Qué País

Mayo 2018

Con expansión del extractivismo o transnacionalización económica territorial.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

La foto muestra que la democracia representativa implica comunidad de negocios de los altos funcionarios con los grandes capitales locales e imperialistas. Retrata, en este caso, el almuerzo organizado por Peter Munk, dueño de la Barrick Gold, durante el encuentro del G20 de Canadá (Toronto) en octubre de 2010. La fundó en 1983, tuvo como asesor al ex presidente de Estados Unidos George Bush padre y la convirtió en una de las más importantes megamineras imperialistas. Observamos felicidad en los distintos rostros. Festejan que Cristina Kirchner le otorga beneficios impositivos especiales a la Barrick Gold para explotar la zona Pascua Lama, extendida entre San Juan y la Tercera Región de Chile. ¿Qué tapan esas sonrisas y refuerzan la manipulación del consenso indispensable? Lo explica:

 

Pascua Lama, minería transfronteriza,

crisis, y resistencia de los pueblos.

21 de julio de 2013

 Por R. Gómez Mederos (Rebelión)

La importancia de un promisorio freno al proyecto Pascua Lama del lado chileno, y la consideración de un posible cierre en plena etapa de construcción de su infraestructura logística y edilicia, pone de manifiesto las contradicciones y fundamentalmente las falacias, con que se han construido en el imaginario social, las benevolencias del modelo minero depredador, inscripto en una política hegemónica global, que destina a nuestras naciones a ser proveedoras de commodities y materias primas; política homologada por el consenso de Washington (Item:Elimination of the barriers to the foreign direct investments) y los intereses de los países desarrollados como Europa, Japón y EEUU, pero además, una política de influencia y cooptación, por parte de las naciones emergentes más influyentes (Brasil, China y Rusia), en cuanto a aprovechar las ventajas jurídicas y económicas que brindan nuestros países. Es decir, estamos en el medio, indefensos, ante el avance sin límites de los intereses de las naciones más poderosas sobre nuestros territorios.

El conflicto y la posterior retirada de la minera Vale de la provincia de Mendoza, dueña en Malargüe, de Potasio Río Colorado, con una inversión inicial de 6000 millones de dólares, justificado en una suerte de argumentación menciona: “que en el contexto macroeconómico actual los fundamentos económicos del proyecto no están alineados con el compromiso de Vale”, muestra como esta poderosa minera de Brasil, además miembro del Mercosur, influye en la economía de Argentina. Recordemos que Vale tiene también en la provincia de San Juan, junto a Golden Arrows, el Proyecto de minería metalífera, Mogote, hoy en plena etapa de exploración.

La justificación reciente que expuso Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera de San Juan, con respecto al conflicto con Vale dice que, “La situación de Vale en Mendoza le pega al país, es una realidad. Los costos internos argentinos siguen creciendo respecto al dólar y eso choca. Chocó en Vale y en el tiempo chocará a Veladero y a los demás por el peso que significa producir” (1). De estos dichos se desprende, que las mineras deberían tener aún más beneficios de los que hasta ahora tienen, con la ley de inversiones mineras 24196.

La resolución de la corte de Copiapó, del vecino país de Chile, que ha hecho posible paralizar Pascua Lama, fue por incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental desde 2009 en adelante, por daño al ecosistema glaciar en el que se encuentra el emprendimiento minero. La transnacional Barrick Gold, símbolo mundial de innumerables daños ambientales, e inclusive acusada de violaciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo, por las poblaciones, la prestigiosa Amnistía Internacional y por Corp Watch; aduce, a pesar de haber prometido cumplir todas las exigencias ambientales de la legislación de ambos países (Argentina y Chile) y de utilizar tecnología de punta para no producir daño al ecosistema, ya en el año 2006 los glaciares Toro 1,Toro 2 y Esperanza, habían reducido su superficie en un promedio del 70% , gracias a la intervención de la compañía.

Barrick Gold llegó al punto de proponer, en un supuesto pan de manejo, el traslado de un glaciar colindante, llamado “Guanaco”, utilizando palas mecánicas. La autoridad ambiental regional en Chile descartó la propuesta mediante una resolución del 15 de Febrero de 2006. (2)Aun así Barrick Gold, después de “acatar” la resolución, presentó abiertamente la construcción del botadero Nevada Norte, en un sector que cubría enteramente un glaciar de roca.

Pascua Lama, al igual que otros megaproyectos, re fundamenta y coteja una modificación de la matriz energética nacional, que incide directamente en la población; para tener una idea de la magnitud del consumo energético de estos, tres ejemplos importantes: Bajo La Alumbrera (de la inglesa Xtrata Cooper) en la provincia de Catamarca, consume 1583GwH/a, es decir el 80% del consumo de Tucumán; en el caso de Pascua Lama (Barrick Gold), el consumo estipulado es de 930 GwH/a, el 85% de consumo de la provincia de Salta, y Potasio Rio Colorado, el 83% de lo que genera Atucha I 1848 GwH/a.(3) Es decir que la economía nacional transita un camino totalmente condicionado a este nuevo esquema energético, he impacta directamente sobre el transporte público, sobre el de carga y la economía en general. Para generar energía en la República Argentina, el porcentaje de las fuentes primarias es del 43,63 % para el Gas, el 40,20 % en el caso del petróleo y el 6,04 % de la hidráulica, como las tres formas más importantes. (4)

En la oferta energética de Argentina, las fuentes primarias se ocupan para generar energía térmica, energía hidráulica y energía nuclear respectivamente. Lo que se deduce de aquí, es que la relación entre lo que se genera de energía para el consumo normal en la actualidad, y lo que será necesario a partir del tremendo consumo de estos proyectos, es que, no hay tantas posibilidades de generar más de lo que hasta ahora se genera, debido a que pasamos de ser exportadores de recursos energéticos  a ser importadores, con lo cual, o es para estos grandes consumidores o para la población en general.

Esta modificación, en términos sustanciales, cuantitativos y cualitativos, en el cual Pascua Lama es un punto más del modelo en general, incide sobre todos los rubros de la economía y el consumo ciudadano, incidencia que se desprende de una política de priorización del modelo capitalista primario y extractivo. La argumentación de una forma combinada, primaria y a la vez industrial de sustitución de importaciones, es desenmascarada por la crisis energética evidente, la cual se hace cada vez más aguda.

El proyecto Pascua Lama y su freno reciente, pone en cuestión el marco estratégico en el cual este se enmarca, el extractivismo no solo como modalidad de acumulación capitalista en términos económicos, sino también como una estructura que modifica y re categoriza los sistemas fronterizos, es decir, la desaparición exacta y objetiva de las fronteras nacionales, en donde estas mega-estructuras se asientan, “la fragmentación territorial, con áreas relegadas y enclaves extractivos asociados a los mercados globales”(5). Estas fragmentaciones territoriales, son además el producto directo de una estrategia a nivel mundial, no solamente del esquema del mercado global en sí mismo, sino de una forma de dominación territorial del capitalismo monopólico generalizado a escala planetaria; si bien la minería transfronteriza evidencia una transformación de la frontera del estado nación tradicional, ésta solo tiene características tácticas, si se lo mira sólo como un hecho en sí mismo, (es decir, sólo como una iniciativa económica de una empresa transnacional).

Lo que en realidad está en juego, es la distribución territorial y la enajenación de la nación en sí , a partir de la categorización del territorio, como centro de interés específico (6) , en cuanto a su riqueza en recursos naturales (bienes comunes), por parte de “Los estados hegemónicos más fuertes, que van alimentando cada vez más su poderío en este juego de reparto del mundo, y a su vez, consolidando una nueva institucionalidad supranacional, dominada por los estados fuertes” (7).

Pascua Lama, en la frontera argentina–chilena, Majaz - Río Blanco y Ecua corrientes en la frontera Ecuatoriana–Peruana, El Mutún, exponente orográfico ubicado en una zona biogeográfica amazónica del Pantanal, en la frontera boliviano-brasileño, dan cuenta en simultáneo, de la importancia estratégica del modelo minero transfronterizo a nivel suramericano, y la intensiva presencia de las transnacionales mineras en el continente.

Para la Argentina y Chile, el tratado minero establece un ámbito de aplicación específico, entre los paralelos 23, 49 y en un sector del paralelo 51, cuya superficie es de aproximadamente 550.000 Km2.

El Tratado de Integración y Complementación Minera, suscripto en la provincia de San Juan, República Argentina, y Antofagasta, Chile, el 29 de Diciembre de 1997, y promulgado el 24 de marzo del año 2000, bajo la ley 25243, sienta las bases jurídicas por el que se hace posible el proyecto Pascua Lama y las demás iniciativas de minería transfronteriza. Este acuerdo binacional constituye, entre tantas cosas, la entrega de los recursos hídricos compartidos para uso a discreción por las transnacionales mineras, donde existan proyectos mutuos o no. Este es el caso específico, sacado a la luz por el diario El Tribuno, de Salta en el año 2008, un plan que prevé bombear a la puna chilena, 6000 litros de agua por segundo desde pozos subterráneos que ya empezaron a construirse en el 2007, en las zonas de la Quebrada del Agua, Laguna Socompa, el Salar de Llullaillaco y el Salar del Río Grande, a muy pocos kilómetros de la línea cordillerana que separa Salta de Antofagasta; los 6000 litros de aguas serían bombeados desde dos acueductos que nacerán en Socompa y Sico, hacia Antofagasta, con destino a las minas La Escondida y Chuquicamata de la australiana BHP Billiton. La construcción del acueducto hasta La Escondida desde Socompa, costaría 203 millones de dólares, y la línea a Chuquicamata desde Sico, 224 millones de dólares. Las empresas asociadas al proyecto cobrarían 1,5 dólares el metro cúbico durante 20 años, lo cual les redituaría 5700 millones de dólares. (8)

Es cada vez más claro, el esquema de dominación y las nuevas funcionalidades a que han sido destinados los estados dependientes, en donde estos van “convirtiéndose en estructuras de administración de los intereses globales de los actores mencionados del bloque imperial y perdiendo cada vez más su función como representantes de sus comunidades políticas” (9).

De igual manera, el cierre promisorio del proyecto binacional Pascua Lama, nos da cuenta del poder que tienen los pueblos a la hora de las grandes decisiones, y de cómo la organización de la resistencia al sistema en general y sus versiones de acumulación, va teniendo sus frutos, que aunque pequeños, de gran incidencia en la estructuración del bloque hegemónico regional.

“Cuando un imperio proclama la paz trae guerra, cuando exalta la solidaridad esconde un ataque, cuando reclama adhesión trama entrega y cuando ofrece amistad distribuye hipocresía” (10)

Julio 2013. Argentina.

Notas:

(1) Diario de Cuyo. San Juan. 2013

(2) R. Gómez Mederos. Libro Glaciares Andinos. Recursos Hídricos y Cambio Climático, Desafíos para la Justicia Climática en el Cono Sur. Edición Programa Cono Sur Sustentable .Heinrich Böll Stiftung Cono Sur. Chile. Setiembre2011.

(3) Foro Minería de Uranio. UNC. 2012

(4) www.iae.org.ar

(5) Gudynas(2009 b y 2010c)

(6) Paroldi Patricia. Las nuevas formas de despojo. Ensayo. San juan 2010

(7) R. Gómez Mederos. Recolonialidad, globalización y nuevas tecnologías de dominación. Universidad de la Madres 2010.

(8) R. Gómez Mederos. El estrecho camino del Agua en la región. Transnacionales vs Pueblos .Rebelion.org. Enero 2009

(9) Aníbal Quijano. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Argentina. Julio del 2000.

(10) Gustavo Cirigliano. Elsa Bruzzone. Las Guerras del Agua (II). Capital Intelectual 2008.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=171439

 

Constatemos quiénes participaron del almuerzo y lo gestionaron. (...)"Cristina Kirchner acudió al encuentro con todos sus funcionarios y cuatro gobernadores de las provincias "mineras", encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja uno de los principales lobbystas de la Barrick Gold en el país, junto al empresario Santiago Soldati.

La Presidenta no tuvo ningún problema en posar toda sonrisas junto a Munk y las banderas de Barrick, una minera denunciada de contaminar los suelos argentinos con cianuro. Sonreían también para las fotos el salteño Juan Manuel Urtubey, el riojano Luis Beder Herrera, el jujeño Walter Barrionuevo y el santiagueño Gerardo Zamora. Además del secretario de Minería Jorge Mayoral, quien compite con Gioja por los favores de la minera. Ese es el poder de lobby de la Barrick Gold, una compañía que tuvo como asesor al ex presidente de Estados Unidos George Bush padre.

Poder de veto

La reunión de Cristina con Munk fue una de las últimas gestiones que hizo Mariana Llorente, cuñada y jefa de Gabinete del ex canciller Jorge Taiana, quien logró que la Presidenta reservara horas de su cargada agenda en el G20 para reunirse con el magnate minero.

Pero lo cierto es que los compromisos de los Kirchner con esta minera, que le genera enormes contradicciones con los sectores progresistas que los apoyan, viene de tiempo atrás. Y no son pocos los favores que les han hecho". (...)
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El Partido Justicialista vertebra esa entrega al igual que la optimización del neoliberalismo que instauró el poder económico e imperialista mediante dictadura genocida y fue impulsado por el PJ mediante el Rodrigazo, la Triple A y otras organizaciones de terrorismo paraestatal. Además del Operativo Independencia durante el gobierno de Isabel Perón. Reflexionemos:

 

Operativo Independencia, la antesala del genocidio

Este viernes se leerá el fallo en la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Tucumán a partir de enero de 1975.

Jueves 14 de septiembre de 2017 | Edición del día

 

(...)La militarización de la provincia fue celebrada por las entidades empresariales, quienes colaboraron de diversas maneras con la represión, incluida la clandestina, de las Fuerzas Armadas. A través de los discursos en la Casa de Gobierno o en las cámaras legislativas, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical saludaron el despliegue represivo. Otro tanto hicieron los integrantes de la cúpula de la Iglesia Católica y la burocracia sindical. La prensa escribió ríos de tinta para crear un clima de “guerra contra la subversión”.

 

En un vigente régimen constitucional , con el Operativo Independencia se puso en marcha desde el Estado un plan sistemático de secuestro y desaparición forzada de personas. Las fuerzas represivas implementaron la tortura en los interrogatorios que tenían lugar en centros clandestinos de detención.

Conducido en una primera etapa por Acdel Vilas y luego Antonio Domingo Bussi, el Operativo Independencia tuvo como fin disciplinar a sangre y fuego a un movimiento obrero y popular que era una referencia de la radicalización a nivel de nacional y sembrar el terror en todo la población. (...)Leer

 

Signifiquemos el papel del PJ encabezado por Carlos Saúl Menem:

 

 

El giro en la minería argentina de los noventa
13 de enero de 2006

La primera furia
Los beneficios del gobierno de Carlos Saúl Menem abrieron el país a las grandes empresas mineras del mundo. La legislación y la forma que adoptó el Estado luego de esas políticas. Cómo llegó la explosión de la gran minería argentina.


Por Jairo Straccia

El eje era el mismo. Apertura de la economía, desregulación y fomento de la inversión privada extranjera por medio de legislación favorable a sectores determinados. En el minero, no hubo excepciones, y el proceso derivó en modificaciones radicales de la normativa, allá por comienzos de los noventa.
A través de la troncal Ley de Inversiones Mineras (24.196), sancionada en mayo de 1993, se garantizó a los inversores extranjeros estabilidad tributaria y fiscal por un período de 30 años a partir de que hubieran presentado el informe de factibilidad (documento que establece que es posible, luego de la exploración, instalarse en una zona determinada y llevar a cabo la extracción del mineral determinado).
Además, se dispuso un tratamiento impositivo diferenciado, se eximió a las empresas del impuesto a los activos, se eliminaron los gravámenes a la mayoría de los insumos importados, y se modificó el artículo 22 bis del Código de Minería –legislación de fondo del sector minero-. Este último cambio, puso un tope de 3 por ciento a las regalías que los Estados provinciales podrían cobrar por la explotación de los recursos minerales por parte de compañías privadas.
También integraron el paquete de leyes promotoras de la llegada de capitales foráneos, la Ley de Reordenamiento Minero (24.224) y la Ley de Actualización Minera (24.498). Por medio del Acuerdo Federal Minero (Ley 24.228), a su vez, se buscó la armonización de los procedimientos provinciales, y especialmente se intentó conseguir el consenso de todos los distritos de aceptar y refrendar el límite impuesto para las regalías.
Asimismo, mediante la Ley 24.402 -de Financiamiento y Devolución Anticipada del IVA (Impuesto al Valor Agregado)- se establece que las compañías mineras recibirán el reembolso o el financiamiento del IVA cuando se trate de la importación definitiva o compra de bienes de capital nuevos, y cuando se trate de inversiones en infraestructura destinadas al proceso productivo.
Aunque a través de más modificaciones y normativas distritales se profundizó la legislación en la dirección señalada, la anterior nómina de leyes se completa con la Ley de Protección Ambiental (24.585).

Rol del Estado

De esta manera, el papel del Estado en el sector minero quedó reducido casi exclusivamente a la recopilación de información geológica y al registro de los inversores extranjeros, con el fin de salvaguardar sus beneficios legislativos e impositivos.
Dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, la Subsecretaría de Minería engloba todo el esquema estatal nacional vinculado con la explotación minera. A gran escala, la estructura en este sentido, abarca, por un lado, en el Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR), organismo autárquico encargado de auscultar la Argentina para determinar su potencial minero y sentar las bases para que las compañías privadas opten dónde invertir en el país.
Por otro lado, la Dirección Nacional de Minería es un ente que incluye varios departamentos con el fin de registrar y fiscalizar a las empresas concesionarias de las minas que se explotan. Y por último, el Consejo Federal Minero (COFEMIN) tiene por finalidad reunir a los representantes de provincias con intereses en minería, para determinar políticas comunes.
En cuanto a las compañías mineras provinciales, según la oficina de prensa de la Subsecretaría de Minería, sólo dos hay actualmente en funcionamiento. Una es Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), en Catamarca, con participación del Estado Nacional y provincial, así como de la Universidad Nacional de ese distrito. Acaba de anunciar una inversión de poco más de 400 mil dólares en la exploración del área llamada Farallón Negro. En tanto, una sociedad de fomento en la provincia de Santa Cruz, llamada Fomicruz, posee el 4 por ciento del proyecto Cerro Vanguardia.

 

Euforia

En un informe del Ministerio de Producción, titulado “Caracterización del Sector Minero”, fechado en 2001, se resume la algarabía con números representativos de la última década, post reformas. El estudio sostiene que en 1996 los niveles de producción se ubicaban en un 35 por ciento por sobre los registrados en 1990. Y que las exportaciones entre 1996 y 2001 se incrementaron en un 198%.
La presencia de los minerales metalíferos (oro, plata, zinc y otros) dentro de los volúmenes exportados entre 1996 y 2001 es resaltada por el documento, que indica una incidencia promedio del 84 por ciento. En cambio, los minerales no metalíferos alcanzan apenas el 10 por ciento de la producción exportada.
La vigencia de las protecciones legales es considerada hoy imprescindible para el nuevo arribo de montañas de capitales extranjeros al sector, luego de la depreciación del peso. A fines de febrero, el Poder Ejecutivo Nacional dio cuenta de ello: ratificó por medio del decreto 417/03, que las compañías mineras tienen completa libertad para disponer de los dólares que obtienen de las ventas al exterior.
Ocurre que con el decreto 1606 de diciembre de 2001 se había obligado a todas las empresas a vender sus dólares, producto de la exportación, en el país (por ejemplo, las petroleras deben liquidar un 30 por ciento del monto total). Se incluyó también a las mineras, y éstas pusieron el grito más allá del cielo, porque el Banco Central les estaba reclamando los dólares. Ellas aducían que por el artículo 8 de la Ley de Inversiones Mineras, que establece el principio de estabilidad fiscal para las empresas registradas, no podían –ni pueden- sufrir modificaciones en la normativa durante treinta años.

Lo que gran parte de la prensa llamó boom a mediados de los noventa, luego de la devaluación se convirtió ahora en la segunda ola. Con inversiones anunciadas por más de 2300 millones de dólares y proyecciones oficiales de producción y exportación en la actividad minera en niveles récord, la Argentina se apresta nuevamente a recibir más capitales extranjeros que vienen a extraer recursos minerales no renovables.

Fuente: https://noalamina.org/general/item/139-el-giro-en-la-mineria-argentina-de-los-noventa

 

 

Subrayemos el grado de impunidad reinante en el mentir con total desparpajo:

Un funcionario recomendó tomar cianuro para justificar un derrame tóxico de Barrick Gold

1 de mayo de 2018

Luego de que la empresa minera canadiense Barrick Gold produjera dos derrames de agua cianurada en la provincia de San Juan, el Subsecretario de Minería de Argentina, Mario Capello, minimizó el asunto en una entrevista al Diario de Cuyo: “no hay que asustarse, ni asustar a la gente. El cianuro es una sal. Lo puede […]

La Agencia de Noticias Red Acción (ANRed) nos ayuda a comprender porqué la actual impunidad del gobierno de Mauricio Macri en afianzar, aún más que CFK, las expropiaciones extractivistas del territorio de Argentina  y la del PJ de designar su presidente a José Luís Gioja en momentos en que se denunciaban derrames de cianuro en Jachal( San Juan). El último es Presidente del PJ Nacional y Vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados de la Nación. Ha sido tres veces Gobernador de la Provincia de San Juan que convirtió en semifeudo al servicio de la Barrick Gold.

 

 

.Se levanta la clausura de la mina Veladero tras el derrame de cianuro en Jachal

05/10/2016

La justicia sanjuanina ordenó el levantamiento de la suspensión que recaía sobre la Barrick Gold debido al derrame de cianuro. La medida genera enorme indignación entre los vecinos de Jachal, quienes están asentados pacíficamente en la municipalidad. Días atrás, la Asamblea Jachal No Se Toca había dado a conocer un nuevo análisis de la UNCuyo, […]

.Jachal: enterarse del derrame de cianuro por un mensaje de texto

30/09/2015

En el Enredando las Mañanas, el programa de la RNMA, nos comunicamos con Cindy Carrizo Muñoz, politóloga e integrante del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de la Universidad Nacional de San Juan, cuya tesis doctoral aborda el desarrollo de la mega-minería en San Juan. Cindy, que nació en Jachal, nos compartió su visión de lo que […]

.La Asamblea Jáchal No se Toca denunció altos niveles de mercurio y boro en las aguas subterráneas

06/11/2017

Estudios provenientes de la Universidad Católica de Cuyo demuestran que diversos pozos de agua del departamento Jáchal poseen elevadas cantidades de mercurio y boro. La Asamblea Jáchal No se Toca informó que las aguas subterráneas del río Jáchal contienen altos niveles de mercurio y boro, ya que superan el mínimo permitido por el Código Alimentario […]

.Finalizó la toma del Municipio de Jáchal

 08/10/2016

Finalizó el jueves la toma pacífica del Municipio de Jáchal, San Juan, donde los vecinos se encontraban resistiendo debido a la nula respuesta del gobierno municipal y provincial a sus numerosos reclamos, tras levantarse la suspensión de la actividad de Mina Veladero por orden de la justicia sanjuanina. Por Federico Caggiano

.Jachal: con fuerte presencia policial continua la toma del municipio

 06/10/2016

Continua la toma pacifica de la municipalidad de Jachal por los vecinos organizados en la “Asamblea Jachal No Se Toca”. Se ha acrecentado la presencia policial rodeando y encerrando a los manifestantes. La medida de fuerza fue por el levantamiento de la suspensión a la Barrick Gold que regia tras conocerse el segundo derrame de […]

.A 1 año del derrame de cianuro en San Juan: la resistencia continúa

 17/09/2016

A un año del derrame de solución cianurada de la mina Veladero en las nacientes del Río Jáchal, el pueblo sanjuanino volvió a manifestarse por el cierre, remediación y prohibición de la megaminería contaminante. Mientras tanto el principal responsable del hecho, el ex gobernador y actual diputado nacional, José Luis Gioja, continúa impune en el […]

.Comunicado de Prensa a 9 meses del desastre megaminero en Jáchal e Iglesia, San Juan

 14/06/2016

Comunicado de Prensa: El fin de semana pasado se reunió la Regional Cuyo Noa de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) en la ciudad de Mendoza. Entre otros temas, se emitió el siguiente comunicado conjunto entre las asambleas presentes en relación a los 9 meses del derrame en Veladero que contaminó 5 ríos en la […]

.Asambleístas de Jáchal denunciados por un escrache a concejales

 30/05/2016

El Concejo Deliberante de Jáchal rechazó la realización de una consulta popular para que los habitantes de la localidad sanjuanina decidieran “SI o NO a la megamineria en las cuencas hídricas del departamento”. Ante esta situación, la Asamblea Jáchal No Se Toca decidió marchar y escrachar las casas de los representantes del Frente para la […]

.Robert Moran, perito de parte en Jáchal: “Todas las opiniones que escuchamos son las de la empresa”

 15/04/2016

La Asamblea Jáchal No Se Toca designó, para la investigación por el derrame de un millón y medio de litros de agua cianurada ocurrido en septiembre en la mina Veladero de la Barrick Gold en San Juan, al hidrogeólogo norteamericano Robert Moran. Luego de visitar la zona del incidente y reunirse con parte del staff […]

Fuente: http://www.anred.org/?s=Jachal+y+cianuro

En consecuencia, frente a la actual promoción de unir el Partido Justicialista para tener la alternativa al gobierno de Mauricio Macri, resulta crucial desenmascarar al PJ y mirar hacia qué proponen diversidades de abajo y porqué. Es hora de prestarles atención e involucrarse en sus luchas. Pensemos que, en simultáneo, con "¿ALCA, al carajo! sucedía:

 

Declaración de Andalgalá

26 noviembre, 2005 | La Rioja

14 de agosto de 2005
III Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería de la Argentina.

A casi diez años de la puesta en marcha del primer emprendimiento minero a gran escala en nuestro país –Minera Alumbrera en la Provincia de Catamarca- , la Red de Comunidades Afectadas por la Minería de Argentina, manifiesta que:

I-) Reafirmamos plenamente las declaraciones de Noviembre de 2.003 en Buenos Aires, y de Abril del año 2.004 en Tafí del Valle, Tucumán.
II-) La Gran Minería no significa otra cosa que un plan de entrega total e irrestricto de nuestros recursos minerales, nuestras tierras, y la afectación y contaminación de nuestras reservas de agua dulce y los ecosistemas en todo el territorio nacional.
III-) Todos los emprendimientos se localizan en zonas de fuentes y cursos de agua: glaciares, humedales, mallines, vertientes, arroyos, ríos, lagos y lagunas, de donde las poblaciones toman directamente el agua para sus actividades vitales. La Gran Minería consume millones de litros de agua por día, y la devuelve contaminada al ambiente.

IV-) Esta actividad sólo es posible en el país porque está legitimada e incentivada por un marco legal colonialista, que consagra un régimen brutal de beneficios y exenciones fiscales a las empresas mineras, discriminatorias de todas las actividades productivas sustentables, que son realmente el motor de nuestras economías regionales.

V-) La Gran Minería es incompatible con cualquier otro tipo de actividad social y económicamente sustentable, y cultural y ecológicamente sostenible, e impide su desarrollo a futuro en los lugares donde hubo emprendimientos mineros.
VI-) Estos emprendimientos se imponen a espaldas de la población: a) no se brinda la información pública que el Estado tiene obligación de otorgar; b) Se manipulan y falsean, las verdaderas consecuencias que provocan los emprendimientos mineros; c) Se impide la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.
Por todo ello, exigimos a los Poderes del Estado:

1) La inmediata paralización de todos los emprendimientos mineros a gran escala en marcha, en cualquiera de sus etapas, y la suspensión de nuevos permisos y concesiones bajo el régimen legal actual.
2) La reparación integral de los daños y perjuicios ya causados, sin la afectación de dineros públicos.
3) La Nulidad y Derogación del Régimen Legal Minero actual, y la elaboración de un nuevo régimen, con participación de las Comunidades.
4) La inmediata aplicación de la Legislación Indígena comprendida en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (ratificado por el Congreso Nacional) que consagra la Autodeterminación de los Pueblos Originarios sobre sus Territorios y su desarrollo.
5) Que se garantice a la ciudadanía el acceso a la Información Pública sobre la actividad minera.
6) Que se garantice la participación de las comunidades en los procesos de toma de decisión respecto a la evaluación y aprobación de emprendimientos mineros.
7) La impulsión de todas las causas judiciales concernientes a la contaminación ambiental y otros delitos provocados por la minería, y de las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos de aquellos que se oponen a la minería.
8) Libertad y desprocesamiento de los luchadores sociales perseguidos por su oposición a la actividad minera.
Este documento ha sido redactado y avalado por las siguientes comunidades participantes en el Encuentro:
Vecinos Autoconvocados de Andalgalá – Catamarca
Vecinos Autoconvocados de los Valles Calchaquíes (Santa María – Catamarca, Salta, Tucumán)
Vecinos Autoconvocados de Belén – Catamarca
Vecinos Autoconvocados de Catamarca
Movimiento de Autoconvocados de Concepción – Tucumán
Jóvenes Autoconvocados de Andalgalá
Jóvenes Autoconvocados de Santa María – Catamarca
Jóvenes Autoconvocados de Belén
Intersectorial de Tafí del Valle
Comunidad Indígena de Tafí del Valle – Tucumán
Federación Ambiental de Tucumán
Pro – Eco – Tafí Viejo – Tucumán
Comunidad Indígena de Quilmes – Tucumán
Comunidad Indígena de Santa María
Comunidad Indígena de Concepción
Comunidad Indígena de Amaicha del Valle – Tucumán
Comunidad Indígena de Ingamana – Catamarca
Colegio de Abogados de Catamarca
Asociación de Prestadores de Turismo Aventura – San Juan
Frente Cívico por la Vida – San Juan
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Neuquén, Río Negro, Chubut y Patagones por el no a la minería contaminante
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel.

Fuente: https://noalamina.org/argentina/la-rioja/item/24-declaracion-de-andalgala

 

 

Tengamos claro el contenido-sentido de nuestro desafío inmediato. Averiguarlo nos indica contrastar la autodesignación K de ser gobierno nacional, popular y de derechos humanos con su práctica de:

 

 

 

Incentivos fiscales a

la exploración y explotación minera.

2 septiembre, 2009 | Argentina

Diversas leyes sancionadas a partir de los años ’90 otorgan cuantiosos beneficios a las mineras -sean de capitales extranjeros o nacionales- en materia de impuestos nacioneles, provinciales o municipales en la República Argentina, así como también “ventajas” aduaneras y arancelarias. Estos escandalosos beneficios forman parte del descomunal saqueo que conlleva la actividad minera. Todas las provincias han adherido a esta legislación mediante el Pacto Federal Minero.

 

PRIMERA PARTE: Los subsidios

1) La actividad minera esta SUBSIDIADA en todas sus etapas.

Los subsidios son medidas destinadas a beneficiar aquellas actividades que presentan dificultades económicas / financieras y que por su generación de mano de obra e impacto se necesitan mantener. Como ejemplo podemos citar que, el yacimiento más importante de Argentina informó oficialmente que ALUMBRERA obtuvo 1.590 millones de dólares el año 2010 y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares.

Entonces; ¿Para qué se mantienen los subsidios si el negocio es tan bueno?

 

2) Hay que definir claramente que la minería no es una industria.

No produce. Se extrae el mineral que fue encontrado hace décadas con esfuerzos financiados por todo el país. Se dejan unas migajas en el país. Y el resto va para financiar el desarrollo de otros países.

 

3) Los mineros dicen que es necesario subsidiar debido al RIESGO que CORREN si no encuentran nada. Mentira.!!!!

La minería está subsidiada EN TODAS SUS ETAPAS, ya sea por el Código de Minería, y por las Leyes 24.196 de Inversiones mineras y sus modificatorias.

a) – Cuando apenas le otorgan la concesión del yacimiento, el Código de Minería en el artículo 214 establece una exención impositiva durante los primeros cinco (5) años de la concesión, que abarca a todo gravamen o impuesto nacional, provincial o municipal, aplicable a la explotación y a la comercialización de la producción minera; quedan excluidas de esta exención las tasas retributivas de servicios y el sellado de actuación.

 

b)- Las mineras pueden deducir hasta el 100 % de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación aplicada, y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico-económica de los mismos, sin perjuicio del tratamiento que como gasto o inversión amortizable le corresponda en la Ley del Impuesto a las Ganancias. Esto implica deducir dos veces la inversión señalada. Estas deducciones se efectuarán en la oportunidad que se determine en el Impuesto a las Ganancias para imputaciones. Se pueden realizar totalmente en un plazo máximo de 5 (cinco) años contados a partir del ejercicio fiscal en que se inicie el proceso productivo. Se puede incluir en el monto a deducir, los gastos de todas las actividades exploratorias desarrollados en el país que no hayan llegado a resultados positivos.
 

Esto define claramente que el riesgo, por el resultado incierto de las actividades exploratorias, lo asume el Estado

 

SEGUNDA PARTE: Los Salarios

4) los enormes salarios de la mega minería:

En 2010 Minera Alumbrera empleó en forma directa 1.397 personas, y pago salarios por $159.975.615.
Excelente, esto nos da un salario promedio de mas de 9.500 pesos por mes por empleado, de los mas altos de argentina.

Bien, ahora comparemos los casi 160 millones de pesos en salarios por año (son unos 37 millones de dolares), con la cifra de exportaciones anuales declaradas, que son 1.590 millones de dolares nos da que Alumbrera utiliza el 2,33 % de sus exportaciones para pagar sueldos.

Que feliz hace la empresa a Catamarca. con TAN pero TAN.. POCO.

Y cada vez ganan mas, ya que los salarios “extremadamente altos” salarios que viene pagando el sector representaban el 3% de la facturación en 2002, valor que viene descendiendo. En el 2006, los salarios eran el 1,6% de la facturación de Minera Alumbrera.

 

Tercera parte: el Gasto Tributario del Estado.

Denominamos gasto tributario al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a determinadas actividades, zonas o contribuyentes.

 

5) Disminución de la base de cálculo para el impuesto a las ganancias:

Durante la etapa de CONSTRUCCION de la mina, las empresas tiene su mayor costo, y por lo tanto tiene habilitado por ley un sistema de AMORTIZACION ACELERADA de los bienes que adquiere, a fin de DISMINUIR LA GANANCIA (las amortizaciones se cargan como GASTOS al balance) en sus BALANCES durante los primero años, y de esa forma NO PAGAR impuesto a las ganancias, ya que acumulan los RESULTADOS NEGATIVOS en sus declaraciones juradas para años sucesivos.

Pueden AMORTIZAR en sus balances el 60% del monto total en el ejercicio fiscal en que se produzca la habilitación; el 40% restante, en partes iguales en los 2 (dos) años siguientes. Pueden amortizar TODO ESTO: la inversión en equipamiento, obras civiles y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para la operación (accesos, obras viales, toma y transporte de aguas, tendido de líneas de electricidad, instalaciones para generación eléctrica, viviendas para el personal, instalaciones para servicios de salud, educación, etc.). El resto de inversiones, en maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones: un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento

 

6) Beneficios sobre importaciones

Están exentos del pago de los Derechos de importación y todo otro gravamen sobre las importaciones, incluido Derecho de Estadística.
Esta exención es aplicable a los Bienes de capital (incluidas sus partes, repuestos y accesorios), los que están sujetos a comprobación de destino, y a los insumos que determine la Autoridad de Aplicación. Se incluyen en esta franquicia a los no inscriptos que cedan los bienes en leasing comercial o financiero a inscriptos en el régimen.

 

7) Excención de las retenciones a la exportación:

Las retenciones impuestas en 2007 (5% para oro y plata y 10% para otros metales) son soportadas, pero no aceptadas, al igual que la obligación de liquidar divisas en el país. Las mineras pagan el impuesto a la exportación, pero la mayoría inició juicio al Estado por esta imposición, que viola la ley de estabilidad fiscal, que en 1993 dispuso que por 30 años no se podía modificar el marco impositivo a proyectos ya iniciados.

 

Esperamos un JUICIO MILLONARIO AL PAIS antes que termine la prescripción de los reclamos.

 

8) Regalías

Las provincias pueden cobrar hasta 3 % del valor boca mina en concepto de regalías.

Se considera “mineral boca mina”, el mineral extraído, transportado y/o acumulado previo a cualquier proceso de transformación. Se define el “valor boca mina” de los minerales y/o metales declarados por el productor minero, como el valor obtenido en la primera etapa de su comercialización, menos los siguientes costos:
•Transporte, flete y seguros hasta la entrega del producto logrado, menos los correspondientes al proceso de extracción del mineral hasta la boca mina.
•Trituración, molienda, beneficio y todo proceso de tratamiento que posibilite la venta del producto final, a que arribe la operación minera.
•Costos de comercialización hasta la venta del producto logrado.
•Costos de administración hasta la entrega del producto logrado, menos los correspondientes a la extracción.
•Costos de fundición y refinación.

 

9) Beneficios a la importación.

Los SALDOS A FAVOR por IVA sobre las importaciones y adquisiciones de bienes y servicios tenga las mineras les serán devueltos.
Esto se implementará a través de una línea de créditos, que otorgarán las entidades financieras, y el Estado Nacional compensará a las entidades financieras por los créditos previstos precedentemente, con una retribución que no podrá superar el equivalente al doce por ciento (12 %) de tasa efectiva anual aplicable sobre los mismos.

 

10)  Exenciones sobre el impuesto a los Activos.

Las mineras están eximidas del Impuesto sobre los Activos.

 

11) Excenciones de impuesto a las ganancias y sellos

Las utilidades provenientes de los aportes de minas y de derechos mineros, como capital social, en empresas mineras estarán exentas del Impuesto a las Ganancias. La ampliación del capital y emisión de acciones a que diere lugar la capitalización de los aportes mencionados en el párrafo anterior estarán exentas del impuesto de sellos.

 

CUARTA PARTE: La Estabilidad fiscal

12) Los proyectos mineros gozarán de estabilidad fiscal por 30 años desde la fecha de presentación del estudio de factibilidad (de un nuevo proyecto o ampliación de una unidad productiva existente).

Esta Estabilidad Fiscal significa que las empresas no podrán ver incrementada la carga tributaria total, la que se determinará en forma separada para cada una de las jurisdicciones que corresponda (nacional, provincial y municipal).

Este tipo de estabilidad se denomina ASIMETRICA, ya que NO SE PUEDEN MODIFICAR los BENEFICIOS, pero a las mineras les resultarán aplicables las medidas que impliquen una disminución de la carga tributaria.

Estos beneficios alcanzan a todos los tributos, es decir: impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas, aranceles, derechos u otros gravámenes a las Importaciones y Exportaciones.

Se entiende por incremento en la carga fiscal, la que se produzca por:  Creación de nuevos tributos.  Aumento en alícuotas, tasas o montos.. Modificación en los mecanismos de determinación de la base imponible, cuando implique su incremento. Derogación de exenciones otorgadas. Eliminación de deducciones admitidas. Incorporación al ámbito de un tributo de situaciones antes exceptuadas.

En los pagos de intereses a organizaciones financieras externas (Título IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. 1997 y sus modificatorias) la estabilidad alcanza al: • Incremento de alícuotas, tasas, etc. • Cambio en los porcentuales y/o mecanismos de determinación de la Ganancia presunta de fuente argentina, cuando las empresas acogidas hubieran tomado, contractualmente, a su cargo el respectivo gravamen.

No están incluidas en la estabilidad fiscal: El Impuesto al Valor Agregado. Los aportes y contribuciones al SUSS (Sistema Unico de Seguridad Social) y los impuestos indirectos.

QUINTA PARTE: Las ganancias mineras son las pérdidas nuestras

13) Las ganancias sobre facturación para el promedio de las grandes empresas fue en el 2010 del 14,6%.

Por ejemplo, estas empresas mostaron los siguientes resultados:

ALPARGATAS: Ganó $ 19 millones de pesos
PETROBRAS ARGENTINA S.A.Ganancia: $ 792 millones de pesos.
TELECOM Ganancia: $ 1.818 millones de pesos
TENARIS Ganancia: $ 4.270 millones de pesos
BANCO PATAGONIA Ganancia: $ 392 millones de pesos
ALUAR Ganancia: $ 569 millones de pesos
GRUPO CLARÍN Ganancia: $ 438 millones de pesos
BANCO MACRO Ganancia: $829 millones de pesos

Y Minera Alumbrera?
Siempre tomando el informe OFICIAL de la minera dice que:

– Exportó por 1.590 millones de dolares
– Pago sueldos por 37 miilones de dolares
– Compró (o sea que gastó e invirtió) unos 283 millones de dólares.
– Pago impuestos por 581 millones

O sea, que la ganancia fué de alrededor de 689 millones de dólares en el año 2010.
O sea, unos 2.962 millones de pesos.

Según nuestros cálculos mas de un 43% de ganancia sobre facturación.
Un margen que envidiarían hasta las grandes empresas de este país
La pregunta es: ¿Para qué los argentinos debemos subsidiar a estas mineras?

Argentina regala su renta minera al extranjero.
Una renta que se puede usar para financiar la investigación, seguros de desempleo, ingresos a la niñez, o de millones de otras formas.

Según la última liquidación a YMAD, el año 2011 debería dar ganancias superiores a los 840 millones de dólares para la minera.

Esquel, Chubut, 22 de enero de 2012.

DETALLE DE LEYES (algunas modificadas por decreto ya aclarados anterioremente)

INCENTIVOS FISCALES A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

1. Doble Deducción de Gastos de Exploración (Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196 )
Pueden deducir el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad de un proyecto del calculo del Impuesto a las Ganancias (prospección, exploración, estudios especiales, planta pilotos, investigación). Y además, estos gastos los deducennuevamente aplicando la ley de Impuestos a las Ganancias al momento del cálculo de este tributo.

2. Devolución del IVA a la Exploración (Ley Nº 25.429)
Devolución de créditos fiscales de IVA (a los 12 meses)

3. Estabilidad Fiscal y Cambiaria (Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196 )
Estabilidad fiscal por 30 años. Las mineras no podrán ver afectada su carga tributaria o arancelaria, disminuir sus beneficios, ni ver modificado su régimen cambiario. (En el aspecto fiscal incluye los impuestos que gravan los intereses de préstamos en el exterior, pero quedan fuera el IVA y los reintegros a las exportaciones. Respecto al régimen cambiario se excluye la paridad cambiaria). En otros países estos beneficios no son GRATIS.

4. Amortización Acelerada (Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196)
Las maquinaria, construcciones, vehículos e infraestructura se amortizan en 3 años. Puede trasladar el quebranto de una amortización acelerada al próximo ejercicio fiscal, cuando no pueda ser utilizado en un 100%.El quebranto puede ser trasladado indefinidamente hasta que la empresa genere ganancias que permitan utilizarlo.

5. Exenciones de Aranceles y Tasas Aduaneras (Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196 – Resolución 112/2000)
No pagan derechos de importación ni de todo otro gravamen, derecho o tasa de estadística por la importación de bienes de capital, equipos o insumos.

6. Deducción por Gastos de Conservación de Medio Ambiente ( Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196 )
Estos gastos son deducibles hasta un 5% del monto total de los gastos de extracción y procesamiento.

7. Exención de Ganancias ( Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196 )
Están exentas de tributar las utilidades derivadas del aporte de minas y derechos mineros para capitalizar sociedades.

8. Regalías ( Ley de Inversiones Mineras modificad por Ley 25.161- artículo 22 bis) 
El tope fijado en el país es del 3% del valor declarado por las empresas del mineral en boca de mina deducidos los gastos y costos de su extracción. En Chubut es del 2% del valor de bocamina del mineral extraído.

9. Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta ( Ley de Inversiones Minersas Nº 24.196)

10. Capitalización de los Avalúos de Reservas Mineras  (Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196)
El avalúo de reservas mineras podrá ser capitalizado hasta en un 50%. Esto no incide en el impuesto a las ganancias, sólo mejora la situación patrimonial para acceder a créditos.

11. Devolución Anticipada y Financiamiento de IVA
Devolución o financiamiento en importación o compra de bienes e inversiones de infraestructura.
Devolución del IVA dentro de 60 días. Los créditos fiscales de IVA pueden ser canjeados por un préstamo bancario del mismo monto. El estado se hace cargo de los intereses hasta un 12 % anual. Y el crédito puede ser a 2, 4 o 6 años.

12. Exención de Contribución sobre la Propiedad Minera
Propiedad Minera = productos, establecimiento, maquinaria, vehículos, etc. Esto alcanza a todo impuesto o gravamen, presente o futuro, nacional, provincial o municipal (Quedan excluidas: el canon minero, tasas de retribución de servicios e impuestos a los sellos por actuaciones judiciales).

13. Gravámenes Provinciales y Municipales:
En el acuerdo Federal Minero (Ley 24.228) los estados Nacional y Provinciales acordaron eliminar todo gravamen y tasa provincial y municipal sobre la actividad minera y las provincias eliminar el impuesto de sellos.

14. Reembolsos por Puerto Patagónico  (Ley 23.018 y su modificatoria Ley 24.490) 
Se establece un reembolso a las exportaciones realizadas por puertos patagónicos que oscila entre 8 y 13% (aumenta cuando más austral es la ubicación geográfica del puerto).

15. Exención de Retenciones a las Exportaciones (Decreto 349/2016)   
Otras actividades aportan entre un 10% y un 20%.

16. Exención del Impuesto al Cheque (decreto Nº 613/2001)
Para el resto de las actividades la tasa es del 6 por mil.

17. Deducción del 100% del Impuesto a los Combustibles Líquidos 
El que todos pagamos cuando cargamos nafta.

18. Transferencia al exterior de capital y Ganancias en cualquier momento y sin pagar cargas o impuestos sobre dichas transferencias

19. No deben liquidar divisas.
Están autorizados a no ingresar al país el 100% de lo producido por sus exportaciones.
Fuente: https://noalamina.org/argentina/item/2751-incentivos-fiscales-a-la-exploracion-y-explotacion-minera

 

 Crisis civilizatoria

 

La rebelión popular de diciembre del 2001 y primer semestre de 2002 forzó al Partido Justicialista, bajo liderazgo del matrimonio Kirchner, a revestir de progresismo su homogenización hacia la derecha. Esta resultó de su ejercicio del terrorismo paraestatal y estatal durante los 70 pero también por su constante perfeccionamiento en la democracia como constitución de las comunidades de negocio con los poderes económicos e imperialistas.

 

El simulacro del gobierno K-PJ de romper con el sometimiento a los poderes económicos e imperialistas es análogo al que consiguieron los otros gobiernos progresistas aun cuando sus respectivos partidos políticos fuesen de izquierda. Es que compartieron el objetivo de salvar al sistema mundo capitalista modelando la creencia de los pueblos en la inutilidad de rebelarse y tuvieron mucho éxito. También todos alientan a proseguir atacando los derechos de la Naturaleza que son las condiciones básicas e imprescindibles de la vida planetaria y por tanto, de la humanidad entera. Para averiguar cómo gobiernos e intelectuales progresistas contribuyen a que el capitalismo siga amenazando de extinción a los pueblos y la vida en general del planeta, analicemos las deconstrucciones a realizar en:

 

Periplos del desarrollismo
Hablemos de los temas por su nombre

26 de abril 2018

Por Raúl Prada Alcoreza

Dejemos los nombres que se ponen los discursos y los emisores de los discursos para identificarse, sobre todo, para legitimarse. Eso confunde las pretensiones con lo que efectivamente ocurre; por lo tanto, es mejor, hablar de los mismos problemas y temas que se tocan usando los nombres apropiados, que describen lo que efectivamente se hace y lo que el discurso pretende camuflar u otorgarle la grandiosidad que no tiene. Cuando se reclamen “socialistas” no tomemos a sus emisores de esta auto-identificación como tales, sino por lo que efectivamente hacen; tampoco tomemos como tales a los que se reclamen de “demócratas”, sino por lo que efectivamente hacen. Así, de esta manera, procedamos a poner en suspenso los nombres que se usan en los discursos ideológicos; atengámonos a lo que hacen los protagonistas políticos. De esta manera evitaremos confusiones, evitaremos confundir lo que creen que hacen los portadores de discursos políticos con lo que efectivamente hacen; por lo tanto, lo que efectivamente son.

 

Estamos como ante dos dimensiones disjuntas, usando esta figura para ilustrar; por un lado, la dimensión, por así decirlo, discursiva; por otro lado, la dimensión de las prácticas. Los discursos no expresan precisamente lo que se hace sino los significados que atribuyen a lo que se hace; se trata pues como de una lucha por la significación de las cosas, de ninguna manera lo que son efectivamente las cosas. El discurso político no se ocupa de la ontología; esto queda claro, desde un principio; pero, tampoco la toma en cuenta ni deriva de este referente ni respecto a este referente. El discurso político se ocupa primero de la legitimidad de los actos políticos, de la significación de estos actos, tanto políticos como ideológicos, pero también históricos. Al discurso político no le interesa que lo que dice describa fehacientemente lo que ocurre, lo que importa es que se realice la narrativa política en imaginarios sociales. Puesto que los imaginarios sociales convocan, mueven a las masas, inciden en sus conductas y comportamientos.

 

El problema ocasionado es que se ha tomado en serio al discurso político, como si lo que dijera correspondiera a las prácticas; a los “socialistas” se los ha considerado como tales, como si por el solo hecho de autodefinirse como tales fuese suficiente para serlo; lo mismo pasa con los liberales, que se consideran “demócratas”; así también con los populistas que se consideran defensores genuinos del pueblo.

El tema es que lo que ha ocurrido dista mucho de lo que se ha pretendido discursivamente que ha acaecido. En consecuencia, incluso la crítica a los discursos señalados se equivoca cuando considera que critica a los protagonistas políticos como “socialistas”, “demócratas”, populistas. Entonces cree que critica el socialismo o, en otro caso, critica al liberalismo o al neoliberalismo, versiones que pretenden ser “democráticas”; en un tercer caso, critica al populismo. Esta crítica se entrampa en las formaciones representativas de las ideologías. Por eso, no pueden desplegar una crítica efectiva; la crítica efectiva sólo puede realizarse cuando se efectúa respecto a lo que efectivamente se hace, a las formaciones prácticas, al funcionamiento efectivo de las instituciones, de las organizaciones y las estructuras de poder.

 

Por ejemplo, los “socialistas” no han realizado el socialismo, que es el proyecto y el programa de la ideología socialista, sino una administración pública estatalista del modo de producción capitalista. Así como los liberales y los neoliberales no han realizado la democracia, sino dos formas de administración pública monetaristas del modo de producción capitalista. Tampoco los populistas han realizado la voluntad del pueblo, sino una forma de administración pública estatalista clientelar del modo de producción capitalista. Por lo tanto, hay que evaluar lo que han hecho, sus gestiones, por el papel y funciones efectivas cumplidas en el sistema-mundo moderno.

 

Estas prácticas o estas conformaciones prácticas aparecen en sus problemáticas singulares cuando se contrastan discursos y prácticas, en la periferia del sistema-mundo capitalista, respecto al manejo de los recursos naturales. Los gobiernos dicen defender los recursos naturales y defender la soberanía nacional; sobre todo, los gobiernos nacional-populares, que son los encargados de recuperar los recursos naturales mediante las nacionalizaciones. Empero, lo que hacen dista mucho de lo que ocurre; las historias dramáticas de los recursos naturales nacionalizados, que vuelven a ser externalizados en otras condiciones, cuando el Estado o el pueblo, nominalmente, es el propietario de los recursos naturales, son ilustrativas de los notorios desajustes e incongruencias entre el discurso político populista y su práctica política. Al respecto hay muchos ejemplos y abundante historia; empero, tomaremos un ejemplo, que ya lo tocamos antes, que puede ilustrarnos sobre el uso político del discurso nacional-popular para legitimar nuevas formas de externalización de los recursos naturales; por lo tanto, de la transferencia de los mismos y con ellos de la soberanía nacional. Este ejemplo es el relativo a los recursos naturales del Salar de Uyuni.

 

Espectros de la externalización en el Salar de Uyuni

En Colonialismo extractivista y dependencia con el litio, escribimos:

El “gobierno progresista” de Bolivia ha entregado las reservas naturales del litio y otros recursos, que contiene el inmenso Salar de Uyuni, a la vorágine capitalista de las empresas trasnacionales extractivistas; contraviniendo la Constitución[1]. Sin que sepan los y las bolivianas, propietarios natos, declarados por la Constitución. Con maniobras sinuosas, movimientos sigilosos y secretos ha ofertado las riquezas del salar, principalmente el litio, a través de mediadores; a quienes les ha otorgado carta blanca, para que pongan en el mercado de inversiones, esta riqueza natural del pueblo boliviano. El “gobierno progresista” ha comprometido, en esta artimaña a espaldas del pueblo, al alto mando de las fuerzas armadas; que ingresó como parte de la estructura subrepticia en estas componendas y de este saqueo del cotizado recurso del litio. A esto llama “transparencia” el gobierno populista, a esto llama “defensa de la soberanía” y, lo más calamitoso, a esto llama “cumplir con el mandato constitucional”. Este tipo de acciones están tipificadas por la Constitución como traición a la patria.

 

Definimos este comportamiento gubernamental como de la mentalidad colonizada; la misma que fue descrita de la siguiente manera:

El discurso desarrollista, emitido a propósito del litio, responde a una mentalidad colonial. Por ejemplo, se habla figurativamente, como si se tratara del “petróleo blanco”. Se sugiere, entonces, repetir la historia del “oro negro” con el “oro blanco”, que sería el litio. Es decir, preservar el rol asignado a las periferias por la geopolítica del sistema-mundo extractivista. En el delirio imaginario de la colonialidad se sugiere la proyección de Bolivia como una Dubái de 2050. Esta mentalidad colonizada no tiene otra imagen del futuro sino ésta de la economía rentista; beneficiada con los precios altos del petróleo, en un país que cuenta con cuantiosas reservas de la energía fósil. Se espera que lo mismo ocurra con Bolivia en lo que respecta al litio.

 

·         La mentalidad colonizada concibe a la naturaleza como objeto de dominio, de explotación, sobre todo, de extracción.

·         Otra característica corresponde al ideal de Estado rentista combinado o sustentado con la economía extractivista, beneficiada por la demanda de materias primas, en condiciones de precios altos del mercado de minerales.

·         Una tercera característica es que considera que la etapa extractivista de la economía es necesaria; se la concibe como si fuese una etapa anterior a la industrialización, que vendría a ser propiamente el “desarrollo”. Está lejos de comprender que el extractivismo no es ninguna etapa, menos pre-condición de la industrialización, sino parte de la división del trabajo y del mercado internacional en la geopolítica del sistema-mundo capitalista [2].

·         La cuarta característica, quizás la más pronunciada de la mentalidad colonial, es que se figura el “desarrollo” como el camino andado por los llamados “países desarrollados”; es decir, se trata de imitarlos.

·         Una quinta característica es la de juzgar a todo lo que se opone al “desarrollo” como obstáculo del mismo y que detiene el “progreso”. Por eso, consideran que la represión a los pueblos indígenas, que defienden sus territorios, está justificada; también les parece justificada la descalificación y estigmatización de las luchas ambientalistas y ecologistas. Incluso llegan a considerar las concesiones a las empresas trasnacionales, por más que estas sean onerosas y nada tengan que ver con algo que se parezca a la soberanía, como explicables en el camino al “desarrollo”.

 

La mentalidad colonizada es como la consciencia desdichada de la subalternización. Corresponde al sujeto social desgarrado, que resuelve su escisión dramática en los términos y el perfil de una psicología acomplejada, que enmascara con delirios de grandeza y entonando elocuentemente su apego desesperado a las imágenes de vitrina del “desarrollo”. Esta psicología acomplejada puede expresarse en distintas formas discursivas; por ejemplo, nacionalistas, liberales, neoliberales o populistas. La forma discursiva puede parecer distinta; sin embargo, el sentido latente no deja de ser el mismo; la sumisión a los centros del sistema-mundo capitalista[3].

 

Hay como tres o cuatro situaciones reconocibles en lo que respecta a las relaciones institucionales con el Salar de Uyuni, concretamente, en lo que respecta al litio, uno de los metales que se encuentra en las composiciones minerales del Salar de Uyuni. La primera situación describible es la historia del laboratorio piloto de la UMSA en el Salar con objeto de investigaciones químicas y evaluación de proyecciones industriales. Otra situación, de otras características, más bien relativas a las resistencias sociales, se da cuando las poblaciones potosinas se oponen al proyecto de concesión a una trasnacional por parte de los gobiernos de la coalición neoliberal. La tercera situación corresponde a la implementación de una planta para comenzar fases previas para la industrialización del litio por parte del “gobierno progresista”. Y, por último, añadiendo virtualmente una cuarta situación, a la que no podría calificarse como tal, pues no es describible como situación, es decir de acuerdo a la composición de sus disposiciones descriptibles; éstas están como ausentes. Introducimos esta cuarta situación pues queremos señalar la situación incierta en la que se encuentra el Salar de Uyuni, considerado como la reserva más grande del mundo de litio. Sin embargo, antes de ingresar a las situaciones, es conveniente contextuarlas históricamente, hablando de la historia económica del litio en el mundo y en Bolivia. Para esto recurriremos a un avance del proyecto de investigación “Minería metalífera en Argentina y Bolivia: modalidades de radicación y proyectos políticos nacionales. El caso del litio”, de Federico Nacif, publicado por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini[4]. El autor citado escribe:

 

Introducción: el ABC del litio sudamericano
Con la segunda guerra mundial, la industria bélica norteamericana dio impulso al desarrollo de un tipo particular de industria química, que desde los años 20 dirigía investigaciones sobre los usos y aplicaciones del metal más liviano de la tabla periódica: el litio. Utilizado en la propulsión de cohetes, se sumó luego a la carrera espacial de la Guerra Fría en forma de aleaciones para aplicaciones aeroespaciales. En 1953, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos (AEC, en inglés) requirió grandes cantidades de hidróxido de litio para la producción de armas termonucleares, convirtiéndose en el principal cliente de los dos grandes productores norteamericanos: Lithium Company of América (actual FMC) y Foote Minerals (actual Chemetall). Con la caída de los contratos en 1960, las empresas debieron reorientar su producción hacia las industrias básicas, como cerámica, lubricación, reducción de aluminio y productos farmacéuticos. A partir de la década del 70, el desarrollo de las nuevas tecnologías en telecomunicaciones y energías renovables, encontró en el litio un potencial nuevo valor de uso: la elaboración de carbonato de litio como principal insumo para el desarrollo de baterías eléctricas, desechables y recargables.

La obtención del litio, por otra parte, proviene fundamentalmente de dos tipos de fuentes: de minerales como el espodumeno, que requiere previamente un trabajo de minería (trituración, molienda, lixiviación); y de las costras de sal de los salares donde yace la salmuera, cuya extracción implica menores costos de producción. Los salares de mayor dimensión se encuentran en los países andinos de América del Sur, Argentina, Bolivia y Chile, en cuyas salmueras se concentran más de dos tercios de las reservas mundiales de litio. Sin embargo, la forma en que cada uno de estos países responde a la creciente demanda mundial del litio, no sólo se diferencia por los diversos grados de desarrollo socio-económico y científico-tecnológico, sino también por la particular conformación de los bloques sociales hegemónicos y la relación de fuerzas en que dicho bloque se sustenta. Desde mediados de los años 70, la fragmentación a escala mundial de los procesos productivos y la acelerada industrialización del sudeste asiático impulsada por la migración de los capitales centrales hacia la periferia, conformaron una nueva división internacional del trabajo. Crecientemente competitiva, articula el comercio mundial en tres grandes bloques –Estados Unidos, Europa y el Este de Asia–, relegando a los países excluidos al tradicional papel de proveedores de materias primas.

 

Con las reformas neoliberales impulsadas entre mediados de los años 70 y la década del 90, las burguesías periféricas de América Latina se asociaron a las redes globales del capital transnacional, impulsando un proceso de desindustrialización, consolidando una economía cada vez más dependiente de las inversiones extranjeras directas y profundizando la inserción primaria de la región al mercado mundial. De esta forma, las clases sociales dominantes son incapaces de orientar por sí mismas el desarrollo de las fuerzas productivas, y ninguna de sus fracciones está materialmente interesada en reeditar pasados proyectos políticos nacionalistas, de regulación estatal y creación de empresas públicas. Son los sectores populares y sus múltiples organizaciones, los únicos interesados en un verdadero proceso de desarrollo socio-económico autónomo, soberano y ambientalmente controlado.

 

Chile fue el primer país en establecer acuerdos con la industria química norteamericana para la exploración, investigación y producción de carbonato de litio. En 1975 el gobierno de Pinochet firmó un contrato con la Foote Minerals of America (actual Chemetall) para formar la Sociedad Chilena del Litio, dejando en manos de la empresa norteamericana el 55% de las acciones. En 1979 se declaró al litio “mineral de interés nuclear”, reservando para el Estado la propiedad exclusiva de los yacimientos evaporíticos. Sin embargo, se le otorgó a la Foote Minerals un 10% del salar de Atacama, donde en 1984 comenzó la producción de carbonato de litio, considerada la operación de más bajo costo de producción. Por otro lado, en 1986 se conforma la empresa Minsal Ltda, consorcio formado por la transnacional Amax (63,7%), la local Molyment (11,25%) y el Estado (25%), “para explorar, explotar y comercializar potasio, boro, litio y cualquier otro producto o subproducto proveniente de las salmueras del Salar de Atacama.” En 1993 Amax y Molymet fueron reemplazadas por SQM (Soquimich, empresa pública privatizada en 1987) ampliándose todos los contratos firmados hasta el año 2030. De esta forma, Chile se convirtió, con la segunda reserva mundial (calculada por el USGS en 3 millones de t) en el principal exportador mundial de litio (40 mil t de carbonato de litio por año). Finalmente, la industria química transnacional logró derribar la última traba legal que impedía expandir el sistema concesional sobre el resto del salar de Atacama, y el 12 de junio de 2012 el gobierno chileno inició un proceso de licitación para los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), a cambio de un royalty mensual equivalente al 7% de las ventas netas de la empresa contratista.

 

En Argentina, por otra parte, la historia de las concesiones logradas por las grandes transnacionales de la química básica no tuvo –hasta ahora- dimensión nacional. En 1987 la provincia de Catamarca licitó su Salar del Hombre Muerto (considerado parte de la tercera reserva de litio a nivel mundial), y comenzó las negociaciones con la Lithium Corporation of America (Lithco, actualmente FMC), quien a principios de 1991 consiguió firmar un contrato de exploración y cuantificación de reservas con el gobierno provincial. Sin embargo, es recién en el año 1993 que la empresa decide radicarse definitivamente en la Argentina. Por un lado, porque en ese año se frustra su estrategia principal de desembarcar en el Salar de Uyuni de Bolivia (el contrato impedía establecer otras operaciones similares en América del Sur). Por otro lado, porque en mayo se sanciona la Ley de Inversiones Mineras (N° 24.196) que garantiza amplias facilidades arancelarias, desgravación impositiva, estabilidad fiscal por 30 años y limitadas regalías provinciales. Reanudadas las negociaciones, logra obtener la concesión del salar para comenzar los trabajos de exploración en 1995. En 1998 la empresa Minera del Altiplano SA, subsidiaria de FMC Lithium, comienza la producción comercial de litio, convirtiéndose en uno de los principales exportadores a nivel mundial (cuarto, según la USGS). En la actualidad, Catamarca, Salta y Jujuy concentran más de 10 proyectos en instalación para desarrollar distintos componentes de litio, potasio y boro, siendo el principal destino de las inversiones en exploración de reservas de litio para exportación, en muchos casos directamente vinculadas a las principales automotrices mundiales desarrolladoras de vehículos eléctricos, como Toyota, Mitsubishi y la francesa Bolloré.

 

Finalmente, el caso de Bolivia. Dueña de la principal reserva mundial ubicada en el Salar de Uyuni, departamento de Potosí, y la primera en iniciar las investigaciones sobre sus recursos evaporíticos, es a su vez el país donde todos los intentos de las transnacionales por acceder a las salmueras del salar fueron, hasta ahora, frustrados. Sin embargo, desde 2008 avanza con un plan de industrialización soberana de los recursos evaporíticos 100% estatal, que contempla a mediano plazo la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio, y a largo plazo la producción de baterías de ion-litio. Se trata entonces, de establecer los hechos del largo proceso histórico que llevó a Bolivia a ser el único país del Cono Sur en intentar una explotación soberana de los recursos evaporíticos en salmueras, y disponerlos para los análisis sobre las condiciones histórico sociales del desarrollo autónomo de las fuerzas productivas en América Latina, desarrollo que permanentemente se anuncia, se promete, se cuestiona y se demanda.
1971-1982 – Primeras investigaciones sobre el Salar de Uyuni: dictadura militar, universidad, Francia y Estados Unidos.

En agosto de 1971, un nuevo golpe militar dirigido por el coronel Hugo Banzer, impulsa el despliegue de la peor cara del proceso iniciado con la Revolución Nacional de 1952. Sobre la base de sus grandes reformas (nacionalización de la gran minería, creación de la Corporación Minera Boliviana -COMIBOL, y una profunda reforma agraria); con el antecedente de anteriores gobiernos militares que desde 1964 experimentaron proyectos políticos muy diversos; en el contexto de una guerra fría en la que el nacionalismo boliviano fue precursor en gestionar las alianzas con los Estados Unidos, y que desde los años 60 se expresaba en el avance de gobiernos militares burocrático-autoritarios en América del Sur; y –finalmente– en base a complejas alianzas de clase que sumaba al pacto militar-campesino de Barrientos a las crecientes empresas mineras privadas y a la naciente oligarquía agraria de Santa Cruz; Hugo Banzer Suárez se propuso instaurar un “gobierno populista militar de derecha”, inaugurando así uno de los períodos más represivos de la historia de Bolivia.

En ese contexto, en 1973 el Departamento de Geociencias de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de Bolivia, planteó a la Office de la Recherche Scientifique Technique Outre Mer (ORSTOM) de Francia la realización de investigaciones geológicas conjuntas sobre los recursos minerales de los salares del altiplano sur de Bolivia, especialmente sobre el Salar de Uyuni, ubicado en el Departamento de Potosí. Producto de esta convocatoria, se firmó en abril de 1974 el convenio de cooperación UMSA-ORSTOM para el estudio de la geología del Cuaternario del Altiplano, la caracterización de los Lagos Actuales (Titicaca y Poopó) y de las Cuencas Evaporíticas (salares).
En el mes de julio de ese mismo año, el gobierno de Banzer dispuso mediante el Decreto Supremo 11614 la implementación del Proyecto de Prospección Minera en la Cordillera, a cargo del Servicio Geológico Boliviano (SGB).

El proyecto fue cofinanciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y el SGB, con el objetivo explícito de delimitar y cuantificar “las zonas de interés económico”; entre ellas, las áreas de Nor y Sud Lípez, del Departamento de Potosí. Si bien el Salar de Uyuni se encuentra en la vecina provincia Daniel Campos, el DS 11614 implicó un importante antecedente al declarar la Reserva Fiscal sobre las zonas prospectadas (art. 1), y disponer que los yacimientos minerales evaluados debían pasar a propiedad de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) “para su explotación y beneficio” (art. 3).
El 12 de diciembre de 1975, la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), creó la empresa Química Básica Boliviana Sociedad Anónima Mixta -QUIMBABOL SAM, junto a la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), el Comité de Desarrollo y Obras Públicas de Potosí y las Cooperativas agrupadas en la Central Regional de Cooperativas Industriales del Sud (CRECIS), con el objeto de aprovechar e industrializar los minerales no metálicos del Sud-Oeste boliviano. El 3 de febrero de 1976 se dispuso la creación del Complejo Industrial de la Química Básica bajo la dirección de QUIMBABOL, consistente en plantas de refinación de sal, azufre, bórax, trona, sulfatos y fábricas de carbonato de sodio y cloro-hidróxido de sodio. Según los Considerandos del DS 13361, el complejo creado generaría un polo de desarrollo en una zona que necesita la “atención del Gobierno para explotar sus recursos, elevar el nivel de vida de sus pobladores y su integración a la actividad económica y social del país”.

 

En 1976, y en forma paralela a los avances del proyecto UMSA-ORSTOM, el gobierno boliviano suscribió un convenio con la Administración Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos (en inglés, NASA) para la implementación del programa ERTS (Investigaciones de la Tierra Vía Satélite). Entre sus principales objetivos se propuso la determinación de los distintos recursos con potencial valor económico concentrados en las salmueras del Salar de Uyuni, vinculando al Servicio Geológico de Estados Unidos (en inglés, US-GS) y al Servicio Geológico de Bolivia. Los resultados del estudio se dieron a conocer en junio de 1976, mostrando indicios de concentraciones de valiosos elementos, entre ellos, litio.

Ese mismo año, la Unidad de Investigaciones UMSA-ORSTOM, luego del período de organización e instalación de la infraestructura necesaria (1974-1975), comenzó la ejecución de los programas diseñados. Entre ellos, el programa de Geología de Evaporitas realizado por el Instituto de Geodinámica y Limnología (IGL) de la UMSA junto a investigadores franceses de la ORSTOM sobre el extenso Salar de Uyuni, con el objetivo de precisar, entre otras cosas, la concentración natural de los elementos detectados por el informe USGS-SGB. Para fines de 1976, se había reconocido al Salar de Uyuni en toda su extensión a través de perfiles y se habían obtenido cerca de un millar de muestras por perforaciones que permitieron conocer la existencia de litio en “concentraciones máximas de 4000 ppm.”

 

Para esos años, el auge de Banzer en el gobierno comenzaba a declinar, y en medio de huelgas y protestas obreras y estudiantiles decidió cerrar las universidades. No obstante, las investigaciones sobre los recursos del Salar de Uyuni continuaron con informes y resultados parciales en medio de reiteradas crisis políticas de los gobiernos militares e intentos fallidos de salidas democráticas. Finalmente, en 1981, lejos del contexto crecientemente represivo de la dictadura del Gral. Luis García Mesa, la ORSTOM publicó en París los resultados finales de la investigación bajo el título “Los salares del Altiplano Boliviano. Métodos de estudio y estimación económica”, a cargo de Oscar Ballivián y François Risacher. El estudio establecía un primer cálculo de los valores de reserva en litio, potasio y boro en la salmuera de la zona de Río Grande, y los resultados posicionaron a Bolivia como propietaria del mayor yacimiento de litio del mundo (5.500.000 t). Sin embargo, el país ingresaba a un nuevo y prolongado período democrático, en medio de una profunda y estructural depresión económica. 1982-1993 – Democracia, universidad y neoliberalismo: Consejo Industrial, reserva fiscal, diseño de planta piloto e intento fallido de licitación internacional.

En septiembre de 1982, la renuncia forzada de la junta militar presidida por García Mesa, llevó al rehabilitado Congreso a designar como presidente de la nación al líder del MNR de Izquierda Hernán Siles Zuazo, que con su alianza Unidad Democrática y Popular (UDP) había ganado las elecciones de 1980 sin poder asumir el cargo.
En 1983, el nuevo gobierno democrático firma un convenio de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Junta de Acuerdo de Cartagena, con miras a emprender un “Estudio básico de prospección minera de salares bolivianos”. El resultado de este convenio fue la entrega de un informe sobre los requerimientos técnico-económicos para la ejecución de un estudio de factibilidad sobre la explotación industrial del salar de Uyuni (Propuesta, 1990: 94). En marzo de 1984, presionado por la crisis de la deuda externa y basándose en los “estudios técnicos y económicos que demuestran las grandes posibilidades de explotación económicamente rentable de las cuencas evaporíticas en el sudoeste del país”, el gobierno dispuso la creación de una Comisión Interinstitucional para la elaboración de los términos de referencia de la licitación pública del salar de Uyuni, “dirigida a gobiernos, a empresas nacionales y extranjeras” (RS 198979 del 28/03/1984). Poco después, se buscó impulsar el demorado Complejo Industrial de Química Básica (creado en 1976 a cargo de QUIMBABOL) declarándolo “de interés y prioridad nacional” en el mismo Decreto Supremo que prorrogó 60 días el funcionamiento de la Comisión para la licitación pública.

Paralelamente, la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) del Departamento de Potosí, comienza sus investigaciones sobre los recursos naturales de la cuenca evaporítica, dirigidos por investigadores de la Universidad Técnica “Academia de Minas de Freiberg”, Alemania, que desde los años 60 desarrollaban trabajos sobre el origen, contenido y estructura de sales y salmueras del Salar de Uyuni.

El 15 febrero de 1985, la Ley 719 crea el CIRESU, Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, empresa pública autorizada para actuar “en materia de licitaciones, asociaciones y suscripciones de contratos, en las fases de exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos del Gran Salar de Uyuni” (art. 1), “gestionar financiamiento requerido y convocar a licitación pública internacional, […] precautelando una participación mayoritaria, en favor de la contraparte nacional” (art. 3). En el Directorio de la empresa tienen representación el Ministerio de Minería y la Corporación Regional de Desarrollo de Potosí (presidente y vicepresidente), otros ministerios gubernamentales, las Fuerzas Armadas, la Corporación de Desarrollo de Oruro, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y diversos comités cívicos provinciales, la Central Obrero Departamental de Potosí y la Universidad Tomás Frias (art. 1). EL 8 de noviembre el gobierno autorizó al CIRESU a lanzar los términos de referencia de una convocatoria internacional.

Sin embargo, el gobierno de Siles Suazo (UDP) acaba con una paradigmática crisis hiperinflacionaria, dando lugar al inicio del primer período de reformas neoliberales impulsadas por el viejo líder de la Revolución Nacional de 1952, Víctor Paz Estenssoro. No obstante, tras la sanción del principal decreto de apertura y desregulación económica (DS 21060 de 1985), el 16 de mayo de 1986 el Salar de Uyuni es declarado Reserva Fiscal (DS 21260), dotando al país de una institucionalidad que le permitía diseñar, por medio del CIRESU, una estrategia de explotación de los nuevos recursos descubiertos. Sin embargo, pronto se demostró que la institucionalidad ganada era sólo hipotética (Pozzo, 2010: 7), y si bien el 11 de diciembre de 1987 se aprobaron en Uyuni los términos de referencia de la licitación internacional, a los pocos meses (28 de julio de 1988), el entonces ministro de minería Jaime Villalobos ofreció a la Lithco (actual FMC) una invitación directa para la explotación del Salar de Uyuni. Cabe mencionar que el 29 de octubre de 1987 se habían dado a conocer los resultados de las últimas investigaciones sobre el Salar de Uyuni en un seminario organizado por el Instituto de Geodinámica y Limnología (IGL) de la UMSA, mostrando reservas de litio, boro y potasio que casi duplican los cálculos de 1981. Después de un largo período de negociaciones, el 6 de agosto de 1989, día de asunción de Jaime Paz Zamora del MIR como presidente de la nación, se establece el primer borrador del contrato, y se firma el 17 de noviembre. A partir de allí y hasta el 26 de enero de 1990 se llevan a cabo una serie de seminarios de análisis del contrato en las ciudades potosinas de Uyuni y Llica.

El contrato directo con la principal empresa productora de litio a nivel mundial, le otorgaba derechos de exploración y explotación sobre toda el área de reserva fiscal por 40 años, permitiéndole la exportación directa de los concentrados en salmueras. Por ello, el 29 de enero de 1990 el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO), la Central Obrera Departamental y la Universidad Autónoma Tomás Frías (todos miembros del CIRESU), solicitaron la postergación de la firma del contrato. La respuesta gubernamental no se hizo esperar: el 12 de se propuso definiciones por parte de la Brigada Parlamentaria, el 25 de febrero el ministro de minería Walter Soriano manifestó que la ley debía cumplirse sin discusión y el 1 de marzo se fijó la fecha tentativa para la firma del contrato. Sin embargo, el 12 de marzo COMCIPO inicia una campaña denunciando la no convocatoria a licitación pública. El 3 de abril la Brigada Parlamentaria responde a los cuestionamientos dando a conocer una serie de observaciones realizadas al contrato sobre la participación del Estado en la renta pública, que tras dos semanas de negociaciones con la empresa se aprobaron en un 95%. El 16 de abril el Consejo Nacional de Economía y Planificación (CONEPLAN) aprueba los términos del contrato, y el 17, el Ministerio de Minería lo envía al Congreso Nacional para su aprobación. El 29 de abril de 1990, en medio de grandes movilizaciones y huelgas de hambre convocadas por COMCIPO, el Cabildo Abierto en Uyuni aprueba el contrato. Sin embargo, frente al aumento de las movilizaciones y presiones cívico-políticas, el 4 de mayo Jaime Paz Zamora desiste del contrato, instruyendo la convocatoria pública internacional.

A partir de ese momento, el CIRESU y las diversas organizaciones sociales involucradas, publican sus propuestas de explotación del salar y de estrategias de desarrollo departamental, y las distintas universidades nacionales (UMSA, UATF, UTO) organizan foros de debate públicos, y un proyecto de diseño final de Planta Piloto de Carbonato de Litio para su funcionamiento a partir de las salmueras del Salar de Uyuni. Sin embargo, el 20 de agosto de 1991, a pedido del gobierno de Paz Zamora, la universidad potosina UATF que participó del rechazo al contrato directo con la Lithco, entrega la redacción de los términos de referencia base para la licitación internacional del salar de Uyuni. El 18 de septiembre de 1991 se aprueban los términos del contrato en grande y el 12 de noviembre la agencia Crow Agents encargada del proceso de licitación internacional entrega el pliego de especificaciones. Esta vez, conforme a la Ley 719 de 1985, se contempla para el diseño de la licitación internacional la revisión y sugerencias del CIRESU, que finalmente aprueba en detalle los términos de referencia elaborados y el 17 de enero se lanza la licitación pública. “De once empresas inicialmente interesadas, sólo tres formalizaron sus propuestas: FMC Corporation (LITHCO), SOQUIMICH (Chile) y COPLA Ltda. (Bolivia). Crown Agents efectuó la calificación y, un mes más tarde, recomendó la adjudicación en favor de la FMC.” (Orellana Rocha, 1995: 21). El 14 de febrero de 1992 se firma el contrato en pleno Salar de Uyuni, cuya única diferencia con el contrato directo anulado era (además del procedimiento y la colaboración de sectores de la universidad potosina y del directorio del CIRESU) el nivel de participación del estado boliviano que ahora se aumentaba levemente. Sin embargo, y sorpresivamente, días después de firmado el contrato, el parlamento decidió realizar unas reformas incrementando el IVA del 10 al 13%. La FMC (ex Lithco) anunció inmediatamente su repudió a las modificaciones, aduciendo que el contrato firmado garantizaba la estabilidad fiscal frente a cualquier modificación tributaria. Finalmente, tras casi un año de inciertas negociaciones, y a tres meses de haber asumido por primera vez el dirigente del MNR y empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, el 5 de Noviembre de 1993 la FMC–ex Lithco decide renunciar al contrato firmado con Bolivia y migrar sus proyectos de extracción de litio al Salar del Hombre Muerto en Catamarca, Argentina. Varios factores incidieron en la decisión final de la empresa. Por un lado, los avances de las negociaciones paralelas con la provincia argentina de Catamarca (que en 1991 se habían concretado en un contrato de exploración, cuantificación de reservas y caracterización de las posibilidades de explotación del Salar del Hombre Muerto por 10 años) le garantizaban el acceso a un importante salar, sin exigirle la participación de ninguna empresa pública ni imponerle la existencia de un consejo industrial o instituto universitario de control y fiscalización. Por otro lado, en mayo de 1993, el lobby minero logra la sanción de uno de los regímenes de inversión más favorables de la región: la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196 fomenta la inversión de grandes capitales privados por medio de facilidades arancelarias, desgravación impositiva, la capitalización de reservas mineras, estabilidad fiscal durante 30 años y regalías mineras provinciales que no pueden superar el 3%. Por último, pero tal vez el factor decisivo, las dificultades generadas por un debate excesivamente público y sectores sociales excesivamente preocupados en los detalles del contrato, en una etapa del desarrollo de la incipiente rama productiva que llevó a la empresa a privilegiar el acceso exclusivo a las salmueras del importante Salar del Hombre Muerto para iniciar las investigaciones necesarias, por sobre el acceso momentáneo y relativamente fiscalizado a la reserva de litio más grande del mundo.

1993-2006 – Auge y crisis del modelo neoliberal: reducción de la reserva fiscal, expansión de las concesiones privadas y movilizaciones por la recuperación del salar. El fracaso del contrato con la norteamericana FMC-ex Lithco fue leído por los diversos sectores dominantes de Bolivia a lo largo del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), como expresión del atraso cultural que históricamente caracterizó a la nación desde los tiempos de la colonia, y como la pérdida de una oportunidad histórica para el anhelado desarrollo económico de Bolivia que, a partir del ingreso de inversiones extranjeras y la consiguiente transferencia de tecnología de punta, habría podido insertarse en un mercado mundial por el que debían competir con los países vecinos. En paralelo al plan de capitalización (Ley 1544 de 1994) destinado a la privatización parcial de las grandes empresas públicas (YPFB, teléfonos, ferrocarriles y la aerolínea nacional LAB), fueron avanzando sobre el salar compañías mineras de diverso tamaño, origen y trayectoria, algunas con el objetivo de extraer minerales no metalíferos en sales, y otras impulsadas por los posibles negocios inmobiliarios que la posesión a futuro pudiera generar. En marzo de 1997, último año del primer mandato del empresario minero Sánchez de Lozada, se promulga el nuevo Código de Minería de Bolivia (Ley 1777), que modernizaba el sistema concesional y simplificaba el esquema tributario, al mismo tiempo que equiparaba las concesiones mineras a la categoría de bien inmueble (es decir, propiedad privada) e impedía a la COMIBOL que realizara directamente actividades productivas. El nuevo Código, sin embargo, no mencionaba al litio entre los minerales a concesionar, y nada decía sobre la reserva fiscal del salar de Uyuni. Tal vez por ello, el mismo mes de su sanción, senadores del departamento de Potosí pretendieron elevar a rango de ley el viejo Decreto 21260 de 1986 que declaraba la reserva fiscal sobre un amplio perímetro alrededor del Salar de Uyuni. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, se modificó el contenido de la ley estableciendo, de manera confusa, que la reserva fiscal que buscaba elevarse a rango de ley sólo correspondía a la “costra salina”. En los hechos esto significaba una drástica reducción del perímetro original y abría la puerta para legalizar las posesiones privadas sobre el salar, fomentando a su vez el avance de las concesiones mineras reglamentadas por el nuevo Código Minero de 1997 (Ley 1777). La ley de reducción de la reserva fiscal sobre el Salar de Uyuni fue aprobada durante el gobierno democrático del ex dictador Hugo Banzer Suarez (ADN) el 8 de abril de 1998 (Ley 1854), liberando los ricos yacimientos de ulexita, y produciendo una rápida expansión de las concesiones privadas, fundamentalmente para el “engorde”, es decir, a la espera de inversionistas que quisieran arrendarlas a cambio de elevadas sumas (Pozzo, 2010, 8). Así mismo, la reducción de la reserva permitió que ese mismo año la norteamericana Apex Silver Mines Limited (ASML) y la japonesa Sumitomo Corp. accedieran a la concesión de la mina San Cristóbal, el más grande yacimiento de plata, zinc y plomo de Bolivia y uno de los depósitos superficiales de plata más grande del mundo (Ribera, 2010), ubicado en el municipio de Colcha K, provincia Nor Lípez, en el departamento de Potosí, a unos 100 km de la ciudad de Uyuni. Posteriormente, las empresas interesadas en la explotación minera exigieron corregir la confusa redacción de la ley, logrando en abril de 2002 que el breve gobierno de Jorge “Tuto” Quiroga sancionara el Decreto 26574, precisando el término “costra salina” en base a un mapa del SERGEOMIN y el SETMIN. Dicha norma tuvo como efecto inmediato la obtención por parte de la empresa Non Metallic Minerals SA de numerosas concesiones mineras en la costra salina del Salar.

Sin embargo, el ingreso de Bolivia al nuevo siglo se dio en medio de un proceso de profundas transformaciones sociales que derivó en la irrupción de los campesinos e indígenas en la escena política nacional. De esta forma, la crisis del modo de acumulación financiero que estalló en varios países de América Latina a principios de siglo XXI, se caracterizó en Bolivia por la emergencia de una nueva fuerza política de origen rural, que recuperando históricas demandas nacionalistas logró forjarse como una nueva izquierda antiimperialista, sobre la base de organizaciones sindicales campesinas y movimientos sociales indígenas y a partir de un discurso cuestionador del modelo económico neoliberal vigente desde 1985. El punto de inflexión se dio en octubre de 2003 con la llamada “guerra del gas”, a poco más de un año del segundo mandato del empresario minero Sánchez de Lozada (MNR), que debió renunciar en medio de una sublevación popular liderada por la ciudad de El Alto en rechazo del proyecto de exportación de gas natural a México y Estados Unidos por puerto chileno. Los efectos de la sublevación de El Alto, cristalizada políticamente en la llamada “Agenda de Octubre” que planteó la necesidad de descolonizar el estado boliviano a partir de la nacionalización de los hidrocarburos y el llamado a una asamblea nacional constituyente, se expandieron por todo el territorio nacional. En Potosí, el departamento más pobre de Bolivia, castigado desde la época colonial con las grandes explotaciones mineras y durante la era neoliberal con la privatización y cierre de los ferrocarriles, impulsó a las diversas organizaciones sociales a movilizarse contra la reducción de la reserva fiscal y los avances de las concesiones privadas sobre el Salar de Uyuni (Pozzo, 2010, 8). Finalmente, el 9 de diciembre de 2003, el vicepresidente Carlos Mesa (en calidad de presidente tras la renuncia de Sanchez de Lozada) debió promulgar la Ley 2564 que restituyó el perímetro inicial del DS 21260 de 1986 derogando las leyes anteriores. Reglamentada por DS 27326 en enero de 2004, la nueva norma determinó las entidades estatales para las auditorías públicas y estableció los alcances para los trabajos de revisión y control. En los hechos, la Ley 2564 de 2003 significó la recuperación de toda la zona loteada, con excepción de la mina San Cristóbal, que desde 2007 llevó a la japonesa Sumitomo a dirigir la principal explotación minera metalífera a cielo abierto de Bolivia. No obstante, el 23 de junio de 2004, por medio del DS 27589, se revocaron las once concesiones sobre el salar que estaban a nombre de la empresa Non Metallic Minerals SA.
2006-2012 – El bloque campesino indígena en el poder: plan de industrialización 100% estatal, planta piloto y comité científico, presiones transnacionales y proyectos paralelos.

En enero de 2006, en primera vuelta con el 54% de los votos, asume el gobierno el dirigente campesino-cocalero y líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales Ayma. Durante el año 2007, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino (FRUTCAS), asesorada por el físico belga Guillaume Roelants, eleva al nuevo gobierno del MAS una propuesta de industrialización estatal de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. El plan diseñado, consistente fundamentalmente en la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio a cargo de una empresa de propiedad 100% estatal, fue asumido por el nuevo gobierno como política de Estado, sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2006 y la propiedad pública de la totalidad del yacimiento ratificada en mayo de 2007 mediante la declaración de la reserva fiscal sobre todo el territorio nacional (DS 29117). A un mes de recuperar las facultades productivas de la COMIBOL (Ley 3720), el 1° de abril de 2008, el presidente Evo Morales promulgó el DS 29496 declarando prioridad nacional el Plan de Industrialización de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, “en el marco de una política soberana de aprovechamiento y explotación racional”, y anunció el pronto lanzamiento del proyecto piloto en la zona de Río Grande con un presupuesto de 17 millones de dólares financiado con recursos propios de la COMIBOL. El 3 de abril, la COMIBOL crea la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (DNRE) de Bolivia (Resolución 3801/2008), y a mediados de mayo de 2008 se inauguró la construcción del proyecto piloto en Llipi Llipi, anunciando la producción de 40 toneladas métricas/mes de carbonato de litio, 80 toneladas métricas/mes de sulfato de potasio y 70 toneladas métricas/mes de cloruro de potasio, en el transcurso de 18 meses.

En marzo de 2008, buscando recuperar su liderazgo en los procesos técnicos y administrativos para la explotación de los recursos del Salar de Uyuni, la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí suscribe, junto a la Universidad Técnica “Academia de Minas de Freiberg” de Alemania, el “Programa de Trabajo para el Proyecto Salar de Uyuni UATF-UT de Freiberg”. En septiembre de ese mismo año, la COMIBOL firma un convenio con el aún existente Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU) creado en 1985, en el que acuerdan realizar trabajos conjuntos en temas de investigación, capacitación, convenios interinstitucionales y compartir sus oficinas. Aunque en los hechos el nuevo marco normativo (reserva fiscal y plan de industrialización 100% estatal) deja sin vigencia las atribuciones “en materia de licitaciones, asociaciones y suscripciones de contratos en las fases de exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos del Gran Salar de Uyuni”, con las que el CIRESU fue creado (DS 719 de 1985, art. 1), las instituciones regionales que forman parte de su directorio –fundamentalmente el Comité Cívico Potosinista y la UATF– buscarán, conforme avanza el desarrollo y las dificultades del proyecto estatal, proponerse como generadores de proyectos alternativos.

Por otra parte, la iniciativa del Estado boliviano para la explotación de los recursos evaporíticos incitó a las transnacionales de la química básica y a sus Estados de origen a reactivar las presiones por ingresar al Salar de Uyuni. Esta vez, los intereses no sólo provinieron de los países industrializados, sino también de la periferia en vías de industrialización: entre los principales interesados en la reserva de litio y potasio del Uyuni se encuentran las transnacionales japonesas Mitsubishi y Sumitomo (concesionaria de Mina San Cristóbal), la fábrica francesa de vehículos eléctricos Bolloré, la empresa estatal surcoreana Kores, y hasta los gobiernos de Brasil e Irán. Sin embargo, frente a las múltiples ofertas por parte de las empresas para participar del proyecto piloto en calidad de socios, el 12 de noviembre de 2008 la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), que agrupa a las comunidades de las 5 provincias del Altiplano Sud (Nor Lipez, Sud Lipez, Quijarro, Daniel Campos y Valdivieso), expresó públicamente mediante voto resolutivo:

“La FRUTCAS, FSUMCAS y sus centrales provinciales RESUELVEN:
1.- Ratificar nuestro total apoyo a la iniciativa del Presidente Evo Morales de realizar un proyecto piloto para la explotación del litio, proyecto 100 % estatal, a cargo de la COMIBOL. Consideramos que este proyecto es de nosotros, por lo que somos los guardianes y fiscalizadores del buen desarrollo de este proyecto estratégico, para la región, el departamento y el país.
2.- Como FRUTCAS, junto a la FSUMCAS “BS” y las Centrales Provinciales, siempre hemos defendido y defendemos una explotación racional de los recursos estratégicos de la región, desarrollando una industria química y minera a nivel nacional, a fin de industrializar el Salar en beneficio del país y su población, con pleno control estatal para garantizar la soberanía nacional.
3.- En este marco, rechazamos cualquier tentativa de grupos de intereses privados y otros que pretenden impulsar la división o parcelamiento del Gran Salar de Uyuni, que es propiedad del Estado y custodiado por el conjunto de las comunidades del Altiplano Sur. Denunciamos que grupos de la antigua rosca minera está actuando en este sentido en la región, intentando dividir las comunidades y provincias al respecto. El Salar es de quienes habitamos en su contorno, un solo y es por eso que defendemos su unidad y anunciamos que las comunidades se movilizarán en su defensa.
4.- Frente a las múltiples ofertas de varias empresas extranjeras de ser socios del proyecto piloto de industrialización del litio, nos pronunciamos a favor de la creación de un Comité de apoyo técnico por parte de estas empresas, pero el proyecto debe seguir 100 % estatal y a cargo de la COMIBOL.
¡No a la privatización de la explotación del Salar!, ¡No a la licitación Internacional!, ¡No a las transnacionales! ¡Pronta aprobación de la Ley de EPSICRESB!”

El 7 de febrero de 2009 entra en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE), presentada al Congreso Nacional por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007, modificada por el Congreso Nacional y aprobada por voto popular a través del Referéndum del 25 de enero de 2009. La nueva Carta Magna establece, en función del Estado Plurinacional de Bolivia, un nuevo régimen político sobre los recursos naturales, al declararlos “de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país” (art. 348, inc. II), de propiedad y dominio “directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”, y depositar en el Estado “su administración en función del interés colectivo” (art. 349, inc. I), la potestad sobre todas las reservas fiscales (art. 350) y el “control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos” (art. 351, inc. I). En cuanto a los recursos evaporíticos existentes en las salmueras, declara específicamente su carácter estratégico (art. 369, inc. II), y deja sin efecto, en el plazo de un año, todas “las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano.” (Octava Disposición Transitoria, inc. II).

El mismo día de promulgación de la nueva CPE, se sanciona el Decreto Supremo de Organización del Órgano Ejecutivo, que, entre otras disposiciones, otorga al Ministerio de Minería y Metalurgia la competencia de proponer planes, programas y proyectos de producción, financiamiento e innovación tecnológica para la cadena de recursos evaporíticos (DS 29.894, art. 77). Es en función de las nuevas potestades, que el 31 de julio de 2009 se crea el Comité Científico de Investigación para la Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia (CCII-REB), formalizando, por un lado, la integración de los científicos bolivianos que desde un comienzo dirigieron las investigaciones para el desarrollo de la planta piloto, y habilitando, por otro, la colaboración de los expertos de universidades, institutos de investigación y empresas, nacionales e internacionales, interesados en el desarrollo tecnológico del litio, pero bajo las premisas de un intercambio de conocimientos que no cuestione la propiedad pública del proyecto (Resolución Ministerial 089 del 31/07/2009 y Reglamento Interno).

A mediados de 2009, el gobierno nacional comienza una política de “acuerdos amistosos y cartas de intenciones” (Hollender; Schultz, 2010: 29), como respuesta a las crecientes presiones de gobiernos y empresas extranjeras por acceder a los yacimientos de litio y potasio del Salar de Uyuni, a partir de la firma de memorándums de entendimiento en función de lo dispuesto por los fundamentos del CCII-REB. En agosto de 2009 la Dirección de Recursos Evaporíticos de COMIBOL firma dos memorándums de entendimiento: uno con el gobierno de Corea del Sur y otro con el Brasil para el “intercambio de información técnica y científica” y el desarrollo de un programa piloto de producción de carbonato de litio. Sin embargo, a los pocos meses, funcionarios de la empresa minera estatal surcoreana KORES expusieron sus verdaderas intenciones: “El papel principal de Kores es conseguir una mina de litio, un lugar donde se pueda explotar litio en Bolivia”, dijo el director del Instituto de Investigación Tecnológica de Kores, Sun Kong Bong, y agregó que su país demandará 200 mil toneladas del metal en 2015, frente a las 17.000 actuales que son compradas a Chile y Estados Unidos (Opinión, 2009). En noviembre el gobierno firma dos nuevos memorándums de entendimiento: uno con el gobierno de Irán, para “capacitación y especialización científico tecnológica”, y otro con la empresa japonesa JOGMEC de “investigación para la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni”. Estos tres primeros memorándums firmados durante 2009 se enmarcan dentro de la primera y segunda fase (producción piloto e industrial de carbonato de litio y cloruro de potasio), y básicamente se refieren al fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo de programas de industrialización de los recursos evaporíticos, capacitación y especialización científica y tecnológica de profesionales bolivianos, con la consiguiente integración al Comité Científico de Investigación de los Recursos Evaporíticos de Bolivia (CCII-REB) (Hidrocarburos Bolivia, 2011).

Paralelamente, del 24 al 26 de octubre de 2009 el gobierno desarrolló un seminario internacional del litio que contó con la participación de 40 expertos de 10 países (entre ellos, Corea del Sur, Japón, China, Rusia, Francia, Brasil, Argentina, Chile y Canadá), y se debatió sobre las nuevas tecnologías para explotar el litio y sus usos. Por otra parte, si bien los plazos previstos para la producción piloto no pudieron ser cumplidos, la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (DNRE) aprovechó el evento para hacer entrega al presidente Morales del primer kilogramo de carbonato de litio producido en base al llamado proceso “boliviano”.

 

Sin embargo, a medida que el proyecto de industrialización 100% estatal da sus primeros pasos impulsado por la DNRE de la COMIBOL, con la colaboración del CCII-REB, y con las comunidades campesinas nucleadas en la FRUTCAS como base social; emergen demandas de tipo regionalistas que, representadas por el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí -protagonistas de los primeros intentos de industrialización de los años 80 e integrantes del viejo CIRESU)-, permiten en la actual etapa el surgimiento de proyectos paralelos, menos preocupados por la propiedad exclusiva en manos del Estado Plurinacional que por los ingresos departamentales que el proyecto podría generar y, en función de dichos ingresos, los tiempos que el mercado mundial impone al desarrollo tecnológico. El conflicto latente entre ambos proyectos de industrialización del litio y el potasio del Salar de Uyuni, cuyo punto central radica en el ejercicio de la propiedad del salar y en la dirección de las fases 1 y 2 de producción de los compuestos básicos, se expresó en el intento fallido de creación de una nueva empresa productiva. El 10 de marzo de 2010, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 444, que creaba la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE), encargada de la exploración, explotación, comercialización e industrialización del litio. La norma declaraba al litio como recurso “estratégico” para el desarrollo del país y al Estado como único administrador y operador de la totalidad de la cadena productiva y comercial, quedando prohibida la venta de salmueras en forma concentrada. Con un capital inicial de 7,28 millones de dólares, EBRE sería la encargada exclusiva de operar y administrar todas las actividades relacionadas con el litio en el Salar de Uyuni, estando además prohibida la adjudicación o subcontratación de otras empresas para la comercialización de sus productos. Inmediatamente luego de su sanción, el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) expresó su rechazo y llamó a una huelga general hasta lograr la derogación del decreto que –alegaban- expresaba “intereses mezquinos de personas e instituciones de la capital con una corta visión de centralismo departamental”, al ubicar la administración de la empresa en La Paz en lugar de la ciudad de Potosí. Una vez derogada la norma, formarían una comisión junto a la Universidad Tomás Frías, la brigada parlamentaria potosina y la Central Obrera Regional (COR), para la elaboración de un proyecto de ley “que defina como prioridad la demanda potosina de explotar sus recursos naturales en beneficio propio” (La Razón, 2010). Por su parte, la FRUTCAS se declaró “en estado de emergencia en rechazo a la posición del Comité Cívico de Potosí (COMCIPO)”, y si bien exigían que la sede central de la empresa se radicara en la ciudad de Uyuni, consideraban que la derogación del decreto 0444 provocaría graves retrasos en el proyecto global de industrialización. A los diez días de su sanción, la norma que creaba la empresa pública EBRE fue derogada por DS 454 de 2010.

Sin embargo, a los pocos meses, la política estatal muestra su voluntad de avanzar en el proyecto. El 29 de junio de 2010, por resolución de Directorio de COMIBOL 4366/2010, se eleva a Gerencia la anterior Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (ahora GNRE), y se anuncia en la prensa que en octubre o noviembre de ese año la planta piloto iniciaría la producción de las primeras sales de potasio. El 26 de agosto de ese mismo año, se firma un nuevo memorándum de entendimiento entre la COMIBOL y la empresa minera estatal de Corea del Sur, Korea Resources Corporation (KORES), con el objetivo de avanzar en la investigación y desarrollo de procesos para la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. En octubre de 2010, si bien no se cumplieron los plazos previstos de producción piloto, el gobierno lanza la “Estrategia de industrialización de los recursos evaporíticos de Bolivia”, en que por primera vez se definen con exactitud los detalles del plan y los grados de avance según infraestructura y financiamiento: obras civiles en Uyuni, construcción de las piscinas para el tratamiento de la salmuera, geología y exploración para determinar la permeabilidad, el sistema de bombeo de salmueras y la estratificación de la costra salina, el desarrollo de los laboratorios y las estaciones meteorológicas, el proceso desarrollado para la obtención de carbonato de litio, el equipamiento adquirido disponible, la disposición de talleres a partir de la reactivación de la Maestranza de Pulacayo de la COMIBOL, las actividades desarrolladas en el salar de Coipasa, inversión total comprometida hasta el 2014 para las distintas fases, e ingresos anuales estimados a partir de 2017, incluyendo por primera vez una fase 3 de producción de baterías (GNRE, 2010).

En la primera fase de esta estrategia el proyecto piloto produciría 40 toneladas métricas/mes de carbonato de litio y 1.000 toneladas métricas/mes de cloruro de potasio (14 veces más de cloruro de potasio que la proyectada en 2008). En cuanto a las inversiones, además de los 17 millones de dólares desembolsados por la COMIBOL para la Fase 1 de planta piloto, el 28 de noviembre de 2010 la Asamblea Plurinacional aprobó un crédito en condiciones concesionales del Banco Central de Bolivia por un total de Bs 836.400.000, equivalentes a más de 120 millones de dólares, “con el objeto exclusivo de invertir en la producción e industrialización del litio […], en el marco del Plan Nacional de Desarrollo” (Ley Financial N° 062/2010, art. 13).

Paralelamente, en septiembre de 2010, el proyecto paralelo al de la GNRE de la COMIBOL, se consolida con la inauguración en la UATF de Potosí de la planta experimental Technikum para la obtención de carbonato de litio de alta pureza a partir del tratamiento exclusivo de salmueras del Salar de Uyuni. Según el Energy Press de Bolivia, el proyecto desarrollado junto a la alemana UT de Freiberg, “es un prototipo de Planta Piloto, semi-industrial o industrial, cuyos parámetros de tratamiento y resultados de producción constituyen la base técnica – científica para ejecutar proyectos de inversión, para la construcción de plantas piloto o plantas industriales, sin correr ningún tipo de riesgo técnico, económico – financiero, infraestructural o de seguridad industrial”. Según los directores del proyecto, se ha logrado obtener carbonato de litio de aproximadamente un 90 % de pureza, y productos adicionales de valor comercial como ácido bórico, cloruro de potasio y cloruro de sodio. Además, aseguran que es ambientalmente sustentable y no perjudica la integridad física del Salar de Uyuni garantizando la compatibilidad con el turismo. Sin embargo, basada en un sistema de evaporación de la salmuera a partir de la construcción de conos, se sitúa en el plano experimental en laboratorios sin lograr posicionarse como alternativa para la producción de carbonato de litio en escala industrial.

En abril de 2011, la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) ratificó el inicio de la producción piloto de carbonato de litio y semi-industrial de cloruro de potasio para fines de ese mismo año. En julio de ese mismo año, el gobierno boliviano inició la segunda tanda de memorándums de entendimiento con empresas y gobiernos, con la finalidad de llevar adelante investigaciones para el desarrollo de la cadena industrial relacionada a la producción de baterías de ión litio y sus componentes, es decir, relacionada a la fase 3 (Hidrocarburos Bolivia, 2011). En ese contexto, se firma el tercer memorándum de entendimiento con la empresa surcoreana Korea Resources Corporation (KORES) para conformar eventuales asociaciones con COMIBOL en la producción de materiales de cátodo, electrolitos y la instalación de plantas de acumuladores y baterías de litio en Bolivia. En el marco de la firma del memorándum, el congresista surcoreano Lee Sang-deuk declaró: “De ahora en adelante, Corea (del Sur) va a ofrecer toda la cooperación que necesite Bolivia para desarrollar la industrialización de su litio y, especialmente, para la producción conjunta de baterías. Vamos a transferir nuestra tecnología al Gobierno boliviano para que su tecnología de producción de litio se independice”.

El 1° de agosto se firmó otro memorándum de entendimiento con la empresa estatal china Citic Guan Group para “intercambiar información técnica, científica y sobre oportunidades de inversiones y desarrollo entre las partes”. Finalmente, el 23 de diciembre de 2011 la Asamblea Plurinacional aprobó el segundo crédito de Bs 5.332.050.000 (más de 765 millones de dólares) a favor de la COMIBOL en condiciones concesionales del Banco Central de Bolivia, “con el objeto de que su Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos invierta en la producción e industrialización de carbonato de litio, cloruro de potasio, y otros productos de la cadena evaporítica, ya sea como inversión directa o aporte de capital a través de una asociación con empresas que aporten tecnología, para la fabricación de materiales de cátodo, electrolitos y baterías de ion-litio (Ley Financial N° 211 de 2011, art. 33). Sin embargo, ese mismo mes el gerente de Recursos Evaporíticos, Alberto Echazú, declaró que no se lograrían los plazos previstos para la planta piloto debido a “conflictos sociales, factores climáticos como la inundación en la región de las obras, además del desembolso retrasado de recursos económicos”. Los nuevos plazos para la conclusión de las plantas piloto fueron calculados para fines de enero de 2012, la de cloruro de potasio, y un mes y medio después, la de litio.

Si bien para marzo de 2012, la planta piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio siguió sin comenzar la producción de los volúmenes anunciados, esto no impidió que se avance paralelamente en los acuerdos correspondientes a la fase 3 de producción de cátodos y baterías, única que contempla la asociación con empresas extranjeras para la transferencia tecnológica. En este sentido, el 27 de marzo de 2012 el gobierno boliviano firmó un principio de acuerdo (head of agreement) con la empresa surcoreana KORES-Posco, esta vez para “Determinar los términos básicos para la cooperación y la participación entre COMIBOL y KORES-POSCO, para el establecimiento de una empresa conjunta de capital mixto para impulsar la producción de materiales catódicos”. (Villena Canedo, 2012). El Memorándum firmado, contempla la construcción de una planta piloto en el Salar de Uyuni bajo la modalidad Joint Venture para producir cátodos de ion de litio, con una inversión de 1,5 millones de dólares prevista para finales de 2013. Según el acuerdo, la COMIBOL suministrará a la sociedad materias primas y construirá la planta piloto, Posco aportará con ingeniería y construcción de la línea piloto, actividades en investigación y desarrollo tecnológico, y KORES estará a cargo de la obtención de precursores y el respaldo económico para el suministro de materias primas. Tanto el Estado boliviano a través de COMIBOL, como Corea del Sur a través de KORES-Posco, invertirán inicialmente 750.000 dólares cada uno. Si bien el acuerdo firmado con la empresa surcoreana se enmarca en los principios de la propiedad pública tanto del salar como de los procesos de elaboración de los compuestos básicos, está claro que la principal motivación de KORES es la posibilidad futura de acceder a la mayor reserva de litio del mundo.

Según el propio Alberto Echazú de la GNRE, “Hay una segunda propuesta (de Corea del Sur) para hacer cátodos con la tecnología coreana, partiendo de nuestra salmuera, pero la dificultad es que ellos quieren arrancar desde abajo (desde la explotación) y ésa no es nuestra política, pero vemos que hay que abrir la mente y las posibilidades son muchas”). Por último, también en el marco de la fase 3 de industrialización del litio, en abril de 2012 se suma la posibilidad de desarrollar una planta piloto de baterías recargables, esta vez bajo la modalidad de “compra llave en mano” a la empresa china Linyi Gelon New Battery Materials Co, en 2,7 millones de dólares. En las declaraciones a la prensa por el anuncio de la compra, el gerente nacional Alberto Echazú explicó la diferencia: “Estamos comprando la planta, aquí no hay convenios, nos tienen que enseñar a hacer análisis de caracterización de compuestos, de materiales, luego la síntesis de los materiales y su calidad para que tengamos personal capacitado”.

 

Conclusiones

A cuatro años de la inauguración del proyecto piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio (mayo de 2008), el gerente de Recursos Evaporíticos de la COMIBOL, Alberto Echazú, anunció en entrevista radial los nuevos plazos propuestos para el inicio de la producción: agosto de 2012 para el cloruro de potasio y octubre del mismo año para el carbonato de litio. A cuarenta años del comienzo de las investigaciones sobre los recursos minerales de los salares del altiplano sur, y tras múltiples intentos de ceder los yacimientos de litio y potasio a la industria química transnacional a cambio de la promesa del derrame económico, el bloque social campesino-indígena en el poder logró por primera vez avances materiales concretos, llevando a Bolivia a ser el único país del Cono Sur en prohibir las concesiones sobre sus reservas y fundar una empresa pública que busque su industrialización, en base a un proceso autónomo y soberano, en función de las propias necesidades sociales.

 

Sin embargo, un primer análisis de los hechos históricos que definieron (y definen) la forma de dicho proceso, vuelve cada vez más difícil explicar (y justificar) el incumplimiento de los plazos anunciados por los problemas climáticos o aquéllos intrínsecos a todo proceso de desarrollo tecnológico. A esta altura de los acontecimientos, pueden visualizarse tres presiones o fuerzas que (combinadas) conspiran contra la realización de los desafíos propuestos. En primer lugar, las grandes empresas transnacionales de la química básica y sus Estados de origen que, en función de las propias necesidades de reproducción ampliada, presionan sistemáticamente para acelerar la elaboración de los compuestos básicos exportables, presentándose como la mejor alternativa de desarrollo ante cada inconveniente que (inevitablemente) afronta el emprendimiento estatal.

 

Por otro lado, la emergencia de reclamos regionalistas que, legitimados por las urgentes e históricas necesidades sociales del departamento más pobre de Bolivia, presionan para acelerar la producción de commodities (carbonato de litio y cloruro de potasio) en función de las futuras regalías que generaría su exportación. En este sentido, los Comités Cívicos Departamentales como el de Potosí, organizaciones civiles de carácter regional que se organizaron en la década del 70 en oposición a la dictadura militar, levantan las demandas de las regiones históricamente marginadas, y desde el comienzo del actual período democrático exigen la “descentralización político-administrativa del país; entendiéndose ésta como sinónimo inequívoco de un mayor control sobre los recursos generados por las regiones, mayormente provenientes de la explotación de sus recursos naturales” (Arze y Lea Plaza, 1996). Sin embargo, no puede ignorarse que estas demandas también han sido analizadas por las empresas transnacionales, que bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) desarrollaron múltiples mecanismos de manipulación para acceder a los bienes naturales, atendiendo los reclamos inmediatos de las comunidades locales. Otra de las formas en que se expresan los reclamos regionalistas, consiste en la emergencia de proyectos tecnológicos alternativos a partir de acuerdos entre universidades regionales y organismos científicos de países expresamente interesados en la provisión de carbonato de litio, acuerdos que por otra parte se dan sobre la inexistencia de un sistema nacional integrado de ciencia y tecnología.

 

Finalmente, aunque no menos importante, las dificultades que la burocracia administrativa y política imponen en una suerte de auto-boicot sobre todo proyecto productivo estatal. En este sentido, la descolonización del Estado (permanentemente declamada por los más diversos sectores sociales y políticos de Bolivia, y especialmente urgente en el caso de las empresas públicas productivas) requiere, en el corto y mediano plazo, de nuevas formas de agencias estatales que, sin caer en esquemas corporativos, puedan instituir mecanismos de control social y evitar que, bajo el disfraz de las “cuestiones administrativas” involuntarias, se tomen decisiones no ratificadas por compromisos políticos públicos. En el largo plazo, estas nuevas agencias estatales requerirán a su vez de una política específica que apunte a reemplazar los actuales mecanismos administrativos, tributarios de un Estado dependiente, a partir de la formación de nuevos funcionarios públicos. En los hechos, esto se traduce en la necesidad de una activa política universitaria y de ciencia y técnica, que recupere e integre a nivel nacional los avances existentes, involucrando a los sectores medios-urbanos en las tareas pendientes del proceso de cambio.

El proceso de aprendizaje que la planta piloto estatal del Salar de Uyuni supone, no sólo incumbe a los problemas técnicos de la química básica.

 

Situaciones

Situación 1(...)

Fuente: https://www.bolpress.com/2018/04/26/periplos-del-desarrollismo/

 

Inferimos del texto anterior,  el imperativo de contextualizar un problema y su solución actual para descubrir quiénes y para qué se fueron adueñando de ese respectivo proceso histórico. Sobre todo es fundamental desfetichizar al Estado burgués. Lo último nos plantea abajo develar significados e implicancias de su funcionamiento en cómo actuaron los líderes progresistas y cómo degeneraron los partidos de izquierda al creer tomar el poder político. Veamos cómo un obrero y con origen en la región más empobrecida de Brasil llegó a suscitar e imponer conciliación con las clases expoliadoras e incluso gestionar el subimperialismo de su país.

 

 

Lula, el revanchismo de la derecha y el ocaso del PT

19 de abril de 2018

 

Por Silvio Schachter

El mamarracho jurídico que llevo a Inacio Lula da Silva a la cárcel, sin pruebas fehacientes y que está basado en la cuestionable palabra de un preso a quien se le ofrecen reducir su pena, constituye un golpe político que nada tiene que ver con la justicia. El porqué de la maniobra está claro:, ante la falta de una alternativa electoral de la derecha, ésta tenía que dejar fuera de carrera a quien sigue siendo la figura con más posibilidades de ganar en octubre, con la intención de dar continuidad al plan ejecutado por el impopular golpista Michel Temer. En respaldo a las maniobras del poder político- judicial, el comandante del Ejército interventor del estado de Rio de Janeiro, el general Villas Bôas, mostró en qué lado están las fuerzas armadas. La semana anterior al juzgamiento del habeas corpus de Lula, que decidiría su prisión inmediata, el general lanzó un comentario, rechazando “ la impunidad” y manifestó que el “ejército estaba atento a sus misiones institucionales”. La intimidación y el chantaje del señor de las armas, no se refería, obviamente, a la impunidad de los militares golpistas de ayer ni de quienes ejercen hoy la represión contra el pueblo. A su vez, el odio clasista quedó expuesto en la voz del empresario Oscar Maroni cuando reiteró su promesa: “si el Lula es arrestado, hasta la medianoche la cerveza es gratis”. El dueño del Bahamas Hotel Club fue más allá: “ahora, si lo matan, todo el mes la cerveza es gratis”. El hecho casi es consumado con el atentado a la caravana del PT, que fue atacada a tiros en el sur del país. El candidato de la ultra-derecha, Jair Bolsonaro, habló de auto-atentado, pero su socio el diputado federal de Paraná despejó dudas y se mostró entusiasta frente al hecho, aludiendo a Lula como “bandido bueno es bandido muerto”

Este accionar fascista cuenta con el silencio y la complicidad de las clases medias y altas, que renuevan su carga de prejuicios y estereotipos, incapaces de cualquier alteridad. Insolidarias , racistas, blindan sus vidas como sus autos y sus casas, celebrando las muertes de los pobres a manos de la policía. Esta misma clase hoy expresa su revanchismo hacia Lula, no le perdonan el origen proletario y nordestino, independientemente de los beneficios que obtuvieron durante toda su gestión.

 

En Brasil, hace 50 años la dictadura militar aprobó el AI5, Acta Institucional número 5, que en1968 terminó por asfixiar definitivamente el resto las libertades que aun sobrevivían, hubo quienes lo definieron como el “golpe dentro del golpe” allí se suspendían la garantías del habeas corpus. Habeas corpus que hoy se le niega a Lula.

La pregunta ineludible que nos debemos hacer es: ¿cómo se llegó a este punto? ¿ que ocurre en la sociedad que no reaccionó primero ante la destitución de Dilma en un trámite casi administrativo y ahora a la prisión de Lula? La respuesta no admite una interpretación lineal ni simple y tiene más causas que azares.

Las imágenes que mostraban la sede del Sindicato Metalúrgico en San Pablo eran elocuentes, en el lugar donde surgió el mito de quien sería el primer y único presidente obrero de Brasil, algunos miles de militantes resistían dignamente la prisión de Lula. La rabia no alcanzó para impedir que Lula se entregara. Lejos estaban las multitudes que en los 80 lo ungieron esperanzados como líder en el corazón proletario de San Pablo. Desde allí surgieron las huelgas y las luchas que se expandieron a toda la clase trabajadora y estimularon la creación de numerosos movimientos sociales, quienes aceleraron el fin de la dictadura instaurada en 1964, forzaron la convocatoria a la Asamblea Constituyente y a las primeras elecciones libres después de 25 años.

 

Hace algunos años atrás pensar en Lula preso, sólo podría caber en la cabeza febril de algún sector minoritario de la derecha brasileña. Pero seguramente ni en la mente del más trasnochado revanchista cabía la posibilidad de imaginar que la respuesta del PT, que fuera el principal partido de la izquierda latinoamericana algunos años atrás, fuese hoy tan débil frente a la magnitud del golpe recibido.

 

De la gloria al escarnio

Un momento para empezar el análisis podría ser el 2002, cuando el PT gana la elección presidencial con el 61 % y más de 50 millones votos. El “heredero de una de las mayores deudas sociales del mundo”, “un obrero, un hombre humilde nacido en el Brasil profundo y hostil, el sertao, tan olvidado como despreciado por las élites que han gobernado desde la independencia. Lula da Silva es elegido presidente del gigante verde de America del Sur”. Así reflejaba la prensa del mundo el inédito acontecimiento. En ese año se estrena Ciudad de Dios, el film de Fernando Mirelles, que presentaba una de las versiones más duras de la Cidade Maravilhosa, cuál era el destino fatal que condenaba a los niños pobres en las favelas.Frente a la muerte programada Lula era la esperanza. Sempre foi sincero de se confiar, Sem medo de ser feliz, Quero ver você chegar, Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança fue el estribillo de su campaña.

 

En ese camino hacia el gobierno, el PT decide que debía abandonar su prédica socialista, los proyectos de transformación social radicales, moderar su discurso y ser un partido conciliador, que garantizaría el orden institucional frente a un momento en que la desigualdad social amenazaba a quebrarlo. Se plantea con ese modelo iniciar una opción popular al neoliberalismo y aplicar un plan para sacar de la situación de miseria absoluta en la que vivía gran parte de la sociedad atraves del aumento de planes estatales de ayuda económica. Esta política explica su fortaleza inicial, una transición indolora que se apoya en condiciones internacionales favorables y una lógica interna basada en la conciliación de intereses, pero en ese camino también fue socavando su potencialidad y popularidad, que terminó poco más de una década después con la destitución del Dilma Roussef, cuando estas condiciones variaron y sus alianzas policlasistas se rompieron haciendo astillas la ilusión de un país de sin conflictos.

 

Con el superávit producto del aumento del precio de los commodities del agro, la minería y el petróleo, el gobierno petista pudo transferir grandes recursos hacia los sectores más pobres, alrededor del 28 % de la población, con el plan Fome zero y la bolsa familia, los planes Minha Casa Minha Vida, el aumento del salario mínimo, creando cupos para negros en la universidad, ampliando los subsidios para estudiantes y reduciendo los impuestos en la canasta básica. Todo esto sumado a la reducción del desempleo, hizo que gobierno de Lula marcara la una diferencia enorme en la vida de quienes no siempre lograban llevarse un bocado a la boca, por eso logró en repetir los resultados exitosos de su primera elección. Pero la consigna ya no era “Agora Lula” sino la mesiánica “Deixe a ol homem fazer”.

 

El fuerte crecimiento que colocó a Brasil en el séptimo lugar, entre los países con mayor PBI del mundo, generó un aumento del mercado interno, mejorando la capacidad adquisitiva de la clase media y sumando nuevos sectores de la población al consumo.

Las diversas fracciones de la burguesía que al principio lo estigmatizaron y se burlaba públicamente del presidente iletrado, exteriorizando sus históricos prejuicios, aceptó pragmáticamente la tregua propuesta que les aseguraba una participación determinante en el modelo adoptado. La elite paulista, los muy ricos entre los ricos, abrieron sus mansiones para recibir la versión prolija y seductora de quien les pedía su confianza a cambio de beneficiarse con el exponencial crecimiento del agronegocio, las industrias extractivas y de varias áreas de la producción y las finanzas. De esa clase habla el magnífico libro de Teresa Caldeira, “Ciudad de muros”, publicado en el año 2000, que describe al San Pablo de contrastes socio económicos abismales, los muros materiales y virtuales de una sociedad irreconciliable, que nunca lograron derribarse.

 

La estrategia de la conciliación era la fórmula mágica para superar las diferencias, sin preguntarse las causas de la desigualdad, ni afectar privilegios, ni modificar estructuras. Los dividendos los pagó en gran parte la naturaleza, heridas abiertas en el corazón del Matto Grosso y la Amazonia que nadie quiere asumir, porque como en la mayoría de las políticas de saqueo, incluidas las de los gobiernos llamados “progresistas”, el irresponsable crimen ecológico se consuma lejos de los centros donde el consumo irracional es ley.

Sectores especialmente privilegiados fueron la industria automotriz y particularmente de la construcción, donde solo 6 empresas concentraron casi el 50% de su actividad, dos de ellas Camargo Correa y la originaria de Bahia, Odebrecht. Un conglomerado de empresas brasileñas favorecidas por el gobierno del PT con una facturación anual de 31.000 millones de dólares, tuvo en ese periodo un desarrollo que los llevó a hacer negocios en más de 20 países. Años después esa voracidad crónica de la burguesía brasilera, amparada en los pliegues del poder político y como un signo de la época, pagó su desmesura. El presidente y otros ejecutivos de Odebrecht fueron condenados por corrupción, evasión de divisas, organización criminal y lavado de dinero. Las denuncias se expandieron hasta involucrar en casos de soborno a funcionarios y políticos de 10 países latinoamericanos. Esta fue la operación denominada “Lava Jato”, de la cual es un producto el reciente juicio a Lula que hoy lo lleva a prisión.

El carisma de Lula trascendió fronteras, la revista estadounidense Life lo ubicó como uno de los líderes más influyentes del siglo XXI. Su presencia impulsó la actividad de los BRICS, los cinco países, (Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica), caracterizados como las economías emergentes más importantes en la era del capitalismo globalizado. Fue su presencia la que le garantizó a Brasil en 2007 la organización del mundial de futbol de 2014 y en 2009 la votación del COI para que Rio de Janeiro fuera la sede de los juegos olímpicos de 2016, los primeros en América del Sur. El festejo alborozado, ocultó las condiciones leoninas que tanto la FIFA como el COI le impusieron a los organizadores, compromisos que afloraron años después con la realización de estadios e instalaciones donde aparecieron las adjudicaciones de gigantescos presupuestos ligadas a actos de corrupción y sobornos. Más tarde el entusiasmo inicial dejo lugar al rechazo y la indignación, que se expresaron en la forma de gigantescas manifestaciones callejeras y protestas de todo tipo por parte de la población durante los años 2013 y 2014.

Es en todo ese periodo donde se produce la mutación del PT, que pasa a ser un partido de gestión., Sus dirigentes son transformados en funcionarios del aparato estatal, abandonan la militancia y son absorbidos por las prácticas burocráticas y negociadoras de la política institucional, la gobernabilidad se transforma en un objetivo en sí misma, dando lugar a un mecanismo perverso de alianzas donde las fuerzas políticas de derecha se transformaron de hecho en fiadores de su política. Acuerdos circunstanciales y oportunistas con personajes habituados a medrar con el Estado, dieron lugar a todo tipo de componendas y compromisos, que como era previsible se transformarían no solo en un tejido que impedía cualquier ruptura sistémica, sino que, como en la fábula atribuida a Esopo, serian el alacrán que envenena a la rana que lo ayuda

La verticalización de la práctica política, significó el apoyo cerril y sin cedazo al líder, toda capacidad crítica fue acallada a cambio de puestos y beneficios. Aquellos que pensaban diferente no fueron tolerados, la diputada Luciana Genro y la senadora Heloísa Helena fueron expulsadas del PT porque no aceptaron votar una ley que recortaba derechos de empleados públicos. Ellas, junto a otros militantes crean poco después, en 2004, el Partido Socialismo y Libertad, PSOL.

Pocos movimientos lograron escapar a la cooptación, entre ellos el más importante es, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra, MST. El MST, que apoyó al PT porque en su campaña, entre otros proyectos incumplidos, prometió asentar a 400.000 familias en el campo. La realidad fue que, solo llego a 21.000, pero el MST igualmente renovó su apoyo en 2005, como modo de enfrentar el acoso de latifundistas y empresas del agronegocio, lo cual no impidió que siguieran sumando victimas a manos de los sicarios de esos sectores. En cambio la poderosa CUT , que cuenta con 2.100 sindicatos registrados, lo que significa 2,4 millones de afiliados, pasó a ser solo un apéndice del gobierno, cediendo en el camino su perfil clasista y autónomo. La CUT, por ejemplo, nada hizo para evitar el crecimiento de la tercerización de los trabajadores, rasgo característico de esta época del capital, que durante los 12 años del gobierno petista pasaron de 4 a 12 millones.

Lula cumplió su segundo mandato con un alto nivel de aprobación, logró capear provisoriamente la crisis mundial desatada en el 2008, en parte, porque todavía tenía a favor la inercia del periodo de expansión económica y porque tomó algunas medidas para proteger al empresariado local, como la reducción de las cargas patronales y otorgando créditos y subsidios varios.

El sucesor natural para un nuevo periodo petista, Jose Dirceu, quedó descartado por su vinculación al escándalo del Mensalão, el pago de una mensualidad a los legisladores de la oposición a cambio de conseguir votaciones favorables. Cuando el nombre de Tarso Genro, experimentado político, ex alcalde de Porto Alegre y gobernador de Rio Grande do Sul, aparecía como el indicado para el relevo, Lula, como gran líder que toma decisiones personalmente, decide que Dilma Rouseff, una figura con más cualidades como técnica que como política y que ocupó varios cargos en su gobierno, sea quien lo continúe en la presidencia.

Dilma, que no tiene ni el carisma ni la gimnasia política de quien la designó, igualmente obtiene el 56 % de votos en la segunda vuelta, con casi la misma cantidad de votos que tuvo Lula. Si bien el PT es el que más diputados consigue en esta elección de 2010, los 88 legisladores están muy lejos de la mayoría en una cámara con 513 miembros. El vice-presidente elegido fue Michel Temer, otrora aliado del expresidente Fernando Henrique y jefe del PMDB, que tiene la segunda bancada más numerosa del Congreso. La fórmula se repetirá en 2014, por tanto no se puede alegar sorpresa como disculpa, el maridaje tenía cuatro años de convivencia. El dato relevante en el 2010 es que el PT sólo logró 5 gobernadores sobre 27 , que fueron electos con una maraña variopinta de alianzas, en Bahia de 10 partidos y en el DF de 11. El mapa era tan caótico que cambiaba de Estado en Estado, aliados en uno, eran opositores frontales en otro. Los discursos y las prácticas se adaptaban conforme a quienes integraban la canasta electoral. La mecánica respetaba el modelo ancestral de los caudillos locales, como en Salvador, donde el prefecto electo, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, es el joven descendiente de la familia Magalhães , quienes ejercieron varias veces la gobernación del Estado, la prefectura, tuvieron senadurías y diputaciones, manteniéndose en el poder durante décadas, desde los tiempos de la dictadura militar.

 

Agora: la crisis

El enfriamiento primero y la posterior crisis de la economía mundial, afectó, como no podía ser de otro modo, también a Brasil, que pasó de una tasa de crecimiento del 7,5 % en 2010 (en ese año la de EEUU fue del 2,5 %) a una negativa de -0,5% en 2014 y de – 3,8 % en 2015 /16 , lo cual generó la ruptura de la conciliación policlasista. Quedó asi expuesta la fragilidad de los acuerdos y las verdaderas contradicciones entre los intereses de los principales ganadores del crecimiento y quienes en la base de la pirámide recibieron el efecto derrame. Como era lógico, los del vértice superior exigieron medidas para sostenerse en su posición privilegiada, cortando el chorro hacia los de abajo.

 

Ante la modificación de las condiciones que generaron el crecimiento económico sostenido por una década, las facciones del capital industrial y financiero que se enriquecieron” a tasas chinas”, tomaron la decisión de sostener su cuota de ganancia a costa de un reajuste que viraba las pautas de la conciliación. A una torta más chica, menos para repartir, por eso aplicaron la receta habitual: reducir el déficit, desmantelar el sistema público y congelar salarios. A partir del segundo mandato de Roussef, la nunca resuelta inequidad estructural y la política de alianzas, para ganar por ganar y sostener una gobernabilidad que con el tiempo se mostró tan frágil como ineficaz, revelaron quienes tienen el poder real, ese amasijo de derecha política, económica y mediática, con sustento en el parlamento y la justicia.

 

A este cuadro se sumaba la creciente exposición de los casos de corrupción, que si bien tiene una raíz histórica en los sectores dominantes del Brasil, en un torbellino impensado arrastró también a la burocracia política del PT. Al escándalo del Mensalao, se sumaron la operación Lava Jato y una sucesión de hechos que involucraban a todos los estamentos del aparato estatal e institucional, donde las diferentes pertenencias políticas se diluían en un poroso terreno donde la mitad de los parlamentarios se hallaron procesados. Junto a ellos se mezclaron funcionarios de empresas públicas, empresarios locales y extranjeros y entidades financieras con sede en paraísos fiscales. Presidentes y gobernadores de varios países renunciaron, algunos están encarcelados por ser parte de una red internacional que desde Brasil se expandió como una mancha de aceite descontrolada. Quedó en evidencia que el problema dejó de ser una simple disfunción particular, para desnudar la esencia sistémica del fenómeno. De los 4 últimos presidentes electos en Brasil, 2 dos sufrieron impeachment y uno está preso. Sólo Fernando Henrique salió ileso, protegido por un blindaje político mediático, a pesar que su reelección fue parte de un escandaloso esquema de favores corporativos negociados.

 

El aislamiento de la dirigencia quedó en evidencia en 2013, cuando las protestas surgidas por el reclamo del movimiento “Passe livre” estallaron en multitudinarias marchas en las principales ciudades del país. A las reivindicaciones relacionadas con mejoras en el transporte público, se fueron sumando la insatisfacción y el hastío ante las conductas y las prácticas de una clase política desprestigiada, autorreferencial, inmoral y predadora. Las marchas auto-convocadas que ocuparon día tras día las calles de todo el país durante meses reclamaban mejoras en la salud y la educación pública, que habían sufrido silenciosos recortes y reformas durante la década del PT. La presencia minoritaria de sectores de la derecha anti política que se unió a las protestas, tratando de aprovechar el momento para disparar una salida golpista, nubló la interpretación de algunas organizaciones políticas y sociales de la izquierda, que al no ser protagonistas temieron verse desplazadas. Pero la principal ceguera habría que buscarla en el gobierno de Dilma y el PT, que habían perdido la capacidad de leer lo que estaba sucediendo., El gobierno se refugió en su reducto de Brasilia y bajo presión de sus impresentables aliados permitió la represión y la persecución de militantes, algunos de ellos aún hoy procesados. .

 

Sin hacer ucronias, probablemente ese hubiese sido un momento excepcional, con la gente en la calle, para producir un viraje y desprenderse del lastre de las organizaciones de derecha, impulsar una reforma política radical, producir las transformaciones prometidas y no concretadas buscando apoyo en los trabajadores, los campesinos, los sin techo, los pobres de las favelas y el campo, los estudiantes y docentes. Pero nada de eso ocurrió, el músculo ya estaba atrofiado, los reflejos sólo respondían a los intereses de quienes hegemonizaban la decisiones políticas y económicas. Los grupos mediáticos clamaban la vuelta al Orden a cualquier precio. Nada podía ser más riesgoso que las masas autonomizadas.

 

Ese episodio demuestra que la represión no es un producto del breve gobierno de Temer. Durante las presidencias del PT, continuó siendo éste el instrumento para contener la protesta, como ocurrió durante las huelgas docentes-estudiantiles del 2012 con profesores golpeados y gaseados, la represión contra quienes protagonizaron las marchas del 2013 o contra quienes denunciaban los negociados del mundial de la FIFA en 2104 y se oponían al desalojo forzado de favelas, la limpieza social de los llamados indeseables de la copa y las olimpíadas, a su plan de remoción y gentrificación, que aprovechando el evento, favoreció a los grandes operadores inmobiliarios.

La imagen publicitada de la paz social ocultaba la paz armada, dio cuenta de ello el resultado del plebiscito para prohibir la venta de armas, convocado en por el gobierno en su momento de mayor aceptación, 2005, su propuesto perdió por el 64 % en contra.

Nada hizo la Justicia para frenar los crímenes de la policía en las favelas, fruto del accionar del Batalhão de Operações Policiais Especiais, conocido como BOPE y su siniestros Caveiroes o la marquetineras UPPsS, unidades de pacificación. Se siguieron sucediendo las “chacinas”, masacres, de decenas de favelados, la violencia sistémica, cientos de crímenes sin condena a pesar de las resoluciones específicas de la Corte Interamericana de Justicia. En ese contexto de barbarie, en las favelas las organizaciones de moradores fueron languideciendo, atrapadas entre los comandos del narco y la brutalidad policiaca. Tal vez allí habría que buscar algunas razones para entender porqué quienes más se beneficiaron con la bolsa familia, poco y nada se movilizaron para defender a quien impulsó ese plan.

 

Fue durante las protestas del 2013, la inexistente respuesta del PT y las impopulares medidas de Dilma, que el plan destituyente empezó su curso y el final del gobierno del PT ya era parte de un cronograma sin vuelta atrás. El triunfo electoral en la segunda presidencia de Dilma fue el espejismo que ocultó lo evidente, el PT solo conquistó 4 gobernaciones y perdió en Estados donde tuvo presencia histórica, como en Rio Grande do Sul y su capital Porto Alegre, sede de los primeros Foros Sociales. El PT mantuvo su caudal electoral en el norte, principal territorio beneficiado por las políticas asistenciales, pero no logró recuperar el respaldo de los estados del sur, los más ricos y con mayor concentración de trabajadores y organizaciones políticas y sociales. Perdió en San Pablo, Rio de Janeiro, Recife y Salvador. El plan de la oposición ya se avizoraba, el gobernador de Rio Grande del Sur, un hombre del PMDB, lo expresó sin tapujos, hizo abiertamente campaña por la fórmula opositora de Aecio Neves, aunque el jefe de su partido era el candidato a vicepresidente de Dilma, el golpista Michel Temer.

 

Como parte de acuerdos suicidas, Eduardo Cunha (PMDB), un político conservador vinculado a retrógrados grupos religiosos, fue designado, con apoyo del PT, presidente de la cámara de diputados, Cunha fue el principal actor de toda la operación parlamentaria contra Dilma, aunque no pudo evitar él mismo ir a prisión por corrupción y lavado de dinero. A pesar de la manifiesta actividad sediciosa del PMDB con el vicepresidente Temer en primer lugar, absurdamente se siguió manteniendo la trama de concesiones, una tela de araña que terminó atrapando a quien la tejió.

Solamente podía romperse el círculo si se decidían por un plan de lucha y resistencia, pero el PT y sus aliados de izquierda ya no tenían ni la voluntad ni la capacidad de convocarla. Al contrario, se aceptaron las condiciones que impusieron los grupos económicos locales, la banca mundial, y los EEUU, que ya había operado para desmembrar los BRICS. La designación de Joaquin Levy, hombre del grupo Bradesco y del Banco Mundial, como ministro de hacienda en 2015 fue la señal clara de cómo se pensaba salir de la crisis y quien debía pagarla. El realineamiento absoluto con la política de EEUU que se inicia en el segundo periodo de Dilma y se profundizó con Temer abrazado a las derechas gobernantes en Latinoamérica es de consecuencias nefastas para los pueblos de la región y para el ALBA

La apuesta a que el tema se resolvería en el plano institucional, primero en el Congreso y luego en el poder Judicial, demostró cual era el territorio elegido. El golpe contra de Dilma resistido solo en el discurso, fue un acto sedicioso pergeñado por el contubernio de todos los poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, junto al llamado cuarto poder, tan descompuesto como los otros tres. La sociedad perpleja o indiferente asistió al epílogo del PT a través de la televisión. La base social del PT había sido erosionada paso a paso por cada una de las medidas antipopulares de su gobierno. El error, tan común de estos tiempos, es no entender la diferencia que existe entre los resultados electorales y las estadísticas de intención de voto y la voluntad real de comprometerse en la lucha, de poner el cuerpo, involucrarse políticamente, sobre todo cuando quienes deben hacerlo, fueron privados de protagonismo, capacidad de movilización y resistencia, y cuando las organizaciones populares fueron vaciadas de sentido, burocratizadas y diezmada su militancia. Está comprobado que ni el asistencialismo ni el consumismo generan conciencia política ni organización autónoma, por el contrario: el mercado fagocita y digiere todo lo que puede, capturando ciudadanos para transformarlos en disciplinados deudores permanentes a la vez que centrifuga a quienes no ingresan en el patrón, victimizándolos con la represión.

 

La telaraña atrapó al PT

Si hay que buscar un tiempo en que la idea de Lula preso y fuera de la campaña electoral empezó a ser factible, fue cuando se consumó la destitución de Dilma, pues confirmaron que se podía, el senador Aloysio Nunes, PSDB, los expreso crudamente “ hay que sangrar al gobierno”, calibraron que las fuerzas que se le opondrían eran insuficientes. Tan insuficientes como para enfrentar el brutal plan que está llevando adelante el ex principal aliado, un presidente de facto, que a pesar de lo atronador que pueda sonar el “Fora Temer” y el altísimo nivel de rechazo que se genera su figura, se mantiene en la presidencia, mientras que el principal líder político de la historia de Brasil es encerrado en una cárcel de Curitiba.

Como en la mayoría de nuestros países, el sistema institucional brasilero está viciado, ninguna de las ficciones sobre las cuales fue construido logra cohesionar a la sociedad. No hay figuras ni recursos temporales que puedan reconstruirlo, los remiendos ya tienen las costuras deshilachadas.

A modo de ejemplo de la descomposición alcanzada, en un caso superador de cuanto se puede conocer acerca de metamorfosis kafkianas, el diputado Federal por el partido PP (partido politico derivado del partido ARENA, el partido de la dictadura), Waldir Maranhão, dejó su partido y el 26 de marzo pidió incorporarse al PT, pero el 6 de abril publicó una carta informando que se había afiliado al PSDB. En 10 días sus firmes convicciones lo llevaron pertenecer a tres partidos diferentes. Vale aclarar que el PP fue también aliado del PT durante la primera presidencia de Lula.

 

Los circunstanciales éxitos económicos no pudieron resolver las crónicas desigualdades, la inequidad de una sociedad cuya concentración de riqueza tiene una fuerza gravitacional que no permite que nada se le escape, donde las políticas extractivas y el agronegocio han modificado drásticamente el medio natural , donde las represas hidroeléctricas han liquidado la fauna y acabaron con la actividad de subsistencia de poblaciones originarias enteras, donde los niveles de contaminación de los ríos superan registros límites. Sociedad donde los gastos militares y en represión interna crecen año a año y lo ubican dentro de los 11 países de mayor presupuesto destinado a ese fin.

Difícilmente se pueda recoger apoyo cuando la actividad represiva crece hasta apoderarse de la vida de los más humildes, hasta revivir los nefatos tiempos de la dictadura y los escuadrones de la muerte. Cuando dirigentes como Marielle Franco son asesinadas por fuerzas que vienen actuando impunemente desde hace años y que fueron reiteradamente denunciadas por ella y las organizaciones de derechos humanos.

 

El panorama de Brasil como el de Latinoamérica y el mundo viene cargado de malos presagios, las acciones por la libertad de Lula, la resistencia a las políticas antipopulares, la defensa de los derechos humanos y la libertades democráticas, no pueden eludir aprender de las lecciones que nos dejan los intentos de conciliar el capital con el trabajo, de pensar en el desarrollo a expensas de la vida del planeta, de apostar a la vieja y nueva partidocracia que sobrevive gracias a una democracia representativa, que no es democrática y solo representa los intereses de las elites dominantes. El derrame que se produce en tiempos de vacas gordas se transforma en ajustes salvajes cuando llega la época de bovinos flacos, así fue y será mientras domine el capital.

Seguramente es cierto lo que Lula dice: “me persiguen porque puse a los negros en la Universidad”, pero como señaló la escritora Eliane Brum, ante la ilusión de una conciliación social sin tiempo: “el mago tiene que saber que su magia es un truco, no la realidad”. También deberíamos tomar nota que el revanchismo viene de la mano de los paradigmas socio culturales que impusieron quienes hegemonizan los mecanismos de dominación y que el PT no pudo o no quiso modificar, el miedo y el odio al diferente, la corrupción y la política como negocio, la falsa meritocracia, el hedonismo consumista, la soberbia política, la desconfianza en el poder de los trabajadores y las masas humildes. El PT quedó muy atrás de quienes hace 50 años pintaron en la calles de Paris: “cambiar el mundo para cambiar la vida.”

Fuente: http://www.dariovive.org/?p=8423

En consecuencia, abajo y a la izquierda, necesitamos concretar la unidad indisoluble de nuestras políticas e ideologías con la ética de humanizarnos y humanizar la construcción de otra sociedad-mundo. Esto nos exige superar nuestro hábito capitalista del "como si" en nuestra cotidianeidad y en nuestra interpretación de la realidad que nos condujo a no cuestionar que la UNASUR incluyera a gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos. De modo que no repudiamos sus gestiones del terrorismo de estado ni continuar profundizando el papel de Colombia como servidor principal del imperialismo de EE.UU. a través del Plan Colombia que se estableció en el año 2000.

 

Tratemos de escrutar cómo, a pesar de diferencias en grados de desarrollo del Estado

represor, los países de Nuestra América han desplegado la simulación arriba y abajo como medular a la conciliación con las clases opresoras por construcción del protagonismo generalizado en concretar el aislamiento y la perfidia contra quienes osan no ser cómplices "de la injusticia, la desigualdad, la intolerancia, el culto a los poderosos… que carcomen a" los países de Nuestra América por los capitalismos locales e imperialismos. Pensemos en cómo la asumieron los líderes e intelectuales progresistas al ilusionar en un capitalismo humanizado o serio.

 

 La presentación del nuevo libro del profesor Renán Vega Cantor se realizó en la Feria del Libro de Bogotá el 1º de mayo a cargo del profesor Miguel Angel Beltrán

 

Colombia: el macabro reino de la simulación.

Tomo II - Enfrentando la impostura

 

Por Renán Vega Cantor

Presentación

“Y así como los pueblos sin dignidad son rebaños, los individuos sin ella son esclavos”. José Ingenieros "Lo importante es luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla, perder con dignidad y atreverse de nuevo. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo". Charles Chaplin

En este segundo volumen de El macabro reino de la simulación reunimos materiales que están referidos al proyecto de enfrentar las imposturas que dominan la sociedad colombiana. Para ello, hemos clasificado esta producción bibliográfica en cuatro grandes apartados, sin que eso signifique que estén completamente desconectados entre sí. Simplemente, dicha clasificación es un intento de ayudar al lector a orientarse en las múltiples dimensiones que asume el combate contra las mentiras, falsedades, embustes y engaños predominantes en nuestro medio, empezando por el mundo de la universidad pública, donde a pequeña escala se reproducen los grandes problemas de la injusticia, la desigualdad, la intolerancia, el culto a los poderosos… que carcomen a este país.

VIVENCIAS

Una primera parte está consagrada a un conjunto de vivencias propias, que han marcado nuestra existencia en los últimos veinte años, que están atravesadas por hechos dramáticos, que han dejado profunda huella en nuestro ser y sobre los cuales ha sido necesario tomar partido, en el sentido más amplio de la palabra, es decir, asumirlas de frente y sin ambages. Un primer hecho fatal, con el que se abre este volumen, es el de Darío Betancourt Echeverry, colega y amigo que fue secuestrado y luego asesinado en el aciago año de 1999. Este acontecimiento me impactó en forma directa y desde entonces ronda mi existencia, por una circunstancia de elemental influencia: sigo habitando los mismos espacios y lugares en que Darío se movió durante muchos años y donde tuvimos la ocasión de compartir muchas cosas durante una década. No es casual, en esa perspectiva, que la sombra de Darío atraviese este libro de principio a fin. Con él se abre y se cierra, con lo cual espero haberle brindado un merecido reconocimiento y homenaje póstumo.

Otra de las terribles vivencias que se deslizan en estas páginas está relacionada con la trágica muerte de tres estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, Oscar Arcos, Daniel Garzón y Lizaida Ruíz, que perecieron en la noche terrible del sábado 24 de marzo de 2012, todos los cuales habían sido alumnos en varios de mis cursos, y con dos de ellos había entablado una amistad que fue más allá de la relación profesor-estudiante. Esas muertes me calaron hasta en los huesos, me hicieron llorar de dolor, rabia y desesperación, porque sentí que había perdido a una especie de hijos, que hasta ese momento no había tenido.

Para completar, este hecho pavoroso en lugar de generar una solidaridad plena e incondicional en la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, dio pie a una reacción miserable y mezquina tanto del Rector de ese entonces y su cuerpo directivo, como de muchos profesores, que procedieron a calumniar y mancillar el nombre de mis jóvenes y nobles amigos. Por esta razón, me vi obligado a escribir un breve texto de homenaje, publicado en este libro, que además me ocasionó múltiples inconvenientes, entre ellos señalamientos proferidas por el Consejo Superior, en las que amenazaban con expulsarme y querían atemorizarme para que me fuera de la UPN. A eso se agrega, que a raíz de ese texto y de mi postura frente a la muerte de los compañeros estudiantes fui amenazado en forma anónima, calumniado y me vi obligado a salir del país, a soportar por segunda vez el duro y forzado exilio.

Otra vivencia significativa de todos estos años se ha desprendido de los hechos de persecución política y académica que sufre el colega y amigo Miguel Ángel Beltrán Villegas, otra persona que aparece reiteradamente en estas páginas, tanto en el primer como en el segundo volumen.

En mi condición de profesor universitario y de ciudadano colombiano desde el primer momento afronté esta dura circunstancia, sintiéndola como propia, y por eso decidí concentrar todas mis energías en denunciar, con la pluma y la palabra, la persecución contra Miguel Ángel, en la que gran parte de los académicos de la Universidad Nacional han desempeña do un papel entre cínico y cómplice. Eso dio pie a los diez o más escritos de mí autoría sobre este hecho vergonzoso, que llevaron a comprometerme directamente, algunos de los cuales aparecen en estos dos volúmenes. Esos escritos no son textos repetitivos ni idénticos, sino que, al calor de las ruindades que iban emergiendo, fuimos analizando y considerando diferentes cuestiones, que ponían en evidencia las miserias que emergían de la Universidad Nacional y de otros ámbitos del poder terrorista del Estado colombiano. Para mi orgullo personal, y eso es algo que nos permite caminar con la cabeza en alto, nuestra batalla no fue infructuosa, porque finalmente lo que dijimos desde un principio sobre el proceder criminal de los estados de México y de Colombia con Miguel Ángel Beltrán se ha demostrado cierto. Como testimonio de esa lucha se escribió el material que se reproduce en este libro, donde también queda registrada toda la mezquindad y cicatería de la mayor parte de académicos de la Universidad Nacional.

Hay otras vivencias personales que se exponen en estas páginas, entre las cuales se destacan mi participación activa en la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado que se vive en Colombia, a raíz de lo cual establecí comunicación con la insurgencia armada y fui miembro de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas. En esa misma dirección, se encuentran algunas reflexiones sobre libros de mi autoría, que se fueron construyendo a lo largo de los últimos quince años. En esos relatos se quiere mostrar el sentido de la reconstrucción histórica que hemos emprendido, cuyo epicentro principal es la recuperación de la historia y memoria de las luchas populares en nuestro país. Un último asunto de tipo personal que emerge al final de esta primera parte es el del acoso y la persecución laboral y política a que fui sometido en la UPN, por tres administraciones durante el período 1999-2014, que detallo y por primera vez hago públicas, en el escrito con el que se cierra esta parte inicial del libro.

COMBATES

En la segunda parte se presenta una muestra de los combates (por la verdad, la justicia y la dignidad) en que nos hemos visto involucrados en los últimos años. Para una mejor cartografía del asunto, hemos dividido esta parte en tres secciones: con algunos mandarines; con falsimedia y sus sicarios de micrófono y procesador de palabras; y, en la Universidad Pedagógica Nacional. En la primera sección, agrupamos los textos que producimos en su respectivo momento para criticar y polemizar con Boaventura de Souza Santos, en torno a sus apreciaciones apologéticas sobre el régimen de Juan Manuel Santos, y dimos ese debate porque consideramos que este autor portugués ejemplariza en gran medida las características y limitaciones de cierto tipo de intelectual europeo, de cuño socialdemócrata, sobre Colombia y América Latina. Al respecto, vale recordar que en México, cuando Felipe Calderón, el presidente que generalizó el terrorismo de Estado, le entregó un premio al mencionado escritor portugués, éste afirmó en forma textual que el conocimiento que construimos se alimenta “con la lucha de tantos jóvenes, hombres y mujeres contra la violencia del narcotráfico que asfixia el país, sobre todo en el norte. Sus opiniones y estrategias de lucha pueden divergir de las oficiales, pero convergen en el mismo objetivo que el señor Presidente formuló en su mensaje de Año Nuevo: Vamos a derrotar a los criminales para construir finalmente un México de paz, seguro, donde nadie esté al margen de la ley y donde nadie viva con temor”.

En pocas palabras, Boaventura de Souza Santos hizo suyo el mensaje ―y, lo que es peor, el proyecto represivo― de Felipe Calderón que, y eso ya lo sabemos, ha dejado miles de muertos y desaparecidos en el hermano país azteca, y por eso se habla de la “colombianización de México”. Y De Sousa Santos remata aplaudiendo el proyecto represivo de Felipe Calderón con estos términos que hablan por sí solos: Nosotros, los científicos sociales comprometidos con nuestras sociedades y sus luchas, no podríamos estar más de acuerdo si por paz se entiende una paz justa, por seguridad, una seguridad no represiva y construida a partir del bienestar de las comunidades, y por ley, una ley que sea igual para todos bajo los principios fundamentales de la Constitución respetada por todos y muy particularmente por los tribunales independientes que son sus guardianes máximos.

Es dudoso que ese proyecto de paz, la de los pueblos y clases subalternas, sea el mismo de Felipe Calderón y de Juan Manuel Santos, que tanto alabó y aplaudió Boevantura de Souza Santos, como nosotros lo dijimos en el momento oportuno. También polemizamos con las posturas sionistas y apologéticas con el terrorismo del estado de Israel, expresadas por boca de unos voceros de oficio, el economista Salomon Kalmanovitz, quien alguna vez fuera marxista y de izquierda, de lo cual no le queda nada.

Por último, discutimos con uno de los mandarines de la violencia o de la paz, según le convenga, con Eduardo Pizarro León Gómez, quien ofició como uno de los dos relatores de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas (CHCAV), comisión de la que formé parte. Para mí resulta inaceptable que, a nombre de un discursito insustancial sobre tolerancia, pluralismo y democracia, un señor que, entre otras cosas fue uno de los ideólogos del uribismo –o es que se nos ha olvidado el papel que cumplió con el cuento de la “democracia asediada”, para justificar su apoyo incondicional a la (in)Seguridad (anti)Democrática, con todo su cortejo de sangre y horror, o también se nos han olvidado su apoyo a la ley de impunidad con los asesinos paramilitares–, ni siquiera cumpla con su papel de relator y haya efectuado una labor de manipulación a su libre acomodo de los textos entregados por la CHCAV, y particularmente del informe que yo elaboré.

Eso lo manifesté a tiempo, como se evidencia en los comentarios a las relatorías, que ahora publico en papel, para que quede la evidencia de lo que estoy diciendo. La segunda sección de combates versa sobre mi enfrentamiento con algunos de los voceros de falsimedia, esos sicarios de micrófono y procesador de palabras. En el 2015, después de que se dieran a conocer los informes de la CHCAV, el mío –que versa sobre la injerencia de los Estados Unidos en la sociedad colombiana– fue sometido a una campaña de calumnia, difamación y tergiversación, sin que mi escrito ni siquiera hubiera sido leído ni discutido. El ataque que soporté durante varias semanas, y en el que terciaron medios de falsimedia a nivel local e internacional (Caracol, CNN, RCN, NT 24 horas, Semana, El Tiempo…) se derivó de mi afirmación sobre la responsabilidad de soldados, mercenarios y contratistas de los Estados Unidos en la violación de jóvenes y niñas colombianas, en la producción de videos pornográficos y en la completa impunidad de esos criminales. Quién dijo miedo, a partir de allí se orquestó una campaña de acoso y calumnias, que condujeron a varios de esos medios de falsimedia (concretamente tres: Semana, La Silla Vacía y El Tiempo) a decir que yo me había inventado lo que se decía en el informe y que no tenía cómo sustentarlo. A raíz de eso, decidí enfrentar a los poderosos medios de desinformación, como producto de lo cual generé varios textos, que aparecen reproducidos en este volumen.

Por último, en la tercera sección de combates hago referencia a las luchas que he debido librar en la Universidad Pedagógica Nacional, a la que estoy vinculado hace treinta años y a la que le he brindado todas mis energías sin reparo alguno. Por eso, resulta particularmente doloroso para mí, esa otra cara de la UPN ―que, desde luego, no representa a la totalidad de la comunidad universitaria, puesto que, sobre todo, los estudiantes han sido el soporte vital que ha impedido que, ante tanta infamia, nos derrumbáramos En esta sección doy a conocer hechos que a primera vista pueden parecer como domésticos e internos de la UPN, pero a la hora de preparar esta edición me decidí finalmente a publicarlos por varias razones: hacen referencia al espacio laboral donde me desempeño y tienen que ver con mi propia biografía, y por lo tanto son importantes para mí y para lo que he hecho en términos intelectuales, académicos y políticos; lo que acontece en ese micro-espacio no es excepcional de ese lugar, sino que es una expresión a pequeña escala de lo que sucede en la universidad pública colombiana; en un lugar concreto se muestra lo que es la simulación a su máximo nivel y con el descaro y cinismo propio de los que mancillan la cosa pública y hacen del patrimonio común un botín para enriquecerse y figurar como grandes vedettes de la academia y el periodismo.

En la UPN tenemos un ejemplo palpable, que yo fui el único que me atreví a denunciar y a combatir, sin tener, hay que decirlo, ni solidaridad ni apoyo de un solo colega profesor. Me refiero al caso emblemático de Hernando Roa Suárez, quien es columnista permanente de El Espectador, y se exhibe como un gran académico y hasta científico. Pues este señor es un gran fraude, como lo evidenció en los dos textos que acá hago públicos, y su comportamiento alcanza tal carácter delictivo que en un país distinto, que no sea el de la simulación y la mentira, debería o estar tras las rejas o haber sido despojado de sus títulos y no debería seguir mintiendo y engañando cada ocho días en periódicos de circulación nacional, como El Espectador, lo que entre otras cosas demuestra el rigor y seriedad de la prensa colombiana.

REBELIONES

Este libro también se ocupa de algunas rebeliones, una de ellas relacionadas en forma directa con mi experiencia vital, la de los estudiantes en el 2011. Publico tres escritos, en su orden, el primero sobre la protesta urbana en Bogotá, en una perspectiva histórica, alrededor del 14 de septiembre de 1977, cuando se produjo el Primer Paro Cívico Nacional. El segundo versa sobre la protesta agraria y campesina del 2013, al que denomino la Rebelión de los Enruanados. Estos son dos textos breves y concisos. Pero el tercero es casi en sí mismo un libro, que para mí tiene un profundo significado anímico, pues fue producto de la extraordinaria movilización estudiantil del segundo semestre del 2011, en la que yo mismo fue un participante activo. Recuerdo que durante el paro yo estaba en la sede de la UPN mañana, tarde y noche y permanecía hasta doce horas o más en el edificio de la calle 72. También recuerdo que participé en numerosas marchas y movilizaciones y dicté, tanto en la UPN, como en otras universidades unas veinte charlas y conferencias. Por supuesto, aprendí mucho en esa coyuntura de los estudiantes, y como resultado de todo ello escribí, cuando ya estaba finalizando la protesta, el documento que se titula Bienvenidos a la Universidad de la Ignorancia. Este escrito es tanto un testimonio de alguien que no fue ajeno ni externo a esa lucha como un homenaje al movimiento.

LIBROS

Este volumen se cierra de una forma aparentemente inesperada, con los libros, ya que reúno 26 reseñas, comentarios, prólogos o presentaciones a libros, una parte mínima pero representativa de una actividad que desempeño de manera cotidiana, como es la de leer y escribir reseñas, primordialmente para el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República. En esa labor llevo 30 años y he comentado decenas de títulos referidos a Colombia. En la producción bibliográfica también predomina la simulación, la mentira y el engaño, máxime ahora que en las universidades se ha impuesto la falaz política de asignar puntos salariales a los textos escritos, lo que ha generado un vulgar mercado del punteo, en el que predomina lo superficial, vulgar y banal. Pero en los libros se expresa también la rebelión y la lucha contra la simulación, puesto que se siguen escribiendo y publicando libros sobre Colombia, en los que desde diversos ángulos, intereses y perspectivas se enfrenta al reino de las imposturas dominantes.

Por dicha circunstancia, acá se encuentran reseñas y comentarios de libros que quieren mostrar esas otras ventanas, para respirar y vivir, que nos abren muchos autores, con los que compartimos sus reflexiones y análisis sobre la traumática sociedad colombiana. He privilegiado la presentación de libros con los que simpatizo y estoy en gran medida de acuerdo, para dar a entender que no todo está perdido y que siguen existiendo investigaciones que, en medio de la penumbra y la desolación, nos muestran otra cara de este país. En esa perspectiva, la casi totalidad de reseñas y comentarios que publico en esta ocasión son elogiosos, aunque también doy a conocer dos o tres comentarios fuertes, con el tono que me ha distinguido en el tiempo que llevo leyendo y escribiendo sobre otros autores. Aunque ya casi nadie lea, precisamente por lo mismo adquiere relieve el acto de leer, pese a que quede la impresión que somos los últimos lectores. En este sentido: Podríamos hablar de una lectura en situación de peligro. Son siempre situaciones de lectura extrema, fuera de lugar, en circunstancias de extravío, de muerte, o donde acosa la amenaza de una destrucción. La lectura se opone a un mundo hostil, como los restos o los recuerdos de otra vida. Estas escenas de lectura serían el vestigio de una práctica social. Se trata de la huella, un poco borrosa, de un uso del sentido que remite a las relaciones entre los libros y la vida, entre las armas y las letras, entre la lectura y la realidad1.

Los libros, los buenos –los que ayudan a pensar, a dudar, a preguntarse, a reflexionar– son una de nuestras permanentes compañías, de nuestros últimos refugios para enfrentar la simulación y la mentira en este país. Y por esa razón, hemos querido cerrar esta obra con una pequeña muestra de algunos de los libros que nos han conmovido en las últimas décadas y nos han ayudado a mantenernos en medio de tanta indignidad.

Bogotá, marzo 20 de 2018

NOTAS

1 Ricardo Piglia, El último lector, Editorial Anagrama, Barcelona, 2015, p. 106.

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/241138.pdf

 

 

Evaluemos cómo es imposible unirse con las dirigencias, militancias e intelectualidades implicadas en los gobiernos progresistas si no hacen balances críticos de los mismos tomando decisiones de no persistir en sus caminos pro capitalistas e imperialistas. Todavía hoy continúan sosteniéndolos e insistiendo que el enemigo principal sólo es el imperialismo de EE.UU.. De manera que convocan a la unión argentina desde la del Partido Justicialista y dirigida por Cristina Fernández que reconocen como estadista. Es decir, nos exigen proseguir afianzando la impunidad del PJ desde los setenta y de los gobiernos K de haber hecho  tanto a la máxima concentración-transnacionalización económica territorial como a la fragmentación social y ahuecamiento político e ideológico posibilitando el gobierno de Mauricio Macri.

 

También se refieren a la situación actual de Nicaragua como golpe blando.

 

 

Nicaragua: La rebelión del pueblo

7 de mayo de 2018

 

El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta un renovado malestar social, con epicentro entre los estudiantes universitarios. Aunque a menudo se lo compare con otros gobiernos bolivarianos, el nicaragüense está lejos de ser un gobierno de izquierda. En estos años en el poder, Ortega no dudó en aliarse con la derecha, antiguos contrarrevolucionarios y el gran empresariado desde una visión paternalista y autoritaria, en el marco de un manejo familiar del Estado que hoy encuentra nuevos obstáculos. 

 

Por Mónica Baltodano

 

Desde el día 18 de abril, Nicaragua ha estado convulsionada por la represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra jóvenes universitarios y la población civil. Al escribir estas líneas llevamos contabilizados más de 46 muertos y cientos de heridos. A ellos se suman centenares de detenidos y unos 15 desaparecidos. La represión se desató con el objetivo de contener las manifestaciones de protestas contra un decreto ejecutivo que incrementaba las aportaciones obrero-patronales al instituto de Seguridad Social (INSS) mientras reducía en 5% los ingresos de los jubilados. No obstante, la reforma fue apenas el cerillo que encendió la pradera que se venía resecando desde hace varios años, lo que explica el alto nivel de movilización alcanzado.

 

Las razones del cansancio

Es importante recordar que Daniel Ortega fue reelegido según las leyes vigentes en 2011, luego reformó la Constitución y en 2017 inició un tercer mandato acompañado por su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Por su forma y su contenido, el gobierno ha ido acumulando molestias y rechazos. Entre las características del orteguismo cabe señalar:

 

El orteguismo se ha revelado como una verdadera dictadura institucional que se mantiene con fraudes descarados: desde 2008 controla con mano de hierro todos los poderes del Estado –Ejecutivo, Judicial, Electoral, Contraloría y Parlamento–. Todo intento de construir fuerzas de oposición, en particular las que recuperan la tradición sandinista, ha sido aplastado.

 

No hay libertad de movilización y de expresión. La represión se practica con grupos de choque, o directamente por la policía. Casi todos los medios de comunicación fueron comprados por la familia gobernante.

 

La corrupción campea sin castigo. El caso más emblemático es el del Presidente del Consejo Supremo Electoral (conocido como Concejo del Fraude), Roberto Rivas, un magnate con jets privados, mansiones y casas en la playa, además de propiedades en España y Costa Rica, a quien Estados Unidos le aplico la Ley Global Magnitsky. Frente a esto Ortega en vez de apartarlo del cargo, lo mantiene con privilegios e inmunidad, en una decisión rechazada por muchos orteguistas.

 

Acoso a las organizaciones. Mujeres, ambientalistas, activistas de derechos humanos forman parte de los presos políticos a los que se les abren causas falsas con acusaciones de delitos comunes, como ocurre con Marvin Vargas, coordinador de los ­Cachorros de Sandino quien ya lleva 8 años preso.

 

Supresión de facto de las autonomías. Universidades, municipios, regiones autónomas sufren el mismo proceso. Los estudiantes se cansaron de que no se les de libertad de organización pues los rRectores y muchos profesores actúan como comisarios políticos del gobierno.

 

Secretismo y ensimismamiento del Estado. Ortega y Murillo solamente hablan con sus aliados (el gran capital). Ni siquiera lo hacen con su propia fuerza, que se ve sometida por la humillante condición de la dependencia económica y el miedo. Ni los sandinistas tienen derecho a la palabra. Sólo la familia presidencial puede hablar y dar declaraciones.

 

Entrega del país a intereses extranjeros. El caso más brutal es el de la Ley 840 (Ley para la concesión canalera) para construir el canal interoceánico con capitales chinos, hoy en duda, pero también han ampliado las concesiones mineras, forestales y pesqueras sin ninguna consulta con los afectados.

 

Concentración de la riqueza y políticas sociales clientelares y asistencialistas. Por encima de los índices de crecimiento macroeconómico, lo que han crecido son las fortunas de los banqueros, con las tasas de utilidad más altas de la región. Nicaragua sigue siendo el país más pobre de la región después de Haití pese a toda la asistencia venezolana recibida estos años.

 

Malestar acumulado

El malestar de la población se manifestó en incrementos de la abstención electoral. Pero los orígenes de la rebelión pueden encontrarse en la resistencia al canal desde hace cuatro años. Para enfrentar la amenaza de despojo se articuló el movimiento campesino más fuerte de los últimos 20 años. Las casi cien marchas fueron reprimidas con un desproporcionado despliegue de fuerzas antimotines para impedir que las marchas consiguieran un alcance nacional. La masacre de La Cruz de Río Grande incrementó la indignación y participación cada 10 de diciembre día de los derechos humanos. Igual que ocurre el día internacional de la mujer para rechazar el incremento de los femicidios y la impunidad de los asesinos. Así, la «digna rabia» venía incrementándose.

 

En los primeros días de abril de 2018, un voraz incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, movilizó por primera vez a estudiantes de la Universidad Centroamericana, motivados por la displicencia gubernamental. Ya se había denunciado la complicidad del gobierno con los colonos, que invaden las reservas o las tierras indígenas como las del Rio Coco, aterrorizando a las poblaciones para tomar posesión de sus tierras. Hay crímenes denunciados y documentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno montó contramarchas (con grupos de choque) y militarizó la zona del incendio, e impidió que periodistas independientes y ONG del Grupo Cocibolca (Fundación del Río y Popol Na), fueran a la zona.

 

Días después, en un error de cálculo, el gobierno impuso la reforma del sistema de seguridad social, pero ya era público que los fondos del INSS han estado usándose en inversiones riesgosas, y que la institución ha inflado la nómina y los privilegios de algunos funcionarios, lo que ya había generado críticas y malestar.

 

Primero fueron los estudiantes, quienes con la presencia de algunos jubilados, se movilizaron pacíficamente y enfrentaron una brutal represión, claramente dirigida contra periodistas y algunos liderazgos ya más visibles, como los del movimiento feminista. Grupos de choque armados de tubos, cadenas y chuzos eléctricos, los golpearon mientras les quitaban cámaras y teléfonos celulares. Todo fue filmado y divulgado a través de las redes sociales, pues conjuntamente el gobierno cerró tres canales de TV privados (100% noticias, canal 23, y canal 12) y emisoras locales fueron sacadas del aire. Estos cierres provocaron reacción en nuevos sectores, incluyendo los de la cúpula empresarial organizada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) que esta vez no habían logrado consenso con el gobierno por la reforma al INSS como ocurría habitualmente en otras temáticas.

 

Esa represión rápidamente hizo escalar la protesta en las principales ciudades, pero también en pequeños pueblos, incorporando a sectores populares: jubilados, desempleados, trabajadores por cuenta propia, obreros, y principalmente jóvenes humildes de las ciudades. Las marchas en los pueblos más alejados donde no alcanzó a llegar la policía fueron tranquilas. En el pequeño pueblito de Niquinohomo, cuna de Augusto César Sandino, unos mil manifestantes le quitaron la pañoleta rojinegra del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al monumento del héroe y le pusieron una pañoleta azul y blanca. Pero en Managua y las principales ciudades la policía lanzó bombas lacrimógenas, balas de goma y de plomo, y utilizó abiertamente escopetas en flagrante acción conjunta con civiles organizados en grupos de choque.

 

Por primera vez desde 2007, se sumaron estudiantes de las universidades controladas férreamente por el gobierno a través de sus organizaciones como la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). El movimiento en las universidades Agraria y de Ingeniería después de un par de días fue desarticulado. La policía penetró en sus locales, baleó a los jóvenes mientras huían y capturó a decenas de ellos, repitiendo este procedimiento en los barrios que se solidarizaban con las protestas. Todos los capturados estuvieron desaparecidos y más 15 de ellos han sido entregados muertos. Otros detenidos fueron dejados 4 días después, torturados, semidesnudos, descalzos y rapados, en las carreteras, violando las normas primarias de respeto a sus derechos humanos. En la Universidad Politécnica (UPOLI), enclavada entre barrios populares, la policía no pudo desalojar a los estudiantes: la población levantó barricadas para proteger a centenares de jóvenes que se refugiaron en las aulas y que han mantenido este lugar como un bastión de lucha hasta hoy.

 

En los lugares más reprimidos el pueblo pasó rápidamente a la construcción de barricadas, mientras expresaba su rabia derribando los mal llamados «árboles de la vida» (inmensas estructuras metálicas que replican formas del cuadro de Gustav Klimt), que ha hecho proliferar Rosario Murillo como símbolo de poder y expresión de abigarradas concepciones esotéricas. Mientras tanto, está comprobado por abundantes testimonios, que el gobierno provocó incendios de oficinas gubernamentales y el saqueo de tiendas y supermercados (hay abundantes testimonios).

 

¿Conspiración imperialista?

 

Es de mucha importancia que las fuerzas de izquierda, de centroizquierda, y gente progresista de todas partes entiendan que ni Ortega es Hugo Chávez ni Nicaragua es Venezuela, y no debe hacerse una traslación mecánica del movimiento venezolano contra Maduro a lo que acontece hoy en Nicaragua. Ya el régimen de Ortega ha comenzado a decir que es un «golpe blando», que detrás está la embajada de Estados Unidos, la CIA y la derecha mundial.

Pero en Nicaragua, la derecha económica y política gobierna junto a Ortega. Es el Modelo de «alianzas público-privadas» que aplaude la derecha mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y las grandes corporaciones e inversionistas. Actualmente, el 96% del PIB de Nicaragua proviene del sector privado. Es decir este gobierno terminó de aniquilar lo que quedaba de propiedad social, en forma estatal y de cooperativas, y ha dejado al país sin riqueza pública.

Que no se engañe la izquierda mundial con que este gobierno es de izquierda. Ya de eso no queda nada. Por ejemplo, las otrora entrañables relaciones de dos revoluciones (Cuba y Nicaragua) son hoy para el gobierno de Ortega y Murillo relaciones formales entre estados amigos, limitadas a la celebración de efemérides, saludos de cumpleaños y de bajo perfil protocolario.

 

Aquí la derecha y gobierno son la misma cosa. Ortega y los banqueros conforman la alianza que gobierna Nicaragua por más de una década. Aquí no hay medios «imperialistas» ni grandes cadenas como RCTV, O Globo, porque como dijimos, casi todos son de Ortega y sus socios. Aquí la mayor parte de fondos estadounideneses son especialmente los que recibe el gobierno, por su complicidad con la Agenda de Seguridad de Donald Trump, atropellando y reprimiendo a los inmigrantes. Aquí los dólares están del lado del gobierno y de sus aliados. Quienes protestan se están moviendo con sus propios recursos, como ocurrió con el movimiento campesino, que durante cuatro años ha sufragado sus marchas.

 

Aquí tampoco hay grandes partidos de derecha liderando las movilizaciones. Porque el orteguismo primero pactó con los partidos de derecha tradicionales, que luego se vieron reducidos porque asumieron la representación abierta de los intereses de los sectores adinerados. ¿Para qué partidos de derecha si la derecha está en el poder, si banqueros y empresarios son los que legislan y cogobiernan en el país? Aquí, los empresarios han sido y son los principales socios del gobierno de Ortega. A ellos, los millonarios, no les preocupa que el gobierno se autoproclame de izquierda, socialista o sandinista, siempre y cuando les garantice estabilidad para sus intereses.

 

¿La lucha sigue?

Después de una semana de marchas manifestaciones ya no se trata de la reforma del INSS. De hecho Ortega derogó el decreto para detener las movilizaciones. Pero con tantos muertos y heridos muchos nicaragüeneses no se conforma con haber parado la reforma. Quieren que se pare la represión, se destituyan a los principales cabezas de la policía, se restablezca el principio constitucional de libre movilización y el derecho a la protesta, se reabran los medios que fueron cerrados, los militares vuelvan a sus cuarteles, y se haga justicia con los muertos y con los mutilados. Por supuesto, hay quienes piensan que siendo el mandato de Ortega producto de un fraude, hay que desconocerlo y que el problema va a continuar mientras no se convoquen a elecciones limpias. De hecho en las manifestaciones ese ha sido el grito más ensordecedor: ¡que se vayan!

El domingo 22, un Ortega rodeado de los dueños de las empresas de Zona Franca compareció para anunciar la apertura de un diálogo. Y convocó como interlocutora a la Conferencia Episcopal y a los empresarios, tratando por todos los medios de desconocer a los verdaderos actores de este formidable movimiento ciudadano. Pero hasta hoy no lo han podido lograr. La Conferencia y el COSEP han adelantado que deben incorporarse en el dialogo a sectores que han estado luchando, en particular campesinos y estudiantes.

Como sabemos, el pueblo de Nicaragua había estado muy desmovilizado frente a las arbitrariedades del gobierno. Pero en estas jornadas de abril, el pueblo, en particular la juventud, pasó en un solo movimiento de una exigencia social a demandas a favor de la democracia y las libertades ciudadanas y políticas en virtud del malestar acumulado de malestar y la represión. La represión provocó tal indignación que se perdió el miedo y rápidamente se redescubrió el poder de los sectores populares movilizados.

Sin embargo, un movimiento de esta naturaleza tiene la debilidad de no contar a lo inmediato con liderazgos visibles. Lo que vimos fue el pueblo sublevado y miles de rostros y figuras. En estas protestas no hay dirigentes de partidos, ni caudillos. Sólo estudiantes y pueblo movilizados que elaboran sus propias exigencias.

Un ejemplo: el COSEP, en lo que aparece como un distanciamiento del gobierno, planteó como condición para seguir dialogando, que se permitiera organizar una marcha sin represión. La beligerancia de los jóvenes «autoconvocados» convirtió la marcha el 23 de abril, en una verdadera movilización popular. Modificaron la ruta para que la marcha se dirigiera a la UPOLI, centro que se convirtió en el emblema de la resistencia. Así, los manifestantes recorrieron una distancia de 7 kilómetros que formó un inmenso río que se ha calculado en 100.000 personas. Miles de personas caminando cada quien a su ritmo y por sus propios medios. Y simultáneamente se realizaron marchas multitudinarias en otras ciudades, municipios y comunidades.

 

¿Hay perspectiva de continuidad? Al parecer, las protestas van a seguir. En términos públicos se habla de diálogo. Apenas se hablan de las condiciones para realizarlo. Pero en términos del movimiento popular será urgente organizar, como decía Rubén Darío «los vigores dispersos». Pero casi con seguridad, esa organización no será partidista, menos electorera. Lo que ha pasado en la historia reciente de pactos y componendas ha vuelto escépticos a los nicaragüenses.

 

El desafío es construir un potente movimiento ciudadano, para demandar cambios en las actuales reglas de la política y en el rumbo del país. La tendencia del gobierno será, según lo ha venido haciendo, escalar la represión. Fuerte, pero selectiva y encubierta. En el descenso, vamos a experimentar la represión dirigida. Por eso va a ser decisiva la solidaridad con quienes sufran represión, aunque son muchos quienes lo que quieren es organización para sacar del poder a la pareja presidencial a quienes consideran responsable de lo ocurrido.

 

La política nicaragüense históricamente ha sido mediada por la injerencia, en especial de los norteamericanos. Los políticos históricamente se disputaban el respaldo y la bendición de los gringos. Hoy el desafío es ser capaces de diseñar nuestro propio país sin intervenciones externas.

 

Pero no todos piensan así. Por eso las distintas expresiones de la izquierda deben dar la pelea junto a la gente, y apostar a que los resultados no sean más de lo mismo: más capitalismo, más entreguismo y extractivismo que acaba con los recursos y depreda la naturaleza.

 

Que Nicaragua no sea el reinado de los capitales extranjeros… que sea para los nicaragüenses. Que seamos capaces de construir una masa crítica que no se conforme sólo con que se cambien las caras en el gobierno sino que se abra la posibilidad de un modelo distinto de sociedad.

 

Los desafíos de la izquierda

En Nicaragua el término «izquierda» está desprestigiado por un Ortega que se autocalifica de izquierda, antiimperialista y revolucionario. Lastimosamente ocurre lo mismo con el término sandinista. En estas jornadas hemos visto jóvenes que han quemado la bandera rojinegra. No porque no reconozcan a Sandino, o la lucha sandinista heroica de los años 60 y 70, sino por un rechazo al actual FSLN.

 

Para quienes desde nuestra adolescencia estamos luchando bajo los principios, valores y programa del sandinismo de Carlos Fonseca no deja de ser doloroso. Pero tenemos que entender que estos jóvenes identifican esa bandera con el gobierno que abominan. Sería absurdo pensar que por ello son de derecha. Ya hay muchos que entienden que para el orteguismo, el sandinismo terminó siendo solo una bandera electoral vaciada de contenido real de cambios. Hoy la bandera sandinista es patrimonio de la Nación entera, ya que Sandino es uno de los símbolos más importantes de la identidad nicaragüense. Mientras tanto, miles de sandinistas, de distintas generaciones, algunos ya «viejucos« acompañamos desde distintas trincheras estas luchas que vuelven a aportar esperanza. Se ha cumplido el sueño del padre Fernando Cardenal que decía «Yo sueño aquel día en que los jóvenes vuelvan a las calles a hacer Historia».

 

Mónica Baltodano ex comandanta guerrillera del FSLN, participó de manera destacada durante la etapa insurreccional en la ofensiva final de 1978-1979 contra la dictadura somocista. Fundadora del disidente Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MRS), fue diputada en el periodo 2007-2011 en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Es, junto a otros dirigentes históricos del sandinismo, una opositora radical al régimen de Ortega-Murillo.

http://nuso.org/, abril 2018
Fuente: 
http://www.anred.org/?p=95120

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

El progresismo simulador de tener poder político con lo cual oculta al poder real e izquierdas afines nos convocan a la unión argentina desde la del Partido Justicialista y dirigida por Cristina Fernández que reconocen como estadista. Es decir, nos exigen proseguir afianzando la impunidad del PJ desde los setenta y de los gobiernos K de haber hecho  tanto a la máxima concentración-transnacionalización económica territorial como a la fragmentación social y ahuecamiento político e ideológico posibilitando el gobierno de Mauricio Macri.

 

Evaluemos cómo es imposible unirse con las dirigencias, militancias e intelectualidades implicadas en los gobiernos progresistas si no hacen balances críticos de los mismos tomando decisiones de no persistir en sus caminos pro capitalistas e imperialistas. Todavía hoy continúan sosteniéndolos e insistiendo que el enemigo principal sólo es el imperialismo de EE.UU.. Se ubican, desde su adhesión al matrimonio K, en contra de los pueblos fumigados y de las otras zonas de sacrificio para la acumulación gran capitalista mundializada. Se yerguen contra los pueblos indígenas y las asambleas organizadas en forma de UAC (unión de asambleas de comunidades sin fronteras) para arraigar la vida contra los extractivismos. Ya desde su identidad (ambiguamente definida porque ¿es progreso? destruir pueblos y ecosistemas)  se pronuncian a favor de:

 

El Estado mágico sigue ahí

Las continuidades y rupturas en

la historia del petroestado venezolano.

Marzo - Abril 2018

El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, de Fernando Coronil (editado por Nueva Sociedad en 2002), es uno de los libros fundamentales para comprender Venezuela. Fue reeditado en 2013 por la editorial Alfa, de Caracas, y el prólogo de Edgardo Lander, que reproducimos casi en su totalidad, nos permite avanzar en un análisis de problemas actuales de Venezuela bajo la luz de un modelo rentista que se inició en la década de 1930 y perduró bajo la Revolución Bolivariana, que hoy se enfrenta a su momento más crítico.

 Por Edgardo Lander

Nota: todas las referencias al libro corresponden a Fernando Coronil Ímber: El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Alfa, Caracas, 2013.

La modernidad y el olvido de la naturaleza y del espacio en la teoría social

El punto de partida del extraordinario estudio de Fernando Coronil sobre la trayectoria histórica del petroestado venezolano, con sus rupturas y continuidades, es una crítica a la concepción eurocéntrica hegemónica de la modernidad y a su metarrelato, y el análisis de las implicaciones teóricas y políticas que han tenido la exclusión de la naturaleza y la prioridad del tiempo sobre el espacio en los paradigmas dominantes tanto liberales como marxistas.

Argumenta el autor que ni en las concepciones de la economía neoclásica ni en las marxistas la naturaleza es incorporada centralmente como parte del proceso de creación de riqueza, hecho que tiene vastas consecuencias. En la teoría neoclásica, la separación de la naturaleza del proceso de creación de riqueza se expresa en la concepción subjetiva del valor, centrada en el mercado. Desde esta perspectiva, el valor de cualquier recurso natural se determina de la misma manera que el de toda otra mercancía, esto es, por su utilidad para los consumidores tal como ésta es medida en el mercado. Desde un punto de vista macroeconómico, la remuneración de los dueños de la tierra y de los recursos naturales es concebida como una transferencia de ingreso, no como un pago por un capital natural. Es ésta la concepción que sirve de sustento al sistema de cuentas nacionales utilizado en todo el mundo.

Coronil afirma que Karl Marx, a pesar de considerar que la trinidad trabajo/capital/tierra «contiene en sí misma todos los misterios del proceso social de producción», termina por formalizar una concepción de la creación de riqueza que ocurre en el interior de la sociedad, como una relación capital/trabajo, y deja fuera a la naturaleza. Como el valor se crea en la relación capital/trabajo y la naturaleza no crea valor, la renta es entendida como correspondiente a la esfera de la distribución, no a la esfera de la creación de riqueza.

De acuerdo con Coronil, en la medida en que se deja fuera a la naturaleza en la caracterización teórica de la producción y del desarrollo del capitalismo y la sociedad moderna, se está igualmente dejando el espacio al margen de la mirada de la teoría. Al hacer abstracción de la naturaleza, de los recursos, del espacio y de los territorios, el desarrollo histórico de la sociedad moderna y del capitalismo aparece como un proceso interno, autogenerado por la sociedad europea, que posteriormente se expande hacia regiones «atrasadas». En esta construcción eurocéntrica, desaparece del campo de visión el colonialismo como dimensión constitutiva de estas experiencias históricas. Están ausentes las relaciones de subordinación de territorios, recursos y poblaciones del espacio no europeo. Desaparece así del campo de visibilidad la presencia del mundo periférico y su naturaleza en la constitución del capitalismo, con lo cual se reafirma la idea de Europa como único sujeto histórico.

Una vez que se incorpora la naturaleza al análisis social, la organización del trabajo no puede ser abstraída de sus bases materiales. En consecuencia, la división internacional del trabajo tiene que ser entendida no sólo como una división social del trabajo, sino igualmente como una división global de la naturaleza. Para romper con este conjunto de escisiones, en particular las que se han construido entre los factores materiales y factores culturales, Coronil propone una perspectiva holística de la producción que incluya dichos órdenes en un mismo campo analítico. Concibe el proceso productivo simultáneamente como de creación de mercancías y de sujetos sociales. Una perspectiva holística en torno de la producción abarca tanto la producción de mercancías como la formación de los agentes sociales implicados en este proceso, y por lo tanto unifica dentro de un mismo campo analítico los órdenes materiales y culturales dentro del cual los seres humanos se forman a sí mismos mientras hacen su mundo. (...) Esta visión unificadora busca comprender la constitución histórica de los sujetos en un mundo de relaciones sociales y significaciones hechas por humanos.

Una apreciación del papel de la naturaleza en la creación de riqueza ofrece una visión diferente del capitalismo. La inclusión de la naturaleza (y de los agentes asociados a ésta) debería reemplazar a la relación capital/trabajo de la centralidad osificada que ha ocupado en la teoría marxista. Junto con la tierra, la relación capital/trabajo puede ser vista dentro de un proceso más amplio de mercantilización, cuyas formas específicas y efectos deben ser demostrados concretamente en cada instancia. A la luz de esta visión más comprensiva del capitalismo, sería difícil reducir su desarrollo a una dialéctica capital/trabajo que se origina en los centros avanzados y se expande a la periferia atrasada. Por el contrario, la división internacional del trabajo podría ser reconocida de manera más adecuada como simultáneamente una división internacional de naciones y de naturaleza (y de otras unidades geopolíticas, tales como el Primer Mundo y el Tercer Mundo, que reflejan las cambiantes condiciones internacionales). Al incluir a los agentes que en todo el mundo están implicados en la creación del capitalismo, esta perspectiva hace posible vislumbrar una concepción global, no eurocéntrica, de su desarrollo.

De esta manera, Coronil se ubica teórica y políticamente dentro del espectro de las perspectivas críticas a los paradigmas eurocéntricos de la modernidad y del capitalismo, perspectivas diversas formuladas desde las experiencias de las modernidades subalternas, esto es, desde historias y experiencias distintas de aquellas de la historia universal. Estas historias son las de la mayoría de la población del planeta, para quien la modernidad significó colonialismo, esclavitud, exterminio, sometimiento imperial y explotación1.

Sostengo que esta amnesia en relación con la naturaleza ha implicado también el olvido del papel de la «periferia» en la formación del mundo moderno, un activo «silenciamiento del pasado»2 que reinscribe la violencia de una historia hecha a expensas del trabajo y los recursos naturales de pueblos relegados a los márgenes.

 

El Estado en los países periféricos exportadores de naturaleza (...)

 

Volver a revista Nueva Sociedad 274

Fuente: http://nuso.org/articulo/el-estado-magico-sigue-ahi/

 

Estimemos que la resistencia a los extractivismos amplía su interpelación que de ser escuchada suscita singularidades colectivas por romper con roles y habitus apropiados al capitalismo.

 

 

Argentina: NO a la complicidad con la Megaminería. Solicitud a los científicos nacionales de nuestras universidades públicas y centros de investigación.

3 de mayo de 2018

Las recientes declaraciones del subsecretario de Minería de la Nación, Mario Capello, afirmando textualmente: "El cianuro es una sal; lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos", buscando restar importancia a un nuevo derrame de la empresa Barrick Gold, conforman una defensa explícita y cómplice de esa megaminera, defensa inadmisible ante nuevos derrames de agua con sales de cianuro sobre el río Jáchal en la Provincia de San Juan, que se repiten con pavorosa frecuencia, y son sistemáticamente primero negados, y luego minimizados.

En el Día del Trabajador

La Universidad Pública no puede quedar ajena ante dichos de semejante gravedad. Las afirmaciones constituyen “información falsa y de riesgo”, divulgada a la población por un funcionario de Estado de altísimo rango ministerial.

Provocar confusión en sectores de la sociedad menos advertida acerca de la evidencia científica irrebatible como la toxicidad y los daños letales y sub letales que generan en los organismos vivos los compuestos del cianuro, constituye una tremenda irresponsabilidad de política socio sanitaria.

No sabemos si lo que pretende el funcionario en cuestión es que la empresa minera Barrick Gold, responsable de los mencionados derrames tóxicos, eluda las sanciones correspondientes previstas en el Código de Minería Nacional. Eso será resuelto por la instancia administrativa y/o judicial que corresponda. Pero, las Universidades Nacionales, han sido desautorizadas e invalidadas grotescamente. Los conocimientos impartidos en las áreas de toxicología de las distintas unidades académicas acerca de la toxicidad del cianuro y sus sales, deben ser esclarecidos a través de los órganos de prensa de las casas de altos estudios, poniendo en evidencia las banales y capciosas aseveraciones del subsecretario de Minería de la Nación.

En el año del centenario de la Reforma Universitaria de 1918, les saludamos con ese párrafo de tremenda vigencia del inspirador Manifiesto Liminar: “El chasquido del látigo solo puede rubricar el silencio de los inconcientes o de los cobardes.”

Adhesiones: Foro Ecologista de Paraná, danielaverze@hotmail.com

RENACE

Leer 

 

Advirtamos lo imprescindible e "importante de elegir: el camino, lo que comemos, cómo destinamos el tiempo, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Yo creo que este carácter de elección es fundamental para revertir esta situación tanto de manera local como regional, repensando cómo estamos viviendo y haciéndonos dueños de nuestro propio destino".

 

 

Transgénicos y soberanía alimentaria:

controversias desde las ciencias a nuestros cuerpos

9 de mayo de 2018

 Guillermo Folguera es licenciado en filosofía y doctor en biología por la Universidad de Buenos Aires, Investigador CONICET por el área de la Filosofía de la Biología y profesor de Historia de la Ciencia en FCEN (UBA). Nos cuenta cómo se marcan y legitiman las relaciones entre discurso científico y política, cómo se racionalizan los impactos de la agroindustria en la justicia ambiental, y también, sobre formas y prácticas alternativas para una sociedad más sostenible.

Guillermo Folguera es licenciado en filosofía y doctor en biología por la Universidad de Buenos Aires, Investigador CONICET por el área de la Filosofía de la Biología y profesor de Historia de la Ciencia en FCEN (UBA). Dirige el grupo de Filosofía de la Biología-Ffyl-FCEN (UBA), donde se investigan diferentes vínculos entre las ciencias de la vida y problemáticas sociales y ambientales. Conversamos con él sobre estos temas para profundizar en las ideas y supuestos que hay detrás del conocimiento de los transgénicos. Folguera nos cuenta cómo se marcan y legitiman las relaciones entre discurso científico y política, cómo se racionalizan los impactos de la agroindustria en la justicia ambiental, y también, sobre formas y prácticas alternativas para una sociedad más sostenible.

¿Cómo analizás el impacto socioambiental de los organismos genéticamente modificados (OGM)?

Hay por lo menos dos dimensiones que a mi entender tienen que ponerse en juego. Uno es el aspecto ambiental. En el caso argentino, a partir de la llegada y consolidación a mediados de la década de los 90 de los OGM (también llamados transgénicos), como parte de un paquete tecnológico que involucra tanto la semilla como el herbicida asociado (principalmente el glifosato), las consecuencias ambientales han sido impresionantes. Principalmente, el corrimiento de la barrera agrícola y la deforestación que acompañaron al modelo transgénico produjeron efectos tales como desertificación y las inundaciones, que se intensifican por las deforestaciones de Paraguay, Bolivia y Brasil en las cuencas de los ríos que llegan a la Argentina.

La otra dimensión es el impacto social. Uno de los principales fenómenos es una concentración notable en la propiedad y el uso de la tierra, que hoy está en manos de menos personas que hace 10 o 20 años, proceso que ha sido acompañada de un éxodo rural a ámbitos periurbanos y urbanos. También, algo de los que se habla menos y está poco estudiado pero que es muy importante, es el deterioro en la calidad de los alimentos. La sobreproducción de soja ha llevado a su incorporación a una gran cantidad de alimentos de consumo masivo. En términos productivos, la pérdida de una gran cantidad de cultivos que son reemplazados por la soja significa la pérdida de diversidad alimentaria, y por lo tanto de soberanía alimentaria.

Cuando se observa el rol de la ciencia en los conflictos ambientales se ve una situación paradójica. Por un lado, existe una demanda creciente a la ciencia para interceder en controversias sobre el ambiente y resolver sobre los hechos en disputa, por otro, los conocimientos científicos que se ponen en juego son cada vez más discutidos y se vuelven en sí mismos objeto de controversia, exacerbando el conflicto que venían a resolver. ¿Cuáles son las causas de esta situación, y cómo se puede salir de este círculo?

Una de las causas es que desde la segunda guerra la ciencia estuvo muy asociada al capital, a sus objetivos. A esta ciencia, con mucha frecuencia e incluso desde el mismo discurso científico y sus amplificadores, se le quita el plural -es decir, la enorme diversidad que tiene en su interior. En este sentido, creo que es bienvenida la controversia sobre estos conocimientos y discursos. En general los científicos estamos poco entrenados para discutir nuestros discursos con las comunidades en territorio, y creo que eso es algo que es necesario profundizar, no precisamente evitar. Para eso es importante entender la ciencia en su contexto, los científicos debemos ser capaces de ubicarnos como uno de los actores centrales pero no únicos en este tipo de problemáticas. La capacidad de un experto de producir tecnología no lo ubica como la voz fundamental frente a un conflicto.

¿Qué ciencia necesitamos como sociedad? ¿Cuál sería el rol adecuado del conocimiento científico en el debate social sobre políticas ambientales?

Necesitamos una ciencia que sea capaz de abordar verdaderamente este tipo de problemáticas sociales y ambientales, pero siempre bajo la consideración de qué supuestos se involucran, qué finalidades están en juego, qué diversidad presenta en su interior, cosas que raramente están explicitadas. Este pensamiento muchas veces se toma como una posición anticientífica, y yo creo que es todo lo contrario, justamente tiene que ver con poner en juego la naturaleza de la ciencia. Es a partir de estas caracterizaciones que se puede establecer un verdadero diálogo con las prácticas y discursos que se generan en territorio. A mi me sorprende el nivel de monismo que se construye a partir de esto, sobre todo por la serie de desconocimientos que implica, no sólo de las praxis y discursos alternativos, sino de los propios supuestos involucrados en el conocimiento científico.

Y en relación a la pregunta de la finalidad, del para qué, necesitamos una ciencia que no se centre tanto en asuntos redituables al capital y motorizados por el mercado, sino que aborde y ponga en juego necesidades verdaderas de la sociedad y no inventadas o transformadas por el mercado. Tomemos por ejemplo el caso del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), donde la gente en territorio veía que la mayoría de los científicos que estaban abordando el problema terminaba defendiendo más los intereses de la Barrick Gold que la de aquellos que vivían en el territorio. Creo que si se toman en cuenta estos elementos vamos a salir de esta encrucijada y evitar ese tipo de conflictos.

¿Cómo evaluás la ciencia hegemónica sobre los OGM?

Un elemento clave para pensarla, nuevamente, es la pérdida del plural con respecto a las ciencias. Esto frena conocimientos científicos que podrían actuar y no lo hacen. Las ciencias sociales, por ejemplo, han tenido prácticamente nula intervención frente al debate sobre transgénicos. Pero incluso las ciencias naturales la han tenido sólo en alguno de sus campos. Aquí el debate aparece monopolizado por ingenieros agrónomos y genetistas moleculares, y muy raramente participan ecólogos o biólogos evolutivos. Pero más allá de esto, cuándo uno analiza qué líneas de investigación y qué supuestos de conocimiento aparecen en los campos que sí se jerarquizan, se ve que prevalecen las miradas deterministas y simplificadoras. Una de las cosas que hemos investigado en el grupo de Filosofía de la Biología, es que cuando la genética molecular habla de transgénicos, hace una simplificación de la relación genotipo-fenotipo (el fenotipo es el rasgo visiblede un organismo que deriva del resultado de la interacción entre su genotipo y el entorno). Mientras la genética molecular al hablar de organismos en general establece una relación compleja entre el genotipo-fenotipo, en donde los mecanismos complejizantes son muchos, al hablar de los OGMs éstos desaparecen. Y entonces, los técnicos de los OGMs nos explican que no hay riesgos asociados, que basta una modificación en el genoma para que se modifique el fenotipo de la manera deseada sin otra consecuencia asociada. Pero esto no funciona así, ni siquiera siguiendo el propio discurso de la genética molecular cuando no habla de transgénicos. En este sentido, aparece frecuentemente lo que nosotros llamamos el carácter publicitario del discurso científico hegemónico, una combinación de fuertes promesas (como por ejemplo solucionar el problema del hambre), y a la vez una omisión de los factores de riesgo y los efectos negativos, de la misma manera que lo hace la publicidad con los productos de consumo.

¿Qué relación ves entre la industria de los OGM y las preocupaciones crecientes sobre soberanía alimentaria y justicia ambiental?

La relación es muy estrecha. Hay que remarcar que la historia de la pérdida de soberanía alimentaria e injusticia ambiental es anterior a la década de los noventa en Argentina, cuando desembarcan los transgénicos y sus herbicidas asociados, pero es en este período donde se consolidan muchas de las tendencias previas y además se armaron engranajes nuevos. A partir de los transgénicos se genera todo un escenario nuevo alrededor del discurso de la innovación, que trae aparejado un proceso de privatización del saber, muy vinculado al desarrollo de patentes, donde por ejemplo Monsanto puede reclamar el cobro del uso de semillas. Esto empeora el escenario anterior. Una de las consecuencias principales de esta tendencia tiene que ver con la pérdida de autonomía.

La industria de los transgénicos ha implicado un incremento de las relaciones de dependencia con las grandes empresas y los países hegemónicos, y no puede haber justicia y soberanía si no hay autonomía por parte de las comunidades. Esto pone en juego no sólo la relación con las multinacionales, sino con un estado nacional, que ha tomado en Argentina un carácter neoliberal. Aunque recientemente esta tendencia ha tenido discontinuidades, en el marco de la cuestión de la soberanía existe una continuidad fuerte entre los modelos del kirchnerismo y el macrismo, que es la de un estado de carácter empresarial que genera patentes en colaboración con el sector privado, y que ha buscado, a la par de los deseos de empresas como Bayer o Monsanto, el incremento de la dependencia y la minimización las autonomías de las comunidades en territorio. Esto se ha repetido en la región tanto los gobiernos denominados progresistas como las clásicamente neoliberales han reproducido las mismas políticas al respecto con consecuencias por ende también similares.

En esa línea, ¿Qué iniciativas interesantes podés destacar a nivel local/regional?

Muchísimas. Si bien la búsqueda de soberanía alimentaria en territorio es difícil, ya que en términos de escala es complicado tener autonomía cuando estás fumigado alrededor, hay muchísimos emprendimientos en diferentes lugares, Córdoba, Misiones, Buenos Aires, Santa Fe, etc. Recomiendo un documental muy interesante de Miguel Mirra, Agroecología. Tiempo de labranza (se puede ver en este link), donde se recuperan varias experiencias que muestran este carácter de autonomía fundamental que tiene la agroecología como búsqueda de una soberanía que está en juego. En general, estas experiencias tienen carácter local, y a nivel regional empiezan a menguar, pero aparece un entretejido que se está formando, y que probablemente se termine de formar más temprano que tarde.

A nivel urbano, existen resistencias parciales, como pequeñas huertas o ferias, que si bien no alcanzan todavía para dar un enfrentamiento fuerte al modelo de la agroindustria, evidentemente empiezan a ser formas importantes de visibilidad de esta serie de problemas y de desnaturalización de las prácticas hegemónicas.

¿Cómo pueden aportar las personas desde su práctica cotidiana para mejorar esta situación?

Creo que es importante comenzar por el reconocimiento de la vida en territorio, lo que implica por un lado el reconocimiento de una diversidad de estrategias de vida ubicadas espacio-temporalmente, y el de un territorio que hay que pensarlo no a corto plazo sino al largo. En este sentido el cortoplacismo que está instalado creo que es un foco necesario y fundamental de rebeldía. Frente a esta vida en territorio hay que poner en juego estrategias de vida, conjugarlas con autonomía. En el marco de un momento histórico, social, político y económico, donde no se nos facilita ninguna posibilidad de elección, es importante elegir: el camino, lo que comemos, cómo destinamos el tiempo, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Yo creo que este carácter de elección es fundamental para revertir esta situación tanto de manera local como regional, repensando cómo estamos viviendo y haciéndonos dueños de nuestro propio destino.

Amigos de la Tierra Argentina

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Necesitamos generalizar la conciencia de cómo el capitalismo avanza arrasando las condiciones de vida y trabajo del planeta Tierra. Y que el pregonado progreso no es tal por ecocida, etnocida y genocida.

 

 

Argentina: Abejas y mariposas, víctimas de sicarios sistémicos

4 de mayo de 2018

El sistema de concentración del capital, ése que domina el mundo, envenena a las abejas y termina con el refugio de las mariposas. Es el mismo sistema que hambrea niños, que les dispara por la espalda y que los separa del territorio de los privilegios por su escasa rentabilidad. La muerte de 72 millones de abejas en Traslasierra, el crepúsculo de la miel, el peligro de extinción de las mariposas monarca y la consecuente retirada de los espíritus de los muertos que viajan con ellas es la declinación de la vida. En el país hay un millón y medio de colmenas menos que en 2010.

Por Silvana Melo

(APe).- Y el glifosato está arrasando con el algodoncillo donde las monarcas se alimentan y ponen sus huevos.Fue el SENASA el que finalmente confirmó que la muerte, hace poco más de un mes, de 72 millones de abejas fue por envenenamiento con agroquímicos. Y es el mismísimo INTA el que admite que el 80 por ciento de los cultivos depende de la polinización. Bello proceso, trabajo de las abejas y las mariposas. Sin embargo el modelo de producción basado en la super-rentabilidad, el monocultivo y los agrotóxicos es una calavera y dos tibias en el camino de la vida. La muerte de las abejas derrumba la polinización, el consumo interno y las exportaciones por 168 millones de dólares. Además de ese país de leche y miel, la tierra prometida a los niños.“¿Y qué van a hacer con esto?

 

Porque el modelo productivo no va a cambiar”, les dijo Luis Miguel Etchevere a los apicultores de SADA (*), todavía en vigilia por las muertes masivas. Y le respondieron que “las abejas están desapareciendo. Porque están desapareciendo sus montes, sus bosques, sus flores” porque “el campo se volvió marrón y se sumergió en venenos, que hoy la hipocresía de muchos llama productos fitosanitarios”. Porque el INTA, el año pasado, prohibió el uso del sustantivo agrotóxicos en la Argentina. Como si las palabras envenenaran. “Con las abejas desaparecen además el resto de los polinizadores silvestres, y con ello buena parte de las frutas y verduras que comemos, así como las que alimentan a nuestros animales”.

 

Un mes después de la masacre de abejas mielíferas, Naturaleza de Derechos –sobre datos oficiales del Ministerio de Agroindustria- desnudó la desaparición del 44 % de las colmenas en ocho años: en 2010 eran 3.264.649. En 2018, 1.828.203. El mapa apicultor coincide con el mapa sojero.

Son víctimas silenciosas de un modelo de producción de alimentos que tiene como herramienta principal el veneno, aunque sea una sombría paradoja. Millones de litros de insecticidas, herbicidas y fungicidas allanan el camino de la riqueza de un ramillete de empresas sin bandera, sostenidas por la transgénesis de semillas y la devastación de todo aquello que sea innecesario. Vano. Excedente. Aunque en el patio del fondo del sistema sean el sostén final de la vida.

 

Reinas sin tierra

La cultura náhuatl que florecía en el valle de México las veía llegar y saludaba el regreso de los espíritus de sus muertos caídos en defensa de la tierra. Para ellos la monarca se llamaba quetzalpapalotl o mariposa sagrada.

Cada año emprenden su prodigioso proceso de migración que les consume cuatro etapas de su vida y cuatro generaciones. Las mariposas adultas viajan desde el sur de Canadá hasta los bosques del centro – sur de México para invernar. Como las abejas, las monarca son protagonistas del ecosistema: son profesionales polinizadoras y su vínculo estrecho y amoroso con el algodoncillo los hace imprescindibles la una del otro y viceversa: es la única planta que les da hospedaje a los huevos que después serán larvas y luego orugas que se encerrarán en las crisálidas para cambiarse y salir a la vida con el brillante atuendo de mariposas.

Ninguna investigación científica ha podido saber cómo las monarca, varias generaciones después, siguen encontrando la ruta de migración que han seguido sus ancestros para soportar el invierno. Sin gps ni googlemaps, encuentran siempre el camino de regreso, coincidente en el tiempo con el nacimiento del algodoncillo de primavera.

 Sin embargo, desde los 90 son menos. Cerca de un 60% menos. Los cambios de uso del suelo, la tala indiscriminada, el modelo agricultor rehén de los agroquímicos, el uso feroz de glifosato en determinadas zonas de Estados Unidos se han ido devorando el algodoncillo. Y las mariposas monarca (**).

Ellas llegan a México el día de los muertos. Por eso es una fiesta. Porque los espíritus se aparecen de a millones, coloridos y hermosos, para celebrar la vida. Para los aztecas son las almas que tienen su casa en el cielo. Y los guerreros sacrificados en las piras. Y las mujeres que murieron en el parto.

En medio de la sangre y la muerte de la conquista, la esperanza náhuatl se posaba en la mariposa de noviembre. Papalotl en mano, la contemplaban y le susurraban su deseo. Papalotl escuchaba, inmóvil. Después, salía en vuelo. Hasta la flor donde vivía la diosa Xochiquetzal, que tenía la última decisión sobre ese deseo. Los náhuatl se quedaban tranquilos cuando les murmuraban sus secretos: ellas tienen una lengua tan larga y enrollada que pueden guardar millones de secretos y deseos que jamás compartirán con nadie. Salvo con Xochiquetzal.

Ultimas

“Cuando se muera la última abeja, cuatro años después, desaparecerá la especie humana”, dijo Einstein, tan lejos del glifosato y el 2-4D.

Los apicultores de Traslasierra, con los cadáveres de sus mielíferas en las manos, le dicen a Etchevere que “el actual modelo agroindustrial es antiético, porque destruye los entramados sociales, productivos y económicos de nuestras comunidades, condenando a la miseria a sus ciudadanos y es ecocida, porque daña irremediablemente la tierra, el agua y el aire, envenena nuestros alimentos y mata nuestras abejas”.

El único camino posible es una agricultura sin pesticidas. Un regreso a la tierra y a su productividad sana. Un proceso que no afecta la rentabilidad de los productores sino la de las empresas y los laboratorios que producen los venenos. Los que hoy andan timoneando las palancas de cambio en el planeta. Y siempre con rumbo hacia sus intereses.

Habrá entonces que pegar un volantazo a la vida que declina. Traerla para estas orillas, donde los chicos viajan en mariposa en la búsqueda de otros mundos que puedan construirse con todos. Donde se derogue el hambre con espadas de zanahoria y pan flauta. Y se deporte al veneno con un golpe de colmena y algodoncillo. Con abejas y monarcas en pie.

2 de mayo, 2018

Notas

(*) Sociedad Argentina de Apicultores

(**) “La disminución en las poblaciones de mariposas monarca en las décadas recientes coincide con la aparición de los cultivos modificados genéticamente para tolerar herbicidas como el glifosato, o para resistir a insectos que podrían ser considerados plaga (…) El uso masivo de glifosato en el medio oeste de los Estados Unidos está arrasando la presencia de las plantas de algodoncillo y de otras plantas que son una fuente de néctar para la alimentación de las mariposas; el algodoncillo es particularmente sensible al glifosato y hasta ahora no se ha reportado la existencia de algodoncillo resistente a este herbicida (Emmanuel González-Ortega, Biodiversidad en América Latina y en el Caribe).

Edición: 3605

Pelota de Trapo

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Precisamos unir esfuerzos e ideas motoras de la multiplicación de espacios en común para la deliberación y toma de decisiones sobre cómo organizar otra sociedad-mundo mirando por armonizarnos entre nosotros  -los diversos de abajo- y con la Madre Tierra. En esa senda es crucial aprender de lo que resuelven los pueblos hermanos del continente-mundo.

 

 

La propiedad social agraria:

una herramienta para defender el territorio en México

9 de mayo de 2018

 Presentación de la abogada jalicense Claudia Gómez Godoy, del equipo jurídico de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), durante el Encuentro "¡Pueblos Vivos! ¡Libres del Extractivismo!" organizado en Acacoyagua, Chiapas, los 19 y 20 de abril 2018.

La génesis de la propiedad social: cómo se crearon los ejidos y las comunidades en México

En México hay una situación particular. Hubo un reparto agrario en donde más del 50% del territorio nacional es propiedad social. Se concentra en dos tipos de propiedad: la propiedad ejidal y la propiedad comunal.

Los ejidos y las comunidades surgen como una respuesta a una demanda popular que se dio con la Revolución. Respondían a una situación concreta que se vivía en muchas partes de América latina. Había muchas comunidades, sobre todo comunidades indígenas, que tenían una forma de organizarse para la protección agrícola o para la tenencia de la tierra, para el cuidado del territorio, que era una forma de propiedad común.

El título de comunidad reconocía que un grupo de personas ya tenía una propiedad común. Otra forma de repartir tierras era reconocer que un grupo de personas había sido despojado en la época de la Colonia de las tierras que ya tenía, por medio de una hacienda por ejemplo, y darles las tierras que antes eran suyas. Por último, se le podía dar tierras a un grupo de personas que no tenía tierras antes de la Colonia para que se organizara como un ejido o una comunidad.

Estos dos tipos de propiedad reconocen fundamentalmente una forma de organización económica aunque también surgen como una forma de organización política y una forma de organización social. Cada ejido y cada comunidad hoy tiene que recuperar toda esta historia de cómo sus abuelos obtuvieron el reconocimiento de la titularidad de las tierras.

Antes del año 1992, las tierras ejidales y comunales eran tierras que se daban a las personas en colectivo y esas personas eran propietarias en colectivo. Ninguna de esas personas era propietaria. En estas dos formas de propiedad, no existía la propiedad privada. Quien tiene la titularidad es el colectivo. Además, esas tierras tenían antes del 1992 una protección especial: no se podían vender (eran inajenables), no se podían embargar (inembargables), y no podían perder vigencia (imprescriptibles).

La destrucción de la propiedad social agraria: cómo Salinas de Gortari facilitó las inversiones y los proyectos extractivos

Cuando llega un inversor minero o alguien que quiere hacer un proyecto de hidrocarburos o una gran plantación y se encuentra con este tipo de propiedad, ¿creen que les gusta o no les gusta? No les gusta porque un minero siempre va a preferir negociar con una o tres personas que con cien personas quienes no pueden decir más que en asamblea. Entonces ese tipo de propiedad se ha visto desde su creación como un obstáculo a las inversiones, a los proyectos de desarrollo, a los proyectos extractivos.

En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 27 de la Constitución y propuso una nueva Ley Agraria, que es la Ley Agraria actual, quitando a los ejidos la protección especial que tenían. Solo se les deja esa protección especial a las comunidades. Hay una desprotección a los ejidos en ese momento y se crea al mismo tiempo un programa: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE). Luego se llamó Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), y ahora se llama Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RAJA).

El PROCEDE es una sentencia de muerte al ejido. Es la forma en la que los ejidos van adoptando un tipo de propiedad que va paulatinamente a pasar de ser propiedad social colectiva a propiedad privada. La propiedad privada de los ejidos se llama “dominio pleno”. Es el paso último que se pueda obtener con los programas de titularidad, y se ha vendido como la única manera en que los ejidos pueden tener seguridad jurídica.

Una de las cosas que hacía PROCEDE es que le daba a cada uno de los ejidatarios su certificado de derechos parcelares (o certificado parcelario), que indicaba la proporción del ejido que le tocaba a cada uno. Cada uno decía: "Soy dueño del 1%", "Yo del 2%", "Yo del 3%", "Yo del 4%". Cada uno se iba contento con su certificado. Pero ese papel es un engaño porque mientras no hay dominio pleno, ninguno de los ejidatarios se puede considerar dueño.

Qué sucede hoy? Llegan esos proyectos extractivos y dicen: “La ley nos obliga a firmar los convenios de ocupación temporal, los permisos de cambio de uso de suelo, los convenios de reparto de beneficios. Nosotros vamos a negociar con los 100 ejidatarios (los que tienen sus certificados). El resto de los 400 donde están las mujeres, los jóvenes y el resto de las familias no nos importa".

La defensa de la propiedad social: cómo defender el territorio desde los reglamentos ejidales y comunales

Tenemos que lograr que no se piense que esos 100 titulares pueden decidir sobre los 500 miembros del ejido. Tiene que haber mecanismos para que eso suceda:

Hay que hacer un trabajo también con los ejidos y las comunidades para que no vendan sus tierras ya que la mejor forma de defenderse de esos proyectos es:

En la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) hemos reflexionado mucho sobre cuáles son las estrategias para la defensa desde la propiedad social:

Los derechos colectivos: cómo reconstruir las asambleas en los territorios sin propiedad social

En los lugares donde ya no existe ejido ni comunidad, hay que reconstruir las asambleas, desde la perspectiva de la defensa de los derechos colectivos. Si el pueblo es indígena, se puede reconstruir el tejido social a partir de la identidad indígena. Hay muchas comunidades en todo el país que ya eran propiedad privada pero que rescataron sus formas antiguas de organización política, económica y social. Al remontar a su ser indígena anterior, se dan cuenta de que sí tienen sus autoridades tradicionales, sus fiestas y sus ceremonias.

¿Cómo se defienden las poblaciones que no son ni ejido ni comunidad ni pueblo indígenas? En estos casos, hay que reconstruir la comunidad. Nuestro colectivo de abogados ha acompañado el caso de Temacapulin (comunidad afectada por la construcción de la presa El Zapatilla en Jalisco), que no es ejido, ni comunidad, ni pueblo indígena. Jamás habían tenido asambleas, ni se habían reunido para reflexionar sobre el territorio y sobre cómo les afectaban los proyectos impuestos desde afuera. Se empezaron a reunir y así se fue reconstruyendo la asamblea.

Que es lo que ganamos en estos procesos? A veces lo único que podemos ganar es tiempo. Tiempo para que la empresa se retire por no poder perder tiempo y dinero, o tiempo para obtener más información y más argumentos en contra del proyecto. Lo importante es lograr organización, que la gente se organice de tal manera que las personas siempre tengan mecanismos para la defensa del territorio, pase lo que pase.

Otros Mundos Chiapas

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En consecuencia, abajo y a la izquierda, necesitamos recuperar o reconstruir asambleas que sean órganos de deliberación sobre cómo organizarnos en comunidades de vida y trabajo que, a la vez, confraternicen entre sí en todo el país-continente e internacionalmente.

 

Tal emprendimiento confronta con los partidos de estado y por tanto, ante todo, debemos desmontar los imaginarios sociales que los sostienen como tales. Se trata de esmerarnos por propagar la puesta en común sobre cuanto sabemos del poder territorial y simbólico del Partido Justicialista con desarrollo desde los setenta hasta hoy. Es aceptar y hacernos cargo que el PJ es incompatible con la democracia al haber constituido junto a la Unión Cívica Radical:

 

Miremos hacia entablar diálogos entre los diversos de abajo sin fronteras que sean elaboraciones conjuntas de conceptos claves para análisis demistificadores del capitalismo y enfoques de vínculos sociales e interpersonales a entretejer en el ir humanizándonos en sintonía con humanizaciones de ámbitos laborales, vecinales, comunales, familiares, culturales....e internacionalistas revolucionarios.

 

 

 

El extractivismo minero y producción de la naturaleza

10 de mayo de 2018

 

En el marco de la minería moderna, a los pueblos le es expropiada su naturaleza para producir sobre una distinta, creando otra subjetividad de trabajo en su geografía.

 

Por Cristian Abad Restrepo /periodistas@laestrella.com.pa

 

La conquista de los diversos espacios en la actualidad por la modernidad/colonialidad no solamente hacen referencia a la expropiación de la materia, el trabajo y el saber de pueblos, como fue evidente en los siglos pasados, sino al proceso de creación permanente de producir naturaleza, lo que Neil Smith llama de ‘segunda naturaleza' o como explica Elmar Altvater (2014) la naturaleza adquiere una segunda piel con el capital. En el marco de la minería moderna, a los pueblos le es expropiada su naturaleza (formas de trabajo de reproducción de la vida), para producir sobre éstas otra naturaleza, otra materialidad, en definitiva, otra subjetividad de trabajo en su geografía. No podemos entender la producción de la naturaleza dentro de la modernidad sin las nuevas condiciones materiales que trae consigo el capitalismo. Sin embargo, la producción de la naturaleza no aplica para comprender el extractivismo minero, porque no es cierto que el proceso de extracción sea equiparable al de la producción, idea que es defendida por empresarios extractivistas y funcionarios de Estado.

 

LOS EMPLEOS QUE PRODUCE EL EXTRACTIVISMO MINERO NO SON TRABAJOS

 

El empleo que pregona el extractivismo minero no permite la producción de la naturaleza de forma general, porque estamos hablando literalmente de la ruptura del equilibrio del metabolismo social, es decir, de la destrucción de las formas de trabajo que permiten que el ser humano sea humano a través de la tierra, que permita cultivarse a sí mismo. En ese sentido, con el extractivismo minero no es posible producir naturaleza, porque lo que produce es literal muerte. Sin embargo, en los discursos mineros modernos, dicho sueño de producir hasta el infinito, ha hecho eco de la incorporación de los lenguajes de la producción de la naturaleza en general, como si el trabajo desarrollado en las minas a gran escala fuera de valor de uso, o sea de la satisfacción humana de la necesidad primaria.

 

El trabajo promovido por extractivismo minero es tóxico, porque no participa de la naturaleza en su producción, en tanto que ésta queda reducida a la extracción. Para referenciarlo de otra manera, el ser humano simplemente no puede transformarse en el proceso de extracción porque no produce nada, en tanto que no ejerce ninguna función sobre la naturaleza ni sobre sí mismo, sólo su degradación.

 

Así, el trabajo promovido y desarrollado dentro del extractivismo minero está enfocado en dos aspectos, la mera extracción (sacar las rocas y minerales) y la innovación de esa extracción, socavando la fuente de toda riqueza que es la tierra y el trabajo (Altvater, 2014). Si la madre es la naturaleza (tierra) y el padre el trabajo humano, tendríamos una reproducción de la vida. Marx explicó que es mediante el trabajo humano junto con la naturaleza que coparticipan para su reproducción, para su sobrevivencia, desencadenando su propia transformación hacia algo mejor. No obstante, con el extractivismo minero no vemos producción de la naturaleza, sino extracción de la misma. El supuesto trabajo que pregona el extractivismo minero sólo genera escasez de trabajo, es paradójico, pero es así, los puestos de trabajo mineros son actividades que deshumanizan, destruyen y embrutecen.

 

En los discursos y notas de los medios de comunicación hegemónica que retratan la subjetividad de los empresarios y gobiernos, se abogan la capacidad de creación geológica del oro, es decir, de producir naturaleza mineral. En la revista Forbes de México, fue publicado un artículo titulado ‘China devora 90% de la ‘producción global' de oro'. En la revista El Economista de Argentina se titula una columna ‘Seis países americanos, entre los mayores productores de oro'. En la revista El Portafolio de Colombia, otro hecho noticioso titula ‘La producción de oro' aumentará en un millón de onzas en cinco años'. En la Revista de Brasil (Jornal do Brasil) un titular lleva el nombre de ‘Rio Tinto interrompe produção de diamantes', y así sucesivamente se va ampliando los imaginarios de creación de la naturaleza, en específico de los minerales.

 

A la opinión pública le encubren que los beneficios de la vida moderna tienen consecuencias mortales, que no existen espacios extraídos/explotados y un profundo desconocimiento de dónde proviene la materialidad moderna. En definitiva, el encantamiento del consumo ha concebido sujetos de espaldas al territorio. La colonialidad de la naturaleza queda en evidencia no solamente cuando se confunde extracción con la producción, sino cuando se escucha que la minería es verde, ecominería, minería ecológica, biominería, minería sostenible y amigable con el medio ambiental, como incorporación abusiva del cuidado de la vida. Dichas falacias son propias del hombre moderno que se asume como Dios sobre la naturaleza, pero sabemos que ‘ninguna sociedad produce carbón, ni oro, ni petróleo, tampoco produce los días y las noches. Somos seres extractores de estas y no productores' (Gonçalves, 2013).

 

EXTRACTIVISMO-MINERO Y SEGUNDA NATURALEZA

 

En realidad, decir que la extracción es sinónimo de producción, ya de por sí encubre las características históricas bajo la cual se ha fundado el extractivismo minero, como la devastación y contaminación de los territorios y la muerte lenta de los cuerpos humanos y no humanos, bajo la égida simbólica de la renta. Ahora bien, lo que sí podemos entender es que el extractivismo minero sea el paso o la mediación de la primera naturaleza extraída y saqueada en el sur global (quizás para muchos la Madre Naturaleza) hacia la segunda naturaleza como objeto de producción y creación para el norte global, lo que implica una relación radicalmente distinta con la Naturaleza [Smi06]. El pensamiento moderno juega un papel fundamental en este tránsito de la Naturaleza convertida en materia a merced de la voluntad humana capitalista.

 

Cabe resaltar que la segunda naturaleza, según Neil Smith, ha ‘acelerado la emancipación del ser humano de la primera naturaleza', es decir, una libertad basada en el control y dominio sobre las determinaciones naturales. Esta libertad la vemos en la producción del espacio como las ciudades, siendo espacios altamente artificiales. El Conde Buffon, había sentenciado que ‘una nueva naturaleza puede florecer de nuestras propias manos' (Smith, 2006) en América, o sea, los europeos fueron los artífices de la segunda naturaleza en detrimento de una Naturaleza con otros horizontes de sentido. Esa es la libertad que pregona la racionalidad moderna que encubre tanto sus consecuencias de hacerse cargo de la devastación producida (Bautista, 2014), como de las mentiras bajo las cuales se ha fundado la sociedad moderna como la más justa, cuando en realidad sus privilegios se basan en quitarle la vida al otro, expropiarlo de su agua, de su oro, de su montaña y de su alimento.

 

En otras palabras, la segunda naturaleza es propia de la modernidad que produce espacios a su imagen, un espacio funcional a las múltiples jerarquías de poder (raciales, sexuales, saberes, genero, organización social etc.). La base de una segunda naturaleza está en el extractivismo, en especial, el minero. De allí que hablemos de extractopolis como espacios funcionales y artificiales que privilegian un tipo de trabajo, basado en la extracción de materias primas para su posterior transformación que haga posible el espacio moderno. En realidad, estos espacios son enclaves fascistas con la Naturaleza.

 

SEGUNDA NATURALEZA Y COLONIALIDAD DE LA NATURALEZA

 

La segunda naturaleza no escapa a la colonialidad de la misma porque de ésta recibe su sentido, no sólo por constituirse en valor de cambio en el modo de producción capitalista, sino por el contenido racial propio de la modernidad que orienta la producción de espacios por el capital. Explica Neil Smith (2006) que ‘la naturaleza que precedió a la historia humana ya no existe en ninguna parte, porque por primera vez los seres humanos (cabe resaltar que es el ser humano moderno, porque no es verdad que todos estemos y nos identifiquemos con este ser de la modernidad) producen naturaleza a una escala mundial, es decir un ensanchamiento de la segunda naturaleza a expensas de la primera… el origen de esto es la modificación de la relación entre valor de uso y el valor de cambio'.

 

Este proceso ha significado que habitemos en una era que Elmar Altvater (2014) denomina como capitaloceno. Las capas geológicas de la tierra no solamente se modifican por el Fracking para la extracción de petróleo, sino que son convertidas en monedas. Extractivismo minero es inseparable de la colonización de la naturaleza (Alimonda, 2009), lo que lo torna insoportable e insostenible para los pueblos que tienen y sueñan con otros futuros, horizontes y mundos. Seguir bajo esta senda de un trabajo improductivo (extractivo minero) es continuar bajo regímenes coloniales que tiene como propósito transferir abundancia por escasez, ese es el gran sueño de la modernidad. Nuestros pueblos no requieren empleos extractivos sino trabajo productivos. Esta es una de las grandes cuestiones en América Latina.

29 de abril de 2018

La Estrella de Panamá

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Verifiquemos cómo diversidades de abajo organizan el extenso arraigo y expandida articulación multifacética de los poderes populares.

 

 

 

Chile: En Chiloé se realizará el II Encuentro de Redes Territoriales

2 de marzo de 2018

Este sábado 3 y domingo 4 de Marzo se realizará el II Encuentro de Redes Territoriales en el Liceo Rayen Mapu de la ciudad de Quellón, Archipiélago de Chiloé, la invitación es abierta a todas aquellas organizaciones que se sientan llamadas a conocer el trabajo que viene realizando cada red y así evaluar la posibilidad de integración.

Este sábado 3 y domingo 4 de Marzo se realizará el II Encuentro de Redes Territoriales en el Liceo Rayen Mapu de la ciudad de Quellón, Archipiélago de Chiloé. Instancia en que se darán cita organizaciones que forman parte de (1) la Red de Defensa de los Territorios, (2) la Red de Medios de los Pueblos, (3) la Red de Salud y Territorios y (4) la Red de Economías Territoriales. Cada una de estas redes se viene tejiendo entre organizaciones que forman parte de procesos de defensa y construcción territorial.

 

Tras el anterior encuentro realizado en Panguipulli, a comienzos de 2017, que tuvo como anfitriones al Parlamento Mapuche de Koz Koz y la Red de organizaciones sociales y ambientales de Panguipulli, es hoy el Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH) junto al Colectivo Informativo Mapuexpress las organizaciones que, junto a un equipo de apoyo, están trabajando para la adecuada realización de este 2do encuentro, cuyo objetivo es seguir potenciando el trabajo que las distintas redes han llevado a cabo, además de forjar nuevos lazos con organizaciones territoriales del Archipiélago de Chiloé.

En términos generales, la instancia facilitará reuniones sectoriales de las respectivas redes y espacios de ampliados – plenarias, así como espacios de talleres en áreas de comunicación, estrategias jurídicas, estrategias administrativas, creación colectiva, seguridad, entre otras materias.

La invitación es abierta a todas aquellas organizaciones que se sientan llamadas a conocer el trabajo que viene realizando cada red y así evaluar la posibilidad de integración.

Para dudas y confirmaciones favor escribir a centrodeestudioschiloe@gmail.com

Link del evento: https://www.facebook.com/events/1655375681220536/

 

¡Les esperamos!

Programa: (…)

Mapuexpress

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Situémonos en que el capitalismo destina el país y Nuestra América a extractivismos o sea a ser desposeídos de todos y exterminados por esos ecocidios. Resistir pasando a la ofensiva consistente, como Facundo Jones Huala aclara, en que:

 

"Si bien se enmarca dentro de procesos anticapitalistas, antioligárquicos, antiimperialistas y evidentemente contra todo proceso de contaminación y destrucción de nuestro territorio, creo que allí es donde tenemos que ser capaces de discutir con la verdad y consensuar desde la verdad cuál es la identidad real que nosotros tenemos, cuál es la identidad del otro, que también tenemos un enemigo común. Creo que esto es importante también comprender que tenemos una casa común que es el planeta Tierra".

Nuestra unión en diversidad por reconocimiento mutuo se complementa con la revelación que el capitalismo local y mundializado comenzó con los pueblos originarios y las comunidades de las que designa como "zonas de sacrificio". Pero continuará con todos los de abajo, somos población superflua y también nos está afectando con sequías e inundaciones, contaminación ambiental, etc..

Reflexionemos sobre qué nos comunica Facundo Jones Huala:

 "Benetton tiene, como muchos terratenientes y multinacionales, cerrado el acceso a un montón de sectores del agua pública, como se dice ríos, lagos, inclusive Lewis tiene un lago, el Lago Escondido. En el caso de nosotros, las comunidades estamos en las peores tierras. Ellos, no sólo Benetton, tienen lo mejor de todo, y después lo más o menos lo tienen los terratenientes criollos. Todas las nacientes de aguas, todas las vertientes están en manos de estos latifundistas transnacionales y nosotros sobrevivimos como podemos en las peores tierras, nos han arrinconado respecto del agua. En las comunidades, cuando hay sequia se vive peor que en las tierras como decía de los latifundistas que tiene las nacientes de agua.

Espero que todo esto nos pueda ayudar a todos, no sólo a nosotros, para difundir nuestra lucha, sino para poder ir perfilando nuevos horizontes en la lucha contra el sistema perverso con el que vivimos porque es necesaria una posición crítica para mejorar y ojala que algunas de las cosas que planteamos sirva para alimentar un debate sano de construcción".

 

 

Nación Mapuche / Facundo Jones Huala

tras el falló por usurpación:

“Sería un escándalo que el juez quiera seguir”.

10 de mayo de 2018

*Resumen Latinoamericano

Hoy 10 de mayo de 2018 a la tarde se dará el fallo de la justicia provincial de Esquel, Virginia Bolten dialogó con el lonko de la comunidad Pu Lof Cushamen, Facundo Jones

Huala. Los fiscales Oscar Oro y Carlos Díaz Mayer informaron días atrás que retiraban los cargos de acusación por usurpación. Expectativa por la resolución judicial y liberación de Jones Huala. También resta el fallo sobre el pedido de extradición de Chile que pesa sobre el y otras personas de la comunidad mapuche. Sobre esto Facundo expresó “Muchos están asustados que sea una práctica para que la extradición salga más rápido pero en todo caso, eso nos tiene sin cuidado, porque nuestra lucha está ganada antes de empezar y con extradición o sin extradición nosotros seguimos teniendo la razón”.

¿Cómo estás y cómo está la causa?

La resolución del juez va a salir a la tarde. Queda sólo la querella del grupo Benetton por usurpación, esto ha perdido mucha fuerza a la fiscalía retirar la acusación. Igual nosotros no tenemos ningún problema de ir a juicio por usurpación porque sabemos que tenemos la razón. Es importante que el fiscal haya mencionado una posibilidad de resolución alternativa del conflicto con algún tipo de diálogo para la devolución de la tierra que es lo que a nosotros nos interesa. Igualmente esto está en veremos ya que lo tiene que resolver gente con más poder político.

Reconocieron el conflicto político y que de se tiene que resolver políticamente. También salió a la luz en algún momento del debate de la audiencia la situación que da por el piso todas las acusaciones del gobierno y tantos otros que nosotros jamás habíamos dialogado. Consta en actas de un comisario que en medio del conflicto cuando ya había habido enfrentamientos el llega a conversar y se pide que baje la prensa y gente del gobierno ya que se comprendió que el conflicto no era con la policía sino un conflicto político.

Frente a esta posibilidad qué se plantea desde la fiscalía de diálogo y en función que uds. no han sido escuchados en forma previa. ¿Qué expectativas tienen?

No creo mucho. Hay una crisis bastante fuerte en todo el país, la misma provincia está frente a una crisis muy terrible. La gente del mismo gobierno en lugar de estar detenida por corrupción, hay un quiebre, una fisura entre los poderes. Si bien nos da un poco de ánimo de independencia del poder judicial de la provincia. Tampoco podemos ser muy ingenuos igual puede ser que sea real la voluntad de diálogo, pero esto se debe dar desde esferas más altas que nunca han respondido. Tenemos que tener en cuenta que este conflicto empieza antes de este gobierno. Cuando estaba Cristina nosotros pedimos diálogo en todo momento y ahora en una situación donde la derecha económica y política está muy fuerte y afianzada en el gobierno nacional es mucho más difícil. No lo negamos, pero quienes lo niegan son ellos. En todo caso retirar la acusación sienta un precedente en todos los niveles y nos da la razón que esto es un conflicto político y merece soluciones políticas. Ojala incluso más estamentos de la justicia occidental en Chile hubieran tomado este tipo de decisiones y nos hubiéramos ahorrado un montón de sangre y violencia de ambos lados del conflicto mapuche.

De ambos lados me refiero al poder de los winkas con la represión y los hechos de autodefensa como han tenido que generar las comunidades. Lamentablemente los que tienen la facultad de tomar decisiones no lo hacen y siguen profundizando este conflicto político histórico. Allí nos encontramos nosotros, como se sabe los mapuches siempre hemos tenido capacidad de diálogo, hemos sido un pueblo altamente diplomático y combativo cuando nos ha tocado luchar. No depende tanto de nosotros, depende del poder político, igual hay que ver que se resuelva esta tarde. Sería un escándalo que el juez quiera seguir incluso cuando la fiscalía retira la acusación y sería un escándalo teniendo en cuanta que Benetton sólo quiere seguir con la acusación de la usurpación, ni siquiera ha intentado continuar con el resto de las denuncias. También con esto queda claro que las acusaciones fueron montajes para la prensa del enemigo contra el pueblo mapuche.

Si bien mencionabas que en los anteriores gobiernos tampoco hubo posibilidad de diálogo, con esta alianza entre Piñera y Macri, y frente a lo que mencionabas de estas derechas, ¿crees que se va a profundizar la persecución a uds. y la comunidad mapuche?

Ya se profundizó, lamentablemente por más que haya alguna instancia a nivel institucional que quisiera tomar otro camino, el capitán del barco sigue con un solo rumbo, están llevando a la sociedad entera a una crisis que ya vivimos. En ese camino ellos tampoco van a intentar poner paños de agua fría, están tirando nafta al fuego y esto va a seguir profundizándose. Nosotros nos tenemos que defender y necesitamos las tierras para poder desarrollarnos, para poder seguir siendo y para poder reconstruirnos. No le vamos a pedir permiso a nadie para seguir siendo lo que somos; pueblo mapuche y queremos seguir desarrollando nuestra cultura, nuestra forma de vida. Para esto necesitamos territorio, si ellos no acceden a dialogar con los primeros habitantes de esta tierra, me parece que ellos están equivocando el camino.

Evidentemente se va a seguir profundizando todo esto, además lamentablemente si ellos vienen con mineras, petroleras que en algunos lados ya están instalados. En las zonas al menos de resistencia del pueblo mapuche y de dignidad que hemos ido desarrollando como pueblo este último tiempo, van a seguir manifestándose y seguramente con lo que tengan a mano se van a defender y expulsarán a las mineras. Esto ya no tiene vuelta atrás. Por más inclusive que alguna experiencia sea debilitada, por más que una u otro referente konaweichafe, militante, la autoridad lonko, sea detenida o incluso muerta, surgirá siempre por uno u otro lado como históricamente lo ha sido, nuevamente la resistencia mapuche. Esto ha sido histórico, antiguamente pasaba así mataban un lonko, surgía otro en otro lado, a veces había varios en varios lados porque es la forma que ha tenido el pueblo mapuche de resistir y vamos a seguir con esa dinámica.

Hablando de los medios de comunicación y esta forma de crear un enemigo. ¿Cómo ves el apoyo de la sociedad, de los activistas y militantes socio-ambientales a la causa mapuche? ¿Qué se puede hacer para acompañar y qué se podría haber hecho?

Evidentemente pueden existir una serie no sé si de consensos o una suerte de alianzas de alguna manera con ciertos sectores, en general con todo el campo popular y sectores como dicen ambientalistas. Pero lamentablemente, por el nivel de colonialismo que existe en la sociedad, eso sigue teniendo un techo o ciertos límites, si bien nosotros vamos a seguir intentando construir con los oprimidos o la gente consiente. Creo que lamentablemente ciertos sectores, no todos, existe también mucho romanticismos para con la lucha del  pueblo indígena, mucha idealización de algunas cuestiones propias nuestras  y, bueno, muchas veces cuando saben cómo es realmente nuestro mundo, se espantan o se encuentran con cosas que no esperaban. Igualmente me parece que sigue siendo positivo la posibilidad, de inclusive sin la existencia de alianzas porque en algunos lugares es posibles y en otros no, saber leer el contexto y aprovechar esa situación de resistencia frente a los avances de transnacionales y extractivistas. Que la diferente gente que está luchando contra eso sepa aprovechar lo que le sirva por lo menos de nuestro movimiento y me parece que eso es positivo para profundizar esa consciencia. Todas las construcciones tienen diferencias y a partir de esto se va desarrollando el debate y el consenso, incluso me parece que eso es lo interesante e importante de saber. Comprender cuál es el contexto en el que estamos inmersos. Evidentemente, frente a la avanzada de las mineras, uno de los principales aliados va a hacer el movimiento no a la mina, aunque tenemos algunas diferencias con algunos sectores de ese movimiento, quienes más venimos resistiendo y vamos a resistir somos la gente de las comunidades y gente del territorio. Algunas veces hemos podido articular, pero otras veces no hemos podido consensuar. Estamos contra Lewis y estos monstruos, pero creo que aun existe una visión muy colonial y muy paternalistas todavía de algunos sectores y creo que eso se tiene que discutir. Se tiene que romperse con el colonialismo de todos y con el paternalismo porque lamentablemente aun muchos sectores nos siguen tratando de decir cómo hacer las cosas y nosotros sabemos cómo hacer las cosas, porque es una herencia cultural que tenemos. Hemos sometido todos nuestros procesos a un analisis de bastante tiempo y desde allí hemos sido capaces de desarrollar una propuesta política para nuestro pueblo y que también intenta poder calzar en el resto de los movimientos sociales pero con una identidad propia, porque nosotros no podemos definirnos dentro de ninguna ideología occidental, ningún “ismo” de occidente nos cabe porque nuestro proyecto político tiene una doctrina propia.

Si bien se enmarca dentro de procesos anticapitalistas, antioligárquicos, antiimperialistas y evidentemente contra todo proceso de contaminación y destrucción de nuestro territorio, creo que allí es donde tenemos que ser capaces de discutir con la verdad y consensuar desde la verdad cual es la identidad real que nosotros tenemos, cual es la identidad del otro, que también tenemos un enemigo común. Creo que esto es importante también comprender que tenemos una casa común que es el planeta Tierra.

En esto que mencionabas ¿qué es lo que sucede respecto del control del agua por parte de Benetton?

Benetton tiene, como muchos terratenientes y multinacionales, cerrado el acceso a un montón de sectores del agua pública, como se dice ríos, lagos, inclusive Lewis tiene un lago, el “Lago Escondido”. En el caso de nosotros, las comunidades estamos en las peores tierras. Ellos, no sólo Benetton, tienen lo mejor de todo, y después lo más o menos lo tienen los terratenientes criollos. Todas las nacientes de aguas, todas las vertientes están en manos de estos latifundistas transnacionales y nosotros sobrevivimos como podemos en las peores tierras, nos han arrinconado respecto del agua. En las comunidades, cuando hay sequia se vive peor que en las tierras como decía de los latifundistas que tiene las nacientes de agua.

Espero que todo esto nos pueda ayudar a todos, no solo a nosotros, para difundir nuestra lucha, sino para poder ir perfilando nuevos horizontes en la lucha contra el sistema perverso con el que vivimos porque es necesaria una posición crítica para mejorar y ojala que algunas de las cosas que planteamos sirva para alimentar un debate sano de construcción.

 

*Periódico Virginia Bolten

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