Qué Trabajo

Octubre 2019

Con subsunción totalitaria en el Capital a tal punto que destruye presente y futuro.

 


 

 

 

Expropiado y explotado por burguesía / Ecocida y genocida /Alternativas emancipatorias

 

 

 

Expropiado y explotado por burguesía

 

 

Destaquemos la contradicción del «empleo» actual con el «trabajo» diferenciado de las actividades animales por poder perseguir objetivos previendo consecuencias. Examinemos la radical transformación laboral a realizar mediante:

 

El litio y el riesgo hídrico

17 de julio de 2019 

Estudios técnicos revelan riesgo hídrico en zonas de explotación de litio

Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional


FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.


La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.


Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.


Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar,
en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.


Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de
desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.


El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno
de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen
terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización. Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:


- En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio
y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.


- Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
- Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.

Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.


Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la
degradación del medio ambiente”.
 

Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.


Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.


Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.

Fuente: http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com/search/label/Salta

 

 

Analicemos porqué el cambio radical de nuestro «trabajo» exige solidarizarnos compartiendo los fundamentos de los pueblos indígenas para resistir a la megaminería del litio y su confrontación con: "Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas  que llaman a explotar esa 'riqueza natural' presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca menospreciando que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y sociales".

 

Apreciemos: “Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma”.

 

 

Reclamos por la avanzada en la explotación de litio

“No comemos baterías”

16 de febrero de 2018

En Jujuy habilitaron la minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.

 

Por Darío Aranda 

 “Oro blanco”, bautizaron al litio, mineral que se utiliza en baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos. Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar esa “riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero no tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y sociales.

La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, su extracción implica sobreconsumo de fuentes de agua y uso de químicos contaminantes.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio. Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29 proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco), La Rioja (dos) y Córdoba (uno).

“Desde 2010 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabaja en la industrialización y el aprovechamiento del litio. La eliminación de las retenciones a la minería y el reintegro a las exportaciones son medidas que ayudan a potenciar la producción de litio”, destacó Marcos Peña.

En Salta avanza la mina Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi Group) y el proyecto minero Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy funciona la explotación de litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre, junto con Toyota y el gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto Caucharí de las compañías Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense Lithium Américas. El gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero a Emiratos Árabes, donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para la megaminería.

 

Uno de los mayores focos de resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33 comunidades indígenas.

 

Las comunidades brindaron peritajes que confirman la contaminación en la fase de exploración. Destacan la vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por los cuales se debe consultar a las comunidades indígenas por cualquier acción que pudieran afectar los territorios indígenas.

Las comunidades iniciaron una causa judicial que en 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal desoyó los derechos indígenas por cuestiones formales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

“Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33 comunidades. Y advirtió que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance extractivo sobre los territorios indígenas.

En Catamarca funciona desde hace dos décadas la explotación de litio “Salar del Hombre Muerto”, en Antofagasta de la Sierra, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio (recurso no renovable), sólo deja 1,6 dólar.

La gobernadora Lucía Corpacci impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá (departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la canadiense Neo Lithiu). En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo del ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.

El Proyecto Tres Quebradas abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde. Pertenece a la zona de la Cordillera de los Andes catamarqueña, en un ambiente glaciar y periglacial.

Desde la Asamblea, que integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas, dunas, montañas). 

Un punto crucial de la minería de litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de Fiambalá, detalló que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio hidrogeológico y que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y ambiente periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.

Empresas y Gobierno prometen cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de experiencia minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea Fiambalá Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro territorio”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/96013-no-comemos-baterias

En consecuencia, la «contrarreforma agraria integral» del capitalismo e imperialismos implica acaparamiento totalitario de territorios para reducirlos a vaciamiento del codiciado recurso natural, de bienes comunes y de comunidades. Contra esta lógica del capital se sublevan los pueblos originarios y la Unión de Asambleas de Comunidades por la vida, contra el saqueo y la contaminación (UAC).

 

 

Litio y “sacrificio ambiental” en Jujuy

9 de febrero de 2019

 

 

Por Sabrina Roth

Página 12

 

Los pueblos indígenas realizaron una asamblea contra la autorización otorgada por el gobernador a un emprendimiento minero. “La empresa no puede actuar sin el acuerdo de las comunidades”, denunciaron.

Desde Jujuy

Mientras el gobernador Gerardo Morales continúa su pelea con Bolivia para cobrarle la atención de salud a los extranjeros, los pueblos indígenas de Jujuy resisten el avance de las grandes mineras sobre la provincia. A pesar de la dispersión en el territorio y la asimetría entre las comunidades originarias y el poder económico de estas empresas que cuentan con el aval del Estado, los pueblos de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta semana una asamblea en la que reafirmaron que están dispuestas a luchar por sus derechos. A más de 3700 metros de altura, en el Paraje Pozo Dulce, en medio de un paisaje desierto, integrantes y referentes de los distintos espacios bloquearon el ingreso a un emprendimiento minero que autorizó el gobierno provincial y enviaron una carta a los empresarios a través de la cual los intiman a abandonar el campamento. Además, reclamaron al gobierno provincial que anule el llamado a licitación para nuevos proyectos de explotación de litio. Exigen a Gerardo Morales que respete las leyes nacionales e internacionales vinculadas con la Consulta Previa, Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y denuncian que la extracción del litio deja una zona llamada de “sacrificio ambiental” que elimina toda forma de vida en el lugar. 

Verónica Chávez es de Santuario Tres Pozos, una pequeña localidad en el departamento de Cochinoca que se encuentra a 150 kilómetros de la capital jujeña. “Nosotros estamos aquí haciéndonos respetar. Somos los dueños de este territorio y aquí entraron las empresas sin nuestra consulta y no sé cómo los autorizó el gobierno”, dijo a Página/12 apenas concluyó la asamblea. Además, recalcó que la explotación del litio consume las reservas de agua dulce. “Nosotros vamos a resistir hasta que se desaloje la empresa que está aquí. Le pido al señor Gobernador que nos respete”.

De las tres comunidades que están en el área donde se encuentra el pedimento minero en el cual las empresas Luis Losi S.A., Ekeko S.A y A.I.S. Resources –contra las que se realizó la protesta el pasado martes– realizan las tareas de exploración, sólo una aceptó el acuerdo. “Les dan 1000 dólares mensuales para toda la comunidad –señaló Chalabe–. La tonelada de litio hoy está en 14 mil dólares. Se aprovechan de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes y les dan migajas. Las empresas cuando terminan de explotar los recursos se van, pero en el camino destruyen por completo el medio de vida de las comunidades que viven ancestralmente en esos territorios. Pero además, la empresa no puede actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en el territorio y que se verán afectadas por los trabajos”.

Walter Alancay, de la comunidad Aborigen de Aguas Blancas explicó: “Hace poco empezaron a trabajar en nuestro territorio, en la laguna de Guayatayoc. Es una empresa de litio, propiedad de la empresa Losi y le da trabajo a otra empresa que se llama Ekeko. Están haciendo tareas de perforación para la explotación de litio, pero en ningún momento nosotros como Cuenca hemos tenido una consulta ni tampoco nos han informado. Nosotros tenemos un acuerdo que establece que todos los trabajos que se lleven a cabo en el territorio, específicamente en cuestión de litio, tiene que ser informado a las 33 comunidades de la cuenca y todas deben dar su consentimiento”.

El año pasado, durante una jornada organizada por la cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), la abogada Pía Marchegiani, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y directora del área de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió: “Las empresas generan la información para los estudios de impacto ambiental, pero sólo en un área de influencia definida por su propio proyecto. No están obligadas a hacer los estudios que contemplen la cuenca hídrica en su totalidad, que es mucho más grande que el área específica asignada al proyecto”, advirtió. Eso es lo que reclaman las comunidades. Que cualquier exploración que se realice en un punto de la Cuenca, afecta a las demás y por eso exigen ser consultadas en su totalidad.

Los pueblos indígenas de la zona viven de la agricultura y la ganadería en medio de ecosistemas frágiles donde el agua es escasa. La producción de carbonato de litio amenaza con agotar las reservas acuíferas que hay en la zona. “Tenemos experiencia porque los hermanos del departamento de Susques están sufriendo lo mismo. Son daños y perjuicios que están dejando las empresas. Semejantes trabajos de exploración y trabajo de pileta que hacen para la evaporación del agua. La verdad que prácticamente desaparece la identidad, desaparece la cultura, desaparece la forma de organizarse como comunidad, desaparece la cosecha que se hace en el campo, el tema del ganado, el tema de la artesanía”, señaló Alancay.

Si bien el Congreso de la Nación aprobó en 1992 a través de la ley 24071 el Convenio 169 de la OIT según el cual los gobiernos deben realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier decisión que de alguna manera pueda afectar a los pueblos indígenas, la provincia de Jujuy no reglamentó, al día de hoy, dicho procedimiento. En el año 2016, Gerardo Morales se reunió junto a su gabinete de ministros con las comunidades originarias en la localidad de San Francisco de Alfarcito. Ahí se comprometió a aprobar por decreto el Kachi Yupi, también conocido como “Huellas de la Sal”. Se trata de un protocolo que elaboraron las propias comunidades, en un proceso participativo, que llevó dos años de debate y en el que se establece de qué manera se deben realizar las consultas para que se cumplan con los derechos de los distintos pueblos. A casi tres años de dicha promesa, al estilo Mauricio Macri, Morales continúa sin cumplirla.

A la hora de aprobar los proyectos mineros, actualmente en Jujuy sólo se aplica el decreto 5772, que dictó en 2010 Eduardo Fellner y que establece el procedimiento de protección ambiental para la actividad. Cada vez que se va a desarrollar un emprendimiento, explicó Chalabe, el juez de Minas envía un oficio a la Secretaría de Pueblos Originarios para que informe cuáles son las comunidades que existen en ese territorio. Las propias empresas son las encargadas de notificarlas del emprendimiento que van a realizar y deben entregarle el informe de impacto ambiental a los representantes de los pueblos afectados. “El Estado delega en las empresas el cumplimiento de un derecho que hoy tiene un vacío legal. Porque llevar el informe ambiental a un representante de una comunidad no cumple con los requisitos de una consulta previa, libre e informada. Incluso ha habido casos en los que las compañías entregaron a las comunidades los informes de impacto ambiental en inglés. Para que se cumpla el procedimiento que establece la OIT y que está incorporado a nuestro sistema normativo, se debe aprobar una ley en la provincia a través de la cual se garantice el debido proceso, se establezca qué organismo del Estado va a llevar adelante el proceso de consulta, que se defina la representatividad de las comunidades y que se establezcan mecanismos para que las comunidades puedan interpretar los proyectos y tomen conocimiento de cuál va a ser el impacto real que van a tener en sus comunidades los proyectos de explotación minera. Hoy nada de eso ocurre”, aseguró.

Ayer venció el plazo de 72 horas que las comunidades le dieron al Gobernador de Jujuy para que públicamente cumpla y responda al pedido efectuado en una carta que entregaron el martes en la Casa de Gobierno. “Advertimos explícitamente la amenaza, el perjuicio y el daño irreversible que no tiene fronteras de afectación a los recursos naturales, ambientales, culturales y el buen vivir de las comunidades indígenas en el territorio. Solicitamos se dé cumplimiento a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y que frene y deje sin efecto los emprendimientos mineros en nuestro territorio y/o de caso contrario cuenten con nuestra resistencia firme y determinada para defendernos”.

https://www.pagina12.com.ar/173625-litio-y-sacrificio-ambiental-en-jujuy

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252312

 

 

Señalemos cuán contradictorio con las ciencias es el pragmatismo y la linealidad de razonamiento de Bruno Fornillo pese a su carácter de investigador.

 

Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene”.

Bruno Fornillo (investigador del Conicet y Clacso)¹

 

Pero es más grave la manipulación de los sentidos comunes, abajo, que un científico como Ariel Slipak y un presidente como Evo Morales Aymará desde identificarse de izquierda se dediquen al desarrollo de la megaminería de litio y a modelar consenso amplio respecto a esos ecocidios-genocidios. Ambos se diferencian  de  los pueblos indígenas y asambleas socioambientales en lucha que fundamentan como no posible la megaminería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas. Ambos sostienen estar yendo contra el neoliberalismo por apropiación estatal de la renta e intervención estatal en toda la cadena de valor. Sobre todo mediante empresa estatal con inclusión de fiscalizaciones de las comunidades y distribución de rentas en políticas sociales.

 

 

Litio y espejos de colores

27 de diciembre de 2018

Por Darío Aranda
Pressenza

La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.

“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.

Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.

 

Veinte años

El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas (kollas y atacama en Jujuy y Salta).

El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y está en manos de la multinacional multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a

 

¿Desarrollo nacional?

“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.

“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.

 

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

Académicos

El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.

El Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales es heterogéneo, en formación (economistas, cientistas políticos, historiadores) y miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.

 

“Geopolítica del litio”, es el libro publicado en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en ciencias sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.

Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.

Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.

Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.

“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.

Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo reivindicó el modelo boliviano, donde –remarcó– se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.

Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.

“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.

En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.

¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.

 

Entrevista a Slipak.

–¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?

–La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.

–¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?

–Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.

–Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, “menos contaminante”. Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.

-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.

Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación.

 

Lucha

Las comunidades indígenas ya dijeron “no a la minería de litio”. Algunos académicos, con discurso progresista, impulsan la explotación (Foto de Iwgia).
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron qué implicaba la consulta, cómo debía ser, qué implicaba. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.

Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.

Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.

Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.

 

Ambiente y presiones

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.

Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada por que el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.

Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.

EE.UU. y represión

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.

El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.

“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.

¹ Libro “Geopolítica del litio”. Página 87.
Fuente:
 https://www.pressenza.com/es/2018/12/litio-y-espejos-de-colores

 

 Ecocida y genocida

 

Recordemos el espacio Carta Abierta que agitando el peligro de "clima destituyente" unificó entorno al gobierno de CFK y en contra del enemigo público: la Mesa de Enlace. Pero esta mega operación intelectual fue más allá, Nicolás Casullo definió que las resistencias de las asambleas de vecinos autoconvocados contra la megaminería a cielo abierto debían cesar para priorizar el enfrentamiento entre la derecha y el gobierno K. Lo cierto que esa lectura binaria de la realidad argentina encubrió (como el bipartidismo lo hizo en los períodos anteriores de la democracia restringida) al creciente poder y enriquecimiento de las corporaciones imperialistas a causa de elites locales que se contentan con ser socias menores.

 

Todavía hoy persiste, tanto en el progresismo como en las izquierdas, un desconocimiento de la centralidad del modelo extractivo en la reestructuración socioeconómica que consolida la recolonización del Abya Yala. Tampoco dan relevancia a los ecocidios-genocidios que esas expropiaciones sistémicas perpetran. Para aclarar,  leamos:

“El eco-capitalismo en torno al litio esconde

la devastación de siempre”

11 julio, 2018 /

La investigadora chilena Bárbara Jerez da cuenta de los impactos socio-territoriales de esta minería, que el gobierno argentino sigue a paso firme.

Por Leonardo Rossi para La tinta

“Las comunidades no se van a salvar con el litio”, enfatiza la investigadora chilena Bárbara Jerez. Sus palabras resuenan en la Universidad Nacional de Catamarca, en una jornada sobre minería y ciencia. En esta provincia avanzan más de una decena de proyectos en torno a este mineral, promocionado por gobiernos y empresas como la nueva “salvación” económica.

Jerez conoce a fondo los impactos de la actividad en su país, y además ha profundizado sus estudios en Salta, por lo que ha recorrido buena parte de la denominada ‘Arabia Saudita del litio’, como se ha intentado publicitar al triángulo que componen Chile, Bolivia y Argentina en la eco-región de salares y poblaciones que habitan esa zona. Esta doctora en Estudios Latinoamericanos y docente de la Universidad Tecnológica de Santiago afirma que parte de lo que se esconde detrás de las tecnologías sustentables en torno a las baterías de litio implica “un eco-capitalismo que para muchos territorios significa la misma devastación de siempre”.

¿Qué experiencia puede contar en torno a las ‘promesas’ del litio en Chile?


—Primero hay que decir que es un mineral al que se lo etiqueta como la solución a las emisiones de carbono, y desde el territorio una empieza a ver un montón de otras cosas, desigualdades, daños ecológicos y sociales. Puedo hablar de San Pedro de Atacama que es un municipio donde se encuentra un salar con una de las explotaciones de salmuera más grande del mundo. Y ahí observamos que por ejemplo el tema empleo, una promesa de la minería, es bajo respecto al turismo. La mayoría de la gente vive del turismo que genera diez veces más puestos, del comercio o del Estado. Los trabajadores más calificados vienen de afuera de la zona y en términos de ingreso los propios entes oficiales (Cochilco) advierten que el mercado del litio es uno por ciento del mercado del cobre. Es decir, los ingresos son bajos.


¿Qué impactos ecológicos implica?

—El modelo del litio impacta directamente en las aguas, algo compartido con el resto de la minería. El litio se explota a través de la succión de grandes cantidades de salmuera, el agua que está bajo los salares. En Atacama se estima en 180 millones de litros diarios, a lo que hay que sumar 20 millones de litros de agua dulce, según declaran las empresas, Albermarle y SQM. Y se infiere que es más de lo que declaran. Ese proceso seca ecosistemas, hay flora y fauna como los flamencos directamente afectados, daña las lagunas, merman los pozos de agua dulce. Hay ríos pequeños de la zona que se están agotando y la gente del lugar tiene que ir cada vez más lejos para abastecerse. Y esta descripción queda reconocida cuando desde la Dirección General de Aguas dicen que los derechos para extracción están excedidos en un 20 por ciento de la capacidad actual de reservas. Hay dos ríos, Vilama y San Pedro, declarados como agotados ya en esa cuenca. Es decir que la misma autoridad reconoce que hay un desastre, y este modelo lo va agravando.

¿Cómo repercuten estos procesos de enclave en las comunidades?

—En Antofagasta y Atacama la minería viene destruyendo los territorios desde hace ochenta años. Las comunidades quechuas, aymaras, atacameñas resisten y sobreviven. Mientras que la gente que va a trabajar a la minería tiene muy mala calidad de vida: son zonas con altos índices de alcoholismo, adicciones, ya que están atadas a los mercados internacionales y cuando baja el precio del mineral todo ese entramado se tensiona. Se construye toda una idea de un triángulo del litio que hay que explotar, pero allí ya existían comunidades agrícolas y ganaderas, que cada vez quedan más arrinconadas por la disputa del agua, sumado a la gente nueva que va con una expectativa laboral. Entonces la gente busca subsistir, van ganando lugar las pensiones estatales, y se pierde autonomía.

En Argentina tanto el presidente como el ministro de Ambiente han puesto a Chile como ejemplo de minería responsable ¿qué le sugieren esas expresiones?

—Creo que se construye una quimera en torno a la minería en Chile. Ese tipo de declaraciones son expresiones muy maliciosas, que muestran datos de excedente económico pero no se muestra el costo territorial que significa eso. A esos beneficios no se le adiciona la crisis hídrica que está provocando ese modelo: un tercio de Chile está sin agua. Y el norte del país es la zona de mayor crisis hídrica y donde es más cara el agua, una región donde el noventa por ciento del agua se la llevan las mineras. Asimismo hay una problemática grave en cuanto a la salud: la minería enferma a la gente, las áreas cercanas a las faenas mineras son zonas con altos índices de cáncer, de problemas respiratorios, producto de la polución y la contaminación de agua. Cuando se habla de Chile como modelo no se cuenta el lado oscuro que significan las cifras macroeconómicas.

Hay una fuerte campaña para instalar la secuencia: litio-energía renovable-ambiente sano ¿cómo deconstruye ese discurso?

—Lo que hay que ver es qué ambiente y para quién. El litio que se vende es carbonato, una sal que se exporta a China, Japón, Alemania, Estados Unidos para productos tecnológicos. En apariencia se busca una solución a la crisis ambiental mediante, por ejemplo, los autos eléctricos que necesitan litio para las baterías. Pero cuando empezamos a ver esos autos nos damos con que necesitan cuatro veces más cobre que otros, y que se necesitan otros minerales como cobalto, que también generan múltiples impactos. Y así podemos seguir. Entonces, si es genuino el deseo de cuidar el ambiente, hay que pensar la ecología tomando la totalidad de la cadena productiva, no sólo el consumidor final que efectivamente generará menos emisiones de carbono. Pero qué hay de la zona de donde se sacan estos minerales, bueno ahí tenemos la misma destrucción territorial de siempre. Este eco-capitalismo es absolutamente discriminatorio: construye territorios de primera y de segunda, con sus respectivas comunidades de primera y de segunda.

Fuente: https://latinta.com.ar/2018/07/eco-capitalismo-en-torno-al-litio-esconde-la-devastacion-de-siempre/

En consecuencia, la «contrarreforma agraria integral» del capitalismo e imperialismos está amenazando de exterminio a la vida planetaria y la humanidad, ante todo, debido a agravar e intensificar los problemas planteados por Guillermo Folguera. Esto debería interpelar a una creciente mayoría de las diversidades de abajo sin fronteras para hacerse cargo de asumir sus trabajos colectivos e individuales desde sus involucramientos con las luchas por erradicar los extractivismos y encaminar los buenos vivires.

 

Cinco problemas crecientes: de la contaminación y la escasez, a las desigualdades y la vigilancia

30 septiembre 2019

 

Por Guillermo Folguera 

 

El investigador del CONICET y docente del Área de Historia de la Ciencia y Filosofía de la Biología Guillermo Folguera reflexionó sobre los modos de vida, producción, alimento, trabajo y usos del tiempo asociados a las formas de producción y de consumo, de donde surgen diferentes efectos ambientales y sociales.

La pregunta acerca de las consecuencias a mediano y largo plazo que tiene el escenario actual en Argentina nos obliga a reflexionar en los modos de vida, producción, alimento, trabajo, usos del tiempo. Y entonces, asociados a las formas de producción y de consumo, surgen diferentes efectos ambientales y sociales. Va un intento por nombrar y reconocer cinco de ellas que nos afectarán a nosotros y a nuestras generaciones en las décadas sucesivas. 

Incremento de la contaminación 

Nuestros suelos, aires y aguas están cada vez más contaminados. No es un asunto de debate, la ausencia de datos sólo habla de una política de Estado que se ha montado al respecto. A su vez, tenemos evidencias crecientes en nuestros propios territorios que simplemente tratamos de negar. Ahora bien, a pesar de lo que suele señalarse por parte de las corporaciones y los responsables del Estado, la contaminación no está dada por un descuido, por un error que acaso pudo evitarse.

La contaminación se asocia a verdaderos territorios sacrificados, aspectos no reconocidos de los modos en que se ha decidido producir. No hay errores, son aspectos inevitables silenciados. Y junto con el daño sobre nuestros territorios aparecen dañados nuestros cuerpos. Por ejemplo, difícil es explicar hoy la prevalencia del cáncer a escala local y global sin acudir a los daños ambientales y a la contaminación. 

Escasez de bienes comunes 

De manera creciente, los recursos, los denominados bienes comunes son y serán cada vez más escasos. Esto no sólo incidirá en su acceso, sino que es parte del modo en que logran conformarse como productos comerciables de muy alto valor.

El caso más claro es el agua potable, limitada en una parte importante de los territorios de Argentina. El agua se trata de uno de los principales recursos que consumen enormes emprendimientos extractivistas tales como la megaminería y las plantaciones de árboles para uso de celulosa. Este proceso se ve intensificado por la erosión de los suelos y el avance de los procesos de privatización y apropiación. Bienes cada vez menos comunes, bienes cada vez más excepcionales. 

Desigualdad

Los procesos de deterioro ambiental han generado consecuencias sociales muy diversas en las últimas décadas. Junto con el mencionado daño de la salud, se reconocen otros efectos claves. Por un lado, efectos demográficos directos que han incrementado la vida en las grandes urbes mientras se ha despoblado las zonas rurales.

La mayor producción y la creciente marginación no sólo no son procesos opuestos sino que son parte de un mismo movimiento. 

Por el otro, la concentración creciente en la propiedad y uso de ciertos recursos. Este doble juego de marginación y de concentración del capital ha mostrado consecuencias diversas que van desde la precarización del trabajo al modo en que, por ejemplo, el narcotráfico se dispone en América Latina. A pesar de los discursos del caso, las últimas décadas sólo han intensificado una desigualdad creciente en nuestros territorios. La mayor producción y la creciente marginación no sólo no son procesos opuestos sino que son parte de un mismo movimiento. 

Control

Cierto es que para el poder, el control no es algo novedoso. Históricamente, se han acudido a diferentes estrategias para garantizar su invisibilidad y permanencia. Sin embargo en las últimas décadas las formas de control y vigilancia se han multiplicado y diversificado. Ya no está en juego sólo el mirar y el ser mirado o el control de los cuerpos mediante recintos. Otras formas de control han aparecido y sólo sugieren que tendrán presencia creciente en los próximos años.

El caso paradigmático en la actualidad es el de las semillas, en la que los intentos por promulgar una nueva ley es una de sus manifestaciones más claras. 

Una de ellas, fuertemente asociada a los aspectos anteriores, es la degradación de los territorios que conlleva a aceptar nuevas formas de producción, etc. Generar un shock para tener que abrazar un nuevo escenario. También los modos de control entre personas, maneras de vigilarnos y calificarnos, puntuarnos sin que se precise un Gran Hermano. Y otro modo vigente de control, son las estrategias para incrementar dependencias. La búsqueda de las patentes y de la propiedad intelectual, a la vez que se logra la expansión del capital, trae aparejado controles diversos. El caso paradigmático en la actualidad es el de las semillas, en la que los intentos por promulgar una nueva ley es una de sus manifestaciones más claras. 

Ocultamiento y naturalización 

Todos los aspectos anteriores tienen una historia, un sistema económico, social y político que los sostienen. Pero además, cuentan con determinados medios de propaganda que lo ocultan -primero- y naturalizan después. Quizá las generaciones sucesivas logren quebrar los procesos de ocultamiento y naturalización que hay detrás de cada una de ellas.

Bajo el único norte de incrementar la eficiencia productiva, se presenta a la contaminación como un aspecto indeseable aunque inevitable. La escasez de los bienes comunes afecta cada vez más a las comunidades que ven cómo se privatiza y comercializa con elementos fundamentales para una vida digna. La desigualdad social se intensifica y es garantizada bajo regímenes crecientes de control. La desnaturalización de cada uno de esos aspectos es quizá el primero de los pasos para poder revertirlos en las décadas que se avecinan. 

Revista Cítrica

Fuente: 

http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Cinco-problemas-crecientes-de-la-contaminacion-y-la-escasez-a-las-desigualdades-y-la-vigilancia

 

 

 Alternativas emancipatorias

 

Recuperemos lo explicado por la investigadora chilena Bárbara Jerez:

"Lo que hay que ver es qué ambiente y para quién. El litio que se vende es carbonato, una sal que se exporta a China, Japón, Alemania, Estados Unidos para productos tecnológicos. En apariencia se busca una solución a la crisis ambiental mediante, por ejemplo, los autos eléctricos que necesitan litio para las baterías. Pero cuando empezamos a ver esos autos nos damos con que necesitan cuatro veces más cobre que otros, y que se necesitan otros minerales como cobalto, que también generan múltiples impactos. Y así podemos seguir. Entonces, si es genuino el deseo de cuidar el ambiente, hay que pensar la ecología tomando la totalidad de la cadena productiva, no sólo el consumidor final que efectivamente generará menos emisiones de carbono. Pero qué hay de la zona de donde se sacan estos minerales, bueno ahí tenemos la misma destrucción territorial de siempre. Este eco-capitalismo es absolutamente discriminatorio: construye territorios de primera y de segunda, con sus respectivas comunidades de primera y de segunda".

Entonces, la reforma agraria integral,  la nacionalización e industrialización a la capitalista no son caminos emancipatorios de los pueblos, trabajadores y campesinos e indígenas. Es fundamental generalizar la discusión abajo y a las izquierdas sobre la falsedad de este progreso boliviano:

El futuro del automóvil está en Bolivia

24 de junio de 2009

Autor: Pablo Kummetz

Editor: José Ospina

 

 

Para que funcionen fiablemente, los autos eléctricos necesitan baterías de alta capacidad. Ello se logra sólo con litio. Bolivia tiene las mayores reservas de litio del mundo.

Un precio del petróleo de más de 140 dólares por barril en el verano de 2008 hizo sonar todas las alarmas. Desde hace tiempo se sabe que los combustibles fósiles, además de dañinos para el medio ambiente, van a escasear en el futuro. La crisis de hace un año convenció al más escéptico: el futuro pertenece a los automóviles eléctricos.

Para funcionar fiable y económicamente, los motores híbridos (gasolina y electricidad) y los eléctricos requieren de potentes baterías. Y las baterías eléctricas necesitan litio. En su forma pura, el litio es un metal blando, de color blanco plata, que se oxida rápidamente al aire o en el agua.

El litio se encuentra disperso en ciertas rocas, pero nunca libre, dada su gran reactividad. Se encuentra en pequeña proporción en rocas volcánicas y sales naturales, como en el Salar de Uyuni y también en el Salar de Atacama, en Chile. Explotarlo económicamente no es nada fácil.

Grupos económicos de Japón, Corea del Sur y Europa hacen cola ya en Bolivia para acceder al litio del Salar de Uyuni, a 3.600 metros de altura, donde se suponen los más ricos yacimientos de litio del mundo.

La carrera del litio 

Pero Evo Morales, el presidente boliviano, quiere evitar que las ganancias de la explotación del mineral vayan a parar sólo a los bolsillos de grupos extranjeros. Por otro lado, al país le faltan la tecnología, los conocimientos y el capital necesarios para explotar solo los yacimientos. Será un delicado acto de equilibrio. Bolivia quiere obtener el mejor precio posible por la materia prima del futuro.

 

Ya hay ofertas de cooperación de tres grupos económicos: Mitsubishi, Sumitomo y Bolloré. Pero no se ha firmado contrato alguno. Por ahora sólo se da una cooperación voluntaria. Pero está claro que las tres empresas quieren cerrar contratos lo antes posible con el Gobierno. También el gigante surcoreano LG Chem está interesado.

Mitsubishi es uno de los mayores grupos económicos de Japón. Posee también numerosas filiales y cooperaciones que no llevan su nombre. Por ejemplo unas 30 subempresas de Mitsubishi son parte de la Space Communications Corporation, el operador japonés de satélites de telecomunicaciones.

El grupo Sumitono, también japonés, está conformado por unas dos docenas de empresas en las más variadas ramas económicas, desde químicas y eléctricas, pasando por un banco, hasta de construcción de automóviles.

Bolloré es un grupo francés, con una facturación anual de unos 5.400 millones de euros y más de 33.000 empleados en todo el mundo. Entre sus áreas de actividades se cuentan la industria petrolera, la del papel y la logística. Junto con Électricité de France (20 %), Bolleré (80 %) creó la empresa BatScap, que desarrolla baterías de litio-polímeros y planea fabricar autos eléctricos. El primer proyecto de coche eléctrico es el Bluecar.

 

Alemania: “el mejor electroauto del mundo” 

 

Mitsubishi CT, coche eléctrico presentado en el North American International Auto Show, en Detroit.

En Alemania se invertirán en los próximos años hasta 30 millones de euros en la investigación de modernas baterías de iones de litio. El propio ministerio de Investigación aportará 10 millones, mientras que el de Transporte aportará otros 10 a 15 millones. “Queremos que los mejores electroautos provengan de Alemania”, ha dicho Annette Schavan, la ministra de Investigación.

La inyección financiera fue para la Universidad de Ulm y el Centro de Investigación del Sol y el Hidrógeno. En Alemania es estima que la primera generación de baterías de iones de litio saldrá al mercado en 2011. Se calcula que hasta el 2015 circularán en Alemania un millón de vehículos con motor eléctrico.

Gobierno espera propuestas concretas

La posición negociadora del Gobierno boliviano es fuerte. El Gobierno boliviano ha declarado al Proyecto Litio de competencia presidencial y espera propuestas concretas de las empresas interesadas. Los medios locales lo apoyan en toda la línea. “Bolivia en la mira de las transnacionales de la industria automotriz” tituló a toda portada recientemente el semanario boliviano La Época.

Todo parece indicar que en sus visitas recientes a Francia y Rusia, Morales trató también el tema de la cooperación bilateral para la explotación del mineral.

“Bolivia aspira a industrializar el litio con socios hasta el 2015”, afirmó el diario “La Razón”, también de La Paz. A ese medio, el director general del Ministerio de Minería de Bolivia, Freddy Beltrán, dijo que “el Estado boliviano quiere tener una fábrica para la producción de litio bajo dirección propia”.

Las reservas son estimadas por la Dirección de Recursos Evaporíticos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en a 350 millones de toneladas, de las cuales se pueden extraer 140 millones. A un precio de 3.000 dólares por toneladas, se trata de un volumen de negocios, sólo por la extracción y venta del mineral, de 429 mil millones de dólares.

Planta piloto 

La obtención de litio exige, sin embargo, muchos conocimientos, inversiones y tiempo. En el Salar de Uyuni, el mineral se halla debajo de una dura capa de sal. Para extraerlo hay que sacar primero tajadas de suelo, luego licuarlas y construir una red de tuberías para transportarlo.

Para analizar las posibilidades de exportar el mineral, el Gobierno aprobó una inversión de seis millones de dólares en una planta piloto, que comenzará a producir experimentalmente carbonato de litio en 2010.

En la planta piloto se ensayarán diferentes procesos de producción, que actualmente son investigados en Bolivia y en Japón. La idea es dejar de ser productor sólo de materia prima y agregar valor al producto, por ejemplo, fabricando baterías para vehículos, entre otros productos. 

Se prevé que a partir de 2014 el país estaría listo en todo caso para exportar el carbonato de litio y buscar un socio para la industrialización. Ante la situación de no conseguir socios concretos, el Ejecutivo no ha descartado realizar solo la explotación. Sin embargo, es consciente de que necesitará apoyo: “Necesitamos la tecnología para fabricar baterías y nosotros estamos atrasados años luz en esto, es por eso que necesitamos un socio”, subrayó Beltrán en medios bolivianos.

Según Adalid Cabrera Lemuz, periodista económico del semanario “La Época”, para Bolivia comienza una era dorada: “Hace tres años el litio costaba 300 dólares la tonelada, hoy cuesta 3.000. Y la tendencia del precio es seguir al aumento. El litio puede ser un elemento clave para el desarrollo nacional”, dijo el periodista a la radio y televisión austriaca ORF. Ahora todo está en manos del gobierno boliviano.

    

Fuente: https://www.dw.com/es/el-futuro-del-autom%C3%B3vil-est%C3%A1-en-bolivia/a-4415460

 

 

 

Verificamos que la nacionalización e industrialización a la capitalista no es camino emancipatorio de los pueblos y trabajadores. Al contrario, la cooperación asimétrica encubre que se consolida la sociedad de consumo en vez de los buenos vivires. En base a esta realidad concreta, deschavemos al gobierno de Evo que declara estar gestionando el capitalismo de transición hacia dichas armonías dentro de la sociedad y de ésta con la Naturaleza.

 

Sólo la lucha de los pueblos indígenas y las asambleas están bloqueando la contrarreforma agraria integral de los extractivismos.

En la Puna, las asambleas vienen trabajando desde antes de 2011 en defensa del territorio. Toda esa experiencia acumulada es la que intentan articular en los diferentes espacios. Aunque a veces parecen hibernar, de repente se reavivan ante algún hecho puntual, como sucedió en enero y febrero de este año en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc cuando expulsaron a Ekekos S.A. y AIS Resources Limited de su territorio. En ese momento, las asambleas emitieron un comunicado en el que expresaron “que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación minera de litio y que no hay vuelta atrás, que no esté llamando a mesas chicas ni reuniones para convencer a dirigentes. Y que si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos”.


La asamblea del último sábado ratificó el documento del 22 febrero en uno de cuyos puntos dice que “ninguna comunidad en particular está autorizada a aprobar, autorizar ni mantener negocios vinculados a actividades que afecten negativamente al territorio”.

 

 

Litio y extractivismo: las asambleas jujeñas se movilizan y reclaman que se escuche su voz

Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Jujuy


El litio y otros minerales son uno de los negocios más rentables para las empresas trasnacionales y Argentina cuenta con una de las leyes más flexibles de la región. En ese marco las comunidades buscan proteger su territorio de daños irreparables.
La provincia de Jujuy avanza con una amplia agenda extractivista a todo vapor: nuevos proyectos, sumados a otros que vienen desde varios años atrás que el gobierno de Gerardo Morales impulsa con fuerza. La polémica acompaña a estos emprendimientos, por un lado, los pasivos ambientales que anteriores experiencias han dejado en los territorios que explotaron, pero también la falta de consultas, previas, libres e informadas a las comunidades originarias que obliga la ley. Por otro lado, los puestos de trabajo que implican estos desarrollos mineros hace que una parte de la población no los vea con malos ojos y desatienda el costo ambiental a mediano y largo plazo.
 

A lo largo y ancho de la Puna, inclusive en las poblaciones de la Quebrada de Humahuaca, asambleas ambientales de comunidades y pobladores han vuelto a despertar alarmados por estos proyectos. “Las asambleas tienen una dinámica en directa relación con los avances mineros –cuenta a Tiempo un asambleísta de Abrapampa–, en toda la Puna empezamos a juntarnos especialmente cuando hay movimientos en el territorio, como ahora está pasando con algunos proyectos y emprendimientos con minería de litio”.
En enero y febrero, las comunidades empezaron con medidas concretas de resistencia, como los cortes de la Ruta 52 de comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Este sábado 6 de julio en la localidad de Pozo Colorado, se realizó una asamblea que además contó con representantes de la Comunidad de Mudana y Cimarrones (de la Asamblea de Autoconvocados de Huacalera), Ayllu Inti Yaku Apu Coyamboy (de Coranzuli) que también se encuentran amenazadas por proyectos extractivos en sus territorios.
 

En la Puna, las asambleas vienen trabajando desde antes de 2011 en defensa del territorio. Toda esa experiencia acumulada es la que intentan articular en los diferentes espacios. Aunque a veces parecen hibernar, de repente se reavivan ante algún hecho puntual, como sucedió en enero y febrero de este año en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc cuando expulsaron a Ekekos S.A. y AIS Resources Limited de su territorio. En ese momento, las asambleas emitieron un comunicado en el que expresaron “que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación minera de litio y que no hay vuelta atrás, que no esté llamando a mesas chicas ni reuniones para convencer a dirigentes. Y que si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos”.


La asamblea del último sábado ratificó el documento del 22 febrero en uno de cuyos puntos dice que “ninguna comunidad en particular está autorizada a aprobar, autorizar ni mantener negocios vinculados a actividades que afecten negativamente al territorio”.
Un reclamo de las asambleas es que los gobiernos no respetan el territorio comunitario, “nunca lo han hecho, pero las comunidades ya han conformado un protocolo de consulta, que salió con mucho de trabajo de asamblea. Y desde la gestión Morales, al que se le regaló un ejemplar, nunca, nunca se nos llamó y vemos como los intereses de los gobiernos y de las empresas priman más que los de los dueños verdaderos del territorio”, declaran. El protocolo se llama Kachi Yupi, y el gobernador Gerardo Morales supo prometer sacarlo por decreto y reglamentarlo, hasta la fecha eso no sucedió. Sin embargo, la consulta previa, libre e informada se encuentra en el convenio 169 de la OIT y se incorporó por ley nacional en 1992.


La voz de las asambleas no encuentra suficiente eco en los medios de comunicación, enfrentan intereses varias veces millonarios y aunque son los únicos que se encuentran en el territorio no son tomados como interlocutores válidos hasta que logran una acción de gran visibilización. El gobernador Morales, por su parte, mantiene su gran apuesta por el litio, según sus estimados unos 2.000 millones de dólares llegaron a la provincia interesados especialmente por la flexibilidad de la legislación nacional. China está entre los países con mayor interés, al punto que Morales ya realizó tres viajes al país asiático y se reunió con su presidente durante la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires.
Argentina posee el costo de producción más bajo del denominado triángulo del litio (el NOA junto con Bolivia y norte de Chile poseen más del 75% de las reservas del mundo), que se relaciona con el modo de explotación por medio de la evaporación de agua para producir el carbonato de litio. El agua dulce en la región es un bien precioso y escaso. “Ahora la gente empieza a ver consecuencias ambientales de otros proyectos que avanzaron. En el litio, el problema es el uso del agua que cambia el sistema de la salina, las imágenes del impacto visual ya son elocuentes”, cuenta Enrique, de la Biblioteca Andina Ñawpayachaykuna , quien sigue el proceso de cerca.
 

Otro punto de alerta en el caso de minería de otros metales es Rinconada, con minas Chinchillas (SSR Mining Puna) que a fines del 2018 empezó la explotación a cielo abierto de plomo, plata y zinc, luego del cierre de Mina Pirquitas en 2016. En esa zona las comunidades tienen una tradición minera a lo que se suma la estrategia del gobierno y de las empresas de convencer a la población por medio de las fuentes de trabajo que generan estos proyectos. “Nosotros comprendemos la necesidad de trabajar. Incluso se ve una suerte de enfrentamiento generacional, con la gente mayor que tienen experiencia en las consecuencias, porque cerca de Rinconada hay pasivos ambientales que no han sido remediados, que están activos, como mina La pulpera, Minera Aguilar (que contaminó el río Yacoraite, que desemboca en el río Grande de Jujuy), Mina Loma Blanca, Mina Providencia, que son emprendimientos pequeños”.


El más emblemático de estos proyectos es la mina Pan de azúcar. Los relatos coinciden en que al llegar al lugar se siente el olor a plomo. Ese pasivo ambiental drena y en época de lluvia va por distintos arroyos y ríos durante el verano a desembocar en la laguna de Pozuelos, que es un Monumento Natural Nacional. “Los estudios de 2016 y 2017 ya detectaron una subida del ph del agua”, cuentan los asambleístas.
El ruido que producen estos emprendimientos de litio y otros metales hace que la gente se empiece juntar, los rumores llegan hasta la misma Quebrada de Humahuaca. Hasta los turistas que pasan por ese territorio se ven interpelados por carteles, llamados a asambleas, megáfonos. La asamblea de Huacalera está muy activa en la zona, en el documento del último sábado reafirmaron que los datos de catastro minero de la provincia de Jujuy el gobierno ofrece múltiples proyectos mineros en esa zona.
Al no tener información directa, fuera de la que brinda la página web, es la experiencia la que les reclama atención. “Cuando empezamos a ver movimiento de maquinarias o empiezan a dar vuelta las camionetas de las mineras ya sabemos que están por emprender algo. De la noche a la mañana te construyen o arreglan caminos. Por eso el tema de la consulta es tan importante. Por ejemplo eso pasó en la mina de cobre que había cerrado en Rumicruz que los puneños se alertaron al ver que el Estado de repente comenzó a arreglar un camino. Algo parecido pasa en Huacalera, y lo más probable es que estén buscando realizar exploraciones en la zona”.

 

Ya desde Purmamarca arranca la movilización asamblearia, los vecinos autoconvocados de allí impidieron hace no mucho la privatización del cerro De los siete colores y el Camino de los colorados. Aún están peleando por el agua, dado que hay una obra en marcha que toma agua de Laguna La Doncella para enviarla a otros sitios de la provincia. “Desconocemos aún los fines reales de este emprendimiento”, aseguran y desde su sitio en la red Facebook denuncian: “Aquí la consulta libre, previa e informada jamás existió y se alteró un patrimonio ecológico de forma irreversible”.
“En concreto lo que nos moviliza es la defensa del territorio de la Pachamama”, dicen desde Abra Pampa, una de las poblaciones más emblemáticas en cuanto a daño ambiental. Niños y adultos de esa localidad tenían niveles de plomo nocivos para la salud en su sangre a más de 20 años de que se fuera una minera de allí.
Pese a las largas distancias, a los impedimentos impuestos por los gobiernos nacional y provincial y a la falta de información, las comunidades y los asambleístas de la Puna se están movilizando, compartiendo experiencias, autogestionándose y articulando entre ellas ante el avance de la minería extractiva.


En junio, la empresa de capitales mixtos Jemse se asoció con la italiana Seri para desarrollar una fábrica para ensamblar baterías de litio en la localidad de Perico, donde ya construyeron un aeropuerto. Esto por su puesto no quita que las regalías que quedan en Jujuy, como en el resto de las provincias, sigue siendo del 3 por ciento de boca de mina, el ínimo de la región. Los otros tres países del triángulo del litio participan fuertemente de la lógica extractivista pero desde otra mirada. El Estado chileno concentra la producción y ha reducido las licencias en la zona cordillerana y Bolivia ha nacionalizado sus yacimientos.

Fuente: http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com/2019/07/asambleas-jujenas-piden-ser-escuchadas.html

En consecuencia, la «contrarreforma agraria integral» del capitalismo e imperialismos  resulta en ganancia a corto plazo de los poderes locales de países sometidos a extractivismos y en mayor beneficio exclusivo para las transnacionales y sus estados. Se hace avasallando los derechos de los pueblos y de la Naturaleza. Significa destrucción de presente y futuro convirtiendo en inhabitable a ecorregiones, continentes y planeta. Es decir que el progreso capitalista imperialista se hace a expensas de ecocidios-genocidios. Por tanto, es prioritaria la ruptura de la subsunción totalitaria del Trabajo en el Capital mediante la multiplicación de espacios en común de deliberación abajo sobre esta guerra contra los pueblos que se está dando, ante todo, en las disputas de territorios.

 

Investigación denuncia graves impactos sociales y ambientales de minería del litio en el Cono Sur

6 de septiembre de 2018

 

Por Rodrigo Fuentes 

 

La investigadora Bárbara Jerez aborda en un reciente estudio el boom de la actividad extractivista que beneficia a naciones desarrolladas, pero con graves problemas para las comunidades y los ecosistemas. Además, las respuestas que ha generado: movilización y resistencia territorial por parte de las etnias que históricamente han vivido en las zonas intervenidas.

La extracción del litio, elemento clave para el desarrollo de China, Estados Unidos, Europa y Japón, a través de la fabricación y uso de baterías eléctricas, significa también detrimento para los países productores del mineral.

Chile, Bolivia y Argentina conforman el “triángulo del litio”, donde se concentran las mayores reservas a nivel mundial, sin embargo, también son las comunidades que viven en los territorios los principales afectados por la irrupción de las compañías que bregan para tener una parte de la extracción del llamado oro blanco.

“Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandinos del Cono Sur”, es el título del trabajo realizado por la investigadora Bárbara Jerez, quien relaciona el aumento de los proyectos de explotación con los graves problemas que esto acarrea para los pueblos originarios y los ecosistemas reinantes.

Para la también doctora en Estudios Latinoamericanos, el método utilizado y más económico para la obtención del mineral, la evaporación de agua y la decantación de salmueras, es uno de los principales causantes de que se estén secando acuíferos subterráneos, devastando territorios y formas de vida de comunidades originarias que han vivido por miles de años en torno al pastoreo, agricultura y comercio.

“No hay que solo hablar de litio, hay que hablar de salares. No basta con discutir quien se queda con el litio, sino que hay que evidenciar los impactos sociambientales que genera un mineral que se aprecia como elemento fundamental para la reconversión tecnológica verde. Pero esta modificación tiene un lado oscuro, colonial, que significa repetir el mismo extractivismo de siempre, que actúa contra los habitantes locales con el fin de satisfacer una matriz energética carbono cero de las sociedades industriales que no ven lo que está sucediendo acá”, afirmó.

La investigadora Bárbara Jerez agregó que en todos los salares altoandinos de Chile, Bolivia y Argentina se utiliza agua dulce para la extracción del mineral, a través de un método arcaico como es la evaporación, que va secando los mantos acuíferos, eliminado flora y desplazado a la fauna, lo cual excluye también a la ganadería, la agricultura y el turismo local, debido a la afectación de reservas nacionales.

“El factor común en todas estas naciones es que se extrae indiscriminadamente agua, sin fiscalización alguna y sin tener conocimiento de la dinámica hidrológica de los salares, no existen estudios veraces, sin embargo, se siguen autorizando faenas sin tener certeza de los daños que esto produce. Otro de los problemas que se oculta es el que va contra las comunidades, que han sufrido una fuerte erosión de sus tejidos sociales, divisiones, conflictos, engaños y resistencia que de manera conjunta han afectado gravemente la convivencia comunitaria. Las empresas irrumpen con convenios y entregando ayudas asistenciales a cambio de controlar la voluntad de las comunidades que finalmente aceptan a las compañías y soportan las graves consecuencias socioambientales de la extracción minera en sus territorios”, argumentó.

La autora de la publicación “Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandinos del Cono Sur”, recalcó que el caso más grave se da en norte de Argentina. Precisó que ahí existen territorios explotados que se ubican en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca y que no tienen control alguno sobre las actividades empresariales.

Bárbara Jerez aseveró que no existe fiscalización, información pública y menos transparencia en los procesos. Además, agregó, la legislación vigente del país trasandino no considera medidas de control que rijan al litio e hidrocarburos. A diferencia de Chile, precisó, donde se asoma un tenue control, a través de la Corfo.

Para el coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), César Padilla, la ganancia a corto plazo para los países productores y el mayor beneficio exclusivo para las naciones desarrolladas, esconde la trasgresión de derechos, la única defensa legal que tienen las comunidades afectadas por los impactos de la minería del litio.

Precisó que esto se da principalmente porque son territorios extremos, donde muchos piensan que no vive nadie, pero que existen los llamados pueblos de sacrificio, que mueren por compensaciones económicas.

El coordinador de OCMAL. César Padilla, precisó que en Chile las empresas trasnacionales operan a través de la compra de autorizaciones de faenas a sus habitantes, que sufren del abandono Estatal. En Argentina, comentó, es aún desconocido, por la falta de información y la irrupción sin control de las empresas a la zona desértica del norte del país trasandino. En tanto, en Bolivia, se explota a cambio de más renta para el Estado, sin tener conocimiento de lo que se realizará en el futuro con los dineros.

“Hay varias distorsiones aquí, cosas que no están a la luz y que lo tiene que saber la gente, las mismas personas que hoy ven al litio como la salvación económica. La salvación en realidad yo no sé para qué. Va a pasar lo mismo que históricamente ha sucedido con nuestros recursos naturales, vamos a perder doblemente, porque se regala el litio sin proceso alguno a naciones desarrolladas, produciendo solo la destrucción de ecosistemas desconocidos, que pueden tener mucho potencial y que no están vinculados con la explotación del mineral”, subrayó.

César Padilla aseveró que para contrarrestar los daños que produce la explotación indiscriminada por parte de, principalmente, compañías trasnacionales, es imperiosa una discusión regional en base a estudios sólidos y evaluaciones serias sobre los reales límites y posibilidades que tiene el territorio para el desarrollo de estas actividades económicas.

Además, sentenció, se requiere un debate en torno a la instalación de proyectos no solamente en base al aumento de la demanda internacional de litio o de otro recurso natural de turno. Es decir, “repensar la sustentabilidad energética abarcando los procesos territorialmente desiguales de apropiación-producción-comercialización-utilización del litio, y no sólo su uso final como materia prima para la generación de tecnología de reemplazo de las energías fósiles de unas sociedades y territorios a costa de otras”, finalizó.

Radio UChile  

Leer

 

 

Generalicemos la concepción sobre que los derechos de la naturaleza significan respetar la dinámica-evolución esencial a la vida tanto humana como no humana. Tampoco puede haber desarrollo y bienestar social sobre la base de desposesión-exterminio de una o más comunidades, naciones.

 

 

La fiebre del litio

Publicado en Página 12 el 6 de Junio de 2011.

 

La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.

 

 

Por Darío Aranda

 

“El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.

“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo.

 

En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).

 

El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama.

 

“Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores, 47 años, kolla, siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias, piensan y actúan de manera similar.

 

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía.

Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades indígenas.

 

“La explotación de la minería y la afectación del uso del agua –con el absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas– en una zona árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas por tales emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos de los jueces del máximo tribunal del país.

 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA Salta.

Respecto de la minería, precisa que sus “principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

 

En diciembre pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”.

 

“La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad.”

 

Rodrigo Solá, uno de los abogados que participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano. “Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego vender.”

 

En febrero de 2010 las comunidades indígenas confirmaron que había empresas que exploran las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando. “Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/ provincia de Jujuy y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras once comunidades.

 

Entre los ejes de la demanda figura la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.

 

Se solicita la suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional.

“No puede ni debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas”, explica Solá, que desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades, y precisa que “el consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas no sería válido ni pertinente”. Y remarca la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del Código de Minería y Código Civil.

 

Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa: “Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.”

 

Subnotas:

“Nosotros no comemos baterías”

Un mineral codiciado

“Recurso estratégico provincial”

Fuente: https://darioaranda.wordpress.com/2011/06/07/la-fiebre-del-litio/

 

 

Desenmascaremos a gobiernos e intelectuales progresistas y a las izquierdas reformistas. Aprovechemos para instalar en la deliberación popular el juicio al sistema opresor facilitando en una creciente mayoría percibir  la ofensiva del capitalismo contra los pueblos desde su imposibilidad actual de superar su crisis estructural desde 2008. Nos ayudarán:

 

 

 

Dos notas sobre capitalismo y ecología

4 de octubre de 2019

Por Marisa del Campo Larramendi (Rebelión)

Primera nota: el capitalismo es el problema.

Ningún modo de producción se corresponde a una supuesta naturaleza humana. Ninguno es la coronación de una pretendida marcha del espíritu humano. Todo modo de producción es histórico: nace por unas circunstancias concretas, se desarrolla de una manera y acaba de una forma.

El capitalismo se basa en la explotación del hombre por el hombre. Su dinámica es la acumulación incesante de capital, la conversión de todo en mercancía, la extracción de plusvalía al factor trabajo. Su esquema es D – M – D´, esto es: invertir dinero para producir mercancías para generar más dinero, que se invertirá en producir más mercancías para generar más dinero en un ciclo que se cree y se desea progresivo e infinito.

Y a pesar de los inmensos desastres que ha provocado – desposesión inicial del campesinado, explotación salvaje del proletariado en sus comienzos en Europa y en la actualidad en muchas zonas del mundo, expansión colonial que llevó la destrucción a todos los continentes, guerras regionales y mundiales… – ha logrado una gran legitimidad al punto de que para una mayoría es el sistema productivo que corona la civilización, el mejor de los mundos posibles.

Esta hegemonía en la sociedad y en la mente de las gentes no es fruto sólo de la propaganda o de la ignorancia del pueblo. También se debe a la inmensa capacidad del capitalismo. Ningún modo de producción, ningún sistema de dominación sobrevive por mucho tiempo si no es capaz de satisfacer de forma apropiada las necesidades materiales y espirituales de una parte significativa de la población. Y no cabe duda de que el capitalismo con su inmenso desarrollo de las fuerzas productivas, con su gran capacidad de crear riqueza, con su abrumadora producción de mercancías ha logrado satisfacer los deseos y aspiraciones de una parte muy importante de las sociedades avanzadas y de una parte pequeña pero poderosa de las atrasadas.

Sin embargo el coste que para la mayoría de los seres humanos está significando esta vida privilegiada de algunos, si siempre ha sido gravoso, hace ya tiempo que se transformó en insoportable. Incluso esos privilegios de algunos empiezan a reducirse, para significar lisa y llanamente el enriquecimiento de cada vez menos.

El capitalismo está en crisis, incapaz de superar sus contradicciones internas, imposibilitado de resolver de forma eficaz sus problemas de tasa de ganancia, acumulación de capital y sobreproducción, pero el capitalismo está dispuesto a pervivir sea como sea.

Hemos llegado a lo que se ha dado en llamar el “momento Polanyi”: la conversión de todo en mercancía, en fuente de riqueza, en materia para el capital, en terreno para el beneficio privado, en sangre fresca para el mercado, destruye las propias bases en las que se asienta cualquier sociedad humana, la lleva a su autodestrucción… y esta sociedad, inevitablemente tratará de defenderse de esta desposesión masiva de lo común, de esta despiadada apropiación privada de personas y bienes, de esta mercantilización absoluta de la vida humana.

Sin embargo esta reacción defensiva inevitable de los de abajo no tiene el triunfo asegurado y, lo que es peor, puede que no llegue a tiempo. Porque la etapa histórica que nos ha tocado vivir, la que vamos a dejar en herencia a nuestros hijos, está marcada por una terrible carrera, la que están disputando el desastre ecológico provocado por el capitalismo y la posibilidad de una transformación social que termine con este sistema económico depredador basado en el beneficio, la explotación y el capital.

Segunda nota: el capitalismo verde es un oxímoron.

El oxímoron es una figura retórica que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. Por ejemplo: secreto a voces, agridulce o muerto viviente. La utilización de “verde”, entendido como ecológico, junto a la palabra “capitalismo” sería contradictoria en los propios términos… aparte de un demagógico uso retórico que trataría de ocultar las leyes fundamentales del capitalismo, pues solo desde su desconocimiento o desde un propósito de manipular conciencias es posible esa quimera llamada capitalismo verde. Veamos:

1º.- Como dijimos en la nota anterior, la acumulación incesante del capital (D--M--D´), la conversión de todo en valor de cambio y mercancía, la transformación del trabajo en valor y fuente de plusvalía, la desposesión de lo común, la búsqueda del beneficio, la competencia entre los diferentes capitales y la creación de una gran masa humana que solo tiene para sobrevivir su fuerza de trabajo son las características básicas del modo de producción capitalista.

2º.- El crecimiento de las fuerzas productivas y los avances tecnológicos han supuesto un aumento sin igual en la historia de la productividad. Este aumento de la productividad ha ido paralelo a un aumento espectacular de las emisiones de CO2.

3º.- La pregunta sería entonces ¿Es posible controlar las emisiones de CO2, esto es, lograr los objetivos marcados por el IPCC – Panel Internacional sobre el Cambio Climático – con las leyes del mercado capitalista? Por ejemplo, a través del establecimiento de ecotasas.

4º.- Problemas de la ecotasa: uno, bajada del margen de beneficios empresariales, solo compensable repercutiéndola en los salarios o mediante reducción de impuestos o subvenciones; dos, las empresas contaminantes son más “eficaces” y tienen menos costes productivos; tres, perturbaría la competencia entre capitales, desplazando a estos a los “bienes verdes” subvencionados, lo cual, de nuevo, solo se podría reequilibrar bajando los salarios; cuarto, fomentaría las deslocalizaciones; quinto, se producirían desequilibrios tanto por parte de la demanda – por reducción de salarios – como por parte de la oferta – por sobreproducción de bienes verdes y/o aumento de precios de dichos bienes –

5º.- El cumplimiento de los objetivos del IPCC frenaría el crecimiento. Por ejemplo, una reducción del 85% de las emisiones de CO2 supondría una bajada del PIB mundial del 3,3 por año. Esta limitación del crecimiento sería incompatible con el principio capitalista de la acumulación continua y ampliada del capital.

6º.- Por añadidura el cumplimiento de estos objetivos no es compatible con la competencia entre capitales, otra ley fundamental del capitalismo, y significaría la introducción de profundos desajustes en la estructura del capitalismo mundial – a la par que perturbaría la rotación del capital –

7º.- Se produciría también un grave inconveniente para la rentabilidad del capital y no olvidemos que es el beneficio el objetivo fundamental del capital.

8º.- El cumplimiento de estos objetivos exigiría la creación de una instancia ejecutiva mundial que colisionaría con la división internacional del trabajo, los intereses de las grandes corporaciones y multinacionales y los objetivos de los estados hegemónicos en el Sistema Mundo.

9º.- La instauración de una economía verde y sostenible entraría en contradicción con las leyes fundamentales del capitalismo y solo sería posible con la creación de una economía planificada a nivel mundial.

10º.- Esta economía planificada mundial implicaría una cambio radical del modo de producir, de los bienes producidos y de los modos de consumo. Supondría una reducción substancial del excedente producido – algo de nuevo inaceptable para el capitalismo –

11.- Sí es concebible y posible una parcheo verde del capitalismo: nuevas fuentes de energía, mejor aprovechamiento de recursos, ahorro energético etcétera, pero todas estas reformas tendrían como límite infranqueable la naturaleza del capitalismo, esto es: la acumulación continua de capital, la extracción de plusvalía, la conversión de todo en mercancías, la mercantilización de las relaciones humanas, la expropiación continua de los bienes comunes.

12.- Para finalizar una cita: “Cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un mundo finito, es un loco o un economista” Kenneth Boulding.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=261123