Qué Estado

Septiembre 2016

Con democracia desde abajo y a la izquierda.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Nos urge (frente a la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia de España junto a su rey y pidiéndole perdón) generalizar la "memoria, verdad y justicia" de cómo se confrontó y confronta con la colonialidad desde pueblos originarios. Manifiestan:" nos ha llevado a redescubrirnos, incluso a reinventarnos a todos. Somos Comunalidad, lo opuesto a la individualidad, somos territorio comunal, no propiedad privada; somos compartencia, no competencia; somos politeísmo, no monoteísmo. Somos intercambio, no negocio; diversidad, no igualdad, aunque a nombre de la igualdad también se nos oprima. Somos interdependientes, no libres. Tenemos autoridades, no monarcas".

 

Eso que llaman comunalidad*

Por Jaime Martínez Luna

A manera de introducción: “¿Por qué no te callas?”

 

 

Hace más de quinientos años, con una espada y una cruz, el rey de España le dijo a todo un continente: “¿Por qué no te callas?”; desenfundó espada, arcabuz, cruz, razonamiento, valores, enfermedades, tecnología, idioma, estructura, y terminó con ello, sueños y alegrías de un continente. El monarca envió a sus soldados a aplastar lo que se encontrara y explotar lo que hubiere. Se escuchó, se sintió, se sufrió la prepotencia, la arrogancia, la supuesta superioridad de una civilización que lo único que le distinguía era su sed de oro. El tiempo no ha pasado para el monarca, con el mismo lenguaje, el mismo tono, esas mismas palabras se dejaron escuchar después de centurias, ahora en la república de Chile. No fueron suficientes trescientos años de explotación bárbara, de despojo y robo de recursos, de explotación inmisericorde de la mano de obra americana nativa, para que esta misma obcecación y esta forma de razonar se volvieran a escuchar, ahora dirigidas, quinientos años después, a representantes republicanos que expresaban la voz y la decisión de sus pueblos. El “por qué no te callas” puede responderse muy fácilmente: “por qué estamos vivos”. Pero no es la falta de respuesta o las muchas que puedan haber, lo importante; lo desgraciado radica en el obstinamiento hegemónico, en la terquedad de imaginarse superior, en seguirse realizando como “realeza”. Es el empecinamiento de vernos como seres carentes de ideas, de propuestas, de conceptos. Seguimos de pie, y ahora más claros que nunca deseamos construir nuestro propio camino. Pero ni el “rey” ni sus súbditos, encomenderos, lacayos, sirvientes, lo conciben de esa manera. América originaria y la que ha surgido de la conquista, ha dejado de ser súbdita, como tal expresa en su lenguaje lo que considera pertinente. Si existen ministros fascistas en España, es porque así se ha demostrado, no es sólo el lenguaje de un “menor”, sino de un pueblo con plena conciencia de lo que ve, entiende y por lo mismo hace valer.

Lo trágico de la expresión es que los gobiernos, las élites, las clases económicamente poderosas, incluso escritores como Carlos Fuentes, repiten hasta el cansancio la misma aseveración cuando se dirigen al pueblo, a las clases desprotegidas, nulificando los orígenes de los pueblos que habitaban el continente (antes de la llegada de los soldados de ese monarca), que ahora vuelve reencarnadamente a pisar nuestros territorios con el mismo afán, el de llevarse todo, hasta nuestra dignidad. Preguntémonos todos sobre el predominio existente de capitales españoles en América Latina. Preguntémonos qué nexos tiene el poder español con los afanes del imperio, no sólo en América, sino en Irak y en prácticamente todo el mundo. Obviamente energéticos, telefonía, industria, etcétera. Son estas expresiones las que nos han llevado a buscar la superación del liberalismo occidental que se inscribe en la educación, en las leyes, en la figura del Estado. Son ellas las que nos han hecho descubrir lo individual en el marxismo, en el liberalismo intercultural, las raíces profundas de la conquista que explican la globalización. Son estas expresiones las que nos obligan a levantar la vista a la naturaleza y a la fuerza de nuestros ancestros. Son ellas las que nos conminan a buscar nuevas formas de convivencia que derriben la opresión, el sometimiento, la explotación, la manipulación. Siguen siendo estas expresiones las que nos orientan hacia la dignificación de nuestro pensamiento, de nuestra energía, de nuestro conocimiento, el dejar de vernos como una población fallecida bajo los escombros de una civilización depredadora.

 

Estas expresiones y muchos elementos estructurales más, nos han llevado a redescubrirnos, incluso a reinventarnos a todos. Somos Comunalidad, lo opuesto a la individualidad, somos territorio comunal, no propiedad privada; somos compartencia, no competencia; somos politeísmo, no monoteísmo. Somos intercambio, no negocio; diversidad, no igualdad, aunque a nombre de la igualdad también se nos oprima. Somos interdependientes, no libres. Tenemos autoridades, no monarcas. Así como las fuerzas imperiales se han basado en el derecho y en la violencia para someternos, en el derecho y en la concordia nos basamos para replicar, para anunciar lo que queremos y deseamos ser. Es por ello que los métodos de investigación y de análisis tendrán también que ser diferentes. Lo que dijeron los presidentes de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, de Nicaragua, no es más que la respuesta inicial que diseña un pueblo latinoamericano para enfrentar a las fuerzas imperiales, del Norte, de Europa, de Asia, vengan de donde vengan. México no está ausente o da oídos sordos a estas manifestaciones de prepotencia, menos Oaxaca. En todo lugar se debe suprimir la represión unilateral, la que vulnera la sana convivencia, la que impide el normal desenvolvimiento de las ideas, el florecimiento de los principios que se comparten. En todo lugar se debe buscar la armonía. Oaxaca es un espacio para la recreación de un nuevo pensar, de un nuevo hacer. Ya no es tiempo que se siga midiendo nuestra capacidad con parámetros numéricos provenientes de otras latitudes. La pobreza no se mide sólo por las carencias materiales, también por las espirituales. Los cánones del buen vivir no pueden provenir de ámbitos urbanos, de esferas sociales de otros contextos. Se debe entender a Oaxaca con sus propios patrones de razonamiento.

Sabemos que vivimos una globalización que pretende uniformizarnos, pero no es recomendable medirnos en función de ésta, sino desde nuestros parámetros, para soportarla o adecuarnos a ella. No hay que actuar como se afirma que debemos actuar todos. Tenemos nuestra propia cultura y en ella debemos encontrar los conceptos que nos expliquen. De otro modo simplemente seremos lo que los otros afirman que somos sin que seamos eso que dicen que somos. En los modelos que buscan interpretar lo que somos, se repite la voz del monarca, que pide que nos callemos para que otros hablen por nosotros, para que otros escriban por nosotros, para que otros vivan, no nosotros. Por ello urgente no ver de Oaxaca solamente la pobreza o la miseria, suscritas por los otros; la pobreza y la miseria de los esquemas de interpretación “científica” que vulneran nuestra identidad y que nos señalan como seres de otro planeta que debe ser destruido. La demografía, la antropología, incluso las matemáticas, responden occidentalmente a la explicación de nuestra existencia. Estas disciplinas de ordenamiento mental, son resultado de una obcecación que busca satisfacer lo enunciado por el poder, por el monarca, por el individualista que no comprende lo colectivo, lo que se hace “con” y reafirma lo que haga “yo”. La antropología es el estudio del Hombre. Nosotros partimos del estudio de la Naturaleza porque pertenecemos a ella. Nuestro pensar es flor de la Naturalogía. El conocimiento que porta Oaxaca es natural, por ello los esquemas para su entender no son únicamente cuantitativos como en el mercado, son cualitativos como la fiesta, la reciprocidad, la complementariedad, el afecto. Volvamos al sentido común, esta es una tarea obligada para descolonizarnos, es un deber para entender lo nuestro. Somos autónomos en tanto nos medimos a nosotros mismos con nuestros parámetros, con nuestros valores. Somos autónomos en la medida que nuestras asambleas representan y consensan nuestras decisiones.

Somos nosotros en la medida que no partimos de lo que otros quieren que seamos, somos nosotros en la medida que no hay quien nos diga cómo vestirnos, hablar en público, caminar, jugar, y hacer nuestra vida cotidiana. Somos, en la medida que el respeto es agua cristalina que nos baña y nos hace transparentes. Esto no es poesía, es simplemente la formulación de porqué entre todos no debemos aceptar que nos callen, y menos personas que han tratado de destruir nuestra conciencia. No vivimos tiempos para aguantar, ni dentro, menos fuera. Quien quiera callar a otro no construye; destruye, eso es lo que vemos en un discurso que hemos padecido durante siglos. Oaxaca vive, a pesar de los súbditos, o de los nuevos encomenderos, como alguien ya lo decía; estos son tiempos para subrayar conceptos que la humanidad ha reiterado para no repetirlos, ser fascista es serlo. Simplemente hay que entender cada contexto. Por ello, bien recibida la enseñanza, señor monarca: calle a sus súbditos, nosotros hemos dejado de serlo. Un por qué de esta historia. “No es fácil decir lo que se hace, las interpretaciones te llevan a evidenciar un ego. Sin embargo, parece importante para explicar un proceso amplio”.

*Este libro es financiado por el Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI) en el cual participan la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, AC.

Fuente: http://data.over-blog-kiwi.com/1/38/03/91/20160409/ob_036743_eso-que-llamam-comunalidad.pdf

 

 

Hoy es hora que los diversos de abajo y a la izquierda abramos caminos emancipatorios situándonos en la crisis civilizatoria del capitalismo. En vez de centrarnos en derrotar a Mauricio Macri o en echarlo, es crucial construir el más amplio consenso contra el sistema mundo.

 

 

Necesitamos salir del desafío de unir abajo contra el ajuste para articular todas las luchas actuales que expresan la crisis civilizatoria del capitalismo.

Resistencia popular en tiempos macristas: desafíos desde abajo y a la izquierda
31 de julio de 2016

Por Sergio Zeta*

El macrismo apuesta a combinar consenso y represión para afianzar su proyecto. Si bien, a diferencia del menemismo no cuenta a su favor con un pueblo derrotado para aplicar sus planes profundamente antipopulares, no parte tampoco de cero. Se apoya en lógicas y en un horizonte de “sentido” que ha construido el kirchnerismo para restaurar el orden institucional y la acumulación de capital que la rebelión popular del 2001 puso en crisis. Desde los sectores populares necesitamos poner en cuestión esas lógicas y ese “sentido común” que operan dificultando tanto las resistencias como la construcción de alternativas.

Cada vez con más fuerza -aunque aún fragmentada y reaccionando a contragolpe – brota la rebeldía popular contra la ofensiva macrista, el gobierno de “los ricos”.

El kirchnerismo por su parte aparece cada vez más fragmentado y debilitado, en proporciones tales que puede hablarse de un derrumbe, acelerado por la corrupción de muchas de sus figuras (más allá de la utilización que el macrismo hace de las denuncias), y el abandono de otras de ese espacio, en transas de las que el pueblo y gran parte de su militancia se siente ajena.A varios meses de gobierno macrista, el desinterés de la dirigencia kirchnerista en impulsar la resistencia, escudándose en un aporte a la “gobernabilidad”, no es un dato menor del derrumbe. No les sirvió patear la pelota hacia adelante con un “volveremos” que justificaría tanto la inacción actual como las alianzas más espurias. Las abismales diferencias entre lo que fue la “resistencia peronista” contra la Libertadora –obrera, popular y desde abajo- con el actual “aguante”, resaltan la ajenidad de esta dirigencia con un pueblo que, como puede, viene dando pelea. Y constata, una vez más, que el PJ ya nada tiene que ver con el “hecho maldito del país burgués” y mucho que ver con un partido del poder, garante del orden del capital.

La multitudinaria y ruidosa protesta del jueves 14 de julio contra los tarifazos tuvo ya poco de “volveremos” y mucho de la alegría de un reencuentro con el vecino del barrio y de respuesta colectiva.

Por su parte el macrismo apuesta a combinar consenso y represión para afianzar su proyecto. Si bien, a diferencia del menemismo no cuenta a su favor con un pueblo derrotado para aplicar sus planes profundamente antipopulares, no parte tampoco de cero. Se apoya en lógicas y en un horizonte de “sentido” que ha construido el kirchnerismo para restaurar el orden institucional y la acumulación de capital que la rebelión popular del 2001 puso en crisis. Desde los sectores populares necesitamos poner en cuestión esas lógicas y ese “sentido común” que operan dificultando tanto las resistencias como la construcción de alternativas.

 

Macrismo y kirchnerismo ¿antagonismo o continuidad?

 

La “ceocracia” gubernamental con su insensibilidad frente al sufrimiento popular, su desembozada dominación de clase y su desprecio a los pobres: “están los pobres y la gente normal” -afirmó la vicepresidenta Gabriela Michetti sin ponerse colorada- nos produce repudio, bronca e indignación que despiertan una primera sensación de antagonismo de este gobierno respecto al anterior. Pero una mirada atenta descubre -más allá de algunas diferencias que podemos reconocer- importantes continuidades que necesitamos considerar para construir un nuevo rumbo.

La importancia de rastrear estas continuidades no es menor. Incide en la disyuntiva entre aspirar a “volver” a la “década ganada”, (con más o menos críticas a la misma), o luchar por salir del capitalismo -que de humano no tiene el rostro ni nada-, construyendo más articulación y organización popular, prefigurado nuevas subjetividades plebeyas y emancipatorias, nuevas respuestas para nuevos y viejos problemas.

Está claro que algunas de las medidas adoptadas durante el kirchnerismo serían impensables en este gobierno, como los juicios a los genocidas u otras. Pero coincidimos con Alberto Bonnet en que la pregunta sobre ¿qué fue el kirchnerismo? “… no puede responderse seleccionando y amontonando hechos sueltos en los platillos de una balanza imaginaria, ya sean los juicios a los genocidas, la asignación universal por hijo o el matrimonio igualitario, ya sean las ganancias extraordinarias de los empresarios, la megaminería contaminante o la corrupción generalizada. La pregunta reclama más bien una respuesta que involucre una conceptualización de conjunto del kirchnerismo. En este sentido, el kirchnerismo expresó ciertas relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase y las expresó de determinada manera: expresó, más específicamente, las relaciones de fuerzas emergentes de la crisis de acumulación y dominación que culminó a fines del 2001 y las expresó como recomposición de esa acumulación y esa dominación[i]”.

 

Esta conceptualización de conjunto de la política kirchnerista es la que no ven -o no quieren ver- quienes escinden entre “lo bueno y lo que faltó profundizar”, fórmula que es sostenida tanto por organizaciones que de buena fe apoyan al kirchnerismo como por aquellos dispuestos a disputar su herencia.

Por convicción o conveniencia sostienen mitos que impregnaron de legitimidad impostada al kirchnerismo como su supuesta similitud con los proceso de Venezuela o Bolivia.

 

Sin embargo el kirchnerismo no fue parte de las movilizaciones populares contra el neoliberalismo, a diferencia del chavismo y del MAS en Bolivia. Mientras que en la Argentina el K viene a recomponer el orden previo a la rebelión y movilización popular del 2001, en Venezuela se impulsa una transformación con contenido democrático-radical que llegó a proyectarse como socialismo del siglo XXI y el poder comunal, de modo que solo con gran imaginación, muy buena voluntad y algo de miopía, pueden  ubicarse como parte de un mismo “ciclo progresista”. La diferencia entre ambos procesos explica la relativa facilidad con que el macrismo viene desmontando lo que de la estructura kirchnerista favorecía al pueblo, hecho que no se está dando de igual manera en Venezuela, con un fuerte avance de la derecha pero que se enfrenta a fuerzas populares que resisten su embestida.

Desde el primer momento el kirchnerismo se propuso ir hacia “un país donde las posibilidades y la defensa del capital argentino, el empresariado nacional, la producción y el trabajo argentino sean prioritarios” (discurso de Néstor Kirchner en el Encuentro Nacional de la Militancia, Parque Norte, 11/3/04). Para ello no sólo mantuvo sin alteraciones la estructura económico-social heredada del neoliberalismo, no sólo expandió el empleo sobre la base de conservar la precarización laboral que facilita la ofensiva macrista sobre los trabajadores, sino transfirió millonarios recursos hacia quienes “juntándola con pala” formarían ese “empresariado nacional” que desarrollaría el país: los Cirigliano, los Roggio, Taselli, Szpolsky, Eurnekian, López, Báez, Blaquier, Werthein y muchos más. Sin embargo nada de eso significó para el país el surgimiento de un “capitalismo serio” (como si tal cosa existiera) sino de un “capitalismo de amigos” y puso un techo a la disminución de la pobreza o a la solución de los graves problemas de vivienda, salud o educación, entre otros.

 

Creemos que esta experiencia confirma que sólo el pueblo trabajador puede defender intereses nacionales, concibiendo estos tal como lo expresa Miguel Mazzeo: “Frente al espacio antiutópico que impone la globalización, frente a sus modalidades de homogenización compulsiva y opresora, pero también frente a la inconsistencia e inviabilidad histórica de los artefactos culturales y las “topías” burguesas, la nación puede reconfigurarse y redefinirse como el espacio de una comunidad construida por los y las de abajo en base a la diversidad, la igualdad sustantiva y el poder popular”[ii].

Para construir esa comunidad de los de abajo y el poder popular, no podemos aspirar a “volver” al pasado, aún en alguna pretendida versión mejorada, sino innovar mirando al futuro.

 

Tarifazo, política energética y resistencia al ajuste

 

Desde los primeros ataques del macrismo contra el empleo y el salario, los trabajadores lograron frenar en parte la ferocidad de los mismos y obligaron al gobierno a algunos retrocesos momentáneos.

Ahora cobra fuerza la resistencia popular contra los brutales tarifazos que va consiguiendo triunfos parciales y aplazamientos, pero para derrotarlos definitivamente necesita aspirar a un objetivo diferente que sostener lo hecho por el kirchnerismo, en tanto la política del actual gobierno no difiere radicalmente de la que se implementó durante la década pasada.

La política kirchnerista respecto a los servicios públicos se paró sobre dos pilares. El primero  fue el estímulo a las empresas prestatarias a través de millonarios subsidios (que nunca se auditaron) y, desde el año 2012, en que se renacionalizó parcialmente YPF, a través del aumento de precios. Desde ese año y fines del 2015 se aplicaron 24 aumentos en la nafta por un total de 137% en la Capital Federal y de 154% en Mendoza.[iii]”  En el mismo período el precio internacional del barril de petróleo pasó de 106,1 u$s a solo 41,8 u$s, convirtiendo el petróleo argentino en uno de los más caros del mundo. El segundo pilar fue mantener la matriz energética basada en energías fósiles (petróleo y gas), en sintonía con la política de los EE.UU y las corporaciones petroleras, lo que llevó a priorizar Vaca Muerta y a los acuerdos con Chevrón, dejando de lado el desarrollo en energías renovables como la eólica, para las que Argentina tiene condiciones excepcionales.

El macrismo sólo tuvo que generalizar y profundizar esta política haciendo caer esta vez, el grueso de los pagos a las empresas, sobre el bolsillo de los consumidores.

¿Puede resultar extraño, entonces, que a pesar de la bronca que genera el brutal tarifazo, la mayor parte de la población acepte desde el “sentido común” los aumentos, aunque cuestionando los porcentajes? ¿Que la reacción sea sólo de contragolpe, cuando el macrismo avanza demasiado, dejándole la iniciativa? Esta es otra herencia de la década K.

Para derrotar al macrismo y su tarifazo necesitamos recuperar iniciativa e impulsar alternativas populares que rompan con la racionalidad neoliberal de que todo es mercantilizable. Imponer una auditoría sobre las ganancias de las concesionarias, recuperar el control estatal y de los usuarios sobre los servicios públicos y avanzar hacia energías renovables, diversificadas y no contaminantes. Podemos lograrlo con la organización popular en cada barrio y localidad, partiendo de las necesidades concretas, con la convicción de que la energía es un derecho de todos y todas.

Hace algunos años, frente a una soberanía domesticada e institucionalizada que levantaba el progresismo, movimientos populares independientes acuñamos la frase y el objetivo de “soberanía popular”. Frente a un kirchnerismo que nunca se planteó salir de los marcos en que el imperialismo imponía su política energética, que dejó en manos de las grandes corporaciones y fondos de inversión la producción y comercialización agrícola y alimentaria, que entregó los bienes de la naturaleza a las multinacionales contaminadoras y saqueadoras, y frente al gobierno actual que profundiza tal subordinación al punto de hacer la energía y los alimentos inaccesibles para el pueblo, frente a las necesidades de la lucha que esta situación impone, vale la pena renovar su actualidad.

El capital no sólo busca imponer su agenda sino elige el terreno de las batallas. Se siente cómodo sólo cuando todo se decide entre ministerios, legislaturas o juzgados. Que el pueblo proteste contra la magnitud de los aumentos no les gusta, pero les resulta aceptable. Que se exija la renuncia de algún ministro, como en este caso de Juan José Aranguren, les gusta menos, pero no sería la primera vez que sacrifiquen un peón para dar jaque mate. Pero lo que resulta inaceptable al poder político y económico, es que el pueblo elija también el terreno de las batallas, que la política salga del “palacio” y se discuta en las “calles”. Sin dudas, si renuncia Aranguren, lo festejaremos como un primer triunfo de la lucha popular. Pero no habrá triunfo duradero si el pueblo no debate sus propias alternativas y las impone con la lucha.

 

Resistencia popular y acumulación de fuerza político-social

 

A pesar de algunos rasgos comunes del macrismo con los años ’90, la resistencia y lucha popular no puede seguir acumulando fuerzas a través de las mismas prácticas y ejes políticos que fueron acertados durante la resistencia al neoliberalismo.

Por entonces, la lucha, con “unidad y organización” de los nacientes movimientos piqueteros señalaba un rumbo claro. “Trabajo y dignidad”, objetivos primordiales, no podían obtenerse dentro de los marcos del capitalismo existente sin librar por lo menos enormes batallas; la democracia de base, condición del poder popular, era otro signo distintivo de la nueva izquierda naciente que la emparentaba con todo sector resistente, sea en los barrios, empresas, escuelas o Universidades y “cambio social”, otra idea fuerza de la izquierda independiente que nacía en esas organizaciones de lucha, apuntaba certeramente no sólo contra el gobierno sino también contra el capitalismo en la forma concreta que asumía por entonces, contra el relato neoliberal del “fin de la historia” “el fin de las ideologías” y señalaba la necesidad de transformación revolucionaria del sistema.

 

Pero en aquellos años no había un “progresismo” que disputara proyecto político. Tampoco lo disputaba la vieja izquierda, incapaz de percatarse del multitudinario cuestionamiento a la democracia representativa, del surgimiento de nuevas formas de hacer política, de los cambios estructurales en la clase trabajadora y en los mecanismos de dominación, así como tampoco se sintió interpelada a sacar conclusiones de la caída del muro o del fracaso de los nacionalismos revolucionarios.

 

En el escenario actual es primordial avanzar unos cuantos pasos más de los que ya dimos y aprendimos. Junto a la participación y el impulso de las luchas, la politización de las mismas es indispensable. También el enfrentamiento a las burocracias para el desarrollo de la organización popular y de la democracia de base, así como la articulación de los diversos sectores del pueblo trabajador, aún pendiente desde que el grito “piquete y cacerola, la lucha es una sola” fuera congelado durante la década kirchnerista.  La disputa política, ideológica y cultural que nos impone el consenso neoliberal y su versión progresista se hace imprescindible.

Estas batallas sólo pueden librarse desde la más amplia unidad, paradxs desde nuevas o renovadas formas de organización que como pueblo somos capaces de alcanzar. En su transcurso podrá irse construyendo un amplio movimiento político-social, con toda la diversidad del pueblo trabajador y los sectores oprimidos, hacia una verdadera transformación de la sociedad y el país, en sintonía con los pueblos de América Latina.

 

Unas palabras sobre la politización

 

Hoy día hablar de “politización” suele ser fuente de malos entendidos. Los distintos gobiernos que se han sucedido en las últimas décadas con sus gestiones corruptas, mentirosas e indiferentes a las necesidades del pueblo construyeron una idea de la política escindida de las prácticas cotidianas del pueblo trabajador. Para el kirchnerismo “política” fue sinónimo de “regreso del Estado”, expropiándola al pueblo que la había comenzado a ejercer en la resistencia al neoliberalismo y más masivamente con la rebelión popular del 2001, para devolver su ejercicio a la casta de políticos profesionales, a “los que saben”, que -con un partido u otro- gobiernan al servicio del poder económico-político y de su propio enriquecimiento.

 

Si la rebelión del 2001 había colocado en primer plano la política como algo que excedía al Estado y que refería a como el pueblo tomaba en sus propias manos lo que hacía al interés general, la restauración K volvió a concentrar todo en y hacia el Estado. El pueblo dejó de ser protagonista hasta en los análisis de situación, muchas organizaciones e intelectuales, cooptados o atrapados por un  análisis binario de la realidad, redujeron todo a un enfrentamiento entre derechas y gobiernos (así como antes entre democracia liberal y dictadura).

Esto, si bien le permitió al K reconstruir cierta institucionalidad, también  fue lo que facilitó, cuando el progresismo chocó con sus propios límites, que vastos sectores populares no vieran otra alternativa que la derecha.

 

El macrismo y su grupo de asesores que hicieron una buena lectura de todo esto, aprovechó este imaginario sembrado en la sociedad para denigrar la militancia y basó su campaña y actos públicos -profundamente políticos- como producto de una racionalidad técnica y de sentido común en el que la “política” no tendría nada que ver.

Ambos, aún con diferentes discursos, tuvieron y tienen el objetivo de que el pueblo no haga política, con el fin último de frenar el avance de la organización popular por abajo y el consecuente empoderamiento del pueblo.

Cabe mencionar también que sectores de la izquierda comenzaron a hacerse eco de la acusación de “antipolítica” a todo lo que no se refiera directamente a la disputa por el Estado, enfocándose en las campañas electorales como modo de construcción política. Otros sectores de las izquierdas creen que son sus partidos los que tienen el monopolio del “saber” de una política “correcta” y creen que “politizar” es ganar trabajadores para sus filas.

La actual resistencia contra el macrismo abre una nueva posibilidad de que el pueblo recupere el sentido y el ejercicio de la política o, como se popularizó durante la rebelión del 2001, una “otra” política que se proponga, no la conservación de lo existente sino su transformación, construyendo poder popular desde el Estado, fuera del Estado y contra el Estado.

Será desde esas luchas y desde sus organizaciones, que el pueblo podrá imponer sus propias soluciones a los problemas de fondo del empleo, de la educación, del transporte, de la vivienda, de la salud, de la igualdad de género, del medio ambiente.  Los legisladores que logren las izquierdas, los partidos, las organizaciones políticas, no deberán buscar canalizar estas luchas sino ponerse a su servicio.

 

Rumbos diversos en las izquierdas

 

La coyuntura que se vive en el país abre un espacio importante para la izquierda. Sin embargo, este espacio no está logrando intervenir de conjunto y se van delineando por lo menos 3 rumbos diferentes en este espacio.

Esquemáticamente, podemos señalar a una izquierda que apunta a construirse –más o menos críticamente- desde el espacio K y la defensa de las “conquistas”. Sus principales preocupaciones pasan por “hacer política” institucional, coincidentemente con la restauración K. Mientras algunas agrupaciones de la llamada izquierda “popular” pretenden un kirchnerismo sin PJ;  otras, como el Movimiento Evita, se integran a la conducción del PJ mientras coquetean con Massa y con agrupaciones de esa izquierda “popular” en sintonía con el Papa Francisco, que viene interviniendo para conformar una oposición sistémica al macrismo.

Otro sector de la izquierda, quienes mayor expectativa despertaron, fueron quienes conformaron el FIT. Pero parece que ya han llegado a su techo. Su práctica y discurso se limita a la mera lucha contra el ajuste, como si el capitalismo, con su crisis civilizatoria, humana, ambiental, se resumiera en un ajuste que, por más terrible que sea, es sólo una parte de los padecimientos que produce el capitalismo en el pueblo trabajador, llegando, incluso, a poner en riesgo la continuidad de la vida en la Tierra. Ninguno de los integrantes del FIT va más allá de la lucha contra el ajuste porque su proyecto de cambio social revolucionario lo resumen en su propia autoconstrucción, desatando una lucha fratricida entre ellos que destruye iniciativas de unidad de lxs trabajadorxs y hunde las expectativas que despertaron. Cuanto más se necesita la unidad, más allá de lo electoral, más convierten al FIT en una cooperativa colectora de votos mientras sus integrantes priorizan sus peleas, aún a costa de intervenir enfrentados en las luchas sociales y malograr iniciativas de unidad del conjunto de las agrupaciones clasistas y de base, como ocurrió con el Encuentro Sindical del 5 de marzo de este año. Lamentablemente que ocurra esto con el FIT es una desgracia, no sólo para sus integrantes sino para el conjunto de la izquierda que habíamos considerado su formación, aún con sus límites, como un posible avance para las izquierdas y los sectores populares.

 

El espacio de la nueva izquierda independiente o “en búsqueda”

 

Por fuera de estos dos sectores claramente delimitados existe otro espacio, más amplio y difuso. Podemos considerar como parte del mismo a las organizaciones político-sociales que nacieron de los movimientos piqueteros y territoriales que lucharon contra el neoliberalismo, a agrupaciones de trabajadores ocupados como Rompiendo Cadenas o de sindicalismo de base y antiburocráticos entre las docentes, aceiteros, delegados de la línea 60, estatales y otras. También forman parte de este espacio asambleas socio-ambientales, colectivas de género, estudiantiles, culturales, de comunicación, de pueblos originarios. Si bien diferentes, las prácticas denotan similares coordenadas emparentadas con la construcción de poder popular, la democracia de base y una politización alternativa. Seguramente la resistencia parirá otras organizaciones y colectivos, como en su momento parió los movimientos piqueteros, a lo que debemos estar muy atentos e ir ensayando experiencias y acercamientos.

La inserción en las luchas y la búsqueda constante de articulaciones entre ellas son los pilares de los que partir para instalar un espacio de izquierda, diferente al tradicional y al progresismo, sin perder con ello capacidad de diálogo ni apertura, así como potencialidad para instalar agenda popular.

 

Nos queda el desafío de pensar cómo fortalecer el espacio de una nueva “izquierda en búsqueda”, como la llamó certeramente un compañero, teniendo en cuenta que la clave está en insertarse, pacientemente, en la luchas con el pueblo y avanzar en iniciativas para desandar la fragmentación y dispersión de este espacio.

 

El espacio de la nueva izquierda independiente podrá avanzar mucho en esta nueva situación de la lucha de clases en tanto sea capaz de insertarse en las luchas de nuestro pueblo e ir articulándose sin sectarismo y en forma movimientista, con perspectivas socialistas, feministas, antimperialistas, de ecologismo popular, latinoamericanistas y radicalmente democráticas. Necesitamos reconstruir la convicción de la necesidad y posibilidad de una nueva izquierda para la construcción del poder popular, que no se opone a la vieja idea de la toma del poder sino la supera, integrándola como momento de un proceso más extenso y complejo.

En un mundo donde desde la caída del mal llamado “socialismo real” sólo se habla de mejorar un poco la vida en el marco del capitalismo -con la honrosa excepción de Chávez-, recuperar la utopía que otro mundo es posible se hace vital. Sin ella la mística se transforma en liturgia vacía y se hace imposible cualquier transformación.  Necesitamos una izquierda que considere –a diferencia de la cháchara progre- que realmente llegó la hora de ir por todo.

*Sergio Zeta

Militante popular

Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional
Notas

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/resistencia-popular-en-tiempos-macristas-desafios-desde-abajo-y-la-izquierda

En consecuencia, abajo y a la izquierda, precisamos superar propuestas ya fracasadas e instaladas hoy en carácter de nuestra única salida como la que realiza la Organización Política La Caldera en su Declaración de agosto 2016:

¡Organicemos la resistencia, construyamos la alternativa!

Agosto 2016

En el corto tiempo que lleva al mando del Poder Ejecutivo Nacional, el macrismo ha desarrollado una fuerte ofensiva contra la clase trabajadora y el pueblo pobre de nuestro país. Esta ofensiva se expresa tanto en el plano económico, con un fuerte ajuste y la transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía, como en el plano político y cultural, tratando de cerrar el ciclo de luchas iniciado con la crisis del modelo neoliberal en Argentina a finales de la década del `90 y principio de siglo. Esta avanzada requiere de parte de nuestras organizaciones una respuesta a dos tiempos: impulsar por un lado una política de frente único y unidad de acción para luchar, organizando la resistencia al macrismo por abajo; por otro, avanzar decididamente en la construcción de un frente del conjunto de la izquierda anticapitalista en Argentina, para ofrecer una alternativa política al pueblo trabajador.www.lacalderaop.com.ar

 

Valoremos una mirada diacrónica sobre la seguridad jurídica o clima de negocios del poder económico e imperialista de las transnacionales en contubernio con todos los poderes locales para situarnos en porqué esta alianza es la opresora y represora. Nuestra confrontación ha sido sintetizada en "Memoria, Verdad, Justicia" y construida atacando la lógica del sistema, no como abstracción, sino como experiencia vivida. Articula los movimientos sociales contra la impunidad de ayer y de hoy de violación de los derechos humanos afirmando el protagonismo popular en hacer valer la dignidad humana de los desaparecidos, reprimidos, asesinados, oprimidos... Ante todo, patentiza que los cambios emancipatorios serán obra de la deliberación y toma de decisiones gubernamentales de la diversidad de abajo tendiendo a autoorganizarse en forma de democracia a la plebeya. Nos interpela a modificar la creencia en líderes o vanguardias e interpretar los juicios a militares-policías como producto de la lucha organización abajo y no del gobierno K.

 

 

Concluyó la Megacausa La Perla-Campo de la Ribera: claves de un día histórico
29 de agosto de 2016

De lxs 43 imputados, 38 recibieron condena por su responsabilidad en el terrorismo de Estado entre 1975 y 1978. 28 son de prisión perpetua. 10 mil personas esperaron la sentencia en Tribunales Federales. 3 años y 8 meses duró el Megajuicio. 580 fueron los testimonios de víctimas sobrevivientes. 

Por RNMA

 

Hasta para lxs más desprevenidxs, ayer en la ciudad de Córdoba se vivió un día histórico. Se conoció el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba en el juicio oral por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por personal del Ejército y la Policía que actuaron de manera ilegal e ilegítima en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) denominados “La Perla”, “Campo de la Ribera”, “D2”, “Malagueño o Perla Chica”, años previos y durante la última dictadura militar en la ciudad de Córdoba.

La lectura de la sentencia que se transmitió en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) arrojó el dato de que de lxs 43 imputadxs, 38 recibieron condena. Sólo para 28 de ellxs fue de prisión perpetua, y para lxs 10 restantes penas que van desde los dos años y seis meses hasta los veintiún años. Cinco de los imputados fueron absueltos. En el inicio de la lectura el Tribunal rechazó el pedido de nulidad de la defensa. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 25 de octubre del corriente año a las 12 horas.

 

Día histórico

Tuvieron que pasar más de tres años y medio para conocer la sentencia de la Megacausa La Perla-Campo de la Ribera. Este es el séptimo juicio por crímenes de Lesa Humanidad en la provincia, pero por su envergadura se convirtió en una pieza clave para escribir la memoria del pasado reciente de la provincia y el país.
El interior de la Sala de Audiencia estuvo colmada por familiares y víctimas del plan sistemático de detención, tortura y exterminio a través del aparato estatal perpetrado durante la última dictadura en Argentina, así como por representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, legisladorxs y el gobernador de la provincia Juan Schiaretti. Afuera, la ciudad desbordaba con su histórico pedido de justicia: pañuelos blancos y claveles rojos recorrieron las calles hasta los puntos de encuentro para marchar a Tribunales. Estudiantes de escuelas secundarias junto a sus docentes, universitarixs, contingentes extranjeros, trabajadorxs y organizaciones sociales, barriales, sindicales, estudiantiles, artísticas y partidarias dieron el presente en la lectura de la sentencia.

Más de 10 mil personas congregadas para escuchar juntas el desenlace de la Megacausa, para hacer presentes a lxs desaparecidxs, y para exigir, no sólo memoria, verdad y justicia, sino también castigo a lxs genocidas. Mientras, otras miles siguieron en vivo la transmisión de la sentencia a través del CIJ del Poder Judicial, de la RNMA y más de 20 radios en “Cadena para la condena”.

 

La causa
El juicio: comenzó el 4 de diciembre de 2012. Por las 354 audiencias pasaron 581 testigxs para juzgar la responsabilidad de lxs imputadxs respecto a 705 víctimas del terrorismo de Estado.
El Tribunal: integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier (presidente), Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Arturo Ochoa (este último en calidad de juez sustituto).
Fiscal: Dr. Carlos Facundo Trotta (inició como fiscal coayudante, actualmente se desempeña en reemplazo de Carlos Gonella).
22 causas: son las que se investigaron en este juicio sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos entre marzo de 1975 y diciembre de 1978.
Acusadxs: de lxs 45 imputados sentadxs inicialmente en el banquillo, dos años más tarde el número ascendió a 54 por la acumulación de cinco nuevas causas. Durante el desarrollo del juicio, 11 represores fallecieron por vejez o por problemas de salud. Todxs pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado nacional y provincial, así como personal civil contratado y entrenado por las fuerzas represivas estatales que operaron de manera clandestina antes y durante la dictadura.
Como expresó Alexis Oliva para el Enredando las Mañanas, este juicio histórico cubre “todo el período histórico del terrorismo de Estado que arranca en febrero del ‘74 con el Navarrazo -el golpe de Estado que derrocó a Ricardo Obregón Cano y que prácticamente allí la intervención federal y el terror, primero las Tres A, después el Comando Libertadores de América y después el propio Ejército-, hasta el fin de la dictadura prácticamente”.

 

Perspectivas

El caudal probatorio de la Megacausa La Perla-Campo de la Ribera logró demostrar los hechos y la responsabilidad de lxs acusadxs de terrorismo de estado en el marco de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Por lo tanto, las víctimas de la causa pasaron a ser reconocidas como tales por la justicia del Estado argentino. Esto implica una doble reparación al ser reconocidas como víctimas y al escribir la historia que asienta que quienes cometen estos crímenes amparados en el aparato estatal y sus recursos, en el marco de un plan sistemático de exterminio contra la población civil, deben ser juzgadxs y condenadxs. Como manifestaba la testigo de causa y ex presapolítica Gloria Di Rienzo al ELM, “son condenados por el pueblo, condenados por la justicia y no hay oportunidad de otro tipo de relato dicotómico o que ponga en duda lo que aquí sucedió. Ese (...) es un legado también para las generaciones posteriores, que no haya dudas en cuanto a lo que aquí pasó y porqué se juzgan este tipo de crímenes”.

El desarrollo del juicio permitió que emergieran pruebas que iniciaron nuevas investigaciones no sólo vinculadas con otros centros de detención, tortura y exterminio militares o policiales, sino también con integrantes de la sociedad civil, empresarial, eclesial y judicial que aportaron a que las Fuerzas Armadas pudieran desplegar y perpetrar su plan de represión ilegal y genocidio. Resta ahora que la Justicia avance en determinar la responsabilidad de éstos.

 

Asimismo, otro antecedente de inconmensurable valor es la imputación de varixs de lxs genocidas por la desaparición forzada de un menor, el nieto o nieta de Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba, quien espera la resolución de la causa por la desaparición de su hija, Silvina Parodi y su yerno, Daniel Orozco, junto con su nietx aún no encontradx. Esta representa la primera condena sobre el plan sistemático de robo de bebés en el país. Por otro lado, durante el desarrollo de los testimonios se mencionaron otros cuatro casos de niñxs desaparecidxs, entre los cuales se encuentra el hijo o hija del abogado de DDHH Carlos Vasco Orzaocoa y de María de las Mercedes Gómez, detenida-desaparecida.
Mientras tanto, lxs es presos y presas políticxs, testigos centrales de éste y los demás juicios por la Verdad, continúan reclamando que "sin testimonios no hay juicios ni condenas" y la aplicación inmediata de las leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado, como lo expresaban hace unos días en el ELM.

 

Embajadora del terror

En la calle, una multitud se congregó para apoyar la actuación judicial y el largo reclamo de 40 años de lxs familiares y organismos de Derechos Humanos que permitió que estas causas por delitos de lesa humanidad vieran la luz, reafirmando que la política de memoria, verdad y justicia tiene que ser –y vale decir, no debe dejar de serlo- política de Estado.

Mientras tanto, al interior del Tribunal Oral, María Cecilia Pando se hacía presente para solidarizarse con lxs acusadxs, hoy ya sentenciadxs por genocidas. Pando es esposa de un militar condenado y referente de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA). Una vez más dio el presente, esta vez en la lectura de la sentencia, reforzando la maniobra que, con especial énfasis en los últimos meses, busca instalar la teoría de los dos demonios para licuar la responsabilidad de los militares genocidas responsables del terrorismo de Estado bajo el marco de una supuesta “guerra” entre dos bandos. Increpó verbalmente a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y testigo en el juicio, calificando como "circo" este juicio histórico y exhortándola a que “luche por los derechos de todas las víctimas de terrorismo”. A pesar de sus agravios se le permitió presenciar el dictamen.

Pero el terrorismo no se detuvo allí. Al finalizar la lectura de la sentencia el represor “Chubi” López increpó y amenazó al actual gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, quien fue acompañado del ministro de Justicia Luis Angulo y el vicegobernador Martín Llaryora, entre otrxs funcionarixs provinciales y nacionales. López vociferó: “Los vamos a secuestrar” antes de ser retirado de la Sala de Audiencias.

 

Genocidas con sentencia

Luciano Benjamín “Cachorro” Menéndez: perpetua (14º condenas en Córdoba, Tucumán, La Rioja y San Luis, 12 a perpetua para el ex Comandante del III Cuerpo del Ejército)
Carlos Alfredo “Tucán” Yanicelli: perpetua (ex jefe del Departamento de Informaciones -D2- de la Policía de Córdoba)
Luis Santiago Martella: perpetua
Héctor Hugo Lorenzo Chilo: perpetua
Jorge Eduardo Gorleri: perpetua
Jorge González Navarro: perpetua
Luis Gustavo Diedrich: perpetua
Héctor Pedro Vergez: perpetua (cumple otras condenas en la cárcel de Bouwer)
Ernesto Guillermo Barreiro: perpetua (primera condena a perpetua para el ex carapintada y ex jefe de interrogadores-torturadores de La Perla)
Jorge Exequiel Acosta: perpetua
Carlos Alberto Villanueva: perpetua
Carlos Alberto Díaz: perpetua
José Hugo Herrera: perpetua
Oreste Valentín Padován: perpetua
Miguel Ángel Lemoine: 5 años
Juan Eusebio Vega: perpetua
Ricardo Alberto Ramón Lardone: perpetua
Emilio Morard: perpetua
Arnoldo “Chubi” José López: perpetua (personal civil de Inteligencia)
Héctor Raúl Romero: perpetua
Eduardo Grandi: perpetua
Mirta Graciela “la Cuca” Antón: perpetua (ex policía)
Herminio Jesús Antón: perpetua (hermano de la “la Cuca”)
Yamil Jabour: perpetua
Juan Eduardo Ramón Molina: perpetua
Calixto Luis Flores: perpetua
Marcelo Luna: perpetua
Alberto Luis Lucero: perpetua
Miguel Ángel “el Gato” Gómez: perpetua
Enrique Alfredo Maffei: 21 años
José Luis Yáñes: 20 años
José Andrés Tófalo: 14 años
Alberto Choux: 11 años
Raúl Alejandro Contrera: 8 años
Antonio Reginaldo Castro: 8 años
Wenceslao Claro: 5 años
Rubén Osvaldo Brocos: 3 años (se computa como cumplida por el tiempo detenido en prisión preventiva)
Carlos Edgardo Monti: 2 años y 6 meses
Juan Carlos Cerruti: absuelto (se ordenó su inmediata libertad)
Francisco Melfi: absuelto
Ángel Corvalán: absuelto
Antonio Filiz: absuelto
José Idelfonso Vélez: absuelto

Ante la continuidad del aparato represivo

Mientras son juzgadxs y condenadxs gran parte de lxs genocidxs que actuaron de manera atroz durante la triste y larga noche dictatorial, seguimos siendo testigxs de inumerables casos de personas detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas en democracia, a 40 años del inicio de la última dictadura militar en el país.
Jóvenxs en los barrios más humildes que son oblidagxs a delinquir para y por la policía; trabajadoras sexuales que son acosadas, extorsionadas, violadas y asesinadas en manos de la misma fuerza represiva; personas presas que aparecen “suicidadas” en las cárceles y comisarías de todo el país; prácticas de torturas medieval y dictatorial en estos mismos campos de concentración. Escenas que no dejan de evidenciar un sinnúmero de ilegalidades que continúan vigentes, amparadas por el Estado y sus dispositivos de control y represión.

Quizás estos juicios contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, signifiquen también un paso adelante en el renovado pedido, casi cotidiano, de verdad, justicia y castigo de lxs familiares de personas víctimas de gatillo fácil, de la narcopolicía, de los servicios penitenciarios del terror que aún operan con crudeza contra objetivos claramente definidos y con la complicidad de algunos sectores del aparato judicial.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12709

 

Debemos situarnos también en que el ajuste, el desempleo y el desmantelamiento de lo público es propio del sistema mundo capitalista. De manera que no podemos restringirnos a confrontar con el gobierno de Mauricio Macri si queremos rumbear hacia los buenos vivires convivires abajo y no volvernos a entrampar en  expectativas capitalistas. Reflexionemos sobre:

 

 

El Seminari Crític de Economia Taifa publica el informe “La desposesión de la vida cotidiana”

Las claves del despojo global
9 de agosto de 2016

 

Por Enric Llopis (Rebelión)

 “Mientras asistimos a la mayor desposesión de derechos y recursos que afecta especialmente a la población más vulnerable, se está generalizando un discurso que pretende animarnos a salir de la crisis con esfuerzo, empeño y buena disposición, siempre en clave individualista”. El informe número 11 del Seminari d’Economia Crítica “Taifa”, dedicado a “La desposesión de la vida cotidiana”, analiza las claves del despojo, para lo que toma como punto de partida las nuevas orientaciones del capitalismo mundial y se centra en la merma del sistema fiscal en el estado español, los procesos de desindustrialización, la liquidación del Estado del Bienestar y las desigualdades, la mercantilización del sistema de salud y los entresijos de la factura eléctrica, entre otros puntos. “El sector público se vacía y los servicios sociales se debilitan o desaparecen”, apunta el informe de 144 páginas publicado en junio de 2016.

El capítulo final del documento –“Las estrategias invisibles de subsistencia ante la crisis económica”- aborda las consecuencias del modelo en la vida corriente de la población. Según la Encuesta de presupuestos familiares, el gasto medio de los hogares cayó entre 2007 y 2013 un 27,1% (en términos constantes). La debacle fue incluso mayor de lo que se podría augurar si se considera la mengua de los ingresos familiares. Éste es el resumen: la crisis y los mecanismos de desposesión han pasado factura. Según el informe FOESSA de integración social y necesidades sociales de 2010, el 16% de la población española reconocía tener una dieta inadecuada por la falta de recursos económicos. Además, un 4% (1,9 millones de personas) padecían “insolvencia” alimentaria, por la que no podían afrontar las necesidades de nutrición básica. El Síndic de Greuges llegó a cifrar en 50.000 (sólo en Cataluña) los menores con privaciones en la alimentación por la pobreza de sus familias. El defensor del pueblo catalán agregó que 751 niños sufrían malnutrición infantil. El Seminiari Taifa constata además, a partir de informaciones del diario El País, que sólo en 2009 la empresa proveedora del suministro eléctrico detectó 9.000 “enganches” a la red en el País Valenciano.

A escala global se reproduce la tendencia predatoria y la concentración de la riqueza en pocas manos. Intermón-Oxfam ha revelado, de acuerdo con informaciones de Credit Suisse, que el 1% de la población mundial acumula una riqueza mayor que el 99% restante; y que en 2015 se podía equiparar la riqueza de 62 personas con la de 3.600 millones de seres humanos (la mitad más pobre de la humanidad). Eran 62 personas que habían incrementado su patrimonio un 45% en un quinquenio. Al tiempo que se produce esta evolución, la OIT señala que en 2014 había más de 201 millones de personas desempleadas en el planeta, lo que suponía 31 millones de parados más desde los inicios de la crisis. Asimismo, se ha impuesto con toda su fortaleza el “casino” global. De acuerdo con las cifras del Banco de Pagos Internacionales, el dinero ficticio creado en el mundo financiero multiplica por más de diez los bienes y servicios. Y el capital ficticio continúa aumentando de manera sustancial.

¿Dónde se localizan los recursos? La economía sumergida en el estado español se estima en torno a los 253.000 millones de euros (entre el 19% y el 29% del PIB, aunque el porcentaje más citado es el del 24,6%). Se trata de uno de las cifras más elevadas de la UE, que además podría haber aumentado durante la crisis (entre 2008 y 2012) en 60.000 millones de euros. El fraude fiscal en la UE se calcula en torno a un billón de euros, y España se sitúa en los primeros lugares de la UE-15 en este apartado, según el informe del Grup d’Economia Crítica “Taifa”. “Son los más ricos, los más poderosos económicamente quienes defraudan más”, resaltan los autores del estudio. El 86% de las personas con fortunas superiores a los 10 millones de euros evaden sus obligaciones fiscales. A ello se agregan casos conocidos de elusión tributaria como el de Inditex, que canalizaba las operaciones de comercio electrónico mediante una sociedad –irlandesa- con domicilio fiscal en Dublín. El documento “La desposesión de la vida cotidiana” recuerda que la transnacional abonaba así el 12,5% del impuesto de sociedades, un tipo muy inferior al 30% que debería pagar en España. Por otro lado, 33 de las 35 sociedades del IBEX 35 cuentan con filiales en paraísos fiscales, de las que apenas facilitan información. La presión fiscal sobre estas grandes empresas “es excepcionalmente baja y llegan a pagar un 3,5% sobre el total de los resultados”, abundan los economistas del Grupo Taifa.

Otro proceso que ha acelerado la crisis es el de la desindustrialización del estado español. En 1970 España ocupaba la novena posición mundial en producción manufacturera, con una cuota del 2,3% global. El porcentaje ha caído actualmente al 1,7%, lo que sitúa a España en el lugar número 14 de la ratio mundial. La producción manufacturera representaba el 30% del PIB a principios de los 70 y el 22% de los puestos de trabajo, porcentajes que han descendido hoy al 12% y 13% respectivamente. En cuanto al capítulo quinto del informe, “la gestión del desempleo: menos y peor trabajo, y más beneficio”, los autores subrayan que las reducciones de plantilla continúan en la actualidad y que los mayores porcentajes se registran en las grandes empresas: el 75% de las sociedades con al menos 500 empleados han realizado despidos. Menos personas realizan más trabajo que antes de la crisis. La OIT se ha hecho eco de esta tendencia, al advertir que las nuevas tecnologías están sustituyendo al trabajo humano a un ritmo “muy rápido y preocupante”.

El informe “La desposesión de la vida cotidiana” pone también el acento en los procesos de exclusión laboral. Según la empresa de trabajo temporal Manpower, son tres millones de personas las que en el estado español tienen pocas posibilidades de acceder al mercado laboral. Se trata de un mercado “gestionado de tal manera que quienes no cumplen suficientemente los criterios empresariales de ocupabilidad dejan de existir como fuerza de trabajo”, subrayan los economistas. El 42% de los parados de larga duración tienen más de 45 años. Además, según la Encuesta de Población Activa (EPA), más de dos millones de parados se hallan en situación de subempleo, ya que trabajan menos horas de las que quisieran. En cuanto a la duración de los contratos, el 12% de la generación de empleo durante 2015 fue a tiempo parcial, capítulo en el que España cuenta con el récord del mundo respecto a la población joven. Los números de la precariedad pueden espigarse en múltiples fuentes. En España hay más de seis millones de personas ocupadas con sobrecualificación (el 30% del empleo total), según la OCDE. El informe “Estado del trabajo decente en el mundo” de la OIT también apunta que uno de cada cinco trabajadores en el estado español son pobres. La categoría de “trabajador pobre” (quienes perciben por debajo del 60% de la renta media) pasó del 18% al 22,2% entre 2000 y 2014.

En “La sociedad del cansancio” el filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han destaca que la explotación a la que uno mismo hoy se somete “es mucho peor que la externa, ya que se ayuda del sentimiento de libertad; esta forma de explotación resulta mucho más eficiente y productiva debido a que el individuo decide voluntariamente explotarse a sí mismo hasta la extenuación”. Sobre la comunicación en el mundo capitalista, también sometida a procesos de despojo, el informe del Seminari “Taifa” recoge las palabras con las que el antipsiquiatra marxista, David Cooper, se dirigió a los jóvenes en mayo del 68: “En 1871 los comuneros de París, antes de disparar contra las tropas, dispararon contra los relojes, destrozando todos los relojes de París. Con ello, acababan con el tiempo de los otros, con el tiempo de los patrones”. El grupo de economistas hace hincapié en la “descontextualización” y la “aceleración hasta el paroxismo de la ‘inmediatez’” a la que conducen las nuevas tecnologías de la información. “Está sucediendo, te lo estamos contando”, fue durante mucho tiempo el lema de la CNN. Por último, enfatiza el documento, “la crisis ha exacerbado las diferencias entre los ganadores y los perdedores”. Entre los 34 países miembros, la OCDE señala a España como uno de los que presentan un peor coeficiente de desigualdad (Gini). De hecho, sólo seis países muestran peores resultados: Estonia, Grecia, Israel, México, Reino Unido y Estados Unidos.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215345

 

Apreciemos la centralidad de la guerra de baja intensidad que libran las transnacionales (en contubernio con gobiernos y los otros poderes locales) contra los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las poblaciones ruruurbanas. No podemos "admitir que esos derechos y la dignidad de las personas se sigan poniendo en la misma balanza que los intereses económicos y siempre salgan dramáticamente perdiendo". Es hora de:

 

 

 

Defensa de la vida y la naturaleza vs empresas transnacionales
9 de agosto de 2016

Por Jesús González Pazos (Rebelión)

 

Nos situamos ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas que, según Naciones Unidas, se celebra el 9 de agosto y, al mismo tiempo, todavía recordamos el asesinato el pasado día 3 de marzo, en Honduras, de la activista lenca Berta Cáceres. Pero, si bien su muerte y la de otros líderes/as ha dado pie a un incipiente interés internacional por lo que está ocurriendo con las personas defensoras de la naturaleza, tenemos que reconocer que ésta es todavía una guerra de baja intensidad que se mantiene en gran medida oculta. Y esto dado que, cada vez más, está dirigida en todo el mundo desde los intereses económicos de las empresas transnacionales. Es por ello, y a pesar de cierto eco internacional del asesinato de la dirigente indígena, que no se ha conseguido aún visibilizar otro dato que sobresale en esta dura estadística, como es el hecho de que quienes proporcionalmente más muertes y represión están sufriendo y, por tanto, quienes protagonizan por encima de otros sectores la defensa de la naturaleza, son los pueblos indígenas.

En cierta forma, seguimos pensando que la lucha por la defensa del medio ambiente, por la tierra, es sólo patrimonio de occidente, de algunas de sus instituciones y de sus organizaciones medioambientalistas. Pero no es así y los dramáticos datos lo atestiguan: de los más de 1000 asesinatos cometidos entre los años 2002 y 2014 contra quienes defienden el medio ambiente, el 40% fueron personas indígenas. Y todo pese a que estos pueblos son un escaso 5% de la población total del planeta. Pero lo anterior sólo sobre informes conocidos y contrastados, ya que los estudios dicen que hay un alto número de asesinatos de los que nunca se llegan a tener noticias.

Para entender mejor esta situación es necesario comprender la concepción que estos pueblos tienen sobre sus tierras y territorios. Ellos defienden que “nuestro territorio no es una cosa, ni un conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto de recursos; nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus ríos y humedales, con sus lugares sagrados donde viven los dioses protectores, con sus tierras negras, rojas y arenosas y sus arcillas es un ente vivo que nos da la vida, nos provee agua y aire; nos cuida, nos da alimentos y salud; nos da conocimientos y energía; nos da generaciones y una historia, un presente y un futuro; nos da identidad y cultura; nos da autonomía y libertad. Entonces, junto con el territorio está la vida y junto a la vida está la dignidad; junto al territorio está nuestra autodeterminación como pueblos. Esto es lo que determina con absoluta claridad que hoy sean los pueblos indígenas quienes sostienen la mayor carga en la defensa de la naturaleza, especialmente al entender que esa visión y defensa choca frontalmente con la idea y utilidad que a estos espacios otorgan hoy gobiernos y transnacionales. Así, la mayoría de los homicidios de defensores y defensoras están directamente vinculados con las denuncias y protestas contra megaproyectos de desarrollo y contra extractivas mineras, forestales o hidroeléctricas.

El sistema capitalista, en su fase actual neoliberal, ha entregado con total impunidad la naturaleza a las transnacionales extractivas. No ya sólo por el hecho de que toda la normativa nacional e internacional hoy se establece para proteger las inversiones y negocios de éstas, sino también por el hecho de que esa legislación y/o impunidad supone en la mayoría de los casos la violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos. De esta forma, se puede afirmar abiertamente que la defensa del medio ambiente, de la naturaleza, se ha convertido en el nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Y esa lucha, aunque invisibilizados sistemáticamente, son los pueblos indígenas quienes la protagonizan.

Las empresas transnacionales tienen cada día un mayor poder económico y éste lo convierten en poder político. O dicho de otra forma, con ese enorme poder económico pueden someter al político para que éste defina nuevas normas, o adapte las existentes. El objetivo siempre es el mismo: obtener condiciones ventajosas para sus negocios y para el aumento consiguiente de sus beneficios. Pero, si bien ésta es una constante del sistema neoliberal en todos los órdenes y sectores económicos, es especialmente grave cuando entra en juego la naturaleza. Los impactos más agresivos contra ésta, en su gran mayoría, son radicalmente ignorados o disimulados tras grandilocuentes declaraciones internacionales y pequeñas concesiones/donaciones sociales a las poblaciones más directamente afectadas por la contaminación y degradación causada.

Para el caso específico de los pueblos indígenas, recordemos, aquellos que más agresiones incluido número de asesinatos sufren, las empresas transnacionales, dicho de forma políticamente correcta, irrespetan los estándares internacionales de protección a los derechos humanos que les atañen más directamente. Dicho de otra forma más clara, se está desarrollando un contexto de violaciones sistemáticas de derechos, especialmente sobre los territorios o el obligatorio de consulta a estos pueblos ante cualquier gran proyecto de desarrollo a ejecutar en sus tierras. Estas empresas hoy se benefician impunemente de los favorables sistemas jurídicos y legislativos hasta, prácticamente, convertirlas en entidades intocables. A partir de ahí, su abanico de actuaciones van desde la presión a los poderes políticos para la definición de doctrinas y normas en beneficio de sus intereses empresariales, la corrupción y sobornos para esto mismo, o el control y uso de cuerpos policiales y paramilitares para la represión de la protesta.

Así, además de las muertes individuales, los ejemplos dramáticos de afectación negativa por parte de las transnacionales, principalmente las extractivas pero también forestales y otras, sobre diferentes pueblos indígenas recorren el planeta. Y en este doloroso ranking América Latina sigue siendo considerada como la región del mundo más peligrosa para quienes ejercen la defensa de la naturaleza; países como Brasil, Colombia, Honduras o México encabezan esta lista y el 99% de las violaciones colectivas o de los asesinatos quedan impunes. En la misma línea hoy en día, y no es cosa del pasado colonial como pudiera pensarse, siguen produciéndose casos de pueblos desaparecidos o en práctico proceso de extinción como consecuencia de los impactos de las actuaciones de empresas transnacionales. Se aducirá que son “daños colaterales” en aras del progreso, pero lo cierto y denunciable es que son fehacientes violaciones de los derechos humanos. No puede admitirse que esos derechos y la dignidad de las personas se sigan poniendo en la misma balanza que los intereses económicos y siempre salgan dramáticamente perdiendo.

Hasta las propias Naciones Unidas han reconocido y denunciado en diferentes momentos y documentos esta situación. En este sentido, Relatores Especiales de este organismo internacional han señalado que las actividades de las industrias extractivas son fuente de numerosos conflictos. Igualmente, reafirman que este tipo de acciones de empresas trasnacionales en territorios indígenas violan constantemente diferentes derechos y han llamado a los gobiernos a cumplir con su responsabilidad de protección de éstos frente a los intereses económicos de las empresas. Evidentemente, unos y otros hacen continuos oídos sordos a este tipo de llamamientos.

Berta Cáceres, indígena, feminista y defensora de los derechos humanos y medioambientales, había recibido en 2015 el premio Goldman, considerado como el Nobel del medio ambiente. En este año 2016, Máxima Acuña, indígena quechua (Perú) recibió el mismo premio por su lucha contra el megaproyecto minero en Conga, de la transnacional estadounidense Newmont Mining Corporation.

“Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando por los compañeros que murieron en Celendín y Bambamarca y por todos los que estamos en lucha en Cajamarca”, afirmó Máxima al recoger el galardón, pese a haber sufrido sistemáticamente la violencia de funcionarios locales que actúan en connivencia con la empresa minera y con las autoridades peruanas.

Como señalábamos al inicio, nos situamos ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas y éstos, más allá de grandes declaraciones, siguen planteando al sistema dominante y a los gobiernos del mundo la disyuntiva entre los intereses de las empresas transnacionales o la defensa de la vida y la naturaleza.

Jesús González Pazos. Miembro de Mugarik Gabe

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215369

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Tenemos, abajo y a la izquierda, que generalizar la percepción (conocimiento y toma de partido) sobre porqué el capitalismo no es presente ni futuro para nosotros. Es promover la reflexión crítica de cuál fue y es la realidad concreta de:

 

 

Los países denominados "progresistas" de Nuestra América. Todos garantizaron la expansión del extractivismo y por tanto, todos procedieron y proceden como el:

 

 

 

Estado Ecuatoriano a favor de transnacionales arremete contra

comunidad shuar Nankints para desalojarla de su territorio
12 de agosto de 2016

CONAIE

 

Boletín de Prensa

D.M. Quito, 11 de agosto de 2016

Comuneros y comuneras de la comunidad Shuar Nankints, parroquia San Carlos Pananza, cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago fueron arremetidos por la fuerza pública del Ecuador en horas de la mañana de hoy, jueves 11 de agosto de 2016.

La comunidad Nankints ha rechazado la presencia de la mega minería dentro de sus territorios ancestrales desde sus inicios. Los Policías y Militares ingresaron al territorio comunitario de forma violenta, atentando la vida de las personas, para abrir paso a la  empresa china Explorcobres S.A, EXSA, filial de EcuaCorriente.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, rechaza de forma categórica esta forma de actuar del Gobierno Nacional, por ello calificamos que este gobierno es amigo de las transnacionales mineras y petroleras, y enemigo de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Responsabilizamos al Gobierno Nacional sobre cualquier suceso que se presente en el territorio ancestral.

De igual manera, seis shuar de bomboiza se encuentran en audiencia de Juzgamiento en Macas por presunto delito de paralización de servicio público. En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi cuatro luchadores sociales se encuentran con medidas sustitutivas por supuesto delito de Ataque o Resistencia.

El Estado genera violencia, reprime y luego condena al pueblo por presuntos delitos que su aparato represor funda.

Hacemos un llamado a las distintas organizaciones sociales, comunidades aledañas, organismos de Derechos Humanos y sociedad civil a estar vigilantes ante esta situación de peligro para la nacionalidad shuar.


Por el Consejo de Gobierno
Jorge Herrera
PRESIDENTE CONAIE

Vídeo: https://www.facebook.com/conaie.org/videos/1216090735091895/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215472

 

 

La democracia del llamado primer mundo o la burguesa fue ostentada en contraste con el sistema socialista. Prueba hoy su fraude. Es que, al desarrollarse profundizando la desigualdad social e internacional, el capitalismo no sólo intensifica el acaparamiento oligopólico sino también el supercontrol sobre los diversos de abajo. Una de sus metodologías principales para la gobernabilidad se cimenta en el racismo y en el abuso policial.

 

 

Lucha Indígena N° 120 agosto 2016

EE.UU.: Racismo y abuso policial la otra cara del neoliberalismo
1 de septiembre de 2016

 

ALAI AMLATINA, 14/07/2016.- En Estados Unidos en el año 2015, la policía mató a 990 personas según el conteo Fatal Force del Washington Post. Y hasta el 13 de julio de 2016, la policía había matado a 518 personas. Una cantidad desproporcionada de las víctimas de la violencia policial son jóvenes afroamericanos. Michael Eric Dyson, profesor de sociología en Georgetown, dijo: "Está claro que ustedes, los estadounidenses blancos, nunca nos entenderán. Somos una nación de casi 40 millones de almas negras dentro de una nación de más de 320 millones. No todos pensamos lo mismo… pero hay algo con lo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo: No queremos que los policías nos maten -sin el temor de ser juzgados algún día, ni mucho menos de ir a la cárcel- incluso cuando el mundo nos ve morir en videos caseros. Nunca entenderán el desamparo que sentimos al observar estos sucesos, una y otra vez, mientras las imágenes temblorosas cuentan una historia más dura de lo que los ojos están dispuestos a creer: que la vida de los negros valga tan poco; que las muertes de dos hombres negros, Alton Sterling y Philando Castile, hayan sido registradas en film esta semana, y que hayan sucedido mientras mirábamos cómo los policías disparaban sus armas. La policía forma parte de una guerra no declarada contra la negritud [...] Nos sentimos indefensos para hacerles entender que nuestras vidas negras deberían importar. Nos sentimos indefensos para evitar que ustedes sigan matando gente negra...". Lucha por los derechos de los afroamericanos: "No confundir visibilidad con poder”.

 

El clamor por "Las vidas de los negros importan" ha sido el estandarte del movimiento social Black Lives Matter, surgido hace tres años en el pico de la v i o l e n c i a p o l i c i a l c o n t r a l o s afroamericanos, latinos y otros grupos étnicos. Alicia Garza, cofundadora de Black Lives Matter, señaló que si bien el movimiento ha crecido y adquirido fuerza a nivel nacional, es necesario expandir el trabajo realizado en estos años, ir más allá del despertar cultural y plasmarlo en una transformación real, para que la visibilidad dé paso al poder y que se haga realidad la consigna de que las vidas de los negros realmente importen. Advirtió: "Creo que la gente puede confundir visibilidad con poder. La realidad es que las condiciones en nuestra comunidad no son muy diferente a lo que eran antes". E l p a n o r a m a q u e v i v e n l a s comunidades afroamericanas, latinas y de otros grupos étnicos de Estados Unidos es devastador: desocupación, encarcelamiento masivo, falta de acceso a la educación y a la salud y violencia policial desmedida e impune. Aunque son bien conocidos los índices, recordemos que en el país con más población encarcelada en el mundo, el 40% de los presos son afroamericanos , cuando solo representan el 13% de la población. H a y m á s a f r o a m e r i c a n o s e n c a r c e l a d os o c on l i be r t ad c o n d i c i o n a l q u e p e r s o n a s esclavizadas en 1850. Un sistema de vigilancia racista ¿Cuáles son las causas de esta situación? Varias voces relevantes de la comunidad afroamericana han señalado que el problema no son los policías racistas, sino un sistema racista.

 

La determinación del perfil de un delincuente basado en la raza es ampliamente usada por la policía de todo el país. El sistema de vigilancia parte de la premisa de que una persona negra es sospechosa de delito. En un recuento realizado en un tramo de carretera de Nueva Jersey se constató que el 46 por ciento de los c o n d u c t o r e s d e t e n i d o s e r a n afroamericanos, latinos o de otro grupo étnico minoritario, aunque estos solo habían sido el 15% de los sospechosos de conducir por encima del límite de velocidad. Lo mismo sucede en todos los demás estados. "El racismo sirve para hacer dinero”.

 

La escritora afroamericana Toni Morrison, Premio Nobel de Literatura, ha hecho hincapié en que el racismo es una construcción social para hacer dinero, pues las razas no existen desde un punto de vista científico o antropológico. Dice: "A veces olvidamos que el colonialismo fue y es una guerra, una guerra para controlar los recursos de otro país, es decir, pa ra hac er dine ro. P ode mos engañarnos pensando que nuestro esfuerzo para 'civilizar' o ''pacificar' otros países no está relacionado con el dinero. La finalidad de la esclavitud fue hacer dinero: mano de obra gratis para los propietarios de esclavos y para la industria. Los 'trabajadores pobres' de la actualidad son como las riquezas inexploradas de la 'oscura África colonial' -accesibles a precios irrisorios de compra y de salario, y bajo el poder de corporaciones que se multiplican y que apagan las voces de disidencia...". El asesinato legalizado al servicio del neoliberalismo Dentro de la narrativa dominante el debate se plantea en términos de "policías racistas" o afroamericanos que "no respetan a la p o l i c í a " . P e r o l a realidad es que el racismo y el abuso policial cumplen una función vital para el sistema neoliberal: se usa a la policía para r e p r i m i r a l a s c o m u n i d a d e s afroamericanas pobres, con el fin de evitar cualquier forma de rebelión mientras se implementa el saqueo de los recursos y la concentración de la riqueza en manos de las elites. Chris Hedges, reconocido periodista investigativo estadounidense, plantea que la policía comete "asesinatos legalizados" contra personas de color no necesariamente por racismo, sino p o r q u e l a s c o m u n i d a d e s empobrecidas se han convertido en pequeños "estados policiales". En ellos, la policía puede detener a las personas, interrogarlas, arrestarlas sin causa por largos periodos, y hasta p u e d e a s e s i n a r l a s c o n t o t al impunidad. Dice Hedges: "El objetivo del estado corporativo es conseguir la maquinaria, la justificación legal y la c apacidad de despojar a los ciudadanos de derechos, riqueza y recursos. A los descartados por el Estado corporativo, especialmente a los afroamericanos pobres, se les niega la dignidad del trabajo, e d u c a c i ó n , a t e n c i ó n m é d i c a adecuada [...] Se los convierte en delincuentes. Están atrapados desde que nacen hasta que mueren en estados policiales. Y se les echa la culpa por su propia miseria". Hedges hace un llamado para detener el salvajismo del asesinato legalizado, y advierte: "Debemos liberarnos de la i d e o l o g í a v e n e n o s a d e l neoliberalismo. Si seguimos cautivos, sufriremos la pesadilla que aflige a nuestro

 

Los responsables de la trata de seres humanos en Europa son las políticas de los Estados

El pasado 30 de julio se celebró el Día Internacional contra la trata de seres humanos. Detrás de la captación de personas con fines de trabajo forzoso y explotación sexual existe un floreciente negocio que tiene muchas complicidades en los Estados. Una persona va huyendo de la discriminación, la violencia, la pobreza, etc y se pone en contacto con un tratante que le ofrece trabajo en un país más desarrollado, en el cual tendrá buen puesto de trabajo con el que ganará dinero y así mejorará su calidad de vida. Esta paga el dinero que tiene, en el cual está sacrificando por él y por su familia, en el caso de que no tenga lo deja en deuda y después le pagará una vez que este allí ganando dinero. El tratante o bien está involucrado en una mafia y controla a diario a esta persona, o la explota para beneficiarse de ella. Complicidades y responsabilidades. En el 2015 ingresaron a Europa más de un millón de personas desesperadas por el hambre y las guerras. Este traslado forzoso ocasiona que otros se lucren por 5.000 y 6.000 millones de dólares, según un informe conjunto de Europol e Interpol de mayo de 2016. En esas ganancias entra, por supuesto, las coimas a los funcionarios de aduanas. Gobiernos europeos deciden bombardear poblaciones con el pretexto de "combatir al terrorismo" y p r o v o c a n q u e m u c h a g e n t e desesperada se conviertan de la noche a la mañana en mano de obra barata y carne para la explotación sexual en un 84%. Pero no sólo las balas y las bombas facilitan que algunos cuantos se lucren con millones. Las políticas económicas, que se aplican en los países desde donde parten estos esclavos y esclavas del siglo XXI, provocan este éxodo que también consigue ofrecer mano de obra barata y dispuesta a prostituirse. En los últimos años, la mayoría de las víctimas de la trata de personas detectadas en Europa provenía de los Balcanes y la ex Unión Soviética, en particular de Rumania, Bulgaria, Ucrania, la Federación de Rusia y Moldova. El método de reclutamiento más habitual utilizado por los grupos basados en los Balcanes consiste en la promesa de empleo. Las diferencias de renta es un aliciente para salir del país y para que unos cuantos se lucren a costa de la desesperación de muchos y muchas. En el oeste de los Balcanes, los índices de desempleo oscilan entre el 20 y el 50 por ciento desde hace dos décadas. En Rumanía el salario mínimo interprofesional (SMI) está en 232 euros al mes. En España el SMI está en 756,70 euros al mes. En Bulgaria el SMI es de 184,07 euros al mes. El desempleo entre hombres y mujeres menores de 25 años se sitúa en torno al 25%. Bulgaria ocupa el puesto 13 en desempleo, según un informe de octubre de 2015 de Eurostat. Ucrania, con un 10 por ciento de desempleo, su SMI se sitúa en 116 euros al mes, es decir, 1.392 euros al año. La Federación rusa tiene una tasa de desempleo en un 5,4% y su SMI es de 90 euros al mes, es decir, 1.080 al año. En Moldova el SMI es de 88 euros al mes, es decir, 1.056 euros al año. El índice de desempleo es del 5%. Aparte de España, que ya lo hemos señalado en el párrafo anterior, el SMI de los países de destino son: Francia 1.467 euros mensuales, es decir, 17.604 euros al año. En Italia el salario medio es de 2.559 euros al mes. En Alemania 1.500 euros mensuales. Austria nadie puede cobrar por menos de 1.000 euros mensuales. Holanda 1.486 euros mensuales a partir de los 23 años. Reino Unido 1.257 euros mensuales. Como se ve, el millón que emigra cobra en su país de origen ni la décima parte de lo que puede cobrar como mínimo en el país de destino. La trata con el fin de la explotación sexual (TFES) es un fenómeno histórico conectado con la organización social y sexual del trabajo. Sobrevive porque una parte de la población es considerada como una mercancía lucrativa en el marco de un negocio global que causa, en la actualidad, millones de víctimas. La protección de los derechos fundamentales de las víctimas no es contemplada como una prioridad por los Estados en comparación con el papel protagonista que éstos asignan a la lucha contra la migración irregular y contra el crimen organizado. En consecuencia, esta situación supone que no se enfrente a la TFES como una flagrante violación de los derechos humanos, afirma Sara García Cuesta del Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna. Y añade.

Parte de la demanda de un reconocimiento efectivo de la trata de personas como una extrema violación de los Derechos Humanos histórica, global, enraizada en intereses económicos muchas veces aceptados y en la tolerancia social hacia la explotación de otros/as. Así mismo, la trata se reconoce marcada por la división sexual del trabajo, que establece formas diferentes de captación y explotación para hombres y mujeres y que, además señala formas específicas de explotación y agresión para las mujeres, por el hecho de serlo. En concreto, dice la profesora de la universidad de La Laguna, "la trata con fines de explotación sexual es una tipología marcada por el componente de género (femenino) desde sus orígenes históricos, mientras que la trata laboral es un suceso en el que aparecen implicados como víctimas hombres y mujeres con mucha mayor frecuencia". La captación para la explotación es lo que constituye en sí la trata. El énfasis en presentar la trata como una cuestión migratoria o bien ligada a las actuaciones de las mafias, nos lleva a menudo a olvidar dimensiones importantes del fenómeno histórico de la trata. El enfoque de los Derechos Humanos rescata esas otras dimensiones, centrándose en la consideración de la trata de personas como una agresión contra las personas y sus derechos.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Objetos_Relacionados/Lucha_Indigena_120._Agosto_2016

 

La democracia burguesa en Nuestra América es la continuidad de la dictadura genocida que estableció las bases para la acumulación de los capitales locales e imperialistas. No sólo esta última alcanzó máxima concentración y transnacionalización económico territorial sino también se viabilizó perfeccionando la perversión tanto de la clase política como del sindicalismo cegetista en correspondencia con el predominio de leyes dictatoriales. Por eso, no ver cómo surge el poder de Temer ni el neoliberalismo postelectoral de Dilma conduce a la siguiente afirmación:

 

 

Brasil después de la democracia
2 de septiembre de 2016

Y ahora qué? La pregunta resuena en cada rincón de América Latina. La incógnita por el futuro del país más grande de la región está instalada en casi todas las sedes de gobierno del mundo y miles de organizaciones políticas y sociales intentan anticipar las consecuencias de lo que ha ocurrido. Un proceso de impeachment (juicio político) sin base jurídica llegó hasta la última instancia, puso al mando del país a un Presidente no electo y revirtió una decisión tomada en las urnas por 54 millones de personas hace menos de dos años. 

 

Por Ignacio Díaz en Rebelion.org

 

La clausura de esa instancia política fundamental, pese a la notoria pérdi­da de popularidad de quien fue electa presidente, Dilma Rousseff, plantea un dilema central para el futuro nacional y latinoamericano. Si las democracias burguesas se sostienen en base al voto de los ciudadanos casi como única instancia de participación popular, ¿por dónde se canalizará el descontento social sin esa posibilidad?

El sistema político brasileño está atravesado por la corrupción, como muestran los avances judiciales del proceso denominado Lava Jato, y cada vez se aleja más del grueso de la población, que reclama elecciones anticipadas para elegir un nuevo presidente. Michel Temer apenas tiene el apoyo de entre el 10 y 14% de los brasileños según encuestadoras pero, sin haber sido elegido, podría ocupar el cargo máximo del país hasta el 1 de enero de 2019.

 

Giro político

El débil gobierno al mando del país se propone tareas de gran magnitud e impopularidad, que probablemente deterioren aún más su pequeña base de sustentación social. La silbatina masiva que recibió en la inauguración de los Juegos Olímpicos en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y lo hizo desistir de participar de la ceremonia de cierre junto al primer ministro japonés Shinzo Abe (Tokio será la próxi­ma sede olímpica) le demostró a Temer que su punto de partida es el repudio generalizado.

Su objetivo no es sin embargo ganar apoyos masivos, aunque necesita garanti­zarse un margen mínimo de gobernabili­dad. La Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp) y otras importantes organizaciones empresariales, los grandes capi­tales extranjeros (“los mercados”) y fuer­zas políticas de derecha como el Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb) son sus verdaderos apoyos. A cambio, debe llevar adelante los planes de ajuste que le exigen. Por eso el Psdb no afloja la presión y llevará hasta el final su denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral contra la candidatura Rousseff-Temer de 2014 por financiamiento ilegal, que en última instancia podría anular el resultado de la elección. No buscan eso, pero reclaman un mayor ajuste fiscal.

Temer tendrá su primera presentación internacional el 4 y 5 de septiembre en China, en la cumbre del G-20. Allí buscará celebrar reuniones bilaterales, firmar nuevos acuerdos comerciales con China y captar inversiones extranjeras. Irá con un anzuelo: el amplio plan de privatizaciones que prevé anunciar e implementar para reducir el elevado déficit fiscal, agravado desde la suspensión de Dilma.

Después, en Brasilia, se discutirá el centro del programa que burló las urnas. Tres proyectos fundamentales llegarán al Congreso en cuanto sea posible: las refor­mas laboral y jubilatoria y una enmienda constitucional para impedir el aumento real del gasto público. Los contenidos: aumento en diez años de la edad mínima jubilatoria y en cinco años el tiempo necesario de las contribuciones; reducción de derechos laborales como el aguinaldo, horas extras, vacaciones, duración de la jornada; prohibición constitucional del crecimiento del gasto real en educación, salud y viviendas durante 20 años. “Va a imponer que las reglas del trabajo sean firmadas solo entre las dos partes, obreros y patrones. Y promete aprobar una ley en el Congreso que libere la venta de tierras al capital extranjero”, advirtió el fundador del Movimiento Sin Tierra (MST), João Pedro Stedile.

A esto hay que sumarle medidas concretas contra la agricultura familiar; obligatoriedad de pagar planes de salud; cierre de las fronteras a los refugiados sirios; recortes en programas educativos; eliminación de la exclusividad de Petrobras para la explotación de los yacimien­tos de petróleo en aguas profundas; retiro del paquete de leyes anticorrupción enviado por Dilma al Congreso.

Otro giro de envergadura se desenvuelve ya en el campo de la política internacional. Durante los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil confrontó a Estados Unidos en la región, apoyó la incorporación de Venezuela al Mercosur, trabajó en la edificación de Unasur y fundó el grupo Brics junto a China, Rusia, India y Suráfrica. Con José Serra –del Psdb– en la cancillería, Brasilia se desplaza nuevamente hacia la órbita de Washington.

 

Obstáculos sociales

En este nuevo escenario la cuestión clave a dilucidar es cuánto margen social tiene Temer para encarar las medidas que se le exigen, más allá de tener el apoyo de ambas cámaras en el Congreso. Hasta ahora, decenas de fuerzas sindicales, estudiantiles y campesinas –entre otras– vinculadas al Partido de los Trabajadores (PT) y otros sectores de izquierda se han organizado en torno al Frente Brasil Popular, para formar una gran alianza “en defensa de la democracia y de otra políti­ca económica”. Si bien su objetivo inmediato fue enfrentar el golpe parlamentario con fachada institucional, se reunieron en torno a cuatro puntos: defensa de los derechos de los trabajadores; ampliación de la democracia y la participación popular; campaña por reformas estructurales (del Estado, política, del poder judicial, de la seguridad pública, de los medios de comunicación, agraria, urbana, de salud, de la educación y tributaria) y defensa de la soberanía nacional.

Otra alianza de organizaciones, pero sin la presencia formal del PT, es el Frente Pueblo Sin Miedo. Ambos ya tienen casi un año de existencia y tienden a la confluencia. Sin embargo todavía no ha habido grandes movilizaciones de masas y, pese a la creciente insatisfacción social, los que salen a las calles por ahora son sólo los militantes.

Ante la posibilidad del llamado a una huelga general, Stedile explicó que “el movimiento sindical encuentra dificultades. Hace 28 años no se realiza en el país una huelga política y la clase obrera, muy joven, no tiene experiencia. Por eso estamos discutiendo con las bases la practicidad de una huelga general”. Pero advirtió que “la lucha de los campos se intensificará”, con crecientes movilizaciones y ocupaciones de tierras. “Hay un proyecto de ley para liberalizar la venta de las tierras brasileñas al capital extranjero. Los movi­mientos campesinos han amenazado que si el proyecto se convierte en ley, cada ha­cienda vendida al capital extranjero será inmediatamente ocupada”, desafió.

Pese a las dificultades y la fragmentación actual, las condiciones para la re-emergencia del movimiento popular brasileño ya están dadas y su poder potencial es demasiado grande para un gobierno que carece de apoyos significativos en la población. Aunque en lo inmediato no se espera una explosión social que revierta la acción del Congreso, no se puede descartar una salida anticipada de Temer.

Otro frente para el ex vicepresidente de Dilma es el judicial. Si bien la ley protege al Presidente contra cualquier denuncia por delitos cometidos antes de asumir el cargo, la declaración del empresario Marcel Odebrecht (de la constructora más grande del país) en el caso Lava Jato amenaza con reducir todavía más la popularidad de Temer, que le habría pedido dinero para la campaña de 2014, canalizado ilegalmente a través de Petrobras. Su círculo de fun­cionarios también puede sucumbir ante las delaciones de los “arrepentidos”. Entre ellos José Serra, acusado por el empresario de recibir 23 millones de reales “por fuera” para su campaña presidencial de 2010.

Pese a todo, una de las ruedas institucionales sigue su movimiento y los partidos ya están en campaña para las elecciones municipales del 2 de octubre. A un mes de la votación, predominan las denuncias cruzadas de corrupción y otros delitos contra una larga lista de candidatos. Será la pri­mera vez que los partidos se sometan a las urnas desde que las investigaciones judiciales por corrupción salpicaron a miembros de casi todas las fuerzas políticas. La prueba es importante para el PT, el Psdb y el Pmdb de Temer. Para el partido de Lula, al que algunos exigen que se lo declare ilegal, el eje está puesto ahora en la movilización social.

 

Obstáculos económicos

La continuidad de la recesión, con una caída del PIB estimada en 3,5% para este año, el desempleo por encima del 11% y el alto déficit fiscal ensombrecen los pro­nósticos favorables que busca instalar el gobierno de Temer. Según el presidente en funciones la economía ya da “señales de recuperación”, las empresas y familias elevan la confianza y en 2017 Brasil volverá a crecer. Una de las señales serían las ganancias que los capitales financieros es­tán obteniendo en la Bolsa de San Pablo. Otra es la fuerte apreciación del real frente al dólar durante los últimos ocho meses.

La principal exigencia empresarial es la reducción del déficit. Pero el Pmdb profundizó el rojo de las cuentas fiscales al aumentar salarios de funcionarios pú­blicos y jueces y multiplicar la cantidad de cargos para nombrar en el Congreso, con la inconfundible intención de garantizar el avance y aprobación definitiva del proceso de impeachment. Este año el déficit no bajará de los 170 mil millones de reales (53 mil millones de dólares) y la meta para 2017 es llevarlo a 139 mil millones de reales (43 mil millones de dólares) con los ingresos que se esperan de las privatizaciones.

En el terreno industrial, la producción fabril aumentó 1,1% de mayo a junio, pero registró una caída interanual de 6% y una baja semestral de 9% según información oficial. Datos de julio mostraron el desplome de la producción de automóviles: 15,3% en doce meses por una merma de 20,3% en la demanda de nuevos vehículos.

Los 12 millones de brasileños desempleados y los 10,3 millones a los que se considera “trabajadores informales”, incluyendo los que pasan el día en los semáforos, y ganan hasta medio salario mínimo (440 reales) siguieron creciendo en los últimos meses, según datos de la FGV.

Pese a la falta de empleos, Temer cortó de inmediato el plan de vivienda gubernamental, que procuraba construir dos mi­llones de casas en dos años y generar 1,3 millones de empleos, según cálculos de la Fundación Getulio Vargas (FGV).

 

Futuro del PT

El 16 de agosto Dilma y Lula fueron formalmente imputados y serán investigados por “obstrucción de la justicia” en el caso Lavo Jato, que develó el esquema de sobor­nos pagados por grandes constructoras con eje en la estatal Petrobras. La acusación señala que estaban al tanto del sistema de coimas y quisieron bloquear las investigaciones.

Lula eligió apostar a una campaña internacional para denunciar una persecución política y judicial en su contra, cuyo fin sería impedir su candidatura en 2018. Busca reconstruir el PT desde la movilización de las bases en las calles.

Dilma decidió enfrentar a los senado­res y dar un mensaje público al pueblo brasileño en apoyo a la convocatoria a elecciones anticipadas. Propuso un pac­to por la unidad nacional, el desarrollo y la justicia social como “único camino para salir de la crisis” y sostuvo el lema “ni un derecho menos”. También habló del “agotamiento del sistema político” y planteó que es necesario “superar la frag­mentación de los partidos, transparentar el financiamiento electoral, fortalecer la fidelidad partidaria y dar más poder a los electores”. Por último, defendió con ar­gumentos claros su honestidad y señaló la ilegalidad del impeachment, pero no hizo autocrítica sobre el rumbo que im­primió a su gobierno el año pasado tras dar la espalda a sus votantes.

¿Se recuperará el PT de este último golpe? Es la gran incógnita. Y no sólo para Brasil. El partido estaba debilitado, desmotivado y desmovilizado hace tiempo. Su posibilidad de resurgir depende ahora de la reacción social que provoquen el golpe y el nuevo programa de gobierno.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12750

En consecuencia, a diferencia del período de dictadura militarizada, en el democrático los poderes establecidos (mediante  terrorismo de estado) procuran la gobernabilidad de su sistema de saqueo por construcción de consenso. Este afianzamiento de la subsunción real es combinado con varias formas de represión.

 

Narco y feminicidios: el control en espacios abiertos

6 de agosto de 2016

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

Las sociedades disciplinarias funcionan organizando grandes espacios de encierro por los cuales pasan todas las personas: desde la familia y la escuela hasta el cuartel y la fábrica, en ocasiones la cárcel y el hospital. Según Michel Foucault, quien estudió a fondo las técnicas disciplinarias, estos espacios comenzaron su andadura en el siglo de la revolución francesa, hasta volverse corrientes en el siglo siguiente, en plena expansión del capitalismo. La masacre era la forma con que el sistema intentaba aplacar a quienes no encajaban en la disciplina, como la mayor parte de los pueblos indígenas y negros, entre otros.

Las más diversas resistencias, desde los obreros, las mujeres y los jóvenes, hasta los pueblos oprimidos y los enfermos consiguieron neutralizar y desbordar los centros de encierro donde funcionaba la disciplina. La crisis de la familia nuclear, así como la de la fábrica fordista, llevaron al sistema a reconfigurar las formas de dominación. Cuando el encierro ya no funciona, comienza a ser sustituido por las llamadas sociedades de control, como las ha denominado Gilles Deleuze.

Según el filósofo, en su breve y excelente texto “ Post-scriptum sobre las sociedades de control”, el control al aire libre apela a tecnologías no fijas, que funcionan como un tamiz que varía en cada punto. El marketing, el consumismo, el endeudamiento, los sicofármacos y las máquinas informáticas, en vez de las máquinas simples, son algunas de las técnicas del control a cielo abierto, que poco a poco van componiendo un nuevo régimen de dominación. Hasta aquí, ninguna novedad.

Sin embargo, estas técnicas funcionan en el norte del mundo. O mejor, en las zonas del ser, donde la humanidad de las personas es reconocida y la mayor parte de la gente es controlable mediante las deudas, la televisión y el consumismo. Pero, ¿qué sucede en la zona del no-ser, donde esas técnicas no pueden obtener los mismos resultados? En estas zonas las relaciones sociales son bien diferentes, heterogéneas, respecto de las hegemónicas. No sólo son demasiado pobres para endeudarse, como destacaba Deleuze. Son diferentes.

·         La primera diferencia es la hegemonía de los valores de uso frente al predominio de los valores de cambio en la zona del ser. El capitalismo ha moldeado sólo parcialmente la vida cotidiana y las relaciones entre las familias, por lo que la ayuda mutua, la cooperación, el intercambio de bienes no mercantilizados y la solidaridad juegan un papel central. Incluso el dinero funciona como valor de uso, como enseñan los bancos populares que existen entre los de abajo.

·         La segunda es la potencia que tienen las relaciones comunitarias y de reproducción de la vida frente al individualismo y la producción que caracterizan la zona del ser. No sólo existen comunidades formales, sino relaciones sociales ancladas en los trabajos colectivos, tequio o minga, que producen bienes para el autoconsumo y el intercambio, sino que buena parte de esos trabajos están focalizados en la reproducción. Quizá podemos decir que en la zona del no-ser las diferencias y el antagonismo entre producción y reproducción son pequeñas.

·         La tercera diferencia se relaciona con la existencia de múltiples formas de trabajo: salario, reciprocidad, esclavitud, servidumbre y emprendimiento mercantil familiar. Esa diversidad se hace aún más compleja porque buena parte de los asalariados conviven con dos y hasta tres relaciones de trabajo distintas. De modo que no puede decirse que haya una forma central, sino un conjunto de relaciones laborales complementarias, aunque todas estén sometidas al régimen capitalista.

El abajo organizado es un mundo de afectos y de confianzas fuertes, que estrecha las posibilidades de control por medio de las deudas, por ejemplo, o del marketing, donde las solidaridades neutralizan los mecanismos de control. Entonces, ¿cómo se controla a cielo abierto a esta parte de la humanidad?

El régimen de control en la zona del no-ser tiene en el narco y en el feminicidio sus ejes centrales. Donde los jóvenes no son domesticables y las mujeres no obedecen ni al esposo ni al cura; donde ellas crearon formas de vida y reproducción de la vida en sus mercados autocontrolados y los jóvenes practican culturas diferentes, no integrables en los circuitos dominados por los monopolios del entretenimiento. El narco impide que los chicos desplieguen sus formas de vida y el feminicidio actúa contra las mujeres rebeldes. En ambos casos apuntan a revertir la crisis del patriarcado y el desborde de los espacios de encierro.

El narco tiene un carácter sistémico. El feminicidio también. Quien piense que son desviaciones o extravíos de pervertidos se pierde en el laberinto de los modos de dominación y queda sin posibilidades de reaccionar. Este carácter sistémico puede apreciarse en la no reacción de los estados-nación a la masacre que están provocando, porque les apuntalan la dominación en tiempos de crisis sistémica o, en lenguaje zapatista, cuando la tormenta empieza a desplegarse contra los de abajo.

El problema es que esta realidad (el papel del narco y del feminicidio) no se puede percibir desde la academia o desde las instituciones estatales. Hay que estar allí, en la favela o en la comunidad, para comprender hasta qué punto las autoridades son cómplices y, de modo muy particular, los aparatos armados del Estado. En muchos barrios los narcos se instalaron protegidos por policías o militares. Unos y otros trabajan en la misma dirección: neutralizar a los de abajo. La única forma de hacerlo, en este periodo, es mediante el exterminio masivo. Eso es la tormenta.

Se dice que las diferentes formas de opresión conllevan otras tantas formas de resistencia, y que éstas pueden desplegarse con mayor vigor en la medida en que las opresiones sean iluminadas. Por eso es importante discernir el papel que el narco y el feminicidio están jugando, como núcleo de las nuevas contrainsurgencias.

http://www.jornada.unam.mx/2016/08/05/opinion/018a1pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215273

“Debemos comprender que la violencia no es ni un error ni una desviación momentánea, sino una característica sistémica del capitalismo en decadencia, en particular en las zonas donde la dignidad de los seres humanos no es reconocida”.

Los feminicidios, parte de la cuarta guerra mundial

20 de agosto de 2016

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

El 14 de agosto la página desinformemonos.org advertía sobre los 31 feminicidios registrados en Querétaro desde enero de 2015, con un breve y estremecedor relato.

“Los juegos, los sueños, la escuela, los amigos, la familia, los cumpleaños, los viajes, la seguridad, la libertad, la dignidad y la vida han dejado de ser derechos para convertirse, vergonzosa, intolerable y lamentablemente en beneficios que se adquieren cuando ‘moderas’ tu manera de hablar, cuando ‘cuidas’ la manera en que vistes, los horarios en que sales, lugares que frecuentas, cuando dejas de confiar en las personas y cuando tu vida deja de ser tu vida.”

El artículo destaca que los feminicidios son a todas luces violencia de Estado; denuncia la impunidad que los arropa y propicia la repetición del daño, y destaca que la mayoría de las víctimas suelen ser mujeres indígenas y pobres.

La información remite directamente al libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria (Traficantes de Sueños, 2010). Un trabajo de duradera influencia, que contribuye a iluminar la realidad permitiendo una mejor comprensión de un conflicto social. Analiza la caza de brujas en la sociedad medieval, y a la vez contribuye a la comprensión de lo que sucede en este periodo de la historia.

Federici sostiene que el feudalismo fue erosionado por el poder y la autonomía conseguidas por las clases populares, y que la respuesta de las clases dominantes fue una violenta ofensiva que sentó las bases del capitalismo. La esclavitud y el colonialismo, el sometimiento de los trabajadores en la producción y el confinamiento de las mujeres en la reproducción, la creación de jerarquías de raza, género y edad, formaron parte de esta nueva dominación.

El capitalismo no sólo llegó chorreando sangre y lodo desde los pies a la cabeza (Marx), sino creando un inmenso campo de concentración, donde la esclavitud en las plantaciones y la mita en las minas impulsaron la acumulación de capital (Federici, p. 91). El poder de las mujeres fue destruido con la caza de brujas, y los varones (y las mujeres, niños y niñas) fueron sometidos mediante la esclavitud asalariada y la esclavitud, para apropiarse de los bienes comunes.

Hoy atravesamos la crisis del capitalismo y la clase dominante vuelve a utilizar la violencia para perpetuarse. En la base de esta crisis está el poder adquirido por los sectores populares organizados en movimientos, en particular desde la década de 1960, cuando obreros fabriles desarticularon el poder patronal al desbordar la disciplina fordista.

La ofensiva en curso del capital busca destruir esa capacidad de organización y de lucha de los de abajo. Pero el mundo popular es hoy bien diferente al de antaño, en particular por la crisis del viejo patriarcado. Cualquiera que conozca los movimientos antisistémicos sabe que las mujeres juegan un papel central, aun cuando no sean tan visibles como los varones. Ellas son la argamasa de la vida colectiva, son las encargadas de la reproducción de la vida y de los movimientos. Además de cocinar, tejer y cuidar los animales en sus hogares, se juntan con otras mujeres para hacer lo mismo, pero en colectivo. Son las guardianas de los bienes comunes, materiales e inmateriales.

Ellas, y sus hijos e hijas, son las sostenedoras del mundo popular, de las familias extensas y de las organizaciones, desde las comunidades urbanas hasta las campesinas e indígenas, desde Chiapas y Cherán hasta Wall Mapu y los Andes. No es casual que estemos ante una nueva caza de brujas, cuando la reproducción ocupa un lugar tan importante en la resistencia y en el poder de las mujeres, con sus comunidades.

Las mujeres, y sus hijas e hijos, han desarticulado la familia nuclear patriarcal, el poder de la Iglesia y del cura, el papel disciplinante de la escuela, el cuartel, el hospital y el taller. Han creado un mundo donde las relaciones colectivas prevalecen sobre las familiares y la cooperación entre ellas hace que la división sexual del trabajo sea una fuente de poder y de protección para las mujeres, como escribe Federici sobre la sociedad medieval (p. 41). Prestar atención a lo que sucede en un tianguis, un comedor o un barrio popular hace innecesarios más comentarios.

La violencia para aniquilar a los sectores populares, a través del narco, del feminicidio y de las guerras contra los pueblos, ha sido diseñada por las clases dominantes para destruir nuestros poderes. No sólo los explícitos. Federici nos recuerda que los trabajadores del siglo XV ensayaban múltiples resistencias: dejaban de trabajar cuando tenían lo suficiente, sólo aceptaban tareas por tiempo limitado, se vestían de forma ostentosa, de modo que eran indistinguibles de los señores (p. 78).

La nueva caza de brujas, ahora sin juicios ni formalidades, sino a bala limpia, es parte de la cuarta guerra mundial del capital para eliminarnos como pueblos. Para triunfar en la lucha de clases, la burguesía debe arrasar la autonomía de los pueblos, de las comunidades y de las personas; la violencia y las políticas sociales son, en ese sentido, complementarias. El ataque a las mujeres y sus hijos es uno de los nudos de esta guerra.

Como en los albores del sistema, en su decadencia la violencia vuelve a ser el principal agente de la acumulación de capital. Lejos de cualquier ilusión, debemos comprender que la violencia no es ni un error ni una desviación momentánea, sino una característica sistémica del capitalismo en decadencia, en particular en las zonas donde la dignidad de los seres humanos no es reconocida.

Por esa razón, urge dilucidar las estrategias para enfrentar la violencia sistémica y la voluntad de aniquilación de los pueblos. Si el feminicidio y el asesinato indiscriminado de jóvenes y mujeres son sistémicos, ¿qué sentido tiene elegir gobiernos de diferentes colores que van a mantener el sistema en pie?

http://www.jornada.unam.mx/2016/08/19/opinion/021a1pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215761

 

 

Constatemos cómo el sistema mundo capitalista progresa en Nuestra América y qué democracias va constituyendo sobre la base de "procesos de acumulación económica apuntalados por las políticas de liberalización y desregulación que, en la medida en que sólo benefician a acaudaladas y avariciosas minorías, despojan a millones de personas, no sólo de sus recursos materiales y sus derechos humanos y sociales más elementales, sino de la misma posibilidad de una vida digna":

 

 

Explotación y trabajo infantil en el México contemporáneo

Contradicciones de un modelo de desarrollo excluyente y fallido

20 de agosto de 2016

Por Guillermo Castillo (Rebelión)

 

¿Cuál es el futuro de un país que, al mismo tiempo que tiene a varios de los hombres más ricos del mundo y presenta uno de los índices de corrupción y desigualdad más agudos del mundo, cuenta también con más de 21 millones de menores de edad en pobreza y con más de la mitad de su población total en la misma situación de precariedad material?

La construcción social de la desigualdad se funda en procesos de acumulación económica apuntalados por las políticas de liberalización y desregulación que, en la medida en que sólo benefician a acaudaladas y avariciosas minorías, despojan a millones de personas, no sólo de sus recursos materiales y sus derechos humanos y sociales más elementales, sino de la misma posibilidad de una vida digna.

 

Vista panorámica de una niñez empobrecida y explotada

La desigualdad e injusticia, así como la pobreza masiva y generalizada en el campo y la ciudad, han sido algunos de los rasgos de la historia social del México contemporáneo, y una de las muestras fehacientes de que el proyecto de desarrollo nacional apuntalado por los regímenes políticos mexicanos neoliberales de las últimas décadas ha fracasado por completo. No llegaron ni la anunciada generación de empleos mejor remunerados ni el esperado crecimiento económico que supuestamente se traduciría en la mejoría de las condiciones de vida de la mayoría de la población; tampoco disminuyó la desigualdad e inequidad, no mejoraron los servicios de salud, y, finalmente, la violencia, junto con la impunidad y la corrupción, siguen siendo una pandemia constante, generalizada y estructural-. Los rostros de la exclusión son variados y múltiples –jornaleros, campesinos, obreros, maestros, estudiantes, entre tantos otros-; no obstante uno de los más dolorosos son los adolescentes y niños en situaciones de precariedad material y forzados a trabajar. Según datos recientes de instancias internacionales y nacionales, en México aproximadamente 21 millones de menores de edad se encuentran en pobreza [1], situación que se acentúa y acrecienta, tanto dentro del campo –donde los índices de problemas de desarrollo/crecimiento físico se duplican respecto a los centros urbanos-, como al interior de los grupos indígenas –donde uno de cada nueve está en pobreza y uno de cada tres presenta algún tipo de desnutrición- [2]. En este contexto, en el país cerca de 8.6% de los niños y adolescentes de entre cinco y diecisiete años -aproximadamente dos millones y medio de menores-[3], por varios motivos –entre los que destacan completar el gasto familiar debido al exiguo salario de sus padres- se ven obligados a trabajar en diversos rubros -agricultura, comercio, servicios, manufactura, construcción y otros [4] [5]-; además, el trabajo de menores de edad se concentra notoriamente en tres estados del sur del país -Guerrero con 14%, Oaxaca con casi 12% y Chiapas con 11%- [6], entidades federativas caracterizadas por una alta población rural e indígena y por presentar los índices de desarrollo humano más bajos del país.

Explotación y trabajo infantil, una realidad invisibilizada pero presente

  El trabajo y explotación infantil, más allá de los marcos normativos –nacionales e internacionales- y de los buenos deseos oficiales, es una realidad innegable y demográficamente desproporcionada que muestra la constante transgresión y falta de respecto de los derechos de uno de los sujetos sociales más vulnerables. Para estos niños y adolescentes bajo estas condiciones, y a semejanza de otros grupos sociales con derechos violados, la ley es letra muerta y reflejo de la impunidad. Sobre la base de otros procesos de marginación –como la alta mortalidad infantil, la baja esperanza de vida, precarios niveles de educación e ingreso económico-, el trabajo infantil y la falta de derechos de los niños y adolescentes se acentúa en regiones del país con fuerte presencia campesina-indígena –como Guerrero, Oaxaca y Chiapas- y con niveles de bienestar material claramente desiguales y excluyentes, producto de una política explícita de la desigualdad; así, no es casualidad que este fenómeno se concentre en el sureste de México, y el campo en particular, pues ha sido uno de los sectores más golpeados y deteriorados por las reformas estructurales neoliberales –que han desembocado en la desarticulación productiva y, por consecuencia, en la falta de empleo, salarios bajísimos y muy precarias condiciones laborales-.

De este modo, la pobreza y el trabajo adolescente e infantil se asientan y establecen sobre un marco previo y estructural, las adversas condiciones de los mercados laborales –que se caracterizan por ser flexibles, desreguladas, riesgosas, no vigiladas ni sancionadas-; este panorama, no sólo no protege a los trabajadores –y padres de estos niños y adolescentes-, sino que ni siquiera provee a estos trabajadores de la remuneración económica indispensable para la subsistencia de ellos y sus familias. En gran parte de los casos, la ignominia del trabajo infantil se funda en la explotación y precariedad del trabajo en general. No obstante que el Estado mexicano dice alarmarse y reconoce que hace falta mucho por hacer respecto a los derechos de los niños y adolescentes, han sido el mismo Estado y sus instituciones quienes han diseñado y llevado a cabo una serie de políticas y cambios económico-sociales que generan y propician las condiciones, no sólo para que no se respeten y se violen de manera constante y fáctica los derechos de los niños y los menores de edad, sino también para que estas ominosas situaciones se acentúen e incrementen.

Bibliografía (...)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215750

 

 

Enfoquemos cómo progresa el capitalismo en Nuestra América, por ser el sistema a beneficio exclusivo de oligopolios locales e imperialistas. Pensemos en que los estamos dejando impunes si restringimos nuestras luchas a ir contra los partidos de ultraderecha y los asociamos a un neoliberalismo del siglo pasado.

“En México tenemos una acción represiva del Estado,

que se traduce en delito de lesa humanidad”

11 de agosto de 2016

 

¿Qué dejó la visita de Peña Nieto a la Argentina? Fundamentalmente visibilizar y repudiar la situación de Derechos Humanos en México pero también líneas de análisis para entender lo que viene por nuestras tierras en el marco de la lucha contra el Narcotráfico, Comercio Internacional y Reformas Neoliberales. Para ahondar sobre este contexto, entrevistamos a Arsinoé Orihuela, miembro de la "Asamblea de Mexicanxs en Argentina". 

 

Por Paula Daporta, Facundo Di Cuollo y Macarena Sanchez Volpe | Lo Menos Pensado.

 

Culminado el mes de julio, el presidente Mauricio Macri recibió a su par mexicano Enrique Peña Nieto. En un contexto de reordenamiento estratégico de la Argentina en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, la visita puede leerse como parte del proceso que articula la política internacional con la doméstica.

En las calles se hizo oír el repudio al primer mandatario mexicano frente a las denuncias sobre violación de Derechos Humanos, que se han visibilizado notablemente tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

En este marco, charlamos con Arsinoé Orihuela de la Asamblea de Mexicanxs en Argentina, quien nos ofrece preocupantes líneas de análisis comparado de la situación de su país y algunos indicadores que han comenzado a intensificarse por nuestras tierras.

 

-La mayoría de los organismos de DDHH a nivel internacional lo están señalando a Enrique Peña Nieto como el responsable de delitos de Terrorismo de Estado en México. ¿Qué es lo que justifica esta definición?

-Sí, bueno, aquí la conceptualización es importante. Tenemos que decir, por un lado, delitos de lesa humanidad y, por otro, Terrorismo de Estado. Yo escucho que a menudo se usan los dos conceptos indistintamente. Y lo que tenemos es básicamente una acción represiva del Estado, que se traduce en delito de lesa humanidad. Porque es el Estado, o agentes al servicio del Estado, o grupos paraestatales, o parapoliciales al servicio del Estado los que reprimen a las movilizaciones sociales en particular, y a la sociedad civil en general. Pero, como bien señalas, la situación en México ahora es de crisis y básicamente toda la crítica que hemos visto alrededor del gobierno de Enrique Peña Nieto y del Estado Mexicano se desenvuelve en espacios internacionales. Porque la situación en México es delicada, es altamente delicada. Hay una persecución, un hostigamiento, un amedrentamiento contra miembros de la sociedad organizada y contra la generalidad de la población. Pero todos saben bien que muchos de los delitos que se cometen en México y -en cierto sentido- la tragedia humanitaria que atraviesa el país, es atribuible al Estado, o bien a instituciones del Estado.

 

-¿Lo que decías recién da a entender que se está hablando por fuera, a nivel internacional, pero que en México los medios de comunicación no se están haciendo eco de lo que está sucediendo?

-Claro, habría que hacer una distinción ahí entre lo que es la prensa tradicional (monopólica o duopólica) y lo que es medios libres y autónomos, o medios alternativos. Felizmente ha proliferado el número de medios autónomos y alternativos. Pero a la par, ha crecido larepresión y la persecución contra esos medios libres. Y por otro lado, insisto, tienes a la prensa tradicional con los medios monopólicos que lo que han hecho es satanizar todo gesto de protesta social o popular. Y la cuestión es que en esa satanización se incuba el germen de la represión, porque allana el terreno para justificar cualquier acto de represión de Estado. Lo vimos claramente hace unas semanas, en Nochistlan Guajaca. Si hay un gremio en Méxicoque ha sido sistemáticamente satanizado, es el magisterio, los maestros. Reprimieron una movilización, como bien se ha documentado en la prensa internacional en Nochistlan Guajaca. Hay diversas estimaciones, pero según gente de la comunidad, cerca de trece personas perdieron la vida ese día. Uno de ellos era maestro, profesor, y el resto, civiles simpatizantes con la protesta magisterial.

 

-Lamentablemente, el mundo comienza a hacerse eco de todo lo que está pasando en México a partir de septiembre de 2014, con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. A partir de ello nos interiorizamos sobre la lucha contra una reforma educativa. ¿De qué consta esta reforma educativa?

-En realidad la lucha, y ahí está justamente el valor de la lucha magisterial, es contra las reformas estructurales. Hubo un primer ciclo de reformas neoliberales o neoliberalizadoras entre el ‘88 y el ‘94. Después hubo una especie de intervalo de dos años, en que avanzó paulatinamente, progresivamente, la neoliberalización. Y luego recobra fuerza otra vez en 2012, con la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. Y eso es lo que algunos analistas señalan como un “segundo ciclo de reformas neoliberales”. Bueno, en ese contexto del segundo ciclo de reformas neoliberales, hay dos que son claves: la reforma energética, que pasó Fastrack Express con poca oposición (fueron muy eficaces en todo el proceso de aprobación de la reforma), y una segunda reforma que es la educacional. La cuestión con la reforma educacional es que allí han tenido serios problemas para conseguir hacerla avanzar porque encontraron una fuerte oposición. Encontraron una fuerte oposición principalmente en la coordinadora nacional de trabajadores de la educación, que es históricamente uno de los sindicatos o de las facciones disidentes dentro del sindicalismo magisterial. Entonces, aquí se abre un ciclo de protesta importante con los maestros, que consigue reunir, aglutinar, la indignación popular, la indignación de la generalidad de la población; y crece, arrecia la protesta. El Estado decide reprimir como primer recurso para “dirimir” el conflicto, recurre a la represión sin agotar otras instancias institucionales. Y esto se debe a que el tema acá no es sólo conseguir implementar la reforma educacional, sino eliminar a ese actor político dentro de la sociedad organizada que resiste a este segundo ciclo de reformas neoliberales. Acaso por allí junto con los zapatistas, y algún otro movimiento o colectivo u organización de menor rango. Pero es importante el sindicato, es importante la movilización magisterial porque evidencia la indignación y el descontento generalizado que hay en México.

 

-Sabemos que cuando hablamos de reformas neoliberales, siempre viene acompañado de estas cuestiones represivas. Un poco para asustar, un poco para lo que se denomina “eliminar base”. En función de Ayotzinapa, ¿cómo está la opinión pública respecto de esta situación? ¿Se están llevando a cabo algunas investigaciones?

-Bueno, el de Ayotzinapa sigue siendo un crimen impune. Desde un primer momento sabíamos que lo que iba a hacer el gobierno era -como bien decimos en algunos lugares- “patear la lata”, es decir, tratar de desplazar el problema y evitar que tenga un costo político. Y sigue en ese tenor. El Gobierno Federal perdió la elección intermedia y temen perder la elección presidencial en dos años. Sin duda que el tema de Ayotzinapa es un problema que sigue siendo profundamente incómodo para el poder.
Si le preguntas a la población civil sobre algún hecho agraviante o vejatorio que ellos puedan identificar en la política actual o contemporánea en México, unánimemente te van a responder que Ayotzinapa; hay una indignación profunda que persiste por la situación de Ayotzinapa, por la impunidad persistente y un gobierno que advierte que eso en su tiempo ha de ser un eje estructurante de la movilización social, y por consiguiente sigue ceñido a la agenda originaria, que es la de negar la participación de agentes del Estado en la comisión de ese delito. Cuando sabemos bien que la evidencia empírica sugiere que en la operación participaron policías municipales, policías estatales, efectivos militares en conjunto con grupos del crimen organizado. Entonces es demasiado escandalosa e inconfesable esa verdad política. Por consiguiente, ellos van a seguir adheridos a eso que ellos llaman la “verdad histórica”, que es una mentira histórica flagrante. Y el costo político que eso pueda traer consigo es el progresivo aumento de la indignación social. Pero es una herida que sigue abierta. Y la apuesta es la misma apuesta que la del ‘68, la de la masacre de Tlatelolco: dejar que se olvide o dejar que por lo menos transcurran unos años, para ir por ahí publicando más información sobre el asunto. Pero siempre desde la lógica del poder, naturalmente, evitando el costo político en el corto y mediano plazo.

 

-Hoy leía un dato que la verdad me asombró, que es que en México desaparecen trece personas por día. Y que, de esas trece personas, el 40% están en el rango de edad de los 15 a los 29 años. Me preguntaba qué estrategias de resistencia o de visibilización están llevando a cabo, o si se está dando algún movimiento también de exilio…

-El primer movimiento que visibiliza la situación de desapariciones forzadas en México, es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia. Fue en el 2010 o 2011, después del asesinato de su hijo, en el Estado de Morelos. Él arranca un movimiento que de hecho cobró notoriedad nacional e internacional, que consiguió reunir a muchas de las familias que tenían parientes o hijos desaparecidos. Hasta ese año (2010/2011) se visibiliza internamente y al exterior la situación de crisis en materia de violación a los DDHH en general, y específicamente en materia de desaparición forzada. Después de eso, hubo una caravana que llamaron “Caravana por la Paz”, con la que recorrieron la totalidad de la geografía nacional. En su recorrido consiguieron ayudar a articular otros colectivos adheridos al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pero autónomos, y cuya operatividad se da más en un contexto local. Hay organizaciones en todos los Estados que responden a esa primera iniciativa del Movimiento por la Paz, y que siguen vigentes, siguen operativamente actuando en esos Estados. Lo que han hecho es básicamente reemplazar a las autoridades públicas. En esos colectivos se concentran las familias de los desaparecidos y algunos otros activistas o defensores de los DDHH; que se dedican a buscar a los familiares perdidos en las fosas comunes, a acompañar a las familias a los ministerios públicos para denunciar casos de desaparición forzada y a exigir directamente a la autoridad pública que cumpla con su tarea. Ya casi como una mera formalidad, porque sabemos perfectamente bien que en México el narco es el patrón del Estado,y por consiguiente los funcionarios públicos, los políticos y la clase política en su conjunto no puede atender ese problema, porque estructuralmente está acoplada al crimen organizado y a la delincuencia.

 

-Te hago una pregunta como para trazar alguna línea entre lo que viene pasando hace un tiempo en México y lo que está pasando ahora en Argentina. Aquí, desde que asumió el presidente neoliberal Mauricio Macri, también existe –aunque en otro nivel- cierta persecución sobre todo hacia gente del ámbito periodístico. Hubo polémica por una medida que se anunció hace poco, que es la creación de un “observatorio de redes” para observar las redes del cuerpo docente de la Provincia de Buenos Aires. Quería preguntarte cuál es el rol que tienen, o que han tenido en su momento, las redes sociales en toda esta persecución y hostigamiento que sufren los periodistas y la gente de la comunidad educativa en México.

-Como señalaba al principio, en México la información está controlada, “acordonada” por el duopolio mediático, por la prensa tradicional. En cierto sentido, las redes sociales y los medios digitales han contribuido a romper ese cerco. Lo han conseguido parcialmente, porque a final de cuentas la presencia de los grandes medios de comunicación y algunos grandes conglomerados mediáticos que operan en México, consiguen “secuestrar” la información y generar un entorno de desconocimiento. Y en ese sentido, sí, claro, las redes sociales han tenido un papel fundamental, incluso en la alianza o en la comunicación con otros grupos internacionales que apoyan o que simpatizan con las luchas en México. Eso ha sido clave para poder transferir o hacer circular cierta información que está, insisto, “acordonada” o “secuestrada” por la prensa tradicional.

 

-Claro, pero me refería más bien a cuando las redes se convierten en una suerte de “arma de doble filo”. Porque, por un lado, te permiten como vos bien decías romper el cerco mediático. Pero, por otro, también te exponen. Aquí, como te decía, las redes sociales están siendo utilizadas para el espionaje, para la Inteligencia de Estado…

-Bueno, si hay un caso sintomático de esa dualidad de las redes sociales, es el de la primavera árabe. La primavera árabe tenía eso. Por allí circuló la información que movilizó a esas poblaciones, pero por otro lado también ese fue el instrumento que usaron esos gobiernos para perseguir a la disidencia política. La situación no es muy diferente en México o Argentina. Pero eso es algo que está más allá de la posibilidad de tener una incidencia en los movimientos sociales y en los colectivos. Finalmente siguen siendo canales que están abiertos, aun cuando estén sujetos a escrutinio y vigilancia. Pero sí, es cierto. Eso es una dicotomía que, no sé, por lo menos en el corto plazo, yo no veo que se pueda dirimir. (...)

Entrevista realizada para el programa radial "Lo Menos Pensado"
(Lunes de 21 a 24 hs. por
 www.radiobarbarie.com.ar)

Entrevistan Paula Daporta, Facundo Di Cuollo y Macarena Sanchez Volpe.

La entrevista completa puede escucharse en https://ar.ivoox.com/es/entrevista-a-arsinoe-asamblea-mexicanxs-argentina-audios-mp3_rf_12445320_1.html

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12595

Las desapariciones forzadas y la llamada “democracia colombiana”

4 de junio de 2011

Durante la última semana de mayo se celebró en Colombia la “Semana contra la Desaparición Forzada”. El evento reunió en Bogotá a varias organizaciones sociales del pueblo colombiano, a representantes de organismos internacionales, a periodistas y, por supuesto, a familiares de víctimas. Colombia es trágico ’record’ en el crimen de Estado de la desaparición forzada: del informe de Medicina legal y del de la Fiscalía se deduce un promedio de 13.000 desaparecidos al año, perpetrados entre fuerza pública y herramienta paramilitar. 

Por Azalea Robles

En la “Semana contra la Desaparición Forzada” estuvieron presentes el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Asfaddes (Asociación de familiares de detenidos desaparecidos), las Madres de la Candelaria, las Madres de Soacha, y muchos más. El encuentro contó con exposiciones, Galerías de la Memoria, conferencias, talleres, testimonios, intervenciones de funcionarios internacionales, representaciones artísticas, etc.

Durante los testimonios, las ponencias y los talleres quedó evidenciada esta terrible realidad: el Crimen de Estado de la desaparición forzada de la "democracia" en Colombia rebasa las dramáticas cifras de las dictaduras chilena y argentina. La cifra del informe de Medicina Legal de 38.255 desaparecidos en 3 años (1) evidenció una realidad que no se puede seguir esquivando: Colombia es trágico ’record’ en el Crimen de Estado de la desaparición forzada.

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia (2), lo que es un reconocimiento por años esperado, aunque obviamente no refleja la amplitud del drama y se presuponen muchos más desaparecidos, como el mismo comisionado lo reconoció. No obstante, la cifra de La ONU de 57.200 desaparecidos permite darle un reconocimiento internacional a las víctimas; aunque evidentemente la estimación se queda corta, a la luz incluso de los informes de las propias entidades estatales que permiten una estimación muy superior; y se queda corta con relación a las víctimas, que buscan centenares de miles de desaparecidos. Más adelante en este texto ahondaremos en la cuestión de las cifras y la dificultad que enfrentan las víctimas de obtener reconocimiento.

Salazar señaló que los hechos involucran a "agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos" y agregó "por décadas, miembros de la fuerza pública cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas" (Ibíd.). El informe de mayo 2011 del CINEP revela que los asesinatos de civiles a manos de militares, los mal llamados “ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos”, lejos de disminuir bajo la presidencia de Santos, han aumentado: el genocidio de intensifica (3).

Uno de los momentos más estremecedores de la reivindicación de la “Semana contra la Desaparición Forzada” fue la caminata de los familiares, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y varias organizaciones sociales que reclamaron a los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín: las víctimas de la Operación Orión. Orión fue una acción de muerte, tortura y desapariciones perpetrada por la combinación de militares y la herramienta paramilitar. Los familiares y organizaciones caminaron por la comuna 13 pese a las amenazas paramilitares: con flores, recitando poemas y exponiendo la realidad, invitaron a la vecindad a sumarse a la caminata. Algunos de los poemas y reivindicaciones declamados fueron:"Te quieren borrón en la memoria... una vieja sabia de la aldea enseña a deletrear alfabetos de justicia y solidaridad mientras escarbamos en escombreras, en fosas, debajo de las piedras de la infamia... En la roca de la historia vamos a grabar sus nombres".

"¡Somos familiares de desaparecidos y asesinados en la Comuna 13: Escarbando la Verdad, desenterrando la Justicia!”. "Durante el 2002, la Operación Orión contó con más de MIL hombres de la fuerza pública, que permitieron la conquista definitiva de Medellín por los paramilitares y la imposición del miedo y el terror (4).

Las Galerías de la Memoria fueron expuestas en lugares como la Universidad pedagógica de Bogotá, generando interacción con el estudiantado de un país muy golpeado por la censura y manipulación mediática, la invisibilización de las víctimas y la persecución al pensamiento crítico. Varios estudiantes y profesores han sido víctimas de desaparición forzada, asesinatos o encarcelamientos para callar sus denuncias. El Colectivo Semillas de Dignidad y Memoria invita a las exposiciones de las galerías de la Memoria, con este poema: “Son tantos día a día los que simplemente no aparecen, que un día no cabrán en el suelo y brotarán y cubrirán todo este territorio. Y en un macabro recorrido exhibirán el verdadero rostro de la patria”.

Los desaparecidos son invisibilizados por un estado que quiere perpetuar el mecanismo genocida de acumulación de capital en pocas manos, bajo el manto de la impunidad. Un estado que pretende perpetuar la práctica del genocidio como viabilización del saqueo de los recursos, mediante constantes desapariciones de personas: estudiantes, campesinos, indígenas, sindicalistas, maestros, periodistas, artistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos... todo aquel o aquella que reivindique contra la aberración que constituye que siendo Colombia unos de los países más ricos del mundo, su población sufra hambre. Arriesga su libertad y su vida aquel o aquella que alce su voz contra la injusticia social que arroja que 20.000 niños menores de cinco años mueren anualmente por desnutrición y carencia de acceso al agua potable en el 4to país con más riqueza hídrica del mundo. Colombia tiene índices de desigualdad social (coeficiente GINI) que la sitúan entre los países más desiguales del mundo, según datos de Naciones Unidas. Según Samuel Azout, alto consejero para la Prosperidad, Colombia sería hoy el cuarto país del mundo en desigualdad , con un índice Gini de 0,58. (5)

1. Cifras y suspiros: entre el esfuerzo estatal de borrar a los desaparecidos y el clamor de los familiares, la ONU reconoce al menos 57.200 personas desaparecidas

El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de las dictaduras de Argentina y Chile reunidas: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas, según un informe de Medicina legal. Para una estimación total en los últimos 20 años de 250.000 personas desaparecidas, según lo denunció Piedad Córdoba (6). Las estimaciones de desaparición forzada son obviamente minimizadas desde el Estado; sin embargo ha debido reconocer la existencia de al menos 51.000 desaparecidos: “Al mes de noviembre de 2010, las estadísticas oficiales del gobierno de Colombia registran más de 51.000 Desapariciones” señala un reporte de 2011 de la US office on Colombia (7). En enero 2011 la Fiscalía publicó un informe (8): tiene documentados 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por la herramienta paramilitar. El informe de enero 2011 confirma las estimaciones de Piedad Córdoba de al menos 250.000 personas desaparecidas. Del informe de Medicina legal y del de la Fiscalía se deduce un promedio de 13.000 desaparecidos al año, perpetrados entre fuerza pública y herramienta paramilitar.

El lunes 23 de mayo 2011 el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia, declaraciones dadas durante la celebración de la conferencia sobre desapariciones forzadas (ver 2).

2. Asesinatos de civiles a manos de militares en los macabros “falsos positivos” aumentan, arroja estudio de mayo 2011

El asesinato de civiles a manos de militares ha rebasado todo límite del horror en la figura de los “falsos positivos”: asesinatos de civiles perpetrados por militares que luego disfrazan sus cadáveres de “guerrilleros abatidos en combate”, ya hay 3.000 casos documentados de estos asesinatos que son impulsados por las recompensas que reciben los militares por cadáver presentado como una forma de incentivar el manejo de la barbarie y de aumentar las “victorias de guerra” por parte del estado colombiano (9). En mayo 2011 el CINEP publicó un informe en el que evidencia que los asesinatos de civiles a manos de militares, lejos de disminuir, han aumentado bajo la presidencia de Santos (10). Las Madres de Soachason, Madres de niños y jóvenes asesinados por los militares en los montajes macabros de los “falsos positivos” que gracias a su tenacidad por encontrar a sus hijos desaparecidos y por denunciar estos crímenes de estado, han logrado hacer oír sus voces traspasando el muro de censura mediática nacional e internacional: varios de sus familiares han sido asesinados como represalia por sus denuncias, en un intento estatal de silenciar las voces de estas madres que no callan y siguen clamando justicia en medio de los atentados y del miedo. Claman justicia por sus hijos, y para que no se sigan produciendo estos asesinatos de civiles, que lastimosamente continúan incrementándose, ante la complicidad silenciosa de la comunidad internacional.

3. Las mayores fosas comunes del continente, la asesoría estadounidense y la reingeniería de la herramienta paramilitar

En Colombia, en la Macarena, departamento del Meta, se encontró en diciembre 2009 lamayor fosa común del continente americano, con 2000 cadáveres de desaparecidos: la gigantesca fosa se encuentra detrás del batallón de la fuerza Omega del Plan Colombia, que goza de estrecha asesoría estadounidense (11).

Es gracias a la tenacidad de los familiares y testigos que denunciaron durante años el genocidio, que se ha logrado hacer conocer esta realidad. La cantidad de víctimas arrojadas sin contemplación a la pretensión de olvido y desaparición llegó a ser tal, que la putrefacción de los miles de cadáveres se filtraba incluso al agua de beber, en medio de la impunidad y el silencio. Gracias a la visita de una delegación de parlamentarios y observadores británicos, el pedido de auxilio de los familiares de desaparecidos fue por fin escuchado.Las autoridades negaron la fosa en un principio; los mass-media silenciaron las denuncias. Pero gracias a la delegación, la Fosa se dio a conocer internacionalmente; el estado entonces intentó decir que los cadáveres eran de “guerrilleros abatidos en combate”, pero los familiares de desaparecidos desmintieron esa versión. En el 2010 se produjo la Audiencia a Testigos y familiares de desaparecidos de la región: fueron miles las denuncias de familiares y testigos evidenciando las desapariciones perpetradas por el ejército en connivencia con paramilitares. El estado por su parte procedió a acallar a los denunciantes: varios denunciantes fueron asesinados, entre ellos Norma Irene Pérez y Jhonny Hurtado (12), otros denunciantes han sido encarcelados bajo montajes judiciales, como es el caso de Marisela Uribe García, quién perdió sus bebés por torturas estando embarazada (13).

Posteriormente, finalizando el año 2010, se encontró otra fosa gigantesca con más 1500 cuerpos de desaparecidos:“Denuncian el hallazgo de al menos 1.505 cuerpos más en fosas comunes en Colombia, en el Meta, en la misma región que la mayor fosa común del continente (...) cuyos cadáveres son cuerpos de desaparecidos y asesinados por el ejército, como quedó evidenciado en las Audiencias públicas a testigos y familiares de desaparecidos”. (14)

La barbarie se sigue intensificando día a día, y la fuerza pública y la herramienta paramilitar continúan asesinado, desapareciendo y masacrando, como lo denuncia el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo (...) En la Política de Prosperidad Democrática la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (...) Continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, de la violencia sexual, del control militar de la vida y del pensamiento crítico” (15).

4. Los hornos crematorios de la “democracia” colombiana: Desaparecer y salvaguardar apariencia democrática

La desaparición forzada cumple una función central en la estrategia de “disuasión de la reivindicación”, a la sociedad se le envía el siguiente mensaje: “el que persista en reclamar derechos sociales, económicos, políticos, correrá la misma suerte”. Este mensaje busca someter mediante el terror y viene acompañado del mensaje de la plenipotencia del estadoque está en capacidad de desaparecer en plena impunidad. La desaparición forzada evidencia la impotencia que representa el encontrarse permanentemente vulnerable ante el poderío de un estado omnipotente en todas las instancias: la militar, la paramilitar, la legal, la administrativa. A la angustia por los sufrimientos del ser querido desaparecido se suma la impotencia de no obtener verdad ante entidades estatales. Son innumerables las trabas que encuentran los familiares de desaparecidos por parte del estado, para que sea reconocida oficialmente la desaparición de su familiar, en un intento estatal evidente de desaparecer no solo al desaparecido, sino al hecho de la desaparición en sí. La sociedad se ve triplemente vulnerada: es privada de un ser humano y sus ideas, es vulnerada en los procesos organizativos que constituyen el progreso histórico de las sociedades y es sometida a constatar la plenipotencia e impunidad de los victimarios. Familiares, testigos, abogados y en general denunciantes de desaparición forzada son sistemáticamente víctimas de amenazas, torturas, cuando no de asesinatos o víctimas ellos mismos de desaparición forzada: la fuerza pública y su herramienta paramilitar activan cualquier mecanismo para conseguir impunidad (16).

La desaparición cumple además la funcionalidad “práctica” para los estados represores de reducir las cifras de asesinatos. En Colombia varios jefes Paramilitares han confesado cómo desde los altos mandos militares y políticos ha sido enviada la orden de que desaparecieran “de cualquier manera” a las víctimas para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crezcan de manera desproporcionada en las zonas urbanas. Varios miembros de la Estrategia paramilitar han confesado que implementaron la utilización de criaderos de caimanes y de hornos crematorios para quemar a las víctimas, a veces vivas: “(...) Lo echaron vivo ahí (...) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”, confesó un paramilitar (17).

5. El encuentro de mayo 2011 y el reconocimiento de la desaparición forzada en Colombia

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia; dado que en el Registro Nacional de Desaparecidos figuran inscritas 57.200 personas. Estas declaraciones fueron dadas durante la celebración de la conferencia sobre desapariciones forzadas, en Bogotá, el lunes 23 de mayo 2011 (18). Salazar señaló que buena parte de los hechos involucran a "agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos" y agregó "por décadas, miembros de la fuerza pública cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas" (Ibíd.). Para al menos 15.600 desaparecidos del total de 57mil 200 personas desaparecidas inscritas en el Registro, se conocería que los autores son agentes de la fuerza pública en connivencia con el paramilitarismo: la autoría de los demás casos no ha sido precisada; dada la inoperancia de las investigaciones sobre desapariciones forzadas. Varios paramilitares han confesado a la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía al menos 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos en el escaso lapso de 5 años: entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010, como consta en el informe que la Fiscalía hizo público en enero 2011 (ver 8). Hay una impunidad flagrante, y los familiares aún esperan las confesiones de varios jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos, con la esperanza de conocer el paradero de sus seres queridos.

Según cifras reveladas por Organizaciones No Gubernamentales que participaron al evento de mayo 2011 sobre desaparición forzada en Colombia, entre las víctimas han registrado a más de tres mil mujeres y más de tres mil menores de 20 años.

En el encuentro se recalcó la gravedad de que sólo entre los años 2007 y 2009 se registraron más de 38.000 desapariciones según un informe ofrecido por Medicina Legal, organismo que coincide con Salazar en cuanto a la participación de agentes estatales y grupos paramilitares en la ejecución de estos delitos (18).

En Colombia durante 2009 se reportaron 18.236 casos de personas desaparecidas, cifra que evidenció un incremento de estos casos, puesto que para el 2008 la cantidad fue de 15.696 personas, 11.000 más que el año inmediatamente anterior, cuando se contabilizaron 4.323 desaparecidos. Este reporte sólo refleja la cifra de denuncias presentadas ante este departamento, por lo que el ente presume que la cantidad real de los casos sea superior.Representantes de distintas ONG en ese país aseguran que las desapariciones superan las 100.000 víctimas actualmente. Cabe tener presente la documentación presentada por la Fiscalía e n enero 2011: en el informe (ver 8) en revela que tiene documentados 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por la herramienta paramilitar (estas desapariciones deben ser tomadas en consideración).

Christian Salazar, portavoz de la ONU, expuso que la desaparición forzada "es una de las violaciones de los derechos humanos más graves" y Colombia "es uno de los países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos". Comentó que "décadas de conflicto y de persecución estatal" han dejado "miles y miles de desaparecidos y con ello un sufrimiento prolongado de sus familias" (18). Precisó que "la lucha contra la impunidad no ha tenido un progreso (...) hay obligaciones pendientes de cumplir por parte del Ejecutivo, y en especial, por parte de la fuerza pública" (Ibíd.).

El funcionario de la ONU recordó que "Colombia adoptó la figura penal de la desaparición forzada en el año 2000 y ratificó el Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), en 2002 con aplicación integral desde noviembre de 2009" (el estadocolombiano firmó pidiendo un tiempo de no aplicabilidad por violaciones a DDHH).

Salazar lamentó la poca receptividad de parte del Ministerio de Defensa y del Ejército a las recomendaciones hechas por su Oficina para que ayuden a identificar a los desaparecidos y colaboren con la justicia. “Sobre ambas recomendaciones no vemos progreso”, acotó (19), al tiempo que destacó la labor de los familiares de los desaparecidos para avanzar en la lucha contra ese crimen. El representante subrayó que en el 2005 Colombia ratificó la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada y, actualmente, el legislativo estudia la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

No obstante la ratificación y estudio de ratificación de convenios internacionales, el crimen deestado de la desaparición forzada en Colombia sigue en dramático aumento: cabe resaltar el informe de mayo 2011 del CINEP que arroja que los asesinatos de civiles a manos de militares bajo la modalidad de “falsos positivos” (muchos de los cuales conllevan desaparición forzada), han aumentado bajo la presidencia de Juan Manuel Santos (ver 3).

6. Crimen de Estado: veredicto del TIO

El reconocimiento de la ONU de las "décadas de persecución estatal" es un paso importante para las víctimas, siendo la desaparición forzada un crimen tipificado como Crimen de Estadode Lesa Humanidad que se ensaña particularmente contra los civiles, más específicamente contra los opositores políticos: un crimen de estado que se inscribe dentro de una lógica del terror, como se desprende del veredicto del TIO, Tribunal Internacional de Opinión: “LA DESAPARICION FORZADA UN CRIMEN DE ESTADO” , Veredicto. Senado del Congreso de la República. Bogotá 24, 25 y 26 de Abril de 2008 (20). El Veredicto del TIO condena por desaparición forzada al estado colombiano, al paramilitarismo, a los terratenientes y transnacionales y al gobierno de EEUU, así lo expresa:

Sobre la base de todo lo considerado, en la parte motiva y en las pruebas recogidas (...) el Tribunal condena:

1. Al Estado colombiano y sus representantes por el incumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la protección y el respeto de los derechos y libertades fundamentales a los ciudadanos y ciudadanas, tanto por omisión, permisión y acción directa. Por utilizar la desaparición forzada como arma política para eliminar al contradictor incurriéndose así en actos de terrorismo de Estado. Por los actos criminales y terroristas consideramos como crímenes de lesa humanidad cometidos en la detención y desaparición forzada por el ejercito, la policía y el DAS. Por su participación en la creación, e impulso de grupos paramilitares y por la complicidad en las acciones realizadas por estos grupos. Por establecer leyes que aseguran la impunidad de autores de las detenciones y desapariciones. Por la violación directa de las normas del Derecho Internacional en materia de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

2. A los paramilitares directamente implicados en las desapariciones forzadas y por imponer un estado de terror contra la población civil.

3. A los terratenientes, grupos empresariales y las transnacionales por apoyar y financiar los grupos paramilitares responsables en la detención y desaparición forzada.

4. Al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo a políticas estatales violatorias a los derechos humanos vía Plan Colombia y Plan Patriota; igualmente por financiar las escuelas y programas a militares implicados en desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad.”

Notas:(...)
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article4228

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Tenemos, abajo y a la izquierda, que generalizar la percepción (conocimiento y toma de partido) sobre que nuestra confrontación es con el poder económico e imperialista, el impune primordial. Desde Colombia, donde la democracia burguesa ha alcanzado a concretarse en fachada de terrorismo de estado, nos aclaran nuestro desafío de florecimiento de: pensamiento crítico, visibilización de cuanto oculta el sistema para conseguir legitimación e internacionalismo emancipador de los pueblos planetarios.

 

Miguel Ángel Beltrán en libertad: “Estoy convencido de luchar porque se consolide la paz en Colombia”

2 de septiembre de 2016

 

Por RNMA

Condenado a más de ocho años de prisión a través de un burdo montaje judicial, el profesor e investigador universitario Miguel Angel Beltrán fue finalmente declarado inocente por la Corte Suprema de Colombia. A pesar de padecer el encierro como preso político por ejercer el pensamiento crítico y la investigación comprometida, no dejó de escribir y producir entre rejas durante este tiempo, ni de denunciar las pésimas condiciones que sufren la totalidad de los reclusos por parte del sistema penitenciario. A pocas horas de haber sido liberado de la cárcel de máxima seguridad de La Picota, conversó en exclusiva con el programa Enredando Las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina.

  

-¿Cómo te sentís en estos primeros momentos luego de salir de la cárcel, después de este injusto encarcelamiento, de esta ignominia como la denominaste en un escrito hace pocos días cuando se cumplió un año de tu segundo encierro?

 

Son sentimientos encontrados. Con una gran alegría de volverme a encontrar con mis estudiantes, con mis amigos, con mis colegas, con mi familia, con mi compañera, con mis hijos, que hemos estado separados por culpa de esta persecución. Pero a la vez con mucho dolor de lo que queda atrás en cuanto a lo que siguen siendo las cárceles en Colombia: la ignominia, la persecución que hay allí por parte de las autoridades del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y la violación a la dignidad humana.

 

-Fue muy emotivo y también generó mucha bronca el leer el texto en el que denunciaste esta situación, muy similar a la que se padece en las cárceles de Argentina. ¿Cómo fue esa vivencia cotidiana, tanto de los presos políticos como de los presos comunes en La Picota y en las otras cárceles en las que has estado?  

Realmente la situación de salud cada vez se hace  más critica en las cárceles colombianas, y afecta no solo a presos políticos, sino a toda la población privada de la libertad. Nosotros llevamos mucho tiempo denunciando esto y exigiendo atención médica. En este año han fallecido nueve presos por falta de atención médica. En el tema de salud prácticamente lo que se está aplicando es una pena de muerte lenta, ya que al enfermar en la cárcel, realmente las posibilidades de salir con vida son muy pocas. Porque no existe una jeringa, agua oxigenada, cosas elementales para darle una atención médica a los presos. Eso solamente en temas de salud. Hay otras condiciones que tienen que ver con el hacinamiento, epidemias generadas por ese mismo hacinamiento, por una política contrainsurgente que todavía mantiene el INPEC, donde es frecuente que los guardias golpeen a los presos sociales, porque los políticos tienen una conciencia mayor de que no se puede hacer eso, y de enfrentar esas situaciones, pero una gran violencia tanto física como simbólica. También me parece importante decir que la cárcel la padecemos no solamente quienes estamos allí, sino nuestras familias, que son víctimas directas del maltrato cuando van a las visitas, de padecer las discriminaciones, los insultos y las requisas inhumanas, violatorias de todos los derechos. Yo ahora que salgo, salgo con ese dolor, pero también con la gran convicción de cambiar las políticas penitenciaras basadas en la venganza y en la represión.

 

-¿Cómo lees el proceso de paz y los acuerdos que terminaron sellándose el 24 de agosto entre las FARC-EP y el gobierno? ¿Qué papel puede jugar el pensamiento crítico y la militancia comprometida en él?

En primer lugar yo saludo estos acuerdos, porque es parte de la lucha que hemos venido librando desde el movimiento social. Siempre hemos insistido en la búsqueda de una salida política al conflicto colombiano. Eso abre una esperanza, un horizonte en que hay posibilidades de que esto cambie y que haya transformaciones. Pero también somos conscientes de las dificultades que van a implicar toda la implementación de estos acuerdos, y la necesidad de que el ELN se vincule a estos diálogos, para que realmente este proceso pueda consolidarse. Estoy convencido de que el papel del pensamiento crítico es fundamental en muchos sentidos. Uno de ellos es la recuperación de la memoria, de la historia, ya que se nos ha vendido a nosotros una historia oficial que ha desconocido las luchas de resistencia de los movimientos sociales, de los diferentes sujetos sociales, y el pensamiento juega un papel muy importante en ese sentido. Pero también en la necesidad de confrontar en el plano de las ideas, frente a una academia que hoy se plantea acrítica, una academia que está encerrada en sí misma, por lo menos en el caso colombiano, en nuestras universidades públicas, una academia que se dice apolítica, pero que es profundamente política porque respalda y legitima el statu quo. Y también la necesidad de rescatar, de reivindicar, de enriquecer ese conocimiento desde lo social. La universidad colombiana hoy está enclaustrada, ha reducido el conocimiento a lo que se produce en las universidades, pero ha dejado de lado todo el contacto con las poblaciones, con la comunidad. Es fundamental para el pensamiento crítico volver sobre esto, para que los estudiantes que hoy están cursando en las universidades se sensibilicen y se aproximen a este conocimiento que nos aportan los movimientos sociales. A su vez, quisiera dejar en claro la situación que se ha vivido a través del proceso mío, que es un proceso colectivo, no ha sido solamente de Miguel Angel el proceso de la lucha por el pensamiento crítico y por la libertad de cátedra. Y para exigir también la libertad de muchas otras y muchos otros que permanecen privados de la libertad, simplemente por ejercer un pensamiento diferente, un pensamiento crítico. Creo que esto es el comienzo de algo que nosotros tenemos que profundizar y buscar que se haga efectiva esa libertad, que vuelva la libertad. No que los indulten, sino que se le restituyan todos sus derechos. Eso es básicamente lo que nosotros queremos comunicar y transmitir a quienes nos escuchan.

 

-Va todo nuestro apoyo, nuestro internacionalismo y solidaridad activa desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que viene cubriendo y tratando de visibilizar esa lucha digna que está dando el pueblo colombiano desde hace tanto tiempo, y que hoy vive momentos gratos como el de tu liberación. Te mandamos un abrazo para ti, para toda tu familia, para todo el activismo de derechos humanos, de movimientos y organizaciones populares, que han venido dando batalla por lograr tu libertad. La lucha sigue, por la liberación del resto de los presos y presas políticas, y por conquistar esa paz con justicia social que tanto anhelamos.

De mi parte tal vez sea la oportunidad para agradecer a ustedes y a todos los medios alternativos de difusión, y a las organizaciones sociales, por todo el apoyo y la solidaridad que me han brindado y que realmente ha permitido que desarrollemos este proceso con mucha dignidad y con mucha resistencia. También quiero hacerles llegar un abrazo latinoamericano desde Colombia, muy convencidos de luchar porque se consolide realmente la paz. Hay un escenario, hay unas posibilidades, y creo que con nuestro esfuerzo, con resistencia, con nuestra lucha, podemos llevar a conclusión estos acuerdos que recientemente se han firmado. Muchas gracias por brindarme este espacio para expresar este sentir.

AUDIO descargar

 

Nos urge el ejercicio generalizado de la mirada esencial, diacrónica e internacionalista para caracterizar el gobierno K teniendo en cuenta que :

 

 

Atacó a las organizaciones de los piqueteros encubriendo al PJ como principal legitimador-legalizador del desempleo masivo (imprescindible para el progreso gran capitalista), superpobló las cárceles con los desposeídos de todo en especial por expansión del extractivismo, dejó impunes a quienes planificaron la masacre en el puente Pueyrredón e incluso los ascendió, fomentó el 20 de octubre de 2010 a fin de continuar con el ámbito privilegiado de acumulación, apoyó a Gildo Insfrán contra los pueblos originarios con el objetivo de usurpar sus territorios. En diciembre de 2010 comprobamos que su respuesta a los tres asesinatos por la policía reprimiendo a quienes sin vivienda ocuparon el parque Iberoamericano fue la creación del Ministerio de Seguridad y el despliegue de gendarmería en las barriadas pobres. También el gobierno K promulgó las leyes antiterroristas y condenó a cadena perpetua a los trabajadores petroleros de Las Heras probando cómo su feudo provincial garantiza la seguridad jurídica del poder extractivista o de las petroleras.

 

Argentina: Las cárceles argentinas, ni sanas ni limpias y muy mortificantes

8 de febrero de 2012

 

Por Irina Santesteban (LA ARENA)

 

Las muertes de internos y las continuas denuncias de malos tratos y torturas en las cárceles, deberían llamar la atención de un gobierno que ha hecho de la defensa de los derechos humanos una política de Estado.

El artículo 18 de la Constitución Nacional consagra las garantías de la defensa en juicio, la inviolabilidad del domicilio, la supresión de la pena de muerte y los azotes. A la vez establece que las cárceles deben ser "sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas", haciendo responsable a los jueces por los derechos de los presos.

La realidad en Argentina es muy diferente y resulta un contrasentido que un gobierno que es vanguardia en cuanto al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, en América Latina y en el mundo entero, no dedique mayores esfuerzos para mejorar las condiciones de los detenidos en prisiones y comisarías.

 

En la provincia de Buenos Aires, quizás la peor en cuanto a situación carcelaria, se creó en 2003 el Comité contra la Tortura, dentro de la Comisión por la Memoria, ésta última integrada por personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos. El Comité elabora todos los años un meticuloso informe sobre la situación en cárceles y comisarías, denunciando todos los casos de torturas y apremios ilegales que llegan a su conocimiento.

 

Antesala a la muerte

 

La superpoblación carcelaria con su consiguiente hacinamiento, la lentitud de los procesos judiciales, las malas condiciones de los establecimientos penitenciarios, agravan una situación que de por sí es conflictiva, tal la de personas encerradas por haber cometidos delitos de distinta gravedad. Pero si a esa situación explosiva se le agrega el constante maltrato y las vejaciones que casi sin excepciones se aplican como políticas carcelarias, se explican las continuas muertes que todos los años se producen en las prisiones argentinas.

 

Según el Comité contra la Tortura, en 2009 murieron 117 personas en las cárceles bonaerenses. En 2010 fueron 133 y desde enero a octubre de 2011, últimos datos difundidos, las muertes ya eran 90. En el mismo sentido, el Banco de Torturas de la Defensoría de Casación bonaerense, informó que en 2011 se formularon 223 denuncias de torturas o tratamientos crueles en cárceles y comisarías de la provincia, 67 de ellas contra menores de edad.

 

También se tortura

 

Las denuncias demuestran que a pesar de las condenas a los genocidas de la dictadura, las torturas continúan siendo las mismas que las que se practicaban sistemáticamente en los centros clandestinos de detención, que funcionaron en todo el territorio nacional desde antes del golpe de Estado militar del 24 de marzo de 1976. Así se ha denunciado que se aplica a los prisioneros el "submarino seco" (bolsa de nailon en la cabeza) o "húmedo" (introducir la cabeza del detenido en un tacho con agua o con líquidos inmundos); se tortura con picana eléctrica; se mantiene al prisionero en celdas de aislamiento durante más tiempo del que se considera como el límite a sus derechos, incluso desnudo en época invernal; se aplican golpizas con bastones de madera o goma maciza hasta producir lesiones que, en el mejor de los casos, serán mal atendidas en algún hospital, donde el preso deberá permanecer esposado a su cama. En muchos casos, las heridas se "curan solas" en las prisiones.

 

Roberto Cipriano García es el director del Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires. Para este abogado, la tortura "es una práctica sistemática en el Servicio Penitenciario Bonaerense y también de la policía bonaerense. Existen patrones estructurales de violación a los derechos humanos en personas privadas de su libertad. Esto se agrava por la ineficacia de la Justicia para controlar y sancionar a los responsables y la insuficiencia de mecanismos de prevención" (Miradas al Sur, 5/2/2012).

 

Paliza mortal

 

La denuncia de familiares de presos que están alojados en la Unidad 46 de San Martín al secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de ese partido bonaerense, Juan Manuel Casolati, luego que un grupo de penitenciarios propinaran una feroz paliza al detenido Patricio Jonathan Barros Cisneros provocándole la muerte, a la vista de las visitas y de su propia esposa, es una evidencia más de la situación que se vive en las cárceles argentinas.

 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité contra la Tortura ingresaron a ese penal luego de la denuncia y corroboraron los dichos de los familiares, desmintiendo la versión oficial, de que el preso se había "autoagredido" hasta provocarse la muerte. La columna del periodista Horacio Verbitsky en el diario Página 12 del pasado domingo 5, tuvo como centro la denuncia de ese hecho.

 

La esposa de Barros Cisneros, una joven embarazada de 18 años, denunció que la golpiza se la dieron porque pidió una pieza privada para tener una visita íntima con ella y que lo golpearon unos 10 efectivos penitenciarios mientras estaba en el piso esposado.

 

Scioli vs. Mariotto

 

Las diferencias en las políticas de seguridad y penitenciarias ha producido una clara división entre el gobernador Daniel Scioli y el vicegobernador, Gabriel Mariotto. Scioli es un defensor de las políticas de "mano dura" y en reiteradas oportunidades se ha pronunciado a favor de disminuir la edad de imputabilidad de los menores. Mariotto, en cambio, participó el viernes de la semana pasada de un acto en el asentamiento La Cárcova, en José León Suárez, en el partido de San Martín, para recordar el asesinato de dos jóvenes, hace un año, por parte de efectivos de la policía bonaerense.

 

En los últimos dos años, seis presos fueron quemados en la cárcel de Marcos Paz, dos de ellos murieron y otros dos, menores de 21 años, se encuentran internados en gravísimo estado. En muchos de estos casos, las víctimas son denunciantes del Servicio Penitenciario, por malos tratos o por constituir mafias que obligan a los presos a salir a robar.

 

La complicidad de la Justicia con estos hechos es innegable, son excepciones los jueces y defensores que investigan estos hechos, y en la mayoría de los casos, se llega a algún resultado luego de que se produzca algún hecho trágico como motines, o incendios donde mueren o son lesionados los internos.

 

En Corrientes, la Comisión de Derechos Humanos denunció recientemente la golpiza que recibió un preso de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario correntino, Raúl Abel Sánchez, quien hoy se encuentra en estado de coma. La paliza la sufrió Sánchez en medio de la represión a un supuesto motín producido cuando un interno se habría negado a una requisa y luego habrían "atacado" al personal penitenciario.

 

Esa versión sobre las "autolesiones" o los "autoincendios" de colchones, o los supuestos "ataques" de los internos a los penitenciarios, se repiten en cada uno de estos trágicos hechos, que siempre terminan con muertos y heridos, siempre del bando de los presos.

 

No mirar para otro lado

 

La sociedad debe hacerse cargo de este problema, aunque la responsabilidad principal sea del Estado, y de su falta de actuación para sancionar severamente a los responsables y disponer políticas de contención al interior de las cárceles, para que se haga realidad el precepto constitucional de que deben ser "para seguridad y no para castigos de los reos".

 

La ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Nilda Garré, como parte de una política de Estado, debería promover una profunda reforma tanto policial como penitenciaria para que nunca más haya casos de torturas y malos tratos a los detenidos, ni en las cárceles ni en las comisarías. La política penitenciaria debería promover el trabajo y el estudio al interior de las prisiones, para que no sean verdaderas "escuelas de delincuencia y violencia" como son actualmente.

 

El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, ex alcaide durante la dictadura, es responsable de la situación deplorable en que se encuentran los detenidos y de las continuas muertes que han denunciado desde la Comisión de la Memoria. Su renuncia debería estar ya en el escritorio del gobernador Scioli.

 

Además, tal como lo dispone la Constitución Nacional, es innegable la responsabilidad de los jueces y demás funcionarios judiciales que permiten, por omisión u acción, estos hechos, y que no investigan las denuncias que les hacen los presos. Por mandato constitucional y por mal desempeño, debería promoverse su destitución.
Fuente: http://www.argenpress.info/2012/02/argentina-las-carceles-argentinas-ni.html

 

 

El gobierno CFK hizo a la impunidad de ejecutores e ideólogos de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Contextualicemos la segunda nota con la siguiente:

 

 

Caso Jorge Julio López: “Inacción, encubrimiento y silencio por parte del Estado”

17 de septiembre de 2014

 

Con motivo de cumplirse el octavo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, este martes se llevó a cabo una Audiencia Pública en el Congreso Nacional convocada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y organizada junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ). 

 

Por Asociación de Profesionales en Lucha (APeL)

 

En el marco de una Audiencia Pública en el Congreso Nacional, el diputado nacional por el FIT-PO, Pablo López, presentó ayer un Proyecto de Resolución en el que se repudia “la inacción, el encubrimiento y el silencio que por parte del Estado rodearon la segunda desaparición de Jorge Julio López”. A la vez, el documento exige “la desclasificación y apertura de todos los archivos, tanto de la dictadura como los que existiesen sobre el caso López”.

En tercer término, el Proyecto señala que existe “preocupación por la prosecución de una causa penal contra el tribunal que juzgó al represor Miguel Etchecolatz y contra las abogadas que representaron a Julio López”.

 

“IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO QUE SE CONECTAN CON LA VIGENCIA DEL APARATO REPRESIVO DE LA DICTADURA”

Liliana Alaniz, abogada querellante en el juicio de la mega causa ESMA y miembro de la Asociación de Profesionales en Lucha (APeL), resaltó que “la impunidad y el encubrimiento que rodean la segunda desaparición de Julio López se conectan con la vigencia del aparato represivo de la dictadura. La impunidad es la paga del poder político a cambio de contar con sus servicios a la hora de reprimir a los trabajadores y el pueblo, que lucha frente al ajuste, los despidos, y las suspensiones, como ocurrió en la multinacional Lear”.

La Audiencia Pública contó con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Elia Espen, Mirta Baravalle y Nora de Cortiñas; Marga Cruz, Carlos Lordkipanidse y Carlos Loza (Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos-AEDD); Liliana Alaniz y Diego Aysine (Asociación de Profesionales en Lucha (APeL); Myriam Bregman (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos-Ceprodh); Gabriela Figueroa (Todos por el BNDG); Néstor Correa (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires -AGD-UBA); Gabriel Illescas (Consejero de la FUBA); Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Gremial de Abogados, APDH La Matanza; Vanina Kosteki, Norma Garrigue y diversos organismos defensores de los derechos humanos y movimientos de lucha.

Se recibieron las adhesiones de HIJOS La Plata, de la CTA Mendoza, Casapueblo de España, familiares y amigos de Luciano Arruga, entre otros.


“OCHO AÑOS DE IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO”

Finalmente, los organizadores convocaron a la movilización que se llevará a cabo este jueves 18, con motivo de cumplirse 8 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo y querellante en el juicio que condenó por genocidio a Miguel Etchecolatz, represor durante la última dictadura cívico-militar.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article8516

 

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Declaración de la CPM: "Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad"
8 de agosto de 2016

 

Juicios de lesa humanidad: las demoras y prisiones domiciliarias son impunidad

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresa su preocupación ante las reiteradas resoluciones judiciales que otorgan prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad. En la mayoría de los casos se alega la elevada edad y/o razones de salud.

Cabe destacar que ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar. Esto se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos. También en la demora judicial en llevar adelante estos procesos.

Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad. Tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción. Lo hicieron como ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aun las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño a los damnificados. Sus crímenes han sido contra la humanidad. La gran mayoría de ellos no ha llegado a cumplir en prisión más de 10 años, muchos menos de los que gozaron ampliamente de su libertad.

Han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos.

Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro hemos corroborado que la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema penal no acceden al debido proceso ni a condiciones dignas de detención, lo cual es inadmisible. Esto desmiente rotundamente las posiciones que sostienen que los genocidas no cuentan con todas la garantías propias del Estado de derecho y que sobre ellos pesa el mayor castigo.

Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos.

La prisión domiciliaria dispuesta para Miguel Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, condenado en 4 oportunidades por crímenes de lesa humanidad, es una muestra del deterioro del proceso de justicia. Es imprescindible sumar a todo esto las circunstancias de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en cuya trama aún impune Etchecolatz aparece como un elemento clave a investigar.

Los genocidas deben terminar sus días en la cárcel. Los juicios por delitos de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?breve11919

 

Nos urge también relacionar las luchas contra la opresión-represión con las estigmatizadas, silenciadas e invisibilizadas no sólo por representar a minorías ruruurbanas sino sobre todo disputar territorios a transnacionales en contubernio con los gobiernos-estados y otros poderes locales.

“Monsanto no se ha ido y el bloqueo continúa”

8 de agosto de 2016

Los integrantes de la lucha contra la multinacional sentenciaron que no hay confirmación oficial de que la empresa se haya retirado de Malvinas Argentinas. Este miércoles, presentarán un petitorio al municipio por el retiro definitivo de la compañía. 

 

Por Lea Ross/EcosCórdoba

 

Luego de la difusión por las redes sociales, en donde se sentenciaba que la empresa Monsanto comenzó a retirarse de la localidad de Malvinas Argentinas, el bloqueo instalado en la vera de la ruta provincial A-188 anunció que continuará funcionando. Desde un comunicado oficial, en formato video, distintos activistas de esta lucha que comenzó en 2012 dejaron explícito la situación actual del conflicto, en respuesta a los rumores sobre el posible retiro de la multinacional.

“No tenemos confirmación oficial. Monsanto no se ha ido. Y el bloqueo continúa”, sentenció Elia Leiria, una de las vecinas y activistas de Malvinas Argentinas.

Por otra parte, pusieron en foco el anuncio de imputación contra quince funcionarios públicos por habilitar la instalación de la fábrica, contrario a lo estipulado por la ley de uso de suelo provincial. “Lo celebramos como parte de la victoria de toda esta lucha que veníamos dando durante todos estos años. Y es una muestra cabal de que el pueblo organizado logra sus victorias, sus triunfos y por ese motivo nos merecemos celebrar”, formuló Vanina Barboza Vaca, quien también ha estado desde los comienzos del conflicto.

Finalmente, anunciaron que el miércoles 10 a las diez de la mañana, presentaran un petitorio a la intendencia de Malvinas para que firme un decreto definitivo por la erradicación de la compañía, acompañada de una juntada de firmas para el apoyo del texto. “Exigimos a la intendenta (Silvina González) que firme el decreto para que se vaya Monsanto. Y convocamos a todos los compañeros. Porque acá, el bloqueo continúa. Y de acá no nos vamos a mover. Si bien dicen que Monsanto se ha ido, no ha movido nada”, señaló Sofía Gatica, una de las Madres de Barrio Ituzaingó, al desmentir la versión de que se habían retirado elementos de construcción del interior del predio de la empresa.

 

Repaso de hechos

A fines de julio, se anunció que la fiscalía anticorrupción de la provincia ordenó la imputación de quince funcionarios públicos por el caso Monsanto. Se los acusa de abuso de autoridad al habilitar a la empresa a instalarse en terrenos donde la ley de uso de suelo provincial solo habilita para actividades agropecuarias no contaminantes. Entre ellos, figuran el ex intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, el ex secretario de ambiente provincial, Luis Bocco, todos los que integraron el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas en ese entonces (seis radicales oficialistas y una opositora delasotista), entre otros.

El lunes primero de agosto, se presentaron empleados de la constructora Astori, donde avisaron a los integrantes del bloqueo que estaban inspeccionando el predio, ya que aseguraban que Monsanto tenía intenciones de trasladar los elementos metálicos del interior para transferirlos a la otra planta que tiene instalado en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. En un principio, salió una versión que se empezaba a retirar los elementos, pero fue desmentido por los militantes de la zona.

El miércoles 3 de agosto, el periodista Patricio Eleisegui anuncio desde su cuenta de Facebook el retiro de Monsanto en Malvinas Argentinas. Esto es en base a una entrevista que le realizó a una fuente anónima desde adentro de la compañía, donde le aseguró que se planeaba vender el predio por la baja rentabilidad del negocio del maíz. La nota se publicó en i-Profesional, el portal de noticias empresariales de InfoBae. Ese fue el disparador en las redes sociales, donde se anunciaba que Monsanto se estaba yendo de Córdoba.

En los medios de comunicación, distintos funcionarios públicos aseguraron no tener novedades desde ese entonces. El secretario de ambiente, Javier Britch, aseguró que desde que asumió su cargo, Monsanto nunca se presentó a sus oficinas. Mientras que desde la intendencia de Malvinas, aclararon que tampoco recibieron novedades oficiales al respecto.

El jueves 4, el vocero de la empresa Adrián Villaplana aseguró al diario La Voz del Interior que“No existe ninguna determinación nueva adoptada”, al desmentir que se haya tomado la decisión de vender el predio. Pero no aclaró si era verdad o no que lo tienen planificado o estudiado.

Desde prensa, existe desde diciembre del año pasado del rumor de que Monsanto tiene las intenciones de retirarse de la localidad cordobesa. (....)

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12575

 

Veladero ocurre todos los días

El 13 de septiembre se cumple un año del derrame de más de 1.125.000 litros de solución cianurada sobre el Río Potrerillos en la localidad de Iglesia, provincia de San Juan, en la mina Veladero perteneciente a la corporación Barrick Gold, derrame que entre otros, también afectó al Río Jáchal de la vecina localidad de Jáchal. A un año del derrame los/as pobladores/as de Iglesia y Jáchal no han recibido respuesta de los gobernantes y se encuentran a su libre suerte frente al ecogenocidio sucedido.

No olvidamos que son los gobiernos cómplices de las corporaciones quienes impulsan estos modelos de exterminio y luego reprimen cuando no logran la licencia social necesaria para desarrollarlos o sostenerlos. Exigimos el cierre y prohibición de todo emprendimiento megaminero a cielo abierto, porque no responde a las reales necesidades del Pueblo y solo deja un pasivo ambiental de irreversibles consecuencias ecológicas, culturales y económicas para las regiones.

El derrame de Veladero junto con el ocurrido el 5 de noviembre de 2015 en el municipio de Mariana, en Minas Gerais, Brasil, en la mina Samarco perteneciente a Vale (brasilera) y BHP Billiton (australiana) en donde dos diques de contención se rompieron y dejaron poblados cubiertos de lodo tóxico que llegó hasta el mar, son sólo dos de los tantos incidentes que ocurren día a día en el mundo debido al modelo de producción extractivista. Se hicieron conocidos por sus magnitudes y gracias a la lucha de quienes lo padecen directamente, a la solidaridad del pueblo organizado que los/as acompaña junto a profesionales y al aporte científico de investigadores/as comprometidos/as con la comunidad y no con las corporaciones.

 

Las consecuencias del extractivismo, explotación de nuestros bienes comunes, de gran volumen e intensidad, altamente contaminante y con lógica depredatoria como el fracking, el agronegocio, la megaminería y la especulación inmobiliaria, nos ocurren todos los días, tanto en el campo como en la ciudad y en nuestros paisajes más preciados como las montañas, los glaciares, los bosques y los humedales. Por este motivo nos convocamos y organizamos, no tan sólo para recordar y denunciar el terrible derrame de Veladero sino también para resistir el ecogenocidio y seguir construyendo colectivamente alternativas emancipatorias.

 

Te esperamos el jueves 1 de septiembre a las 18.30hs en Lima 609, 1er piso para hacer de esto una realidad global y coordinada.

Multisectorial Antiextractivista

En consecuencia, abajo y a la izquierda, tenemos el desafío de facilitar la toma generalizada de conciencia que cambios transformadores de la realidad a favor de nuestras necesidades e intereses han provenido y provendrán de las luchas de organizaciones populares. Es multiplicar espacios en común con el fin de percibir (conocer y decidir involucrarse) las verdades, reflexiones e ideas subversivas que el sistema oculta como:

 

 

Desapariciones de ayer y de hoy
22 de marzo de 2009

El pasado viernes 20 de marzo se realizó en el estacionamiento recuperado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires una actividad que propuso como eje del debate las desapariciones tanto en dictadura, como en democracia. Desde las 17, con una instalación de fotos, collages y teatro comenzó a prepararse la muestra "1976- Desapariciones hoy como ayer- 2009". Luego, a las 20, comenzó la charla en la que las disertantes fueron Vanesa Arruga, hermana de Luciano, desaparecido por la policía hace más de 40 días, Maria del Carmen Verdú de CORREPI, Alejandra Oberti, docente de la UBA, miembro de Memoria Abierta, Fabiana Tuñez, de la Asociación Civil La Casa Encuentro y Victoria Freire por Socialismo Libertario.

 

"Queremos recalcar que esta actividad se está llevando a cabo en el estacionamiento de esta Facultad de Sociales (sede Marcelo T. de Alvear), que llevó al movimiento estudiantil a estar desde comienzos del año aquí plantados, peleando en contra de una orden de desalojo que bajó de Rubén Eduardo Hallú, el rector de la Universidad.

Los estudiantes estuvimos acá firmes, defendiendo un espacio recuperado como un espacio al servicio de los estudiantes y de la comunidad universitaria en general, el espíritu de todas las fuerzas de esta facultad y de los estudiantes es que este espacio se llene de contenido político, cultural, social de solidaridad, y por eso desde la organización de esta actividad decidimos que la misma se desarrolle en este espacio."

De esta forma comenzaba una estudiante la presentación de la charla debate con diferentes panelistas, en el marco de la proximidad del 24 de marzo, cuando se cumple el 33º aniversario del golpe militar. 

Pero antes, en la actividad denominada "1976- Desapariciones hoy como ayer- 2009", desde las 17 estaba preparada una instalación artística y una pequeña puesta en escena de una obra que simulaba el secuestro y desaparición de una chica.

El genocidio de la década del 70, las mujeres desaparecidas por las redes de prostitución ilegales en la actualidad y los diferentes casos de gatillo fácil y represión institucional y policial fueron los ejes de la charla. Aquí, lo más destacado de las diferentes intervenciones de las expositoras.

 

Vanesa, hermana de Luciano

Creo que la mejor manera de empezar esta charla es contando la primer experiencia que tiene mi hermano con el destacamento de Lomas del Mirador. El 21 de septiembre a mi hermano lo paran a las 9 de la mañana, lo llevan al destacamento y le pegan brutalmente. Lo amenazan con llevarlo a una comisaría de la calle Quintana, el destacamento depende de esta comisaría y lo amenazan con llevarlo ahí, donde hay violadores. Le dicen que va a terminar en un zanjón. A mi hermano, siendo menor lo largan a las 8 de la noche, estaba desde las 9 de la mañana detenido. Cuando está saliendo lo primero que le dice mi hermano a mi mamá es que le habían pegado. Mi mamá pide nombre y apellido de las personas que estaban en ese momento en el destacamento, se niegan a darle sus identidades y después de eso, ese mismo día nos acercamos al policlínico de San Justo. Mi hermano tenía golpes, tenía dolores en el cuerpo.

Al otro día comenzaron las persecuciones a Luciano, no podía caminar por ningún lugar lo paraban siempre, lo amenazaban, le pusieron un arma a la altura del pecho y le dijeron que se lo iban a volar. Cuando mi hermano desaparece el 31 de enero lo primero que hacemos es ir a buscarlo cuatro veces seguidas al destacamento, las sospechas estaban precisamente sobre la policía de ese lugar. 35 días duró la incertidumbre de mi familia, porque no sabíamos absolutamente nada de Lu, a pesar de que muchos vecinos habían escuchado en una plaza muy cerca de su casa que mi hermano gritaba que no iba a agarrar algo que ellos estaban obligándolo a agarrar. Después de eso vinieron los golpes, lo subieron entre dos policías arriba del patrullero, se lo llevaron al destacamento donde una persona lo vio. Esa persona pudo tener contacto con alguien que se acercó hasta la fiscalía para poder declarar esto, o sea a mi hermano lo habrían golpeado brutalmente, lo habían matado a golpes y hasta el día de hoy no sabemos que fue lo que sucedió después de haber sacado a mi hermano de ese lugar, si mi hermano esta hoy vivo, si está muerto.

Después de eso, nos dimos cuenta de todas las irregularidades que había detrás de lo que fue la detención de mi hermano. Al primer pedido de habeas corpus que presentamos el destacamento no informa de la detención de mi hermano y en el libro de allí no consta su ingreso. Ahora la causa la está llevando una nueva fiscal, porque durante 35 días la causa estuvo totalmente parada. Las primeras informaciones que aparecen en relación a donde podría estar mi hermano apuntan a desviar la investigación, a mi hermano se lo buscaba suponiendo que podía estar con alguien o que se trataba de un secuestro extorsivo, cuando nosotros ya sabíamos que a mi hermano seguramente lo habían detenido estos tipos. Afortunadamente sale el dato de esta persona, que nos da la posibilidad de poder encarar la investigación como realmente se tendría que haber encarado de entrada, que es poniendo toda la atención en ese maldito destacamento que fue puesto hace un año a pedido de los Vecinos en Alerta (VALOMI) y cuyo representante, Gabriel Lombardo, cuando esto empieza a tomar cierta difusión, sale a decir a los medios que mi hermano era un villerito que tenía diez mil causas.

Cuando mi mamá realiza la denuncia (lo primero que hace es hacer la denuncia sin saber que en el mismo lugar habían detenido a su hijo) le pregunta al policía que la atiende en ese momento si tenía que llevarse una copia, esta persona le dice que no, mi mamá se retira, y cuando yo me acerco a la noche a retirar la denuncia habían agregado una serie de cosas, como por ejemplo que mi hermano era adicto a la marihuana y tenía antecedentes de robo. Por eso a los que preguntaban por la causa de mi hermano les decían que tuvieran en cuenta que este pibe tenía antecedentes y era adicto, como para que no se investigara lo que había ocurrido con Luciano.

Ahora la causa se está moviendo un poquito más, se está investigando. Lo que necesitamos nosotros es que esto cobre difusión, porque desde el momento que tenemos el dato de que mi hermano estuvo detenido comenzaron a aparecer los aprietes de cobardes que no dan la cara, amigos míos fueron perseguidos por autos, les hacen gestos, a mí me han seguido en una oportunidad también. Hoy me acabo de enterar de un dato de otro chico que estuvo detenido en el destacamento también. Lo habrían golpeado, le preguntaron si conocía a Luciano, el chico respondió que no y le dijeron que averiguara lo que pasó con Lu, que él iba a terminar de la misma manera. Hoy lo que hacen es presionar a todos los chicos del barrio, los quieren detener por cualquier pavada que se les ocurra, los pibes son de un barrio humilde, tienen miedo, están muy solos la gente del barrio está muy desprotegida, necesitamos protegernos mi familia y amigos que nos están acompañando, para que estos tipos no sigan manejándose con esta impunidad, tratando de meternos miedo, queremos encontrar a Luciano y ésta es la mejor manera, difundiéndolo y tratar de lo que le pasó a mi hermano no vuelva a pasar con ningún otro pibe de barrio.

 

Victoria Freire

La primer pregunta de mi intervención es ¿dónde está Luciano Arruga? Ya lleva 40 días desaparecido, sabemos que la policía está implicada, que fue golpeado y también sabemos que estuvo en esta delegación creada hace sólo un año en Lomas del Mirador.
Hay una característica de los medios, que es la misma en dictadura que en democracia que es ser selectivos y manipular la información es importante destacarlo, por el rol que nos compete a nosotros la difusión de este caso, poder difundirlo, colaborar con su comunicación.

Es un caso entre cientos de pibes y pibas de barrios humildes cuyas desapariciones no se conocen. Son casos que no toman relevancia, no son importantes para la agenda política ni para la agenda de los medios de comunicación. Estamos en un contexto de la mediatización de este reclamo por la inseguridad, de mano dura, de pena de muerte incluso que está acechándonos en las pantallas y en los diarios. Yo quería preguntarme qué es la inseguridad. Qué es la inseguridad para Luciano, que fue desaparecido por la policía, golpeado por la policía. Para Luciano la inseguridad es la policía, es el aparato represivo. Qué es la inseguridad para Marita Verón, que hace siete años está desaparecida, cuya causa ha sufrido numerosos obstáculos por el rol de la policía, con el amparo de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Qué es la inseguridad para Julio López, la inseguridad es el aparato represivo de la dictadura que sigue aún operando, que lo hizo desaparecer una vez y lo hace desaparecer de nuevo por declarar contra el genocida Etchecolatz. Qué es la inseguridad para Otoño Uriarte, se sabe a través de las escuchas telefónicas que están implicados en su desaparición para las redes de prostitución el oficial César Cayumil y el subcomisario Moisés Rodríguez. En las escuchas se habla sobre la venta, la selección de Otoño. La inseguridad para ella son las redes de trata, las redes de proxenetas que existen y que hicieron que a sus 15 años ella fuera secuestrada y asesinada. Su cuerpo apareció en una localidad del Sur, en una zanja. Qué es la inseguridad para Andrea López, la inseguridad es su pareja, Víctor Purreta, entregador, proxeneta, golpeador. Y la policía también, que no ha tomado ni una de sus denuncias antes de su desaparición para las redes de prostitución. 

 

La policía tiene el nefasto mérito de aparecer en todos los casos de desapariciones y ésta es la primera vinculación que yo quiero señalar respecto de las desapariciones de ayer y las desapariciones de hoy. Que es el aparato represivo del estado que continúa vigente y por la impunidad se mantiene vigente y se materializa en los secuestros, en los negocios, en la tortura, en la violencia y en las complicidades. Ayer ese aparato represivo del estado hacía desaparecer a los militantes sociales y políticos, a los trabajadores y trabajadoras, a los estudiantes, hoy hace desaparecer a otras personas con los mismos métodos, con el secuestro, con las violaciones, con el silencio, no es una banalidad decir que en democracia hay desaparecidos al igual que en la dictadura, el miedo y el silencio ocultan esa trágica verdad y proponen a la sociedad un autismo político y social. Entonces cómo es posible que en el país del Nunca Más y de los escraches a los genocidas esto salga a la luz y no pase nada, cómo es posible que todo esto siga sucediendo en el país de las madres y las abuelas de plaza de mayo, en el país que condenó la expropiación de bebés y pidió que sean crímenes que jamás prescriban.

Cómo es posible ligar las desapariciones políticas de la dictadura o la misma desapariciónde Julio López, con los casos de mujeres desaparecidas para las redes de prostitución o los casos de gatillo fácil. Quienes organizamos esta actividad estamos convencidos de que es posible relacionar estos casos, no sólo por el nexo que hay entre los métodos utilizados ayer y hoy. Sabemos que no es lo mismo un desaparecido político que una chica esclavizada sexualmente, pero tampoco queremos establecer una jerarquía entre todas estas vidas y desapariciones, pero si el poder y los medios de comunicaron los presentan como casos aislados, si los dispersan y los esconden debajo de las páginas sobre robos e inseguridad, nosotros queremos que salgan a luz y queremos reunirlos porque nunca los vamos a aceptar como casos aislados, estamos convencidos que deben ser una misma causa.

 

Maria del Carmen Verdú

Esta charla agrupa una serie de temas que tienen hilos en común, y por sobre todas las cosas tiene protagonistas en común: el aparato represivo del estado. Esto tiene su historia.

Para los jóvenes que por una cuestión generacional han tenido la suerte de no vivir la dictadura, a veces existe una imagen que no es casual que no es inocente sino que está perfectamente premeditada e instalada de que lo que ocurrió en la Argentina entre el 76 y el 83 fue el resultado directo de que acá había una banda de gente espantosa malísima que disfrutaba violando torturando matando secuestrando tirando gente de los aviones, sin ton ni son, y que afortunadamente se fueron en 1983 abriendo paso a la vida democrática en la que también existen el gatillo fácil, las desapariciones la tortura las detenciones arbitrarias, pero que en definitiva también son el resultado o el efecto de algunos malos funcionarios reclutados por error o por algún psicópata que quedado suelto por allí, en fin nada que no se pueda solucionar con una buena purga a fondo, y así poder disfrutar de nuestra vida en libertad y democracia. Esto es una absoluta mentira, en primer lugar porque la política represiva del terrorismo de estado de la dictadura lejos de ser la simple iniciativa de un macabro grupo de personajes que se despertaron una mañana y dijeron vamos a desaparecer 30.000 personas fue simplemente la implementación de una política concreta que era necesaria imprescindible, para poder reponer el estado de cosas garantizar la gobernabilidad por sobre todo neutralizar, aniquilar como decía aquel famoso decreto anterior del año 75, toda posibilidad real de cuestionamiento al sistema y lo cierto es que lo lograron fuimos derrotados, y pudieron asegurar su gobernabilidad y una vez garantizadas las condiciones para seguir y profundizar la explotación quedaba un solo problema pendiente, que era el tema de la legitimidad y eso tampoco fue un invento de un grupo de militares argentinos que un día dijeron bueno, basta de generales borrachos, ahora vamos a traer un señor de traje, educado, que sepa hablar frente a un micrófono, preferentemente abogado, que se recite el preámbulo de la Constitución en cada intervención pública, sino que si ustedes miran lo que pasó a lo largo de todo el continente se darán cuenta de una política sistemáticamente aplicada dirigida desde los centros de poder en ambas etapas, la instalación primero de las dictaduras y su conversión posterior a las democracias restringidas o condicionadas que tenían esa función esencial de recuperar la legitimidad de las instituciones, garantizar el consenso para así profundizar lo que las propias dictaduras no pudieron hacer.

 

En esa etapa que se llamaba la primavera alfonsinista la primavera democrática por los 80, es más o menos cuando empieza a existir la organización a la que yo pertenezco, la CORREPI, fines de los 80 cuado ya ese sueño de la democracia agonizaba, cuando ya se incrementaba la pobreza, se sucedían los distintos hechos represivos a pesar de la absoluta invisibilidad pública y ahí es cuando empezamos a prestar atención a esos titulares de diarios que solían poner sintéticamente "joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden", siempre igual, siempre en las páginas policiales, jamás en las políticas, y preferentemente de los diarios más amarillos, y que pasaba que cuando apenitas una rascaba la superficie lo único que quedaba como verdad de ese titular, era que efectivamente estábamos frente un joven morocho, pobre, habitante de alguna de las barriadas más vulnerables, oprimidas de los centros urbanos que habían sido fusilados, muertos por personal policial. En aquellas épocas no había como ahora la intervención de otras fuerzas de seguridad ni prefectura ni gendarmería participaban del patrullaje urbano como sí lo hacen desde mediados de los 90.

Lo que empezamos a tratar de entender y reflexionar en aquellos años era como vincular este tipo de hechos, donde encontrábamos una cadena de encubrimiento, armas u objetos vinculados a otros delitos plantados para desacreditar y culpabilizar a la victima, pericias fraguadas, etc., todo un armado tendiente a buscar la impunidad, que señalaba que no estábamos ante el hecho aislado, o la manzana podrida, o el loquito suelto, sino una política, y una política de estado porque quien la está implementando era el brazo armado del sistema y ahí empezamos a comprender que aquel recambio de la dictadura por la democracia de la coerción directa del terrorismo de estado por la búsqueda de consenso que incluso está documentado como línea del propio departamento de estado yanki en documentos como Santa Fe I y Santa Fe II donde se pautan los 3 ejes fundamentales a partir de de fines de los 80 y principios de los 90 acerca de la gobernabilidad democrática, por supuesto el libre comercio y la cooperación militar que son el eje central sobre el cual se apoya toda la política exterior norteamericana y se organizan las cumbre de presidentes, de ministros del interior o de seguridad, etc. 
Veíamos que esa reconversión teniendo en cuenta el nivel de confrontación que había alcanzado la lucha de clases en las décadas anteriores que se sintetiza en el titulo de este famoso libro que tanto ha dado vueltas por nuestro país, Nunca Más, nunca más que? Nunca más cuestionar el sistema, dentro del sistema democrático todo, fuera nada.

 

Y para eso lo que es necesario, cuando falla la imposición de consenso es ejercer el control social el disciplinamiento. Y cómo se logra el control social, precisamente sobre esas grandes mayorías que van a hacer paulatinamente más expoliadas, más explotadas, pues únicamente a través de la imposición de una suerte de terror social pero que no sea percibido como tal porque no hay represión más eficaz que la que no parece represión, la que parece incluso consentida por el propio oprimido.

 

Alejandra Oberti, docente de la UBA

Invito a pensar entre todos y todas qué tiene este 24 de marzo todavía de vigente. Por qué hablamos en la Argentina de hoy de la memoria del terrorismo de estado, cuando en realidad tenemos una cantidad de problemas que tienen que ver con violaciones a los Derechos Humanos que son actuales y vigentes, y pienso en violaciones ejercidas por las fuerzas represivas, pero también de violaciones a los DD. HH más elementales, como son el derecho a la vivienda, la salud, al trabajo, los problemas de pobreza y de hambre, que vivimos hoy en la Argentina. Entonces es una pregunta que no podemos evitar que surja muchas veces cuando tratamos de rememorar y pensar sobre las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el terrorismo de estado durante esos años en que la Argentina fue gobernada por una de las tantas dictaduras militares, qué nos queda de ello y por qué tenemos que seguir pensando en eso todavía hoy.

Desde una perspectiva más política y más social podríamos preguntarnos en qué medida lo que sucedió durante la dictadura en una sociedad como la argentina puede volver a suceder. Hay una frase que Marx toma de Hegel que es que "la historia se repite", hablando de determinados hechos, "una vez como tragedia y la segunda vez como comedia o como farsa". Yo quisiera tomar la idea general de esa repetición en la historia, para preguntarme con ustedes qué significa la repetición en la Historia, particularmente con esto que nos convoca, que es hablar de violaciones a los DD HH.

Yo me atrevería a decir que las violaciones a los DD HH ocurridas durante la dictadura no se repiten tal cual y ahí esta justamente esta astucia de la Historia de la cual Marx advierte con tanta agudeza y otros autores también. Tiene que ver con que la Historia no se repite del mismo modo, entonces podríamos decir o podríamos suponer que otro 24 de marzo de 1976 con las mismas consideraciones, con un golpe de estado dado del mismo modo por unos militares tomando el poder, unos centros clandestinos de detención que hacen desaparecer personas de una determinada manera, difícilmente volvieran a suceder tal cual. Sin embargo no es ésa yo creo la lección que debiéramos extraer de la memoria de la dictadura, sino precisamente la idea de que la repetición no es la repetición de lo mismo, sino que es la actualización de esa represión, de ese autoritarismo, en otras circunstancias y en otra forma de aparición social. Que cuando hablamos de la represión policial en la democracia esa represión no es lo mismo que lo que sucedió en la dictadura pero sí es una actualización de formas muy arraigadas de autoritarismo y de una cultura política que existe en la Argentina y que habilitó a que pueda suceder el 24 de marzo de 1976 y habilita entonces también que existan estos casos de represión policial.

Una de las expresiones más claras de ese autoritarismo y de esa forma de cultura política que existe en la Argentina es algo que repetimos y decimos permanentemente desde el año 84 en adelante: "El no desmantelamiento del aparato represivo", frase que de tanto repetir puede que suene a una frase vacía. Tiene su actualización día tras día, cada vez que uno de estos hechos que estamos denunciando aquí suceden. Quisiera retomar otra cuestión vinculada a lo que no se desmanteló y no se desarmó durante la dictadura y que provoca otra forma de actualización de esa cultura política autoritaria, que es el aparato judicial. Durante la dictadura no sólo hubo fuerzas represivas que actuaron provocando secuestros y tortura, el asesinato, la desaparición de militantes sociales políticos y de cualquier persona que contestase al sistema de alguna manera. No sólo hubo eso sino que hubo otros sectores sociales que hicieron el golpe, que pidieron el golpe y se comprometieron de alguna manera y hubo una parte del aparato judicial que trabajó legitimando muchas de esas prácticas, o sea, respondía habeas corpus que se presentaban de la misma forma que ahora responde los habeas corpus por los casos de violencia policial. Así como el aparato represivo no se desmanteló, esos jueces tampoco se movieron y podríamos decir que de alguna manera continúan hasta hoy. No porque esos jueces estén en funciones, muchos fueron retirados por casos de corrupción, otros se jubilaron. Sin embargo esos mismos jueces son los que formaron la camada de jueces que vinieron con posterioridad, son muchos de los jueces que están hasta ahora en ejercicio. 

Por otra parte, quienes estamos cercanas al movimiento feminista sabemos que hay problemas que son eminentemente políticos y esto tiene que ver con la posibilidad y la visibilidad de reconocer a la prostitución como un problema social de primer orden. Qué significa la explotación sexual y por qué puede existir una cosa como la que llamamos trata de personas, no podría existir la trata si no existiera la prostitución como problema, y la prostitución no es un problema personal meramente de decisión de algunas mujeres de vender su cuerpo porque no tienen trabajo o no tienen otra oportunidad, sino que es una parte absolutamente indisociable de una estructura social patriarcal, que no está separada de una estructura social de clase, porque la explotación sexual es un negocio económico de primera magnitud.

Este trasfondo patriarcal y entonces por lo tanto autoritario de esta sociedad tiene una expresión muy clara en la justicia a la hora que un juez no puede ver que existe un caso de explotación sexual. El autoritarismo, la violencia de estado, otras formas de violencia social no se repiten en la historia de la misma manera, no vuelven a suceder del mismo modo, pero sí se actualizan en la medida en que las sociedades no son capaces de pensarse a sí mismas de otro modo, de construir otras estructuras sociales y otras formas de cultura política más democráticas.

 

Fabiana Tuñez, de La Casa del Encuentro

Desde nuestra posición vamos a hablar de por qué las desapariciones de mujeres y niñas en democracia también deben ser consideradas dentro de las luchas de los Derechos Humanos. Estamos viviendo en la Argentina en una sociedad donde más de 4 millones y medio de mujeres son victimas de alguna forma de violencia, en una sociedad donde 200 mujeres han sido asesinadas por la violencia sexista, en una sociedad donde más de 600 mujeres y niñas están desaparecidas por las redes de trata para la prostitución, en una sociedad donde cientos de mujeres son violadas y abusadas a lo largo y ancho del país. Entonces cabe una pregunta básica, indispensable y urgente ¿qué pasa que la violencia hacia las mujeres no es vista ni considerada también como una cuestión política ni de DD HH? Y ahí pasan varias cosas, por un lado lo que expresaban las otras panelistas, parte de este engranaje que produce la violencia estructural del estado hacia toda la sociedad, pero en este caso en particular hacia las mujeres y las niñas. Entonces ahí también surge otro problema: qué nos pasa como sociedad que así como en el 76 que no nos metíamos, y había una parte de la sociedad que era cómplice de las atrocidades y del genocidio que produjo la dictadura militar, ahora nos está pasando exactamente lo mismo. No le damos entidad al tema de la violencia hacia las mujeres, que se expresa de diferentes formas, violencias sutiles específicas, extremas, y en este contexto la trata y la prostitución, así como los femicidios son parte de esa violencia extrema. 

Entonces por qué ligar las desapariciones como por ejemplo la de Julio López, el caso de Luciano, Marita Verón, Florencia Penacchi, Andrea López, cuál es la diferencia entre alguien que tiene una participación política, como la tiene Julio López, y una mujer desaparecida. Y hay una diferencia, que lasdesapariciones de mujeres no son de ahora, las mujeres que son victimas de la trata de personas con fines de prostitución no solamente están en el marco del sistema democrático, sino que viene desde los siglos de los siglos. Entonces ahí está el nudo del problema. Lo que decía Alejandra, el tema del patriarcado, de qué manera se consideran a las mujeres como objetos, como cosas que están al servicio de un otro, al servicio de una sociedad. Está naturalizado que a la mujer se las pueda violar, desaparecer, asesinar, tratar, porque total es una cosa. Una mujer no tiene derecho humano, o sea los DD HH para las humanas no existen en este país, no de ahora, desde hace mucho tiempo y ahora se supone en un período donde la vigencia de los Derechos Humanos debería estar, en el caso de las mujeres tampoco está como no lo está en la víctimas de gatillo fácil, en el caso de Julio López, en el caso de las atrocidades que suceden en las cárceles de nuestro país, en el hambre, en la pobreza, y en la marginación.

Nosotras, desde nuestra Asociación, tomamos el tema de las mujeres desaparecidas en democracia aquel 24 de marzo de 2007, donde estábamos pidiéndoles a los organismos de DD HH que convocaran a una movilización para este drama que vive nuestro país y no hubo respuesta, ni siquiera una gestualidad. En la organización y la lucha por apelar a la sensibilización de esta sociedad se convocó a la primera marcha el 3 de abril de 2007, cuando se cumplía el quinto aniversario de la desaparición de Marita Verón. Entonces aquí vamos a admitir otro elemento que es importante para el análisis: la trata de personas mueve anualmente en el mundo más de 32 mil millones de dólares, se lleva la vida de más de 4 millones de mujeres y niñas en el mundo. En nuestro país la trata y la prostitución existen por varios motivos, por las redes de complicidad de los poderes políticos, judiciales, policiales y de gendarmería, porque se siguen sosteniendo lavados la cara y responden a una misma estructura, la misma estructura del ordenamiento y del disciplinamiento social a través de la represión, a través de la desaparición, del asesinato y del secuestro. Pero también hay otro elemento a tomar en cuenta, que es que la trata y la prostitución existen porque socialmente hay una legitimación del consumo de cuerpos y vidas de mujeres y entonces para que exista esto existe alguien que va a un burdel que paga cinco pesos, 20 pesos 100 dólares, mil dólares. Paga por violar, por apropiarse del cuerpo de esa mujer de esa niña y hacer valer su preponderancia y su privilegio de ser un varón consumiendo el cuerpo de la vida de una mujer.

Y allí aparece otro análisis, el tema de la trata la prostitución y de la violencia "es un tema de las mujeres, no es un tema nuestro, no es un tema social, no es un tema cultural, no es un tema político". Allí estamos enfrentándonos en el hoy, a lo que vimos en la performance, donde ese cuerpo en este caso representado en la imagen de una niña, pero que no es solamente porque se consuma prostitución de menores de edad, se consume prostitución de todas las edades y de todos los estratos sociales, evidentemente los sectores más vulnerables están más expuestos al secuestro al engaño, a la desaparición, a la forma estructural que está buscando estas redes mafiosas para llevarse la vida de las mujeres.

Entonces cómo planteamos una construcción social diferente, donde se entienda que existen igualdad de derechos y oportunidades y que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Quizás la respuesta estará dada en función de cómo somos capaces varones y mujeres de deconstruir este sistema patriarcal y machista, donde se legitima la violencia y la apropiación de los cuerpos de las vidas y los deseos de las mujeres, para transformarlo en una vida y en una sociedad donde estos elementos ya no estén especificados como una cosa cotidiana en el marco de nuestras vidas. La violencia, la trata la prostitución también figura en las páginas policiales no es considerada una cuestión política por eso es que para nosotras el tema de la desaparición de mujeres y niñas como están involucrados poderes del estado también tiene que ser un delito de lesa humanidad no solamente para que no prescriba sino para darle la entidad política y de DD HH que debe tener y que necesitamos que tenga.

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"Sin testimonios no hay juicios ni condenas"
25 de agosto de 2016

En la cobertura mediática de los juicios por la verdad, la memoria y la justicia y en particular de la Megacausa La Perla, pocas veces se ha visibilizado la situación de quienes han sido indispensables para que estas instancias puedan desarrollarse y llegar a sentencias condenatorias: lxs expresxs políticxs, sobrevivientes, exdetenidxs desaparecidxs, que con sus testimonios han hecho posible la reconstrucción y asignación de responsabilidades del terrorismo de estado. 

Por RNMA/magen: Colectvo ex presos políticos y sobrevivientes Rosario

El 23 de julio pasado en Córdoba se realizó una reunión nacional del espacio de Ex Presos Políticos Autoconvocados a la que asistieron personas y organizaciones provenientes de Tucumán, Buenos Aires, Paraná, Corrientes y Chaco, Neuquén, etc., con el fin de unificar criterios y estrategias de lucha por la implementación efectiva de las leyes reparatorias en el actual contexto político y denunciar el desguace de los organismos estatales de DDHH, entre otras cosas. Horas antes, conversamos con algunxs de sus integrantes para el Enredando las Mañanas.

Descargar audio.

El espacio está conformado por ex presos y presas políticas de distintos puntos del país, que fueron nucleándose a partir de sus reclamos y de la falta de respuesta e información fidedigna por parte del estado. Bajo la consigna «Sin testimonios no hay juicios ni condenas», reivindican el protagonismo que han tenido en los juicios por la verdad y denuncian el olvido y la invisibilización de las que han sido objeto, no sólo desde el Estado, sino también de organismos de derechos humanos y de los medios de comunicación.

En relación a la efectiva implementación de las leyes reparatorias para quienes fueron víctimas del terrorismo de estado, plantean que «el gobierno actual ha frenado todas las leyes y todos los beneficios que tendríamos que haber tenido en un gobierno anterior, que por negligencia o por falta de voluntad política no se hizo. Hoy estamos reclamando exclusivamente todos los que han estado pocos días, los que han cobrado la 24.043 [ Indemnización a ex-presos políticos] y los que tenemos el beneficio de la pensión nacional».

Al respecto, desde el espacio se plantean «proyectar ya un plan concreto de movilización a nivel nacional ante la situación», «de cara al pueblo», en el que no sólo denuncien la situación en relación a estas leyes, sino también «el desguace de los organismos de DDHH». Al respecto, explican «por ejemplo, nosotros visitamos el Centro Ulloa, es el centro más importante porque ahí es donde están a cargo de trabajadores, de médicos psiquiatras, te hacen todos los estudios psicológicos sobre la situación nuestra. Y lo primero que ha hecho el gobierno de Macri es desguazarlo, a los principales representantes de ese organismo los han trasladado a hospitales que no tienen nada que ver con esta problemática. Y esta problemática de los DDHH no puede tratarla cualquier médico ni cualquier psiquiatra, tiene que tratarlo personas que estén especializadas en este tema. Por ejemplo, en el Banco Genético, al director lo despidieron, o lo trasladaron a La Plata, comentaron los compañeros de Buenos Aires, y no sabemos qué van a hacer con el Banco Genético. No sabemos. Y dentro del Banco Genético, estaba el archivo de todos los compañeros que fueron testigos de todas las causas y resulta que eso no sabemos dónde va a ir a parar».

Este desmantelamiento, sostienen, «es lo mismo que se hizo acá en Córdoba con el gobierno de Schiaretti. Nosotros teníamos un centro, en el centro teníamos ubicada la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, la trasladaron, tenemos denuncias de compañeras que estaban trabajando y han sido trasladadas a otros organismos, a un hospital o al Ministerio de Justicia de la provincia, nos denunciaron que se ha perdido documentación de compañeros que han ido a hacer el trámite de pensión, etc., que han perdido carpetas, allá donde lo han llevado, al Pablo Pizzurno, no tienen ni teléfono."

El maltrato no tiene que ver solamente con poner trabas burocráticas a los trámites de quienes ya han sido violentados innumerables veces por el Estado, también, señalan, «una de las cosas que nos dicen cuando hablamos por teléfono es que todos los expedientes se van a trasladar a la ESMA. Justamente, sobre todo los compañeros que hemos pasado por la ESMA, realmente que nos hagan volver a ir a la ESMA para hacer un trámite burocrático es algo que también es muy pesado».

El reclamo tiene un alcance importante, cuando se piensa que la última ley, 26.913 que establece el derecho a pensiones graciables para los expresos/as, alcanzaría a más de 28 mil personas, como afirman para el Enredando: «Declarados por Claudio Avruj [Secretario de DDHH de Nación] hay 26.900 expedientes que habían heredado de la administración anterior. Nosotros tenemos información de que son más de 28 mil. De todas maneras, tampoco sabemos en qué condiciones están, porque uno puede acceder a la pantalla del Ministerio de Justicia (...) donde dicen que está detenido pero no se sabe que a lo mejor le falta la copia del DNI, por ejemplo, o llenar otro formulario, no hay información acerca de porqué se retienen o se revierten los expedientes».

Fuera de micrófono manifiestan la impotencia de ver que el tiempo sigue transcurriendo y muchos de sus compañeros/as han fallecido sin poder acceder a un derecho ya reconocido. Cansadxs del manoseo y las demoras, se plantean diversas estrategias, desde la presentación de un amparo que intime al estado al cumplimiento de un trámite que en su origen se estableció como sumarísimo, «a ir a las embajadas, empezar a ir a la catedral, empezar a ir pacíficamente a exponer nuestra situación frente a esos organismos. Embajadas que han sido cómplices, como la Embajada de Francia (...) Vamos a ir al ACNUR, vamos a ir a las Naciones Unidas, a esos organismos. Porque lo que nosotros vemos es que el Ministerio y la Secretaría nos quieren meter en un combo de burocracia en la cual incluso ya el que nos recibió ahora y que nos está gestionando la entrevista con el Ministro que es el  Dr. Conte Grand que es el jefe de asesores (...) nos ha planteado que (...) lo más difícil que va a tener que comprobar son los que han estado en los campos de concentración. Es decir, ya se están planteando empezar a rebajar, a tirar compañeros. Por ejemplo, dentro los compañeros que vinieron de Entre Ríos, fueron los compañeros que estaban en la Liga Agraria que estuvieron todos prisioneros en un cuartel, y ese cuartel está dentro de la denuncia de CONADEP. Entones, todos esos compañeros que estuvieron ahí, también tienen acceso a esta ley (...) Tenemos compañeros, que eso también lo queremos denunciar y se lo vamos a decir al Ministro, tenemos compañeros en los neuropsiquiátricos, que quedaron enterrados de aquella época.».

«Lo que sí nosotros tenemos que denunciar -continúan- pero de una forma tajante es que no existe ningún tipo de información... porque nosotros no sabemos cuántas pensiones se dan. Nosotros sabemos que hasta el último gobierno llevábamos 6500 pensiones. Pero no dicho por el Estado, no dicho por el gobierno, sino dicho por compañeros trabajadores que hay dentro de estos organismos que te dicen "che, por las pantallas lo que hemos visto pasar es esto". Y nosotros ahora estamos calculando entre 8000 y 9000. Hay 28000 expedientes. Te imaginás, si todavía falta pagar...».

Otro de los frentes que proponen es vincularse con «los sindicatos, a las secretarías de DDHH. Cada sindicato tiene su secretaría, su lucha por los DDHH en el mismo gremio. Entonces la idea nuestra es que ellos también tomen nuestra lucha, porque cada uno de nosotros no nació de la Kaiser, nació de un sindicato, estuvo laburando en algún lado. Entones que tomen nuestra propuesta y que en cada marcha, estas secretarías levanten estas consignas y que se denuncie, para que se vea».

Quienes enuncian estos reclamos son, claramente, sobrevivientes del terrorismo de Estado. Pero además, son militantes sociales, políticos y sindicales que han transitado cuatro décadas de nuestra historia y cuya voz es imprescindible para la continuidad de las luchas y la memoria de nuestro pueblo. Sin embargo, explican, «muchas veces nos cuesta que nos visibilicen y esto tiene que ver con esta cosa de que somos sobrevivientes. Entonces, hasta eso nos cuesta explicar, porqué los sobrevivientes siguen luchando. Hay resquemores, incluso desde los mismos organismos hemos tenido poca respuesta. O sea, hemos ido a todos los organismos, de todos los que te puedas imaginar, no los voy a mencionar, pero no existe una propuesta concreta de reclamo de lo que estamos luchando nosotros. Y nosotros tampoco nos queremos quedar solamente con lo de las leyes reparatorias, porque tenemos mucho más para dar. Seguimos militándola como la hemos militado en los 70». Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12689

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“Preso o libre seré uno más en la confrontación dialéctica Mapuche vs Capitalismo”
25 de agosto de 2016

A una semana de que se realice la audiencia pública por el juicio de extradición que demanda la justicia chilena, el Lonko Weichafe Facundo Jones Huala dio a conocer un extenso documento en el que analiza no sólo su detención sino el contexto político social en que se producen procesamientos y persecución a integrantes de los Pueblos Originarios en ambos lados de la Cordillera. 

 

Por RedEco

 

En el documento, el Lonko Wichafe, Facundo Jones Huala reivindica la rebelión como un claro derecho frente a regímenes tiránicos y con las comunidades sometidas a vivir en la pobreza, marginación y vulneración de derechos básicos y denuncia la falta de diálogo para encontrar una solución política a los conflictos que afrontan los Pueblos Originarios.

“No tememos a la cárcel, ni a la muerte, no debemos someternos más. Los autores intelectuales de nuestra lucha de liberación son nuestros antepasados, dignos Weichafes que en resistencia combatieron, transmitiendo su Rakizuam (pensamientos) y su Nguneu (voluntad) hasta hoy. Los tribunales colonialistas carecen de moral y legitimidad para nosotros, solo justifican con tecnicismos inventados por ellos mismos, basados en la lógica del derecho imperial romano, su represión y brutalidad occidental judeo-cristiana capitalista. Si las leyes las escribieron los ricos (terratenientes, empresarios, etc) descendientes de la europea genocida, no podemos esperar más que el resguardo de sus privilegios”, sostiene Jones Huala que está detenido desde el pasado 27 de mayo cuando se produjo un violento allanamiento en el territorio recuperado en Vuelta del Río, a pocos kilómetros de El Maitén.

Desde la Unidad Nº 14 del Servicio Penitenciario Federal, el líder indígena denuncia que “hasta hoy se han negado al diálogo serio y han respondido con cárcel y plomo, ante nuestros planteos políticos, tratándonos de delincuentes y terroristas frente al resto de la sociedad. Inventando perfiles en la prensa burguesa, cuando el verdadero terrorismo proviene del Estado y de las empresas, incluyendo gatillo fácil y abuso sexual de la policía, que ni siquiera es cuestionado. Entonces ¿qué podemos esperar de la democracia?, sistema de origen griego, quienes tenían "ciudadanos" y "esclavos"; ¿más cuando es burguesa? Así todo, lamentablemente, la democracia es lo menos inhumano, creado por los occidentales que nos han dominado para someternos a su régimen de explotación racial y de clase”.

Si bien la justicia provincial terminó morigerando la medida cautelar dictando la prisión domiciliaria, la justicia federal negó finalizar con la prisión preventiva hasta tanto se sustancia el juicio por extradición que se realizará el próximo 31 de agosto en Gendarmería Nacional. “Pretenden usarme como escarmiento ejemplificador para el Pueblo Mapuche conciente, pero no nos doblegarán. Soy un comunero más que la historia y el Pueblo han llevado a este contexto, para amplificar esa voz que no será silenciada por barrotes ni percutores bélicos de ningún tirano”, agrega Jones Huala y proclama: “soy una Autoridad Mapuche, un weichafe, soy un Revolucionario que reivindica el accionar de su pueblo en la búsqueda de su Liberación”.

En el documento escrito y divulgado desde la prisión, el referente mapuche se pronuncia por la negativa respecto de la extradición y aclara: “pero si me extraditan sepan bien que preso o libre seguiré siendo uno más en la confrontación dialéctica Mapuche/Capitalismo, otro agitador social, militante, subversivo alterador del orden político”.

Francisco Facundo Jones Huala, Lonko Weichafe, Preso Político Mapuche, Pabellon Nº 5 Unidad 14 del Servicio Penitenciario, Esquel Warria. tel; (0054) 02945-456396

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12685

 

Apreciemos propuestas desde quienes resisten enfocando el imperativo de cambiar radicalmente el modo capitalista de producción y desarrollo.

 

 

Argentina_ Neuquén: Encuentro de asambleas, comunidades y

activistas en lucha contra el extractivismo

24 de agosto de 2016

Las Asambleas Fuera Basureros Petroleros, y Centenario Libre de Fracking invitan al Encuentro de Asambleas y Activistas Contra el Extractivismo a realizarse el día 27 de agosto en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue, Neuquén Capital.

A los compañeros que se organizan, resisten y luchan desde diferentes espacios políticos, a las asambleas populares, a las comunidades, a la sociedad toda:

Los convocamos a participar del Encuentro de Asambleas, Comunidades y Activistas en Lucha contra el Extractivismo.

A 3 años de la firma del pacto YPF-CHEVRON, garantizado por el entonces gobierno nacional kirchnerista, los diputados del MPN y del resto de los partidos patronales, con el objetivo de profundizar la entrega, habilitando la usurpación y el despojo de comunidades mapuches, el saqueo de los bienes comunes del territorio y la contaminación. A 3 años de haber afirmado que no habría progreso para lxs de abajo, sino todo lo contrario. Para nosotrxs solo contaminación, enfermedad, pobreza y muerte. Para los de arriba, empresarios y gobierno, el lucro millonario y las garantías legales para saquearlo todo. Hoy, el actual gobierno del cambio, sostiene que Argentina tiene que “volver al mundo” y dirige su política económica a beneficiar aún más a grandes empresas trasnacionales, a costa del ajuste de la clase trabajadora.

En este marco, proponemos encontrarnos, compartirnos las luchas que venimos construyendo en distintos territorios, reconocernos compañeros y hermanos que no estamos solos resistiendo contra el imperialismo extractivista, contra el capitalismo/patriarcado colonizador y racista.

Proponemos un hecho político, que repudie a los responsables, que nos interpele como sociedad, que nos permita coordinar y unificar luchas, desde la solidaridad activa de nuestras identidades combativas, para seguir en este camino con el newen de un mismo puño que brota urgente desde lo más profundo de la tierra, de los cerros, de los ríos y los bosques.

  • Porque nunca compramos la idea de desarrollo que pretendieron vendernos los gobiernos y las empresas trasnacionales. Porque sabemos que las rutas del petróleo, de la minería y de la soja, también son las rutas de la trata con fines de explotación sexual. Porque las masculinidades que se producen en este sistema, generan la violencia machista que nos abusa, golpea y mata. Porque la tierra es apropiada y violentada de la misma manera que nuestros cuerpos.

  • Porque con nuestros cuerpos resistimos en la calle, la feroz represión de aquel 28 de Agosto del 2013. Porque asumimos el compromiso de defender los cerros, los ríos, los bosques y las semillas. Porque continuamos denunciando la política de muerte del MPN, que desde hace más de 50 años detenta el poder del Estado neuquino, en base al clientelismo que se sostiene sumiendo a gran parte de la población en la miseria, persiguiendo, reprimiendo, criminalizando y judicializando a los que luchamos, con la policía matando a los pibes en los barrios, expulsándonos a los márgenes de la ciudad sin acceso a los servicios básicos, condenándonos a respirar el humo tóxico de los basureros petroleros donde se queman los residuos de la hidrofractura y a beber de los ríos contaminados con hidrocarburos. Porque queremos que la tortilla se de vuelta.

  • Porque continuamos la lucha de nuestra lamngen Cristina Lincopan, que entregó su vida defendiendo el territorio de la voracidad capitalista, machista y racista de las petroleras y los gobiernos. Porque continuamos la lucha de Berta Cáceres, asesinada por defender el río de las represas, quien convencida nos contó que vamos a vencer, porque el Río Gualcarque se lo dijo. Porque en este rincón de la Patagonia, las Madres de Plaza de Mayo Filial Alto Valle no claudicaron la lucha de los 30.000, y nos enseñaron a no dar ni un paso atrás! Por nuestros hijos. Por la vida digna. Los esperamos!

Organizan y convocan: Asamblea Fuera Basureros Petroleros y Asamblea Centenario Libre de Fracking.

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2016/08/24/argentina_-neuquen-encuentro-de-asambleas-comunidades-y-activistas-en-lucha-contra-el-extractivismo/

 

 

Nos orientan, desde Chile, en "el andar incesante de las comunidades" y en intentar "responder a la necesidad de crear un imaginario del cual sentirnos parte y por el cual poder luchar día a día".

 

 

Democracia, liberación, autogobierno: Apuntes para el renacer político de los pueblos
3 de septiembre de 2016

Por Sebastián Henríquez (Rebelión)

El we tripantu, en la cosmovisión mapuche, es la renovación de las energías vivas en la naturaleza, lo cual significa, para nosotros y nosotras, un nuevo comienzo en el andar incesante de las comunidades, quienes están en constante relación con las otras fuerzas que existen en el mundo, vinculados como entes únicos, independientes, pero también fuertemente ligados en su actuar y destino con otras expresiones de vida en el tiempo. Es un momento de transformación, de renacimiento, de revolución. Luego de la noche más larga, habrá una nueva salida del sol.

El actual momento que vive la sociedad chilena en este punto de su historia invita a la reflexión profunda y sincera respecto a qué somos y, por tanto, qué queremos. En ese proceso, intentamos responder a la necesidad de crear un imaginario del cual sentirnos parte y por el cual poder luchar día a día, enfrentándonos a esta realidad que nos es tan ajena y parece asfixiarnos si es que no aceptamos el individualismo, la ansiedad y la angustia social a la que nos ata con la dependencia a la tecnología y el culto al dinero como verdades absolutas que justifican, rentabilizando cada una de nuestras acciones (desde amar o sentir hasta trabajar o educarnos), la violencia y la explotación.

Indiferentes aún a lo señalado, las culturas ancestrales desarrollaron un concepto de vida reflexionando de manera concreta sobre la realidad en la cual existían, es decir, fue su retroalimentación con el medio natural y social lo que les permitió construir su organización social y una cosmovisión que la sustentara en el plano de las ideas. No es, como pretenden muchos científicos y filósofos, un plano anterior en el desarrollo y evolución del intelecto humano, y no existe, por tanto, una relación temporal entre su cultura y la nuestra, por lo que, en definitiva, no es posible establecer una relación de superioridad entre una y otra. Lo que sí existe es una diferencia clara en el proceso de construcción del individuo enmarcado en la realidad de la que forma parte, lo que tiene su expresión política, religiosa, económica, ecológica y social, lo que va desde la conformación de familias y comunidades hasta la extracción de recursos o las formas de gobierno, educación y salud, por poner ejemplos.

La dominación, en su actual etapa capitalista, interrumpe los nexos entre el sujeto, la colectividad y el medio en el cual desenvuelve su vida, impidiendo de esa manera la reflexión y resolución consciente de las personas y los pueblos, estableciendo con ello, de manera violenta, una forma de existencia en base a patrones e ideas que resulten más convenientes a quienes detentan el poder en sus manos para su privilegio. Esto explica, por ejemplo, los programas educativos con parámetros uniformes y mercantilizados en las escuelas o universidades, la elección de métodos de salud y prevención occidentales por sobre los conocimientos ancestrales, la extracción indiscriminada de recursos naturales y la consecuente destrucción del medio ambiente, o la comercialización del arte como producto y no como expresión espontánea y sincera de un sentir.

En este contexto de imposición, la democracia debe plantearse como el prisma sobre el que construir una alternativa. Ello se refiere a cómo levantamos en conjunto espacios donde las personas puedan desarrollar de manera colectiva las formas y maneras de crear, apoyar y fomentar procesos amplios de reflexión permanente sobre nuestra realidad, de manera tal de dotarse las comunidades y el pueblo de las armas ideológicas y materiales para re-construir nuestras vidas según las propias necesidades, anhelos y esperanzas, abandonando el mercado como espacio válido de decisión política, permitiendo la apertura de los espacios a todas y todos, independiente de cuan lleno de dinero esté sus bolsillos o sus manos. La democratización de nuestras comunidades implica verdaderas oportunidades para cada una de las personas, un modo de vida en que nadie quede excluido y en el que todas y todos podamos empoderar nuestra existencia, permitiendo un desarrollo colectivo igualitario, solidario y consciente, tanto entre nosotros y nosotras, como con la naturaleza, sea en nuestras familias, sea en un sindicato, una junta de vecinos, una comunidad indígena o un centro de estudiantes, todos los espacios deben re-estructurarse sobre la base de la democracia real para los pueblos.

Para ello, la liberación debe ser el mayor anhelo que nos guíe. De manera individual o colectiva, es necesario romper tajantemente con las ideas dominantes que hoy propugnan la explotación y la violencia como eje sobre el cual realizar nuestras vidas. Sin esto, la democracia carece de sentido y no sería más que otra forma de organización política de los espacios comunes.

 Por ello, es importante re-conocernos como individuos, valorizar la pequeña existencia que significa nuestro actuar o sentir y entender la existencia de la misma complejidad en quienes nos relacionamos, quebrando de forma concreta el individualismo que se expresa en incluso quienes creen, a partir de su propia reflexión, tener las respuestas correctas. Urge ser sobre todo empáticos y solidarios, caminar en conjunto y nunca pretender imponer nuestras ideas, por más justas y necesarias que las creamos. Avanzamos todas y todos, no hay forma más correcta de hacerlo. Nuestra construcción es desde la sinceridad del sentimiento por una mejor existencia para todas y todos, jamás deberá haber espacio para la disputa y la intransigencia, salvo contra quienes oprimen y reprimen nuestra libertad. En esto, la liberación de la mujer y el fin del patriarcado deben ser objetivos primeros.

Dichas ideas de democracia y liberación nos llevan, especialmente en lo colectivo, a reivindicar el autogobierno como forma de organizar nuestras comunidades. Son los pueblos, conformados por personas libres, iguales y con sentido democrático, los llamados a responder las decisiones que como sociedad debamos tomar en nuestro presente y para nuestro futuro. Cómo crecen las localidades, cómo se educa a los niños y niñas, cómo se provee económicamente para la subsistencia, son algunas de las cuestiones en que es urgente plantear una alternativa real al actual sistema injusto, desigual y violento que nos gobierna. Las luchas estudiantiles, las problemáticas territoriales en el sur, la lucha de los pueblos originarios, las organizaciones de trabajadores, son ejemplo de apuestas de conflicto parcial que se hace necesario retroalimentar con otras fuerzas vivas y con los pueblos que aún despiertan del yugo bajo el que se les ha dormido. Unir esfuerzos, solidarizar, emprender la larga tarea de educar y organizar para sacar a puño y fuego a ladrones, avaros y corruptos.

Sebastián Henríquez, Movimiento Capucha de Lana - Quellón, Chiloé, Chile

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216198