Qué Economía

Septiembre 2016

Con organización desde abajo y a la izquierda.

 

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Dilucidemos cómo los llamados gobiernos progresistas han contribuido al desarrollo del sistema mundo capitalista a expensas de consolidar el empobrecimiento y sometimiento de nuestros países. Reflexionemos sobre:

 

Neoextractivismo

·                                  

Por Inés Carrasco y Jokin Del Hoy Arce

El concepto, a debate

El grado de continuidad y ruptura entre extractivismo y neoextractivismo alimenta una polémica que trata de dilucidar no sólo la importancia de sus semejanzas y diferencias, sino en qué medida se han producido novedades significativas en las políticas económicas adoptadas por los países del Sur en los que han emergido gobiernos calificados, en diferente medida, como de “izquierdas” y/o “progresistas”: Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay.

Principales críticas

Sociedad vs. mercado

Mientras algunos análisis perciben en el papel protagónico que el Estado adquiere en el neoextractivismo un avance de las sociedades frente al mercado, las perspectivas más críticas señalan un proceso inverso en el que las sociedades del Sur se verían afectadas profundamente por las prácticas que despliegan las estrategias extractivas.

Un ejemplo lo constituirían las nuevas características de los instrumentos estatales, particularmente de las empresas públicas que han pasado a participar en el proceso productivo. Aquellas se regirían cada vez más en función de criterios mercantiles, una tendencia que se agudizaría cuando esas empresas pasan a operar en otros países. En estos casos, se podrían hablar de “transnacionalización” de las empresas públicas, refiriéndose con ello no sólo a una actividad exterior a sus fronteras, sino a un conjunto de prácticas cuyo fin principal es la maximización de ganancias. Un ejemplo se apreciaría en la actividad de Petrobrás —empresa semipública brasileña— en Bolivia. Estas tendencias, junto a la ya mencionada competencia entre países por acceder a inversiones y mercados, reforzarían una institucionalidad internacional basada en relaciones de dominio y subordinación.

Por otra parte, el nuevo papel del Estado y las iniciativas sociales impulsadas han logrado ciertas mejoras que han contribuido al encauzamiento de las luchas históricas por la ampliación y el ejercicio de derechos, pero sin abordar de forma estructural las problemáticas de empobrecimiento y ausencia de desarrollo. Esto estaría abriendo el camino, en países como Ecuador y Bolivia, a un nuevo ciclo de tensión política caracterizado por la división de los movimientos sociales.

Asimismo, los propios procesos de recuperación de saberes iniciados y mantenidos por las comunidades de base se verían afectados por la pedagogía desplegada por el neoextractivismo, cuyas coordenadas filosóficas, basadas en la producción y consumo continuado de bienes materiales, formarían parte del núcleo de la modernidad occidental. Se impondría así la máxima que iguala desarrollo a crecimiento económico, y otras concepciones alternativas —como el sumak kawsay (“buen vivir”), recogido en la constitución ecuatoriana de 2008, o el suma qamaña (“vivir bien en armonía”), reflejado en la constitución boliviana de 2009— quedarían relegadas al papel.

Fuente: http://omal.info/spip.php?article4847

 

 

Destapemos la falacia de la justificación de gobiernos progresistas para promover los extractivismos porque:

 

 

Los extractivismos no son rentables
5 de agosto de 2016

Entrevista realizada por Red Muqui (Perú), 3 agosto 2016.

enlace a video: https://youtu.be/zDZui6bAsgw

 

“Hacen falta indicadores económicos reales para saber que los extractivismos no son rentables”

Eduardo Gudynas, secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), remarcó que en ningún país de América Latina se muestran los verdaderos indicadores económicos que incorpora el costo de los daños ambientales y sociales de las actividades extractivas. Es por ello, que la explotación minera y petrolera siempre se presentan “rentables económicamente” y se afianza la dependencia al extractivismo, afirmó en entrevista con Red Muqui (Perú).

“Los indicadores no reflejan la realidad, y al final las comunidades y sus municipios locales, terminan pagando los daños y los impactos generados por las empresas. (…) nadie les hace restar (a los gobiernos) lo que en verdad se debe gastar para recuperar aguas y suelos contaminados, así como la pérdida de la salud humana”, indicó.

Gudynas aseguró que una eventual estabilización en el precio de los metales, no garantiza que la economía de un país reduzca su dependencia al extractivismo. Por el contrario.

“Los extractivismos en el sector minero son adictivos. Entonces cuando una estrategia de desarrollo (en un país) se vuelve más dependiente de tener ingresos a partir de las materias primas de tipo mineral, igual se genera que en los periodos de altos precios (de los metales) se reduzca la diversificación productiva”, puntualizó.

El representante de CLAES, añadió que el panorama en todo el continente es similar en cuanto a la dependencia al extractivismo y sus impactos territoriales que impiden desarrollos alternos como el sector agropecuario. De igual modo reiteró que la caída de los precios continúa “abriendo” áreas protegidas y territorios indígenas a la exploración y a la explotación. De esta manera, estimó, esto seguirá desembocando en mayores impactos ambientales que alimentan las resistencias sociales, que se refuerzan con la flexibilización de normas y controles ambientales con el fin de exigir menos a las empresas extractivas.
http://ambiental.net/2016/08/hacen-falta-indicadores-economicos-reales-para-saber-que-los-extractivismos-no-son-rentables/
Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2016/08/05/los-extractivismos-no-son-rentables

 

 

Constatemos porqué es hora de acabar con el presidencialismo y la delegación en líderes. Aun cuando Evo aparece como el más de izquierdaa título de defender la ‘autoridad’ y la majestad del poder, nunca ha querido escuchar a los sectores sociales movilizados. Más bien ha optado por reprimirlos violentamente y, sobre todo a buscar la división, la deserción y las pugnas internas entre los movilizados”. Reparemos que, a excepción de Venezuela, el carácter antipopular de los gobiernos progresistas se manifestó no sólo en ir contra la potencial social de cambios radicales de los movimientos de diversos de abajo que les dieron origen (los últimos fueron quiénes hicieron a la etapa postneoliberal de Nuestra América) sino también los gobiernos progresistas posibilitaron integraciones continentales a favor del mercado global o de imperialismos y esto es patente en su papel fundamental para la Minustah. ¿Por qué Evo Morales y Álvaro García Linera desde la izquierda llegaron a identificarse con el kirchnerismo cuya columna vertebral era el derechista Partido Justicialista? Hallamos una probable respuesta en:

 

 

La construcción del poder en vez del estado

31 de agosto de 2016

 

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

 

Existen, sin lugar a dudas, múltiples razones para explicar, entender y analizar la muerte y asesinato de los mineros cooperativistas y el viceministro Illanes, que seguramente todos hemos hecho, por la enorme gravedad, daño y dolor que nos provocan.

Sin embargo, quisiera llamar la atención sobre una que eventualmente no ha sido mencionada. Se trata de esa compulsiva actitud y práctica gubernamental en la que ha caído este régimen (especialmente desde el año 2009 cuando las conveniencias de la coyuntura lo llevaron tan tempranamente a negociar, “transar” e incluir modificaciones en el Parlamento que no tenía por qué, ni debía hacerlo, a la Constitución emanada de la Asamblea Constituyente), y que tiene que ver con la decisión de conservar el poder “a como dé lugar” y “cueste lo que cueste”.

Es decir, priorizar la reproducción del poder y la conservación del gobierno, como la estrategia fundamental de sus acciones; muy por encima, al margen, e inclusive traicionando su obligación y responsabilidad de construir un nuevo Estado, tal como se había establecido como mandato popular y Constitucional.

Muy atrás quedó la esperanza, la expectativa y, principalmente, las tareas de transformación y cambio de la sociedad, la economía y el Estado, porque sencillamente se interpuso el afán y la codicia por mantenerse (mejor si indefinidamente), en el gobierno y el poder.

Por eso se entiende esa actitud arrogante, autoritaria, totalmente confrontacional que, a título de defender la ‘autoridad’ y la majestad del poder, nunca ha querido escuchar a los sectores sociales movilizados. Más bien ha optado por reprimirlos violentamente y, sobre todo (a través de la violencia utilizada, el cansancio y los largos periodos de NO escuchar demandas), buscar la división, la deserción y las pugnas internas entre los movilizados, con tal de desatender u ofrecer “acuerdos” y salidas a su conveniencia, independientemente del costo, el sacrificio y hasta los heridos y muertos que (como en el caso de los cooperativistas), se han multiplicado hasta superar los muchos sucedidos en épocas neoliberales y reaccionarias.

 

Y así como se ha querido cambiar la Constitución para favorecer la rereeeeelección del Presidente y Vicepresidente, con tal de conservar el poder a como dé lugar e indefinidamente si es posible; así también se ha encontrado esta forma de atender y resolver los conflictos sociales y las movilizaciones. Como de lo que se trata es de preservar, proteger y mantener el gobierno y el poder, la importancia fundamental de construir un Estado diferente, que corresponda mínimamente a una democracia respetuosa de la diferencia, la disidencia, la oposición y el pensamiento libres, se convierte en un sueño combatido y violentamente reprimido por el régimen. Las libertades no importan, estorban; y por eso se las “atiende” reprimiéndolas, como se lo ha hecho una y otra vez.

 

Aunado a ello y encaprichados en detentar autoridad y poder, también pierden (o no tienen, o no quieren tener), la más elemental capacidad autocrítica que permita ver los conflictos y problemas de una manera clara. Por eso son incapaces de explicar y analizar razonable y objetivamente los acontecimientos, y prefieren encontrar culpables (no soluciones y mucho menos causas). Esos culpables generalmente son resultado de una imaginación que ni siquiera es elementalmente básica o suficientemente rica, porque invariablemente termina por identificar a una supuesta derecha, el imperialismo u otros fantasmas, como los responsables de tan duros, dramáticos y violentos acontecimientos, con sus graves consecuencias que se suceden periódicamente en el país. Si no, basta ver lo sucedido con la movilización de los discapacitados que se produjo no hace mucho tiempo; ni qué decir con Takovo Mora, Chaparina por el conflicto del TIPNIS, Caranavi, etc.

 

Este legado de violencia y represión como respuesta a las movilizaciones sociales (que a posteriori inclusive implican su penalización y judialización como otro castigo); si bien circunstancial y temporalmente pueden “reforzar” su sensación y falso convencimiento de que conservan y protegen su “autoridad” y gobierno, o persuadirlos de que lo mantienen fuerte; sin embargo, es claro que se traducirá en un boomerang reforzado por su incapacidad autocrítica y el desprecio con el que tratan los acontecimientos y la percepción ciudadana.

Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216137

 

En consecuencia, los de abajo y a la izquierda de Argentina, requerimos dejar de confiar en la unidad de acción y percibir que son tiempos de hacer posible lo imposible. Enfoquemos los cambios radicales desde la potencia social que ha ido madurando pese al bloqueo kirchnerista. Atendamos: “No podemos entender América Latina sin la comprensión de lo que realmente sucede en los países andinos, como Ecuador y Bolivia, autodenominados progresistas, y una Colombia catalogada abiertamente neoliberal. Debatir estas realidades y el papel de los movimientos sociales de izquierda contribuye en la conformación de un horizonte emancipatorio”.

 

Problemáticas comunes

Ecuador, Bolivia y Colombia: Perspectivas ''postneoliberales'' y neoliberal

31 de agosto de 2016

 

Por OCARU

La intervención de Esteban Daza abrió el panel: Políticas estatales de tierras y territorios en Ecuador, Colombia y Bolivia: estudios críticos desde una perspectiva histórica y comparativa. Daza sostuvo que no se puede entender América Latina sin la comprensión de lo que realmente sucede en los países andinos, como Ecuador y Bolivia, autodenominados progresistas, y una Colombia catalogada abiertamente neoliberal. Debatir estas realidades y el papel de los movimientos sociales de izquierda contribuye en la conformación de un horizonte emancipatorio.

Daza describió la línea de tiempo de las relaciones entre el Estado y las organizaciones indígenas y campesinas en el marco de la disputa por lo agrario en los últimos 10 años. La Constitución recoge elementos centrales como la Soberanía Alimentaria y la redistribución de tierras; sin embargo, la aplicación de estos mandatos ya en territorios y, a través de las normativas como tierra y recursos hídricos, han sido causa del conflicto.

El pacto minero-energético, la sustitución de importaciones y la apuesta por el sector agroindustrial han sido las políticas públicas que se han concretizado en los últimos años sobre los territorios indígenas y de campesinos; cada uno de estos proyectos atenta contra la autonomía y los territorios de quienes los habitan.

El pago de la deuda agraria es el ejemplo práctico de la apuesta del presente régimen: tanto la Ley de Recursos Hídricos como la Ley de Tierras parten del principio de la productividad. La productividad entendida como la solución a los problemas de los agricultores; sin embargo, esto desplaza la denuncia por el acceso a la tierra a un reclamo pasado de moda: "repartir tierra en la actualidad es repartir pobreza", eso nos dicen las autoridades públicas.

Para finalizar, Esteban Daza manifestó que en los últimos dos años, el descontento y la pérdida del miedo a manifestarse en las calles dan otro matiz a la lucha por el campo en el Ecuador. Se acaban de reunir organizaciones indígenas, campesinas, obreros y estudiantes para debatir y proponer el Acuerdo Agrario Nacional que busca generar espacios de articulación con quienes luchan por la Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria.

La siguiente exposición se llevó a cabo por Nataly Torres, quien manifiestó que el derecho humano a la alimentación está siendo golpeado en el Ecuador. Debatir y pelear por la alimentación es luchar por la tierra y el territorio. Manifestó que, así como en Colombia la desigualdad en la tenencia de la tierra es alta, en el Ecuador este problema es similar. Desde hace más de 50 años esta realidad no ha cambiado; lo mismo que pasa con la tierra pasa con el acceso al agua.

Las políticas públicas planificadas y ejecutadas por el régimen han sido muy ambiciosas y poco prácticas, el denominado Plan Tierras que prometió entregar más de dos millones de hectáreas a campesinos no logra cubrir ni el 2% de lo prometido. En su defecto, esta política ha traído muchos problemas a los campesinos que han comprado la tierra a precio comercial, pues ésta ha sido no sólo una política ineficiente sino incompleta, pues entregar crédito y asesoramiento a los campesinos "beneficiarios" nunca se llevó a cabo.

La siguiente participación por Ecuador fue a manos de Carlos Carpio, dirigente de ASOMAC, quien relató cómo ha operado la política de tierra en el Ecuador. El dirigente mencionó que antes que apareciera el Plan Tierras, ellos habían peleado por la posesión de 675 hectáreas de tierra de una hacienda abandonada. Una vez que ellos tomaron la hacienda y la pusieron a trabajar, siempre existió la posibilidad de que se la quitaran ya que dependía de cada gobierno de turno. Sin embargo, cuando escucharon y conocieron de la posibilidad de obtener las escrituras de la tierra por la que habían luchado muchos años atrás, decidieron entrar a ser parte de la propuesta del Plan Tierras.

Este ha sido un gran error ya que por buscar la seguridad jurídica cayeron en un entrampamiento burocrático. En 2009, les entregaron las garantías de posesión. Dos años después, parte de su hacienda fue entregada a otra asociación de campesinos, lo cual ha causado varios problemas para aquellos que ya vivían y trabajaban allí, pues fueron desalojados, se perdieron cosechas e infraestructura productiva. Actualmente, están tomando acciones legales y planificando un reajuste en la entrega de tierras entre socios.

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El bloque de discusión sobre Bolivia, tuvo la participación de Ruth Bautista del IPDRS. Ella destacó que el horizonte de la lucha de los movimientos indígenas se construye a través de la autodeterminación por medio de la resistencia; para lo cual, mostró las líneas de tiempo que han permitido a los movimientos sociales construir su propuesta de estado postcolonial.

Ruth destacó que el papel de los gobiernos indígenas en Bolivia son necesariamente territoriales, el conocimiento que tienen de su espacio permite una administración del territorio más cercana a la realidad. Finalmente, mostró la importancia de la lucha actual por la tierra y el territorio en América Latina y destaca la propuesta que tienen los campesinos para defender sus territorios.

El bloque de debates de Colombia articuló la propuesta de Jhon Jairo Cerna, de la Universidad Católica de Antioquia, Fernanda de Agrodescendientes y Diego del Colectivo Abya Yala. Las intervenciones dieron cuenta que no existe en el campo colombiano un relevo generacional. No se trata que el hijo de campesinos sea sólo campesino ya que este aspecto debería ser modificado por la estrategia de volver al campo por parte de aquellos que migran por la falta de oportunidades, y este volverá con una serie de nuevos conocimientos que fortalecerán al campo.

Otro de los debates que se dieron desde Colombia fue la importancia de los diálogos de Paz para los sectores campesinos, pues la paz toma matices en los territorios y no debe pasar desapercibido. Por ejemplo, aquellos campesinos que fueron desplazados por el conflicto desean que se les devuelva la paz que tuvieron.

De la misma manera, las organizaciones del campo dieron cuenta que la paz puede traer otras consecuencias si no es construida desde los territorios, pues la propuesta de desarrollo rural podría, sin un diálogo de saberes, generar una serie de nuevos desplazados por el desarrollo.

La última intervención a cargo de agrodescendientes, retomó las dos discusiones anteriores y mostró que la propuesta organizativa autónoma y diversa puede pensar y accionar un sector agrario diferente, la resistencia y la permanente lucha que le apuesta a la agricultura campesina y a la alianza entre el campo y la ciudad genera una serie de solidaridades entre los verdaderos actores del campo.

http://ocaru.org.ec/index.php/comunicamos/noticias/item/6946-problematicas-comunes-ecuador-bolivia-y-colombia-perspectivas-postneoliberales-y-neoliberal

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216119

 

 

Estamos en tiempos de maximización de la lucha de clases por la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales que cree haber alcanzado la impunidad indispensable gracias a la gran expansión extractivista por gestión progresista. Esta ha inducido en la mayoría de nosotros, los de abajo, una creencia en la vida y dignidad humana dentro del capitalismo. En dicho sentido común son esenciales los conceptos de progreso, bienestar social y de subsidios e inversiones como imprescindibles para la existencia de los dos primeros. Según esta ideología dominante hay una mirada mayoritaria que explica la causa de haber enaltecido a los gobiernos izquierdistas (de Evo Morales y Rafael Correa) en vez de a los pueblos indígenas que los establecieron en el presidencialismo. Implica racismo-colonialidad de pensamiento que, además, hace a la indiferencia tanto frente a la usurpación y ocupación de territorios indígenas por los extractivismos como frente a  la propuesta anticapitalista de buenos vivires desde los pueblos indígenas andinos. Cabe, entonces, si queremos poner fin a la actual desterritorialización y reterritorialización de Argentina por la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales tener en cuenta a: “Nos llama a la reflexión la falta de indignación y de acción ante el negacionismo del genocidio indígena, pareciera que cuesta mirar más allá de la propia clase social”.

 


 

Repudios del pueblo mapuche a un editorial de La Nacion procampaña del desierto

Una defensa del aniquilamiento

31 de agosto de 2016

Por Darío Aranda (Página/12)

Un editorial del diario La Nación salió en defensa de la Campaña del Desierto. Y sostuvo que “ningún pueblo es originario”. Fuertes repudios del pueblo mapuche, organismos de DD.HH., y trabajadores del propio diario de los Mitre.

Primero fue un editorial que llamaba “guerra sucia” a la dictadura y pedía “terminar con las mentiras sobre los años 70”. En la misma línea, el diario La Nación apunta a los pueblos originarios, reivindica la figura de Julio A. Roca, celebra la avanzada militar sobre las comunidades indígenas y hasta relativiza a las culturas ancestrales y sus derechos. Originó repudios del pueblo mapuche, académicos y de la Asociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI). “Nuevamente La Nación carga contra los pueblos originarios. Manipula la realidad y miente”, afirmó la Confederación Mapuche de Neuquén.

“No más venganza”, fue el título del editorial del diario La Nación en noviembre pasado. Recurrió al concepto de “guerra” (y no de terrorismo de Estado) y calificó a la cárcel común para los genocidas como “vergonzoso padecimiento de condenados”. Provocó repudios de todos los organismos de derechos humanos, múltiples sectores políticos y de los propios trabajadores del diario.

El domingo 21 de agosto fue en el mismo sentido. “En aquella mañana fría del 25 de mayo de 1879, cuando se celebraba la misa de campaña en Choele Choel, frente al río Negro, el joven general Julio A. Roca no hubiese podido imaginar que ese emocionante tedeum, muchos años después, iba a ser interpretado como la culminación de una campaña genocida para exterminar a los pueblos originarios de la Patagonia”, comienza el editorial titulado “la utilización populista de los pueblos originarios”.

Define a la Campaña del Desierto como “un conflicto de culturas” y la defiende: “Es perverso intentar una condena moral”. También señala que “ningún pueblo es realmente originario”. Afirma que El Calafate, YPF, Vaca Muerta y las Malvinas “son todos íconos de la argentinidad gracias al general Roca”. Y reivindica a los ejecutores de la campaña militar: “Quienes expandieron la cultura occidental por el territorio de la patria sembraron las semillas de un valor esencial que no existía en América y que difícilmente hubiera florecido si aquella misa matutina: el respeto por la dignidad individual, plasmado en la concepción moderna de los derechos humanos”.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, respondió: “No resulta llamativo que el diario de los Mitre reivindique a Roca. Es el mismo medio que intenta disimular el genocidio de Videla y de la misma manera intenta ocultar ese primer terrorismo de estado, donde Roca instituyó campos de concentración, mató poblaciones enteras, saqueó, realizó traslados forzados de población, entre ella numerosos niños. Es un posicionamiento político sin ningún fundamento histórico”.

El vocero indígena recordó que el pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los estados de Chile y Argentina, y siempre habitaron de ambos lados de la Cordillera, con centenares de trabajos académicos que derriban la falacia de que “los mapuches son chilenos”. Nahuel atribuyó “la profusa ignorancia” del editorial a un hecho no casual: “Intenta ocultar la movilización de un pueblo-nación mapuche, cultura milenaria que ya no está pasiva, sino que exige el cumplimiento de sus derechos”. Diana Lenton es doctora en antropología, docente de la misma carrera en la UBA y coordinadora de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Definió el accionar del diario La Nación con una palabra: “Negacionismo”. Y lo vinculó al editorial sobre la dictadura cívico-militar de noviembre y también a lo actuado por Darío Lopérfido al negar los 30.000 desaparecidos.

“Son acciones deliberadas que buscan retrotraer lo avanzado. Existe un consenso social de que fueron 30.000 los desaparecidos, pero igual lo niegan. Existe un consenso de que los pueblos indígenas sufrieron un genocidio, pero también lo niegan”, cuestionó Lenton, y atribuyó un objetivo a ese negacionismo: “Buscan restaurar privilegios de una clase social, de ahí la nostalgia por la generación del ‘80, donde la exhiben como la época de oro del país cuando en realidad lo fue solo de una clase social determinada”.

Lenton afirmó que el negacionismo del genocidio indígena tiene profundas vinculaciones políticas y económicas actuales: “Los pueblos indígenas lideran resistencias a proyectos extractivos, donde están presenten grandes empresas mineras, petroleras, agropecuarias e inmobiliarias, y donde medios como La Nación son parte de ese entramado. Desconocer el genocidio pasado es también negar derechos del presente”.

Recordó que la academia ya se expidió sobre el mito de que los mapuches son de Chile. “Es una falacia construida por intereses políticos y económicos de ocupación territorial. Quien mantiene ese postulado desconoce de historia”, afirmó la investigadora del Conicet y recordó que el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (donde se dictan las carrera de historia y antropología) se expidió en 2009 sobre la preexistencia mapuche en ambos lados de la Cordillera.

Lenton llamó la atención sobre la falta de reacción de organismos de derechos humanos, sectores políticos e intelectuales frente a este editorial (en comparación a la que sí hubo ante la referida a la dictadura cívico-militar). “Nos llama a la reflexión la falta de indignación y de acción ante el negacionismo del genocidio indígena, pareciera que cuesta mirar más allá de la propia clase social”, señaló Lenton.

Teorías de superioridad racial

La Asociación de Abogados/as de Derechos Indígenas (AADI) repudió el editorial del diario La Nación y la calificó como “histórica, política y jurídicamente errónea y contradictoria con lo contemplado en la Constitución Nacional”. Recordó que “los hombres que gobernaron (durante la Campaña del Desierto) no dudaron en atacar militarmente a los pueblos originarios, basándose en teorías de superioridad racial, moral o religiosa que sabemos eran científicamente falsas y éticamente condenables”. Precisó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las acciones “para reclamar su investigación y reparación integral son imprescriptibles” y afirmaron que la avanzada militar es “encuadrable en los supuestos de genocidio o crímenes contra la humanidad”. “Resulte jurídicamente falsa la afirmación de que ‘ningún pueblo es realmente originario’”, cuestionaron los abogados y resaltaron que la propia Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-308072-2016-08-30.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216112

 

 Crisis civilizatoria

 

Repitamos lo dicho anteriormente: el gobierno CFK ha inducido en la mayoría de nosotros, los de abajo, una creencia en la vida y dignidad humana dentro del capitalismo. En dicho sentido común son esenciales los conceptos de progreso y  bienestar social acordes con la subsunción de Argentina en el capitalismo central e hipermercadismo global. Esta colonialidad del saber que, a la vez, es colonialidad del poder desafía a facilitar su puesta generalizada en cuestión para suscitar el involucramiento popular en concretar economías poscapitalistas. Sin embargo, se plantea el problema de quiénes orientarán y suscitarán ese debate imprescindible. Porque el politólogo-sociólogo Atilio Borón, desde el autopercibirse de izquierda y ser ampliamente reconocido como tal, no sólo abstrae al gobierno K del PJ que viabilizó la fachada democrática del neoliberalismo en los 90 y en los 70 desplegó la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y el operativo Independencia.  También lo desconecta de la alianza del Estado con el poder económico e imperialista. Este contubernio ha sido puesto en evidencia  por Miguel Galuccio en YPF y por Lino Barañao que prosigue como Ministro de Ciencias Tecnologías e Innovación Productiva.

 

Reflexionemos a partir de la  afinidad de Borón con el montaje embaucador de Tecnópolis, sobre su concepción falsa de nuestro subdesarrollo y su idealización del kirchnerismo en el párrafo de la siguiente entrevista:

 

El presidente Macri se encuentra en China por la Cumbre del G20. Recibió halagos de Barack Obama por su política y mantuvo reuniones con Vladimir Putin y Ángela Merkel, entre otros. Atilio Borón, politólogo, sociólogo, docente universitario e investigador, analizó el rol de Argentina en la cumbre, en una entrevista con el programa radial La Revancha (FM La Tribu).

 

Por Ana Schimelman, para La Revancha

En ese sentido Macri ha levantado reiteradas veces una frase que es ‘convertir a la Argentina en el supermercado del mundo’. ¿Ese es el lugar en que Cambiemos está pensando ubicar a la Argentina en el mercado mundial?

 Yo creo que sí, pero la pregunta que habría que hacerse es si la Argentina, teniendo en cuenta los últimos 50 años de historia, tiene condiciones para tener un lugar diferente. Es un país que ha sufrido un proceso brutal de desindustrialización en los ’70, después agravado por las políticas de apertura del Menemismo en los ‘90.

Se corrigió ese rumbo parcialmente en los años del Kirchnerismo, pero los correctivos que se emplearon no fueron suficientes, porque no había suficientes recursos del Estado para promover una política industrial más de fondo. De todas formas, se reconstruyeron varios sectores muy importantes, inclusive un elemento cultural que fue Tecnópolis, que era una exaltación de la Argentina tecnológica e industrial, ahora desarmada por el gobierno actual a partir de una política muy torpe y reaccionaria. Ahora nos cuesta mucho pensar en Argentina con una potencialidad industrial, porque para eso se necesita una política industrial muy firme articulada con una política educativa. Hay que promover el estudio de las ingenierías y de las carreras técnicas, y para hacer eso hace falta dinero, no es cuestión de un discurso.

El Estado argentino es un estado pobre, siempre lo fue, no tiene suficientes recursos porque las divisas internacionales las controla un oligopolio las 30 ó 40 empresas. Ese dinero no entra en el Estado, va a los bolsillos de los particulares, a diferencia del petróleo que exporta Bolivia o Venezuela. Acá las exportaciones van a parar a los bolsillos privados, entonces tenés un Estado que en términos comparativos es débil, no tiene dinero para hacer una política industrial integrada y en el mercado te deja afuera de competencia. Leer

 

Refleja el estancamiento académico e intelectual de una importante parte de las izquierdas políticas, pese a lo cual el potencial de cambios estructurales hacia economías populares está conformándose a raíz de la lucha ideológica cultural y  sin fronteras como la que libran:

 

 

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSN-AL) desenmascarando al sistema global de agronegocios en su criminalidad de lesa humanidad.

 

 

La UCCSN-AL Frente a la carta de un grupo de premios Nobel en apoyo a los cultivos transgénicos
24 de agosto de 2016

 

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSN-AL) rechaza la carta firmada por varios Premio Nobel, a favor de los cultivos transgénicos y del arroz transgénico llamado “arroz dorado”.

 

Sobre los cultivos transgénicos

La UCCSN-AL reafirma los principios bajo los cuales se conformó:

[la transgénesis] es una tecnología que ya no forma parte del estado del arte de la ciencia actual, porque está basada en supuestos falaces y anacrónicos que reducen y simplifican la lógica científica que los defiende, al punto de no ser ya válida. Los transgénicos han quedado al margen de la ciencia más rigurosa. Al mismo tiempo, es la razón por la cual los transgénicos incluyen la necesidad de destruir las matrices complejas, como la de los pueblos originarios. Un verdadero plan de exterminio de saberes, culturas y pueblos. La tecnología transgénica es el instrumento de la decisión geopolítica para la dominación colonial de estos tiempos (1).

Sobre el aumento de la productividad para alimentar a una población creciente

Los cuatro cultivos transgénicos que se comercializan de manera masiva están mayoritariamente destinados a la producción de agrocombustibles y de piensos para las industrias avícola, porcícola y cría de ganado vacuno, actividad que consume más del 65% del maíz y la soya transgénica que se produce en los pocos países que los cultivan, una forma muy ineficiente -desde el punto de vista energético- de producción agrícola. En torno a estos cultivos se han consolidado un oligopolio de corporaciones transnacionales que controlan la producción de semillas y granos, acopio, transporte y comercialización de commodities transgénicos; así como la producción masiva de animales, que son negocios cada vez más concentrados en menos manos. En este sentido, es claro que este modelo no contribuye con el objetivo de alimentar al mundo, sino que por el contrario compite y avasalla la producción de alimentos.

Por otro lado, el problema de falta de alimentos no está relacionado con la baja producción, sino con la forma en cómo está diseñado el sistema agroalimentario mundial, que ha minado los sistemas tradicionales de producción de alimentos, y con ello, la soberanía alimentaria y nutricional de los pueblos.

Los cultivos transgénicos no tienen mayores rendimientos

Están en entredicho las promesas hechas por los promotores de los transgénicos, de que estos cultivos tendrían mayores rendimientos. Cada uno de los países del Cono Sur donde se cultiva soja transgénica tiene rendimientos diferentes, siendo los más altos aquellos que se registran en Brasil y Argentina, donde los centros de investigación agrícola nacionales han dedicado muchos años al mejoramiento genético convencional de este cultivo. Por otro lado, los rendimientos de la soja en Ecuador, país libre de transgénicos, son más altos que en Bolivia y Paraguay (2). Otro ejemplo es el de la canola o colza. En Canadá́, (donde se cultiva mayoritariamente semillas transgénica), los rendimientos promedios entre 1986 y 2010 fueron de 1,459 kg/ha. El promedio en Europa Occidental, donde se siembra sólo colza convencional, los rendimientos promedio en el mismo período fueron de 3,188 kg/ha.

Estos datos indican que los rendimientos no están en función de la transgénesis, ya que los agroecosistemas son complejos y en sus dinámicas intervienen e interactúan múltiples factores.

Impactos en la salud

Los científicos que defienden la seguridad de los transgénicos sostienen que se ha encontrado consistentemente que éstos son tan o más seguros que los cultivos obtenidos con cualquier otro método de mejoramiento; que no producen impactos ambientales y que incrementan la biodiversidad global. Pese a ser repetidamente invocadas por los promotores de los transgénicos, estas afirmaciones no cuentan con el respaldo de investigaciones científicas serias, las cuales, por otra parte, nunca son citadas. En contraste con ello, en los últimos años han aumentado las evidencias científicas sustentadas en investigaciones realizadas por científicos independientes sobre los problemas ambientales y en la salud humana que entrañan tanto las prácticas de cultivo como el consumo de alimentos transgénicos (3).

En el análisis de los cultivos transgénicos no podemos dejar de considerar al paquete tecnológico al que vienen indisolublemente asociados estos cultivos. La mayoría de cultivos transgénicos son resistentes a herbicidas, y principalmente al cuestionado glifosato. En América Latina- -la región con mayor crecimiento del área sembrada con cultivos transgénicos-, los impactos que viven las comunidades asentadas en las zonas de influencia de estos es indudable.

En la última década, estas poblaciones han visto como su salud se ha deprimido, han aumentado notablemente los casos de cáncer, malformaciones congénitas, daños genéticos, enfermedades autoinmunes y otros daños a la salud asociados a los insumos y las prácticas que integran el paquete tecnológico con el que se siembran las semillas transgénicas. Resulta claro que para evaluar los impactos de esta tecnología es imposible analizar aisladamente a la semilla transgénica, cuya principal modificación genética es, por ejemplo, hacerla resistente a un herbicida. En el medio ambiente se ha evidenciado que los cuerpos de agua están contaminados, han declinado las poblaciones de especies polinizadoras, así como otras especies benéficas que aseguran la salud de los suelos y la biodiversidad local.

Además, hay millones de hectáreas sembradas con semillas transgénicas que contienen un gen que les permite sintetizar la toxina Bt, un insecticida que se produce en la planta transgénica, incorporado para controlar larvas de algunas lepidópteras que comen los cultivos. Sin embargo se ha demostrado que esta toxina afecta indiscriminadamente a diversas especies de insectos diezmando la biodiversidad y que podría producir daños en la salud humana de quienes están en contacto con éstos (4).

Cada día hay mayores evidencias médicas, científicas y agronómicas que demuestran los impactos, los riesgos e incertidumbres de este modelo irracional de producción, tanto para la salud de los trabajadores rurales, campesinos y campesinas, como para los habitantes de estas zonas rurales y los consumidores de alimentos producidos con esta tecnología.

Sobre el arroz dorado

El arroz dorado ha sido diseñado, junto con otros cultivos llamados “biofortificados”, como un medicamento genérico para niños desnutridos de “países pobres”. En el arroz dorado se usó una forma de manipulación genética múltiple, que podría afectar varias funciones de la planta. Varios autores han formulado críticas a esta tecnología (5) en el arroz dorado, que además no se encuentra disponible debido a que quienes la promueven no han logrado llegar a una formulación viable para distribuir. Aquí queremos abordar otras inquietudes.

Los problemas nutricionales de la población no están relacionados con la falta de un nutriente específico (en este caso la provitamina A), sino con las condiciones generales de pobreza y la pérdida de soberanía alimentaria, lo que ha obligado a miles de comunidades campesinas a abandonar sus tierras o subordinarse a los monocultivos impuestos por los agronegocios – cuya única prioridad es satisfacer las necesidades voraces de incrementar las ganancias de la agricultura agroindustrial y de la agroexportación- restando terreno a la producción de alimentos sanos y nutritivos. Creer que los problemas de desnutrición se van a superar con alimentos transgénicos biofortificados, es ignorar esta realidad.

Para suplir la demanda de arroz dorado, se tendrían que incorporar millones de hectáreas adicionales de tierras en zonas tropicales y subtropicales al cultivo del “arroz dorado”, avanzando sobre territorios que hoy están destinados a la producción de cultivos para la soberanía alimentaria, que pasarían a sufrir los problemas típicos asociados a la siembra de grandes monocultivos. Además, centenas de especies de plantas contienen pro-vitamina A, que desde hace mucho tiempo son conocidas, recolectadas y/o cultivadas por comunidades campesinas en todo el mundo. Cada pueblo puede y debe soberanamente seleccionar qué especies va a consumir, de acuerdo a sus complejos conocimientos, preferencias y tradiciones, para cubrir las necesidades nutricionales.

Cabe entonces preguntarnos: ¿quién se beneficiaría si se impusiera esta nueva gran demanda de arroz dorado? Como otros cultivos transgénicos, el arroz dorado estará también controlado por las grandes empresas de agronegocios. El “esquema nutricional” basado en el arroz dorado implicará la presencia empresarial en toda la cadena, desde la semilla hasta su distribución final. Empezando por la semilla; dado que la tendencia global es prohibir que los campesinos guarden sus semillas, aunque el arroz dorado fuera distribuido sin cobrar patentes, esta sería controlada corporativamente, que a cambio podría demandar protección de su propiedad intelectual en todos los otros cultivos y variedades, como ya lo ha hecho en países donde las regulaciones no se la garantizan. ¿Qué pasaría entonces con los productores de arroz tradicional y con las miles de variedades de arroz criollo y tradicional?

En cuanto a la comercialización, en muchos países, los productores de arroz no tienen ninguna influencia en la fijación de precios. El precio es fijado por los grupos de poder local que controlan la transformación y distribución de este alimento; y a nivel internacional, el precio se establece en las bolsas de Bangkok y Chicago. Por consiguiente, el arroz dorado no generará soberanía alimentaria sino que, por el contrario incrementará la dependencia.

Se alentará el comercio internacional de arroz dorado, que estará controlado por los mismos grupos económicos que controlan otras commodities transgénicas.

Todo el dinero que se invertiría en la promoción e implementación de cultivos de “arroz dorado” en el mundo, en la importación de sus semillas o del mismo arroz, podría ser usado en la promoción de cultivos diversificados destinados a promover y consolidar la soberanía alimentaria y nutricional local y regional, así como en la recuperación y adopción de hábitos alimentarios saludables.

¿Es el criterio de un Premio Nobel irrefutable?

La ciencia que promueven estos premios Nobel se ha desarrollado en un contexto en el que hegemoniza una tecnociencia reduccionista, que se desarrolla sin el debido control social, cuyos impactos contribuyen a crear problemas ambientales y de salud, con alcances muchas veces catastróficos e irreversibles.

Aunque formalmente el premio Nobel tiene como objetivo reconocer y recompensar a personas que han realizado investigaciones sobresalientes, inventado técnicas o equipamiento revolucionario, o hayan hecho contribuciones notables a la sociedad, en las áreas de la medicina y fisiología (al igual que en otros campos), lo que ha apoyado finalmente es un tipo de investigación científica que ha facilitado un mayor control por parte de las empresas transnacionales de los procesos productivos, la privatización del conocimiento y de la vida. En el campo de las biotecnologías, a lo largo de los años este tipo de reconocimiento premió a olas de innovaciones científicas que condujeron al desarrollo de la ingeniería genética, en desmedro de tecnologías de aplicación más amplia y no controladas por oligopolios transnacionales. Varios de ellos son signatarios de la carta. Sus actividades han sido claves para desarrollar la industria biotecnológica bajo control de oligopolios corporativos e incluso varios tienen aún en el presente intereses comerciales en el tema, sea por empresas en las que participan o por la financiación de sus investigaciones. Por ejemplo, uno de los promotores de esta carta, Phillip A. Sharp, es cofundador de Biogen Inc. (ahora Biogen Idec) y de Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (una empresa farmacéutica que desarrolla fármacos basados en el ARNi), lo cual muestra claramente este conflicto de intereses al presentar la carta con intereses altruistas.

Esta no es la primera declaración emitida por ganadores del premio Nobel defendiendo los transgénicos. Hace algunos años, una declaración similar fue promovida por Norman Borlaug, padre de la Revolución Verde (Premio Nobel 1970), quien vio en la biotecnología agrícola una segunda Revolución Verde, sin hacer ningún análisis crítico de los impactos causados por la primera.

Anteriormente, el premio Nobel de Fisiología y Medicina fue otorgado a Paul Hermann Müller, por el descubrimiento del DDT como un veneno de contacto de alta eficiencia contra muchos artrópodos. Irónicamente, los dramáticos efectos del DDT en el medio ambiente y en la salud humana significaron el inicio del trabajo científico y ciudadano contra los pesticidas, una lucha que todavía continuamos.

Ahora los firmantes de esta carta en defensa de los transgénicos y el arroz dorado privilegian el paradigma de las corporaciones de que la uniformidad genética es lo que conviene para elevar la producción. Esto particularmente grave porque sabemos que la diversidad genética de las variedades agrícolas es indispensable para enfrentar problemas como el hambre y es la única alternativa frente al cambio climático.

Nos preguntamos por todo esto, si la opinión de científicos laureados por el premio Nobel necesariamente es una opinión irrefutable, neutral y objetiva. Estos antecedentes y la falta de rigurosidad y argumentos fundados de esta carta muestran que no es así.

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Como UCCSN-AL creemos que en el proceso de toma de decisiones sobre la adopción de tecnologías, como las que hacen posible los cultivos transgénicos, y otras que están surgiendo (por ej. nanotecnología, biología sintética y geoingeniería), no sólo deben participar los llamados “científicos de ciencias exactas”, sino que deben incorporar además la opinión de otros campos del saber, así como la opinión de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, y representantes legítimos de los diferentes grupos sociales, pues el conocimiento científico y tecnológico es siempre parte de un proceso social, atravesado por tensiones, conflictos e intereses. Este nunca es neutral, absoluto ni definitivo, puesto que siempre es susceptible a cambios y revisiones, por lo que está sujeto permanentemente al debate.

Por eso manifestamos que el quehacer científico debe desarrollarse de una manera éticamente responsable y con un claro compromiso con la sociedad y la naturaleza, lo que nos lleva a rechazar los conceptos vertidos en la carta y a denunciar el papel ecocida y genocida de la agricultura industrial de cultivos transgénicos, destacando la necesidad de defender, promover, y multiplicar los modos de producción de alimentos culturalmente construidos por los pueblos de nuestra región, y por ello insustituibles a la hora de garantizar la autonomía, la sustentabilidad ambiental, la seguridad y la soberanía alimentaria.

Notas

1 - http://uccsnal.org/...

2 - IICA. Indicadores 2012

3 - Tenemos por ejemplo los estudios hechos por equipos de investigación de la Universidad Federal de Santa Catarina y Fiocruz en Brasil; Genok en Noruega, las facultades de Ciencias Médicas en Rosario y en la Universidad de La Plata, en Argentina; la Universidad de Milán, en Italia; y la Universidad de Caen, en Francia, por mencionar solo unos pocos.

4 - Ver por ejemplo Vazquez et al. (2000). Brazilian Journal of Medical and Biological Research 33: 147–155. Finamore, et al. (2008). “Intestinal and Peripheral Immune Response to MON810 Maize Ingestion in Weaning and Old Mice,” J. Agric. Food Chem. 56 (23): 11533–11539.

5 - Ver por ejemplo Stone y Glover (2016). Agric Hum Values. DOI 10.1007/s10460-016-9696-1

UCCSNAL

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/La_UCCSN-AL_Frente_a_la_carta_de_un_grupo_de_premios_Nobel_en_apoyo_a_los_cultivos_transgenicos

 

 

Economistas como el ecuatoriano Alberto Acosta mirando a instalar debates entre los de abajo que los involucren en la ruptura con la lógica del capital y en la elaboración de nuevos esquemas conceptuales para enfocar la vida en común y su futuro.

 

 

Maldiciones, herejías y otros milagros de la economía extractivista

 

Por Alberto Acosta

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8866-9264 FLACSO, Ecuador

alacosta48@yahoo.com

Recibido: 21 de octubre de 2015 Aceptado: 22 de abril de 2016

 

Frecuentemente la humanidad ha atribuido sus situaciones indeseadas o hechos terribles, a maldiciones. Y éstas, quien lo puede negar, han ocupado puestos importantes en diversos relatos históricos. Inclusive se las ha llegado a clasificar como justas, impuestas, automaldiciones, heredadas, diabólicas o aun bíblicas. Y así como hay casas embrujadas o malditas, parecería que hay economías afectadas por alguna maldición que les impide resolver sus problemas. Ese parece ser la situación de algunos países especializados en producir bienes primarios, que — como propone Jürgen Schuldt para forzar la discusión— serían pobres porque son «ricas» en recursos naturales. Estos países estarían atrapados en una lógica perversa conocida como «paradoja de la abundancia» o «maldición de la abundancia de recursos naturales» o simplemente «maldición de los recursos» o, para ponerlo en términos provocadores, «maldición de la abundancia». Esta maldición se asemejaría a aquella que parece acompañar a determinadas familias muy ricas cuyos miembros sufren una serie de accidentes trágicos, lo que a la postre les impide disfrutar de su fortuna. ¿Será que efectivamente pesa alguna maldición sobre aquellos países dotados de enormes cantidades de recursos naturales5 ? ¿Será posible superar tal maldición? Estas son las principales preguntas que se desean plantear en las siguientes líneas. Antes de desplegar las reflexiones que enmarcan esta discusión repasemos, telegráficamente, cómo han evolucionado este tipo de economías «malditas». El nacimiento de la fe extractivista: de la Ilustración al determinismo neoliberal Alejandro von Humboldt6 , en su histórico recorrido por tierras americanas -hace más de doscientos años- se quedó maravillado por la geografía, la flora y la fauna de la región, pero veía al mismo tiempo la pobreza de su gente. Cuentan que veía a sus habitantes como si fueran mendigos sentados sobre un saco de oro, refiriéndose a esas inconmensurables riquezas naturales no aprovechadas.

Este mensaje de Humboldt encontró una suerte de interpretación teórica en la obra de David Ricardo Principios de Economía Política y Tributación (1817). Este conocido economista inglés recomendaba que cada país debía especializarse en la producción de aquellos bienes con ventajas comparativas o relativas, y adquirir de otro aquellos bienes en los que tuviese una desventaja comparativa. (...)

Recogiendo la anécdota atribuida al célebre científico alemán de la época de la Ilustración, es válido preguntarse ¿cómo es posible que en países tan ricos en recursos naturales, la mayoría de sus habitantes no puedan satisfacer sus necesidades básicas? ¿Pesará sobre estas economías una maldición? Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza económica está relacionada, de alguna manera, con la riqueza natural (Schuldt y Acosta, 2006). De allí se concluye que los países ricos en recursos naturales, cuya economía se sustenta prioritariamente en su extracción y exportación, encuentran mayores dificultades para asegurar el bienestar de su población. Sobre todo, parecen estar condenados al subdesarrollo (como contracara del desarrollo) aquellos países que disponen de una sustancial dotación de uno o unos pocos productos primarios. La gran disponibilidad de recursos naturales, particularmente si se trata de minerales o petróleo, tiende a acentuar la distorsión existente en las estructuras económicas y la asignación de los factores productivos dentro de los países «malditos», impuesta ya desde la consolidación del sistema-mundo capitalista. En consecuencia, muchas veces, se redistribuye regresivamente el ingreso nacional, se concentra la riqueza en pocas manos y se incentiva la succión de valor económico desde las periferias hacia los centros capitalistas. Esta situación se agudiza por una serie de procesos endógenos de carácter «patológico» que acompañan a la abundancia de estos recursos naturales. A pesar de esas constataciones, uno de los dogmas básicos del libre mercado, llevado a la categoría de principio y fin de todas las cosas en la economía —ortodoxa— y aun fuera de ella, radica en recurrir una y otra vez al viejo argumento de las ventajas comparativas. Los defensores del librecambismo predican que hay que ser coherentes en aprovechar aquellas ventajas que nos ha dado la Naturaleza y sacarles el máximo provecho. Y en este listado de dogmas podemos incluir varios otros que acompañan al extractivismo: la globalización como opción indiscutible, el mercado como regulador inigualable, las privatizaciones como camino único, la competitividad y la productividad como virtudes por excelencia.

 

El fatalismo casi bíblico de la exportación de los recursos naturales

Hay algunos librecambistas que, en determinadas circunstancias, plantean la maldición de los recursos como un reto de difícil resolución, casi como un fatalismo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por ejemplo, defiende un determinismo geográfico: los países más ricos en recursos naturales y más cercanos a la línea ecuatorial -países tropicales- estarían condenados a ser más atrasados y pobres. Sus condiciones ambientales y geográficas determinarían su «subdesarrollo». Según este tipo de lecturas, el asunto es aún grave si un país tiene una ubicación mediterránea como Bolivia y Paraguay, sin ninguna salida al mar. Además los países tropicales, especialmente intensivos en tierra y recursos minerales, tienden a ser más desiguales pues al estar forzados a usar intensivamente la tierra, una mayor proporción del ingreso se acumula en ella y se genera una mayor concentración de la propiedad. Como resultado asoma una baja productividad relativa del trabajo en los trópicos, fomentando empleos sin calificación y bajos salarios. En cambio la extracción de los recursos naturales demanda enormes cantidades de capitales, generando poco empleo y sin alentar otras inversiones. Un círculo casi diabólico e insuperable se habría constituido como resultado de esta «maldición múltiple». En contraposición con estas lecturas «malditas», los países exitosos lo son porque están forzados por la limitada existencia de recursos naturales y, también, por el efecto que provocan climas más templados y aun fríos.

Quienes sostienen estas tesis, a todas luces ignoran (o tratan de ocultar) que las economías primario-exportadoras tienen orígenes coloniales. Incluso el sistema concentrado de propiedad, exacerbado en la actualidad, data de esa época. Es decir, para ir desentrañando este tenebroso escenario de maldiciones múltiples y concurrentes, algo de historia no caería mal. Los promotores de esas visiones tremendistas (fieles continuadores de las concepciones típicas del subdesarrollo) no entienden que los imparables procesos de conquista y colonización, que se mantienen todavía en la actualidad en toda la región, tienen un origen histórico. Quizá la llegada histórica de la cruz (y la imposición del capital) fue el comienzo de las maldiciones de gran parte de las actuales economías «no exitosas». Recordemos que Cristóbal Colón, con su histórico viaje en 1492, sentó las bases de la dominación colonial, con consecuencias indudablemente presentes hasta nuestros días. Colón buscaba recursos naturales, especialmente especerías, sedas, piedras preciosas y sobre todo oro. Según Colón, quien llegó a mencionar 175 veces en su diario de viaje a este metal precioso, «el oro es excelentísimo; del oro se hace tesoro, y con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo, y llega incluso a llevar las almas al paraíso». Aquí cabe destacar el papel histórico que tuvo (y tiene hasta la actualidad) la extracción de trabajo y riquezas promovidas por el colonialismo y la desposesión y que contribuyeron a que las economías «exitosas» se sobrepongan sobre las economías «malditas». Suficiente con mencionar los procesos de acumulación originaria propuestos por Marx (1867) o de acumulación por desposesión propuestos por Harvey (2004) o de extrahección como propone Gudynas (2013): «Con el concepto de extrahección se busca dejar en claro, desde la mirada de la ecología política, que existen vínculos directos y de necesidad, entre un cierto tipo de apropiación de recursos naturales y la violación de los derechos».

En sus análisis los librecambistas no consideran la hecatombe demográfica, social y cultural que provocó la llegada de los europeos a América. No se interesan por las desigualdades estructurales, ni las inequidades también estructurales, vigentes en este tipo de economías primario exportadoras a partir de una realidad socioeconómica quizás mucho más compleja que el «clima» y la «geografía». No entienden que los extractivismos son esencialmente violentos contra la Naturaleza y los propios seres humanos. Además asumen que los rigores del clima sólo existen en los trópicos; ¿acaso el clima templado transforma a las personas en trabajadoras, creando una suerte de paraíso y prosperidad? Para nada incorporan en sus análisis las aberraciones derivadas de economías atadas históricamente a un esquema de comercio exterior injusto y desigual, incluso en términos ambientales. Menos aún les interesa el impacto nocivo de las políticas extractivistas del neoliberalismo o del neodesarrollismo, que profundizan la dependencia de los países primario-exportadores. No incorporan, en definitiva, el efecto demoledor, presente hasta ahora, de la «colonialidad del poder». Nada hablan de las deudas históricas y ecológicas que deberían asumir las naciones imperialistas. Tengamos presente que no se trata simplemente de una deuda climática. La deuda ecológica encuentra sus primeros orígenes con la expoliación colonial -la extracción de recursos minerales o la tala masiva de los bosques naturales, por ejemplo-, se proyecta tanto en el «intercambio ecológicamente desigual», como en la «ocupación gratuita del espacio ambiental» de los países empobrecidos por efecto del estilo de vida depredador de los países industrializados. Aquí cabe incorporar las presiones provocadas sobre el medio ambiente a través de las exportaciones de recursos naturales —normalmente mal pagadas y que tampoco asumen la pérdida de nutrientes y de la biodiversidad, para mencionar otro ejemplo— provenientes de los países subdesarrollados, exacerbadas por los crecientes requerimientos que se derivan de la propuesta aperturista a ultranza. La deuda ecológica crece, también, desde otra vertiente interrelacionada con la anterior, en la medida que los países más ricos han superado largamente sus equilibrios ambientales nacionales, al transferir directa o indirectamente contaminación (residuos o emisiones) a otras regiones sin asumir pago alguno. A todo lo anterior habría que añadir la biopiratería, impulsada por varias corporaciones transnacionales que patentan en sus países de origen una serie de plantas y conocimientos indígenas. En esta línea de reflexión también caben los daños que se provocan a la Naturaleza y a las comunidades, sobre todo campesina, con las semillas genéticamente modificadas, por ejemplo. Por eso bien podríamos afirmar que no solo hay un intercambio comercial y financieramente desigual, como se plantea desde la teoría de la dependencia, sino que también se registra un intercambio ecológicamente desequilibrado y desequilibrador. Los defensores de la fe neoliberal y también los gobernantes «progresistas», que se asumen —cada grupo a su manera— como los portadores de «la estaca» que liquidaría al vampiro del subdesarrollo, lejos de plantear un debate profundo, se aferran como náufragos a una sola tabla de salvación: las ventajas comparativas como referente fundamental de las economías especializadas en producir y exportar materias primas. De hecho, asumen esta visión ideológica, casi como una teología, sin importar sus consecuencias depredadoras para el ser humano y la Naturaleza. Defienden una ideología consumista, con el mercado como único instrumento regulador de las relaciones socioeconómicas, y donde la explotación y la dominación son su razón de ser. Además, gobiernos «progresistas» o neoliberales, con diversos matices formales, son fervientes cultores de la religión del crecimiento económico (que tiene en la acumulación capitalista su espíritu santo). Todos estos asuntos enrarecen el ambiente. Y, de una u otra manera, impiden una visión más lúcida de los caminos a seguir para llegar a una vida digna y armoniosa para todos los seres humanos y la Naturaleza.

 

Algunos entretelones de esta antigua maldición

A primera vista, el punto de partida de la cuestión radicaría —mayormente— en la forma en que se extraen y se aprovechan los recursos naturales, así como la manera en que se distribuyen los frutos de su extracción. Sin embargo el problema es mucho más profundo, como se muestra a continuación. Debemos preguntarnos porqué en nuestros países la extracción masiva de recursos naturales destinados a la exportación no ha detenido la generalización de la pobreza ni ha evitado las crisis económicas recurrentes, al tiempo que parece haber consolidado mentalidades «rentistas». Todo esto, lo sabemos por experiencia, profundiza la débil y escasa institucionalidad, alienta la corrupción y deteriora el ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimonialistas desplegadas, que frenan la construcción de ciudadanía. Visto así el tema, «la maldición de la abundancia» envuelve a toda la sociedad, incluyendo su vida política y cultural. La realidad de una economía primario-exportadora de recursos petroleros o minerales preferentemente, es decir exportadora de Naturaleza, se refleja además en un escaso interés por invertir en el mercado interno. Esto limita la integración del sector exportador con la producción nacional. No hay incentivos para desarrollar y diversificar la producción interna, vinculándola a los procesos exportadores, que a su vez deberían transformar los recursos naturales en bienes de mayor valor agregado. Como se constata a diario, desde hace décadas, estas sociedades prefieren lo «made in cualquier parte» antes que los productos y las respuestas fabricadas casa adentro. Parecería que hay una maldición que nos impide incluso descubrir nuestras potencialidades. Esta situación quizá se explique por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa Naturaleza y de una mano de obra barata. Pero nunca será justificable, pues el beneficio de estas actividades va a las economías ricas, importadoras de estos recursos que luego sacan un provecho mayor procesándolos y comercializando productos terminados. Mientras tanto los países exportadores primarios, con una mínima participación en la renta minera o petrolera, cargan con el peso de los pasivos ambientales y sociales.

 

Si se contabilizaran los costos económicos de los impactos sociales, ambientales y productivos de la extracción del petróleo o de los minerales, así como los subsidios ocultos en estas actividades, desaparecerían muchos de sus beneficios económicos potenciales. Pero a eso no llegan nuestros gobernantes, atrapados por las creencias librecambistas o a secas desarrollistas, que encuentran su matriz en los extractivismos. A lo anterior se suma la masiva concentración de la renta de la Naturaleza en pocos grupos poderosos, sobre todo transnacionales. Estos grupos extractivistas y amplios segmentos empresariales, contagiados por el rentismo, no encuentran ni crean alicientes para sus inversiones en los mercados domésticos. Prefieren fomentar el consumo de bienes importados. Con frecuencia sacan sus ganancias fuera del país y manejan sus negocios con empresas afincadas en «paraísos fiscales». Tampoco hay estímulo o presión para invertir los ingresos recibidos por las exportaciones de productos primarios en las propias actividades exportadoras, pues la ventaja comparativa radica en la generosidad de la Naturaleza, antes que en el esfuerzo innovador y comunitario del ser humano12. Así, por ejemplo, la industria petrolera -que no debe confundirse con las actividades de extracción- se ha desarrollado casi exclusivamente en los países industrializados importadores de crudo, y no en los países que lo extraen y exportan, exceptuando Noruega. Estas economías están, como se ha demostrado a lo largo de la historia, estrechamente vinculadas al mercado mundial. De allí surgen los impulsos para ampliar o no la frontera extractivista, y la economía misma. El comercio exterior de recursos naturales ha constituido una suerte de velas para el navío, que representaría la economía, tal como lo graficó en el siglo XX el economista Germánico Salgado para el caso ecuatoriano. En este país, las crisis provocadas por los problemas de algún producto de exportación han sido superadas con el advenimiento de otro producto: la crisis del cacao, por ejemplo, se superó con el banano y la crisis de este se superó con el petróleo, que insufló nuevos vientos en la economía (véase Acosta, 2012). Y ahora que las reservas petroleras llegan a su fin el Gobierno concentra sus plegarias en la minería. La dependencia de los mercados foráneos, aunque resulte paradójico, es aún más marcada en épocas de crisis. Hay una suerte de bloqueo generalizado de aquellas reflexiones inspiradas en la simple lógica. Todos o casi todos los países con economías atadas a la exportación de recursos primarios, caen en la trampa de forzar las tasas de extracción de dichos recursos cuando sus precios caen. Buscan, a como dé lugar, sostener los ingresos provenientes de las exportaciones de bienes primarios. Esta realidad beneficia a los países centrales: un mayor suministro de materias primas -petróleo, minerales o alimentos-, en épocas de precios deprimidos, ocasiona una sobreoferta, reduciendo aún más sus precios. Todo esto generando un «crecimiento empobrecedor» (Baghwati, 1958).

En este tipo de economía extractivista, con una elevada demanda de capital y tecnología, que funciona como un enclave —sin integrar las actividades primario exportadoras al resto de la economía y de la sociedad— el aparato productivo queda sujeto a las vicisitudes del mercado mundial. En especial, queda vulnerable a la competencia de otros países en similares condiciones, que buscan sostener sus ingresos sin preocuparse mayormente por un manejo más adecuado de los precios. Tampoco se entiende que las posibilidades de integración regional, indispensables para ampliar los mercados domésticos, desaparecen si los países vecinos producen similares materias primas, compiten entre sí y deprimen sus precios de exportación en vez de encadenar en un solo bloque sus procesos productivos. Casi complementando lo anterior, no se dio, ni se da un encadenamiento que potencie nuevas líneas productivas incluso desde las propias actividades extractivistas. No hay el desarrollo de conglomerados productivos, ni para el mercado interno, ni para ampliar y diversificar la oferta exportable. Tampoco hay una mejor distribución del ingreso, ni los necesarios ingresos fiscales. Y no sólo eso, pues esta modalidad de acumulación (capitalista) orientada en extremo hacia afuera fortalece un esquema cultural dependiente del exterior, que minimiza o definitivamente margina las culturas locales. Eso no es todo. Recurriendo a la simple lógica, es imposible aceptar que todos los países productores de bienes primarios similares -que son muchos crezcan esperando que la demanda internacional sea suficiente y sostenida para garantizar ese crecimiento. Aquí el control real de las exportaciones nacionales depende de los países centrales, aun cuando no siempre se registren importantes inversiones extranjeras en actividades extractivistas. Incluso muchas empresas estatales de economías primario-exportadoras (con la anuencia de los respectivos gobiernos, por cierto) parecerían programadas para reaccionar solo a impulsos foráneos. Y no solo eso, pues sus operaciones con frecuencia producen tan o más graves impactos socio-ambientales que las empresas transnacionales.

 

Es el accionar de empresas transnacionales y estatales, bajo una misma lógica motivada por la demanda externa, la que influye decididamente en las economías primario-exportadoras. Debido a estas condiciones y a las características tecnológicas de las actividades extractivistas como la petrolera, minera o monocultivos, no hay una masiva generación directa de empleo. El procesamiento de dichas materias primas en los países industrializados es el que demanda una mayor cantidad de cantidad de mano de obra, no su extracción. Esto explicaría también la contradicción de países ricos en materias primas donde, en la práctica, la masa de la población no tiene empleo o cae en el subempleo y, por consecuencia, está empobrecida. Mientras que en los países ricos la producción industrial se orienta al consumo de masas, en los países pobres casi siempre está direccionada al consumo de élites que, encima, consumen una gran cantidad de productos importados. Dentro de los países extractivistas, las comunidades en cuyos territorios o vecindades se realizan estas actividades sufren varias violencias socioambientales. En el Ecuador, por ejemplo, en las provincias petroleras amazónicas se registran graves problemas ambientales y, por consiguiente, los mayores niveles de pobreza, a pesar de que es precisamente desde ahí que proviene el grueso del financiamiento de las exportaciones desde agosto de 1972, cuando zarpó el buque-tanque Ana Cortez de la Texaco. La miseria de grandes masas de la población parecería ser, por tanto, consustancial a la presencia de ingentes cantidades de recursos naturales (con alta renta diferencial). La Naturaleza nos bendice con estos enormes potenciales de recursos que los seres humanos los transformamos en una maldición. Además esta modalidad de acumulación no requiere del mercado interno e incluso puede funcionar con salarios decrecientes. No hay la presión social que obliga a reinvertir en mejoras de la productividad ni a respetar la Naturaleza. Es más, la renta de la Naturaleza, en cuanto fuente principal de financiamiento de esas economías, determina la actividad productiva y el resto de relaciones sociales. Para colmo, el extractivismo —sobre todo petrolero o minero— promueve relaciones sociales clientelares, beneficiando a las propias empresas transnacionales e impidiendo desplegar una planificación económica adecuada. Véase, por ejemplo, los perniciosos efectos de las relaciones e inversiones comunitarias de estas empresas que terminan por sustituir al propio Estado en la dotación de servicios sociales, sin que ésta sea su función específica. Además, las compañías extranjeras construyen un marco jurídico referencial favorable y, en varias ocasiones, aprovechan que sus propios funcionarios o intermediaros han estado incrustados en los gobiernos, no solo buscando que ingresen al país las inversiones extranjeras sino, sobre todo, velando para que las reformas legales les sean ventajosas. Esta intromisión -alentada por organismos como el BID, el Banco Mundial o el FMI- se registra una y otra vez en los sectores petrolero y minero, donde los mismos directivos de las empresas o sus abogados llegan a dirigir las instancias de control estatal. Luego se reproduce de manera perversa esta relación subordinada y subordinadora cuando la dirección de la empresa estatal petrolera o del ministerio del ramo es asumida por personajes abiertamente al servicio de las empresas transnacionales. Otra situación retorcida se da cuando gente sin conocimiento asume el funcionamiento de dichas empresas, que en breve se deterioran creando las condiciones para que las transnacionales devengan en las salvadoras de última instancia. Y en todos estos ámbitos la corrupción campea.

No se puede concluir la reflexión sin sentar un aspecto típico que aparece en los países atrapados por la «maldición de la abundancia»: las violencias, que configuran un elemento consustancial de un «modelo biocida». Veamos sólo la violencia, desatada por las propias empresas extractivistas, que pasa por diversos grados: represión estatal; criminalización de los defensores de la vida; guerras civiles; guerras abiertas entre países; agresiones imperiales por parte de algunas potencias empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos naturales, sobre todo hidrocarburíferos o minerales. Este es un punto medular. La violencia en la apropiación de recursos naturales, extraídos atropellando a los Derechos Humanos y a los Derechos de la Naturaleza, «no es una consecuencia de un tipo de extracción sino que es una condición necesaria para poder llevar a cabo la apropiación de recursos naturales», señala atinadamente Eduardo Gudynas (2013). Y se lo hace sin importar los impactos nocivos sociales, ambientales e incluso económicos de los proyectos extractivistas. Por cierto muchas veces ni siquiera se considera el agotamiento de los recursos y sus consecuencias. En palabras de Watts (1999), podemos concluir que «toda la historia del petróleo está repleta de criminalidad, corrupción, el crudo ejercicio del poder y lo peor del capitalismo de frontera», afirmación plenamente aplicable al resto de extractivismos. (...)

Bibliografía: (…)

Este artículo es producto de la investigación del autor titulada «Análisis de las principales tendencias del extractivismo en el siglo XXI».

Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.24: 25-55, enero-junio 2016

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/215982.pdf

En consecuencia, abajo y a la izquierda en Nuestra América, necesitamos enfocar "Nuevos horizontes emancipadores" como plantea Alberto Acosta en:

Maldiciones, herejías y otros milagros de la economía extractivista
22 de abril de 2016

Por Alberto Acosta

alacosta48@yahoo.com

 

(...)Nuevos horizontes emancipadores para superar tantas maldiciones

Aceptémoslo, el extractivismo, en cuanto elemento de una modalidad de acumulación primario-exportadora, nos mantiene en el infierno de la pobreza y la marginación. Se puede vivir épocas de bonanza económica, pero tarde o temprano, vendrán las épocas de escasez y las plagas, al tiempo que se recrudecen las dependencias, sobre todo si no se corrigen algunas de las patologías expuestas anteriormente. Una primera conclusión, entonces, radica en la necesidad imperiosa de superar la dependencia extractivista. Y para lograrlo, se precisa elaborar y poner en marcha una estrategia suficientemente flexible para enfrentar los retos que implica lo que será una larga fase de transición. En primer lugar hay que enfrentar aquellos intereses poderosos que quieren mantenernos sumidos en la barbarie extractivista. Esa acción política debe venir acompañada de una vigorosa disputa cognitiva que tenga en la mira el desmantelamiento del ADN-extractivista de nuestras sociedades. Y eso se conseguirá desarrollando y difundiendo propuestas alternativas concretas, que tengan una visión utópica de futuro.

El reto radica, entonces, en optar por nuevos rumbos, con soluciones posibles y creíbles para construir otro imaginario colectivo. Para lograrlo se requieren alianzas y consensos que respondan desde dentro de las propias comunidades, aprovechando crecientemente las capacidades locales y nacionales. Simultáneamente hay que construir una nueva integración regional a partir de una visión inspirada en el regionalismo autónomo, no en el regionalismo abierto inspiración neoliberal. A través de la globalización capitalista no se encontrará la vía de salida del extractivismo y sus maldiciones. Con todo, hay que dejar sentado que no se puede superar el extractivismo de la noche a la mañana. Arrastrando algunas taras del extractivismo habrá que superar el extractivismo; por ejemplo, utilizando estratégicamente los ingresos de las exportaciones de materias primas. Esta consideración, sin embargo, no puede interpretarse como un llamado a «salir del extractivismo con más extractivismo», como propone el «progresismo» ecuatoriano. La tarea no pasa simplemente por extraer más recursos naturales para obtener ingresos que ayuden a superar el extractivismo. En paralelo hay que optimizar la actual extracción de los recursos naturales sin ocasionar más destrozos ambientales y sociales, inclusive reparando y restaurando los daños ocasionados. Necesitamos incorporar activamente las demandas ambientales pensando, por ejemplo, que una moratoria e inclusive una suspensión definitiva de la actividad petrolera en los territorios indígenas y aquellas zonas con elevada biodiversidad amazónica es conveniente para los intereses de la sociedad en el mediano y largo plazos. Y más que eso, todos los esfuerzos deben estar orientados a transitar de una civilización antropocéntrica a una civilización biocéntrica. El éxito de este tránsito dependerá, por cierto, de la coherencia de la estrategia alternativa y, sobre todo, del respaldo social que tenga. Esto implica gestar, desde lo local comunitario, espacios de poder real, verdaderos contrapoderes de acción democrática en lo político, en lo económico y en lo cultural. No se puede esperar a que las soluciones fluyan desde los gobiernos centrales. Es más, a partir de aquellos espacios de contrapoder se podrán forjar -desde lo comunitario los embriones de una nueva institucionalidad estatal, de una renovada lógica de mercado y de una nueva convivencia social. Contrapoderes que sirvan de base para la estrategia colectiva que debe construir un nuevo imaginario de convivencia, que no podrá ser una visión abstracta que descuide a los actores y a las relaciones presentes, reconociéndolos tal como son hoy y no como queremos que sean mañana.

Este es el punto. Contamos con valores, experiencias y prácticas civilizatorias alternativas, como las que ofrece el Buen Vivir o sumak kawsay o suma qamaña de las comunidades indígenas andinas y amazónicas. A más de las visiones de Nuestra América hay otras muchas aproximaciones a pensamientos filosóficos de alguna manera emparentados con la búsqueda de una vida armoniosa desde visiones filosóficas incluyentes en todos los continentes. El Buen Vivir, como cultura de vida, con diversos nombres y variedades, es conocido y practicado en las diferentes regiones de la Madre Tierra, como podría ser el Ubuntu en África o el Swaraj en la India. Aunque mejor sería hablar en plural de buenos convivires, para no abrir la puerta a un Buen Vivir único, homogéneo, imposible de realizar, por lo demás. El Buen Vivir, en definitiva, plantea una cosmovisión diferente a la occidental al surgir de raíces comunitarias no capitalistas. Rompe por igual con las lógicas antropocéntricas del capitalismo en cuanto civilización dominante y también de los diversos socialismos realmente existentes hasta ahora, que deberán repensarse desde posturas socio biocéntricas y que no se actualizarán simplemente cambiando de apellidos. No olvidemos que socialistas y capitalistas de todo tipo se enfrentaron y se enfrentan aún en el ring del desarrollo y del progreso, y que están presos de visiones utilitaristas en su relación con la Naturaleza.

 

Sin pretender agotar el tema, sobre todo por la falta de espacio, aquí apenas se puntualizan algunos elementos que deberían ser considerados en una política económica de transición: • Desligarse de la adicción al crecimiento económico, valorándolo solo cuando las historias ambiental y social del mismo sean positivas. Con nuevos indicadores y nuevos conceptos habrá que transitar en este proceso de reinvención del mundo fuera de la modernidad imperante. • Impulsar una real redistribución de la riqueza y de los ingresos, teniendo como herramientas clave la política tributaria progresiva, la redistribución de la tierra y el agua, la eliminación de la financiarización y la especulación de la economía, etc. • Asegurar la mayor participación de la sociedad en las rentas que se obtienen de la Naturaleza en la fase de transición, es decir mientras se mantengan las actividades extractivistas. Recursos que deberán ser canalizados para financiar las transformaciones productivas indispensables, • Elaborar y poner en marcha una concepción estratégica de país para intervenir en el mercado mundial, lo que demanda, por un lado, una integración regional autónoma, y, por otro, la configuración de mercados domésticos orientados a satisfacer las necesidades de la población. • Dar paso a una transformación de la matriz productiva disminuyendo la dependencia del sector primario de la economía y reduciendo la heteregoneidad estructural del aparato productivo. El sector exportador debe estar subordinado al resto de la economía, no al revés. • Propiciar esquemas de consumo más suficientes y más autosustentables en línea con la búsqueda del Buen Vivir. En este destaquemos la necesidad de reinventar las ciudades, transformados en verdaderos monstruos que sofocan la vida humana y de la Naturaleza. • Fomentar el uso y el desarrollo de tecnologías orientadas a servir a los seres humanos, no a la acumulación del capital. La convivialidad tecnológica, como la que propuso Ivan Illich, es una reflexión para considerar. • Dar paso, entre muchos otros aspectos clave a la construcción de una estrategia que viabilice la soberanía alimentaria (no confundir con seguridad alimentaria), así como una transición energética orientada a un uso eficiente de los recursos renovables. En síntesis, para resolver estructuralmente la inequidad y la desigualdad, y para reencontrarnos con la Naturaleza, se precisa un cambio de la modalidad de acumulación primario exportadora, lo que implica dar paso al postextractivismo (Acosta, 2014). Pero eso, siendo importante, no es suficiente. Requerimos cambios que tengan como referentes otros horizontes estratégicos más allá del capitalismo. Si no superamos el capitalismo, la desigualdad socioeconómica y la depredación ambiental serán insuperables. Para conseguirlo, nos toca construir un mundo donde quepan otros mundos, sin que ninguno de ellos sea víctima de la marginación y la explotación, y donde todos los seres humanos vivamos con dignidad y en armonía con la Naturaleza, liberados de todo tipo de dogmas. Bibliografía: (…)

Este artículo es producto de la investigación del autor titulada «Análisis de las principales tendencias del extractivismo en el siglo XXI».

Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.24: 25-55, enero-junio 2016

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/215982.pdf

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Nos urge enfocarlas no sólo porque el capitalismo despliega totalmente su acumulación de exterminio sino también porque los gobiernos progresistas la han promovido y siguen sin ruptura con la lógica del capital como comprobamos en la siguiente nota de un intelectual cubano:

Venezuela, desarrollo minero contra guerra económica
9 de septiembre de 2016

Por Hedelberto López Blanch (Rebelión)

La República Bolivariana de Venezuela ha debido enfrentar en los últimos años una de las guerras económicas más fuertes ocurridas en Latinoamérica, auspiciada por las fuerzas de derecha nacionales y apoyadas desde el exterior por Estados Unidos y varios países desarrollados de occidente.

Con la intención de revertir su gran dependencia de la extracción de petróleo (su principal fuente de divisa que se ha visto afectada en los últimos tiempos por la baja internacional en los precios del crudo) Caracas ha lanzado un megaproyecto en el Arco Minero del Orinoco que le permitirá obtener entre 3 000 y 4 000 millones de dólares anuales.

Desde que el líder bolivariano llegó al poder en 1999, la Revolución ha sufrido numerosos ataques que van desde intentos de golpes de Estado, atentados contra la producción petrolera, acaparamiento de alimentos y medicinas por parte de la oligarquía, contrabando de mercancías hacia las fronteras, y violentas campañas de desinformación por los medios de comunicación controlados por occidente, que arreciaron después que Nicolás Maduro alcanzó la presidencia en elecciones generales.

La realidad es que Venezuela se convirtió desde el triunfo Bolivariano en una verdadera amenaza para los poderes hegemónicos tradicionales controlados desde Washington pues cuenta con la mayor reserva petrolera del mundo y tras la nacionalización de esa industria sus ganancias se destinaron a mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Tanto Chávez como Maduro han seguido un patrón de independencia y solidaridad que son ejemplos a seguir pues a la par que han ayudado a impedir crisis económicas en naciones latinoamericanas al ofrecerles combustibles a precios razonables, se han destacado por fortalecer la integración y la unión en toda la región sin la intromisión del Norte.

El denominado Arco Minero del Orinoco en el sureste de Venezuela, cuenta con una extensión de 111 843 kilómetros cuadrados y posee una amplia diversidad de minerales metálicos y no metálicos.

Entre los metálicos se hallan, oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, carbón, manganeso, magnesita y níquel, mientras aparecen en los no metálicos, diamante, fosfato, caliza, feldespato, dolomita, yeso, caolín, grafito y talco.

Los estimados del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, indican que el total del valor comercial de las reservas minerales en la zona, ubicada en el estado Bolívar, ascienden a más de dos trillones de dólares.

La estrategia lanzada por el gobierno de Nicolás Maduro se encamina a diversificar el desarrollo económico del país, aumentar su Producto Interno Bruto para continuar los programas sociales, rebajar la dependencia del petróleo y desbloquear el cerco financiero que le han impuesto los organismos financieros internacionales a instancias de los países occidentales encabezados por Washington.

Naciones amigas como Rusia, Sudáfrica y China han expresado el interés de incorporarse a los proyectos del Arco Minero del Orinoco, mientras otros que hasta el momento no han sido tan amistosos como Inglaterra, Canadá, Australia y Estados Unidos también han manifestado el deseo de invertir en la zona. Ya suman en total más de 100 empresas de 37 países las que se han acercado al Gobierno Bolivariano en aras de participar en las futuras explotaciones.

Las estimaciones (aún faltan la certificación oficial) señalan que las reservas de oro catapultarían a Venezuela a ser el segundo país del mundo con más oro, solo superado por las 8 133 toneladas que posee Estados Unidos.

Además del oro, en la zona hay 33,8 millones de quilates de diamante, 3 644 millones de toneladas de hierro, y gigantescos yacimientos probados de bauxita, cobre, coltán entre otros estratégicos minerales.

La puesta en marcha del proyecto, que ya había sido concebido por Hugo Chávez, como parte del desarrollo estratégico del país, junto a la Faja Petrolífera del Orinoco, deberá generar 25 000 empleos directos y 75 000 indirectos en el Estado Bolívar, pues se concibe como un plan general de desarrollo del sector industrial nacional. A la vez, ampliará el control y la presencia estatal en la rica zona minera que anteriormente ha estado sometida a la explotación ilegal dirigida por bandas violentas.

El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, explicó que el sistema adoptado será la creación de empresas mixtas en las que el Estado tendrá el 55 % de las acciones e igual porcentaje del total de las ganancias. Ya ese programa fue explicado a los futuros inversionistas en una reunión efectuada con firmas internacionales en la sede del Banco Central de Venezuela.

Asimismo, Mirabal detalló que el Arco Minero se ha dividido en cuatro bloques: el primero, denominado “Juana La Avanzadora”, que posee coltán, oro, bauxita y diamante; el segundo, “Manuelita Sáez”, con oro y diamante; el tercero, “Negra Hipólita”, donde prevalecen, hierro, oro, diamante y bauxita; y el cuarto, “Josefa Camejo”, que contiene básicamente yacimientos auríferos.

Los especialistas señalan que ésta ha sido una bien calculada movida del Gobierno Bolivariano para, además, frenar las constantes acciones financieras de las calificadoras internacionales como Moody´s, Fitch y Standard and Poor´s que han estado constantemente elevando el hipotético “riesgo” del país para las inversiones, que lo ubican hasta por debajo de Grecia (que se encuentra en default) y de Siria, completamente destruida por una guerra impuesta desde el exterior.

Pese a las constantes agresiones, el gobierno venezolano sigue adelante con sus proyectos económicos-sociales y el Arco Minero se convertirá en una bien pensada acción para que, pese a las diferencias políticas, los financiamientos y las inversiones internacionales fluyan con mejores condiciones hacia el país.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216486

 

 

Pensemos cómo la lucha contra la impunidad de exterminio de la vida planetaria no se restringe al capitalismo neoliberal sino que abarca al progresista o reformista. Ubiquémonos en cómo y hacia dónde avanza el sistema mundo con la colaboración de izquierdas insensibles a las razones de la resistencia de los pueblos contra la megamineria y  la superexplotación de hidrocarburos, de tierras, de mares...Atendamos a:

 

 

 

Arco Minero del Orinoco y fin de ciclo en Venezuela

19 de agosto de 2016

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

 

Mientras en Venezuela los defensores de la macondiana “minería ecológica ecosocialista” escriben artículos planteándonos que podríamos salir ganando con el proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), el gobierno venezolano habría firmado un acuerdo caníbal con la transnacional canadiense Gold Reserve que, de confirmarse oficialmente, contiene algunas cláusulas que podríamos considerar hasta cínicas, donde el Estado termina asumiendo todos los costos y consecuencias del proyecto (véase el reciente análisis de Edgardo Lander sobre el anunci o público realizado por esta minera el 8/08 acerca de su acuerdo con el gobierno venezolano: https://www.aporrea.org/contraloria/a232524.html).

Como un síntoma de estos tiempos, el presidente de la Gold Reserve, Doug Belanger, celebra la nueva política minera del gobierno nacional, ya no solo en a nombre su empresa, sino en el de todas las nuevas inversiones extranjeras directas que se beneficiarán con este cambio de rumbo.

Uno de los principales argumentos propuestos para defender el relanzamiento de este proyecto es que es una decisión soberana que nos permitiría recuperarnos y nos podría fortalecer políticamente. Parece que es todo lo contrario: no es que el Petro-estado venezolano va debilitado a negociar en el Arco Minero del Orinoco, sino que el Arco Minero del Orinoco es relanzado a raíz del debilitamiento del Petro-estado. El AMO es la clara expresión de este debilitamiento interno y geopolítico; es una expresión de poder del capital transnacional y se configura a partir del agotamiento y capitulación del progresismo gubernamental. Por tanto supone un nuevo esquema de poder en el país. A esto podríamos adjudicarle algunos claros rasgos de fin de ciclo.

No necesariamente hace falta que se produzca un cambio de gobierno para que se desarrolle un cambio de régimen. Esto parece notarlo cada vez más personas, militantes y organizaciones sociales en Venezuela y América Latina. Pero como no hay tabula rasa en estos complejos procesos históricos, importantes preguntas surgen: si estamos en un nuevo ciclo, ¿Cuándo comenzó a operar? ¿O cuándo ha terminado el anterior?

Sin pretender responder con precisión esta pregunta, y reconociendo que desde hace varios años un proceso de flexibilización económica progresiva se ha venido desarrollando en el país –desde tasas de cambio preferenciales a las transnacionales en la Faja del Orinoco, agresivos endeudamientos externos desde 2010, cesiones parciales de participación accionaria en las empresas mixtas a favor estas compañías foráneas, hasta llegar al decreto de las zonas económicas especiales–, planteamos que el AMO, más que sólo un proyecto minero de grandes proporciones, representa un punto de inflexión histórico en el país.

El AMO no es sólo un claro síntoma de la inviabilidad del capitalismo rentístico venezolano, inscrito en una larga crisis histórica. Es también la expresión más nítida de una completa reorganización de territorio nacional alrededor del extractivismo. Es el emblema de la expansión hacia las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela, a la apropiación las últimas zonas “vírgenes” del país, y refleja la nueva arquitectura geográfica del capitalismo al menos para los próximos 50 años.

El desarrollo del AMO se va conectar con el polo de desarrollo que configura con la Faja Petrolífera del Orinoco, que a su vez se vincula con el proyecto del puerto de aguas profundas en Araya por el norte y con proyectos de vialidad hacia Brasil por el sur –ambos inscritos en la estrategia COSIPLAN-IIRSA para Suramérica. La misma lógica que impulsa Puerto América en el Zulia para operativizar la expansión del extractivismo carbonífero en el norte de este estado, donde además se desarrollaría vialidad y un gaseoducto hacia Colombia. Y así podríamos hablar de la Faja Pesquera, el relanzamiento de los proyectos de gas offshore o la llamada Faja Forestal.

Toda esta red de proyectos representa una red de impactos socio-ambientales y económicos que tendrá devastadoras consecuencias. Tengo la impresión que los críticos del AMO en realidad somos también en el fondo los críticos de esta geografía del saqueo en Venezuela.

Pero hay algo más. Ante una crisis hegemónica, el AMO es probablemente una parte muy importante de la base material, del sostén económico de una nueva configuración de poder, de una nueva estructura de gobernanza. Su impacto es no sólo social, ambiental y económico, sino también político: de concretarse una alianza entre el sector militar y las corporaciones transnacionales basado en el extractivismo, como se hace evidente en los decretos y leyes promulgados en los últimos meses, pero también en los acuerdos firmados con mineras como la Gold Reserve, se terminaría de potenciar materialmente este pacto de gobernanza. Estaríamos, para interpretarlo en clave histórica, ante una especie de fase superior del Gomecismo.

Esto, a decir verdad, hay que tomárselo muy en serio. En las nuevas fronteras de las commodities se juega el futuro de la sociedad venezolana.

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo, investigador y ecologista político. Mención honorífica al Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. Hace parte de la Red Oilwatch Latinoamerica.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215708

 

 

Revisemos cómo los izquierdistas apoltronados en cierta cuota de poder estatal y/o mediático pueden deshumanizarse y mirar sólo por las divisas sin importarles que colaboran en profundizar la actual crisis civilizatoria. Tampoco atienden que "la violencia en la apropiación de recursos naturales, extraídos atropellando a los Derechos Humanos y a los Derechos de la Naturaleza, «no es una consecuencia de un tipo de extracción sino que es una condición necesaria para poder llevar a cabo la apropiación de recursos naturales», señala atinadamente Eduardo Gudynas (2013). Y se lo hace sin importar los impactos nocivos sociales, ambientales e incluso económicos de los proyectos extractivistas. Por cierto muchas veces ni siquiera se considera el agotamiento de los recursos y sus consecuencias".

 

 

Maldiciones, herejías y otros milagros de la economía extractivista

 

Por Alberto Acosta

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8866-9264 FLACSO, Ecuador

alacosta48@yahoo.com

Recibido: 21 de octubre de 2015 Aceptado: 22 de abril de 2016

 

(...)Esta modalidad de acumulación no requiere del mercado interno e incluso puede funcionar con salarios decrecientes. No hay la presión social que obliga a reinvertir en mejoras de la productividad ni a respetar la Naturaleza. Es más, la renta de la Naturaleza, en cuanto fuente principal de financiamiento de esas economías, determina la actividad productiva y el resto de relaciones sociales. Para colmo, el extractivismo —sobre todo petrolero o minero— promueve relaciones sociales clientelares, beneficiando a las propias empresas transnacionales e impidiendo desplegar una planificación económica adecuada. Véase, por ejemplo, los perniciosos efectos de las relaciones e inversiones comunitarias de estas empresas que terminan por sustituir al propio Estado en la dotación de servicios sociales, sin que ésta sea su función específica. Además, las compañías extranjeras construyen un marco jurídico referencial favorable y, en varias ocasiones, aprovechan que sus propios funcionarios o intermediaros han estado incrustados en los gobiernos, no solo buscando que ingresen al país las inversiones extranjeras sino, sobre todo, velando para que las reformas legales les sean ventajosas. Esta intromisión -alentada por organismos como el BID, el Banco Mundial o el FMI- se registra una y otra vez en los sectores petrolero y minero, donde los mismos directivos de las empresas o sus abogados llegan a dirigir las instancias de control estatal. Luego se reproduce de manera perversa esta relación subordinada y subordinadora cuando la dirección de la empresa estatal petrolera o del ministerio del ramo es asumida por personajes abiertamente al servicio de las empresas transnacionales. Otra situación retorcida se da cuando gente sin conocimiento asume el funcionamiento de dichas empresas, que en breve se deterioran creando las condiciones para que las transnacionales devengan en las salvadoras de última instancia. Y en todos estos ámbitos la corrupción campea.

 

No se puede concluir la reflexión sin sentar un aspecto típico que aparece en los países atrapados por la «maldición de la abundancia»: las violencias, que configuran un elemento consustancial de un «modelo biocida». Veamos sólo la violencia, desatada por las propias empresas extractivistas, que pasa por diversos grados: represión estatal; criminalización de los defensores de la vida; guerras civiles; guerras abiertas entre países; agresiones imperiales por parte de algunas potencias empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos naturales, sobre todo hidrocarburíferos o minerales. Este es un punto medular. La violencia en la apropiación de recursos naturales, extraídos atropellando a los Derechos Humanos y a los Derechos de la Naturaleza, «no es una consecuencia de un tipo de extracción sino que es una condición necesaria para poder llevar a cabo la apropiación de recursos naturales», señala atinadamente Eduardo Gudynas (2013). Y se lo hace sin importar los impactos nocivos sociales, ambientales e incluso económicos de los proyectos extractivistas. Por cierto muchas veces ni siquiera se considera el agotamiento de los recursos y sus consecuencias. En palabras de Watts (1999), podemos concluir que «toda la historia del petróleo está repleta de criminalidad, corrupción, el crudo ejercicio del poder y lo peor del capitalismo de frontera», afirmación plenamente aplicable al resto de extractivismos

 

El impacto del extractivismo: la cultura del milagro amenaza la democracia

Todo lo mencionado en el punto anterior contribuye a debilitar la gobernabilidad democrática pues establece o facilita la permanencia de gobiernos, que necesitan ser autoritarios y clientelares, así como de empresas voraces y también clientelares. El manejo muchas veces dispendioso de los ingresos obtenidos vía exportación masiva de materias primas y la ausencia de políticas previsibles terminan debilitando la institucionalidad existente o impiden su construcción. En efecto, estos países extractivistas no se caracterizan como ejemplo de democracia, sino todo lo contrario. América Latina tiene una amplia experiencia en este campo. Venezuela ha sido desde inicios del siglo XX un ejemplo paradigmático. Otros países latinoamericanos también han registrado períodos autoritarios derivados de la modalidad de acumulación primario-exportadora, sustentada en pocos recursos naturales de origen mineral. Igual reflexión se podría hacer para los países exportadores de petróleo como aquellos de los Golfos Pérsico o Arábigo. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, entre otros países de dicha región, que son muy ricos en términos de acumulación de depósitos financieros y con elevados niveles de ingreso per cápita; sin embargo no pueden incorporarse en la lista de países «desarrollados»: la inequidad registrada en muchos ámbitos —como el de género y étnico- es intolerable y sus gobiernos no sólo que no son democráticos, sino que se caracterizan por profundas prácticas autoritarias. Se podrían encontrar ejemplo contrarios, como Noruega. Sin embargo este país se libró de la «maldición de la abundancia» porque la extracción y exportación de petróleo empezaron y se expandieron cuando ya existían sólidas instituciones económicas y políticas democráticas e institucionalizadas, con una sociedad sin inequidades comparables a la de los países petroleros o mineros. Es decir, cuando este país escandinavo ya era un país capitalista desarrollado. Queda la inquietud de si con este manejo «responsable» desaparecen las violencias propias de los extractivismos sobre la Naturaleza; lo que dudamos definitivamente. Con todo, esta es una experiencia que vale la pena debatir y que puede ayudar a construir respuestas a estas maldiciones, que no serán superadas con respuestas líricas, conjuros o contra-maldiciones.

Respecto a América Latina, en los últimos años hemos visto como los gobiernos tanto progresistas como neoliberales, a través de ampliar el extractivismo buscan nuevos ingresos para impulsar ambiciosos proyectos de «desarrollo» y sostener amplios programas de apoyo a una sociedad con muchas carencias y que cada vez exige más. De hecho las demandas sociales son uno de los mayores alicientes para mantener y apoyar las actividades primario-exportadoras. Los gobiernos, con este esfuerzo, esperan financiar la atención a esas demandas sociales largamente postergadas. Y como vimos, tal presión se mantiene incluso en épocas de crisis de los precios de las materias primas. En situaciones de bonanza, varios gobiernos de economías ricas en recursos naturales han llegado incluso a pronosticar la pronta «superación del subdesarrollo». Un caso muy recordado es el del Sha Reza Phalevi, uno de los mejores socios de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Este monarca alentado por los elevados ingresos petroleros que recibía su país en los años setenta del siglo XX, aseguraba que antes del año 2000 su país se encontraría entre las cinco naciones más ricas y poderosas del planeta. El sueño no duró mucho; su gobierno fue derrocado por una amplia movilización popular impulsada por los ayatolas. Como afirma Fernando Coronil (2002) para el caso venezolano (situación extrapolable a otros países) en este tipo de economías aflora un «Estado mágico», con capacidad de desplegar la «cultura del milagro». Gracias a los cuantiosos ingresos de las exportaciones de petróleo o minerales, muchas veces los gobernantes de este tipo de Estados se asumen como portadores de la voluntad colectiva y tratan de acelerar el salto hacia la ansiada modernidad occidental (capitalista). Y así surgen los modelos milagrosos, como sucedió en Ecuador en pleno boom de los commodities durante el gobierno de Rafael Correa.

La explotación de los recursos naturales no renovables permite que surjan Estados paternalistas, cuya capacidad de incidencia está atada a la capacidad política de gestionar una mayor o menor participación de la renta minera o petrolera. Son Estados que al monopolio de la violencia política añaden el monopolio de la riqueza natural (Coronil, 2002). Aunque parezca paradójico, este tipo de Estado (que busca realizar el milagro de multiplicar permanentemente los panes y los peces) muchas veces delega parte sustantiva de las tareas sociales a las empresas petroleras o mineras, abandona —desde la perspectiva convencional del desarrollo— amplias regiones (tal como se ha visto en la Amazonía ecuatoriana). Y en estas condiciones de «desterritorialización» del Estado, se consolidan respuestas propias de un Estado policial que reprime a las víctimas del sistema al tiempo que declina el cumplimiento de sus obligaciones sociales y económicas. En estas economías petroleras o mineras de enclave se configura una estructura y dinámica políticas voraces y autoritarias. Su codicia, particularmente en los años de bonanza, se plasma en un aumento muchas veces más que proporcional del gasto público y sobre todo una discrecional distribución de recursos fiscales, tal como aconteció en el Ecuador de los años setenta o años después con el gobierno de la mal llamada «revolución ciudadana»; el caso venezolano es nuevamente paradigmático. Este ejercicio político —especialmente en un boom exportador— se explica también por el afán de los gobiernos de mantenerse en el poder y/o por su intención de acelerar varias reformas estructurales que asoman desde su perspectiva como indispensables para transformar sociedades consideradas atávicas (desde la todavía dominante visión de la colonialidad, que margina y reprime los conocimientos y prácticas ancestrales). Este incremento del gasto y las inversiones públicas es también el producto del creciente conflicto distributivo que se desata entre los más disímiles grupos de poder. Como reconoce Jürgen Schuldt: se trata, por tanto, de un juego dinámico de horizonte infinito derivado endógenamente del auge. Y el gasto público —que es discrecional— aumenta más que la recaudación atribuible al auge económico (política fiscal pro-cíclica).

 

Este «efecto voracidad» provoca la desesperada búsqueda y apropiación abusiva de parte importante de los excedentes generados en el sector primario-exportador. Ante la ausencia de un gran acuerdo nacional para manejar estos recursos naturales, sin instituciones democráticas sólidas (que sólo pueden construirse con una amplia y sostenida participación ciudadana), sin respetar los Derechos Humanos y de la Naturaleza, aparecen en escena diversos grupos de poder nocooperativos desesperados por obtener una tajada de la renta minera o petrolera. Además, como consecuencia de la apertura de amplias zonas boscosas provocada por las actividades mineras o petroleras, surgen otras actividades extractivistas que provocan, a su vez, graves problemas ambientales y sociales, como las madereras o plantaciones para monocultivos. En la disputa por la renta de los recursos naturales intervienen, sobre todo, las empresas transnacionales y sus aliados criollos, la banca internacional, amplios sectores empresariales y financieros, incluso las Fuerzas Armadas, así como algunos segmentos sociales con incidencia política. Igualmente obtiene importantes beneficios la «aristocracia obrera» vinculada a las actividades extractivistas (en los términos que planteó Hobsbawn, 1981). Y -como es fácil comprender- esta pugna distributiva, que muchas veces es conflictiva, provoca tensiones políticas lo que demanda gobiernos autoritarios. En muchos países primario-exportadores, los gobiernos y las élites dominantes, la «nueva clase corporativa», han capturado no sólo el Estado (sin mayores contrapesos) sino que también han cooptado a importantes medios de comunicación, encuestadoras, consultoras empresariales, universidades, fundaciones y estudios de abogados.

Así las cosas, inclusive la privatización y la creciente mercantilización del conocimiento están a la orden del día. Para mencionar un par de casos, hay cátedras especializadas en «estudiar» los transgénicos, agrocombustibles, petróleo, minería… con académicos prestos a legitimar el extractivismo, minimizando o aun negando sus impactos devastadores. Inclusive este tipo de financiamiento se ha dado para tratar de desconocer o aún falsear desde la academia aquellos estudios que denuncian graves problemas para la Humanidad. No hay duda hasta la «ciencia» es cada vez más dependiente de los poderes hegemónicos, que tienen en la mira la apropiación sistemática de la Naturaleza y el control de territorios estratégicos. Con esto las grandes transnacionales extractivistas se han convertido en un «actor político privilegiado» por poseer «niveles de acceso e influencia de los cuales no goza ningún otro grupo de interés, estrato o clase social» y, aún más, que les permite «empujar la reconfiguración del resto de la pirámide social (…) se trata de una mano invisible en el Estado que otorga favores y privilegios y que luego, una vez obtenidos, tiende a mantenerlos a toda costa», asumiéndolos como «derechos adquiridos» (Durand, 2006). Esta realidad conlleva múltiples costos económicos: la subvaluación de las ventas o la sobrevaluación de los costos para reducir el pago de impuestos o aranceles; eventuales e incluso sorpresivas reducciones de la tasa de extracción para forzar mayores beneficios (como lo hizo la Chevron-Texaco en el Ecuador en los años setenta); creciente presencia de intermediarios de todo tipo que dificultan la producción y encarecen las transacciones; incluso la reducción de las inversiones sectoriales, al menos de las empresas más serias… Por otro lado, depender tanto de la generosidad de la Naturaleza margina los esfuerzos de innovación productiva e incluso de mercadeo.

De la mano de la «maldición de la abundancia», aparece la «maldición de la deuda» fomentada por los créditos externos. Así por ejemplo Ecuador, como nuevo rico petrolero pudo conseguir créditos más fácilmente que cuando era un pobretón bananero.15 En pleno auge económico de los años setenta en el siglo XX, la deuda pública, particularmente externa creció más que proporcionalmente en relación al boom propiamente dicho (es cierto que también creció por condiciones externas derivadas de las demandas de acumulación del capital). Aquí asoma nuevamente el «efecto voracidad», manifestado por el deseo de participar en el festín de los cuantiosos ingresos provenientes de la banca internacional (privada y multilateral), corresponsable de los procesos de endeudamiento externo (Manzano y Rigobon, 2001, Acosta 1994). Como consecuencia de la alta recaudación derivada de la explotación de los recursos naturales, los gobiernos tienden a dejar de cobrar otros impuestos, como el impuesto a la renta; en realidad despliegan una mínima presión tributaria. Esto, como reconoce Schuldt, «malacostumbra» a la ciudadanía. Y lo que es peor, «con ello se logra que la población no le demande al gobierno transparencia, justicia, representatividad y eficiencia en el gasto»: que robe un gobernante no es tan grave si «hace obra», se escucha repetir con insistencia. Un tema preocupante, pues la demanda por representación democrática en el Estado, nos recuerda el mismo Schuldt (2005), surgió generalmente como consecuencia de los aumentos de impuestos; por ejemplo, en Gran Bretaña hace más de cuatro siglos y en Francia a principios del siglo XIX. Las lógicas del rentismo y del clientelismo, incluso del consumismo, difieren e impiden la construcción de ciudadanía. Y estas prácticas clientelares, al alentar el individualismo, pueden llegar a desactivar las propuestas y las acciones colectivas, afectando a las organizaciones sociales y lo que es más grave, al sentido de comunidad. Estos gobiernos tratan de subordinar a los movimientos sociales y, si no lo logran, plantean estructuras paralelas controladas por el propio Estado.

Sin minimizar la importancia de cubrir niveles de consumo adecuado para la población tradicionalmente marginada, no faltará quien —ingenuamente- vea en el consumismo hasta elementos democratizadores, sin considerar ni los patrones de consumo importados que se consolidan y tampoco considerar que la creciente demanda se satisface, casi siempre, con la oferta proveniente de grandes grupos económicos y hasta con bienes importados. El auge consumista, que puede durar mientras dure la bonanza, es una cuestión psicológica nada menor en términos políticos. Este incremento del consumo material (DVD, pantallas de TV planas, automóviles…) se confunde con una mejoría de la calidad de vida, en clara consonancia con el carácter fetichista que acompaña al intercambio de mercancías. Así los gobiernos pueden ganar legitimidad desde la lógica del consumismo, algo que no es ambiental ni socialmente sustentable. En estas economías se mantiene una inhibidora «mono-mentalidad exportadora» que ahoga la creatividad y los incentivos de los empresarios nacionales que habrían estado dispuestos —potencialmente— a invertir en ramas económicas con alto valor agregado y de retorno. También en el seno del gobierno, e incluso entre la ciudadanía, se difunde esta «mentalidad pro-exportadora» casi patológica.

Todo esto lleva a despreciar las capacidades y potencialidades humanas, colectivas y culturales disponibles en el país. Se impone una suerte de ADN-extractivista en toda la sociedad, empezando por sus gobernantes. Y todo esto no pasa desapercibido en el ámbito de la política. Los gobiernos de estas economías primario-exportadoras no sólo cuentan con importantes recursos —sobre todo en las fases de auge de los precios— para asumir la necesaria obra pública, sino que pueden desplegar medidas y acciones dirigidas a cooptar a la población para asegurar una base de «gobernabilidad» que posibilite introducir las reformas y cambios que consideran pertinentes. Pero las buenas intenciones desembocan, con frecuencia, en ejercicios gubernamentales autoritarios y mesiánicos que, en el mejor de los casos, se ocultan detrás de «democracias delegativas». Además, la mayor erogación pública en actividades clientelares reduce las presiones latentes por una mayor democratización. Se da una suerte de «pacificación fiscal» (Schuldt), dirigida a reducir la protesta social. Aquí observamos a los diversos tipos de bonos empleados para paliar la extrema pobreza, sobre todo aquellos enmarcados en un clientelismo puro y duro que premia a los feligreses más devotos y sumisos. Los altos ingresos del gobierno le permiten desplazar del poder y prevenir la configuración de grupos y fracciones de poder contestatarias o independientes, que puedan demandar derechos políticos y otros (derechos humanos, justicia, cogobierno, etc.). Incluso se destinan cuantiosos recursos para perseguir a los contrarios, incluyendo a los herejes que no entienden las «bondades indiscutibles» de los extractivismos. Estos gobiernos pueden reforzar sus controles internos incluyendo la represión a los opositores. Además, sin una efectiva participación ciudadana se da paso a un vaciamiento de la democracia, por más que se consulte repetidamente al pueblo en las urnas.

 

En síntesis, la dependencia de recursos naturales no renovables, en muchas ocasiones, lleva a la constitución de gobiernos caudillistas por los siguientes factores: Débiles instituciones del Estado que hagan respetar las normas y fiscalicen las acciones gubernamentales. • Ausencia de reglas y de transparencia que alientan la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y los bienes comunes.16 • Conflicto distributivo por las rentas entre grupos de poder, lo que —a la larga, al consolidar el rentismo y patrimonialismo— disminuye la inversión y el crecimiento económico. • Políticas cortoplacistas y poco planificadas de los gobiernos. Además estos gobiernos presidencialistas, que atienden clientelarmente las demandas sociales, son el caldo de cultivo para nuevas formas de conflictividad sociopolítica. Esto se debe a que no se aborda estructuralmente las causas de la pobreza y marginalidad. Igualmente los significativos impactos ambientales y sociales, propios de estas actividades extractivistas a gran escala, aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez exige nuevas respuestas represivas. En la medida en que se carezca de una adecuada institucionalidad, los costos ambientales, sociales, políticos e incluso económicos (relacionados al uso de la fuerza pública) necesarios para controlar los enfrentamientos que, por ejemplo, la minería a gran escala o la actividad petrolera provocan, no serán nada despreciables. Además habrá que anticipar el efecto de esta inestabilidad social casi programada sobre otras actividades productivas en las zonas de influencia minera. Todo esto demanda de los gobiernos extractivistas, independientemente de su filiación ideológica discursiva, respuestas —autoritarias— que frenen la disidencia. En Colombia el presidente Juan Manuel Santos recurrió a una figura como «la locomotora minera» en cuanto símbolo para arrastrar a su país, a través de la minería, al ansiado «desarrollo»; atropellando cualquier intento de crítica, se entiende. En Bolivia, su vicepresidente Álvaro García Linera, con un discurso cargado de agresiones e insultos, carente de argumentos, no dudo en tildar a los críticos del extractivismo de «troskistas verdes». Algo similar acontece con el presidente ecuatoriano Rafael Correa que califica a los contrarios a las actividades extractivas como «ecologistas o indigenistas infantiles». Correa aseveró incluso que «hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más ni un segundo que perder, (…) los que nos hacen perder tiempo también son esos demagogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasamos discutiendo tonterías. Oigan en Estados Unidos, que vayan con esa tontería, en Japón, los meten al manicomio» (10.12.2011).

Lo cierto es que estos gobernantes, que asumen el papel de la Santa Inquisición para proteger la fe extractivista, apuntalados con los infaltables expertos de los cenáculos extractivistas, al arremeter contra los herejes -cual teólogos que defienden «la religión verdadera»-, ni siquiera pueden debatir con argumentos, sino que caricaturizan, amenazan y descalifican a los contrarios, impidiendo cualquier discusión mucho más profunda. Los efectos de estos conflictos y violencias también afectan a los gobiernos seccionales, municipales, atraídos por algunas promesas. No obstante, estos gobiernos locales, tarde o temprano, tendrán que asumir los costos de esta compleja y conflictiva relación entre las comunidades, las empresas y el gobierno central. Los planes de «desarrollo» locales estarán en riesgo, pues la minería o el petróleo —con una imposición casi religiosa- tienen supremacía; esto terminará por hacer pedazos aquellos planes elaborados participativamente y con conocimiento de causa por las poblaciones locales. Esta es una cuestión que no puede pasar desapercibida. Finalmente, recordemos que las economías extractivistas normalmente deterioran grave e irreversiblemente el medio ambiente natural y social en el que se desempeñan. Ese deterioro a la larga puede generar problemas económicos, sociales y ambientales que, en el caso de no encontrar un nuevo producto de exportación que reemplace a aquellos que entren en crisis, pueden generar problemas irreversibles, desde el agotamiento de varios recursos no renovables (e incluso renovables) hasta la caída en el bienestar de la población y la perpetuidad del subdesarrollo.

Conocer las principales patologías de estas maldiciones

Para responder a tantas maldiciones es preciso conocer a cabalidad los problemas que hay que resolver y las capacidades disponibles para enfrentarlos. Conozcamos, pues, las patologías propias de las economías en las que sus gobernantes y élites dominantes han apostado y apuestan prioritariamente por la extracción y exportación de recursos naturales. Una propuesta convertida en una suerte de devoción religiosa, incluso dogmática, que se ha vuelto prácticamente indiscutible. Aquí se mencionan, a modo de puntos críticos medulares apegados a la realidad, varias de dichas patologías que generan este esquema de acumulación, que se retroalimenta y potencia sobre sí misma en círculos viciosos cada vez más perniciosos.

 

Aceptémoslo, el extractivismo, en cuanto elemento de una modalidad de acumulación primario-exportadora, nos mantiene en el infierno de la pobreza y la marginación. Se puede vivir épocas de bonanza económica, pero tarde o temprano, vendrán las épocas de escasez y las plagas, al tiempo que se recrudecen las dependencias, sobre todo si no se corrigen algunas de las patologías expuestas anteriormente. Una primera conclusión, entonces, radica en la necesidad imperiosa de superar la dependencia extractivista. Y para lograrlo, se precisa elaborar y poner en marcha una estrategia suficientemente flexible para enfrentar los retos que implica lo que será una larga fase de transición. En primer lugar hay que enfrentar aquellos intereses poderosos que quieren mantenernos sumidos en la barbarie extractivista. Esa acción política debe venir acompañada de una vigorosa disputa cognitiva que tenga en la mira el desmantelamiento del ADN-extractivista de nuestras sociedades. Y eso se conseguirá desarrollando y difundiendo propuestas alternativas concretas, que tengan una visión utópica de futuro.(...)

Bibliografía: (…)

 

Este artículo es producto de la investigación del autor titulada «Análisis de las principales tendencias del extractivismo en el siglo XXI».

Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.24: 25-55, enero-junio 2016

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/215982.pdf

 

En consecuencia, hoy más que nunca los sujetos de los cambios radicales o sea de los buenos vivires son las organizaciones en lucha contra las varias formas de extractivismo como el sistema global de agronegocios. En efecto:

 

El 13 y 14 de agosto se llevó a cabo en la localidad de Trenque Lauquen el 7° Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires, con una nutrida asistencia de vecinos, asambleas y organizaciones preocupadas por la problemática del uso masivo de agrotóxicos y transgénicos en el proceso de producción agrícola y hortícola. 

17 de agosto de 2016

 

Por Naturaleza de Derechos.

Estuvieron representadas las localidades de Alberti, Vicente López, Chivilcoy, 9 de Julio, Saladillo, Carlos Tejedor, Rivadavia, Coronel Suárez, San Fernando, Pehuajo, La Plata, Mar del Plata, Pergamino, Necochea, Quequen, Bragado y Los Toldos. También estuvieron presentes militantes y referentes de las provincias de La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Córdoba.

La apertura del encuentro fue el sábado a las 11 hs y estuvo a cargo de Pablo Carabelli del grupo de Vecinos Autoconvocados por la Salud de Trenque Lauquen, colectivo socioambiental organizador del Encuentro, quien dio bienvenida a todos los asistentes con unas emotivas palabras, señalando que los encuentros de pueblos fumigados son "una tarea desinteresada en la que los pesos salen del bolsillo de cada uno para hacer fotocopias y pagarse el combustible que lo lleve al próximo sitio donde intentarán ser escuchados por el bien de todos mientras los millones de pesos, dólares o euros fluyen a cada instante desde las arcas de empresas transnacionales hacia los bolsillos de tantos que compran y venden gustosos los cantos de sirena que consagran el sistema de agronegocios. Por eso y tanto más, muchas gracias amigos por esta lucha noble por un futuro saludable".

Asimismo se leyó una cálida y hermosa carta de adhesión de Margarita Goycochea, mujer luchadora por el ambiente y la salud de Los Toldos, que no pudo concurrir al encuentro, pero envío un emotivo texto dando ejemplo de la incansable lucha de una de las primeras personas que avizoró y denunció las consecuencias del modelo agrícola extractivista y contaminante.

Acto seguido se hizo la presentación de la charla del Dr. Medardo Ávila Vásquez, de la Red de Médicos de Pueblos fumigados, sobre los impactos de los agrotóxicos en la salud humana.

Ávila Vásquez ilustró mediante diapositivas los efectos perniciosos de los agrotóxicos en las personas expuestas directa como indirectamente a los mismos. El médico neonatólogo apuntó que ha habido una campaña durante muchos años para hacernos creer que los agrotóxicos son fitosanitarios, son protectores de los cultivos. Por eso nosotros siempre nos referimos a ellos como agrotóxicos, es decir, sustancias que son venenosas, dañan a seres vivos y así los denominamos y ese es uno de los puntos centrales de la disputa que tenemos con el agronegocio en el país.

Luego, fue el turno de la agroecología, de la mano del agro ecólogo Juan Carlos Domínguez, vecino del Partido de Trenque Lauquen, quien habló de su praxis agroecológica y de la imposibilidad de la coexistencia del modelo del agro negocio atado al uso de semillas transgénicas y agrotóxicos con un proceso adecuado que importe el no uso de los mismos, tal como él lo viene desarrollando desde hace más de 20 años. Domínguez considera que se debe quitar la idea de que las producciones alternativas son un hobby para gente pudiente y debe ser ubicada en un contexto en el que se pueda resolver los problemas de alimentación como lo hace la agricultura actual.

En la tarde del sábado, el encuentro ahondó la problemática de los agrotóxicos sobre 4 ejes: política ambiental y aspectos legales, arte y comunicación, agroecologia y escuelas rurales. Cada eje se trató en debate en comisiones durante mas de tres horas. El trabajo en comisión fue muy enriquecedor y giro en torno -principalmente- al espurio y regresivo proyecto de ley de agrotóxicos procáncer del Senador Coll Areco, que obtuviera recientemente media sanción de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

Tras el trabajo en comisiones, los asistentes al Encuentro se trasladaron hasta la Biblioteca Municipal, para presenciar la charla-debate del periodista de Página 12, Darío Aranda, quien expuso sobre su último trabajo de investigación periodística "Tierra Arrasada".

También se contó con la presencia del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro "Envenenados", en el que se da cuenta de las consecuencias del modelo productivo actual y los hechos que los vecinos y asambleas denuncian en los encuentros de pueblosfumigados.

El evento socioambiental también tuvo un espacio para una Peña abierta a la comunidad el sábado a la noche con una asistencia de más 300 personas que colmó las instalaciones modernas del Club Atlético de Trenque Lauquen. Hubo tiempo para el folklore, rock, baile y la charla amena y fraternal entre los concurrentes.

El encuentro prosiguió el domingo a la mañana. En un primer turno, expuso el militante Eduardo Rossi, integrante de Paren de Fumigarnos de Santa Fe, quien se refirió a la situación actual de la problemática de los agrotóxicos en la hermana provincia litoraleña, resaltándose el freno al proyecto de ley regresivo de la diputada Bertero.

Inmediatamente se pasó al debate plenario, en base a las propuestas de las distintas comisiones. El punto de acuerdo primario fue la exigencia del cambio del modelo productivo agrícola y hortícola, el rechazo palmario del proyecto de ley de agrotóxicos con media sanción del Senado provincial por su carácter regresivo y abierta desprotección a la salud y la biodiversidad, y la necesidad de avanzar definitivamente a un proceso de una agricultura que abandone el uso de semillas transgénicas y agrotóxicos.

Como medidas puntuales hubo acuerdos en formar una red de emprendimientos agroecológicos intervinientes en el encuentro para difundir y promover el voluntariado y pasantia en los mismos, alentar una comunicación que comprenda expresiones artísticas y procurar un acercamiento con los gremios docentes en la defensa del personal docente y no docente de las escuelas rurales que son expuestos con sus alumnos a las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos.

 

En el marco de una acción urgente ante el eminente tratamiento de la ley de agrotóxicos por la Cámara de Diputados que cuenta con media sanción de senadores, el plenario acordó hacer una presentación esta semana en la legislatura provincial exigiendo que se convoque a audiencias públicas y dejando de manifiesto el rechazo al proyecto de ley, solicitando y recomendando cuestiones puntuales que refieren a la aplicación del principio precautorio y la consideración de investigaciones y trabajos sobre la deriva de agrotóxicos que desarticulan seriamente las burdas distancias establecidas arbitrariamente en la sectaria y absurda propuesta legislativa en discusión, la cual prioriza un modelo productivo claramente incompatible con el paradigma ambiental trazado en la Constitución Nacional, considerando exclusivamente parámetros de rentabilidad a la par que ignora por completo las consecuencias nocivas en la salud humana y el ambiente.

El plenario finalizó con la elección de la sede para el próximo encuentro en la localidad de Necochea asumiendo su compromiso los vecinos autoconvocados de dicha localidad costera.

Tras una jornada intensa de debate, y en la recta final del encuentro, se realizó una movilización desde las instalaciones del club Atlético hasta la plaza principal de Trenque Lauquen. La marcha fue pacifica y encabezada con la bandera emblemática de los Vecinos Autoconvocados locales, a la cual se sumaron las banderas de los colectivos participantes.

Luego de un breve discurso de Pablo Carabelli, alzando la voz de las asambleas participantes reclamando y denunciando los daños que provocan los agrotóxicos, la movilización socioambiental se trasladó al centro cívico para firmar la petición administrativa y presenciar el documental "La Jugada del Peón" de Juan Lepore en una cómoda sala.

Concluido el documental, ya pasada las 21 hs, el abrazo final, fraternal y emocionado entre los asistentes al encuentro, daba cuenta de la intensidad de lo vivido, y con la promesa irrenunciable de seguir firme en la lucha con la voz en alto hasta el próximo encuentro en Necochea, rechazando el proyecto de ley de agrotóxicos y reclamando un modelo de producción agrícola y hortícola adecuado con el derecho a gozar del máximo nivel de salud posible, la preservación de la biodiversidad, la garantízación de los derechos humanos al hábitat y a la alimentación sana, y que no comprometa las necesidades de las generaciones futuras.

Los encuentros de pueblos fumigados son un espacio para fraternizar, tejer lazos de cooperación y aunar criterios ante una problemática que desde el poder económico y el propio estado se invisibiliza, pero como bien lo apuntara Darío Aranda en su exposición en Trenque Lauquen, ante el pesimismo de la razón, hay una sola alternativa: el positivismo de la voluntad.

Naturaleza de Derechos

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12618

 

 

Veamos porqué: "Es hora de participar, involucrarnos y ejercer una ciudadanía plena en la defensa de nuestros derechos.
Esta lucha la hacemos entre todxs"
y qué nos proponen hacer:

 

 

Situación de los Pueblos Fumigados en Argentina, 2012

 

Opinión desde la Red de Médicos de Pueblos Fumigados

Desde hace más de 10 años distintos grupos de vecinos vienen denunciando que el indiscriminado uso de agrotóxicos en sus territorios ocasiona enfermedades en sus familias, muchas de ellas muy graves. Ante esta situación, algunos miembros de equipos de salud de los pueblos fumigados se reunieron en la Facultad de Cs. Médicas de Córdoba (2010) y de Rosario (2011) y formaron esta Red para estudiar y recopilar datos sobre el impacto que la actual forma de producción agroindustrial ocasiona en nuestras comunidades; para difundir la información científica -que las empresas como Monsanto y los gobiernos nacionales y provinciales ocultan- sobre la toxicidad de glifosato, 2.4D, atrazina, endosulfán, clorpirifós, etc. Y también para acompañar al movimiento de las comunidades damnificadas en sus reclamos por derechos a la salud y a un ambiente sano.

para ver en pdf esta nota haga click aqui: Situación de pueblos fumigados ARG, 2012, pdf (4438)

 

El Modelo Productivo: uso creciente de agrotóxicos

La tonelada de soja que cotizaba a 160 u$s en 2001, en marzo de 2012 valía 500 u$s, el rendimiento promedio es de 3 a 4 tn/ha, los costos de producción son de 100-150 u$s/ha: la rentabilidad es descomunal. De un total de 300.000 productores rurales en todo el país, 80.000 se dedican a esta agricultura transgénica y química, de ellos 20.000 concentran el 70%  de la producción,  son básicamente  S.A. y pooles de siembra que lo hacen arrendando campos o intrusando territorios de pueblos originarios o de campesinos ancestrales. En los últimos diez años, la frontera agrícola se ha expandido casi en un 60%, avanzando sobre regiones destinadas a otras producciones, sobre territorios con agricultura familiares y masivamente sobre bosques.

Impera una agricultura de monocultivos, una agricultura química, un modelo agroindustrial que utiliza un paquete tecnológico que incluye siembra directa, semillas transgénicas y aplicación agrotóxicos. En ese marco, y principalmente como consecuencia de la inviabilidad natural del monocultivo, con el fin de sostener la productividad se aplican cantidades cada vez mayores de agroquímicos en un territorio donde conviven con los cultivos transgénicos más de 12 millones de personas.  Hay que reconocer que los “productos” que utilizan son todos venenos: los herbicidas, como glifosato, 2.4D o atrazina, están destinados a matar plantas, y los orientados a matar insectos como endosulfán, clorpirifós, dimetoato, etc. tienen efectos deletéreos sobre la salud humana
La  utilización de estos agrotóxicos viene aumentando exponencialmente desde el año 1990: en ese momento se usaban 30 millones de litros de venenos, hoy (2012) se aplican más de 340 millones de litros. En la misma hectárea donde se usaban 2 ó 3 litros de glifosato, hoy se usan 8 ó 12 litros y se le agrega 1,5 litros de 2.4D por año, en zonas de Santiago del Estero y Chaco se usa hasta 20 litros/ha. de Round Up.

El gobierno estimula este tipo de producción, haciendo oídos sordos al reclamo de los pueblos fumigados de restringir inmediatamente las fumigaciones en zonas pobladas, prohibir las criminales fumigaciones aéreas y poner en discusión el sistema de producción agraria en la Argentina.

 

Situación de los pueblos fumigados

Después de 15 años de fumigaciones sistemáticas, los equipos de salud de los pueblos fumigados detectan un cambio en el patrón de enfermedades en sus poblaciones: los problemas respiratorios son mucho más frecuentes y vinculados a las aplicaciones, igual que las dermatitis crónicas; de la misma manera, los pacientes epilépticos convulsionan mucho más frecuentemente en época de fumigación, son más frecuentes la depresión y los trastornos inmunitarios.
Se registran altas tasas de abortos espontáneos (hasta del 19%) y aumentó notablemente las consultas por infertilidad en varones y mujeres. Los rebaños de cabras de los campesinos y originarios registran, en algunas zonas, hasta un 100% de abortos vinculados a la exposición con pesticidas. Se detecta también un aumento de trastornos tiroideos y de diabetes.
Cada vez nacen más niños con malformaciones en estas zonas, especialmente si los primeros meses del embarazo coinciden con la época de fumigaciones.  Síndromes de Down, mielomeningoceles, cardiopatías congénitas, etc. se diagnostican con frecuencia en estas áreas.

Los pueblos fumigados también presentan un cambio en sus causas de muerte. Según los datos de los registros civiles a los que hemos podido acceder, encontramos que más del 30% de las personas que mueren en estos pueblos fallecen por cáncer, mientras que en todo el país ese porcentaje es menor a 20%. La mortalidad por cáncer aumento claramente en estas áreas, siendo éste un fenómeno nuevo, detectado por nuestros colegas desde el año 2000 y no verificado antes. Curiosamente, la fecha coincide con la  expansión del consumo de glifosato y otros agroquímicos que son masivamente aplicados en la zona.
La agresión química afecta a todas las personas, pero sin duda que los pobres del campo, los peones, sus mujeres y niños, son los que tienen menos posibilidades de proteger y recuperar su salud. Además, desde el norte de Córdoba y Santa Fé, la mayor parte de los nuevos emprendimientos de agricultura química son concretados por S.A. y pooles de siembra; estos utilizan la vía aérea de fumigación de manera casi generalizada y las dosis de venenos son mucho más alta por las condiciones climáticas y biológicas de la región, las consecuencias las sufren principalmente los pueblos originarios y los campesinos ancestrales.

 

Las evidencias científicas

Las manifestaciones clínicas que los médicos de pueblos fumigados observamos en nuestros pacientes encuentran su causalidad biológica en los resultados de investigaciones científicas en modelos experimentales con diversos plaguicidas, incluyendo glifosato. Así, por caso, investigaciones de nuestros científicos demuestran de qué manera el glifosato actúa en el desarrollo embrionario produciendo malformaciones (Carrasco 2010), y como este veneno genera daño a las moleculas de  ADN del nucleo celular, promoviendo líneas celulares mutantes que ocasionarán cáncer si no logran ser eliminadas por el individuo (Alassia 2011, Simoniello 2010).

También, numerosas publicaciones científicas en todo el mundo demuestran cómo la exposición a agrotóxicos aumenta notablemente las tasas de malformaciones, abortos, cáncer y trastornos hormonales en las personas sometidas a fumigaciones reiteradas.
Incluso las Revisiones Sistemáticas de la Medicina Basada en la Evidencia sostienen la necesidad de disminuir esta exposición por contarse con evidencias suficientemente fuertes y consistentes para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana (Sanborn 2005 y 2007). (Ver en Informe 1º Encuentro: reduas.dev)

 

Negando la Realidad

A pesar de todas las denuncias hechas por los vecinos, la información  recopilada en los Encuentros de Médicos de las facultades de medicina de Córdoba (2010) y de Rosario (2011), y todos los datos científicos que demuestran la toxicidad de los pesticidas, el Gobierno sigue apostando a aumentar la producción agraria con el mismo modelo. Del sector empresario, académico y gubernamental, que defienden a la agricultura química, se sigue insistiendo que no hay pruebas suficientes…, nos recuerdan a Phillips Morris cuando afirmaba que no había pruebas de que el cigarrillo produjera cáncer de pulmón; ensayos controlados de toxicidad no son éticamente realizables en humanos, pero los datos epidemiológicos terminaron sepultando la coartada de las multinacionales del cigarrillo; como también demuestran hoy las toxicidad de los productos de Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer o Novartis.
No se aplica el Principio Precautorio de la Ley de Ambiente, no se trata el proyecto de ley nacional que penaliza aplicar estos venenos sobre las personas, se sigue promoviendo el aumento indiscriminado de su utilización y se sigue manifestando que el glifosato es tan inocuo como “agua con sal” o que se puede tomar un vaso lleno de round up sin peligro, como lo hizo el Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao. (ver: http://reduas.dev/el-glifosato-no-es-agua-con-sal/)
Predomina el negocio sobre el derecho a la salud, el oro sobre la conciencia y se aferran a las mentiras que impuso Monsanto cuando impulsó la producción transgénica. Incluso en los pueblos fumigados vemos cómo familias de productores muy afectadas por los químicos niegan esta relación, alucinados por la millonaria diferencia que alcanzan al final de la temporada.

Casi 2500 millones de u$s se gastan en agrotóxicos en Argentina; las empresas transnacionales proveen las semillas y los venenos, compran la producción, controlan nuestro comercio exterior y además especulan financieramente con el precio de los alimentos (estos son los que se quedan con la mayor parte de la renta). Y como si fuera poco, enferman a nuestra población rural y destruyen su ambiente con la complicidad de los gobiernos provinciales y el nacional.

Para restringir mínimamente esta catástrofe sanitaria nos piden más pruebas. ¿Cuánto sufrimiento, dolor y muertes tendremos que mostrar para que reconozcan la necesidad de limitar las fumigaciones?

 

¿Qué reclamamos?

•Prohibición de las fumigaciones aéreas, tal como se ha hecho en la Unión Europea.
•Restricción del área de fumigaciones terrestres, alejándolas de las zonas pobladas.
•Reclasificación de los agrotóxicos utilizados en nuestro país, considerando sus efectos agudos, de mediano y largo plazo en los seres humanos.
•Aplicación del Principio Precautorio establecido en la Ley General del Ambiente Nº 25.675, Art4º.
•Creación de una dependencia de Salud y Ambiente encargada de autorizar o rechazar el uso de cada pesticida en particular, en reemplazo del actual ente regulador (SENASA) en el que sólo participan el área de agricultura del estado, los productores representada en la Mesa de Enlace  y las Cámaras productoras de plaguicidas, prevaleciendo así las necesidades productivas y comerciales por sobre la salud de nuestras comunidades.

 

Los vecinos, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer?

Ante esta situación, el papel de los miembros de los equipos de salud, los vecinos, las comunidades y la sociedad en general es fundamental.  Resulta imprescindible que cada uno de nosotros en nuestro barrio, nuestro pueblo o ciudad nos organicemos para reclamar por el derecho a la vida,  a la salud y a un ambiente sano.

Ayúdanos a recoger información sobre el impacto en la salud de los agrotóxicos:

  • Recoger testimonios, en los que se reconstruyan situaciones de vulneración de derechos en historias de vida reales constantes y sonantes para denunciar el actual atropello por parte del agronegocio y sus socios políticos y sociales.

  • Hacer mapas o croquis de las poblaciones con los campos de transgénicos, los acopios y depósitos de venenos, ubicando los domicilios de los vecinos enfermos de cáncer, malformaciones, hipotiroidismo, púrpuras, lupus y diabetes. Esto grafica crudamente en una imagen lo que decimos en muchas palabras.

  • Hablar con los médicos de tu pueblo o barrio e invítalos a informarse y contactarse con esta Red.

  • Organizar actividades de divulgación y debate del problema en tu localidad.  Es preciso poner en la esfera pública este conflicto; miembros de esta Red pueden participar aportando sus conocimientos técnicos sanitarios del tema.

  • Generar grupos colectivos de “Paren de Fumigar” en cada pueblo que promuevan la generación de ordenanzas y normas locales que restrinjan las fumigaciones generando reparos ambientales de 800 o 1000 metros a partir del ejido o limite urbano de los pueblos; que impida la circulación de los mosquitos cargados de venenos por las calles, que retire los acopios de granos de los centros urbanos y también de los depósitos de agrotóxicos. Y que coordinen con grupos similares de tu provincia y el país.

  • Ayúdanos a difundir la información que recogemos en los medios de comunicación de tu zona.

 

Es la hora de participar, involucrarnos y ejercer una ciudadanía plena en la defensa de nuestros derechos.
Esta lucha la hacemos entre todxs

Dr. Medardo Avila Vazquez
Médico Pediatra y Neonatólogo
Coordinador Red Universitaria de Ambiente y Salud
Médicos de Pueblos Fumigados
reduas.dev
medardoavilavazquez@yahoo.com.ar
0351 155915933

Fuente: http://reduas.com.ar/situacion-de-los-pueblos-fumigados-en-argentina-2012

 

 

Necesitamos la percepción (conocimiento y toma de partido) sobre que: "El sistema actual para producir alimentos en nuestra sociedad (cultivos extensivos con venenos y manufacturación industrial) produce depredación de los bosques nativos, desertificación de la tierra, agotamiento y  contaminación del suelo, del agua de los arroyos y ríos, expulsión  y desalojo de poblaciones originarias, campesinos y de productores familiares, acentúa el cambio climático y fumigan cientos de escuelas con sus niños adentro". Es resistir y a la vez reconstruir la «soberanía alimentaria» así como las comunalidades.

 

 

Declaración del 3º Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados

 

Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 17 de Octubre de 2015
Cinco años después del primer Encuentro en la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, científicos, médicos y miembros de los equipos de salud de los pueblos fumigados de Argentina, reunidos en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), verificamos que lo que afirmábamos entonces es dramáticamente cierto y se acentúa día a día: el sistema de producción agrícola vigente en el país contamina el ambiente y los alimentos de los argentinos enferma y mata a las poblaciones humanas de las zonas agrícolas.

En los últimos 25 años el consumo de agrotóxicos aumentó un 983% (de 38 a 370 millones de kilos), mientras que la superficie cultivada aumentó un 50% (de 20 millones de ha a 30 millones de ha). Un sistema productivo basado en la aplicación sistemática de agrovenenos implica, irremediablemente, que la naturaleza responda en forma adaptativa y que, por la tanto, para lograr los mismos objetivos los productores deban aplicar mayores cantidades de agrotóxicos en los campos. Año a año se fue generando un sistema diseñado por y para los vendedores de agrotóxicos, quienes todos los años aumentan sus ventas netas (en 2015 el aumento fue del 9%) mientras que nuestros pacientes, también, año a año  se contaminan más y más.

Ya no hay dudas que la exposición masiva y creciente a pesticidas modificó el perfil de enfermedades de las poblaciones rurales argentinas y también que el cáncer es la primera causa de muerte entre ellos (y la peor manera de morir).
Las investigaciones presentadas en este congreso muestran estudios en distintas escalas, todos coincidentes. Desde pequeños pueblos hasta en poblaciones más amplias de nivel provincial (como en Chaco y en Córdoba) o de nivel nacional, en los que se comparan distintos niveles de exposición a glifosato u agrovenenos en general, y se encuentra afectada la salud reproductiva con aumentos de abortos espontáneos y malformaciones congénitas, problemas endocrinos como hipotiroidismo,  trastornos del desarrollo neurológico o cognoscitivo y tasas de cáncer que se disparan triplicando las incidencias, prevalencias y mortalidad por enfermedades oncológicas en relación directa a la exposición de agrotóxicos. Paralelamente, los datos de investigaciones en modelos experimentales demuestran que la genotoxicidad del glifosato y otros agrotóxicos contienen los mecanismos biológicos que explican la racionalidad de su relación con la enfermedad que los médicos encontramos en nuestros pacientes. Y que además, esta genotoxicidad se verifica en poblaciones agrícolas (adultos y niños) expuesta a agrotóxicos y no se verifica en poblaciones no fumigadas.

Durante el año 2015 la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC de OMS) reconoció el carácter carcinogénico humano de varios agrotóxicos, incluyendo glifosato. Este es el pesticida más utilizado en el mundo y Argentina consumió 240 millones de kilos en el último año generando una carga de exposición potencial de 6 kilos por año por habitante, la más alta del planeta. Glifosato se compra y guarda en cualquier lugar y se aplica sin ningún tipo de restricción sobre escuelas, barrios, plazas y pueblos, sometiendo a la población a una exposición injusta e innecesaria.

La contaminación del ambiente con químicos tóxicos e incluso carcinógenos en los alimentos que llevamos a las ciudades no deja de aumentar. Se comprobó que una porción normal de una ensalada común contiene alrededor de 600 ug de veneno; e incluso ahora sabemos que los algodones, gasas, toallitas íntimas y tampones comercializados en nuestro país contienen glifosato. No existen límites máximos de residuos que sean seguros para químicos cuando estos producen cáncer, se debe garantizar su ausencia absoluta.


El sistema actual para producir alimentos en nuestra sociedad (cultivos extensivos con venenos y manufacturación industrial) produce depredación de los bosques nativos, desertificación de la tierra, agotamiento y  contaminación del suelo, del agua de los arroyos y ríos, expulsión  y desalojo de poblaciones originarias, campesinos y de productores familiares, acentúa el cambio climático y fumigan cientos de escuelas con sus niños adentro. Se avanza decididamente en la producción y consumo de alimentos ultraprocesados ricos en sal, azúcar, grasas y compuestos como lecitina de soja, jarabe de maíz de alta fructuosa, colorantes, saborizantes y otros que hoy los organismos internacionales señalan como responsables de enfermedades crónicas no transmisibles  como obesidad, Alzehimer y  diabetes. Estos llenan los supermercados y se ofrecen de manera vistosa orientados especialmente a poblaciones vulnerables y en especial a los niños violando la seguridad alimentaria.

Todos estos elementos hacen que desde el área de salud volvamos a alertar sobre el carácter tóxico que la agricultura en general y de la agricultura extensiva transgénica en particular, han adquirido en nuestro país por la inmensa influencia de grandes empresas multinacionales de agrotóxicos como Monsanto, Bayer, Syngenta, Down, Dupont, etc., que solo buscan acrecentar sus ventas sin reparar en los daños ecológicos y sanitarios de este sistema.

Nuestro diagnostico de salud socio-ambiental se complementa con un requerimiento  de medidas de carácter urgentes y de mediano plazo que reclamamos a las autoridades de los estado nacional y provinciales y que reconoce como antecedentes los requerimientos realizados en los Congresos anteriores y en la “Campaña Si a la Vida No al Glifosato” de la Federación de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y el Colectivo Andrés Carrasco.

Para defender el Derecho Humano al ambiente sano, a la salud, a la vida y reclamamos:
1. PROHIBIR completamente la fumigación aérea en todo el país con cualquier tipo de agrotóxico. Los niveles de contaminación que esta generan son inaceptables para el ambiente y la salud humana.
2. PROHIBIR totalmente los agrotóxicos reconocidos por IARC-OMS como cancerígenos humanos grados 1, 2A y 2B, sobre todo glifosato. No hay necesidad “productiva” que justifique el riesgo de generar cáncer en personas expuestas ambientalmente o a través de alimentos contaminados
3. Mientras se alcance un plazo cercano de prohibición total de glifosato, es urgente su reclasificación a etiqueta roja (actualmente tiene etiqueta verde) y que se impida inmediatamente su libre comercialización y aplicación dentro y en las cercanías de lugares poblados y escuelas.
4. PROHIBIR todos los “pesticidas altamente peligrosos” según OMS y FAO, muchos de ellos  ya están prohibidos en sus países de origen pero se comercializan en el nuestro.
5. PROHIBIR cualquier fumigación alrededor de 1000 metros de pueblos y escuelas, la presencia y circulación de maquinas de fumigar (mosquitos) en zonas urbanas y la existencia de depósitos de agrotóxicos en el interior de pueblos y barrios de ciudades.
6. GENERAR políticas públicas que desalienten la utilización de venenos en el cultivo y producción de alimentos, reconociendo el carácter tóxico de los mismos. Se hace  necesario poner en cuestionamiento el actual modelo de producción agroindustrial y transgénico buscando sistemas que permitan la integración social y cultural y la defensa y reproducción de las condiciones ecológicas de nuestro ambiente. Es posible a través de la acción estatal disminuir los niveles de utilización de agrotóxicos en nuestro país como lo han demostrado experiencias de otros países, fomentando la agroecología, el consumo cercano y la defensa de la seguridad alimentaria.

Las autoridades gubernamentales en todos estos años han continuado tratando de ocultar los “efectos colaterales” del modelo productivo agrario, demostrando su complicidad y alineamiento con los intereses de compañías multinacionales éticamente muy cuestionables. Esta situación nos generó la necesidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en la solicitud de una medida cautelar para proteger el derecho a la salud y a la vida de la población expuesta ambientalmente a agrotóxicos, sobretodo sus niños.

Este no es un problema argentino solamente, idénticas situaciones se presentan en otros países del mundo con resultados replicables en Brasil, Uruguay, Centro América, Paraguay, etc. En todos lados crece la resistencia a la agricultura tóxica y en todos lados médicos y científicos honestos  acompañan estas luchas aportando sus diagnósticos y estudios como insumos técnicos a las mismas.
Reclamos que buscan  priorizar valores como la salud y el ambiente sobre los intereses económicos y comerciales de las grandes empresas de biotecnología y pooles de siembra en defensa de los derechos humanos vulnerados por políticas productivistas fuertemente extractivistas que destruyen el ambiente poniendo en crisis la salud colectiva.-

Dr. Medardo Avila Vazquez, Lic. Miryam Gorban. Presidentes de 3º Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados.
Prof. Sergio Provenzano. Decano Facultad de Medicina UBA.
 
 Para acceder e la declaración como pdf haga click aqui:Declaración 3º Congreso (296)
Fuente: http://reduas.com.ar/declaracion-del-3o-congreso-nacional-de-medicos-de-pueblos-fumigados/