Qué País

Abril 2018

Con transnacionales y socios locales apropiándolo para sus negocios como se dio en los gobiernos Kirchner y da en el de Mauricio Macri.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Sepamos que en la segunda quincena de noviembre se realizarán en la ciudad autónoma de Buenos Aires el Foro Mundial del progresismo y una semana después la Cumbre del G-20. Sin embargo, esta última es precedida por una serie de reuniones y desde abajo hay organización y luchas en oposición. Comencemos por examinar el:

Calendario de Reuniones G20

en Argentina

desde Marzo 20181

Marzo

28/2-1/3, Buenos Aires - Primera reunión del grupo de trabajo Anticorrupción

5/3-6/3, Buenos Aires - Primera reunión del grupo de trabajo de Salud

12/3-14/3, Rosario - Primera reunión de deputies de Agricultura

15/3, Rosario - Foro de Respuesta Rápida del Sistema de Información de Mercados Agrícolas (AMIS)

17/3-18/3, Buenos Aires - Segunda reunión de deputies de Finanzas y Bancos Centrales

19/3-20/3, Buenos Aires - Primera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales


Abril

9/4-10/4, Buenos Aires - Primera reunión del grupo de trabajo de Desarrollo

12/4, Buenos Aires - Subgrupo sobre desigualdades

12/4-13/4, Buenos Aires - Primera reunión del grupo de trabajo de Educación

17/4-18/4, Buenos Aires - Primera reunión del grupo de trabajo de Sustentabilidad Climática

 

Mayo

2/5-4/5, Ushuaia - Segunda reunión de Sherpas

7/5-8/5, Buenos Aires - Primera reunión del grupo de trabajo de Comercio e Inversiones

21/5, Buenos Aires - Reunión ministerial de Relaciones Exteriores

 

Junio

7/6-8/6, Buenos Aires - Segunda reunión de la Alianza Global para la Inclusión Financiera

13/6-14/6, Bariloche - Segunda reunión del grupo de trabajo de Transiciones Energéticas

15/6, Bariloche - Reunión ministerial de Transiciones Energéticas

 

Julio

11/7-12/7, Tucuman - Segunda reunión del grupo de trabajo de Desarrollo

19/7-20/7, Buenos Aires - Cuarta reunión de deputies de Finanzas y Bancos Centrales

21/7-22/7, Buenos Aires - Tercera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales

24/7-25/7, Rosario - Cumbre del S20 (Científicos)

26/7-27/7, Buenos Aires - Segunda reunión de deputies de Agricultura

27/7-28/7, Buenos Aires - Reunión ministerial de Agricultura

 

Agosto

6/8-7/8, Buenos Aires - Cumbre del C20 (Sociedad Civil)

13/8-19/8, Córdoba - Cumbre del Y20 (Juventud)

21/8-22/8, Salta - Segunda reunión del task force de Economía Digital

23/8-24/8, Salta - Reunión ministerial de Economía Digital

29/8 -30/8, Puerto de Iguazú - Segunda reunión del grupo de trabajo de Sustentabilidad Climática

 

Septiembre

3/9-4/9, Mar del Plata - Tercera reunión del grupo de trabajo de Educación

3/9-5/9, Mar del Plata - Tercera reunión del grupo de trabajo de Empleo

4/9, Mar del Plata - Reunión conjunta de los grupos de trabajo de Educación y Empleo

5/9, Mar del Plata - Reunión ministerial de Educación

6/9, Mar del Plata - Reunión ministerial de Educación y Empleo

6/9-7/9, Mar del Plata - Reunión ministerial de Empleo

8/9-9/9, Mendoza - Tercera reunión de Sherpas

12/9-13/9, Mar del Plata - Segunda reunión del grupo de trabajo de Comercio e Inversiones

14/9-15/9, Mar del Plata - Reunión ministerial de Comercio e Inversiones (a confirmar)

16/9-18/9, Buenos Aires - Cumbre del T20 (Think Tanks)

 

Octubre

1/10-3/10, Buenos Aires - Cumbre del W20 (Mujeres)

3/10, Córdoba - Tercera reunión del grupo de trabajo de Salud

4/10-5/10, Buenos Aires - Cumbre B20 (empresariado)

4/10-5/10, Córdoba - Reunión ministerial de Salud

23/10-24/10, San Salvador de Jujuy - Reunión de líderes científicos de Agricultura

 

Noviembre

26/11-27/11, Buenos Aires - Quinta reunión de deputies de Finanzas

27/11-29/11, Buenos Aires - Cuarta reunión de Sherpas

28/11, Buenos Aires - Reunión conjunta de deputies de Finanzas y Sherpas

29/11, Buenos Aires - Cena de trabajo de ministros de Finanzas

30/11-1/12, Buenos Aires - Cumbre de Líderes (en Tecnópolis)

 

Falta el L20 (Trabajo)!

 

1El calendario completo se puede revisar en: https://www.g20.org/es/calendario

 

Ahora reflexionemos sobre cómo las organizaciones y movimientos populares de Rosario rechazan "el proyecto de Decreto presentado por el Concejal  Gabriel Felipe Chumpitaz   – BLOQUE CAMBIEMOS  - para declarar  de interés Municipal a las Actividades del  Grupo de los Veinte (G20). Señalan que "el G20 y sus reuniones previas sean declaradas, por el Concejo de nuestra ciudad, como “no gratas” y de absoluta ilegitimidad, ya que están al servicio del capital y no de los pueblos..".

 

Definen así la contradicción básica en Nuestra América a diferencia del progresismo que, en defensa del statu quo, la reducen al antagonismo con el gobierno de Mauricio Macri, fetichizándolo al descontextualizarlo de la democracia desde 1984 hasta hoy y sobre todo abstrayéndolo del sistema mundo.

 

Al Concejo Municipal de Rosario                                               

 

1 de marzo de 2018

 

REF: POSICIONAMIENTO CONTRA LA PROPUESTA DE DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL LAS REUNIONES DEL G20 EN ROSARIO

 

Las organizaciones y movimientos populares abajo firmantes denunciamos y rechazamos el proyecto de Decreto presentado por el Concejal  Gabriel Felipe Chumpitaz – BLOQUE CAMBIEMOS  - con el objetivo de declarar  de interés Municipal a las Actividades del  Grupo de los Veinte (G20) a realizarse en 2018, en  los meses de marzo y julio en la ciudad de Rosario. Incluso haciéndole entrega de una distinción.  Y, avalado, por la Fundación Libertad.

Repudiamos este pedido y solicitamos que el G20 y sus reuniones previas sean declaradas, por el Concejo de nuestra ciudad, como “no gratas” y de absoluta ilegitimidad, ya que están al servicio del capital y no de los pueblos.

Levantamos nuestras voces contra “el G20 que debería ser el G- 7.500 millones”, contra la injusticia social, austeridad y explotación;  contra la guerra y el desastre ecológico provocado por el actual modelo productivo y de desarrollo que es el que se debate en marco de dicha Institución.

 

Seguiremos en las calles y este 8M nos uniremos al Paro Internacional gritando “Vivas nos queremos”,  marcharemos en solidaridad con todas las luchas y con nuestras opciones y visiones.

Ante la continuidad de la crisis global sistémica y el reiterado fracaso de las múltiples promesas de políticas de remedio que le dieron origen, tanto a la crisis, como a su creación como grupo político en el 2008 (Primera reunión con Jefes de Estado), el llamado Grupo de los 20 (G20) se reunirá  en nuestro país.  Funcionará todo el año, porque el 30  de noviembre y el 1 de diciembre,  se procederá a su clausura con la Cumbre de presidentes que firmarán el documento final.  Pero, durante todo el transcurso del año habrá reuniones preparatorias (en diferentes lugares de Argentina) donde se trabajará la agenda y los temas de este encuentro: el futuro del trabajo, la infraestructura  para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible.

 

El primer encuentro, se desarrollará en Rosario los días 12 y 13 de marzo, con las reuniones previas de referentes  de Agricultura, el segundo encuentro, en nuestra ciudad, será el llamado Science 20 (S20) y se realizará el 24 y 25 de julio.

A pesar de los preparativos previos, lo que sí sabemos es que los integrantes del G20 encuentran respuesta a la profunda crisis global, descargando  la misma sobre los trabajadores, jubilados, pensionados y,  en definitiva sobre los pobres de la sociedad, como lo demuestra  la reciente aprobación de la Ley de Previsión Social en nuestro país, al igual que similares pretensiones en España, Brasil y distintas partes del mundo. Intentan, asimismo, salir de la crisis profundizando un modelo de desarrollo (en los países periféricos) que nos lleva a la devastación de nuestros territorios y bienes comunes.

 

Es preciso recordar que este Grupo surge de la ampliación del Grupo de los 7 (G7), en 1999, mediante la invitación a las llamadas economías “emergentes” y otros países ante la crisis financiera asiática. El G20 está compuesto por diecinueve países más la Unión Europea. Sus miembros son : Alemania, Sudáfrica, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Turquía y la Unión Europea (representada por el Presidente del Consejo y el gobernador del Banco Central Europeo). En 2008, luego de la crisis financiera global desatada por Estados Unidos, el G20 se reunió por primera vez a nivel de “jefes de Estado”, en Washington, D.C.

 

Desde su origen, tiene un triple problema y reto político

Una cuestionable legitimidad política por pretender sustituir, sin mandato alguno, al sistema multilateral de la ONU como la instancia adecuada para consensuar compromisos internacionales, voluntarios y vinculantes (como a las estructuras democráticas representativas de sus propias naciones), para afrontar una crisis en la que, efectivamente, el G7 tiene responsabilidades históricas y primordiales, pero que sus políticas afectan al resto de la comunidad internacional.

 

Un déficit de credibilidad y eficacia política que tiende a acumularse y profundizarse conforme siguen añadiéndose promesas incumplidas de compromisos de políticas para afrontar la crisis multidimensional en cada nueva cumbre que realiza. Promesas crecientes que, además, carecen de mecanismos de rendición de cuentas y exigibilidad entre sus miembros.

Una contradicción en materia de intereses y estrategias políticas entre sus dos principales bloques componentes. El bloque inicial de países industrializados y dominantes del viejo G7, hoy en día altamente endeudado y con políticas fracasadas responsables centrales de la crisis, y el bloque de países de economía llamada “emergente”, que en su mayoría son acreedores de las viejas economías industriales, además de nuevos polos políticos, a los que el G7 pretende depositar la carga económico-financiera de la crisis.

 El triple reto político es que ni ha logrado que la comunidad internacional, ni los pueblos le reconozcan legitimidad, ni han superado, ni pasado de la retórica del cambio a la instrumentación de sus compromisos lo que conduce a una parálisis y a una amenaza para los intereses democráticos y de justicia de todos nuestros pueblos.

 

Ante esta situación seguiremos luchando por una sociedad en la que el centro sean las personas, la naturaleza y no los mercados ni el capital.

Apostamos a construir un espacio desde las necesidades de los pueblos. Es un desafío para todos los pueblos y las organizaciones populares, consolidar los procesos de construcción de alternativas que nos conduzcan a disfrutar de una vida sin violencia basada en la igualdad, el respeto a las diversidades y al medio ambiente bajo principios comunitarios y de reciprocidad donde se alimente un verdadero diálogo y la armonía con la naturaleza.

Por todo lo expuesto, reiteramos nuestra solicitud, a este Honorable Cuerpo, de declarar como “NO GRATAS” las reuniones del G20 que se realicen en  nuestra ciudad, previas a la Cumbre de Presidentes (30 de noviembre y 1 de diciembre) como así mismo, repudiamos la posible entrega de una distinción a tan anti-democrática Institución.

 

FUERA- G20 DE ROSARIO

FUERA - G20 DE ARGENTINA

Adhesiones:

 

ATE – Rosario

CTAA – Rosario

CTAA – Santa Fe

COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR)

Gustavo Teres (Secretario General de AMSAFE- Rosario)

Carlos Ghioldi (Secretario Gremial de la CTA de los Trabajadores)

Centro Cultural de la Toma

Comisión Gremial de la Toma

Asociación Casa de la Memoria

ATTAC – CADTM

Damián Verzeñassi  (Responsable Académico de la Cátedra de Salud Socio-Ambiental)

Cátedra de Salud Socio-Ambiental de la Facultad de Medicina de la UNR

Cátedra Popular de Derechos Humanos “Luciano Arruga”

Movimiento Amplio de Izquierda (MAIZ)

Radio Popular Che Guevara

CAUSA – Organización Popular

Conciencia Solidaria

Espacio Asambleario Subversión – Regional Santa Fe

Equística

Frente Social y Popular

Propuesta Sur

Marea Roja

Juventud Revolucionaria CHE

Movimiento Popular Patria Grande

Pañuelos en Rebeldía

Semillas de Rebelión

Taller Ecologista

 

 Contacto: +54 9 341 2711700 (María Elena Saludas)


UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac

 
(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) --> 
https://goo.gl/c6AkmJ

 

 

Comprobemos que el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico y la 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) se restringen a debatir cómo recuperar el capitalismo dependiente de imperialismos durante más de una década del siglo 21. Parten de reconocer como verdad irrefutable que,  durante más de una década los gobiernos progresistas sostuvieron "transformaciones democráticas muy positivas" con lo cual se irresponsabilizan de haber hecho a la gran concentración y transnacionalización económico territorial que fundamentan a la actualidad de gobiernos neoliberales.

 

 

 

Argentina: Buenos Aires será sede del mayor encuentro del pensamiento progresista latinoamericano

28 de febrero de 2018

Resumen Latinoamericano

Del 19 al 23 de noviembre de este año, tendrá lugar en Buenos Aires, capital de Argentina, el mayor encuentro del pensamiento progresista latinoamericano.

Se trata del Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico y de la 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), bajo el lema “Las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento”.

#CLACSO2018 será un espacio amplio, plural y abierto, con intervenciones de líderes políticos mundiales así como de referentes intelectuales de las ciencias sociales, activistas y dirigentes de movimientos sociales populares que encarnan los ideales de lucha por sociedades más justas e igualitarias.

“América Latina vive un ciclo de enorme complejidad. Estamos viendo la reversión de algunas de las principales conquistas democráticas alcanzadas en nuestros países durante los últimos 15 años de transformaciones progresistas, de construcción de un modelo de inclusión social, de ampliación de oportunidades y derechos a las grandes mayorías, que comienza a transformarse en la medida en que avanzan gobiernos conservadores y neoliberales, sea por la vía de los golpes institucionales como en el caso de Brasil, sea por la construcción de alternativas políticas que acaban teniendo mucho éxito al menos electoral, como en el caso de la Argentina”, analizó el Secretario Ejecutivo de CLACSO, Pablo Gentili.

“Es un momento de regresión democrática para nuestra región en la cual tenemos que multiplicar esfuerzos para poder interpretar lo que nos ha ocurrido, porqué hemos llegado hasta aquí, cuáles son las razones que explican porqué no se ha podido dar continuidad a este período de transformaciones democráticas tan positivo. En este sentido, las ciencias sociales nos pueden ayudar a reflexionar cómo hacer para evitar que estos gobiernos conservadores multipliquen sus efectos devastadores sobre la democracia, la inclusión, la promoción y ampliación de derechos”, agregó.

 

“El pensamiento crítico es una herramienta que sin lugar a dudas sirve para interpretar, pero interpretando sirve para transformar la realidad, para luchar por la construcción de realidades sociales, políticas, educativas, culturales, más justas más, más igualitaria”, sintetizó.

 

Cada tres años CLACSO realiza esta conferencia internacional. En 2015, tuvo lugar en Medellín (Colombia) la 7º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.

Con más de 30 mil inscriptos, 18 mil participantes permanentes y más de 600 invitados e invitadas a sus paneles, debates y conferencias magistrales, fue considerado el evento académico y político más importante de las ciencias sociales a nivel mundial.

En ese encuentro estuvieron presentes líderes como Luiz Inacio Lula Da Silva (Ex presidente de Brasil), José Mujica y Lucía Topolansky (Ex presidente y actual vicepresidenta de Uruguay) Ernesto Samper (Ex presidente de Colombia y Secretario General de UNASUR ), Álvaro García Linera (Vicepresidente de Bolivia) y grandes personalidades del mundo político y académico.

“Se ha ido construyendo con el correr de los años en un espacio de referencia, reflexión del Pensamiento Crítico, no sólo en América Latina y el Caribe sino analizando la situación mundial y particularmente tratando de mirar el mundo desde América Latina”, explicó Gentili.

 

“CLACSO2018 aspira a expresar la necesaria combinación entre un evento académico de grandes dimensiones, rigor analítico y pluralidad teórica, con un amplio foro de debate comprometido políticamente, progresista, polifónico, diverso y abierto, que reconoce sus raíces en la gran experiencia de movilización ciudadana global que significó el Foro Social Mundial”, concluyó el Secretario Ejecutivo de CLACSO.

 

#CLACSO2018 dispondrá de ámbitos de intervención directa de los participantes inscriptos como ponentes (paneles abiertos), de paneles especiales con invitados internacionales, de conferencias y diálogos magistrales con destacadas figuras del campo político, académico y social, cuyos nombres serán anunciados oportunamente.

Durante el encuentro se realizarán, el Foro China y América Latina, el Foro Rusia y América Latina, el Foro de las Universidades Populares, y el Foro Cuba en Buenos Aires, entre otros eventos especiales.

 

#CLACSO2018 tendrá como invitado y homenajeado especial al Consejo Árabe de Ciencias Sociales, con sede en Beirut.

 

CLACSO es una institución internacional no-gubernamental con estatus asociativo en la UNESCO, creada en 1967. Actualmente, reúne 624 centros de investigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en 47 países.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/28/argentina-buenos-aires-sera-sede-del-mayor-encuentro-del-pensamiento-progresista-latinoamericano/

 

Constatamos que la Asamblea Argentina mejor sin TLC comienza estando en consonancia con el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico y de la 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Ambos denuncian y luchan contra gobiernos y no contra el sistema mundo capitalista aunque la Asamblea formule consignas finales que contradicen el cuerpo principal de su llamado. En contraste el Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) advierte sobre: una estructura económica en la Argentina que no ha sido modificada y que es profundizada por los gobiernos que priorizan las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas, y defienden la propiedad privada terrateniente por sobre la vida y la autonomía de las comunidades indígenas”. Leer

 

 

Llamado a la Acción Internacional

 ¡Decimos NO a la Cumbre del G-20

en Argentina!

 

 

El 30 de noviembre y 1ero de diciembre 2018 se reunirán en Argentina los Jefes y Jefas de Estado de los 20 países geopolíticamente más importantes del mundo. Según indican, el objetivo es "abordar los grandes desafíos globales y buscar generar políticas públicas que los resuelvan." Lo que no nos dicen, es que son sus gobiernos y sus políticas los principales culpables de los problemas que ahora dicen querer resolver.

 

Ellos dicen querer combatir el cambio climático, mientras  son los responsables del 82% de todas las emisiones de CO2 a nivel mundial.

 

Dicen que están preocupados por el futuro del trabajo, mientras promueven reformas laborales que acaban con derechos conquistados durante siglos de lucha, atentan contra las organizaciones de trabajadores/as y fomentan la generación de empleo basura.

 

Dicen que hace falta más y mejor educación, mientras que son quienes promueven las políticas de ajuste y privatización de los servicios públicos para garantizarles más esferas de generación de ganancias a las empresas, en detrimento de los sistemas de salud y educación pública.

 

Dicen que están preocupados por el empoderamiento de las mujeres y la brecha salarial, pero sus políticas neoliberales en todas las esferas de gobierno nos empobrecen y arrojan a realidades cada vez más violentas a mujeres, trans y personas de la disidencia sexual.

 

Dicen querer un futuro alimentario sostenible, mientras avanzan los monocultivos (transgénicos) asociados al paquete tecnológico y a un modelo productivo extractivista que tiene a su disposición “la infraestructura para el desarrollo”.

 

Dicen buscar "consenso para un desarrollo equitativo", mientras que su club informal y exclusivo de gobiernos excluye a la gran mayoría de los países del mundo. Asimismo, la noción de “desarrollo equitativo” nada tiene que ver con la política comercial y de protección de inversiones que estos países llevan adelante, ya que promueven cada vez más cantidad de Tratados de Libre Comercio y de Inversión que sólo dan derecho a las corporaciones y quitan posibilidades de buen vivir a los pueblos del mundo.

 

Desde los movimientos sociales, organizaciones de trabajadores/as, políticas, de mujeres, feministas, de la disidencia sexual, pueblos originarios, campesinos/as, estudiantiles, en defensa de los bienes comunes, colectivos de migrantes, rechazamos enérgicamente la presencia del “Grupo de los 20” (G20) en Argentina. Son ellos los responsables de la crisis económica, social, política y ambiental global, y su única propuesta para resolverla es profundizar un modelo que excluye a amplios sectores de la población y destruye el medio ambiente.

 

Denunciamos además la farsa que existe detrás de los llamados “grupos de interés” del G-20, donde se reúne el club selecto de empresarios, mujeres, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, thinks tanks y científicos, miembros avalados por el gobierno de Macri. La democracia que propone el G-20 es una pantomima de participación: estas reuniones, presentadas como el adalid de la democracia, son en realidad no vinculantes, es decir que la cumbre presidencial no está obligada a acatar lo que en esas reuniones de la sociedad civil se decida. Eso no es democracia; eso no es consenso; eso no es participación.

 

Advertimos que la organización de esta Cumbre servirá para militarizar el país, en momentos en que las protestas sociales por despidos, de mujeres por sus derechos y de pueblos originarios están en alza. Argentina gastará 3.000 millones de pesos (más de 150 millones de dólares) de los cuales destinará 1.100 millones para “seguridad y defensa”, comprando armamento y equipamiento “antidisturbios” y de defensa aérea. Exclusivamente para los dos días de Cumbre de Jefes de Estado se destinarán 1.072 millones de pesos. Simultáneamente, a esta inversión para no quedar “fuera del mundo”, se cierran programas de asistencia social y escuelas, se despide científicos, personal de hospitales, de institutos estatales y de cientos de empresas, se recortan jubilaciones y pensiones, empeorando así las condiciones de vida de la población argentina, afectando de manera particular al 32% que se encuentra bajo la línea de pobreza.

 

Cabe destacar que no es casual que la cumbre se haga en la Argentina. El gobierno de Mauricio Macri pretende ponerse a la cabeza de la ofensiva anti-popular en toda la región sudamericana. Su agenda es la agenda de las grandes empresas y del capital financiero y especulativo. En ese mismo sentido van las negociaciones de Tratados de Libre Comercio que proliferan en el continente, aún a sabiendas de que implican la entrega de las industrias nacionales, de los sectores productivos del campo y la ruptura de cualquier proceso de integración regional alternativo. Por eso la presencia del G-20 en Argentina afecta a toda la región y debe ser repudiado en todos los países.

 

Invitamos entonces a los pueblos del mundo a sumarse a

la lucha contra el G20 en la Argentina a fines de noviembre de este año.

 

 

¡Construyamos puentes entre nuestros países y pueblos!

¡Vivamos la solidaridad internacional!

¡Unamos nuestra creatividad para ponerle fin a un sistema que

excluye, explota, destruye, contamina y mata!

¡Alcemos nuestras voces y nuestros cuerpos contra los gobiernos del G-20

y a favor de la vida!

 

 

¡LXS ESPERAMOS EN BUENOS AIRES!

 

 

 

 

Asamblea Argentina mejor sin TLC

 

Para más información y adhesiones: argentinamejorsintlc@gmail.com 

Página web: https://mejorsintlc.org

Facebook: Argentina mejor sin TLC

Twitter: @mejorsintlc

 

 

Hagamos al viraje de atender a los pueblos de Nuestra América que sufren ante todo los extractivismos. Ejemplifiquemos con los ganadores y perdedores del modelo K en la explotación hidrocarburífera para suscitar indagaciones sobre porqué los extractivismos (promovidos por todos los gobiernos progresistas) no sólo son incompatibles con la vida y la dignidad humana sino también con la democracia. Pero sobre todo atrevámonos a romper con nuestra subordinación al poder de la palabra y de autoridad de las elites políticas e intelectuales. Es sustanciarnos en tantas décadas de evidencia de su preferencia por los negocios y/o por sus ego.

 

 

20 Mitos y realidades del fracking
3 de junio de 2015

 

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Prefacio

Las advertencias sobre los riesgos e incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado, durante décadas desestimadas en nuestro país, actualmente ocupan un lugar en la agenda de amplios movimientos sociales y políticos. Así, aquellos megaproyectos que antes eran aceptados sin discusión por la población, hoy comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales. Los daños sistemáticos en el ecosistema –en algunos casos irreversibles–, que afectan y amenazan cada vez más el desarrollo y la reproducción de la vida, han volcado el tablero.

Los debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas de las metrópolis hoy son disputados por la participación ciudadana, que en más de una oportunidad crece desde pueblos y parajes olvidados de la extensa geografía del país. Así ha sucedido con la megaminería a cielo abierto en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. Asimismo, comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, sobre todo relacionado a sus impactos socio-sanitarios, al desplazamiento y criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, al avance del desmonte y la tendencia al monocultivo.

 

La extracción de los hidrocarburos no convencionales, con la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta en este registro controversial, aún así posee rasgos propios que le dan un carácter más amplio y complejo. Los cuestionamientos científicos, las resistencias y los graves conflictos que está suscitando la imposición delfracking en diversas regiones del planeta, más aún, el horizonte civilizatorio que implica la consolidación de una determinada matriz energética, hacen necesaria la producción y divulgación de información plural, interdisciplinaria y crítica sobre el tema, así como la apertura de un debate verdaderamente democrático en nuestra sociedad.

 

Desde nuestra perspectiva, tres son los ejes esenciales en dicho debate colectivo.

·         Uno, el eje que sostiene la necesidad de construir un enfoque integral y multidisciplinario;

·         dos, el eje que defiende la pluralidad del saber científico y su independencia respecto de los diferentes poderes (económico, político, mediático, religioso);

·         tres, el eje que conecta la discusión con la cuestión de la democracia y sus fronteras, esto es, que construye un abordaje complejo e interdisciplinario, en convergencia con una visión participativa de la democracia.

 

Así, el primer eje está vinculado a la multidisciplinariedad. Dada la complejidad del tema, así como el carácter controversial ya evocado, el debate sobre el fracking exige desarrollar un enfoque integral y multidisciplinario, que dé cuenta de las múltiples dimensiones que atraviesan la problemática, desde las más generales (la cuestión geopolítica, la cuestión de la matriz energética, la normativa especial que ésta genera, el rol de las empresas nacionales y las trasnacionales), pasando por aquellas estrictamente técnicas (si el fracking es una técnica segura o no; qué implicaciones puede tener en su carácter de técnica experimental, el impacto ambiental sobre el agua, sobre el territorio, sobre la salud de las personas y animales, sobre el cambio climático), hasta aquellas más políticas y sociales (qué sucede con las economías regionales; qué configuraciones urbanas y sociales aparecen asociadas a esta matriz, porqué se niega la participación de las poblaciones afectadas, qué cuestiones involucra la criminalización de las luchas, entre otros).

 

El segundo eje inserta esta discusión en un escenario de fuertes asimetrías de poder. Por un lado, es conocida la capacidad de lobby de las grandes corporaciones trasnacionales ligadas a la extracción de hidrocarburos, así como el lugar cada vez mayor que el fracking, de la mano de Estados Unidos, tiene en la agenda global. Por otro lado, hay que destacar el interés del gobierno argentino por identificar la explotación de hidrocarburos no convencionales con soberanía energética, en un contexto de fuerte déficit, lo cual lleva a descalificar o minimizar los diferentes argumentos que colocan el fracking en un campo de importantes riesgos e incertidumbres, negando así los impactos que este tipo de extracción pueda provocar en los ecosistemas y la salud de las poblaciones. A esto se suma que cualquier cuestionamiento sobre el fracking, conlleva también una discusión sobre la matriz energética, la cual en el caso argentino es fuertemente dependiente de los hidrocarburos. Y en este campo, antes que la apuesta por una transición en dirección hacia energías limpias y renovables, resulta claro que el gobierno nacional y los oficialismos provinciales han decidido profundizar la actual matriz energética, descalificando cualquier discusión o alternativa como “irrealista”, o producto de visiones “fundamentalistas”, ligadas a los movimientos y asambleas socioambientales y las organizaciones indígenas.

 

Todo ello torna aún más difícil y espinosa la cuestión, insertando el debate en una escena asimétrica, donde sólo unos pocos (los que avalan el fracking) tienen voz y difusión. En este sentido, es importante destacar que la aprobación del convenio entre YPF-Chevron-provincia del Neuquén (28 de agosto de 2013), habilitó el ingreso a gran escala delfracking en nuestro país. A través de una fuerte campaña publicitaria, que no ha escatimado medios económicos ni simbólicos, el gobierno nacional y sus socios provinciales han buscado establecer una suerte de consenso sobre el fracking, dando a entender que la discusión ya fue saldada y que las dudas han sido evacuadas. La defensa del fracking aparece, además, avalada por técnicos y expertos, mayormente ligados al mundo de las empresas petroleras, que creen detentar el monopolio del saber, y se escudan detrás de una concepción monolítica y cerrada de la ciencia. Muchas de esas voces expertas tienen intereses económicos claros o, en su defecto, han naturalizado la actual matriz energética y el desarrollo de la industria hidrocarburífera, a la cual aceptan sin cuestionamientos. Así, muchas de esas voces, interesadamente o no, piensan que no existe otra alternativa que la que propone el gobierno, a través de la YPF modelo 2012 y sus socios transnacionales, y tienden a acantonarse en una defensa acérrima del actual modelo energético.

 

·         Es por esta razón que en un contexto cada vez más unilateral –y monocromático– de avasallamiento y de cierre de los canales de discusión sobre el tema, la producción de un saber experto independiente tanto del poder económico como del poder político, se hace imprescindible. Se trata de producir y sistematizar información y conocimiento de manera clara, veraz y fundada, en gran medida muy poco accesible al público que está o puede estar interesado en el tema, así como a las comunidades que cuestionan el frackingy desconfían de las fórmulas triunfalistas de los gobiernos y empresas.

·         Es por esta razón también que consideramos necesario incorporar los más diversos saberes y disciplinas científicas, a fin de problematizar aquello que algunos expertos y políticos buscan acotar y redefinir como una cuestión estrictamente técnica, como si la temática fuera monopolio exclusivo de los especialistas del campo del petróleo. Ante esa mirada acotada, proponemos la conjunción de diversos saberes y disciplinas científicas: el equipo así conformado para la elaboración de este libro está constituido por un ingeniero especialista en petróleo (Eduardo D´Elía), un geógrafo y técnico con trayectoria en el campo del petróleo (Roberto Ochandio), un ingeniero especialista en temas de energía (Pablo Bertinat), un abogado especialista en cuestiones ambientales (Enrique Viale), un periodista y un especialista en ciencias políticas (Hernán Scandizzo y Diego di Risio, de Observatorio Petrolero Sur) y una doctora en sociología (Maristella Svampa).

 

En tercer lugar, estamos convencidos que además de ser un debate colectivo, en el mismo tienen un rol fundamental las comunidades afectadas. En nuestro país, son cada vez más las voces de los pueblos originarios, organizaciones multisectoriales y asambleas ciudadanas, que reivindican su derecho a decidir respecto de la sustentabilidad o no de megaproyectos que ponen en vilo formas de vida y horizontes colectivos. Como hemos señalado en este prefacio, creemos que no sólo está en cuestión lo que entendemos por modelo de desarrollo y su relación con la problemática ambiental; sino también lo que entendemos por democracia, quiénes tienen derecho a decidir y porqué. Más simple, se trata de abrir la discusión sobre la cuestión de la democratización de las decisiones colectivas. Así, esta es una disputa que nos coloca en las fronteras mismas de la democracia, que habla acerca de su posibilidad y de su alcance.

20 mitos y realidades del fracking en Argentina tiene por objetivo proporcionar información veraz y documentada, apoyada en una argumentación pluridisciplinar, sobre este tema tan complejo y controversial.

Tal como lo habíamos hecho respecto de la megaminería, por esta vía, apuntamos a deconstruir el discurso hegemónico y los lugares comunes sobre el fracking, desmontando y desactivando los “mitos” que sobre la explotación de los hidrocarburos no convencionales y a gran escala repiten con total impunidad sus actuales defensores (corporaciones petroleras, representantes del gobierno nacional y de las diferentes provincias petroleras, voceros periodísticos y cierto saber experto, como institutos ligados a la industria petrolera), amparados en la escasa información y conocimiento que el argentino medio tiene sobre estos temas.

Finalmente, el libro que presentamos aquí es tanto la conjunción de diferentes disciplinas como el producto de un intenso trabajo colectivo. Y aunque hayamos optado por señalar quienes han contribuido de modo fundamental en la elaboración de cada mito, cabe aclarar que el libro es producto del trabajo y la discusión colectiva, que ha llevado varios meses de reuniones y múltiples escrituras, hasta llegar a esta versión consensuada que hoy ofrecemos al público. Pero por sobre todas las cosas, es un libro que apunta a romper con la visión monolítica que hoy se impone sobre el fracking a partir de la producción de un saber experto independiente. Una tarea necesaria y cada vez más difícil en un contexto de invisibilización de las críticas y de los cuestionamientos que colectivos de ciudadanos y miembros de la comunidad científica hacen actualmente sobre elfracking.

Agradecemos a la editorial El Colectivo, vinculada al Frente Popular Darío Santillán, por el compromiso asumido con estos temas, no siempre visibles desde las grandes urbes. Asimismo, nuestro agradecimiento a la Fundación Rosa Luxemburgo por el apoyo económico en la coedición de este libro. Y nuestra dedicatoria a aquellos y aquellas personas que desde las asambleas, organizaciones mutisectoriales y pueblos originarios reclaman la necesidad de un debate acerca de los modelos de desarrollo, el respeto del ambiente y las formas de participación.

Aunque somos conscientes del debate desigual en el que se inserta este trabajo, esperamos poder contribuir a pensar una sociedad mejor, más respetuosa del futuro de las próximas generaciones, más crítica y plural en su concepción de la vida y la democracia.

Los autores, Julio del 2014.

Desde Buenos Aires, Esquel, Morón, Río Gallegos y Rosario.

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/06/03/20-mitos-y-realidades-del-fracking/

En consecuencia, observamos que los encuentros mundiales de noviembre de 2018 en Buenos Aires atribuyen a los gobiernos de la derecha explícita lo que es propio del capitalismo contemporáneo. Lo más grave, a mi parecer, sería que esa conciliación de clase sea medular en el actual rechazo argentino al “Grupo de los 20” (G20) desde los movimientos sociales, organizaciones de trabajadores/as, políticas, de mujeres, feministas, de la disidencia sexual, pueblos originarios, campesinos/as, estudiantiles, en defensa de los bienes comunes, colectivos de migrantes. Cuando todos estos movimientos prueban la falsedad de que haya habido transformaciones sumamente democráticas por ser ellos expresiones de la resistencia al avasallamiento de derechos humanos.

 

En procura de la conciliación de clases se afirman el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico y la 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Al centrarse en derrotar los gobiernos neoliberales soslayan debatir que los capitalismos de Nuestra América dependen de los imperialismos. No cuestionan que como gobiernos asumieron la continuidad 'democrática'  en la legalización, la legitimación y la promoción de la ocupación económico territorial de nuestros países por los imperialismos. Dejan sentado como verdad irrefutable que, durante más de una década los gobiernos progresistas sostuvieron una "democracia muy positiva". De manera que compelen a ser indiferentes ante las "zonas de sacrificio" de los extractivismos y las crecientes barriadas de excluidos con niños, adolescentes y jóvenes víctimas del gatillo fácil, del narcotráfico, de la trata de personas...y componiendo la superpoblación de cárceles e institutos de menores bajo estado de excepción.

 

Fijan la mirada mayoritaria sobre la sociedad de consumo y el contento de acceder a ella aunque sea míseramente. Es decir, refuerzan la alienación capitalista. También eluden la revisión crítica de lo actuado por los líderes progresistas al mistificarlos. Manipulan deseos mayoritarios con abstracciones, a la vez, encubridoras del sistema que progresa devastando las condiciones de vida y trabajo del planeta. En efecto, prometen constituirse en:"un espacio amplio, plural y abierto, con intervenciones de líderes políticos mundiales así como de referentes intelectuales de las ciencias sociales, activistas y dirigentes de movimientos sociales populares que encarnan los ideales de lucha por sociedades más justas e igualitarias". ¿Lo son Mujica, Lula, Evo, Álvaro García Linera?

 

Pongamos en discusión al progresismo como camino abierto desde arriba para bloquear la unión en diversidad de las luchas desde abajo tanto en Argentina como en el continente. En Argentina busca garantizar la gobernabilidad del sistema de saqueo y contaminación ambiental mediante el Partido Justicialista (con liderazgo CFK o no) que desde décadas ha sido el más eficiente embaucador de las mayorías pese a su incesante perfeccionamiento del Estado represor y constituirse en el mejor traficante de influencias. Otra vez, aprovechando el pensamiento pragmático que domina en derechas e izquierdas partidarias, se lo pregona como el único capaz de enfrentar con éxito al gobierno de Mauricio Macri. De esta manera se vuelve, como en el constante voto al mal menor, a colaborar con la continuidad de la acumulación gran capitalista a costa de arruinar presente-futuro de una creciente mayoría de nosotros. 

 

Es prioritario hacer a la visualización de la impunidad del PJ desde su terrorismo paraestatal y estatal durante gobiernos Perón-Perón en los setenta, su optimización del neoliberalismo durante Menem-Cavallo en los noventa y la recuperación del desarrollo gran capitalista a tasas chinas mediante la postconvertibilidad de Duhalde-Lavagna que continuaron los gobiernos K.

 

Reflexionemos sobre:

 

Uruguay

El cerrojo progresista

19 de marzo de 2018

 

Por Ernesto Herrera

Correspondencia de Prensa

 

 

8 de marzo de 2018. “Todas juntas”. Portadas de diarios y noticieros televisivos dan cuenta de la enorme demostración. Las redes sociales explotan de feminismo. Gobernantes y opositores se tiñen de morado. Más de 200 mil personas. Mujeres de todas las edades. La colorida multitud tapiza un largo tramo de la principal avenida de Montevideo. Cientos de videos difunden las imágenes del caleidoscopio. Impresionante.

Las demandas de género y equidad tienen como destinatarios los poderes del Estado (gobierno parlamento, justicia). La horrible ola de femicidios y la imparable “violencia doméstica” (que afectan sobre todo a mujeres jóvenes, trabajadoras y pobres), agregan la cuota de indignación y de rabia. Al paso de la marcha, en una pantalla gigante del Impo (Centro de Información Oficial) se lee que Uruguay “es el país con el índice de asesinatos de mujeres más alto del mundo”. Lo que, de ser exacto, vendría a contrariar cifras de Naciones Unidas y CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), que hablan de “un país con poca violencia de género”. (1)

 

La “brecha salarial” figura entre los tantos reclamos. Aunque “se viene reduciendo paulatinamente”, la desigualdad es un insulto: las mujeres ganan un promedio de 23,9% menos que los hombres por la misma tarea. Lo que implica nada menos “que si un hombre y una mujer comenzaran a trabajar el 1° de enero en el mismo cargo, la mujer cobraría a partir del 28 de marzo, por lo que trabajaría gratis los primeros 87 días del año”. (2)

Los contrastes en las proclamas leídas en el curso de la Marcha, no disminuyen la intensidad del “fenómeno social”. Reafirman la fertilidad del movimiento de mujeres que se adueña del espacio público. Aún si “puertas adentro” del feminismo militante se expresan “diferencias ideológicas y generacionales” que “reeditan el histórico debate entre la autonomía, la institucionalización y el rol del Estado”. (3)

 

Infelizmente, la Huelga Internacional de Mujeres no tuvo el mismo eco. Mientras que en algunos lugares se paralizaron las actividades total o parcialmente (salud pública, liceos públicos, Universidad de la República, y pocos del sector privado), la inmensa mayoría de las trabajadoras no pudieron acompañar la convocatoria. Aun con sindicalización, las asalariadas de fábricas, panaderías, tiendas, restaurantes, farmacias, shoppings, supermercados, empleo doméstico, limpieza subcontratada, call centers, celebraron el 8 de Marzo trabajando.

Ellas, también, exigen respeto, quieren ser libres, vivir sin miedos. Si bien no estuvieron en la Marcha, ni hicieron la Huelga. Se entienden las razones: integran ese 70% de “sectores populares” imposibilitado de realizar los “paros parciales”, que decreta el aparato del PIT-CNT. (4)

 

Constatación insoslayable. La crítica de la opresión patriarcal, la reivindicación de los derechos de género, y por tanto, la emancipación de la mujer, son inseparables de la lucha de clases. Sin alterar las relaciones de fuerza entre trabajo y capital, sin desafiar el despotismo patronal, sin eliminar las condiciones de empleo precario y miseria salarial, sin derrotar la amenaza del despido, sin barrer el acoso machista del lugar de trabajo, la “condición femenina” continuará en estado de subordinación. Mucho peor para trabajadoras, solas o jefas de hogar, cuyo ingreso promedio apenas supera un salario mínimo mensual de 430 dólares.

 

De todas maneras, es cierto que la Marcha de las Mujeres -pese a sus diferencias y limitaciones- comparte el podio junto a la Marcha del Silencio (20 de mayo), y a la Marcha de la Diversidad Sexual, (28 de setiembre). Son las únicas manifestaciones realmente masivas que sacuden, tres veces al año, la apatía política.

Aunque sean muy distintas. Por origen, identidades, reivindicaciones. La Marcha del Silencio (5) convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, reclama Verdad y Justicia. Exige, incansablemente, el fin de la impunidad, el castigo a los criminales del terrorismo de Estado. (6) Aunque la burla del gobierno persista. (7)

La Marcha de la Diversidad Sexual, convocada por colectivos LGTBI, feministas y culturales, ONGs e instituciones oficiales, resalta derechos conquistados, avances legales, y alerta sobre discriminaciones enquistadas. Muestra un alto componente juvenil. Aunque desde hace unos años, se nota un sesgo de marketing político progresista.

No obstante distintas, convergen en ellas rasgos comunes. Son pacíficas, inclusivas, tolerantes. Revalorizan solidaridades. Si bien ninguna establece barreras de clase, ni levanta consignas anticapitalistas, ni pretende subvertir lo establecido. Es decir, no está en sus intenciones desafiar el orden del capital, ni la “autoridad legítima” del Estado y sus instituciones.

 

Lejos de una crítica sectaria, es un dato de la realidad. Las tres Marchas presentan una nítida fotografía del país progresista. Dónde las diversas “agendas democráticas” de la “sociedad civil”, superan, largamente, los índices de “conflictividad laboral” y las plataformas “clasistas” del “movimiento obrero organizado”. Bastaría una simple comparación: el PIT-CNT dice contar con alrededor de 400 mil afiliados (30% de los/as asalariados/as con “empleo formal”), sin embargo, desde hace muchos años, no logra reunir a 5 mil trabajadores en el acto central del 1° de Mayo. La Plaza Mártires de Chicago a medio llenar. Los parques repletos. Tal cual una jornada de asueto familiar.

 

Horizonte infranqueable

La resistencia social existe. Es defensiva. La cartelera de luchas da cuenta de ello. Movilizaciones por los Consejos de Salarios (negociación tripartita entre gobierno, empresarios y sindicatos); protestas contra el “modelo extractivista” y en defensa del agua; trabajadores rurales que exigen el cumplimiento de la “ley de 8 horas” y el cese de la represión patronal; familiares de adolescentes presos que testimonian las torturas que aplican los funcionarios sindicalizados del Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente); clasificadores de basura que reclaman dignificar su tarea; escraches a los impunes del terrorismo de Estado; mujeres en alerta que denuncian la violencia de género; reclamos por mayor presupuesto para la salud, educación y vivienda.

Pancartas y grafitis callejeros aluden al “ajuste fiscal”, las “rebajas salariales”, la privatización y tercerización de servicios públicos, a la corrupción (comprobada) en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Parece que gobernara el “neoliberalismo salvaje”.

 

Algunas de esas luchas han sido, masivas, radicales. Como la de maestros/as y profesores/as en el invierno de 2015. Tabaré Vázquez les decretó la “esencialidad de los servicios” que prohíbe la huelga. El Director Nacional del Trabajo era Juan Castillo, ex dirigente del PIT-CNT, hoy secretario general del Partido Comunista de Uruguay (PCU). Fueron reprimidos por las brigadas antimotines de la Guardia Republicana. Perdieron en esa ocasión y sus organizaciones quedaron debilitadas. Cumpliéndose así el propósito (hecho público ante los medios) de José Mujica: a los sindicatos de la enseñanza “hay que hacerlos mierda”. Aunque el 1° de marzo de 2010, ya posesionado como jefe de Estado, le anunciaba al Parlamento sus tres principales objetivos: “educación, educación, educación”. Una radiante Hillary Clinton lo aplaudía de pie.

 

Los sindicatos de la enseñanza continúan peleando. Igual que miles de trabajadores/as. Sin embargo, las aspiraciones de “salario digno” y “justicia social“, no agrietan eso que muchos comentaristas llaman “hegemonía progresista”, la cual, en verdad, funciona como cerrojo ideológico y programático. Donde la perspectiva de emancipación social y el “ir más allá” quedan encerrados en las dos premisas fundamentales que definen el “cambio posible”: aceptación del capitalismo y colaboración de clases. Las demandas tienen un límite: el horizonte infranqueable.

 

Dicho en palabras del jefe de los tupamaros oficiales. Por un lado, la economía capitalista “es una herramienta de la prosperidad económica.” (8) Imposible de vencer “con decretos o con decisiones meramente políticas. Es un cambio de época. Utilizamos los recursos del capitalismo con el máximo de inteligencia para tratar de tener sociedades mucho más calificadas”. (9) Por el otro, “las discusiones sindicales no pueden ser solo sobre salarios (...) El trabajador se tiene que ir empezando a envolver de las dificultades y los logros que tienen las empresas para exigir que caminen y que además se reinvierta. No podemos permanecer tan distantes de las vicisitudes que significa la peripecia de una empresa, cuando está en juego tanta cosa”. (10)

La profesora Alma Bolon ya lo había apuntado lucidamente. Mujica no es solamente “héroe de la más exitosa operación mediático-ética de la que haya registro en estas tierras”; sino “el regalo con el que la derecha uruguaya nunca se había atrevido a soñar”. (11) Tiempo después de estas lapidarias afirmaciones, un índice del Instituto Fraser con apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo, un think thank de corte liberal, certificaba que la adscripción del antiguo guerrillero a las “reglas” del mercado es absolutamente sincera: durante su presidencia (2010-2015), el país consiguió el “mayor grado de libertad económica”. (12)

Las consecuencias de esta espantosa metamorfosis de la “izquierda histórica” son aplastantes. Entierran principios. Borran antagonismos entre pobres y ricos. Domestican conciencias. No hay clases irreconciliables. La “cultura obrera” cede lugar al “status de clase media”. La lucha de clases se vuelve un juego de intercambios negociados o de “contrapartidas acordadas”. La “convivencia ciudadana” y el “interés nacional” como estandartes. Las percepciones socio-culturales se confunden. Hasta las más elementales.

Los “milicos represores” pasaron a ser la “Policía amiga”. Los efectivos del Ministerio del Interior (que dirige Eduardo Bonomi, otro tupamaro oficial) aducen sentirse “rehenes” en los “barrios críticos” de la periferia urbana. (13) Vecinos, comerciantes y sindicatos del transporte, los convocan y apoyan. Son el arma institucional para perseguir a los “pobres malos” y, sobre todo, para castigar a los principales “enemigos de la seguridad”: los “menores infractores”.

El parte de guerra es un horror. Durante la presidencia de Mujica se profundizó el “Estado punitivo”. Se aumentaron los tiempos de “privación de libertad” para los adolescentes. (14) La mayoría de muertos y heridos en este “combate al delito”, tiene menos de 35 años. La tasa población encarcelada es la más alta de América Latina (15), el 62% de los 12 mil“ presos y presas es menor de 29 años. La cantidad de “población reclusa femenina” aumentó 583% en una década.

La pobreza ya no tiene raíces socio-económicas, sino que es un “problema personal y privado” (16) cuando no consecuencia de un proceso de “lumpenización” y “favelización”. Un alto porcentaje de personas (muchísimas votantes del Frente Amplio) critican los planes sociales, piensan que lo que se hace para bajar la pobreza “es más de lo necesario”. (17) Sin molestarse en saber que las “transferencias monetarias directas” a los hogares más pobres apenas representa 0,2% del Presupuesto Nacional; ni que 350 mil personas (11% de la población total del país) todavía sobreviven en el “núcleo duro” de la “pobreza estructural”. Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) dicen que el “país igualitario” muestra signos de fractura. (17)

El PIT-CNT coopera con los “proyectos productivos”. Respalda la inversión privada, local y extranjera. Los sindicatos de la Construcción y Metalúrgicos (dirigidos por el Partido Comunista), admiten la instalación de la tercera “mega-fábrica” transnacional de pasta de celulosa: “genera empleos y masa salarial”. No importan la contaminación medio-ambiental, las exoneraciones fiscales, ni que las “obras de infraestructura vial” sean pagadas por el Estado. (18) En todos los casos mejor. Es la ley de “Participación Público-Privada” que, al fin, empieza a derramar “crecimiento económico”. Porque hasta ahora, solo se había concretado un solo emprendimiento: la construcción de una “cárcel modelo” con 1.800 plazas, donde los presos comerán pescado hasta ¡dos veces por semana!

Los gobiernos del Frente Amplio aceleraron la contrarrevolución agraria. Los propietarios del agronegocio la definen como una “revolución sorprendente” (19) Editorialistas liberales son más punzantes en el juicio. El gobierno Mujica, “será recordado por no haber concretado los desastres que los tupamaros proponían hace cuatro décadas (…) “No hay ‘reforma agraria’ (salvo la que desarrollaron con indudable éxito los empresarios brasileños en el campo uruguayo), la banca privada es toda extranjera, las relaciones con el FMI son excelentes, las multinacionales y el capital extranjero no sólo son bienvenidos sino que han sido llamados con desesperación por el liderazgo tupamaro (…) y la ‘extranjerización de la tierra’ se expandió como pocas veces en la historia del Uruguay durante los dos gobiernos del Frente Amplio”. (20) Ayuda memoria: Mujica ejerció como Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca (2010-2014) en el primer mandato de Vázquez.

En un contexto desfavorable, los sindicatos de trabajadores rurales denuncian la sobreexplotación, los salarios de hambre, la persecución sindical, las agresiones físicas, las deplorables condiciones laborales. Y luchan. Aunque la tasa de sindicalización ronde apenas el 6%. Reclaman fomento de la producción libre de transgénicos, destinada al mercado interno; créditos a cooperativas. Es decir, proponen otro modelo de “acceso a la tierra”. Sin embargo, “reforma agraria” y “expropiaciones” están ausentes de la extensa lista de “reivindicaciones inmediatas”. (21)

 

¿Ciclo o paréntesis?

1° de marzo de 2018. Ya no hay entusiasmo. Ni multitudes tomando las calles para saludar a Tabaré Vázquez, el “compañero presidente”. Como ocurría 13 años atrás, cuando el Frente Amplio asumía el gobierno nacional por primera vez. En esta ocasión, el progresismo optó, para “defender su gestión”, por “una nueva estrategia de comunicación”: la Cadena Nacional de Radio y Televisión. Sin barullo militante ni ondear de banderas. Así los votantes meditan atentos en sus casas.

La tropa de choque aprueba sin chistar. Tanto el contenido como la modalidad. Son los miles de “cuadros políticos” y sindicalistas que se reciclaron como “gestores/administradores” del aparato de Estado. Para empujar “más a la izquierda". Y que siguen atornillados en sus “cargos de confianza política”. Hace rato que abandonaron la tesis de “rumbo en disputa”. Sus principales instigadores, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista, la tacharon del diccionario. Defienden su cuota de poder en la “nueva elite gobernante”. Ejerciendo clientelismo, comprando Ongs, traficando influencias, usando dineros públicos. Haciendo carrera como capa social privilegiada.

Más de una década después de aquel “cimbronazo político” que prometía, según Tabaré Vázquez, un “camino de transformaciones” que haría “temblar las raíces de los árboles” el resultado es, cuando mucho, avaro. Incluso desde una mirada “reformista”.

Leyes de protección laboral; derechos sindicales; “recuperación salarial” (entre 2005-2013); reducción de la pobreza y la indigencia (entre 2005-2015); “agenda de nuevos derechos” (despenalización del aborto, legalización de la marihuana, matrimonio igualitario). En fin, 600 mil personas (27% de la población) integradas al “confortable” consumo de “clase media”.

No obstante, las “asignaturas pendientes” superan la lista de materias aprobadas. A pesar de una década con record histórico de “crecimiento económico” que permitió una “recuperación salarial sin precedentes”, casi la mitad de la fuerza de trabajo “percibe una remuneración inferior a los 600 dólares mensuales”. (22) El desempleo se ubica en 8,5%. (145 mil personas). Una cifra “no dramática” según el gobierno. Pero en el caso de los jóvenes, el desempleo llega casi al 25%. Alrededor de 185 mil personas habitan los “asentamientos irregulares”. Las 15 mil viviendas populares que Mujica prometió en el marco de su “generoso” Plan Juntos, fueron menos de 3 mil al final de su mandato. El embarazo adolescente llega al 17% en los barrios más pobres y a cero en los más ricos Apenas 2% de los “hijos de clase trabajadora” accede a la Universidad. En la enseñanza pública, 6 de cada 10 alumnos no completa los seis años del ciclo secundario. .

Las pautas del programa económico, certificado por las Instituciones Financieras Internacionales en junio de 2005, en la ciudad de Washington, están vigentes. Las ataduras a las condiciones que impone la “mundialización” capitalista, también. La fraudulenta deuda externa se paga puntualmente. Al final, el progresismo resultó un “cambio posible”...en la misma dirección.

Por tanto, es una exageración hablar de dos “ciclos” o de dos “eras”. Neoliberalismo y “pos-neoliberalismo” convergen en la misma lógica. La prosa “neo-desarrollista” apenas un eufemismo que no modifica la ecuación. La “matriz” fue diseñada por los gobiernos de coalición entre colorados y blancos en la “década perdida” de 1990 y así continúa. Los pilares son los mismos. Ley Forestal; Ley de Inversiones; Ley de Zonas Francas; Sistema de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap); Ley de Puertos. Cuando el Frente Amplio, era oposición de izquierda, se opuso a este proceso de contrarreformas neoliberales, promoviendo en algunos casos plebiscitos y referéndums. Ninguna fue derogada en estos 13 años.

El “ciclo progresista” consistió, justamente, en más continuidad. Desregulación financiera; desnacionalización de la producción y de la comercialización de los rubros exportables: soja (100% transgénica), carne, arroz, trigo, lácteos; concentración-extranjerización de la tierra; multiplicación del régimen de zonas francas; exoneraciones tributarias a las multinacionales de celulosa y mineras; privatizaciones y subcontrataciones.

Los sucesivos gobiernos del Frente Amplio le agregaron: Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), primer mandato de Vázquez; ley de “Participación Público-Privada” (PPP) y ley de “Inclusión Financiera”, mandato de Mujica (23); privatización-tercerización de áreas y servicios del Banco de la República (BROU), segundo mandato de Vázquez.

La agenda económica no contempló, en ningún momento, una real distribución de la riqueza. La “rentabilidad” empresarial siempre estuvo a cubierto de los vaivenes “cíclicos” de la economía. En todo caso, el progresismo se benefició del paréntesis que abrió la “bonanza” de los commodities (entre 2004-2001), para “ocultar el “conflicto distributivo” y generar recursos de inversión pública y financiamiento del proceso asistencialista de las políticas sociales. Aunque el monto destinado a esas políticas nunca haya alcanzado el 0,4% del PBI. (24)

Desde el vamos, la política económica fue una sola. Coherente. Jamás estuvo “en disputa”. Ni hubo tire y afloje entre “dos equipos económicos”. Las directrices fueron marcadas por su principal teórico y ejecutor: el solvente Danilo Astori. El historiador y politólogo Gerardo Caetano, a quién nadie puede tildar de “radical” o desinformado, lo describe con precisión. “Me causa mucha gracia cuando me dicen que Astori es el gran perdedor en la interna frenteamplista. En los tres gobiernos frenteamplistas, luego del presidente, ha sido sin duda el hombre más poderoso en estos 11 años. Vázquez lo ha respaldado siempre o casi siempre y Mujica, aun cuando lo ha discutido, a la hora de la verdad también lo respaldó. Entonces la mera discusión de la política económica del gobierno frenteamplista se ha convertido en un tabú”. (25) Lo continúa siendo, aun si de vez en cuando hay griterío y rabieta. Y muchos militantes se sientan desconcertados. Incómodos.

 

Partido de Estado

Nadie pretendía, o siquiera imaginaba, que el Frente Amplio sería un gobierno de “ruptura anticapitalista”. Que fuera a poner en tela de juicio las “relaciones sociales de producción” o que demolería las instituciones del régimen burgués de dominación política. Tampoco que asumiría una postura soberanista ante la prepotencia del “campo imperialista”. De hecho, está a favor de firmar Tratados de Libre Comercio con quien sea. Por ejemplo, es uno de los socios del Mercosur más proclives a concretar, rápidamente, el que se negocia con la Unión Europea.

Su definición estratégica se basó en llegar al poder de Estado, sometiéndose al régimen de “democracia gobernable”. Ya cuando la brutal crisis económico-financiera de 2001-2003, su compromiso fue preciso: “lealtad institucional”. Mientras diversos analistas nacionales e internaciones (hasta incluso el FMI) daban que el presidente de entonces, Jorge Batlle (Partido Colorado) estaba “con los días contados”, amortiguó las terribles consecuencias sociales para “no incendiar la pradera”. No hubo saqueos, ni huelgas generales, ni asambleas barriales, ni gente con cacerolas en los ómnibus como en Buenos Aires. Y mucho menos el “que se vayan todos”. Fue el último examen y lo aprobó. El trampolín hacia la victoria electoral de octubre de 2004.

Cierto. El Frente Amplio no llegó al gobierno empujado por una ola de insurgencias populares, ni rebeliones masivas. Es la diferencia con Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela. No estaba obligado a ir por las “reformas estructurales” del programa “antioligárquico” y “antiimperialista” de 1971, cuando su fundación. La reforma agraria, la nacionalización de los bancos privados, la reforma urbana, la nacionalización del comercio exterior, no eran ya una seña programática de la clase trabajadora y sus aliados populares. La crisis de 2001-2003, fue un punto de inflexión. Las demandas bajaron a tierra. El desastroso cuadro socio-económico pincho la “inflación de expectativas”. Había que “recuperar” condiciones de vida soportables. Más de 150 mil trabajadores/as habían perdido el empleo en el sector privado; el salario sufrió una caída del 20%; la pobreza y la indigencia sumaban 39%.

En tal sentido, el progresismo se hizo cargo de la “herencia maldita” sembrada por la “crisis del neoliberalismo”; recompuso en parte el “tejido social”, redujo los índices de “pobreza reciente” y, fundamentalmente, restauró la “normalización” sistémica. Ejerciendo el poder como partido de Estado. O sea, como partido del orden capitalista. Hecho cualitativo y definitorio que los sectores frenteamplistas “desconcertados”, por lo general, omiten de sus análisis. Con mayorías parlamentarias (en los dos primeros mandatos) y sin formalizar un gobierno de coalición con la gran burguesía como en el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, el progresismo uruguayo aplicó con prudencia la estrategia de “unidad nacional” a partir de una consistente política de colaboración de clases. Que, debe decirse, contó (y cuenta) con un amplio consentimiento social.

Evidente. La “decadencia ideológica” de la “centroizquierda” fue sorteando etapas. Comenzó con las distintas “actualizaciones programáticas”, con el acceso al gobierno municipal de Montevideo hace 28 años, y con la idea verticalista de que los “cambios” son más eficientes, duraderos y sostenibles, si se realizan “desde arriba”. Desmotivando así cualquier proceso de auto-organización por fuera de lo institucional (partidos, sindicatos, gremios estudiantiles, Ongs cooptadas). Razones que también olvidan los militantes del Frente Amplio que hoy son críticos y se preguntan qué es lo que terminó y qué es lo que comienza. (26) Sin responderse sobre la naturaleza y la función actual del Frente Amplio.

Las fuerzas políticas que deciden en el Frente Amplio y sostienen al gobierno, ya no pueden considerarse “de izquierda”, ni en un sentido práctico ni programático. Su capa dirigente es, esencialmente, un grupo de funcionarios y parlamentarios que viven de los cargos públicos y las nominaciones electorales; que negocia por dentro del aparato de Estado con un conjunto de enemigos de la clase trabajadora (derecha política, poderes mediáticos, corporaciones patronales, instituciones financieras internacionales, gobiernos imperialistas o reaccionarios), Una capa social conservadora que, más allá de sus contorsiones discursivas y espasmódicos “virajes a la izquierda”, es irrecuperable, incluso para una lucha más o menos “reformista”. Su horizonte estratégico es el poder por el poder mismo, su programa está desprovisto de un proyecto de nación soberana y huérfano de cualquier noción de emancipación social.

Obviamente, esto no significa subestimar al Frente Amplio como maquinaria electoral. En este terreno seguirá gravitando. Tanto como su indiscutida capacidad de volver a reclutar votos y voluntades que se inclinan por “lo menos malo” para que “no vuelva la derecha”.

Las conclusiones que resultan de estos 13 años de progresismo en Uruguay, coinciden con las realizadas por Decio Machado y Raúl Zibechi en torno a los llamados “gobiernos nacionales y populares” o “pos-neoliberales” del “ciclo progresista” en América del Sur. “Lo que entró en crisis es un proyecto que buscó administrar el capitalismo realmente existente (o sea extractivo) pero con buenos modales. El resultado de los años dedicados a gerenciar el modelo, fue el ascenso de nuevas proles de gestores que se incrustaron en los altos escalones del Estado, ya sea como en las administraciones centrales, en las empresas estatales en alianza con empresas privadas. La crisis del progresismo devela lo que el discurso pretendió enmascarar: cómo las políticas sociales, bajo el argumento de la justicia social, el combate a la pobreza y la desigualdad, se limitaron a cooptar a los dirigentes populares para intentar domesticar los movimientos de los más pobres”. (27)

La verdadera “disputa”, entonces, pasa por (re)construir “un campo estratégico” de la izquierda socialista y revolucionaria. Y no apenas corregir el “rumbo perdido” de la antigua izquierda. Si la función central del progresismo es la de cerrajero del “potencial anticapitalista” de la clase trabajadora, el desafío de las fuerzas de “intención revolucionaria” es (o debería ser) la de forjar una vinculación real con las resistencias sindicales y populares, siendo protagonista visible, sin pretensiones vanguardistas, proponiendo alternativas programáticas y estratégicas antagonistas del poder de Estado y de su arquitectura institucional. En este cuadro, aquellos militantes del Frente Amplio “desencantados”, enfrentan un dilema: incómodos adentro, ¿peor afuera?

Montevideo, marzo de 2018.

 

Notas

1) “Uruguay es un país con poca violencia de género”. La Diaria, edición Fin de Semana, 3-3-2018.

2) “Brecha salarial: las mujeres trabajan 87 días gratis al año”. Informe Equal Pay Day divulgado por el estudio de abogados Ferrere, El País, 8-3-2018.

3) “Esta es mi revolución. El feminismo militante en Uruguay”, Daiana García, Brecha, 9-3-2018, y Correspondencia de Prensa, 9-3-2018.

4) Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, central sindical única.

5) La Marcha recuerda el 20 de mayo de 1976, durante la dictadura (1973-1985), cuando fueron asesinados en Buenos Aires los legisladores Zelmar Michelini (Frente Amplio) y Héctor Gutiérrez Ruiz (Partido Nacional), y Rosario Barredo y William Whitelaw (militantes escindidos del movimiento tupamaro). Todos ellos se encontraban exiliados. El crimen fue cometido por militares uruguayos y argentinos en el marco de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay), conocida más tarde como “Operación Cóndor”.

6) “Las cloacas de la impunidad”. Ernesto Herrera, Rebelión, 22-1-2015 (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=194573) y A l´encontre, 6-2-2015 (http://alencontre.org/?s=ernesto+herrera+impunit%C3%A9)

7) “Hasta acá llegamos”, La renuncia de Familiares al Grupo por Verdad y Justicia”, Samuel Blixen, Brecha, 2-3-2018 y Correspondencia de Prensa, 3-3-2018.

8) Almuerzo de Mujica (12-12-2012) con 200 empresarios hoteleros, inmobiliarios y gastronómicos, Actividad organizada por “Destino Uruguay” en el restaurante Boca Chica de Punta del Este. Búsqueda, 27-12-2012.

9) Entrevista a Mujica, diario El Mercurio, Santiago de Chile, 5-1-2014.

10) Entrevista a Mujica, suplemento El Empresario, El País, 5-4-2013.

11) “El 14 de abril”, Ana Bolon, Brecha, 13-4-2012

12) “Uruguay tuvo con Mujica su mayor grado de libertad económica”, Búsqueda, 5-10-2017.

13) “Los policías denuncian sentirse “rehenes” en los barrios críticos”. El País, Montevideo, 9-3-2018.

14) “Seguridad, pobreza y criminalización. La profundización del estado punitivo en Uruguay”, Ana Juanche y Giani Di Palma, Revista Contrapunto, Montevideo, mayo de 2014.

15) “La benevolencia de la izquierda con los criminales es un mito”, entrevista al sociólogo Luis Eduardo Morás en el Semanario Hebreo, Montevideo Portal, 3-3-2018 y Correspondencia de Prensa, 10-3-2018

16) “La pobreza como un problema personal y privado. El ropaje des-socializante de las nuevas políticas sociales”, Bentura, Alonso, Mariatti, Brecha, 2-9-2018.

17) “Es pobre por “su culpa”: la nueva grieta uruguaya”, Tomer Urwicz, El País, 24-9-2017.

18) Ya existen dos gigantescas fábricas pasteras: una de UPM (ex Botnia), transnacional finlandesa, ubicada en la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro; y otra de Montes del Plata, propiedad de Arauco y Stora Enso, de origen chileno y sueco-finlandés, ubicada en Conchillas, departamento de Colonia. La segunda de UPM, se instalará cerca de la ciudad de Paso de los Toros, ubicada entre los departamentos de Durazno y Tacuarembó.

19) “Agro. La revolución sorprendente”, Rosanna Dellazoppa, Fin de Siglo, Montevideo, 2014.

20) “Dos años de Mujica”, Claudio Paolillo, Búsqueda, 1-3-2012.

21) “El conflicto del campo en la mirada de los trabajadores. La séptima mochila”, Salvador Neves, Brecha, 9-3-2018, y Correspondencia de Prensa, 10-3-2018.

22) “Hijos de la tierra. Apuntes sobre la economía política del Uruguay”, Gabriel Oyhantçabal. y Rodrigo Alonso, artículo publicado en el libro “Entre: ensayos sobre lo empieza y lo que termina”, Estuario editora, Montevideo, 2017.

23) A propósito del poder de los “servicios financieros” y sus consecuencias económicas y sociales, hay un estudio riguroso de Lena Levinas, investigadora del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, “La financierización de la política social: el caso brasileño”, publicado en el sito de Sin Permiso, el 10-10-2015: (http://www.sinpermiso.info/textos/la-financierizacion-de-la-politica-social-el-caso-brasileno)

24) “Modos de ocultar el conflicto distributivo. Focopolítica en Uruguay”, Leticia Pérez, Brecha, 26-8-2016.

25) “El próximo presidente del FA tendrá que hacer varios parricidios”, entrevista a Gerardo Caetano, Brecha, 22-7-2016, y Correspondencia de Prensa, 23-7-2016.

26) Un resumen de las posiciones de estos sectores críticos, la expone el sociólogo Gabriel Delacoste en una entrevista titulada “La decadencia del progresismo no es electoral sino ideológica”, Brecha, 9-2-2018. Lacoste integra el colectivo de jóvenes académicos y activistas de diversas redes sociales, militantes del Frente Amplio, que publicaron el libro citado en la nota 22.

27) “Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo”. Decio Machado y Raúl Zibechi, Ediciones desde abajo, Bogotá, 2016.
https://correspondenciadeprensa.wordpress.com

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=239173

 

 

Si atendemos a los pueblos en vez de a los capitales,  anteponemos las experiencias e iniciativas de las diversidades de abajo contra el avasallamiento de derechos generado por los extractivismos. En los científicos e intelectuales  que adoptan ese camino se plantea discutir la publicidad e ideas del bloque dominante que promueve los ecocidios-genocidios desde su poder de palabra y autoridad. Hay confrontación de modo concreto con el sistema tanto en quienes sufren racismo ambiental y luchan contra la expropiación de bienes comunes como en quienes se identifican con los primeros al hallar sentidos de vida que los habitus de sus profesiones niegan.

 

Veamos un ejemplo de cómo los segundos contribuyen a que una creciente mayoría se involucre en la defensa de los derechos de la Madre Tierra y de todos los pueblos planetarios. Al respecto Eduardo Gudynas nos aclara:  

"La posibilidad de debatir sobre los extractivismos y sus implicancias en Colombia, debe ser más que bienvenida. Es muy bueno que esto ocurra, ya que permite entender mejor las particularidades de ese tipo de explotación de los recursos naturales y sus implicancias en la política y economía de cada nación.

La propia discusión muestra que no es una cuestión banal o una manía de los académicos. Alrededor de estos asuntos están en juego muchos elementos críticos, tales como las concepciones de desarrollo, la inserción del país en el comercio global, y el destino de su patrimonio ecológico. Obliga, además, a identificar distintos modos de entender la ciencia, la construcción de políticas públicas y los sentidos de la democracia. En todo eso están los nudos que mantienen bien atado a los extractivismos en el desarrollo contemporáneo".

 

 

 

 

Los nudos del petróleo en Colombia

Ambiente y ciencia, política y democracia

13 de febrero de 2018

 

 

Por Eduardo Gudynas (Rebelión)

 

En los últimos meses han recrudecido en Colombia los debates sobre el papel de las consultas locales frente a los extractivismos, el papel de los científicos y los modos de construir políticas ambientales. Esa se debió sobre todo a varias declaraciones de una reconocida bióloga colombiana, Brigitte Baptiste, quien minimizó los impactos ambientales de la explotación petrolera, defendió a las empresas y sostuvo que se debía sacar hasta la última gota de crudo.

 

Lo relevante de ese caso es que ese tipo de defensas de los extractivismos también se escuchan en Perú, Ecuador, Bolivia y los demás países de la región. Es más común que esas posturas sean esgrimidas por individuos en el gobierno, buena parte de la academia, empresas y distintos sectores ciudadanos. En el caso colombiano, Baptiste es además directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, una institución clave en las políticas ambientales en ese país, encargada de otras cosas de la delimitación de los ambientes de Páramo que tanto resisten las mineras.

 

Todo esto amerita analizar ese tipo de posturas. Aquí se comparte un ejercicio en ese sentido. No tiene el propósito de personalizar las reacciones, pero como excusa para un debate que sea conceptual, serio y constructivo. Tampoco se pretende agotar el asunto, pero se busca mostrar las implicancias de presupuestos tales como minimizar los impactos ambientales de los extractivismos, o jerarquizar los saberes académicos sobre los vaivenes de las creencias ciudadanas. Esto lleva a sostener que será necesario desarmar nudos de esos tipos para poder explorar alternativas que realmente aseguren la calidad de vida y la sobrevida de la Naturaleza.

 

Punto de partida: los impactos 

Como no podría ser de otra manera, el sector petrolero, como otros extractivismos, insiste en que sus impactos ambientales son menores o tolerables, que hay mecanismos de mitigación adecuados, y en caso de accidente se aplican apropiadas acciones de remediación. Esa perspectiva aparece en una de las recientes entrevistas a Baptiste, agregando que las compañías petroleras han “asimilado muy bien” en los últimos 25-30 años todo el desarrollo del licenciamiento y evaluaciones ambientales, sobre todo en “disminuir costos sociales y ecosistémicos” de los impactos (1). Agrega que esa “innovación” es impresionante, y que los pozos de petróleo son “casi de impacto cero”. 

 

Dichos de este tipo necesitan ser analizados en detalle, considerando su validez científica, sus implicancias en las políticas y gestión ambiental, y sus consecuencias en las vinculaciones con la sociedad civil.

 

Comenzando un análisis en el terreno de la evidencia disponible, sostener que los pozos petroleros tienen un impacto “casi cero” carece de apoyos científicos. Muy por el contrario, hay una enorme cantidad de estudios que muestran los impactos del sector petrolero. No es posible aquí citar toda esa información, por motivos de espacio en primer lugar, pero de todos modos se presentan algunas referencias ilustrativas para dejar en claro que existe mucha evidencia académica de respaldo.

Considerando las actividades petroleras en todas sus fases, ya en las etapas de explotación y prospección se encuentran impactos ambientales. Por ejemplo la apertura de caminos y los estudios sísmicos generan fragmentación en los ecosistemas naturales e impactan sobre la biodiversidad (2). Entonces, desde un inicio, aún antes de sacar el primer barril, la sola exploración y prospección produce efectos ambientales negativos.

En las etapas de operación se suman más problemas, por los efectos de las torres y sus plataformas, las perforaciones, la gestión del agua, la caminería de acceso, instalaciones de bombeo, sitios de disposición de aguas, lodos y otros residuos, etc. (3). Se genera contaminación en el suelo y el agua subterránea y superficial, distintos efectos sobre el subsuelo, pequeños y grandes derrames, quemas, etc.

 

La sola cercanía a los pozos petroleros ya afecta la salud de los árboles (4) . Se lanzan al aire y al agua compuestos peligrosos, muchos de ellos tóxicos, y varios cancerígenos (como los hidrocarburos policíclicos aromáticos - PAHs) (5). Aumenta la deforestación y eso desencadena una pérdida de la fauna y flora local (6). Las innovaciones tecnológicas como los taladros direccionales múltiples que parten desde un emplazamiento “isla”, reducen el número de plataformas, pero se encuentra que pueden generar más contaminantes líquidos y tiene mayores riesgos de pérdidas. Ha recibido mucha atención la contaminación del agua, y en los países vecinos a Colombia se ha acumulado mucha evidencia (7). La disposición final de aguas y lodos tóxicos sigue siendo un enorme problema. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sector de hidrocarburos genera más residuos líquidos y sólidos que todas las demás categorías sumadas (urbanos, agrícolas, mineros, etc.). La fuente de éstos está en taladrar y bombear, y todo esto se minimiza como “agua producida” en lugar del término que debería recibir: residuos peligrosos o tóxicos (8).

 

Los pozos petroleros no están aislados, sino que para cumplir sus funciones necesitan de conectores como oleoductos o gasoductos, los que a su vez tienen impactos ambientales de todo tipo, tanto en la fase de construcción como en la de operación (9).

Finalmente, los pozos petroleros tienen una vida útil, y la etapa de abandono produce pasivos ambientales, que mantienen la contaminación por largo tiempo, como muestran varios casos en Bolivia (10).

Este breve repaso atendió algunos aspectos destacados en el petróleo y gas convencional y en el medio terrestre. Pero la situación es más compleja en las operaciones marinas, y todavía más con hidrocarburos no convencionales y tecnologías de fractura hidráulica.

Aunque existen evidencias y estudios de problemas de este tipo en Colombia, alguno podrá argumentar que los casos más graves de malas prácticas son propios de otros países, y que la gestión ambiental colombiana es muy superior, controlando adecuadamente los impactos ambientales y sociales en emprendimientos extractivos. Estimo que la evidencia de los últimos años lleva a tener muchas cautelas en seguir ese camino (basta repasar los detallados informes de la Contraloría para el sector minero).

Además de las cuestiones ambientales que se indicaron en esta sección, no debe olvidarse que el sector petrolero también produce efectos negativos sociales, tales como invasión de territorios y comunidades campesinas, impactos sobre la salud pública, violación de derechos humanos, y participación en redes de corrupción.

En estos y otros campos opera la defensa de los extractivismos, minimizando o negando estas consecuencias, los riesgos enfrentados, y en cambio se enfatizan aspectos positivos como los ingresos económicos, para así generar discursos de legitimación (11).

 

Considerando todos estos aspectos, una evaluación de los emprendimientos petroleros no puede partir desde la premisa que tienen un impacto “casi cero” o que son “amigables” con la biodiversidad. Por el contrario, tienen sustantivos efectos, muchos de ellos conocidos y posiblemente otros todavía no evaluados adecuadamente. Entonces, la discusión debe avanzar hacia entender mejor esos impactos, y por cierto habrá efectos que serán socialmente aceptados y otros, en cambio, serán rechazados.

 

Escalas e intensidad de los impactos

Una preconcepción análoga a la de los impactos “casi cero” en los emprendimientos petroleros se repite en varias defensas de la minería. Entre ellas se encuentra sostener que la superficie territorial afectada por una megamina es, por ejemplo, menor a algún sector agrícola, y por lo tanto éste sería el problema más grave y no tanto la minería. Razonamientos de este tipo también se han defendido en Colombia.

En esas comparaciones hay un aspecto cierto: la superficie de una minera es menor a la de, por ejemplo, el cultivo de café en una región. Sin embargo restringirse a esto es engañoso. En efecto, estamos ante dos actividades muy distintas, ya que una descansa en recursos no-renovables que se agotan, y la otra aprovecha la renovabilidad, aunque

que no se maneja un concepto preciso de extractivismo.

La explotación minera y petrolera implica una pérdida ecológica que es irreversible (sea el mineral como el crudo no se pueden recuperar). En la agricultura hay circunstancias en que puede ocurrir algo análogo (por ejemplo por pérdida total del suelo), pero también cuenta con otras opciones que ofrecen un amplio abanico de aprovechamientos, cada uno con sus posibilidades de sustentabilidad, y diferentes efectos sobre la biodiversidad y el ambiente.

 

La teoría de los extractivismos alerta que la megaminería en realidad representa una amputación ecológica. Es una condición de extremo impacto ambiental que implica una remoción física del ambiente. Bajo esas condiciones, hablar de remediación o restauración de tajos abiertos resulta un eufemismo tecnocrático. Se pierde la gravedad de esas amputaciones ecológicas y en cambio se discuten efectos secundarios alrededor de esas heridas.

 Esto se pierde de vista cuando se hace algo así como un ranking entre afectaciones ecológicas únicamente por la superficie comprometida. A mi modo de ver, asumir que los enclaves mineros o petroleros serían menos graves que algún sector agrícola extractivista, es como si dos pacientes con dos graves pero distintos tipos de cánceres terminales se encontraran y se pusieran a discutir cuál de está mejor. Se termina alentando el estancamiento en la toma de decisiones, ya que si se aplica esa premisa hay que considerar cuáles serían las políticas ambientales a seguir: ¿permitir la megaminería y recortar la agropecuaria? ¿prohibir el cultivo de arroz pero dejar operando Cerrejón? Parece que olvidamos que, por ejemplo, podemos reconvertir el uso de la tierra hacia prácticas agroecológicas, pero no existe nada parecido a una explotación minera o petrolera “ecológica” u “orgánica”.

A su vez, desde la teoría de los extractivismos se reconoce que la superficie de los enclaves son distintas; acotados en un pozo petrolero o una minera, y amplios y difusos en la agricultura. Pero los dos tipos de apropiación de recursos tienen efectos geográficos ampliados que también cubren enormes superficies, debidos entre otros factores a las redes de conectores que vinculan esos enclaves, o a la reterritorialización que ocurre cuando se imponen concesiones mineras o petroleras sobre otros tipos de territorios.

Por ejemplo, un detallado estudio en Ecuador muestra que los bloques petroleros se superponen o afectan el conjunto de áreas protegidas, incluyendo algunas de alta biodiversidad. Se genera una geografía extractivista que acota y limita los sitios de conservación, donde las áreas protegidas no pueden asegurar una adecuada protección por ser pequeños, poco representativos, desconectados, etc. (12).

Por lo tanto, cualquier intento de legitimar un extractivismo por la superficie de su enclave no es una buena aproximación, ya que existen efectos territoriales ampliados que se minimizan u olvidan.

 

Petróleo y cambio climático

Las confusiones entre la ponderación de impactos y las escalas reaparecen al abordarse el papel del cambio climático. Como se sabe, uno de los flancos de más dura crítica al sector petrolero apunta a su responsabilidad en la generación de gases invernadero. Cuando Baptiste defiende a las petroleras, minimiza esa correspondencia con el cambio climático diciendo que Colombia “no aporta” gases de efecto invernadero o que su contribución no es significativa, y que las importantes son las que provienen desde la agricultura, ganadería y deforestación.

Comencemos por indicar que es incorrecto afirmar que Colombia “no aporta” gases invernadero. En realidad, una reciente estimación indica que emite 177.6 mega toneladas de equivalentes de CO2. Seguramente aquel dicho fue una metáfora ya que Baptiste agrega que esas emisiones no son “sensibles” en el total global al estar en el orden del “cero, coma, cero, cero, algo”. Pero tampoco es ese el caso, en tanto la participación colombiana en el total mundial es mucho más alta, ubicándose en el 0.37%. Se comprende la imagen de sus dichos, pero mi punto es que si buena parte de su discurso insiste en privilegiar el saber científico frente a los “mitos” populares, y por eso mismo se debe ser riguroso en el lenguaje.

Tampoco es correcta su afirmación que las principales emisiones vienen del medio rural (agropecuaria, deforestación y cambios en el uso del suelo). Por el contrario, la principal fuente de emisiones colombianas, con el 49% del total, es lo que se denomina como sector “energético” (que incluye la quema de combustibles, la generación de electricidad, el transporte, la construcción, etc.). Asociados a este se encuentran gases de procesos industriales y residuos, con 7.6%. En cambio, las emisiones que provienen del medio rural, la agricultura y los cambios en el uso del suelo se estiman en 40% del total (13).

Como resultado, Colombia es un aportante a los gases invernadero, y dentro del país estos se generan sobre todo desde los sectores de energía, agricultura y deforestación. Pero no puede olvidarse que el petróleo extraído de Colombia se quemará en otros países, lo que refuerza la necesidad de manejar con mucha cautela las responsabilidades nacionales.

 

Esta no es una cuestión menor, ya que varios países sudamericanos insisten en que su contribución a los gases invernadero es menor, y por ello se sienten liberados de asumir restricciones en el sector petrolero. Un caso extremo es Bolivia, ya que critica a casi todos los países en la temática del cambio climático pero simultáneamente apuesta a aumentar la explotación petrolera, incluso en territorios indígenas y áreas protegidas.

Es muy útil seguir el rastro desde cada empresa petrolera, ya que, por ejemplo, lo que se extrae en el Medio Oriente se quemará pongamos por caso en países industrializados. Si en lugar de poner el foco en los países, se atiende a las responsabilidades de las empresas, la situación es otra. Sumando las emisiones de CO2 a la atmósfera entre fines del siglo XIX (1880) al año 2010, las empresas más contaminantes fueron Saudi Aramco (empresa estatal de Arabia Saudita), seguida por Chevron (corporación privada basada en EE.UU.) (14). En ese tipo de evaluaciones, Ecopetrol de Colombia aparece en el puesto 59 en un ranking global de las 90 empresas petroleras más contaminantes. Entonces, tanto las empresas como el país, tienen responsabilidades en estos aspectos.

 

Minimizar esas responsabilidades en el cambio climático global está reñido con las alertas del Panel Internacional en Cambio Climático y con las metas de los convenios internacionales en esa materia, como el Acuerdo de París. Recordemos que se postula un tope a las emisiones de gases de carbono para evitar un aumento peligroso de la temperatura media del planeta, y ello impone restricciones a la civilización petrolera. Entre ellas está el llamado a dejar de explotar el petróleo que queda en el subsuelo para evitar que se lo queme y aumente la concentración de gases invernadero.

 

Cuando se apuesta a explotar hasta la última gota de petróleo invocando necesidades económicas nacionales como minimizando los impactos locales, se sigue un razonamiento que no es muy distinto al de Donald Trump, quien también prioriza los intereses económicos nacionales y no cree que la explotación de hidrocarburos o carbón sean un problema ecológico. Es una postura que tampoco se condice con entender que el cambio climático se está convirtiendo en una seria amenaza para la biodiversidad en el planeta, y por ello, también en Colombia.

 

Los roles empresariales

En la promoción de los extractivismos también se cuentan las defensas a las empresas, presentándolas como eficientes e innovadoras, que aprovechan todos los avances científicos-tecnológicos para reducir sus impactos, y responsables con el ambiente y las comunidades. Algunos de esas ideas también aparecen en una de las entrevistas a Baptiste cuando enumera cualidades, todas positivas y con adjetivos contundentes: el sector petrolero es dinámico, muestra una “innovación impresionante”, ha reinvertido buena parte de su “riqueza” en innovación, genera todo el tiempo competitividad y eficiencia (15). El razonamiento prosigue con señalar que como la gente “no percibe” una evolución que sería positiva, esto genera desconfianza e incertidumbre en la gente. Una vez más, como la ciudadanía “no sabe” es que rechaza a los extractivismos, sugiriéndose que “si supiera” posiblemente los abrazaría.

Esa paradisíaca imagen de las empresas extractivas debe ser sujeta a un escrutinio más riguroso. Comenzando por lo más obvio nunca debe olvidarse que la “riqueza” de las empresas petroleras (o sea capital) va sobre todo a sus accionistas y los servicios de su deuda, y no a la innovación científico-tecnológica. En efecto, ha existido una caída estimada en el 15% de las reinversiones en investigación y desarrollo de las compañías en 2015, y un adicional 5 % en 2016, según la Agencia Internacional de Energía (16).

Las evaluaciones de los esquemas de responsabilidad social empresarial muestran que no tienen efectos sustantivos o son muy modestos en la gestión ambiental (17). El sector petrolero tiene un historial negativo en el cumplimiento de exigencias y controles ambientales. La evidencia comparada en otros países sudamericanos confirma eso, observándose incumplimientos de normas ambientales como de sus propios códigos de responsabilidad empresarial, no necesariamente emplean las mejores tecnologías disponibles, ocultan accidentes, etc. (18). Ni siquiera los nuevos gobiernos progresistas han sabido encauzar de otra manera la responsabilidad social empresarial (19). Incluso en EE.UU., la Agencia de Protección Ambiental repetidamente encuentra todo tipo de irregularidades e incumplimientos en el sector petrolero (20).

 

Además, al contrario del optimismo tecnológico simplista, las empresas siguen involucradas en accidentes, especialmente derrames. Esto es muy claro en la Amazonia de Ecuador y Perú (21). Parecería que esta problemática es más difícil de asumir en Colombia en tanto algunos conocidos derrames se han debido a sabotajes. Sin embargo también hay casos debido a otras razones. Entre ellos, el derrame en Casanare en junio de 2016, que ocasionó una emergencia ambiental, repite lo observado en los países vecinos (empresa que no informa a tiempo, críticas al mantenimiento del ducto, acusaciones a las comunidades locales) (22). Por lo tanto, asumir un paraíso de empresas muy juiciosas y un Estado muy riguroso en el manejo petrolero, puede ser aventurado.

 

Hay otras confusiones asociadas que también deben señalarse. Entre ellas siempre hay que recordar que las empresas petroleras no tienen por finalidad proteger la naturaleza; su meta es asegurar beneficios económicos que mantenga su funcionamiento y generen beneficios económicos para sus propietarios. Es necesario tener esto presente cuando hay momentos en que se trata a esas empresas como si fueran un ministerio del ambiente o una agencia de beneficio social. Incluso centro del propio sector petrolero reconocen que el propósito fundamental de la ingeniería petrolera no es proteger el ambiente sino maximizar la extracción, y que para que éstos sea posible en las circunstancias actuales se deben atender los impactos ambientales y cumplir con exigencias y controles (23). En otras palabras, se asumen medidas ambientales no como un fin en sí mismas, sino como una inevitable condición para mantener la rentabilidad.

 

Dos posturas científicas

En cuestiones como las que se acaban de examinar, la defensa de los extractivismos muchas veces está asociada a ciertas concepciones de la ciencia y a determinadas prácticas epistemológicas. Cuando se insiste en minimizar los impactos ambientales o se cree sinceramente que esos efectos se pueden resolver con la tecnología, nos encontramos en el terreno de las viejas ciencias cartesianas. Estas abordan al ambiente como un sistema que se puede conocer en detalle, y a su interior discurren interacciones simples, que pueden ser predichas con cierta eficacia. Es por lo tanto una mirada parecida a la de física o química. El ecólogo sería como un ingeniero que conoce todos los componentes de la máquina ecológica, y puede actuar removiendo o incluyendo piezas, cambiando la dinámica de funcionamiento, para así generar una gestión ambiental.

 

En cambio, los más recientes avances en ciencias ambientales discurren casi en un sentido inverso. El ambiente no se puede reducir a una simple maquinaria, ya que en la naturaleza no todos los componentes son conocidos, se entienden parcialmente las relaciones entre ellos, y tampoco esos procesos discurren como simples relaciones de causa – efecto. Toda esa incertidumbre es mucho más alta en América Latina, porque los conocimientos sobre la fauna y flora, y la base física, son todavía muy parciales. Hay todo tipo de interacciones y buena parte no son lineales ni acotadas en el tiempo o el espacio. De esta manera, las nuevas ciencias ambientales se mueven en la incertidumbre, y hacen del riesgo un elemento clave (24). El ecólogo que sigue esta mirada tiene muchas resistencias a meter sus manos dentro de los ecosistemas, ya que no conoce todos sus componentes y menos aún las consecuencias que puedan tener sus intervenciones.

 

Los clásicos estudios ambientales que se siguen aplicando a los extractivismos son parte de la vieja mirada de la ciencia, y descansan en esa epistemología cartesiana. Por ello creen que pueden predecir efectos ambientales y afirman saber cómo mitigarlos. En cambio, lo que se necesita frente a los extractivismos son evaluaciones que incorporen las incertidumbres, y desde allí ponderan cuáles son los riesgos, los posibles impactos negativos. Un ejemplo de las incertezas aparece en la reciente acción de la Procuraduría frente a un pozo de Ecopetrol en Meta, entre otras cosas por carecer un estudio adecuado de los acuíferos y cuerpos de agua (25). La mirada clásica afirmará, por ejemplo, que no habrá accidentes de derrame en una plataforma petrolera, mientras que el abordaje de la complejidad asumirá que éstos son posibles, y que en caso de ocurrir indica cuáles serán los posibles impactos.

Cuando se examina un emprendimiento petrolero toda esa complejidad queda en evidencia, y sobre ello se solapan incertezas sociales, económicas y políticas. Es por esto que desde la perspectiva de la complejidad nunca se diría que la explotación petrolera tiene “cero” impactos, ya que eso es imposible de confirmar desde un punto de vista ecológico. En cambio, reconociendo la incertidumbre, se enumerarían los riesgos ecológicos de esas actividades.

 

Consecuencias en políticas públicas

A partir de estas precisiones es posible pasar a considerar algunas implicaciones en el campo de las políticas y la gestión ambiental. En este terreno, las posturas que afirman que el petróleo tiene impactos “casi cero” genera una cascada de consecuencias negativas para las políticas ambientales. Algunas se pueden mencionar aquí.

Entre ellas está un potencialmente debilitamiento de las capacidades de evaluación ambiental. Por ejemplo, se puede argumentar que dados los recursos escasos del Estado, realizar evaluaciones de impacto ambiental en ese sector no es una prioridad, o que como sus efectos son reducidos habría que rebajarles las exigencias y monitoreos. Es más, como ese discurso va de la mano con el que presenta a las empresas como muy buenos gestores ambientales, no faltaría quienes sostuvieran que se debe dejar el control ambiental en manos de las propias corporaciones, las que cuidarían del ambiente por sí mismas.

Esas posiciones en política y gestión ambiental deben ser rechazadas. Más arriba se ofrecieron ejemplos de la base científica que muestra la realidad de los impactos del sector petrolero. Como muchos países reconocen eso, y lo han aprendido tras decenas de impactos y conflictos, sus Estados imponen evaluaciones de impacto ambiental, con sus guías específicas para el sector, protocolos de evaluación, etc. Entonces el discurso debe ser otro: los riesgos de esos emprendimientos y sus impactos obligan a redoblar las exigencias y vigilancias, y éstas deben estar en manos del Estado, tanto a nivel central como local.

Un segundo conjunto de consecuencias podría afectar a las políticas de investigación en biodiversidad y ecología. Si se sostiene desde la propia academia que la explotación petrolera no tiene impactos potencialmente graves, se brindan argumentos a políticos y tomadores de decisiones para desestimar el financiamiento de esos estudios en el ámbito académico, como por ejemplo las universidades. Como los fondos disponibles para la investigación son escasos, los políticos de turno e incluso los académicos podrían decidir con cierta razón que deben ser enfocados allí donde es más urgente, y como petróleo y minas parecen no serlo, podrían ser removidos de las asignaciones de fondos. Se favorece incluso una mayor dependencia a conseguir financiamiento de las propias empresas petroleras, las que apoyarán lo que quieran y bajo las condiciones que deseen. Se consolida así una situación donde las investigaciones y conocimientos siempre serán limitados, alimentándose todavía más la ilusión de la ausencia de impactos.

Finalmente, hay otros componentes referidos a las políticas en cambio climático que ya fueron analizados arriba.

 

Economía y desarrollo 

Otro sendero seguido en la defensa de los extractivismos parte de su importancia en alimentar el crecimiento económico. Aquí también Baptiste ha sido muy elocuente en afirmar que se debe sacar hasta la última gota de petróleo en Colombia. En esos dichos apela a ideas complementarias: otras estrategias de reconversión energética tendrían un alto costo fiscal, el petróleo tiene impactos “cero”, los aportes colombianos al cambio climático “no existen”, etc.

Si bien, como ya se analizaron arriba ideas tales como minimizar los impactos, es importante considerar los otros aspectos económicos. En esa dimensión, es necesario comprender que el precio de mercado del crudo no incorpora los costos ambientales del sector. En realidad, Colombia, como los demás países petroleros, acepta un dumping ecológico vendiendo esos recursos mientras socializa los costos económicos de sus efectos negativos. En el valor del barril de crudo no está, por ejemplo, el costo económico de descontaminar un río. Sin contar con esa información no se pueden aplicar evaluaciones serias de los costos y los beneficios económicos de extraer petróleo. Dicho de otro modo, la academia carece de la información necesaria para decir que es “ventajoso” sacar todos los hidrocarburos. En Ecuador, donde fue realizado una evaluación multicriterio que incorpora algunos de esos otros aspectos, arrojó que para el país es más beneficioso dejar el crudo en el subsuelo amazónico (26).

Un segundo asunto, es que cuando se presenta a la exportación petrolera como motor del desarrollo, uno queda adherido a visiones convencionales de la economía y del desarrollo. Se asume que las exportaciones de recursos naturales promueven crecimiento económico, y que éste genera derrames que permitirían reducir la pobreza, por ejemplo. Ese es justamente el reduccionismo economicista que han combatido los estudios ambientales por lo menos desde fines de la década de 1960, pero que de todos modos una y otra vez reaparecen en nuestros países. Esa perspectiva ignora que en casi todos los países que dependen de la exportación petrolera se deteriora la diversificación productiva y se primarizan, muchos quedan atrapados en situaciones del tipo “enfermedad holandesa” con un dólar barato, consumismo de productos importados y débil industria nacional, se deteriora el entramado democrático, no logran superar la pobreza, etc. Además, hay aportes sudamericanos que muestran lo debatible que son las supuestas conexiones entre exportaciones petroleras y financiamiento de la reducción de la pobreza, o aquellos que revelan la escandalosa situación donde el Estado termina subsidiando a las petroleras (27).

Finalmente, es muy común que en esas discusiones se confundan aspectos económicos y ecológicos. Es que aun admitiendo impactos ambientales, los promotores de los extractivismos ofrecen mecanismos de compensación económica, tales como asistencia en salud, vivienda, alimentos, empleo, etc. A veces se califica a esto como intervenciones positivas de las empresas extractivas, cuando en realidad una compensación económica no reemplaza ni es igual a la protección ambiental; son relaciones del tipo “te contamino, pero te pago”.

 

Impactos locales y efectos derrame

Las posturas de reducir la relevancia de los impactos ambientales locales mientras se jerarquizan los supuestos beneficios económicos saca ventaja de dos limitaciones conceptuales: definiciones imprecisas y vagas de los extractivismos, y la confusión de sus impactos locales y los efectos derrame.

Los extractivismos son un tipo particular de apropiación de recursos naturales que está basado en remover grandes volúmenes o con alta intensidad, y que en su mayor parte son exportados como materias primas. Entendidos de esta manera son actividades ancladas localmente, pero dependientes de la globalización. Entonces, por ejemplo, puede haber remociones de minerales o prácticas agrícolas que no son extractivismos (28).

 

Los extractivismos por un lado ocasionan impactos locales, como los efectos sobre la biodiversidad o la salud de las personas, y por otro lado generan efectos derrames, tales como alterar las dinámicas económicas o modificar las políticas públicas. Estos últimos no están acotados a un sitio, sino que incluyen el rediseño de políticas y estrategias que son nacionales y cubren todo el territorio, para hacerlas funcionales a los extractivismos. Ejemplos muy claros son los límites a la información y participación ciudadana, los recortes de los derechos de las personas o naturalizar la violencia con la que se imponen los extractivismos.

En sectores como hidrocarburos y megaminería los efectos derrame pueden ser mucho más importantes y graves que los impactos locales. Esto se debe a que no son fácilmente identificados como tales y son además más difíciles de revertir.

 

Política, democracia y saberes

Entre los efectos derrames están aquellos que inciden sobre la democracia. En forma muy esquemática, la evidencia disponible en América del Sur muestra que los extractivismos siempre buscan reducir o anular distintos mecanismos democráticos, ya que allí donde la ciudadanía es adecuadamente informada, intercambia experiencias locales, y participa en las decisiones, es más proclive a rechazar esas actividades por sus altos riesgos.

Entonces, los promotores de los extractivismos no sólo defienden esas actividades, sino que en paralelo atacan mecanismos democráticos como el libre acceso a la información o las consultas ciudadanas. Se argumenta que las comunidades locales no están informadas adecuadamente, no saben analizar los datos, o tienen intereses políticos ocultos. Por lo tanto no tendría sentido que votaran, sino que antes deben ser “informadas” o “educadas”. En paralelo, se postula que las consultas no son necesarias, ya que le legitimidad democrática ocurre una vez, en el momento de las elecciones nacionales, departamentales o locales. Las personas que ganaron las elecciones pueden tomar todas las decisiones que quieren y no tienen obligaciones de consultar a la gente. Dicho de otro modo, se atacan instrumentos de democracia delegativa y se potencian delegaciones verticales de la representación popular.

Bajo esta dinámica no puede sorprender que se utilice la reputación de los saberes científicos para darle a los expertos un papel significativo en decidir las políticas sobre los recursos naturales que de alguna manera limitan o condicionan otras prácticas de participación ciudadana. Se asume que éstos poseen un conocimiento suficiente, objetivo, adecuado, y privilegiado frente a otros saberes al momento de decidir las estrategias de desarrollo.

Esas posiciones tienen que ser evaluadas. La situación latinoamericana es compleja, ya que gran parte de la academia defiende y reproduce a los extractivismos. Pongamos por caso, los ingenieros de minas o petroleros creen sinceramente en ese tipo de actividades, y hay muchos que consideran que sus impactos son menores, pueden ser manejados o que son costos a pagar por el progreso económico. En cambio, en todos los países, los grupos de científicos que alertan sobre los problemas locales y los efectos derrame de los extractivismos son muchos menores, y no faltan casos donde son hostigados dentro de sus propias instituciones.

En paralelo, hay empresas extractivas que financian a ese entramado académico, sea por impuestos, fondos sectoriales o proyectos específicos. Esto ha generado, por ejemplo en Argentina, reacciones de algunos grupos universitarios ante los fondos mineros ya que entienden que comprometen las independencias institucionales.

Por lo tanto no existe un “único” saber científico, ni un “único” modo de practicar la ciencia. Hay todo tipo de abordajes teóricos y prácticos, unos recostados sobre la simpleza y otros sobre la complejidad, y éstos a su vez están atravesados por distintas formas de entender la explotación de la Naturaleza, diferentes posturas éticas y morales sobre qué implica, por ejemplo, contaminar el agua o desplazar una comunidad, y además, todo ello puede ser afectado por intereses económicos o ideologías políticas.

Esto permite que gobiernos, partidos políticos y empresas, fácilmente puedan seleccionar posiciones de académicos que defienden los extractivismos, mientras excluyen a otros. De manera similar operan los medios de prensa convencionales. Se diseminan de esa manera discursos en favor de los extractivismos y que presentan a las comunidades locales como ignorantes.

Los grupos de la sociedad civil quedan atrapados en esta dinámica. Algunos se ven forzados a contratar sus propios “expertos” para poner evidencia impactos que otros niegan. Esta es una tarea que no es sencilla, ya que las empresas cuentan con muchos más científicos y consultores, y además tienen más dinero para contratarlos. Sólo en algunos casos, en ciertos países, estallaron batallas entre saberes y contra-saberes expertos de envergadura (por ejemplo, sobre la afectación del agua en el proyecto minero Conga en Perú o las consecuencias de los agroquímicos asociados a los transgénicos en varios países).

Sin duda que en el seno de las comunidades así como dentro de movimientos sociales hay todo tipo de manejo de la información, con mayor o menor calidad. Es cierto que se escuchan disparates, pero el vecino de una comunidad no está obligado a cumplir con los estándares de la comunicación científica, y no puede ser juzgado bajo esa escala. Reconocido esto, me parece apresurado acusar a los grupos ciudadanos de estar atrapados en mitos o campañas publicitarias, cuando una buena parte de esa mitología también afecta a los ámbitos académicos convencionales. Es más, el mecanismo prevaleciente es inverso, ya que los extractivismos siguen vigentes en buena medida gracias a amplias campañas mediáticas. A veces se vuelve un milagro que una comunidad pueda tener una visión independiente sobre esas actividades si la prensa, los políticos, empresarios y muchos catedráticos no dejan de repetir las bondades y necesidades de esos emprendimientos.

Desde la mirada de las comunidades locales es totalmente comprensible que desconfíen de los expertos, y esto no debe ser tomado a la ligera como una muestra de ignorancia o atavismo. Pensamos por un momento qué sucede cuando líderes comunitarios que vienen escuchando una y otra vez que el dictamen experto que el extractivismo no tendrá mayores consecuencias, pero de todos modos estalla un impacto. ¿Qué sucede cuando se revisa con cuidado la información de un proyecto similar en otra región o país y se encuentra que ha dejado todo tipo de impactos negativos? ¿Cuáles deberían ser las reacciones cuando tras examinar con detalle los discursos expertos se encuentran múltiples errores e imprecisiones según los estándares de ese mismo saber académico? Planteo estas preguntas retóricas para mostrar que las comunidades locales y la sociedad civil tienen todo el derecho de ser desconfiadas.

Reconocer esta problemática no significa caer en una postura anti-científica. Muy por el contrario, las nuevas miradas en ciencias del ambiente mencionadas arriba, reconocen la diversidad de saberes, y no tienen vergüenza en presentarse a sí mismas como un tipo de conocimiento entre varios otros. Su reconocimiento de las incertidumbres y complejidades les obliga a promover la participación y el diálogo. Es una ciencia que intenta no ser petulante, sino que presenta cuáles son los riesgos, por ejemplo ecológicos o sanitarios de los extractivismos, y busca discutirlos con las comunidades locales ya que ellas sufrirán antes que nadie esos impactos. Es una postura que comprende que los saberes locales y tradicionales tienen unos conocimientos ecológicos que enriquecen los estudios que puedan llevar adelante los biólogos y ecólogos. Ese aporte no es una carga ni entorpece el trabajo, sino que es una necesidad. La mejor evaluación ambiental necesita de la participación y consulta ciudadana.

Existen, por lo tanto, múltiples esfuerzos de democratizar las evaluaciones ambientales y mejorar la participación ciudadana en las políticas ambientales. Muchos de éstos surgieron en el norte ante emprendimientos complejos, como las centrales nucleares, las que a semejanza de las petroleras también insisten en que no producen impactos, tienen la mejor tecnología y son completamente seguras (29). Aquí en el sur, contamos con la rica tradición de la llamada investigación-acción-participante que ofrece muchas complementariedades con una ecología de la complejidad. Caminos de este tipo son los que deben explorarse.

 

Desatando los nudos

La posibilidad de debatir sobre los extractivismos y sus implicancias en Colombia, debe ser más que bienvenida. Es muy bueno que esto ocurra, ya que permite entender mejor las particularidades de ese tipo de explotación de los recursos naturales y sus implicancias en la política y economía de cada nación.

La propia discusión muestra que no es una cuestión banal o una manía de los académicos. Alrededor de estos asuntos están en juego muchos elementos críticos, tales como las concepciones de desarrollo, la inserción del país en el comercio global, y el destino de su patrimonio ecológico. Obliga, además, a identificar distintos modos de entender la ciencia, la construcción de políticas públicas y los sentidos de la democracia. En todo eso están los nudos que mantienen bien atado a los extractivismos en el desarrollo contemporáneo.

Estoy convencido que buena parte de los intervinientes en estos debates comparten la percepción que las actuales estrategias son insostenibles. Sin embargo, a mi modo de ver, los problemas no se solucionarán con medidas de compensación o remediaciones tecnológicas, mientras se persiste en vender nuestros recursos naturales a la voracidad de la globalización. Estamos ante prácticas con impactos y derrames más negativos de lo que muchos asumen. Por lo tanto, todo ese anudado de los extractivismos y el desarrollo debe ser desatado, para dejar en claro esos efectos como sus riesgos. Esa es una tarea desafiante, y que sólo es posible con el concurso de amplios sectores sociales.
 

Referencias

1."Me opongo a las consultas populares hechas por campañas mediáticas": Brigitte Baptiste, entrevista de A. Vargas Ferro, La Silla Vacía, 10 enero 2018, http://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/me-opongo-las-consultas-populares-hechas-por-campanas-mediaticas

2.Por ejemplo, en la región de Yasuní, en la Amazonia de Ecuador, esos caminos impactaron sobre la biodiversidad, generaron efectos “borde”, alteraron la composición de especies, y algunos grupos, como primates o anfibios, se reducen. En ambientes que no son tropicales, como las estepas del sur de Argentina, a lo largo de las líneas de estudios sísmicos se pierde la vegetación original, la recuperación es limitada y se vuelven más frecuentes las especies exóticas.

WCS. 2006. Efectos de las carreteras sobre la fauna silvestre en el Parque Nacional Yasuní. Wildlife Conservation Society, Quito, Boletín 1: 1-7

McCracken, S. F., y M. R. J. Forstner. 2014. Oil road effects on the anuran community of a high canopy tank bromeliad (Aechmea zebrina) in the upper Amazon Basin, Ecuador. PLoS ONE 9:e85470

Fiori, S. M., y S. M. Zalba. 2003. Potential impacts of petroleum exploration and exploitation on biodiversity in a Patagonian Nature Reserve, Argentina. Biodiversity Conservation 12: 1261–1270.

3. Una introducción a toda esta compleja temática en Orszulik, S. 2016. Environmental technology in the oil industry, 2da edición. Springer, Heidelberg.

4. Arellano, P. et al., 2015. Detecting the effects of hydrocarbon pollution in the Amazon forest using hypersectral satellite images. Environmental Pollution 205: 225-239.

5. Abdel-Shafy, H.I. y M.S.M. Mansour. 2016. A review on polycyclic aromatic hidrocarbons: source, environmental impact, effect on human health and remediation. Egyptian Journal Petroleum 25: 107-123.

6. La deforestación resulta de efectos directos de la explotación petrolera como asociados ya que los caminos son usados por otros actores involucrados en la tala ilegal, tráfico de fauna o la agricultura. Véase por ejemplo a Fontaine, G. 2003. Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: reglas de juego. FLACSO y GPA Petroecuador, Quito.

7. El caso más conocido está resumido en The Texaco-Chevron Case in Ecuador, EJOLT, Fact Sheet 42, 2015. Ver además, para Bolivia, Mamni, W. y colab., 2003. Contaminación del agua e impacto por actividad hidrocarburífera en la Serranía Aguaragüe. PIEB, La Paz.

8. O’Rourke, D. y S. Connolly. 2003. Just oil? The distribution of environmental and social impacts of oil production and consumption. Annual Review Environmental Resources 28: 587-617.

9. Por ejemplo, el controvertido Oleoducto de Crudos Pesados en Ecuador impacta en las aves, especialmente en frugívoros e insectívoras. Tellkamp, M. P. et al., 2004. Preliminary results about the short term impacts of the construction of the crude oil pipeline in Northwest Pichincha. Lyonia 6:97–125.

10. Campanini, J. y colab. 2014. Los límites de las fronteras extractivas en Bolivia. El caso de la biodiversidad en el Aguaragüe. Informe OMAL No 12, Cochabamba.

11. Esto se analiza en Gudynas, E. 2014. Sustentación, aceptación y legitimación de los extractivismos: múltiples expresiones pero un mismo basamento. Opera, Bogotá, 14: 137-159.

12. Lessmann, J. et al., 2016. Large expansion of oil industry in the Ecuadorian Amazon: biodiversity vulnerability and conservation alternatives. Ecology and Evolution 6(14): 4997-5012.

13. Datos del CAIT del World Resources Institute, resumidos en Greenhouse gas emissions in Colombia, US AID, Marzo 2017.

14. Ekwurzel, B., y colab., 2017. The rise in global atmospheric CO2, surface temperature, and sea level from emissions traced to major carbon producers. Climatic Change 144: 579-590.

15. Me opongo a las consultas populares …; entrevista citada en la nota 1.

16. IEA: Oil, Gas R&D Investment Stumbles, Despite Technology Benefits, V. Addison, E&P (Exploration & Production) Magazine, 11 Julio 2017, https://www.epmag.com/iea-oil-gas-rd-investment-stumbles-despite-technology-benefits-1642791#p=full

17. Frynas, J.G. 2005. The false developmental promise of Corporate Social Responsibility: evidence from multinational oil companies. International Affairs 81 (3): 581-598.

18. Un buen ejemplo se registra en Ecuador: Kimerling, J. 2001. International standards in Ecuador’s Amazon oil fields: the privatization of environmental law. Columbia Journal Environmental Law 26 (2): 289-397.

19. Cisneros, P. y L. Christel. 2014. The democracy deficit of corporate social responsibility in post-neoliberal times: an analysis of the Argentinian and Ecuadorian experiences. Journal Cleaner Production 84: 174-182.

20. Vése O’Rourke y Connolly, 2003, en la nota 8.

21. Por ejemplo, en Perú se padecen muchos derrames por roturas de oleoductos, a un promedio de uno cada 3 meses. Hay medios que sostienen que la principal causa es el sabotaje, pero evaluación reciente muestra que al menos el 60% se deben a otras razones, entre ellas malos mantenimientos por las empresas. Asimismo, mientras las empresas afirman dice que esos derrames no afectan el ambiente, las evaluaciones independientes muestran su daño sobre la fauna y flora. Véase J.C. Ruiz M. y colab., Mitos y verdades sobre los derrames de petróleo en el Perú, IDL, Justicia Viva, 27 octubre, Lima, http://www.justiciaviva.org.pe/new/mitos-y-verdades-sobre-los-derrames-de-petroleo-en-el-peru/

Honty, G. Perú: 60 derrames en 15 años. ALAI (Agencia Latino Americana de Informaciones), 10 marzo 2016, Quito, https://www.alainet.org/es/articulo/175970

22. Después de 3 días apareció explicación de Perenco Colombia Limited sobre derrame de crudo, Prensa Libre Casanare, 21 Junio 2017, http://prensalibrecasanare.com/industriapetrolera/25735-despuys-de-3-dnas-apareciu-explicaciun-de-perenco-colombia-limited-sobre-derrame-de-crudo.html

Derrame de petróleo ocasiona desastre ambiental en Yopal, W Radio, 22 junio 2017, http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/derrame-de-petroleo-ocasiona-desastre-ambiental-en-yopal/20170622/nota/3500128.aspx

23. Véase por ejemplo la guía sobre tecnologías de control ambiental petrolero de Wojtanowicz, A.K. Environmental control technology for oilfield processes, En: Environmental technology in the oil industry (S. Orszulik, ed). Springer, Heidelberg.

24. Esta posición corresponde con la llamada “ciencia posnormal”; véase Funtowicz, S.O. y J.R. Ravetz. 2000. La ciencia posnormal. Icaria, Barcelona.

25. La Procuraduría pidió frenar el pozo estrella de Ecopetrol, M.P. Rubiano, El Espectador, Bogotá, 4 setiembre 2017, https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-procuraduria-pidio-frenar-el-pozo-estrella-de-ecopetrol-articulo-711519

26. Vallejo, M.C. y colab. 2011. La iniciativa Yasuní-ITT desde una perspectiva multicriterial. PNUD y FAO, Quito.

27. Distintas implicancias económicas se analizan en Gudynas, E. 2015. Extractivismos, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. CEDIB y CLAES, Cochabamba.

28. La definición de extractivismos, y un resumen de la distinción entre sus impactos y derrames en Gudynas, E. 2015. Extractivismos en América del Sur y sus efectos derrame. La Revista, boletín Sociedad Suiza Americanistas, 76: 13-23. Un análisis más detallado en Gudynas, citado en la nota 27.

29. Un ejemplo de esas prácticas son los llamados “foros híbridos”; véase Callon, M, P. Lascoumes y Y. Barthe. 2011. Acting in an uncertain world. An essay on technical democracy. MIT Press, Cambridge. 

 

Eduardo Gudynas es analista en temas de ambiente y desarrollo en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Una primera versión de este artículo se publicó en Palabras al Margen (Colombia), No 122, 31 enero 2018. Blog del autor: www.accionyreaccion.com ; twitter: @EGudynas.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=237767

 

 Crisis civilizatoria

 

Recordemos el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico y la 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

parten de reconocer como verdad irrefutable que,  durante más de una década los gobiernos progresistas sostuvieron "transformaciones democráticas muy positivas" con lo cual se irresponsabilizan de haber hecho a la gran concentración y transnacionalización económico territorial que fundamentan a la actualidad de gobiernos neoliberales.

 

Examinemos las realidades concretas respecto a que:

 

“El extractivismo es autoritario, contaminador y

destructor de la naturaleza”

3 de julio de 2015

 

Por Iara Urbina

Gran Angular

 

 

Alberto Acosta, político de izquierdas, fue uno de los padres de la Constitución de Ecuador y ex ministro de Energía y Minas. Desde esta posición impulsó una iniciativa para no explotar petróleo en el Parque Yasuní, que fue finalmente archivada por el Ejecutivo de Correa en 2013. Fue presidente de la Asamblea Constituyente (hasta junio 2008). Sus divergencias con Correa provocaron su renuncia en el cargo. Tras este período, el economista se desempeña como profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y ha publicado diversos libros donde critica el modelo económico imperante basado en la extracción de recursos naturales y materias primas en toda América Latina. En esta entrevista Acosta señala que Perú y Ecuador tienen muchas similitudes, ya que ambos son “países producto”, porque basan su economía en actividades extractivas, que traen como consecuencia múltiples conflictos sociales.

 

¿A qué se debe que los países con mayores recursos naturales tengan mucha pobreza? Los países que tienen una enorme dotación de recursos naturales, son los que tiene más dificultades para que crezca su economía, son países que se caracterizan por prácticas económicas rentistas, por una estructura social marcada por el clientelismo y por gobiernos autoritarios y represivos; entonces, ¿somos pobres porque somos ricos? Parecería que hay una suerte de maldición de la abundancia. Hay quienes dicen que sí se puede salir esa maldición, pero plantean una salida con una mayor utilización de los recursos naturales, abriendo la puerta a una mayor transnacionalización de las economías y creo que esa salida neoliberal no da respuestas adecuadas, tampoco la salida neo-desarrollista de los llamados gobiernos progresistas que, a la postre, lo que hacen es usar el extractivismo.

 

Además de la política autoritaria, ¿qué otros factores nos conducen a la maldición de la abundancia? El extractivismo en sí es autoritario, contaminador, destructor de la naturaleza, depredador de la vida y de las comunidades. No puede haber un buen extractivismo, no puede haber un extractivismo sustentable, ya que es un esquema que sofoca todo lo que tiene que ver con la vida, sea el trabajo, la comunidad o la naturaleza. Entonces el punto medular acá es que el autoritarismo es esencial dentro del extractivismo, debido a que no es democrático porque no hay democracia en un proceso que está depredando a la naturaleza, la Pachamama (Madre Tierra) y a las comunidades.

 

La postura de los gobiernos progresistas, como el de Ecuador, ha sido la de procurar un mayor acceso y control por parte del Estado sobre los recursos y beneficios que genera la actividad, sin cuestionarse el modelo extractivista en sí. ¿Cómo se ha puesto en práctica este reclamo? Bueno, de alguna manera, lo que hay es un discurso, pero no una práctica. Se habla de la necesidad de que el Estado tenga una mayor participación en la renta petrolera y en la renta minera, pero este es un discurso que en la práctica es muy difícil de poner en marcha, en la medida que el gobierno ecuatoriano sigue dependiendo de las empresas transnacionales para ampliar la frontera petrolera o para abrir la puerta a la megaminería. Adicionalmente, la propuesta del Gobierno ecuatoriano dice que debemos liberarnos del extractivismo, pero ampliando las actividades extractivas (petroleras, mineras, agrarias) y eso en sí lleva a una enorme contradicción; es como que un médico le proponga a un paciente-que tiene un grave problema de drogas-, salir de esa afección aumentando la dosis de estupefacientes que consume y diciendo que después vamos a necesitar menos drogas. Eso es una verdadera aberración, es ilógico.

 

¿El gobierno de Correa está implementando políticas públicas a favor del extractivismo? Lo que se ha hecho es una mejor redistribución del ingreso, pero a la vez se ha permitido que los grupos económico obtengan mayores beneficios; por ejemplo, se ha incrementado mucho la inversión en salud y está bien, pero no se llega todavía a la meta propuesta por la Constitución, aprobada incluso con apoyo de este gobierno que se caracteriza por ser el que mayor tiempo ha estado en función en toda la historia de la república ecuatoriana, y es el que mayor cantidad de ingresos económicos ha tenido; ningún gobierno ha tenido tanto dinero como este. Ecuador exporta petróleo desde agosto de 1972, son casi 43 años exportando. Si ponemos todos los ingresos petroleros en valor del año 2007 (año en que empieza el gobierno de Correa) para arriba y hacemos una comparación, este ejecutivo ha recibido más del 41 % de todos los ingresos petroleros; entonces, con tanto dinero, se ha realizado una importante inversión en educación, salud, obra pública, bienestar social, vivienda popular; pero si bien ha logrado reducir la pobreza medida a través de los ingresos, no ha reducido la excesiva concentración de la riqueza.

 

¿Se quiere imponer la megaminería metálica en Ecuador? Ecuador se caracteriza por ser un país producto, exportamos cacao, banano, espárragos, flores, frutas tropicales, petrolero, camarones, y ahora el Gobierno pretende transformarlo en un país minero. Aquí solo hubo la mediana, pequeña, y microminería artesanal; pero nunca la megaminería. Los gobiernos neoliberales no lograron abrirle la puerta; sin embargo, este gobierno progresista lo hace y es una de sus grandes contradicciones.

 

¿Por qué se quieren iniciar actividades extractivas mineras? Porque las reservas de petróleo están declinando y yo sostengo, como tesis para el debate, que hay una suerte de ‘ADN extractivista’ en la sociedad ecuatoriana y en las sociedades latinoamericanas, no somos capaces de imaginarnos un país que no sea dependiente.

 

¿La salida es la industrialización? No necesariamente la industrialización tradicional, sino la construcción de otro esquema de vida, lo que llamamos el “Buen Vivir”, que es en sí una alternativa al desarrollo y al progreso. El petróleo sigue siendo una fuente importante de financiamiento de la economía ecuatoriana, todavía el 50% y, a veces, el 60% de las exportaciones provienen del petróleo. El 13% del Producto Bruto Interno (PBI) se gesta a través del petróleo, un 30% de los ingresos fiscales tienen que ver con petróleo, y ahora el Gobierno está planteando la megaminería; es simplemente pasar de ser un país petrolero, a ser un país minero. Seguir siendo un país producto sin capacidad de dar respuestas de fondo, eso no va a resolver la pobreza ni la dependencia.

 

¿Qué consecuencias traería el extractivismo minero a grande escala en Ecuador? Sabemos que las actividades extractivas al ser depredadoras de la vida, provocan muchas luchas sociales, deterioro ambiental y más inequidad. El hecho aquí es que a través de una mayor explotación de los recursos naturales, no estamos dando una respuesta clara y categórica a los problemas. El caso peruano es paradigmático, la mayoría de conflictos sociales tienen que ver con cuestiones ambientales y con afectaciones de derechos humanos, provocadas particularmente por la minería y por el petróleo.

 

¿Cuál es el marco legal en Ecuador para proteger los derechos de las comunidades y el medio ambiente?En la constitución de Ecuador tenemos una serie de normas muy importantes; por ejemplo, el artículo 57 de nuestra Constitución establece con claridad que en aquellas zonas donde se determine la existencia de indicios de pueblos en aislamiento voluntario, se deben detener todas las actividades extractivas. El Gobierno no cumple esa norma, está abriendo la puerta para explotar el Yasuní, un parque natural donde hay evidencias de comunidades indígenas. Hay otras normas importantes que no se aplican como la que manifiesta que el agua es un derecho humano fundamental, por lo que se prohíbe toda forma de privatización del agua y acaparamiento de este recurso; es una situación realmente lacerante. Además, la Constitución prohíbe la importación y los cultivos de semillas transgénicas, pero se está abriendo la puerta paulatinamente a la llegada de los estos cultivos y de estas semillas, cambiando la norma constitucional.

 

El avance de la minería a gran escala en América Latina ha llevado a sus gobernantes a tener una política de criminalización de la protesta, en Perú los activistas ambientales vienen siendo calificados como terroristas antimineros… Lo que se hace en el Perú se hace en el Ecuador, hay un discurso de desprestigio de ataque en contra de quienes defienden la vida, se les acusa de terroristas, de infantiles, de locos, igual que en otras partes de América Latina, militarizan las zonas donde se quiere hacer actividad petrolera o minera; todavía no ha terminado la colonización, somos repúblicas, pero repúblicas colonizadoras y eso tiene que decirse con claridad.

¿Qué propone para que Ecuador no se base en el extractivismo sino en otras formas de economía? Tenemos que entender que se requiere un proceso de transiciones múltiples para salir del extractivismo; por ejemplo, no podemos suspender de la noche a la mañana la actividad petrolera, pero no se puede seguir ampliando la frontera petrolera. Ecuador extrae y exporta petróleo con alto costo social y ambiental, pero no tiene la capacidad suficiente de refinación y tiene que importar derivados de crudo para satisfacer la demanda interna. Gran parte de éstos, se destinan a la generación de energía térmica para electricidad, generada a través de diesel o de gas. Segundo, habría que aprovechar mejor las fuentes alternas de energía como la energía solar y la energía eólica. Tercero y fundamental, plantearnos para qué necesitamos tanta energía, hay que cambiar la forma de consumir energía. Por ejemplo en el caso peruano, leí un estudio que demuestra que gran parte de la mayor capacidad de energía que se está construyendo, no es para satisfacer la demanda de los seres humanos, sino para satisfacer las demandas de las empresas mineras que generan una enorme destrucción.

¿Qué se necesita para que Ecuador y Perú sean países desarrollados? Necesitamos comenzar a pensar en algo diferente al desarrollo, ya que éste es un mandato mundial que venimos persiguiendo desde hace mucho tiempo atrás igual que el progreso. En nombre del progreso y en nombre del desarrollo aceptamos todo, la destrucción de la naturaleza, la afectación de las comunidades. La pregunta que nos hacemos luego de tantas décadas de perseguir el desarrollo es: ¿Cuántos países se han desarrollado en el mundo? El asunto es mucho más complejo, incluso los países llamados desarrollados están mal desarrollados, tienen un estilo de vida depredador, que va más allá de su capacidad de incidencia sobre la naturaleza, están viviendo sobre sus capacidades ecológicas, son países que no han resuelto sus temas sociales ni sus niveles de inequidad. Además son países que están con elevados niveles de contaminación. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir persiguiendo ese fantasma que más parece un muerto viviente? La idea es liberarnos de las ideas de desarrollo y construir el Buen Vivir.

http://elgranangular.com/2015/07/02/el-extractivismo-es-autoritario-contaminador-destructor-de-la-naturaleza/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=200638

 

 

Señalemos al poder económico, estatal y mediático de las transnacionales que los gobiernos progresistas afianzaron al afirmarse en sostener el desarrollo del capitalismo dependiente de los imperialismos o sea facilitaron la profundización del subdesarrollo de nuestros países. Alberto Acosta suaviza mi opinión al aseverar:

 

 

“El error es creer que del extractivismo

se sale con más extractivismo”

13 de julio de 2017

 

Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana y uno de los referentes

latinoamericanos del movimiento antiextractivista, se refiere a la situación actual en el continente. Reconoce un agotamiento de los gobiernos progresistas y defiende la carta que firmó junto con un grupo de intelectuales donde consideran como “deslegitimado y con marcados rasgos autoritarios”, al gobierno de Maduro. Sin embargo sostiene la necesidad de construir una alternativa posextractivista por izquierda que sea a la vez clasista, feminista, ecologista y decolonial.

(...)

¿Comparte la sensación de que hay un cambio de ciclo en América Latina?

Bueno, estamos en un momento de cambio. Un momento de cambio en donde lo que se conoce como gobiernos progresistas están entrando en su fase final, de agotamiento. Todas aquellas cosas que hace 15 ó 10 años nos ilusionaron, nos llenaron de esperanzas, toda aquella fortaleza y capacidad de creatividad que demostraron muchos de estos gobiernos, y todos aquellos cambios que se iniciaron, parece que hace rato han perdido piso, han perdido fuerza. Yo no llegaría a la conclusión de que ya los gobiernos progresistas están perdiendo espacio en el control del poder político, lo que sí es real es que los gobiernos progresistas perdieron la capacidad, el espacio de innovar, de motivar, de hacer que la gente se movilice como fue al principio.

 

¿Por qué se da este agotamiento de las experiencias progresistas?

Yo diría que hay varias razones. Sin lugar a dudas el Imperio y todas sus instancias están desde hace mucho tiempo atrás, tratando de debilitar a estos gobiernos progresistas. Pero creer que ésa es la única explicación, es un gravísimo error. Si el Imperio, sea la embajada de los Estados Unidos, la CIA, las empresas trasnacionales sobre todo norteamericanas, no están en contra de esos progresismos, quiere decir que esos progresismos no son fielmente progresistas. El Imperio cumple su tarea. Este es el primer punto claro. Pero no es la última explicación.

Tampoco es suficiente creer que las fuerzas de derecha oligárquicas tradicionales neoliberales de los países progresistas se han recuperado. Si se han recuperado la pregunta es ¿por qué? Y ahí llegamos a uno de los aspectos medulares, la razón de este resurgimiento de la derecha del siglo XXI se debe a que los gobiernos progresistas no hicieron lo que se debía haber hecho, que es enfrentar la lógica de acumulación capitalista. Que es comenzar a desmontar los extractivismos de todo tipo. Que es comenzar a democratizar realmente las sociedades desde abajo. Nada de eso se hizo en América Latina. Podemos ver que hay diversos matices, pero en ninguno de los países de América Latina realmente se dieron pasos para una economía pos-capitalista. Sí se transitó un tiempo por el pos-neoliberalismo, pero eso no significa que es igual a pos-capitalismo.

 

Entonces ahí aparece lo que se podría denominar la paradoja del hocico del lagarto: cuando el lagarto abre la boca baja su mandíbula inferior y sube la mandíbula superior. Eso sucedió en América Latina, el lagarto, el sistema capitalista, recibía enormes cantidades de recursos provenientes de las exportaciones de materias primas, se reduce la pobreza, pero simultáneamente aumenta la concentración del capital. Y ese es el punto medular. No hubo una afectación de la lógica de acumulación capitalista.

 

-Cuesta pensar en que tanto los gobiernos neoliberales como los progresistas tienen el mismo modelo económico. ¿En qué se diferencian?

Bueno, hay una diferencia, sin lugar a dudas. La principal diferencia, diría yo, radicó en el hecho de que en los gobiernos progresistas se fortaleció la presencia del Estado. Y el Estado pasó a ser un actor importante en el manejo de la economía. Y se disputó una mayor participación en la renta de los recursos naturales, sea minera, petrolera, agraria, forestal, pesquera. También anotaría como algo que les diferenció, el intento de fortalecimiento de las empresas estatales. Pero esto no nos asegura un cambio de la realidad. Debemos pensar que no se trata sólo del control de la propiedad si no de la gestión, ¿qué gestión hacen? Y tenemos empresas estatales que actúan con lógicas mucho más perversas.

 

Por qué cree que el extractivismo es el signo económico de los gobiernos progresistas, ¿por qué no se buscaron alternativas?

Por varias razones. Una primera razón, porque les resultó muy fácil obtener recursos exportando materias primas para ampliar las capacidades de consumo,  impulsar obra pública, ampliar la inversión social, sin tener que enfrentar los grupos de poder. Seguramente pensaron ellos, así fortalecemos nuestra base política electoral para poder continuar en el futuro. Pero cometieron un grave error, un error histórico, de creer que del extractivismo se sale con más extractivismo. Ese era el mensaje del gobierno ecuatoriano: para salir del extractivismo necesitamos más extractivismo; para superar el petróleo y la exportación de minerales necesitamos exportar más materia prima que nos permita invertir, decían ellos, por ejemplo, en ciencia, tecnología y educación superior.

Y un segundo punto que lo explica es que no fueron gobiernos que se plantearon la superación del capitalismo. Lo máximo que se plantearon es la superación del neoliberalismo. Superar el neoliberalismo no significa que superas el capitalismo. Y en tercer lugar, no tuvieron la altura, la capacidad para impulsar esas grandes transformaciones, porque no sintonizaron con los sectores populares del medio. Crearon estructuras verticales, autoritarias, caudillescas de gobierno.

 

-Yendo al caso concreto de Venezuela, junto a un grupo de intelectuales publicaron una carta llamando al fin de la violencia y tildando de autoritario al gobierno de Maduro, en un contexto de intervención e inestabilidad. ¿No cree que fue un error político salir a decir algo así en un momento como este?

Mira yo creo que la crítica y la auto-crítica, siempre, en todo momento, es indispensable. Y esa es una de las grandes lecciones para los países latinoamericanos. Muchas veces, a cuenta de enfrentar al imperialismo -habría que ver realmente si está enfrentando al imperialismo o no-  nos quedamos callados.

Habría sido muy bueno que desde el principio se eleven voces críticas, que no quiere decir opositoras, cuando comenzaron a aparecer derivas autoritarias, poco democráticas, inclusive totalitarias, en muchos de estos gobiernos progresistas. El caso de Ecuador, por ejemplo, habría sido muy interesante que los compañeros latinoamericanos que apoyaron los procesos progresistas, reclamen cuando el gobierno comienza a criminalizar la protesta popular. Ahora, en el caso venezolano, estamos en un momento muy complejo y lo que a nosotros nos preocupó, y por eso yo me sumé con gusto a esa carta, es el tema de la violencia. Hay que parar esa violencia, esa violencia no beneficia ni siquiera al propio proceso chavista que, a mi juicio, ha perdido mucha fuerza porque el gobierno que le sucede a Hugo Chávez ya no tiene ni la capacidad de creatividad, ni la capacidad de acción y no ha profundizado en procesos revolucionarios; lo ha estatizado, lo ha vuelto cada vez más autoritario.

 

-Sin embargo, es justamente el proceso venezolano el que fue más audaz en su intento de superación del capitalismo

Por eso te dije que hay que diferenciar, y en Venezuela sí. Y fue muy interesante toda esa experiencia de las comunas, esa fue una experiencia valiosa. Habrá que ver qué es lo que queda de eso después. Ese germen , esos cambios profundos y estructurales, son los que pueden sostener en el futuro un proceso de transformación en reales. Ahora por eso mismo, los grupos fascistas están empeñados en derrocar todo, erradicar todo lo que pueda significar un imaginario cultural de transformaciones de inspiración chavista. Y esto es lo preocupante. Por eso mismo estamos nosotros pidiendo que se frene la violencia, porque no toda la gente que está en las calles es fascista. Es gente que reclama por diversas razones. Y lo que hay, es que abrís la puerta para encontrar una solución pacífica en Venezuela.

 

-¿Cree que estos debates se dan porque en América Latina existe un sector claramente antiextractivista que, sin embargo, no busca una salida necesariamente socialista?

A mí me parece que uno de los elementos claves de una transformación pos-extractivista es que requiere de transiciones, que no pueden hacerse de la noche a la mañana, sino que pasan por ir superando la visión antropocéntrica. Todos los seres vivos, no sólo los seres humanos, tienen derecho a existir. Entonces superar el antropocentrismo es cuestionar la idea del progreso tradicional, que se manifiesta sobre todo en la acumulación de bienes materiales permanente. Por eso también cuestionamos a su hijo más perverso, que es el desarrollo. Eso nos lleva, entonces, a cuestionar uno de los elementos que fueron fundamentales para la lógica del socialismo, la del desarrollo de las fuerzas productivas, en términos gruesos, simplificando el asunto. Sin embargo creo que el socialismo tiene mucho que decir.

 

Yo sostengo que las luchas tienen que ser clasistas, eso no ha sido superado. Pero existen, al mismo tiempo, diversas contradicciones. Entonces podría empezar una contradicción básica que se refleja en lo que conocemos como la colonialidad del poder, el racismo. Es la principal contradicción sobre la que se fundamenta el capitalismo global, la idea de raza. Luego viene también la contradicción capital-trabajo. Luego viene, simultáneamente, la contradicción que está dada por el patriarcado. Luego viene la contradicción que está dada por la destrucción de la naturaleza. Entonces, las luchas tienen que ser simultáneamente, en el mismo nivel,  clasistas, ecologistas, feministas y decoloniales. O ponle al revés, empezamos por de coloniales, feministas, ecologistas y clasistas, todas al  mismo tiempo.

 

Serie de artículos “Soberanía Energética desde Abajo” producidos por el OPSur con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos del BMZ.

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En consecuencia, abajo y a la izquierda, nos urge la liberación del sistema mundo capitalista. Esto nos plantea "construir una alternativa posextractivista por izquierda que sea a la vez clasista, feminista, ecologista y decolonial" como define Alberto Acosta. Es un camino emancipatorio desde diversidades de abajo sin fronteras e internacionalismos revolucionarios por basarse en el protagonismo de esos distintos pueblos plurinacionales. Ya está siendo abierto por:

 

60 mujeres de once nacionalidades indígenas caminaron de la Amazonía a Quito

La lucha amazónica tiene voz de mujer

22 de marzo de 2018

 

Por Génesis Anangonó (Rebelión)

GK

 

Las mujeres indígenas caminaron desde sus comunidades de la Amazonía hasta el palacio de Carondelet, sede de la Presidencia del Ecuador, en Quito. Han pasado 5 días esperando que el presidente de la República las reciba para entregarle un mandato donde le explican y le exigen soluciones para los problemas que la explotación petrolera produce en sus territorios. En el 2013 las mujeres amazónicas marcharon hacia Quito para hablar con el entonces presidente Rafael Correa: “Él no nos recibió, ni tampoco los asambleístas. Pasamos más de ocho días aquí, y no nos recibieron. Ahora parece que va a ser igual”.

 


ZOILA

Zoila Castillo tiene el rostro pintado con wituk, un fruto amazónico con el que se oscurece el cabello negro y se dibuja figuras sobre el rostro. Zoila es kichwa y vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae). Zoila viene de la comunidad Teresa Mama en Pastaza, al suroeste del Ecuador. Zoila es parte de las sesenta mujeres de once nacionalidades indígenas que están, bajo el sol, por tercer día consecutivo, en la calle García Moreno, en la Plaza Grande del centro de Quito. Esperan al pie del palacio de Carondelet que el Presidente de la República las reciba. Para dialogar. Para entregarle un manifiesto al que llaman Mandato.

Hay ancianas, otras son muy jóvenes, niñas. Tres están embarazadas. Otras todavía alimentan a sus hijos con su leche materna. La mayoría son madres. No son amigas. Son compañeras. Aunque no se conocen son amables entre sí. Vinieron desde diferentes territorios. Luchan por la misma causa: exigen que el Gobierno del Ecuador finalice los contratos y convenios que tiene con las compañías petroleras que operan en sus tierras. Zoila organiza a las mujeres, habla con los periodistas, y reparte entre las manifestantes plátanos y mandarinas que trajeron de la Amazonía, y en vasos sirve el agua que algunos quiteños les han llevado.

Han pasado cuatro días y siguen esperando que Lenín Moreno las reciba.

El Mandato de las Mujeres Amazónicas está elaborado en consenso. Son 22 puntos que hablan de las manchas y erupciones en la piel, el cáncer, y las malformaciones en los recién nacidos de sus comunidades, la destrucción de sus territorios, cultivos y ríos, y la muerte de los animales que son su alimento. Piden la cancelación y anulación de los contratos del Estado con las empresas petroleras. Dicen que la extracción petrolera contaminará sus ríos.

“Las mujeres podemos pensar, podemos hacer, podemos crear” dice Zoila. Nueve de las exigencias establecidas en el documento se refieren a la culminación total de las actividades petroleras. Castillo recuerda que las luchas por su territorio para ella no son nuevas: en el 2013 las mujeres amazónicas marcharon hacia Quito para hablar con el entonces presidente Rafael Correa: “Él no nos recibió, ni tampoco los asambleístas. Pasamos más de ocho días aquí, y no nos recibieron. Ahora parece que va a ser igual”.

Entre las mujeres amazónicas hay cinco niñas y cuatro niños, que corren frente a Carondelet, sede presidencial ecuatoriana. Cuando se cansan, se sientan junto a sus madres y las escuchan dirigirse, en vano, al presidente Moreno. También hay niños y niñas más pequeños. Son frágiles. Algunos están enfermos. 

NELLY

E l hijo de Nelly Guampash es uno de los niños enfermos. El pequeño acompaña a su madre desde la provincia sureña de Morona Santiago ellos son Shuar. Su madre pide al Presidente amnistía para todos los hombres que han sido encarcelados y demandados por oponerse a la extracción petrolera. Hombres como su esposo, uno de los líderes perseguidos, refugiado en la selva. “No puede ver a sus hijos crecer. Ahora soy yo quién debe mantener la familia sola”, dice Nelly, que trata de calmar a su bebé, agotado por el calor y la gripe. Recuerda que varios hombres, entre esos su marido, intentaron parar el desalojo de los territorios amazónicos de San Carlos Panantza, Warints y Nankints, que están en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. No lo lograron, pero sí se llevaron golpes, demandas y amenazas de muerte.

Nelly también pide que se aclaren las muertes de líderes indígenas en la última década. Bosco Wisuma fue asesinado con un perdigón en 2009 en el paro indígena contra el proyecto de la Ley del Agua que se tramitaba en la Asamblea Nacional. Los protestantes cerraron el paso del puente que atraviesa el río Upano, y la Policía intentó abrir la circulación, pero fueron recibidos con palos, piedras, lanzas y escopetas recortadas. La manifestación dejó 27 policías heridos y un muerto: el dirigente Bosco Wisuma. Freddy Taish también fue asesinado. En noviembre de 2013, cuando un grupo de funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) realizaba un operativo contra la minería ilegal en Morona Santiago, hubo un enfrentamiento. El operativo terminó con la vida de Taish y dejó 9 militares heridos. Un año después, el cuerpo de José Tendentza fue encontrado en el río Zamora, luego de que su familia lo reportara como desaparecido. Tendentza se oponía al ingreso de la petrolera china ECSA.

También las lideresas amazónicas han recibido amenazas de muerte. Patricia Gualinga, de la comunidad Sarayaku, contó en una entrevista que fue amenazada en su casa, en la ciudad amazónica de el Puyo. Un hombre lanzó una piedra a la ventana de su dormitorio mientras le repetía “la próxima te mato”. Cuando Gualinga fue a poner la denuncia en la fiscalía de Pastaza, le dijeron que no se podía porque no había un parte policial. Ante su insistencia, las autoridades cedieron y tomaron la denuncia, pero hasta ahora no encuentran al responsable.

Nelly tiene la esperanza de que las mujeres amazónicas logren que el Gobierno otorgue indulto a los perseguidos, que investigue las muertes de sus líderes, que se reabran los casos. Ella quiere que el Estado se disculpe y garantice que estos hechos nunca más sucederán. Responsabiliza al Estado de la debacle que viven: “Con la minería vino la pobreza, la miseria, la prostitución, las violaciones y la muerte. Nuestros esposos, hermanos e hijos están siendo perseguidos por defender un territorio que por derecho nos pertenece y que hoy nos quieren quitar”.

Nelly dice que su cultura tiene costumbres muy sanas, que caminan descalzos, sin ropa: ante los ojos de la selva, dice, no hay malicia. Eso los ha llevado a ser víctimas de los invasores, que han violado a niñas y mujeres de la zona. Por eso en el Mandato exigen un estudio y una investigación para conocer la incidencia de violencia sexual, incluyendo la prostitución, a las que las mujeres amazónicas, especialmente las niñas, han sido sometidas por los trabajadores de las empresas petroleras.

Las tierras de estas mujeres están en las zonas orientales de Sucumbíos, Pastaza, Morona Santiago, Orellana y Napo. Esta región es parte de las setecientas mil hectáreas que según la Amazon Conservation Association están cubiertas de bloques petroleros y gasíferos. En el estudio se explica que esos recursos, llaman la atención de las empresas petroleras, que negocian con los Gobiernos de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. Para lograr la extracción se construyen carreteras y se destruyen cientos de hectáreas de territorios, buscando un supuesto progreso que solo beneficia a los Gobiernos.

En Ecuador una de las empresas petroleras más grandes es la estatal Petroecuador, que tiene a su cargo diecisiete bloques en la Amazonía. Opera en el país desde 1972, cuando llamaba Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE). En 1989 pasó a llamarse Petroecuador y el Estado asumió todo el control sobre sus actividades de la exploración y explotación de crudo.

En la zona hay gente achuar, zápara, shiwiar y kichwa. Está el codiciado bloque 28, concesionado en abril de 2015 a un consorcio de empresas petroleras: Petroamazonas EP, Belorusneft de Bielorrusia y ENAP de Chile.

Este bloque debió ser explotado en 1995 por la empresa Tripetrol, pero en 1998 Petroecuador declaró la caducidad del contrato. En el 2006 Repsol hizo una oferta para operar el bloque, pero no lo consiguió. Las empresas petroleras no han podido iniciar su eexplotación, por la resistencia de las comunidades locales que han impedido el ingreso de los contratistas. Por ello, muchos dirigentes amazónicos han sido enjuiciados y amenazados.

YADIRA

Yadira Sharup es una mujer Kichwa, de cabello largo y profundamente oscuro. Su vestimenta hace juego con las pulseras y los largos collares fucsias que resaltan sobre su túnica negra. Mientras amamanta a su hija, recuerda que cuando el presidente Lenín Moreno estaba en campaña fue a la Amazonía a pedirles respaldo. Les dijo que también es un hombre amazónico, que estaba preocupado por la situación del territorio, que durante su Gobierno habrían diálogos con las comunidades para evitar la destrucción de la selva. Hoy ella mira con asombro al hombre que las visitó en la Amazonía, al que recibieron con los brazos abiertos y para el que prepararon grandes banquetes, y que hoy las ignora. Aún duda que que sea sean la misma persona.

Yadira sabe que existe un mecanismo que les permite a las comunidades indígenas asentadas en territorios petroleros, decidir si el crudo se queda o no bajo tierra, pero también sabe que en Ecuador no se aplica. Ella se refiere a la consulta previa, un mecanismo incorporado en la Constitución de 2008.

El 27 de junio de 2012 la Corte IDH responsabilizó al Estado ecuatoriano por la violación de los derechos: a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural del pueblo Sarayaku, establecidos en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Estado había permitido a una empresa petrolera explorar y extraer petróleo desde finales de la década de noventa, sin haberle consultado previamente al pueblo Sarayaku. El Estado también fue declarado responsable de poner en riesgo la vida de sus habitantes, y la Corte estableció que el Estado debía reconocer el derecho “a la consulta previa, libre e informada de las comunidades y pueblos indígenas” antes de realizar actividades extractivas

La Secretaría de Hidrocarburos —entidad encargada de ejecutar las actividades de suscripción, modificación y administración de los contratos en las zonas petroleras— se ha reunido con las comunidades amazónicas para hablar sobre los territorios que están o se van a explorar. Pero no les ha explicado los riesgos que la extracción petrolera traería para sus territorios. Yadira y las mujeres amazónicas rechazan la falta de una verdadera consulta previa.

En el Mandato califican a la consulta previa actual como un proceso “viciado y manipulado” que ha ocultado las verdaderas intenciones de la industria petrolera en el país. “A mí nunca me han venido a decir ‘señora, ¿quiere que saquemos el petróleo de su territorio?’. A ninguna compañera le han consultado y aunque lo hicieran nosotras vamos a decir no”, dice Sharup. Mientras Yadira se quita las sandalias y pone los pies al sol, cuenta que a territorio Sarayaku llegó un día “una retroexcavadora grandísima, con una pala igual de grande”. La máquina arrancó de raíz algunas casas, los hombres de la comunidad intentaron frenar la destrucción, “pero recibieron insultos y golpes, otros fueron amenazados y por eso eso tuvieron que irse”.

Amparadas en su Mandato, las mujeres amazónicas, han decidido no participar en consultas o socializaciones porque no van permitir más proyectos extractivos. “El Oriente es muy rico, las mujeres amazónicas somos muy ricas. Podemos vivir del turismo”. Yadira no se equivoca: más allá de los vastos yacimientos de oro, cobre, plata, uranio y petróleo, también hay una inmensa selva que atrae al mundo. Yadira dice que de ser necesario le pagarán con oro al Presidente “si tanto cuesta el tiempo del presidente, las mujeres amazónicas podemos pagarle con oro su valioso tiempo ¿Es eso lo que quiere?”.

 

Yadira asegura que el turismo sería un “buenísimo negocio, que la permitiría al Ecuador ganar miles de dólares”. En su contacto con otras comunidades que viven del ecoturismo dice que ha visto que se puede obtener ingresos suficientes para vivir bien. En su territorio aún no han podido hacerlo “porque hay invasores y actividad petrolera, eso le asusta a cualquiera. Nadie va a venir a enfermarse”.

El Ecuador y su gobierno presumen al mundo la megadiversidad de su territorio, resaltan la diversidad de etnias y culturas que aquí habitan. Pero Yadira dice que ese discurso es falso: ella ha sufrido la discriminación de la gente y la policía que los llama “indios incivilizados”. Yadira fue la mujer que apareció en la portada de los medios nacionales, cuando la policía intentaba desalojarla, junto a otras manifestantes. Los agentes les dijeron que no podían estar ahí porque no tenían permiso para poner la carpa. Aunque sus reclamos son pacíficos, la Policía intentó desalojarlas por la fuerza. Su origen cultural y étnico les ha arrebatado uno de las condiciones básicas del trato humano: el respeto. Sus territorios no son respetados. Su cultura no es respetada. Sus cuerpos no son respetados.

MARÍA

María Taan entona bajo el sol los cánticos que le enseñaron sus ancestros. La anciana luce un vestido azul eléctrico, propio de su etnia, la nacionalidad Shuar. Lleva grandes collares rojos y amarillos, y su piel bronceada brilla bajo el sol de Quito. María canta “Luchando por la semilla, nuestros pueblos y el agüita”. Repite y repite esta frase. A veces en castellano. A veces en shuar.

María está en la plaza principal del Ecuador defendiendo el territorio de Kutucú, su comunidad. Dice que en esa zona las actividades de extracción están empezando. La salud de varios miembros de su comunidad empieza a debilitarse: tienen erupciones en la piel, afecciones respiratorias y enfermedades que aún no han sido diagnosticadas. “Las tierras cada vez son menos fértiles”, dice María Taan, “De a poco se están secando y los frutos que salen son raros”.

La lideresa shuar le grita a un grupo de chinos que están en la Plaza. Aunque ellos no entienden lo que la mujer dice, parecen atentos. Ella les dice que las empresas de su país están acabando con su territorio: “¿Para qué?”, les recrimina. “Para solo para ganar plata”. Los extranjeros se sorprenden cuando una activista de la organización Acción Ecológica les traduce al inglés lo que María expresa. Dicen que en su país estas cosas no se dicen, no se hablan, que llegaron a Ecuador atraídos por la belleza de sus paisajes, que no sabían todo lo que está pasando.

Cuando María deja de hablarles, ellos se mezclan entre las manifestantes y los curiosos se quedan escuchando los cantos de las mujeres.

SANDRA

Sandra Tukup está embarazada: de su vestido azul sobresale su vientre. Es una mujer shuar de treinta y tres años y dice que vino a Quito en busca de soluciones. Es una mujer amable, cálida y alegre, pero su rostro cambia cuando habla de lo que pasa en su comunidad. Dice que cada día una nueva petrolera ingresa, lamenta que no puedan hacer valer sus derechos, porque pese a que Ecuador debe cumplir con la Consulta Previa, no lo hace. “Ellos solo se preocupan de hacer plata, no les importa la vida de los indígenas. A nosotros nos ven como serpientes no como humanos y por eso no nos respeta los derechos”.

Recuerda que las escuelas del milenio fueron de las obras más sonadas del anterior gobierno, pero no les ha beneficiado como se supone: “les enseñan a los niños en otra lengua, no les dejan aprender sobre el poder curativo de las plantas, no reconocen nuestros conocimientos”. Las madres se niegan a enviar a sus hijos a esas escuelas, porque la enseñanza no representa la cosmovisión y filosofía de las nacionalidades y , además, están muy lejos de sus hogares. Los niños y niñas deben atravesar la selva, territorio lleno de invasores, que en muchos casos abusan física, sicológica y sexualmente de ellos.

Zoila, Nelly, Yadira, María y Sandra coinciden al decir que se quedarán en Quito hasta que el Presidente las reciba. Hasta que eso suceda, cuentan historias en sus lenguas nativas, atraviesan de lado a lado la Plaza Grande, aconsejan a las tres mujeres embarazadas, explican a las personas que llegan a la Plaza cuál es su lucha.

Lenín Moreno, desde el inicio de su mandato, ha dicho que mantendrá diálogos con todos los sectores de la población. Ya recibió a los dueños de los medios de comunicación privados , se reunió con los transportistas , con la Red de Maestros . También con los opositores del anterior Gobierno: Cynthia Viteri y Dalo Bucaram , con elFondo Monetario Internacional y este 13 de marzo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio . Sin embargo a las mujeres amazónicas no las ha recibido.

Por lo pronto, apenas un emisario: Juan Sebastián Roldán, secretario particular de Moreno —por encargo del Presidente—, recibió el 16 de marzo a las 12 del día a las mujeres amazónicas. Durante tres horas diez lideresas indígenas expusieron su Mandato. El secretario del Presidente les dijo que Moreno le había dicho que las visitará en sus territorios y que ellas propongan una fecha para el encuentro. Nina Gualinga le dijo que si el Presidente va a su territorio, ellas lo harán esperar cinco días bajo el sol de la selva . Tal como él ha hecho con ellas.

Roldán también dijo que de ninguna manera se podrán frenar los contratos petroleros. “En Ecuador no existe el todo o nada”. Dijo que no se puede tener a todos contentos, y que por eso ellas tendrán que ceder. Finalmente, el Secretario de la Presidencia anunció que Moreno las recibirá el 22 de marzo a las cinco y media de la tarde. Les regalará treinta minutos de su valioso tiempo a algunas mujeres que caminaron once días desde el corazón de la selva, para llegar al Puyo y ahí unirse a una marcha que duró tres días en llegar a Quito.

Estas mujeres, que llevan cinco días aguantando sol y gritando en la Plaza Grande, emprenderán hoy un viaje de retorno a sus territorios. Algunas están enfermas. Todas están cansadas. Su cansancio es físico. Moralmente, dicen, les sobra fuerza para luchar.

 

Génesis Anangonó: Afrodescendiente y feminista, amante de la literatura y la poesía, lectora apasionada, sensible y dedicada. Estudiante de periodismo.
http://gk.city/2018/03/18/mujeres-amazonicas-piden-ser-recibidas-por-lenin-moreno/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=239298

 

 

Afianzaremos el camino emancipatorio ante todo generalizando la percepción de las «luchas desde abajo» en su capacidad de autodeterminar el destino común de Nuestra América y en su internacionalismo revolucionario al hacerse cargo de los derechos tanto de los pueblos e individuos como de la Madre Tierra. Es involucrarse en lo exigido por las mujeres rurales sin fronteras y desatender a los líderes progresistas.

 

 

 

Mujeres rurales y tierra en el Ecuador

22 de marzo de 2018

 

El marco jurídico internacional ofrece una protección considerable a la igualdad de derechos del hombre y la mujer respecto del disfrute de todos los derechos humanos, incluidos los relativos a la tierra, sin embargo esto no siempre sucede.

FIAN Ecuador interesado por la problemática de la lucha de las mujeres en el campo, junto al acceso desigual y las relaciones económicas que dominan la vida social en el campo, elabora la cartilla “Mujeres Rurales y Tierra en Ecuador”.

¡Es hora de cerrar las brechas de género en el campo!

- Ver “Mujeres Rurales y Tierra en Ecuador”: Aquí

FIAN Ecuador

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Expandamos la visión sobre cómo las luchas desde abajo organizan la unión en diversidad y construyen alternativas al modo capitalista de producción y desarrollo.

 

 

 

Chile: En Chiloé se realizará

el II Encuentro de Redes Territoriales

2 de marzo de 2018

Este sábado 3 y domingo 4 de Marzo se realizará el II Encuentro de Redes Territoriales en el Liceo Rayen Mapu de la ciudad de Quellón, Archipiélago de Chiloé, la invitación es abierta a todas aquellas organizaciones que se sientan llamadas a conocer el trabajo que viene realizando cada red y así evaluar la posibilidad de integración.

 

Este sábado 3 y domingo 4 de Marzo se realizará el II Encuentro de Redes Territoriales en el Liceo Rayen Mapu de la ciudad de Quellón, Archipiélago de Chiloé. Instancia en que se darán cita organizaciones que forman parte de (1) la Red de Defensa de los Territorios, (2) la Red de Medios de los Pueblos, (3) la Red de Salud y Territorios y (4) la Red de Economías Territoriales. Cada una de estas redes se viene tejiendo entre organizaciones que forman parte de procesos de defensa y construcción territorial.

 

Tras el anterior encuentro realizado en Panguipulli, a comienzos de 2017, que tuvo como anfitriones al Parlamento Mapuche de Koz Koz y la Red de organizaciones sociales y ambientales de Panguipulli, es hoy el Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH) junto al Colectivo Informativo Mapuexpress las organizaciones que, junto a un equipo de apoyo, están trabajando para la adecuada realización de este 2do encuentro, cuyo objetivo es seguir potenciando el trabajo que las distintas redes han llevado a cabo, además de forjar nuevos lazos con organizaciones territoriales del Archipiélago de Chiloé.

 

En términos generales, la instancia facilitará reuniones sectoriales de las respectivas redes y espacios de ampliados – plenarias, así como espacios de talleres en áreas de comunicación, estrategias jurídicas, estrategias administrativas, creación colectiva, seguridad, entre otras materias.

 

La invitación es abierta a todas aquellas organizaciones que se sientan llamadas a conocer el trabajo que viene realizando cada red y así evaluar la posibilidad de integración.

 

Para dudas y confirmaciones favor escribir a centrodeestudioschiloe@gmail.com

Link del evento: https://www.facebook.com/events/1655375681220536/

¡Les esperamos!

 

Programa: (...)

Mapuexpress

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Colombia: Declaración del Foro Nacional Agrobiodiversidad y derecho humano a la alimentación adecuada en la Reforma Rural Integral

2 de marzo de 2018

¡El Campesinado Sí Cuenta!

Las semillas criollas patrimonio biocultural colectivo de los pueblos y comunidades colombianas

 

Las organizaciones y comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas junto a representantes de diversos sectores sociales que conforman esta Alianza multisectorial por la salvaguarda de las semillas nativas y criollas, participantes en el Foro Nacional Agro biodiversidad y derecho humano a la alimentación adecuada en la Reforma Rural Integral, realizado en Bogotá, el día 15 de febrero de 2018, y con el ánimo de buscar puentes de diálogo y concertación solicitamos el reconocimiento de:

 

Las semillas nativas y criollas como patrimonio biocultural de los pueblos; las consideramos bienes fundamentales para la vida, la cultura, la salud y los sistemas tradicionales de agricultura al garantizar la soberanía y autonomía alimentaria. El derecho a la libre circulación, producción, uso e intercambio y comercialización de semillas nativas y criollas ratificados en Convenios y Tratados Internacionales.

 

La importancia de las diversas estrategias de las comunidades campesinas y étnicas de manejo, cuidado y protección de los territorios, de sus sistemas productivos comunitarios y familiares los cuales incluyen: la diversidad de semillas y animales criollos, la construcción de protocolos comunitarios para asegurar la producción de semillas de calidad; los intercambios y comercialización en mercados campesinos, étnicos y agroecológicos. Así como el esfuerzo de las alianzas como la Red de Semillas Libres de Colombia, la Alianza por la Salud Alimentaria y la Red Nacional de Agricultura Familiar entre otras para velar por la protección del patrimonio biocultural.

 

Evidenciamos la invisibilización del campesinado como sujeto político de derechos en nuestro país y por ende de la cultura e identidad campesina que se expresa en la ausencia de políticas públicas.

 

Denunciamos que los sistemas de sustento de las comunidades étnicas y campesinas y en particular las semillas nativas y criollas están en riesgo de desaparecer, debido a políticas rurales que desconocen los sistemas productivos de las comunidades locales y refuerzan la privatización y el control de los medios de producción, por modelos de desarrollo de innovación agropecuaria que promueven monocultivos, industrialización de la producción animal e impulso a cultivos transgénicos.

 

Recordamos el acuerdo de Paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC para la implementación de la Reforma Rural Integral, que prevé entre otros aspectos “la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas”. También una estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos en el país propiciando el bien común, para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación.

 

Nos preocupa que algunas normas como la ley de innovación agropecuaria y el proyecto de decreto de semillas criollas y nativas, no recogen elementos sustanciales de lo acordado en la RRI y los planteamientos y requerimientos de las organizaciones campesinas y étnicas; por el contrario, promueve el desarrollo agroindustrial basado en la homogenización del campo, las semillas, culturas y paisajes.

 

No obstante, destacamos la voluntad del Ministerio de Agricultura en la promulgación de la Resolución 464 de 2017 “Lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria” y manifestamos nuestro compromiso e interés de convertirla en Política Pública con fuerza de Ley, con presupuesto coherente para acompañar y vigilar su implementación.

La Alianza y los presentes en el Foro por La Agrobiodiversidad y el Derecho humano a la Alimentación Adecuada, solicitamos al gobierno nacional:

Se declare patrimonio biocultural colectivo de los pueblos y comunidades colombianas las semillas nativas y criollas libres de derechos de propiedad intelectual y, por lo tanto, se protejan, fomenten y apoyen los sistemas culturales que las sustentan. En desarrollo de los principios fundamentales de la Constitución de 1991 a la protección de las riquezas naturales y culturales de la nación y a los tratados internacionales suscritos. En específico apoyar los sistemas participativos de garantía de la calidad de semillas y alimentos agroecológicos; casas comunitarias de semillas, actividades de investigación y mejoramiento participativo; y proteger los territorios frente a los organismos genéticamente modificados y los agrotóxicos.

Ratificar la autonomía de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en el uso de las semillas nativas y criollas importantes para su uso bajo sistemas productivos sostenibles, la preservación y uso de la Agrobiodiversidad, los cuales proponemos sean incluidos en la política pública nacional, incluyendo las normas, leyes y procesos establecidos para garantizar la implementación de la RRI.

 

Ser coherente en la implementación del Acuerdo de Paz, estableciendo garantías para la participación efectiva de las comunidades en instancias nacionales y en sus territorios, con la participación activa y la consulta con comunidades y organizaciones en el diseño, implementación, ejecución y control de las leyes y planes nacionales de la Reforma Rural integral.

 

Ratificar la mesa técnica de agricultura familiar y economía campesina y étnica; y establecer el proceso necesario para elevar a rango de ley el contenido de la Resolución 464 de 2017.

 

Instalar y mantener mesas de diálogo con cronogramas y mecanismos efectivos de concertación, para que ésta Alianza y las todas organizaciones y procesos en diálogo con el gobierno nacional presenten su contribución, experiencias y conocimientos en la elaboración de las políticas diferenciales para las comunidades campesinas y étnicas, retomando entre otras el documento de orientaciones de política entregado por la Alianza en el presente Foro.

 

Nos comprometemos a:

Promover y defender la Paz con Justicia Social y la transformación con equidad en el campo realizando seguimiento y veeduría a los acuerdos de paz en los territorios.

Seguir multiplicando, compartiendo y defendiendo las semillas nativas y criollas como patrimonio biocultural de los pueblos y comunidades colombianas al servicio de la humanidad.

Apoyar el proyecto de Declaración de los Derechos de los Campesinos y otros habitantes rurales que se discutirá en el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su quinta sesión en abril de 2018.

 

Nos comprometemos a ser generosos como la tierra, claros como el agua, fuertes como el viento y solidarios como las semillas.

RENAP

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 Alternativas postcapitalistas

 

Debemos expandir la toma de conciencia sobre porqué más de una deKada hizo posible al gobierno de Mauricio Macri y cómo la censura e invisibilización progresista de las «luchas desde abajo» contra los extractivismos fue fundamental para arraigar el relato K de una recuperación del estado de bienestar social. Analicemos el avasallamiento de derechos humanos que sostuvo la extraordinaria acumulación gran capitalista local e imperialista durante los gobiernos K y cuya profundización gestiona MM:

 

Un estudio confirmó daños genéticos en chicos expuestos a fumigaciones

El ADN de los agrotóxicos

23 de marzo de 2018

Por Darío Aranda

Página 12

El análisis se realizó en Dique Chico, un pueblo cordobés en lucha contra las pulverizaciones. Los niños del lugar tienen dañado su material genético tres veces más que la media, lo que implica serios riesgos de contraer cáncer.

Niños cordobeses expuestos a fumigaciones con agrotóxicos tienen daño genético tres veces mayor a la media, lo que conlleva a mayores probabilidades de contraer cáncer. Así lo confirmó un estudio que fue sumado como prueba a la causa judicial para frenar fumigaciones en la comuna de Dique Chico. El jefe comunal había limitado el uso de agroquímicos, pero los empresarios del agro tuvieron luz verde de los jueces Humberto Sánchez Gavier y María Inés del Carmen Ortiz, quienes permitieron pulverizar durante el verano. Ahora deben decidir el fondo: qué derecho está primero, a la salud o a fumigar con agrotóxicos.

Medir el daño genético es una forma científica utilizada a nivel internacional para evaluar la salud. A mayor daño genético, más posibilidades de contraer cáncer, enfermedades cardiovascuales, sufrir malformaciones y abortos espontáneos.

Dique Chico es una comuna de 200 habitantes, a 50 kilómetros de la capital cordobesa. A pedido de los padres, que exigen desde hace años que dejen de fumigarlos, el Laboratorio Servicios y Diagnóstico en Salud y Ambiente de Río Cuarto tomó muestras de seis niños de entre 7 y 11 años. Confirmó que todos tienen elevado daño en sus genes, hasta tres veces por encima de los niños no expuestos a agrotóxicos.

El estudio se basa en una técnica llamado “ensayo de micronúcleos (MN)” en la mucosa bucal. Realizado por la doctora en ciencias biológicas Delia Aiassa, determinó que “el 100 por ciento de los niños que participaron en el estudio tuvieron un número de células con micronúcleos (MN) mayor al valor considerado como basal para una población referente”.

“La diferencia de células con MN entre niños que habitan en cercanías de lugares donde se pulveriza y niños sin esta exposición (referentes) señala que los primeros se hallan expuestos a agentes genotóxicos”, alerta el informe de nueve páginas.

Los análisis fueron realizados en febrero pasado, y están firmados por Aiassa, reconocida científica del Laboratorio GEMA (Genética y Mutagénesis Ambiental), de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con más de quince años en trabajos académicos sobre daño genético.

Los niños viven a distancias de entre 100 y 400 metros de campos con transgénicos donde se pulveriza con agroquímicos, y asisten a la escuela rodeada de fumigaciones. En esos predios se hacen al menos cuatro fumigaciones al año, principalmente con el herbicida glifosato.

La investigadora explicó que un agente genotóxico es una sustancia que puede interactuar con el material genético (ADN) de los organismos causándole alteraciones, daños y rupturas. “Existe una estrecha relación entre las alteraciones del ADN de las células con el cáncer y las enfermedades degenerativas crónicas”.

El trabajo de Aiassa analizó otras fuentes de contaminación posibles. Su conclusión es contundente respecto a las causas del daño genético en los niños: “No puede ser explicado por la influencia de otros factores demográficos o ambientales, sino por la exposición ambiental prolongada a pulverizaciones con sustancias químicas en los campos aledaños”.

El estudio está enmarcado en la lucha de la población de Dique Chico, organizados en Vecinos Autoconvocados, que desde hace años piden retirar las fumigaciones de las casas y escuela, alejar los silos y prohibir el tránsito de “mosquitos” (tractores con brazos de aspersiones). El jefe comunal, Nilo Pérez, emitió en noviembre de 2017 la resolución 242 para priorizar la salud y prohibió las fumigaciones aéreas con agrotóxicos a 2000 metros del ejido urbano (y 1000 metros sin son terrestres).

Los empresarios del agro realizaron movilizaciones y hasta se encadenaron en el pueblo para que les permitan seguir con las fumigaciones. Presentaron un amparo contra la Comuna porque sienten que se vulnera su derecho de propiedad privado, de libre comercio y producir. El Ministerio de Agricultura de Córdoba (a cargo de Sergio Busso) se mostró a favor de seguir fumigando.

Los jueces Humberto Sánchez Gavier y María Inés del Carmen Ortiz (Cámara Contencioso Administrativo Nominación Segunda) emitieron una medida cautelar para suspender la resolución comunal por treinta días y permitir fumigaciones. Pero no se expidieron sobre el fondo, si la decisión de la Comuna es constitucional y qué derecho se debe priorizar: a la salud y el ambiente, o a fumigar. Un antecedente es que los jueces permitieron en la causa (bajo la figura de “terceros interesados”) que participe el Ministerio de Agricultura, que impulsa el uso de agrotóxico. Pero los mismos jueces negaron la participación del Defensor de los Derechos del Niño.

Los Vecinos Autoconvocados exigen que se priorice el derecho a la salud y a la vida. Presentaron ante los jueces un documento con 25 estudios científicos y técnicos que confirman las consecuencias de los agrotóxicos. También entregaron los análisis de los seis niños con daño genético.

Los jueces Gavier y Ortiz aún no tuvieron en cuenta esas investigaciones. Por otro lado, los empresarios del agro y el gobierno provincial no han exhibido ni un trabajo científico que afirme que el glifosato no afecta a los niños.

Los Vecinos Autoconvocados reclamaron que los jueces lean los estudios científicos, las historias clínicas de los niños afectados y “entiendan que la evidencia es más que suficiente para limitar las fumigaciones”. Al pie del comunicado sobresalen dos consignas: “Basta del Poder Judicial cómplice” y “tus negocios no valen nuestras vidas”.

https://www.pagina12.com.ar/103084-el-adn-de-los-agrotoxicos

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=239377

 

 

 

Observamos "la presencia de científicos que interpelan su propio lugar y quehacer, cuestionan las políticas estatales e instan a recuperar la capacidad de respuesta crítica frente al entorno tecno-científico que concreta y profundiza una instrumentalización de la naturaleza en virtud de la preeminencia de determinadas disciplinas, como la biología molecular, y de la desestimación de otras perspectivas disciplinarias que contemplan la existencia de diversos tipos de desconocimientos y un gran grado de apertura hacia los eventos no anticipados e incontrolables".  

 

Confrontan con "la concepción de generar conocimiento destinado a ser tratado como mercadería transferible al sector privado, acompañada de la paulatina privatización de los centros del aparato científico universitario y no universitario requirió crear un lugar desde donde se propusiera una explicación legitimadora de la política del Ministerio de Ciencia y Técnica partiendo de las líneas del pensamiento latinoamericano que Varsavsky y Rolando García sostuvieron, […] pero lo cierto es que el pensamiento latinoamericano de los 1960s y 1970s, en plena efervescencia revolucionaria, estaba precisamente intentando superar la discusión de la etapa desarrollista jaqueando al cientificismo (La Vaca, 2013).

 

Andrés Carrasco critica duramente la política de mercantilización de los conocimientos y advierte que «es donde mejor se ve la pátina neoliberal aggiornada con un discurso neodesarrollista» (La Vaca, 2013)". Examinemos en qué consiste esta particular lucha desde abajo.

 

 

Ciencia y glifosato: interpelando órdenes.

Una investigación en la prensa en el contexto argentino.

 

María Paula Blois *

* Licenciada en Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. paublois@yahoo.com.ar.

Fecha de recepción: diciembre de 2015. Fecha de aprobación: mayo de 2016.

Resumen
En abril de 2009 el embriólogo Andrés Carrasco hizo pública en el diario Página 12 una investigación realizada en su laboratorio sobre los daños que causa el glifosato, insumo fundamental de la agricultura basada en transgénicos. Dada a conocer en la prensa antes de ser sometida a la evaluación por pares, la investigación provocó desacreditaciones y apoyos. Enfocando el proceder de este embriólogo y algunos acontecimientos que se sucedieron tras la publicación en el diario, en este trabajo se indaga el lugar de los científicos que producen conocimientos interpelando a su vez su propio rol y el de su ciencia. Advirtiendo que el estudio sobre el glifosato, la publicación en la prensa y la pregunta por el sentido de la ciencia que este científico plantea insistentemente son parte del mismo cuestionamiento a un orden vigente, se concluye con una serie de reflexiones acerca de la posibilidad y el tipo de cuestionamiento, así como sobre las modificaciones posibles.

Contexto

El lunes 13 de abril de 2009 el embriólogo Andrés Carrasco hizo pública en el diario Página 12 una investigación realizada en su laboratorio sobre los daños que causa el glifosato en embriones de anfibios. Carrasco tomó la decisión de hacerla pública en ese espacio junto con el periodista Darío Aranda, quien ya venía informando sobre las denuncias y enfermedades de las poblaciones de distintos lugares de Argentina. El científico se puso en contacto con el periodista, su informe "salía con Darío o no salía".

La noticia fue tapa del diario. En ella Carrasco afirmaba:

Las anomalías mostradas por nuestra investigación sugieren la necesidad de asumir una relación causal directa con la enorme variedad de observaciones clínicas conocidas, tanto oncológicas como de malformaciones reportadas en la casuística popular o médica (Aranda, 2009a).

Las denuncias de los efectos nocivos de los plaguicidas sobre la salud de las poblaciones que habitan en zonas cercanas a cultivos datan de varios años. Los pobladores declararon aumentos de cánceres, malformaciones, abortos espontáneos y otras enfermedades.

 

Ya a fines de 2001, en el Barrio Ituzaingó Anexo, un barrio contiguo a la ciudad de Córdoba, un grupo de mujeres, las "Madres de Ituzaingó", había comenzado a movilizarse al identificar un llamativo número de casos de cáncer. Desde principios de 2006 el GRR (Grupo de Reflexión Rural),1 con el apoyo de organizaciones como el CeProNat (Centro de Protección a la Naturaleza) de la ciudad de Santa Fe y la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), entre otras (Arancibia, 2013), llevó adelante la campaña Paren de fumigar que nació como "gesto solidario a partir de conocer y de comenzar a respaldar, a partir de 2005, a las Madres de Ituzaingó Anexo" (Rulli, 2009: 12).

La campaña incluyó un trabajo de relevamiento de enfermedades asociadas con agroquímicos realizado por médicos y vecinos de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba que se plasmó en el libro Pueblos Fumigados de 2009.

 

Los reclamos de las comunidades han promovido el trabajo de muchos científicos y médicos2 que abordaron los problemas asociados con los agroquímicos desde diversas dimensiones. El propio Andrés Carrasco aludió a las Madres de Ituzaingó, emblema de la lucha contra la contaminación y los agroquímicos, como uno de los móviles de su investigación. Existen además otras investigaciones que anteceden a la de Carrasco. El informe del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados3releva y expone varias de estas investigaciones.

La noticia del año 2009 en Página 12 hizo pública la dimensión político-sanitaria del cuestionamiento a un modelo productivo que se venía dando desde hacía tiempo y que contemplaba también la denuncia de otros efectos "socioambientales" tales como el avance de la frontera agrícola a costa de desmontes y el desplazamiento de poblaciones rurales, la degradación y contaminación de suelos y cursos de agua, como también la pérdida y destrucción de la biodiversidad (Giarracca, 2008, 2013; Teubal, 2008, 2012; Merlinsky, 2013).

Sin embargo, en el escenario argentino donde el comercio de soja transgénica constituye una de las principales fuentes de ingresos, la investigación en la prensa resultó perturbadora porque cuestionaba públicamente uno de los venenos clasificados como menos tóxicos y, a su vez, insumo fundamental de la agricultura argentina actual.

El glifosato es la sustancia activa del herbicida más utilizado en cultivos transgénicos. Originalmente fue desarrollado, patentado y comercializado en diversas formulaciones por la multinacional Monsanto. Su marca más famosa es Roundup. La patente de Monsanto sobre el glifosato expiró en el año 2000 y hoy una gran cantidad de empresas, incluida Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), fabrican el herbicida que lo contiene.

Si bien en nuestro país también se siembran algodón y maíz genéticamente modificados, dada su fenomenal y veloz expansión, la soja4 se ha convertido en el emblema de los transgénicos. La forma de producción de esta soja combina la semilla transgénica con el sistema de siembra directa5 y el uso de herbicidas a los que es tolerante. El herbicida a base de glifosato actúa inhibiendo una enzima de las plantas. La soja transgénica está especialmente confeccionada para tolerar ese veneno de modo que con el glifosato la soja vive mientras el resto de las plantas muere. El sistema de siembra directa además implica el barbecho químico que consiste en el mantenimiento del suelo libre de malezas durante el período de tiempo que va desde la cosecha de un cultivo hasta la siembra siguiente mediante el uso de herbicidas.

En la actualidad el crecimiento de producción basada en transgénicos con siembra directa ha llevado a un aumento del uso de glifosato; pero además la aparición de plantas con resistencias a la sustancia conduce a un aumento en el consumo tanto de este herbicida como de otros venenos. En mayo de 2015, por ejemplo podía leerse en La Nación Campo que sólo en el año 2014 "creció 9% el mercado de agroquímicos por la expansión de las malezas" (Bertello, 2015).

Según estimaciones de Karin Skill y Ezequiel Grinberg (2013) a partir de datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), en 2010 se utilizaron en el país más de 313 millones de litros de agroquímicos, de los cuales 200 millones (64%) correspondieron al glifosato.

En el documento "Evolución del mercado de Herbicidas en Argentina" (2012), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) afirmaba el "rol de vital importancia" de los agroquímicos en el modelo agroproductivo argentino, en el que los herbicidas lideran las ventas: en el año 1997 se usaron 75,5 millones de litros mientras que en 2011 se utilizaron 252 millones.

 

Regulaciones

En Argentina la aprobación y el registro de los productos agroquímicos está a cargo de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos (DIRABIO) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Un plaguicida, 6 como el herbicida a base de glifosato, es un producto que se compone de una sustancia activa y otras sustancias coadyuvantes, destinado a controlar alguna plaga. Su evaluación es realizada por diferentes áreas técnicas del organismo sobre la base de la documentación presentada por las empresas interesadas. Todos los estudios presentados son reservados, no de acceso público. Lo único que es público es el marbete del envase y la hoja de seguridad. La inscripción del producto y la entrega del certificado habilitan su comercialización y uso.

Según la normativa hay cuatro categorías de productos a registrar. Las diferentes categorías implican, entre otras cosas, la realización de distintos exámenes toxicológicos. Acerca de las características del proceso de registro, los funcionarios de la DIRABIO insisten en que "internacionalmente es así".7

Los agroquímicos/plaguicidas además se clasifican según su toxicidad aguda. Para ello se siguen prioritariamente los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los ensayos que dan lugar al registro y la clasificación deben realizarse en un laboratorio registrado en la Red Nacional de Laboratorios de Ensayo y Diagnóstico, creada en 2006 y dependiente de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del SENASA. Los laboratorios deben cumplir con los requisitos de las denominadas "buenas prácticas de laboratorio" desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En Argentina, el glifosato es "Clase iv (Producto que normalmente no ofrece peligro)", en una escala que va de i (incluye ia y ib) al iv y donde iv es la categoría menos tóxica. Esta clasificación, advierten desde la DIRABIO, "debe constar en la etiqueta del producto, como así también las medidas precautorias generales, los riesgos ambientales, el tratamiento de remanentes y envases vacíos, almacenamiento, acciones ante derrames, primeros auxilios, advertencias para el médico, consultas en caso de intoxicación, etcétera" (Comunicación personal vía correo electrónico).

En marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que integra la OMS, afirmó que el glifosato "puede provocar cáncer en seres humanos". En Argentina no hubo ninguna modificación oficial respecto al registro o la clasificación del glifosato.

Si la introducción de nuevas tecnologías en el mercado implica necesariamente la elaboración de normas y estándares de calidad, seguridad, eficacia y protección de la propiedad intelectual (Arancibia, 2012), aquí esas normas y estándares son objeto de objeción por parte de algunos actores que, entre otras cosas, denuncian que están realizadas a partir de una ciencia funcional a los intereses de las empresas.

El trabajo de Carrasco puso en cuestión este andamiaje de estudios que regularizan y aprueban tecnologías. Su investigación sobre el glifosato en embriones de anfibios detectó efectos teratogénicos8 que no son reconocidos por aquellos estudios. Y aunque Carrasco no limitó sus críticas a las formas de clasificación y registro, en ellas quedó incluida la objeción al "obvio conflicto de interés inherente al trabajo cuando las compañías que venden el producto son las mismas responsables de testear su seguridad" (Carrasco, 2011: 610). 9

Esta objeción impugna sesgos generales tales como el tipo de ensayo, disciplinas y mecanismos que intervienen, así como quiénes arbitran esas elecciones. ¿Por qué toxicología y no embriología? ¿Cómo se constituyó este sistema regulatorio? ¿Qué lugar ocuparon históricamente las empresas interesadas y cuál las voces singulares o disidentes? ¿Quién define cómo se regula lo regulable?

Aquí el "conflicto de interés" es "inherente" al orden regulatorio tal y cómo está organizado. Un orden que admite, entre otras cosas, la presencia de conocimientos confidenciales y reservados, la participación de especialistas de la industria en los comités de expertos de entidades regulatorias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un importante lugar a las empresas en la definición de los estándares y las reglamentaciones.

Visión oficial

Las denuncias de las poblaciones que advierten aumentos de enfermedades han recibido algunas respuestas oficiales. Una de ellas, que se constituyó ante los reclamos del Barrio Ituzaingó de Córdoba, ha sido la creación, por decreto presidencial 21/2009, de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) el 16 de enero de 2009.

Dicha Comisión se presenta destinada a "la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten, de algún modo, la salud de la población y el ambiente, con productos agroquímicos en todo el Territorio Nacional, la que funcionará en la órbita y con sede en el Ministerio de Salud" (Decreto 21/2009). Entre sus objetivos se establece: investigar los hechos denunciados, sus causas y efectos, efectuar recomendaciones, proponer acciones, planes y programas, delinear pautas para contribuir al uso racional de químicos y agroquímicos.

Todas las acciones de esta Comisión se orientan a hacer cumplir las normas y promover el buen uso de los productos: se promocionaron cursos de capacitación, se publicó una "Guía de uso responsable de agroquímicos", se elaboraron proyectos pilotos sobre gestión de envases y "capacitación para la prevención", entre otras cosas.

La visión predominante en los organismos oficiales es que los daños sobre la salud y el ambiente que se pueden estar produciendo se deben a un uso inadecuado de los productos, a la falta de control y de poder de policía. La solución, por lo tanto, es mayor control y el uso adecuado en el marco de las buenas prácticas fitosanitarias.10

Desde esta perspectiva los venenos son herramientas de las que hay que hacer un "uso racional". Las nociones de "mal uso" o "uso responsable", adjudicando la responsabilidad al usuario, implican cierta idea de neutralidad ligada a una noción instrumentalista de la tecnología (Feenberg, 2012).

Estas ideas y nociones están directamente relacionadas con el "internacionalmente es así" con que se justifican las formas de registro de los productos en un contexto de predominio y naturalización de regulaciones dictadas por los organismos internacionales. Este marco queda expresado de la siguiente manera en la voz del ex vicepresidente de Monsanto Argentina, Pablo Vaquero: "no hay barreras políticas en los países, las tecnologías fluyen" (Programa Bichos de Campo, 6 de septiembre de 2012).

 

Ahora bien, ese marco es impugnado por Carrasco y otros actores que consideran que no existe la posibilidad de pensar en la neutralidad de las tecnologías. No se puede separar la tecnología de los intereses que le han dado lugar. Los marcos regulatorios internacionales son promovidos por las empresas y determinados actores en función de sus propósitos, por lo tanto son expresión de sus propios intereses. Señala Carrasco con respecto a las soluciones oficiales:

 

El modelo es consustancialmente perverso porque habilita a usar todos los insumos ad libitum. ¿Y por qué no le ponen normativas? Porque no es conveniente ni a los gobiernos que producen, que compran, ni a las empresas involucradas en producir, en proveer los insumos o en importar los productos, que esas normativas existan. (Carrasco en la Primera Jornada de Nutrición, Salud y Soberanía Alimentaria, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, 2014)

La investigación en la prensa

Al momento de la publicación del artículo en Página 12, Andrés Carrasco era un científico que vivía en Buenos Aires, era investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y había sido presidente de dicha institución entre los años 2000 y 2001. Era un doctor especializado en embriología molecular que dirigía el laboratorio de embriología molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y había tenido reconocidos éxitos científicos en su campo disciplinar en relación con el hallazgo y caracterización de genes controladores del desarrollo en vertebrados.

El propósito de Carrasco fue investigar en el laboratorio un tema que visibilizaba en la sociedad: "ese tema era un tema, había un tema, estaban los de Ituzaingó, estaban los reclamos del interior. Yo me propuse estudiar esa molécula de desarrollo embrionario porque había un tema oscuro de lo que se reclamaba en el territorio, esto no lo oculté nunca" (Carrasco, 2012, comunicación personal).

Su investigación resultó de la incorporación de saberes y experiencias de las comunidades. Y como los problemas sociales requieren que se los tematicen como tales, el rol de Carrasco y la visibilidad que prestó fueron fundamentales. Su accionar contribuyó a definir e imponer el asunto de los agroquímicos en la agenda social (Kreimer y Zabala, 2006). El tema se transformó en un objeto público, determinando tomas de posición y provocando respuestas y acciones concretas. Sobre este punto la reconocida trayectoria científica de Andrés Carrasco, su capital científico, ha jugado un papel cardinal.

La publicación en un medio de comunicación masivo hizo visible preocupaciones preexistentes y provocó reacciones, dando lugar al tratamiento público de distintos temas por parte de actores pertenecientes a diversos ámbitos, más allá del ámbito científico. Las afirmaciones públicas de Carrasco, fundamentadas en términos de un "dilema moral" (Aranda, 2009b), vinieron a afectar intereses de empresas multinacionales y empresarios del campo, así como también políticas de gobierno basadas en la agricultura industrial centrada en transgénicos.

Al principio, una de las objeciones más repetida fue el lugar y la forma de dar a conocer la investigación: la ausencia de evaluación por pares. Este tipo de objeción deja ver maneras de actuar y valores asumidos y defendidos por los científicos. Para algunos, el sistema de evaluación por pares, aun reconociendo sus límites y la posibilidad de fraudes, es una forma de validar el conocimiento que ofrece cierta garantía de confianza. Otros señalaban que se trataba de no alertar a la población con asuntos no evaluados por otros científicos.

La explicación de Carrasco sobre su decisión apuntó al funcionamiento del sistema científico y al tipo de conocimiento en cuestión:

No hay canales institucionales confiables que puedan receptar investigaciones de este tipo, con poderosos intereses en contra. Entonces la decisión personal fue hacerla pública, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de

la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y se lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva. […] En el mundo científico es sabido que la validación de un trabajo no se da por su publicación en una revista del sector. Es más, los científicos somos testigos de errores e incluso fraudes que se publican en revistas especializadas. Muchas veces se publica algo y luego se demuestra que es erróneo. Y, por otro lado, muchas veces hay investigaciones que no se publican, no porque sean malas, sino porque a la revista no le interesa (Aranda, 2009b).

El accionar de Carrasco movilizó a actores de ámbitos diversos, haciendo que el glifosato tomase protagonismo en espacios geográficos, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, e institucionales, como el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia (CECTE), que hasta el momento podían considerarse alejados de la temática.

Este comité, por ejemplo, el 4 de mayo de 2009 publicó un documento en el que sugería la formación de una comisión interdisciplinaria "para revisar a la luz de los conocimientos más recientes los múltiples aspectos relacionados con los posibles riesgos del uso del glifosato" (CECTE, 2009). Otro documento que parece haber promovido el accionar de Carrasco es "Proposiciones para una ciencia y una tecnología socialmente responsables" en el que el CECTE explicita: "Es recomendable no difundir resultados de investigaciones a través de medios de comunicación masivos antes de que hayan sido sometidos a un proceso de evaluación por pares" (CECTE, 2013: 4).

Ahora bien, en tanto el glifosato convoca investigadores de diferentes ámbitos científicos -académico, regulatorio (Jasanoff, 1987) y de la industria- se abría la posibilidad de que mientras a Carrasco se le objetaba la ausencia de publicación en una revista científica, los conocimientos requeridos para la aprobación y registro de los plaguicidas pudieran ser "información confidencial".

 

Los diferentes dominios dan lugar a defensas o reprobaciones que pueden ser usadas en uno u otro sentido. Diferentes formas de legitimación se confrontan. Producir conocimientos contra-hegemónicos y dar visibilidad a un tema plagado de fuertes intereses en un contexto de fuerzas desiguales es aquí un tema central y la iniciativa de Andrés Carrasco de publicar en un diario que permite la llegada a nuevos públicos puede leerse en este sentido.

 

La investigación de Carrasco, y otras precedentes, buscan confrontar cierto orden de cosas establecido y hacen la "ciencia no hecha". La noción de "ciencia no hecha" refiere a "la sistemática no-producción de conocimientos" (Frickel y otros, 2010); remite al hecho de que en general los actores interesados en una tecnología son los mismos que generan el conocimiento sobre su implementación. "El capital, el interés y el conocimiento suelen alinearse en busca de determinados resultados […] del lado de quienes pueden llegar a recibir el impacto de los proyectos, suele no haber recursos económicos ni institucionales para generar conocimiento" (Vara, 2012: 60).

La nota en el diario y lo que suscitó hicieron públicas además las tensiones del trabajo científico, poniendo a consideración del público el supuesto desinterés de los científicos y la pretendida neutralidad de la ciencia.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, fue el único actor de un organismo oficial que salió a cuestionar la investigación, en principio, con tres señalamientos: 1) Desvinculaba al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la investigación de Carrasco: no es el CONICET, los investigadores hablan por sí mismos. 2) Insistía en que la investigación no había sido publicada en una revista especializada. 3) Hacía objeciones al experimento, relativizando sus resultados.

El posicionamiento del ministro Lino Barañao no dejó lugar a dudas cuando recibió al periodista Héctor Huergo, partidario de la agricultura industrial y transgénica, en el Ministerio de Ciencia para el programa El campo, la industria verde.

La entrevista comenzó preguntando por "un supuesto trabajo de investigación que de alguna manera involucra al CONICET". Barañao respondió que "es un trabajo que no ha sido publicado, él [Carrasco] comunicó sus hallazgos preliminares a la prensa. Esto no es parte de un estudio encargado por el CONICET ni el resultado de una investigación institucional". Dijo que en el "caso del glifosato existen normas para su aplicación que ha fijado la Secretaría de Agricultura sobre la base de evidencias experimentales que se han realizado a nivel mundial". Y sostuvo además que "habría que relativizar un poco estos resultados porque no son directamente extrapolables a lo que puede ocurrir en una situación de campo" (Programa El campo, la industria verde, 2 de mayo de 2009).

La investigación en la prensa tuvo otros efectos. Tras su publicación, CASAFE movilizó abogados y un escribano público que se presentaron en el CONICET y en el laboratorio donde trabajaba Carrasco buscando el estudio sobre el glifosato. Además, si desde diciembre de 2007 Carrasco ejercía como Subsecretario de Innovación Científica de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa, en julio de 2009 debió renunciar a su cargo como consecuencia de la agitación causada.

El proceder de Carrasco también suscitó diversas interpretaciones. Por ejemplo, sobre el horizonte de la pugna por la Resolución 12511 La Política Online publicó que la noticia en Página 12 fue una "embestida oficial para demonizar a la soja" con un estudio "de un funcionario del ministerio de Defensa de Nilda Garré" (La Política Online, 2009b). Afirmaba que "Carrasco es, además de funcionario nacional, un investigador de la UBA y el CONICET. Por eso, aunque no cuenta con el aval de ninguna de estas dos prestigiosas entidades, el oficialismo buscará instalar el informe en sus órbitas" (La Política Online, 2009a) e infería como "ideólogo de la ofensiva al periodista y asesor político de Néstor Kirchner, Horacio Verbitsky", otro periodista de Página 12.

En este esquema interpretativo, La Política Online afirmaba con respecto a la postura de Lino Barañao:

El ministro, muy cercano a la presidenta, salió así al cruce de un operativo que tuvo como usina la propia Casa Rosada […]. Las hipótesis sobre esta jugada de Barañao que se verá completa recién el fin de semana son muchas. La primera y más fuerte, es que el hombre podría haberse subido a la ola de los 'funcionarios críticos' (La Política Online, 2009c).

Existieron asimismo episodios de censura y violencia contra Carrasco que permiten reparar en el grado de conmoción que provocaron sus afirmaciones. Por ejemplo, en abril de 2010 se hizo pública una carta que Carrasco envió a Marta Rovira, presidenta del CONICET, pidiendo explicaciones por la negativa a dar una charla propuesta por él sobre su investigación en el espacio institucional del CONICET en la Feria del Libro.

El científico observó severamente:

No es descabellado interpretar la decisión tomada por el CONICET, como censura de una investigación científica realizada en el país para bloquear su difusión pública. Bloqueo que lesiona la libertad académica al subordinarse a intereses ajenos a la ciencia y al mismo tiempo es un mensaje de disciplinamiento, para todos aquellos que intenten una crítica desde el sentido de la ciencia, a criterios y políticas instituidas desde el poder económico y sus voceros (La Vaca, 2010).

En agosto de 2010 en la localidad de La Leonesa, provincia de Chaco, Andrés Carrasco y otras personas que lo acompañaban debieron suspender una charla programada en una escuela a causa de un incidente que incluyó la agresión física de parte de "patotas coordinadas por empresarios arroceros, el intendente José Carbajal, y la mujer del intendente, Elda Insaurralde, diputada del PJ" (La Vaca, 2015:4).

Ahora bien, el apoyo público también tuvo lugar. En mayo de 2009 centenares de académicos, científicos, artistas, intelectuales y organizaciones diversas -nacionales y extranjeros- emitieron una declaración publicada en Internet en la que expresaban:

Hacemos pública nuestra posición crítica ante toda intromisión mercantilista y pragmática del poder económico sobre la autonomía del sistema científico universitario. Con la retórica del "productivismo" que corre en estos tiempos -diferenciándose de la acumulación financiera de décadas anteriores- se busca sacar del debate aquello que en la comunidad internacional hace tiempo está siendo objeto de preocupaciones y acciones de redes científico-académicas: el conocimiento, especialmente el público, ¿está sitiado por el mercado? […] El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de sirena del "desarrollo sustentable" del modelo sojero y la "minería responsable" como factor de transformación, y ese discurso hegemónico es estratégicamente legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado […]. En estos momentos de gran debate por la aparición pública de los resultados de una investigación de agroquímicos de expandida difusión en la agricultura argentina afirmamos nuestra decisión por mantener un sistema científico universitario autónomo de los grandes intereses económicos corporativos; con libertad de pensamiento e investigación, enmarcados en los principios éticos de cada campo disciplinar y en la ineludible responsabilidad para con las sociedades y sus sectores sociales de mayor vulnerabilidad (Voces de Alerta, 2009).

Los nombres de investigadores de trayectoria como Miguel Teubal, Maristella Svampa, Mirta Antonelli, Susana Aparicio y Norma Giarracca, que desde el campo de las ciencias sociales abordan críticamente diferentes implicancias del modelo productivo argentino, encabezaban la lista de firmantes junto a personalidades con una larga vida de militancia por los Derechos Humanos como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel.

El texto surgió como reacción a las primeras respuestas tras la publicación de la investigación en Página 12 (cuando los abogados de CASAFE salen en busca del trabajo y el Ministro Barañao desacredita la investigación en el programa de Huergo), apuntando al carácter del nudo entre política científica y política productiva12 promovido desde instancias estatales, nudo que estimula una ciencia supeditada al mercado y en el que muchos científicos cumplen roles muy precisos (Lander, 2010).

Otros apoyos a Carrasco provinieron además de infinidad de personas y movimientos sociales que agradecieron y levantaron su palabra. Aunque la investigación fue publicada posteriormente, en agosto de 2010, en la revista especializada Chemical Research in Toxicology, con el título de "Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling", otras objeciones continuaron. Algunas apuntaron directamente al experimento y al modelo utilizado: afirmaban que una sustancia cualquiera administrada de esa forma puede afectar el desarrollo de embriones de anfibios; que cualquier sustancia puede ser teratogénica con esas exposiciones. Otras se dirigían a la posibilidad de correlacionar el laboratorio con el territorio. Carrasco defendía su saber: "Yo tengo suficientes años en el oficio, sobre todo en el oficio de la embriología, como para decir si esto es un sensor y lo que pasa en un anfibio, en un pez, en un pollo, en una rata, también puede pasar en el humano" (Carrasco, 2012, comunicación personal).

La discusión sobre el experimento expone límites asociados, en parte, con formas de ver disciplinarias. Según Sheila Jasanoff (1995), lo que constituye un experimento adecuadamente controlado es distinto para un biólogo molecular, un toxicólogo o un epidemiólogo. Aquí una de las cosas que se pone en juego es quién tiene el detector correcto de lo que se consideraría la evidencia: Carrasco desde la embriología o los toxicólogos desde la toxicología. Sin embargo, la discusión sobre el detector correcto no se produce por la falta del reconocimiento de una "señal empírica" como tal (Collins, 2009), no se discute la replicabilidad del experimento de Carrasco o el "estatus existencial" de las malformaciones en sus ranas.

Una de las cuestiones aquí sería entonces indagar qué intereses y dimensiones se ponen en consideración para definir el detector correcto, o dicho de otra forma, examinar las razones históricas del éxito de la ciencia toxicológica para determinar los ensayos que fundamentan las regulaciones.

 

Ciencia y formas de vidas

El estudio sobre los anfibios surge a partir de los reclamos de las poblaciones sobre la existencia de enfermedades y se integra con otras investigaciones en una controversia acerca de los daños que provocan los agroquímicos en la salud (Kaczewer, 2002; Simoniello, Scagnetti y Kleinsorge, 2007; Simoniello y otros, 2008; Aiassa y otros, 2012; Arancibia, 2013), pero esta controversia alimenta una discusión mayor sobre los modos de producción y, en definitiva, sobre las maneras de vivir y las formas en que se deciden esas maneras (Ricoeur, 1991; Callon, Lascoumes y Barthe, 2001; Vara, 2004; Pestre, 2005; Svampa, 2012)

Si en general existe un consenso entre los diferentes actores, incluidos los que trabajan en organismos oficiales, de que el modelo productivo vigente tiene efectos nocivos como la expulsión de pobladores rurales, la dependencia económica de un producto como la soja y el vaciamiento de minerales de los suelos (Pengue, 2000, 2003, 2005; Teubal, 2008, 2012; Giarracca, 2008, 2013; Bravo y otros, 2010; Gras y Hernández, 2013), la diferencia es que para algunos el tema de los agroquímicos es una cuestión de "buen uso" y, por lo tanto, separable de la discusión política sobre la política productiva (Ministerio de Salud, 2011; Feenberg, 2012; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2013).

Desde la Dirección de Determinantes de la Salud e Investigación del Ministerio de Salud, un funcionario, José Olivieri, 13 así lo expresa:

Dejando de lado el aspecto económico, la modificación del modelo agrario significó un cambio conceptual muy fuerte para el país. Para empezar, estos fenómenos tan importantes como el cambio en el movimiento de la frontera agrícola con la consiguiente pérdida de tierras nativas dedicadas al pastoreo o a los bosques no es un tema menor en el mediano plazo. El cambio de producción implica un distinto desgaste de la calidad del suelo y eso no es un tema menor con la perspectiva en el mediano plazo. El modo de producción tecnificado sigue expulsando gente del ámbito rural hacia la periferia de los ámbitos urbanos y esto no es menor mirado con una perspectiva de mediano plazo. Bueno, insisto en que estoy diciendo todo esto dejando de lado los aspectos económicos. Esa es una discusión. Es una discusión muy distinta a la discusión de si el glifosato digamos… No es un mal argumento retórico, pero la discusión sobre el modelo de país se da en otro escenario. Nadie va a cambiar el modelo de producción porque catorce tipos protesten contra el glifosato (Olivieri, 2014, comunicación personal).

Del otro lado, el uso de agroquímicos es indisociable de una forma de producir con efectos negativos de todo tipo. Incluso, entre los actores que cuestionan el modo de producción vigente, hay quienes desaprueban tener que demostrar que los "venenos envenenan" en tanto, entre otras cosas, significa seguir con lo que el orden establecido impone e invertir la carga de la prueba. Carrasco lo expresa de la siguiente manera: "Decir que el problema es el glifosato es achicar el discurso. Uno debe hacer un esfuerzo intelectual y analizar que el glifosato es un emergente. Es una consecuencia indeseada. Una forma de ver el desarrollo de un país" (La Capital, 2010).

Carrasco junto con otros científicos y médicos producen conocimientos despegándose del papel limitado del especialista que desaprueban. Salen a las calles a defender su ciencia y sus conocimientos, se constituyen en portavoces de una problemática de salud pública, usan otros mecanismos sin descartar los habituales de sus prácticas profesionales y expresan el disenso en la arena pública. Andrés Carrasco explicitó insistentemente la parcialidad de la ciencia e hizo la ciencia no hecha desde un lugar particular:

 

Yo no creo en la ciencia tal como está estructurada epistémicamente. Nada es neutro, ni siquiera lo que yo hago. Cuando uno cruza los relatos así, se sale de lo técnico, hace la reflexión, eso molesta al poder. Eso molestó porque eso fue tildado en algún lugar como anticientífico o como político. Y ahí es donde me parece que se rompe el molde. El científico-científico nunca se sale de su molde porque está convencido de que el conocimiento puede ser neutro, a veces objetivo pero fundamentalmente neutro (Carrasco, 2012, comunicación personal).

Su politización no implicó sólo desnaturalizar convenciones o indicar sesgos y conflictos de intereses. Fue una politización más primordial:

La trampa está en ontologizar la ciencia y la tecnociencia y explicar toda la realidad, haciendo caso omiso a las propiedades emergentes de la complejidad natural. Ese reemplazo no es una distracción, es una omisión. Se omite parte del conocimiento, y por lo tanto aparece una complicidad reduccionista, entonces la lucha epistémica es por el sentido y la oclusión de la certeza. Lo verdaderamente científico es no obturar el debate, no ocultar miradas diversas, no cerrar certezas en una ciencia que se auto-justifica para tratar de acercarse a la verdad. No existe lo puramente científico, siempre, independientemente del paradigma, el conocimiento está inmerso en lo político. Otra cosa es la lucha por la construcción de sentido del conocimiento. Eso es el poder en acción (Carrasco, 2013, comunicación vía correo electrónico).

Carrasco puso sus conocimientos y acciones al servicio de una idea de emancipación social, política, cultural e incluso epistemológica.

Yo estoy en Latinoamérica, yo estoy en otro continente, acá me rodea otra realidad, hay otra cosmogonía inclusive. Nos importaron el positivismo, nos importaron las ideas de eugenesia ¿viste? Ahora, ¿qué hicieron en Europa desde 1870 para acá? Guerras, con dos mundiales, ¿ese es el resultado del positivismo? Ese es el positivismo al servicio de un proceso supuestamente civilizatorio, ese es el positivismo para dominar, la ciencia como instrumento de dominación, lo vienen aplicando. ¿Somos felices? (Carrasco, 2012, comunicación personal).

 

Boaventura de Sousa Santos -cuyas lecturas se hacen explícitas en las palabras de Carrasco- sostiene que la "ecología de saberes" se basa en "el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos -uno de ellos es la ciencia moderna- y en las interconexiones continuas y dinámicas entre ellos sin comprometer su autonomía (De Sousa Santos, 2010: 49). La ecología de saberes "no implica desacreditar el conocimiento científico. Simplemente implica su uso contra-hegemónico" (De Sousa Santos, 2010: 52-53).

Éste es el lugar y el uso de la ciencia llevado a cabo por Carrasco. Su estudio sobre embriones de anfibios, su publicación en la prensa o la pregunta por el sentido de la ciencia que planteó con insistencia, son parte del mismo cuestionamiento al orden vigente.

"¿Cómo pensar una ciencia en y para nuestro contexto?" ha sido una preocupación de Oscar Varsavsky, a quien evocó frecuentemente Carrasco. Las preguntas que este científico formula persistentemente: "¿ciencia para quién?", "¿ciencia para qué?", actualizan algunas reflexiones del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología (PLACTS) surgidas en una "dinámica endógena" gestada a partir de la "matriz de la teoría de la dependencia" (Dagnino, Thomas y Davyt, 1996).

 

Ese movimiento heterogéneo,14 constituido por pensadores, científicos y tecnólogos, que emergió en América Latina entre las décadas de 1960 y 1970, coincidía en el cuestionamiento a la neutralidad y universalidad de la ciencia y la tecnología, y con diferentes perspectivas postulaba la necesidad de producir una ciencia y una tecnología abocadas a los problemas locales.

En términos de grados de realización, el sentido "anti-dependentista" proclamado encontró cierta posibilidad de concreción con la inclusión de algunos de estos científicos en el ámbito estatal (Dagnino, Thomas y Davyt, 1996). No obstante, el golpe de estado de 1976 puso fin al período marcado por ese movimiento crítico.

En la actualidad, aquel pensamiento sobre el significado sociopolítico de la práctica científica es considerado por algunos especialistas como uno de los antecedentes de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología de nuestra región. Sin embargo, según Dagnino, Thomas y Davyt (1996), la agenda de PLACTS no fue adoptada por las generaciones siguientes.

En términos generales, puede advertirse que aquella generación de Pensamiento Latinoamericano, conformada principalmente por científicos naturales, reivindicaba un pensamiento autónomo que objetaba la transferencia acrítica y descontextualizada de marcos conceptuales, formatos institucionales y usos administrativos de los países centrales.

En cambio, en las décadas de 1980 y 1990, el campo CTS (Ciencia, tecnología y sociedad), predominantemente en manos de científicos sociales, se fue componiendo como un desarrollo disciplinar en el que los ideales y compromisos militantes dejaron lugar a un "ethos académico". Advirtiendo estos y otros cambios, Leonardo Vaccarezza (1998) manifiesta que, si en Latinoamérica el pensamiento en política científica y tecnológica de los años setenta se estableció en torno a la construcción de proyectos nacionales, en las décadas siguientes este pensamiento apuntó fundamentalmente a promover la competitividad internacional de las unidades productivas,

de ahí que, sea por el acotamiento al medio académico de los tópicos de conocimiento de CTS, sea por la lógica de la administración como principio de adaptación a los dictámenes de la competitividad internacional, el esfuerzo intelectual de CTS prescinde por ahora de su carácter movilizador y de su pretensión de cambio (Vaccarezza, 1998: 20).

El debate sobre el glifosato parece traer de nuevo "la disyuntiva 'internacional' versus 'nacional'", vivida por los científicos de los "países en desarrollo" como una verdadera antinomia frente al problema de la responsabilidad para con su Nación (Vessuri, 2007).

Se reactualiza así, con otros elementos y en otro contexto, la cuestión del "desarrollo de una única vía". Otra vez la discusión es si es posible y deseable adoptar un "modelo de desarrollo" asociado a un modelo de ciencia con formas precisas en el marco de un orden globalizado colmado de resistencias y formas de reapropiación locales que no sólo cuestionan a las lógicas capitalistas; varios de los actores que objetan el modo de producción y el uso de agroquímicos hablan de "crisis civilizatoria" o de "crisis de la modernidad".

Sin embargo, lo que resulta significativo además aquí es que en el Ministerio de Ciencia, en 2010, se creó el "Programa de Estudios sobre el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo", uno de cuyos objetivos es: "analizar los desafíos actuales del sector CTI (Ciencia, tecnología e innovación) a la luz del Pensamiento Latinoamericano como insumo estratégico para la definición de políticas públicas que promuevan la autonomía científica, tecnológica e innovativa" (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2010).

De esta forma, desde el centro de la política científica oficial se remite al PLACTS mientras que simultáneamente también se habla de "promover la sociedad del conocimiento" (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2015a) e "impulsar la economía del conocimiento" (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2015b).

 

Según León Olivé, desde mediados del siglo XX el concepto de "sociedad de conocimiento" se ha venido usando para referir a un nuevo contexto en el que el desarrollo y el uso del conocimiento científico-tecnológico con efectos en la economía, la educación y la cultura han generado un entorno social diferente al de la sociedad industrial. Entre los cambios que justifican el empleo del término se encuentran el creciente ritmo de creación, acumulación, distribución, aprovechamiento y depreciación de la información y del conocimiento; el desarrollo de las tecnologías que han hecho esto posible, y sus efectos en las relaciones sociales [En este nuevo] escenario económico que se ha venido conformando, los conocimientos y las nuevas tecnologías han adquirido un lugar central como medios de producción (Olivé, 2007:102).

 

Se configura así la denominada "tecnociencia", ese complejo de saberes, prácticas, instituciones, sistemas y redes en los que colaboran conjuntamente equipos de científicos, tecnólogos, administradores, grandes financiadores (como los estados ricos y las empresas transnacionales), y donde se involucran intereses económicos, y en muchos casos también políticos y militares.

A nivel internacional se instaura un consenso que establece que los países incapaces de desarrollar las nuevas formas de producción de conocimientos están condenados a un porvenir incierto (Olivé, 2007). Se supone que para lograr participar exitosamente del prometedor escenario es necesario contar con altos niveles de formación, lo que, al parecer, es un tema de educación y capacitación científica que debe ser llevado a cabo por los gobiernos nacionales y locales.

Ahora bien, no obstante las acciones emprendidas por los estados nacionales, Isabel Licha (1996) resalta que, de acuerdo a ciertos indicadores de ciencia y tecnología, se puede apreciar que la I+D (investigación más desarrollo) lejos de estar siendo globalizada, está concentrándose en pocos países, empresas e instituciones. En este sentido, junto con Enrique Oteiza (1996), la autora sostiene que la globalización funciona como un eufemismo que encubre procesos de corporativización y concentración.

El PLACT entonces es revalorizado en un marco amplio e incluso contradictorio mediante el programa del Ministerio de Ciencia del que Carrasco dirá:

La política de concentración de recursos y la concepción de generar conocimiento destinado a ser tratado como mercadería transferible al sector privado, acompañada de la paulatina privatización de los centros del aparato científico universitario y no universitario requirió crear un lugar desde donde se propusiera una explicación legitimadora de la política del Ministerio de Ciencia y Técnica partiendo de las líneas del pensamiento latinoamericano que Varsavsky y Rolando García sostuvieron, […] pero lo cierto es que el pensamiento latinoamericano de los 1960s y 1970s, en plena efervescencia revolucionaria, estaba precisamente intentando superar la discusión de la etapa desarrollista jaqueando al cientificismo (La Vaca, 2013).

Carrasco critica duramente la política de mercantilización de los conocimientos y advierte que "es donde mejor se ve la pátina neoliberal aggiornada con un discurso neodesarrollista" (La Vaca, 2013).

Para el científico, desde el Ministerio de Ciencia se apela a la palabra autorizada de Varsavsky mientras se avanza "en la decisión política de acomodar el conocimiento a la necesidad del sector privado y la oportunidad de negocios" (La Vaca, 2013).

Hebe Vessuri (2007) sostiene que en el escenario de la tecnociencia, los investigadores y científicos se ven en el corazón de la estructura de poder pero que, sin embargo, la mayoría de los ellos son asalariados que forman parte del engranaje de las complejas economías del presente y pierden como grupo la capacidad de respuesta crítica frente a los desafíos que plantean procesos que ya no pueden controlar.

En el caso aquí abordado, no obstante, puede observarse la presencia de científicos que interpelan su propio lugar y quehacer, cuestionan las políticas estatales e instan a recuperar la capacidad de respuesta crítica frente al entorno tecno-científico que concreta y profundiza una instrumentalización de la naturaleza en virtud de la preeminencia de determinadas disciplinas, como la biología molecular, y de la desestimación de otras perspectivas disciplinarias que contemplan la existencia de diversos tipos de desconocimientos y un gran grado de apertura hacia los eventos no anticipados e incontrolables (Böschen y otros, 2010).

Las imbricadas relaciones entre el ámbito agroproductivo y el científico permiten entender la crítica de Andrés Carrasco al glifosato y lo que ella y otras críticas perturban. En su última aparición pública, Carrasco hizo expresa la dificultad de "desbrozar" el "problema" en diferentes partes y llamó a hacer el esfuerzo de mirar "lo más holísticamente posible". El "modelo", según el investigador, es fruto de una "decisión política", es un "modelo extractivista y es un diseño geopolítico", y decir que se trata de un "control del territorio", de un "control de los alimentos" y de un "control social" es "tomar el problema en su integridad" (Carrasco en Primera Jornada de Nutrición, Salud y Soberanía Alimentaria, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, 2014).

 

Reflexiones finales

El proceso de producción del conocimiento científico está inextricablemente ligado con las formas de poder que ese proceso legitima y al que provee soluciones.

La manera en que determinado conocimiento científico es valorado y significado afecta los planes de intervención estatal y cuidado médico, así como la definición de riesgos y enfermedades. Ciertos conocimientos científicos junto con las decisiones políticas, las presiones populares y la disponibilidad de recursos tecnológicos, modelan el marco de lo que se considera evidencia de los efectos de la enfermedad (Petryna, 2002).

Si desde el punto de vista antropológico, los hechos científicos se vuelven significativos en términos de cómo, en su parcialidad, ellos se incorporan en una lucha por la vida (Petryna, 2002). En la discusión sobre los agroquímicos dicha parcialidad queda absolutamente descubierta: son los propios actores involucrados los que la revelan.

Los estudios y ensayos que se reivindican de cada lado de la disputa "no son simplemente formas de representación literaria, maneras de pensar acerca del mundo. Son poderosos instrumentos para la acción" (Good, 2003: 157).

Agrotóxicos, componentes de un modelo agroexportador de materias primas y commodities que compromete la vida en sus diversas dimensiones o fitosanitarios gracias a los cuales Argentina contribuye a alimentar al mundo.

Los agroquímicos son más que simples compuestos químicos. Son entidades históricoculturales, como también lo son los experimentos realizados. Cada veneno es una potente fusión, un ensamblado de ingredientes entre los que se incluyen prácticas científicas, agendas políticas e intereses comerciales, sobre los que giran activismos sociales y medios de comunicación (Persson, 2004). Y en tanto entidades culturales son permanentemente resignificadas en un proceso que tiene causas y consecuencias materiales específicas e incidencia directa en la vida de las personas.

Las visiones oficiales no detectan problemas sanitarios profundos asociados con los agroquímicos y separan los temas: se trata, por un lado, de una discusión sociopolítica y económica sobre un modelo productivo o socioeconómico y, por el otro, de lo que dicen ciertos estudios científicos admitidos. Las discusiones, según ellas, deben permanecer separadas porque pertenecen a dominios distintos. La ciencia provee un conocimiento técnico, disgregable de otro tipo de materias.

Por su lado hay científicos que, como Carrasco, hacen su ciencia evidenciando los daños que provoca un modelo que debe modificarse; politizan la ciencia y la tecnología.

Una problemática social, ambiental y sanitaria concreta reúne a científicos que discuten un modelo productivo y generan conocimientos destinados al reconocimiento de enfermedades, interpelando a su vez el propio rol. El científico ejerce su profesión a la vez que le plantea fuertes críticas y limitaciones. Señala las ignorancias e incertidumbres científicas frente a la complejidad de la realidad a abordar pero rebate argumentos científicos con argumentos científicos.

El científico se expone. No todos lo hacen. Carrasco entiende que gran parte de la comunidad científica "se calló la boca" de cara a una "distribución de prestigio" que se expresa en "quién premia, dónde premia, quiénes son los elegidos, quiénes son los despenados" (Carrasco, 2012, comunicación personal).

Hemos señalado que preguntar por el sentido de la ciencia interpela el contexto sociopolítico y tecno-científico donde ella arraiga. Dado el lugar que la ciencia ocupa en este contexto, preguntar por el para qué y el para quién es preguntar por las formas de vivir y los modos en que esas formas se deciden colectivamente (Klier y otros, 2015)

 

Ahora bien, si en términos de resultados concretos, el trabajo de Carrasco fue considerado en fallos que establecieron límites a las fumigaciones en algunos lugares, o sus acciones junto con la de otros científicos han instalado el tema en la arena pública, entonces el escenario esbozado plantea algunas cuestiones relacionadas con la posibilidad de otros tipos de resultados en el marco del mantenimiento de la autoridad de la ciencia que el contexto fomenta.

Es decir, si los habitantes de los pueblos deben recurrir a los científicos para presentar conocimientos legítimos sobre los daños que observan en su salud, si los trabajos científicos deben estar revisados por pares científicos, si algunos científicos hacen otra ciencia, hacen la ciencia no hecha y así reproducen su lugar de saber, ¿qué tipo de cambios son posibles?, ¿en qué dominios?

Simplificando tal vez demasiado el planteo podemos preguntar si no es la misma autoridad del saber científico la que habilita el cuestionamiento del lugar del saber científico. Podemos preguntar también qué implicancias tiene eso.

¿Cómo compatibiliza la demanda de ciencia y la democratización de las decisiones sobre el propio territorio por parte de las poblaciones? ¿Quién puede, incluso pensando en términos socioeconómicos, ser científico? ¿Cuáles son las condiciones y grados de posibilidad de propuestas como los "foros híbridos" (Callon, Lascoumes y Barthe, 2001), los "foros ciudadanos" (Fuller, 2003), la "ciencia post-normal" (Funtowicz y Ravetz, 1993) o, más aun, un "diálogo de saberes" (Leff, 2006)? Todas propuestas muy diversas que reubican en otro lugar, más plural, al saber científico.

En el panorama observado, es el científico el que plantea sus propios límites y posibilidades. Desde punto de vista antropológico esto resulta significativo e interroga asimismo la propia tarea antropológica.

Notas

1. El Grupo de Reflexión Rural se conformó a mediados de la década de 1990, según se afirma en su Declaración de principios, como "grupo de afinidad y como espacio de diálogos y debates multidisciplinarios sobre los impactos del capitalismo global" (Grupo de Reflexión Rural, 2012).

2. Estos científicos y médicos se hallan posicionados en diferentes lugares sociales, disciplinares y geográficos. Aunque coinciden en la objeción a los agroquímicos como parte de una crítica general al modelo productivo vigente, difieren sus formas de actuar así como sus prioridades y los recursos materiales y simbólicos que movilizan.

3. El Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados está destinado a generar un "espacio de análisis y reflexión académica y científica sobre el estado sanitario de los pueblos fumigados, y de escuchar y contener a los miembros de los equipos de salud que vienen denunciando y enfrentando este problema" (Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, 2010).

4. La expansión adopta diversas modalidades y tiene dinámicas distintas en las diferentes zonas del país. En las regiones "extrapampeanas" además de avanzar sobre áreas dedicadas a la ganadería y a cultivos regionales -como el algodón o el poroto-, implica la deforestación de bosques y la expulsión de poblaciones.

5. El sistema de siembra directa comienza a ser utilizado en nuestro país en la década del 1970 (Gárgano y Souza, 2013). La siembra directa, muchas veces denominada "conservacionista", busca preservar el suelo de la erosión de la labranza, de manera que supone menos laboreo y más herbicidas. La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) nace oficialmente en 1989 con 23 socios preocupados por preservar uno de sus principales recursos productivos: el suelo. Y justamente será vía la SD (siembra directa) que terminarán articulándose años más tarde, con la soja transgénica (Hernández, 2013).

6. En tanto el lenguaje es un "depósito de construcciones naturalizadas" con poder performativo y eficacia simbólica, como también objeto permanente de negociación (Foucault, 1998; Bourdieu, 2007), el uso de determinados términos, como "plaguicida" en este caso, no deja de ser problemático en el marco de este trabajo puesto que muchos de ellos son "categorías nativas" usadas o impugnadas por diferentes actores.

7. La justificación por el criterio de lo "internacional", no obstante, admite matices y flexibilizaciones según contextos y conveniencias. De esta manera, en un proceso que necesariamente requeriría estándares internacionales porque habilita el tránsito internacional de sustancias, la joven dedicada al área regulatoria de la multinacional Syngenta enfatiza la singularidad del sistema regulatorio argentino: se trata de un sistema muy sólido que se toma como modelo en Latinoamérica. Ahora bien, la localización o desactivación del criterio de lo internacional también es posible cuando productos prohibidos en otros países se siguen usando en Argentina.

8. Un agente teratogénico es aquél que durante la gestación es causante defectos congénitos.

9. Traducción propia de la carta que mandara Carrasco a la revista Chemical Research in Toxicology en respuesta a la carta que especialistas -en su mayoría toxicólogos- de las empresas Monsanto, Syngenta, Dow Chemicals, Cheminova, Nufarm Americas Inc. y United Phosphorus Inc., unidas corporativamente, enviaron tras la publicación del trabajo del investigador argentino.

10. Las formas de nombrar constituyen indefectiblemente parte de la disputa. Si desde ámbitos de promoción o apoyo al uso de estas sustancias se habla de "productos fitosanitarios", en los ámbitos en que se los cuestionan se habla de "agrotóxicos".

11. Iniciado en marzo de 2008, el conflicto en torno a la Resolución 125 involucró al gobierno nacional y a las cuatro organizaciones agrarias que conformaron la "mesa de enlace" agropecuaria (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Confederación Intercooperativa Agropecuaria y Federación Agraria Argentina). El conflicto se suscitó por el establecimiento de un sistema de retenciones móviles (es decir, con tasa variable en función de los precios internacionales) para la soja, el trigo, el girasol y el maíz. Durando más de ciento veinte días con cortes de ruta prolongados, el conflicto no perturbó el modelo agrario sino que puso en discusión el reparto de las rentas generadas.

12. El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal (PEA) 2010-2020 y Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Argentina Innovadora 2020 formulan cabalmente esta conjunción y el carácter de las políticas "productivistas" y "desarrollistas" expresadas durante el gobierno kirchnerista.

13. Este es el único seudónimo utilizado en este trabajo.

14. Según Adriana Feld, las posiciones asumidas por estos autores "se distinguen, claramente, en sus modos de comprender las relaciones ciencia-sociedad, el papel de la tecnología y, sobre todo, las dimensiones políticas que atraviesan a los conocimientos científicos y tecnológicos. [La autora identifica] dos grandes vertientes ideológicas que, por supuesto, tienen consecuencias teóricas y normativas divergentes: una más radical, cuyo representante emblemático fue Oscar Varsavsky, puesto que cuestionó tanto el núcleo duro de la ciencia (sus prácticas, sus agendas, sus modos de financiamiento, sus métodos, etcétera), como también el orden social vigente; y una vertiente más moderada, que en la definición-estigmatización de Varsavsky ha sido asimilada a las ideas "desarrollistas", en las que se destacan los trabajos y reflexiones de autores como Jorge Sábato, Amílcar Herrera, Jorge Katz, Carlos Mallmann y Alberto Aráoz" (Feld, 2011: 186-187).

Bibliografía(…) Leer

 

 

Apreciemos que los extractivismos o modos capitalistas de producción e imposición del subdesarrollo implican no sólo degradación de la vida y la salud sino también ecocidios-etnocidios-genocidios. Lo comprobamos en una megaminería que se la publicita opuesta a la metalífera a cielo abierto.

 

 

La extracción de este metal alcalino para las baterías de los coches eléctricos requiere enormes cantidades de agua

La fiebre del litio amenaza a las culturas indígenas de los desiertos de sal andinos

16 de marzo de 2018

 

 

Por Luis Martín-Cabrera 

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No hace falta ser experto en energía para darse cuenta de que es imperativo buscar alternativas a los combustibles fósiles, entre otras cosas, porque estamos llegando al principio del fin de la producción de petróleo, pero sobre todo porque los efectos destructivos que provocan –agotamiento permanente de fuentes de agua, deforestación, inundaciones, vertidos tóxicos, incendios, huracanes, subida de los niveles del mar, etc.– son cada vez más palpables para la mayoría de la población mundial.

Una de las soluciones tecnológicas para paliar los deletéreos efectos de la economía del petróleo es la producción de automóviles eléctricos. El estado de California, por ejemplo, planea reducir la emisión de gases en un 40% hasta llegar a niveles inferiores a los de 1990. Para ello, proyecta crear una serie de incentivos financieros y de regulaciones que permitan que en el 2030 haya 4.2 millones de autos eléctricos en su parque automovilístico. En Europa algunos estados como Holanda tienen objetivos incluso más ambiciosos y aspiran a tener un parque automovilístico 100% eléctrico para el 2030.

Con semejantes incentivos estatales, los principales productores de autos mundiales –Ford, Toyota, Nissan, General Motors, BMW, etc.– hace tiempo ya que llevan experimentando con vehículos híbridos y modelos eléctricos, pero ninguna de ellas iguala en ambición ni en grandilocuencia tecno-utópica a la californiana TESLA y a su capitán de industria Elon Musk. Como Steve Jobs en su día, Musk, portada incluso de revistas de entretenimiento como Rolling Stone, es idealizado o vilipendiado como el auténtico gurú de una secta que podría salvarnos del apocalipsis ecológico sin renunciar a la comodidad de nuestros vehículos utilitarios. De las paredes de la gigafactory de Tesla en Nevada cuelga un cartel enorme que reza: “Para acelerar la transición mundial a la energía sustentable”.

TESLA produce automóviles eléctricos de lujo con la promesa de alcanzar niveles de producción masivos y precios al alcance de las clases medias. Pero, como el iphone en su día, los automóviles TESLA son mucho más que un automóvil: son el futuro, “un sueño hecho realidad”, como le escuché decir a una de sus usuarias californianas. Los modelos TESLA poseen, entre otras cosas, reconocimiento facial , capacidad de estacionarse automáticamente y, eventualmente, autonomía para operar sin control humano. Además de sus vehículos eléctricos, Musk ha producido en Australia la batería de litio más grande del mundo con 100 megavatios de potencia para abastecimiento eléctrico doméstico, planea fabricar camiones eléctricos para el transporte de mercancías pesadas e incluso lanzar automóviles que alcancen la luna.

Con estos mimbres resulta casi imposible restarse al optimismo tecnológico que promueve Musk, o, si no se comparte su visión futurista, al menos no reconocer la necesidad de iniciar lo antes posible una transición hacia el uso de energías alternativas al petróleo, a ser posible renovables y más limpias. Sin embargo, antes de aceptar las nuevas soluciones tecnológicas que se nos ofrecen, deberíamos, por una cuestión de ética esencial, preguntarnos de dónde vienen los materiales que hacen posible el uso de estas nuevas energías en la producción de vehículos limpios.

En este caso la pregunta puede ser bastante simple y, a la vez, bastante esquiva. La funcionalidad de los vehículos eléctricos depende de la capacidad de fabricar baterías relativamente livianas. Hoy por hoy esto se consigue fabricando baterías de litio, las mismas que también hacen posible que la batería de nuestros celulares y computadores funcione sin estar conectada a una fuente de red. La pregunta entonces es: ¿De dónde viene el litio y qué efectos tiene su minería en las comunidades donde opera?

El litio está bastante concentrado en ciertas áreas geográficas. Hay litio en roca en Australia, en Carolina del Norte (Estados Unidos) y en algunos lugares de China, pero la forma más barata de extraer litio es mediante evaporación en salares (lagos de sal formados tras un prolongado periodo de erupción volcánica). Hay salares en Tíbet y en Nevada (Estados Unidos), pero la mayoría de las reservas mundiales de litio –entre el 80% y el 85% dependiendo de los expertos—están en una zona transandina que se extiende a través de las fronteras de Argentina, Bolivia y Chile e incluye los salares de Atacama (Chile), Hombre Muerto, Olaroz y Salinas Grandes (Argentina) y Uyuni y Coipasa (Bolivia) entre otros muchos de menor tamaño. Se trata de cuencas endorréicas (cerradas al flujo de los ríos y otros cauces de agua) que oscilan entre los 2,400 y los 4,000 metros de altitud y que presentan índices de precipitación muy bajos y de radiación muy altos. O dicho más prosaicamente: hace mucho calor en el día, mucho frío en la noche y hay muy poco agua para la vida en general.

La revista Forbes, que rebautizó la zona con el nombre de "Arabia Saudí del Litio", describe en estos términos el Salar del Atacama:

"Nada crece en el corazón del Salar de Atacama, esta antigua cuenca lacustre, 700 millas al norte de Santiago, debe ser el lugar más seco del planeta, una tierra baldía, cubierta de una costra de rocas de sal que se parece a una plasta de vaca […]. Si no fuera por la preciosa salmuera que burbujea 130 pies por debajo de la superficie, los humanos se mantendrían alejados del Salar de Atacama".

Se trata de un gesto típicamente colonial: ver el territorio vacío para evitar hacerse cargo de los potenciales impactos ambientales y humanos que pueda causar la actividad emprendida por un agente foráneo como la minería del litio. Sin embargo, si el periodista de Forbes hubiera sido un poco menos bárbaro, se hubiera informado de que en los oasis que bordean el Salar de Atacama viven comunidades indígenas, según el registro arqueológico, al menos desde el 8,000 AD. De hecho, el pueblo atacameño o Lickan Antay –gente de la tierra en kunza, su lengua– fue capaz de levantar toda una civilización en mitad del desierto más árido del mundo, domesticar la llama y otros camélidos para utilizarlos en sus largas caravanas transandinas, emplear el fruto del chañar y del algarrobo (dos de los pocos árboles que crecen en estos parajes) para aportar proteína a su dieta y fabricar “aloha”, un licor utilizado en ceremonias y ritos. En los Oasis del Salar de Atacama se cosecha hoy alfalfa, maíz, papas y habas; en sus huertos sigue habiendo árboles frutales que reciben agua a través de un escrupuloso sistema de uso comunal del agua que convive con el turismo ecológico y otros emprendimientos comunitarios. Y por si todo eso fuera poco además han sobrevivido a las distintas olas de colonialismo desde la llegada de los españoles hasta el presente.

Por eso, las malas noticias para los inversionistas de Forbes y para el optimismo tecnológico del norte es que, lejos de ser una tierra baldía, el Salar de Atacama, como el resto de territorios del llamado triángulo suramericano del litio, sigue habitado por las comunidades ancestrales Aymara, Quechua, Kolla y Lickan Antay que son, según derecho consuetudinario, los legítimos dueños del territorio, los que lo siguen haciendo florecer respetando sus ciclos de regeneración mediante todo un sistema ritual de pagos a la tierra y respeto a la naturaleza.

A diferencia de los occidentales, estos pueblos indígenas, que se consideran los herederos directos de los Incas, no ven la naturaleza como un objeto exterior a ellos del que pueden disponer a capricho o destruir, sino como un ser vivo. Verónica Chávez, de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes (Argentina), cuenta que el Salar es un ser vivo con sus venas de agua y sus ciclos de regeneración que atraviesan la estación de las lluvias hasta secarse y hacer brotar la sal que se cosecha después, en la estación seca, como una planta más. Por eso cuando llegaron las mineras del litio a explotar el Salar, el efecto en ella fue demoledor: “Por lo que yo vi, era que gente venía sin conocimiento, no les importaba nada el destrozo de nuestra Mamita Pacha, le tiraban ácido, le rompían la venita de agua, ¡hacían todo un desastre! Y para mí es un dolor eso, porque ella es una mamita para mí, a una madre no se le hace eso”.

Conviene, no obstante, no idealizar ni romantizar a los pueblos indígenas de los salares. En la cuenca de Salinas Grandes, Argentina, han logrado parar, de momento, la explotación del litio, pero unos kilómetros más al este, en Olaroz y Laguna Guayatayoc, las comunidades Lickan Antay han firmado un acuerdo con la minera Orocobre (proveedor principal de litio para Toyota). Lo mismo sucede en el Salar de Atacama donde la norteamericana Rockwood Lithium, subsidiaria del gigante minero Abermale, tiene convenio con la mayoría de comunidades indígenas. A veces estos convenios se firman por intereses, porque las comunidades tienen necesidades de infraestructura o fuentes adicionales de ingresos y, otras veces, se hace a regañadientes, porque si van a sacar el mineral de la tierra es mejor que quede algo en las comunidades. Pero en todos los casos, los pueblos indígenas quieren lo mismo: que se aplique el convenio 169 de la OIT, que haya consulta previa, libre e informada; en el caso de la cuenca de Salinas grandes, sus 33 comunidades incluso tienen un protocolo llamado Kachi Yupi, huellas de sal en quechua, que estipula cómo llevar a cabo esta consulta.

La realidad, sin embargo, no parece dispuesta a respetar la voluntad de estos pueblos indígenas. La presión que ya existía sobre el litio se está incrementando exponencialmente porque si para una batería de teléfono móvil hacían falta 3 gramos de litio, para un auto eléctrico hacen falta casi 20 kilos, más de 50 si se trata de uno de los rutilantes modelos de TESLA.

Con el cambio de ciclo político en Argentina y Chile parece que se han abierto las puertas definitivamente para la explotación sin límites del llamado oro blanco de los salares. Mauricio Macri en Argentina está otorgando licencias de explotación sin consultas y sin muchas cortapisas, hay en la actualidad hasta 63 proyectos aprobados en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Del mismo modo, en Chile, con la llegada de Sebastián Piñera al poder, la minera SQM –una de las más corruptas de la región, privatizada durante la dictadura de Pinochet y vendida a su yerno Julio Ponce Lerou, envuelto hoy en escándalos de financiación política ilegal– acaba de llegar a un acuerdo con el Estado chileno para retomar y aumentar la explotación de litio en el Salar de Atacama. Paralelamente, Elon Musk visita clandestinamente el país para explorar la posibilidad de abrir una megafábrica de baterías de litio en Chile con gran regocijo de las clases dirigentes.

 

Estos movimientos entre bambalinas, sin duda, hacen que las comunidades indígenas se sientan amenazadas. Saben que la minería del litio extrae grandes cantidades de salmuera y agua que luego se secan al sol en mega piscinas, son conscientes de que viven en cuencas cerradas cuyas fuentes de agua están interconectadas y pueden llegar a secarse definitivamente haciendo la vida en el salar inviable. Como explica Sandra Flores, de la comunidad de Coyo en Atacama, esta posibilidad se vive como un potencial genocidio cultural. En sus propias palabras:

“[Explotar el litio] es terminar con una parte de la humanidad y lo que es la cultura. Eso creo que sería como…trágico, o sea… como decir tú puedes matar a la otra persona y lo matas y listo. Para mí eso es trágico, para mí sería eso, traer algo grande para que mate a los pequeños, eso sería como lo trágico, lo terrible. Es… extinguir una cultura, matarla. Qué ha costado harto vivir en este desierto, es difícil, no es fácil, y… lo hemos podido conservar muchos años… Pero no tenemos las armas para poderlo seguir cuidando, no tenemos. Si el gobierno prefiere el litio, no tenemos nada más que hacer, porque no podemos luchar con algo tan grande. […] Pero si la luchamos, si la gente se preocupa de poder conservar el agua...”.

 

Es evidente que necesitamos alternativas al petróleo, pero también pensar en los desafíos que presentan esas nuevas tecnologías y hacernos preguntas incómodas: ¿podemos simplemente sustituir los autos que funcionan con hidrocarburos por autos eléctricos? ¿Qué papel debe cumplir el transporte colectivo y público en la lucha contra el calentamiento global? ¿Existen alternativas al litio como por ejemplo la batería de sodio? ¿Impiden la minería transnacional y los inversores financieros la búsqueda de alternativas al litio? ¿Estamos dispuestos a facilitar con nuestros patrones de consumo la destrucción de ecosistemas de gran complejidad y diversidad como los de los salares? ¿Queremos asumir éticamente la destrucción de culturas milenarias y modos de vida y gestión de lo social alternativos al modo de vida occidental?

 

Luis Martín-Cabrera es profesor de Estudios Culturales y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de California San Diego. Su proyecto sobre el litio ha sido financiado con una beca de la Fundación Wihting.

Fuente original: https://ctxt.es/es/20180314/Politica/18346/litio-baterias-coches-electricos-indigenas-mineria.htm

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=239071

 

 

Verificamos que las «luchas desde abajo» son esencialmente anticapitalistas en confrontación con:

 

 

 

El objetivo del G20 es salvar el capitalismo
5 de mayo de 2009

 

Por Iolanda Fresnillo

Observatori del Deute en la Globalització

Una versión reducida de este artículo se publicó en La Directa (Num. 134, 15 de abril). http://www.setmanaridirecta.info/

La reunión del pasado 2 de abril en Londres se cerró, tras mucha expectación y espectáculo, con declaraciones grandilocuentes y promesas previsibles. Más allá de las tan anunciadas medidas como el fin del secreto bancario, una mayor regulación del sector financiero o la promesa de más de un billón de dólares para las Instituciones Financieras Internacionales, se hace evidente que el objetivo no es un cambio de modelo económico, sino hacer pequeños retoques para que todo siga igual.

Desde que estalló la crisis actual del sistema financiero han ido proliferando las declaraciones y sentencias que, desde diferentes sectores, daban por rematado al sistema capitalista neoliberal y anunciaban el inicio de una nueva era, la de un nuevo capitalismo social, verde y responsable. Las dos reuniones del G20 que se han realizado hasta hoy, la primera el 15 de noviembre en Washington y la última el pasado 2 de abril en Londres, pretendían ser como espacios de discusión y decisión desde donde se tenía que “refundar el sistema económico y financiero”, y desde donde construir un nuevo orden mundial. A pesar de la grandilocuencia de algunas de las declaraciones que han precedido, e incluso han clausurado la cumbre del G20 en Londres, una lectura atenta del comunicado y las medidas tomadas y prometidas pone en evidencia claramente que el objetivo dista mucho de ser la reforma del capitalismo. Como mucho, se trata, de un pequeño retoque de maquillaje (1).

El objetivo del G20, tal y como hace explícito el comunicado final de la cumbre en Londres (2), no es otro que “restaurar el crecimiento global” y el modo de conseguirlo es a través “de una economía mundial abierta basada en los principios de mercado, en una regulación efectiva y en instituciones globales fuertes” (aunque no necesariamente democráticas). Así pues, el reto que se plantea es preservar la esencia del capitalismo, intentando “restaurar la confianza” de la opinión pública en el modelo, y siguiendo con la persecución del crecimiento económico como motor central de la economía. Para hacerlo, es necesario poner un poco de orden en un sistema que se ha descontrolado, reconocen los líderes del G20, pero en ningún caso se pretende abandonar los viejos dogmas neoliberales. Como decía Keynes “la dificultad no está tanto en desarrollar nuevas ideas, como en escapar de las viejas”.

Nadie en el G20 está dispuesto a reconocer que la crisis no es sólo financiera, sino que se trata de una crisis sistémica que afecta a todas las esferas de la vida económica y social. La crisis actual, tal y como venimos declarando los movimientos sociales de todo el mundo, se “inscribe en un contexto de crisis globales múltiples (climática, alimentaria, energética, social,...) y de un nuevo equilibrio de poderes. La crisis es consecuencia de un sistema de producción capitalista basado en la auto regulación y alimentado por la acumulación por parte de una minoría de beneficios a corto plazo, un sistema comercial injusto, la perpetuación y acumulación de deuda irresponsable, ecológica e ilegítima, el pillaje de recursos naturales y la privatización de los servicios públicos” (3). Esta crisis requiere respuestas que nos lleven hacia un cambio de paradigma, pero las respuestas ofrecidas en la cumbre de Londres no van en esta dirección.

Un billón de dólares para reflotar el sistema

La medida más celebrada por los titulares de los grandes medios de comunicación fue la promesa de un paquete de 1,1 billones de dólares para restaurar el crédito, el crecimiento y los puestos de trabajo en la economía mundial. Este dinero se canalizará principalmente mediante el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se convertirá en el beneficiario principal de esta cumbre. En concreto, se han triplicado los recursos a disponibilidad del FMI, hasta 750.000 millones de dólares, para que éste pueda ofrecer créditos a los países que atraviesen dificultades a causa de la crisis, a los que se han de sumar una nueva partida de Derechos Especiales de Giro (DEG) (4) de 250.000 millones de dólares (que sobre todo, beneficiarían a los países con mayor participación en el accionariado del FMI, es decir, a los países ricos) y una partida de recursos adicionales por la venta de reservas de oro del FMI para préstamos concesionales a los países más pobres. Esta medida ha sido ampliamente criticada, no sólo por movimientos sociales y ONGs de todo el mundo, sino también por mandatarios como Evo Morales, quien afirmó que “dar más dinero al FMI es como dar dinero al lobo y poner las ovejas a su cuidado” (5). Al dinero a disposición de FMI, se le ha de sumar el que se aportará a otras instituciones financieras internacionales (IFI) como el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo o el Banco Europeo de Inversiones, hasta 100.000 millones de dólares, y 250.000 millones de apoyo a la financiación del comercio a través de las Agencias de Crédito a la Exportación, ayudas a empresas privadas y bancos regionales de desarrollo (6).

El FMI atraviesa desde hace más de una década una grave crisis tanto de legitimación como financiera. En los últimos 30 años ha fracasado estrepitosamente en su función principal de mantener la estabilidad del sistema financiero internacional. Su actuación en las crisis del sureste asiático de mediados de los 90, así como en países latinoamericanos como Brasil, Argentina o Ecuador, minó enormemente la legitimidad del Fondo, y llevó a varios países a aprovechar la época de bonanza económica para pagar por avanzado las deudas con el FMI y declarar así su independencia financiera de la institución. Las pésimas “recomendaciones” sobre política económica y monetaria que el FMI había impuesto en estos países y los graves impactos sociales y económicos que éstas habían provocado, son el origen de la pérdida de legitimidad del Fondo. Así, el FMI se fue quedando sin clientes, arrojándolo a un grave problema presupuestario. Sin embargo, las medidas adoptadas por el G20 aseguran una rápida recuperación financiera del FMI, ignorando completamente la responsabilidad que tiene el FMI en el origen de esta crisis y reforzando peligrosamente su rol en el sistema financiero internacional.

El refuerzo del FMI se hace sin una revisión profunda de las políticas que impone a través de las “condicionalidades” que acompañan sus préstamos. El FMI, lejos de reconocer y enmendar sus errores, sigue “recomendando” medidas como la liberación del sector financiero y bancario, e imponiendo limitaciones al gasto y déficit público. Esto lo hace mientras el G20 recomienda paquetes de estímulo fiscal, basados en parte en un incremento tanto del gasto como del déficit público. Diversos informes publicados en los últimos días por organizaciones sociales muestran cómo los primeros préstamos que el FMI otorgó para hacer frente a la crisis contienen condicionalidades al más puro estilo del Consenso de Washington. Así, mientras la retórica es dejar atrás las viejas recetas neoliberales, la práctica es reforzar aquellas instituciones que mantienen estas recetas muy vivas.

Finalmente, el G20 reafirma tímidamente la necesidad de revisar el sistema de gobernabilidad y repartición de votos dentro de las IFI para adaptarlo a los “cambios en la economía mundial” y que “las economías emergentes y en vías de desarrollo, incluso las más desfavorecidas, tengan más voz y representación”. Sin embargo, el anuncio se diluye cuando pasan a concretar, ya que en realidad se trata de aplicar las reformas en las cuotas del FMI y el Banco Mundial que estaban ya acordadas desde las reuniones de abril y octubre de 2008 que mantuvieron ambas instituciones (7). Es decir, se tratará de dar más votos a aquellos países que ahora tienen un peso mayor en la economía mundial como Brasil, India, China o incluso el Estado español, pero se deja en situación de todavía mayor inferioridad a los países más empobrecidos. En ningún caso se plantea un compromiso hacia una plena democratización de estas instituciones. En definitiva, el G20 quiere un FMI y un Banco Mundial controlados por el G20.

Las “ayudas” financieras de hoy son la deuda externa de mañana

Es importante destacar que cerca del 100% del billón de dólares prometido por el G20 para afrontar la crisis se desembolsará en forma de créditos, gran parte de ellos a países empobrecidos que ya están muy endeudados. Estos créditos se convertirán en las deudas externas de mañana, unas deudas que tendrán que sumarse a las deudas externas, generalmente ilegítimas, a las que hoy ya deben hacer frente los países empobrecidos.

Según el propio Banco Mundial, los países más empobrecidos, el próximo año, necesitarán entre 270 y 700 mil millones de dólares extras para afrontar los impactos de la crisis (8). Los recursos financieros hacia los países del sur, ya sea en forma de ayuda oficial al desarrollo, de inversión extranjera, de remesas de emigrantes o de ingresos por exportación, están cayendo dramáticamente los últimos meses, y seguirán bajando a medida que se vaya haciendo más profunda la crisis económica. Esta caída pretende cubrirse con nuevos créditos, gestionados por las instituciones financieras internacionales como el FMI, el Banco Mundial o los bancos regionales de desarrollo, lo que conllevará, a medio y largo plazo, un incremento de la deuda externa de los países del sur, que hemos de calificar como ilegítimo, ya que se genera por la irresponsabilidad de los países del norte, que son los responsables de esta crisis (9). Tal y como lo explicó el presidente de Brasil, Lula da Silva, “la crisis ha sido causada por el comportamiento irracional de gente blanca con ojos azules, los que antes de la crisis parecían saberlo todo, pero ahora demuestran que no saben nada de nada (10)”; y será la mayoría pobre y no blanca la que sufrirá tanto por la avaricia y estupidez de unos pocos como por las medidas que se adoptarán para hacer frente a las consecuencias de esta avaricia y estupidez.

Del fin de los paraísos fiscales a la fe en el libre comercio

“La era del secreto bancario se ha acabado” es una de las frases más repetidas en los medios de comunicación y por los mandatarios del G20 después de la cumbre. La cuestión de los paraísos fiscales ha ido protagonizando buena parte de las negociaciones previas a la reunión del G20 y era uno de los resultados más previsibles de esta cumbre. No en vano, movimiento sociales y ONGs llevan años denunciando que los paraísos fiscales se llevan más de 160 mil millones de dólares anuales de los países del sur, mucho más que toda la ayuda oficial al desarrollo que reciben estos países. No obstante, ¿son las medidas anunciadas por el G20 suficientes?

El comunicado es bastante ambiguo anunciando medidas contra las “jurisdicciones no cooperativas” y tomando como referencia el limitado listado de paraísos fiscales que publicó la OCDE, donde se excluyen conocidos paraísos fiscales como la City de Londres o Luxemburgo. Se opta por un modelo de intercambio de información puntual sobre empresas e individuos de los que se sospeche que evaden impuestos, en lugar de un sistema automático y obligatorio de transparencia e intercambio de información fiscal como proponen algunas organizaciones de la sociedad civil. Lo que se puede esperar, pues, son sanciones o medidas puntuales y ejemplares, pero no una acción decidida para eliminar totalmente los paraísos fiscales. Así, las medidas para regular el sistema bancario, prohibir los hedge-funds y derivados financieros tóxicos, o limitar las remuneraciones de los directivos de las grandes empresas, se quedan en pura habladuría, en frases ambiguas faltas de voluntad política real.

El compromiso con el libre comercio ya se explicitó en el comunicado de la cumbre del G20 en Washington en noviembre de 2008. En esta ocasión, el G20 ha querido reafirmar su fe en el libre comercio, reiterando su negativa, al menos sobre el papel, a las medidas proteccionistas y la intención de revivir las negociaciones de la OMC. En primer lugar, se ha de denunciar la hipocresía que se esconde tras este supuesto rechazo al proteccionismo, pues, según un reciente informe del Banco Mundial, hasta 17 de los 20 países del G20 han levantado nuevas barreras proteccionistas en los últimos meses (11). Más allá de la hipocresía, la fe ciega en el libre comercio y en las reglas de la OMC supone una grave amenaza para la soberanía alimentaria de los pueblos y a la sostenibilidad del planeta (12). Además, el G20 parece haber olvidado que las negociaciones incluyen la desregulación de los servicios financieros, que encontramos en medio de las causas de esta crisis. El mantenimiento del dogma irrenunciable e indiscutible del libre comercio es una señal más de lo que se pretende no es un cambio de paradigma o de modelo económico, sino el mantenimiento de este sistema con el que las grandes empresas transnacionales tantos beneficios han acumulado.

Una crisis global, ¿una respuesta global?

El comunicado del G20 se presenta desde el principio como la respuesta global que el mundo necesita ante la crisis. “Nos enfrentamos al mayor reto para la economía mundial de la era contemporánea; una crisis (…) que afecta a la vida de las mujeres, hombres y niños de todos los países, y todos los países han de sumar esfuerzos para resolverla. Una crisis global exige una solución global”; pero ¿qué legitimidad tiene el G20 para erigirse como el espacio donde se decidan las medidas que se han de tomar? ¿Dónde quedan las opiniones y propuestas de los 172 países que no fueron invitados a Londres?

El G20 es a todas luces un espacio no democrático y no legítimo para decidir las medidas que nos han de sacar de la situación que, los propios países del G20 han creado. La arrogancia del G20 llega a extremos insospechados en el comunicado de la cumbre, en la que después de afirmar que la crisis requiere una solución global, limitan la definición de esta solución a sólo 20 países, o donde hablan sin vergüenza de “nuestras instituciones financieras internacionales” (claro que son los países del G20 los que tienen la mayoría de votos en las mismas). Otras organizaciones claramente más democráticas y representativas como las Naciones Unidas son relegadas a una mera función de supervisión del “impacto de la crisis sobre los más pobres y vulnerables”

De hecho, en el marco de Naciones Unidas se ha iniciado un proceso en paralelo. “Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de buscar las soluciones que tengan en cuenta los intereses de todas las naciones, las ricas y las pobres, las grandes y las pequeñas. Ésta es la misión del G192” (13). Con estas palabras, Miguel d’Escoto, presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas ha convocado para la primera semana de junio una conferencia de alto nivel para “analizar las salidas de la crisis que está devastando la economía mundial”. No podemos esperar que el G20 se deje quitar fácilmente el protagonismo en esta lucha global contra la crisis, pero nosotros no podemos permitir que unos pocos sigan decidiendo el futuro del mundo.
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Notas:
(1) Ver el artículo de Damien Mollet y Eric Toussaint “G20: UN PEQUEÑO RETOQUE DE PINTURA EN UN PLANETA EN RUINAS” (2 de abril de 2009 http://www.cadtm.org/spip.php?article4279)

(2) Ver el comunicado del G20 en la pàgina oficial de la cumbre (en inglés) http://www.londonsummit.gov.uk/en/media-centre/latest-news/?view=News&id=15766937. La traducción al castellano fue publicada per diversos medios de comunicación, por ejemplo: http://www.elpais.com /articulo/portada/Texto/integro/acuerdo/suscrito/lideres/Londres/elpepipor/20090403elpepieco_7/Tes/

(3) “Para un nuevo modelo económico y social ¡Pongamos la finanza en su sitio!” Belem, 1 de febrero del 2009

 http://www.choike.org/campaigns/camp.php?5#spanish (4) “Què son els DEG?” por el FMI: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrs.htm (5) Mirar declaraciones en: http://www.periodistadigital.com/economia/object.php?o=1122222

(6) Para más información sobre cómo se distribuye el billón de dólares prometido, pueden consultar los artículos “G20 ‘trillion’ dollar magic trick”http://www.brettonwoodsproject.org/art-564159, “G20 communiqué: some progress on governance and finance, but a long way to go” http://www.eurodad.org/whatsnew/articles.aspx?id=3539 i “G20 Financial Package Unpacked” http://www.eurodad.org/uploadedFiles/Whats_New/News/G20_financial_package_unpacked.pdf

(7) “¿Quién debe controlar el Banco? Los ricos mantienen el control de las básculas” (6 de octubre de 2008 )http://www.brettonwoodsproject.org/art-562596 y “Renovación de la gobernabilidad del FMI: pintura fresca y cimientos en descomposición” (11 de abril de 2008) http://www.brettonwoodsproject.org/art-561317

(8) “El Banco Mundial proyecta una drástica desaceleración del crecimiento en los países en desarrollo en 2009 y una leve recuperación en 2010, como consecuencia del deterioro económico a nivel mundial” http://go.worldbank.org/7TACFB1GA0

(9) Ver el artículo de Patricia Adams “TODAY’S THIRD WORLD STIMULUS PACKAGES WILL BE TOMORROW’S ODIOUS DEBTS” (3 de Abril 2009) http://www.cadtm.org/spip.php?article4290

(10) Associated Press “Lula desata polémica con comentario sobre blancos de ojos azules” http://espanol.news.yahoo.com/s/ap/090327/latinoamerica/ams_gen_brasil_lula

(11) Noreena Hertz “G20 should abandon its faith in free trade” (1 de abril de 2009)http://www.nrc.nl/international/Opinion/article2200236.ece/G20_should_abandon_its_faith_in_free_trade

(12) Ecologistas en Acción “Decisiones del G-20 profundizan la emergencia social y ambiental global” (3 de abril de 2009)http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article14103

(13) “GENERAL ASSEMBLY PRESIDENT ANNOUNCES UNITED NATIONS WILL HOLD JUNE CONFERENCE” 7 de abril 2009http://www.un.org/News/Press/docs/2009/ga10821.doc.htm

-- Iolanda Fresnillo Observatori del Deute en la Globalització www.odg.cat iolanda.fresnillo@odg.cat

 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84844

 

En consecuencia, las «luchas desde abajo» contra las corporaciones extractivistas y los gobiernos estados a su servicio tienen objetivos contrapuestos al G-20. Concretarlos les exige desatender al Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico y  la 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Y acordar con el Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) por denunciar: una estructura económica en la Argentina que no ha sido modificada y que es profundizada por los gobiernos que priorizan las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas, y defienden la propiedad privada terrateniente por sobre la vida y la autonomía de las comunidades indígenas”. Leer

 

El posicionamiento progresista o reformista es de conciliación con las clases opresoras y no se explica por la imposibilidad de la ruptura con el círculo vicioso del poder como lo demuestra:

 

La agenda de la contracumbre del G20

12 de julio de 2017 

 

Más de 70 colectivos organizan la Global Solidarity Summit, una “contracumbre” en la que han buscado “alternativas” al neoliberalismo “fracasado” que “potencia la desigualdad” Un rechazo al foro de líderes mundiales que también se ha reflejado en las calles: casi 20.000 personas se han manifestado en los últimos días.

 

Álvaro Sánchez Castrillo

 

Los líderes del G20, la veintena de economías más industrializadas del mundo, se reunirán este viernes y sábado en Hamburgo (Alemania) en la que se espera que sea una de las cumbres más tensas de los últimos años tras el giro radical en materia económica y política de EEUU. Bajo el lema “Forjar un mundo interconectado”, los jefes de Estado y Gobierno de los países que forman parte del foro económico, al que también acudirán como invitados representantes del FMI, la OCDE o el Banco Mundial, debatirán a puerta cerrada sobre terrorismo internacional, crecimiento global, cooperación con África, desarrollo sostenible, energía, sanidad, calidad del empleo, digitalización, papel de la mujer, libre comercio y clima.

 

Será en los dos últimos temas en los que se espera que se produzca la confrontación más dura entre la Unión Europea y el presidente estadounidense, Donald Trump. Desde que llegó a la Casa Blanca, el mandatario norteamericano no ha soltado la bandera proteccionista que agarró durante toda la carrera presidencial, amenazando con aranceles a la importación de acero y aluminio a varios países y dejando en stand by el TTIP, el tratado que Bruselas esperaba convertir en la joya de su política comercial. Del mismo modo que tampoco ha dejado de lado su manifiesto negacionismo del cambio climático, tomando la decisión de sacar a EEUU del Acuerdo de París, algo que el resto de partes considera “innegociable”.

El G20 de las “alternativas”
Una reunión y agenda oficial, marcada por la anfitriona Alemania, que no representa a decenas de colectivos de medio mundo. Por ello, más de 70 organizaciones de 20 países decidieron celebrar durante los dos días previos a la cita de líderes mundiales su propia cumbre, la Global Solidarity Summit, en el centro cultural Kampnagel de Hamburgo. Un foro de discusión, que se movió entre el debate y la protesta social, en el que políticos, científicos y activistas discutieron en 12 paneles y más de 70 talleres las “alternativas” posibles al “sistema que potencia la desigualdad” defendido por el G20.

 

“El objetivo es coordinarnos a nivel global”, señala en conversación con infoLibre desde la ciudad germana Cuca Hernández, miembro de Attac España, uno de los colectivos presentes en el foro. La activista asevera que el conocido como Grupo de los Veinte “sigue ignorando a los ciudadanos” y afirma que es necesario encontrar “alternativas” ante un neoliberalismo que “ha fracasado”. “No nos pueden seguir vendiendo que las soluciones se basan en más inversión y más crecimiento”, dice Hernández, que añade que es necesario un crecimiento “desde abajo, desde las comunidades”.

 

En la misma línea se posiciona Manuel Pérez-Rocha, investigador del Institute for Policy Studies. El mexicano, asistente a la “contracumbre”, detalla a este diario que los colectivos reunidos en la ciudad germana están planteando que la “disyuntiva entre libre comercio y proteccionismo” es “falsa”. “Es necesario seguir impulsando caminos alternativos ante la errónea dicotomía entre el desgastado modelo neoliberal y el proteccionismo nacionalista que están imponiendo nuevos gobiernos, principalmente el de Trump”, sostiene, exigiendo a renglón seguido un “modelo alternativo” que no se base “en el poder y los intereses de las grandes corporaciones militares, financieras o petroleras”.

Coincide con ellos Luciana Ghiotto, activista de Attac Argentina, que asevera que la postura central ha sido plantear que la cumbre de líderes es “ilegítima” porque no es “multilateral”. Y se explica: “Los países más chicos no están representados en ese espacio, a pesar de que en ese foro se marcan las líneas políticas y económicas que va a seguir el mundo en los próximos años”. En concreto, el G20 está compuesto por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido, EEUU, la UE como bloque comercial y España como “invitado permanente”.

 

La “contracumbre”

La contracumbre, financiada por la Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung –una fundación ambiental alemana–, fue abierta el pasado miércoles por la filósofa india y Premio Nobel Alternativo en 1993, Vandana Shiva, que definió a los países del G20 como “auxiliares” de los poderes económicos. Tras el discurso de apertura, comenzaron dos intensos días de debate a través de más de una decena de paneles y más de 70 talleres. “Los primeros son mesas redondas, donde la participación del público es más limitada. Los segundos están más orientados al debate y al trabajo”, explica a infoLibre la diputada de En Comú Podem Sònia Ferrá, que ha participado en alguno de ellos.

 

Cuarenta y ocho horas en las que se ha analizado el fracaso del neoliberalismo; el incremento de la brecha entre ricos y pobres; el libre comercio y los tratados de nueva generación –TTIP, CETA, TiSA, TLC–; la restricción de los derechos laborales y el papel de los sindicatos; la militarización de las relaciones internacionales y la escalada de tensión entre países; el cambio climático y el aumento de gases de efecto invernadero; el racismo y el cierre de las fronteras ante la llegada masiva de refugiados; la necesidad de confrontar el ascenso exponencial de la extrema derecha; o la privatización de los servicios públicos.

 

Según explican los activistas consultados, se ha incidido mucho en la “importancia de retomar e implementar los Acuerdos de París”, la necesidad de “democratizar los espacios públicos” y los efectos que pueden ir de la mano de los nuevos acuerdos comerciales que se están sellando, unos tratados que, insiste Ghiotto, “avalan a los inversionistas para demandar a los Estados”. Pero también, recuerda Hernández, se ha prestado mucha atención a las “experiencias municipales” de recuperación de servicios públicos. Unos procesos remunicipalizadores que, tal y como documentó el Transnational Institute en su último informe, se han asentadoen medio mundo. En este sentido, Ferrá se ha encargado de explicar el caso de Barcelona.

 

La importancia de la presión social

Sin embargo, los asistentes a la cumbre alternativa no han viajado hasta Hamburgo sólo para quedarse sentados en las butacas del centro cultural Kampnagel. También han querido llevar su descontento a las calles de la ciudad germana a través de multitudinarias manifestaciones. “Hay mucha movilización”, cuenta la activista de Attac Argentina. Protestas que, para Pérez-Rocha, son fundamentales. “Nosotros planteamos que es necesario tanto incidir dentro de los espacios políticos, con propuestas concretas y alternativas, como ejercer presión social”, asevera el investigador del Institute for Policy Studies.

 

Una oleada de marchas que arrancó el pasado domingo y que sólo desde ayer ya ha sacado a la calle a casi 20.000 personas, según los organizadores –las fuerzas de seguridad rebajan la asistencia a 7.000–. La última, celebrada este jueves bajo el lema “Bienvenidos al infierno” y convocada por grupos anticapitalistas, terminó con enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, que ha utilizado gases lacrimógenos y cañones de agua. Agua a presión que también emplearon el pasado martes contra aquellos que intentaban pasar la noche en una acampada que las autoridades de la ciudad habían autorizado sólo como punto de concentración diurno.

 

Aunque Pérez-Rocha asegura que las protestas, hasta el momento, han sido “pacíficas”, lo cierto es que Hamburgo, la ciudad natal de la canciller alemana, se ha convertido en un auténtico fortín en el que se han establecido zonas de seguridad e, incluso, un centro de detención provisional para 400 personas. “Policías fuertemente armados patrullan las calles apoyados por aviones no tripulados y la última tecnología de vigilancia”, describía en un artículo en The Guardian el filósofo croata Srećko Horvat, cofundador, junto a Yanis Varoufakis, de DiEM25, movimiento paneuropeo que también participó en la Global Solidarity Summit. En total, más  de 20.000 efectivos de la policía desplegados durante la cumbre del G20..

Fuente: http://www.acordem.org/2017/07/12/la-agenda-de-la-contracumbre-del-g20/

 

Los dirigentes, científicos e intelectuales progresistas ningunean a "la producción agroecológica que propone el diseño y manejo sostenibles de los agroecosistemas con criterios ecológicos a través de formas de acción social colectiva y contribuye a dar respuesta a la actual crisis ecológica y social en las zonas rurales y urbanas. La agroecología es, entonces, una disciplina científica, un conjunto de técnicas, pero también un movimiento social”.

 

 

La industria alimentaria tiene miedo al sentido común

28 de marzo de 2018

 

El gran auge experimentado por los alimentos ecológicos en los últimos años ha despertado una ola de ataques lanzados desde la industria alimentaria y propagados por los grandes medios de comunicación.

 

Por Patricia Dopazo Gallego y Sara Serrano

 

Es difícil precisar la fecha en la que empezó todo, pero vamos a situarla en septiembre de 2012. Con Txetxu, ganadero vasco ahora ya jubilado, salíamos temprano a visitar la finca de Txato e Iñigo Larizgoitia, dos hermanos que en Zeberio habían transformado un monocultivo con un único cliente, Mercabilbao, en una agricultura diversificada que les permitía llenar la cesta semanal de más de un centenar de familias de los pueblos cercanos, sin intermediarios. Alguien nos llamó (por entonces no había WhatsApp): “Comprad el periódico de hoy, veréis qué sorpresa”. En la portada de El País, aparecía este titular: “Si come ecológico, no crea que es más sano”.

 

Desde entonces se han sucedido informaciones contradictorias en los medios de comunicación respecto a los alimentos ecológicos. ¿Son más saludables, más justos? ¿Evitan el cambio climático?

Para intentar arrojar luz sobre esto, conviene pensar de forma sistémica y no fijarnos únicamente en el producto final, sino en su sistema de producción. “La producción agroecológica propone el diseño y manejo sostenibles de los agroecosistemas con criterios ecológicos a través de formas de acción social colectiva y contribuye a dar respuesta a la actual crisis ecológica y social en las zonas rurales y urbanas. La agroecología es, entonces, una disciplina científica, un conjunto de técnicas, pero también un movimiento social”, explica Mª Dolores Raigón, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE).

Esto, como vemos, va más allá del sello ecológico, que se enfoca en el cumplimiento de una legislación que prohíbe el uso de insumos de síntesis química. Como mínimo añade dos ingredientes más: el consumo de proximidad y el de temporada.

 

Cuidar la tierra alimenta mejor

María Dolores Raigón es profesora de Ingeniería Agrónoma en la Universidad Politécnica de Valencia y lleva 18 años investigando las diferencias entre los alimentos convencionales y los agroecológicos. Cuenta que para sacar conclusiones contrastadas hay que hacer las comparaciones en condiciones similares (suelo, clima, variedades, razas…) y en este sentido, son muchos los estudios que demuestran la mayor concentración de nutrientes en los alimentos obtenidos bajo técnicas de producción agroecológicas, tanto vegetales como animales.

 

“Todos los resultados apuntan a que los alimentos de producción convencional están perdiendo valor nutricional, mientras que los ecológicos tienen más proteínas, contenido vitamínico y mineral, mayor nivel de sustancias antioxidantes y un alto valor organoléptico”, explica Raigón. Por ejemplo, los productos cítricos ecológicos presentan entre un 10% y un 20% más de vitamina C que los convencionales. En las zanahorias, la diferencia en cuanto al nivel de potasio es de un 35% además de otros datos como la presencia de minerales y hierro. Y así en muchos otros alimentos estudiados.

 

Pero… ¿por qué los alimentos convencionales han perdido su valor nutricional? Raigón explica que son cuatro los factores fundamentales: la pérdida de fertilidad de los suelos y su empobrecimiento, la sustitución de variedades tradicionales por variedades híbridas o comerciales —mejoradas para tener más rendimiento en contra de otros parámetros como el valor nutricional—, la pérdida de vitalidad debido a las grandes distancias que suelen recorrer los alimentos y, por último, las recolecciones prematuras o maduraciones en cámara. “Si un tomate se recolecta prematuramente, no llega a alcanzar todo su valor nutritivo, ni de vitaminas ni de minerales. Cuando cogemos un tomate ecológico bien cultivado huele, sabe… tiene todas las características que un tomate debe tener”.

 

La ciencia viene a confirmar algo que puede adivinarse fácilmente desde el sentido común. Como dice Bertolt Bretch, “qué tiempos serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio”.

Un sistema de producción que cuida la fertilidad natural de la tierra, respeta los ciclos naturales y se basa en la prevención de plagas y enfermedades, entre otras prácticas, parece evidente que vaya a permitir que la vida se reproduzca en mejores condiciones cualitativas.

Y si necesitamos un calificativo para esta forma de producción, que es la que históricamente ha existido, es porque nuestro imaginario sobre la producción agraria se sitúa en un lugar bien diferente: la agricultura industrial. Consideramos “normal” la producción intensiva, altamente dependiente del petróleo, de subvenciones, tecnologías e insumos químicos.

 

Entonces, parece irrefutable que las naranjas, tomates o calabazas que hemos dejado crecer y madurar a su ritmo natural, sin doping, son más nutritivas, pero además, como dice Marta Rivera, de la Cátedra de Agroecología de Vic, “también están libres de los efectos perjudiciales de unos productos que, eufemísticamente, llamamos fitosanitarios pero cuya verdadera vocación es el control de plagas; por eso, mejor llamarlos por su nombre, agrotóxicos”.

 

Raigón pone el ejemplo del glifosato, uno de los herbicidas más vendidos del mundo: “Una amenaza ampliamente documentada para la salud, el medio ambiente y la biodiversidad”, explica la científica. “Se acumula en el suelo, en el agua y en el tejido graso de nuestro organismo, de ahí su capacidad disruptora del sistema endocrino como señalan muchos estudios”, añade. En 2015, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS estableció que “el glifosato daña el ADN, provoca cáncer en animales y es probablamente cancerígeno para humanos”.

 

La polémica sanitaria asociada a la carne está relacionada con los sistemas de producción ganadera convencional y su grado de intensificación. El sistema sanitario de la ganadería intensiva se basa en el uso sistemático de antibióticos, antiparasitarios o insecticidas, que generan una gran cantidad de residuos permanentes acumulados en las carnes y leches. “Las investigaciones médicas afirman que más del 90% de los tóxicos que acumulamos proceden de las grasas de origen animal que consumimos. En cambio, la ganadería ecológica basa su sistema de salud y bienestar en programas holísticos de control y medicina preventiva —una combinación del manejo alimentario y prácticas zootécnicas— que garantizan la no existencia de residuos químicos en todo el ciclo de cría”, afirma Carmelo García, del Cuerpo Nacional Veterinario de Toledo.

 

Ser un tomate ecológico

Las estadísticas, a pesar de las campañas de desprestigio, muestran cómo el consumo ecológico sigue aumentando, tanto a nivel global como estatal. Sin embargo, esta alimentación carga con un estigma que hace que su crecimiento no sea tan rápido como podría esperarse: su precio. “El precio no lo pone el consumidor ni el productor, excepto en los grupos de consumo en los que se llega a un precio justo. La cuestión no es que los alimentos ecológicos sean caros, es que los convencionales son excesiva y artificialmente baratos”, señala Raigón. Y es que la agricultura industrial, al igual que ocurre en otros productos de consumo, consigue precios bajos a costa de economías de escala, explotación laboral, subvenciones públicas y contaminación del medio ambiente.

 

En la FAO se llegó a esta misma conclusión después de recopilar muchos valores relacionados con el precio de los alimentos ecológicos. Por cada euro que se paga por un alimento convencional, tiene que pagarse otro para subsanar el coste de los problemas medio ambientales y otro más para afrontar los gastos de salud. El producto convencional resulta entonces más caro debido a los costes ocultos. “La alimentación y la medicina son negocios. Si no rompemos las barreras económicas y ponemos en valor lo social, no cambiaremos la dinámica”, afirma Raigón.

 

En el sistema de mercado actual, con el beneficio económico como principal prioridad, el nicho de mercado que suponen estos productos no ha pasado desapercibido. Las multinacionales de la alimentación industrial y procesada ya tienen sus líneas certificadas como ecológicas.

 

A la persona consumidora mínimamente crítica le será fácil concluir que lo que buscan estas grandes marcas no es la justicia social ni cuidar el medio ambiente, sino atraer el bolsillo de la sociedad concienciada y, de regalo, pintar su imagen de verde. La valoración del impacto de lo que consumimos reside en la capacidad crítica que tenemos como consumidoras, si pensamos en lo individual o también en lo colectivo. ¿Nos importa sólo su efecto en nuestra salud o también en la sociedad? “Ser consecuente implica nuevos hábitos como la temporada de cada producto, aumentar el consumo de alimentos frescos o localizar establecimientos donde comprar alimentos de proximidad”, explica Marta Rivera.

 

La ciencia y los conocimientos tradicionales nos proporcionan múltiples evidencias sobre los beneficios de los alimentos agroecológicos, sin embargo, en los medios de comunicación corporativos seguirán repitiéndose los mensajes que generan dudas al respecto. ¿Por qué? ¿Quién perdería si esta alimentación se generalizara? Txetxu, aquel día, ya supo adivinarlo. Al ver aquel titular, con la seguridad que da conocer los secretos íntimos de la tierra y con una media sonrisa que apenas dibujó, sentenció: “La industria alimentaria tiene miedo al sentido común”.

El Salto

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El capitalismo dependiente de los países de Nuestra América optimizó su acomodamiento al imperialismo hegemonizado por EE.UU. en Colombia y en México. A través de este último consideremos qué implica ese subdesarrollo hacia donde todos nuestros países hermanos rumbearemos si no nos emancipamos de esos contubernios de grandes capitales locales con los imperialistas. O mejor dicho si no construimos alternativas postcapitalistas.

 

 

 

Gas, columna vertebral de la territorialidad capitalista *

19 de marzo de 2018

 

 

Por David Luna Hernández

El presente artículo tiene que ver con la estrategia del capitalismo feroz en materia de la explotación de los recursos naturales. El gas natural es una energía de origen fósil que se extrae del subsuelo y considerada la más amigable con el medio ambiente. Se encuentra en depósitos subterráneos muy profundos. Es un insumo en los hogares y principalmente esencial para la competitividad de la industria. La reforma energética aprobada en el 2013-2014 en nuestro país, fue en miras de un plan de muy larga duración. Cumpliendo principalmente con los ejes neoliberales rumbo al año 2040; para este año se tiene programado que las empresas multinacionales ganadoras de licitaciones de los sectores estratégicos del país, obtengan el 100 % de sus ganancias por invertir en nuestro país. Debemos comprender que el actual gobierno federal representando por el aun Enrique Peña Nieto es el beneficiado directamente de las millonarias ganancias en dólares, que conlleva la venta del territorio nacional a empresas multinacionales. Ya no sólo hablar del petróleo, sino también del agua, la arena, el gas natural, oro, plata, uranio, así como los demás recursos naturales y minerales estratégicos para los EEUU en la utilización de fabricación de armamento militar. Esta situación debe de ocuparnos en lo inmediato, para discutir-analizar-y-actuar- desde nuestras comunidades, colonias o barrios; ya que el capitalismo se organiza en un período de larga duración para terminar de saquear nuestros bienes comunes. Por más que los tres poderes en nuestro país defiendan que existe soberanía, debemos tener claridad sobre este tema en particular.

 

La pérdida de la soberanía existe, basado desde un punto de vista de la territorialidad capitalista.1 Por ejemplo, el territorio de los EEUU no sólo es su límite geográfico entre el norte de México y el sur de Canadá o entre el océano atlántico y el pacifico. La territorialidad va más allá de estas mencionadas fronteras. Veamos el por qué. La territorialidad capitalista avanza a lo largo del mundo, en busca de extender su dominio geopolítico, es decir, se apropian de espacios geográficos, espacios donde están asentados sus empresas multinacionales, naves militares, embajadas, consulados, países ocupados, países aliados etc. Este territorio es parte del capitalismo, no de las naciones. Ya que ellos son los que ponen las reglas del juego al llegar a un territorio que no es el suyo. Son kilómetros cuadrados de alta densidad estratégica bajo el control capitalista. En la mayoría de lugares donde llega una multinacional hay un estudio detallado del agua, petróleo, gas, oro, titanio, plutonio, mercurio, plata por decir algunos materiales de carácter de uso estratégico.

 

El gas es un recurso que sirve en el uso doméstico, mayormente es aprovechado para el uso industrial. El uso doméstico no representa mayor preocupación de planeación para distribuirlo y que llegue a los hogares. El asunto aquí es, como llega tal elemental recurso al aprovechamiento de la industria multinacional. Es necesario mencionar que el proceso acelerado de creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de este gobierno, va en conjunto del acelerado aumento en construcción de gasoductos en nuestro país, para beneficiar a las empresas multinacionales, ya que ellas necesitan energía para la transformación de productos, el gas sirve como transformación en la industria multinacional. Uno de los ejes importantes de las ZEE es que se instalen y funcionen parques industriales de gran magnitud, estando en zonas estratégicas del país donde existen recursos naturales para aprovechamiento del gran capital y no de los ciudadanos.2 Estos parques industriales o ZEE realizarán la transformación de productos, para eso se necesita del gas, como elemento central de generación de energía. El Estado Mexicano a través de la CFE tiene su plan de generación de energía, basado en la alimentación de gas a las actuales termoeléctricas o construcción de nuevas termoeléctricas que garanticen el abastecimiento de energía, para que las multinacionales inviertan en nuestro país.

 

El Estado le garantiza la materia prima necesaria para transformar sus productos, sin que reciban mayor ganancia los pueblos originarios y dueños de esa territorialidad ya marcada por el linaje del capital multinacional.

 

Retomando el tema de soberanía, no sólo las fronteras mencionadas en el cuarto párrafo de este artículo es de los EEUU, sino que observamos que con estos megaproyectos industriales en nuestro territorio, el capitalismo territorialmente es más grande de lo que imaginamos. Podemos observar en los siguientes mapas de Ana Esther Ceceña como el territorio de los EEUU es mucho mayor que los ya conocidos, sin duda la pérdida de nuestra Soberanía Nacional.

Si sumáramos el total de los espacios geográficos ocupados por cada una de las empresas multinacionales en nuestro territorio, nos daríamos cuenta como en el ejemplo anterior de la gravedad en el tema geopolítico en nuestro querido México. El mapa 1 sólo refleja a la empresa multinacional Odebrecht. Imagínense ya todas. El gas, es la columna vertebral para las Zonas Económicas Especiales, beneficiando a las multinacionales y al Consejo Coordinador Empresarial Mexicano. Existe control económico territorial y derechos consagrados a los grandes empresarios. Existe un sin fin de modificaciones a la leyes secundarias y generales de la constitución federal, así como a las leyes locales de cada estado para buscar la reglamentación y seguridad, que permita el saqueo. El gas es observado desde la vista capitalista para abastecer a todo el sector empresarial multinacional, así como a los EEUU. Podemos observar en los mapas de la Secretaría de Energía los ductos de México que están conectados a 7 centrales en territorio de EEUU.

Sin duda a partir de esta administración federal, diferentes gobiernos estatales y municipales fueron contemplados en este plan de larga duración. Modificaron y presentaron sus planes de desarrollo hacia el 2040, año en que será la cúspide del consumo del gas en la industrialización y abastecimiento hacia los EE.UU. El año 2040 es fundamental para armar los corredores industriales del capitalismo. Las modificaciones en los planes de desarrollo de los gobiernos locales no fueron a propuesta o en visión de los gobernantes actuales, si no fue un requerimiento y decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). Revisar por ejemplo diferentes Planes de Desarrollo4 de algunos gobiernos locales que se vieron obligados a modificar su política. Por ejemplo los gobiernos locales de filiación panista de algunas ciudades como; Los Cabos, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua entre otras.

Las ganancias por el aprovechamiento desmedido del gas no sólo son para el gobierno mexicano, es para un grupo en especial como la Confederación Internacional de Reguladores de Energía (ICER); El Foro Mundial de Regulación de Energía (WFER); Foro de Energía en América Latina (LAEF); todas estas agrupaciones multinacionales financiadas por el BID. La idea central de estas agrupaciones mundiales consiste en que lleguen a México o cualquier país con grandes bancos de concentraciones de gas natural, empresas que quieran invertir; con una competencia de varias empresas, los costos bajarían considerablemente y obtendrían mayores ganancias las empresas inversionistas extranjeras con un recurso natural de los mexicanos.

 

Esta investigación viene a colación porque el próximo 20-23 de marzo en la ciudad de Cancún Quintana roo, se reunirá el VII Foro Mundial de Regulación de Energía5 “WFER-CRE-ICER.” Este foro tratará temas como la regulación de precios, gestión de reservas estratégicas en una industria global y de comercio intensivo, esta cumbre antecede procesos organizados anteriormente como: I Canadá 2000; II Roma 2003; III Washington 2006; IV Atenas 2009; V Quebec; VI Estambul y el VII México 2018. Hace unos días concluyó de la misma forma el II FORO DE ENERGIA EN AMERICA LATINA (LAEF)6 realizado en Washington D.C. El 1 y 2 de marzo del presente año; donde se abordaron necesidades del sector energético en nuestro continente, pero además de eso se reunieron para acelerar y fortalecer los procesos de construcción de ductos a lo largo y ancho no sólo de México, sino de todo el continente. En estos Foros Mundiales participan líderes del Gobierno de los EEUU y América Latina, así como cerca de 750 ejecutivos de alto nivel de las empresas más relevantes de la industria. Estas reuniones son para abordar el apetito de gas para la energía, las estrategias de los gobiernos y los requisitos de infraestructura para permitir el crecimiento del sector. Los gasoductos son para abastecer a las termoeléctricas, ya que éstas proporcionan energía eléctrica a las industrias, con esto se privilegia a empresas extranjeras principalmente y logran la industrialización de nuestro territorio. Los gasoductos son la columna vertebral del capitalismo en un proceso de larga duración, un capitalismo que sale con un discurso con compromiso ambiental; con el pretexto de llevar energías renovables y limpias para nuestra nación. Observamos claramente que el plan es otro. “El permanente saqueo y la explotación de nuestros recursos.” Nos dejan la muerte y destrucción, en un clima contaminado de aguas infectadas, tierras infértiles, aire contaminando con partículas tóxicas; y en existencia diaria de la contaminación genética en nuestros hogares. Es lo que nos hereda Enrique Peña Nieto y los legisladores que aprobaron las reformas energéticas del 2013.

 

Descarrilar o no el IV WFER en Cancún este 21-23 de marzo, es decisión de los que queremos un México, una América latina y un mundo diferente; no con discursos pintorescos, sino de cambios profundos en las políticas neoliberales. Busquemos los planteamientos para la organización y desmantelar esta red de saqueadores multinacionales, para defender un recurso tan vital y tan necesario para nuestra sociedad; y no solo para el sistema industrial y de grandes corporaciones energéticas.

 

¿Acaso ellos son los dueños de nuestra nación en la que nacimos? Hagamos historia, como ya lo han hecho las luchas organizadas en contra de gasoductos en nuestro país; como los pobladores de dos comunidades indígenas de Chalchitépetl y Chimalaco en la Huasteca potosina, donde obtuvieron un amparo de la justicia federal para suspender las obras de un gasoducto7 ; así como los pueblos Nahuas de San Jerónimo Calera, Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec y San José El Recreo en el estado de puebla8 ; donde se organizaron mediante asambleas para defender la vida y no dejar se construyera el gasoducto Morelos-Puebla-Tlaxcala. Experiencias desde la organización popular, experiencias que debemos de replicar para organizarnos como mexicanos ante la avanzada del sistema capitalista. Ningún candidato a la Presidencia de la Republica podrá sacarnos de los planes de dominación Estadounidense. Es triste decirlo y aunque me gane los odios de Morenistas, Anayistas, Meadistas-Priístas, Progresistas, Derechistas e Izquierdistas. Pasemos de este Sistema Político podrido -a-un-sistema- de autorganización comunitaria y popular que engarce las luchas nacionales en defensa de la vida y nuestra soberanía. No puede ser posible que nuestro territorio hoy le pertenezca una parte a los grandes inversionistas y miembros del ICER, al “Foro de Energía de América Latina” así como al Banco Interamericano de Desarrollo, IFC, Gas Partner Unión Internacional de Gas, Shell, Exxon Mobil, Total, Cheniere, AES Corporation, Gas Natural Fenosa, Man Diesel & Turbo. , Wärtsillä, Modec, Nordex, Acciona, Mott Macdonald, Caterpillar, Standard Bank, Denham Capital, Deloitte, Aggreko, Schneider Electric, SolarReserve, Manitoba Hydro International, Chint, Groupo Energia De Bogotá, Contugas, ERM, Metka, Clifford Chance, Norton Rose Fulbright, Akin Gump, Cubillos Evans entre otros. Todas estas empresas son miembros del ICER, y se aglutinan en el mundo bajo las organizaciones regionales de energía9 como son; la African Forum for Utility Regulators (AFUR); Australian Energy Market Commission (AEMC); Canada’s Energy and Utility Regulators (CAMPUT); Council of European Energy Regulators (CEER); East Asia & Pacific Infrastructure Regulatory Forum (EAPIRF); Energy Regulators Regional Association (ERRA); Ibero-American Association of Energy Regulators (ARIAE); Mediterranean Energy Regulators (MedReg); National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC); Organization of Caribbean Utility Regulators (OOCUR); Regional Electricity Regulators Association of Southern Africa; South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR).

 

Esta hambre estratégica de los sectores importantes de las naciones es por la preocupación de los EEUU ante China, ya que este último continuará liderando un aumento gradual en la producción, superándolos en el 2030 para convertirse en el mayor productor de electricidad de base nuclear en el mundo. Basado en la exigencia del mercado y las políticas macroeconómicas del VII Foro Mundial de Energía; el Gobierno de la República junto con la CNR nos promociona ante el mundo. “Somos un país lleno de energía; somos líderes mundiales en producción de petróleo en aguas pocas profundas; somos el 6to lugar en mayor reserva de gas de esquisto; 4to lugar en producir Energía Geotérmica; 1er lugar en producir plata; 7mo lugar en producir oro; 2do en producir acero en América Latina; 1er lugar en exportación de autos a EEUU; 8vo lugar mundial de productor de auto; 6to lugar como proveedor de la industria aeronáutica de EEUU; México es parte de la mayor área de libre comercio en América; tiene 45 acuerdos de libre comercio con otros países; México el país del tequila; 1er exportador de cerveza”. Esto es México para la CNR COMISION REGULADORA DE ENERGIA. 10 Y para nosotros ¿Qué es México.?

 

*David Luna Hernández, Trabajador y Analista de Desarrollo Comunitario. 1 Discusión en el seminario el capitalismo del siglo XXI y las corporaciones globales. Mesa nuevos sujetos, nuevas territorialidades, Observatorio latinoamericano de geopolítica, Ana Esther Ceceña, UNAM, México. septiembre 2017. http://geopolitica.iiec.unam.mx/node/186

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/239219.pdf

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México: Fracking y ecocidio, la triste realidad que vive Veracruz

28 de marzo de 2018

 

Durante la reciente Cumbre Tajín, el músico y activista aprovechó su estada para ir a ver la Ciudad Petrolera de Poza Rica y a todas las empresas que están haciendo fracking en Veracruz. Su texto, muy sentido, muy hondo, lo transcribimos aquí para seguir defendiendo la vida y el futuro para nuestros hijos.

 

Por Rubén Albarrán

 

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- Con motivo de la presentación de Café Tacvba en el Festival Cumbre Tajín 2018, viajé al norte de Veracruz, área geográfica llamada el Totonacapan. Estando allí, me encontré con una defensora de derechos humanos y del territorio, quien me llevó a ver de cerca la triste realidad que está viviendo Papantla.

 

Partimos desde mi hotel en la ciudad petrolera de Poza Rica (conocida en el pasado como la capital del petróleo) en su auto compacto. De inmediato abrimos las ventanas para recibir algo de fresco, ya que la temperatura ambiental era elevada. A los pocos minutos de camino, mis manos se sentían grasosas y el cabello igualmente pegajoso, además el olor en el ambiente era como suele ser en Poza Rica, a azufre y petróleo.

Una vez que salimos de la ciudad de Poza Rica, comenzaron a aparecer poblados y comunidades, que de entre la vegetación y terrenos de cultivo, conviven con pozos de extracción. Casas, pozos de petróleo, maizales, escuelas y quemadores de gas (algunos queman ese gas natural que es 86 veces más dañino a la atmósfera que el CO2) conviven en un mismo espacio.

Los poblados son sucios y con negocios que se repiten como un loop, sin cesar: bares, tiendas de agroquímicos y farmacias.

 

Me compartió mi acompañante que aproximadamente desde el 2010, cuando comenzaron a llegar compañías privadas, en su mayoría transnacionales y con las que Pemex (Petróleos Mexicanos) ha hecho convenios para la exploración y extracción de hidrocarburos, la zona se encareció. Llegó la marabunta petrolera.

 

Esta zona ha tenido de antaño esa vocación petrolera, pero no es ancestral. Como muchos de nuestros males del mundo actual, proviene de hace poco menos de siglo y medio y con el paradigma de la Revolución Industrial. Maldita sea.

Pero eso no es lo peor, en estos años recientes con este nuevo auge extractivista, llegaron los monocultivos, de cítricos y de maíz hojero, como ejemplo, que utilizan cantidades enormes de agroquímicos; llegaron los giros negros, esos bares con tráfico de personas y con ello, el narco, las desapariciones, los levantamientos.

 

EN MÉXICO VIVIMOS EN GUERRA

Existe aquí la organización “Familiares en Búsqueda María Herrera”, que suman más de 55 familias en búsqueda de sus ausencias. Son los menos, la mayoría de los casos no son denunciados; la población está llena de miedo, es decir, se impuso en la vida de la región todo el paquete caótico, oscuro e involutivo de la guerra, que aún cuando nadie quiere reconocerlo, seguimos viviendo hoy los mexicanos. Sí, en México vivimos en guerra y hay que decirlo.

 

Ya fuera de la ciudad nos encontramos con hermosos paisajes de cultivo de cítricos, en los que aquí y allá, se ven pozos de fracking. Y pienso en lo tanto que me gusta el jugo de naranja y en que el marchante de mi mercado local donde compro mi fruta, dice que las naranjas son traídas desde Veracruz, quién sabe, probablemente de aquí, de Papantla. Toda esta tierra está contaminada y aquí crecen esas idílicas frutas, ¡de las que bebo mis deliciosos jugos!

 

N.d.R: Debido a la baja permeabilidad de las lutitas, la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica o fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio.

 

Más adelante llegamos a un poblado y entre tiendas de la esquina y casas, se levantan señalizaciones de pozos: 7-3-99-74-14, y así…está plagada la población. Si uno mira hacia dentro de las brechas, en terrenos no tan baldíos, allí están los pozos. Pero la gente no hace la conexión de por qué tantos casos de cáncer. Una enfermedad en incremento en la región. Es común tener algún pariente enfermo o muerto de cáncer y ellos no conectan el enorme número de pozos con el incremento de enfermos.

Nos detuvimos cerca de la carretera, en un campo donde conviven pozos de hidrocarburos convencionales y de fracking. En la superficie se miran estructuras metálicas que llaman arbolitos, con ayuda de los que se extraen los hidrocarburos; por su diseño y al caer las lluvias, acumulan agua que se mezcla con grandes residuos de crudo que fácilmente pueden contaminar su entorno. Bajamos del automóvil para tomar algunas fotografías, pero a los pocos minutos, huimos del lugar; coincidimos que éste, no es nuestro bosque.

 

A los pocos cientos de metros de ese bosque maldito, nos aparece el bellísimo e impresionante río Tecolutla. No es difícil imaginar, a donde van a parar todos esos millones de litros de agua combinados con químicos súper tóxicos.

Una vez que cruzamos el puente, aparece un remanso; una reserva creada por la cooperativa “Tahlpan”. Las mujeres se organizaron y decidieron que allí no entraría el fracking ni la actividad petrolera. Como alternativa a la miserable derrama económica que genera esta actividad en las comunidades, la mujeres organizaron un parador turístico, donde se sirven delicias de la comida Totonaca; “Minchik” (mi casa, en totonaco) le llamaron. Alternativa esta que les costó sudor, sangre y lágrimas, pero que con valor y determinación defendieron y hoy se ven sus frutos: los cerros conservan su riqueza y esplendor.

 

Los cerros aquí son tan bellos, con especies animales y vegetales únicas. De entre los helechos que parecieran de tiempos prehistóricos, y de abuelos árbol gigantescos, de vez en vez asoman tucanes y murciélagos; armadillos y tlacoaches, osos hormigueros y una especie de felino inofensivo que juega en las copas de los arboles. Aquí la vida sigue floreciendo y se ve en la sonrisa de los niños.

 

LOS SUEÑOS SE DISOLVIERON

Pero no hemos parado. Seguimos de largo hasta la comunidad de Emiliano Zapata, donde el quemador que se encuentra en el centro mismo de la población, genera un ruido tal, que por mucho tiempo se acallaron las conversaciones, los sueños se disolvieron.

 

Los pobladores de esta pequeña comunidad, viven y duermen con miedo y cómo no, si a lo largo y ancho del asentamiento están tiradas tuberías que transportan hidrocarburos flamantes, químicos.

 

El peligro de volar en mil pedazos está latente día y noche. Sin embargo los petroleros con esa benevolencia del poderoso a cambio les entregaron a los pobladores, un comedor comunitario: una estructura de unos 20 x 7 metros donde se reúne la comunidad y que habrá costado lo que unos 100 barriles de crudo, en comparación a los 7 mil barriles que se producen al día.

 

También les ‘donó’ una ambulancia para que transporten a sus enfermos, a quién sabe dónde, pues por aquí no hay centro de salud. También les llevaron alimentos para el comedor comunitario: latas de verdura y atún, que generaron más desperdicio, basura y contaminación y que alienta a la comunidad a perder sus costumbres alimenticias. Nuevamente recae en las comunidades la responsabilidad de atender los problemas derivados de la extracción de hidrocarburos (arroyos contaminados, enfermedades, falta de comida sana, tierras inservibles).

 

Otra de las paradas fue en una fuga de crudo y aguas congénitas, que lleva tres años derramando su letal contenido y donde para subsanar el daño se colocaron un par de diques con materiales plásticos que contienen en parte el crudo que a cada segundo se derrama, mas no la contaminación que pinta de colores arcoíris el riachuelo al que se vierten las tóxicas sustancias y que corre por los campos, libremente.

 

Ya de regreso, ahora sí nos detuvimos en el Minchik, donde nos ofrecieron deliciosos bocoles con miltomate, una especie de tomate silvestre, orgánico, y que es tan delicado que si el vecino utiliza agroquímicos, este se muere. Su sabor es delicioso y vibrante. Tomamos también una infusión de zacate limón y disfrutamos de una deliciosa conversación, con sonido de fondo de la selva y la rana.

 

DE REGRESO

De regreso a mis actividades profesionales me siento tan triste una vez en las instalaciones de la Cumbre Tajín, donde la cultura hace lo mejor de sí, para ayudarnos a sobrellevar esta situación, inconsciente para casi todos, esa bomba de tiempo a la que le quedan pocos segundos para terminar con toda esta belleza que es la vida.

Me pregunto si todas las personas que trabajan en esos ramos, desde los niveles más bajos, hasta los más altos ejecutivos, no pueden hacer la conexión entre su labor tóxica y el jugo que se toman por la mañana y el taco que le sirven a sus hijos; porque en algún momento comerán esos ejecutivos y se echarán un taquito y lo compartirán con su familia. Nuestra desconexión es grande. Lo que sucede en esta región y que apoyan todas esas personas con sus actividades profesionales, ese proyecto de progreso, se lo están haciendo a ellos mismos y sus familias, se lo hacen al planeta y a todos los que en él vivimos. ¡Se lo hacen a la vida!

Pero todos somos responsables y si dejamos que esto suceda, por ejemplo, con la nueva ley Energética, la cual ya es un hecho en ese mundo de Leyes Inconscientes o La Ley Pichardo, la cual es un proyecto y a la que debemos oponernos enérgicamente y que va dirigida a la privatización del agua y sus propósitos extractivistas, estamos permitiendo nos envenenemos con nuestros propios alimentos, con nuestra agua, nuestro aire.

Debemos informarnos, organizarnos exigir el cumplimiento de nuestros derechos, pero más importante aún, conectemos con nuestra conciencia, veamos el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos, por una supuesta idea de progreso, de inversión, de economía…nada de eso vale la pena.

Nos estamos disparando a nosotros mismos en nuestra existencia. cambiemos el paradigma, vivamos de una forma diferente, desarticulemos, desmantelemos este oscuro sueño de la razón. Amemos, amémonos.

¡No al fracking, ni aquí ni allá, ni nunca! ¡Que viva la vida!

Sin embargo

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La única forma de existencia del capitalismo local en Nuestra América y en los otros países periféricos tiende a desplegar:

 

 

 

Las Zonas Económicas Especiales en México y

las nuevas geografías del capitalismo

 

2 de abril de 2018

Por todo el planeta proliferan nuevas Zonas Económicas Especiales (ZEE) que proporcionan espacios de libertad total al movimiento del capital trasnacional, al cual se le otorgan grandes facilidades fiscales, aduaneras, logísticas, garantías de acceso a bienes naturales comunes estratégicos -como el agua, la energía solar y eólica, el petróleo y el gas- y de explotación de mano de obra local a cambio de salarios muy inferiores a los que se proporcionan en los países sedes de las firmas.

 

Por Agustín Ávila Romero*

 

De la misma forma dichas zonas se establecen en Vietnam, Myanmar, Laos, India y Sri Lanka, que en países de África como Mozambique, Nigeria. etc. En el caso de América Latina su avance es impresionante.

Países como Colombia, Nicaragua o República Dominicana han apostado al establecimiento de empresas en su territorio cediendo buena parte de su soberanía nacional y la disminución de sus ingresos fiscales, a cambio de que parte de su clase económica dominante forme parte como socio minoritario de algunos de los emprendimientos que se realizan.

En una de las ZEE más importantes de Uruguay, los trabajadores ganan tres veces menos que los procedentes de las naciones de origen de la inversión extranjera. En Brasil los habitantes de Manaos –una zona construida por el régimen cívico-militar- tienen el índice de desarrollo humano más bajo de las ciudades más pobladas de ese país. Pero el modelo se expande y continúa.

Tan sólo en América Latina son más de 10 mil empresas las que se han instalado ya en ZEE, número similar a los corporativos mayoritariamente chinos que se encuentran en África.

El salario promedio dichas zonas es de 1,080 dólares (EU) muy por debajo de los salarios que se pagan en los países europeos, Canadá o Estados Unidos. En el caso de Costa Rica y Dominicana las ZEE representan el 47% y el 57% de las exportaciones, respectivamente, lo que muestra la localización corporativa en detrimento de la formación de cadenas productivas que favorezcan el mercado y el empleo nacional. Esto se evidencia con el siguiente dato: el promedio de aporte de las ZEE de América Latina al PIB regional es de tan sólo el 5.8%, destacando el caso de Nicaragua con el 12% como aportación al PIB.

Ello es relevante porque dichas Zonas se construyen con base a grandes subsidios y financiamientos que adquieren los gobiernos nacionales. Con base al endeudamiento o el uso del presupuesto nacional, mucha de la infraestructura mundial se construye para favorecer el funcionamiento de estos espacios en detrimento de las necesidades nacionales de educación, salud, empleo, seguridad, entre otras.

Dichas zonas forman parte del proceso de reestructuración capitalista mundial que inicio en los 70’s del siglo XX pasado y que hace frente a la caída de rentabilidad del capitalismo. La instrumentación de política neoliberales que favorecieron la flexibilización laboral, la desregulación económica y el libre flujo de capitales a nivel planetario, tienen como contraparte el proceso de expansión geográfica del capital trasnacional que requiere la apropiación territorial de espacios para incrementar su rentabilidad con el acceso de reservas de recursos estratégicos, nueva infraestructura logística y la especulación inmobiliaria. Así de poco más de 100 ZEE que existían en los 80´s, hoy hablamos de más de 2 mil que operan en el planeta y que se expanden anualmente.

Gran parte de ese crecimiento de las ZEE se ha realizado sobre tierras que pertenecieron a grupos campesinos e indígenas dedicados a labores agrícolas, ganaderas o de pesca. Su instrumentación ha formado parte de las reconfiguraciones territoriales que ha impulsado esta fase capitalista.

El discurso colonialista construye la idea de los espacios campesinos como lugares “atrasados”, “subdesarrollados”, “de personas en subsistencia” y esa narrativa colonial lo mismo resuena en México como en el resto de América Latina, Asia o África.

 

El sistema moderno-colonial continúa así su estrategia de conquista y de saqueo a nivel planetario utilizando recurrentemente la idea del “desarrollo”.

Grandes resistencias a las ZEE se dan en muchas partes, así, los pescadores de Nyanmar se niegan a convertir su laguna en uno de los puertos más importantes de la estrategia One Belt, One Road del gobierno chino; conflictos por tierras invaden la India y abarcan desde zonas cercanas a Nueva Delhi hasta los litorales del océano Indico y en México las comunidades indígenas de Oaxaca se amparan y luchan contra el establecimiento de la Zona Económica Especial de Salina Cruz y la construcción del corredor multimodal del Istmo de Tehuantepec.

El caso de la India es relevante ya que los campesinos han sido despojados de manera brutal de sus tierras para favorecer la llegada de inversionistas privados, lo que ha provocado grandes movilizaciones campesinas por la defensa de la tierra y por la devolución de las tierras expropiadas por el Estado. Ellos han denunciado que muchas de las tierras para dichas zonas no se utilizaron finalmente en la puesta de fábricas u otros tipos de emprendimientos sino para la especulación inmobiliaria.

 

Y es que esta nueva fase capitalista es profundamente depredadora de la naturaleza, ya que en el proceso de expansión geográfica las corporaciones requieren la construcción de infraestructuras como puertos, aeropuertos, hidrovías, gasoductos, refinerías, ciudades y nuevos mercados. Esos nuevos espacios territoriales se abren casi siempre de manera violenta al movimiento de capital, lo que explica dos cosas también importantes: la ruptura metabólica que implica este proceso con los cambios ambientales graves que estamos viviendo y como ello lleva a los conflictos socioambientales donde las empresas recurren a nivel planetario al asesinato y criminalización de los defensores de la vida y el territorio.

Con dichas zonas se crean nuevas geografías del capital que hace posible que surjan nuevos “polos de desarrollo” que en los hechos es un nuevo discurso de conquista territorial. Así ZEE chinas como Shantou o Xiamen que tan solo medían 1 km2 y 2.5 km2 respectivamente en diez años de funcionamiento aumentaron a más de 52 km2 y 132 km2 ocasionando grandes flujos migratorios y grandes impactos socioambientales.

En el caso mexicano lo más sorprendente es la ausencia de información y de debate público sobre lo que significa la puesta en marcha de estas Zonas Económicas Especiales las cuales fueron anunciadas desde el año 2016.

Ya fueron decretadas las zonas de Puerto Chiapas, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos y Puerto Progreso, en todas ellas se delimita un área geográfica que va de 1700 a 8263 hectáreas cada una, -en total más de 25 mil hectáreas-, donde se crean excepciones jurídicas al entorno nacional y se otorgan facilidades fiscales, aduanales y logísticas para los corporativos similares a las que otorgan países de América Latina como Jamaica, Dominicana o Panamá.

 

Para el impulso de las ZEE se utiliza la financiarización de la economía mundial, así como instrumentos financieros como las alianzas público privadas, las FIBRAS, los CKD´s se han convertido en puntales de esta iniciativa.

 

El 19 de diciembre del año pasado Enrique Peña Nieto afirmó que el 30% de la Inversión Extranjera Directa estimada para el 2018 provendrá de proyectos dirigidos a las ZEE, el monto no es menor ya que hablamos de más de 6 mil 260 millones de dólares.

En declaración de la Autoridad Federal de las ZEE de la SHCP se señala que antes de las elecciones todas las empresas tendrán los permisos para instalarse e iniciar sus operaciones, a ello se suma un marco jurídico que blinda sus operaciones a nivel federal, estatal y municipal.

Con base a información de la Comisión Intersecretarial del gobierno federal para impulso a las ZEE, entre los inversionistas que van a llegar destacan grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, el New York Exchange, en bolsas europeas y de Brasil y que tienen ingresos de cientos de miles de millones de dólares. De esta forma se observa un claro subsidio del gobierno mexicano al capital trasnacional.

Algunas de ellas son el grupo Walmart, Arcelor Mittal, Waterside Energy, Braskem-Idesa, Enagas, Pacific LNG, Southwestern Energy, Tag Pipelines, Bachoco, Nestle, Maeller Maersk, Neumann, entre otras. Muchas de ellas envueltas en tráficos de influencia y corrupción con escándalos en México u otros países como es el caso Odebrecth donde algunas de las empresas se han visto involucradas. También hay empresas que han cometido violaciones a las leyes ambientales de sus países de origen y que ahora ven la oportunidad de instalarse en México, como es el caso de las petroleras -Southwest Energy y Pacific LNG- que mediante el fracking quieren obtener gas esquisto. Existe el caso también de la empresa Neumann que despojó tierras a campesinos en África y tuvo que intervenir la Unión Europea para resarcir el daño e impartir justicia y que piensa instalarse en puerto Chiapas.

El poder de estas corporaciones trasnacionales es relevante, algunas de ellas como la acerera Arcellor Mittal -instalada ya en Lázaro Cárdenas-, fue mencionada recurrentemente en Inglaterra por participar en intentos de sobornos del ministro Tony Blair.

En los hechos estas Zonas Económicas Especiales traerán consigo un conjunto de transformaciones socioterritoriales con la consiguiente construcción de infraestructura que impactará de manera creciente en la dinámica extractivista de las entidades. Lo cual, probablemente, generará empleo precario pero a costa de la pérdida de un modo de vida, de una forma de ser de los pueblos indígenas y los campesinos de esta zona y sobre todo de un deterioro innegable de la naturaleza. Nuevas resistencias vendrán con fuerza también en México.

*Economista de la UNAM. Profesor Visitante IESA-Brasil
agustinavila@yahoo.com

Marzo, 2018

ALAI

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El progresismo no sólo se apropia del potencial de deliberación peculiar a la autodeterminación de los pueblos sino también los condena a sufrir ecocidios, etnocidios y genocidios. Para lo primero antepone la ambigüedad de su identidad política cómo única e incuestionable alternativa al neoliberalismo y refuerza esta dicotomía, en su función de bloqueo a la diversidad cultural e izquierdista de los de abajo, mediante líderes mesiánicos. Coincide con el neoliberalismo en promover los extractivismos que aniquilan las condiciones de vida y trabajo tanto del presente como del futuro.

 

En alternativas postcapitalistas cabe reflexionar respecto a:

 

 

Entrevista a Guiomar Rovira sobre acción colectiva y tecnologías

Del punk y el zapatismo a las multitudes conectadas

15 de marzo de 2018

 

Por Amador Fernández-Savater

eldiario.es

A mediados de los años 90, caída la Unión Soviética, se hablaba del “pensamiento único”: el discurso que presentaba la democracia-mercado como único marco imaginable, pensable y admisible para la vida en común. La principal manera que tenía ese discurso de calar, según nos advertía Noam Chomsky, era la concentración de la información y los medios, es decir, la concentración de la voz y la imaginación de lo posible. Era la belle époque del neoliberalismo.

En su libro Activismo en red y multitudes conectadas, Guiomar Rovira hace la historia de cómo se cuestionó ese monólogo y se abrió lo posible. En primer lugar, aparecieron las redes activistas que, aprovechando la naturaleza abierta y descentralizada de Internet, inventaron nuevas herramientas tecnológicas a través de las cuales se difundieron imágenes, palabras y sentires distintos a la voz oficial. Es el momento del zapatismo y del movimiento anti-globalización. Más tarde, con la web 2.0., el uso político de las redes se socializó en manos de cualquiera. Es el momento de las “multitudes conectadas”, el 15M y otros movimientos de la crisis.

La historia de Guiomar presenta dos anomalías dentro de la producción académica. En primer lugar, es un libro fundamentalmente afirmativo, no crítico. Afirma la potencia política de las tecnologías cuando la gente se reapropia de ellas. La autora no mira el mundo desde el ángulo del poder: no nos habla de nuestra impotencia, de lo dominados y manipulados que estamos, ni de lo víctimas que somos. Todo lo contrario: habla de lo que se ha hecho, de lo que se hace y de lo que se puede hacer. Mira el mundo desde el ángulo de las potencias.

En segundo lugar, se trata de un libro vivido. La propia experiencia de la autora -en el punk, en el movimiento zapatista, en el movimiento mexicano #Yosoy132- sirve de base a la reflexión. Guiomar Rovira es periodista y escritora catalana afincada en México desde 1994, autora de numerosos ensayos y profesora en la UAM-Xochimilco de Ciudad de México.

Amador Fernández-Savater: La primera etapa de que habla tu libro es la de las “redes activistas”. Un elemento fundamental en ella es el punk, que tú conociste de primera mano en los 80 cuando vivías en Barcelona. ¿Qué aportó el punk a la creación de esas redes?

Guiomar Rovira: Me gusta que empieces por ahí. Una de las cosas más importantes que dice el punk es no future: no hay futuro. En cierta manera, el plantarse en el “no hay futuro” abre otro tipo de política: una política mucho más prefigurativa. Ya no es una cuestión de esperar, de soñar con utopías, sino de hacer aquí y ahora lo que tenemos que hacer y hacerlo como nosotros podamos y queramos. No esperemos más instrucciones o autorizaciones para hacer las cosas. Apropiémonos de la música, de los espacios. En el punk, un cualquiera toma una guitarra y otro toca y canta y dice y hace. Ahí aparece el espíritu de hacerlo tú mismo, con lo que tienes a la mano. Lo cultural se vuelve político porque es una forma de salirse de las líneas marcadas del sistema que siempre procastina y sacrifica en función de una promesa de futuro que no existe.

En ese sentido, desde los fanzines a la ocupación de casas, el punk me parece muy rico. No hay futuro: entonces tenemos que vivir ahora. No tenemos casa: entonces hay que ocupar casas. Es un movimiento que, además, se vuelve transnacional: no está inscrito en lo estatal o lo nacional, sino en los espacios de las ciudades, en la creación de redes. Una comunidad de sentido extendida. Un movimiento global, con sus apropiaciones locales, que no pide permiso a nadie y construye una política, unas formas de cultura y de comunicación en las que cualquiera puede decir lo que quiere decir.

El punk prefigura de alguna manera el espíritu hacker. Yo estaba entonces en una revista que se llamaba Lletra A,la hacíamos recortando y pegando, todo manualmente. Teníamos un espacio muy importante de ocupación de casas en Barcelona. Abrimos nuestro modesto centro social, el Anti. La idea era: no hay futuro, hagamos nuestra vida ahora. No se trataba sólo de contrainformación, sino de crear un ecosistema al margen.

El zapatismo y la internacional de la esperanza

Amador Fernández-Savater: Habría un segundo momento fundamental en la creación de esas redes activistas que sería el zapatismo. A diferencia del punk, ya no sería un movimiento “oscuro”: el zapatismo abre un horizonte de esperanza desde un lugar que ya no es la metrópoli. ¿Qué podrías contarnos de la relación entre zapatismo, tecnologías y comunicación?

Guiomar Rovira: Hay que considerar que en el 89 cae el Muro de Berlín, estábamos en un mundo unipolar en el que se hablaba incluso del “fin de la historia”. Y de repente aparece, desde lugar más inaudito y más inesperado, esta rebeldía, esta esperanza, este movimiento que nos interpela y en el cual yo me veo absorbida completamente en ese momento.

Siento que lo importante del zapatismo fue que permitió un marco común global: las luchas entonces estaban en el desánimo; las izquierdas mundiales estaban en el desánimo; las guerrillas latinoamericanas estaban de capa caída, etc. Y de pronto se crea un marco interpelador que nos saca del lugar de las resistencias aisladas, un marco de movilización activo que nos permite encontrarnos a muchos distintos, nombrar un enemigo en común y un nosotros. Es la humanidad contra el neoliberalismo, dicen los zapatistas. ¿Y quiénes proponen ese marco? Los indígenas de Chiapas, los más olvidados, los más pequeños, en un rincón del mundo donde ni siquiera se pensaba que hubiera indígenas, ni resistencia ni posibilidad de una lucha.

Este fue todavía un acontecimiento mediático global de los grandes medios de comunicación (periódicos, radios, teles), la web apenas tenía un año y apenas nadie la usaba. Pero al cabo de unos días, la radio y la prensa ya no dice mucho. Y la gente busca cómo seguir estando al tanto, interviniendo en lo que está pasando en Chiapas, amparando esta rebelión que es un foco de esperanza para el mundo.

Amador: Y entonces se da la apropiación de Internet, en ese momento un nuevo instrumento de comunicación. ¿Cómo fue?

Guiomar: Una apropiación casi natural o espontánea. Al faltar la información por los medios más tradicionales, los medios alternativos intentan cubrir ese espacio. Yo participaba y publicaba, como muchos que estaban allá, en medios hegemónicos, en periódicos importantes, pero además enviaba una cantidad ingente de información a radios alternativas, a medios alternativos, a fanzines.

Y de repente aparecieron esos gringos (¡también los gringos traen a veces cosas buenas!) que nos decían: “tenéis que usar Internet”. Eran los primeros hackers, que viajaban con sus pelos de punta, instalando módems y cosas raras en tu computadora. No teníamos la menor idea de lo que decían estos locos. Pero en apenas tres meses, estábamos todos usando Internet. Cuando digo todos quiero decir los periodistas, las ONG, los activistas. Las primeras páginas de lo que estaba pasando en Chiapas son de generación espontánea: unos estudiantes de Estados Unidos deciden darle seguimiento al asunto y publican los comunicados del EZLN, que llegaban por fax y los meten en una página web (que se llamó Ya basta) y espontáneamente salía gente que los traducía al inglés, al francés.

Así empieza a difundirse la información y a crearse un amparo informativo en torno a lo que estaba pasando en Chiapas, algo que tenía una incidencia entonces porque al gobierno de México aún le preocupaba tener una imagen internacional decente (hoy no es el caso). No sólo circula la información, sino que muchas personas viajan a Chiapas, visitan las comunidades y generan nueva información. Hay un ida y vuelta, un ambiente comunicativo que ampara una rebelión indígena y una rebelión indígena que propone la idea de que otro mundo es posible. Una interpelación que encuentra resonancia en muchos lados del mundo y permite una acción en común, más allá de las diferencias en los modos de hacer.

Walter Benjamin: la potencia, a pesar de todo

Amador: Te haría una pregunta, saliéndome un poco del hilo que estamos siguiendo entre redes activistas y multitudes conectadas, relacionada con el apoyo que encuentras en un autor clásico, Walter Benjamin. ¿Por qué Benjamin, qué tipo de aliado es?

Guiomar: Lo que encuentro en Benjamin es una inspiración metafórica, poética y política profundísima. En la oscuridad de su tiempo, él fue el más capaz de ver la luz entre todos los miembros de la Escuela de Frankfurt. Benjamin me ayuda a entender esta necesidad mía de encontrar la potencia en cada momento, en cada lugar.

La técnica no es enemiga nuestra. Es también la posibilidad de vivir en un mundo más pleno, donde el pacto con la naturaleza no sea hostil y no obligue a la violencia en la que o sobrevivimos o perecemos. Es el capitalismo depredatorio, basado en la generación artificial de dolor y escasez, el que manipula las potencias de la técnica. La culpa de la expulsión de la vida y de la acumulación por desposesión no la tiene Internet, sino todo un montaje, un sistema global, que hace que la técnica no esté al servicio de la humanidad, sino del capitalismo, de la producción depredadora de escasez. Benjamin nos invita a pensar otra modernidad posible, no capitalista.

En “La obra de arte en la era de la reproductibilidad mecánica”, Benjamin ve la posibilidad democratizante que se abre en el hecho de que todos podemos apropiarnos de la técnica, ser autores y tener una vida más plena, con voz propia. Hay otra idea suya, que aparece en las “Tesis sobre la filosofía de la historia”, que es la del jetztzeit:el momento fulgurante que constela en el aquí y el ahora una especie de epifanía en la que todo se abre. Esa es la idea de constelación a la que recurro tanto en el libro. Quienes nos anteceden nos invocan para que se haga justicia. Y a la vez, también, no hay una genealogía para cada movimiento, sino que cada movimiento construye su propia historia, ilumina sus momentos fulgurantes desde donde amarrar su propio destino. Es una forma tremendamente creativa de entender que en el fondo lo político es también una apertura al pasado.

Benjamin es una inspiración. Murió en el pueblo de mis abuelos, en Port Bou. Este verano fui a ver su tumba. Le tocó una vida terrible, sin reconocimiento, pero a la vez fue el más optimista, el más creativo de los intelectuales de su tiempo. Justo al que le va peor es el más capaz de ver la apertura, la posibilidad, la potencia.

Multitudes conectadas: la tecnología en manos del cualquiera

Amador: Primero está el activismo en red, la apropiación activista de las tecnologías (el punk, el zapatismo, el movimiento antiglobalización), pero habría un segundo momento que supone una transformación radical con respecto al activismo en red y que serían las “multitudes conectadas”. Me gustaría que nos hablaras de ese pasaje.

Guiomar: El ambiente comunicativo del activismo en las redes es todavía un ambiente permeado y poblado por los militantes, por la gente con conciencia política. El paso a las multitudes conectadas se distingue porque ya no es necesariamente la gente de los espacios activistas la que tiene el protagonismo, sino que puede ser cualquiera desde sus redes sociales, sin la necesidad de una politización previa o de un espacio concreto en el activismo. Y puede darse desde lugares tan políticamente incorrectos como Twitter o Facebook o Youtube, que son redes privativas. "Sabemos que el capitalismo y el patriarcado no descansan en el afán de apropiarse de la totalidad de los bienes comunes de los pueblos, pero así también los pueblos organizados y las mujeres en abierta lucha consciente y organizada les diremos una y otra vez, no pasarán."

Pensemos por ejemplo en el movimiento mexicano #Yosoy132. No todos los chicos de la Ibero que comenzaron las protestas estaban previamente politizados, pero se sintieron agraviados y utilizaron las herramientas para comunicar ese agravio y pedir derecho de réplica ante los medios por lo que se había dicho de la visita del presidente Peña Nieto a su universidad. El vídeo que hicieron y colgaron en Youtube tuvo consecuencias impresionantes, generó una ola de indignación en la que mucha gente distinta se sintió interpelada. Todo el mundo se preguntó cómo era posible que un movimiento tan importante no hubiera surgido de la UNAM o de los grupos que llevan años rompiéndose la madre y denunciando las situaciones de injusticia, sino de un colectivo inesperado, imprevisible.

En las marchas se produce un fenómeno que Manuel Castells llama “autocomunicación de masas”: cada uno se vuelve productor de información, remixeador, retwiteador, participa en conversaciones, dona al movimiento su propia habilidad, por ejemplo con la gráfica. El proceso de emisión y recepción se confunde. Hay una especie de pérdida del origen, de autoridad, de la autoría.

Amador: En el libro hay una consideración positiva del pasaje entre los dos momentos de la comunicación alternativa, en el sentido de que hay una democratización: si antes las redes estaban en manos de activistas, ahora el uso político de la tecnología está en manos de cualquiera. Pero, ¿no hemos perdido de vista al mismo tiempo la importancia de las infraestructuras y de la soberanía tecnológica, elementos cruciales en el espíritu hacker, en favor de una cierta “facilidad” en la difusión de contenidos gracias a las redes sociales que pone a nuestra disposición gratuitamente el propio sistema?

Guiomar: Me parece muy importante lo que señalas, pero no estoy del todo de acuerdo en que lo hemos perdido. Creo que de un uso muy inconsciente y automático de las redes estamos pasando a tener cada vez más conciencia a partir de las revelaciones de Snowden o de Wikileaks sobre los software de espionaje. Creo ver hoy un nuevo movimiento de conciencia en torno a la vigilancia, el control y la apropiación de datos en las redes sociales. Esa conciencia antes no existía y ahora la tenemos gracias a la actividad de algunos hackers: a Snowden lo considero un hacker y también a Chelsea Manning o a Julien Assange. Ellos son los que nos explican la importancia del cuidado, de usar Thor, de recurrir al software libre, de construir passwords seguros, de hacer un uso responsable de la red. Vamos a ver qué sale de ahí.

Hagámoslo juntas

Amador: Más que intelectuales que levantan el dedo y nos advierten: “cuidado que esto va mal”, lo que necesitamos es más apropiación social de la tecnología, más aprendizaje, más alfabetización tecnológica, más hacklabs. Esta me parece una idea clave de tu libro: asumir que en la red se están dando unas derivas muy negativas, pero que la salida no está por fuera de la propia red.

Guiomar: La mera crítica discursiva de la tecnología no resuelve nada. El gran aprendizaje propio de la sociabilidad en red es apropiarnos de los espacios, construirlos de forma colaborativa, compartir lo que sabemos, hacer lo que nos apetece, a nuestro modo, generar otros modos. Es lo que en el libro se llama “devenir hacker”, que no es simplemente una cuestión tecnológica. Para mí, la idea del hacker desborda lo tecnológico: el hacker deconstruye para armar otra cosa, deconstruye lo que se le ofrece como caja negra y abre otros posibles. No sólo puede hacerse con las tecnologías, sino en cualquier sitio: abre tu espacio y construye otras potencias. En la universidad, en las relaciones humanas. Como dice Fernanda Briones, experta en hack feminismo:
hagámoslo juntas.

Amador: ¿Cómo piensas la relación entre la tecnología y los cuerpos, entre el mundo de los bytes y el mundo de los átomos?

Guiomar: Mi planteamiento es que, más allá de la diferenciación entre lo online y lo offline, todo ocurre on-life. En ese sentido, para mí es clave toda la experiencia corporal del encuentro. El hecho de salir, de mirarse, de experimentar ese cuerpo a cuerpo. El encuentro físico, ese abrir el espacio de aparición, la experimentación de la vulnerabilidad del cuerpo, para mí es clave: es parte de esa red que pone en común la imposibilidad de vivir en las condiciones en las que nos está orillando este capitalismo de expropiación. Ese encuentro es el momento político por excelencia.

Me parece que la dimensión de la vulnerabilidad del cuerpo, esa exposición, ha transformado el activismo voluntarista en algo más vivencial y menos programado. El cuerpo se muestra, interactúa, crea espacios de convivencia, de afecto, de cariño y a la vez politiza lo privado. Mi tesis actual es que hay una feministización de las multitudes conectadas, una especie de libre apropiación del feminismo, de un feminismo que pasa a ser ineludible. No hay movimiento emancipatorio que pueda dejar del lado los planteamientos difusos de las luchas de las mujeres y de las luchas feministas a lo largo del tiempo. Eso para por el cuerpo.

Lo que trato es de no pensar las dos cosas por separado, los cuerpos en la calle y la comunicación en redes. Somos una especie de cyborgs: llevamos las extensiones tecnológicas con nosotros. Cuando hablo de política, la tecnología aparece ahí como una parte de la acción colectiva, no como algo agregado o distinto. Si te fijas, las acciones más importantes en las redes y en el ciberespacio se han dado siempre en contextos de movilización en las calles. Actuar es comunicar y al revés. Todo ocurre en una dimensión on-life. La última plataforma son nuestros cerebros. No hay nada fuera de lo físico. La idea de que las redes están fuera de lo físico es muy fuerte. Yo intento pensar contra ella.

http://www.eldiario.es/interferencias/punk-zapatismo-multitudes_conectadas-red-accion_colectiva_6_748285172.html

Texto de la entrevista-presentación del libro de Guiomar que tuvo lugar en la UAM-Xochimilco el 17 de septiembre de 2017, transcrita por Gerardo Juárez y editada por el entrevistador.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=239041

 

 

Las luchas desde abajo tienden a establecer la unión en diversidad sobre problemas esenciales a la vida que impone la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales.

 

Río Santa Cruz libre:

causa común de ambientalistas y originarios

9 de marzo de 2018

El Río Santa Cruz, en la provincia homónima, es eje de un nuevo riesgo ambiental en Argentina a partir de la construcción de mega-represas. Organizaciones sociales y vecinales y pueblos originarios, en unidad contra un nuevo saqueo

“Desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar
mojo mis pies y vuelvo a volar
no pregunto en la mañana hacia dónde debo ir
ya lo sabré, el tiempo dirá
si el destino me quiere en el sur
viajaré temprano con la luz
cielo todo el día y a la noche barro”

(Pez.  Disco El sol detrás del sol. 2002)

Por Manuel López Mateo*

El impacto socioambiental de la construcción de mega-represas en el río Santa Cruz, genera cada vez más alarma y suma críticas de múltiples sectores sociales. Frente al complejo hidroeléctrico, se integran organizaciones ambientalistas, vecinos y vecinas autoconvocadas y pueblos originarios para aunar fuerzas. Como el viento patagónico, rugen sus voces contra el proyecto y la promesa inverosímil de desarrollo para la región austral.

El Movimiento Patagonia Libre

Interrumpir el cauce del río Santa Cruz, el último río glacial patagónico que corre libre desde los Andes hasta el Mar Argentino, con la instalación de dos mega-represas para obtener un aprovechamiento hidroeléctrico, significará cortar el camino a la vida. La inundación de vastos territorios, la transformación de la mitad del curso del río en espejos superficiales de agua y los enormes tendidos de alta tensión provocarán no sólo impactos ecológicos irreversibles a un ambiente prístino, sino también profundas consecuencias sociales y culturales a las poblaciones locales.

Para oponer resistencia a la construcción del complejo hidroeléctrico en la provincia de Santa Cruz se conformó el Movimiento Patagonia Libre, fruto de la integración de organizaciones ambientalistas, movimientos sociales y las y los vecinos autoconvocados. Luego del “Encuentro Nacional Voces del Río” en agosto de 2017, comenzó la gestión de este gran colectivo con propósito de aunar fuerzas, para tener una oposición firme a las mega-represas Cóndor Cliff-Presidente Néstor Kirchner y La Barrancosa-Gobernador Jorge Cepernic.

Oficialmente el grupo se originó durante el “Encuentro Patagónico Gritos de la Mapu” los días 8 y 9 de diciembre de 2017 en la localidad de Cmte. Piedra Buena, al que asistieron distintos frentes santacruceños a favor de la vida, provenientes de El Calafate, El Chaltén, Río Gallegos, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Perito Moreno y Los Antiguos, que durante los últimos años vienen luchando contra los proyectos del modelo extractivo, como la mega-minería, el fracking, los cultivos transgénicos e incluso la instalación de plantas nucleares.

Concientizar con la palabra

Durante el verano, el Movimiento Patagonia Libre ha llevado a cabo sus primeras actividades para concientizar sobre la problemática socioambiental, entre las que se destacan un conversatorio con turistas en el Glaciar Perito Moreno y un debate en la Unidad Académica Puerto San Julián de la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) con la comunidad educativa y los pobladores locales. Este martes 27 a las 18hs sus representantes se hicieron presentes en Plaza Congreso, para adherir a la “Bicicletada en defensa de los glaciares” que organizó la Asamblea Jáchal No Se Toca contra la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno Nacional.

En charla de la UNPA, a la cual accedimos, se ha compartido información de investigadores científicos, ingenieros y técnicos especialistas sobre el impacto ambiental, social y turístico que representará la construcción del par de mega-represas. El proyecto sobre el río Santa Cruz implicaría inundar 47.000 hectáreas de tierras, devastando un ecosistema irremplazable en el área de influencia del Parque Nacional Los Glaciares (declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco). Detener el libre cauce del río causaría a su vez un aumento en la cota de su principal afluente, el Lago Argentino, acelerando el deshielo de los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini en su cuenca, debido a la elevación del nivel y la temperatura del agua.

Se recordó que es responsabilidad del Estado preservar a los glaciares para el futuro, como reservas estratégicas de agua para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad. Sin embargo, con las represas está incumpliendo su obligación de no arriesgar a estos recursos valiosos, al no tomar las medidas de principio precautorio conforme al “régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” (Ley 26.639), que a su vez el Poder Ejecutivo pretende modificar.

La propia Administración de Parques Nacionales en un primer momento había indicado que las represas afectarían irreversiblemente a uno de los ambientes más amenazados en la Patagonia por el cambio climático. Los ambientalistas temen que el impacto al ecosistema, donde viven decenas de especies de aves, peces y mamíferos adaptados a duras condiciones climáticas, conllevaría a la pérdida de la biodiversidad, desde la segura extinción del macá tobiano (ave declarada “Monumento Natural Provincial” y recurso eco-turístico), hasta gran inquietud que afecte a los mamíferos marinos que habitan próximos al estuario del río, como las ballenas que llegan a parir a la costa patagónica.

Asimismo, se manifestó mucha preocupación entre los pobladores porque van a perjudicarse las actividades económicas usuales en la provincia, como el turismo por la pérdida de las maravillas naturales y la pesca debido a la mortandad de peces. También hay alarma por el riesgo que corre la provisión de agua para consumo en los hogares de Puerto San Julián, Piedra Buena y Puerto Santa Cruz. La posible falta de este servicio básico, consecuencia de desviar el curso del río para llenar el embalse, podría durar un par de años.

Destrucción del patrimonio natural y cultural

El grupo ayudó a reflexionar sobre la pérdida del paisaje autóctono y su patrimonio natural y cultural, que desde del siglo XIX motivó la admiración de exploradores y naturalistas como Francisco P. Moreno, Charles Darwin, Fitz Roy y George Musters. Al provocar la inundación de tantos territorios (equivalente a casi 2 veces la Ciudad de Buenos Aires) pueden perderse fósiles y restos paleontológicos de millones de años, como también restos arqueológicos de los primeros pobladores humanos en la Patagonia. Para la ciencia representa un conocimiento científico invaluable que quizás nunca pueda obtenerse, porque quedaría cubierto o destruido por el agua.

Su preservación y protección también es responsabilidad del Estado, como parte del patrimonio cultural de la Nación y para el aprovechamiento científico,  según la Ley 25.743 de “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”. Sin embargo, fue el mismo Estado quien alegó no poder hacerse cargo de su responsabilidad y le consignó al consorcio hidroeléctrico de empresas chinas y nacionales, la contratación privada de arqueólogos para hacer un relevamiento, remover los restos que encuentren y construir un espacio para alojarlos, comentó el lnan Lonko Nahuelquir.

Choque de culturas

La Comunidad Lof Fem Mapu de Puerto Santa Cruz también apoyó a la formación del Movimiento Patagonia Libre. Sergio Nahuelquir es lnan Lonko de esa comunidad y viene acompañando al colectivo para testimoniar la preocupación del pueblo mapuche-tehuelche por el conflicto ambiental. Ante el posible impacto de las represas sobre el territorio comunitario, han denunciado al Estado Nacional por incumplir con la “Consulta Previa, Libre e Informada”.

En la charla brindada en la UNPA, Nahuelquir declaró que el Estado argentino ha violado el Convenio Internacional 169 de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo) y la Ley 24.071 de nuestra Constitución Nacional que lo ratifica, al no garantizar e implementar el derecho a la consulta previa a los pueblos originarios de la provincia. Por este motivo, a mediados de 2017 las comunidades presentaron un amparo solicitando a la Justicia que ordene al Poder Ejecutivo Nacional detener las obras, hasta tanto sea realizada.

Los pueblos mapuche y tehuelche llevan trece mil años en la zona y su preexistencia al Estado-Nación es reconocida constitucionalmente. Estas comunidades indígenas chocan con los agentes desarrollistas que pretenden transformar a la naturaleza en mercancía. Se trata de una diferencia cosmológica; lo que para algunos son meros recursos, para ellos son lugares y elementos sagrados.

Con respecto al patrimonio cultural intangible, Nahuelquir aseguró que la instalación de las represas perjudicará la cosmovisión del pueblo mapuche, porque según sus creencias el río tiene un Ngem. Los Ngem son espíritus que protegen la vida silvestre y residen dentro de los elementos naturales. “El Ngem es una fuerza de la naturaleza que regula la fuerza de todo lo demás, y se va a afectar nuestra armonización”, expresó.

Asimismo, corre peligro el patrimonio cultural tangible por la inundación de sitios arqueológicos que incluyen pinturas rupestres y restos óseos de sus antepasados. Aseguran que la empresa ha comenzado con la remoción de chenques (tumbas indígenas) sin permiso y sin restituir los restos mortales a las comunidades descendientes.

A fines de octubre, la justicia dio la razón a la demanda del pueblo mapuche-tehuelche. El Juez Federal Aldo Suarez dictó una sentencia favorable, intimando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y ordenando al Poder Ejecutivo que apliquen el derecho a la consulta previa, para que sea escuchada la voz de las poblaciones originarias y hagan saber si desean esa obra en su lugar en el mundo.

Sin embargo, a pesar del fallo judicial la construcción avanza y no muestra intenciones de detenerse. En la etapa inicial presente, se continúa con la edificación de dos campamentos temporarios que alojarán a 1500 obreros cada uno, mientras trabajen en las represas. El lnan Lonko  advirtió que los pueblos originarios están dispuestos a llevar la causa a instancias judiciales superiores e internacionales, volviendo a acusar al consorcio de empresas que tienen la concesión, al INAI y a los Estados Provincial y Nacional.

Nuevos espejitos de colores

Nahuelquir reconoció que los pueblos mapuche y tehuelche, descreídos de las promesas de desarrollo y bienestar del extractivismo, los espejitos de colores de nuestro tiempo, repudian al accionar del Estado por entregar los recursos naturales a las empresas, las cuales tendrán la concesión de las hidroeléctricas para lucrar durante treinta años.

Al igual que el Movimiento Patagonia Libre, el lnan Lonko entiende que va a ponerse “En juego la vida de las futuras generaciones, no sólo de los pueblos originarios, sino de todos los habitantes de la provincia que les va a faltar el agua en sus casas y por toda la biodiversidad que va a perderse”, con el fin de producir electricidad para ser utilizada en las grandes urbes de Buenos Aires.

“Nosotros no estamos en contra del progreso de la humanidad, pero sí pedimos ser partícipes en la toma de decisión de qué tipo de progreso queremos. ¿Cuándo nosotros, los pueblos originarios, tendremos voz y voto en los proyectos que hacen las empresas en nuestro territorio, o en cualquier tipo de construcción que atente contra nuestra vida?” se preguntó Nahuelquir.

Dilemas de gran escala

Según la Comisión Mundial de Presas, durante el siglo XX la construcción de 45 mil grandes represas en todo el mundo causó 80 millones de personas desplazadas de sus hogares y en el siglo XXI esta forma de aprovechar energía ya no se considera “renovable” por tener escasa vida útil (debido a la rápida acumulación de sedimentos). No obstante, el gobierno nacional intentó instalar a las mega-represas en el sentido común de la ciudadanía como la solución de la crisis energética y fuente de desarrollo y progreso para Santa Cruz.

En el llamado a licitación de 2012 se prometió que el proyecto crearía cinco mil puestos de trabajo en forma directa, se obtendría un enorme aprovechamiento de 1700 MW de energía limpia y sería el primero de carácter enteramente nacional (a diferencia de las represas binacionales de Yacyretá y Salto Grande). Se afirmó que cambiaría la matriz energética trasformando a la región austral y la Argentina, y también promovería la integración regional porque se intercambiaría el excedente con Brasil.

Ante la disyuntiva que plantean las represas, puede ayudar la mirada crítica del antropólogo brasileño Gustavo Lins Ribeiro a la concepción occidental de desarrollo. Doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde fue discípulo de Eric Wolf (uno de los antropólogos más importantes del Siglo XX), Lins Ribeiro cuenta con treinta años de experiencia sobre temas de desarrollo, ambientalismo y globalización.

A partir su trabajo de campo y estudio sobre proyectos a gran escala, como en la represa de Yacyretá, él afirma que este tipo de emprendimientos se nutren no solamente de las desigualdades económicas a nivel nacional e internacional, de las ambigüedades jurídicas y de los intereses políticos, sino también de un proceso de legitimación con una poderosa carga simbólica.

Son siempre acompañados con la articulación de discursos ideológicos para justificarlos, denominados por el antropólogo como la ideología del progreso; concibiendo al desarrollismo como una forma de traer bienestar, la ideología de la redención; suponiendo que redimirá a la región de su atraso, el creador de oportunidades; como fuente de empleos y el gigantismo; presentándolo como positivo por ser de grandes dimensiones.

Sin embargo, aunque reconoce como cierto que pueden generar una considerable oferta de trabajo temporario, lamentablemente las poblaciones locales son incorporadas en las posiciones más bajas del mercado laboral, y la cantidad de empleos creados guarda una proporción muy chica con respecto a los montos gigantescos de las inversiones.

Estos proyectos que implican enormes movimientos de capital, son reiteradamente presentados a la ciudadanía como promotores del desarrollo para todas las clases sociales o grupos étnicos involucrados. Pero en realidad favorecen a grandes concentraciones económicas nacionales e internacionales, en detrimento de las poblaciones locales que siempre resultan perjudicadas, sostiene Lins Ribeiro.

De forma invariable, el precio que pagan por estas obras los pueblos afectados se desoye, los impactos socioambientales se invisivilizan y los derechos humanos y derechos colectivos se niegan. Por eso, frente al mega-proyecto en el río Santa Cruz se aúnan los esfuerzos de ambientalistas, vecinos, vecinas y pueblos originarios en el Movimiento Patagonia Libre, para pelear por causas justas y legítimas; defender al río, proteger al agua y pedir respeto por la vida.

*Manuel López Mateo es licenciado en Antropología.

Fuente Marcha: http://www.marcha.org.ar/rio-santa-cruz-libre-causa-comun-entre-ambientalistas-y-pueblos-originarios/

 

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