Qué País

Octubre 2017

Con el racismo e irracionalidad de privilegiar a Benetton en su desertificación por ovinos vs. Con comunidades creando buenos vivires patagónicos.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Nos urge, abajo y a la izquierda, generalizar el viraje de una creciente mayoría de nosotros desde la lógica del capital hasta la de la situación nacional e internacional en que estamos siendo conducidos, como nos advierte Ramón Vera Herrera, a la "deshabilitación y fragmentación del «nosotros», de los ámbitos colectivos y comunitarios y de cada persona en lo individual con el fin de precarizarnos hacia después subyugarnos para sus propios intereses. Esto es particularmente cierto en la guerra contra la subsistencia de los pueblos originarios y las comunidades campesinas —y se ejerce de formas muy concretas; las represiones directas son sólo uno de los pasos". Reflexionemos sobre porqué y cómo cambiar la mirada masiva respecto a la violencia leyendo:

 

El horizonte de la deshabilitación
27 de julio de 2017

Por Ramón Vera Herrera

1. El primer paso, que sigue siendo crucial para la acumulación de capital es separar a los pueblos de sus fuentes de subsistencia, de su entorno de subsistencia, algo que tiene una larguísima historia: la invasión de los territorios, el confinamiento y privatización de los ámbitos comunes, el acaparamiento de la tierra a manos de los voraces terratenientes. Y ese despojo histórico ha ido asumiendo formas más sofisticadas conforme avanza.

Por ejemplo, el acaparamiento de tierras es un fenómeno que ha sido difícil visibilizar porque gobiernos y corporaciones agrícolas ahora no necesariamente roban la tierra, sino que la rentan, la compran, o someten a las poblaciones rurales a la “agricultura por contrato”, en condiciones totalmente desiguales. Una forma del acaparamiento en la medida en que quien produce, muchas veces en su propia tierra, tiene que rendir su fruto para quienes detentan el contrato.

En el sentido contemporáneo, “acaparamiento” significa que los gobiernos y corporaciones controlan extensiones de tierra muy grandes, con todo y sus pueblos.

No obstante, en aquel primer momento (que da origen a la acumulación capitalista) quien detenta el poder arranca a la gente de sus fuentes (de su entorno) de subsistencia. Es despojo y el primer paso de una deshabilitación progresiva. Jean Robert, siguiendo pistas de Iván Illich, le llama la “enajenación originaria”, porque la gente ya no puede producir lo que le importa, sino que es forzada, sutilmente o con violencia extrema, a producir algo que no sólo no le importa sino que pudiera ser nocivo para el mundo o por lo menos para quienes directamente lo producen.

Ese producir para otros, “quién sabe qué”, eso que Jean Robert llama también “desvío de producción”, y que convierte la “labor creativa” en “trabajo abstracto”, es decir, sojuzgado en la explotación de servir a la reproducción del capital. No sólo está en el origen de éste sino que es la piedra de toque de la erosión general de la socialidad que sufrimos, de la normalización de la desesperanza.

El segundo paso de la deshabilitación, de lo que el Grupo ETC llama las “redes de subsistencia”, es menospreciar, erosionar, privatizar, prohibir, y hasta criminalizar los medios por los cuáles la gente resuelve eso que le es pertinente para el cuidado de los suyos, en un proceso de reproducción virtuosa de lo que nos puede fortalecer y hacer más nosotros mismos.

En realidad lo que está ocurriendo es que los poderes impiden que la gente resuelva por medios propios lo que más le importa, por un lado, y por otro precariza, fragiliza a la gente para que se vea obligada a trabajar para los fines de otros. Servir a los intereses de otros a partir de quedar sumergido en el reino de la escasez, en el reino de la necesidad, en la plena orfandad. A eso, Iván Illich, le llamaba “desvalor”.

2. Cómo comprender que el despojo más brutal que nos perpetran es impedirnos resolver por nuestros propios medios nuestros asuntos más cruciales para nosotros, como producir nuestros propios alimentos, resolver nuestra salud, reivindicar y ejercer todos los cuidados y saberes que hacen posible lo cotidiano; nuestra reproducción en nuestros propios términos —y que va de las semillas al funcionamiento cotidiano pasando por el cuidado y regeneración del agua, los embarazos y los partos, el encauzamiento de la comunidad, el flujo de los saberes, el desciframiento de los tiempos, los vientos, los sueños, la justicia, la bondad, el equilibrio, todo siempre en relación con el territorio que le otorgaba sentido a lo que hacíamos.

Nos arrancan de la tierra y nos criminalizan nuestros saberes, y al expulsarnos, no es de la tierra y lo saberes de lo que nos expulsan sino de nuestra vida.

Repensando a Marx, podemos decir que la acumulación originaria es una condición de las relaciones impuestas por el capital. Es la relación de despojo de la que parten sojuzgamientos y acaparamientos. No se trata de un primer eslabón primitivo, sino del fundamento de la relación. Para poder ejercerla es claro, como dicen Iván Illich y Jean Robert, el poder requiere provocar dependencia, fragilidad y precariedad, romper la labor creativa y volverla trabajo “abstracto”, trabajo enajenado. Ya lo hemos dicho mucho, se trata de impedir que la gente resuelva por sus propios medios lo que es pertinente, lo que la hace libre y la devuelve a la comunidad. Es el momento de la muerte de la reproducción de cada quién para sus propios fines y con sus propios medios (lo que define una autonomía) para someterlo todo a los dictados de la producción y la sola y omnipresente reproducción del capital para sus fines y sus medios.

Así, nos roban la subsistencia, nuestro aprendizaje y crianza mutua, nuestra salud y bienestar, nuestro nacimiento y muerte, nuestra propia imaginación, nuestra búsqueda de una responsabilidad compartida, es decir una justicia y un equilibrio.

El poder nos ha robado todo lo anterior al punto de hacernos suponer que todo lo que nos ocurre es normal, que todo lo que sufrimos es normal, porque somos ineptos, incapaces, absurdos, redundantes, obtusos, fragmentarios, individualizantes, mezquinos, egoístas, racistas, machistas.

Al final de este proceso, la anulación de la autonomía de las comunidades las orilla a irse “porque ser campesino no funciona”.

Arrancar o escindir a la gente de sus fuentes y medios de subsistencia alcanza una brutalidad que tiene cifras (300 mil en sexenio y medio) migrantes más de 20 millones. Desplazados internos 1 millón 650 mil ÷ 2006 y 2011. Sólo en 2011 160 mil. Las cifras siguen creciendo.

 

3. En México las comunidades y organizaciones que reflexionan sobre ese punto dicen que los programas de gobierno o la certificación de explotaciones forestales, o los programas dirigidos a la total monetarización de la economía comunitaria o la certificación de productores, los nuevos censos de contribuyentes, la “facturación”, o los programas dirigidos a la institucionalización del cuidado, los apoyos financieros a viejitos, a madres solteras, a niñas de secundaria (para que no dejen de ir) están diseñados para cambiar la racionalidad de sus vidas, una verdadera andanada de proyectos de deshabilitación.

Es “la guerra como programa de desarrollo”. Con esa guerra la agricultura cambió. (Hoy les venden a las comunidades o a gente individual contratos para ligarse con grandes empresas en monocultivos industriales de invernadero supuestamente rentables según el mercado: hay brócoli, bayas, moras, jitomate, soya, agave, palma africana, que además de producirles ganancia a tales empresas reorganizan los territorios y también expulsan a las comunidades. Los expulsados devienen jornaleros esclavos de a 5 dólares al día.)

Todo eso comenzó de modo abierto con la Revolución Verde de los años sesenta, un embate perenne por erosionar, menospreciar, prohibir o de plano criminalizar las principales y más antiguas estrategias de la humanidad. (En realidad este embate existe desde que se exigió que la gente trabajara para quienes detentaban el poder, porque está en el fondo de la racionalidad y voracidad de los mandones, pero nunca había sido trabajado como política pública, y menos internacional.)

Esta ilegalización o criminalización de la lógica de subsistencia campesina y sus medios o saberes que fue la Revolución Verde, decreta la imposibilidad de mantener el flujo de la vida y la agricultura:

  1. se someten a registro, certificación y privatización con patentes y derechos de obtentor las semillas que son “legado de los pueblos al servicio de la humanidad” y comienza a criminalizarse mediante leyes y normativas internacionales incluidos los tratados de libre comercio, la custodia y el libre intercambio de semillas nativas.

  2. se hace onerosa la actividad campesina al incluir paquetes tecnológicos como los insumos agroquímicos (sumamente tóxicos) más semillas certificadas que deben comprarse.

  3. Semillas de laboratorio y agrotóxicos comprometen aún más la actividad de producción (sin reproducción propia) desplomando la rentabilidad de la actividad campesina al tiempo que se contaminan las semillas con transgénicos, se intoxican los terrenos y se los agota, con lo que la actividad es tan cargosa que la gente se vuelve redundante.

  4. Como puntilla se imponen previsiones, normativas, estándares y criterios, registros y normas de calidad y sanidad más condiciones de compra-venta que vuelven imposible la actividad, sobre todo a partir de los tratados de libre comercio y su apertura a normas sanitarias que las grandes corporaciones, en complicidad con los gobiernos, imponen con el fin de dejar fuera de la jugada a los pequeños productores. Jugarretas más o menos, la gente termina pensando que su actividad productiva no funciona.

  5. Ha ocurrido la deshabilitación extrema. La gente, enfrentada con una exterioridad impuesta que alimenta su propia percepción, les hace pensar que es normal lo que les ocurre y que ellos son los que fallan, los incompetentes, los ignorantes ineptos e incapaces.
    Su única opción para recuperar su propio sentido, es abandonar la actividad y salir.

Las poblaciones deshabilitadas se van, “expulsadas”. No fue necesario un desalojo sangriento. Pesa la minería, los proyectos del petróleo, las hidroeléctricas, la servidumbre energética, los desarrollos inmobiliarios y turísticos, los basureros tóxicos, la ocupación de un espacio que ha quedado vacío, pero además el extremamiento de la lógica industrial para todo. Nada que no sea industrial es permitido.

Cuando hace falta, la represión directa sigue siendo una útil herramienta del sistema.

 

4. ¿Cómo identificar y responder a lo que provoca en el cuerpo el capitalismo, la vida totalmente industrializada? La reproducción de la vida en los términos propios, que incluye los aspectos más cotidianos, más sutiles de la relación con el cuerpo queda, en esa lógica, necesariamente anulada. Esto implica un gozne que expresa las contradicciones y complementariedades entre campo y ciudad.

La industrialización tan brutal de la producción agrícola y la eliminación de la producción campesina tienen su batalla en los cuerpos de las personas, tanto en la ciudad como en el campo.

En el extremo las corporaciones van más allá e imponen esa lógica industrial a su propia lógica de producción agrícola y a todo el sistema agroalimentario. La gran industria deja de producir comida (alimentos frescos) que la meten a múltiples y disímiles consideraciones de cuidado y conservación, sustituyendo su tendencia productiva hacia cultivar casi en exclusivo materias primas, para que a su vez la industria fabrique alimentos procesados.

Esta lógica tiene su extremo en la producción industrial de componentes de esos alimentos procesados (uniformados), mejor descritos en la idea de “productos comestibles”. Y la otra es promover los grandes monocultivos de soya, maíz, canola y palma africana para elaborar “piensos o croquetas” para humanos.

Así, en esa misma lógica, las corporaciones logran imponer la disponibilidad de ciertos alimentos (dónde están y cuáles alimentos). Logran controlar lo que la gente come, mediante el control absoluto de los puntos de venta.1

El negocio de la alimentación es tal vez el más lucrativo del momento. Los ingresos netos de supermercados y procesadores de alimentos son cada vez mayores. Tan sólo en México, los alimentos procesados le brindan a las grandes compañías como Nestlé o Pepsico, más de 24 mil millones de dólares anuales de ganancias y convierten a México en uno de los 10 principales productores de procesados en el mundo.

Las reformas energéticas son un ejemplo extremo de cómo pretenden someter todas la tierras a un destino de productoras de petróleo, gas, minerales, agua, impidiéndoles producir alimentos, impidiéndole a los custodios y dueños de esas tierras alimentar a la gente, devastándolo todo.

Se pretende destruir la relación de la gente con su tierra y su labor creativa, además de destruir la propiedad social que hoy es 50% del territorio nacional.

 

Ramón Vera Herrera continúa proponiendo el qué hacer de nosotros y aclarándonos cuál ha sido la función nefasta de los gobiernos K al optimizar el Estado en función del extractivismo exportador:

 

5. Para revertir la deshabilitación, para reconstituirnos como gente que encarna desde sí los procesos que más nos importan, tenemos que entender, aun, la lógica que hace posible la deshabilitación.

El meollo del asunto es el sentido que podemos construir. Eso que le llamamos percepción popular no es sino el sentido que construimos en común, que nos potencia o nos niega la posibilidad de la transformación y nuestro impulso de metamorfosis. Por supuesto tiene que ver con el “nosotros” porque el saber se construye en colectivo. Y en eso, el poder ha buscado fragmentarnos. El “nosotros” es el enemigo principal del dinero. El dinero, decía Marx, es el contrario exacto de la comunidad; el principio de las mediaciones para evadir la socialidad, el inicio de la erosión de la mutualidad.

Entonces también entender la guerra como programa de desarrollo.

Entender el desvío de poder que es poner candados, fijar o convertir en norma mecanismos obturadores que abran margen de maniobra a las empresas y obstruyan la justicia.

Para hacer posible el desvío de poder (hablando en términos sistémicos) es indispensable que el Estado, con su aparato jurídico, ejerza impunidad, impermeabilidad, maraña legal y administrativa, fabricación de disposiciones adhoc, represión. Confusión, divisionismo, políticas públicas (la bala de azúcar), pero también el despojo directo, el acaparamiento, el totalitarismo fragmentario y feudal donde todo mundo tiene a alguien que le agarra el pescuezo. Ese Estado delincuente imbricado totalmente. Listo a reprimir y desaparecer, asesinar y encarcelar.

Entre los empeños de las corporaciones uno de las principales es criminalizar las estrategias más antiguas de la humanidad, criminalizar la custodia de las semillas nativas y su intercambio, menospreciar los métodos de la agricultura campesina con todos sus saberes. El paso ulterior es la privatización generalizada, los regímenes de propiedad intelectual, que mantengan un control de las semillas, pero también de los saberes. Impedir que los saberes fluyan libremente. Que las semillas fluyan libremente en el intercambio y el cuidado de milenios.

Si a eso le agregamos todo lo que las corporaciones perpetran en su descuido o en su afán de evadir las responsabilidades de otras acciones, nos enfrentamos con la devastación ambiental: envenenamiento, basura, represas, privatización y acaparamiento de agua, deforestación, urbanización salvaje, acaparamiento del fondo de semillas, criaderos industriales, monocultivos agroquímicos, minería.

 

6. Esa reconstitución entonces comienza con diálogo, reivindicando nuestra palabra.

Si el saber se construye en colectivo y debemos reconstituir a los sujetos, eso significa, ni más ni menos, reconstituir el colectivo, lo común, comenzando con la palabra, con el diálogo, la conversación; poniendo la responsabilidad en el centro mismo de nuestras acciones.

Eso implica abrir espacios de diálogo y reflexión libres.

El Tribunal Permanente de los Pueblos que ejerció en México entre 2011 y 2014 fue una muestra mínima de lo que se puede lograr: en ese proceso se abrieron entre 350-500 talleres en 22 estados, 40 preaudiencias, 12 audiencias y la convocatoria a 270 jurados de todo el mundo junto con la participación de 1500 organizaciones.

Esto quiere decir que se puede revertir la deshabilitación y la cosificación al sistematizar lo que nos ocurre, al lograr un pleno entendimiento de las condiciones que pesan sobre nosotros; al recuperar nuestra historia y saberes situados, localizados, incrustados, pertinentes. Al decidir la defensa contra el despojo, expulsar invasores, defender nuestros territorios.

Al ejercer los cuidados en la reproducción de nuestras propias premisas (nuestros cuidados, nuestras visiones, nuestra autonomía), al articular procesos autogestionarios: los que nos fortalecen como sujetos, nos potencian y promueven creatividad mutua, creatividad social.

Al resolver por nuestros propios medios lo que más nos importa.

Así se logra volver al “nosotros”. El “nosotros” es el principal territorio: el tejido y retejido constante de nuestras relaciones significativas. El lugar donde habitas, tu hábitat, como espacio geográfico pero también tu propio cuerpo.

Debemos insistir en que por comunidad entendemos la insistencia mutua, histórica en una relación. Es una construcción colectiva entre los procesos vivos que establecen un tramado infinito en que te reconoces y te vuelves a reconocer.

Es crucial entonces recuperar el sentido, revindicar nuestro sentido en común a partir de los relatos y las historias, fruto del impulso narrativo que sólo se puede tejer en colectivo. Dejar de juzgarnos con los criterios de quienes nos oprimen.

 

7. Pensar que cada rincón es un centro, implica reconocer y reivindicar nuestra propia constelación de circunstancias, y nuestro ser centro únicos de nuestra experiencia, nuestra historia, nuestro camino.

Somos puntos en una línea compleja, compuesta por un tramado de líneas que confluyen y que desde la valoración instantánea parece literalmente cercenada de la historia. Pero somos centro de un círculo entreverado e imbricado conformado por todas las memorias, los legados, las historias, las herramientas con que nos cubrieron quienes nos predecedieron, nuestros ancestros, desde tiempos inmemoriales.

Nuestra voluntad de re-conocimiento mutuo, de responsabilidad compartida, de búsqueda de una percepción común, es nuestro talismán más vital. No se trata de una “percepción popular”, sino de la visión propia común, tejida entre el abajo y la documentación sistemática, al servicio de la misma gente.

Revertir la deshabilitación es romper la cosificación.

Es no pedirle a nadie nada para ser. Es defendernos del deterioro, defender el sentido en común, es abrir espacios de conversación y reflexión compartida.

Cuando ante la deshabilitación emprendemos una resistencia, ésta tiene dos modalidades: una es como el mantenimiento y la pervivencia ante el cúmulo de cambios; la otra es la transformación de lo inmutable que nos tiene sometidos.

El punto central entonces es intentar entender juntos, promoviendo herramientas-procesos conviviales. Todo aquello que no sólo no te desliga del cuerpo social (con su enajenación, dislocación y arrancamiento) sino que fomenta la creatividad, la autonomía y permite resolver por medios propios nuestro horizonte de justicia.

Notas

1 Ver http://www.foodispower.org y https://www.grain.org

Desinformémonos

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_horizonte_de_la_deshabilitacion

 

 

Comprobemos la gravedad de que los Benetton sean los más grandes terratenientes en Argentina.

 

Los Benetton compran tierras en la Patagonia con seres humanos y todos.

 

Por José Vales-Especial para El Tiempo

No son pocos los que a lo largo y ancho del mundo supieron admirar las campañas publicitarias de Benetton, una de las marcas de indumentarias más globalizadas y conocidas en el mundo. El respeto por la diversidad racial y los derechos humanos, en las fotografías del no menos afamado Oliviero Toscani, fueron elogiadas y premiadas. Pero a la hora de hacer negocios los hermanos Luciano y Carlo Benetton, propietarios del Benetton Group, se interesan poco por los derechos de terceros, máxime cuando se trata de indígenas y de sus propias y ancestrales tierras.

En los años 90, los Benetton decidieron sentar sus reales en la Patagonia argentina, ese inmenso territorio enajenado a lo largo de la historia mediante una de las pocas políticas de Estado que primaron en el país desde el siglo XIX: cederla mediante leyes a medida a capitales extranjeros. Lo cierto es que el Benetton Group decidió invertir, en 1997, 80 millones de dólares en el Lejano Sur argentino, para controlar en la actualidad 900 mil hectáreas propicias para el ganado ovino y otros redituables negocios en diversos sectores como el minero y el turístico.

Pero ellos no fueron los primeros famosos en desembarcar en estas tierras que a comienzos del siglo XX supieron habitar el respetado estadounidense Robert LeRoy Parker, quien pasó a la historia como Butch Cassidy, y su inseparable socio Sundance Kid.

Con los indígenas dentro.

Ted Turner, Chistopher Lambert o Silver Stalone, son algunos de los quedaron atrapados por las hermosuras patagónicas, pero ninguno de ellos registraron los problemas que la presencia de los hermanos Benetton abrieron a su llegada y que tuvo su epicentro días atrás cuando un juez de la patagónica Provincia de Chubut dirimió a favor de los italianos la tenencia de 300 hectáreas, que ocupaban la familia Mapuche ("gente de la tierra) compuesta por Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir, y sus cuatro hijos, en el paraje Santa Rosa, frente a la estancia Leleque en las cercanías de la turística ciudad de Esquel.

 

Leleque y la estancia El Maitén fueron las primeras dos que adquirieron los hermanos Bennetton, con el fin de criar ovejas para producir la lana para fabricar las prendas que jóvenes de todo el mundo lucen seducidos por la marca y la calidad. Dentro de Leleque quedó un paraje donde viven 120 personas, la mayoría originarios mapuches, "los que se son sometidos a presiones permanente de Ronald Mac Donald (el administrador de los Benetton) y de la Policía provincial", explica Mauro Millán, vocero de las comunidades mapuches de la región.

 

De Leleque , donde nació hace 50 y 49 años, Curiñanco y Nahulequir, salieron para instalarse en el paraje Santa Rosa en el 2002, cuando Rosa había quedado desempleada. Primero se aseguraron de que se trataran de tierras fiscales (sin dueño), obtuvieron el permiso, levantaron una casa precaria y se dedicaron al cultivo de maíz y a la cría de unos pocos animales para la subsistencia. "Pocos meses después la Policía llegó hasta el lugar para advertirles que se fueran y así no tener problemas con los dueños", recuerda Gustavo Macayo, el abogado de los aborígenes.

 

La familia acudió a la justicia pero el 2 de octubre del 2003, un dispositivo policial llegó, derribó la casa y destruyó sus cultivos, mientras el juicio contra la Compañía de Tierras del Su Argentino (el nombre con el cual los Benetton adquirieron las tierras) siguió hasta el pasado martes, primero de junio cuando la Justicia, al igual que hace más de un siglo con los capitalistas ingleses que se asentaron allí, le dio por perdido el pleito a los Mapuches.

 

"Son 300 hectáreas nada más (lo que por las características de la Patagonia es como tener 5 hectáreas en Zipacón) pero está rodeado de por lo menos 25 proyectos mineros, de los cuales hay varios que pertenecen a la Compañía", denunció Sebastián Hacher, quien trabaja en un observatorio de las actividades del grupo en Argentina a la revista mensual Lezama.

Para Macayo, esas tierras "tienen un origen malévolo", reconoce que los Mapuches carecen de títulos de propiedad, pero acusa a las autoridades y a la justicia de seguir permitiendo "este tipo de situaciones" donde no se contempla ni la relación de los indígenas con la tierra ni sus derechos ancestrales. Así es, como en la región más austral de la Tierra, o en "el fin del mundo", como les gusta decir a los patagónicos, las exitosas y correctamente políticas campañas publicitarias de "United Colors of Benetton" no tienen su correlato en los hechos. Al menos para sus autores para quienes allí sólo priman los negocios.

 

Una historia repetida.

Se necesitarían varios libros para contar la historia de marginación y expropiaciones forzosas a la que fueron sometidos los Mapuches desde la denominada "Conquista del Desierto", en 1876. Roca, a la postre presidente en dos oportunidades (1880-1886 y 1998-1904) fue el primer genocida de la historia argentina. Las diezmadas etnias mapuches y tehuelches que poblaban la Patagonia fueron expulsadas a medida los capitales ingleses iban concentrando las tierras cedidas por el Gobierno nacional.

En ese proceso, ya desde 1889, cuando la Argentine Southern Land Company (Compañía de Tierras del Sur Argentino, la que ahora es propiedad de Benetton), se quedó con las primeras 80 mil del 1,5 millón de hectáreas que llegó a ostentar.

Fuente:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1526562

 

----

Desertificación, sobrepastoreo y pérdida de la biodiversidad en la Patagonia

Mediante el empleo de un modelo de simulación, investigadores argentinos encuentran que la extinción de especies de plantas debida al sobrepastoreo ovino en la estepa patagónica, incide en la disponibilidad de agua y genera sistemas ecológicos menos productivos.

(Agencia CyTA – Instituto Leloir)-. Los procesos de degradación de la vegetación involucran cambios en la abundancia y composición de especies que eventualmente pueden determinar la pérdida o extinción local de especies. Un estudio, publicado en la edición del 24 de septiembre de la revista científica Oecologia, apunta a determinar el impacto de la pérdida de especies de plantas sobre la transpiración de la estepa occidental patagónica.

En los ecosistemas áridos de la Patagonia, el sobrepastoreo ligado a la ganadería ovina es el principal factor responsable de la degradación de la vegetacion, indicó a la Agencia CyTA el doctor Santiago Verón del Instituto de Clima y Agua (INTA) y del CONICET. Junto con los investigadores José Paruelo y Martín Oesterheld – del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la UBA y también del CONICET-, Verón realizó una investigación que sugiere que en la estepa occidental patagónica, “la extinción de especies de plantas debida al sobrepastoreo ovino genera sistemas que son establemente menos productivos, es decir, no sólo disminuye la productividad promedio de la vegetación sino que estos sistemas degradados también pierden capacidad para responder a cambios interanuales en la disponibilidad de agua”.

Los investigadores llegaron a esta conclusión a partir de resultados obtenidos mediante numerosas corridas de un modelo de simulación realizadas en varias computadoras. “Un modelo es básicamente una simplificación de un sistema. Un modelo se construye a partir de un conjunto de hipótesis sobre cuáles son y cómo interactúan los principales componentes del sistema ecológico en el que conviven diferentes especies. En nuestro trabajo utilizamos el modelo DINAQUA desarrollado por José Paruelo y Osvaldo Sala –actualmente en la Universidad de Brown, Estados Unidos– para simular la dinámica del agua en la estepa patagónica. DINAQUA simula la evaporación desde el suelo, el drenaje profundo y la transpiración de hasta 10 especies de plantas de manera diaria”, explicó Verón. Y agregó que el modelo utiliza información del suelo y datos de temperatura, precipitación y radiación solar a escala diaria, entre otros factores.

Cada especie está caracterizada por una serie de parámetros como tasa de transpiración, y distribución vertical de raíces, entre otras características, destacó Verón. Y continuó: “El modelo de simulación permite estimar la proporción de la precipitación que se pierde debido a la evaporación desde el suelo, a la transpiración de las plantas, o al drenaje profundo (fuera del alcance de las raíces). En sistemas limitados por agua conocer estos flujos de pérdida de agua resulta fundamental ya que están asociados a procesos clave como la recarga de acuíferos (drenaje) a la productividad de la vegetación (transpiración) o a la partición de la energía solar en calor sensible y calor latente (evaporación) ”.

El uso de un modelo de simulación “nos permitió además investigar la importancia relativa de diversos factores como la capacidad de las especies remanentes (no extinguidas) de compensar la biomasa perdida debido a la extinción de especies por sobrepastoreo, y la diversidad funcional, un estimador de cuan distintas son las especies en término de los atributos que afectan su desempeño tales como tasa de fotosíntesis, resistencia a la sequía, y momento del año en el que están activas”, puntualizó Verón. Y agregó: “Asimismo en este trabajo nuestra intención fue aplicar el marco conceptual desarrollado para el estudio de la relación diversidad, funcionamiento y estabilidad del ecosistema con una situación más realista y, desde el punto de vista ambiental, diferente a la comúnmente estudiada.”

Ya lo decía Darwin

La noción de que la biodiversidad puede afectar el funcionamiento, por ejemplo el intercambio de materia y energía con el medio y la estabilidad del funcionamiento de un ecosistema se remonta a observaciones de Charles Darwin en “El origen de las especies por medio de la selección natural”, destacó Verón.

Desde que Darwin formulara su teoría, “se han acumulado evidencias que sugieren que a mayor diversidad de plantas aumenta tanto el funcionamiento del ecosistema como su estabilidad”, explicó Verón. Y agregó: “La noción de que la diversidad de especies podría aumentar la productividad y la estabilidad de los ecosistemas posee enormes implicancias en la relación del hombre con la naturaleza. Históricamente las actividades humanas han simplificando los ecosistemas con el objetivo de satisfacer la demanda de alimento, fibras y más recientemente combustibles líquidos. Estas alteraciones implican una disminución de la biodiversidad que ha sido objetada debido a consideraciones éticas (visión biocéntrica) o estéticas. Sin embargo el hallazgo de una relación positiva entre biodiversidad, productividad y estabilidad ha colocado a la biodiversidad como un elemento fundamental en si mismo para satisfacer los requerimientos humanos.”

En la naturaleza el proceso de extinción de especies raramente ocurre de manera aleatoria sino que sigue un patrón determinado, indicó Verón. “Debido a ello los fundamentos de la relación positiva entre biodiversidad, productividad y estabilidad del ecosistema fueron recientemente puestos en duda. Nosotros utilizamos un modelo de simulación de la dinámica del agua para comparar cómo cambia la tasa de transpiración (y su estabilidad interanual) de la comunidad vegetal de la estepa patagónica a medida que se extinguen las especies siguiendo el orden observado por sobrepastoreo con respeto a cualquier otro orden posible”, destacó el investigador del CONICET.

Según la bibliografía y observaciones de expertos en la estepa occidental patagónica el orden de extinción de especies por sobrepastoreo sería la siguiente: Adesmia lotoides (Hierba perenne), Gilia lacinata (Hierba anual), Callandrina patagonica (Hierba perenne), Hordeum comosum (pasto), Bromus pictus (pasto), Poa ligularis (pasto), Adesmia volckmanni (arbusto), Mulinum spinosum (arbusto), Stipa speciosa (pasto) y Senecio filaginoides (arbusto).

“Estos resultados no sólo mejoran nuestra comprensión del fenómeno de desertificación de la estepa patagónica sino que además tienen implicancias para el manejo de estos sistemas”, concluyó Verón.

Fuente: http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/reportajes_443.htm

 

----

Los profesores escriben
La Desertificación: un problema ambiental, social y económico de creciente importancia

Ing. Agr. Daniel Tomasini [1]

Más de dos tercios del territorio argentino están comprendidos por regiones áridas, semiáridas o subhúmedas secas[2], las que están sujetas a procesos de «desertificación», el problema de degradación de tierras de mayor importancia en las zonas áridas del mundo y según la FAO es “la expresión general de los procesos económicos y sociales, así como de los naturales, que rompen el equilibrio del suelo, la vegetación, el aire y el agua, ruptura que ocasiona la disminución o destrucción del potencial biológico de la tierra, la degradación de las condiciones de vida y la expansión de la desertificación que no resulta en desiertos" porque se elimina la vida. Este proceso que alcanza dimensiones globales, ha sido motivo para el establecimiento de un acuerdo de alcance internacional en 1994, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Mitigación del Efecto de las Sequías.

Con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la desertificación (CNULD), la comunidad internacional ha reconocido que el desarrollo no sustentable de las tierras secas a nivel mundial es debido a un complejo de factores que incluyen cuestiones económicas y políticas (UNSO, 1997). La financiación y los mecanismos de cooperación adecuados para revertir el proceso están restringidos por la falta de una evaluación económica de la desertificación. En este sentido, las agencias de cooperación  internacionales enfatizan cada vez más la necesidad de avanzar en el conocimiento de la relación costo-efectividad de las acciones propuestas (Reij, 1998).

La cuantificación del deterioro ambiental y la valorización de su impacto, junto con el análisis de factores socioeconómicos como causa y consecuencia de la degradación, son elementos claves para la adecuada toma de decisiones en política ambiental, sectorial y regional.

El problema ambiental de la desertificación amplía el espacio del análisis económico más allá de la pérdida de productividad sectorial registrando impactos y costos a nivel regional y nacional. En los últimos 5 años esta escala de abordaje  se ha elegido para  avanzar en la valoración del impacto económico de la desertificación en los países afectados.

 

La Desertificación en la República Argentina

En la Argentina, se ha establecido el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (SAyDS, 1997) en el marco del cual se desarrollan numerosos estudios y proyectos de intervención, para conservar, preservar y rehabilitar los recursos naturales de las tierras secas 

La República Argentina ocupa más del 80% de su territorio con actividades agrícolas, ganaderas y forestales, generando un impacto importante en la base de sus recursos naturales, que se expresa en la actualidad con más de 60.000.000 de hectáreas sujetas a procesos erosivos de moderados a graves. Cada año se agregan 650.000 ha, con distintos grados de erosión.

Esta situación es particularmente aguda y crítica en las zonas áridas y semiáridas, donde la pérdida de productividad se traduce en el consiguiente deterioro de las condiciones de vida y expulsión de población. La población urbana y rural establecida en esta región árida/semiárida es aproximadamente el 30 % del total nacional (9.000.000 de habitantes). Muchos de los estados provinciales de la región presentan ingresos per cápita promedio inferiores a la media nacional, y los porcentajes de hogares con necesidades básicas insatisfechas duplican la media nacional.

La gran variedad de condiciones climáticas, procesos geomorfológicos y de recursos de suelo y forestales, determinan una gran diversidad ecológica en las regiones y subregiones sujetas a déficit hídrico. Según el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación se presenta el siguiente escenario:

En la región Pampeana Semiárida (20.000.000 de ha), con suelos arenosos de pendientes suaves, se generalizó la agricultura con prácticas incorrectas y el sobrepastoreo en las áreas mas secas. Las sequías periódicas desataron procesos de erosión eólica (más de 8.000.000 de ha) dando origen a médanos y exponiendo los suelos a la erosión hídrica (4.000.000 de ha).

En la Patagonia (80.000.000 de ha), estepa con relieve de mesetas, la causante principal de la desertificación está dada por el sobrepastoreo ovino. Los sistemas ganaderos extensivos establecidos hace más de un siglo no contemplaron el uso sustentable del pastizal natural, acentuando sus condiciones de aridez por disminución o eliminación de la cubierta vegetal. Coexisten en el ambiente patagónico los valles irrigados con severos procesos de salinización y revenimiento de acuíferos. Actualmente más del 30 % de la superficie de la región se encuentra afectada por procesos erosivos eólicos e hídricos severos o graves.

El Chaco semiárido (32.000.000 de ha) gran planicie ubicada en el centro norte del país, presenta un ecosistema con vocación forestal sujeto a desmonte masivo asociado a la expansión de la agricultura, que expone los suelos a las precipitaciones y temperaturas extremas, generando pérdidas en la fertilidad y eficiencia hídrica, y consecuentes procesos erosivos.  Esta situación se agrava hacia el suroeste, donde la región del Chaco árido presenta las condiciones más extremas de aridez y fuertemente sujeto al sobrepastoreo.

La Puna (8.000.000 de ha), altiplanicie despoblada, ubicada en el Noroeste a más de 3.000 metros de altura, junto a la desierta región Altoandina (8.000.000 de ha) está sujeta a procesos de erosión hídrica y eólica, fundamentalmente por sobrepastoreo. Los Valles Aridos del Noroeste y las Sierras Secas Centrales (15.000.000 de ha), áreas montañosas con sistemas agrícolas bajo riego y ganadería extensiva en los faldeos montañosos, presentan problemas de erosión en las cuencas hidrográficas por sobrepastoreo, deforestación e incendios.

En el área de Cuyo (20.000.000 de ha) coexisten importantes áreas bajo riego, con problemas de salinización y revenimiento freático (oasis de cultivo), con extensas llanuras fluvioeólicas "de las travesías", sujetas a sobrepastoreo y deforestación.

Las regiones áridas del país disponen sólo del 12 % de los recursos hídricos superficiales del país (2.600 m3/seg), los que junto a la dotación de aguas subterráneas, permiten el riego en mas de 1.250.000 hectáreas en los llamados oasis de riego. Pero deficiencias en la infraestructura de riego, la inadecuada sistematización del terreno, el mal manejo del agua y déficits en la asistencia técnica al productor, llevaron que cerca del 40 % de la superficie presenta problemas de salinización y/o revenimiento freático.

 

La dramática disminución de las formaciones boscosas de la Argentina ha acompañado a la desertificación. En los últimos 75 años la reducción de la superficie forestal natural, por efecto de la explotación con objeto maderero y energético, sobrepastoreo y el desmonte para la ganadería y la agricultura, alcanzó el 66% (mayoritariamente en las zonas secas) de su superficie original.

Asociado con la ocupación del territorio y la modificación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad se expresa en el peligro de desaparición del 40 % de las especies vegetales y animales en todas las regiones marginales y en especial en las más expuestas a la desertificación.

Las deficiencias en la tenencia de la tierra es un factor que contribuye a agravar los procesos de deterioro. Tanto el latifundio como el minifundio, la ocupación de tierras fiscales, y los problemas de títulos llevan a una creciente degradación del suelo, del agua y la vegetación, disminuyendo y anulando su productividad, sumiendo a los pobladores en la pobreza u obligándolos a la migración. Problemas graves como el ausentismo, bajo valor de la producción primaria, dificultades en la comercialización y escasas alternativas productivas, presionan sobre los procesos de desertificación. Otro aspecto poco considerado, y que afecta a todos los núcleos poblacionales del país, es la desertificación en las áreas periurbanas, originada en la presión social de grupos marginados y migrantes de las áreas rurales.

El proceso de deterioro es agravado por políticas macroeconómicas y sectoriales que privilegian la orientación exportadora, favoreciendo la concentración y la explotación de los recursos naturales de una manera no sustentable. A esta situación se suma el hecho que los productores tradicionales y minifundistas carecen de una política de protección ó promoción por lo que en las condiciones actuales sobreexplotan los recursos como estrategia de supervivencia.

La promoción del desarrollo económico a través del fortalecimiento del sector privado y del sistema de mercado, tanto como la minimización de la intervención estatal, implican una nueva especialización de la economía agropecuaria nacional de acuerdo con sus ventajas comparativas (Torres, 1996). Esta situación puede profundizar aún más la presión y el deterioro de los ecosistemas de zonas secas, como está sucediendo con los procesos de expansión de la agricultura en la región chaqueña.

Socio Economía de la desertificación.

 

La información sobre las consecuencias sociales y económicas de los procesos de desertificación tiene la misma importancia que las implicancias ecológicas. Sirve como base informativa para proyectos en materia de capacitación, el desarrollo de marcos legales y económicos, así como para la sensibilización sobre el medio ambiente, y fundamentalmente para el diseño de políticas  nacionales y regionales de lucha contra la desertificación

La desertificación provoca importantes impactos en la sociedad y su economía, tanto a nivel global, nacional ó local. El deterioro de los recursos en las tierras secas ó la propia incapacidad para incrementar la productividad del sistema agrícola, generan permanentes flujos migratorios hacia los centros urbanos. Estas migraciones desestructuran las familias rurales, generan una importante pérdida cultural, y por sobre todo incrementan la pobreza extrema en los centros urbanos.

Son relativamente abundantes las citas sobre el impacto económico que genera la desertificación, donde los indicadores monetarios de la pérdida de productividad del recurso o los costos asociados a su posible rehabilitación, inducen a la generalización y desconocimiento real de la magnitud económica del proceso. Los cálculos desarrollados como media de varios sitios (Dregne, 1995), en los que la asignación de pérdidas económicas en el orden de 7, 38 y 250 dólares por hectárea y año, por el deterioro de pastizales, tierras agrícolas de secano y de riego, respectivamente, no son adecuados para extrapolar a otras regiones y/o actividades.

La gran variabilidad física biológica de las tierras secas, junto a muy diversas estrategias manejo y producción por parte de productores y utilizadores de recursos, imponen restricciones a cualquier análisis económico global  de la desertificación. La cuantificación de este deterioro ambiental y la adecuada valorización económica de su impacto, junto al análisis de los factores socioeconómicos como causa y consecuencia de la degradación, son elementos claves en la política ambiental rural en la región.

 

El análisis económico del uso de las tierras secas (Dixon et al, 1989) es una herramienta clave para:

 

El análisis económico del uso y manejo de recursos y ambiente de las tierras secas, en una herramienta básica para el diseño e implementación de políticas de inversión tanto públicas como privadas. Con este cometido un consorcio de universidades  y de centros de investigación en zonas áridas de Argentina, liderado por la Facultad de Agronomía de la UBA, y con el apoyo técnico financiero de la cooperación alemana GTZ, desarrolla el proyecto "Economía y Desarrollo Sustentable de la Tierras Secas en Argentina” para el ajuste de métodos de valoración económica productiva y ambiental para las tierras secas y su aplicación en la toma de decisiones.

 

Por otra parte las sociedades de la región deben evaluar y decidir permanentemente sobre la asignación de recursos escasos en las inversiones para el desarrollo y con escenarios competitivos entre áreas con mayor y menor vocación productora de alimentos, tanto para el abastecimiento local ó de bienes para la exportación. En este panorama las tierras secas parecen no ser muy favorecidas. Sin embargo existen muchas oportunidades para inversiones en estas áreas, que en el marco de proyectos para el desarrollo sustentable de pequeños productores y campesinos, demuestran que el nivel de eficiencia del capital invertido en este tipo de proyecto productivo-ambiental puede alcanzar valores positivos.

Como parte de esta actividad y en vinculación con otros proyectos en el marco del Programa de Acción Nacional de la Argentina, se han registrado impactos económicos significativos en la incorporación de tecnología para el uso sustentable de los recursos, a nivel de pequeños y medianos productores. Tasas internas de retorno del capital invertido entre el 37 y 59% para proyectos de manejo silvo-pastoril en la región del Chaco, entre el 27 y 64% para mejoras en el manejo de cría bovina en zonas de sierras y montañas, se presentan como oportunidades para vincular el desarrollo con el control de la desertificación.

Bibliografía

[1] Director del Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Profesor Adjunto a cargo del área de Economía de los Recursos Naturales. dtomasin@agro.uba.ar

[2] La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía define como "zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas" a aquellas zonas en las que la proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial está comprendida entre 0,05 y 0,65, excluidas las regiones polares y subpolares;

Fuente:  https://www.agro.uba.ar/apuntes/no_3/desierto.htm

 

 

Incorporemos la superexplotación de hidrocarburos al argumentar porqué estar junto a las comunidades mapuche en sus conflictos con los poderes fácticos como Benetton, Aluar ( represas), las petroleras, las mega mineras. Empecemos por la realidad actual de la defensa de territorios frente al megaproyecto de Vaca Muerta y del ataque más desembozado contra los pueblos originarios. Prosigamos viendo que hay alternativa energética, cuál fue el comportamiento de los gobiernos K viabilizando el presente opresor y cómo México ejemplifica consecuencias del fracking.

 

 

Boletín Nº 10 EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental

23 de junio de 2017

Observatorio Petrolero Sur (OPSur)

El décimo número del boletín de EJES está atravesado por la experiencia de las Jornadas internacionales Megaproyecto Vaca Muerta: el fracking y sus consecuencias que organizamos en Buenos Aires y Neuquén los días 14, 15 y 16 de junio. En relación a los grupos afectados por el fracking resaltamos la organización de las comunidades mapuches que reclaman remediación a YPF y advierten sobre la presencia de Gendarmería en sus territorios. En este sentido, detallamos también los reclamos y procesos judiciales que tiene la empresa YPF por violaciones a reglamentaciones ambientales. Además, analizamos la situación económica financiera de Metrogas, para dar cuenta del viraje en las políticas económicas aplicadas al sector que llevaron a generar ganancias empresariales en detrimento del derecho de la ciudadanía a tener acceso a la energía. Por otra parte afirmamos que el fracking ingresa a Santa Cruz en un contexto de debilidad en el que no suelen ser tenidos en cuenta los costos y los escenarios alternativos.

Insistir con que Vaca Muerta es un megaproyecto no es un capricho. Ni un ejercicio intelectual abstracto. Es un diagnóstico político para resistir. Una herramienta más para lograr poner freno a la avanzada en nuestros territorios -de un proceso que parece desordenado y caótico, pero no lo es- y a los actores público-privados en constante mutación y plena organización -esos que activan y desactivan los múltiples nodos de la red infraestructural y jurídica transnacional, esos que nos dejan sin acceso a derechos básicos por tarifazos, deuda y saqueo de territorios y cuentas públicas.

Porque lo que nos “impacta” no son los errores, accidentes o desvíos fiscales. Lo que degrada nuestro ámbito de vida es el propio funcionamiento del megaproyecto, sus inmanentes efectos nocivos que campañas publicitarias y promesas de abundancia no logran ocultar. Es justamente esa misma falta de legitimidad la que refuerza una y otra vez ataques comunicacionales y policíacos. Una inefectividad del megaproyecto que no es otra cosa que fragilidad. Hecho que se suma a la visible en su mismo diseño, escala y concepción. Porque si hay algo que aprendimos del entramado es que necesita que sus múltiples puntos avancen de forma paralela y se refuercen entre sí, que si uno cae, daña inexorablemente al conjunto. Ahí su debilidad; ahí nuestra fuerza.

El mes de junio nos encuentra entonces en pleno debate y organización. Estamos a días de haber concretado las Jornadas Internacionales Megaproyecto Vaca Muerta: el fracking y sus consecuencias y el Encuentro Socioambiental de Resistencia. Una nueva excusa para alertar, compartir y recrear colectivamente; puntos que volcamos entre numerosas organizaciones en la Declaración de Vista Alegre. Puntos poco sencillos. Porque Vaca Muerta demuestra que a la par que frenamos el avance, también debemos impulsar una transición. Que su imbricación con el modelo societal argentino es alto. Que es necesario un cambio de matriz energética y productiva, relacional entre humanos y no-humanos. Y por eso la importancia del encuentro desde múltiples territorios y miradas, nacionales e internacionales. Porque un segundo punto que vemos en estos procesos es que no estamos solos. Que muchísimas compañeras y compañeros desde diversas latitudes y ángulos batallan hace décadas contra los mismos enemigos. Que avanzamos, a pesar de que digan lo contrario. 

Invitamos a leer el boletín como insumo para el debate y organización, sus comentarios y difusión serán siempre bienvenidos.

Ver Boletín EJES Nro 10. – Junio 2017

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2017/06/23/boletin-no10-ejes-enlace-por-la-justicia-energetica-y-socioambiental

----

 

Otra energía es posible
5 de marzo de 2013

 

Observatorio Petrolero Sur (OPSur)

Los días 6 y 7 de diciembre más de 30 organizaciones del país y del Cono Sur nos reunimos en Buenos Aires para compartir, reflexionar y acordar acciones frente a las consecuencias que genera la industria hidrocarburífera. Provenimos de diferentes orígenes (ambientalistas, trabajadores, campesinos, comunidades de pueblos originarios, asambleas, organizaciones sociales y cristianas) pero enfrentamos la misma realidad común:

– La contaminación del suelo, agua y aire que afectan la salud humana, destruye los ecosistemas, cambia el clima y va en contramano de la vida digna presente y futura.

– La descalificación, negación y represión de las comunidades afectadas por parte de las empresas y el Estado.

– La parcialidad en el sistema judicial, que actúa con celeridad cuando las demandas son impulsadas por empresas y gobiernos, y condena a la parálisis las promovidas por indígenas, campesinos y comunidades afectadas; al tiempo que desestima valiosos instrumentos jurídicos que garantizan derechos colectivos.

– La exclusión en los mecanismos de decisión y participación de las políticas públicas.

– La ausencia total del Estado frente a la garantía de nuestros derechos humanos constitucionales (a la vida digna, al ambiente sano, a la consulta previa, al acceso a la información pública, a la protesta, entre otros).

– La promoción de industrias extractivas sin ningún tipo de reparo por parte de los Estados provinciales y Nacional.

– La connivencia de los gobiernos en la aprobación de acuerdos que benefician económicamente a las empresas, en desmedro de los derechos laborales.

– Condiciones de trabajo deshumanizantes que favorecen las adicciones, desarraigo (pérdida de lazos familiares) y violencia. Se crean así escenarios propicios tanto para el juego como para negocios ilegales como la trata de mujeres y niñas para la prostitución y la venta de estupefacientes.

– La promoción deliberada de la exploración y explotación en yacimientos no convencionales, utilizando la técnica conocida como fractura hidráulica o fracking, sin tener en cuenta que es experimental y ha causado graves contaminaciones de agua, tierra y aire en los países donde se ha implantado -motivando su prohibición y moratorias.

– La imposición de un modelo productivo excluyente sobre nuestros conocimientos y territorios; donde se prioriza la energía para los sectores urbanos y concentrados en desmedro del acceso universal a los sectores populares.

– La mercantilización de los bienes públicos naturales y comunes.

– La falta de políticas públicas que reparen los daños ambientales causados, eviten los nuevos y planteen una transición energética basada en tecnologías renovables y sustentables con participación popular.

De esta manera, se conforma el Encuentro Por Otra Energía (EPOE) en base a los siguientes puntos:

– Potenciar mediante la educación, la comunicación y la unión, los esfuerzos de las comunidades en resistencia, trabajando desde una visión integral, tanto de nuestros derechos individuales y colectivos como de nuestros territorios. Reivindicamos la resistencia en el freno a la expansión de la industria hidrocarburífera como aporte concreto para el cuidado del ambiente, el clima, la salud y el trabajo.

– Demandar al Estado la urgente reparación ambiental de nuestros territorios dañados por esta industria; con pasivos ambientales tan longevos como la misma actividad hidrocarburífera.

– Demandar al Estado la garantía de nuestros derechos humanos constitucionales.

– Demandar la prohibición del fracking en todo el territorio nacional.

– Otro modelo energético es posible: reclamamos la participación en un plan de transición energética que reoriente las políticas del sector hacia un horizonte de mayor justicia ambiental y social.

Diciembre 2012

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2013/03/05/otra-energia-es-posible/

----

 

Yacimientos no convencionales, olor a Vaca Muerta

Noviembre de 2012

 

 

Por Hernán Scandizzo / OPSur

En diciembre de 2010 la empresa YPF –todavía controlada por Repsol- anunció el descubrimiento de un mega-reservorio de shale gas en la formación Vaca Muerta, en Neuquén. La compañía estimó el potencial del yacimiento en 4,5 billones de pies cúbicos (TCFs). Poco después el gobierno neuquino aclaró que esa era la punta del iceberg, ya que en el subsuelo de la provincia se alojarían 257 TCFs, es decir, un tercio del potencial de gas de yacimientos no convencionales del país. A partir de ese anuncio en torno a Vaca Muerta, y las especulaciones sobre el potencial de esa formación, las autoridades públicas y el sector empresario presentaron a los no convencionales como la única alternativa para superar la crisis energética y proclamaron el comienzo de una era dorada para los combustibles fósiles en el país. La buena nueva era respaldada por un estudio de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, que sostiene que el potencial argentino de gas de yacimientos no convencionales es de 774 TCFs, sólo superado a nivel mundial por China (1.275 TFCs) y EE.UU. (862 TFCs).

 

Tal es la relevancia adquirida por estos reservorios en el país que ocuparon un lugar central en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, promovida por el Poder Ejecutivo Nacional en abril pasado. Dicha norma no sólo planteó la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en manos de Repsol, sino también alcanzar el autoabastecimiento y la generación de saldos exportables a partir de la explotación de no convencionales. Es decir, mantener a los combustibles fósiles como fuente principal de generación de energía –más allá de que la crisis climática global demande avanzar hacia fuentes limpias y renovables- y consolidar el modelo exportador de materias primas –que hoy se manifiesta a través del agro-negocio y la mega-minería.

 

Emiratos sudacas

El despegue de los no convencionales reactualiza el proceso de ampliación de la frontera hidrocarburífera, que se vislumbra desde 2006, con la sanción de la Ley 26.197 –que concretó la transferencia del dominio de los recursos de la Nación a las provincias. Esta ampliación de la frontera se da en dos direcciones: por un lado, las 10 provincias tradicionalmente petroleras –Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, Río Negro, La Pampa, Jujuy y Formosa- concesionaron nuevas áreas para la exploración y explotación; por el otro, las 13 provincias restantes modificaron su marco regulatorio para propiciar esta actividad y en algunos casos avanzaron en planes de exploración –como Entre Ríos y Chaco. Sólo la ciudad de Buenos Aires ha quedado al margen de esta avanzada.

 

En este contexto el gobernador neuquino Jorge Sapag es el principal referente en favor de la explotación de no convencionales de las provincias petroleras, mientras que el mandatario entrerriano Sergio Urribarri se destaca en las jurisdicciones sin tradición hidrocarburífera. “Si Entre Ríos pasa a formar parte de la Argentina petrolera esta será otra provincia en pocos años[,] con recursos por regalías que la pondrán en otro lugar[,] incrementando aún más su extraordinaria potencialidad y las oportunidades para el desarrollo de su gente”, afirmó el gobernador luego de reunirse con técnicos de YPF. (1) En dicho encuentro se anunció que en 2013 se iniciarían los trabajos de exploración en dos zonas: Federación -que incluye el departamento homónimo y parte de Concordia- y Paraná -que abarca a todo el departamento del mismo nombre. Incluso el secretario de Energía de la provincia, Raúl Arroyo, informó que se proyecta perforar un pozo a 4.500 metros. Este último dato permite empezar a desentrañar qué son los no convencionales. Entre Ríos registra sólo un antecedente de pozo exploratorio, perforado a principios de la década de 1960 en Nogoyá, con una profundidad de 2.000 metros. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que se buscan hidrocarburos a mayor profundidad, está claro, pero no es lo único.

 

También significa que se avanza sobre formaciones geológicas que requieren mayor despliegue de infraestructura, inversión económica y consumo de otros recursos –en este caso, agua- para su explotación. Los yacimientos convencionales –a groso modo- son formaciones esponjosas –permeables donde se concentran gas, crudo y agua en diversas proporciones, y generalmente sólo requieren una perforación vertical hasta la trampa donde se encuentran confinados los hidrocarburos. Mientras que con los no convencionales es distinto, primero porque bajo ese rótulo se hace referencia a una diversidad de yacimientos –arcillas y arenas compactas, mantos de carbón que alojan gas metano, arenas bituminosas, etc.- que requieren diferentes técnicas de explotación. En el caso de las arenas y arcillas compactas –la nueva promesa nacional, algo así como la soja de los hidrocarburos- tienen muy baja o nula permeabilidad y los hidrocarburos están dispersos. Para hacerlos fluir esas formaciones son fracturadas mediante la inyección de agua a alta presión, a la que se agregan arenas especiales y un coctel de alrededor de 600 productos químicos de diversa toxicidad. Para tener una idea aproximada de los volúmenes de agua podemos tomar el caso de Neuquén. En los próximos cinco años proyectan perforar 2500 pozos en yacimientos no convencionales, según informó en septiembre el ministro de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de esa provincia, Guillermo Coco. Esos trabajos demandarían 50 millones de metros cúbicos de agua, a razón de 20 mil metros cúbicos por pozo. 20 mil metros cúbicos es la capacidad de almacenamiento de agua que tiene la ciudad neuquina de Cutral Có para abastecer a su población de 35 mil habitantes.

 

Las autoridades provinciales aclaran que estas explotaciones no competirán con el suministro de agua, ya que ocuparían sólo el 1% del caudal disponible del río Neuquén, y que tampoco contaminarán los acuíferos –como sucedió en Estados Unidos- porque las fuentes potables de agua subterránea están muy distantes de las formaciones que se pretenden intervenir y, porque además, se ha legislado para que ello no suceda… Una explicación bastante insuficiente, esta última, si se toman en cuenta los niveles de contaminación generados por la actividad petrolera en diferentes puntos de la provincia, a pesar de que existe legislación ambiental y una dependencia pública encargada de verificar su cumplimiento. Por otra parte, la euforia en torno al potencial de los no convencionales niega el problema del pico del petróleo; que no es el agotamiento de los hidrocarburos sino el fin del petróleo barato y de fácil extracción. Es decir, en adelante cada barril tendrá costos económicos y ambientales más altos, en tanto la ‘producción’ no se incrementará a la par de los niveles de consumo. Este escenario demanda otras medidas, como la diversificación de la matriz energética y una substancial modificación en los niveles de consumo; incluso revisar los esquemas de subsidios al gas y la electricidad, que alientan el derroche. Sin embargo se ha decidido pisar el acelerador y perpetuar una matriz hegemonizada por los combustibles fósiles –de las fuentes primarias de energía, el 52% corresponde al gas y el 35% al crudo, según datos del Balance Energético 2009 (2).

 

Argentina alcanzó sus mayores niveles de extracción de petróleo y gas en 1998 y 2004 respectivamente. Aunque desde medios oficiales se explica la caída en la extracción como consecuencia del incremento de la producción y la falta de inversión del sector privado exploración –es decir, el saqueo-, el Plan Estratégico de YPF, muy a su pesar, pone de relieve que esa no es la única variable a tener en cuenta. Los objetivos de la empresa nacionalizada, para elevar la producción, son: el rejuvenecimiento de yacimientos maduros –a partir de diferentes técnicas (como la inyección de agua) se intenta aumentar la extracción en yacimientos explotados durante décadas (recuperación secundaria y terciaria)-, desarrollo de no convencionales, exploración en ‘cuencas nuevas’ –que en su momento fueron desestimadas por YPF estatal- y áreas offshore (cuenca submarina). En buena medida se promete el esplendor a partir de raspar el fondo de la olla.

 

Volviendo a la ampliación de la frontera extractiva hacia regiones sin tradición petrolera, como la Cuenca Chaco Paranaense, la poca información existente sobre lo que guarda en sus entrañas y la inexistente infraestructura y logística para el desarrollo de esta industria –que demandaría a las empresas un mayor volumen de inversión- juegan en contra de la materialización del soñado emirato. Por lo que no sería de extrañar que esas provincias ofrezcan beneficios (ventajas fiscales, subsidios, etc.) para tentar a las empresas. Es decir, transferir fondos públicos al sector al privado. Algo que, por ejemplo, contempla el recientemente sancionado Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos: financiar obras de desarrollo gasífero que se declaren de interés provincial y estudios de exploración y explotación de hidrocarburos.

 

Críticas emergentes

El avance de esta frontera extractiva genera la preocupación y movilización de diferentes sectores, sobre todo por los impactos socio-ambientales resultantes de ella, como la contaminación y el derroche de agua. En algunos casos se han formado organizaciones a partir de la promoción de los no convencionales –como la Asamblea Permanente por el Agua del Comahue y el Movimiento por Entre Ríos Libre de Fracking- mientras que en otros, son los espacios existentes los que han incorporado el tema a su agenda –como las asambleas Popular de Zapala, Popular Ambiental de Colón – Ruta 135, Ambiental de Río Gallegos o el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, en Comodoro Rivadavia. Incluso la CTA y el Movimiento por la Recuperación del Petróleo en Neuquén han planteado sus objeciones al desarrollo de estos yacimientos. En provincias como Neuquén la emergencia de estos espacios marca un avance significativo, ya que mayormente en los últimos 15 años fueron las comunidades mapuche las que dieron batalla contra las empresas que ingresaban a sus territorios. Esta resistencia se dio muchas veces en soledad y sólo se conseguía una amplia solidaridad de otros sectores en caso de ser reprimidas, ya que no siempre era compartida la crítica a la matriz productiva (petrolera). También partidos como Proyecto Sur, Frente Amplio Progresista y Coalición Cívica – Ari están tomando el tema y en algunos casos han impulsado proyectos para la prohibición de esta técnica, como es el caso de la diputada María Emma Bargagna (GEN-FAP) en Entre Ríos. Hay que destacar que en esa provincia uno de las aristas más sensibles es el riesgo de contaminación del Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta que Argentina comparte con Brasil, Paraguay y Uruguay. A su vez, a nivel nacional fue presentado recientemente un proyecto de ley de prohibición firmado por los diputados Fernando “Pino” Solanas, Alcira Argumedo y Jorge Cardelli -del Movimiento Proyecto Sur- y Nora Iturraspe -de Unidad Popular. A nivel internacional la técnica del fracking ya ha sido prohibida en Francia y Bulgaria y en el estado de Vermont (EEUU). También se han declarado moratorias –de alcance local o nacional- en Estados Unidos, Canadá, República Checa, Alemania, Irlanda del Norte y Países Bajos, entre otros. (3)

 

Soberanía corporativa

A fines de 2008, al borde de la crisis energética, el gobierno nacional intentó mantener los horizontes de reserva y revertir la creciente importación de hidrocarburos implementando los programas Gas Plus y Petróleo Plus, con ellos se buscó promover la perforación de nuevos pozos o reactivar aquellos que estuvieran paralizados. A través de éstos las operadoras gozan de una serie de beneficios como poder vender lo extraído a un precio diferencial, por ejemplo, entre 4 y 7 dólares el millón de BTU en lugar de 2,50 dólares, que es en promedio la cotización interna. De esta manera se garantizan niveles de rentabilidad a las empresas del sector, mayoritariamente trasnacionales que operan en diferentes puntos del planeta y deciden sus inversiones de acuerdo a los beneficios que obtengan en cada uno de los países.

 

De la algarabía en torno a los no convencionales de fines de 2010 -cuando los discursos oficiales vaticinaban el masivo desembarco de grandes corporaciones deseosas de explotar las riquezas del país, trayendo la felicidad del pueblo…- se pasa a un escenario donde las empresas exigen que se les aseguren los beneficios que desean por cada dólar que traen al país. Caso contrario, resulta más tentador invertir en el desarrollo de yacimientos no convencionales en Sudáfrica, China, México o Colombia. Al menos en esos términos giraron las conversaciones en l segundo congreso anual Shale Gas & Tight Oil Argentina, realizado del 18 y 20 de septiembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires. La apretada se expresó claramente en la prensa, el objetivo de la reunión fue “determinar de forma urgente si va a ser viable desarrollar los recursos de shale [arcillas compactas] en las cuencas del Neuquén, San Jorge, Austral y Chaco”. (4) Según consignó el diario La Mañana Neuquén, las cambiantes reglas del juego también fueron tema de debate en el Hotel Hilton, en referencia al decreto que reglamenta la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, que impone la presentación de planes de inversión, el control de precios y pone fin a la libre disponibilidad para exportar lo extraído y liquidar utilidades en el exterior. (5) Además fue una demanda común que se eleve el precio del millón de BTU en boca de pozo y se planteó que 6 dólares el millón de BTU como un precio que equilibra las diferentes posturas. (6)

 

Es de subrayar esta posición en bloque de empresas, cúpulas sindicales y gobiernos provinciales de incrementar la cotización del barril de crudo y del millón de BTU. Según este razonamiento, al garantizarse los beneficios a las corporaciones se asegura su permanencia e inversiones en el país y, por extensión, puestos de trabajo y cobro de regalías. Eso sin importar el saqueo de nuestros bienes comunes y que el peso de este esquema recaiga sobre los sectores más vulnerables de la población. Ya que el incremento de los costos son trasladados de un eslabón a otro hasta el final de la cadena.

 

En esa posición también se encuentra YPF. A fines de agosto el presidente de la compañía, Miguel Galuccio, en el Club del Petróleo, habló de la necesidad de incrementar la cotización del millón de BTU a 4 ó 5 dólares (7). También se refirió a la necesidad de aumentar los precios de los combustibles para garantizar la competitividad de la empresa frente a otras firmas (8). Si bien un alza en los precios permitiría a YPF escapar al corsé que implica la asociación con otras petroleras para desarrollar su Plan Estratégico, esa ‘autonomía’ tampoco redunda en consolidar un proyecto energético autónomo -que incluya la diversificación de la matriz- sino el mantenimiento del existente y la profundización del modelo extractivo exportador. Notas: (…)

Fuente: https://huerquenweb.files.wordpress.com/2012/11/yacimientos-no-convencionales-opsur.pdf

 

----

Argentina: No a la destrucción del suelo

para sacar petróleo de Vaca Muerta, Neuquén

29 de julio de 2013

La técnica de Fracking conlleva una serie de impactos ambientales, algunos de los cuales aún no están plenamente caracterizados o comprendidos, entre ellos contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero (metano), terremotos (sismicidad inducida), contaminación acústica e impactos paisajísticos.
Jorge Sapag, Gobernador de Neuquén: No a la destrucción del suelo para sacar petróleo de Vaca Muerta

Además de estos impactos, también se debe tener en cuenta los relacionados con el tráfico de camiones para transportar el gas extraído, el consumo de agua y la ocupación del territorio.

No se puede descartar una posible contaminación de los acuíferos subterráneos y de las aguas superficiales debido a las operaciones de la fractura hidráulica y a la disposición de las aguas residuales, ya sea a través de una planta de tratamiento de agua o directamente a las aguas superficiales.

Estos productos químicos pueden, por lo tanto, ser vertidos en los acuíferos y fuentes de aguas subterráneas que alimentan los suministros públicos de agua potable. Incluso pequeñas cantidades de hidrocarburos cancerígenos son perjudiciales para los seres humanos. En algunos casos, estas aguas residuales son mínimamente procesadas antes de ser vertidas a las aguas que alimentan los suministros públicos, y a veces son retenidas en los estanques que más tarde pueden verter estos productos químicos al medio ambiente.

La cuestión de fondo es ¿para qué queremos más gas? Por mucho gas que pudiésemos encontrar en Argentina con el fracking (aún por evaluar) los recursos energéticos que tenemos en abundancia son las energías renovables. Estas son tecnologías que ya tenemos y con un sector empresarial y tecnológico dispuesto a aprovecharlas. Puesto que estudios como el “Renovables 100%” de Greenpeace demuestran que podemos alcanzar un sistema energético totalmente basado en renovables, es absurdo acometer una nueva búsqueda de otros combustibles fósiles con potenciales graves impactos para el planeta. Además, se corre el riesgo de desviar los recursos y los esfuerzos que deberían ir hacia las energías renovables y a la eficiencia energética. Los promotores del fracking prometen importantes ventajas incluso para el medio ambiente.

Pero detrás se esconde una cuestión puramente económica, de la que ya existen denuncias por especulación al estar creándose una burbuja con la que hacer negocio. Aunque el “fracking” tuviera éxito, lo único que se produciría es prolongar la dependencia de los combustibles fósiles, que son limitados e incompatibles con el clima. Cuanto más combustible fósil quememos, mayor serán los efectos del cambio climático.

Gracias

Petición de Julia E.
Buenos Aires, Argentina
Leer

----

 

Comunidades indígenas y organizaciones, activistas, especialistas e investigadores

Advierten legalización “disfrazada” del fracking en México
31 de julio de 2017

Por: La Radio del Sur 

- El gobierno de México busca legalizar, por la puerta de atrás y de forma disfrazada, la práctica de la fracturación hidráulica o “fracking” para favorecer con garantías a las empresas que pretenden invertir en proyectos de extracción de gas en la Cuenca de Burgos, denunciaron representantes de comunidades indígenas y organizaciones, activistas, especialistas e investigadores.

Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) acusaron que el gobierno mexicano facilitará la entrada de corporaciones petroleras a costa de los derechos de las comunidades, como a la consulta previa, libre e informada.

Hace dos años se logró que no procediera la reforma a la Ley Nacional de Aguas, en la que no sólo se pretendía privatizar el agua, sino también legalizar el fracking. Sin embargo, la fracturación hidráulica ahora está contenida en una regulación secundaria emitida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en revisión en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para su próxima publicación en el Diario Oficial de la Nación, explicaron Rogel del Rosal Valladares y Rosa Esther Peña, de la AMCF.

Por su parte, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Miguel Ángel Montoya, aseguró que la regulación secundaria representa “un acto de absoluta ilegalidad y criminalidad” al pasar por encima de la Ley Nacional de Aguas, que prohíbe la explotación de aguas residuales si contamina los acuíferos.

La práctica del fracking lleva en México por lo menos diez años y ha provocado afectaciones en comunidades de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Su ejecución consta de la perforación vertical de la tierra de 3 a 5 kilómetros y luego 16 perforaciones horizontales en todas direcciones y con extensión de 1.5 kilómetros cada uno.

Una vez cubierta el área subterránea de millones de metros cuadrados, se inyectan hasta 28 millones de litros de agua mezclada con arena y sustancias altamente tóxicas en cada pozo, cuyo periodo de vida no rebasa los 15 días, para romper las estructuras geológicas y extraer los hidrocarburos, explicó Carlos Vega, maestro en ciencias, hidrogeólogo y director del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa de la UAM.

En las sustancias utilizadas para el fracking se han encontrado hasta 64 elementos tóxicos, cancerígenos y mutagénicos que contaminan las corrientes subterráneas, ríos, lagunas y manantiales. Sin embargo, aún no se conoce el impacto de todos los compuestos que integran las sustancias para la fractura hidráulica.

Fuente: https://www.aporrea.org/energia/n312309.html

En consecuencia, percatémonos: “el ataque no es sólo contra la supervivencia de los pueblos originarios,  amenaza al conjunto de la humanidad condenando a quienes vivimos rehenes de la lógica consumista y mercantilista en las áreas urbanas, a una cada vez mayor degradación de nuestra calidad de vida.
Las luchas de estas comunidades indígenas se inscriben en la línea de continuidad del pasado, pero responden a los problemas del desarrollo del capitalismo del siglo XXI. Para ellos-y para todos nosotros – el pasado aún está aquí y es parte de la lucha contra las actuales formas de reproducción social”.

 

¿Por qué pelean los mapuches?

Lo que hay detrás de la desaparición de Santiago Maldonado

20 de septiembre de 2017

 

Por Movimiento político-pedagógico-sindical Florencia Fossati 

  

“Todos aquellos que se hicieron de la victoria hasta nuestros días marchan en el cortejo triunfal
de los dominadores de hoy, que avanza por encima de aquellos que hoy yacen en el suelo.
No hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie.
Y así como éste no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de la transmisión
a través del cual los unos lo heredan de los otros”.

Sobre el concepto de la historia (Walter Benjamín)

 

Primero lo primero

 

La desaparición forzada de Santiago Maldonado nos retrotrae a las noches más oscuras de la dictadura militar. Pero no sólo a eso. También a los más de 200 casos de desaparecidos en democracia desde 1983, como testimonia la CORREPI.
Si, en democracia también puede haber desaparecidos.
Los más emblemáticos por la repercusión y las movilizaciones que tuvieron fueron los casos de Julio López y Luciano Arruga bajo el gobierno de los Kirchner.
Porque el Estado siempre es responsable,  ya sean fuerzas militares, de seguridad  o grupos de tareas, gobierne quien gobierne.
Pero también la desaparición en noviembre del 2016 de Marcelino Olaire, nieto del cacique de la Comunidad Qom Félix Díaz, que lo llevó a declarar a un medio: “Si Maldonado fuera indígena, no tendría esa visibilidad”.

O sea, estamos ante la segunda desaparición bajo el gobierno de Macri relacionada con la lucha de los pueblos indígenas, pero ésta fue totalmente invisibilizada.

El gobierno intentó construir un relato, con la complicidad vergonzosa de los medios de comunicación, para ocultar la responsabilidad del Estado – en este caso la Gendarmería – en la desaparición de Santiago Maldonado.
La maniobra se pudo derrotar  con la respuesta inmediata de todo un pueblo con memoria, en las calles, en las escuelas , en los lugares de trabajo y en los espacios públicos.
Pero la verdadera cuestión de fondo, el porqué estaba Santiago allí respaldando una lucha justa,  todavía sigue siendo desconocida por la amplia mayoría de la población.

 

Todo empezó con la “Conquista del Desierto”

Con Walter Benjamín, creemos que tenemos que “mirar la historia a contrapelo”,  buscar en lo que nos ocultaron y rescatar a los vencidos, a los que resistieron el avance del capitalismo vernáculo.
De la mano de la naciente burguesía nacional, encarnada en los estancieros terratenientes, avanzaba a sangre y fuego  la conquista de los territorios de las “tierras y las vacas”, necesarias para el  modelo de acumulación capitalista, que les permitiera por un lado construir un Estado a imagen y semejanza y  por el otro, comerciar con el mercado mundial.
El problema era que desde hacía siglos esas tierras estaban habitadas por distintas tribus indígenas a las que había que desplazar, por las buenas o por las malas. Y sólo se trató por las malas.
Una vez unificado el territorio nacional y contando con los avances militares y tecnológicos necesarios, empezó la cacería y el exterminio.
Las tierras conquistadas, más de 34 millones de hectáreas aptas para la ganadería y la agricultura, fueron a engrosar las fortunas de la oligarquía porteña y de los especuladores. Los títulos de propiedad que levantan como legítimos los herederos del robo, fueron repartidos a diestra y siniestra por los generales vencedores.
Aquí están las verdaderas raíces políticas y económicas del proceso de conquista y ocupación del Desierto. También las causas del intencionado ocultamiento de ese despojo.

 

El genocidio indígena

La historia, insiste en repetirse. O mejor dicho, siempre estuvo ahí.
Como todos los pueblos indígenas de Argentina, el pueblo mapuche ha sufrido un genocidio.
Como dijo al periódico digital Pausa, el periodista especializado en estos temas Darío Aranda:

“El Estado moderno argentino se funda sobre el genocidio de los pueblos indígenas, que puede ser comparable al  genocidio que sufrió el pueblo judío o el que se sufrió en la última dictadura cívico-militar acá. Porque hubo desaparecidos, robos de bebés, tortura, despojos, exactamente lo mismo. El Estado argentino (no digo el gobierno) nunca ha pedido perdón por ese genocidio, entonces que hoy se avance militarmente, muestra que las prácticas genocidas no han terminado. No hubo reparación, no hubo perdón, y hoy sigue estando a la orden del día. Por otro lado, me parece que se intenta avanzar contra el pueblo mapuche (y los pueblos indígenas en general) porque lo que está de fondo es el modelo extractivo: la soja, las mineras, las petroleras. Y todos saben que los pueblos indígenas son un escollo para el avance económico”.

 

La resistencia mapuche en el siglo XXI

Dice Darío Aranda:

“Este gobierno es la continuidad y la profundización del anterior gobierno. Así como durante la gestión anterior nunca hubo tanta megaminería, avanzada petrolera y transgénicos, este gobierno consolida esa política de Estado. Si hay algo en común entre el kirchnerismo y el macrismo es la política extractiva. Y este gobierno la está profundizando claramente. Y se va profundizando la represión también. Por ejemplo, hablando de continuidad y vinculación, la represión en noviembre de 2010 contra el pueblo Qom en Chaco tuvo el total aval del gobierno kirchnerista, aún con el asesinato de un indígena como fue Roberto López. Y la represión de hace unos días al pueblo mapuche por parte de Mauricio Macri es muy similar, son las mismas lógicas. El poder económico dice: queremos ese territorio, ahí hay indígenas y los vamos a sacar de ahí. No lo dicen explícitamente, pero las políticas de Estado tienen que ver con eso. Este gobierno lamentablemente me parece que quiere avanzar en la frontera petrolera, minera, sojera y forestal”.
Por ejemplo,
la pelea de la comunidad mapuche de Neuquén contra la  pérdida de territorios, la lucha contra la contaminación y contra  la extracción de gas y petróleo no convencionales a través de la fractura hidráulica o fracking,  lleva varios años.

 

Dentro de la Ley

Contra lo que se cree, son los mapuches quienes defienden las leyes vigentes y la Constitución.
La Constitución Nacional, en al artículo 75, inciso 17, plantea entre otras cosas “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios”, garantizar el respeto a su identidad y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Las recuperaciones territoriales están respaldadas por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que resguarda el derecho de los pueblos o la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos indígenas, que habla de restitución de territorios y recursos que tradicionalmente hayan poseído y hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados.
Son las petroleras las que están haciendo explotaciones ilegales, sin consultar a las comunidades y ante la vista gorda de los tres poderes del Estado.

 

El rescate del pasado, para pensar una alternativa

Debemos pensar el rescate y la redención del pasado. Renán Vega Cantor (1999), contra las corrientes posmodernas que niegan la historia que la lucha de indigenistas representan o nos transmiten “…una memoria telúrica ligada a la sabiduría de los pueblos indios y a su particular historia y vínculos del hombre con la naturaleza
Por eso es necesario como nos plantea Matamoros Ponce (2009), un ejercicio revisionista que permita ese rescate: “reconstruyendo las imágenes de la historia  la memoria colectiva resiste al olvido impuesto por la historia oficial de los vencedores”
En la actualidad las luchas populares e indígenas actualizan la necesidad de “resistir al progreso capitalista” y de recuperar la historia de la “resistencia de los vencidos”, que nos reclamaran tanto Walter Benjamín en su llamado a romper con las distintas ideologías del progreso, neopositivistas.
Porque la historia del progreso en América Latina  es la historia del saqueo, del despojo y de la violenta destrucción de las comunidades indígenas tradicionales.
Y esas luchas hoy tienen total actualidad y adquieren otra dimensión, porque como dice Héctor Alimonda(2007):
“Ya no se trata de resistencias en nombre de la negación del progreso, como pretendió la hegemonía del iluminismo liberal y del marxismo normatizado. Es posible leerlas ahora como formas de resistencia basadas en la defensa de formas tradicionales de organización social para uso y disposición de los recursos humanos y naturales, frente a los embates de la mercantilización.”

Las luchas de los pueblos indígenas  resistiendo la agresión del capitalismo voraz, que los deja sin tierras ni bienes naturales, que se manifiesta en el avance de la frontera agrícola para desarrollar la agroindustria, la producción de agro-
combustibles e instalar el monocultivo; contra las minas a cielo abierto que destruyen y contaminan sus territorios; contra la construcción de centrales hidroeléctricas que modifican su hábitat y los deja sin agua y contra las nuevas formas de extracción del petróleo, como el fracking. Esta agresión no es sólo económica sino que destroza su mundo, tritura su cultura agrícola. Al quitarles el agua y el territorio, les quita su mundo, extermina su cultura. Los expulsa a las ciudades para convertirlos en vendedores ambulantes, parias en un territorio que en realidad les pertenece. Porque el ataque del gran capital contra los indígenas no es sólo contra la naturaleza, es también contra su organización comunal, colectivista, solidaria y democrática.
 

Quizás sean los pueblos indígenas hoy, sin temor a equivocarnos,  los más consecuentes defensores de nuestro hábitat, de la tierra o de la Pachamama,  como muchos de ellos la llaman. Quizás, ellos sean los que mejor sientan la defensa de esta tierra, contra la lógica depredadora del capitalismo. Por eso nos convidan a cambiar por una concepción basada en entendernos como parte de y no como usuarios de la naturaleza.
No con una mirada romántica, de vuelta a un pasado imposible. Sino con una mirada holística que nos permita, entre todos, proyectar un nuevo modelo de sociedad, sin explotación, pero también en donde los que producen toda la riqueza puedan disfrutarla en igualdad, sin destruir el planeta que nos alberga.
Porque el ataque, no es sólo contra la supervivencia de los pueblos originarios,  amenaza al conjunto de la humanidad condenando a quienes vivimos rehenes de la lógica consumista y mercantilista en las áreas urbanas, a una cada vez mayor degradación de nuestra calidad de vida.
Las luchas de estas comunidades indígenas se inscriben en la línea de continuidad del pasado, pero responden a los problemas del desarrollo del capitalismo del siglo XXI. Para ellos-y para todos nosotros – el pasado aún está aquí y es parte de la lucha contra las actuales formas de reproducción social.

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/por-que-pelean-los-mapuches-lo-que-hay-detras-de-la-desaparicion-de-santiago-maldonado/

 

 Crisis civilizatoria

 

Enfoquemos un inmenso territorio en disputa que tiene enorme trascendencia para la vida del planeta como lo es la Amazonía. Al moderno sistema-mundo capitalista no le importa y por el contrario tiene planes de apoderamiento oligopólico.

 

Jaime Corisepa, presidente de Fenamad:

"El TLC y la IIRSA es la estrategia para que

los pueblos indígenas de la Amazonía desaparezcan"

4 de febrero de 2010

Por Pablo Cingolani

Jaime Corisepa tiene 30 años. Nació en el seno del pueblo indígena Harakmbut, en la comunidad Puerto Azul, en la Selva Sur peruana. El año que viene se graduará como licenciado en turismo ecológico en la Universidad Amazónica. En el XV Congreso Regional de la FENAMAD -la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, Premio Bartolomé de las Casas 1997 por su defensa de los Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonía-, realizado en Boca Inambari, los días 16, 17 y 18 de enero pasado, fue elegido como su nuevo presidente. El sucesor de Antonio Iviche, nos recibió en las oficinas de la federación, en Puerto Maldonado. Sus afirmaciones son rotundas:

- Mira, para nosotros, eso que los gobiernos llaman desarrollo es engaño. Todos los proyectos son engaño. Si aceptamos esa palabra, desarrollo, en todo caso, es lo que debe nacer de las propias comunidades. Sin embargo, desarrollo, para el gobierno del Perú, es saqueo de la Amazonía, sin respetar derechos y a los grupos indígenas. ¿No leyeron ese artículo de Alan sobre El Perro del Hortelano?

El domingo 28 de octubre de 2007, en el periódico El Comercio, de Lima, Alan García Pérez, Presidente de la República del Perú, publicó un artículo que tituló El síndrome del perro del hortelano. Es un texto capital para entender la lógica "neo extractivista" -al decir del ecuatoriano Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de su país-, que está asolando la Amazonía y amenazando su supervivencia y la de los pueblos originarios que la habitan, como nunca en su historia.

En el texto de marras, el antiguo izquierdista lanzó su teoría del perro que no come ni deja comer: "Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar (...) Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica (...) Hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: "Si no lo hago yo que no lo haga nadie". Luego, sin rubor, dejó en claro que "el primer recurso es la Amazonía". (1)

Bajo esa tónica agresiva, no tuvo empacho, a la vez, con relación a su afán por encontrar "oro negro" en la floresta, incluso de poner en duda la existencia de pueblos indígenas aislados: "Y contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático 'no conectado'; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por cada barril. Es preferible para ellos que el Perú siga importando y empobreciéndose". (2) Corisepa es muy claro cuando explica las implicancias de este discurso oficial:

-Para esos planes, según el gobierno, somos sus enemigos, somos un obstáculo, porque según ellos, tenemos muchas tierras pero somos minoritarios...

Esa misma fue la advertencia macabra que lanzó Alan García el día que mandó a reprimir en Baguá, con referencia a los indígenas: "Ya está bueno, estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase que puedan decirnos 400 mil nativos a 28 millones de peruanos tú no tienes derecho de venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo". (3) Para Jaime Corisepa, todo esto representa "una pelea fuerte entre civilizaciones":

 

-Si no aceptamos sus imposiciones, nos meten bala, cárcel, criminalizan a los líderes y a las organizaciones indígenas. Por eso, nosotros exigimos autodeterminación, que es la manera de cómo queremos nosotros vivir nuestro propio destino...

Para el joven dirigente, los globalizadores externos y los desarrollistas internos deben entender y respetar el hecho que para los pueblos indígenas, el territorio no es una mercancía, es algo sagrado y espiritual, y que existe una economía más allá del dinero, de las supuestas inversiones que traerían beneficios, de los mega proyectos de "desarrollo".

 

-Aquí en Perú, el "famoso" desarrollo es también TLCs (Tratados de Libre Comercio) con Estados Unidos de Norteamérica, con China, con Chile. Los TLC es la estrategia para que los pueblos indígenas desaparezcan.

Según Jaime, la expresión más clara de los TLC son los proyectos que se impulsan bajo la sigla del IIRSA.

 

-Estamos en una etapa de sensibilización contra los proyectos del "famoso" IIRSA. Tienen impactos negativos demasiado fuertes e irreversibles. Significan despojo a las comunidades nativas. Pérdida de biodiversidad. Permiten el ingreso de las petroleras y de los mineros. Insisto que es el principio de la desaparición de los pueblos indígenas.

El IIRSA es la sigla del proyecto de recolonización capitalista y trasnacional más ambicioso encarado en la historia de Sudamérica. IIRSA significa Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Es el soporte material para las políticas de libre penetración de capitales y comercio extranjeros, y pretende convertirse en la columna vertebral de un modelo de desarrollo impuesto por los poderes internacionales, las trasnacionales y los bancos multilaterales. Hay mucha información disponible en Internet sobre el mismo. Lo impulsa el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y todos los gobiernos del subcontinente, pero especialmente Brasil.

En el último congreso de la FENAMAD, los indígenas expresaron su firme decisión de rechazar el proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica del río Inambari -cuyos estudios desarrollan las empresas brasileñas, la privada OAS y las estatales Electrobras y Furnas-, uno de los proyectos estrella del IIRSA en el sur selvático del Perú, junto con el llamado Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, la primera carretera que uniría al coloso sudamericano con el océano Pacífico, es decir a los agroexportadores y ganaderos brasileños con los mercados asiáticos. (4)

A la vez, en una decisión histórica, la FENAMAD sancionó a dirigentes indígenas que favorecieron a las petroleras Hunt Oil y Repsol-YPF para que ingresen en la Reserva Comunal Amarakaeri. (5) Los despojaron de su calidad de dirigentes y comuneros. La sanción alcanzó al actual presidente y representante legal ante el Estado de la Reserva Comunal Amarakaeri, Adán Corisepa; al actual presidente de la comunidad nativa de Shintuya, Jacinto Bario, y a los comuneros Antonio Fernández y Rómulo Corisepa, por haber contravenido acuerdos soberanos que prohibían el ingreso de las petroleras nombradas a territorio indígena. (6)

 

-Quisimos dar un ejemplo a todo el Perú con relación a la lucha contra la corrupción. El Estado y las empresas petroleras compran dirigentes para favorecer sus intereses. Contra eso y contra todo lo demás que representan todas estas políticas, nosotros estamos en pie de lucha y movilización. Debemos unir al movimiento indígena también a los castañeros, a los agricultores, (7) a los ribereños. Los gobiernos locales están sometidos al gobierno central. Algunos políticos son "enmascarados", que dicen que son indígenas, y que nos prometen que los proyectos traerán trabajo y mejoras en la salud y en la educación. Son engaños. Nosotros sabemos que en el caso del Inambari, la energía producida ni siquiera será para nosotros, será para las grandes industrias de Brasil.

Corisepa tiene razón: hay 6 proyectos de represas acordados entre los presidentes de Perú y el de Brasil, Lula da Silva. (8) Es la energía que precisa el empresariado de Brasil para afirmar y desenvolver nuevos polos de desarrollo, ya no en San Pablo, sino en la propia Amazonía: es el fin de la selva, y como dice nuestro entrevistado, el fin de los pueblos indígenas al interior de la cuenca.

-Hay que despertar a la población de toda la Amazonía en torno a lo que significan las acciones extractivas y las amenazas de los mega proyectos. Nosotros hemos aportado mucho a la cultura occidental, y podemos seguir haciéndolo. Pero no estamos ni con la globalización, ni con el pensamiento único. Queremos que nos respeten como somos y que respeten a la naturaleza. Por eso no queremos ni al TLC, ni al IIRSA. Queremos vivir de acuerdo a nuestras necesidades, con las visiones que nazcan de las propias comunidades. Tenemos derechos y los vamos a defender.

Nos despedimos de Jaime Corisepa, felices y confundidos. Felices de haber escuchado que la FENAMAD se fortalece -la sanción a los dirigentes vendidos a las petroleras es ejemplar en todo sentido- y que lo hace para enfrentar la ofensiva de la trasnacionales sobre su hogar ancestral, sobre la selva. Confundidos porque, por momentos, no sabíamos si estaba hablando de lo que pasa en Perú o de lo que está pasando en Brasil o en Bolivia.

Notas:(...) Fuente: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2010020408

 

 

Comprobemos la falsedad de otro capitalismo y de la cooperación de China con Nuestra América cuando es imperialismo reforzando el subdesarrollo o sometimiento de nuestro continente.

 

 

 

Los rasgos del “Efecto China” y sus vínculos con el extractivismo en América Latina

6 de febrero de 2014

 

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

La dinámica geopolítica actual del moderno sistema-mundo capitalista, con sus permanentes convulsiones, desestructuraciones, altas manifestaciones de caos e incertidumbre, nos muestra que estamos frente a un cambio sistémico sumamente complejo y de grandes proporciones. La inviabilidad de un modelo histórico de carácter mundial, que se proyecta como una crisis civilizatoria, se conecta con una crisis hegemónica, en la cual la supremacía indiscutible estadounidense se va resquebrajando, al tiempo que se produce la emergencia de China como actor clave en la partida maestra de ajedrez del siglo XXI.

Es fundamental comprender que este proceso de reacomodo global y crisis hegemónica, dadas las condiciones actuales del desarrollo del capitalismo histórico, de las más sofisticadas y poderosas formas del imperialismo, y del rebasamiento de los límites del planeta, representa una especie de largo sismo geopolítico, de dimensiones incalculables.

Para América Latina es crucial atender al papel que juega China en esta dinámica. Las presiones externas de los capitales del gigante asiático, que operan en profunda articulación con su Estado, están teniendo significativos impactos en buena parte de las economías y sociedades nacionales de la región, lo cual es determinante no sólo en la viabilidad de los proyectos de transformación política que aún abanderan los llamados “gobiernos progresistas”, sino también en las posibilidades de estructurar mecanismos de defensa ante un recrudecimiento de la crisis económica global, y/o una nueva oleada de reestructuraciones neoliberales en la región.

La emergencia de China como actor geopolítico clave y la lógica del capital transnacional

Desde el año 2010, China sobrepasó a Japón como la segunda economía global, y a Alemania como el primer país exportador. Según el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sustentable, en 2011, China superó a los Estados Unidos como el primer país con mayor producción industrial del mundo, es actualmente el principal productor agrícola global, y según el Centro para las Investigaciones Económicas y de Negocios, para el año 2020 la economía china representaría un 84% de la economía de los Estados Unidos [1] .

En la actualidad, la influencia de China en el sistema-mundo es enorme y tiene gran capacidad para ampliarla. Esta nación se ha hegemonizado en el este y el sureste de Asia; se calcula que hoy tiene el 40% de sus inversiones de la UE en Portugal, España, Italia, Grecia y Europa del Este –como forma de penetrar el mercado europeo por la vía de sus “periferias”–, según un estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores [2] ; ha incrementado sus acercamientos con Medio Oriente —principalmente con Arabia Saudí—; es el principal socio comercial y la mayor fuente de inversiones en África, siendo además, junto a Reino Unido, Alemania e India, uno de los países con mayor participación en el proceso de acaparamiento de tierras que se está desarrollando en ese continente [3] ; es el principal acreedor de bonos de la deuda de los EEUU; y registra un muy importante avance y posicionamiento en América Latina, principalmente en Brasil.

Cabe resaltar que la posición preponderante de China en el comercio mundial —el valor de sus intercambios comerciales fue de 4.16 billones US$ en 2013— viene de la mano con una estrategia de posicionamiento mundial del yuan, en su disputa con el dólar. Como lo explican los analistas Oscar Ugarteche y Ariel Noyola, la mira del gigante asiático está puesta en sustituir al dólar de su comercio, siendo que en 2013 alrededor de 390.000 millones US$ en exportaciones pasaron a facturarse en yuanes [4] .

Conscientes de ser ya el primer importador mundial de petróleo, y las consecuencias geopolíticas del amarre del mercado de crudos al dólar, China además quiere comerciar petróleo en yuanes, y está impulsando la creación de un mercado de futuros en esta moneda a través de la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE), lo que de resultar exitoso, aumentaría el uso del yuan en el mercado petrolero mundial con el respectivo desplazamiento del dólar en el mismo, y la consiguiente reducción de su demanda global, con importantes consecuencias para la economía-mundo[5] .

A su vez, según la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, en octubre de 2013 el yuan se colocó segundo dentro del ranking de divisas más utilizadas para el financiamiento comercial —dejando al euro tercero—, al tiempo que se han realizado la firma de swaps cambiarios bilaterales con más de veinte países, lo que va creando un gran mercado para el yuan que va incrementando su papel como moneda internacional[6] .

Ugarteche y Noyola advierten que, si bien el yuan ha ganado posiciones como moneda de comercio y ahora como moneda de inversión financiera, aún está lejos de incrementar su status como moneda de reserva —los bancos centrales mantienen apenas 0.01% de sus reservas en yuanes—. No obstante, las estrategias de China para establecer mercados en yuanes (no sólo en el ámbito petrolero, sino también en el del hierro o el oro), establecen las bases para alcanzar un objetivo como éste en un futuro no distante, siendo que para Patrick Zweifel de The Financial Times, en 10 años el yuan superaría al dólar como moneda de reserva [7] .

La política exterior económica del «Socialismo con particularidades chinas» —como lo ha denominado el propio Partido Comunista—, donde ha dominado el principio de mayor integración a la economía global, ha impulsado crecientes inversiones directas, muy aceleradas en la última década, al punto de colocarse hoy en el segundo lugar después de las inversiones extranjeras provenientes de los EEUU. El gobierno chino selecciona a las empresas que competirán en el mercado mundial —en su inmensa mayoría empresas de carácter público—, las apoya y se asegura que se orienten las inversiones a los intereses estratégicos chinos, desde una estrategia de largo plazo.

Las severas carencias de China respecto a algunos bienes comunes, en particular de agua y tierra fértil respecto a su población, y una serie de bienes primarios necesarios para la acelerada dinámica de producción industrial doméstica, determina su enorme apetito por los llamados “recursos naturales”. China es el principal consumidor del mundo de hierro por vía marítima, carbón térmico, acero acabado, plomo refinado, aluminio primario, zinc refinado, cobre refinado, níquel refinado, y segundo en petróleo [8] . De ahí la búsqueda del gigante asiático por reposicionarse en pro del control y la administración de fuentes energéticas y bienes comunes en todo el planeta.

La estrategia china persigue diversificar, en la medida de lo posible, el suministro de petróleo de su dependencia con el Medio Oriente; a su vez las compañías energéticas del país asiático tienen claros intereses en Sudán e Irán, lo cual ha creado tensiones con Estados Unidos en ambas áreas; ha tratado de invertir en los yacimientos del Mar Caspio y ha competido con Japón por el acceso al petróleo ruso; ha destinado préstamos para desarrollos petroleros a sus vecinos de Asia Central y los productores de América Latina, entre ellos Venezuela; ha firmado acuerdos no sólo para la explotación de petróleo convencional sino también de los no convencionales, como las arenas bituminosas de Canadá y la Faja del Orinoco venezolana; los acuerdos de extracción se han extendido a las áreas de gas, carbón, uranio y otros recursos naturales importantes también de Irak, Australia, Turkmenistán y Sudáfrica [9] ; y adicionalmente ha establecido acuerdos comerciales con países como Chile, Brasil, Indonesia, Malasia, Argentina y muchos otros más para importaciones agrícolas y madereras [10] . De ahí la reformulación de la política exterior estadounidense en la “Doctrina Obama”, otorgándole prioridad estratégica a la concentración de sus fuerzas en la región Asia-Pacífico.

Desde la crisis financiera mundial de 2008, China consigue una oportunidad única para la expansión del otorgamiento de préstamos externos, principalmente a países de los llamados “en vías de desarrollo” o “emergentes”. En la actualidad, por medio de bancos como el China Development Bank (CDB), Export-Import Bank de China (ExImBank) y el Banco de China, el gigante asiático ha prestado más dinero a estos países, que el propio Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, aumentado así su influencia global. Un informe de la calificadora Fitch de fines de 2011 planteaba que el Eximbank había otorgado créditos por 67.200 millones US$ a los países de África subsahariana en los últimos 10 años —20% más que el BM—[11] , mientras que desde 2005 hasta 2012 China había concedido aproximadamente 86 mil millones US$ en compromisos de préstamos a países latino-americanos [12] . Este tipo de préstamos están íntimamente vinculados al acceso a la explotación de los recursos naturales y los proyectos de infraestructura de los países prestatarios.

El “Efecto China” en América Latina

China se ha convertido en un socio comercial clave para América Latina, y pudiera convertirse en el primero en este orden para la región en el futuro. El impulso chino ha sido determinante en el crecimiento sostenido de las exportaciones y del PIB de los países latinoamericanos. CEPAL (2012) afirma que el gigante asiático ya es el primer mercado de destino de las exportaciones de Brasil y Chile, y el segundo del Perú, Cuba y Costa Rica; también ocupa la tercera posición entre los principales países desde donde se originan las importaciones hacia Latinoamérica y el Caribe —13% del total—; y nuestra región se ha transformado en uno de los destinos más destacados de la inversiones extranjeras directas chinas [13] .

El informe de CEPAL “China y América Latina y el Caribe. Hacia una relación económica y comercial estratégica”, sostiene que la nación asiática podría desplazar a la Unión Europea como segundo socio comercial de la región a mediados de la próxima década. Según esta institución, incluso si la demanda de China de los productos de América Latina y el Caribe creciera sólo a la mitad del ritmo registrado en la década 2001-2010, este país pasaría a ser el segundo mayor mercado para las exportaciones de la región para este año 2014 superando a la Unión Europea. Del mismo modo, en el caso de las importaciones se prevé que China supere a la Unión Europea en 2015, tendencia que podría moderarse si se dinamizara el comercio bilateral tras los acuerdos de asociación de la UE con Centroamérica, el Caribe, la Comunidad Andina y, eventualmente, el MERCOSUR [14] .

De 2000 a 2012, el intercambio comercial entre Latinoamérica y China pasó de 12 mil millones a 250 mil millones US$, según CEPAL, con lo que el mismo se multiplicó por 21, siendo que las exportaciones regionales en este período crecieron 25 veces, y las importaciones 18 [15] . En 4 años (2008-2012), las exportaciones de América Latina al país asiático prácticamente se duplicaron, pasando de 5% a 9,1% del total de la región —si se suma el petróleo se llega a 15,3%.

Los principales productos que obtiene China del intercambio comercial con América Latina son cobre, hierro, soja y petróleo crudo. Para Brasil, Chile y Perú, el país asiático representa una cuarta parte del total de sus exportaciones de productos de base primaria para el año de 2012. Resalta sobremanera la extraordinaria velocidad con la cual China escaló posiciones de importancia en el comercio de algunos países de la región. De 2000 a 2008, es notable como en Colombia pasa de puesto 35 al 4 como receptor de sus exportaciones, y del 15avo al 2do puesto como origen de importaciones. También destaca su reposicionamiento en Costa Rica (del 26 al 2 en exp., y 16 al 3ero imp.), Venezuela (del 37 al 3 en exp., y 13 al 3ero imp.), Panamá (del 22 al 4 en exp., y 17 al 4to en imp.), México (del 25 al 5 en exp., y 6 al 3ero imp.) y Brasil (del 12 al 1 en exp., y 11 al 2do imp.), quien tiene en China su principal socio comercial. De igual forma, para este período las mercancías chinas lograron posicionarse en los primeros lugares de países como Perú, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Guatemala [16] .

La gran mayoría de las inversiones realizadas por China entre 2000 y 2011 provinieron de empresas públicas y se orientaron en casi un 90% a las actividades del sector primario [17] . Las inversiones chinas del tipo greenfield (proyectos o iniciativas totalmente nuevos), que son expresiones de las orientaciones de los intereses estratégicos del gigante asiático —25% de los flujos de este tipo de sus inversiones en el mundo van hacia ALC—, muestran que la agricultura se ha convertido, sino en el objetivo más importante, en uno de los principales —un proyecto sojero de 2.500 millones US$ en Bahía, Brasil, y un par de convenios para el cultivo de granos de más de 1.000 millones US$ cada uno en Argentina, son muestra de ello—, aunque, como afirman Ray y Gallagher, aún es pronto para saber si se trata de una tendencia estratégica de largo plazo por parte del gobierno chino [18] .

5 sectores principales de las inversiones greenfield chinas en América Latina para el período 2008-2012 comprenden el 90% de las mismas, y se concentran básicamente en países estratégicos dependiendo del rubro. A parte de los alimentos y el tabaco, aparecen los equipos para el sector automotor (19,9%) (Brasil, México y Argentina), metales (25,3%) (Perú, Guyana y Brasil), carbón petróleo y gas natural (Venezuela, Costa Rica y Cuba), y comunicaciones (Brasil y Colombia).

El otro tipo de inversiones chinas en América Latina, las fusiones y adquisiciones, se dan en su gran mayoría en relación a la industria petrolera —69,6% del total de este tipo de inversiones en ALC para el período 2008-2012—. En todo caso, las inversiones directas chinas aún representan un porcentaje relativamente bajo respecto al total de las inversiones extranjeras directas (IED) en la región: de los 174.500 millones US$ que ALC recibió en flujos de IED en 2012, China aportó solo 9.200 millones, el 5,3% del total [19] .

Por otro lado, China se ha convertido en una fuente importante de financiamiento para Latinoamérica, en especial para países como Venezuela (1er lugar con 44,5 MM US$ hasta 2012), Brasil (2do con 12,1 MM US$), Argentina (3ero con 11,8 US$) y Ecuador (4to con 9,3 MM US$) [20] . Para el caso de Venezuela y Ecuador, que tienen mayores dificultades para acceder a los créditos internacionales de capital, los préstamos chinos han sido una opción atractiva —estos dos países representan el 67% del total de los préstamos chinos en la región—. La gran mayoría de estos créditos se orientan al desarrollo de proyectos de extracción y producción, en forma de infraestructuras (puertos, etc.) o inversiones directas en materias primas.

De 2008 a 2012, casi la mitad de los préstamos realizados (38.600 US$) se ha ido a infraestructura, principalmente a Venezuela y Argentina. Poco más de la cuarta parte del total de los créditos se ha dirigido a energía y minería, las cuales reciben la mayor atención, donde resaltan las inversiones petroleras en Brasil (pre-sal) y Ecuador [21] . Como ya hemos mencionado, los créditos chinos para ALC fueron mucho mayores que aquellos de la banca occidental —destacan los 37.000 millones US$ de 2010—, con una enorme mayoría de los mismos con montos de mil millones US$ o superiores, en comparación al BM, que solo otorgó un 22% de sus préstamos por estos montos, o el 9% de los del BID [22] .

Los préstamos chinos representan vínculos y encadenamientos comerciales con la región que se canalizan con la mira puesta en los objetivos estratégicos del país asiático. Es importante mencionar que dentro de los paquetes crediticios chinos existen un tipo de ellos que son los “préstamos por petróleo”, que aplican aun si los fondos mismos no se hayan dirigido específicamente para el desarrollo de este sector energético. Este tipo de préstamos para ALC representa más de dos tercios de los compromisos de la región con China para el período 2008-2012, alcanzando los 59 mil millones US$.

Desde 2008, Venezuela ha negociado seis de estos préstamos (un total de 44.000 millones US$), Brasil firmó uno por 10.000 millones US$ (2009), Ecuador firmó dos compromisos por petróleo de 1000 millones US$ cada uno (2009 y 2010) y dos más por 3.000 millones en 2011 [23] . A su vez, también es importante resaltar que existen líneas de crédito chinas vinculadas con la importación de bienes de este país, en las cuales se conviene que una parte del préstamo se gaste en el consumo de mercancías asiáticas por parte del país deudor.

A pesar de que China continúa otorgando créditos soberanos, los montos de los mismos han disminuido en 2011 y 2012 respecto a 2010: 6.800 millones US$ en 2012, casi la mitad de 2011, y 80% menos que en 2010. No obstante, Ray y Gallagher plantean que los préstamos del CDB y del ExImBank a los gobiernos latinoamericanos tienden a ser líneas de crédito en las que es probable que dichos gobiernos requieran tiempo para disponer de ellas, por lo que esto no necesariamente representa una desaceleración de la nueva deuda [24] .

Esta dinámica descrita, desde al menos principios de este siglo, tiene extraordinarias implicaciones geopolíticas y políticas para los países latinoamericanos, principalmente los más tocados por la fuerza del avance chino en el sistema-mundo capitalista. Repercute enormemente en sus modelos dependientes, en sus esquemas domésticos de poder, en sus sistemas sociales, y en sus vinculaciones territoriales y de relacionamiento con la naturaleza.

La política oficial del gigante asiático para América Latina (2008) enuncia que “ China tratará a los países latinoamericanos y caribeños en pie de igualdad y respeto mutuo (…) De acuerdo con el principio de beneficio recíproco  [25] . Sin embargo, la disputa geopolítica, los intereses estratégicos chinos, y en primera instancia, la lógica del capital, orientan esta relación hacia la profundización de nuestra función específica en la División Internacional del Trabajo y de nuestra condición de dependencia sistémica, en un contexto de crisis global que incrementa las vulnerabilidades de nuestra región.

La orientación extractivista de esta relación sino-latinoamericana se hace evidente al comparar el porcentaje de exportaciones de bienes primarios respecto a las exportaciones totales de América Latina en el mundo entre 2008 y 2012, que fue de 56%, y las exportaciones de la región sólo al país asiático, que en bienes primarios representaron la significativa cifra de 86,4%. Si advertimos que el 63,4% de lo que importa China son bienes manufacturados [26] , se hace más notorio el papel de provisor de commodities que los asiáticos necesitan que cumplamos, lo que va en dirección opuesta a las reivindicaciones históricas de que Latinoamérica salga de la dependencia de únicamente vender naturaleza al mercado mundial capitalista.

Varios países de la región han visto como prácticamente se duplica su dependencia en la exportación de bienes primarios a China, tales como Brasil (hierro y soja), Argentina (soja), Perú y Chile (cobre y metales no ferrosos para ambos países) [27] . Lo que es fundamental resaltar, es que mientras China crece en importancia como mercado de exportación y genera presiones a la profundización del extractivismo en la región, cae el peso de la exportación de bienes manufacturados respecto al total de ALC, pasando de representar el 53% del total de exportaciones en 2002, al 39,7% en 2012, típico efecto de los ciclos de crecimiento y boom de los ingresos rentísticos por commodities. Además, desde 2008, el 70% de las exportaciones latinoamericanas a China provienen sólo de 6 sectores de 2 o 3 países cada uno, lo que refleja notables niveles de concentración extractiva de productos en su mayoría no refinados, que expone a la región a las fluctuaciones en los precios de los productos básicos [28] , en buena medida influidos por la especulación financiera.

El posicionamiento de las mercancías chinas por la vía de la importación en numerosos países de la región está estrechamente vinculado con las consecuencias “desindustrializadoras” propias del llamado «Efecto China». Nueve de las principales diez importaciones provenientes de China hacia ALC son manufacturadas con un fuerte énfasis en electrónica y vehículos. El tipo de producto manufacturado que se importa primordialmente (en orden de importancia relativa) son equipos y repuestos de telecomunicaciones (9.3% 2008-2012), máquinas y equipos de procesamiento automático de datos (3.8%), barcos, botes y estructuras flotantes (4.0%), instrumentos y aparatos ópticos (3.3%), productos derivados del petróleo (2.7%), calzado (2.5%), maquinaria y aparatos eléctricos (2.3%), motocicletas, ciclomotores, bicicletas y carros (2.0%), repuestos para máquinas de oficina (2.1%), carritos de bebé, juguetes, juegos y productos deportivos (2%) [29] . ¿Son estas importaciones las más convenientes para favorecer a un proceso de transición hacia modelos menos dependientes del capital globalizado?

Las muy significativas diferencias en precio y productividad de la industria china en comparación con la mayor parte de la producción industrial de la región genera grandes presiones que reafirman los procesos de reprimarización económica e impulso extractivista, profundizando los rasgos de la relación funcional centro-periferia. Mientras los exportadores latinoamericanos dependen de unos pocos productos básicos, vulnerables a las fluctuaciones de precios, las exportaciones chinas manufacturadas hacia la región, que son más diversas y menos concentradas, han crecido en cantidad y valor al punto que desde 2011 existe un déficit en la balanza comercial de ALC. Estos efectos mencionados en general, tienen muy importantes implicaciones en el curso de las transformaciones políticas que vive Latinoamérica.

Venezuela, el “Efecto China” y la acumulación por desposesión

China es hoy el segundo socio económico de Venezuela (según estudio del INE) y un aliado geopolítico estratégico. El gigante asiático es uno de los principales inversores en los proyectos de explotación petrolera de la Faja del Orinoco, acompañando al gobierno nacional en su objetivo de aumentar la cuota extractiva en el futuro próximo. China importa casi el 12% del petróleo que consume de América Latina, siendo que cerca de la mitad de éste (46%) proviene de Venezuela.

Según expresara en su momento el presidente Chávez, entre 2001 y 2011 se suscribieron más de 350 acuerdos e instrumentos entre ambas naciones [30] principalmente en áreas de infraestructura —como un proyecto de ferrocarril y la Gran Misión Vivienda Venezuela—, energía, agricultura, minería, petroquímica y transporte, entre otros. Estos proyectos están siendo financiados a partir de la creación del Fondo Chino, establecido una vez que Venezuela iniciara el suministro petrolero a los asiáticos en 2007, y los dos gobiernos firmaran acuerdos denominados deCooperación Financiera de Largo Plazo para “acelerar el desarrollo social y económico de Venezuela [31] .

Destaca que Venezuela representa casi dos terceras partes del total del financiamiento de infraestructura que China dio en toda Latinoamérica (unos 28.000 millones US$) [32] . A su vez, será el país asiático quien financie nuestro camino a la ampliación de los proyectos de minería —insólito para el país con la mayor reserva de petróleo del mundo—, al firmar Venezuela un convenio a fines de 2009 por mil millones US$ (casi la cuarta parte de lo financiado para minería por China en ALC) con el CDB. La empresa transnacional china Citic elabora en la actualidad, junto con el Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin), el llamado mapa minero de Venezuela –«la exploración geológica de las reservas minerales en el país»–, misma empresa que, luego de la nacionalización del oro en 2011 por parte del Gobierno Nacional, firmó a fines de febrero de 2012 un acuerdo con éste, en la figura de empresa mixta, para la explotación de oro en una de las minas más grandes del mundo, Las Cristinas —unas 17 millones de onzas de reservas estimadas [33] .

Además de créditos en forma de financiamientos conjuntos para inversiones discrecionales, un préstamo para el proyecto de refinería Abreu e Lima (2011), y otro para compras de productos relacionados con el petróleo (2012), en 2010 se estableció específicamente una línea de crédito relacionada con el comercio. El plan de créditos de 20.000 millones US$ del Fondo Pesado (2010) también se orienta a proyectos e importación de bienes chinos. Esto se conecta, por ejemplo, con la ampliación en el mercado venezolano de teléfonos celulares marca Haier, y las facilidades de bajos precios y créditos a largo plazo y sin intereses de aires acondicionados, televisores, lavadoras, entre otros, en el marco de la Misión Mi Casa Bien Equipada [34]  y la llamada “Cédula del Buen Vivir”. La recreación de una sociedad de abundancia sostenida en la renta petrolera y articulada a tratados comerciales externos, tiene su génesis en la firma por parte de Pérez Jiménez en 1952 de la versión revisada Tratado Comercial entre EEUU y Venezuela de 1939 para mantener condiciones muy favorables para la importación de bienes manufacturados de ese país, en “defensa del acceso del público a bienes de alta calidad a precios razonables”. La fórmula parece similar en la actualidad, pero sustituyendo en los tratados a los EEUU por China.

Es importante subrayar que los créditos chinos son pagaderos con petróleo, lo que implica que una serie de gastos y compromisos futuros, y la expectativa de realizar otros nuevos en nombre del mentado “desarrollo”, se respaldan en la naturaleza “rentable” que comprende el territorio nacional, y un porcentaje de la producción nacional se destina para pagar dichos préstamos, lo que en un contexto de severas dificultades y desequilibrios económicos en el país, amenazan con la viabilidad económica de la Revolución Bolivariana. Basta pensar en un hipotético escenario de caída de los precios internacionales del crudo —como ya ocurrió en 2009— para hacer más claro la notable vulnerabilidad de esta situación.

A estas alturas, aún si sumáramos los préstamos chinos, los del BID y del BM en América Latina desde 2005, tendríamos a Venezuela en primer lugar de la región en créditos adquiridos, destacando que sólo ella ha recibido casi la mitad de los mismos emitidos por China en toda ALC. El presidente del BANDES, Gustavo Hernández, reconoció en enero de 2014 que el financiamiento de China “supera en todos los tramos más de los 40 mil millones de dólares [35] , de los cuales, según afirmara en agosto de 2013 el Ministro para la Energía y Petróleo, se habrían cancelado 20.000 millones US$ [36] . La extensión de 5 mil millones US$ del Fondo Chino para “viviendas e industrias” depositada en diciembre de 2013, así como nuevas solicitudes crediticias, supondrían un aumento de la cuota de envío de petróleo al país asiático como pago de la deuda, que en la actualidad se encuentra en alrededor de 250.000 barriles diarios, lo cual achicaría y comprometería aún más los montos disponibles para gastos corrientes.

Es fundamental reflexionar sobre las implicaciones que el tipo de encadenamiento bilateral que mantenemos con China pueden tener tanto en las pretensiones de transformar el modelo rentista y llevarlo a formas productivas alternativas —en el caso de las corrientes más voluntariosas de la Revolución Bolivariana, ir hacia el “Estado Comunal”—, como en las propias posibilidades de viabilidad futura de un proyecto social de inclusión popular nacional, en un mundo donde las fuerzas del capital globalizado presionan enormemente para avanzar hacia procesos masivos de acumulación por desposesión.

La forma como se estructuren las relaciones económicas internacionales determinan la política doméstica —y más para un país periférico como Venezuela— y delimitan las posibilidades de avanzar, o no, hacia modelos post-extractivistas en el país y la región —piénsese, por ejemplo, en las terribles consecuencias que acarrearía para los pueblos de los países del MERCOSUR, la concreción de un inminente TLC con la Unión Europea [37] . China, por la potencia de su economía y las características de su nación, por su política económica exterior, y por los efectos que ha generado su crecimiento en el mundo, representa hoy la fuerza más dinámica en el reforzamiento de los patrones coloniales/imperiales. China está en disputa por la hegemonía del sistema capitalista, y su expansión está determinada por la lógica depredadora del capital, a pesar del acuñado “socialismo con características chinas”.

Los crecientes compromisos rentísticos internacionales que adquiere Venezuela en nombre del “desarrollo”, lo inserta en un círculo vicioso que lo obliga a la necesidad de captar cada vez más renta. De esta forma la misión desarrollista del petro-Estado venezolano hace evidente que cada vez más factores exógenos determinan la realidad nacional. La conexión de los convenios de endeudamiento progresivo con China, con el Plan Siembra Petrolera y el Plan de la Patria —duplicar la extracción petrolera para financiar la «modernización» y poder pagar con petróleo su costo—, al contrario de lo alegado en la retórica política sobre la “independencia” (el Obj. I del Plan de la Patria), encierra a Venezuela aún más en su limitada función extractivista, al tiempo que profundiza el modelo de sociedad que en teoría queremos cambiar, y nuestro nexo de tipo enclave que tenemos con los grandes capitales transnacionales, debido a que los acuerdos y proyectos firmados van estructurando los compromisos y haciendo más rígido el esquema de organización productiva, sometido a una serie de contratos de corto, mediano y largo plazo.

Los desajustes y desequilibrios que vivimos en nuestra economía doméstica, impulsados en muy buena medida por los efectos de las descompensaciones internas que produce la llamada “Enfermedad Holandesa”, producto del boom de los commodities que desde 2004 ha estimulado primordialmente China, se inscriben en una larga crisis de agotamiento estructural del modelo del capitalismo rentístico nacional que se da desde hace unos 30-40 años [38] . Aquí se mezclan las consecuencias del llamado “Efecto Venezuela” con el denominado “Efecto China”, lo cual siembra dudas sobre la posibilidad de mantener el curso actual de captación de la renta petrolera en el país, y la consiguiente probabilidad de intensificación del endeudamiento externo y vulneración a procesos masivos de acumulación por desposesión.

Una más intensa integración a la globalización capitalista nos hace más dependientes y vulnerables ante un sistema-mundo en crisis, lo cual resulta muy peligroso. Debemos atender a lo que hemos denominado, a partir de David Harvey, el neoliberalismo mutante. La acumulación por desposesión opera también mediante finos mecanismos desterritorializados, moleculares e híbridos, pudiendo coexistir con formas de control estatal. Paradójicamente, en la medida en la que un Estado periférico administra los procesos expansivos domésticos de articulación con el capital transnacionalizado, abre el camino para un progresivo ataque y desmantelamiento de los propios dispositivos de protección estatal.

El neoliberalismo post-consenso de Washington no opera primordialmente bajo la lógica del «shock», por lo que es fundamental tratar de detectar esos mecanismos moleculares de acción antes que sea muy tarde. En este sentido es menester preguntarse, ¿qué supone la flexibilización de algunos parámetros de los proyectos de la Faja del Orinoco en favor de las transnacionales, y qué factores geopolíticos los propician? ¿Qué suponen algunas medidas económicas tomadas con carácter de apertura, y qué factores sistémicos los promueven? ¿Qué procesos de la acumulación de capital doméstica está administrando el Estado y cómo lo está haciendo?

Por último, es esencial hacer notar que, si Venezuela y en general, América Latina, han basado su crecimiento en los ingresos por exportación a partir de la demanda de materias primas de China, es obvio que esto no será para siempre. Si el crecimiento chino, que muestra tendencias de frenado desde hace más de dos años —en 2012 tuvo la tasa de crecimiento más baja desde 1999 [39] —, llegara a ralentizarse o a disminuir en el mediano plazo, o bien si el gigante asiático dirigiese su mirada hacia adentro, en busca de un rebalanceo de su economía, esto tendría importantes impactos en América Latina y, en general, en la economía mundial. El asesor económico Daniel Munevar afirma que: “En este contexto, para los futuros y derivados sobre las materias primas la desaceleración del crecimiento de China sería el equivalente de lo ocurrido en el verano de 2007 con los primeros problemas de las hipotecas subprime  [40] .

Existen alternativas a estos tipos de encadenamientos sistémicos, que requieren otro espacio para exponerlas con mayor detalle. Sólo mencionamos tres elementos: desconexión selectiva, comercio de los pueblos intrarregional estilo ALBA en pro primordialmente de una soberanía alimentaria, y transiciones desde la soberanía y administración territorial visto desde las comunas.

* Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) y hace Fuentes consultadas (…) Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180450

En consecuencia, abajo y a la izquierda, debemos esforzarnos por generalizar la superación de prejuicios y la descolonización del sentir, pensar y actuar conque el capitalismo nos moldeó o normalizó. Porque, así como estar con las comunidades Mapuche es crucial para poblar la Patagonia hacia buenos vivires convivires, "sin los pueblos indígenas amazónicos no hay debate amazónico posible,  incluyendo de manera concreta y objetiva a los pueblos indígenas en estado de aislamiento. Aunque estén ocultos en la selva, cansados de tantas agresiones y de tanta hostilidad, su voz es la más potente de todas."

 

Son tiempos, los actuales, en que necesitamos revisión concienzuda de conceptos, principios y perspectivas para aclararnos, recíprocamente, cómo imaginamos futuros convivires humanos. Porque hemos estado en los '60, '70, '80 y '90 esforzándonos juntos en concretar ideales compartidos de liberación social, nacional y de internacionalismo revolucionario. Pero más de una deKada evidenció que una parte importante de nosotros se conformaba con puestos en el Estado e instituciones paraestatales de la burguesía y se dedicó a bregar por el mejoramiento del capitalismo local. Para nosotros que no nos reconciliamos ese comportamiento es tristísimo y a la vez embroncante por ejemplificar, para las mayorías, que la izquierda  cuando alcanza cierto poder se vuelve tan o más obsecuente que la derecha en imponer la racionalidad del capital. Es así que fomentó, e incluso hizo cuanto pudo por implantarlo entre nosotros, el culto al liderazgo de una pareja multimillonaria a costa de empobrecernos y sostenida por el partido justicialista cuya historia fue y es nefasta para la diversidad popular. Las décadas desde 1984  prueban su carácter de eficaz hacedor de la democracia que legisló y legitimó el acelerado apoderamiento totalitario del país por la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. También esa democracia fue fortificando el Estado represor. En efecto judicializó, luego criminalizó y ahora aplica las leyes antiterroristas de los gobiernos Kirchner tanto a los desposeídos como a las organizaciones que resisten el avasallamiento de derechos humanos.

Por tanto, necesitamos esclarecernos mutuamente no sólo por la crisis civilizatoria en que estamos subsumidos sino ante todo por la extensión que adquirió la creencia  en el progresismo. Su ambigüedad permitió infundir confianza en otro capitalismo posible pero gracias a quienes siguieron como "Pablo Cingolani, poeta argentino en Bolivia, ya que nos obligaron a enmarcarnos dentro límites, ha pasado la vida intentando comprender aquel mundo evanescente, forzado a desaparecer. Como tal, combate en lucha de titanes en contra del poder establecido, cuyas aficiones-ambiciones siempre se dirigen a explotar inmisericordes los recursos naturales sin preguntar ni importar a quién pertenecen. La ceguera humana, que reproduce la del Almirante que incendia el Paraíso en lugar de adecuarse a él, no cejará hasta que no queden vestigios de quienes fuimos, espíritu que aún pervive -y en el cual debiésemos reflejarnos para aprender a continuar sin destruirnos- en los pueblos en estado de aislamiento, o en los remanentes de los grupos selváticos extenuados por la falsa liberación que les concede ya no sólo el blanco, también el oscuro, aymara, negro, amarillo, cualquiera que tenga como objetivo el enriquecimiento a toda costa, con o sin retórica engañosa que al fin resultan lo mismo". Leer

Percibamos, a través del artículo siguiente, que nuestro desafío no es una batalla de ideas sino que implica tratar de resolver problemas fundamentales a la humanidad como los referidos a bienes comunes naturales. Sobre todo es procurar la participación decisoria de los pueblos implicados directamente en la praxis de la justicia social y la ambiental de cada uno de esos conflictos claves para garantizar la vida en el planeta. Es valorar historias de y estar siendo en armonía eco social.

 

Defender a los pueblos indígenas es el único camino para defender a la Amazonía

30 de agosto de 2012

 

Por Pablo Cingolani

 

Acaba de conocerse una declaración del Panel Internacional en Ambiente y Energía de la Amazonia, conformado por técnicos y científicos de países amazónicos y no amazónicos, donde se plantea, en lo esencial, una moratoria de todos los megaproyectos mineros, petroleros, hidroeléctricas y carreteras en la selva amazónica, que marque el punto de inicio de un debate urgente y amplio sobre el destino de la selva más vasta del planeta. El pronunciamiento público está fechado en Lima, Perú, el pasado 8 de agosto.[1]

 

La referida declaración propone en uno de sus segmentos: “enfrentar los problemas amazónicos de otra manera”. En ese marco, se expresa lo siguiente: “el Panel sostiene que es necesario comenzar a discutir los límites ecológicos de la apropiación de la Naturaleza amazónica y afirmamos que el desarrollo actual es insustentable. No proponemos ambientes intocados o sin humanos, pero consideramos que la región no puede abastecer el consumo de todos los mercados, nacionales y globales, ya que ello llevaría a su destrucción”.

 

Por un lado, en el primer párrafo, se propone establecer límites. Por el otro, en el siguiente párrafo transcripto, estos mismos límites quedan abolidos. ¿Cómo debe entenderse sino esto de “No proponemos ambientes intocados o sin humanos”? ¿Qué significa esto para los distinguidos panelistas? ¿Qué implicancias tiene? ¿Cuáles serán esos límites ecológicos-económicos a discutir si previamente ya se afirma que no se postula la existencia de ambientes sin tocar o territorios sin hombres?

 

Las dudas que acumula el documento pueden ser aún más graves, por qué ¿qué son ambientes intocados o sin hombres para estos señores científicos? ¿Son los territorios indígenas que las fuerzas destructivas de la selva siempre considerando enormes en su extensión e improductivos en su función económica? ¿Son los frentes etnoambientales que estableció la FUNAI en Brasil donde se protege la existencia de los últimos pueblos indígenas en estado de aislamiento? ¿Son las reservas indígenas del Perú donde se preserva la vida y los derechos humanos de estos mismos pueblos?

 

Creemos sinceramente que el documento adolece de un pecado capital: soslaya, subestima, marginaliza y condena en suma a la cuestión indígena a ser uno más de los temas de la nueva agenda amazónica que se postula, cuando en realidad, y es lo que nosotros creemos con mayor firmeza, el destino de los pueblos indígenas de la Amazonía debe ser la piedra fundamental sobre la que se construyan nuevas visiones y acuerdos que perfilen un derrotero de salvación de la selva, pero especialmente políticas y acciones de respeto y garantía de existencia a sus moradores originarios, es decir a los Pueblos Indígenas.

 

De ahí que discutir sobre límites, sin primero fijar claramente que esos nuevos límites económico-ecológicos que se pretenden establecer, deben considerar, afirmar y asegurar los límites político-administrativos y geográfico-culturales vigentes de los territorios indígenas, los límites vigentes de los frentes etnoambientales y reservas indígenas, los límites de los TCOs y la Zona de Reserva Absoluta Toromona en Bolivia,[2] límites que de manera clara y firme expresen el reconocimiento a todos los derechos de esos pueblos indígenas, especialmente su derecho a existir y a su forma de vida tradicional; si esto no se convierte en la prioridad, la discusión planteada no tiene ningún sentido.

 

Ante todo, por un motivo crucial, ausente en el documento de marras: el reconocimiento que la conservación y el manejo de la biodiversidad amazónica es mérito y responsabilidad de los pueblos indígenas. La herencia ambiental amazónica no es sólo un milagro de la naturaleza, sino la acción histórica y decidida de los pueblos indígenas que la habitaron y que viven actualmente en ella. El patrimonio natural de la Amazonía es obra y legado de sus pueblos.

 

A la vez, debe existir por eso mismo, un reconocimiento histórico a esos pueblos que han sido víctimas de genocidio, etnocidio, hostigamiento y persecución a lo largo de los últimos cinco siglos, y que recién en el siglo pasado, comenzaron a ser visibilizados y respetados, en muchos casos, con el reconocimiento legal de sus territorios ancestrales.

 

En esa dirección y en todo debate sobre la Amazonía, es imperioso recordar la histórica Declaración de Belem, producto del Primer Encuentro Internacional sobre Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonía y del Gran Chaco, convocado por Sydney Possuelo, el año 2005, cuando afirmó que “Los pueblos indígenas americanos son originarios y pre-existentes a los Estados nacionales, constituyendo, en el caso particular de los pueblos aislados, testimonio vivo de éstos y además sobrevivientes de un genocidio histórico que continúa”. Estas afirmaciones han sido pioneras y siguen siendo la única brújula para no perderse entre palabras que a veces se vuelven más enmarañadas que algunas de las selvas que se pretenden defender…[3]

 

Si este enfoque, si estas verdades históricas, si estas realidades consecuentes, no están en la base de la discusión propuesta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ponerle límites a la catastrófica situación que se vive en la Amazonía?

Señores panelistas: los límites que ustedes plantean debatir deben dejar bien en claro que incluyen el respeto a los límites actuales de los territorios indígenas, incluyan estos ambientes intocados y aparentemente sin hombres.

 

Por otra parte, esa distinción de “ambientes intocados y sin hombres” es una distinción académica, producto de la cultura occidental. Para los pueblos indígenas, esas categorías no existen. Todos los ambientes naturales cumplen una función cultural y los hombres van y vienen por esos territorios de acuerdo a sus usos y costumbres. En todo caso, todo el efecto desestabilizador de las sucesivas invasiones que ha sufrido la selva, puede crear en la mente occidental la existencia de tales y aparentes santuarios, que no son tales. Antes de la llegada de los europeos, toda la selva amazónica estaba habitada, no existían los tales espacios intocados y sin hombres.

 

Pero la contradicción en la que los panelistas caen, es más trágica aún, y en su propia lógica: ¿si todo se puede tocar y si todo se puede poblar –que es la consecuencia de su renuncia a los “ambientes intocados y sin hombres”- que quedará de la Amazonía?

 

Insistimos que la única vía de discusión posible del presente y del futuro amazónico es poner la cuestión indígena por delante. Si los Estados, el Mundo, los panelistas y quien sea quieren hacer algo por evitar la destrucción total de la selva y de sus culturas, lo primero que deberían hacer es escuchar a los indígenas, asegurar sus territorios y respetarlos como lo que han sido y como lo que son.

 

No hay debate amazónico posible, sin los pueblos indígenas amazónicos, incluyendo de manera concreta y objetiva, a los pueblos indígenas en estado de aislamiento. Aunque estén ocultos en la selva, cansados de tantas agresiones y de tanta hostilidad, su voz es la más potente de todas, para dejar en claro cuáles son los límites reales y cuales los imaginarios cuando buscamos frenar la devastación y el genocidio en la Amazonía.

Río Abajo, Bolivia, 24 de agosto de 2012

______________________________________

[1] La declaración completa puede leerse aquí

[2] La Zona de Reserva Absoluta Toromona, es la única en su tipo en Bolivia, que protege la existencia de un pueblo indígena en estado de aislamiento. Fue creada el año 2006, al interior del Parque Nacional Madidi, en la Amazonía. A la vez, el gobierno boliviano aprobó recientemente un decreto para la protección de los segmentos del pueblo indígena Ayoreo que también se encuentran aislados en la región chaqueña.

[3] Sobre la relación ya planteada entre los indios y la sobrevivencia de la selva, la declaración es también muy clara y dice que “La interdependencia de estos pueblos con sus territorios asegura la integridad de la biodiversidad y vastas porciones de biosfera en buen estado de conservación”. La Declaración de Belem sobre Pueblos Indígenas Aislados del 11 de noviembre de 2005 puede leerse completa aquí (pdf)

FOBOMADE

Leer

 

Hoy el capitalismo ha agravado la situación pero crece desde abajo la resistencia.

 

22 de septiembre:

Movilización Amazónica Internacional

18 de septiembre de 2017

 

La principal demanda conjunta de la movilización es una Misión internacional de emergencia de ONU a la Amazonía, cuya urgencia queda de manifiesto en el reciente asesinato de los indígenas amazónicos en Brasil. Puedes sumarte activamente en todos los países amazónicos y del mundo.

 

COICA llama a la humanidad toda a sumarse activa y protagónicamente a la primera movilización panamazónica para este viernes 22 de septiembre

  • Su principal demanda es una Misión Internacional de ONU de emergencia para detener el etnocidio y la deforestación de la Amazonía
  • El Foro Social Panamazónico – FOSPA suscribe y adhiere plenamente a esta movilización y entrega aquí indicaciones precisas para que todos/as y cada uno/a puedan apoyarla

“Defender a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Exigimos a los Estados respetar su derecho a la libre determinación, reconocerlos, demarcar y proteger sus territorios y garantizar su naturaleza transfronteriza”

CARTA DE TARAPOTO

Nueve confederaciones indígenas, una por cada uno de los nueve países amazónicos, que agrupan a 400 federaciones nacionales y miles de comunidades, integran la COICA, Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Todas tienen un factor en común, la amenaza de exterminio como pueblos y de destrucción material de la mayor reserva forestal y acuífera del planeta.

No es posible exagerar este peligro ni desconocer que se cierne sobre toda la humanidad, sin excepción.

Aunque los pueblos amazónicos están en la primera línea de defensa de esta lucha por la vida, el Amazonas interactúa amorosamente con todos los demás biomas del planeta. Su pérdida sería también, inevitablemente, la pérdida de las lluvias y el aumento de ciclones devastadores en lugares tan distantes como Los Andes, Buenos Aires, Nueva York e Indonesia.

Mientras escribimos estas letras, ya se ha destruido entre el 20% y el 30% de ese tesoro de vida. Al ritmo actual de depredación, en 2030 se llegará al punto de no retorno que hace irrecuperable esta reserva y su función ecológica planetaria. Y esto, sin considerar que la mayor potencia del mundo actual tiene un Presidente que niega la existencia del cambio climático y el calentamiento global.

Como macabro corolario de este contexto, hace unos días, nada más, al menos 20 indígenas amazónicos en aislamiento en Brasil, cerca de la frontera peruana, han sido asesinados por mineros buscadores de oro.

Frente a estas realidades graves y urgentes, COICA llama a la consciencia de la humanidad toda para sumarse y apoyar la Primera Movilización Amazónica el próximo viernes 22 de septiembre de 2017. Una decisión tomada por sus Consejos Directivo y de Coordinación.

Su lema central es: “AMAZONÍA VIVA, HUMANIDAD SEGURA”, al cual pueden sumarse todos los demás lemas afines que las personas y espacios consideren pertinente en cada país y localidad de la Amazonía y del mundo, de acuerdo a sus demandas, propuestas y luchas.

La principal demanda conjunta de la movilización es una Misión internacional de emergencia de ONU a la Amazonía, cuya urgencia queda de manifiesto en el reciente asesinato de los indígenas amazónicos en Brasil.

Esta es la primera de un total de siete, a las que se suman demandas específicas nacionales en cada país, que puedes conocer con detalle en el Mandato de Pucallpa, que decide y mandata la movilización.

¿CÓMO PUEDES SUMARTE ACTIVAMENTE?

En todos los países amazónicos y del mundo:

1. Participa y/u organiza actividades de plantón frente a las sedes de organismos de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas ( Relatora Especial, OIT, CERD) y de la OEA (CIDH, OTCA) y Comisión de DDHH Europea para realizar Misión ONU de emergencia a la Amazonía, para verificar y detener el etnocidio y la destrucción ambiental.

2. Envía y/o entrega cartas públicas a estas mismas entidades en tu país, solicitando formalmente la realización de esta Comisión Internacional ONU de Emergencia.

3. Participa en las acciones acordadas en cada uno de los países amazónicos:

CIDOB/Bolivia: TIPNIS vigilia, marcha santa cruz, bicicleteada

OPIAC/Colombia: «Fast Track», marchas en Bogotá, Letivia, Mocoa

FOAG/Guyana Francesa: Mina Oro, Macron, Marcha Cayenne

CONFENIAE/Ecuador: Foro y Feria en Quito

ORPIA/Venezuela: Foros en Puerto Ayacucho y Lago Maracaibo

COIAB, APA, OIS (Guyanas y Surinam) por definir

PERÚ, ver más abajo.

4. Toma iniciativa y organiza tú mismo, en tu país, región o localidad, otras acciones de apoyo y solidaridad (plantones, marchas, actos culturales, foros, etc.), coordinando con el Comité organizador internacional a este correo: ayamtai08@gmail.com

5. Difunde y enlaza comunicacionalmente esta movilización lo más ampliamente posible. Crea spots radiales en audio, en vídeo, gráficas, que ayuden a la difusión, coordinando con estos correos:rperez@dar.org.pe / moniska118@gmail.com / jorgeagurto@gmail.com

6. Paga directamente, como aporte voluntario, promoción de esta difusión en facebook

7. Genera entrevistas, reportajes, etc., en medios de comunicación para informar y convocar a esta movilización, coordinando con estos correos: rperez@dar.org.pe / moniska118@gmail.com /jorgeagurto@gmail.com

8. Haz que personajes públicos conocidos graben mensajes en vídeo con teléfono celular de 1 minuto de duración, adhiriendo y convocando a la movilización y envíalos para difusión a estos correos: coordinando con estos correos: rperez@dar.org.pe / moniska118@gmail.com /jorgeagurto@gmail.com

9. Elabora y haz público comunicado formal de tu organización o red en apoyo a la movilización y solicitando la Misión de ONU de emergencia a la Amazonía, envíalos a estos correos:rperez@dar.org.pe / moniska118@gmail.com / jorgeagurto@gmail.co

10. Contribuye con recursos, como aporte voluntario a la movilización, para el traslado de líderes asháninkas a Lima en Perú y hacia Santa Cruz en Bolivia, coordinando con este correo:gisela.ravina@gmail.com

EN PERÚ:

Difunde el calendario de actividades y participa en ellas:

Movilización por Reserva Comunal Yaguas

Otras movilizaciones en regiones, por definir

En Lima:

10am: Conferencia Prensa Congreso Nacional

11am-1pm: Foro «Destrucción Amazónica y Alternativas Indígenas» (Auditorio faustino Sánchez Carrión del Congreso.

2pm: Plantón en Ministerio Economía y Finanzas

5pm: Plantón en Embajada China

7 pm: Acto cultural en Plaza San Martín, centro de Lima / Aporta con tu batucada, teatro, número musical, etc., etc., coordinando con: gisela.ravina@gmail.com

Lleva tu polo blanco porque habrá serigrafía para estampar lemas y símbolos de la movilización.

Informate en: Aidesep

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Campanas_y_Acciones/22_de_septiembre_Movilizacion_Amazonica_Internacional

 

 

Apreciemos que las diversidades de abajo de Nuestra América compartimos que:  "Los derechos de nuestros pueblos son pisoteados por oligarquías al servicio de las grandes corporaciones trasnacionales. La creciente militarización demuestra que la democracia en nuestros países es sólo una farsa. La persecución en contra de los hombres y mujeres que defienden sus derechos es una muestra más que quienes nos gobiernan son súbditos del gran capital y de sus proyectos de muerte". Pero además quienes fuimos subsumidos en extractivismos por gestiones progresistas fuimos inducidos a estigmatizar a las comunidades en resistencia al despojo y a justificar la multiplicación de "zonas de sacrificio" en aras del 'progreso' en la sociedad de consumo cuya existencia fue subsidiada directa e indirectamente en nombre del bienestar e inclusión social.

 

 

 

VIII Foro Mesoamericano de los Pueblos. Declaración de Minatitlán

13 de abril de 2011

Reunidos los días 8,9 y 10 de Abril del 2011 en este pueblo de Minatitlán, Veracruz, México en el corazón de la tierra olmeca, los representantes de organizaciones, comunidades, redes y movimientos de toda Mesoamerica emitimos la presente Declaratoria.

Los pueblos de Mesoamérica vivimos hoy una de las etapas más difíciles de nuestra ya larga historia ; los grandes megaproyectos como el Plan Puebla-Panamá ( hoy Proyecto Mesoamerica) y los Tratados de Libre Comercio sólo han traído más miseria y violencia para nuestras gentes. En nuestros territorios se vive una nueva invasión. Millones de hogares mesoamericanos están hoy desgarrados por la pobreza y la migración y somos las mujeres las que sufrimos con mayor fuerza la discriminación y la violencia.


Los derechos de nuestros pueblos son pisoteados por oligarquías al servicio de las grandes corporaciones trasnacionales. La creciente militarización demuestra que la democracia en nuestros países es sólo una farsa. La persecución en contra de los hombres y mujeres que defienden sus derechos es una muestra más que quienes nos gobiernan son súbditos del gran capital y de sus proyectos de muerte.

Como resultado de la terrible desigualdad que existe en nuestros países, diariamente miles y miles de mesoamericanos dejamos nuestras casas, para viajar al Norte en busca de empleo. Los migrantes son objeto de gravísimas violaciones a sus derechos, a diario decenas mueren por accidentes, pero también por ataques y agresiones del crimen organizado y de la policía. Esta tragedia en buena parte es responsabilidad de los gobiernos y en particular del mexicano que le hace el trabajo sucio a los intereses norteamericanos

En los últimos años nuestros territorios han sido escenario de grandes siniestros, miles y miles han muerto o han perdido sus viviendas, animales y cultivos. El llamado Cambio Climatico producido por el ritmo enloquecido del modelo capitalista neoliberal afecta principalmente a los más pobres. La Madre Tierra viene sufriendo grandes daños y son las mismas empresas y gobiernos responsables de este desastre quienes promueven falsas soluciones, como el REDD que significa el despojo y la privatización de selvas y bosques muchas de ellas de propiedad inmemorial de los pueblos indios.

En nuestros países, son muchas las familias que han sido desplazadas de sus hogares, por la construcción de represas hidroeléctricas, carreteras y otros proyectos como los de ganadería extensiva. También son muchos los pobladores que han sido desalojados de sus viviendas por proyectos de urbanización salvaje.

Las inversiones extranjeras apoyadas por los gobernantes de nuestros países están orientadas al saqueo de nuestros recursos naturales, hoy mismo el 14% del territorio mesoamericano ha sido concesionado a empresas mineras extranjeras principalmente canadienses, las cuales explotan brutalmente la fuerza de trabajo de nuestra gente, destruyen ríos, contaminan tierras y dividen comunidades. Los gobiernos de Norteamerica, Asia y Europa impulsan iniciativas de muerte disfrazadas de cooperación y a través del llamado Libre Comercio sólo buscan favorecer los intereses de las grandes empresas trasnacionales.

Los pueblos de Mesoamerica somos herederos de antiguas culturas, contamos con costumbres y conocimientos milenarios y con una larga tradición de resistencia y lucha. En base a esta historia es que este Foro condena al Modelo Neoliberal el cual es impulsado por los gobiernos y empresas trasnacionales; modelo que sólo nos ha empobrecido y que ha dañado profundamente a nuestra Madre Tierra.

Es por ello que este VIII Foro Mesoamericano de los Pueblos ha tomado los siguientes acuerdos:

  • Luchar por la Soberanía Alimentaria, la defensa de nuestras semillas nativas y de los conocimientos tradicionales.
     

  • Impulsar la defensa de los Derechos Humanos, y en contra de la Militarización, la criminalización de la protesta. Exigimos cese el feminicidio y la discriminación hacia las mujeres y la comunidad lésbico-gay.
     

  • Defender nuestras tierras y recursos naturales, enfrentando los proyectos hidroeléctricos, mineros, turísticos, de ganadería extensiva, plantaciones forestales y de infraestructura. Lucharemos en contra del desplazamiento de población por parte de estos megaproyectos y de los desarrollos urbanos.
     

  • Movilizarnos en contra de la persecución que sufren los y las jóvenes por el sólo hecho de ser jóvenes. Asimismo intensificaremos nuestra acción en contra de las agresiones que sufren a diario los migrantes.
     

  • Rechazar el papel del Banco Mundial en el financiamiento de las falsas soluciones a la crisis climática. Que el desastre lo paguen quienes lo provocaron
     

  • Fortalecer la solidaridad entre nuestros pueblos en su lucha por transformar radicalmente esta realidad injusta y caminar juntos por la construcción de sociedades equitativas, justas y libres.

Ante el gran reto que tenemos enfrente los pueblos de Mesoamerica se hace necesario que impulsemos una nueva etapa de movilización conjunta, para lo cual aportaremos nuestros esfuerzos para construir juntos y juntas un instrumento de coordinación y comunicación que nos permita movilizarnos para derrotar al sistema capitalista, neoliberal y patriarcal.

Hoy nace en Minatitlán, un nuevo movimiento, el movimiento de los pueblos mesoamericanos. En el día que recordamos la muerte de Emiliano Zapata, nacemos con dignidad y coraje en este nuevo caminar, que es el caminar de nuestros antepasados y que será el caminar de nuestros hijos e hijas.

Basta ya de despojos, basta ya de miseria y atropellos, Es la hora de los Pueblos de Mesoamerica Libre

Minatitlán, Veracruz . a 10 de Abril del 2011
Organizaciones, Pueblos, Redes de Guatemala, México, Nicaragua, ElSalvador, Panamá, Honduras y Costa Rica
Minga Informativa de Movimientos Sociales

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/VIII_Foro_Mesoamericano_de_los_Pueblos._Declaracion_de_Minatitlan

 

 

Reflexionemos sobre significados e implicancias de no haber valorado el alerta en 2011 sobre que: "Es hora de tomar urgentes medidas para frenar y revertir esta barbarie expresada en el modelo extractivista y particularmente en la minería de gran escala, así como en la ampliación de la frontera petrolera que arrebata los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida".

 

 

 

Declaración de los pueblos de la Abya Yala por el agua y la Pachamama

Ecuador, Latinoamérica
Junio 2011 



Nosotros, los pueblos de la Abya Yala, hijos e hijas del kúntur, del quetzal y del águila, nos encontramos en Guapondelig del 20 al 24 de junio del 2011, en un gran abrazo de organizaciones, comunidades, nacionalidades, colectivos y personas del continente, junto a personas académicas, investigadoras, científicas, escritoras, poetas, artistas, soñadoras, amadoras de la vida, para defender el agua y la Pachamama. Durante estos días hemos intercambiado experiencias, reflexionado, debatido y construido propuestas que van a guiar nuestro andar en esta gran Minka por la Vida.

Compartimos con nuestros hermanos y hermanas del continente y del mundo, nuestras reflexiones y los acuerdos a los que hemos llegado.
Considerando que:

  • La dimensión de la devastación ecológica y de nuestro hábitat humano, es consecuencia del modelo civilizatorio cuyo eje es el mercado y la acumulación de riqueza.
  • Es hora de tomar urgentes medidas para frenar y revertir esta barbarie expresada en el modelo extractivista y particularmente en la minería de gran escala, así como en la ampliación de la frontera petrolera que arrebata los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza, incluso bajo la forma de servicios ambientales solapados en la figura de programas de conservación.
  • El extractivismo profundiza el modelo patriarcal capitalista, explota y contamina los territorios y los pueblos, causa enfermedad y muerte, somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participación en la toma de decisiones sobre proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y violaciones.
  • El Sumak Kawsay es la vida en armonía entre los seres humanos y la Pachamama de la cual es parte, que el Sumak Kawsay nace de los pueblos andinos como una propuesta universal.
  • La agroecología es parte de la soberanía alimentaria y de la cosmovisión del Sumak Kawsay.
  • El agua es fuente de vida y el acceso a ella constituye un derecho humano, ratificamos la defensa de las fuentes de agua y los ecosistemas, y de sus ciclos vitales, indispensables para la reproducción de la vida.
  • La criminalización a personas y organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, se ha constituido en una política de Estado, que vulnera los derechos humanos y aquellos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales.
  • Las mujeres en su relación indisoluble, con la Pachamama han asumido la defensa de la vida con entereza, constituyendo fuerza vital en los procesos de resistencia.
  • La rebeldía juvenil de la Abya Yala acciona la resistencia continental y mundial, siguiendo la huella de los taitas y las mamas.
  • Los Obispos de nuestro continente, asumiéndose como Profetas de la Vida instaron con firmeza que en las intervenciones sobre la naturaleza “no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras…”.
  • La Constitución del Estado Plurinacional del Ecuador garantiza la participación de las nacionalidades y pueblos con sus propias estructuras organizativas e institucionales para ejercer el derecho humano a la Comunicación desde un estado plurinacional.

     

Declaramos:

  • A nuestra Abya Yala libre de minería metálica a gran escala, del saqueo y depredación. * A la intervención territorial y la destrucción que generan las corporaciones mineras como crímenes de Lesa Naturaleza. * Nuestra oposición a la expansión de las fronteras petroleras, a la construcción de refinerías y complejos petroquímicos, a la de hidroeléctricas, trasvases y represas que cortan los ríos y permite procesos de concentración del agua, y toda acción ilegítima que altere y devaste los bosques, páramos, manglares y demás espacios de vida.

    Ratificamos:
    * La resistencia y movilización permanente de los pueblos y nacionalidades de la Abya Yala como legítima y sagrada, en el camino de construcción del Sumak Kawsay. Consecuentemente declaramos el 11 de Octubre como el Día de la Libertad y Resistencia Continental.
    * Nuestro apoyo a los pueblos afectados por la explotación petrolera, reconocemos en su lucha la esperanza de abandonar la “civilización” petrolera, por la civilización del Sumak Kawsay.
    * La gestión comunitaria y pública del agua como garantía para preservar los derechos de la naturaleza y de las comunidades.
    * La importancia y el valor de los conocimientos y saberes ancestrales, como parte del acervo científico y cultural de la humanidad.
    * Que la Iniciativa Yasuní es una propuesta concreta a nivel global contra la crisis climática, para salvar a los pueblos libres que han recreado los bosques y salvaguardar una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Condenamos la intención de explotar el Yasuní conocida como Plan B.

    * La legitimidad del veredicto del Tribunal Ético Internacional y asumimos la validez moral y de auténtica expresión de justicia desde los pueblos, que debe ser asumida por el Estado, los medios de comunicación y la comunidad internacional.

    Exigimos:
    * La Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.
    * El cese de la explotación minera y de la ampliación de la explotación petrolera y minera, sobre todo la de gran escala, en nuestro continente. Que se restauren los sitios afectados por petróleo, minería y se devuelva su vocación natural.

    * El Derecho de los Pueblos indígenas y comunidades a continuar con sus formas de vida y a decidir sobre el destino de sus tierras y territorios.
    * La Consulta Previa, Libre e Informada como un derecho irrenunciable, expresión de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, cuya decisión debe ser tomada en cuenta y respetada.
    * Poner fin a la complicidad, patrocinio y sometimiento de los gobiernos hacia los intereses de las empresas extractivistas nacionales y transnacionales, lo cual ha provocado la violación de los derechos humanos y de la naturaleza.
    * Poner fin a la criminalización de los y las defensoras de la naturaleza.
    * La desprivatización y desconcentración del agua para su redistribución social.

    * Que los gobiernos de las Américas develen las negociaciones sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Agua, que encubren la privatización de las funciones de la Naturaleza y apropiación de los territorios.
    * Que los gobiernos prioricen el Buen Vivir de los pueblos, su Soberanía Alimentaria y los Derechos de la Naturaleza.
    * Que las universidades contribuyan a promover el Sumak Kawsay, a través de los encuentros de saberes y prácticas ancestrales, a la producción del conocimiento y la recreación de la ciencia con ética, soberanía y autonomía, libre de los conflictos de intereses de las transnacionales, comprometida con la defensa de la Vida y la Naturaleza.
     
  • Nos comprometemos a:
    * Defender la vida y organizar la resistencia mediante todos los tipos de lucha (movilizaciones, denuncias públicas, etc.).
    * Constituir una plataforma legal para levantar acciones y denuncias ante organismos nacionales e internacionales contra las compañías mineras, causantes de la depredación y violación de derechos.
    * Impulsar acciones para derogar instrumentos jurídicos que facilitan la explotación petrolera y minera, así como la construcción de hidroeléctricas y otras obras de infraestructura destinadas al saqueo y devastación. Apoyaremos las acciones legítimas de los pueblos para impedir su operación.
    * Rechazar públicamente y de manera contundente el concepto de Servicios Ambientales, que constituye una expresión de la mercantilización de la vida.
    * Entregar nuestro apoyo a los pueblos Kichwa (Sarayacu) y Cañari (Azuay) en sus procesos ante la Corte Internacional de Derechos Humanos.

    * Sostener la solidaridad y respeto con los Pueblos Amazónicos cuya tenacidad y testimonio vivo de las atrocidades cometidas por la Texaco/Chevron ha logrado sentencia favorable. 


    Estaremos vigilantes para que la sentencia se efectivice
    * Respaldar a las comunidades Montubias de Río Grande en la Provincia de Manabí, para que se salvaguarde su integridad; la fuerza pública debe abandonar el territorio de estas comunidades.
    * Promover la aplicación de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y la real aplicación del Convenio 169-OIT y demás instrumentos que amparan los derechos colectivos (Territorio, Consulta, Políticas Interculturales, etc.)
    * Conformar comisiones (con colectivos de afectados y organizaciones de apoyo), para la vigilancia del derecho al debido proceso de las personas criminalizadas por el Estado y/o empresas por defender sus derechos y los de las comunidades.
    * Solicitar desde las organizaciones sociales la visita in situ al Ecuador de la Relatoría sobre defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que constate la situación en que se encuentran las y los defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza.
    * Crear un sistema informativo para que las comunidades afectadas por los megaproyectos cuenten con información sobre sus impactos, sus derechos y mecanismos de exigibilidad.

    * Impulsar el Sumak kawsay en las comunidades urbanas: formas de organización social, vivienda, comunicación, alimentación, transporte y energía limpia.
    * Impulsar espacios de formación popular, construir alianzas con maestras/os para que integren en el proceso educativo, información, exposiciones, charlas, conferencias, seminarios, talleres itinerantes, etc. que generen conciencia y promuevan el Sumak Kawsay.
    * Dar seguimiento a las propuestas de este encuentro mediante la realización de eventos locales, provinciales, nacionales e internacionales, foros, redes sociales, publicaciones.
    * Difundir y posicionar activamente las reflexiones, acuerdos y acciones determinadas en el Encuentro, que articule y fortalezca la resistencia Continental.
    * Entregar a todos los gobiernos de la Abya Yala y a los organismos internacionales la presente Declaración y el Veredicto del Tribunal Ético, a fin de que sean considerados en sus planes de gobierno y en las normativas nacionales e internacionales.

     

Suscribimos estos acuerdos las comunidades, organizaciones, colectivos, instituciones, mujeres y hombres de: Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Nicaragua, Guatemala, México, Canadá, Estado Unidos, España, Italia, Inglaterra, Francia. www.ecoportal.net
OLCA

www.olca.cl

Fuente: http://stopsecrets.ning.com/profiles/blogs/declaraci-n-pueblos-de-la-abya-yala-por-el-agua-y-la-pachamama

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Nos urge, abajo y a la izquierda, generalizar la reflexión crítica sobre nuestra mirada capturada por los poderes establecidos con terrorismo de estado y genocidio planificado e instituidos mediante la democracia delegativa o representativa para legitimar-legalizar el avance de la expropiación oligopólica e imperialista de fondos públicos vía deuda externa y de los bienes comunes tanto sociales como naturales. Es comprender también cómo los gobiernos K continuaron y profundizaron ese proceso de reestructuración socioeconómica para la consolidación de un país desintegrado en economías de enclaves y de escala que hoy el sistema mundo del capitalismo está convirtiendo en zonas económicas especiales como campos de concentración destinados a la sobreexplotación laboral. Lo último refuerza el enfoque que hoy la política mirando por los diversos de abajo y con concepción de izquierda tiene el desafío de generalizar la percepción (conocimiento y posicionamiento) respecto a los múltiples conflictos de ajuste, despojo y represión como producto del sistema mundo capitalista y no sólo del gobierno de Macri. Porque seguiremos cautivos de la polarización para la continuidad del sistema de expoliación.

 

Los gobiernos K e izquierdas afines posibilitaron la legitimación de la ocupación y devastación de los territorios mediante exaltación del crecimiento económico durante el boom de los commodities. No sólo indujeron la creencia mayoritaria en que estábamos en un presente promisorio y participábamos de una gesta patriótica. Sino también, ante las graves consecuencias del modelo extractivo, instalaron una visión fragmentada de los problemas ocultando las causas profundas de los mismos para analizarlos o mostrarlos, muchas veces de manera sensacionalista, pero siempre aislados y producidos casi como 'fenómenos naturales'.

 

Indaguemos en lo central de la institucionalidad democrática que se fue estableciendo desde fines de 1983: garantizar la impunidad de los poderes fácticos y su socia menor la llamada clase política como mediadora imprescindible para la viabilidad de la criminalidad de lesa humanidad que son los extractivismos. Observemos cómo el envenenamiento con cianuro de poblaciones de la provincia de San Juan no provocó el Nunca Más e incluso uno de los máximos responsables José Luís Gioja fue designado presidente del Partido Justicialista en simultáneo a unos de los derrames. También Cristina Fernández de Kirchner puede presentarse como candidata con mayores posibilidades de ser votada como senadora cuando recibió con todos los honores al ceo de la Barrick Gold y vetó la ley de glaciares a beneficio de la corporación imperialista. Leamos el presente:

 

Argentina: Contra todo el oro del mundo

9 de enero de 2017

 

 Los hechos que aquí contamos ocurrieron en San Juan, en lo que fue el bloqueo durante 12 horas en el acceso a la mina Veladero en Jáchal. Un grupo de activistas de Rosario, con los que dialogó enREDando, participó del corte con una consigna clara. “Cierre, remediación y prohibición de la megaminería”. Fueron reprimidos, golpeados y arrestados por la policía de San Juan. La Barrick Gold ya provocó al menos cinco derrames de cianuro. Viola la Ley de Glaciares y proyecta nuevos emprendimientos mineros en la provincia.

 

Por María Cruz Ciarniello

Aunque los grandes medios apenas hayan difundido la noticia, que además fue tergirversada, lo que ocurrió en San Juan, más precisamente en Jáchal, da cuenta de una escalada represiva que tiene a los militantes sociales en el blanco de la escena. No sorprende que la represión y la persecución sea la respuesta de los gobiernos para quienes deciden poner el cuerpo contra el extractivismo. Lo ha sido siempre a lo largo de la historia. Lo es todavía más con un gobierno nacional de claro corte neoliberal, integrado por empresarios que además responden a las corporaciones mineras. La eliminación total de las retenciones como una de las primeras medidas de Mauricio Macri indica la profundización de un modelo que envenena la vida.

En Jáchal, provincia de San Juan, la minería a cielo abierto tiene a uno de las multinacionales más importantes operando de manera irrestricta. No hay límites para la Barrick Gold, ni siquiera la Ley nacional de Glaciares, que la Barrick viola impunemente (Ver nota en Revista MU 106). El agua de Jáchal está contaminada aunque oficialmente intenten ocultar los estudios que así lo determinan, como el de la Universidad Nacional de Cuyo. En los mismos pueblos, los métodos extorsivos de la empresa acallan conciencias. “Veladero no se toca” dicen algunas paredes, como si esa mina fuese todo para lxs vecinxs. Al menos ya ocurrieron cinco derrames de cianuro pero ni siquiera esto impide el trabajo extractivo que realiza la Barrick. Hay dos causas judiciales en curso; una en la justicia federal, que investiga las responsabilidades de funcionarios públicos por el derrame ocurrido en el 2015.

Todas están paralizadas.

Así y todo, Jáchal también cuenta con resistencias locales. Desde hace un año hay un acampe que denuncia los proyectos mineros que se ubican sobre zonas glaciares y periglaciares. Denuncian que el extractivismo no solo afecta a estos pueblos: el derrame también contamina los ríos de otras cinco provincias.

Iván Balmaceda integra la Asamblea Jáchal No Se Toca. Esto le decía a enREDando: “Desde hace unos meses se rumoreaba la creación de un nuevo valle de lixiviación al costado del que actualmente provocó estos derrames. Se va a encontrar mucho más cerca del río Potrerillos. Cada proyecto minero que se quiere instalar tiene que hacer un informe de impacto socioambiental y al hacerlo saltarían que van trabajar en zona glaciar y periglaciar y estas minas no podrían trabajar en estos lugares, por lo tanto no tendrían el derecho de explotación. La idea es crear este nuevo valle para instalar todos estos proyectos mineros sin tener el estudio de impacto ambiental y de lo que extraigan estas mineras, hacer el lixiviado en Veladero. Es decir, ya no habría una empresa sino varios proyectos operando en el lugar”.

Infraestructura de la devastación” es el nombre de un documental chileno que da cuenta de lo que significa el llamado PLAN IIRSA. “El mapa político que conocemos de Sudamérica está siendo silenciosa y constantemente redibujado a nuestras espaldas. Mega obras de infraestructura se construyen en estos momentos en cada rincón de nuestra Abya Yala (Sudamérica): Carreteras, túneles, puertos, hidroelectricas, hidrovías, con el fin de facilitar, intensificar, agilizar y encadenar la extracción de los bienes naturales, rediseñando la geografía del continente e imponiendo una territorialidad neoliberal total en función del saqueo capitalista. La IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) no es simplemente una adecuación técnica-material, sino que constituye más bien una avanzada colonizadora jamás imaginada –en términos económicos, políticos y culturales- sobre todo el subcontinente”, refiere el grupo de documentalistas que llevó adelante el audiovisual. Es imprescindible entender al modelo extractivista, que no sólo impera en Argentina sino en muchos otros países de Sudamérica, en el marco de este plan continental.

La iniciativa IIRSA surge en 2000 en Brasilia, y es un trato entre doce países de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Financiero de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). “El plan de ejecución de IIRSA, elaborado y promocionado por instituciones financieras multilaterales de la región –la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata)–, propone en nombre de “la integración política, social y económica suramericana” un gigantesco conjunto de obras de alto impacto para los ecosistemas y los medios de subsistencia de los países de América del Sur. Se trata, en esencia, de una mirada de la región como unidad geoeconómica: una planificación del futuro productivo del subcontinente, según los preceptos de competitividad e integración del comercio global. El proyecto de IIRSA debe ser entendido como un proceso amplio que persigue, además del desarrollo de infraestructura, la flexibilización de la legislación social y la realización de reformas estructurales en los países, para facilitar la apertura de los mercados y la libre circulación del capital financiero. (…) Bosques, Ríos, Selvas, Humedales, Tierras fértiles, Comunidades Originarias, Estructuras institucionales pueden ser considerados por los planificadores de IIRSA o bien como recursos –naturales y humanos– para ser aprovechados, o bien como “obstáculos” que deben ser superados para desarrollo del comercio. Desde el surgimiento mismo de IIRSA, comunidades afectadas en forma directa y organizaciones ciudadanas locales, regionales e internacionales, comenzaron a identificar los proyectos –algunos de vieja data– y a cuestionar las obras priorizadas y el espíritu mismo de este “proceso de integración”, caracterizado por grandes represas, carreteras e hidrovías en zonas de riqueza natural y ubicación estratégica”, señala el documento IIRSA, el doble rostro de la integración, elaborado por la Fundación M´Bigua.

Pasar a la acción

Frente a esto se decidió realizar una acción directa el sábado 17 de diciembre. Para muchxs, lo sucedido quedará en el olvido. No así para una treintena de jóvenes que están imputados en una causa penal por violación a la propiedad privada y alterar el tránsito. El bloqueo jamás impidió el paso de los vecinos y el corte se realizó sobre un empalme que lleva al camino privado de la minera. Que estuvieron cerca de cinco horas “desaparecidos”, que fueron torturados psicológicamente, golpeados y expuestos a un maltrato constante. Que jamás tuvieron armas ni molotov, como indujeron los medios. Apenas unos mates para pasar el tiempo.

Su único delito: defender la vida.

El bloqueo al acceso que conduce a la Mina Veladero comenzó bien temprano, a más de 40 kilómetros de Jáchal, en las primeras horas de la mañana del sábado 17 de diciembre. El corte fue decidido en el Encuentro Interterritorial de Jóvenes que tuvo lugar los días anteriores.

Cansados y hartos de esperar respuestas que nunca llegan, cerca de treinta activistas de diferentes provincias subieron hasta la zona de precordillera en el Departamento de Iglesias. A las pocas horas, la Gendarmería ya estaba acechando el lugar, sin tener jurisdicción para intervenir. Los dos únicos caminos de acceso al corte fueron bloqueados por las fuerzas de seguridad, impidiendo que vecinos de Jáchal e Iglesias pudieran acercar bebida y comida a lxs compañerxs.

“En ese momento quedamos completamente aisladxs, ni siquiera nos pudieron traer agua, hasta eso nos negaron. Tampoco dejaron pasar a los medios de prensa”.

El relato del comunicado da cuenta del accionar represivo: “un vecino de Iglesia logró llegar a traernos agua fresca y luego fue perseguido y amedrentado por la policía, que lo amenazó y siguió hasta su domicilio. Otros dos se acercaron trayendo comida y agua, no pudieron llegar al bloqueo y fueron detenidos luego a kilómetros del corte y encarcelados. Hoy están imputados con las mismas causas que las personas que participaron efectivamente del bloqueo.”

 “Acá si sos ambientalista estás en contra de la Barrick y si estás en contra de la Barrick, estás en contra del pueblo. Acá se tapan muchísimas cosas. No se puede hablar.”

Ese vecino también cuenta lo que tuvo que padecer: “Me acerqué para llevar agua fresca, cuando vuelvo para mi casa, veo un movimiento raro de los policías. A 10 kilómetros me viene al encuentro un patrullero, bruscamente, se bajaron dos policías, uno con un arma en la mano y el otro a tratar de patearme para tirarme en la moto. No frené porque me asusté cuando vi el arma, me siguieron por una calle principal hasta la casa de mis viejos. Me preguntan por qué iba tan rápido. Me insultaron, me dijeron que me iban a hacer una contravención, estuvimos unos 20 minutos discutiendo. Estuvieron unos 15 minutos en la entrada y después se retiraron. Ellos tenían mucha bronca y me decían que yo me había dado a la fuga, eso no fue así, nunca me hicieron seña de que frenara, me quisieron parar con un arma en la mano y otro intentando patearme. Yo simplemente fui a llevar agua fresca”. Y agrega: “acá si sos ambientalista estás en contra de la Barrick y si estás en contra de la Barrick, estás en contra del pueblo. Acá se tapan muchísimas cosas. No se puede hablar.” El mensaje de este vecino es un alerta: “hay gente que tiene mucho miedo. No nos dejen solo, eso es lo que pido.”

El camino que conduce a Veladero es sinuoso y alejado. “No hay nada, ni una sombra”. La policía de San Juan lo sabía, por eso impidieron la provisión de alimentos y agua, indispensable para soportar la alta temperatura de ese día.

Ni armas ni molotov, represión

A las 19 de la tarde llegó la orden de desalojo dictada por el juez Oritja, el mismo magistrado que tiene paralizada la causa judicial por el derrame de miles de litros de agua cianurada a los afluentes del Río Jáchal por la Barrick Gold, ocurrida en el 2015. Fue el Subsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Fariña, el que se apersonó con dicha orden cuya copia nunca entregó, denuncian los jóvenes “No hubo posibilidad de negociación. No nos dejaron ni resguardar a lxs niñxs. Directamente se procedió al violento desalojo sin miramientos. Intentaron separar violentamente a un menor de los brazos de su padre, obligándolxs a presenciar situaciones traumatizantes de todo lo acontecido”.

Esas situaciones es lo que llamamos represión: mujeres zamarreadas y arrastradas a la fuerza por personal policial masculino y golpes para los pibes. La brutalidad policial puesta al servicio de la corporación minera.

16 jóvenes varones fueron detenidos en un furgón con capacidad para solo 6 personas. Hacinados, sin agua, golpeados y bajo una temperatura infernal, algunos de ellos se descompensaron.

Las mujeres fueron llevadas a la Comisaría 22 de El Rodeo, luego a la comisaria 1 y 2da, pero jamás le informaron adonde las trasladaban. “En la Comisaría 22° de Rodeo las compañeras fueron requisadas y a algunas les realizaron un manoseo innecesario durante el procedimiento. Hubo un ensañamiento particular con una de ellas. Las madres que estaban con sus niñxs fueron amenazadas de separarlas de ellxs.”

Durante 5 horas estuvieron incomunicados. “A quiénes llamaban a las comisarías involucradas (22° de Rodeo, 21° de Jachal, 1°,2° y la central de policía de San Juan) les decían que no estaban ahí y no daban información.” Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia decían que ningún abogado reclamaba por ellos como si eso fuese excusa para justificar una flagrante violación a los derechos humanos. 24 horas después de lo sucedido, dos abogados pudieron tomar contacto con los jóvenes y las mamás detenidas que pasaron la noche presas en una comisaría junto a sus pequeños hijos.

“Queremos denunciar a los medios hegemónicos de comunicación junto a funcionarios del estado que tergiversaron y mintieron sobre nuestro accionar. Sus “noticias” sólo fueron estigmatizaciones hacia nosotrxs y repetición del relato de las fuerzas policiales y la minera. No hablaron sobre la causa legítima que había detrás del corte, fogonearon versiones irreales de los hechos con fotos de “molotov” que nunca hubo. Silenciaron todos los abusos que habían cometido las fuerzas represivas del estado argentino minero”.

enREDando tuvo la oportunidad de dialogar con los jóvenes que viajaron desde Rosario. Ya en sus casas y con una causa judicial en curso, relatan lo que vivieron. “Viajamos al Encuentro de Jóvenes que fue totalmente autoconvocado. La idea era poder juntarse a debatir la problemática del extractivismo. Había gente de todas las provincias”. Al ser el primero, el encuentro tuvo un carácter más informal. El objetivo fundamentalmente fue trazar lazos y pensar acciones concretas de resistencia. Que las consignas como “el agua vale más que el oro” no sea solo una frase de pancarta. “Había que poner el cuerpo en la lucha, defendiendo la vida misma”, dicen. Y eso hicieron. A las 7 de la mañana partieron para el bloqueo. Bajo el sol furioso estuvieron cerca de 12 horas hasta que se produjo la represión. Durante todo el día fueron vigilados por policías de civil, camionetas, gente que filmaba desde adentro de la empresa. También cuentan lo que se vive en la zona: “Hay paredes que dicen: “Veladero no se toca. La empresa incluso compra la producción de verduras a los pobladores para que no la tiren, porque esa producción no es apta para consumo”.

Fariña es un ex empleado de la Barrick Gold. Tiene formación en antiterrorismo e inteligencia. Es el Subsecretario de seguridad de la provincia de San Juan, el mismo que rompió la orden de desalojo dictada por el juez en la cara de lxs vocerxs del corte. El mismo que desoyó el pedido de los jóvenes para que no repriman y los permitan levantar sus cosas en paz. No hubo diálogo. Los rodearon y los reprimieron. “En un video se ve a una de las voceras discutiendo con Fariña, pidiendo que no avancen porque había niños y familias. Fariña rompe la orden, no me dejaron acercarme para filmar”, dice una de las chicas de Rosario que hacía prensa en el lugar. “El procedimiento fue un asco. Las policías mujeres fueron agarrar a los chicos, intentamos que eso no suceda. Después ya empezaron a llevarnos. Nos sacaban y empezó el forcejeo. Nos descompusimos, nos faltaba el aire adentro de la camioneta, uno de los chicos se empezó a descomponer, recién ahí nos empezaron a dar agua. Para que no se escuchen desde afuera nuestros gritos pusieron música. De a ratos abrían la puerta y después cerraban, nos querían llevar así hasta San Juan. No había forma de respirar ahí dentro”, apunta otro de los jóvenes cuyos nombres resguardamos por motivos de seguridad.

“Hay paredes que dicen: “Veladero no se toca. La empresa incluso compra la producción de verduras a los pobladores para que no la tiren, porque esa producción no es apta para consumo”.

“A las chicas también, las ponían en unas camionetas todas apretadas. Me llamaban para que me acerque a los patrulleros, y me decian que las amenazaban con que las iban a golpear y tenían miedo. Había una situación de pánico. Las chicas las dieron vuelta un rato, fueron al Rodeo, después a la 1 y a la 2da.”

El domingo al mediodía, el secretario de Derechos Humanos se acercó a la Central de San Juan. “Directamente fue a increparnos”, dicen los chicos. “Nos querían hacer firmar una declaración pero nos negamos”.

Durante el día lunes fueron liberados algunos de los detenidos y el día martes quienes habían viajado desde distintas provincias. Hubo movilizaciones de repudio en diferentes lugares del país, incluso en San Juan.

“En vez de asustarnos y debilitarnos, lo único que lograron fue demostrar los lazos de solidaridad y reafirmar la continuidad de estas luchas”, señalaron en un comunicado. Lejos de aminorar la lucha, estos hechos no hacen más que reafirmar las acciones globales de resistencia de quienes de forma totalmente autoconvocada y autogestiva, se enfrentan a los poderes económicos reales de la manera más desigual y descarnada que puede haber. “El actual gobierno es cómplice del ecocidio por la quita de retenciones y el anterior gobierno por vetar la ley de glaciares. Todos los gobiernos son empleados de las mineras y lobistas de los commodities (soja, petroleo, energía, etc.)”, señalan los militantes que viajaron desde Rosario.

Saben que la Barrick es un monstruo demasiado grande. Pero no dudan: “Monsanto también lo es y en Malvinas Argentinas lograron echarlo”.

enREDando

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Argentina_Contra_todo_el_oro_del_mundo

 

 

Estamos siendo interpelados, por el ataque frontal del gobierno de Macri, a comprender que derrotarlo implica ir construyendo un Nunca Más al capitalismo como sistema en exclusivo beneficio de los poderes reales y a su servidora clase política. En ese empeño formulemos una hipótesis sobre el trabajo periodístico e intelectual: tener la constancia de contextualizar toda noticia clave para el propósito de destapar a la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Por ejemplo enmarcar la comunicación anterior en el cómo se estableció la economía de enclave exportador para la mega minera instaurando su impunidad mediante la exacerbación del presidencialismo a través de Cristina Fernández de Kirchner y en conexión estrecha con la ciudadanía de baja intensidad a que conminó Gioja-PJ a la mayoría sanjuanina.

 

 

 

Los negocios de Gioja, detrás del veto a los Glaciares

21 de diciembre de 2008

 

Por Francisca Valsecchi

El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, presionó para que Cristina Kirchner no promulgara la norma que haría caer una millonaria inversión de la canadiense Barrick Gold en la provincia. Y acusan a su hermano, el senador César Gioja, y al secretario de Minería Jorge Mayoral, de dirigir empresas de explotación y exploración minera. Un fiscal federal ya denunció ante la Justicia la incompatibilidad en los cargos.

 

(...)Todo en familia

El mandatario sanjuanino que fue el promotor de las gigantescas inversiones de Barrick Gold –además de otros 180 proyectos mineros- en la provincia e impulsor de las leyes que rigen la actividad sancionadas en 1994 cuando él era presidente de la Comisión de Minería de Diputados, es el hermano del senador César Ambrosio Gioja, presidente de la influyente Comisión de Minería de la Cámara Alta y, además, dueño de la empresa minera Bentonita Santa Gema S.A.

Esta relación crea claramente un conflicto de intereses. Pero, la diputada de Coalición Cívica, María Fernanda Reyes, le suma a La Política Online otro dato más. “Bentonita es proveedora de la misma Barrick Gold”, afirmó. “En su página web lo decían orgullosos -cuenta otra fuente legislativa- pero desde hace un mes esta afirmación la sacaron del sitio”. Y con ironía cuestionó: “Qué casualidad, ¿no?”.

Estas acusaciones ya fueron tomadas por el fiscal federal Federico Delgado, que según pudo constatar La política Online, presentó una denuncia ante la Justicia contra Gioja por “negociaciones incompatibles”. Desde la fiscalía afirmaron que hay conflicto porque es funcionario del Estado en temas que competen a su actividad privada. “Esto es ilegal y tiene que ser investigado”, aseguraron.

La ley

La ley de protección de los glaciares propone preservar las masas de hielo de todo el país y prohíbe que en los hielos y en su entorno se realicen actividades que puedan afecten su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado. Además, crea un Inventario Nacional de Glaciares, que individualizará los gigantescos bloques de hielo, permitiendo su protección y control. O sea, los preserva de la explotación petrolera y minera de la zona.

La norma fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras y sancionada el 22 de octubre. Sin embargo, el 10 de noviembre, la presidenta Cristina Kirchner vetó completamente la ley y propuso, en cambio, la creación de un foro interdisciplinario entre legisladores y gobernadores para definir una nueva ley. Insólito ya que la norma que estaba desestimando con su firma, había sido aprobada con el voto positivo de todos los senadores y diputados.

Argumentos poco contundentes

Cristina Kirchner justificó su veto con extrañas explicaciones, que ponen en evidencia dos realidades. Por un lado, la presidenta se asesora con la Secretaría de Minería sobre una política ambiental y escucha las “preocupaciones” de los gobernadores con intereses económicos y, en el caso de Gioja, hasta personales, cuando el Poder Ejecutivo tiene bajo su mando una secretaría de Medio Ambiente especial para estos temas.

Así expuso que “la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”. 

Pero contraatacó: “La única prohibición que se plantea es que haya actividades mineras o industriales sobre los glaciares y las zonas periglaciales. Según las empresas mineras, como Barrick Gold, no tienen actividad en estas áreas así que no se entiende por qué tendrían que estar nerviosos”.

Otro de sus argumentos es que “gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias”. Según el diputado nacional de Diálogo por Buenos Aires, “este es un eufemismo para decir que Gioja presionó para que no fuera sancionada”. Y Reyes lo acompañó: Es obvio que las empresas presionan a través de los gobernadores”. Y sin tapujos, acusó: “Hay una connivencia muy fuerte entre el gobierno nacional, los provinciales y las empresas”.

En su veto, Cristina Kirchner se asesoró por el secretario de Minería, Jorge Omar Mayoral, pero en ningún momento, aclara que lo haya hecho con la entonces secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti –echada, según algunas versiones por estar de acuerdo precisamente con esta ley-. Con tono suspicaz, desde el Congreso cuentan que Mayoral posee empresas mineras en San Juan.

Juez y parte

Los Gioja no son los únicos funcionarios públicos que toman decisiones sobre el sector al que precisamente pertenecen en sus actividades privadas. El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, quien coordina e establece la aplicación de la ley de Inversión Minera sancionada en los `90, es dueño de dos empresas mineras que están bajo este régimen.

Según un informe de la Oficina Anticorrupción, Mayoral tenía en 2003 el 30 por ciento de las acciones de Micas Argentinas S.R.L., empresa que extraía de mica; y el 15 en Millstone S.A., compañía que se dedicaba a la explotación de canteras.

Ambas tenían los beneficios de la ley de Inversión Minera establecida por el menemismo y mantenida por los sucesivos gobiernos que le asegura a las empresas estabilidad fiscal por treinta años, les concede exenciones tributarias como el impuesto a las Ganancias, el IVA y al cheque, con retenciones que van del 5 al 10 por ciento y sólo se les cobra 1,8 por ciento de regalías.

Fuente: http://www.lapoliticaonline.com/nota/32926/

 

 

Tomaremos conciencia mayoritaria del imperativo de construir un Nunca Más al capitalismo como sistema en exclusivo beneficio de los poderes reales y a su servidora clase política si hay comprensión general sobre porqué la recuperación parcial de YPF implicó optimización de la transnacionalización de Argentina y sobre la perversidad del embaucamiento K al machacar estar conduciendo un proyecto nacional-popular. Porque estamos subsumidos en el sistema-mundo capitalista de modo cada vez más precarizante y esclavo.

 

 

Para recordar: La red internacional que protege a la criminal multinacional Barrick Gold 
16 de Septiembre 2016

 

Por Resumen Latinoamericano

Para entender cómo la Barrick Gold Corporation es capaz de apropiarse del oro en todo el mundo con plena impunidad, es necesario conocer la red de influencias y corrupción que ha construido. Ésta le permite articular sus negocios y pasar a llevar la autodeterminación y soberanía de las naciones. 

Confirmando que su veto a la ley de glaciares fue el veto de la Barrick Gold, la ex presidentaCristina Fernández de Kirchner recibió en su momento al capo de la minera canadiense,Peter Munk, socio y protector del traficante de armas Adnan Kassoghi, conocido por su participación en el escándalo conocido como Irán-Contras que estuvo por costarle la presidencia a Ronald Reagan. En la audiencia estuvo presente el CEO de la Barrick, Aaron Regent, quien había visitado en febrero al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, con el fin obvio de concertar la cita con la ex mandataria, para acelerar el proyecto minero binacional de Pascua Lama, cuestionado en Chile y la Argentina por el efecto dañino que puede tener para los glaciares y las zonas periglaciales de la Cordillera de los Andes, que constituyen la principal reserva de agua potable de ambos países.

 

Barrick Gold Corporation

Encabeza la red Peter Munk, presidente de Barrick, y la conforman los ex presidentes, Brian Mulroney(Canadá) y George Bush padre; Gustavo Cisneros, magnate de las comunicaciones; los príncipes Bernardo de Holanda y Felipe de Edimburgo, fundadores del Club 1001, cofradía masónica-Illuminati; y hasta fue cercano a Munk el ex dictador Augusto Pinochet.Barrick funciona en varios países con la benevolencia de sus autoridades, a pesar de cargar con un extenso prontuario de muerte, saqueo y corrupción. Los países en que opera son Papúa Nueva Guinea, Argentina, Perú, Australia, Filipinas, EE.UU., República del Congo, Tanzania y Chile, según lo confirman quienes han investigado a la transnacional minera.

Si bien su extensa malla de relaciones tiene características propias al interior de cada país la red internacional de Barrick se nutre de un staff global de financistas, antiguos políticos, representantes de diversas corrientes políticas en los EE.UU., magnates, figuras de las comunicaciones y lobbyistas, entre otros, quienes ayudan a potenciar su desenvolvimiento e intereses.

El poder de la red de personalidades que se encuentra vinculada a la empresa es claro. El presidente ejecutivo de Barrick, Randall Oliphant, declaró  el 8 de mayo de 2001, refiriéndose al poder del Consejo Consultivo Internacional de la empresa: “El prestigio de este Consejo fue determinante para la obtención de la concesión de la mina Bulyanhulu, en Tanzania”.

Barrick compró  en 1999 la empresa Sutton Resources, que poseía un gigante depósito de oro de Bulyanhulu en el norte de Tanzania. Según William Sacher, coautor del libro Canadá Negro, Pillaje, Corrupción y Criminalidad en África (Noir Canadá, pillage, corruption et criminalité) sobre esta transnacional, “la misma Sutton es objeto de una gravísima acusación: la complicidad del enterramiento en vida de 52 mineros artesanales que se oponían a su expropiación, en el mes de agosto de 1996”.

Luego de la adquisición de la Sutton, Barrick intentó conseguir la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) para poner la mina en operación, rechazando la desaparición de los mineros. “El caso hasta hoy no ha sido resuelto”, relata el investigador, Sacher, en su libro.

Sobre esta controversia, Greg Palace -periodista estadounidense que escribió el libro “La mejor democracia que se puede comprar con dinero”-, dice que Barrick demandó a The Guardian, diario más importante en lengua inglesa, “por llevar en sus páginas mi artículo donde revelaba los asesinatos en las minas de Tanzania”, precisa.

Según Palace, la empresa luego retiró su demanda y el juez del caso dijo que Barrick no podía decir que nadie murió en esas minas. “Nunca retiramos las acusaciones de que 50 mineros fueron sepultados vivos en esa mina”, afirma el periodista.

RED DE INFLUENCIA

Barrick creó  un Consejo Consultivo Internacional para limpiarse el camino, el cual se compone por los ex-jefes de Estado George Bush Senior y Brian Mulroney (Canadá), el poderoso empresario canadiense Paul Demarais, Peter Munk, y un amigo cercano de la familia Clinton, Vernon Jordan, abogado Demócrata que participó el 2009 en la reunión anual del siniestro Club Bilderberg (cofradía de poderosos que buscan un Nuevo Orden Mundial para un solo gobierno dictatorial).

Según comenta Javier Rodríguez Pardo, periodista argentino que ha seguido de cerca a la empresa minera, hasta 2004 no se había probado la relación de Bush con Barrick. “Me costó un buen dolor de cabeza que se disipó cuando Barrick desestimó continuar con acciones penales en mi contra: las pruebas fueron buenas. Así corroboré que George H. W. Bush padre, era y es uno de los principales accionistas de Barrick Gold Corporation”, asegura.

En Sudamérica podemos identificar como miembro del Consejo Asesor al empresario Andrónico Luksic, cuyo grupo económico es socio de Barrick. Asimismo, este comité internacional lo integra Gustavo Cisneros, el hombre más rico de esta parte del continente, y según el ex senador Jorge Lavandero, también el más peligroso e influyente en esta parte del mundo.

También forman parte de este Consejo el ex-senador estadounidense Howard Baker y el ex-Presidente del Banco Federal de Alemania, Karl Otto Pöhl. Se añade a esta lista el senador canadiense cercano a Brian Mulroney, J. Trevor Eyton, presente a finales de los años 90 en el Consejo de Administración. Eyton fue director de General Motors de Canadá, de Coca-Cola, de Nestlé Canadá y de la minera Noranda (aliada de Barrick).

Hasta hoy, el ex-primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, es parte del Consejo de Administración de la empresa. Él fue consejero de varias empresas transnacionales como la Trizec (propiedad de la familia Bronfman), y según declarara el fundador y director de la Barrick, Peter Munk, “tiene grandes contactos. Sabe que cada dictador en el mundo es un hombre importante”.

De esta forma, la corporación minera Barrick Gold opera como un triángulo de figuras prominentes de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Este Consejo es el facilitador, del cual se sirvió Peter Munk para impulsar y desarrollar la empresa.

 

LA RED DE MUNK

Al momento de su creación, a principios de los ochenta, Barrick era todavía una pequeña empresa dedicada al negocio petrolero. Sin embargo, Munk había cultivado amistades clave. En la misma época, fundó Barrick Petroleum con el traficante de armas, Adnan Khashoggi, quien se hizo famoso por su participación en el escándalo del Irangate, quien además era tío de Al-Fayed, el fallecido amante de Lady Diana.

Se dice también que Peter Munk es compañero de ski del Príncipe Charles y miembro del Club 1001, una exclusiva cofradía masónica-illuminati, dedicada a coordinar a organizaciones ecologistas de fachada como Greenpeace, World Wide for Nature (WWF) y Goldsmith Ecologist. Lo fundaron el príncipe Felipe, Duque de Edimburgo de Inglaterra y el príncipe Bernardo de Holanda -inspirador del Club Bilderberg junto a los banqueros Rockefeller y Rotschild.

 

El príncipe Felipe es el líder de la WWF, una organización para el saqueo de los recursos naturales disfrazada de ambientalista y dedicada a la distribución de fondos globalizados, ocultos en carpetas de proteccionismo ambiental. La CIA precisamente se vale de la influyente WWF para captar a grupos ambientalistas regionales, manejar informes, actualizar datos y contra informar, según lo confirma el periodista Javier Rodríguez Pardo en su artículo “La minera Barrik Gold miente”.

Munk ha participado como miembro del Consejo de Administración de Hollinger, empresa del magnate Conrad Black, al lado de Henry Kissinger, Margareth Thatcher y Sir James Goldsmith. En la revista Outre-Terre, Michel Ludevin afirmó que Peter Munk se inspiró en este Consejo para formar el de Barrick. Pese a todas las críticas a la compañía Barrick, provenientes de todo el planeta en los últimos 15 años, Munk fue recientemente condecorado con la orden de “Officer of Canada”, la distinción civil de mayor importancia en ese país.

El niño mimado de la corona británica, junto a sus asociados, contrata personas de todo el espectro político. El periodista Greg Palace, afirma que “le pagan a políticos y gente con influencias cuantiosas sumas de dinero”. Aparte de contar con Bush senior en su directorio y Vernon Jordan, miembro del Partido Demócrata, el investigador dice que Munk “es un sujeto de extrema derecha y un gran admirador del general Pinochet. Obviamente, Munk fue muy cercano a Augusto Pinochet y mantuvo relaciones favorables con él”, enfatiza.

LAVADO DE IMAGEN

En este entramado internacional encontramos a Gustavo Cisneros, amigo de los Bush, “principalmente del padre, y del príncipe Felipe, como también lo es Peter Munk, ligado al narcotráfico según afirma Lavandero.

Sus empresas están ligadas a los medios de comunicación e informática, tales como Venevisión International, Venevision Productions y Movida en los Estados Unidos y Venevisión en Venezuela; todas, parte de la Organización Cisneros.

La red de Cisneros en nuestro país es un ejemplo de cómo esta mafia opera. Según Lavandero, Cisneros y sus nexos con Chile se articulan por medio de la Barrick con Luksic y con Mario Kreutzberger (Don Francisco), por la empresa de comunicaciones del magnate.

Justamente el canal que emite el programa Sábado Gigante, de Don Francisco (Canal 13 Chile), cerró un acuerdo con Telefe Internacional –propiedad de Cisneros-  para su distribución. Mercedes Ducci, directora ejecutiva, y Sebastián Freund, director de ventas internacionales; firman el acuerdo por parte del canal católico con Alejandro Parra, director, y Michelle Wasserman, gerente de ventas de programación, formatos y servicios de producción de Telefe Internacional. Así, la imagen de Barrick queda asegurada en Canal 13, explica Lavandero.

Finalmente, cabe señalar que Barrick, Teletón, Un Techo para Chile y América Solidaria trabajan en conjunto bajo el sello del Compromiso Atacama, una alianza inédita para tratar de revertir comunicacionalmente los efectos en la ciudadanía por el desastre ambiental y el repudio constante de los habitantes en el Valle del Huasco. Todo un ejemplo de cómo una mafia internacional trabaja en nuestro país y en el mundo.

 

CLUB 1001

Príncipe Bernardo de Holanda: En 1953, Bernardo fundó la Sociedad Bilderberg, la que auspicia reuniones secretas de las élites unimundistas americanas y europeas.

En 1976 Bernardo fue sorprendido cobrando un soborno (o “coima”) de 1 millón 100 mil dólares de la compañía de aviación Lockheed por sus “gestiones” para la compra de los cazas F-104 para la Real Fuerza Aérea Holandesa.

Príncipe Henrik: 
Presidente del WWF Dinamarca.

Príncipe Sadruddin Aga Khan: Isabel II le dio el título en 1957, cuando dirigía Paris Review, publicación cofundada por John Train, ex Administrador de la Agencia de Protección del Ambiente (EPA) de los Estados Unidos.

Bertolt Beitz:
 Director de la Fundación Alfred Krupp Von Bolen Und Halbach; en 1953 se apoderó de las Industrias Krupp (utilizadas por Adolf Hiltler para el rearme alemán en 1933 y acusadas de ocupar mano de obra esclava en el juicio de Nuremberg).

Conrad Black:
 Presidente de la Corporación Hollinger, conglomerado de periódicos en Gran Bretaña, Canadá, los Estados Unidos, Israel y Australia. La corporación es el portavoz de la Casa de Windsor y fue la que encabezó la campaña de ataques y calumnias en la prensa contra el ex presidente Bill Clinton.


Alexander King:
 Cofundador del Club de Roma, en 1968 junto con Aurelio Peccei. Responsable del libro “Límites al Crecimiento,” que revivió el argumento maltusiano de reducir drásticamente la población mundial.

Jonkheer John H. Loudon:
 Caballero de las familias reales británica y holandesa. Bernardo lo eligió su sucesor en 1971 para la presidencia en el WWF. Fue director ejecutivo del Royal Durch Shell Group; presidente de Shell Oil Co. hasta 1976.

Maurice Strong:
 Vicepresidente del WWF Internacional hasta 1975. Primer director ejecutivo del Programa Ambiental de las Naciones Unidas hasta 1975; anteriormente fue secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente Humano, por dos años. Subsecretario General de las Naciones Unidas de 1985 a 1987.

Gustavo Cisneros:
 Venezolano multimillonario, arrimado a la familia Rockefeller y ligado a los círculos internacionales del lavado de dinero del narcotráfico. A principios de 1994 el banco de la familia Cisneros, el Banco Latino, fue intervenido por el gobierno de Venezuela.

Robert Vesco: Fugitivo internacional; se dice que él es “la conexión estadounidense” del Cártel de Medellín. Comenzó bajo los auspicios de la rama suiza de la familia Rothschild para apoderarse del Investors Overseas Service (IOS) de Meyer Lansky.

Antón Rupert: Cofundador del Club 1001 y presidente del WWF en Sudáfrica. Rupert es propietario de la compañía tabacalera Rembrandt y protegió a Sir Stewart Menzies, jefe del MI-6 (servicio secreto británico) durante la Segunda Guerra Mundial.

Sir Kenneth Kleinwort: propietario de Kleinwort Benson, uno de los bancos británicos más antiguos.

Henry Keswick: Presidente de Jardine Matheson, la compañía comercial británica que creó Lord Palmerston para encargarse del tráfico de opio al lejano Oriente en el siglo 19.

Edmonf Safra:
 Presidente del Safra Bank, otrora propietaria del American Express Bank; fue investigado por las autoridades estadounidenses y suizas por el lavado de dinero del narcotráfico.

Fuentes:

Scott Thompson, “El ‘Club 1001’: La élite que coordina al ecologismo internacional, Informe Especial, octubre-noviembre de 1994, Resumen Ejecutivo de EIR News Service, Whashington D.C.

Ver los negocios de Gustavo Cisneros con el Partido Socialista Obrero Español a partir del expolio de RUMASA, en tiempos de Felipe González, en: El gobierno socialista, cuyo ministro portavoz fue Rubalcaba. 1993-1996.

Fuentes: Francisco Luna | El Ciudadano (Chile) | Critica Digital | BWN Patagonia |

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/09/16/para-recordar-la-red-internacional-que-protege-a-la-criminal-multinacional-barrick-gold/

 

 

Precisamos generalizar también la conciencia sobre que los gobiernos progresistas han sido imprescindibles a la alianza de las corporaciones y estados imperialistas con los locales para la expansión de los extractivismos. Y percibir que sólo la autoorganización en diversidad de los de abajo defiende los bienes comunes.

 

 

Venezuela - Desarmando al AMO #2: El Agua vale más que el oro

8 de junio de 2016

Por César Romero 

La crisis del agua

El agua es hoy un tema de vital importancia. Uno de los recursos más valiosos para el ser humano está en riesgo y cada vez es más escaso. Se habla incluso de que en este siglo la guerra será por agua. Se trata de una crisis causada esencialmente por las malas maneras en que administramos las aguas.

En la década pasada se estimaba que más de 1.000 millones de personas no tenían acceso a un suministro constante de agua limpia y segura, y que 2.400 millones carecen de servicios sanitarios adecuados. La crisis se ha acentuado a tal magnitud en las últimas décadas que según una investigación del 2000 de “World Resources 2000-2001” se estimaba que la disponibilidad de agua per cápita había disminuido de 9000 m3 a 7000 m3, en la última década del siglo 20.

 

A la par de que ha aumentado el consumo de agua de manera vertiginosa las reservas de agua dulce disminuyen progresivamente por contaminación o por el aumento de la temperatura mundial en determinadas épocas del año. Producto del llamado “cambio climático” se han generado períodos de sequías más fuertes y duraderos, mayores inundaciones y el derretimiento de los glaciares. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático, estima que en Venezuela se generará un incremento de la temperatura y una reducción del volumen del agua de lluvia, para las próximas décadas. Lo que puede incidir directamente en el acceso al agua potable si no a la electricidad tomando en cuenta que el 70% energía eléctrica se genera por plantas hidroeléctricas ubicadas al sur del país.

Todo este panorama empeora si se llega a concretar la explotación del Arco Minero. En primer lugar porque las grandes empresas mineras utilizan enormes cantidades de agua por día, segundo porque habría un riesgo constatable de contaminación de lo que representa la cuenca hídrica más importante del país, y tercero porque la mega-minería genera un nivel de devastación tal que impactaría directamente en el período de sequía. El fenómeno del niño acompañado de la fuerte erosión y sedimentación que ha generado la intensificación de la minería ilegal, es lo que ha desatado períodos intensos períodos de sequía en los últimos años en el país. Además de que existen decenas de antecedentes internacionales de desastres ambientales productos de la mega-minería, la minería desarrollada en Ve nezuela ya ha tenido efectos terribles sobre zonas como: el Delta del Orinoco, en las adyacencias del Parque Canaima, en el río caura y en la sierra de perijá, por mencionar algunas.

 

El uso indiscriminado del agua en las empresas mineras

Aunque todavía existen minas subterráneas, las más recientes o las que se están construyendo tienen la característica de ser a cielo abierto, las cuales emplean la técnica de lixiviación en pilas o la de lixiviación en botaderos. Estos métodos, aunque implican enormes movimientos de tierra, son más baratos y permiten procesar mayores cantidades de minerales. Además, estos métodos son los que les conviene aplicar a la empresa sobre yacimientos de bajo tenor (≤ 4g de oro / tonelada de mineral) para mantener grandes ganancias.

Toneladas de mineral triturado son irrigadas con la solución cianurada. En promedio se utilizan, 50 g de cianuro por cada 1000 litros de agua. Otras fuentes como la asociación de ecologistas costarricense, afirman que estos montículos o cúmulos son sometidos a lixiviación usando una solución de cianuro de sodio que tiene de 0.14 a 2.35 kilogramos de cianuro por cada tonelada o 1000 litros de agua [1].

Lo cierto es que se necesitan abundantes cantidades de agua para el proceso. Para entender las dimensiones del asunto se puede tomar el caso en Argentina con la canadiense Barrick Gold (mayor productora de oro para el 2015). Barrick usa en sus minas 1000 litros de agua por segundo, aproximadamente. Solo en la mina de Veladero, ubicada en la provincia de San Juan, se utilizan 10 toneladas diarias de cianuro para las que se emplean 100 millones de litros de agua. Cifras alarmantes cuando se estima que una familia de 4 personas requiere 200 litros de agua potable por día para cumplir con todas sus necesidades [2].

 

Las empresas mineras acaban con las reservas de agua

Esto puede ocurrir de dos maneras: por la deforestación de grandes terrenos y/o por la contaminación producto de fallas generadas en las minas o por la acumulación de pasivos ambientales. Por lo tanto, la actividad minera puede deparar en:

En lo que se refiere al agua se pueden producir captaciones monopólicas de los derechos de agua, se contaminan napas, se alteran las corrientes de agua, se puede producir contaminación.

 

 

El indignante caso de Misima

Misima es una pequeña isla de Papua Nueva Guinea (al norte de Australia). Aquí la empresa Placer Dome (comprada por Barrick Gold en 2006) explotaba mineral. En agosto de 2004 se produce un derrame de cianuro en la mina que afecta un río cercano y que llegó a afectar un sector de las costas de la isla. El hecho deparó en que 1/3 de la isla se vio afectada y contaminada, al tomar en cuenta ríos y arroyos, y se provocó la muerte de cientos de bancos de peces. A esto se puede agregar que uno de los ríos se llegó a secar por completo por el uso indiscriminado que le daba la empresa.

No sólo se devastaron importantes afluentes de la isla con sedimentos y agentes contaminantes, si no que se afectó directamente la calidad de vida de toda la población que tenía la pesca como una actividad importante. A las pocas semanas del incidente ya a los habitantes de la pequeña isla se les hacía difícil satisfacer sus necesidades con agua potable, además de que la pesca quedó relegada por el miedo a la contaminación. Esta catástrofe llegó a afectar a islas cercanas.

Pero más indignante aún fue la respuesta de los responsables. Para aquel momento el primer ministro de Nueva Guinea, Michael Somare, ignoró los reclamos de la población y decidió postergar la salida de la empresa de la isla por su respuesta insuficiente. Por otra parte, Placer Dome para compensar los daños del accidente, entregó a comunidades afectadas el total de 22856 K, el equivalente a menos de 10000 dólares australianos. Cuando se toma en cuenta a toda la población este monto representa un total de 1,92K o menos de un dólar australiano por cada persona afectada por el derrame [3].

El caso de Misima, sumado a otros accidentes ocurridos en distintas partes del mundo, representa la esencia de las transnacionales. Sumergidas en la codicia y en la lógica de acumular capital continuamente, hacen todo lo que esté a su alcance para obtener la mayor ganancia. No hay promesas de nuevas tecnologías, de restauración de los suelos y biodiversidad y/o de cero contaminación que valgan. Todas esas promesas implican grandes inversiones, van en contra de la lógica. No es un problema de buenas intenciones, es un problema de ganar a toda costa.


Correo: elcesar4789@gmail.com 
Twitter: @Cesar_JMarea
29/05/2016

NOTA: El siguiente es un aporte al debate constituyente que se está llevando a cabo a lo interno de Marea Socialista. Proceso democrático en el que se respeta la diversidad de posturas. Esta columna está dedicada específicamente al debate sobre el extractivismo y la mega-minería en Venezuela. Debate que ha tomado relevancia a partir del decreto N° 2.248 para la explotación del Arco Minero*.

*El presente artículo es parte de la Columna “Desarmando al Amo”. Aquí dejo los anteriores: La mega-minería devasta y el cianuro mata

BIBLIOGRAFÍA

El Decreto del Arco Minero del Orinoco: un ataque a la vida, un criminal desconocimiento de los pueblos indígenas, una violación a la esencia de la Constitución”. PLATAFORMA POR LA NULIDAD DEL DECRETO DEL ARCO MINERO DEL ORINOCO. Mayo, 2016. Venezuela.

Tierra Sublevada: Oro impuro”. PINO SOLANAS. Documental. Argentina, 2009.

“Quimérico Ecosocialismo versus tentáculos del Banco Mundial (Canadá-Venezuela)”. LILIANA MEDINA DE LUZON. 29 de febrero de 2016, Venezuela.

Notas

 [1] “Minería de cielo abierto y sus impactos ambientales”. AECO-AT, 2001

[2] Gleick / The world’s wáter.

[3] http://miningwatch.ca/...

Venezuela - Desarmando al AMO #1. La mega-minería devasta y el cianuro mata

Aporrea

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Venezuela_-_Desarmando_al_AMO_2_El_Agua_vale_mas_que_el_oro

----

 

 Argentina: el agua vale más que el oro

10 de junio de 2010

 En Mendoza se creó la Coordinadora por el agua. Ante la embestida de las empresas transnacionales y el gobierno provincial, distintos sectores de la sociedad se han unido para luchar contra el saqueo y la contaminación que provoca la megaminería.

Por Colectivo La Minga (somoslaminga@gmail.com)

Diciembre del 2009 y las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) y la Multisectorial en Lucha se unen para decirle al gobierno provincial y a las empresas de la gran minería: el no es no. Parece lejano, pero todo indica que la historia está viva. A pesar de iluminados de las bolsas o de los fondos que nos indicaron hace tiempo atrás el fin de la historia y, con ello, de las ideologías; la historia muestra que la lucha de distintos actores y actrices de la sociedad permiten que se tome conciencia acerca de la importancia de aquello que nos pertenece, de aquello que son nuestros bienes comunes, más conocidos como recursos naturales.

A modo de cuentito. En el 2007 el actual vicepresidente, Julio Cleto Cobos, era gobernador de una provincia caracterizada por “la tierra del sol y del buen vino”. Cleto quería ser vicepresidente, mientras vetaba una ley que había sido aprobada en la Legislatura provincial, la misma prohibía la actividad minera cuyo método fuera la lixiviación. Este método requiere de grandes cantidades de agua, voladura de roca y un agujero con agua y cianuro donde alguna vez había una montaña. Sí, parece un chiste pero es la realidad pura, tan pura como el agua que buscan proteger los pueblos en la calle, en la ruta, en el barrio.

El cuentito sigue. Ante la urgencia de llegar a la candidatura a vicepresidente, junto a Cristina Fernández de Kirchner, Cleto Cobos saca de urgencia un proyecto de ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto y, con ello, desestimaron la antigua ley aprobada. Algo así como un “no positivo”.Votos de castidad al pueblo. Imagen de buen padre y de la nueva política en la Argentina post 2001. Fórmula final: Kirchner-Cobos. Obediencia debida, de eso no se habla. La provincia estaba en llamas y la candidatura en peligro. El departamento de Alvear en una pueblada histórica, mientras Autoconvocados de San Carlos cortaba la Ruta Nacional 40. En la Legislatura, el pueblo reclamaba una urgente aprobación de la ley que prohibía la megaminenría.

¿Cómo termina? Se aprueba la ley provincial 772/07, la cual prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto, con lo cual se restringió el desarrollo de la megaminería en Mendoza. Y Cobos pasó de “no positivo” a presidenciable, aunque haya perdido la interna bonaerense en manos de Ricardo Alfonsín el fin de semana último. La cuestión es que el Partido Justicialista (PJ) gana las elecciones a gobernador en el 2007, con lo cual Celso Jaque, actual gobernador, llega al poder. Denunciado por ser socio del gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, además de haber financiado la campaña con plata de la Barrick Gold, Jaque ha intentado desde que asumió en diciembre del 2007, tirar abajo la ley 7722. A punto tal, que la nueva Directora de Minería de Mendoza, Adriana Blosa, ha trabajado para la transnacional Río Tinto, quien era la accionista mayoritaria de Río Tinto, en el proyecto Potasio Río Colorado en el departamento sureño de Malargüe. El mismo departamento del cual es oriundo Jaque.

En ese contexto, el sábado se conformó la Coordinadora por el Agua de Mendoza. Integrado por asambleas socio-ambientales, gremios, agrupaciones estudiantiles, partidos políticos y organizaciones sociales; es un espacio de articulación en contra de la megaminería que saquea y contamina. El objetivo es la defensa del agua, como también de la soberanía de los bienes comunes. Se realizó un acto en las puertas de la Legislatura provincial, el mismo lugar donde en el 2007 se viera movilizado parte del pueblo mendocino. La actividad dio inicio cerca de las 11 de la mañana y se extendió hasta las 14 horas. Con una introducción musical a cargo de Jorge Cuello, integrante del grupo Alturas, comenzó el encuentro y la presentación pública de la Coordinadora.

Con una asamblea pública, comenzaron a participar los y las oradoras, donde se enfatizó la necesidad de lograr una unidad lo más amplia posible para frenar los embates del gobierno y las megamineras. Por estos días en Mendoza se discute el tema de la promoción industrial en la región cuyana y Rioja apela a la “falta de huevos de los mendocinos para que haya minería”. Estos dichos se volvieron cuestión de estado para el gobierno de la provincia, con lo cual se cumple aun el mandato de Jaque de impulsar la megaminería a como de lugar, palabras expresadas durante el inicio de las sesiones de la Legislatura, el 1º de mayo.

La ruleta gira aun, pero las organizaciones siguen de pie y en lucha, como expresaran las asambleístas durante la jornada del sábado. “Vienen por el oro vienen por todo”, gritan en la ruta, mientras una niña siente la amenaza de su futuro mientras dibuja en un mural las palabras de bronca que dicen: “En Mendoza decimos no: y el no es no”.

ANRed

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_el_agua_vale_mas_que_el_oro

 

Nos urge generalizar el viraje desde la lógica del capital hasta la de la situación en que estamos subsumidos por el sistema mundo capitalista. Su priorizar la acumulación oligopólica de riquezas y poder conduce a la  destrucción de la habitabilidad planetaria o sea amenaza de extinción a la vida y a la humanidad. Constatemos el arrasamiento de un bioma de enorme biodiversidad en armonía con la diversidad de pueblos originarios y por eso fundamental al equilibrio vivible del planeta. Su sustitución por minerales e hidrocarburos y por monocultivos de exportación con la consiguiente extensión de la IIRSA. Todos cambios casi irreversibles.

 

Pero lo destacable es que: "siempre hubo gente en la Amazonia en gran número y siempre hubo intervención en la foresta, en el sentido de que las sociedades nativas nunca han sido sujetos pasivos a las limitaciones ambientales.[4] Esa relación, sin embargo, no se parece nada a la perspectiva productivista del capitalismo que ha pasado a dominar el sentido común en el 'mundo moderno' y que, más recientemente, ha llegado al Consenso de los Commodities, que marca la transición de América Latina del mero ajuste neoliberal a un nuevo ciclo económico basado en la producción y exportación de productos primarios, como lo señala Maristella Svampa".

 

 

¿Crecer a costa de la Amazonia?

28 de septiembre de 2017

Por Rodrigo da Costa Sales

Animal Político (México)

 

La intención gubernamental de permitir minería en una reserva natural de la Amazonía brasileña fue frenada por la justicia de ese país. ¿Debemos seguir concibiendo el desarrollo como un camino que pasa por encima de nuestros recursos naturales y los pueblos que lo resguardan?

La extensión de la Amazonia brasileña es de 5,5 millones de km2, de los cuales 44 % están protegidos legalmente. Durante la última semana, la atención del mundo se enfocó en una zona específica: la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), un área de aproximadamente 47 mil km2.

La razón fue el decreto emitido el 23 de agosto pasado por el presidente brasileño Michel Temer, que abrió las puertas de la reserva para la explotación de oro, manganas, cobre, hierro y otros. Según el gobierno, la medida ayudaría a revitalizar la minería brasileña, que el año pasado representó 4 % del PIB de Brasil. Algunos días después, luego de críticas de celebridades y del movimiento ambientalista nacional e internacional, el presidente Michel
Temer revocó el decreto y publicó otro con prácticamente el mismo contenido.
 

Sin embargo, el 30 de agosto, el juez federal Rolando Valcir Spanhol anuló el decreto de Temer, considerando que hubo una violación constitucional al proceso legislativo de Brasil. Asimismo, consideró que cualquier decreto futuro que facilite la exploración de la reserva sería considerado automáticamente suspendido.

La decisión del juez trae consigo una fuerte carga de democracia, la que actualmente se encuentra debilitada en varios países de América Latina. Pone un límite a la actuación de los presidentes y establece el precedente de que asuntos jurídico ambientales no pueden ser tratados con acciones políticas. Es decir,
un tema de esa naturaleza debe ser ampliamente discutido nacionalmente, debe respetarse las normas nacionales e internacionales en la materia; se debe garantizar la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y otras comunidades tradicionales, y sobre todo garantizar la soberanía ciudadana.

 

Pero, en lugar de discutir el tema con la población brasileña, Temer prefirió hacerlo con empresas de minería canadienses. Según medios nacionales y extranjeros, en marzo de este año el Ministro de Minas y Energía habría anunciado en Toronto, Canadá, la extinción de la Renca y la posibilidad de subastas para la exploración minera allí. Esto representa una fuerte evidencia de cómo el Estado está capturado por empresas, poniendo nuestras vidas y recursos naturales versus por debajo de intereses corporativos.

Es importante mencionar que está ampliamente documentado que empresas mineras canadienses han sido responsables por proyectos que han generado en América Latina impactos ambientales, impactos en la salud, desplazamiento forzado, división de comunidades, criminalización de defensoras(es) de la tierra, el territorio y el ambiente, entre otros.

El tema de la minería en la Amazonia brasileña es particularmente preocupante por dos razones. La primera es que los proyectos a gran escala ubicados allí no han contribuido al desarrollo, pero sí han generado impactos ambientales y en derechos humanos. La represa Belo Monte, ubicada también en el estado de Pará (como la Renca), es el ejemplo más emblemático de cómo un megaproyecto contribuyó a la deforestación, la disminución drástica del caudal del río Xingú, la muerte de peces, la desaparición de especies, el quiebre de tejidos sociales, la división de comunidades, el incremento de la violencia, la prostitución infantil, etc. Solo el Ministerio Público Federal ha interpuesto un total de 27 acciones civiles públicas, entre ellas una que alega que hubo un etnocidio de los pueblos indígenas de la Volta Grande del río Xingú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos una petición sobre el tema y reconoce, desde el año 2011, que hay una situación de gravedad y urgencia para las comunidades indígenas aledañas a la construcción de la hidroeléctrica.

La segunda razón es que el estado de Pará ha sido considerado uno de los estados más violentos de Brasil. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, Pará concentra 30% de las muertes relacionadas con conflictos agrarios en Brasil. En mayo de este año, por ejemplo, el estado fue escenario de la Chacina de Pau Darco (matanza en la ciudad de Pau D’arco), en la cual más de 10 personas murieron durante una incursión policial en una hacienda en una zona rural del país. No hay duda de que la instalación de un proyecto minero en la Renca implicaría un incremento de los conflictos en Pará.

Finalmente —pese a que seguramente existen muchas razones más—, la ruptura de un dique de relaves mineros, desastre ambiental ocurrido en el municipio de Mariana en 2015, fue clave para saber que Brasil no está listo para lidiar con los riesgos de la minería. El hecho causó la muerte del río Doce, contaminación de otras fuentes de agua, proliferación de enfermedades, pérdida de fauna y flora, etc. El Estado no ha tenido la capacidad de reparar y compensar a las víctimas. Y, casi dos años después, todavía hay presencia de desechos tóxicos en la zona.

En suma, es importante que Brasil repiense su modelo de crecimiento y desarrollo: megaproyectos en la Amazonía han representado un retroceso en términos ambientales y sociales, de derechos humanos , pero no en materia de desarrollo. La verdad es evidente y obvia: si Brasil efectivamente quiere crecer, la mejor manera de hacerlo es protegiendo la Amazonía y sus pueblos.
Rodrigo da Costa Sales es abogado de derechos humanos, parte del equipo legal de AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente).
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2017/09/19/crecer-costa-la-amazonia/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232056

 

----

 

Monocultivos en la Amazonía: la distopía de la sustentabilidad y de la riqueza

26 de agosto de 2016

 Extractivismo predador. Una lectura sobre el desarrollo a partir de los plantíos de palma aceitera y de soja.

Por Verena Glass (texto y fotos)

En diciembre de 2013, el periodista de economía Luis Nassif, uno de los más conocidos y respetados en Brasil, escribió un artículo elogioso en la revista Carta Capital sobre el proyecto de construcción de un complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en el sudoeste de Pará. Dos observaciones en dicho texto se destacan porque reflejan, por un lado, desconocimiento y, por el otro, un sentido común ingenuamente prejuicioso (o brutalmente colonialista) respecto a la Amazonia.

1) “Hay mucha incomprensión sobre la influencia de las hidroeléctricas en el medio ambiente, especialmente en regiones poco desarrolladas.
2)“En Tapajós, será la primera vez en que se construirá una hidroeléctrica en una región no poblada. [1]

No tenemos la intención de discutir acá lo enorme que es el error de esas afirmaciones sobre el proyecto hidroeléctrico de Tapajós, tema que en Brasil adquiere cada vez más visibilidad en función de la resistencia de la población indígena Munduruku, ancestros habitantes de la región. El enfoque es la intencionalidad puesta en la lectura de mundo que dichas afirmaciones evidencian.

Estigmatizar como “subdesarrollado” el más grande bioma brasileño y considerar la Amazonía un “vacío poblacional” se ha configurado en presupuesto básico para una serie de políticas e intervenciones del Estado y del capital en ese territorio. Del proyecto colonizador del gobierno militar en la década de 1970, bajo el lema “tierra sin hombres para hombres sin tierra”, conductor de brutales conflictos agrarios que persisten hasta los días actuales, al “furor infraestructural” en la región – construcción de carreteras, líneas de ferrocarriles, hidroeléctricas etc. -, la explotación predatoria por y para beneficiarios externos a ella, además del desprecio casi absoluto por el universo de los pueblos tradicionales, ha marcado la Amazonia desde que han llegado los europeos a América.

Para comprender mejor uno de los territorios más ricos y, a la vez, más frágiles y complejos de nuestro continente – desde el punto de vista social y de su biodiversidad -, se necesita tener en cuenta que la Amazonia nunca ha sido despoblada. Los estudios antropológicos, arqueológicos y biológicos de la región en los últimos 50 años han mostrado que, en especial en la era precolombina, el bioma sufrió fuerte antropización y puede haber tenido una población de hasta 30 millones de personas en ese periodo. Además de los cientos de vestigios que comprueban la existencia de una multiplicidad de culturas antiguas, se estima que más del 11% de las forestas en la Amazonia brasileña serían antropogénicas (de origen cultural),[2] a partir de las configuraciones ampliamente reincidentes en donde se encuentra una gran heterogeneidad de plantas útiles asociadas (comestibles, medicinales, rituales y para manufacturación) en las cercanías de sitios arqueológicos.[3]

 Además de los indicios de “foresta plantada” o manejada, el fenómeno conocido como terra preta(tierra negra – o tierra negra india), suelo de color oscuro y de altísima fertilidad, encontrado en grandes manchas en la Amazonia brasileña, colombiana, peruana, ecuatoriana, venezolana y en Guayana Francesa – es otro elemento que comprueba la intensa presencia y actividad humanas en la región. Producida a partir del descarte de materia orgánica (carbón, restos de comida, forraje vegetal, excrementos, orina, cadáveres animales, conchas, cerámicas etc.), la terra preta se formó en los asentamientos humanos hace más de 2 mil años, y se considera, tanto por la población local como por investigadores nacionales e internacionales, uno de los mejores suelos para la agricultura del planeta.

De manera muy general, lo que se aprende de esos datos es que históricamente la Amazonia ha sido ocupada por una gran variedad de pueblos y culturas en una larga y dinámica trayectoria de desarrollo. Y, a pesar de devastado el pueblo originario a lo largo de los últimos 500 años de colonización, la reconfiguración de la ocupación humana tradicional de los días actuales – los habitantes indígenas, quilombolas, ribereños, pescadores etc. – sigue reproduciendo, en lo que sea viable, una relación de simbiosis con el medio ambiente. En otras palabras, siempre hubo gente en la Amazonia en gran número y siempre hubo intervención en la foresta, en el sentido de que las sociedades nativas nunca han sido sujetos pasivos a las limitaciones ambientales.[4] Esa relación, sin embargo, no se parece nada a la perspectiva productivista del capitalismo que ha pasado a dominar el sentido común en el “mundo moderno” y que, más recientemente, ha llegado al Consenso de los Commodities, que marca la transición de América Latina del mero ajuste neoliberal a un nuevo ciclo económico basado en la producción y exportación de productos primarios, como lo señala Maristella Svampa.[5]

 

El agronegocio amazónico: una triste historia de (relativo) éxito

La estigmatización de la Amazonia como espacio geográfico destinado a la extracción intensiva de bienes naturales no es reciente. En Brasil, como en los demás países panamazónicos, el extractivismo[6] maderero, mineral, energético, petrolero y agroexportador sigue una tradición que remonta, dependiendo del sector, al inicio de la colonización europea. En el último siglo, sin embargo, la explotación de la región ha tenido rasgos más agresivos, en la lógica de lo que ha expresado recientemente el presidente del Parlamento Amazónico de Brasil, el diputado Sinésio Campos (Partido de los Trabajadores, Amazonas): “No podemos dejar que los habitantes del interior de Amazonas, o de otros estados de la región, vivan sobre la riqueza y pasen necesidades. Necesitamos rever nuestros conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable. Amazonia no puede ser un museo”.[7]

En esa  declaración hay dos presupuestos emblemáticos: el primero es que los indígenas y pueblos tradicionales viven sobre lo que el capital denomina “riquezas” y que, por lo tanto, deben tener sus derechos territoriales mutilados para permitir su explotación. Ese es el aspecto más grosero del desarrollismo capitalista en la Amazonia. El segundo aspecto, no menos violador de derechos, sin embargo más sutil en sus proposiciones, es el debate sobre los “conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable”. A esas dos vertientes del modelo de desarrollo en la Amazonia nos dedicaremos, a partir del recorte del moderno agronegocio practicado en el bioma en el último periodo. Más específicamente, nos proponemos la reflexión sobre el proyecto económico y los impactos de las culturas de palma aceitera (o palma africana) y de la soja, sectores en expansión que se han beneficiado de una serie de políticas públicas y han transformado radicalmente el universo y los territorios de los pueblos tradicionales amazónicos en donde se ubican[8].

La palma aceitera y los “conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable”

Con la intensificación de los debates mundiales sobre el calentamiento global y, en especial, después del acuerdo que ha generado el Protocolo de Kioto en el ámbito de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas de 1997 (COP 3), una serie de propuestas buscando la descarbonización del planeta han ido tomando cuerpo. Entre ellas, la ampliación del uso de agrocombustibles en sustitución a los combustibles fósiles.[9]

De hecho, la producción de etanol y biodiesel y las investigaciones correlacionadas siempre han estado conectadas mucho más a proyectos de seguridad energética o para abaratar los combustibles – principalmente en periodos de alza de precios de los fósiles – que al debate climático, al que terminaron incorporándose con más consistencia al inicio de los años 2000.

Contradictoriamente, sin embargo, el discurso climático se ha priorizado por los defensores de la agroenergía a partir del momento en que el sector pasó a enfrentarse a denuncias de impactos negativos sobre la seguridad y soberanía alimentarias (a raíz del uso intensivo de maíz en la producción de biodiesel en Norteamérica y de la competencia de los cultivos energéticos en áreas de culturas alimentarias) o sobre derechos territoriales de pueblos locales[10].

Aún en el ámbito de las contradicciones, en los países andinos el cultivo agroenergético que se ha consolidado con más fuerza ha sido la palma aceitera (o palma africana), con efectos devastadores sobre las forestas tropicales y el agravamiento de conflictos sociales y agrarios. Sobre eso, hay registros de que los monocultivos de palma están generando deforestaciones alarmantes en la Amazonia peruana, colombiana y ecuatoriana[11] y graves conflictos territoriales en Colombia y en Perú[12].

 

En Brasil, la expansión de la palma aceitera se ha dado en consonancia con el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB), lanzado por el gobierno federal a fines de 2004 como parte de un ambicioso proyecto de conquista de la hegemonía brasileña en los mercados internacionales de agrocombustibles. Consciente de las críticas al cultivo de la palma en Asia y Latinoamérica por su contribución a problemas socio-ambientales, el gobierno brasileño estableció que el cultivo de la palma aceitera, concentrado en el bioma amazónico, tendría que restringirse a áreas degradadas y se constituiría en una estrategia de fortalecimiento de la agricultura familiar a través de proyectos de integración con grandes compañías.

 A partir de 2008, el estado de Pará (más grande productor de palma africana en Brasil), donde el cultivo de palma aceitera ha ocupado históricamente un área estable, ha sufrido un boom de nuevos proyectos agroenergéticos con fuerte apoyo de los gobiernos federal y estatal, de bancos y financiamientos públicos. En los siguientes años y con la consolidación del sector, sin embargo, gran parte de los elementos qua han compuesto el imaginario de sustentabilidad socio-ambiental de la actividad a partir del PNPB se han desconfigurado; tanto por su lógica empresarial-capitalista, como por el conjunto de factores sociopolíticos del universo amazónico. Veamos algunos de esos aspectos:

 

Premisa 1: la palma aceitera ocupará solamente áreas degradadas y no provocará impactos ambientales en Amazonia

A pesar de no estar entre los principales conductores de la deforestación en Brasil, el cultivo extensivo de la palma aceitera en un bioma altamente biodiverso y sensible como la Amazonia tiene una serie de impactos negativos sobre el ambiente y los pueblos locales. A pesar del discurso contrario, las deforestaciones en la actividad son prácticas comunes pero sub-registradas, una vez que para la implantación de monocultivos, ocurren mayoritariamente a través de la supresión de manchas de bosques situadas entre las áreas degradadas. Pero el impacto más grande se da a partir de las características del manejo de la palma y su alta dependencia de la aplicación de agrotóxicos, utilizados en el control tanto de plantas invasoras como de plagas. O sea: en 2013, la Secretaría de Agricultura de Pará estimaba que el estado cultivaba 166 mil hectáreas de palma. Con base a los indicadores de manejo de la cultura elaborados por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y del agente financiador Banco de Amazonia (BASA), se puede calcular que en ese año se habrían aplicado a los cultivos de palma aceitera cerca de 332 mil litros de herbicida, 166 mil litros de insecticida, 166 toneladas de hormiguicida cebo, 19.920 cápsulas de insecticida-trampa e 33,2 toneladas de raticida[13].

 2014, estudios realizados por el Instituto Evandro Chagas en cursos de agua en áreas contiguas a grandes cultivos de palma aceitera constataron la presencia de agrotóxicos en ríos e igarapés cuyas aguas se utilizan para el lavado de ropas, ocio y consumo de las comunidades locales. Acorde al informe final de la investigación, se han encontrado residuos de endosulfan, sustancia tóxica prohibida en Brasil desde 2013, en casi todos los puntos de muestreo en el periodo de mayor intensidad pluviométrica, señalando a que ese producto se está carreando de los suelos, por procesos de lixiviación, y se está acumulando en los sedimentos de fondo de los ríos e igarapés de la región. “La inserción antrópica de endosulfan (…) en esos ambientes puede provocar daños a los ecosistemas acuáticos y representar riesgos a la salud de la población que reside en esta región”, afirma el estudio; y alerta: “Como la posible acumulación de endossulfan representa un aumento de la carga orgánica natural en el periodo de más lluvias, también se deben evaluar las implicaciones de la presencia de dicho compuesto asociado directamente al aumento de la producción de algas en la región. En ese contexto, este ambiente está propicio al aumento de la producción de cianobacterias y cianotoxinas, que son sustancias tóxicas y representan también grandes riesgos a los ecosistemas acuáticos y a la salud humana. (…) A partir de los análisis morfológicos [de los materiales recolectados], se han identificado para el área de estudio un total de cinco taxones infra genéricos de cianobacterias”.

Otro peligroso impacto de los monocultivos de palma aceitera sobre la foresta es su interferencia sobre los flujos bióticos del ecosistema amazónico. El problema se agravó a partir de recientes cambios en el Código Forestal brasileño (instrumento que reglamenta la conservación y recuperación de la cobertura forestal en las propiedades rurales del país), cuando especies exóticas como la palma africana pasaron a constituir legalmente un sustituto a la recomposición de bosques nativos en la llamada Reserva Legal de las propiedades, desconsiderando la importancia estratégica del mantenimiento de la diversidad biológica y aumentando exponencialmente los riesgos de graves pérdidas de recursos genéticos.

 

Premisa 2: el cultivo de la palma aceitera beneficia la agricultura familiar en cuanto a una alternativa de renta

Cuando se ha lanzado en 2004, una de las premisas del PNPB ha sido la integración de la agricultura familiar a la cadena productiva del biodiesel. Para eso, el gobierno ha creado mecanismos de inserción de la actividad productiva de pequeños agricultores al sector agroindustrial, en la medida en que ha exonerado de una serie de impuestos a las industrias que adquirieran materia prima de la agricultura familiar.

En el caso de la palma aceitera, el programa estipuló el cumplimiento de contratos de 25 años entre agricultores e industrias, que presuponían cultivos de 10 hectáreas, en promedio, por familia, financiados por Pronaf Eco-Dendê con valores de hasta R$ 80 mil. Los contratos también prevén criterios rígidos de manejo (aplicación de agrotóxicos, abonos químicos, poda etc.) estipulados por los agentes financiadores y monitoreados por las empresas, reservándoles el derecho de control de las actividades productivas en el interior de las propiedades familiares.

 

Ese sistema resulta, en buena medida, en:
– endeudamiento de las familias, de las que parte significativa no es capaz de producir la cantidad suficiente de palma aceitera para librar las deudas en los bancos;
– injerencia de las compañías en la organización productiva de los agricultores, que han pasado a responder ante los contratantes de la producción como si a ellos fueran subordinados, no siendo, sin embargo, beneficiarios de los acuerdos y derechos laborales previstos en la ley;
– disminución drástica o término de otras actividades productivas (culturas alimentarias y otras actividades económicas) y consecuente impacto sobre la seguridad alimentaria (de la familia y regional);
– Renta menor de lo planificado y a veces inferior a la verificada con otras actividades productivas;
– Contaminación e intoxicación por agrotóxicos;
– Cambios drásticos en el modo de vida[14].

 

Otro efecto de la expansión del cultivo de la palma aceitera sobre la agricultura familiar, no vinculado a los procesos de integración agricultores-compañías, es la presión de los grandes emprendimientos sobre las áreas familiares a partir del surgimiento de un nuevo mercado de tierras y la valorización financiera de los territorios. Relativo a eso, se observa en la región productora de palma aceitera en Pará un inexorable proceso de concentración de tierras, resultado tanto del asedio para su venta, de parte de las grandes industrias, como la progresiva incapacidad de mantenimiento de otras actividades productivas en las propiedades familiares a partir del abandono de la fuerza de trabajo para ubicarse en los monocultivos agroindustriales. Eso nos lleva al análisis de la siguiente premisa.


Premisa 3: El cultivo de la palma aceitera es gran generador de puestos de trabajo y, de esa manera, un instrumento importante para el desarrollo local

O monocultivo de la palma aceitera es, de hecho, uno de los sectores más intensivos en uso de mano de obra del agronegocio amazónico, en especial en las actividades de plantío, manejo y cosecha. El trabajo, sin embargo, se caracteriza por un alto grado de penosidad, una vez que la actividad exige grandes esfuerzos físicos en un ambiente natural adverso. Las jornadas laborales llegan a durar hasta 12 horas (entre la salida, aún por la madrugada, y el regreso a casa al fin de la tarde); hay deficiencias recurrentes en la provisión de agua, alimentación, equipos de protección individual e instalaciones sanitarias en los locales de trabajo; accidentes laborales son sub-notificados; hay falta de atención médica en los locales de los accidentes; y hay registros frecuentes de adicción a drogas, como la cocaína, para aumentar la productividad y soportar el descomunal desgaste físico del trabajo en condiciones climáticas adversas (altísimas temperaturas y lluvias torrenciales, típicas de la región).[15]

Por fin, a pesar de la poca fiscalización de la actividad de parte de los agentes del Ministerio de Trabajo y Empleo por alegada falta de estructura y personal, ya se han registrado casos de trabajo esclavo en el cultivo de la palma aceitera paraense,[16] así como condiciones degradantes en alojamientos de trabajadores que, en áreas distantes de sus locales de vivienda, permanecen por largas temporadas en los locales de empleo.

 

Las falsas soluciones

Impulsada por el Estado bajo la premisa de la “sustentabilidad climática” y del “desarrollo social”, el cultivo de la palma aceitera brasileña, después de casi una década de expansión acelerada, no sólo ha fallado en su propósito, sino también ha contribuido a la profundización del desequilibrio socioambiental impuesto a la Amazonia por el desarrollo extractivo. Acorde a la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), por ejemplo, en febrero de 2016, no había ninguna empresa productora de biodiesel registrada como apta a proveer el combustible de palma aceitera. O sea, en la Amazonia, el monocultivo de la palma africana que ha sustituido los bosques nativos no ha logrado siquiera corroborar los discursos de descarbonización del planeta, para lo que se ha justificado en primer lugar.

 

Por otro lado, el desplazamiento de la agricultura familiar de su misión primordial – la producción de alimentos – y su reposicionamiento, sea en la misma propiedad o como nuevo operario agroindustrial, como “productor de combustible” (materia que no consumirá y de la cual no se beneficiará), desplaza al pequeño agricultor no sólo de la posesión de la tierra sino también de la posibilidad de constituirse como definidor de su propio universo socioeconómico y organizador de su existencia. En ese sentido, como señala la investigadora de la Universidad Libre de Berlín María Backhouse, el proyecto de expansión de la palma aceitera en Brasil se caracteriza como green grabbing(proceso de apropiación y financiarización de bienes y territorios naturales por el capital a partir de la premisa de que, para preservar, se necesita ponerle un precio a la naturaleza), en la medida en que engloba no sólo el proceso material de apropiación de los territorios sino también un paradigma discursivo que señala como inexorable la comoditización de la naturaleza. “Cuando nos referimos a green grabbing con base en el concepto de acumulación primitiva continuada[17], tenemos en cuenta no sólo la constatación de que la concentración de tierras a manos de las élites locales sigue ocurriendo, sino sobre todo que tal proceso implica una restructuración de las relaciones sociales. Dicha restructuración está impulsada por la nueva ordenación de las relaciones de propiedad, como ocurre en el caso de la privatización de tierras, o a través de la inserción de la agricultura familiar en la cadena productiva agroindustrial. En el mismo acto de su consecución, dicho proceso se legitima ideológicamente por la doctrina neoliberal, y gana de esa manera un perfil de proyecto hegemónico”. Y eso nos lleva al análisis del segundo sector propuesto para el estudio: el complejo productor de soja en la Amazonia.

 

La soja y la disputa de la “riqueza”

 La historia de la soja en la Amazonia brasileña – el país es el único que produce el grano a larga escala en el bioma – es una de las más violentas en el proceso de ocupación de la región por el agronegocio en los últimos 50 años. Uno de los principales componentes de la apertura de la frontera agrícola (al lado de la actividad maderera y de la pecuaria extensiva) en la transición de la producción decommoditiesdel Centro-Oeste para el Norte del país, en el territorio que comprende la Amazonia Legal, el área de soja alcanzó 8,16 millones de hectáreas en 2012,[18] con predominancia de los estados de Mato Grosso, Pará, Maranhão y Rondônia.

No discutiremos los detalles de los impactos ambientales del cultivo de soja en la Amazonia – deforestación al nivel de las 3,4 millones de hectáreas hasta 2012, acorde al monitoreo de las entidades que han firmado la llamada Moratoria de la Soja[19] –, tampoco el uso y contaminación récord de agrotóxicos. No examinaremos el significado de la predominancia de multinacionales como Cargill, Bunge y ADM en el sector y sus crecientes inversiones en la expansión de la cultura y en infraestructura de flujo de producción; no nos atendremos a la descripción de conflictos agrarios – a ejemplo de los 20 asesinatos de trabajadores rurales en la región de expansión de la soja en Rondônia, contabilizados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en el informe sobre violencias en el campo en 2015 -, o de la ocurrencia de trabajo esclavo, a pesar de la disminución de cerca de 60% de demanda de mano de obra en el cultivo de soja después de la mecanización de la actividad. Buscaremos entender como, más allá de las rejas de las haciendas, el complejo agroexportador de soja está reconfigurando el territorio amazónico de manera más profunda a través de las inversiones en infraestructura.

 

Como ya se ha mencionado, el Consenso de las Commodities impulsó las economías primario-exportadoras latinoamericanas en la última década a partir de los altos precios practicados en el mercado internacional y, en especial, debido a la creciente demanda china. Y, a pesar de la desaceleración de la economía mundial en los últimos años, en el primer semestre de 2015, por ejemplo, el complejo de la soja (granos, harina y aceite) respondió por 16% de las exportaciones brasileñas, aun con la caída de aproximadamente 30% en los precios relativos a 2014[20]. Ese factor ha fortalecido una demanda antigua del sector mirando hacia un reordenamiento radical de los espacios que separan las cosechadoras del mercado consumidor final europeo o asiático: la planificación infraestructural para abaratar los costes de flujo de producción, y en tal proporción que merece la pena volver al primer párrafo de este texto y a las tonterías sobre el complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en Pará.

 

 La cuenca del Tapajós, que abarca los ríos Tapajós, Teles Pires y Jamanxim, territorio de más de 200 mil indígenas Munduruku, Apiaká, Cayabi, Borari, Arapiun, Arara Vermelha, Jaraqui, Kumaruara, Tapajós, Tapuia, Uupaiú, Maytapu, Cara Preta y Tupinambá, ha sido designado por el gobierno brasileño para acoger la próxima etapa de una mega planificación energética en la Amazonia, iniciada con la construcción de las usinas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, en el Río Madeira (RO), y Belo Monte, en Xingu (PA). Acorde al Plan Decenal de Expansión de Energía (PDE) 2023, está prevista la construcción de siete usinas en los ríos Tapajós y su afluente Jamanxim hasta 2021, además de otras dos en Teles Pires, con el objetivo de asegurar la provisión de energía para un pretendido crecimiento económico de Brasil de 4,3% al año.

 

La lectura de la expectativa de crecimiento que empuja la planificación energética del PDE es fantasiosa, dada la profunda crisis económica y política que afecta al país, una serie de otros elementos constituyentes del proyecto infraestructural en el cauce del Tapajós    señala que no es la seguridad energética su objetivo final: interdependiente del complejo hidroeléctrico, están previstas la construcción de una hidrovía en los cursos de los ríos Tapajós y Teles Pires y de cuatro esclusas (que permitirán la navegación de grandes embarcaciones) en Tapajós y seis en Teles Pires, como parte del llamado Arco Norte, proyecto de inversiones en las rutas de flujo de producción de commodities que engloba a los puertos de Itacoatiara (AM), Santarém (PA), Vila do Conde (PA), Itaqui (MA), Salvador e Ilhéus (BA), la pavimentación de la BR 163 (que une Mato Grosso al puerto de Santarém, en Pará), el Ferrocarril Norte-Sur (que cortará los estados de Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), el Ferrocarril Paraense (que une el sur y sudeste de Pará al norte del Estado), la Ferrogrão (que estará paralela a la Autopista BR 163), y la hidrovía del río Tocantins (que posibilita su navegación y del río Araguaia a partir del término de la esclusa de la hidroeléctrica de Tucuruí). Si se terminan esos proyectos, estima la Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria (CNA), habría una reducción alrededor de un 30% de los costes de flujo de producción y un aumento de 10% a 20% de los lucros para el sector.[21]

 

Aquí es importante observar que, en el cálculo del agronegocio, más allá de la disminución de los costes de exportación, los proyectos infraestructurales en el Norte del país también abren terreno para la expansión de cultivos sobre nuevos territorios, como se entiende del comentario del vocero de la Terminal Granelera de Maranhão, en el puerto de Itaqui, Luiz Cláudio Santos: “Se estima que existan más de 5 millones de hectáreas disponibles en esas regiones para la producción de granos y la llegada de este importante puerto posibilita dicho crecimiento, pues la principal dificultad para la producción de nuevas áreas es la infraestructura portuaria. Recordando que este proyecto era un sueño antiguo de todos los que están involucrados en la cadena del agronegocio de la región Norte 

 

Sueño para algunos, pesadilla para otros. La expansión de la soja en la región de Santarém, por ejemplo, donde se ubica el más grande puerto granelero de Cargill y gran parte de la producción financiada por la multinacional, ha sido uno de los principales factores de conflictos agrarios en la última década. Acorde al informe difundido por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en 2010, “más de 500 familias dejaron sus tierras para darle lugar a los campos de soja. En menos de cinco años, comunidades enteras se volvieron propiedad de productores de soja, mientras que otras han tenido una disminución drástica en su población”.[23] Según la CPT, Pará registró 645 muertes por conflictos en el campo entre 1985 y 2013 (solamente entre 2005 y 2013 fueron 118 casos). El número es casi cinco veces más de lo que ha registrado en el segundo estado en el ranking de asesinatos por cuestiones agrarias, Maranhão, con 138 casos en el mismo periodo. Según el abogado de la organización, José Batista Afonso, la mayoría absoluta de los casos tienen relación directa con la expansión de la soja y de la pecuaria sobre los territorios tradicionales.

La colaboración infraestructura-expansión de la producción agropecuaria y maderera también ha sido directamente responsable por los mayores índices de deforestación en la Amazonia, principalmente en relación a la apertura y pavimentación de autopistas. Acorde al estudio Roads, Deforestation and the Mitigating Effect of Protected Areas in the Amazon, publicado en 2014 por la revista Biological Conversation, 95% de la deforestación en la región se da a 5,5 km de carreteras – entre oficiales y clandestinas. En ese sentido, la región de la carretera BR-163 es, según el estudio del Instituto Socioambiental, el principal punto de deforestación en la Amazonia en la última década. Ese diagnóstico se confirma en el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sobre el estado de la biodiversidad en Latinoamérica y en Caribe, difundido en mayo de 2016, que señala la ecorregión entre los ríos Xingu y Tapajós, en Pará, como la tercera área con más deforestación en el periodo reciente.[24]

 

Las reacciones
A pesar de la caída de precios de las commodities (como metales, petróleo y granos) en los últimos dos años, y de la desaceleración del crecimiento chino y de su demanda por bienes primarios, en Brasil la reacción vino en forma de intensificación de la producción para compensar los bajos precios con el aumento de volumen y cortes en medidas socio ambientales, manteniendo estables los márgenes de lucro. 
En ese sentido, avanzan en el Congreso Nacional propuestas que buscan desde la extinción de los mecanismos de otorga de licencias ambientales para grandes obras hasta la liberación de la minería o explotación agrícola en territorios indígenas y otras áreas protegidas, en la lógica de que no se puede seguir consintiendo a los pueblos indígenas el mantenimiento de su vida cuando se asienta y se desarrolla en tierras y bienes naturales convertibles en lucro financiero, “crecimiento” o “desarrollo”[25].

Sin embargo, ese proyecto ha provocado un nuevo ciclo de luchas sociales en los territorios, y muchas ya no se configuran a partir del marxismo revolucionario clásico, pero acorde a las cosmovisiones y a los deseos de las comunidades. O sea, a partir de reflexiones sobre un futuro diverso que desafía el axioma del “desarrollo” como único futuro posible, formulado por Harry Truman en el postguerra en 1949. Grandes luchas de resistencia, como la de los indígenas Munduruku contra el complejo hidroeléctrico en el río Tapajós, o de los Guarani y Kaiowá en Mato Grosso do Sul por los territorios usurpados por el agronegocio de soja, de caña de azúcar y pecuario, tienen como fuerza motriz la interiorización de factores espirituales que recurren a las ascendencias como puntos de partida y llegada.

Así, no parece raro que, en audiencia sobre los impactos de las usinas en Tapajós con autoridades del gobierno federal en la capital Brasilia, en 2015, un líder Munduruku se puso a relatar la leyenda de como la abuela del niño Karo Ebak le regaló a la etnia, en tiempos antiguos, la tierra negra[26]; y porque hoy la tierra negra, encontrada en todo el territorio Munduruku, es la prueba de la pertenencia ancestral de la etnia a ese territorio. Es parte de un mundo en el que quieren vivir y donde no cabe la modernidad blanca, o pariwat. “Haber estado siempre y siempre seguir estando, pero no así; de otra manera” es la base de lo que quieren los Munduruku.

Sin embargo, ese proyecto ha provocado un nuevo ciclo de luchas sociales en los territorios, y muchas ya no se configuran a partir del marxismo revolucionario clásico, pero acorde a las cosmovisiones y a los deseos de las comunidades. O sea, a partir de reflexiones sobre un futuro diverso que desafía el axioma del “desarrollo” como único futuro posible, formulado por Harry Truman en el postguerra en 1949. Grandes luchas de resistencia, como la de los indígenas Munduruku contra el complejo hidroeléctrico en el río Tapajós, o de los Guarani y Kaiowá en Mato Grosso do Sul por los territorios usurpados por el agronegocio de soja, de caña de azúcar y pecuario, tienen como fuerza motriz la interiorización de factores espirituales que recurren a las ascendencias como puntos de partida y llegada.

Así, no parece raro que, en audiencia sobre los impactos de las usinas en Tapajós con autoridades del gobierno federal en la capital Brasilia, en 2015, un líder Munduruku se puso a relatar la leyenda de como la abuela del niño Karo Ebak le regaló a la etnia, en tiempos antiguos, la tierra negra[26]; y porque hoy la tierra negra, encontrada en todo el territorio Munduruku, es la prueba de la pertenencia ancestral de la etnia a ese territorio. Es parte de un mundo en el que quieren vivir y donde no cabe la modernidad blanca, o pariwat. “Haber estado siempre y siempre seguir estando, pero no así; de otra manera” es la base de lo que quieren los Munduruku.

Notas

[1] Luis Nassif, “As usinas-plataforma do rio Tapajós”. Carta Capital. 10/12/2013. Disponible aquí.
[2] Juliana Lins, Terra preta de índio e as populações do presente: a herança que chega até o quintal. Dissertação de Mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa. Manaus. 2013. Disponible aquí (pdf).
[3] Marcos Pereira Magalhães, “Mudanças antropogênicas e evolução das paisagens na Amazônia”. Disponible aquí.
[4] Ibíd.
[5] Socióloga argentina, profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata, galardonada con el Premio Konex en dos ocasiones (2014 y 2016). Parte de su producción está disponible en la página web: http://www.maristellasvampa.net.
[6] El término extractivismo se usa acá en el sentido de actividades que sacan grandes cantidades de recursos naturales que no son procesados (o que lo sean de manera limitada), principalmente para la exportación, lo que no se limita a los minerales o al petróleo.
[7] El Parlamento Amazónico es una entidad que congrega a los diputados estatales de los nueve estados de la Amazonia brasileña. Dicha afirmación se dio en una reunión en mayo de 2016, como lo cuenta el texto “Mineração em terra indígena e ligação com Pacífico são destaques em reunião do Parlamento Amazônico”. 19/6/2016. Disponible aquí.
[8] Observamos, como justificativa, que la elección de esos dos proyectos económicos para el análisis se debe a características aparentemente opuestas en cuanto a su interferencia social y ambiental en el bioma: mientras la palma aceitera tiene alta demanda de mano de obra y se estructura sobre un proyecto político de interacción con la agricultura familiar, la soja tiene uno de los menores índices de empleo del agronegocio, a la vez que su expansión es uno de los principales motores de los conflictos agrarios en la región. La palma aceitera pretensamente ocupa áreas degradadas, mientras que la soja ha sido, históricamente, uno de los principales conductores de la deforestación en Amazonia. Los dos proyectos, cada uno a su manera, han dejado huellas profundas en los territorios y sus habitantes tradicionales
[9] Varios análisis han sugerido que el biodiesel y el bioetanol reducen sustantivamente las emisiones de CO2 una vez que las emisiones de gases de la quema de dichos combustibles se neutralizarían por la absorción de CO2 en la etapa de crecimiento de los cultivos
[10] Un ejemplo de dicha tendencia ha sido la reacción del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en un debate climático en Perú en 2008, en que denuncias sobre efectos reversos de la agroenergía asumieron grandes proporciones: “Quieren descontaminar el planeta y combatir el calentamiento global, firman el Protocolo de Kioto, y cuando Brasil ofrece un combustible no emisor de CO2, prefieren usar uno que lo emite”, afirmó Lula. “Biocombustibles calentó la cumbre”, APF. 17/5/2008. Disponible: aquí.
[11] RAISG Red Amazónica de Información Socio ambiental Georreferenciada, Deforestación en la amazonia (1970-2013). Disponible aquí (pdf).
[12] Juan Luis Dammert B., Cambio de uso de suelos por agricultura a gran escala en la amazonía andina: el caso de la palma aceitera. Disponible aquí (pdf).
[13] Cf. Repórter Brasil, Expansão do dendê na Amazônia brasileira: elementos para uma análise dos impactos sobre a agricultura familiar no nordeste do Pará. 2013. Disponible aquí.
[14] Ibíd.
[15] Ibíd.
[16] Verena Glass, “Plantio de dendê entra na lista de atividades com trabalho escravo”, Repórter Brasil. 1/7/13. Disponible:aquí.
[17] “Con el concepto de acumulación primitiva, Marx describe, tomando como ejemplo el caso de Inglaterra, la transición del feudalismo al capitalismo como un proceso en el que los campesinos se separan de sus medios de producción. En el centro de dicho análisis se encuentra la explicación de la formación histórica del modo de producción capitalista, que se caracteriza por la oposición entre el capital y el trabajo.” Maria Backhouse, A desapropriação sustentável da Amazônia. O caso de investimentos em dendê no Pará, Fair Fuels? Working Paper 6, Berlín. Disponible aquí.
[18] Maria Zeferino Barbosa, “Fronteira Agrícola: a soja na Amazônia Legal”, Análises e indicadores do agronegócio, Instituto de Economia Agrícola (Ipea), v.10, n.1. Enero de 2015. Disponible aquí (pdf).
[19] “de soja na Amazônia resultou no desmatamento de mais de 18 mil hectares”, A Crítica. 26/10/2012. Disponible aquí.
[20] Tatiana Freitas, “Agronegócio segue ganhando relevância nas exportações do Brasil”, Folha de S.Paulo. 30/7/2015. Disponible aquí.
[21] Danilo Fariello, “Avançam projetos para escoar grãos para o Norte”, O Globo. 14/3/2016. Disponible aquí.
[22] “Investimentos em novos terminais automatizados podem melhorar produtividade”. Disponibleaquí.
[23] “CPT Santarém apresenta dossiê contra Cargill em audiência pública na região”. Disponible aquí.
[24] Sobre el tema, el diario Folha de S.Paulo publicó, en 2014, un estudio contundente: “BR-163 Insustentável”. Disponible aquí.
[25] Podríamos discutir la continuidad, no sólo en Brasil, de los proyectos vinculados a la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), como la construcción del ferrocarril transoceánico que pretende unir los polos productores de Brasil al Océano Pacífico en Perú, atravesando miles de kilómetros de territorios tradicionales en la Amazonia y en los Andes, así como proyectos de ferrocarriles en Colombia y Venezuela, o mismo el Canal de Nicaragua, financiados con recursos chinos, pero preferimos dejar ese debate para otro momento.
[26] O presente de Karo Ebak aos Munduruku. Disponible aquí.

Para leer más

Backhouse, Maria. A desapropriação sustentável da Amazônia: o caso dos investimentos em dendê no Pará. 2013. Disponible: aquí.

Barber, Christopher P., Cochrane, Mark A., Souza Jr., Carlos, M. William F. L. Roads, Deforestation, and the Mitigating Effect of Protected Areas in the Amazon. Biological Conservation. 2014.

Frayssinet, Fabiana. Soja faz renascer estrada amazônica. Envolverde. 7/1/2016. Disponible: aquí.

Glass, Verena. “Mapa social: Expansão do dendê pela Amazônia gera problemas”. Repórter Brasil, s.d. Disponible: aquí.

Magalhães, Marcos Pereira. “Mudanças antropogênicas e evolução das paisagens na Amazônia”. Disponible: aquí.

Miranda, Rogério Rego, Silva, Marcos Alexandre Pimentel da. Das agroestrategias aos eixos territoriais do agronegócio no estado do Pará.

Boletim DATALUTA, n.99. Marzo 2016. Disponible: aquí (pdf).

Patroni, L. Nova rota diminui custo de transporte da soja produzida em MT. O Globo. 27/3/2016. Disponible: aquí.

PNUMA. The state of biodiversity in latin america and the ribbean. Disponible: aquí.

Repórter Brasil. A agricultura familiar e o programa nacional de biodiesel. São Paulo: Repórter Brasil. 2010. Disponible: aquí (pdf).

______. Expansão do dendê na Amazônia brasileira: elementos para uma análise dos impactos sobre a agricultura familiar no nordeste do Pará. São Paulo: Repórter Brasil. 2013. Disponible: aquí (pdf).

______. O Brasil dos agrocombustíveis: palmáceas, algodão, milho e pinhão manso. São Paulo: Repórter Brasil. 2008. Disponible: aquí (pdf).

______. O dendê na mirada da lei. São Paulo: Repórter Brasil. 2015. Disponible: aquí (pdf).

Sá, Eduardo. Rondônia é o Estado com maior número de mortes por causa do conflito fundiário.Carta Maior. 19/4/2016. Disponible: aquí.

Santos, Chico. Safra de grãos fica mais competitiva com o Arco Norte. Valor Econômico. 30/3/2016. Disponible aquí.

Silva, Elielson Pereira da. Agroestratégias e monocultivos de dendê: a transferência silenciosa das terras da reforma agrária para o grande capital na amazônia paraense. Dissertação de mestrado. Gestão de Recursos Naturais, UFPA. 2015. Disponible en: aquí (pdf).

Fundación Rosa Luxemburgo

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Monocultivos_en_la_Amazonia_la_distopia_de_la_sustentabilidad_y_de_la_riqueza

 

 

Percatémonos que las resistencias al despojo y/o contaminación de territorios son luchas de clase que refuerzan, como los feminismos, las existentes en el pasado. En efecto, el capitalismo las criminaliza e incluso les aplica leyes antiterrorista, asesina a su líderes y realiza campañas de estigmatización. Paradigmáticamente se proclama sociedad de diálogo como Patricia Bullrich no se cansa de decir pese a que su ministerio demuestra lo contrario. Pero porqué no proponerse ese simulacro de democracia aun cuando la realidad concreta e inmediata lo desmiente si las elecciones (condicionadas al máximo) pueden todavía engañar después de décadas de comprobar que las promesas electorales resultan mentiras y si el proletariado acepta la conciliación con sus opresores en las paritarias y el Consejo del salario mínimo, vital y móvil.

 

Como el kirchnerismo que se apropió de organizaciones e ideas para tergiversarlas, el capitalismo neoliberal y neodesarrollista se adueña de ecologismos para perfeccionar la continuidad en el incremento de la rentabilidad oligopólica. Pero nuestra confrontación con ambos nos convoca a generalizar la deliberación y toma de decisiones sobre los problemas fundamentales al destino en común. Implica ir por el involucramiento de una creciente mayoría en la lucha contra los poderes que nos imponen privilegiar los negocios lucrativos de esas elites por sobre las necesidades y aspiraciones de las diversidades de abajo. Es concretarlo de modo que los conceptos claves para establecer rumbos emancipatorios se vayan aclarando y precisando no en una batalla de ideas que es el campo favorable a los de arriba sino en las luchas y las praxis.

 

Tengamos en cuenta cómo pretenden derrotar a los movimientos socioterritoriales para proseguir avanzando con los extractivismos.

 

 

Argentina - Transformación Democrática de Conflictos: Cambiar todo para que no cambie nada

Septiembre de 2017

Bajo el paraguas del desarrollo sostenible, la transformación de conflictos es un modelo de mediación que se ha insertado en distintas luchas contra la minería y la explotación de hidrocarburos en el país y el continente. A través de la construcción de confianzas entre sectores contrapuestos, como las empresas y las comunidades locales, se promueven plataformas de diálogo en la búsqueda de consensos que permitan el avance extractivo.

Tras su desembarco en Vaca Muerta con el Grupo de Diálogo Neuquino, hacemos una radiografía de su pensamiento y formas de operar. También recordamos otro hito local, el intento de revertir el No a la Mina en Esquel.

Por Observatorio Petrolero Sur (OPSur)
 

La resolución de conflictos es una disciplina presente a lo largo de la historia de la humanidad. Su desarrollo ha llevado a que coexistan distintas perspectivas y métodos de abordaje, como la mediación, resolución, gerencia o transformación de conflictos. Esta última corriente entiende los conflictos sociales como procesos naturales de la vida humana que hay que aprender a manejar. La transformación sería, entonces, un cambio constructivo del conflicto, de manera de evitar la violencia y la inestabilidad social. Su principal teórico es el sociólogo John Paul Lederach, académico de la universidad estadounidense de Notre Dame y uno de los referentes mundiales de la mediación.

Lederach sostiene que la transformación democrática de conflictos es “un modo de mirar y ver”, que provee de un conjunto de lentes a través de los cuales dar sentido a los conflictos sociales (Maiese y Lederach, 2004:3). Utiliza el verbo transformar porque considera que no busca sólo el control o la resolución de un conflicto, sino las modificaciones que resultan de éste. Es decir, más allá de cómo se puede finalizar un conflicto, la pregunta que se hace es cómo construir un horizonte deseado .

Hay dos conceptos que son transversales a este paradigma. El primero es la paz, entendida como la transformación no violenta de los conflictos y como un concepto no estático sino en evolución y desarrollo. Lederach afirma que este marco de referencia proviene de la iglesia cristiana menonita, de la que es miembro y junto a la cual desarrolló parte de su trabajo en América Latina. El otro concepto clave es el desarrollo sostenible o sustentable, entendido como un equilibrio entre el bienestar social y el “aprovechamiento responsable de los recursos naturales”, desde la perspectiva de Iván Ormachea, facilitador del Programa del Diálogo Democrático del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y uno de los referentes peruanos en la materia. Ormachea cree que “el desarrollo sostenible aplicado al campo de la minería implicaría (…) numerosos desafíos, entre ellos: el respeto a los bienes ambientales, la reducción o gestión óptima de la energía, otorgamiento de beneficios tanto para la comunidad del entorno del proyecto minero como para todo el país, respeto por la cultura de los pueblos y sus derechos en el caso de pueblos indígenas, y el fomento de la investigación científica” (Ormachea, 2015:11).

En términos de metodología, la transformación de conflictos promueve un abordaje colaborativo. Siguiendo con la metáfora de los lentes, Lederach propone tres miradas: una hacia el conflicto inmediato; otra hacia el contexto del conflicto; y finalmente, una plataforma que refiera al contenido, contexto y la estructura de las relaciones en conflicto, buscando soluciones creativas (Maiese y Lederach, 2004). ¿Cómo llevan adelante estos procesos? A través de fundaciones, mediadores y otras instancias que despliegan un arsenal de herramientas metodoló­ gicas. Entre ellas están los acuerdos negociados, la facilitación, los procesos colaborativos, las plataformas de diálogo, la evaluación de conflictos, el ordenamiento ambiental del territorio y los procesos de planificación colaborativa.

Un giro en 360 grados

De todas estas herramientas, las de mayor alcance en nuestro país son las plataformas de diálogo. Las fundaciones que las promueven están nucleadas a nivel regional en el Grupo de Diálogo Latinoamericano, junto a similares de Perú, Colombia, Brasil y Chile. En 2008 fue creada la Plataforma Argentina de Diálogo Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable, integrada por las fundaciones Vida Silvestre, Cambio Democrático (FCD), Compromiso y Directorio Legislativo; además de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Área de Geología Minera de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Un año después, Pilar Robledo, coordinadora de la Plataforma, y Pablo Lumerman, entonces director de la FCD, explicaban el origen de la iniciativa. “El supuesto que subyace a este proyecto es el siguiente: con las herramientas adecuadas, es posible desarrollar procesos sensibles a las características (…) en la región y se puede evitar que las relaciones entre los actores involucrados a un conflicto se deterioren a tal punto que su conducta pueda causar no sólo un daño irreparable a los recursos naturales sino también la pérdida de procesos socio productivos y sus consecuentes disrupciones en el tejido social y cultural” (Robledo y Lumerman, 2009:97). El objetivo central que persigue el espacio es conseguir acuerdos que permitan el avance de las actividades mineras. Para esto, se plantea el “desarrollo de estrategias y la implementación de acciones para generar consensos entre el Estado, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales” (Plataforma, 2012).

Robledo y Lumerman se preguntan “¿qué condiciones institucionales son necesarias para que la minería se pueda realizar de forma socialmente legítima y cuyos impactos ambientales tengan el control adecuado?”. Más explícito es su par peruano, el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, cuya misión es conseguir “una minería responsable y sostenible, que garantice los derechos de la población, en un clima de seguridad jurídica, paz y democracia” (Grupo de Diálogo, s/f). Así, estas plataformas se inscriben dentro de la corriente de la minería responsable. Bajo esta órbita el mejor resultado posible para una comunidad en una negociación sería el de conseguir beneficios de la explotación minera. La negativa no está contemplada: sale de los márgenes de la plataforma que no habilita un debate en torno al discurso oficial minero.

Construyendo una plataforma petrolera

La transformación de conflictos desembarcó en Vaca Muerta con la constitución del Grupo de Diálogo Neuquino en 2014, que participa del Grupo de Diálogo Latinoamericano y es co-coordinado por Pablo Lumerman, ex director de Fundación Cambio Democrático. El GDN se reúne cada mes y congrega a “autoridades mapuches; empresarios del petróleo, la fruta y el comercio; representantes de ONGs; referentes del sector educativo; autoridades de colegios profesionales; periodistas; y autoridades religiosas, entre otros actores”, según señalan en el resumen del taller de Construcción de Consensos para la Incidencia Colectiva, uno de los pocos documentos públicos del Grupo.

Dicho encuentro se realizó con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, organismo que reúne a los gobiernos provinciales en la búsqueda del desarrollo y la atracción de inversiones. En esa línea no es casual que la perspectiva que guíe la coordinación del espacio –más allá de quienes intervienen en él– sea la del fracking seguro, un símil de la minería responsable, que publicita que la extracción de no convencionales puede desarrollarse sin conflictos sociales y ambientales, en determinadas condiciones. Dichas condiciones están dadas por la generación de consensos sociales que permitirían estas plataformas.

La evidente disparidad –social, cultural, económica, política y de poder– entre los sectores que se sientan en una misma mesa como si fueran iguales es abordada por la trasformación de conflictos, que sostiene que a través de una perspectiva de derechos se puede ayudar a equiparar estas asimetrías. ¿Efectivamente ocurre esto? ¿Es posible empoderar a las comunidades locales en el contexto de estas plataformas y procesos de diálogo? ¿O más bien estas comunidades han creado y concebido su demanda por derechos en el marco de conflictos?

En un documento presentado en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) sobre Diálogo Neuquino, Pablo Lumerman se pregunta ¿cuál es el mejor enfoque pa­ra construir apoyo comunitario de largo plazo para el desarrollo de los recursos no convencionales? Nuevamente no aparece la opción del “no”. Responde con elementos como la construcción de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), fortaleciendo las políticas de DD.HH. de las empresas, estableciendo diálogos sostenidos y un sistema efectivo de quejas. Además de crear “mecanismos adecuados de distribución de la renta que permitan a la comunidad ganar junto a la empresa y no ser variable de ajuste”. Inscribe, así, al Grupo de Diálogo Neuquino, dentro de una perspectiva que no puede pensar en horizontes más allá de los del capitalismo verde y el desarrollo sostenible. De este modo se ubica como una falsa salida: despliega un arsenal metodológico, que logra insertar un discurso colonial del poder, a través del cual naturaliza el relato oficial (gubernamental/ empresarial) de que no hay salida por fuera de la explotación de Vaca Muerta y que la mejor perspectiva posible es participar de manera justa de sus beneficios (1) .

Pero para que ese discurso oficial se transforme en narrativa social, aceptada por las mayorías, necesita de la construcción de consensos. ¿Dónde se cristalizan esos consensos? En este tipo de plataformas. Así, la perspectiva de derechos queda reducida a un elemento de la negociación. Siempre y cuando, advierte Lumerman, se acuerden “procedimientos que permitan identificar a los genuinos portadores del derecho de aquellos que lo hacen de forma oportunista”.

La construcción de este tipo de experiencias de diálogo lejos de provocar avances en las disputas en contra del crecimiento de la frontera extractiva, distrae y alimenta falsas expectativas en los sectores en lucha. Y en simultáneo permite a las empresas y otros grupos de poder aparecer como dialoguistas mientras construyen consensos en su favor. Todo esto rodeado de una retórica que suena bien porque es flexible: puede ser progresista o conservadora de acuerdo a los interlocutores, y hasta logra ocultar que es una herramienta de construcción de consensos en favor del extractivismo.

Audios, estrategias y Cambio Democrático [recuadro]

El 23 de marzo de 2003 fue el plebiscito en Esquel, Chubut, en el que el 81% de la población dijo No a la Mina. Un mes después, la multinacional canadiense Meridian Gold contrató como consultora a la ONG Bussines for Social Responsability (BSR) para que realizara una investigación social sobre la comunidad, con el propósito de determinar las razones que impidieron conseguir la tan mentada “licencia social”. El diagnóstico sobre el fenómeno Esquel que realizó BSR tuvo como eje la mala comunicación.

En septiembre de ese año, la minera realizó una reunión en el hotel Crowne Plaza, de Buenos Aires, donde participaron figuras tales como Edward Colt y Darcy Edward Marud, vicepresidente ejecutivo y gerente de exploración de Meridian Gold, respectivamente; y Guillermo Mendoza, jefe de prensa de la empresa; Jim Bader, Matt Jeschke y Christina Sabater, por BSR, y Raúl Timerman, Jorge Azcárate y Juan Carlos Malagoli, por la agencia de publicidad Braga Menéndez y Asociados, entre otros. La filtración de los audios de ésta dejó al desnudo no sólo las estrategias sino los vínculos que buscan las empresas extractivistas para avanzar con sus proyectos. En estas grabaciones quizás muchos esquelenses escucharon por primera vez nombrar a la Fundación Cambio Democrático. Allí Timerman confirma que se habían establecido los primeros contactos con Graciela “Gachi” Tapia, la entonces Directora Ejecutiva de FCD, para que trabajase sobre los esquelenses.

Cambio Democrático trabajó desde entonces en el diseño de estrategias para dar vuelta la voluntad del pueblo patagónico. El informe, que se desarrolló entre junio y agosto del 2003, se titula Conflicto minero en Esquel: evaluación y análisis. Un trabajo que lleva la firma de Juliana Robledo, integrante del equipo técnico de la fundación, y Pablo Lumerman. Esa tarea se articuló con el accionar de otra ONG, la Red de Facilitadores de Bariloche, que ofició de mediadora y acompañamiento del proyecto.

Una de las tareas más notorias fue el Taller de Presentación y Consulta, que tenía el propósito de establecer una metodología que permitiera el desarrollo del sistema de información promovido a través del denominado Mapa de Conflictos Mineros, con el fin de desarrollar procesos de capacitación en construcción de consenso y de resolución y transformación de conflictos de distintos actores sociales (gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sector privado). Además FCD, junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), elaboró el proyecto Plataformas de Diálogo para el Desarrollo Minero Responsable en Argentina [ver nota central].

Cambio Democrático también reforzó la embestida que intentó Yamana Gold Inc., compañía que compró los activos de Meridian en el 2007. El entonces gerente de relaciones de la empresa extranjera, Ricardo Bustos, era el operador local que tenía la minera, pero poco y nada había logrado desde los micrófonos de una emisora FM en el intento por dar vuelta la voluntad popular de los esquelenses. Entonces enviaron a un equipo de profesionales que arribó a la ciudad chubutense en 2012, el mediador Francisco Diez y Jimena Psathakis, actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y, hasta julio último, directora Nacional de Protección de Derechos y Resolución de Conflictos, ambos organismos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En ese entonces, Psathakis era coordinadora del Programa de Industrias Extractivas de la FCD y tenía como propósito destrabar el conflicto en favor del desarrollo minero. Hoy su figura muestra que la transformación de conflictos se hizo carne en política pública en el país; o al menos tomó un puesto dentro del Estado.

Los audios y la posterior divulgación por parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel tuvieron sus derivados. No sólo la difusión de una información que era de interés público sino que fue el origen de la demanda judicial que la multinacional inició contra seis vecinos. Dos años después de instruida la causa, la Cámara Nacional de Apelaciones rechazó la demanda y en su falló sentenció: “hacer conocer la estrategia de la empresa para torcer la resistencia de los vecinos de Esquel a que, según ellos y con sobrados motivos, no se contamine el medio ambiente, jamás puede ingresar en el ámbito de la protección de secretos corporativos”.

Este artículo fue publicado en la edición Nº5 de Fractura Expuesta. [Descargar revista]

Nota

(1) Ver Machado Araoz, 2013.

Referencias bibliográficas: (...)

OPSur Leer

----

 

El tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental

27 de septiembre de 2017

Por José Seoane (Opsur)

En la última década el uso de la palabra “verde” para adjetivar ambientalmente variadas iniciativas gubernamentales, empresariales o institucionales ha ido extendiéndose hasta ocupar un lugar importante en el discurso político, corporativo y de los organismos internacionales. Se habla así de las “compras verdes”, en referencia a las compras del sector público; las “energías verdes”, como sinónimo de las llamadas renovables; los “edificios verdes”, los “impuestos verdes”, el “turismo verde”, las “industrias verdes” y hasta de las “ciudades verdes”. Esta difusión del enverdecimiento del mundo económico y social, como política ambiental, expresa el despliegue a nivel internacional de lo que se ha denominado “economía verde”, impulsada desde parte de las elites del capitalismo central para entender e intervenir sobre la problemática ambiental.

 

La Argentina no es ajena a este proceso. Bajo el gobierno de Mauricio Macri la ciudad de Buenos Aires se convirtió en una de las primeras latinoamericanas en bautizarse como “verde”. Una vez en la presidencia de la Nación, Macri acordó promover una agenda verde, en el marco de la visita del mandatario estadounidense Obama en marzo de 2016. A fines de año, durante la inauguración del Primer Congreso sobre Economía Verde, organizado por la ONG estadounidense Fundación Advanced Leadership, desarrolló esta perspectiva, señalando que permitía cuidar el medio ambiente y, simultáneamente, generar oportunidades de trabajo e inversión. En esa instancia también convocó a la población a ahorrar agua, luz y apagar los aires acondicionados, afirmaciones que, lejos de ser originales, vienen planteando los organismos internacionales promotores de la economía verde, desde, por lo menos, 2008.

En esta dirección, el neoliberalismo no sólo supone una profundización y agravamiento de la cuestión social y ambiental, sino que asimismo promueve una manera particular de entender e intervenir sobre este deterioro y destrucción del ambiente y las condiciones de existencia de la vida humana y no humana. Propone así una propia política ambiental neoliberal. Justamente este artículo plantea algunas reflexiones sobre las significaciones y consecuencias de la economía verde, entendida como nuevo paradigma del tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental.

 

La aparición de la economía verde en el debate del desarrollo sostenible

La propuesta de la economía verde comenzó a desplegarse desde fines de los años ’80 a partir del trabajo de académicos vinculados al campo de la economía ambiental, que propone un cruce entre lo ambiental y la economía liberal. Este grupo realizó un trabajo de investigación encargado por el gobierno británico sobre lo que implicaba el desarrollo sostenible (Pearce, Markandya y Barbier, 1989). Recordemos que desde 1987 –con la presentación del Informe Bruntland– el desarrollo sostenible se propuso y fue convirtiéndose en el paradigma internacional dominante para abordar la cuestión ambiental.

Este camino, el desarrollo sostenible, implicaba de por sí una neoliberalización del ambiente. Por un lado, porque diluía la contradicción entre crecimiento económico y protección del ambiente. Por el otro, porque tendía a identificar la problemática ambiental con la naturaleza; por ejemplo, con la difusión del término “medio ambiente”, que todavía tiene un uso extendido y que promueve una concepción del ambiente como sinónimo de un “mundo natural” diferente, e incluso, opuesto al social o la sociedad. Pero la supervivencia de la noción de desarrollo y una visión centrada en la conservación de la naturaleza, sus bienes y ecosistemas despertó simultáneamente debates y cuestionamientos de parte de las visiones más liberales. Interviniendo en esta discusión sobre la interpretación del desarrollo sostenible emergió, a fines de los ´80, la propuesta de la economía verde.

La misma pretendía resolver los límites que imponía a la economía una visión conservacionista de la naturaleza, así como la tensión todavía existente entre economía y ambiente, integrando definitivamente este último a la primera, de manera subordinada. Es decir, restringe la cuestión ambiental a una simple modificación de las prácticas económicas. La atención de la problemática ambiental se transformaba así en un cambio en los tipos o ramas de la actividad económica, sin alterar, sino confirmando la racionalidad del lucro, la competencia y el mercado. Lejos de implicar el enverdecimiento de la economía suponía, entonces, la economización de lo verde; dimensión que aparece claramente en la promoción que hace la economía verde de todos los procesos de valorización (monetaria) del ambiente –tan presentes en las prácticas de la contabilidad ambiental, de la construcción del capital natural y los servicios ecosistémicos. Al mismo tiempo afirmaba la primacía de los mecanismos de mercado en el tratamiento de las problemáticas ambientales con, por ejemplo, los mercados de carbono respecto del cambio climático. Un movimiento típico del arte de prestidigitación neoliberal, donde el tratamiento de las consecuencias que conlleva su implementación sirve a reafirmar la profundización de estas mismas transformaciones.

La economía verde supuso también otra cuestión. La problemática ambiental que en los años ´70 era consideraba por muchos como vinculada a la pobreza, la desigualdad, la explotación, la colonialidad y las formas productivo ­tecnológicas capitalistas o de las sociedades pretendidamente desarrolladas; ahora quedaba reducida al color de la clorofila. Posiblemente, no podía pretenderse mayor desocialización de la noción de ambiente que transformarla en un adjetivo de color. Ambos procesos –simultáneos y complementarios– distinguen al tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental expresado en la economía verde: por un lado, la mercantilización (o capitalización) de la naturaleza; por el otro, la naturalización del ambiente.

 

La internacionalización de la economía verde

Años después de su consideración académica, la economía verde llegó finalmente como recomendación política al sistema de Naciones Unidas y al debate internacional. En 2008 el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó la Iniciativa Economía Verde, en 2009 presentó el informe Un New Deal verde global, y en 2011 el documento Hacia la economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, orientado a incidir en los debates de la Cumbre mundial de Río+20 del año siguiente.

El arribo de la economía verde al PNUMA tuvo lugar en un contexto particular marcado por una crisis económica global con epicentro en EE.UU. y Europa, disparada por el colapso del mercado de las hipotecas inmobiliarias. Esa crisis fue considerada, en estos documentos internacionales, una oportunidad para impulsar el enverdecimiento de la economía. Sin embargo, el “New Deal verde” propuesto –en engañosa referencia al rooseveltiano de los años ´30– lejos de suponer mayor intervención estatal, gasto público o políticas sociales, significaba solamente reorientar parte de los planteados rescates públicos al sistema financiero para promover (o financiar) actividades económicas consideradas “verdes”. Así, reafirmando el significado construido en los años anteriores, la economía verde reducía la intervención sobre la cuestión ambiental a una mera modificación de la composición del capital manufacturado. Se podía presentar entonces, como decíamos al principio, como una oportunidad de abordar en simultáneo lo ambiental y promover la inversión y los negocios.

 

Pero además, los documentos de Naciones Unidas sobre la economía verde proponían impulsar todos los procesos de valorización de los activos ambientales, así como las soluciones de mercado, para el tratamiento de la problemática ambiental. Como puede fácilmente entenderse, esta monetarización de un conjunto de bienes naturales, formas de vida y ecosistemas que permanecen aún fuera del mercado y la propiedad privada, justificada ahora por la urgencia de la cuestión ambiental, resulta un paso necesario a su mercantilización y explotación privada. Y, ciertamente, puede pensarse que no es una casualidad que estos mismos años de crisis económica global se caracterizaran también por una intensificación y extensión de los procesos de apropiación privada de bienes naturales en el Sur del Mundo, que fueron denunciados por Vía Campesina en su campaña contra el acaparamiento de tierras, especialmente dramático en África, y que para la realidad latinoamericana significó una verdadera ofensiva extractivista.

Más allá de la fuerza de sus promotores, las resistencias planteadas por los movimientos sociales y los países del Sur del Mundo en la Cumbre de Río+20 circunscribieron la economía verde a sólo 5 de las 59 páginas que tuvo el documento final. Sin embargo, sus dispositivos particulares avanzaron, entre ellos, la propuesta de reformar los sistemas de cuentas nacionales, incorporando la contabilidad ambiental; la consideración y valorización de la naturaleza como capital; la construcción y medición de los ecosistemas en tanto servicios; y los acuerdos de conformación de mercados ambientales internacionales para el tratamiento del cambio climático. Entre todos ellos, se destaca la llamada gobernanza ambiental y sus instrumentos más conocidos: la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y los procesos de mediación y negociación de conflictos. Examinemos esto más de cerca.

La gobernanza ambiental

El término gobernanza –traducción de la palabra anglosajona governance– apareció como reemplazo del concepto clásico de gobierno y se difundió aceleradamente en los años ´90, en el contexto del despliegue de la llamada globalización o, de lo que llamaríamos más propiamente, un nuevo ciclo de mundialización capitalista y de construcción de un mercado mundial, esta vez bajo el signo del neoliberalismo. Por gobernanza se entendía así una serie de mutaciones que redefinían la autoridad y poder de los Estados nacionales, particularmente en el Sur del Mundo. De esta manera, se refería a que la regulación de la sociedad dejaba de ser monopolio del Estado para pasar a ser una función compartida; por una parte, a nivel global, con los organismos internacionales (incluidos los acuerdos de libre comercio y protección de inversiones); y, por la otra, a nivel nacional y local, con un conjunto de actores privados que abarcaban tanto a las empresas como a las llamadas organizaciones no gubernamentales –consideradas ahora los representantes legítimos de la sociedad civil. La gobernanza se inscribía así en los procesos de privatización, desnacionalización y desdemocratización del Estado y lo público, propios del neoliberalismo.

 

En este proceso, el término gobernanza ambiental se difundirá una década más tarde, en los años 2000, para remitir a los mismos procesos en relación con los bienes comunes naturales y la naturaleza.La misma se entiende habitualmente como un conjunto de procesos e instituciones, tanto formales como informales –que incluye normas y valores, comportamientos y modalidades organizativas– a través de los cuales las empresas, las ongs y diversos actores sociales, y las instituciones públicas, articulan sus intereses, median sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones en relación al acceso y usos de los bienes naturales. En conclusión, la promoción de la gobernanza culmina desplazando y asignando funciones antiguamente propias del gobierno a las empresas, así como se propone configurar, desde ciertos modelos legítimos, la participación de la sociedad civil.

 

De esta manera, la extendida percepción de que las grandes corporaciones extractivas actúan en los territorios como un propio Estado dentro del Estado no es, entonces, un error o un exceso, sino el efecto específico de una buscada reformulación del Estado y del poder bajo el neoliberalismo. Instrumento y ejemplo de ello es la llamada responsabilidad social empresaria o corporativa (RSE). Parecida a la caridad o filantropía oligárquica del pasado, se diferencia por concebirse también como una forma de hacer negocios. Así, el financiamiento corporativo de establecimientos escolares o sanitarios en los territorios donde impera el extractivismo – que es uno de los ejemplos más conocidos de RSE–, no sólo implica la intervención directa de las empresas sobre las poblaciones, que opera en el desmantelamiento y ausencia estatal. Es también la contrapartida oposición patronal a cualquier incremento de las contribuciones fiscales y regulaciones estatales, incluso si las mismas constituyen una de las primeras demandas de la movilización y protesta de los pobladores, como suele ocurrir.

Así, siguiendo a la economía verde, la gestión de la problemática ambiental es, simultáneamente, una oportunidad de negocios y ganancias. Y, en el sentido de lo planteado por la economía verde, la gobernanza ambiental –o la RSE– promueve un proceso de economización de un ámbito de la vida humana; pero esta vez se trata de lo político, de la privatización de la autoridad común, en consonancia con la mercantilización de los bienes naturales comunes. Ciertamente, señalamientos similares pueden hacerse respecto de los dispositivos de mediación de conflictos, donde el Estado se transforma en un facilitador de la negociación entre intereses particulares de la sociedad civil, entre actores privados considerados iguales; habitualmente entre grandes corporaciones trasnacionales y las poblaciones de los territorios afectados por esos emprendimientos. La mediación, así como todo un conjunto de políticas e instituciones, han sido desplegados en las últimas décadas para enfrentar la creciente conflictividad que despiertan estos procesos de destrucción de las condiciones de existencia social; incluido, claro está, el ejercicio de una violencia estatal y paraestatal, tan presente en los territorios del extractivismo latinoamericano, con su trágica serie de muertes, desapariciones, detenciones y migraciones forzadas.

A pesar de ello, la conflictividad frente a los emprendimientos extractivistas, la mercantilización y despojo de los territorios y la vida, no ha dejado de crecer en nuestra región. Y con estos cuestionamientos y denuncias también ha emergido, se ha extendido y constituido, una extremadamente valiosa programática de cambio y crítica a estos procesos, desde las visiones del Buen Vivir a las experiencias de defensa y construcción del carácter público común de los bienes naturales y sociales y de las formas de la vida social y de la autoridad colectiva. La nueva ofensiva neoliberal que se despliega trágicamente en Nuestra América en estos últimos años –con sus cuotas de violencia y profundización del extractivismo– no alcanza para disipar ni borrar estas prácticas y los horizontes alternativos que han postulado y que –como las utopías, parafraseando a Eduardo Galeano– siguen alumbrando en la dirección por donde avanzar.

Bibliografía

- AA.VV. (2012) Capitalismo verde. IEETM, Quito Pearce, David;

- Markandya, Anil y Barbier, Edward (1989) Blueprint for a green economy. Earthscan, Londres.

- Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (2011) Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Síntesis para los encargados de la formulación de políticas públicas.

- PNUMA, Nairobi. Seoane, José (2017) Las (re)configuraciones neoliberales de la cuestión ambiental. Una arqueología de los documentos de Naciones Unidas sobre el ambiente 1972-2012. Ed. Luxemburg – IEALC, Buenos Aires. Puede descargarse gratuitamente de http:// gealyc.blogspot.com.ar/

- Capitalismo Verde

José Seoane, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales. Integrante del Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL), profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires.

Este artículo fue publicado en la edición Nº5 de Fractura expuesta. [Descargar revista]

http://www.opsur.org.ar/blog/2017/09/12/el-tratamiento-neoliberal-de-la-cuestion-ambiental/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232003

 

En consecuencia, como explica Verena Glass refiriéndose a la Amazonía, los buenos vivires existen hacen más de 2000 años probando que su creación por los pueblos es posible y alternativa al capitalismo. Repitamos a Verena Glass:"Los estudios antropológicos, arqueológicos y biológicos de la región en los últimos 50 años han mostrado que, en especial en la era precolombina, el bioma sufrió fuerte antropización y puede haber tenido una población de hasta 30 millones de personas en ese periodo. Además de los cientos de vestigios que comprueban la existencia de una multiplicidad de culturas antiguas, se estima que más del 11% de las forestas en la Amazonia brasileña serían antropogénicas (de origen cultural),[2] a partir de las configuraciones ampliamente reincidentes en donde se encuentra una gran heterogeneidad de plantas útiles asociadas (comestibles, medicinales, rituales y para manufacturación) en las cercanías de sitios arqueológicos.[3]Además de los indicios de “foresta plantada” o manejada, el fenómeno conocido como terra preta (tierra negra – o tierra egra india), suelo de color oscuro y de altísima fertilidad, encontrado en grandes manchas en la Amazonia brasileña, colombiana, peruana, ecuatoriana, venezolana y en Guayana Francesa – es otro elemento que comprueba la intensa presencia y actividad humanas en la región. (...)

Siempre hubo gente en la Amazonia en gran número y siempre hubo intervención en la foresta, en el sentido de que las sociedades nativas nunca han sido sujetos pasivos a las limitaciones ambientales.[4] Esa relación, sin embargo, no se parece nada a la perspectiva productivista del capitalismo que ha pasado a dominar el sentido común en el “mundo moderno” y que, más recientemente, ha llegado al Consenso de los Commodities, que marca la transición de América Latina del mero ajuste neoliberal a un nuevo ciclo económico basado en la producción y exportación de productos primarios, como lo señala Maristella Svampa".[5]

 

 

 

Pensemos la deconstrucción de «sustentabilidad» como concepto fundamental para proyectar un país, continente y mundo vivibles.  Consideremos: "La economía ecológica menciona que tanto la economía de los recursos naturales y la economía ambiental no logran dar respuestas a la sustentabilidad en tanto constituyen una prolongación de los marcos teóricos e instrumentales de la economía convencional. Por ejemplo plantean que para solucionar los impactos negativos de la economía convencional a la sociedad y el ambiente lo que hay que hacer es incorporarlo a las leyes del mercado, en este caso, internalizar las externalidades. La economía ecológica dice que el problema es que hay valores en la vida que no son internalizables."

 

 

Aportes de la economía ecológica a la gestión ambiental

 

2 de mayo de 2016

 

 

Por Rodrigo Arce Rojas

Ingeniero Forestal

rarcerojas@yahoo.es

 

Los defensores acérrimos de la pertinencia del sistema económico vigente aducen que la economía es el eje que mueve el mundo. Para ellos primero es la economía, segundo, es la economía y tercero es la economía. Bajo esta concepción lo ambiental y social deben tomarse en cuenta pero sólo si no afectan la economía. Incluso se ha inventado el término desarrollo sostenible para decir que se toma en cuenta lo económico, lo social y lo ambiental pero valgan verdades el peso específico que tienen los factores ambientales y sociales varía entre los actores porque éstos están supeditados a que no se afecte la economía.

 

Si aceptamos que es el Homo economicus el que domina el mundo, entonces habría que reconocer también que el sistema económico predominante no ha sido capaz de ofrecer un planeta sustentable. La afectación del sistema atmosférico global, la pérdida de los glaciares, la alteración de los recursos hídricos, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la desertificación, entre otros procesos globales, nos estarían indicando que el modelo civilizatorio ha fallado. Ello nos obliga a revisar los viejos paradigmas que han conducido los procesos políticos y económicos que predominan en el mundo.

 

La base de la economía neoclásica se sustenta en las siguientes premisas básicas: las personas se mueven con el propósito de maximizar sus beneficios, solamente interesa todo aquello que es producible, apropiable y vendible, y sólo cuentan los actores que están en la transacción. Como tal el sistema económico se concibe como un sistema cerrado y con una mirada fundamentalmente cortoplacista de la ganancia inmediata.

Frente a esas posturas la «economía ecológica» apareció como la ciencia que estudia las interacciones entre los sistemas económicos y los ecosistemas en una perspectiva de gestión de la sustentabilidad (Van Hauwermeiren (1998). La economía ecológica parte de una crítica profunda a la economía convencional y da respuestas filosóficas, teóricas y metodológicas para construir una propuesta alternativa más amigable con la sociedad y el ambiente.

A diferencia de la economía convencional la «economía ecológica» reconoce que la economía es un sistema abierto y como tal abierto a las leyes de la termodinámica. Desde una perspectiva holística y sistémica la economía ecológica dice que no es posible abstraerse ni de la naturaleza ni de la sociedad por tanto incorpora en su reflexión y práctica conceptos que son esquivos en la economía convencional tales como la justicia ambiental, la equidad, la cultura, la igualdad y equidad de género y la participación de todos los actores involucrados en la definición de los límites económicos de los ecosistemas.

 

La «economía ecológica» no hace las explicaciones sólo desde una perspectiva ecológica o económica sino más bien desde un enfoque interdisciplinar y transdisciplinar. En tal sentido está más acorde con lo que implican los retos del pensamiento complejo donde el enfoque sistémico es fundamental. De ahí que una preocupación central de la economía ecológica es el desarrollo de indicadores biofísicos de sustentabilidad para superar las limitadas mediciones del crecimiento económico. El reconocimiento de la incertidumbre en los sistemas y los diversos factores que están en juego convierten a la «economía ecológica» en una ciencia postnormal.

Los impactos de la actividad económica convencional al ambiente se manifiestan en el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación y la afectación a los servicios ecosistémicos. No es posible pues abstraer las actividades económicas de la naturaleza pues en realidad se sustenta en ella.

La «economía ecológica» menciona que tanto la economía de los recursos naturales y la economía ambiental no logran dar respuestas a la sustentabilidad en tanto constituyen una prolongación de los marcos teóricos e instrumentales de la economía convencional. Por ejemplo plantean que para solucionar los impactos negativos de la economía convencional a la sociedad y el ambiente lo que hay que hacer es incorporarlo a las leyes del mercado, en este caso, internalizar las externalidades. La «economía ecológica» dice que el problema es que hay valores en la vida que no son internalizables. Lo curioso es que la economía convencional también reconoce este hecho cuando dice: “la sonrisa de mi bebé no tiene precio, para todo lo demás existe una tarjeta de crédito”. La “sonrisa de mi bebé” puede ser reemplazada por el valor sagrado de la montaña, beber agua de la laguna con confianza, el paisaje cultural, la sabiduría que encierra un idioma local, entre otros.

 

Otro aspecto central a destacar en la «economía ecológica» es la participación de todos los involucrados en la toma de decisiones sobre los límites económicos de los ecosistemas en lo que se ha dado a llamar la comunidad extendida de pares que incluye a todos los que deben estar y no sólo los tecnócratas o los sectores económicos involucrados. Con ello la «economía ecológica» se adelantó a los principios que se han ido desarrollando en la gobernanza ambiental.

 

Frente a los retos de la gestión de paisajes forestales sostenibles la «economía ecológica» da marcos filosóficos, teóricos y metodológicos que contribuyen a la reflexión y la acción para la gestión de la sustentabilidad. Por ello es irresponsable la propuesta de la candidata que pretende desandar el proceso de formalización de la minería informal. Como todo proceso es perfectible pero lo que no se puede hacer es avalar la destrucción de la Amazonía, de Áreas Naturales Protegidas, la explotación sexual de niñas, entre otros nefastos impactos en nombre del trabajo, del crecimiento económico o de la sed insaciable del poder político.

Bibliografía revisada:

Van Hauwermeiren, Saar (1998), Manual de economía ecológica. Quito: Instituto de ecología política. Pp. 97

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Aportes_de_la_economia_ecologica_a_la_gestion_ambiental

 

 

Comprobemos significados e implicancias del enfoque sobre el país-continente y mundo teniendo en cuenta el contemporáneo potencial científico pero desde políticas e ideologías convergentes en posibilitar los buenos vivires convivires abajo.

 

 

 

Los peligros del Arco Minero del Orinoco: un breve análisis desde la economía ecológica
9 de mayo de 2016

 

Como prácticamente todo en este país, lo del Arco Minero ha desatado una polémica. Sin embargo, a diferencia de prácticamente todas las demás, puede que en este caso se trate de una polémica productiva.

Y es que dando por descontado el uso maniqueo del cual tampoco escapa, lo cierto del caso es que a lo interno de los sectores más progresistas de la sociedad, el tema ha dado para un debate crucial sobre los modelos de desarrollo,  los costos de los mismos y sus alternativas posibles dentro del marco de la sostenibilidad social y natural.

 

Con la publicación del escrito de Emiliano Terán Los peligros del Arco Minero del Orinoco: un breve análisis desde la economía ecológica, abrimos en 15 y Último un espacio para este debate, el cual continuará en los próximos días con otras contribuciones. Esperemos les sea de utilidad en el espíritu de los trabajos que nos caracterizan acá, hechos no para decir qué pensar, sino para poner a pensar.

 

Por Emiliano Terán Mantovani [1]

 

En numerosas ocasiones se ha invocado la “irreversibilidad” de la revolución. Pero si había algo más esencial y fundamental que invocar, era la sostenibilidad del proceso. Es decir, que los medios básicos para reproducir la vida cotidiana, el agua, la energía, los alimentos, entre otros, puedan estar en un mínimo equilibrio respecto a los seres humanos que habitamos el país, y con las generaciones venideras. Sin esto, la utopía revolucionaria sencillamente no subsiste.

La situación que vivimos en la actualidad no es sólo consecuencia de un conflicto político a escala nacional, con sus respectivas injerencias imperiales. Es también el reflejo de la inviabilidad del capitalismo rentístico venezolano, de su crisis histórica, de su reformulación en la Revolución Bolivariana, y del desborde de la notable vulnerabilidad alimenticia, hídrica y energética que este modelo produce.Como respuesta a esta crisis, el Gobierno nacional está promoviendo un megaproyecto de minería sin precedentes en el país, el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO).

En realidad esta propuesta es un salto al vacío, que no sólo nos atornillaría al rentismo y al extractivismo, sino que nos enrumbaría a un terrible camino de insostenibilidad, deteriorando enormemente las condiciones para la reproducción de la vida cotidiana de millones de venezolanos.

Numerosos artículos han ya circulado mencionando las características y perjuicios que provocaría el AMO. En este artículo, les propondremos un breve análisis crítico desde la economía ecológica, para plantear una relectura de las diferentes valoraciones económicas que están en juego, resaltando no sólo las nefastas consecuencias que este megaproyecto tendrá con la naturaleza y los pueblos indígenas del sur del Orinoco, sino también la afectación de la vida integral del país, incluyendo las enormes poblaciones urbanas venezolanas. Presentaremos a continuación algunos de estos aspectos, profundamente interrelacionados, los cuales consideramos de gran relevancia.

 

1.- Contabilidad ecológica en déficit: la vida se vuelve precaria

El lenguaje que ha prevalecido en la economía contemporánea ha sido expresado constantemente en dinero (con una orientación crematística). El valor que se impone es el monetario, las contabilidades de la “riqueza de las naciones” están monetarizadas –ej. PIB–, y hace que prevalezca un sistema económico metafísico que pretende explicarse a sí mismo a partir del dinero. De esta manera se invisibilizan otros valores esenciales para la vida (ecológicos, culturales, afectivos). Esto nos ha creado una ilusión de riqueza, o la esperanza de resolverlo todo con dinero, que ha sido muy perjudicial.

Pero la economía –la “administración de la casa”, según su etimología– es más que eso. Desde una visión integral de la vida, se trata no sólo de lo que se encuentra dentro del “mercado”, sino también, y en esencia, de la distribución de flujos de energía y materia, los cuales nos mantienen vivos. La economía es fundamentalmente un ámbito de la vida ecológica, un sistema abierto muy complejo.

 

La histórica promesa de “sembrar el petróleo” se ha centrado en la riqueza monetaria. En la actualidad, el Gobierno nacional ha justificado reiteradamente el enorme sacrificio para la población y la naturaleza que supondría el AMO, en nombre de obtener más divisas, ocultando con dinero el extraordinario empobrecimiento socioecológico que este conllevará.

 

Si valuáramos las 7.000 toneladas de oro que podría poseer Venezuela en sus reservas, tendríamos dos valores para contrastar: por un lado, unos 280.000 millones US$ en ganancia para el Estado, y por el otro, unos 3,1 a 7,4 billones de litros de agua que serían usados y potencialmente contaminados para extraer todo ese oro (entre 1 millón 240 mil a 2 millones 960 mil piscinas olímpicas, que puestas una seguida de la otra podrían darle casi 4 vueltas a la Tierra).

¿Vale toda esta agua, toda esta vida, 280.000 millones US$? Este monto es casi igual a los ingresos totales de PDVSA solo en 2012 y 2013, y actualmente lo que tenemos es un país endeudado y en severa crisis económica. ¿Qué podría hacer un multimillonario sin agua? Si acabáramos con la principal fuente de agua del país (la cuenca del Orinoco), ¿qué haríamos con ese dinero obtenido?

¿Si reformuláramos la contabilidad económica dándole valor a los bienes comunes para la vida? ¿Si reflejáramos que esta destrucción de vida es una destrucción de riqueza, es producción de pobreza? Si hiciéramos un ejercicio crematístico, planteando que cada litro de agua vale 1 US$, ¿sería este un proyecto económicamente viable?

Una cosa es el déficit fiscal –que en Venezuela sigue creciendo notablemente–, el cual podría resolverse con nuevos préstamos, la emisión de bonos y/o devaluaciones de la moneda. Otra cosa muy diferente es un déficit físico, y mucho más cuando se trata de “recursos” imprescindibles para la vida, recursos no renovables o que su capacidad de regeneración está siendo superada por los niveles de consumo. Estos déficits pueden producirse por degradación de los bienes comunes naturales en grandes cantidades, degradación de su productividad, o bien por la incapacidad o insuficiencia para su suministro.

Los déficits físicos (biodiversidad, agua, energía, etc.) suelen ser reflejo de un sistema insostenible. Resolverlos es mucho más complicado (no bastan préstamos o emisión de dinero). Las consecuencias suelen ser drásticas y plantean escenarios de colapso sistémico, lo cual es imperiosamente necesario evitar.

2.- El metabolismo social crece

El metabolismo entre la naturaleza y la sociedad, es decir, el régimen social específico que sintetiza los procesos de apropiación, procesamiento, circulación, consumo y desecho de los recursos, energías, materias, o los llamados “servicios ambientales”, ha crecido en Venezuela a la par de su desarrollo capitalista/rentista. Una de las consecuencias históricas de este desarrollo es la configuración de un sistema de consumo intensivo por la vía de la distribución (siempre desigual) de la renta petrolera.

 

Esto se expresa en la actualidad en diversos indicadores, como por ejemplo el hecho de que somos el segundo país de América Latina (sin contar el Caribe) que consume más electricidad per cápita, según la CAV y CEPAL; o el país que más CO2 per cápita emite en toda la región (exceptuando el Caribe), según el Banco Mundial.

El desarrollo de este metabolismo social nos ha llevado a la situación de “translimitación ecológica”. Según el “Informe Planeta Vivo” de la WWF, Venezuela tiene una de las dos huellas ecológicas más altas de Latinoamérica y es uno de los dos países de la región que han superado el límite de su capacidad eco-regenerativa, es decir, que consume más naturaleza de la que sus ecosistemas son capaces de regenerar, por lo que nos encontramos en situación de “déficit ecológico”. En este sentido, cabría reconocer por ejemplo que, además de otros factores, la crisis del Guri se debe también al aumento de la demanda de energía en Venezuela.

 

Conviene pues, evaluar tres elementos: el primero, la transformación del metabolismo social en el sur del Orinoco que va a provocar la depredadora megaminería del AMO –se estima que en general de 4 a 1 toneladas de materiales son removidos para obtener un gramo de oro, a lo que se suma la enorme cantidad de energía empleada y disipada–, lo cual a su vez va a impactar en todo el metabolismo social venezolano.

 

El segundo elemento tiene que ver con los patrones de consumo. Como ejemplo, es importante resaltar que cuando la inclusión social está representada en el consumo masivo de electrodomésticos y otros aparatos vinculados al american way of life, se produce una paradoja en términos de “bienestar” e insostenibilidad socioambiental. Las rentas mineras suelen orientarse, como forma de compensación social, y de domesticación de la población, a este tipo de consumos.

Los profundos daños del AMO tratarían de ser endulzados con este tipo de gasto, reproduciendo estos patrones metabólicos. Una política de ahorro energético para enfrentar la crisis de este sector entra en conflicto con este largo proceso de incorporación masiva al consumo, tomando además en cuenta la gran incidencia que tiene el sector residencial en el consumo eléctrico nacional (aproximadamente una tercera parte del total).

 

El tercer elemento tiene que ver con el marco socioeconómico de este creciente metabolismo: el extractivismo. Esto implica que toda la energía consumida no se dirigirá a un proceso productivo y de soberanía energética, sino al incremento de la disipación de la misma (entropía) y la dependencia ecológica.

 

3.- Afectación de la fertilidad de la tierra y de la productividad de los ecosistemas

Cuando Marx analizó en El Capital la renta de la tierra, hizo alusiones a la afectación de la productividad de la misma a raíz de los métodos depredadores de producción agrícola. De esta forma, se producía no solo un empobrecimiento del proletariado, sino también de la tierra. Este ha sido uno de los principales argumentos de John Bellamy Foster para sostener el argumento de la faceta ecológica de Marx (y las bases de un marxismo ecológico).

 

Nosotros planteamos aquí el análisis no sólo de la tierra, sino de los ecosistemas y sus ciclos. Las depredadoras consecuencias de la megaminería en el AMO, no solo afectarían la riqueza de la vida en términos cuantitativos –avance en el número de hectáreas devastadas, especies afectadas, cantidades de agua o partículas de aire contaminadas– sino también cualitativos.

Daños ambientales irreversibles podrían afectar la productividad ecológica y por ende comprometer aún más las condiciones generales de la vida. Por citar un ejemplo, el déficit energético ha sido analizado en Venezuela, en buena medida, a partir de las fallas en la capacidad instalada, o bien por el fenómeno del Niño. Aunque estos factores hacen parte del problema, también cabría reconocer que se ha venido produciendo un déficit (en términos de falta o escasez) en el caudal del río Caroní, producto, entre otras cosas, de procesos de deforestación en la zona. Se trata de una expresión del déficit ecológico que tiene su proyección en la economía, en la medida en la que este caudal tiene una importancia estratégica para la producción hidroeléctrica en el Guri, y por tanto para la vida en las ciudades y el sector industrial y comercial. Todo este fenómeno de merma de la productividad ecológica, si lo pensamos desde la sostenibilidad, pone en riesgo también los medios de vida de generaciones futuras.

4.- Déficit físico en el comercio internacional

Las economías extractivistas latinoamericanas como la venezolana, usualmente se caracterizan por exportar cantidades desproporcionadamente mayores de naturaleza (general pero no únicamente medida en toneladas) de las que se importan, sin que esto garantice ganancias comparables a las de los países centro del sistema global, o bien que nuestras economías puedan salir de la dependencia del extractivismo. Esto en cambio, se traduce en un balance ecológico negativo, que tiene repercusiones domésticas.

Más allá del déficit de la balanza comercial de Venezuela (para el tercer trimestre de 2015 según el BCV), la expansión del megaproyecto del AMO supondría una mayor cantidad de exportación neta de naturaleza. Si a esto se suma que los recursos podrían exportarse mucho más baratos que en años anteriores (dadas las bajas expectativas de repunte de los precios de las commodities), lo que afecta notablemente las importaciones a la baja, tendremos también un incremento del déficit ecológico nacional.

El relanzamiento del extractivismo por parte del Gobierno nacional se basa en una propuesta presente en varias de las declaraciones oficiales: “el impulso a las exportaciones” (no solo minería, sino gas y pesca). Esto en realidad indica que la economía nacional será relanzada con orientación al mercado global, marcado claramente por los patrones de acumulación neoliberal.

Toda esta “fuga de naturaleza” hacia el mercado internacional no sólo no resuelve los problemas de fondo, sino también canaliza un saqueo de recursos que compromete los medios de reproducción de la vida de numerosas venezolanas y venezolanos. En los períodos de baja, recesión o depresión, el capital buscará ajustar los procesos de acumulación en el AMO, para evitar afectar la tasa de ganancia. Este ajuste se cargará progresivamente sobre el país, sus ecosistemas, recursos y población.

5.- Después de la devastación ambiental, ¿quién se queda con la renta?

 

La expansión del extractivismo suele justificarse con la idea de que necesitamos más divisas, rehuyéndole normalmente al debate sobre la distribución de la riqueza y activos existentes y del manejo de los excedentes monetarios. Ahora que el país se encuentra muy mermado económicamente, y ante el terrible relanzamiento del AMO, cabría preguntarse doónde están los dineros públicos provenientes de la devastación ambiental de los últimos años (la importancia de una auditoría de todas las cuentas públicas).

 

No tiene sentido hablar de “expansión” y “crecimiento” sin analizar la distribución de la riqueza existente. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad instalada industrial y cuánto de ella se utiliza?, ¿a la luz de esta crisis, qué hacer con el 40% de las tierras nacionales que han sido declaradas improductivas?, ¿qué otros tipos de uso de la tierra podría dársele a los territorios del AMO, sin que esto tenga que conllevar a la devastación ambiental y la insostenibilidad social? Muchos más ejemplos como estos podrían darse. Queda claro que hay varias alternativas a ser estudiadas antes que entregar nuestros territorios a la voracidad del capital foráneo.

Por último, con un poco de suspicacia surge la pregunta: ¿qué se hará con la renta minera obtenida? La ampliación de la cuenta corriente tiene entre sus principales asignaciones el pago de la deuda y la compra de productos importados. Y si hubiese algún excedente, ¿quién lo va a manejar?, ¿para qué será usado?, ¿qué poder de decisión tiene la gente común sobre esa administración? Los patrones capitalistas de apropiación de la riqueza plantean serias amenazas de empobrecimiento a la población.

6.- Buen Vivir y debates sobre el consumo

Queda para otro espacio y ocasión planteamientos más definidos sobre alternativas a este terrible proyecto minero. Sin embargo, es importante recalcar, ante los desafíos de un déficit ecológico, la importancia de nuevos paradigmas sociales, nuevas escalas de valoración, nuevos patrones culturales que interpelen nuestras concepciones sobre la riqueza y sobre la pobreza, tomando en cuenta que esta última está vinculada, en primera instancia, a la indisponibilidad e incapacidad social para el acceso a los bienes comunes para la vida.

Al menos tres interrogantes se nos plantean al respecto: ¿hasta qué medida es posible un cambio radical de la política de “los de arriba” que revierta este tránsito hacia la acentuación de la inviabilidad del modelo?, ¿qué grupos sociales y políticos deben impulsar una transformación cultural como la mencionada?, y, ¿qué estrategias deben ser propuestas para transformar patrones culturales tan vinculados históricamente al american way of life sin sufrir amplio rechazo social por algunas medidas “impopulares”?

 

Por último, creemos importante que en los debates sobre bienestar social, o Buen Vivir, no sólo se reivindique un ideal abstracto deseable, sino también referentes que se adecuen a la crisis ambiental global. En este sentido, parece que un verdadero objetivo revolucionario es incrementar nuestra resiliencia, es decir, nuestra capacidad de soportar y recuperarnos ante perturbaciones significativas de los entornos y ecosistemas en los cuales habitamos. Nuevos tiempos suponen nuevos desafíos y, por tanto, nuevas maneras de pensarnos y organizarnos.

 

[1] Emiliano Terán Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 y hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.

Fuente: http://www.15yultimo.com/2016/05/09/los-peligros-del-arco-minero-del-orinoco-emiliano-teran-mantovani/

 

 

Advirtamos qué nos señala Alexander Galindo Murcia:  "La sustentabilidad en el medio rural, demanda una reconsideración de las formas de utilización de los recursos naturales en los procesos agropecuarios y forestales y por tanto, la transición hacia actividades productivas sustentables y multifuncionales con criterios como; autosuficiencia, diversificación, equidad, productividad, autonomía y estabilidad. Se orientan hacia un proceso de construcción de saberes y conocimientos en la búsqueda de alternativas tecnológicas hacia el manejo sustentable de los recursos naturales. Este proceso se inscribe en la perspectiva de nuevos enfoques científicos capaces de dar cuenta de los complejos procesos de desarrollo sustentable". Leer 

 

 

 

AGROECOLOGÍA: Bases científicas para una agricultura sustentable

Libro de Miguel A. Altieri y col.

17 de marzo de 2017

"La agroecología va más allá de una mirada uni-dimensional de los agroecosistemas: de su genética, agronomía, edafología, etc. Esta abarca un entendimiento de los niveles ecológicos y sociales de la coevolución, la estructura y funcionamiento de los sistemas. La agroecología alienta a los investigadores a conocer de la sabiduría y habilidades de los campesinos y a identificar el potencial sin límite de re-ensamblar la biodiversidad a fin de crear sinergismos útiles que doten a los agroecosistemas con la capacidad de mantenerse o volver a un estado innato de estabilidad natural."

 

Desde la publicación en 1987, de la primera edición de este libro, ha habido a nivel mundial una explosión en interés por buscar caminos sustentables para la producción de alimentos. Cientos de proyectos de investigación e intentos tecnológicos de desarrollo se han llevado a cabo; sin embargo a pesar de lo mucho que se ha aprendido, el mayor énfasis es todavía altamente tecnológico, enfatizando la sustitución de los insumos a fin de reemplazar las tecnologías agroquímicas costosas y degradantes por tecnologías seguras para el medio ambiente y que dependen de bajos insumos externos. Todavía prevalece una visión estrecha que sugiere que causas específicas afectan la productividad y, que la manera de sobreponerse al factor limitante es por intermedio del uso de tecnologías que lo superen. Esta visión no ha permitido a los investigadores apreciar el contexto y complejidad de los procesos agroecológicos.

 

En la búsqueda por restablacer una racionalidad más ecológica en la producción agrícola, los científicos del agro han descuidado un punto clave en el desarrollo de una agricultura más autosuficiente y sustentable: el conocimiento profundo de la naturaleza del agroecosistema y los principios que regulan su funcionamiento. Basado en nuevos resultados de investigación y descubrimientos prácticos, se intenta en esta nueva edición de reenfatizar la importancia de la agroecología como una disciplina que provee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas que sean productivos y conservadores del recurso natural, y que también sean culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables.

Haga clic en el enlace a continuación y descargue el libro:

AGROECOLOGIA. Bases científicas para una agricultura sustentable (988,84 kB)

Agroecology in Action

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/AGROECOLOGIA_Bases_cientificas_para_una_agricultura_sustentable