaleza. Nótese que bajo esta concepción se protege al ambiente, pero no por sus propios valores, sino porque es necesario para asegurar la calidad de vida o la salud de las personas, su propiedad o su utilidad. Por lo tanto, son derechos que parten y regresan al ser humano.

 

incluye la calidad ambiental, y la novedad de los derechos de la Naturaleza. Este sistema de derechos se articula con el Buen Vivir o Sumak Kawsay. Se establece que no es posible un Buen Vivir sin un ambiente que sea sano, ecológicamente equilibrado y que garantice la sostenibilidad. Todos estos están mutuamente determinados. Se indica que el Buen Vivir requiere que “las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades efectivamente gocen de sus derechos, y actúen en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza” (art. 275). El Buen Vivir es un concepto todavía en construcción, aunque existe un consenso que representa un quiebre con las ideas convencionales del desarrollo. Ese propósito aparece claramente en la Constitución de Montecristi y, en ese sentido, se incluyen diversas vinculaciones con la temática ambiental. Se indica que el régimen de desarrollo debe servir al Buen Vivir y, entre sus objetivos, se lee “recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable” (art. 276), y garantizar el acceso y de calidad al agua, aire y suelo, y los beneficios de los recursos naturales. Estos propósitos generan obligaciones tanto para el Estado, como para las personas y las colectividades (arts. 277 y 278). Se le adjudica una importancia relevante a la planificación estatal (por ejemplo, en los arts. 275 y 277), aunque bajo un marco participativo y descentralizado (art. 279). Componentes de este tipo dejan al Buen Vivir dentro del campo del desarrollo sostenible.

 

 La Constitución aborda otros dos aspectos clave en todas las corrientes de la sustentabilidad. Se indica claramente que los seres humanos deben aprovechar los recursos y riquezas del ambiente, pero los encuadra en un nuevo contexto, ya que esa apropiación debe servir al Buen Vivir. Por ejemplo, el artículo 75 indica que las “personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el Buen Vivir”. El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza impone severas condiciones sobre las vías aceptables para interaccionar con el entorno. Esta postura ecuatoriana es muy distinta de la que se encuentra en Bolivia, donde su nuevo texto constitucional establece que una de las finalidades del Estado es la industrialización de los recursos naturales. Por ejemplo, se indica que la “industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado” (art. 355). Por lo tanto, esta redacción genera potenciales contradicciones entre las aspiraciones a la conservación de la Naturaleza, y el propósito de industrializar los recursos naturales.

 

Mientras que el Buen Vivir ecuatoriano descansa sobre una amplia trama de derechos, incluyendo los de la Naturaleza, en la postura boliviana reaparecen las posturas utilitaristas sobre el ambiente, en especial, aquellas del extractivismo. Estas tensiones deben ser analizadas con detenimiento, ya que están presentes en todos los países (incluido Ecuador), en tanto corresponden a los deseos de profundizar una veta extractivista para poder financiar el Estado y promover el crecimiento económico. En efecto, los altos precios de las materias primas, desencadenan enormes presiones para expandir emprendimientos mineros, petroleros o los nuevos monocultivos de exportación. Bajo el neo-extractivismo de los países con gobiernos progresistas, estos emprendimientos se justifican, en tanto servirían para financiar al Estado y muchos de sus programas sociales de lucha contra la pobreza.

 

Pero, a pesar de esas buenas intenciones, es un estilo de desarrollo insostenible, de alto impacto social y ambiental, y que reproduce continuos conflictos ciudadanos. Por detrás de esas posturas utilitaristas, se encuentran las perspectivas convencionales que son antropocéntricas, en el sentido que la determinación de los valores y de la utilidad siempre se hace en función del ser humano, y la Naturaleza es un conjunto de objetos que deben ser aprovechados. Se generan expectativas de rentabilidad, la valoración económica toma el mando, y casi todas las estrategias son insostenibles; cuando logra aparecer el desarrollo sostenible, solo puede hacerlo desde la postura débil. En cambio, el camino ecuatoriano genera un abanico mayor de opciones, donde hay unas que conciben a la Naturaleza como sujeto de derechos, con lo cual se admiten valores intrínsecos. Estos son valores propios del ambiente, tanto de los seres vivos como de su soporte físico, y no dependen de la utilidad o apropiación del ser humano. Esta postura se conoce como biocentrismo, donde la vida, tanto humana como no humana, es un valor en sí mismo. De esta manera, se puede distinguir entre el biocentrismo, por sus valores intrínsecos en el entorno, del antropocentrismo, donde la Naturaleza es valorada por la utilidad o beneficio que encierra (convencionalmente como valor de uso o de cambio).

 

Las opciones para el desarrollo sostenible

Establecidos estos aspectos, queda en evidencia que el texto constitucional actual es un terreno fértil para la perspectiva del desarrollo sostenible. Existen referencias a la sustentabilidad, de postular que el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado debe servir a la sostenibilidad (art. 14), o que el Estado debe garantizar un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado, que proteja la biodiversidad, y asegure la regeneración natural de los ecosistemas (art. 395). Todas las corrientes de la sustentabilidad, de una u otra manera, han manejado la idea de buscar un cierto balance entre diferentes componentes sociales, económicos, ecológicos, etc. Esta perspectiva aparece en la Constitución, por ejemplo, al postular el respeto de la diversidad cultural y la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras (art. 395). En el mismo sentido, se señala que el aprovechamiento de los recursos naturales, deben usarse de “modo racional, sustentable y sostenible” (art. 83). También, se establece que se debe asegurar la “conservación y utilización sustentable de la biodiversidad” dentro de los territorios de naciones y pueblos indígenas (art. 57); en el caso de la Amazonia, se indica que se deben adoptar políticas de desarrollo sustentable que además de proteger la biodiversidad, deben compensar las “inequidades de su desarrollo y consoliden su soberanía” (art. 259). Incluso, hay referencias a una “ciudad sustentable” (art. 31). Un examen más riguroso de los contenidos permite señalar que entre las tres corrientes de la sustentabilidad, el mandato de Montecristi está claramente orientado al desarrollo súper-fuerte. Recordemos que el régimen de desarrollo es definido como el “conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del Buen Vivir o sumak kawsay” (art. 275).

 

Por lo tanto, desde un inicio partimos de una concepción multidimensional, que incorpora aspectos sociales y ambientales, y los orienta hacia el Buen Vivir. Distintos componentes ambientales son jerarquizados, tales como recuperar y conservar la Naturaleza, asegurar un ambiente sano y proveer acceso justo y de calidad a los recursos naturales (art. 276). Pero, es el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y Pachamama, y el derecho a su restauración, las que colocan a la propuesta ecuatoriana dentro de la sustentabilidad súper-fuerte. Es que allí se expresa sin dudas una postura biocéntrica, donde la Naturaleza tiene valores intrínsecos, junto a valoraciones humanas que son múltiples, ecológica, estética, religiosa, económica, etc.) (…)

 

El cuestionamiento al desarrollismo

La sustentabilidad súper-fuerte y el Buen Vivir, junto a otras corrientes contemporáneas, representan diversas formas de cuestionar el desarrollo convencional, al dejar claro sus severas limitaciones, sus promesas de bienestar incumplidas, y donde las aplicaciones prácticas en muchos casos terminan ensombrecidas por sus efectos negativos. El desarrollismo clásico, en especial aquel enmarcado en el reduccionismo neoliberal, alimentó ideas simplistas donde las metas se colocaban en el crecimiento económico, asumiéndose que este generaría efectos de derrame hacia la sociedad. El motor de ese crecimiento era, por ejemplo, la exportación de recursos naturales, y todos los procesos se debían expresar en el mercado. Esas ideas han sido duramente cuestionadas en los últimos años, y el recambio político hacia el progresismo que se ha vivido en muchos países latinoamericanos, expresan un sustancial cambio de actitud. Muchos de los nuevos gobiernos lograron éxitos importantes en el regreso del Estado, un mayor compromiso con amplios sectores postergados de la población, y en especial un ataque más decidido a la pobreza. De todos modos, en el área ambiental siguen persistiendo varias materias pendientes y, entre ellas, las tensiones más claras se encuentran con el resurgimiento de un nuevo extractivismo. Queda en claro que, más allá de las tendencias políticas, se repiten creencias básicas sobre el desarrollo. Una y otra vez se lo entiende como un proceso lineal, donde se asume un progreso, desde estadios subdesarrollados a otros desarrollados, que se expresa sobre todo en el plano material y bajo dinámicas económicas. En esas ideas clásicas, la apropiación de la Naturaleza era un elemento central y, como se entendía que América Latina contaba con una enorme riqueza ecológica, pocos aceptaban la idea de límites ecológicos al crecimiento económico. Incluso, bajo el neo-extractivismo progresista se sostiene que el Estado es el medio para asegurar una más intensa y efectiva apropiación de los recursos naturales, y que esto debe ser realizado cuanto antes para atender las necesidades sociales. Estas y otras posturas son criticadas tanto en sus bases conceptuales, como en los planes, proyectos o instrumentos. Algunos de los cuestionamientos no se han detenido en casos puntuales, como ha sucedido con malogrados complejos hidroeléctricos o reformas mercantiles en la agricultura, sino que han cuestionado la validez de la idea misma de un desarrollo posible.

 

Se ha intentado señalar que la propia palabra desarrollo no es ingenua, y encierra un significado particular sobre el papel que deben desempeñar nuestros países, la forma bajo la cual se entiende la calidad de vida, la defensa del progreso económico y el lugar que se le otorga a la Naturaleza. Cuando se habla de desarrollo se evocan ejemplos de origen europeo o estadounidense, se piensa en fábricas con chimeneas humeantes y centenas de tractores arando los campos. “El desarrollo es hoy el emblema de un mito en agonía, un lema para vender productos tóxicos”, afirma el investigador mexicano Gustavo Esteva10. Agrega que la idea de desarrollo se ha convertido en un término gelatinoso que alude a una enorme variedad de cuestiones, y que en los países del sur ha estado detrás de la ilusión de poder salir de la pobreza. Pero, en los resultados concretos, esos planes de desarrollo han servido para que las naciones ricas fueran más ricas, mientras que los países del sur continuaron lidiando con sus problemas de pobreza. El desarrollismo, alentado tanto por la derecha como por la izquierda convencional, no logró concretar sus promesas, y la ruptura se volvió inevitable. El mismo Esteva advierte que al ir más allá de esas posturas convencionales, un postdesarrollo significa “celebrar las innumerables definiciones del buen vivir de quienes han logrado resistir el intento de substituirlas con el American way of life”.

 

De esta manera, se han generado muy diversas posturas que intentan reformular el desarrollo en su propia esencia, tanto en el plano de las ideas como de las aplicaciones prácticas, quiénes serán los sujetos de ese esfuerzo, y cuáles son las urgencias y condicionalidades propias de América Latina. Es una renovación que busca alternativas al mismo concepto de desarrollo y, por lo tanto, genera desarrollos otros. No es suficiente explorar desarrollos alternativos sino que es necesaria una alternativa al desarrollo, la que en muchos casos implica abandonar la propia palabra desarrollo, y utilizar otras, como es el Buen Vivir. Es importante tener presente que estos intentos no necesariamente serán viejos o modernos, totalmente indígenas o europeos, ni siquiera podría decirse que serán de izquierda o de derecha según las viejas perspectivas políticas convencionales, sino que deben ir más allá de esas categorías para generar una nueva mirada sobre la sociedad, sus interacciones productivas y el papel del ambiente. Existen puentes entre ideas que ya tienen una larga historia, como el Sumak Kawsay, junto a otras más recientes, como el biocentrismo defendido por la ecología profunda. Por lo tanto la cuestión no está en oponer unos saberes o tradiciones entre sí, sino en buscar las formas de articularlos.

 

Alternativas al desarrollo

Distintos componentes de las alternativas al desarrollo están cristalizando, y muchos de ellos se expresan en las actuales discusiones sobre el Buen Vivir. En éstos la presencia de la sustentabilidad súper-fuerte es crucial, y en los párrafos y secciones siguientes se exploran algunos de sus componentes. Comencemos por dejar en claro la relevancia de la diversidad cultural y ecológica de la región. Diferentes culturas se distribuyen en la amplia geografía latinoamericana, cada una con sus particulares saberes, y todas adaptadas a su contextos ecológicos locales, también diversos. Estos componentes obligan, por un lado, a respetar ese acervo de saberes diversos, y a proteger esa riqueza ecológica. Seguidamente se debe insistir en la necesidad de un cambio radical en la postura que asume que el desarrollo siempre debe ser alimentado por la extracción de recursos naturales para destinarlos a los mercados globales. En particular, es necesario transitar hacia estrategias post-extractivistas, que deben romper con la dependencia exportadora de materias primas clásicas.

 

Otro punto clave para la sustentabilidad es que el crecimiento económico deja de ser el objetivo básico, y los énfasis se ponen en la calidad de vida de las personas. Esta ha sido una de las preocupaciones centrales en los debates sobre desarrollo sostenible desde fines de la década de 1970 (existiendo diversos antecedentes en esa materia y, entre ellos, la propuesta de “otro desarrollo” de la Fundación Dag Hammarksjold de 1975). Por lo tanto, el mandato que emerge de la constitución de Montecristi, o que se encuentra en los actuales debates sobre Buen Vivir, implican un desacople entre el desarrollo y el crecimiento económico. Podrán existir aumentos en algunos sectores de las economías nacionales, tales como salud o vivienda, pero ello ocurre no porque sean un fin en sí mismos, sino porque son mediaciones para asegurar la calidad de vida. Este desacople es uno de los temas centrales de las alternativas al desarrollo12. A su vez, la sustentabilidad súper-fuerte impone condiciones ecológicas sustantivas. Se deben asegurar la conservación de las especies y, consecuentemente, se deberán ampliar y fortalecer los sistemas de áreas protegidas, y la gestión ambiental sobre grandes áreas territoriales en lugar de ser una excepción, deberá ser la regla. Los actuales énfasis extractivistas ya no serán posibles, y sólo se podrán mantener aquellos que cumplan condiciones básicas en sus aspectos sociales y ambientales. En otras palabras, el Buen Vivir obliga a una senda postextractivista. Este objetivo está contemplado en el actual Plan Nacional para el Buen Vivir, elaborado por la SENPLADES. Es un aporte de enorme importancia que requiere pasar a una nueva etapa para dotar de contenidos las transiciones posibles a esa meta. Este cambio de enfoque hace que sea necesario reducir la apetencia por recursos naturales y energía de las sociedades contemporáneas. Es obvio que esto desemboca en atacar los patrones de consumo. Se deberá reducir la opulencia y el consumo suntuario de materia y energía, mientras que aquellos que viven en condiciones de pobreza deberán tener acceso a nuevos bienes y servicios. Seguramente será un consumo más austero, pero más solidario; la calidad de vida no descansará únicamente en el consumo material, sino que también se deberá asegurar las demás dimensiones del bienestar. Este tipo de debates que apenas se resumen en esta sección están en marcha en varios países de América Latina, y pueden ser englobados como transiciones hacia un desarrollo otro. En especial las atenciones están centradas en transiciones postextractivistas, donde las economías nacionales no dependan de la minería o los hidrocarburos, una profunda reforma del papel del Estado, cambios sustanciales en los procesos productivos y el consumo.

 

 Sustentabilidad y desarrollo postpetrolero

Las implicancias de una sustentabilidad súper-fuerte como parte del Buen Vivir se pueden ilustrar a partir del caso de los sectores extractivistas. Como se adelantó arriba, en los países andinos siguen teniendo amplia presencia emprendimientos mineros, petroleros y, ahora, los monocultivos intensivos de exportación. Todos ellos conforman los llamados sectores extractivos, los que son conocidos por sus altos impactos sociales y económicos. Por lo tanto, el mandato del Buen Vivir implica explorar transiciones hacia condiciones post-extractivistas. Esta misma postura aparece en el Plan Nacional de Buen Vivir elaborado por SENPLADES recientemente. Ese futuro post-extractivista no significa que se prohibirán todos los emprendimientos mineros o petroleros, sino que se mantendrán aquellos que sean realmente indispensables, y estarán sujetos a un efectivo control ambiental y social. En varios casos, los impactos hacen que sea improcedente avanzar con nuevas actividades extractivas, incluso desde el punto de vista económico. Mientras que en la actualidad no se contabilizan los daños ambientales y sociales, sino que son externalizados hacia el resto de la sociedad; la perspectiva de la sustentabilidad obliga a abandonar esa postura. Por lo tanto, queda en claro que muchos emprendimientos no generan ingresos genuinos, sino que sus costos son más altos que sus potenciales beneficios. A su vez, los derechos de la Naturaleza operan en el mismo sentido, imponiendo compromisos con la protección del ambiente. Esta problemática queda en evidencia en el caso de las propuestas de avanzar en la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, y los campos cercanos conocidos como ITT (Ishpingo – Tambococha – Tiputini). Este caso, que está bajo intenso escrutinio por la comunidad ambientalista internacional, refleja las tensiones propias de los planes de desarrollo convencionales. Es conveniente un breve repaso de este caso a la luz de los mandatos ambientales que emergen de la Constitución de Montecristi1. El principal incentivo para explotar el petróleo en esa zona es el creciente valor de los hidrocarburos en los mercados internacionales y, de esa manera, obtener financiamiento para el Estado, y eventualmente para algunos emprendimientos específicos. Pero, si se analiza este emprendimiento desde el desarrollo sostenible, se encontrarán diversas restricciones emanadas de la nueva Constitución de Montecristi.

 

Comencemos por considerar la sustentabilidad débil. Se encontrarán obligaciones de protección de la biodiversidad, en especial en el caso amazónico, y el mandato de adoptar políticas de desarrollo sustentable (art. 259). Asimismo, en tanto es un área protegida se debe asegurar que sirvan a la conservación de la biodiversidad, al mantenimiento de funciones ecológicas, y a garantizar su intangibilidad (art. 397). En el caso de la sustentabilidad fuerte, la exigencia de preservar un stock de Capital Natural crítico, representado por biodiversidad que no puede ser reemplazada ni sustituida, agrega nuevas restricciones a un emprendimiento petrolero en Yasuní. En efecto, por más renta que se logre captar de esa actividad, esto no necesariamente permitirá recuperar los ecosistemas degradados o destruidos. En tanto la explotación petrolera implica altos costos y riesgos en las esferas ecológicas y sociales, con lo cual los beneficios económicos quedan en segundo plano. Es así que, bajo la sustentabilidad débil y fuerte, es incierto que los beneficios económicos superen a los costos una vez que se internalicen los impactos sociales y ambientales. Finalmente, desde el punto de vista de la sustentabilidad súper-fuerte, el Estado está obligado a preservar esa área por sus propios derechos, independientes de la posible utilidad económica de los recursos naturales. Yasuní ya es un área protegida (donde no se pueden realizar ese tipo de actividades). Además, está obligado a preservar y recuperar los ciclos naturales (art. 57), más allá del posible retorno económico que se consiguiera con liberar la explotación petrolera. Por este tipo de razonamientos es que se ha planteado la imposición de una moratoria petrolera en zonas ecológicas claves como el Parque Yasuní. Este es un paso concreto de una transición post-extractivista, acorde al mandato ecológico de la Constitución de Montecristi. Se ha intentado superar todos estos cuestionamientos argumentando que se aplicaría la moratoria solamente si se consigue una cierta compensación económica. El problema es que puede argumentarse que esta es una postura utilitarista clásica; la meta es obtener un cierto dinero ya que el área tiene un valor económico directamente vinculado a las ganancias obtenibles por el petróleo. El objetivo sustancial es lograr ese dinero, de donde la protección ecológica del área es entendida como sacrificar el crecimiento económico. Enseguida se pasa a reclamar una compensación económica por el dinero que se perdería por no explotar el petróleo. Obsérvese que, bajo este recorrido, el compromiso ambiental en realidad se reduce, y puede ser suplantado por una compensación y reparación económica.  (…)

 

Investigador principal en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), Montevideo, Uruguay. www.ambiental.net – Contacto: egudynas@ambiental.net 1 Gudynas, E. (2009) El mandato ecológico. Derechos de la Naturaleza y políticas ambientales en la nueva Constitución (Quito: Abya Yala)

 

Fuente: http://www.gudynas.com/publicaciones/capitulos/GudynasDesarrolloNaturalezaDespuesMontecristi11.pdf