Qué País

Diciembre 2018

Con reforma agraria desde comunidades autónomas, confederadas e internacionalistas.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Examinemos cuál es la esencia de todos los conflictos antiextractivistas y las razones de esas resistencias, sin fronteras, de disputar territorios a los capitales imperialistas y sus socios locales.

Chile. Movilización Nacional No+Zonas de Sacrificio, Nov 15: “Se muere luchando o se muere enfermo”.

13 de noviembre de 2018

  Publicado por Resumen Latinoamericano

 

Por Felipe Menares Velásquez, Politika

“No vamos a bajar los brazos, no nos vamos a rendir. Hoy la lucha es por la vida y la vamos a defender con uñas y dientes”, advirtió Jany Gutiérrez, representante del Cabildo Abierto Quintero-Puchuncaví.

“Por la sobrevivencia de nuestros habitantes y vecinos” es la razón que han dado desde el Cabildo Abierto Quintero-Puchuncaví para convocar a una movilización nacional por el término de las zonas de sacrificio en Chile. La manifestación se tomará las calles del país el próximo jueves 15 de noviembre, con marchas en ambas comunas, pero también en Iquique, Calama, Valparaíso, Llay-Llay, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia y Punta Arenas.

“Que todos los territorios se levanten y ejerzan soberanía es el llamado que hizo en sus últimas palabras nuestro compañero Alejandro Castro, que también estaba consciente de esta situación y sabemos que la única forma de sobrevivir es luchar contra este imperio delictual del Gobierno y del Estado, que ha sido a favor de todo el cordón industrial”, afirmó Jany Gutiérrez, representante del Cabildo Abierto Quintero-Puchuncaví.

El pasado 21 de agosto ocurrió el primer episodio de intoxicación masiva que marcó el inicio de la crisis socio ambiental en Quintero y Puchuncaví. Si bien las autoridades ambientales han formulado cargos en contra de algunas de compañías responsables de la intensiva actividad industrial, la comunidad exige la paralización absoluta de las faenas en el sector, el cierre inmediato de las centrales termoeléctricas a carbón y de la fundición Codelco Ventanas, además de la modificación de la normativa nacional de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Desde el año 1993 que somos zona saturada y aun así nos siguen poniendo empresas y aún hay proyectos abiertos, tanto de termoeléctricas como de ampliaciones de puerto, para el enriquecimiento del sistema económico a costa de la vida y salud de nuestras familias (…) No vamos a bajar los brazos, no nos vamos a rendir. Hoy la lucha es por la vida y la vamos a defender con uñas y dientes”, advirtió Jany Gutiérrez.

No es la única zona de sacrificio

La convocatoria en la capital es a las 18.30 horas. El punto de partida de la marcha será en Plaza Italia, de acuerdo a la información entregada por los organizadores. El despliegue a nivel nacional de la movilización responde a la presencia de otras zonas de sacrificio en el país y a los 116 conflictos socioambientales identificados por el Instituto Nacional de DDHH en septiembre pasado.

En este sentido, Carolina Bastías, representante de la Coordinadora Metropolitana en apoyo a Quintero y Puchuncaví, recordó que los habitantes de la zona “hace más de medio siglo viven al centro de un parque industrial que está compuesto por empresas como Oxiquim, AES Gener, Shell, Copec, que conforman un conjunto de 19 empresas y cinco termoeléctricas, que se dedican a negocios como el tratamiento de combustibles o la conocida fundición de cobre, que es altamente contaminante”.

La dirigenta puso en relieve que la población de Quintero-Puchuncaví está “muriendo de cáncer, de fibrosis pulmonar. A la fecha, hay más de 1.500 personas intoxicadas, hay centenas de abortos espontáneos, por eso luchamos por la vida. (…) Nos movilizamos por el derecho a la vida, ante una institucionalidad que es inepta, que no es capaz de modificar su anticuada normativa, muy conveniente a los intereses empresariales”.

“Todo lo dicho, lleva a Quintero a luchar por la vida, porque se muere luchando o se muere enfermo”, planteó la integrante de la Coordinadora Metropolitana.

Bastías también hizo notar que el área comprendida entre ambas comunas de la región de Valparaíso no constituye “la única zona de sacrificio. Mejillones, Tocopilla, Coronel y Huasco mantienen una historia común, el empobrecimiento de la población y los desastres ambientales que se viven en estas comunidades”.

Asimismo, criticó duramente la reacción del Gobierno, que a más de dos meses de desatada la crisis, todavía no entrega una solución definitiva al padecimiento que viven los 50 mil residentes de Quintero y Puchuncaví.

“El gobierno mantiene nexos descarados con las empresas. Queremos destacar el caso de Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente, quien mantiene una amistad con quien fue presidente del directorio de Oxiquim durante 17 años”, afirmó Carolina Bastías, aludiendo al vínculo que mantuvo el esposo de la secretaria de Estado, Gonzalo Medina, con Fernando Barros, presidente del directorio de Oxiquim y abogado del presidente Piñera.

La dirigenta agregó además que “Piñera ha destacado su compromiso ante la ONU para solucionar este conflicto, pero no ha sido capaz de modificar las normativas sobre contaminantes, homologarla a los estándares internacionales o a los de la OMS, como lo ha dicho fuertemente el Cabildo de Quintero y Puchuncaví. Tampoco fue capaz este año de firmar el acuerdo de Escazú ni tampoco ha sido capaz de resguardar los derechos ancestrales del Wallmapu, manteniendo militarizada la zona”.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/13/chile-movilizacion-nacional-nozonas-de-sacrificio-nov-15-se-muere-luchando-o-se-muere-enfermo/

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El aire que respiran las comunidades en las zonas de sacrificio

3 de septiembre de 2018

Por Fernanda Mirand y Hernán Ramírez

Fundación Terram

 

 La delicada situación ambiental de las comunas de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel-Hualpén generada, en gran medida, por el funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón y petcoke (carbón de petróleo), son casos paradigmáticos de injusticia ambiental y de violación de los derechos humanos por parte del Estado de Chile y de las empresas instaladas en esos territorios.

En los últimos años, reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), como el Informe del año 2014 y la actualización del Mapa de Conflictos Ambientales del año 2015, han constatado la vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado de Chile en estas comunas, producto de la contaminación sistemática a la que han sido sometidas, definiéndolas como “Zonas de Sacrificio”. Del mismo modo, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), en su informe del año 2012, dedica un capítulo completo a la situación ambiental de las comunas de Quintero-Puchuncaví, señalando que el Estado ha incumplido sus obligaciones en cuanto a tutelar el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Es necesario especificar que las 27 unidades de generación termoeléctrica a carbón y petcoke que existen en el país, fueron emplazadas en estas comunas a corta distancia de las áreas residenciales, emitiendo a la atmósfera contaminantes como material particulado (MP), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono (CO2), y metales pesados como el mercurio (Hg), los cuales han producido efectos nocivos para la salud de la población que se encuentra en su radio de influencia, que van desde dolores de cabeza al aumento de la frecuencia de diferentes tipos de cáncer.

Gran parte de estos territorios han sido declarados como zonas latentes o saturadas (sólo Mejillones no cuenta con un decreto de este tipo, a pesar de poseer un complejo industrial de enormes proporciones), dictándose Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) en algunos casos. No obstante, los precarios e insuficientes estándares que las autoridades chilenas han adoptado tanto para la Norma de Emisión de Centrales Termoeléctricas, como para las Normas de Calidad Primaria del Aire, exponen a los habitantes a altos riesgos de salud frente a la presencia de contaminantes atmosféricos, por estar muy lejos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por sobre lo permisible en países como EEUU, China o la Unión Europea (UE).

Al comparar la Norma de emisión para centrales termoeléctricas (D.S. Nº13/2011), -que regula las emisiones de MP, SO2, NOx y Hg- con las normativas de emisión de China, Estados Unidos y la UE, se comprueba lo precaria y obsoleta de la norma nacional, cuyos estándares están muy por debajo de lo que es considerado permisible en dichos países. Por otro lado, a pesar que esta norma ya ha cumplido más de 5 años desde su publicación, a la fecha el Estado no ha iniciado su proceso de revisión, como lo establece el Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión (D.S. N°93 de 1995).

Respecto a las Normas de Calidad Primaria del Aire (NCP), vemos que la norma de Material Particulado Respirable MP10 (D.S. N°59 de 1998), no ha tenido mejoras en sus estándares desde 1998. En 2014 se inició su proceso de revisión, sin embargo, no se contemplaron mejoras a sus estándares, los que sobrepasan al máximo recomendado por la OMS y al máximo permitido en Estados Unidos y la Unión Europea. Es necesario señalar que el Material Particulado es el contaminante que más significativamente ha sido asociado a eventos de mortalidad y morbilidad en la población.

La situación es igual al analizar comparativamente las NCP para Material Particulado Fino Respirable MP2.5, (DS 12/2011), Dióxido de Azufre (SO2) (D.S. N°113/2012), y Dióxido de Nitrógeno (NO2) (D.S. 114/2003). Observamos, además, que en Chile no hay NCP para arsénico (As), Benceno, Tolueno, Xileno, Mercurio, Cadmio, Vanadio y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).

Desde Fundación Terram, creemos que el Estado de Chile no ha adoptado medidas adecuadas para evitar violentar los derechos humanos de los habitantes de estas Zonas de Sacrificio, al exponerlos a excesivas concentraciones de contaminantes que superan niveles seguros y recomendados por la OMS. Por esta razón, como actor de la sociedad civil, hemos presentado para el próximo “Examen Periódico Universal” (EPU) de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), un informe con recomendaciones donde solicitamos al Estado: a) Actualizar las Normas de Calidad Primaria igualando los estándares a las recomendaciones de la Guía de Calidad de la OMS; b) Crear Normas de Calidad Primaria para: Arsénico, Mercurio, Cadmio, y otros contaminantes sin normativa, empleando valores contemplados en la Guía de Calidad OMS; c) Iniciar el proceso de revisión de la Norma de Emisión de Termoeléctricas, incluyendo dentro de los contaminantes normados el Vanadio, Níquel, Compuestos Orgánicos Persistente (COP); y que se igualen los niveles de emisiones a lo establecido en la Normativa de la UE; d) Implementar a la brevedad un efectivo Plan de Descontaminación y Prevención para las comunas de Quintero-Puchuncaví; e) Realizar mediciones confiables de concentración MP, SO2 y NO2 para determinar el estado de latencia o saturación en la comuna de Mejillones; y f) Legislar a la brevedad el cierre de centrales termoeléctricas a carbón y petcoke en Chile.

De acuerdo al calendario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al Estado chileno le correspondería rendir el Examen Periódico Universal el día 22 de enero del 2019 desde las 9.00 a 12:30 horas, en Ginebra-Suiza. Esperamos que el Estado comience a avanzar en esta materia a la brevedad, con el fin de saldar su gran deuda ambiental con los habitantes de las Zonas de Sacrificio.

Por Fernanda Miranda, geógrafa, y Hernán Ramírez, investigador asociado a Fundación Terram.


ZONAS DE SACRIFICIO

Extraído del Informe “TERMOELECTRICIDAD A CARBÓN Y LAS PRECARIAS NORMATIVAS DE EMISIÓN Y CALIDAD DEL AIRE EN CHILE”, Fundación Terram, Julio 2018.

La comuna de Tocopilla fue declarada como zona saturada por MP10 como concentración anual a través del D.S. 50/2007 y como concentración de 24 horas mediante el D.S. 74/2008, ambas del MINSEGPRES, estableciéndose su Plan de Descontaminación en el año 2010 mediante el decreto 70 del MINSEGPRES. En la comuna funcionan 6 UGE a carbón, las cuales son las responsables del 95,2% de las emisiones anuales de MP10, del 98,8% de las emisiones de NOX, y del 99% de las emisiones de SO2.

En las comunas de Quintero-Puchuncaví, funcionan 4 UGE a carbón, que, sumadas a las más de 14 industrias que operan en el parque industrial “Ventanas”, han generado que la norma primaria para MP2,5 como concentración anual, se encuentra sobrepasada y la concentración diaria se encuentra en estado de latencia, al igual que la norma para MP10, como concentración anual (D.S. 10/2015 MMA). A pesar de esto, las comunas afectadas por el parque industrial actualmente no cuentan con un Plan de Descontaminación.

La comuna de Huasco, fue declarada por el MMA (D.S. 40/2012) como zona latente por MP10 como concentración anual. En esta comuna las principales fuentes emisoras de MP provienen de procesos con combustión de fuentes industriales, correspondientes a la Compañía Minera del Pacífico S.A. y a la Central termoeléctrica “Guacolda” que utiliza carbón-petcoke en sus 5 UGE. En 2017, las autoridades establecieron un Plan de prevención de contaminación atmosférica. No obstante, las medidas se concretarán en 5 años y su plena implementación se pretende lograr dentro de 10 años, plazos demasiados extensos considerando la grave situación de salud existente en la comuna.

La comuna de Mejillones no ha sido declarada por las autoridades zona latente ni mucho menos saturada por algún tipo de contaminante. Esto a pesar de contar con un parque industrial de enormes proporciones próximo a la ciudad del mismo nombre, en el que se encuentran operando 8 UGE a carbón, 6 a ciclo combinado -gas natural y petróleo-, los puertos de Angamos y Mejillones, una fábrica de explosivos, Cementos Polpaico y el Terminal de Regasificación GNL Mejillones. Producto de que no se han establecido decretos de latencia o saturación por algún contaminante, continúan las instalaciones de proyectos de carácter industrial-eléctrico en la comuna.

La comuna de Coronel cuenta con el parque industrial más grande del sur de Chile, el cual reúne empresas pesqueras, químicas, forestales, cementeras. Emplazadas dentro del área urbana de la comuna, operan a tan sólo metros de un colegio dos UGE a carbón y, a escasos metros de un hospital, funciona la termoeléctrica Santa María, también en base a carbón. El Decreto 41 del MINSEGPRES, del año 2006, declaró zona latente por MP10 a Coronel y otras comunas de la región del Biobío.

Ver informe completo aqui: http://www.terram.cl/descargar/documentos_en_alianza/Informe-EPU-Termoelectricidad-a-carbon-y-las-precarias-normativas-de-emision-y-calidad-del-aire-en-Chile-Julio-2018-PDF.pdf

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245980
 

 

Comprobamos que la organización y lucha suscita el cuestionamiento a la multiplicación de ofertas laborales. Aun cuando esas poblaciones, generalmente, se hallan sumidas en la pobreza estructural, se rebelan denunciando:  "nos siguen poniendo empresas y aún hay proyectos abiertos, tanto de termoeléctricas como de ampliaciones de puerto, para el enriquecimiento del sistema económico a costa de la vida y salud de nuestras familias (…) No vamos a bajar los brazos, no nos vamos a rendir. Hoy la lucha es por la vida y la vamos a defender con uñas y dientes”.  

 

Hablemos de pobreza estructural que ningún gobierno progresista en el Abya Yala la pretende solucionar. Ninguno dejó de privilegiar a las transnacionales con la excusa de tener para la distribución social y de desarrollar el país en modernidad. Veamos significados e implicancias de subsidiar directa e indirectamente a la corporación Benetton y protegerla en su poder de dominio.

 

 

La historia del imperio Benetton, el dueño de la Patagonia

23 de agosto de 2017 

Publicado por  Redacción La Tinta 

Luciano Benetton es el propietario de tierras más grande del sur argentino. ¿Como construyó su imperio económico?, ¿por qué el Estado argentino y la Gendarmería lo defienden?

 

Por Claudia Ferri para La Izquierda Diario

 

La Patagonia es la región más extensa del país y también es la que mayor concentración de tierras tiene en pocas manos. Formada por enormes campos planos y bellos paisajes trasandinos fue repartida sin ningún tipo de control entre excéntricos millonarios extranjeros y corporaciones multinacionales con el aval del Estado y de la Justicia. El magnate Joe Lewis, dueño y señor de todas las tierras que rodean el Lago Escondido y anfitrión de la visita al sur que hicieron juntos Obama y Macri el año pasado, es uno de ellos. También forman parte de este selecto grupo el creador de la CNN Ted Turner, los Suchard (dueños de Nestlé), el inversionista húngaro George Soros, el actor Sylvester Stallone y, hasta hace pocos años, el hijo de uno de los fundadores de Pepsico, Ward Lay. Pero quien se lleva todos los premios al terrateniente del siglo es Luciano Benetton que entre 1991 y 1997 acumuló 900.000 hectáreas. Lo que equivale casi cuarenta veces a la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

La feroz cacería de la Gendarmería sobre la comunidad Pu Lof en el departamento de Cushamen en la frontera noroeste de Chubut que terminó con el secuestro y desaparición de Santiago Maldonado hace más de tres semanas sin ningún tipo de respuesta estatal, se produjo dentro de las tierras que están hoy bajo el dominio de Benetton.

Aunque en su mayoría hayan sido compradas durante los 90, la entrega y el saqueo de las tierras patagónicas y de sus recursos nacionales por parte de empresas extranjeras viene de larga data, al igual que los reclamos y la lucha del pueblo mapuche por recuperarlas.

 

La historia de una ocupación

Benetton es el final de una larga cadena de negocios y expoliación de recursos nacionales que comienza en el último cuarto del siglo XIX.

Por aquellos años a pesar de lo que diga el candidato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, en la Patagonia no hubo una “Conquista al desierto”. Lo que se produjo fue un genocidio a partir de la ocupación militar del territorio más austral del continente con el fin de extender las fronteras del Estado Nacional argentino (y de su mercado de materias primas en el mundo) que estaba en pleno proceso de conformación. A su paso aniquilaron a los habitantes preexistentes o los tomaron prisioneros para convertirlos en mano de obra barata destinados tanto para trabajar en los campos conquistados como en las zonas urbanas en tareas domésticas. Los pocos sobrevivientes fueron desarraigados y dispersos hacia la frontera cordillerana. Entre los pueblos masacrados estaban los mapuches, asentados en una extensa porción del noroeste de la Patagonia. No eran ni chilenos ni argentinos simplemente porque ambos Estados son construcciones históricas posteriores a la vida y desarrollo de estos pueblos.

Finalizada la campaña en 1885 (luego de la derrota definitiva del cacique Sayhueque), se inició el proceso de reparto y explotación de las tierras que hoy forman parte de las provincias de Buenos Aires, el sur de Córdoba, San Luis y Mendoza (las más antiguas) y las creadas a partir de la conquista: Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El Estado argentino regaló gran parte de estas tierras a más de cincuenta compañías inglesas que comenzaban a operar dentro del país para que las colonizaran. Tan sólo en Chubut eran dueños de 2.300.000 hectáreas.

Gran parte de ellas fueron administradas por un fondo de inversión común llamado Compañía de tierras del Sud Argentino. En Ese ajeno Sur, Ramón Minieri cuenta que la “La Compañía” -como solía ser conocida- “explotó esas tierras durante casi un siglo en condiciones excepcionalmente favorables: pudo producir, importar, exportar y obtener utilidades, sin tener que pagar durante años derechos aduaneros ni otra clase de tasas, o beneficiándose con tipos de cambio preferenciales y aranceles reducidos” (pág 7). Pasaron más de 130 años y ningún gobierno tocó las bases estructurales de este modelo económico de rapiña.

En 1975 la firma “Great Western”, perteneciente a terratenientes de la burguesía argentina, compró el paquete accionario de “La Compañía” hasta 1991 cuando bajo el gobierno de Menem, Luciano Benetton se hace de esas tierras hasta la actualidad. A través del holding internacional del grupo Benetton, Edizione, el magnate italiano compró por 50 millones de dólares las casi 900.000 hectáreas ubicadas en un 98% en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires donde se dedica a la producción de lana principalmente aunque ahora aparece un mercado nuevo para explotar y es el petrolero que se expresa en un yacimiento que también se encuentra en disputa territorial: Vaca Muerta.

Look informal, la innovación en jersey de lana con fuertes colores y una industria textil de alcance mundial fueron la impronta del grupo Benetton desde sus orígenes. La empresa familiar formada por Luciano, Giuliana, Gilberto y Carlo se conformó en 1965. Cuatro años después inauguraba su primer local en París.

Tiene sede en una suntuosa mansión de Villa Minelli en la ciudad de Treviso (Italia). Con 20 años Luciano se convirtió en el presidente de la compañía. En los años siguientes se expandieron a las principales avenidas del mundo, las ganancias crecieron y sumaron nuevas marcas: Sisley, Playlife y Killer Loop. Hoy tiene tiendas en más de 120 países. Años más tarde invirtió en una escudería de la Formula I que compitió entre 1986 y 2001 y tuvo su momento de gloria cuando corrió Michael Schumacher. La familia también es dueña de 21 Investimenti un banco de inversiones inmobiliarias y es accionista del grupo Pirelli.

En pleno auge empresarial, Luciano también incursionó en el mundo de la política. Entre 1992 y 1994 fue senador de Italia por el Partido Republicano Italiano (PRI), el partido de Silvio Berlusconi. En 1993 la Justicia de ese país aprobó que se lo investigue y juzgue por corrupción, motivo que lo llevó a no presentar su reelección.

 

La industria textil es una de las más explotadoras del mercado y la que peores salarios tiene. Para reducir costos los Benetton, que facturan 11.000 millones de dólares al año, tercerizaron la producción en países donde la mano de obra es barata y abundante como por ejemplo en Turquía donde fueron denunciados por explotación infantil de niños de entre 9 y 13 años que fabricaban sus prendas. Otro caso que lo tuvo en el centro de la escena fue en 2013 cuando una fábrica textil en Bangladesh que producía tejidos para Benetton se derrumbó provocando la muerte de 1.132 trabajadores y dejó 2.500 heridos. Se negó a pagar cualquier tipo de indemnización pero producto del desprestigio que había generado su indiferencia, se vio obligado a hacerlo. Hoy el imperio familiar cuenta, según la revista Forbes, con aproximadamente 3,4 miles de millones de dólares.

Solamente en las tierras que posee en Argentina Luciano Benetton cuenta con 280.000 ovejas que producen 1.300.000 kilos de lana por año. A la explotación de las tierras de la Compañía de tierras del Sud Argentino se incorporó la explotación minera a través de Min Sud (Minera Sud Argentina S.A.) con sede central en Canadá, de yacimientos ubicados en la provincia de San Juan. Por muchos años expoliaron los recursos nacionales sin pagar cargas impositivas, no registrando las lujosas edificaciones que realizaban en sus tierras. Irónicamente los Benetton tienen un museo con piezas arqueológicas de culturas “autóctonas”, algunas de ellas con 13.000 años de antigüedad, ubicado en Leleque (Cushamen). Seguramente saqueadas del territorio de la comunidad mapuche, Tehuelches, entre otras.

¿Por qué el Estado y la Gendarmería defienden a Benetton?

Hace ya algunos años Carlos Marx terminaba con el mito de que el Estado defiende los “intereses comunes” de toda la población. Decía en el Manifiesto Comunista que el gobierno moderno era un comité que administraba los negocios de la clase burguesa, y no se equivocaba. El Estado es el guardián del orden y de la propiedad privada, pero no de cualquier tipo de propiedad privada sino la de los capitalistas que viven a costa del trabajo de una mayoría trabajadora. Ese “derecho que tenemos todos” de acceder a la tierra es una pantalla que esconde la concentración de la riqueza en pocas manos. Y para lograrlo intentan buscar algún tipo de consenso con la población o utilizan a las fuerzas armadas para garantizar que esas relaciones de desigualdad se sostengan y reproduzcan.

El caso de la defensa de los intereses de Benetton por parte del Estado argentino es apenas un ejemplo de una relación histórica que es propia del sistema capitalista. La actuación de la gendarmería, en las tierras que el italiano reivindica para sí, reprimiendo desde hace meses a la comunidad Pu Lof (entre ellos mujeres y niños) y desapareciendo a Santiago Maldonado con la directa responsabilidad de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, su jefe de gabinete Pablo Noceti y del Estado, son la muestra más clara del carácter de clase que ejercieron las fuerzas armadas desde su creación. El gobernador de Chubut del PJ Mario Dan Neves también es cómplice del accionar represivo avalando el ingreso de la gendarmería al predio y demonizando a los mapuches a través de una campaña mediática que comenzó el año pasado mientras apretada al Juez Otranto para que encarcele a los dirigentes considerados sin ninguna prueba como “terroristas”.

Queda claro que todos los gobiernos legalizaron y legitimaron el avance latifundista a costa de la sangre de los pueblos originarios. Incluso el kirchnerismo que en 2011 impulsó la Ley de Tierras que limitaba la posesión extranjera de tierras a 1.000 hectáreas por propietario no era retroactiva, por lo tanto todos los magnates extranjeros que en los 90 se apropiaron de gran parte del territorio nacional podían quedarse tranquilos. Macri flexibilizó la ley dejando en claro cuáles son los intereses que defiende a ultranza el gobierno de los Ceo, pero en uno y otro gobierno la naturaleza del Estado es la misma. Seguramente en una de las cuatro visitas al año que hace Luciano Benetton al país vendrá a agradecerle en persona al presidente y los suyos por la efectividad en los servicios brindados. Fuente: https://latinta.com.ar/2017/08/imperio-benetton-dueno-patagonia/

En consecuencia, las resistencias sin fronteras de disputar territorios (rurales-urbanos) a los capitales locales e imperialistas (y a sus estados) arraigan organizaciones comunales que, sin darse cuenta, están abriendo camino a la «reforma agraria integral». Tienden a la erradicación de los latifundios, los feudos provinciales, las ciudades en manos de desarrolladores urbanos y los megaemprendimientos extractivistas. Se insubordinan contra desalojos, privación o contaminación del agua, saqueo de bienes comunes, derechos colectivos como la salud y lo hacen por la vida, por las comunidades, por las culturas... Escuchémoslas: "Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”.

 

Qué hay detrás de

la campaña antimapuche

Las presiones de terratenientes y empresas. La operación de los medios. El rol del modelo económico. Y un genocidio que no termina. Darío Aranda explica en esta nota el marco de la avanzada del gobierno contra los mapuches.

Por Darío Aranda para La vaca

El modelo extractivo: petrolero, minero, agropecuario, forestal. Una multinacional (Benetton) con directa influencia en el poder político y judicial. Políticas de Estado de despojo y sometimiento. Un genocidio que jamás tuvo su “nunca más”. Sólo algunos de los elementos detrás de la campaña que pide represión para el Pueblo Mapuche.

 

Extractivo

Durante el menemismo se aprobó la ingeniería legal que dio pie a la profundización del extractivismo en Argentina: leyes mineras, privatización de YPF, ley forestal, aprobación de transgénicos con uso de agrotóxicos. Pero la implementación en los territorios se dio durante el kirchnerismo. Dos ejemplos: se pasó de 40 proyectos mineros en estudios (en 2003) a 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de hectáreas con soja transgénica se pasó a 20 millones (22 en la actualidad).

 

El macrismo continúa esa línea: quite de retenciones a la minería, baja de retenciones al agro, flexibilización laboral para trabajadores petroleros.Más extractivismo, más avance sobre territorios rurales, donde viven pueblos indígenas y campesinos.

 

Amnistía Internacional contabilizó un piso de 250 casos conflictivos, entre los que detectó un punto en común: detrás siempre hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos.

Cómo sucedió con la Campaña del Desierto, que tenía como fin económico incluir tierras al mercado capitalista, la Argentina del Siglo XXI repite la historia de avanzar sobre los pueblos indígenas.

 

Preexistente

“Mapuche” significa en mapuzungun “gente de la tierra”. Los mapuches, como todos los pueblos indígenas del continente, son a partir del vínculo con el territorio. De allí proviene su historia, su cultura, su filosofía, su vida y de ese territorio dependen sus hijos, nietos y su futuro como pueblo.

Un argumento falaz para atacar a los indígenas del sur es que decir que son chilenos. Los pueblos indígenas tienen miles de años de historia, y el Pueblo Mapuche en particular existe desde muchos antes de la conformación de los Estado-nación. Es decir, son previos a la existencia de Argentina y Chile. El artículo 75 de la Constitución Nacional lo reconoce: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano (…). Asegurar la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.

Ante cada campaña mediática de ataque a los mapuches, académicos repudian las falsedades de sectores periodísticos. En enero pasado, investigadores del Conicet escribieron un texto que resume cientos de estudios académicos: “Afirmamos que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches (…) Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina”.

 

Periodismo represivo

“Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, tituló el diario Perfil el domingo 8 de enero en un extenso artículo, referido al conflicto del Lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que aparecen más datos, la acción de (Facundo) Huala y su grupo puede ser leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la financiación del grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones Huala sería el nexo”.

 

Dos días después, el martes 10 de enero, hubo feroces represiones sobre el Lof Mapuche. Una por la mañana (Gendarmería Nacional). Otra por la tarde (policía de Chubut). El miércoles se produjo un tercer operativo violento. Tres represiones en dos días. Una cacería de mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de gravedad. La imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el cuello, recorrió el país.

 

A la campaña anti-indígena se sumó el diario Clarín, con un extenso artículo anunciado en tapa el domingo 22 de enero y doble página interna. “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, fue el título, firmado por Gonzalo Sánchez. Citó en seis oportunidades voces oficiales del Ministerio de Seguridad de Nación, Cancillería y Secretaría de Seguridad. Todas voces en “off”, sin nombre ni apellido, que acusan al Lof Cushamen de hechos tan insólitos como ajenos a la realidad. Según Clarín:

 

-Los mapuches están vinculados a grupos kurdos y a la ETA del país Vasco.

-Recibieron financiamiento del kirchnerismo.

-Afirma que el Lof Cushamen ocasionó incendios, secuestro de personas e intento de asesinatos, entre otros hechos.

 

No se aporta ninguna prueba de todos estos hechos. Sólo la opinión del gobernador Mario Das Neves y voces en off.

Gonzalo Sánchez, autor de la nota y editor del diario, repite lo de Cecilia Moncalvo en Perfil: vincula al Lof Cushamen (y a Jones Huala) con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuando la comunidad nunca ha declarado ser parte de esa organización. Segunda coincidencia: Sánchez no otorga ni una línea a la voz del Lof Cushamen, ni de sus abogados, ni de las organizaciones de derechos humanos que acompañan.

 

Infobae no se quedó atrás. “Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y la Argentina”, tituló el 9 de agosto un artículo de Martín Dinatale, con todas voces en off y ninguna entrevista a mapuches. Un artículo que podría haber sido escrito por Patricia Bullrich.

 

Insólita la nota de Claudia Peiró en Infobae. Acusó a los mapuches de estar financiados por ingleses. “The Mapuche Nation, el pueblo originario con sede en Bristol, Inglaterra”. No aporta una sola prueba que acredite esa relación.

 

Clarín retrucó. “Jones Huala redobla la apuesta: llamó a la rebelión y la lucha armada. Desde el penal donde está detenido, el referente mapuche convocó abiertamente a la acción violenta”. Firmada por el corresponsal el Bariloche, Claudio Andrade, conocido de las organizaciones mapuches por sus continuas que rozan el racismo.

Por otro lado, también sobresalen comunicadores, intelectuales, artistas y políticos que no dudaban en echar sospechas sobre el líder qom Félix Díaz de Formosa y, al mismo tiempo, silenciar las atrocidades del gobierno feudal de Gildo Insfrán. Figuras radiales afines al kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacían entrevistas condescendientes a Insfrán. En el “mejor de los casos”, se llamaban a silencio ante la violación de derechos. El periodismo afín al kirchnerismo apoyó fervientemente la explotación petrolera en Vaca Muerta, aunque allí se violaban derechos indígenas y también se reprimía (y se reprime). Con el macrismo en el poder, esos mismos periodistas, intelectuales y artistas se horrorizan y repudian la violencia que sufren los mapuches.

 

Periodistas de uno y otro lado tienen una coincidencia: escriben sobre un hecho sin recorrer el territorio. No visitan (ni visitarán) las comunidades indígenas. Son periodistas de escritorio. Y sus mentiras repercuten de la peor manera: legitiman represiones.

 

Genocidio

 

Robo de bebés. Desaparición de personas. Torturas. Campos de concentración. Asesinatos. Lo sufrió la sociedad argentina en manos de la última dictadura cívico-militar. Lo sufrió el pueblo judío en manos del nazismo.

El Pueblo Mapuche también padeció robó de bebés, desaparición de personas, torturas, campos de concentración, asesinatos. Pero no hubo jamás pedido de perdón, tampoco reparación ni justicia. No hubo un “nunca más” para lo sufrido por los pueblos indígenas.

 Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la UBA, lo resume así: “El Estado se construyó sobre un genocidio. Se requirió que no hubiera más diversidad interna. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado”.

Recuperaciones

“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu” significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios volver a parcelas que les fueron arrebatadas en el pasado. En los últimos quince años, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el Pueblo Mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes.

Los pequeños burgueses urbanos deben permanecer tranquilos: los indígenas no ocuparán los departamentos en Palermo o Recoleta, ni les interesan las mansiones de Nordelta. Sólo vuelven a las tierras de sus antepasados que hoy están en manos de grandes empresas.

Los legalistas también deben estar conformes: las recuperaciones territoriales están respaldadas por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales.

“Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”, detalla el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a las leyes nacionales. El artículo 14 también apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.

 

La Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución (…) por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados”.

 

“Las comunidades indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” es el título del trabajo sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, ex secretario de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. Al analizar la acción de la CIDH, abordó la posesión ancestral: “Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.

 

La recuperación territorial implica mucho más que hectáreas: instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario.

 Benetton

En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena: recuperó 625 hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de la Compañía de Tierras Sud Argentino (Grupo Benetton), ubicada entre Esquel y El Bolsón. El caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que prometió la donación de tierras dentro de Chubut. Pero la compañía sólo ofreció parcelas que eran improductivas.

La comunidad no aceptó y aclaró que los pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que habían sido robados por privados. La causa avanzó en tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca aceptó la derrota entre otras cosas porque habilitaría que otras comunidades repitieran la acción.

En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa Leleque. En el marco de la Ley Nacional 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del Pueblo Mapuche. La comunidad siempre denunció las irregularidades en el título que adquirió la compañía Benetton (explicadas en detalle en el libro “Ese ajeno sur”, del investigador Ramón Minieri).

El 13 de marzo de 2015 se produjo una nueva recuperación territorial en la estancia Leleque de Benetton. Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explicó como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).

Ya no era un sólo mal ejemplo. Ya eran dos. Y pueden ser más.

Benetton descargó todo su maquinaria legal contra los mapuches y contrató una agencia internacional de prensa y lobby (JeffreyGroup) para una campaña mediática, tanto a nivel provincial como nacional. El responsable en Argentina de Jeffrey Group es Diego  Campal, que se presenta como “especialista en resolución de conflictos y gestión de crisis”.

Periódicamente llegaban las gacetillas de prensa y fotos en alta definición de los “atentados” que sufría la estancia Benetton. Sus principales destinatarios: el diario Jornada (Chubut), Río Negro (el más leído de la Patagonia), Clarín y La Nación. Los mismos comunicados llegaban al despacho del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y sus ministros.

La campaña mediático daba sus primeros pasos y vinculaba a los mapuches con grupos paramilitares (ETA, FARC).

Enemigo interno

En diciembre de 2016, el gobernador Das Neves pidió juicio político para el juez Guido Otranto por no haber condenado a Facundo Jones Huala (lonko del Lof en Resistencia de Cushamen). “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, refirió en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.

El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno de agosto de 2016 a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba.

El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales y catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.

Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, cuestionó al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.

El 21 de junio pasado, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.

La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.

Peligro

“Ser indígena hoy es ser subversivo”, resumió con simpleza en una mateada Jeremías Chauque, mapuche, músico, productor de alimentos sanos (sin agrotóxicos).

“Los indígenas no aceptamos el extractivismo. Nunca lo aceptaremos.

Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas.

 Por eso nos consideran un peligro”, amplió.

Facundo Jones Huala, desde la cárcel de Esquel, fue en línea similar: “El Pueblo Mapuche impulsa la reconstrucción de nuestro mundo, y la expulsión de extractivas del territorio. Como mapuches no podemos ser en tierras desbastadas, no podemos ser mapuche con pozos petroleros o con mineras. Necesitamos nuestra tierra sana, en equilibrio y armonía. Restablecer ese equilibrio es hoy revolucionario, es alterar el orden actual del capitalismo extractivo. Por eso los mapuches somos un problema para el poder”.

Disparen

Ante la desaparición de Santiago Maldonado, en el marco de una represión de Gendarmería Nacional el 1 de agosto, la ministra Patricia Bullrich apuntó contra las comunidades indígenas:“No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina.Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista”.

La Sociedad Rural Argentina, impulsora de la Campaña del Desierto y parte de la última dictadura cívico-militar, aportó un comunicado: “Tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del Sur” (en referencia a los mapuches).

La Confederación Mapuche de Neuquén le contestó a la Ministra de Seguridad: “La funcionaria Patricia Bullrich en sus declaraciones cargadas de desprecio racial e ignorancia, construye una verdadera ensalada de conceptos errados. Desconoce conceptos básicos de estados modernos y evolucionados que se asumen como Estados Plurinacionales. Nuestra condición de Nación Mapuche está basada en la preexistencia milenaria que reconoce la propia Constitución Argentina. Negar esta realidad es propia de los estados autoritarios y colonialistas que desconocen la diversidad”.

“Un estado prlurinacional no depende del permiso de una funcionaria. Está relacionado a una existencia de miles de años, ante un estado moderno de solo dos siglos de existencia”, explicó la Confederación Mapuche.

“La plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad. Si los mapuches no asumiéramos nuestra nacionalidad, seríamos un pueblo sin historia y peor aún, seríamos un pueblo sin futuro”, afirmó.

El Consejo Asesor Indígena (CAI), histórica organización mapuche de la Patagonia, también emitió un documento: “Repudiamos el accionar del Estado frente los hechos que han sucedidos (el Cushamen) y manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia estatal y sus familias. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y responsabilizamos al Estado Nacional por la actual situación de militarización que sufren los pueblos originarios”.

“No queremos que la actitud de Estado y la sociedad frente a nosotros sea de represión, discriminación y racismo”, precisó la organización indígena. Recordó que el Pueblo Mapuche ha sufrido incendios, persecuciones judiciales y policiales, amenazas de muerte, acosos, allanamientos e intentos de desalojo. Y el CAI dejó una aclaración: “Mantenemos nuestros reclamos y la firmeza en nuestra lucha”.

¿Solución?

Una pregunta recurrente es por dónde pasa la solución. Y la respuesta indígena suele ser simple:“Que se respete la ley”.

Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Ley 26160 (freno a los desalojos), Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. La legislación vigente establece que los pueblos indígenas deben contar con “tierras aptas y suficientes” y que se debe realizar la “consulta libre, previa e informada” ante cualquier hecho que los pudiera afectar. Traducido: ninguna empresa extractiva puede ingresar a territorio indígena sin antes realizar todo un proceso de consulta (que puede llevar hasta años) con la comunidad.

De la mano de jueces y fiscales, esas leyes no se cumplen. ¿Por qué el incumplimiento? Porque es una política de Estado que atraviesa a todos los gobiernos: violar los derechos indígenas y beneficiar a petroleras, grandes estancieros, empresas del agronegocio y mineras.

Posts Relacionados

Fuente: https://latinta.com.ar/2017/11/campana-antimapuche/

 

Enfoquemos la extensión y profundidad del poder comunal que se construye desde abajo en contra de capitales y estados asociados en los extractivismos. También porqué esas disputas por territorios nos involucran a todas y todos sin fronteras.

 

 

 

7N- Patagonia resiste al Extractivismo

de las corporaciones mineras.

noviembre de 2018

 

En Chubut los legisladores quieren zonificar a más del 70 % del territorio provincial para sacrificarlo y destinarlo a la minería a cielo abierto, con uso de sustancias tóxicas, y dejar a más de 140 mil personas sin el agua del río y de las cuencas subterráneas que hoy abastecen de agua potable a las comunidades y que permiten la producción agrícola y ganadera, entre otras actividades económicas que se vienen desarrollando en toda la región y a pesar de todos los embates gubernamentales. La Comarca de la Meseta Central de Chubut está viva y de pie! Las comunidades coordilleranas y costeras resistimos y acompañamos la lucha histórica por decidir el destino y uso de nuestras tierras!

 

De máxima difusión:

Se solicita a todos los medios de comunicación, periodistas freelance y aficionados, la colaboración en la cobertura, difusión e información de la marcha familiar que se realizará el próximo  miércoles 7 de noviembre, a las 18 horas, en la plaza central de Rawson, Chubut.  Marcharemos en contra de la minería a cielo abierto que las corporaciones y gobiernos pretenden imponer en toda la provincia en desmedro de la salud y el derecho a decidir de las comunidades que habitan el territorio.

Desde el año 2002 afirmamos con argumentos No es No, contamos con evidencias latinoamericanas y argentinas que constatan que la minería a cielo abierto contamina naturaleza, cuerpos y sociedades.  Por ello exigimos a nuestros legisladores que no traicionen al pueblo. Decimos NO a la actividad minera en Chubut y decimos NO a la zonificación que consideran imponer mediante escabrosas maniobras legislativas. Decimos SÍ a las economías regionales agrícola-ganadera de pequeña escala. Decimos SÍ al desarrollo turístico rural, arqueológico y paleontológico. Decimos SÍ al cultivo de plantas aromáticas y medicinales nativas de la zona. Decimos SÍ al valor agregado de la lana, hilado, teñido con tintes naturales  y tejido artesanal ancestral. Decimos SÍ a la creación de un circuito comercial que le dé prioridad a los productos originados en la Comarca de la Meseta Central.

Por último: Marchamos porque reafirmamos: la tierra, para quien la trabaja; la tierra, para quien la habita; y la tierra para quien la ama.

Más información en:

Facebook: Asamblea en Defensa del Territorio 
www.noalamina.org 
http://www.conflictosmineros.net
http://www.minesandcommunities.org

 

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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
prensa@asambleasciudadanas.org.ar
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
 
NUEVO 2018 -->(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) -->
https://goo.gl/7GXjqB

 

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Declaración de la Asamblea de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de la Cuenca del Papaloapan.

 

Por Asamblea de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de la Cuenca del Papaloapan

28 noviembre 2018

    

"Todas y todos los que conformamos la Asamblea de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de la Cuenca del Papaloapan nos declaramos como guardianas y guardianes de la tierra, el territorio y la vida. Declaramos que no aceptamos, ni aceptaremos ningún megaproyecto porque atentan contra la vida de Nuestra Madre Tierra y todos los que en ella habitamos."

 

A nuestr@s compañer@s del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional:

A nuestr@s compañer@s del Congreso Nacional Indígena:

Al Concejo Indígena de Gobierno:

A nuestr@s compañer@s de la Red Contra la Represión y por la Solidaridad

A la Sexta en México y el Mundo:

A los Pueblos de Oaxaca, México y el Mundo:

A los Gobiernos pasados, presentes y futuros:

 

Los que suscribimos somos los descendientes de los pobladores primeros de estas tierras, somos hermanos y hermanas de los pueblos zapoteco, mixe, chinanteco, mazateco y ojiteco, somos los herederos legítimos de nuestras lenguas madres, tenemos conciencia de nuestras raíces ancestrales, somos los hijos de nuestra madre tierra, somos los guardianes del territorio y de la vida, somos la Asamblea de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de la Cuenca del Papaloapan.

Somos una asamblea permanente de Autoridades Municipales y Agrarias de comunidades pertenecientes a las cuencas de los ríos Cajonos, Lalana y Papaloapan.

Tenemos muy presente la explotación y discriminación que por más de quinientos años hemos padecido, que nos han negado la capacidad de conducir con sabiduría y dignidad nuestro propio destino, además de los múltiples intentos de exterminio.

Hoy, nuestra situación como pueblos originarios ha cambiado y no para bien, todo lo contrario, vivimos en medio de una guerra de despojo para la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos, desde nuestros pueblos podemos mirar que para el futuro sólo nos ofrecen la muerte.

Nuestros Territorios y Tierras ancestrales representan la totalidad de nuestro hábitat en donde reproducimos nuestra existencia material y espiritual como pueblos, queremos conservarlos íntegramente y mantener la tenencia comunal de nuestras tierras, pues sólo así es posible preservar nuestra cohesión social, conservar las formas de trabajo gratuito y colectivo en beneficio de toda la comunidad y asegurar el patrimonio y el futuro de las próximas generaciones.

Para nosotros, pueblos originarios, pueblos verdaderos, nuestra Madre Tierra es sagrada, así como son sagrados todos los seres que habitan en ella, los animales, las plantas, los ríos, los montes, las cuevas, los valles, los recursos biológicos y el conocimiento que nuestros pueblos tienen sobre ellos. No son una mercancía que se compra o se vende. Por eso no podemos aceptar la destrucción de nuestros territorios por las imposiciones de proyectos y megaproyectos que en diversas regiones indígenas del país están imponiendo a sangre y fuego los gobiernos federales y estatales.

Históricamente se nos han negado los derechos, con las diversas luchas de reivindicación se reconocieron algunas garantías, hoy en día la contradicción existente entre artículos, la interpretación dolosa de las leyes, no aseguran ni garantizan el respeto pleno al ejercicio cabal de la libre determinación de los pueblos originarios.

Nuestro caminar es por la reconstitución como pueblos originarios, es decir el reconocimiento constitucional pleno de nuestros derechos y facultades como pueblos originarios.

Por todo esto DECLARAMOS:

1.- Las Autoridades Municipales y Agrarias de las comunidades pertenecientes a la cuenca de los Ríos Cajonos, Lalana y Papaloapan, nos declaramos en asamblea permanente, porque permanente es la guerra de despojo.

2.- Todas y todos los que conformamos la Asamblea de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de la Cuenca del Papaloapan nos declaramos como guardianas y guardianes de la tierra, el territorio y la vida.

3.- Declaramos que no aceptamos, ni aceptaremos ningún megaproyecto porque atentan contra la vida de Nuestra Madre Tierra y todos los que en ella habitamos.

4.- Declaramos que nuestro NO, es rotundo, definitivo, innegociable, irreconciliable.

5.- Reconocemos que los malos gobiernos en sus tres niveles son los que promueven y ejecutan los planes de despojo.

6.- Rechazamos la iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario, ya que es una nueva reforma estructural neoliberal que convalida el poner la producción de hidrocarburos, de energía eléctrica y minera por encima de cualquier otra, y porque además de dar continuidad a la reforma salinista, es también, una continuación de las reformas estructurales impulsadas por el régimen saliente. En realidad, forma parte de una estrategia para despojar y destruir los territorios indígenas y campesinos, poniendo en manos privadas los recursos del país a la vez que los pueblos originarios somos exterminados.

Todo esto es el claro ejemplo de que los grupos ecónimos y políticos que dirigen las riendas del país no tienen la intención de frenar la guerra capitalista impuesta, desde hace décadas, al México de abajo y a los pueblos que lo integran. 

Por la reconstitución de los pueblos originarios

“Nunca más un México sin Nosotros”

 

Asamblea de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de la Cuenca del Papaloapan.

Ciudad de Oaxaca, Noviembre del 2018

Enlace Zapatista

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Declaracion-de-la-Asamblea-de-Pueblos-Originarios-en-Defensa-del-Territorio-de-la-Cuenca-del-Papaloapan

 

 Crisis civilizatoria

 

Estamos, como humanidad entera,  subsumidos en la confrontación de Estados Unidos y China. El primero "ha  decidido reordenar el sistema mundial capitalista impulsando una renovada estrategia de control global a través de los dos acuerdos económicos más grandes de su historia: Acuerdo Transpacífico (TPP) y  Acuerdo Transatlántico (TTIP). El fin último de este movimiento monumental es rearticular el mercado mundial a favor de las grandes empresas y el poder político de EUA". Aún más, examinemos hacia dónde se desarrolla el capitalismo dependiente o periférico en el Abya Yala ejemplificando con México que adelanta en ese camino.

 

México en el giro de tuerca mundial:

Zonas Económicas Especiales (Parte I).

20 de noviembre de 2015

 

Por Mateo Crossa

Como respuesta a la creciente importancia que tiene China en el rompecabezas global, Estados Unidos se encuentra redefiniendo su dominio a través del control de comercio de bienes y servicios a nivel mundial. Si bien es cierto que no hay un consenso entre los analistas sobre el grado de tensión que existe entre EU y el país asiático, se acepta de forma general el hecho de que las contradicciones entre ambos países aumentan debido a la motivación norteamericana por impedir la proyección ampliada de China más allá de sus fronteras. EU está prendiendo todos sus motores para reordenar el mundo y evitar, desde ahora, la posibilidad de que China y sus vínculos más cercanos como Rusia se conviertan en un poder mayor.

Para enfrentar dicho problema, podemos observar y seguiremos observando en los años venideros que EU le da un giro a la tuerca de su dominio y decide reordenar el sistema mundial capitalista impulsando una renovada estrategia de control global a través de los dos acuerdos económicos más grandes de su historia: Acuerdo Transpacífico (TPP), Acuerdo Transatlántico (TTIP). El fin último de este movimiento monumental es rearticular el mercado mundial a favor de las grandes empresas y el poder político de EUA.

Todos los motores de EU están puestos en esa dirección y a cualquier parte del mundo donde pongamos nuestra vista podemos observar el interés del país norteamericano por renovar la correlación de fuerzas del mundo a su favor y desarticular la economía expansiva de oriente. El TPP aprobado por EU con el mecanismo antidemocrático, por excelencia, llamado Trade Promotion Authority (también conocido como Fast Track) busca transgredir y desarticular el corazón del dominio comercial chino en el mar del Sur de China y el mar de China Oriental por medio de la inclusión al TPP de Vietnam, Malasia, Singapur y Japón, mares que necesitaría China para proyectar su poder económico y político a nivel regional. Por otro lado, también existe un hostigamiento militar de EU hacia China por el control del mar del Sur chino y una revitalizada tensión entre Corea del Sur y Norte provocada por EU para que China no logre un diálogo entre ambas Coreas. Incluso es posible que en los próximos dos años veamos la integración de la, regionalmente, importante economía de Indonesia al TPP y posiblemente la de Corea del Sur. Todo esto con el fin de ahorcar el dominio chino en la región y obligarle a mantenerse estrictamente obediente al mando estadounidense.

 

A la par, se negocia el TTIP, que si bien su aprobación no está resuelta, tiene el objetivo final de deslabonar el mercado Europeo de la economía Rusa y China y frenar la proyección conjunta que estos dos países visualizan en la región europea a través de Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. A través del TTIP, los grandes capitales estadounidenses y europeos buscar frenar la creciente fuerza económica de China y Rusia en Europa. Junto a esto, promueven la destrucción y descomposición de países estratégicamente vinculados con Rusia en el Medio Oriente (Siria y Libia) mientras que generan alianzas con Irán para quitarle a Rusia la proveeduría energética de Europa.

En América Latina, EU se cuelga de una coyuntura económica negativa para los países sureños provocada, de una parte, por la caída en los precios internacionales de las commodities y, de otra parte, por el   impulso desesperado de las clases dominantes de América Latina por querer insertarse al nuevo teatro de la economía mundial gestado desde Washington, viendo que ahí encontrarán mayor rentabilidad en sus negocios. No sólo están pasando por una caída en la tasa de ganancia de sus negocios, sino que están viendo que EU articula un nuevo orden comercial al que, afanosamente tratarán de articularse. Por supuesto que esa posibilidad está condicionada a profundizar políticas económicas de liberalización que ya golpean a buena parte de la población en la región, desde aquellas promovidas por llamados gobiernos progresistas, que comienzan a aplicar paquetes de reformas neoliberales que precarizarán y desarticularán el mercado nacional, hasta gobiernos llamados neoliberales que profundizan la política de saqueo y privatizan aún más la economía. En el contexto de la guerra, América Latina es pensada por EU como parte de su Homeland Security (Territorio de Seguridad Nacional) de manera que busca y seguirá buscando controlar, conquistar y reconquistar los territorios para asegurar su poder económico y político en el campo de la competencia mundial. No en vano la Casa Blanca declaró a Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional.

 

México toma la delantera en cuanto a la obediencia de los intereses y ordenes decretados por EU. La clase política y los grupos empresariales del país preparan a México para ser el mejor portado en la nueva configuración económica mundial. Para cumplir con esta tarea, el aparato estatal tiene el mandato de despojar violentamente las tierras de campesinos e indígenas, así como precarizar la vida de los trabajadores para ofrecer al capital extranjero un territorio puesto al mejor servicio para la inversión extranjera. La clase política y los empresarios repiten una y otra vez a los capitales multinacionales que México está preparado para lo que viene y ofrece una combinación de dos ventajas competitivas que ninguna economía del mundo tiene: ser frontera con el mercado más grande y dinámico del mundo y tener la mano de obra más barata de América Latina. En este contexto, se lanza hoy en México la iniciativa de las Zonas Económicas Especiales, zonas francas en el sur del país con excepcionalidad arancelaria. Es decir, enclaves económicos de exportación a gusto del capital transnacional. Territorios libres, según la cosmovisión empresarial.

Hace 155 años, en diciembre de 1859, el entonces presidente de EU James Buchanan impulsaba el afán expansionista estadounidense en territorio mexicano a través del Tratado McLane-Ocampo, el cuál le habría otorgado a perpetuidad el derecho a EU de transitar por el istmo de Tehuantepec a cambio de un préstamo de 2 millones de dólares. El acuerdo se trancó porque la guerra civil en EU estalló poco tiempo después y la puesta en marcha del McLane-Ocampo habría beneficiado a los Confederados. Desde esas fechas ya era clara la inspiración estadounidense por controlar el istmo de Tehuantepec como espacio estrecho de tránsito entre los océanos Atlántico y Pacífico.

 

155 años han pasado desde que se firmó el acuerdo McLane-Ocampo y hoy, en voz de Peña Nieto, se renueva el interés de EU por controlar el movimiento económico y político en el istmo mexicano a través de lo que hace poco se ha anunciado como Zonas Económicas Especiales (ZEE). Éstas fueron advertidas hace poco más de un año por Peña Nieto a días de haber sucedido el asesinato y desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. A un año de esta tragedia que se mantiene en la impunidad, Peña Nieto volvió a anunciar las ZEE, ahora como iniciativa de ley que actualmente se discute en el Congreso. Es decir, se monta perversamente sobre una tragedia que él mismo encabeza, para justificar un proyecto de transnacionalización y venta del territorio nacional.

 

El proyecto de ZEE se discute como iniciativa de ley presidencial en el Congreso sin ningún indicio mínimo de que sea rechazada o cuestionada. Toda la clase política, partidos políticos, medios de comunicación, mundo empresarial, asociaciones civiles e intelectuales se encuentran festejando el hecho, sin que haya algún tipo de crítica al respecto. Se aprobará la ley de Zonas Económicas Especiales con el argumento tan usado de llevar progreso y desarrollo al sur subdesarrollado de México y crear empleo en esa zona marginada del país donde, según su perspectiva, existe un rezago estructural de la productividad. En todos los medios de comunicación se repite esta misma receta de palabras, empresariosy funcionarios en México y EU hablan una y otra vez sobre el escaso crecimiento del sur mexicano y la grandiosa labor que las ZEE significarán para esta región.

Sin embargo, la iniciativa de ley está lejos de tener una motivación de construcción de soberanía que busque brindar condiciones de bienestar al sur. Pensar esto sería dejar de lado las transformaciones que ocurren a nivel global. La iniciativa de las ZEE ocurre en medio de un contexto mundial en el que EU está redoblando su dominio comercial en el mundo y las regiones estrechas del istmo mexicano se convertirán en espacios estratégicos para la nueva arquitectura económica que Norteamérica impulsa en el mundo a través del TPP y del TTIP.

Anunciar esto públicamente sería dejar caer el circo entero, pero para comprender el escenario con mayor amplitud y percibir el motivo detrás de esta ley, basta con mirar la proyección estadounidense en el mundo y su interés por controlar el comercio entre el Atlántico y Pacífico. El discurso sobre el rezago del sur es pura ideología estatal para ganar cotos mínimos de absurda legitimidad. ¿Qué diría Justo Sierra si volviera a nacer? Seguramente repetiría las mismas palabras que utilizó para describir el Tratado McLane Ocampo: «no es defendible y representa la constitución de una servidumbre interminable».

México se suma de lleno y sin mucho titubeo al renovado impulso dominador que Estados Unidos gesta a nivel mundial. Jugará un papel importante no sólo por ser frontera de EUA, sino por representar un espacio geográfico importante en el comercio entre el Atlántico y el Pacífico. Habrá un mayor flujo de bienes entre ambos océanos y toda la franja del istmo centroamericano hasta Tehuantepec serán un espacio preciado en el juego geoeconómico y político de EU, como lo ha sido siempre, pero ahora de forma revitalizada. No es casualidad, por ejemplo, que a la par de aprobarse las ZEE, se esté llevando a cabo el proyecto de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico de Honduras (ZEDEs) que también significarán zonas comerciales e industriales estratégicos para el dominio estadounidense en el marco del TPP y TTIP. En este contexto, el istmo centroamericano y el de Tehuantepec se piensan como territorios de seguridad nacional para EU.

El proyecto de las ZEE no es una iniciativa de Peña Nieto. Viene gestándose desde círculos académicos de instituciones universitarias estadounidenses como Harvard, particularmente el Center for International Development dirigido por Ricardo Hausman, de quién ya he referido en otros escritos, también ha sido promovida por el Banco Mundial y bendecida por su presidente Jim Yong Kim, ha sido delineada por la OCDE, y promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo. No es un plan cortoplacista de Peña Nieto ni de un grupo de gobernadores, senadores o diputados. La iniciativa se está gestando desde EU y pensada a largo plazo, en el marco de la reconversión comercial que el país norteamericano impulsa a nivel mundial. Por supuesto, el presidente, gobernadores, senadores y diputados aprovechan esta coyuntura y promueven un discurso desarrollista de bienestar y empleo para el sur del país con el fin de parchar la ilegitimidad profunda desde la cual gobiernan.

Fuente: https://subversiones.org/archivos/1720015

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México en el giro de tuerca mundial:

Zonas Económicas Especiales (Parte II)
24 de noviembre de 2015

Por Mateo Crossa

La ley de Zonas Económicas Especiales fue firmada en Tapachula, Chiapas, por Peña Nieto el 29 de septiembre, mismo día en que fue enviada a la cámara de diputados. El documento comienza con una justificación de la ley donde se pone énfasis en el bajo crecimiento y baja productividad de la región sur del país en comparación con el norte. La ley lo expone de la siguiente manera:

«Los estados de la región sur de nuestro país presentan barreras estructurales que inhiben el desarrollo de actividades económicas de elevada productividad. Entre estos obstáculos destacan i) un ambiente de negocios débil que genera incertidumbre sobre el retorno de las inversiones ii)carencia de infraestructura que limitan el acceso a mercados de tamaño relevante y elevan los costos de transacción iii)menores niveles de capital humano que reducen la productividad laboral y dificultan el desarrollo de actividades económicas más sofisticadas iv)escasa innovación que limita el escalamiento productivo de las empresas v) ausencia de empresas en sectores altamente productivos (…) vi)una baja integración a la economía mundial».

El documento está empecinado en insistir que el sur mexicano no es productivo como sí lo es el norte. ¿Qué obsesión tienen ahora por hablar de productividad en el país cuando existe una dependencia tecnológica como nunca antes provocada por la apertura económica con el TLCAN? ¿Con qué insistencia hablan de productividad después de haber aprobado la reforma energética que deja en manos extranjeras el proyecto energético del país y la reforma laboral que impide la capacitación de la mano de obra y promueve mayor precarización del trabajo para ofertar salarios bajos a las multinacionales? En julio de este año, la OCDE y el gobierno mexicano organizaron Cumbre Internacional de Productividad donde Peña Nieto, en una intervención de media hora, delineó algunas iniciativas de su gobierno, entre las cuales estaban las ZEE. Para justificar tales medidas mencionó que la prioridad de su gobierno es la productividad y que todos los esfuerzos se harán para «aumentar la productividad del país». La productividad, según él y la OCDE, nos salvará de todo mal y nos llevará a las filas del desarrollo y progreso. La pregunta que nos debemos hacer es ¿qué entienden por productividad?

Existen sólo dos maneras de aumentar la productividad. La primera es con avances científicos y tecnológicos que permitan producir más en menos tiempo. Para ello se requiere de un proyecto de educación que califique mano de obra e invierta en investigación, tecnología y ciencia. Sin embargo este no es el caso mexicano que sólo contribuye con 0.82% de la propiedad intelectual nivel mundial y tiene un grandísimo rezago en innovación tecnológica y científica. La segunda manera de aumentar la productividad es superexplotando la fuerza de trabajo, es decir, aumentando la producción sin aumentar los costos de producción. Esta manera de aumentar la productividad es la que conocemos en México desde los años ochenta y particularmente en los noventa después de la firma del TLCAN. Para el norte de México, región a la que el gobierno mexicano llama «altamente productiva» por estar integrada al mercado mundial, la productividad no significó otra cosa más que la generalización del modelo maquiladora.

En términos generales, la maquila es el aumento de la producción mediante la venta barata de mano de obra. Eso es lo que nos ha enseñado la experiencia de Ciudad Juárez, donde se integró una mano de obra barata y femenina para redoblar la explotación y aumentar las ganancias de los empresarios. Eso es para ellos un ejemplo de productividad aunque mucho se sepa sobre el grado de descomposición social en esta ciudad. En Ciudad Juárez, la industria maquiladora «altamente productiva» ha significado la generalización de la pobreza, la militarización y el crecimiento exponencial de la delincuencia. Es el epicentro de la descomposición social, el epicentro de la violencia contra las mujeres, el epicentro del control laboral y el epicentro de la vida sin derechos. Según ellos, ese es el mundo de la productividad que buscan promover de manera renovada en el sur de Mexico con las ZEE. Ese ese el norte productivo que no sólo es Ciudad Juárez, sino todas las ciudades y regiones industriales de este país que están encadenadas a la economía global por medio de industrias maquiladoras de exportación.

Entre los elementos más importantes de ser subrayados sobre la ley, esté el tema de la expropiación de tierras. El despojo de tierras será una condición intrínseca del proyecto. La nueva iniciativa de ley menciona que las ZEE son territorios de interés público y las regiones donde se consideren apropiadas para ser instaladas, serán expropiadas.

«La presente iniciativa de Ley califica a la construcción mantenimiento, ampliación y desarrollo de la Zona, como causas de utilidad pública, lo cual tiene efectos para la eventual aplicación de las medidas previstas en la Ley de Expropiación, cuando así se requiere para promover bienes o servicios para tales actividades».

El Ejecutivo es quién declara un territorio como zona de utilidad pública y el Ejecutivo es quien expide el decreto de expropiación de ese territorio. Lo único que le queda a las regiones afectadas es esperar la indemnización. Así lo prueba el hecho de que Peña Nieto ha anunciado tres zonas económicas especiales y nadie está enterado cómo funcionará, de qué se tratarán, para quién, cómo, cuándo, dónde. Se va a aprobar la ley y nadie tiene información, sólo los círculos cerrados de la clase política mexicana e instituciones internacionales como OCDE, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Esta falta de información demuestra que aquello que aparece como «interés público», es todo lo contrario. Entre menos se sepa, mejor.

La excepcionalidad arancelaria será también una condición de las ZEE. Las empresas que decidan invertir en las Zonas Económicas Especiales estarán exoneradas de pagar impuestos arancelarios de importación y exportación. Esta ya es una historia conocida en México que se volvió normal con el TLCAN y hoy se renueva con esta ley:

«El Ejecutivo deberá establecer los beneficios fiscales en materia de contribución que se consideren necesarios para impulsar el establecimiento y desarrollo de las zonas (…). Los beneficios que otorgue el Ejecutivo federal en los términos del presente artículo deberán tener como mínimo una duración de ocho años».

Las empresas que operen en las ZEE no pagarán impuestos ni tampoco aranceles por los productos importados. En pocas palabras, se retoma nuevamente el modelo maquilador que ensambla productos importados para ser rápidamente exportados del país sin tener que pagar agregados por esa maniobra. Territorios tomados por el gran capital, enclaves de exportación.

Hasta la fecha se ha anunciado la creación de tres zonas económicas. De acuerdo a comunicaciones oficiales, se construirá el Corredor Industrial Inter-Oceánico, el Puerto Lázaro Cárdenas y el Puerto Chiapas. Antes de que sepamos qué actividades productivas, extractivas o comerciales se lleven a cabo de las zonas, el Estado tiene que hacerse cargo de preparar la región para que las empresas tengan la infraestructura necesaria para operar. Hasta ahora lo que sabemos, de acuerdo con información oficial, es que se construirán tres ZEE que tendrán a grandes rasgos las siguientes características:

  1. Corredor Industrial Inter-Océanico en el Istmo de Tehuantepec que conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México. En esta zona se promoverá la creación de un gasoducto transoceánico de Coatzacoalcos, en Veracruz, a Salina Cruz, en Oaxaca. Se promoverá también la rehabilitación del ferrocarril del Istmo, un trazo que, históricamente, ha sido muy valioso en el desarrollo productivo de esta región del país. Para apoyar esta conectividad también se impulsará la carretera transístmica.

  2. Puerto Lázaro Cárdenas y municipios colindantes. Se emprenderán diversas obras de infraestructura, equipamiento y modernización de Puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán. Los municipios colindantes de la Costa Grande de Guerrero también serán beneficiados con la ampliación e inversión que se proyectan en Lázaro Cárdenas.

  3. Puerto Chiapas: Su importancia radica en que detonaría el desarrollo en la zona fronteriza del estado de Chiapas. Se impulsará el gasoducto Salina Cruz-Puerto Chiapas-Guatemala con lo que Puerto Chiapas acompañaría el impulso generado por el corredor transístmico.

Estas han sido las zonas económicas especiales anunciadas por el presidente y mientras se discute la ley de ZEE en el congreso, se va preparando el terreno. Existe un proyecto de infraestructura que se está llevando a cabo para que en un futuro no tan lejano puedan operar las empresas trasnacionales. Estos proyectos de infraestructura son parte del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 que también se puede llamar Programa Nacional de Despojo.

 

A pesar de que la ley de Zonas Económicas Especiales menciona que los proyectos se harán sobre la base de consultas de pueblos indígenas de la región, ya podemos ver algunos casos de infraestructura relacionada con las ZEE que está siendo construida sin el consentimiento de los pueblos:

El gasoducto Salina Cruz-Puerto Chiapas-Guatemala anunciado como parte de la infraestructura que abastecerá de gas a la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas comenzó a realizarse desde 2014. Este gasoducto transportará gas natural desde Salina Cruz hasta Guatemala y tendrá una longitud de 600 kilómetros. El proyecto forma parte de una estrategia de encadenamiento regional que involucra a México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Cuenta con la asesoría y apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo así como del Departamento de Estado de EU, a través de Buró de Recursos Energéticos.

 

Para el caso de la Zona Económica Especial Corredor Industrial Transoceánico, se anunció el inicio de la construcción de gasoductos que atravesarán 14 municipios de Veracruz y 13 de Oaxaca con una extensión de 381 kilómetros de largo. El proyecto llamado Cinturón Transoceánico se anunció en agosto del 2015 yconsiste «en la construcción de dos gasoductos en la región del Istmo de Tehuantepec, para transportar gas LP de Pajaritos, Veracruz, y gas natural de Chinameca, Veracruz, hasta Salina Cruz». De acuerdo con medios locales,

«La construcción de los gasoductos representa para el Istmo una gran inversión, puesto que implicaría tener gas natural para atraer a las grandes industrias transformadoras de cualquier parte del mundo a instalarse en la región, parar generar empleos permanentes bien pagados. El sureste mexicano tiene la ubicación más estratégica de todo país, pero no cuenta con gas natural para desarrollar su industria, a diferencia del norte del país donde existen varias interconexiones. Ahora será diferente».

Pocas semanas después de haberse hecho público el anuncio del Cinturón Transoceánico, los pobladores de la región hicieron sentir su rechazo en el foro ciudadano llamado «Los Gasoductos y su Impacto Social». Los participantes, en su mayoría de pueblos indígenas de la región istmeña advirtieron a las autoridades que no otorguen permisos de cambio de uso de suelo y manifestaron su rechazo a la construcción de los gasoductos por los efectos ambientales y sociales que ocasionarán. A pesar de este rechazo popular al despojo, la empresa encargada de la construcción (Grupo PMI), publicó una defensa del proyecto argumentando que los reclamos son infundados. En otras palabras, la propiedad privada parece tener mayor razón que la propiedad pública.

Con estos dos casos va quedando claro quién define la utilidad pública de estos proyectos. Ni siquiera se ha aprobado la ley y ya se está llevando a cabo el despojo de tierras sobre campesinos pueblos indígenas de la región. Con esto están dejando claro cómo van a funcionar las reglas del juego: primera regla, la población no participa.

Las Zonas Económicas Especiales significarán un proyecto de maquilización de la tierra istmeña del sur mexicano. El objetivo es convertir a esa región del país en un gran enclave productivo para la exportación que participe activamente en el nuevo armazón económico de escala mundial promovido por EU. Lo que ya podemos observar es que la infraestructura que se va a poner a disposición de las ZEE se construye dándole la espalda a los pueblos de la región. La clase política y las cámaras empresariales se jactan una y otra vez de que las ZEE son proyectos que servirán a la población del sur del país, pero desde ya podemos observar que es todo lo contrario. Recién comienzan las obras de infraestructura y ya queda claro lo lejano que estarán de las necesidades de la población de la región. Las Zonas Económicas Especiales están insertas en una dinámica de renovación del dominio comercial estadounidense y México será una geografía fundamental en ese teatro. Para las empresas trasnacionales que ocuparán esas zonas, la excepcionalidad arancelaria, la infraestructura gratuita y la baratísima mano de obra que se les ofrece serán motores de sus ganancias. Para la economía mexicana será mayor desarrollo del subdesarrollo, mayor dependencia, mayor despojo y mayor precariedad de la vida social.

Fuente: https://subversiones.org/archivos/120067

En consecuencia, disputar territorios y cuerpos desde diversidades de abajo mirando hacia concretar la «reforma agraria integral» es crucial. Es enfrentar con poder de respeto por la vida y la dignidad humana al acaparamiento económico territorial del capitalismo sólo para devastar, desterritorializar y para superexplotar tanto la naturaleza como los trabajadores. Constatemos qué realizan el capitalismo e imperialismos en comparación con los caminos abiertos en constante ensanchamiento y multiplicación por les pueblos, naciones o sus autoorganizaciones.

 

Reconfiguraciones territoriales y neoextractivismo: la nueva zona económica especial de Chiapas, México

Por Agustín Ávila Romero y León Enrique Ávila Romero

Para David Harvey (2004) la tendencia del sistema capitalista a producir crisis de sobreacumulación de capital, desarrolla excedentes de capital y excedentes de trabajo (creciente desempleo) que coexisten sin verse claramente la posibilidad de combinarse en forma útil. Para resolver dicha tendencia a la sobreacumulación, el capital hace uso del proceso expansión geográfica y de reorganización espacial que permite a otras partes del mundo incorporarse plenamente a las dinámicas de valorización de capital y por tanto de explotación y despojo de sus prácticas económicas y sociales distintas. Esta nueva producción de espacio, es así, una continuación del proceso de dominación colonial, ya que la penetración de relaciones sociales y las nuevas divisiones territoriales del trabajo, implican básicamente una confrontación violenta con las comunidades campesinas e indígenas que mantienen otra forma de relacionarse, de construir su economía y sus sentidos de vida.

 

Es ahí donde la dinámica de la vida campesina e indígena de Chiapas choca con los grandes intereses económicos que se impulsan en la región. Lo que aparece entonces claramente es el conflicto, la lucha entre diversas clases sociales para hacer frente a las dinámicas espaciales del capital, donde por un lado aparecen claramente los elementos privatizadores y despojadores -no sólo de sus medios productivos sino de las valoraciones sociales de los pueblos- y del otro lado, los sentidos de geografías del espacio, donde se mantiene la reexistencia, la valorización social territorial construida y los horizontes del buen vivir descolonial como futuro. A este proceso David Harvey (2003, 2007, 2014) le llama acumulación por desposesión (Despojo). Un mecanismo de acumulación del capital que se basa en la privatización de los bienes públicos y comunitarios; un modelo de explotación de los recursos naturales que proporciona a las empresas excepcionales condiciones de rentabilidad pero sin mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Mediante este escrito se realiza un recorrido por los procesos de despojo que se viven actualmente en el estado de Chiapas, entre los que se encuentran la Reconversión Productiva agro-exportadora; el impulso a sistemas de plantaciones forestales y de agrocombustibles; la privatización de los recursos energéticos (petróleo, gas, energías renovables como la solar, eólica, geotermia entre otros ); minería; el impulso al Turismo Capitalista convencional y los Megaproyectos para obras de Infraestructura. Todo ello dentro de la declaración de Zona Económica Especial que se le ha dado a Chiapas.

Expansión geográfica y despojo

La creación de zonas económicas especiales y del proceso de acumulación por desposesión tienen sentido como iniciativas que buscan colonizar en la lógica del capitalismo regiones o territorios donde la subordinación a la dinámica de capital no se ha desarrollado plenamente. Ello responde también a la búsqueda de ganancia del capital que requiere reducir sus costos laborales y de acceso a materias primas. David Harvey lo explica de la siguiente forma:

 

“Cuando los costos locales aumentan rápidamente, los capitalistas buscan otros lugares en la economía global donde realizar sus actividades. Esto sucede particularmente cuando surgen nuevas combinaciones tecnológicas y productivas y se agudizan las luchas de los trabajadores. Desde finales de la década de 1960, por ejemplo, Silicon Valley fue desplazando poco a poco a Detroit como el centro de la economía capitalista estadounidense, y de forma parecida Baviera desplazó al Ruhr en Alemania y Toscana a Turin en Italia, mientras que aparecían con gran pujanza nuevos competidores globales como Singapur, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur y finalmente China, en la competencia global por la preeminencia en ciertas líneas de producción. (Harvey, 2014: 153)

Ello genera un desarrollo geográfico desigual donde hay territorios dentro de un país que se ven plenamente impulsados por la llegada de capitales y la puesta en marcha de infraestructuras impresionantes, y otras partes del territorio que quedan prácticamente en ruinas ante la dinámica del capitalismo. Por lo que añade:

 

“Los desarrollos geográficos desiguales enmascaran convenientemente la auténtica naturaleza del capital. La esperanza puede mantenerse eternamente, porque siempre hay alguna localidad, región o zona afortunada, en que las cosas van bien mientras que a su alrededor todo son calamidades”. (Harvey, 2014: 161)

 

Y eso es lo que vemos precisamente en el funcionamiento actual del sistema capitalista, algunas regiones geográficas concentran la llegada creciente de inversiones, de personas y de dinámicas extractivistas de la naturaleza. Mientras que otras sufren procesos de deterioro social sin precedentes donde la criminalidad, la delincuencia organizada, el desempleo y la exclusión son sus características fundamentales. Se suma a ello la gran presencia de las corporaciones trasnacionales en la dinámica económica marcando claramente el ritmo y la dirección de las tendencias económicas mundiales.
Fuente:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/article/viewFile/16249/16095

 

 

 

“Nosotros y nosotras como representantes de los pueblos, Naciones y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en el marco y ejercicio del derecho a la libre determinación y en defensa de nuestra Madre Tierra, damos a conocer nuestras conclusiones y planteamientos como resultado del Foro de los Pueblos Indígenas, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, celebrado en Lima del 10 de Abril de 2018."

 

 

 

Declaración del Foro de los Pueblos Indígenas ante

la VIII Cumbre de las Américas:

 

En defensa del territorio y

la libre determinación de los pueblos o naciones.

23 de abril de 2018

 

El martes 10 de abril, se realizó el Foro de los Pueblos Indígenas organizado por el Pacto de Unidad, en el marco de la Cumbre de las Américas. Fue el primer acto oficial de la Cumbre y trajo el debate y análisis desde las diferentes organizaciones, líderes y liderezas que concluyó en la aprobación de la Declaración del Foro de Pueblos Indígenas frente a los jefes de Estado. El Pacto de Unidad está conformado por organizaciones que integran el proceso del Foro Social Panamazónico, que adhiere y asume como suya esta Declaración, que dejamos a continuación en su texto íntegro, agradeciendo su más amplia difusión.

 

DECLARACIÓN DEL FORO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ANTE LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS REALIZADA EN LIMA: EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS O NACIONES

Nosotros y nosotras como representantes de los pueblos, Naciones y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en el marco y ejercicio del derecho a la libre determinación y en defensa de nuestra Madre Tierra, damos a conocer nuestras conclusiones y planteamientos como resultado del Foro de los Pueblos Indígenas, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, celebrado en Lima del 10 de Abril de 2018.

CONSIDERANDO:

Que en nuestro continente somos aproximadamente 826 pueblos indígenas que preexistimos a los Estados y vivimos en armonía con la Madre Tierra, desde nuestros ancestros.

Que desde la invasión Europea se nos ha impuesto un modelo económico de extracción de recursos por lo que hemos sido sistemáticamente expoliados y despojados de nuestros territorio.

Que los Estados republicanos nacieron excluyendo a los pueblos originarios, con una política de asimilación cultural, con prácticas racistas, genocidas, patriarcales y monoculturales; de colonización de nuestras mentes.

Que actualmente nos encontramos frente a un modelo de desarrollo depredador y destructor donde las corporaciones buscan acumular riquezas para unos pocos, vulnerando nuestros derechos y destruyendo la Madre Tierra, a través de la imposición de mega proyectos extractivos como: la minería, hidroeléctricas, hidrocarburos, forestales, monocultivos y de infraestructura en nombre del desarrollo, que se ejecutan sin la consulta ni el consentimiento libre, previo e informado.

Que, a lo largo de la historia, los pueblos hemos resistido y luchado por el respeto de nuestra libre determinación, autonomía, y autogobierno; y por acabar con todas las formas de colonialismo y subordinación.

Que las mujeres indígenas cumplimos un rol decisivo en la protección y transmisión de nuestras identidades culturales, prácticas y saberes ancestrales, conservación de la biodiversidad, defensa del territorio y seguridad alimentaria.

Que, gracias a nuestras luchas, hemos logrado avances en el derecho Constitucional e Internacional como la Resolución 1514 (XV) de la Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT de 1989, la Declaración de Viena de 2003, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la doctrina y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son de obligatorio cumplimiento para los Estados.

Que, los Estados han institucionalizado políticas y prácticas corruptas que se evidencian en la producción normativa, la gestión y administración pública, y el sistema de justicia, favoreciendo a las corporaciones transnacionales y vulnerando nuestros derechos como pueblos.

Que, a pesar de las obligaciones vinculantes del Estado en materia de derechos indígenas, persiste la criminalización del ejercicio de nuestra autoridad, funciones jurisdiccionales y defensa de derechos colectivos, a través del asesinato, desaparición física, represión penal, amenazas, acoso, estigmatización y otras formas de persecución arbitraria.

Que, los acuerdos de las siete cumbres de las Américas no han implementado acciones concretas para el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los Estados miembros.

 

DEMANDAMOS a los Jefes de Estado y Gobiernos de las Américas lo siguiente:
1. Que los Estados den cumplimiento efectivo a sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indigenas, adoptadas en ejercicio de su soberania, incluyendo tratados, medidas cautelares, sentencias y otros mandatos internacionales; derogando las normas nacionales que se oponen a tales obligaciones.

2. Que los Estados respeten y garanticen nuestros derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno; formas de vida, modelos de desarrollo, planes de vida y buen vivir.

3. Que los Estados reconozcan la personalidad jurídica de pueblos, naciones o nacionalidades indígenas, y sus formas propias de organización.

4. Que el Estado garantice la participación institucional de los pueblos dentro de la estructura del Estado, a todo nivel y con poder de decisión.

5. Que los Estados aseguren nuestro derecho a la propiedad del territorio ancestral integral, incluyendo los recursos naturales necesarios para nuestra subsistencia como el agua, bosques, tierras eriazas, etc.

6. Que los Estados adopten normas y políticas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, que incluya la prohibición de patentes de nuestras semillas y productos nativos; la priorización del consumo interno sobre la exportación, y el veto al uso de organismos transgénicos.

7. Que cesen las políticas de parcelación y titulación individual de los territorios colectivos; de fragmentación y despojo de territorios a través de políticas de conservación y establecimiento de áreas protegidas.

8. Que los Estados deroguen las normas que facilitan la pérdida de la propiedad territorial indígena a través de figuras jurídicas como: la “cesión en uso de los bosques”, la posibilidad de venta de tierras; la expropiación y servidumbre forzosa; la cesión de propiedad para la construcción de infraestructura.

9. Que los Estados cesen las políticas de colonización, invasión de los territorios indígenas, y de toda forma de violencia que afecta de manera particular a las mujeres indígenas.

10. Que los Estados implementen los procesos de participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar normas, políticas, programas y medidas  susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, como concesiones, autorizaciones, contratos u otros.

11. Que los Estados garanticen medidas efectivas para la participación plena de las mujeres y jóvenes indígenas en la toma de decisiones de políticas públicas susceptibles de afectarles.

12. Que los Estados implementen políticas públicas de salud y educación bilingüe intercultural, incorporando en ellas la historia, cosmovisión, filosofía y saberes ancestrales como parte del proceso de descolonización y buen vivir.

13. Que los Estados respeten los saberes y prácticas ancestrales de medicina, formas de transmisión de conocimiento, expresiones culturales y artísticas, y que garanticen los medios para su desarrollo autónomo.

14. Que los Estados promuevan el derecho a los medios de comunicación indígena, redes comunitarias y el uso y acceso de las tecnologías de comunicación en nuestros propios idiomas.

15. Que los Estados adopten normas y políticas para eliminar toda forma de discriminación y el racismo institucionalizado.

16. Que los Estados investiguen de oficio y sancionen a los funcionarios y servidores públicos involucrados en hechos de corrupción, estableciendo la imprescriptibilidad de este delito y que los corruptos no vuelvan a ejercer función pública.

17. Que los Estados investiguen y sancionen ejemplarmente a las empresas -y sus titulares- involucradas en hechos de corrupción, anulando los contratos obtenidos por medios ilegales y que no se vuelvan a beneficiar de contratos o recursos públicos.

18. Que cese la criminalización y estigmatización de autoridades y miembros de pueblos indígenas por ejercer su autoridad, funciones jurisdiccionales y proteger sus territorios y demás derechos; derogando las normas de criminalización, archivando los procesos judiciales y disponiendo la libertad de las personas detenidas.

19. Que los Estados respeten y garanticen el pluralismo jurídico igualitario, es decir que respeten las decisiones de la justicia indígena como cosa juzgada y, que con participación de los pueblos, se establezcan mecanismos de coordinación con la justicia ordinaria.

20. Que los Estados promuevan la capacitación de los jueces, fiscales y policías para que conozcan, respeten valoren los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas.

Para que se fortalezca la paz de todos los pueblos indígenas de nuestra Abya Yala, rechazamos todos los actos de violencia y persecución arbitraria, militarización y estados de emergencia que vienen sufriendo nuestros pueblos de América Latina. Y en particular, queremos manifestar nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas: – De los pueblos originarios del distrito de Chalhuahuacho (Apurimac) y Chulmivilcas (Cusco), actualmente con presencia policial y military; y bajo estado de emergencia, por lo que demandamos su levantamiento. – De los pueblos Mapuche, Awajun, Achuar, Kichwa, por la persecución arbitraria que vienen sufriendo en defensa de sus derechos. – Los pueblos indígenas de Venezuela, que se ven afectados por la crisis humanitaria, fundamentalmente por razones de salud y alimentación. – De los pueblos originarios de Cajamarca, en particular de Valle Laguna Azul, quienes están condenados a 10 años de pena privativa de libertad por presunto delito de extorsión debido al ejercicio de funciones jurisdiccionales.

Dado en la ciudad de Lima el 10 de abril de 2018.

Agradecemos el envío de Luis Hallazi de IBC e Ismael Vega de CAAAP.-

Leer

 

 

"Plenamente conscientes de que los derechos humanos prevalecen sobre los beneficios y los intereses económicos, instamos a los Estados a unirse para reconocer y garantizar aún más los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Los estados ya no pueden posponer esta Declaración. Ha llegado el momento de reconocer y proteger nuestros derechos."

 

 

Declaración conjunta de LVC sobre la conclusión de la V Sesión del grupo de trabajo sobre la declaración de los derechos de lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

8 de mayo de 2018

 

(Ginebra, 12 de abril de 2018) La Vía Campesina, la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Trabajadores Afines (IUF), el Foro Mundial de Pescadores (WFFP), la Federación Internacional de Movimientos de Adultos Rurales Católicos (FIMARC), el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), FIAN Internacional, la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (IADL), Pan para Todos y otras organizaciones (ver anexo).

En el quinto período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre la declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (OEIWG)

Ginebra, Palacio de las Naciones, Sala XX/ 9-13 Abril de 2018

Los campesinos, pueblos indígenas, pastores, pescadores y trabajadores en zonas rurales, incluyendo a las mujeres rurales de todo el mundo, desde La Vía Campesina, IUF, WFFP, FIMARC, CITI, junto con CETIM, FIAN Internacional y otras organizaciones, representamos a miles de millones de personas rurales. Hemos trabajado en el proceso de la declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales de manera constructiva desde el campo, nuestro lugar de trabajo en todo el mundo y aquí en Ginebra durante muchos años. Celebramos el nivel de apoyo constructivo de las regiones de América Latina, África, Asia y Europa. También agradecemos el liderazgo eficiente del Presidente-Relator y de la misión de Bolivia durante estos años de negociaciones. De la misma manera, hay que señalar que los delegados de los Estados miembros de las Naciones Unidas han aportado una contribución sólida al proceso. Queda claro que, aparte de las excepciones menores conocidas por todos, la necesidad de aprobar esta Declaración es innegable. Este proceso es demostrativo de los desfuerzos para continuar avanzando en la particularidad del sistema de los derechos humanos.

Como llevamos diciendo desde el principio, nosotros, representantes de campesinos, pueblos indígenas, pastores, pescadores y trabajadores rurales, incluidas las mujeres rurales, somos partes fundamentales en la cooperación internacional y la solidaridad internacional en relación con los derechos humanos, la alimentación y el desarrollo rural, ya que constituimos el sector de la población más afectado por el hambre y la malnutrición a pesar de que contribuir fuertemente a alimentar al mundo. Nosotros, más de 2 mil millones de campesinos y otras personas que trabajamos en áreas rurales, tenemos un gran conocimiento y experiencia. Entendemos los desafíos actuales que enfrentan los sistemas alimentarios del mundo, y tenemos ideas para soluciones y, por lo tanto, podemos contribuir a resolver dichos desafíos de manera sustancial.

Después de diecisiete años de trabajo, esfuerzo y dedicación en todo el mundo, este proceso ha fortalecido nuestros movimientos y nuestras luchas. Estamos listos para asumir nuestros roles en términos de lucha por nuestros derechos humanos. Las lagunas jurídicas con respecto a la protección de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales a nivel internacional de derechos humanos deben ser completadas sin más demoras.

Esta es nuestra Declaración, elaborada desde las bases, que hemos defendido y seguiremos defendiendo ante este Consejo y ante nuestros gobiernos nacionales hasta su conclusión este año, 2018. Todos los campesinos, pueblos y personas que trabajan en las zonas rurales de todo el mundo se identifican fuertemente con el contenido de esta Declaración, que será un instrumento para restaurar y dignificar nuestro estatus en la sociedad, para reconocer y proteger nuestros derechos, y para garantir la resolución de los conflictos de forma pacifica y a través el dialogo. Estamos seguros de que los Estados están dispuestos a reconocer los derechos fundamentales de sus respectivas poblaciones rurales. Esto no sólo es valioso para nosotros colectivamente y individualmente, sino para la humanidad en su conjunto, y también redunda en el interés de las autoridades públicas. De hecho, la Declaración es útil para los gobiernos puesto que puede contribuir a reducir los conflictos sociales, la crisis medioambiental, la crisis alimentaria, los problemas relacionados con el tráfico de drogas, la pobreza, la migración a las ciudades, el acceso al trabajo y combatir el deterioro de la calidad de los alimentos.

Finalmente, señor Presidente, merece la pena subrayar que lo que algunos países percibieron como nuevos derechos, actualmente se reconsideran de manera favorable. Gracias a los argumentos legales presentados por los campesinos, pueblos indigenas, pastores, pescadores y trabajadores rurales, incluyendo a las mujeres campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales, y también de los expertos, estos derechos están ganando una legitimidad incontestable en la Declaración, ya que se mencionan específicamente en los acuerdos internacionales y en un número creciente de legislaciones nacionales. Nuestros testimonios de base refuerzan el estado de emergencia para reconocer estos derechos en la Declaración sin más demora.

Desde aquí, plenamente conscientes de que los derechos humanos prevalecen sobre los beneficios y los intereses económicos, instamos a los Estados a unirse para reconocer y garantizar aún más los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Los estados ya no pueden posponer esta Declaración. Ha llegado el momento de reconocer y proteger nuestros derechos. Permítanos trabajar para finalizar este proceso y aprobar esta Declaración este año.

Nuestro más sincero agradecimiento.

Vía Campesina

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 Alternativas postcapitalistas

 

Necesitamos generalizar la toma de partido a favor de territorios y cuerpos en disputa con los capitalismo e imperialismos. Situar exige historiar conflictos, hacer balance del kirchnerismo en su profundización de la acumulación oligopólica y transnacionalización económico territorial y descubrir cómo la democracia continuó la dictadura genocida al servicio del poder económico local en alianza con capitales y estados imperialistas.

 

Conflicto Mapuche:

génesis, actores y perspectivas

 

Por Fernando Marcelo de la Cuadra*

(…)La génesis del conflicto Mapuche

Como señalamos en la introducción, los principales conflictos que se vienen produciendo entre las comunidades Mapuches en contra de las autoridades (nacionales, regionales y locales) y de los intereses de la empresa privada, continúan siendo dos.

Por una parte, el que enfrenta a estas comunidades con la empresa española (ENDESA) dedicada a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco ubicada en el Alto Bío-Bío, y por otra parte, los graves altercados entre grupos indígenas y las empresas forestales que explotan los bosques, principalmente en la novena región. Si bien es cierto que un aspecto importante de estos conflictos se debe a una cuestión que se plantea en torno a la propiedad de la tierra, dicha demanda no excluye la presencia de una constelación de otras reivindicaciones que constituyen la denominada “causa” de los pueblos originarios y que puede ser entendida como una expresión o modalidad de ecologismo popular.

Al momento de abordar la génesis del conflicto Mapuche, muchos políticos y periodistas han colocado los aspectos económicos en el centro del análisis, señalando que la extrema pobreza de las comunidades y la escasez de tierras es el detonante del descontento de este pueblo. Sin embargo existen motivos más profundos que deben ser buscados en la historia. En efecto, hay que buscar las bases de esos conflictos en la yuxtaposición de una serie de factores, donde los económicos desempeñan un rol importante pero no exclusivo. Entre esta diversidad de fuentes se puede destacar las siguientes como aquellas que tienen más significación:

a. Deuda histórica: uno de ellos es el vínculo que ha construido el estado chileno con respecto a las comunidades indígenas ya desde los orígenes de la república. Junto con la formación del Estado-Nación se supuso que todos los individuos que habitaban un determinado territorio regido por el estado chileno se transformaban automáticamente en miembros de este país. Siendo así, la totalidad de los pueblos originarios que habitaban el territorio chileno se transformaron automáticamente en ciudadanos, teniendo en el plano jurídico-normativo los mismos derechos y deberes que el resto de la población. Por el contrario, en un plano positivo la historia nacional nos ha demostrado que los pueblos indígenas han sufrido la permanente discriminación por parte de las autoridades del estado y de la población, lo cual se ha venido manifestando casi desde el comienzo de nuestra vida independiente, en la pérdida de su autonomía político-territorial y en la marginación de su cultura, religión e idioma del proceso formador de nuestra identidad nacional.

 

b. Proceso de colonización agrícola: en el contexto anteriormente señalado, a fines del siglo XIX se promulga una ley cuyo objetivo central consistirá en radicar a los pueblos indígenas en territorios delimitados (reducciones) para poder disponer de la mayor parte del territorio y llevar a cabo la colonización de las tierras del sur por parte de población chilena y extranjera (alemanes, italianos, croatas, holandeses). Bajo esta política, que duró hasta mediados del siglo pasado, los pueblos indígenas perdieron 9,5 millones de hectáreas de tierra, lo cual ha hecho de los Mapuches (gente de la tierra) una nación de minifundistas o de asalariados rurales en permanente migración por diversas zonas agropecuarias.

 

c. Empobrecimiento de los Mapuches: los procesos de expropiación de tierras y de desplazamiento de las comunidades hacia zonas de frontera agrícola cada vez más frías e inhóspitas provocaron la destrucción de las bases productivas de las unidades Mapuches, provocando una creciente agudización de la pobreza de dichas comunidades.

 

d. Fragmentación y dispersión de las comunidades: la conjunción de la pérdida de las bases materiales de sustento y la profundización de la pobreza en las unidades de minifundio Mapuches causaron una fuerte emigración de su población hacia zonas urbanas, la cual se viene instalando en la periferia de la capital o de otras ciudades intermedias, engrosando las filas de los pobres urbanos.

 

e. Pérdida de espacio para manifestaciones culturales y de identidad Mapuche: una de las consecuencias de la instalación de la población Mapuche en las grandes y medianas ciudades ha sido la carencia de espacios donde puedan realizar las expresiones propias de su cultura, como la subordinación de sus tradiciones, lengua y religión en un medio urbano agresivo, dominante y excluyente. Ello se expresa finalmente en la agudización de un proceso de aculturación en el que se van perdiendo los rasgos de identidad cultural de dichas comunidades.

 

f. Persistencia de acciones de despojo: en cuanto a la población que sigue habitando en las zonas de reducción, en el último período debieron enfrentar nuevas situaciones de desplazamiento o usurpación solapada de sus tierras por parte de empresas privadas nacionales o extranjeras. Esto último se ha constituido en una especie de catalizador de los aspectos antes señalados, detonando el conflicto entre los miembros de las comunidades afectadas por las diversas formas de despojo de sus tierras y las empresas instaladas en sus territorios.

 

Los actores y el contexto de los conflictos  (…)

Fuente: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal5/sur.pdf

 

Constatemos cómo se dio la fachada de democracia en la mayoría de las provincias durante el kirchnerismo mostrando que no rompió con el neoliberalismo. También  subrayemos el papel del Partido Justicialista en ese dominio absoluto de transnacionales sobre provincias periféricas gracias a la Constitución de 1994 con base en el Pacto de Olivos. En fin, reparemos en la extrema violación de derechos de los pueblos originarios y nuestra indiferencia.

 

 

Argentina: La transnacional chilena Arauco (Alto Paraná S.A.) y los Pueblos Originarios en Misiones.

11 de febrero de 2015

El pasado 28 de enero, la multinacional APSA intentó desalojar a unas 30 familias mbya en Puerto Libertad. La intentona incluyó disparos de armas de fuego. En ese municipio, APSA tiene posesión jurídica del 80% de la tierra. El episodio sumó un nuevo capítulo al frondoso historial de abusos de APSA contra comunidades guaraníes y campesinas en Misiones. La vergonzosa complicidad del Estado provincial.

Por Sergio Alvez (*) - Revista Superficie

 Conquistadores

 De las 80 mil hectáreas que componen el municipio de Puerto Libertad, en el norte misionero, 65 mil están en posesión jurídica de Alto Paraná Sociedad Anónima (APSA); es decir, el 80 por ciento del pueblo le pertenece a la multinacional de capitales chilenos, que en total, tiene una posesión total declarada (sin contar testaferros) de 232 mil hectáreas en varios municipios de la provincia. Allí, en Puerto Libertad, APSA lleva más de una década hostigando a la población local, por medio de desalojos, intimidaciones y violencia. Donde antes hubo monte, hoy todo es pino. El monocultivo alimenta la papelera y la planta de MDF que la multinacional posee en Puerto Esperanza y Puerto Piray, respectivamente.

En un lugar donde todo está en manos de la empresa, resulta compleja la aventura de encontrar un territorio seguro para vivir. En el caso de las comunidades mbya de la provincia, que dependen tradicionalmente del monte para subsistir, la cuestión habitacional se problematiza aún más.

El miércoles 28 de enero, un grupo de 30 familias mbya que formaron una comunidad a la que dieron a llamar Guazurarí, recibieron la visita de los funcionarios Gabriel Rodriguez y Hernán Petzer, de la empresa Alto Paraná, quienes arribaron al predio acompañados por efectivos policiales uniformados. Relató el cacique Ramón Baez en diálogo con el portal La Voz de Cataratas: “Aprovechando que nosotros los hombres no estábamos, amenazaron a las mujeres y los niños con prenderles fuego las casas si no salían inmediatamente del lugar. Y dispararon al aire para asustar”.

 Socios

Ante esta situación, el propio cacique pidió intervención al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, ente que tiene bajo su órbita la muy cuestionada Dirección de Asuntos Guaraníes. Relató el cacique Ramón Baez en diálogo con el medio de comunicación antes citado: “El ministro de Derechos Humanos Soria Vieta me dijo que él no se iba a meter con Alto Paraná, que tenemos que salir de ahí. Asuntos Guaraníes no existe, no te soluciona ni lo básico para lo que fueron creados, nos deberían cuidar pero al final están en contra de las comunidades”.

La obediente inacción del ministro Edmundo Soria Vieta tiene raigambre en una coyuntura cuasi patronal: Alto Paraná S.A ostenta parte del poder real en Misiones. El gobierno provincial, del Frente Renovador, históricamente mantiene una postura de sumisión a la multinacional.

En 2012, el gobierno de Misiones firmó un acuerdo con la transnacional Alto Paraná S.A para “desarrollar el turismo en el norte provincial”. La relación entre el gobierno provincial y la empresa es de sometimiento. El gobierno no cuestiona el dominio territorial y la extranjerización del 12% de la superficie total de Misiones por parte de la firma chilena, ni la fuerte contaminación y proliferación de enfermedades generada por la papelera y la planta de MDF de la empresa, o la expulsión de miles de familias campesinas que APSA genera con la expansión del monocultivo. La multinacional lleva años poniendo de rodillas al Estado misionero y avasallando a numerosas comunidades. Esta aseveración puede corroborarse analizando el comportamiento servil del gobierno provincial ante cada uno de los conflictos que en los últimos años se vienen dando entre APSA y diversas poblaciones misioneras.

Por otro lado, la Provincia, a través del Ministerio de Ecología, es la encargada de aprobar “planes forestales”, que en muchos casos implican dar luz verde para desmontar en zonas de monte nativo. Ecología no informa a las poblaciones ni a la prensa acerca de qué tipo de controles medioambientales realiza en torno a la planta de celulosa de Puerto Esperanza y la planta de MDF de Piray. En julio de 2011, revista superficie emitió un pedido de información a la titular de Ecología, Viviana Rovira, que nunca se dignó a contestar. Incluso el Foro de Trabajadores de Prensa de Misiones solicitó una audiencia por este tema con la ministra Rovira, pero tampoco hubo respuesta. En aquel pedido, entre otras consultas, se preguntaba por la situación de la planta de MDF que finalmente, pocos meses después, sufrió un terrible accidente en una de sus calderas.

Así, APSA monopoliza y extranjeriza la tierra, contamina, enferma, con la total complicidad de un gobierno provincial inerte.

El antecedente Guavirá Poty

En febrero de 2009, revista superficie publicó una investigación referida a una situación suscitada en Colonia Paraíso (municipio de San Pedro), corazón del territorio denominado Corredor Verde, donde Alto Paraná S.A aniquiló más de 100 hectáreas de monte para instalar pinares que hoy acorralan a la comunidad mbya Guavirá Poty. En aquel artículo –que motivó una carta documento de la empresa a este cronista- , el cacique de Guavirá Poty contaba: “El primer año comenzaron a entrar al monte virgen para sacar los árboles más preciados. Al siguiente desmontaron todo y se pasaron el año fumigando con Round Up. Incendiaron las cien hectáreas para que no quede nada y el año pasado plantaron los plantines de pino”.

En esa comunidad, viven más de 20 familias que padecen las consecuencias de habitar a menos de 50 metros del océano de agrotóxicos que baña el pinar. En 2008 un niño falleció por problemas bronquiales atribuibles al contacto de un año entero con esta clase de venenos. Otros pequeños y algunos adultos presentan erupciones dérmicas y complicaciones respiratorias inéditas en la comunidad, cuentan en Guavirá Poty.

“También puede ser el agua, porque por acá pasa un arroyo que es nuestra fuente de agua para todo, y ellos plantaron los pinos y tiraron veneno a menos de 20 metros del arroyo. Aquí había lapachos, cedros, canela, timbó, todo tipo de especies nativas, frutales, y una infinidad de animales, muchos de ellos en peligro de extinción. El día que prendieron fuego parecía un infierno; hacía como 60 grados, nuestros niños lloraban aterrorizados, todos llorábamos y poco pudimos hacer para defender nuestra selva. Cuando el fuego terminó nos quedamos sentados en los troncos muertos, creyendo que todo había sido una pesadilla”, señaló entonces el cacique Cornelio.

Según el Ministerio de Ecología, aquel desmonte se realizó de manera legal. Cuando este cronista acudió al organismo ubicado sobre calle Santa Fe, en la oficina en la que fue recibido para una entrevista, colgaba un bello reloj con el logo de la empresa chilena.

Contexto

Latido Americano es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover y difundir la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país, a través de investigaciones y acciones diversas. Esta organización publicó un informe titulado “La situación de los mbya” donde se describe:

La situación de los pueblos originarios en el litoral argentino es un claro ejemplo más de violencia y despojo. En la provincia de Misiones, las comunidades mbya guaraníes están asentadas, en muchos casos, en terrenos “provisorios”, luego de haber sido expulsados de sus tierras.

 Desde hace siglos, estos pueblos han resistido al modelo imperante. Sin embargo, mientras el actual paradigma nos deja una sociedad desintegrada -un ser humano desvinculado de sí y de sus pares, con una naturaleza que le es ajena son los pueblos originarios quienes nos enseñan con su sabiduría ancestral que “somos naturaleza”, y propician el desarrollo humano armónico como parte de ella (no como espectador o explotador). Los pueblos originarios de la región sufren las consecuencias del abuso y la desidia que se llevó a cabo sobre todo el ecosistema.

Los continuos trabajos realizados por compañeros del área de salud de nuestra agrupación desde hace 4 años en esta región, describen como crítica la situación en la que viven los guaraníes en el litoral. Si tomamos en cuenta que su resistencia a las enfermedades va en consonancia con su gran conocimiento acerca de plantas medicinales, podemos entender que la supervivencia del monte, su gran bien natural, debe ser garantizada para que este pueblo no se debilite (…)

(…) El término guaraní Tekoa, traducido por Antonio Ruiz de Montoya en 1640, significa “cultura, costumbres, normas, comportamiento, un modo de ser, de estar”. Los mbya también llaman Tekoa al “lugar” que cuenta con las condiciones necesarias para vivir en sus aldeas con sus familias. Esto se debe a que existe una profunda relación entre este “modo de ser” guaraní y el lugar o territorio en el que se vive. Esta concepción también es compartida por otros pueblos originarios como el mapuche, cuya denominación significa “gente de la tierra”. Estas culturas nos plantean una mirada que ubica al ser humano como parte del planeta, y no a la tierra como posible posesión del hombre. El concepto de “propiedad privada”, en cambio, es comprensible en un marco donde la tierra se puede comprar y vender, teniendo fundamental validez en un sistema donde es el dinero el que marca las reglas. Es comprensible, por lo tanto, que los mbya prefieran utilizar el concepto de “propiedad comunitaria”, ya que es más acorde a la relación de reciprocidad y solidaridad que existe entre los diversos tekoa mbya y, a su vez, entre éstos y la naturaleza. Es por ello que si fuera necesaria una escrituración de tierras, debería realizarse en forma comunitaria o colectiva.

 Para intentar comprender la problemática del pueblo mbya debemos analizar cómo el estado argentino viene abordando la cuestión indígena desde los 90, y es imperioso adentrarnos en la lógica del modelo hegemónico neoliberal; pues así, y sólo así, podremos advertir la verdadera dinámica que vienen adquiriendo las políticas sociales indigenistas (…)

 

Si realizáramos aquí un diagnóstico y análisis de las diversas causas de los problemas que sufre la selva misionera y por ende el pueblo mbya -y de gran impacto en la población del resto del país-, deberíamos resaltar principalmente la indiscriminada deforestación realizada por empresas madereras que reemplazan la selva nativa por pino para obtener pasta para papel, como es el caso de una cuya propiedad es de la compañía chilena Arauco, que según un informe “se transgredieron normas ambientales y que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público en el hecho referido a los trabajos forestales realizados por la empresa Alto Paraná Sociedad Anónima…” (3); y los miles de kilogramos de glifosato, un herbicida cuyo nombre comercial es Round Up y el cual es producido por la empresa Monsanto, arrojado en plantaciones de la provincia para matar malezas. Entre sus ingredientes se encuentran tóxicos que provocan náuseas, diarrea, neumonía, laringitis, dolores de cabeza y protuberancias. Aunque Monsanto continúa con sus campañas para demostrar que el producto es “100 por ciento biodegradable”, la Comisión Europea ya en el 2001 lo había clasificado como “tóxico para los organismos acuáticos” y capaz de “provocar efectos nefastos para el ambiente a largo plazo”.

 Es imprescindible también describir las consecuencias del proyecto hidroeléctrico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que al ir elevando la cota de 76 a 78 metros (aún tienen previsto elevarla a 83 en su última etapa) en estos últimos años provocó la inundación de grandes extensiones de territorio ocupado por aldeas y colonos que se vieron obligados a desplazarse; y no podríamos dejar pasar los vertederos de basura impulsados por el gobierno provincial mediante el “Plan Ambiental de Eliminación de Residuos Urbanos y Patológicos de Misiones”, a través del decreto 171/03, que en 2003 amplía el contrato de la empresa AESA Misiones SA, promoviendo la construcción de otro relleno sanitario constantemente rechazado por habitantes de Piray, Garuhapé y por último de Caraguatay. Oscar Reinaldo Geisler, referente de los pobladores, explica el 6 de junio de 2006 en el medio digital EcoPortal.net, que por medio de la ordenanza municipal “firmada en secreto el 21 de enero de 2005”, se autoriza finalmente la instalación del basural, agregando además que “la constante que se repite es que los terrenos en donde se planean realizar y se construye actualmente este vertedero de basura, son propiedades de la empresa chilena Alto Paraná S.A.”.

Al ser despojados de sus tierras, los mbya han perdido mucho más que una extensión de territorio. La tierra forma parte de ellos y está en estrecha relación con su identidad. Como consecuencia de la obligada migración, debieron desprenderse de sus herramientas de auto sustentación, desvaneciendo su economía y sus costumbres, su relación con los procesos de salud y enfermedad. Hoy el monte, su ecosistema, dejó de serlo para convertirse en “espacio cercado” destinado a la explotación. El desafío sería cómo luchar para no ser prisioneros de ese espacio cercado.

 

(*) Cronista de revista superficie.

 Fotos en comunidad Guazurarí: Pablo Longo Laporte (publicadas originalmente en Misiones On Line).

 Fotos en Guavirá Poty: Sergio Alvez.

 MapuExpress Leer

 

 

Consideremos a otras y otros estigmatizados como contrarios al progreso. Somos quienes luchamos por los buenos vivires de los de abajo sin fronteras. Escuchemos a una parte de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC): “Seguiremos organizados y nos mantendremos comunicados debatiendo sobre cómo queremos vivir los habitantes patagónicos y exigiendo se respeten nuestros derechos”, advirtieron las asambleas de Vecinos Autoconvocados de Puerto Pirámides, San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas.

 

 

Acá se respira lucha

9 de noviembre de 2017 

Redacción La Tinta

Victorias de norte a sur contra el extractivismo. Territorios indígenas recuperados, mineras expulsadas por asambleas, avances de hectáreas agroecológicas y la mayor multinacional transgénica echada de Córdoba.

Por Darío Aranda para La Izquierda Diario

El gobierno nacional acordó con China la construcción de una planta nuclear en Río Negro. No hubo consulta al gobierno provincial ni, mucho menos, a la población expuesta a los peligros contaminantes. De inmediato comenzó la organización de asambleas socioambientales, comunidades mapuches, académicos críticos, vecinos sueltos. Marchas, reclamos, visibilización. Y lo que parecía difícil, o imposible, sucedió: el gobierno provincial canceló el proyecto en agosto pasado.

“Seguiremos organizados y nos mantendremos comunicados debatiendo sobre cómo queremos vivir los habitantes patagónicos y exigiendo se respeten nuestros derechos”, advirtieron las asambleas de Vecinos Autoconvocados de Puerto Pirámides, San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas.

Minería

Esquel no fue sólo Esquel. En marzo de 2003 se realizó en la ciudad patagónica el primer plebiscito contra la megaminería. En un contexto de enorme desocupación, el 81 % dijo que no quería la actividad extractiva. La canadiense Medirian Gold y el gobierno provincial (y municipal) sufrieron la derrota.

También se realizaron consultas populares en los municipios vecinos de Trevelin, Lago Puelo y Epuyén, donde más del 90 % también rechazó la actividad extractiva. “No es no” y “Patagonia rebelde” se transformaron en bandera de lucha.

Pero Esquel no fue sólo Esquel. Iluminó luchas en los 5.000 kilómetros de cordillera. Asambleas y organizaciones de todo el país confirmaron que era posible.

 

Loncopué, en Neuquén, fue la segunda votación contra la megaminería. El gobierno provincial (el Movimiento Popular Neuquino reina desde hace 50 años), la estatal Cormine (Corporación Minera de Neuquén) y la compañía china Emprendimientos Mineros impulsaban la extracción de cobre.

La comunidad mapuche Mellao Morales exigió el cumplimiento de sus derechos. La población urbana se organizó. E impulsaron una votación (el gobierno provincial intentó evitarla, pero el Poder Judicial dio luz verde). El 3 de junio de 2012, el 82 % dijo que no la minería. Durante la marcha de celebración por las calles de la ciudad se recordó otras luchas. Se agradeció a Esquel, pero también a La Rioja, Andalgalá y también a gestas hermanas como Gualeguaychú.

En Jujuy, la movilización de asambleas y pueblos indígenas logró un fallo judicial (del Superior Tribunal de Justicia) que frenó la minería de uranio en abril de 2010. Hizo hincapié en el principio precautorio -ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras- e invirtió la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deben probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente.

La medida fue en respuesta a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera de uranio en la Quebrada de Humahuaca.

La Rioja no tuvo plebiscito ni fallo judicial, pero las asambleas socioambientales de Chilecito, Famatina y la capital provincial (entre otras) echaron a cuatro mineras en la última década. Entre ellas, a la poderosa Barrick Gold. No fue gratis: los vecinos sufrieron espionaje ilegal, represiones, judicialización. Pero no hay megaminería en La Rioja.

Andalgalá (Catamarca) conoce de megaminería desde la década del 90, cuando se instaló Alumbrera, hoy en manos de un consorcio suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). No hubo trabajo, ni desarrollo local ni cuidado del ambiente. Por eso el masivo rechazo al proyecto Agua Rica, tres veces más grande que Alumbrera y ubicado donde nacen las fuentes de agua de la ciudad.

Estaba todo dado para el avance de Agua Rica. Pero la población se plantó y cerró el camino vecinal de Chaquiago. En febrero de 2010 sobrevino una feroz represión. La respuesta fue una pueblada y, por orden judicial, el freno del emprendimiento. El gobierno de Lucía Corpacci aún sigue alineado con la empresa (Yamana Gold) e impulsa la explotación minera.

 

Aún no está dicha la última palabra sobre Agua Rica, pero de no ser por los vecinos la mina ya estaría en funcionamiento.

En las Salinas Grandes de Jujuy y Salta viven pueblos originarios y también está una de las mayores reservas de litio (mineral utilizado para baterías de autos, celulares, computadoras). Allí fijaron sus ojos grandes empresas automotrices (Toyota y Mitsubishi, entre otras), con aval de los gobiernos provinciales. En 2010 comenzó la organización de 33 comunidades de los pueblos Kolla y Atacama, que conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Asambleas, marchas, denuncias y hasta audiencia en la Corte Suprema de Justicia para que se respeten los derechos indígenas.

Los jueces supremos (con Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco a la cabeza) optaron por no aplicar el derecho indígena. Las comunidades kollas y atacama no se quedaron de brazos cruzados. Redactaron un “protocolo de consulta” llamado “huellas de la sal” (para que los jueces sepan cómo aplicar la legislación que protege los territorios indígenas), recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y alertaron que seguirán con acciones directas.

¿Las mineras desistieron de sus intentos? No. Pero de no mediar la lucha indígena, la explotación de litio sería hoy una realidad. Y no lo es. También es un triunfo.

Agro

El 4 de agosto de 1990 marca un punto de inflexión en la historia de las luchas campesinas. Se formaliza un proceso organizativo que llevaba años y nace el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). Fueron (son) un emblema de la resistencia al avance del agronegocios y sus topadoras.

Años después llegarían las divisiones (“Mocase Santiago” y “Mocase Vía Campesina”), coordinación con distintos espacios, participación política (no exenta de polémicas y críticas). Sufrieron judicialización, represiones, asesinatos (Cristian Ferrerya, en noviembre de 2011, una referencia). Nunca dejaron de defender el territorio. Construyeron sus radios, producciones agroecológicas y escuelas campesinas.

Pero uno de sus grandes triunfos, y quizá más invisibilizado, es que los empresarios del agronegocios ya no se animan a intentar avanzar en zonas donde están los campesinos organizados. Saben que el Mocase presentará lucha y no cederá ni un metro de tierra.

 El Mocase también inspiró organización en otras provincias, con movimientos campesinos que crecieron en los últimos años (Córdoba, Mendoza, Salta, entre otros).

En Misiones, donde el monocultivo de árboles arrasa territorios y desaloja, la multinacional Alto Paraná-Arauco funciona como patrón de estancia. Acumula el diez por ciento del suelo provincia (256.000 hectáreas). Parajes enteros fueron desalojados, pueblos que desaparecieron.

Productores Independientes de Piray (PIP) es la organización campesina que se negó al destierro. Defendió la tierra y luchó contra la multinacional. En 2013 logró una ley provincial para expropiar 600 hectáreas a Alto Paraná. Fue un triunfo. La burocracia política demoró la entrega. La lucha siguió. Recién este año el gobierno de Misiones hizo entrega efectiva de las primeras 166 hectáreas. “Sembrando lucha, cosechamos 600 hectáreas”, celebraron en PIP. Y avisaron que es un primer paso. Con esas tierras podrán cultivar y producir. E irán por más hectáreas.

Por otro lado, se multiplican las experiencias de agroecología (producción sana de alimentos, sin agrotóxicos). Yerba mate en Misiones, ganadería en Río Cuarto y, en mayo de 2016, se conformó la “Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología (Renama)”.

En Guaminí, oeste de Buenos Aires, ocho productores se unieron y comenzaron la transición para dejar los transgénicos y agroquímicos. Comenzaron con 100 hectáreas en 2010 y el apoyo del Municipio. El segundo año, buenos resultados mediante, pasaron a 970 hectáreas. La última siembra trabajaron 1.500 hectáreas agroecológicas. “Es un cambio productivo, pero también un cambio en la forma de ver el suelo, los alimentos, la naturaleza y la vida. Se transforma en una filosofía de vida, estamos en ese proceso y muy felices”, explicó el productor Rafael Bilotta.

La Aurora en una chacra de 650 hectáreas en Benito Juárez (Buenos Aires). Juan Kiehr y Erna Bloti, con el asesoramiento de Eduardo Cerdá, decidieron dejar el agronegocios. Sistematizaron los datos de una década y los resultados son contundentes: producen cantidades similares a sus vecinos pero con mucha más rentabilidad.

Un promedio de trigo de 3.100 kilos por hectárea, sólo 200 gramos por debajo del promedio de la zona con manejo convencional (de químicos). Con la gran diferencia de menor gasto de insumos. Los costos directos por hectárea en la zona (en manejo convencional) fue de U$S 350 por hectárea. En La Aurora fue de U$S 100 por hectárea (un ahorro de U$S 250). Lo cual explica el margen bruto de ganancias, muy por encima de los campos convencionales de la zona.

“Es simple. Producimos cuidando la tierra. Recibí el campo de mi padre y quiero dejar uno mejor para mis nietos”, resumió Kiehr.

Monsanto

15 de junio de 2012. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia desde Estados Unidos que Monsanto instalará su mayor planta de maíz transgénico en Malvinas Argentinas (Córdoba).

La población se enteró por televisión. Nadie los consultó, a pesar de estar rodeado de cultivos, de ser un pueblo fumigado con agrotóxicos y conocer la experiencia del Barrio Ituzaingó Anexo (se realizaba en esos días un juicio histórico que terminó con la condena de un aplicar y un productor).

Comenzó la organización mediante el boca a boca. Nació la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Primero se informaron. Rápidamente supieron que Monsanto no traería nada de lo prometido (trabajo, desarrollo local, bienestar). Pidieron votación ciudadana. El gobierno municipal y provincial (que llegaron a sus cargos mediante el voto) le negaron la posibilidad a la población.

“No a Monsanto” se hizo bandera y acción.

Cuatro años. Media docena de represiones. Peleas entre familias. El gobierno municipal (Daniel Arzani, UCR), el provincial (José Manuel de la Sota, PJ) y nacional (Cristina Fernández de Kirchner, FPV) apoyaban a Monsanto. También los medios de comunicación de mayor tirada.

 

Periodistas y académicos de diversas partes del mundo llegaban hasta Malvinas Argentinas para tratar de entender cómo era la pequeña localidad de América Latina que daba batalla ante la mayor corporación del agro mundial.

En septiembre de 2013 la Asamblea organizó un festival en la entrada del predio de la compañía (30 hectáreas sobre la ruta 88). “Primavera sin Monsanto”, fue el título de la convocatoria. Y ese día comenzó un bloqueo por tiempo indeterminado.

En enero de 2014, la Sala II de la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitada por la Asamblea. El fallo declaró la inconstitucionalidad de los permisos emitidos por la Municipalidad y la Provincia. En febrero de 2014, la Secretaría de Ambiente provincial rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas.

La planta se frenó. No ingresó nadie más. Monsanto se negaba a aceptar la derrota. Pero en noviembre de 2016 se hizo pública la venta del predio. Monsanto fue echada de Córdoba. Su mayor derrota de América Latina.

Al sur de Córdoba, la ciudad de Río Cuarto también hizo historia. Por el accionar de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y la Universidad Nacional local, entre otros actores, el intendente firmó un decreto para rechazar la instalación de una estación experimental de Monsanto(la empresa inició acciones legales contra el Municipio).

Fallos

Nunca los fallos judiciales son regalos de jueces o fiscales: son producto de luchas y acciones concretas de organizaciones sociales y abogados comprometidos. Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos, sistematizó los fallos que frenan las fumigaciones con agrotóxicos:

2003. Loma Senés (Formosa).
2008. Alberti (Buenos Aires).
2008. Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2009. San Jorge (Santa Fe).
2009. Alberti (Buenos Aires).
2010. La Leonesa y Las Palmas (Chaco).
2010. Alberti (Buenos Aires).
2011. Las Antillas (Salta).
2012. Alberti (Buenos Aires).
2012. Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2013. Alberti (Buenos Aires).
2013. Merlo (San Luis).
2014. Paraná (Entre Ríos).
2014. Coronel Suárez (Buenos Aires).
2014. Mar del Plata (Buenos Aires).
2015. Guernica (Buenos Aires).
2015. Totoras (Santa Fe).
2016. Alberti (Buenos Aires).
2016. Piamonte (Santa Fe).
2017. Santa Ana (Entre Ríos).

“El activismo judicial busca las grietas en el Poder Judicial”.

Indígenas

“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu” significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios a volver a parcelas que les fueron arrebatadas. Sólo en la última década, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 233 mil hectáreas –once veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires–, lo que implicó volver a tierras ancestrales.

La comunidad Santa Rosa Leleke frente a la multinacional Benetton es uno de los casos más conocidos. Ya llevan diez años de regreso a su tierra ancestral.

La Comunidad Quintupuray (paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón) y la comunidad Casiano-Epumer en la línea sur de Río Negro son otros casos de vuelta al territorio indígena. La Confederación Mapuche de Neuquén recuperó miles de hectáreas en el predio conocido como “Pulmarí”, en el departamento de Aluminé.

En Las Lomitas (Formosa), las comunidades Oñedie y Penqole recuperaron hectáreas que estaban en manos de Gendarmería Nacional, robadas al Pueblo Pilagá luego de la matanza de Rincón Bomba (en octubre de 1947, cuando asesinaron a cientos de indígenas). Las comunidades volvieron al territorio y el 10 de octubre pasado recordaron el 70 aniversario de la matanza impune. “La memoria sigue, solo falta justicia”, exigieron los pilagá.

Los pueblos indígenas son un bastión de lucha contra el extractivismo. Nunca lo aceptarán.

Ponen el cuerpo frente a mineras, petroleras, forestales y empresas transgénicas.

Por eso son considerados “un peligro” por el poder.

 

Democracia directa

En Misiones está planificada la represa de Garabí (entre Argentina y Brasil), que inundará 40 mil hectáreas y desalojará a 2.500 familias. En la provincia está vigente la ley 56, que obliga al Gobernador a llamar a votación ante cualquier nuevo proyecto hidroeléctrico. Pero el gobernador Maurice Closs nunca quiso convocar a las urnas.

La Mesa Provincial No a las Represas reunió a 46 organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicatos e iglesias. Ante la negativa del gobierno, organizó una consulta popular. Se realizó en toda la provincia entre el 20 y 26 de octubre de 2014, mil urnas, DNI en mano, cuartos oscuros, práctica democrática. Votaron 120.418 personas. El 96,82 % votó por el rechazo a nuevas represas (116.598 personas). “El pueblo dijo basta de represas en esta región. La democracia participativa y de base dio una muestra más frente al autoritarismo de funcionarios y empresas”, afirmó Raúl Aramendy, de la Mesa Provincial No a las Represas.

Escritorio vs territorios

Nunca faltan los militantes de escritorio (y de Facebook-Twitter) que minimizan y subestiman las luchas de los que ponen el cuerpo en los territorios.

“No sé por qué celebran tanto el fallo de San Jorge (que frenó fumigaciones en Santa Fe) si ni siquiera es para toda la ciudad. Sólo es para un barrio”, cuestionó por correo un comentarista de luchas ajenas.

Hay parte de verdad. Lo subestimado es que ese fallo sirvió de antecedente para otros y

de referencia de decenas de pueblos fumigados. Y, sobre todo,

el fallo fue fundamental para los niños que viven frente al campo con soja:

nunca más volvieron a ser fumigados.

 

En tono similar, ante la expropiación de 600 hectáreas a Alto Paraná en Misiones, otro comentarista de aire acondicionado ironizó: “¿Qué le hace 600 hectáreas a quien tiene 256.000?”.

Esas 600 hectáreas representan un primer paso para que los campesinos no se vean obligados a dejar sus campos, les permite producir y permanecer en la vida rural.

El extractivismo, con funcionarios, jueces y medios de su lado, se presenta como invencible, y como la única opción de estas tierras. Las luchas territoriales confirman que otro destino es posible. En palabras de Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.

Foto: Colectivo Manifiesto.

Fuente: https://latinta.com.ar/2017/11/aca-se-respira-lucha/

En consecuencia, la articulación de todas las luchas territoriales en «reforma agraria integral» es anticapitalista. Se levanta como poder de las comunidades de erradicar los extractivismos y arraigar las creaciones por los pueblos de sus buenos vivires convivires.

 

Desde Venezuela, Emiliano Teran Mantovani nos orienta sobre la existencia ya en su país de la singularidad de subjetividad colectiva que es imprescindible a la ruptura con el orden establecido. Nos advierte sobre el «chavismo» comenzando por su realidad actual. Nos dice:"es una identidad en disputa – y por tanto tiene facetas contradictorias – , en la cual se ha producido un progresivo desplazamiento de sus potencialidades emancipatorias y una neutralización de su fuerza expansiva contrahegemónica por parte de una trama burocrático corporativa.

 

A pesar de los múltiples ataques y agresiones que ha sufrido, sea por la reaccionaria oligarquía tradicional, o bien por la élite burocrática que se ha hegemonizado en el Petro-estado, el chavismo sigue siendo una fuerza viva. Y esto es así, no principalmente por sumarse más de 5 millones y medio de votos al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. El chavismo nunca ha sido una invención electoral, o una identidad vacía, inoculada de arriba hacia abajo, sino fundamentalmente el índice de un proceso histórico de producción de subjetividad".

Reflexiona para los venezolanos pero es válido para quienes componemos Argentina: "Tenemos demasiado para aprender unos de otros, de los de abajo, que conforman un tejido de saberes y haceres populares que representan la base material para un proyecto emancipatorio: redes de producción agrícola, producción cultural en barrios urbanos, formas de economía cooperativa y solidaria, gestiones territoriales comunitarias en las ciudades y en zonas rurales, y un largo etcétera. Esto está ahí. Ahora, ¿cómo lo convertimos en una amplia red?".

 

Chavismo, crisis histórica y fin de ciclo:

repensarnos desde el territorio.

4 de enero de 2016

 

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

 

Los resultados electorales del 6-D 2015 en Venezuela parecen ser el síntoma de un proceso de estancamiento y reajuste conservador que se ha estado desarrollando ante nuestros ojos. Lo que tenemos ahora es la oficialización de un nuevo escenario institucional en el cual, dos de los sectores políticos más reaccionarios de los que disputan el poder en el país – neoliberales mutantes o edulcorados, y neoliberales uribistas [1] – , y como bloque, en América Latina, se harán del control de mecanismos de decisión formal y de sectores del aparato estatal, buscando allanar el camino para la expansión de procesos de acumulación por desposesión.

Este desplazamiento político parece apuntar pues, a una estrategia de remodelación radical de toda la arquitectura progresista de la Revolución Bolivariana, amenazando más abiertamente los medios de subsistencia de la población trabajadora y a la naturaleza. Estas visibles amenazas, junto con una serie de mitos, slogans y tabúes políticos que se terminaron de romper a partir del 6-D, han estimulado un debate descarnado, plagado del ¿qué hacer? en una situación excepcional. La sensación de distanciamiento que tienen las bases sociales chavistas respecto a las cúpulas gubernamentales, junto con esta sensación de desmoronamiento y restauración conservadora, invitan, con mucha fuerza, a discutir nuevamente, todo, desde abajo.

 

El poder desde abajo: ¿condiciones para la configuración de un nuevo ciclo político de luchas en Venezuela?

Si algo parece que siempre se le ha reclamado al proceso político venezolano reciente, ha sido su falta de organicidad en facetas claves: no ha habido suficiente gente deseando la comuna, no se ha logrado configurar un sólido entramado cultural e ideológico para salir del rentismo y " construir el socialismo " , no se ha constituido un núcleo material productivo suficiente para darle sustento al proyecto y apuntar a la muy nombrada independencia. El proyecto ponía mucho énfasis desde arriba para lograr los grandes objetivos nacionales del socialismo. Pero tal vez convenga admitir que, en los momentos de mayor esplendor de los de abajo, sean en pequeñas o grandes expresiones (ej. 13/04/2002), la política general fue la de contención y administración de la potencia popular –que en los primeros años del proceso parecía decir ¡queremos todo!, ¡podemos con todo!

 

Nuestra hipótesis es que, luego del ciclo histórico de luchas populares en Venezuela entre 1935-1970, se inició otro a partir de 1987/1989, el cual podría haber culminado entre 2005/2007. La hegemonía del Petro-Estado a partir de 2004/2005 comenzó a cambiar las formas de la producción política y las movilizaciones de calle del bloque contrahegemónico se fueron corporativizando, regulando y mermando. Entre 2008/2009 (crisis económica global), pasando por 2013 (año del fallecimiento del Presidente Chávez), hasta este caótico cuasi-trienio (marzo 2013/2015), el proceso ha evolucionado del estancamiento a la entropía (como caotización sistémica). Algo parece haberse quebrado y podrían generarse las condiciones para la configuración de un muy complejo nuevo ciclo de luchas populares.

 

Chavismo, subjetividad y contrahegemonía en el devenir de una tormenta política

Nunca es suficiente recordar una y otra vez que toda la producción de una política progresista viene precedida, y es sostenida, de luchas concretas desde abajo – de esta forma, Chávez y la Revolución Bolivariana son paridos y recreados numerosas veces por las fuerzas sociales de calle (27-F 1989, 13-A 2002, dic-ene-feb 2002-2003, etc.) –. El futuro de la «Revolución Bolivariana», de las posibilidades de mantener políticas sociales favorables a las clases trabajadoras, de salir del rentismo petrolero, del Partido Socialista Unido, o en general de cualquier agenda de izquierdas, progresista, o de transformaciones con un horizonte emancipatorio, se constituyen, en primera instancia, por estas luchas populares.

Pero estas luchas populares desde abajo no tienen por qué ser pensadas sólo en abstracto. Luego de casi 100 años de desarrollo del capitalismo petrolero en Venezuela, desde fines del siglo pasado se han producido las condiciones para la fertilización del proceso de producción de subjetividad contra-hegemónica más potente y masivo tal vez de la historia republicana del país, y esto ha ocurrido alrededor de códigos comunes que han girado en torno a un complejo proceso identitario que podemos llamar chavismo.

En otros espacios hemos planteado por qué creemos que la narrativa originaria del chavismo se fue configurando desde abajo, que el chavismo se ha constituido como una comunidad política y afectiva, y que es una identidad en disputa – y por tanto tiene facetas contradictorias – , en la cual se ha producido un progresivo desplazamiento de sus potencialidades emancipatorias y una neutralización de su fuerza expansiva contrahegemónica por parte de una trama burocrático corporativa.

 

A pesar de los múltiples ataques y agresiones que ha sufrido, sea por la reaccionaria oligarquía tradicional, o bien por la élite burocrática que se ha hegemonizado en el Petro-estado, el chavismo sigue siendo una fuerza viva. Y esto es así, no principalmente por sumarse más de 5 millones y medio de votos al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. El chavismo nunca ha sido una invención electoral, o una identidad vacía, inoculada de arriba hacia abajo, sino fundamentalmente el índice de un proceso histórico de producción de subjetividad.

 

La ontología del chavismo, su base fundamental, se sostiene aún, sobre dos pilares:

 

a) una base discursiva definida – un imaginario – , esencialmente anti-neoliberal, que enarbola un ideal nacionalista-popular, de reivindicación histórica de los sectores excluidos, de justicia social. Es una construcción política literalmente progresista; y b) una potencia material –una fuerza bio-política colectiva – , desafiante, levantisca, turbulenta, ciertamente contradictoria, pero irresistible, movible, expansiva y niveladora, que se inscribe en lo que parece ser una especie de tradición histórica de lucha popular en Venezuela.

 

Ambos pilares de la ontología del chavismo representan la base orgánica de un largo proceso histórico de producción de subjetividad contrahegemónica, de la cual no se puede anunciar ligeramente su muerte o su “adiós”, como múltiples voceros, fundamentalmente reaccionarios y cercanos a la coalición de la MUD, lo han hecho principalmente después de la derrota electoral del 6D.

De ahí que, el chavismo popular, el contrahegemónico, el ”salvaje”, ha sido, es, y seguirá siendo el principal objetivo de la guerra permanente contra el proceso de transformaciones que se ha producido en Venezuela en las últimas dos décadas. Éste es la clave en esta partida de ajedrez, porque es el elemento vivo que podría en realidad efectuar un « golpe de timón » o detener la ola restauradora. Por esta razón, el inicio de la crisis económica global (2008+) y de la burocratización del proceso allanan el camino para una estrategia conservadora de disolver la Revolución Bolivariana, carcomiéndola por dentro, como un cuerpo canceroso –en consonancia con lo que hemos llamado la metástasis de capitalismo rentístico –, en una disputa vital que se ha estado produciendo sobre el tejido social venezolano, impactando significativamente a esa comunidad política que llamamos chavismo.

Si resaltamos que los procesos e identificaciones políticas no son en ningún modo estáticos y que numerosas transformaciones han ocurrido no sólo en el período 1989-2015, sino incluso en este caótico cuasi trienio 2013-2015, debemos destacar dos ideas que consideramos determinantes en estos tiempos de cambios e incertidumbre:

 

a) el agotamiento de un ciclo político histórico no supone necesariamente, o de manera lineal, el fin de un ciclo de luchas populares. Un ciclo político histórico –que se puede periodificar y delimitar geográficamente– se refiere fundamentalmente a un período en el cual predominan modos de hacer política, discursos y símbolos, regímenes de gubernamentalidad (Foucault), modalidades en la acumulación capitalista, que eventualmente empiezan a dejar de funcionar como lo habían venido haciendo, y comienzan a abrir las puertas al surgimiento de otros patrones generales de producción política – de ahí que en nuestros tiempos se haya abierto este debate sobre fin de ciclo en América Latina – . Sin embargo, un ciclo de luchas populares desde abajo, determinado por ciertos patrones de lucha, de subjetividades, marcos reivindicativos, y en especial, por su pertinencia en las transformaciones históricas – masividad, potencia, proporcionalidad en una correlación de fuerzas general – , puede atravesar estos ciclos, producirlos, o también ser producidos por estos [2] .

 

El agotamiento del “ciclo progresista”, no representa el final de una historia de luchas, sino la continuación de la misma bajo nuevas condiciones, determinadas por complejos factores de carácter sistémico. Esto podría también abrir un nuevo carácter de pertinencia histórica de las mismas, con nuevas modalidades, narrativas y formatos. Por esto, un posible agotamiento del período de la « Revolución Bolivariana » –como tipo de gubernamentalidad, de modalidad de acumulación de capital, de marco de movilizaciones sociales – no necesariamente supone el agotamiento del chavismo como canal de conexión de múltiples luchas desde abajo. Más bien cabría evaluar si, ante un eventual avance restaurador abiertamente neoliberal en el país, la población en general comienza a resistirla a partir, en buena medida, de los principios de la “cultura chavista” desarrollada en los últimos años.

 

b) La Revolución Bolivariana no podía convertirse sólo en fuerza de estabilidad, conservación e “irreversibilidad”. Las transformaciones histórico-sociales son inevitables. Además vivimos una profunda crisis civilizatoria, y podríamos estar presenciando una desestructuración histórica del sistema-mundo tal cual lo conocemos. Esto a fin de cuentas, conviene pensarlo también ante los peligros de un anclaje o esencialización respecto a una idea del chavismo. Si el neoliberalismo post-consenso de Washington ha venido mutando en sus mecanismos de acumulación, si continúan emergiendo nuevas formas de dominación y nuevos tiempos se configuran para América Latina y el Caribe, y si van cambiando las condiciones materiales de vida de numerosas personas, de la misma manera se va transformando la producción de identidades políticas. Cabría entonces evaluar cómo el proceso de emergencia de subjetividades que se ha producido en torno al chavismo se está transformando en el devenir de esta tormenta política.

También podemos preguntarnos, ¿qué posición ocupa el chavismo popular como una fuerza inherentemente contrahegemónica y aún orgánica, que potencialmente resiste al capital y a la opresión de los poderes fácticos, en la desgastada dicotomía gobierno-oposición? O bien, ¿Cómo gobierna, si lo hace? ¿Y a qué se opone, si lo hace?

 

Algunas coordenadas de la crisis: amenazas para los pueblos y la naturaleza

Quisiéramos destacar puntualmente algunas amenazas y tendencias que se abren o intensifican en este punto de bifurcación en el que nos encontramos:

a) Uno de los detonantes fundamentales de la actual caotización del capitalismo rentístico venezolano es sin duda la crisis económica mundial, y su persistencia en el tiempo (2008-actualidad). Sus factores causales no solo no han desaparecido, sino parecen intensificarse. Estamos ante el agotamiento de los elementos que atenuaban esta crisis reciente, y conviene analizar las perspectivas de un "estancamiento secular" – adiós al crecimiento sostenido en el largo plazo [3] –. ¿Cómo impactará a las dinámicas de acumulación y a los procesos de conflictividad interna en Venezuela una subida de las tasas de interés como la que realizó la Reserva Federal de los Estados Unidos por primera vez en una década [4] ? ¿Cómo la profunda crisis global se vincula con una eventual desestructuración del patrón energético global, tal y cómo lo conocemos? ¿Cómo se conecta esto con las perspectivas de los precios del crudo y las vías para solventar la crisis económica en el país? Como lo ha propuesto el economista Michel Husson, aunque no se sabe dónde se podría producir un punto de ruptura (¿la bolsa, la banca, la deuda, el tipo de cambio?), “la perspectiva de una nueva crisis parece casi inevitable [5] . La pregunta clave podría ser, ¿qué forma pueden tomar los ajustes en esta nueva fase de acumulación?

b) El desarrollo de nuevos esquemas de dominación en el neoliberalismo post-consenso de Washington, supone una participación más activa del Estado en los procesos de acumulación, a diferencia del principio ortodoxo del « Estado mínimo » . No es prudente pensar que los sectores más reaccionarios que intentan una restauración conservadora en Venezuela y América Latina vayan necesariamente a desmantelarlo todo. Más bien, podrían usar parte de las estructuras y la institucionalidad construida y reconstruida en el proceso bolivariano para intentar garantizar una facilitación a la acumulación de capital y al mismo tiempo tratar de afianzar un modelo de dominación más viable.

 

c) La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico (1983-ACT.), en su fase de alta caotización, ha configurado el caldo de cultivo para intentar (re)abrir un proceso de ajuste y flexibilización económica. Nuestra hipótesis es que, ante la insostenibilidad del modelo histórico de acumulación nacional, el pico de las reservas convencionales de crudo en el país y las transformaciones en los patrones de acumulación en la economía global, el proyecto de «desarrollo nacional», en cualquiera de sus versiones, apunta a un cambio importante y prolongado en la territorialidad del capitalismo rentístico venezolano, como forma de solventar la crisis del modelo y de gobernabilidad . Esto es, una significativa reorganización geoeconómica del territorio alrededor del extractivismo, teniendo como polos a la Faja del Orinoco, el Arco Minero de Guayana junto a otros enclaves mineros del país, y las importantes fuentes de gas offshore [6] . Las implicaciones de un proceso de transformaciones de este tipo, en el marco de un modelo histórico de profundas desigualdades sociales, devastación ambiental y dependencia sistémica, serían trascendentales.

 

d) Los factores globales y nacionales antes mencionados parecen favorecer a una intensificación de las contradicciones sociales y de la conflictividad política en el país. El « Pacto de Punto Fijo » (1958) conformó las bases materiales para una gobernabilidad a partir del auge de la economía mundial y de los precios del petróleo en la posguerra, pero sobre todo, cuando el modo de acumulación capitalista rentista petrolero todavía tenía un margen de reproducción “equilibrado”. ¿Cuál es la base material para un pacto político y social nacional basado en un modelo que no puede ya reproducir sus circuitos económicos vitales de manera sostenible?

 

e) Esta caotización sistémica, pero sobre todo, la guerra permanente que se ha dirigido contra las fuerzas populares para revertir el avance de los factores contrahegemónicos de la Revolución Bolivariana, han golpeado muy fuertemente al tejido social venezolano. Esta tal vez sea una de las amenazas más determinantes para el proceso de transformaciones de los últimos años, y tal vez estemos en presencia de la crisis institucional más severa de toda Suramérica (instituciones sociales, instituciones políticas formales, instituciones económicas), a lo cual es fundamental poner nuestra atención.

 

Repensarnos desde el territorio: la ecología política del chavismo

Una de las paradojas de la Revolución Bolivariana ha sido que, mientras se otorgaban a las luchas populares algunas banderas de reivindicación radicales, generalmente no se concretaba una territorialización del poder que posibilitara la constitución masiva del proyecto. Esto significa que las pulsiones y las energías se orientaron fundamentalmente a grandes ideales (el Socialismo del Siglo XXI), factores metafísicos y trascendentales, tiempos pasados y futuros, y a formas mediadas de poder, y muy poco a reproducir desde abajo, en el aquí y el ahora, esta radicalidad emancipatoria.

Si recordamos las luchas sociales del primer siglo republicano (de principios del siglo XIX a principios del XX), estas estaban movidas fundamentalmente por un deseo de recuperar la riqueza concreta (principalmente la tierra). Con el desarrollo del capitalismo rentístico, y con el perfil urbano que toma la territorialidad y la subjetividad del venezolano, las pulsiones de las luchas populares se han dirigido hacia la riqueza abstracta (básicamente, la renta del petróleo), y esto sigue siendo así en la actualidad.

Discutir nuevamente, todo, desde abajo, al calor del sacudón del giro electoral reciente, es una ocasión para repensar estos procesos históricos, y los ocurridos en la Revolución Bolivariana en los últimos años, y tratar de recuperar el centro de la producción política en el territorio, en la superficie. Esto de ninguna manera implica un aislamiento o abandono de las luchas a escalas nacionales o estatales, que serán trascendentales en el futuro. Más bien nos hace recordar que una de las expresiones más radicales del « mandar obedeciendo » en Venezuela en los últimos años se produjo el 12 y 13 de abril de 2002, mostrando cómo los de abajo sacuden las bases de un movimiento de restauración conservadora y reinician un proceso instituyente hacia arriba. La vuelta popular contrahegemónica a Miraflores ahora, en estos tiempos, cobra el sentido de la exigencia a que los de arriba hagan parte del planteado « golpe de timón » y que se recupere la esencia reivindicativa del proyecto.

Pero si entonces la lucha popular territorial fuese el punto de partida político de cualquier agenda, a cualquier escala geográfica, la pregunta clave parece ser cómo comenzar a reterritorializar las luchas sociales en Venezuela, que podrían estar configurándose en un nuevo ciclo histórico; cómo resignificar el chavismo originario sobre sí mismo, sobre la materialidad de sus cuerpos, de sus entornos, de sus cotidianidades.

Necesario es recuperar la centralidad de los medios de reproducción de la vida en la agenda de lucha popular – y no sólo atender a los medios de producción, como lo ha planteado Silvia Federici – . Ahí se juntan y se encuentran todos los de abajo: chavistas convencidos, chavistas desencantados, exchavistas, opositores de las clases trabajadoras, « ni-nis » de los barrios urbanos, pero también esas subjetividades un tanto más alejadas de nuestra modernidad petrolera como los pueblos indígenas, que no obstante se vieron de una u otra forma involucrados en el proceso de cambios. La subjetividad popular del chavismo nació precisamente de la negación radical que el capital – en su forma rentista – hace a las personas de sus medios de reproducción de la vida. Tal vez ahí, en primer lugar, deba reencontrarse.

No hay socialismo sin agua, no hay autonomía política ni resistencias sostenibles (resiliencia) a una restauración conservadora sin autonomía material, no hay proyecto emancipatorio sin las posibilidades de acercarnos a la gestión de la vida y el territorio. Esto es lo que hemos llamado la ecología política del chavismo contrahegemónico.

Los tiempos animan para reimpulsar agendas populares de transformación. Sobre esto propondremos para cerrar:

Ø En Venezuela básicamente en la actualidad no hay un referente ético que nutra el discurso político. Ante la metástasis de la corrupción y el descrédito que salpica los proyectos políticos, es necesario hacer un claro deslinde: ¿qué supone, por ejemplo, para las bases populares del chavismo, denunciar a una burocracia corrupta y decir ¡no en nuestro nombre!? Y luego, ¿cuál es el proyecto colectivo que surge de esta reivindicación ética?

Ø Es necesario reconocer que un proyecto de lo común en Venezuela tiene sus particularidades: no tiene, por ejemplo, los rasgos generales de las comunidades indígenas como en Bolivia, Ecuador o Guatemala, siendo en cambio fundamentalmente de perfil urbano. Son pues, formas de comunidad muy movibles, diversas, volátiles y en permanente reformulación. Estas son las bases sobre las cuales debemos partir para pensarnos desde lo común.

Ø Luchas desde abajo aisladas no tienen pertinencia histórica. En este sentido, la proliferación de redes de organizaciones populares y plataformas de movimientos sociales es vital. Hay un interesante saldo de experiencias, saberes y organización que ha dejado la Revolución Bolivariana. Tenemos demasiado para aprender unos de otros, de los de abajo, que conforman un tejido de saberes y haceres populares que representan la base material para un proyecto emancipatorio: redes de producción agrícola, producción cultural en barrios urbanos, formas de economía cooperativa y solidaria, gestiones territoriales comunitarias en las ciudades y en zonas rurales, y un largo etcétera. Esto está ahí. Ahora, ¿cómo lo convertimos en una amplia red?

Ø Una agenda mínima popular compartida ¿hacia dónde podría enfocarse?: una auditoría social de todas las cuentas de la nación, incluyendo la deuda – el pueblo no tiene por qué pagar los desfalcos de unos pocos – y la canalización de mecanismos nacionales de contraloría social de las mismas ; la democratización de la ciudad y la « revolución urbana » es una de las claves; redes interregionales de producción agrícola popular vinculadas al consumo urbano; nuevas formas de gobernanza nacional-territorial – ¿cómo fomentar la comuna en tiempos turbulentos? –; acceso y cuidado de los bienes comunes para la vida, con especial atención en el agua; sostenibilidad energética a partir de experiencias piloto (como en la propuesta de los TES en el Zulia ); salarios dignos y protección a trabajadores y trabajadoras ante la precarización laboral; auditoria social de los proyectos extractivos –principalmente en la Faja del Orinoco– y moratoria de los proyectos mineros en el país; igualdad de género y respeto a la sexo-diversidad en todas las instituciones sociales; redes sociales de promoción de saberes populares, comunes y tradicionales como plataforma de construcción de modos de vida alternativo; y redes sociales de seguridad y protección social-territorial.

* Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador en ciencias sociales, y hace parte de la red Oilwatch Latinoamérica

Fuentes consultadas

BBC Mundo. “¿Qué significa que la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas de interés por primera vez en una década? 16 diciembre 2015. Disponible en:http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151216_economia_aumenta_tasas_interes_estados_unidos_fed_lf . Consultado: [29/12/2015].

Correo del Orinoco. “Ley de Actividades Petroquímicas abre puertas a nuevas inversiones”. 31 diciembre 2015. Disponible en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/ley-actividades-petroquimicas-abre-puertas-a-nuevas-inversiones/ . Consultado: [31/12/2015].

Fondo Monetario Internacional. “La incertidumbre y fuerzas complejas entorpecen el crecimiento mundial”. Boletín del 06 de octubre de 2015. Disponible en:http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2015/RES100615AS.htm. Consultado: [29/12/2015].

Husson. Michel. “ Las coordenadas de la crisis que viene”. Rebelión. 14-11-2015. Disponible en:   http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205638. Consultado: [15/12/2015].

Teran Mantovani, Emiliano. “Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos para América Latina”, en: Carosio, Alba (comp.). Tiempos para pensar. Investigación social y humanística hoy en Venezuela. Tomo I. CLACSO-CELARG. Venezuela, 2015. pp.423-429. Disponible en:http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20151211124235/Tiempos_para_pensar_TOMO1.pdf.

 


 


[1] Hemos planteado que en América Latina existen actualmente al menos cuatro proyectos en disputa que marcarán nuestra dinámica geopolítica en los próximos años: el uribismo, el lulismo, el Socialismo del Siglo XXI y un proyecto popular que hemos denominado ‘pluricomunista’. Para más detalles de esta categorización, véase: “Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos para América Latina”, en: Carosio, Alba (comp.).Tiempos para pensar. Investigación social y humanística hoy en Venezuela.

[2] Piénsese que la desmovilización que determina un cierre de ciclo de luchas en Venezuela a principio de la década de los 70 (iniciada con la llamada “pacificación” de Rafael Caldera), está en consonancia con la estabilización del ciclo político histórico iniciado en 1958 con el Pacto de Punto Fijo. Nuestro interés fundamental es hacer esta distinción entre ciclo político histórico y ciclo de luchas desde abajo, aunque estén profundamente conectados el uno con el otro. En todo caso, queda abierta una rica discusión historiográfica sobre criterios y modos de periodificación.

[3] Incluso el FMI parece haberse unido a esta idea. Véase: Fondo Monetario Internacional. “La incertidumbre y fuerzas complejas entorpecen el crecimiento mundial”.

[4] BBC Mundo. "¿Qué significa que la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas de interés por primera vez en una década?"

[5] Husson. Michel. “Las coordenadas de la crisis que viene”.

[6] El 31 de diciembre pasado (2015), en el marco de la aprobación de la Ley Orgánica para el desarrollo de Actividades Petroquímicas (30/12/2015), el ministro de Minería y Petróleo, Eulogio Del Pino, hacía referencia a la gran certificación de reservas para la minería en el país, el llamado «Proyecto Magna Reserva Minero», el cual tendrá una extensión más grande que la Faja Petrolífera del Orinoco. Del Pino planteaba que “Vamos a romper la tradición de un país monoproductor”, y hacía un llamado al sector privado para impulsar el Plan de Desarrollo Minero 2016-2018. Sobre esto, véase: Correo del Orinoco. “Ley de Actividades Petroquímicas abre puertas a nuevas inversiones”.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207450
 

 

Descubramos otra subjetividad colectiva con arraigo territorial que nos interpela a todas/os l@s divers@s de abajo, sin fronteras, para comprometernos con los derechos de la naturaleza confrontando con el capitalismo:

 

Nación Mapuche. Lof de territorio Künko, en La Unión, refuerza su lucha por recuperar y proteger los territorios

Resumen Latinoamericano / 31 de octubre de 2018 / Mapuexpress

También llamamos a nuestro peñi y lamüen a no dejarse manipular por la CONADI (entidad estatal), a no pelear entre Mapuche y recuperar tierras al winka usurpador, como forestales y latifundistas.

El Lof mapu Pilpilkawin del territorio Künko de la Fütawillimapu, actual comuna de La Unión – región de Los Ríos, comunica a nuestra Nación Mapuche y a la sociedad chilena e internacional lo siguiente:

1. Que el sábado 27 de octubre 2018 en nuestro Lof Mapu se realizó un Traftun (encuentro) de palín y trawün con la asistencia de autoridades ancestrales de la Fütawillimapu (Apo ülmen, Lonko, Machi y Werken), así como diferentes comunidades para fortalecer nuestro Mapuche az mongen y conversar sobre los diferentes problemas que nos afectan como Mapuche – Williche.

2. Informamos que como territorio nos afectan distintos problemas de intervención capitalista y del Estado chileno:

– La gran presencia de forestales en la zona. – Nuevos proyectos de pisciculturas en el Wenü Lewfü (Río Bueno). – La intención del Estado y empresarios de construir la carretera de la costa por nuestro territorio ancestral, tramo Chaihuin a la barra del Río Bueno. – La construcción de la carretera interoceánica (IIRSA) desde Corral a La Unión y desde ahí hacia el puel mapu (Puerto San Antonio Este en Argentina). – La construcción de un mega puerto extractivista en la Bahía de Corral por el consorcio Chino Pacífico Sur. – La intervención de la CONADI en algunos Lof del territorio, haciendo pelear entre sí por tierras a nuestra gente.

Todo lo anterior tiene fines extractivistas de explotación de las aguas, forestal y minera afectando nuestro mapuche mongen y todo el fillke mongen (biodiversidad) que habita en la mapu, vida tanto material como espiritual, ya que el Wenü Lewfü (Río Bueno) tiene una significación espiritual, político e histórico incalculable para toda la Fütawillimapu, así también la Füta kasrü Mawisan (cordillera de la costa) en la comuna de La Unión aún poco intervenida y con árboles milenarios de Lawal (alerce).

Como Mapuche tenemos la responsabilidad de cuidar y defender el Lewfü, la Füta Mawisan y el Lafken Mapu y toda la vida que allí habita, los ngen mapu como el ngen Chiway en la playa de Hueicolla y los pu newen de la montaña que rigen nuestra vida Mapuche y que mantienen el equilibrio de todo lo que habitamos esta mapu.

3. Que desde este momento distintas Mochülla de nuestro Lof se levantan por la protección de la vida de la Füta Kasrü Mawisan, del Wenü Lewfü, el Lafken Mapu, el ngen mapu Chiway y de los diferentes newen y espacios espirituales que tenemos en nuestro territorio.

4. Hacemos un llamado a los distintos Lof, mochülla y comunidades de la comuna de La Unión a sumarse a la defensa y recuperación de nuestro territorio ancestral Mapuche – Williche.

También llamamos a nuestro peñi y lamüen a no dejarse manipular por la CONADI, a no pelear entre Mapuche y recuperar tierras al winka usurpador como forestales y latifundistas.

5. Por último, enviamos un saludo fraterno a nuestro pueblo que en distintas partes del Wall Mapu están luchando para que podamos seguir existiendo como Mapuche.

Fuera capitalistas del Wall Mapu, Libertad a todos Presos Políticos Mapuche, Con la memoria del Lonko Mankepan, Con la fuerza del ngen Chiway y del taita Wenteyao, ¡¡Marichiweu!!

Palín mapuche en la Futawillimapu

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/10/31/nacion-mapuche-lof-de-territorio-kunko-en-la-union-refuerzan-su-lucha-por-recuperar-y-proteger-los-territorios/
 

 

Nos alientan a leer la obra fruto del "logrado esfuerzo teórico-empírico por adentrarse en una de las experiencias de lucha indígena más avanzadas y congruentes del continente: la de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), movimiento del pueblo mapuche que, entre 1997 y 2003, protagoniza un proceso de disputa de tierras ancestrales y reivindicación de autodeterminación y autonomía, en una intensa confrontación con el Estado chileno, latifundistas y corporaciones trasnacionales".

 

 

Reflexiones sobre el libro "Arde el Wallmapu: autonomía, insubordinación y

movimiento radical mapuche".

4 de noviembre de 2018

 

Por Gilberto López y Rivas (Rebelión)

El libro de César Enrique Pineda, Arde el Wallmapu: autonomía, insubordinación y movimiento radical mapuche en Chile, publicado este año por la UNAM, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y El Caribe y Bajo Tierra ediciones, es singularmente relevante en el ámbito de las investigaciones en torno a movimientos sociales, pueblos originarios y procesos autonómicos.

La obra constituye un riguroso, fundado, comprometido y logrado esfuerzo teórico-empírico por adentrarse en una de las experiencias de lucha indígena más avanzadas y congruentes del continente: la de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), movimiento del pueblo mapuche que, entre 1997 y 2003, protagoniza un proceso de disputa de tierras ancestrales y reivindicación de autodeterminación y autonomía, en una intensa confrontación con el Estado chileno, latifundistas y corporaciones trasnacionales. El trabajo, señala Pineda, “Intenta narrar esa historia y, en especial, comprender e interpretar dicho proceso de insubordinación (...) El ciclo de insubordinación, antagonismo y proyecto emancipatorio abierto por la Coordinadora Arauco Malleco constituye (su) eje conductor.”

El autor se plantea un objetivo doble: por un lado, “recuperar, sistematizar y narrar la historia…(de) un actor colectivo sumamente polémico tanto para el propio movimiento mapuche como para la intelectualidad chilena; un sujeto demonizado por los medios de comunicación, categorizado como terrorista, grupo radical o subversivo por el Estado y los grupos dominantes de Chile.” Por el otro lado, se busca comprender, afirma Pineda, “como se produce socialmente el fenómeno de la insubordinación; por entender las formas, modos tiempos, pasos, potencias y límites de las clases, etnias y pueblos subalternos en la construcción de su disposición a luchar.”

Se intenta “comprender los complejos procesos de producción de rebeldía e insubordinación, así como su posterior estabilización y disciplinamiento,” ya que el Estado chileno, --destaca Pineda--, responde a este movimiento, “con un agresivo y sofisticado proceso de desarticulación, de contención, de contrainsurgencia social y represiva que, entre 2003 y 2009, provocaría la contracción y el debilitamiento de la movilización mapuche y, posteriormente, el cierre del ciclo de lucha por la tierra y la autonomía, al ser encarcelados sus lideres, quienes fueron condenados de manera definitiva en 2011.”

El libro inicia con un prólogo de Raúl Zibechi, que es, en sí mismo, un reconocimiento a la valiosa aportación de Pineda; “un trabajo de años”, afirma, “en el cual la experiencia directa, el conocimiento de las personas, comunidades y geografías, es uno de los aspectos más notables de una investigación comprometida y en absoluto neutral.”

Dividida en dos partes, una suerte de introducción, seis capítulos, reflexiones finales, extensa y actualizada bibliografía, y más de una docena de entrevistas claves, la obra trata en su primer capitulo sobre la situación del pueblo mapuche en Chile, el proceso extractivista, el colonialismo interno y la interpretación que de ello hacen las dirigencias de la CAM. El capitulo dos se centra en los entramados comunitarios mapuche, el despojo y las experiencias que crean las condiciones y motivaciones para luchar por la tierra y la autonomía y se analizan las militancias y dirigencias de la CAM. El capítulo tres describe la acción colectiva radical, que Pineda denomina “Newen Mapuche, la fuerza de un pueblo.” El capitulo cuatro versa sobre la discusión en torno a la autonomía, la libre determinación de los pueblos, “o, incluso, el separatismo y la independencia, sobre los etnonacionalismos y el Estado liberal chileno.” En el capitulo cinco, se narra y analiza el control de la insubordinación, la reacción conservadora y la gobernanza neoliberal, la respuesta brutal del Estado chileno y las clases dominantes para recuperar el orden establecido. En el capitulo seis, “Resistencia. La lucha continua.”, se hace un balance del movimiento mapuche y la Coordinadora frente al Estado chileno contemporáneo.

Pineda aclara, que su investigación tiene un fuerte componente testimonial, “que se explica desde un enfoque sociohistórico construido a partir de largas y numerosas entrevistas realizadas con presos mapuches en la cárcel y con activistas entrevistados en sus comunidades, el cual se contrasta y se pone en dialogo con lo expresado por varios historiadores y especialistas chilenos.” A ello se suma, una extensa investigación hemerográfica y las correspondientes interpretaciones teóricas que proveen la base analítica de lo investigado.

Coincido plenamente con Pineda en cuanto a que uno de los principales aportes de su investigación radica no solo en la reconstrucción de la historia de la CAM, “sino, en especial, haber tratado de comprenderla desde adentro, desde la lucha social, desde la perspectiva de los de abajo.”

El autor investiga, asimismo, junto con la política represiva del Estado chileno, “las contradicciones internas del movimiento y la CAM (para) aprender de las lecciones que deja su propia historia, comparar los paralelismos entre su lucha y la de otros procesos sociales, y en particular, reflexionar sobre los límites que se presentan en la defensa del territorio, así como los alcances y las contradicciones de la violencia política.”

A partir de nuestras propias experiencias de estudios comparativos entre diversos procesos autonómicos en América Latina, en el Proyecto Latautonomy, coincidimos con Pineda en el sentido de que “la disputa por la tierra, el territorio y los bienes naturales, así como la autodeterminación, la autorregulación social y la autonomía, son luchas decisivas de nuestro tiempo.” Asimismo, estamos totalmente de acuerdo en que “los pueblos originarios son el corazón de numerosas alternativas antisistémicas y de que, en los últimos 20 años, han demostrado una enorme capacidad sujetica, de construcción de proyecto alternativo y resistencia frente a la desposesión, el desprecio y el colonialismo interno.” Prueba irrefutable de esta aseveración en nuestro país, lo constituye el proceso iniciado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a partir de 1994, y, como pudimos constatarlo muy recientemente, la fortaleza, creatividad y amplitud del “sujeto autonómico” expresado en el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno. Como escribí el viernes pasado en La Jornada, con respecto a la Segunda Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno-Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, llevada a cabo del 11 al 14 de octubre en el CIDECI-UNITIERRA, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que constituyó un acontecimiento histórico: “La extraordinaria capacidad organizativa, manifiesta en una metodología de espiral ascendente (dialéctica) de ejes de trabajo-comisiones operativas-resolutivos y posicionamientos; las formas democráticas de llegar a consensos; la coherencia y concientización políticas de delegados (as) y concejales (as), refieren a un movimiento caracterizado por su anticapitalismo y el fortalecimiento de autonomías que se despliegan como un invaluable instrumento de lucha contra la recolonización de las corporaciones capitalistas y los grupos represivos “legales” y clandestinos del mal gobierno”.

También, en el espacio de las coincidencias con Pineda, resulta muy benéfica su advertencia de no idealizar estos procesos. “muchas veces, --señala el autor--, el tejido organizativo de estos movimientos se encuentra atravesado por el colonialismo ideológico, por numerosas contradicciones subalternas, por límites y errores peligrosos; en ocasiones, por sectarismos, esencialismos y milenarismos fundamentalistas; por una profunda fragilidad de sus estructuras frente a la guerra, la represión o la cooptación.” Sobre esto último, es posible observar, también en nuestro país, a las organizaciones e intelectuales que en el pasado se integraron como asesores del EZLN, ahora han optado por apoyar la política neo indigenista del próximo gobierno, que se concretará, el espacio de lo político, con la imposición del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Igualmente, me parecen muy acertadas las reflexiones finales de una obra cuyos alcances informativos e interpretativos van más allá de esta breve reseña, en el sentido de que: “los entramados de parentesco, relaciones, afectivos, etnoproductivos, espirituales, simbólicos y materiales, con base en la forma social “comunidad”, están activándose y reactualizándose con los proyectos políticos indígenas, como resistencia y freno de las invasoras relaciones expansivas de la forma social “capital”, pero también como aspiración y práctica emancipatoria.” Totalmente de acuerdo en que, en los procesos autonómicos contemporáneos, los sujetos que los protagonizan sufren “verdaderas metamorfosis” en sus relaciones sociales, que los potencian como sujetos de cambio, como sujetos políticos “otros”. Asimismo, hay coincidencia plena en la reflexión conclusiva acerca de que: “Los movimientos de los pueblos originarios han generado multiformes y complejos procesos de activación comunal que, a la vez, recuperan, recrean y transforman las relaciones de reciprocidad, cooperación, apoyo mutuo y trabajo colectivo, en movimiento societal antagónico y emancipatorio.”

Resulta gratificante que, en un entorno académico hegemonizado por el productivismo puntillista y las investigaciones extractivistas, se produzcan y se publiquen libros como el que hoy presentamos. Felicitaciones a César Enrique Pineda por escribir este excelente instrumento teórico para la lucha abajo y a la izquierda.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=248597

 

Veamos, cómo desde la consecuencia con su pueblo nación Mapuche que es serlo con todos los otros pueblos planetarios, nos plantean nuestro desafío actual:

“Nosotros hacemos un análisis del cuadro, de la realidad del momento y hacemos la valoración de que se agotaron los mecanismos institucionales, se agotaron los mecanismos internos de reclamación de nuestros derechos. Por ello había que pasar a una fase de antagonismo frente a un enemigo muy definido".

Se diferencian de progresistas e izquierdistas que, insisten desde décadas, con el mal menor frente a gobiernos de ultra derecha y persisten en dejar impunes no sólo al poder real o fáctico (la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales) sino también a quienes fueron protagonistas fundamentales de la democracia representativa de esos opresores y represores de los pueblos. Tampoco han aprendido que ese mal menor siempre nos subsumió más en el sistema mundo capitalista. Eso concretaron el kirchnerismo y todos los gobiernos progresistas.

 

 

Nación Mapuche.

Héctor Llaitul y la CAM:

Crónica de la palabra de un weychafe en la capital del Reino

 

Resumen Latinoamericano / 21 de noviembre de 2018 / Voces en Lucha

 

“Hablamos de esta posibilidad concreta de situarnos, de reconocernos y de autoconvocarnos como Nación mapuche”

 

Hay quienes te enseñan con sus actos, con su trayectoria personal y política, que hay una dignidad más grande que la vida misma. Eso, que resulta fácil de formular, difícil de asimilar e imposible siquiera de imaginar para muchas cabezas, la primera persona que nos lo enseñó en el largo periplo de Vocesenlucha por las tierras del Abya Yala fue Héctor Llaitul Carrillanca. Para el mundo, vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco. Para nosotros, además, maestro y peñi o lamngen, que quiere decir hermano en mapudungun, la lengua mapuche.

Estos días recibimos consternados la noticia de un nuevo asesinato a un comunero mapuche en el sur de Chile por parte de las “fuerzas de orden” del Estado chileno. Camilo Catrillanca, de 24 años, era padre de una niña de 4 meses y nieto del Lonko de la comunidad Temucuicui, en la comuna de Ercilla. Camilo regresaba a su casa en su tractor después de una larga jornada de trabajo cuando fue baleado por miembros del “Comando Jungla”, que en la tarde del pasado miércoles 14 de noviembre desplegó un violento operativo en la comunidad sembrando el pánico entre los comuneros, muchos de los cuales corrieron a refugiarse en los cerros de los alrededores. Un grupo de niños trató de entrar al lugar donde Camilo estaba siendo atendido antes de fallecer. La policía los golpeó y detuvo a algunos de ellos. Junto a Camilo, fue herido un menor de edad. Trasladado a un centro de salud, este fue inmediatamente rodeado por un operativo policial. El Comando Jungla es un grupo de élite de Operaciones Especiales de Carabineros (policía chilena) de unos 80 hombres que ha recibido entrenamiento en EEUU y en Colombia en técnicas de contrainsurgencia y que algunas informaciones apuntan que vendrá a entrenarse igualmente en España para combatir a las comunidades mapuche. Esto se enmarca en el “Plan Impulso Araucanía”, que implica un incremento de la militarización de los territorios mapuche por parte del Estado chileno. Una iniciativa del actual gobierno del derechista Sebastián Piñera que ha sido catalogada como una especie de “Pacificación de la Araucanía 2.0” y que da continuidad a las políticas emprendidas por anteriores gobiernos dizque progresistas como el de Michelle Bachelet.

El pasado octubre llegaba a España el flamante presidente de Chile, quien, en lo que los medios definieron como una visita exprés, fue recibido por los reyes de España después de participar en un foro económico llamado “Desafíos en Chile. Hacia un crecimiento integral, inclusivo y sostenible”, organizado por el diario El País. Sebastián Piñera también se reunió con el presidente Pedro Sánchez y mostró su interés por “atraer inversiones de España en áreas como infraestructura, banca y turismo”.

Días después recibimos en Madrid otra visita también de apenas 24 horas, la del werken (vocero) mapuche Héctor Llaitul Carrillanca, quien no fue recibido por reyes ni presidente del gobierno. Héctor viajó a Ginebra para denunciar ante la ONU el perseguimiento que vive su pueblo, en especial el papel de las transnacionales en los territorios mapuche. “Sobre la marcha”, como él dice, pudimos extenderle la invitación para que se dejara caer por estas tierras de quijotes, coronas y quebrantos. Desde Vocesenlucha nos encargamos de coordinar las actividades en Madrid, con la colaboración imprescindible en la organización de las compañeras de la Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche – Trawunche Madrid y del colectivo América Latina Soberana, además de otros compañeros que pusieron su granito en una apretada agenda que dio para un conversatorio en Lavapiés, una cena colectiva en el espacio de Los Comunes, una rueda de prensa en la librería Traficantes de Sueños, una reunión en el Congreso de los Diputados con parlamentarios sensibilizados con la causa, una entrevista en el programa de radio de la cadena Ser Punto de Fuga y otras reuniones bilaterales con personas y organizaciones del ámbito de los derechos humanos. Todo esto antes de partir hacia Bilbao en el viejo rocinante asmático de Vocesenlucha.

 

La CAM, una organización que revolucionó con su pensamiento y su acción política las luchas originarias y emancipadoras del continente americano.

 

A través de las palabras de su vocero, pretendemos rescatar algunas líneas del pensamiento de un movimiento mapuche que es ya memoria viva y horizonte futuro, la Coordinadora Arauco Malleco, la CAM, una organización que revolucionó con su pensamiento y su acción política las luchas originarias y emancipadoras del contin

continente americano y del que este weychafe (guerrero mapuche) fue fundador.  Es esta una especie de crónica de esa palabra y pensamiento mapuche nacido del alma de las comunidades en lucha. Es este siquiera un intento de rescatar algunos trazos de esa voz portadora de una dignidad más grande que la vida misma.

 

A Héctor lo conocimos en 2015, cuando en el inicio de un recorrido de dos años por América Latina y el Caribe, tras sumergirnos en la realidad de las luchas populares del pueblo chileno, viajamos desde Santiago de Chile hacia el Sur, deteniéndonos en Concepción, comienzo del territorio histórico del Pueblo Nación Mapuche, el Wallmapu. Héctor por aquellos días cumplía condena en la cárcel de El Manzano, donde iríamos a visitarlo. Sin embargo, antes de llegar nosotros a Concepción le otorgan el régimen de libertad diurno. Es por eso que nos encontramos en ese espacio que llamamos, ingenuamente, “libertad”.

En ese primer acercamiento a Héctor nos sorprende su seriedad, su rigurosidad en las preguntas, su insistencia en llevar las cosas a lo concreto, a ese espacio de las palabras donde todos podamos entendernos. Fue claro con nosotros. “Recién salgo unas horas al día de la cárcel, esa nueva situación me obliga a trabajar en una pega frente a un ordenador, yo, que no me llevo con la tecnología, y el resto del tiempo lo dedico a mis hijos, no puedo andar dedicándoles tiempo a ustedes”. Irrefutable argumento. También fue cristalino con lo que podía pasarnos si teníamos algún tipo de relación con él. “Hace poco botaron del país a unos documentalistas que estaban apoyando al pueblo mapuche”, “yo estoy considerado como terrorista para el Estado chileno”, “hay muchos otros movimientos y expresiones mapuche, esta es sólo una, pueden acercarse a otras”.

A pesar de sus intentos de sacarse de encima a estos blanquitos, Héctor no es de esa clase de personas que se limita a lo discursivo, te larga su rollo y allá te apañes. Quizás porque entiende lo ideológico como ese espacio donde está presente tanto lo espiritual como lo material, que ama y defiende la vida, se preocupó de cosas tan básicas como dónde pasaríamos esa noche. Héctor nos enseñó porque nos cuidó. Y porque nos cuidó nos enseñó. Poco o nada sabíamos por aquellos días sobre la lucha del pueblo mapuche. Eso tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Todavía no sabemos bien por qué, pero seguimos tejiendo. De esos comienzos de relación con la realidad mapuche nacieron tres documentales. En ninguno de ellos aparece Héctor. Sí sin embargo su pueblo, el pueblo por el que lucha, producto de lo cual ha debido soportar largos períodos de prisión y largas huelgas de hambre que dejaron secuelas en lo orgánico, pero enaltecieron su dignidad a la vez que la del pueblo mapuche.

 

A última hora de la tarde solía preguntarnos la hora. Debía regresar en la noche a la soledad de las rejas, símbolo palpable de la criminalización contra este pueblo. En una ocasión le pregunté si no tenía reloj, a lo que me respondió que no. “Creo que tengo por ahí uno que no uso”. Escarbando en uno de los bolsillos de mi mochila, encontré un sencillo reloj digital negro con pulsera de goma. Se lo alcancé. “Puedes quedártelo”. “No acepto regalos”, me dice pensativo. “Podemos hacer un intercambio”, añade. “Puede ser a cambio de tu libro”, le pregunto. “Ya, listo”.

 

“Costó un mundo llegar a estos lugares”, comienza confesando Héctor en el Centro Cultural de Lavapiés, apenas dos horas después de que su avión procedente de Ginebra aterrizara en Madrid, y aún con algunas molestias producto de la conjunción de las alturas y las secuelas de las huelgas de hambre. “Estamos muy agradecidos porque es la primera vez que la CAM tiene una expresión a nivel internacional. Llevamos más de 20 años como movimiento, como organización, y nunca antes habíamos enviado ningún representante, y a mí me toca el honor de hacerlo después de muchos esfuerzos por parte de nuestra gente, de comunidades y de personas en específico”. Antes de comenzar a llenar de contenido sus palabras, Héctor quiere dejar claro que él solo representa una expresión del pueblo mapuche. “Yo no soy el representante de todo el pueblo mapuche. Yo represento una expresión de la lucha de mi pueblo en la actualidad. Yo hago vocería desde la organización a la que pertenezco, la CAM”.

 

“Hay una situación de expoliación, de usurpación del territorio mapuche,

 del Wallmapu”

La historia mapuche

El profesor y sociólogo Marcos Roitman Rosenmann, de origen chileno exiliado después del golpe de Estado de Pinochet, hace una introducción histórica al conversatorio en Lavapiés, donde señala que en América Latina, con Estados construidos de manera monoétnica, “los únicos conquistados son los pueblos originarios, todos los demás somos conquistadores”. Esos pueblos han sido “sometidos, conquistados y utilizados como mano de obra barata”. “Los primeros ejércitos y Fuerzas Armadas se foguearon matando a los pueblos originarios. También ya con los Estados nacionales”. “La lengua del conquistador articula una visión del mundo. La Memoria de los Pueblos originarios es oral. Negarles el uso del lenguaje es negarles su memoria, su vida, su historia”. Son estas algunas de las frases de la exposición del profesor Roitman. Precisamente por esa historia comienza Héctor Llaitul su relato.

Estamos ubicados en el Cono Sur, en lo que se conoce como Chile, pero también hay mapuches del lado argentino. Un pueblo originario que ahí habitaba antes de la llegada de los invasores. Nuestros grandes referentes surgen de esa época, de hacer frente a la arremetida, a la conquista y a la invasión de parte precisamente de España, en ese tiempo un imperio que a través de la conquista de nuestros territorios del Abya Yala arremetió con mucha fuerza en contra de distintos pueblos originarios. Pero con el pueblo mapuche hay una situación encontrada. Jamás fue sometido por el Imperio español. De eso podemos dar cuenta con mucho orgullo.

Sin embargo, se empieza a conformar esto de los Estados nacionales, surge Chile, surge Argentina, en un contexto donde el comercio va entregando una particularidad, la intromisión del capital foráneo, por lo tanto el afán de Chile y Argentina es reconquistar los territorios mapuche. Y por eso se desarrolla esto que se conoce, y quizás sea el hito más importante, como la invasión del Wallmapu, llevada adelante por dos Estados, por el chileno, con la campaña militar conocida como la Pacificación de la Araucanía, y por el argentino, con lo que se conoce con la Campaña del Desierto, ambas campañas binacionales que arremetieron con mucha fuerza, en un ejercicio concreto de exterminio, campaña político-militar hasta que definitivamente obtuvieron esta conquista, derrotar a nuestro pueblo y someterlo a un régimen de ocupación de tipo colonial que se mantiene hasta el día de hoy. Hay una situación de expoliación, de usurpación del territorio mapuche, del Wallmapu, el territorio ancestral mapuche, de más del 95% de esta territorialidad. Ese hito marca un antes y un después. De ahí nacen las contradicciones que vivimos hoy día con el Estado chileno y el Estado argentino.

 

“Hoy en día la realidad es que el sistema de propiedad usurpada se sostiene en la industria forestal”

La tercera invasión

En esa historia de opresión y resistencia, Héctor Llaitul identifica tres invasiones: “una, la del Imperio español, dos la del Estado Nación chileno y tres la del capital monopólico financiero, la arremetida del capitalismo en la territorialidad ancestral”. “¿Cómo se instaló el modelo neoliberal en el Wallmapu?”, se pregunta.

Con la contrarreforma territorial, a raíz del golpe militar y la dictadura de Pinochet, se desarrolla una verdadera revolución de la economía en esta parte. Hay una transformación de toda la territorialidad, de toda la estructura que existía en nuestro Wallmapu ancestral. Se nota principalmente por la introducción del monocultivo, específicamente de las plantaciones de pino y eucalipto en donde el Estado compromete toda su fuerza, toda su capacidad. La dictadura le entrega principalmente las tierras a las forestales, a las corporaciones chilenas, y con el tiempo esta situación ha ido transformándose en el verdadero enemigo del Pueblo Nación Mapuche. Hoy en día la realidad es que el sistema de propiedad usurpada se sostiene en la industria forestal.

 

La CAM

De esa situación de despojo y de la articulación de una resistencia de más de 500 años es heredera la lucha organizada en torno a la Coordinadora Arauco Malleco, nacida a finales de los años 90.

La CAM surge en un contexto, hace ya 20 años. Hay un hecho puntual, los sucesos de Lumaco, donde se queman los primeros tres camiones por parte de comunidades movilizadas que desarrollaban un proceso de recuperación territorial, específicamente en contra de una forestal. Ahí se visibilizó y se entendió el problema de fondo, la contradicción fundamental: entender a nuestro enemigo, cuál es nuestro enemigo y de alguna manera cómo entrar a confrontarlo. Nosotros hacemos un análisis del cuadro, de la realidad del momento y hacemos la valoración de que se agotaron los mecanismos institucionales, se agotaron los mecanismos internos de reclamación de nuestros derechos. Por ello había que pasar a una fase de antagonismo frente a un enemigo muy definido.

Veinte años de confrontación directa contra el capital monopólico nacional y extranjero que ha dejado una de las historias de lucha y resistencia más impresionantes y revolucionarias del continente. Un hito extraordinario en América. Su concepción política, método de lucha y nivel de conciencia ética caracteriza a la CAM como una de las expresiones de lucha, resistencia organizada y pensamiento político más avanzadas, frontales y consecuentes en la batalla contra el capitalismo.

 

“Es la disputa territorial la que ha generado esta situación de violación de derechos a nuestras comunidades”

 

La propuesta política

La situación de ocupación, sometimiento y opresión histórica hacia el Pueblo Nación Mapuche es la que define el nacimiento de una propuesta política, la que nos hace levantar a nosotros dos concepciones. Una, la concepción de reivindicación territorial y política. Y la otra, la concepción de levantar un proyecto de liberación nacional mapuche, que es lo que nos convoca a nosotros en la CAM. Hay una disputa territorial, que es el trasfondo del conflicto. Es la disputa territorial la que ha generado esta situación de violación de derechos a nuestras comunidades. No es casual que opere así el Estado chileno, y en el último tiempo el Estado argentino. Y tiene que ver con el despertar de un pueblo. Tiene que ver con esta capacidad que va teniendo nuestro pueblo, nuestra gente, de asumir la defensa de los territorios y los recursos y plantearse incluso esta concepción de libertad que nos legaron nuestros antepasados, que nosotros la situamos en la reivindicación de la autonomía para la Nación Mapuche.

Son efectivamente estos dos conceptos, autonomía y Pueblo Nación Mapuche, dos elementos centrales en la propuesta política de la Coordinadora Arauco Malleco. La pregunta es ¿qué entiende por autonomía el pueblo mapuche y en concreto la CAM?

 

La autonomía

Nada tiene que ver la defensa y la reivindicación de autonomía del pueblo mapuche con la concepción de autonomía que se tiene en este lado del mundo, con la España de las autonomías como forma de organización político-territorial de regiones y nacionalidades. La propuesta de autonomía del pueblo mapuche tiene que ver con soberanía. Tiene que ver con independencia política, con la administración de recursos que hoy les son negados. Autonomía tiene que ver con la tierra como valor de uso y no como valor de cambio, en consonancia con la cosmovisión del pueblo mapuche, en relación de reciprocidad y respeto hacia la vida. Autonomía para la CAM tiene que ver con independencia de partidos políticos y de otras instituciones del Estado chileno. Autonomía para el movimiento mapuche organizado tiene que ver con la recuperación de la propia identidad como pueblo, la resignificación de sus espacios territoriales y sagrados, el cuidado de su lengua. Autonomía tiene que ver con el ejercicio de una justicia y una economía propias. Autonomía mapuche tiene que ver con el derecho de autodeterminación. Tiene que ver por tanto con la asunción del concepto de Pueblo Nación Mapuche.

 

Yo pertenezco a un pueblo, un Pueblo Nación. Ya estamos acuñando esto del concepto de pueblo nación con más fuerza, por los significados, los componentes que hay ahí. Hablamos de esta posibilidad concreta de situarnos, de reconocernos y autoconvocarnos como Nación mapuche. Y lo decimos porque aquí están todos los elementos para el efecto. A través de parlamentos [firmados con el Imperio español], que deben estar aquí en los museos de España, se reconocía la soberanía de nuestro pueblo, y una territorialidad y una capacidad socioadministrativa, política, de autonomía para la nación mapuche. Eso existió, y esa es una de las reivindicaciones que nosotros hacemos. Es decir, esta posibilidad de territorio definido, esta posibilidad de organización social, política, ideológica, que nos permite un destino común, una situación común en todos los ámbitos, con cultura, con cosmovisión, con pensamiento, con idioma, es lo que caracteriza y particulariza a la Nación Mapuche. Esos elementos están todos presentes en nuestro pueblo. Hay que recuperarlos. Esa es la lucha.

Este ejercicio partió con la lucha muy concreta de la recuperación de las tierras, lo que a nosotros nos lanzó como actor político. A la CAM se la conoce muy fuertemente por haberse hecho cargo de la recuperación de tierras, más allá de lo simbólico, en los hechos. Es la posibilidad de hacerse con los recursos para la reconstrucción de nuestro pueblo, pero no visto solamente en esta concepción económica o material sino desde la perspectiva simbólica, cultural, ideológica, inclusive espiritual de lo propiamente mapuche. La autonomía la CAM la ha entendido como la lógica central, como un proceso de descolonización ideológica, cultural, de mirada, de actitud, de valores. Tiene que ver con la resignificación, con la recuperación de lo propio, de la identidad y tiene que ver con el compromiso de asumir la lucha de un pueblo, una lucha desigual, el imaginario de David contra Goliat.

 

El conflicto

Con lo dicho hasta ahora queda claro que el antagonista en el conflicto del pueblo mapuche no es otro que los grandes intereses capitalistas y los Estados chileno y argentino, que nacen precisamente como gendarmes de esos intereses y que hoy día avalan y protegen las inversiones de transnacionales principalmente madereras, pero también hidroeléctricas y mineras.

Es un choque inevitable de dos lógicas, dos realidades, la de la reproducción del capitalismo, con las forestales, y la reconstrucción de un mundo mapuche, que tiene que ver con el tejido social, político, ideológico que nos legaron nuestros antepasados.

Esta es una realidad que nos situó en una lucha de tipo anticapitalista muy fuerte, porque si nosotros reivindicamos la realidad mapuche, el mundo mapuche, la cosmovisión mapuche, la forma de entender este mundo, la forma de relacionarnos con la tierra, nos obliga a la defensa de nuestros espacios, incluso definición del espacio en una forma significativo-cultural muy potente. Tiene que ver con esa relación insondable, muy poderosa, de que nuestros hermanos están ahí en relación con la naturaleza. Por lo tanto en contra de la situación que generan las políticas extractivistas hay una relación de contraste muy poderosa. Eso nos lleva a levantar una posición muy radical de lucha.

 

La violencia

Hay una cosa que nos llamó la atención respecto de esa radicalidad de la que la CAM se ha hecho portadora. Radicalidad, como señala Roitman, y para que se entienda en estas tierras, en el sentido martiano del término, que no es otro que el etimológico: “Radical no es más que eso: el que va a las raíces”, afirmó Martí. Algo así fue lo que nos llamó la atención de la CAM: ese ir hasta las raíces del monstruo siendo capaces de enarbolar la bandera de una ética extraordinaria que ama y defiende la vida. Como nos explicaba Héctor en una conversación informal caminando por las calles de Madrid, al fin y al cabo “se trata de una lucha por la vida”.

Nosotros hemos sido conocidos con alcance a nivel internacional porque la CAM se hacía cargo de las operaciones o de las acciones directas que se llevaban adelante. Acciones principalmente de sabotaje en el marco de la autodefensa y la resistencia de nuestros territorios, de nuestro hábitat, de nuestras comunidades. Situación muy compleja de poder visibilizar en un sentido integral, pero basta decir que estas acciones aisladas, no son acciones indiscriminadas sino acciones que deben ser situadas en un contexto de reivindicación de los derechos político-territoriales. Y que tiene que ver con las comunidades, con la deliberación de ese tejido en reconstrucción, no puede ser en otro marco.

 

“En nuestras definiciones y praxis política anticapitalista, tenemos claro quiénes son nuestros principales enemigos”.

 

La violencia, la violencia histórica, la violencia política, está como elemento central en esta confrontación, desde el momento mismo en que nosotros defendemos los territorios, la autonomía y la libertad que desarrollaron nuestros antepasados y desde el momento mismo que a través de una campaña político militar se arremete y se nos sostiene en esta situación de opresión como pueblo, más el régimen de ocupación colonial que permanentemente hemos vivido con la supresión de todos nuestros derechos. Hay ahí una señal muy clara de la violencia política por parte del Estado. Está en lo estructural, en lo superestructural, en lo ideológico, en lo cultural. Si además a esto le agregamos el componente de racismo o el discurso racista como ingrediente, como componente, es una situación muy violenta en la que se ha mantenido al Pueblo Nación Mapuche.

En su libro Weichan, Héctor Llaitul explica con detalle esa perspectiva ética de la CAM: “en nuestras definiciones y praxis política anticapitalista, tenemos claro quiénes son nuestros principales enemigos y por eso no damos prioridad a lidiar con latifundistas y parcelarios. Nuestros enemigos son las forestales y los grandes latifundistas. No planteamos acciones ofensivas, ni siquiera contra la fuerza policial que sostiene hoy una forma de ocupación y militarización. Como es evidente al analizar nuestro accionar, no propiciamos muertes ni pretendemos dañar a las personas. Nunca hemos planteado emboscadas. Pese a todo, incluso a circunstancias como las actuales, nos identificamos con valores, con propósitos nobles. Buscamos reconstruir armonía, buscamos justicia, luchamos por restablecer un tipo de sociedad mapuche sana y justa”(1).

 

La criminalización

Durante una cena compartida en el espacio de Los Comunes, después del conversatorio, Héctor nos relata cómo en uno de los varios aeropuertos por los que ha pasado en estos días de periplo europeo, en un control policial aduanero apareció todo su expediente. “¿Usted es Héctor Llaitul?”, le pregunta el policía de turno, “Sí, ese soy yo, todo lo que pone ahí es cierto, y usted me haría un gran favor a mí y a mi pueblo si me detuviera”. El policía se le queda mirando y sin muchas ganas de líos estampa su sello en el pasaporte de Héctor. “Puede continuar”.

Héctor recibe la noticia de que la PDI, policía de investigaciones de Chile, ha detenido a su hijo Ernesto Llaitul

“Pensar trae consecuencias. La discrepancia se elimina quirúrgicamente”. Así comienza el texto de Marcos Roitman, La criminalización del pensamiento. Lo que se criminaliza, más allá del actuar, es el pensamiento, porque es el pensamiento lo que precede a la acción organizada.

 

No es solamente en el terreno de los hechos, es también de los planteamientos, de lo teórico, que surge desde el Pueblo Nación Mapuche. Esto es muy valorable, al menos algunos lo sentimos así, porque somos los mapuche los que estamos levantando de nuevo el rakiduam y el proyecto político que nos legaron nuestros antepasados. Eso es un hecho inédito, porque antes eran otros los que planteaban estrategias de liberación y de lucha.

Es por eso que molesta tanto la propuesta política de una organización como la CAM. Y es por eso que el pensar y el actuar de la CAM tuvo consecuencias en sus 20 años de existencia: persecución, asesinato o encarcelamiento de dirigentes y weychafes mediante montajes político-policiales. Una criminalización brutal que llevó a Héctor Llaitul y otros comuneros a soportar largos períodos de cárcel, debiendo asumir otras formas de lucha como la huelga de hambre. Hasta 82 días pasó el propio Héctor sin ingerir alimentos.

La lamngen Nélida Molina, portavoz de la Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche – Trawunche Madrid, denunció en el conversatorio de Lavapiés cómo la Ley Antiterrorista permite la detención preventiva sin pruebas, hasta que el Estado consigue el montaje, y así es como durante meses y años pueden estar detenidos para llegar a juicios en los que finalmente salen libres”.

 

Apenas unos minutos después de salir de los estudios de la Cadena Ser en la calle Gran Vía, tras participar en el programa de radio Punto de Fuga, Héctor recibe la noticia de que la PDI, policía de investigaciones de Chile, ha detenido a su hijo Ernesto Llaitul. Se le acusa de portar un bidón de gasolina y un hacha, productos que si bien resultarían sospechosos en las arterias del centro de Madrid, no pasan de ser usuales instrumentos de trabajo en los territorios donde Ernesto vive, en pleno campo. Héctor trata de comunicarse con alguien para saber algo más sobre la detención. Son momentos de preocupación y poca claridad respecto de los hechos.

 

La policía se ha militarizado en el Wallmapu. Hablamos de efectivos muy bien dotados en términos bélicos, con armamento ya de guerra”

 

Puede parecer casualidad que Ernesto Llaitul pasara la noche detenido irregularmente, sin notificación alguna de tal detención, mientras Héctor se reunía en una sala del Congreso de los diputados con parlamentarios de diferentes agrupaciones políticas para denunciar la situación de persecución y criminalización que vive el pueblo mapuche, en particular la aplicación de la Ley Antiterrorista, la reciente Operación Huracán y el Comando Jungla, ese mismo que hoy asesina a un comunero mapuche por la espalda.

Si ustedes viajaran al Sur se darían cuenta de la militarización. La policía se ha militarizado en el Wallmapu. Hablamos de efectivos muy bien dotados en términos bélicos, con armamento ya de guerra. Hablamos de miles de efectivos apostados en zona de conflicto, con blindados, con helicópteros, artillados, avionetas de vigilancia, e incluso con esta capacidad de no ser detectados, sistemas de vigilancias, drones, el Comando Jungla, equipo especializado que se entrena en Colombia, en EEUU y que probablemente también se venga a entrenar a España. Estos elementos dan cuenta de un escenario más complejo, mayor. Estamos hablando no solamente de la Ley Antiterrorista sino de la Ley de Inteligencia, que sostiene a un estado y a la clase dirigente, donde están los entes persecutorios a todo nivel, y que aúna todos estos esfuerzos desde el poder, desde las Fuerzas Armadas, desde los partidos políticos, desde el empresariado, en sostener un sistema de vigilancia y monitoreo en contra de toda la población, pero que está hoy día direccionado en un sentido antidemocrático, oscuro, que incluso hace prácticas de los tiempos en que operaba la DINA y la CNI [órganos de inteligencia de la dictadura], con agentes, con infiltración y con muchos recursos.

Si los españoles llegaron diciendo que nosotros éramos sanguinarios, sin alma, primitivos, a los que con la cruz y la espada se tenían que someter, posteriormente, cuando se conforma el Estado nación chileno dijeron los mapuchitos que había que civilizar, o éramos los indios flojos y borrachos,… ese estigma constante, desde los tiempos de la conquista hasta los tiempos actuales, que hoy día somos definidos de violentistas y terroristas. Tiene que ver con eso, con reproducir en todos los entes del aparato estatal, de la lógica del poder en su conjunto, desde los medios de comunicación, la educación, el discurso político, la visión racista, para la estigmatización y finalmente la eliminación de nuestro pueblo.

 

El Pueblo chileno

Son muchas las voces, tanto de periodistas como del público asistente al conversatorio en Lavapiés, que se interesan por la relación de la lucha del pueblo mapuche con el movimiento popular chileno, con el pueblo de Chile. Inquietud compleja a la que Héctor intenta dar respuesta.

 

“la lucha del pueblo mapuche no va a ser posible sin la lucha del pueblo chileno”

 

Yo he sido mandatado para hablar del pueblo mapuche, y no de lo que le pasa a los chilenos o de las posiciones de los chilenos, pero comparto el análisis de que el conflicto más importante o más serio que tiene el Estado chileno es con la causa mapuche. En Chile no hay otro conflicto con perspectiva que dé cuenta de una defensa mayor en el sentido de los derechos de los oprimidos. Duele un poco pero es la realidad. El enemigo es común, la oligarquía nos tiene oprimidos al pueblo nación mapuche y al pueblo chileno, por lo tanto debiera haber procesos que vayan concatenados, con sus autonomías, con sus procesos propios, y que nos vamos a encontrar seguramente, vamos a converger, porque el enemigo es común. Y ojalá que, con esta mirada autonomista, se reconstruyan mundos de justicia y de poder en el campo popular en el caso de ustedes o de los chilenos, pero estos esfuerzos serán de los chilenos, nosotros lo único que podemos decir es que las luchas se tienen que hermanar, necesariamente. Convivimos en una territorialidad. No todo el pueblo chileno nos acompaña, ahí hay un trabajo que hacer al respecto, pero hay solidaridad de la gente común, a pesar de los medios de comunicación, donde el 99,9 % pertenecen a los poderosos. Hay redes, hay otras cosas que dan cuenta de la justeza de nuestra lucha y esto nunca lo van a callar, porque está en la humanidad de los chilenos en general y de los latinoamericanos, y de ustedes también en otras expresiones, porque si lo planteamos bien el acompañamiento existiría.

Como conclusión a este punto, traza unas palabras que dan que pensar: “la lucha del pueblo mapuche no va a ser posible sin la lucha del pueblo chileno”. En estos días después del asesinato de Camilo Catrillanca, se multiplican las manifestaciones en distintos puntos de Chile. Protestas que dejan un saldo de más 40 detenidos.

Mapuche significa `gente de la tierra’. Mapudungun es el `habla de la tierra´. Toda esa dimensión cosmovisionaria tiene que ver con la lucha por la sustentabilidad, el equilibrio, la reciprocidad, el amor, la fuerza que nosotros sentimos por nuestros hermanos en la naturaleza, árboles, ríos, vertientes, agua, todo. Lo vemos más allá que en un plano económico o material, es la forma de vida. Con eso yo me despido, les agradezco, y bueno, en mapudungun nosotros decimos Amulepe Taiñ Weichan, “la lucha continúa”, Wewaiñ, `Triunfaremos’, ¡Marichiweu!

 

Con estas sentidas palabras finaliza el conversatorio. Tal y como él mismo dice, Héctor Llaitul solo representa una expresión del movimiento mapuche. Una expresión de lucha autonomista, mapuchista, de una claridad política y de una dignidad que sólo puede ser un ejemplo para todas aquellas voces que aspiren a construir una realidad alejada de los postulados capitalistas. Más ética, más bella, y por lo tanto más humana. Más acorde con ese buen vivir que persigue la lucha de los pueblos originarios.

 

Lolita Chávez: “las multinacionales no entienden

que lleguemos a dar la vida por defender el derecho a existir de la tierra”.

 

Hoy, ante la noticia de un nuevo corazón mapuche y comunero asesinado a balazos por parte del Comando Jungla, ese que Héctor denunció en Madrid, recordamos las recientes palabras de la defensora de derechos humanos del pueblo K’iche, Lolita Chávez Ixcaquic: “las multinacionales no entienden que lleguemos a dar la vida por defender el derecho a existir de la tierra”. He ahí esa dignidad más grande que la vida misma de la que los movimientos organizados de los pueblos originarios son portadores. Llegar a dar la vida por una vida digna colectiva. Eso nunca podrán entenderlo aquellas cabezas dominadas por la epidemia neoliberal. Tampoco entienden que no hay Estado, ni ejército, ni Comando Jungla que pueda acabar con esa dignidad.

Dignidad que queda patente en el funeral del comunero Camilo Catrillanca, donde miles de corazones en lucha le rindieron un sentido homenaje bajo la cosmovisión mapuche. Allí estuvo presente Héctor, quien llamó a la resistencia y reivindicó a Camilo Catrillanca como weichafe de la nación mapuche. “Nosotros entendemos que, en este camino, nuestro weichafe nos dará la energía necesaria para seguir combatiendo a nuestros enemigos, quienes están en el sistema y el Estado capitalista”.

En la tarde de un jueves de un octubre que agoniza, a lomos de nuestro pequeño Rocinante abandonamos la ciudad de Madrid después de un día intenso, rumbo a Bilbao, donde Héctor continuará con su agenda de actividades y reuniones. Mientras tomamos la carretera de Burgos, habla por teléfono con una radio chilena que le entrevista por la detención de su hijo.  Unas horas después, nos enteramos que Ernesto ha sido puesto en libertad con arraigo nacional, lo que le obliga a firmar una vez al mes ante Carabineros. Un nuevo hostigamiento contra un movimiento que sabe cuál es el verdadero enemigo y hacia él enfoca su lucha.

En este reencuentro con Héctor en tierras castellanas, en su muñeca izquierda llevaba puesto el reloj digital negro que un febrero de 2015 saqué del bolsillo de una mochila que nos acompañó durante dos años por las tierras del Abya Yala. Nosotros guardamos su libro Weichan como uno de nuestros textos más queridos, un verdadero tesoro de sabiduría mapuche, portador de esa palabra y ese pensamiento preñado de lucha por la vida digna.

(1) Héctor Llaitul y Jorge Arrate, Weichan. Conversaciones con un weychafe en la prisión política, Santiago de Chile, 2012, Ceibo ediciones, pp. 293-295

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/21/nacion-mapuche-hector-llaitul-y-la-cam-cronica-de-la-palabra-de-un-weychafe-en-la-capital-del-reino/

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