Qué Economía

Octubre 2016

Sin ámbitos privilegiados de acumulación de la gran burguesía local gracias a gobierno de turno y burocracia sindical.

 

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Averigüemos en qué consisten los:

 Ámbitos privilegiados de acumulación en la Argentina reciente
25 de mayo de 2013

Por Ana  Castellani (coord)

Introducción

I
La historia argentina reciente presenta una particularidad desconcertante: durante décadas el Estado transfirió cuantiosos recursos públicos hacia un reducido grupo de grandes firmas a través de múltiples mecanismos y sin embargo, los resultados generales de estas políticas de fomento a ciertas fracciones del capital consideradas estratégicas para el desarrollo distaron mucho de ser favorables. Por el contrario, durante la segunda mitad del siglo XX se observan tres rasgos distintivos del derrotero económico nacional: la persistente dificultad para construir un patrón de desarrollo sostenido que permita aumentar la capacidad productiva, el acervo tecnológico y la calidad de vida de la población; el progresivo deterioro de las capacidades y de los niveles de autonomía relativa del Estado a la hora de diseñar, implementar y monitorear políticas públicas; y la consolidación de un reducido grupo de empresas que experimentaron un proceso acelerado de expansión gracias a su vinculación preferencial con el Estado.

En este libro analizamos las causas de este proceso suponiendo que el tipo de relación estructural establecida entre el Estado y los empresarios condujo a la conformación y progresiva expansión de diversos «ámbitos privilegiados de acumulación (APA)» que al difundirse en forma generalizada acrecentaron las restricciones al desarrollo. La particularidad de estos ámbitos es que las empresas privadas involucradas obtienen niveles extraordinarios de ganancias derivados de la existencia de privilegios institucionalizados y no institucionalizados generados por el accionar estatal.

Es muy abundante la literatura que reconoce la importancia de la relación Estado/empresarios para explicar los procesos de desarrollo sostenido en los países de industrialización tardía. Con distintos matices, en los trabajos se señalan tres factores centrales a la hora de explicar estos procesos:

a) la realización de intervenciones económicas estatales de alta calidad (o sea, coherentes, estables, relativamente autónomas, eficientes en cuanto al diseño y eficaces a la hora de la implementación de las diversas políticas);

b) la existencia de un empresariado “disciplinado” y comprometido activamente con el desarrollo nacional, dispuesto a colocar sus excedentes fronteras adentro, a realizar innovaciones de productos y procesos que permita menguar la dependencia tecnológica y proclive a realizar inversiones productivas que le permitan competir en el mediano plazo en el mercado internacional (al menos en algunos nichos estratégicos previamente seleccionados); y

c) elevados niveles de reciprocidad entre los actores públicos y privados y difusión de relaciones de enraizamiento entre los funcionarios públicos y los empresarios para garantizar el éxito de esas intervenciones estratégicas, tanto en su etapa de diseño como en la de implementación.

La evidencia empírica recabada en diversos estudios de caso demuestra que una articulación entre el Estado y los empresarios que facilite la construcción de un proyecto de desarrollo sostenido requiere la estabilidad en la orientación de políticas públicas que promuevan el crecimiento de ciertas ramas estratégicas de actividad, la existencia de reglas de juego claras para el capital, la construcción de canales institucionales de diálogo duraderos entre funcionarios y capitalistas para definir el contenido de esas cruciales intervenciones públicas, y el disciplinamiento del capital por parte del Estado, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos oportunamente. En suma, una combinación de intervenciones estatales de calidad, capitalistas disciplinados y autonomía enraizada.

Este tipo virtuoso de articulación permitiría la construcción y difusión de ámbitos estratégicos de acumulación (AEA) proclives al desarrollo, basados en la existencia de privilegios selectivos, transitorios, consensuados e institucionalizados, que en el largo plazo, logran incrementar la dotación de capital físico, el desarrollo de innovaciones tecnológicas (tanto de productos como de procesos), la productividad del capital y la competitividad internacional. Diversas experiencias de este tipo se registraron en algunos países del sudeste asiático a partir de los años sesenta, y dentro de la región latinoamericana, Brasil constituye en alguna medida, un ejemplo de este tipo de articulación fructífera entre el sector público y el privado.

Sin embargo, existen casos donde el Estado interviene activamente transfiriendo cuantiosos recursos públicos al sector privado y sin embargo no logra construir estos espacios de acumulación estratégicos. En su lugar se van difundiendo diversos APA que favorecen a una reducida fracción de empresas que logran expandirse aceleradamente sin incrementar su eficiencia y productividad; fortalecen a los empresarios que acceden a estos privilegios aumentando su injerencia en la orientación de la intervención estatal; debilitan el accionar estatal, por la progresiva pérdida de capacidades administrativas y financieras, y en definitiva, son incapaces de propiciar la construcción de un proceso de desarrollo sostenido como los AEA.

Pero para que esos espacios existan y se difundan es necesaria la construcción de una especie de red integrada por diversos actores y prácticas que permiten la generación y sostenimiento de diversos mecanismos de obtención de cuasi-rentas de privilegio no transitorias que son apropiadas por las firmas privadas involucradas sin ningún tipo de contraparte. En este sentido, el concepto permite incorporar dimensiones de análisis empírico vinculadas con el comportamiento de los actores sociales implicados y las relaciones que se establecen entre ellos. Precisamente, los APA sólo se pueden sostener si funciona una amplia y difusa trama de relaciones que articule los intereses de funcionarios políticos, burócratas y capitalistas. Estas relaciones pueden ser de distinto tipo, pero en todos los casos persiguen el mismo resultado: sostener, diversificar y/o expandir las condiciones privilegiadas de acumulación.

El mantenimiento de esta trama de relaciones, incluso ante el cambio de la gestión económica o hasta del propio patrón de acumulación, perpetúa las cuasi rentas de privilegio como forma primordial de acumulación de las empresas más grandes del país desalentando así procesos de innovación tecnológica y deteriora cada vez más la calidad de la intervención por la progresiva pérdida de autonomía y capacidades estatales.

En efecto, en vez de realizar intervenciones estratégicas que permitan superar los problemas económicos más acuciantes (más allá de cual sea el diagnóstico que en ese momento se tenga sobre los mismos), el accionar estatal, desarticulado y debilitado por la conjunción de las prácticas mencionadas, termina incrementando el poder económico de la fracción empresaria privilegiada por el accionar estatal, situación que retroalimenta el círculo vicioso del estancamiento. Precisamente, al obtener mayor poder económico, esta fracción empresaria apuesta al debilitamiento de las capacidades estatales en procura de sostener los ámbitos que facilitan la obtención de cuasi-rentas de privilegio. A su vez, la expansión y sostenimiento de los APA conspira con la posibilidad de alcanzar el desarrollo económico, en tanto desalienta las conductas innovadoras, ya que estas aparecen ante los ojos de los capitalistas como excesivamente costosas e innecesarias en un contexto en el que es más sencillo (y redituable) conseguir privilegios estatales sin necesidad de garantizar (o cumplir, cuando las hay) metas de desempeño.

Además, la difusión de estos ámbitos genera profundas transformaciones en el perfil de los grandes agentes económicos, permitiendo la expansión y consolidación de aquellas empresas privilegiadas por la intervención estatal. El incremento de poder de estas fracciones se traduce en una mayor capacidad para incidir sobre el Estado, no sólo para sostener los ámbitos existentes, sino para generar otros nuevos e incluso para orientar el rumbo de las políticas económicas hacia la conformación de patrones de funcionamiento más concentrados y centralizados en términos económicos, y más excluyentes en términos sociales. En este proceso las capacidades estatales mencionadas se van debilitando aún más, dificultando la realización de intervenciones relativamente autónomas de los intereses del capital concentrado.

El libro que presentamos en esta oportunidad recupera estos supuestos para analizar el proceso de conformación de diversos APA en la historia argentina reciente.

II

Los artículos que integran este libro presentan los resultados obtenidos por un equipo de investigadores y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el marco de un proyecto colectivo financiado por la Universidad Nacional de San Martín.

En el primer artículo, Ana Castellani presenta los elementos teóricos y metodológicos para construir y aplicar la categoría ámbitos privilegiados de acumulación. Además, realiza un análisis de la formación y difusión de dichos ámbitos en la historia económica argentina entre 1966 y 1989 mostrando cómo y por qué la relación Estado-empresarios fue conformando este tipo de espacios que incrementaron las restricciones al desarrollo del país.

En segundo lugar, el trabajo de Lucas Iramainmuestra mediante un exhaustivo trabajo de fuentes que la orientación y la calidad de la intervención económica estatal en materia de obras públicas viales durante la última dictadura militar, crearon las condiciones de posibilidad para la configuración de un ámbito privilegiado de acumulación para las empresas privadas partícipes en la construcción de esas obras.

Esteban Serrani analiza la relación entre Estado y empresarios durante el proceso de reformas estructurales del sector petrolero en los años noventa. Específicamente, reconstruye el conjunto de articulaciones entre los elencos estatales y los agentes privados que se genera durante ese período para sostener el ámbito privilegiado de acumulación abierto durante la última dictadura militar a partir de la privatización periférica de YPF. En definitiva, muestra cómo la relación entre Estado y empresarios en el sector tendió a generar un conjunto de prácticas colusivas y de colonización de los reductos estratégicos estatales que impactaron en el aparato estatal, acelerando el deterioro de sus capacidades técnico-administrativas y financieras.

El cuarto trabajo aborda el proceso de conformación de un ámbito privilegiado de acumulación en torno a la privatización de los canales de televisión abierta 11 y 13 encarado en 1989. Minuciosamente, Bernadette Califano reconstruye las relaciones establecidas entre el Estado y las empresas de medios durante ese proceso y establece las principales consecuencias que esta relación tuvo en la elaboración de políticas públicas en materia de comunicación. En efecto, la autora describe el proceso privatizador de estos canales identificando las estrategias que desplegaron las empresas de medios de comunicación ante los cambios en la orientación de la intervención económica estatal hacia fines de los ochenta.

A continuación, Guillermo Colombo aborda las transformaciones en la actividad pesquera industrial a partir de la aplicación de las reformas estructurales de lo años noventa. El autor se interroga sobre el por qué de un conjunto de intervenciones estatales ineficientes o de baja calidad que afectaron las posibilidades de una actividad extractiva sustentable, su impacto sobre las poblaciones vinculadas a la actividad pesquera y los resultados que arroja en términos de desarrollo, poniendo el foco en el proceso histórico de articulación entre el Estado y los empresarios.

El libro concluye con el análisis del proceso de concesión de los servicios ferroviarios de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, que tuvo lugar durante el primer quinquenio de la década de los noventa. En su artículo, Verónica Pérez muestra que la concesión de los ferrocarriles urbanos presentó importantes similitudes con los rasgos generales del proceso privatizador, fundamentalmente en lo que refiere a la orientación de la intervención económica estatal, la cual configuró condiciones favorables a la conformación de un ámbito privilegiado de acumulación en el sector.

En suma, todos los artículos del libro que el lector tiene en sus manos intentan desentrañar los rasgos de un tipo particular de relación entre Estado y empresarios vigente durante décadas en nuestro país, que nos convoca a pensar sobre las posibilidades de construcción de un proceso de desarrollo durable.

En el capítulo 1 de este libro se puede encontrar la presentación exhaustiva de esta bibliografía.

Esta definición se distancia de las tradicionales miradas neoliberales o neoinstitucionalistas sobre el papel del Estado en la difusión de comportamientos rent seeking, ya que supone que las rentas no son el resultado de la existencia de un funcionariado corrupto, sino que surgen de varias y complejas articulaciones que se dan entre funcionarios y empresarios, en cada momento histórico, tal como se verá inmediatamente.

Se trata del proyecto UNSAM SCO 079 titulado Transformaciones en el perfil y comportamiento de los grandes agentes económicos en contextos de reforma estructural. Un análisis de las prácticas económicas y políticas de la cúpula empresaria argentina entre 1989 y 2002 dirigido por la Dra. Ana Castellani en el Centro de Estudios Sociales de la Economía del Instituto de Altos Estudios Sociales.

Fuente: http://www.aldorso.com.ar/25-MAY-13_Castellani.htm 

 

 

Comprobamos, durante más de una deKada:  "la persistencia de una particular modalidad de articulación entre estos dos actores que obstruye las posibilidades de construir un proceso de desarrollo sostenido. Proceso de desarrollo que no sólo acreciente la dotación de capital, sino que además conlleve una mejora sustantiva en la calidad de vida de amplios sectores de la población terriblemente perjudicados por las políticas neoliberales de los años noventa y por la feroz devaluación que siguió a la crisis de la convertibilidad".

 

 

Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad
2009

 Por Ana Castellani (CONICET/IDAES-UNSAM y FCS-UBA)

 

En este trabajo nos proponemos retomar algunas de las ideas desarrolladas en el artículo de Gastón Varesi publicado en este volumen dedicado a analizar la naturaleza del modelo de la postconvertibilidad, con la intención de contribuir al debate sobre las continuidades y rupturas que supone este “nuevo” modelo de acumulación y sus principales consecuencias sobre el desenvolvimiento económico general y sobre la configuración de las distintas fracciones de clase. En especial, nos interesa abordar el tema de la relación entre el Estado y los grandes empresarios, para demostrar la persistencia de una particular modalidad de articulación entre estos dos actores que obstruye las posibilidades de construir un proceso de desarrollo sostenido. Proceso de desarrollo que no sólo acreciente la dotación de capital, sino que además conlleve una mejora sustantiva en la calidad de vida de amplios sectores de la población terriblemente perjudicados por las políticas neoliberales de los años noventa y por la feroz devaluación que siguió a la crisis de la convertibilidad.

 

Según Varesi, el modelo que se fue configurando a partir de 2002 permitió la armonización de las relaciones al interior de la clase dominante, a través de diversas transferencias de ingresos públicos hacia las diversas fracciones del capital. El autor destaca seis políticas iniciales que posibilitaron estas transferencias (devaluación, retenciones a las exportaciones primarias, pesificación asimétrica de las deudas privadas, “salvataje” al sector financiero, cesación de pagos externos y control de las tarifas de los servicios públicos) a las que debería agregársele el vasto plan de obras públicas puesto en marcha desde los inicios de la gestión kirchnerista, la reimplantación de subsidios diversos a la producción de ciertos bienes y servicios, y la intervención directa en las actividades productivas a través de procesos de “reestatización” o de creación de empresas públicas. Como analizaremos más adelante, todas estas políticas permitieron acrecentar los márgenes de beneficios de las grandes empresas locales, pero además facilitaron el crecimiento exponencial de otras que antes ocupaban lugares marginales en la dinámica de acumulación general, en algo que vulgarmente se ha dado en llamar “capitalismo de los amigos”.

 

La relación Estado/empresarios y las restricciones al desarrollo

(...)Concretamente, una articulación entre el Estado y los empresarios que facilite la construcción de un proyecto de desarrollo sostenido requiere la estabilidad en la orientación de políticas públicas que promuevan el desarrollo de ciertas ramas estratégicas de actividad, la existencia de reglas de juego claras para el capital, la construcción de canales institucionales de diálogo duraderos entre funcionarios y capitalistas para definir el contenido de esas cruciales intervenciones públicas, y el disciplinamiento del capital por parte del Estado, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos oportunamente. Este tipo virtuoso de articulación permite la construcción de lo que podríamos denominar «ámbitos de acumulación estratégicos», basados en la existencia de privilegios selectivos, transitorios, consensuados e institucionalizados, que en el largo plazo, logran incrementar la dotación de capital físico, el desarrollo de innovaciones tecnológicas (tanto de productos como de procesos), la productividad del capital y la competitividad internacional. Diversas experiencias de este tipo se registraron en los países del sudeste asiático a partir de los años sesenta, y dentro de la región latinoamericana, Brasil constituye un buen ejemplo de esta modalidad de articulación, que claramente está dando sus frutos en la actualidad. Por el contrario, el análisis del caso argentino nos muestra la ausencia de procesos de desarrollo sostenido.

 

En su lugar se suceden alternativamente ciclos de crecimiento y decrecimiento del producto y la inversión, acompañados de una persistente salida de capitales y escasas articulaciones de las empresas con el sistema nacional de innovación. Estos rasgos sobresalientes de la dinámica de acumulación argentina estarían dando cuenta de una particular modalidad de relación entre el Estado y los grandes empresarios, un vínculo proclive a la generación y sostenimiento de diversos ámbitos privilegiados de acumulación. En efecto, como hemos analizado en otros trabajos (Castellani, 2006, 2008a y b, 2009), durante varias décadas la perversa articulación entre ciertas políticas públicas destinadas a financiar directamente o indirectamente al capital local y diversas acciones desplegadas por los grandes empresarios permitieron que un reducido grupo de firmas lograra internalizar amplios márgenes de beneficios extraordinarios al calor de estos ámbitos. Pero ¿qué se entiende exactamente por ámbitos privilegiados de acumulación? Es posible pensar este concepto como un espacio virtual articulado por diversas prácticas que permiten la generación de ganancias extraordinarias para un conjunto de empresas privadas, beneficios que se sostienen en la existencia de múltiples y diversos privilegios (que pueden o no estar institucionalizados).

 

Si se los define por su función este tipo de ámbitos constituyen una fuente de generación de cuasi rentas de privilegio1 (Nochteff, 1994) para las empresas que operar en él; si se los define por su forma, pueden pensarse como un entramado de relaciones y/o prácticas que involucran actores públicos y privados que se sostienen a lo largo del tiempo2.

 

Ahora bien, la difusión de diversos ámbitos privilegiados en distintos sectores de la economía restringen las posibilidades de desarrollo en tanto:

 

·          Desalientan la competencia empresaria por la obtención de cuasi rentas tecnológicas3, ya que a nivel micro resulta mucho más razonable intentar conseguir (y luego mantener) ciertos privilegios derivados del accionar estatal que garanticen rentabilidades positivas elevadas, antes que invertir en desarrollos innovativos de más riesgo.

·          Generan procesos de crecimiento “burbuja” basados en opciones blandas (Nochteff, 1994). Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, estas opciones no permiten iniciar un proceso de desarrollo sostenido sino una sucesión de booms o burbujasque cuando se terminan dejan sólo unas “gotas” aisladas de capacidades tecnológicas que impiden iniciar un nuevo ciclo de desarrollo. Esto conduce a un menor crecimiento del ingreso en el largo plazo.

·          Favorecen la difusión de comportamientos rentísticos (rent seeking) entre los funcionarios públicos y los empresarios (inclusive en burócratas de posiciones menores en el entramado estatal).

·          Deterioran las diversas capacidades del Estado dificultando las posibilidades de intervención futura de alta calidad.

·          Profundizan el alto grado de inestabilidad e incoherencia de la intervención económica estatal, en tanto ésta se vuelve cada vez más heterónoma por la gran cuota de poder que acumulan los grandes capitalistas.

·          Conspiran contra la posibilidad de construir un proyecto nacional de desarrollo estable al interior del empresariado ya que las firmas orientan su accionar a la obtención de privilegios que le permitan sostener procesos de acumulación acelerados, favoreciendo estrategias cortoplacistas que dificultan la construcción de proyectos colectivos.

 

Estado/empresarios durante la postconvertibilidad: la persistencia de los ámbitos privilegiados de acumulación

A la hora de analizar las intervenciones estatales realizadas durante los primeros años de esta década y el comportamiento y desempeño de los grandes agentes económicos se observan ciertas constantes que ponen en cuestión la ruptura del denominado “modelo postconvertibilidad” y que permiten inferir la permanencia de los ámbitos privilegiados de acumulación como tipo predominante de articulación público-privada. En cuanto a las acciones estatales, las evidencias disponibles muestran que se incrementaron las transferencias públicas destinadas al capital concentrado local a través de diversos mecanismos, entre los que se destacan la obra pública y diferentes subsidios directos e indirectos a ciertas ramas de la industria. En efecto, el gasto público en servicios económicos en general, se incrementó en valores constantes en un 103% entre 2003 y 2006 (cuadro 1). En el sector transporte y en el sector energético estos incrementos fueron aún mucho mayores (188% y 418% respectivamente) para sostener las tarifas de los servicios públicos y para ampliar la infraestructura, en particular en el sector eléctrico.

 

Estos cuantiosos recursos se canalizaron principalmente a través de Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente Kirchner. Los fondos administrados por este ministerio pasaron de representar el 3,8% del PBI en 2003, al 18,7% en 2007. Una parte considerable de los mismos se destinaron a la realización de vastos planes de obra pública, entre los que se destacan el Plan Federal de la Vivienda y el Plan Federal de Transporte Eléctrico. En todos estos planes se vieron involucradas empresas de escasa trayectoria en el sector pero cuyos dueños contaban con gran llegada al Gobierno (Electroingeniería, de Marcelo Mindlin y Gotti SA y Austral Construcciones SA de Lázaro Báez) junto con otras de mayor antigüedad, como Skanska (ex SADE), Techint y Roggio. Claramente, en un país como éste con un déficit de infraestructura importante, la obra pública constituye una intervención estratégica y necesaria para el desarrollo económico y para mejorar la calidad de vida de la población.

 

El problema es que cuando esa intervención se da en un marco de interrelación entre funcionarios y empresarios proclives a la obtención de ganancias extraordinarias o de “retornos” necesarios para sostener la “caja grande de la política”, se desvirtúa la orientación de esa intervención (y por ende, sus resultados)5 .El escándalo generado en torno del “caso Skanska”, donde se descubrieron pagos de sobornos mediante la utilización de facturas apócrifas en el que se vieron involucrados diversos funcionarios y empresarios afines al Gobierno, es una muestra clara de este tipo de vínculos viciados entre el sector público y el privado.

 

Ahora bien, además de las transferencias derivadas de la inversión pública directa, durante estos años se implementó un régimen de “promoción a la inversión industrial” mediante una serie de desgravaciones impositivas, que terminó favoreciendo a las más grandes empresas extranjeras y nacionales que operan en ramas de la industria que generan escaso valor agregado. Firmas líderes de rubros ampliamente beneficiados por la devaluación de la moneda(commodities y “armaduría automotriz”, por ejemplo), con inserción exportadora, acceso al financiamiento, y posición oligopólica en sus respectivos mercados. Tal como sostienen Ortiz y Schorr: Se trató de una fenomenal transferencia de recursos públicos hacia Aluar, Techint, Aceitera General Deheza, Repsol-YPF y las terminales automotrices, entre otros capitales oligopólicos; es decir, hacia empresas y conglomerados económicos que conforman el núcleo de los grandes ganadores del “modelo de dólar alto” y con capacidad de inversión propia. Ello ha tendido a profundizar un perfil de especialización de escasas potencialidades, limitados efectos difusores y dependiente de las estrategias desplegadas por las transnacionales y, en menor grado, un conjunto selecto de grupos económicos nacionales. (2009a: 18.)

 

A estas transferencias dirigidas al capital concentrado local, se le suman otras facilidades derivadas de la apertura de nuevos negocios (por ejemplo, en torno de la creación de ENARSA o en la adjudicación de licencias para abrir salas de juegos que favoreció al empresario “amigo” Cristóbal López) o de la aplicación de regulaciones que convalidan el amplio grado de concentración de la economía argentina6. Por razones de espacio no podemos tampoco detenernos en otro tipo de “negocios” propios de esta época derivados de la “reestatización” y creación de empresas públicas, en donde la compra de Transener por parte de ENARSA y otros socios privados, y el ingreso del empresario Eskenazi (Grupo Petersen) como propietario minoritario de Repsol-YPF de manos del Estado, aparecen como los más relevantes. Los diversos mecanismos de transferencia de recursos públicos que mencionamos permitieron que la mayor parte de las grandes empresas que operan en el mercado local incrementaran la relación entre sus utilidades y el valor de su producción(especialmente notable en el caso de las industriales) incluso por encima de los niveles alcanzados en la década del noventa (gráfico 1). Al considerar la evolución de la rentabilidad sobre ventas de las empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores, se corroboran estos indicios de recomposición de las utilidades empresarias, ya que las mismas pasaron del 7% al 13,2% entre 2003 y 2007 (Ortiz y Schorr, 2009b).

Esta sustantiva mejora no se tradujo, sin embargo, en un incremento sustantivo del acervo productivo local; por el contrario, gran parte de esos activos líquidos se fugaron progresiva y constantemente hacia el exterior.

 

Esta revitalización del papel del Estado en la economía durante el período no vino acompañada de un aumento en la calidad de sus intervenciones, más bien por el contrario se observa, al igual que en los años noventa, una importante distancia entre cantidad y calidad de la intervención económica estatal, bruscos cambios en la orientación de esas intervenciones, incoherencias e ineficiencias a la hora de diseñar las políticas, y baja calidad a la hora de implementarlas. Estas deficiencias en la calidad de la intervención estatal resultan sumamente funcionales al crecimiento económico no sólo de los empresarios privilegiados por las políticas públicas implementadas, sino también para los principales funcionarios gubernamentales que, más allá de enriquecerse a título personal, con sus acciones contribuyen al armado de “la caja” necesaria para el “financiamiento de la política”7 . ¿Y qué sucede con las grandes firmas? ¿Qué transformaciones se observan en su perfil y desempeño durante estos años?

 

Hay ciertas características que sobresalen y que muestran la persistencia de algunos rasgos propios del modelo anterior. Antes que nada se observa un alto grado de inestabilidad en la composición de la cúpula empresaria, acompañado por varios fenómenos conexos: el crecimiento vertiginoso de ciertas empresas, fuertes cambios en cuanto al origen del capital de las grandes firmas (procesos de extranjerización de la cúpula)y en cuanto a la actividad que desarrollan (progresivo vuelco hacia las actividades primarias). También se mantiene un alto grado de concentración de la economía, especialmente en el sector industrial y en la fracción exportadora de la cúpula empresaria.Tal como señalan Ortiz y Schorr: “En la posconvertibilidad se profundizaron dos procesos característicos de la década pasada: aumentó la concentración económica en el sector manufacturero: en 2007 las 100 empresas industriales más grandes del país explicaron casi el 44% del PBI industrial, frente a una participación del 38% en 2001 y el 27% en 1993; y se afianzó el grado de extranjerización del sector, con un efecto directo en una aún mayor pérdida de ‘decisión nacional’ en la definición de cuestiones estratégicas para el rumbo socioeconómico del país. En este sentido, se trató en muchos casos de la transferencia de firmas nacionales de primer nivel a manos extranjeras (por ejemplo, la siderúrgica Acindar, la petrolera Perez Companc, la alimentaria Quilmes, la cementera Loma Negra, y el frigorífico Swift Armour, entre otros)”. (2009: 16 y 17.)

 

A estas características de tipo perfil estructural hay que sumar otros rasgos preocupantes como la continua salida de capitales desde el sector privado (tanto financiero como no financiero), el incremento de la dotación de los activos líquidos en la cartera de las principales firmas, la existencia de grandes empresarios industriales convertidos en rentistas financieros, inmobiliarios y/o terratenientes, y el importante crecimiento de empresas (y empresarios) estrechamente vinculados con el sector público (por ejemplo el Grupo Petersen, Pampa Holding, Electroingeniería, Cristobal López y el Grupo Sigman) . Pero el tipo de comportamiento desplegado por los grandes capitalistas locales no puede atribuirse a una conducta “irracional” ni a la existencia de un “patrón cultural argentino” poco proclive al riesgo.

 

Por el contrario, la ausencia de un empresariado comprometido con el desarrollo económico del país (burguesía nacional en los términos establecidos por Poulantzas) y la consolidación de un patrón de comportamiento cuasi-rentístico y cortoplacista, es el resultado de un proceso histórico de articulación muy particular entre el Estado y los capitalistas, que se dio en el marco de un deterioro progresivo de los niveles de autonomía relativa del Estado y que permitió mantener el perfil adaptativo del patrón de acumulación generando consecuencias perniciosas (y en varios momentos devastadoras) sobre el conjunto social y sobre el propio aparato estatal. En ese sentido, los rasgos que adquiere un patrón de acumulación en determinado momento histórico, son producto de los condicionamientos ideológicos, políticos y económicos que genera el contexto estructural, pero fundamentalmente, de las múltiples articulaciones que se establecen entre las diferentes fracciones de clases entre sí y entre éstas y el Estado. Es precisamente en el accionar del aparato estatal donde se expresa la correlación de fuerzas existente entre las distintas fracciones y se garantiza a través de un complejo sistema de transferencias, el sostenimiento de los principales resortes de acumulación del capital concentrado local. Es por eso, que al menos en ese punto, no encontramos una verdadera ruptura entre los dos modelos. Cambia la orientación de la intervención, se modifican los actores, se complejizan las prácticas, se diversifican los negocios, pero el tipo de articulación prevaleciente sigue siendo la misma: aquella que permite la difusión de los ámbitos privilegiados de acumulación.

 

Bibliografía

1Este concepto ha sido elaborado por Hugo Nochteff para explicar el comportamiento de la elite económica en la Argentina. Básicamente, este tipo de cuasi rentas se definen por oposición a las llamadas cuasi rentas tecnológicas (concepto acuñado por Joseph Schumpeter) y hace referencia a la ganancia extraordinaria que obtienen algunas empresas por haber conformado alguna posición de privilegio en sus respectivos mercados en base al accionar del aparato estatal. A diferencia de las cuasi rentas tecnológicas, éstas no son transitorias ni se erosionan con la competencia, ya que dependen del accionar de los actores empresarios y de los gobiernos y no de una innovación tecnológica o de algún aspecto macroeconómico propio de la gestión empresaria. Ejemplo de mecanismos que permiten la obtención de estas cuasi rentas de privilegio son: la configuración mercados protegidos en contextos de apertura, la consolidación legal de posiciones mono u oligopólicas, acceso privilegiado a las compras y licitaciones de servicio y obras del Estado, etc. Para ampliar datos, consúltese Nochteff, H. (1994 y 1998). 2Un ejemplo paradigmático de este tipo de vinculación entre Estado y empresarios se puede observar al analizar el funcionamiento del mercado petrolero argentino desde la privatización periférica de YPF SE, en 1977, hasta la venta de la petrolera estatal a la firma española Repsol, en 1999. Al respecto consúltese, Castellani y Serrani (2009) y Castellani (2006, capítulo VIII). 3 La noción de desarrollo endógeno sustentado en innovaciones tecnológicas que crean posiciones monopólicas transitorias y que permiten obtener ganancias extraordinarias (también llamadas rentas tecnológicas) fue elaborada por Joseph Schumpeter (1957 [1911]). 4Según este autor la elite empresaria no logra constituirse en un actor capaz de generar un desarrollo sostenido de la economía, ya que no está en condiciones de iniciar un círculo virtuoso de crecimiento basado en la obtención de rentas tecnológicas. Por el contrario, esta elite realiza periódicamente un conjunto de opciones blandas de adaptación tardía a los cambios producidos en el contexto internacional, dando lugar a una serie de procesos de crecimiento inestables o ciclos de burbujas que impiden conformar un sustento tecnológico desde el cual se pueda iniciar un proceso de desarrollo genuino. En otros términos, la elite se ajusta a las oportunidades creadas por otras economías sin realizar inversiones en tecnología depunta. Por ejemplo, las grandes empresas que operan en el mercado local, sean nacionales o extranjeras, no realizan inversiones significativas en investigación científica y tecnológica (tal como sucede en los países desarrollados) sino que prefieren adquirir en el exterior las tecnologías desarrolladas por otros, una vez que las mismas se han abaratado como resultado de su generalización. Esto genera consecuencias perniciosas para la economía en su conjunto ya que no se producen desarrollos innovativos endógenos que permitan dar un salto en el proceso de acumulación de capital basado en la generación de rentas tecnológicas. Muy por el contrario, las grandes empresas buscan incrementar su capital obteniendo otro tipo de rentas (las de privilegio) en connivencia con el Estado, protegiéndose de la competencia a través de la consolidación de posiciones monopólicas u oligopólicas, que no implican innovación y que se mantienen por largo tiempo.

Castellani, Ana Gabriela 2009, no. 5-6, p. 223-234 Cuestiones de Sociología Cita sugerida: Castellani, A. G. (2009) Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad. Cuestiones de Sociología (5-6), 223-234. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4059/pr.4059.pdf Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad

Fuente: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4059/pr.4059.pdf

 

 

 

Veamos qué «ámbito privilegiado de acumulación» creó CFK con Franco Macri y significados e implicancias del avance chino sobre nuestro país.

 

 

Los negocios de Franco Macri en los acuerdos de China y Argentina
26 de julio de 2010

 

(…)Franco, embajador

El apoyo de Franco a los Kirchner no es más que un gesto de lealtad empresarial, una devolución de gentilezas, elocuente retribución luego de la foto que a principio de año se sacara Cristina entre el mega empresario peruano Leslie Pierce y Macri. Allí y con la venia de la presidenta, se creaba el Consejo Empresarial Binacional de Integración e Inversiones, con Macri a la cabeza.

A su vez, Franco –que vive 6 meses por año en tierras del presidente Hu Jintao- es consejero senior para inversiones chinas en América Latina nombrado por la Asociación para la Promoción de la República de China en el Mundo (CAPID) y hasta ostenta el título de Ciudadano Ilustre de Xianxi: un reconocimiento por sus gestiones –que ya llevan dos décadas- entre Asia y América Latina, sin olvidar que él fue uno de los principales promotores de la creación de la Cámara de la Industria y Comercio Argentino-China.

Acuerdos con China en ejecución

En la última visita con la comitiva oficial, el gobierno no escatimó en declaraciones para celebrar los convenios celebrados con el gigante asiático, que afectan principalmente al transporte. 

Tal como pudo corroborar LPO, entre los principales contratos firmados por China y Argentina para la renovación y mejora del sistema ferroviario, ya están en ejecución, en primer término, el suministro de 279 coches de pasajeros para los subtes de la línea A, C, D y E, un acuerdo que compromete unos US$650 millones, financiados en un 85% por CITIC, holding chino que el propio Macri representa. 

Con dicha transacción se concreta el recambio de unidades y la incorporación –por primera vez- de coches con aire acondicionado para la línea A.

Otras de las tratativas que ya se encuentran en marcha es el suministro de coches de pasajeros y locomotoras para la línea General San Martín, un contrato por US$133.915.993 millones y financiado en un 85% por el Eximbank. En dicho acuerdo interviene la China South Locomotive and Rolling Stock Industry, para la provisión de 160 coches y 24 locomotoras. 

Nuevos contratos con el gigante asiático

A su vez y dentro de los nuevos logros que el “trader” Macri festejó en la intimidad como propios, se ubican otros cinco proyectos.

El primero, la rehabilitación del Belgrano Cargas: un ferrocarril que bien conoce el empresario argentino, ya que Macri y sus socios Roggio, Sanhe Hopefull Grain & Oil (esta última, de origen chino, con quien Franco conformara Shima S.A. unido a Socma en 2005), los gremios La Fraternidad, Unión Ferroviaria y el sindicato de Camioneros, todos ellos administran el negocio ferroviario que hoy, con esta nueva rúbrica, recibirá una rehabilitación dividida en tres etapas con una inversión cercana a los US$10 mil millones. 

Cabe aclarar que más allá de la comisión que cobra Macri y de su ingerencia directa en el negocio ferroviario, la reactivación del Belgrano Cargas facultaría la puesta en marcha de un transporte rápido y eficiente que pasa por 13 provincias y que traza la ruta de la soja, lo que retroalimentaría los eventuales negocios por la exportación de porotos y aceite de soja que sostiene el padre del jefe de Gobierno. 

La primera etapa implica un desembolso de U$S2500 millones a lo largo de 4 años entre los tramos de la Estación Timbúes (de Rosario, Santa Fe) hasta Avia Terai (Chaco), en los que se rehabilitarán dos ramales y se renovarán 1500 km de trazado de trocha métrica.

El Estado aportará para el financiamiento tan sólo un 15%; el 85% restante correrá por cuenta del Banco de Desarrollo de China. En términos globales, los trabajos contemplan el estudio y diseño de la obra, suministro de materiales rodantes –locomotoras y vagones- y equipos para su reparación. A su vez, se reemplazarían los rieles de acero y durmientes, suministro de materiales locales y provisión de balastos, fabricación de una nueva planta de descarga de agua en el subrasante, la prueba y detección de todos los puentes y la capacitación. 

CITIC, por Macri

Citic International también aprovechó -con dos flamantes contratos- los nuevos frutos que trajeron las gestiones offshore de Macri, sin un cálculo preciso por parte de las autoridades sobre cuánto se invertirá en dichos trabajos. 

Por un lado, la estatal china intervendrá en la recuperación del Ferrocarril San Martín Buenos Aires-Mendoza y la electrificación parcial de la línea General Roca. Dicho proyecto aspira a recuperar y rehabilitar toda la infraestructura existente de los tramos entre Buenos Aires-Mendoza, del San Martín. Los trabajos de electrificación del Roca se concretarán en el tramo Berazategui-La Plata.

En segundo lugar, Citic sacará provecho de la provisión de 500 mil toneladas de rieles UIC 54 producidos por China, que se destinarán al mejoramiento y recuperación del sistema ferroviario local. 

Un cuarto contrato firmado entre ambos países avanza con la electrificación y modernización integral del Ferrocarril Belgrano Norte y Sur, a cargo de Shaanxi Coal Group Investment y China Railway First Surven and Design Institute Group, por una inversión que asciende a los US$1850 millones. 

Por último y en quinto lugar, fuentes oficiales explicaron que se rubricó un acuerdo con China Northern Locomotive & Roling Stock Industry para la provisión de material rodante para Servicios Interurbanos por US$330 millones.

El proyecto implica el aporte de 20 locomotoras, 60 coches de primera clase, 80 coches de segunda clase, 20 coches de restaurant, 20 de segunda clase con furgón, otros 20 con dormitorios y unos 20 últimos automovileros. La provisión dará pie a que se integren otras 20 formaciones de pasajeros de larga distancia. 

El convenio incluye repuestos, herramientas, documentación técnica y capacitación para la puesta en servicio, funcionamiento y mantenimiento de las unidades. 

Acuerdos iniciales de cooperación

Cristina Kirchner también celebró con el gigante asiático dos acuerdos iniciales de cooperación, ambos con la China Railway International.

El primero, para la construcción del subterráneo de la Ciudad de Córdoba –inversión que alcanza los US$1800 millones-, prevé la construcción de cuatro líneas de subterráneos que atravesarán unos 18 kilómetros de vías para unir unas 29 estaciones que harán de puente entre los puntos neurálgicos de la Ciudad de Córdoba.

Y un segundo acuerdo –por US$1500 millones- proyecta extender la Línea E de subtes, para la conexión ferroviaria entre Retiro y el Aeropuerto de Ezeiza. La obra será financiada en un 85% por el Banco Nacional de Desarrollo de China, y deberá incluir el diseño, construcción, suministros, montaje, puesta en marcha de la extensión acordada, realización de obras civiles y electromecánicas, trabajos de señalización, sistemas de comunicación y provisión de material rodante. 

Del Correo Argentino y la energía nuclear

Los negocios de Franco Macri no se circunscriben sólo a China: luego de haber perdido la empresa Correo Argentino, en 2003, la Justicia decidió el año pasado que el poderoso empresario debía ser resarcido por unos $800 millones.

Pese a que todavía no cobró dicho monto, Macri no apuraría la ejecución del saldo. Parece coherente: el buen diálogo y la relación amena que sostiene con el Ejecutivo abona el terreno de una serie de inversiones y negocios que, de no tener una simpatía recíproca, no podría concretar. 

Además, si se tiene en cuenta que Franco cobra el 4% de comisión por “transformar en negocios las relaciones que cultiva con los chinos”, no pueden subestimarse ni evitar contarse que esos porcentajes impactarán en los acuerdos que China concrete con Argentina en materia nuclear.

Y es que al viaje a China no le faltó nada, si hasta el Ministro de Planificación, Julio De Vido, estuvo reunido por 45 minutos con representantes de la empresa local National Nuclear Corporation CNNC. Allí, los anfitriones –con el titular de la CNNC, Mao Xiaming, a la cabeza- manifestaron su voluntad de participar como oferente de la firma en la próxima construcción de la cuarta central nuclear argentina.

Mientras Argentina todavía decide qué tecnología utilizar en la cuarta central, Mao Xiaming ya dio por sentada su presencia para la próxima licitación, y se espera que para agosto próximo, una delegación china venga a nuestro país para tomar conocimiento en el lugar de la situación. En septiembre, una delegación de la Comisión Nacional de Energía Atómica se trasladará a China para avanzar en la iniciativa. Fuente: http://www.lapoliticaonline.com/nota/45840/

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Ferrocarril Belgrano Cargas. La pieza más preciada por los chinos.

27 de julio de 2014

Por Juan Carlos Cena, miembro fundador del MONAREFA

Especial para Villa Crespo Digital

 

La llegada del presidente de la República Popular China deparó el otorgamiento de un crédito, que pagaremos todos, para el F.C. Belgrano Cargas, el cual usufructuarán ellos.
Esto se puede realizar con la anuencia del actual gobierno nacional. Además, proyectan obras en distintas provincias que abarca el recorrido del Belgrano Cargas hoy.

Antes de ingresar de lleno en el análisis de lo que se ha firmado o se viene después de esa firma, debemos realizar algunas consideraciones fundamentales para entender de raíz la verdadera naturaleza de qué es el transporte, que papel cumple en la economía nacional, cuáles son los distintos modos que concurren y el papel de los empresarios y el actual Estado, administrado por este gobierno.

También es dable destacar que este es un sucinto informe de lo que se sigue prometiendo y jamás se cumple… 
Como dice un catalán: no es triste la verdad… lo que no tiene es remedio…
(…)

 

APLICACIÓN DEL CREDITO CHINO - F.C. BELGRANO CARGAS

 

Destinarían 2.500 millones de dólares de inversión para la recuperación del ex F.C. Belgrano Cargas. El convenio fue firmado por el actual gobierno nacional y el de China. Es dable recordar que, este mismo Poder Ejecutivo, acompañado por Francisco Macri, senior para América Latina para la República Popular China, padre del actual Jefe de gobierno porteño, también interventor del F.C. Belgrano Carga, junto a los gremios ferroviarios, designados por N. Kirchner. Macri padre junto con la presidente, en ese país, firmaron un convenio por 10.000 millones de dólares para el mismo ferrocarril, en enero del 2011. De esa inversión… no se sabe nada de nada…

 

PROYECTOS SOBRE EL BELGRANO CARGAS

 

Catamarca / La Rioja / Córdoba
Relevarían un tramo ferroviario para reactivar, en la zona el Belgrano Cargas y Logística S.A, la reapertura del ramal Andalgalá-Cebollar-Serrezuela que beneficiaría a las mencionadas provincias, pero, siempre hay un pero, a la actividad minera, sustancialmente. Es un tramo de unos 137 kilómetros de vías, aproximadamente.

Entre las declaraciones gubernamentales se sostuvo que: "Catamarca será una de las provincias que se verá beneficiada por el acuerdo que firmó el pasado viernes la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con el presidente de China, Xi Jinping". Con el préstamo de U$S 2.500 millones que aportará el gobierno chino para la modernización del Belgrano Cargas. También afirmaron que: se incorporarían "100 locomotoras de las cuales el 10% debe fabricarse en Argentina; 4.000 vagones de carga y repuestos para 3.000 vagones desafectados, que se repararán en talleres como el de Tafí Viejo, de Tucumán".

 

Chaco
El ramal Avia Terai-Barranqueras, conocido en la jerga ferroviaria y como el ramal C-3 tiene una extensión de 191 kilómetros. El estado de sus vías es lamentable, deplorable. Se dice que es la llave para la conectividad ferroviaria de la región con el país. Esta región recibiría unos 200 millones del crédito chino. 
Estos 190 kilómetros se unen en más de 11 horas. La formación ferroviaria es de 30 vagones.

Esta diagramación de enlaces es para lograr las conexiones de la producción desde Salta y Santiago del Estero, lo que se envíe desde Avia Terai hacia el puerto de Rosario, considerado dicho puerto en la provincia de Santa Fe. 
Estos ramales C6: General Pinedo en Chaco hasta Tostado en Santa Fe y el C3 tienen una extensión de 196 kilómetros, así se conectarán Avia Terai con Resistencia y el puerto de Barranqueras. Esperan que con el crédito chino se pueda proceder a estos arreglos más que costosos. Como siempre por el estado calamitoso en que se encuentra la infraestructura ferroviaria.

El otro es el ramal C14, la comunicación con el océano Pacífico: Salta / Polvorilla / Socompa. Tiene 27 kilómetros, conexión con Chile, pero para esto se necesita que se concreten los ramales C3 y C6.

Según la información suministrada por Corporación Andina de Fomento - CAF, la obra ejecutada es el ramal C12 que une Salta con Avia Terai, pasando por un tramo de Santiago del Estero que une a Río Muerto (y de ahí a Los Pirpintos, Santiago del Estero) con Avia Terai. Este ramal tiene una extensión de 105 kilómetros en total:
El tramo Los Frentones-Río Muerto-Pampa de los Guanacos-Los Pirpintos (Santiago del Estero) 38 Km., 
El tramo Avia Terai-Concepción del Bermejo 36 Km. Chaco-Salta (31 kilómetros).

Es un proyecto a nivel nacional de rehabilitación de siete tramos. En el Chaco se ejecuta el ramal C3 que une a las localidades de Las Breñas, Pozo del Indio, Corzuela, Fortín Las Chuñas y Campo Largo.

 

ZONA DE CUYO 

Mendoza
Trenes Argentinos y la Municipalidad de Mendoza se preparan para cortar en dos los Talleres Diésel y la Estación de Mendoza.

Es necesario recordar que, desde marzo de 1993, la estación fue abandonada a su suerte tanto por el Estado Nacional como por el concesionario (BAP luego ALL- brasileros). También al poco tiempo, quedó abandonado el Depósito de Locomotoras de Mendoza, sito entre las calles Suipacha, Tiburcio Benegas y las vías. El único inmueble que siguió con funcionamiento netamente ferroviario han sido los Talleres Diésel Mendoza, ubicado al Oeste de la estación, sobre la calle Tiburcio Benegas.

En este taller se reparan las locomotoras que arrastran cargas en las vías que quedaron activas del Ferrocarril San Martín. Para que las formaciones ferroviarias sigan llegando a los talleres, quedaron activas las vías que vienen desde la Estación Espejo (cerca del aeropuerto) hacia los Talleres, o sea, la entrada norte de la estación. En cuanto a la entrada sur que pasaba por Godoy Cruz y calle Belgrano, queda abandonada al poco tiempo por el concesionario.

Con la llegada al gobierno del presidente Néstor Kirchner, comenzaron las promesas de reactivación de los trenes de pasajeros interurbanos, entre los destinos a recomponer estaba Mendoza. Así en octubre del 2003 se anunciaba que para el 2005 volverían los trenes de pasajeros. Posteriormente, se anunciaba el Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias (Planifer) donde Mendoza estaba incluida.

Pero mientras tanto, como pasa en otras ciudades del país, la presión inmobiliaria se acrecentaba sobre la abandonada estación Mendoza Pasajeros que queda en una de las mejores zonas de la ciudad. El 29 de abril de 2004, el presidente de la Nación Néstor Kirchner firmaba junto con el intendente de la ciudad de Mendoza Eduardo Cicchitti y la Corporación Antiguo Puerto Madero SA., el traspaso de la estación Mendoza Pasajeros del Ferrocarril San Martín a la Ciudad de Mendoza, para hacer en ese lugar el “Proyecto Mendoza-Madero”, similar al Puerto Madero de Buenos Aires. Hasta se llegó a proponer desocupar los terrenos de Talleres Diesel Mendoza, que iban a ser trasladados.

En septiembre del 2005 mientras la vuelta del tren de pasajeros se dilataba, la Municipalidad de Mendoza comienza a tapar las vías de ingreso a la estación para transformar las vías en playas de estacionamiento en la calle Belgrano.

En junio del 2006 se anunció que para el 2008 estaría funcionando el tren de pasajeros entre Buenos Aires y Mendoza, el llamado Tren de Alta Prestación, con una velocidad máxima de 160 km/h.

En el 2007 comienza la erradicación de la Villa Costa Esperanza, y la Municipalidad pidió a la Corporación Puerto Madero que tome posesión del terreno.

A mediados del 2008 se inaugura el Pedraplén de la Laguna La Picasa (Santa Fe), quedando nuevamente conectado por una vía ferroviaria directa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Cuyo. 
Para diciembre del 2008 corre un tren de pasajeros organizado por la revista Rieles, entre Buenos Aires y Mendoza. Este tren no puede entrar a la estación porque varias vías habían sido robadas, pero sí llega hasta los Talleres Diesel Mendoza.

Mientras todo esto pasaba, los Depósitos de Locomotoras del FCGSM comenzaron a ser usurpados, formando una nueva villa inestable, la Villa Escorihuela.

Y los prometidos trenes chinos de larga distancia arribaron al país, junto con otro material ferroviario chino para las líneas metropolitanas de Buenos Aires. Pero los trenes de larga distancia nunca llegaron hasta Mendoza, sino que en su mayoría se encuentran guardados y algunos se usan para el servicio METROPOLITANO de Buenos Aires.

 

San Luis
Por otro lado, la provincia de San Luis, decide levantar la traza ferroviaria en al Ciudad de San Luis, muy a pesar de la tibia defensa de esos terrenos por parte de la Nación. Entre 2011 y 2013, San Luis construye una autopista sobre los terrenos ferroviarios, dejando desconectado, de algún futuro servicio ferroviario, las ciudades de Mendoza, San Luis y Villa Mercedes. Sin embargo, los trenes de carga siguen circulando por el sur de San Luis, por Bezley.

A principios de junio del 2013, el gobierno nacional le quita la concesión a América Latina Logística – Brasileños Ferrocarril San Martín y Urquiza) y forma la nueva empresa estatal Belgrano Cargas y Logística, agrupando los ferrocarriles San Martín, Urquiza y Belgrano). ALL dejó las vías en muy mal estado, lo mismo hizo con todo los vehículos ferroviarios concesionados.

 

San Juan
Randazzo y Gioja acordaron la renovación de vías de carga entre San Juan Y Mendoza. (Prensa Ministerio del Interior y Transporte - 21/07/2014)
Por su parte, el gobernador Gioja, dijo que “hemos firmado el contrato para construir y reparar los 85 km de vías que unen nuestra provincia con Mendoza, y que permitirán mejorar nuestra economía accediendo a este sistema de transporte tan importante para nosotros”. Las inversiones tendrán un impacto directo en la mejora de la capacidad logística y de infraestructura del país, a la vez que posibilitará mejorar el horizonte productivo, con un beneficio directo para los productores que están más alejados de los centros de distribución. Además, beneficiará en particular a la provincia de Santa Fe, que se encuentra “en gran parte atravesada por las vías de lo que era el Belgrano Cargas”, resaltó Ramos, tras considerar que a partir del acuerdo con China se renovarán muchas obras de este ramal.

Luego de los anuncios, Ramos, secretario de Transporte consorte, se refirió a otras obras y proyectos que apuntan a lograr mejoras concretas para la conectividad en el centro y norte del país, como el futuro Tren Rosario-Buenos Aires, el proyecto del Tren Trasandino y el Corredor Bioceánico. Reinaugurado en la misma modalidad que los Talleres de Tafí Viejo. Inaugura, inaugura que algo quedará….

 

La Rioja
El
ministro del Interior y Transporte y precandidato presidencial, Florencio Randazzo, acordó con el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera mejoras para el Tren de Cargas. Se pondrá en valor un tramo de 80 kilómetros de vías y estaciones, en el ramal Serrezuela-Chamical - 25/07/2014)

"Desde el Gobierno nacional financiaremos la obra que será ejecutada por la provincia y con la que pondremos en valor 80 kilómetros de vías y estaciones que servirán para mejorar la competitividad de la producción de la provincia", señaló el ministro.
El aspirante a suceder a la presidente Cristina Fernández resaltó que por decisión política de la jefa del Estado se están rehabilitando y mejorando el tren de cargas en todo el país, favoreciendo la producción y las economías regionales abaratando los costos de la logística.

Randazzo resaltó "el esfuerzo en conjunto" con Beder Herrera para mejorar el ferrocarril de cargas hasta Chamical que, dijo,"beneficiará a todos los productores riojanos¨. Según los productores de aceitunas el flete de un camión cargado con ese producto a Brasil sale 5000 dólares. La solución seria empalmar un ramal de la Rioja con la del recorrido central del F.C. Belgrano Cargas que viene de Tucumán en las Estaciones, Dean Funes o Quilino y luego trasbordar la carga al F.C. Urquiza.

 

A modo de corolario

 

Luego de promesas ya muchas veces incumplidas, vueltas a prometer y reiteradamente no realizadas… ahora estamos en campaña para el 2015, veamos la realidad…

La traza del Belgrano Cargas opera a lo largo de una extensión de más de 14 mil kilómetros de líneas férreas, esa fue la traza original, hoy, más del 65 por ciento de ese tendido está destruido o en mal estado. El recorrido abarca las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy y Tucumán.

Los corredores Bioceánicos: A nosotros nos corresponden tres salidas, Salta – Socompa, Mendoza – Las Cuevas y Neuquén que es solo un proyecto. Debemos destacar la denuncia de los cargadores de granos del puerto de Rosario, cuando informan que una tonelada de soja sale lo mismo de Sáenz Peña a Puerto Rosario, que de Puerto Rosario a Ámsterdam – Holanda. Esa diferencia de los fletes se abona en la góndola.

Todo este influjo tiene que ver con lo dijimos en numerosas oportunidades con el Proyecto de los Corredores Bioceánicos, auspiciado por las grandes cerealeras, el Banco Mundial y China. 
En el caso de la República Popular China, a través de su presidente Xi Jinping, quién otorga un crédito que vamos a pagar todos nosotros para que ellos y el mundo asiático se beneficien, por ser los mercados cautivos de la soja y las oleaginosas, ahorrándose más 13.500 Km. de fletes.

Este préstamo no es dadivoso. Tiene que ver con la expansión política y económica del Estado chino, como ya lo está haciendo en otros sectores de nuestra geografía como: la minería: hierro, litio, cobre. En el caso de la soja es realmente serio. En cada exportación se llevan los nutrientes de nuestro suelo. En su reemplazo van sembrando aridez y empobrecimiento; la devastación de nuestros bosques y la contaminación de nuestro suelo y medio ambiente en todo nuestro territorio. ¿Qué le va a quedar a nuestras próximas generaciones de argentinos?

Fuente: http://www.herramienta.com.ar/autores/cena-juan-carlos

En consecuencia, los crecientes empobrecimiento e inseguridad de vida, de trabajo, de alimentación, de vivienda, de salud,...de la mayoría de nosotros y del país no es sólo por transnacionalización económico territorial de Argentina sino también por los «ámbitos privilegiados de acumulación (APA)». Al mismo tiempo, estos últimos nos explican el funcionamiento criminal de los trenes suburbanos.

Los negocios de Ugofe con Pedraza

Las motivaciones del crimen de Mariano

31 de mayo de 2012 | #1224 |  Prensa Obrera

 

Por Claudia Ferrero (Apel)

 

Cuando los representantes de Roggio y Emepa se reunieron con los funcionarios de la Secretaría de Transporte para coordinar su desembarco en los ramales Mitre y Sarmiento, los ejecutivos de ambas firmas dijeron que consideraban el traspaso como "un reconocimiento a la Ugofe, que hizo un buen trabajo dentro del contexto actual" (Clarín, 25/5). El "buen trabajo" de los empresarios consistió en montar una "unidad de negocios" en el Roca a partir de los subsidios del Estado, caracterizado por el fraude, el vaciamiento y la súper explotación de trabajadores "tercerizados". La burocracia sindical de la UF fue (y sigue siendo) parte de aquel esquema. Su función era aislar a los "tercerizados" del resto de los ferroviarios y someterlos mediante el terror. Frente a las iniciativas de lucha que tomaron esos trabajadores, José Pedraza y Juan Carlos Fernández reclutaron una patota para "aleccionarlos". En octubre de 2010, esos matones asesinaron a Mariano Ferreyra e hirieron gravemente a Elsa Rodríguez y a otros compañeros. Como afirma el procesamiento de ambos, su "real finalidad era asegurar el poder económico y político que ostentaban en su carácter de autoridades de la Unión Ferroviaria".  

 

Ugofe 

El poder económico de Pedraza y Fernández tuvo su impulso en la asociación con los Roggio, Romero y Cirigliano a través de la Ugofe. Esa sociedad quedó sellada cuando la Unión Ferroviaria acordó que se permitiera la tercerización en los ferrocarriles; o sea, que desembarcaran "contratistas" cuyo personal no quedaría encuadrado dentro del convenio ferroviario y cobraría un tercio del salario de un trabajador de planta permanente. Roggio había explotado este sistema en Metrovías, subcontratando a otras empresas para los trabajos de limpieza, mantenimiento y seguridad, que además pertenecían a los mismos grupos económicos de los gerenciadores de Ugofe.

La burocracia sindical se sumó al negocio a través de "cooperativas" regenteadas directamente por ella. El negocio era completo, ya que el Estado se hacía cargo de pagar el salario de todos los trabajadores de Ugofe y los contratos con las empresas tercerizadas. La rapiña sobre los recursos del Estado era generalizada. José Luis García, ex gerente de pagos de Ugofe en el Roca, declaró en la causa de Mariano que el 30 por ciento de los fondos destinados a pagar salarios y contratos eran desviados directamente hacia las arcas de los empresarios. Esos recursos salían de la subsecretaría de Transporte Ferroviario, que todavía ocupa un sindicalista de La Fraternidad, Antonio Luna. El negocio que Pedraza y compañía se empeñaron en defender a sangre y fuego contaba con la complicidad de todos los estamentos del Estado. Los empresarios autorizaron la salida de ochenta empleados de los talleres para reforzar a la patota. La Policía Federal garantizó una "zona liberada" para permitir el ataque.

La burocracia 

Pedraza y Fernández no subestiman en absoluto la inserción de la izquierda en su sindicato, como pretenden aparentar para la tribuna. La charla sostenida por Pedraza con el ministro Tomada en enero de 2011, que constituye parte de la prueba en las actuaciones, desnuda la preocupación del burócrata para evitar que a través del pase a planta de los tercerizados ingresaran "cuadros de izquierda" -como lo era Mariano. La burocracia monopoliza la bolsa de trabajo en el ferrocarril para hacer entrar a sus matones. Así ingresaron los Alcorcel y los Pipitó y pretendían contratar a Favale, todos co-imputados por el crimen de Mariano. El de Mariano Ferreyra fue un crimen político determinado por la necesidad de subsistencia política y económica de la burocracia de la Unión Ferroviaria, asociada en este esquema siniestro a los empresarios "nacionales y populares" Roggio, Romero y Cirigliano, al amparo del Estado. La lucha por el castigo a los responsables del crimen de Mariano y de la masacre de Once, es una sola.

Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1224/mariano-ferreyra/los-negocios-de-ugofe-con-pedraza

 

 

Sublevémonos reconociendo que no es nuestra economía la vigente por beneficiar en exclusivo a quienes son los genocidas de hoy a través del extractivismo y de ayer para instaurar el neoliberalismo en los setenta.

 

 

Graves violaciones de los DDHH como estrategia de rentabilidad empresaria
27 de septiembre de 2016

Por Alejandro Jasinski

En la represión contra los trabajadores durante la dictadura de 1976, aunque la narrativa les da un rol subsidiario, el involucramiento de los empresarios fue decisivo.

El título es provocador y se puede aclarar: nos referimos a la responsabilidad de empresas en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina. Un reciente informe investigó 25 casos y evidenció cómo un grupo de empresarios dispuso una estrategia de rentabilidad que se consubstanció con la represión estatal ilegal para reprimir a los trabajadores.1 La discusión se inserta en el más amplio y actual debate sobre empresas y derechos humanos, que alcanza a las Naciones Unidas.2 Qué empresarios, cómo y por qué, se involucraron en estos delitos contra la humanidad. Ford, Fiat, Mercedes Benz y otras multinacionales, incluidas.

 

En marzo de este año, en el marco de las conmemoraciones por los 40 años de iniciada la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), se conoció el fallo judicial que dictaminaba por primera vez en la historia de este país la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad contra trabajadores. Marcos Levín, ex dueño de la importante compañía de transporte La Veloz del Norte, oriunda de la provincia de Salta, fue condenado a doce años de prisión por participar del secuestro y los tormentos que sufrió un trabajador y delegado gremial de su empresa.

La oportunidad del fallo no pudo ser mayor: por la fecha que se conmemoraba y por los cambios políticos que advertían el final de una etapa, sobre todo en materia de derechos humanos. Otros juicios e investigaciones judiciales esperan su turno: Ford, Mercedes Benz, Techint, Fiat, son algunas de las empresas cuya responsabilidad en delitos de lesa humanidad está suficientemente informada, aunque su transitar por el campo de la justicia se hace demasiado pedregoso.

 

La presentación ante la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal argentino del informe que analiza en conjunto y comparativamente 25 casos de participación empresarial en la represión durante el terrorismo de Estado procura contribuir a que el proceso de justicia por graves violaciones a los derechos humanos en el país asimile la noción ya ampliamente aceptada en el campo de la memoria y la verdad sobre la co-responsabilidad de grupos de poder del campo civil junto a las fuerzas represivas del Estado en los hechos de aquella época.

 

El informe sobre los crímenes empresariales

El trabajo mencionado se terminó y presentó en diciembre de 2015, tras casi dos años de arduo trabajo conjunto de cuatro instituciones argentinas, dos civiles y dos estatales. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Programa Verdad y Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, juntaron una veintena de investigadores (historiadores, antropólogos, sociólogos, abogados) para cubrir una cuenta pendiente en la historia del terrorismo de Estado: analizar la participación empresarial en la represión contra los trabajadores.

Es una meta diferente a la de indagar el rol de ciertos empresarios en el manejo de áreas claves del Estado en relación con la economía, el delito económico o la propia represión contra algunos empresarios.1 En este sentido, resulta necesario aclarar de entrada: no decimos “todos los empresarios” participaron de la represión. Si bien el sector al que pertenecen los casos investigados fue beneficiado por la represión en términos generales, hablar de responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad y de estrategia se refiere a las personas o empresas específicamente investigadas. En este sentido, hay que pensar la disputa al interior de los empresarios, ya que el modelo económico implantado fundió a numerosos pequeños capitales, mientras que más de un centenar de empresarios fueron secuestrados y torturados para robarles sus empresas y la dictadura en muchos casos se refirió a los “empresarios subversivos”.

 

En esta oportunidad, nos preguntamos quiénes, cómo y por qué, diferentes empresarios se involucraron en la represión del Terrorismo de Estado. La preocupación no era nueva. La responsabilidad empresarial había sido señalada en numerosos testimonios apenas iniciada la transición democrática, a partir de 1984, ante las comisiones investigadoras (como la Conadep) y tribunales judiciales (algunos bajo jurisdicción militar), incluyendo el Juicio a las Juntas de 1985. Asimismo, algunas investigaciones académicas y periodísticas habían contribuido al tema.
Distintas instancias judiciales nuevamente en los ’90 pusieron de relieve este asunto, destacándose el informe que en 1998 presentó ante el juez Baltasar Garzón en España la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La reapertura de los juicios de lesa humanidad en la primera década del siglo XXI (tras anularse las Leyes de Impunidad de los años noventa), permitió comenzar a sistematizar, según el caso que se investigaba, esta información existente, y a recolectar nueva información.

 

Partiendo de estas bases, seleccionamos 25 empresas de entre más de doscientas con alguna mención sobre trabajadores víctimas, y comenzamos la tarea de búsqueda de documentos en distintos archivos al tiempo que trabajamos con entrevistas a ex trabajadores, víctimas y familiares. Las empresas seleccionadas fueron nacionales y extranjeras, de distinta localización y actividad (industria automotriz, naval, siderúrgica, de cerámicos, azucarera, yerbatera, gráfica, cementera, textil y de calzado, frigorífica, y servicios de transporte, entre otros), todas significativas por su importancia económica y/o política. Una de ellas, Astilleros Río Santiago, era estatal, bajo dominio de la Armada. Otras fueron: Ford Motor Argentina, Mercedes Benz, FIAT, ingenios Ledesma, Fronterita y Concepción, Dálmine-Siderca y Propulsora Siderúrgica, Swift, Acindar, Grafa, Grafanor y Molinos Río de la Plata, Astilleros Mestrina y Astarsa, Cerámicas Cattáneo y Lozadur, Petroquímica Sudamericana, Minera Aguilar, La Veloz del Norte, Loma Negra, Las Marías, Alpartagas y el multimedio La Nueva Provincia.

 

El estudio, editado en dos tomos de más de mil páginas (disponible en http://empresasydelitosdelesa.blogspot.com.ar) enseña que la supremacía militar en el campo represivo se combinó en estos casos con la activa y decisiva participación de distintos funcionarios de las empresas. La existencia de un patrón de lo que denominamos prácticas empresariales represivas permite concluir sobre la puesta en práctica de una estrategia de rentabilidad anclada en el terrorismo de Estado para disciplinar y movilizar militarmente la fuerza de trabajo. Se contaron 869 víctimas para estas 25 empresas: 354 desaparecidas, 65 asesinadas y más de 450 sobrevivientes.

 

El patrón común detectado enseña prácticas que iban desde variadas formas de militarización de los espacios laborales hasta la provisión de insumos esenciales que habilitaron, facilitaron y exacerbaron la represión. Encontramos a los empresarios, mandos altos, medios y bajos, desde accionistas y dueños hasta capataces, pasando por gerentes de áreas de Personal y Vigilancia, en posición de franca iniciativa represiva. Secuestros en fábrica, vinculación entre secuestros y despidos, supervisión militar de la producción, aporte de legajos laborales y fotos, militares en cargos claves en las empresas, infiltración de agentes, entre otras. La práctica más violenta fue la instalación de centros clandestinos de represión dentro de los predios fabriles, como sucedió en La Fronterita, Acindar o Ford, entre otros. La mayoría de las víctimas tenían una activa militancia gremial o política, no necesariamente revolucionaria ni adherente a la lucha armada. En muchos casos, fueron secuestrados trabajadores sin antecedentes de militancia. El aleccionamiento fue mayor porque –aunque existieron niveles de intensidad- no hubo discriminación.

 

Algunos ejemplos sirven para ilustrar el asunto. Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte, empleaba en su empresa a un subcomisario con quien organizó una causa de estafa contra choferes y azafatas, mediante la cual se permitió detenerlos y llevarlos a la comisaría. Allí, fueron torturados y obligados a firmar confesiones, estando Levin en el propio centro clandestino de detención. Este empresario llegó incluso a utilizar micros de su empresa para trasladar detenidos. En otro caso, José María Menéndez, coronel de Caballería retirado, fue nombrado gerente general del directorio de Grafa y de Grafanor del grupo Bunge & Born en septiembre de 1976. A los pocos días, fueron secuestrados 8 trabajadores de esta empresa. De estas víctimas, la única que fue secuestrada en la puerta de la planta no había entregado meses antes una planilla que la compañía exigía completar, con el itinerario que seguía cada trabajador de su casa al trabajo. Todas las demás fueron secuestradas en sus casas o saliendo de ellas. En Astilleros Río Santiago, el día del Golpe, se instaló un retén militar en el acceso a la planta industrial: durante semanas, los trabajadores formaban fila para ser identificados al ingresar. Las demoras del ingreso podían alcanzar varias horas. Trabajadores identificados en un listado eran separados y detenidos.

Una veintena de diferentes prácticas hemos detectado en cada empresa analizada, repitiéndose en numerosas ocasiones las mismas. Los ejemplos que podríamos dar y que se desarrollan en la investigación son interminables. Conviene señalar una de las más frecuentes y utilizadas y que enseña el interés más mundano de la empresa: la vinculación entre el secuestro y el despido. Ford fue una de las compañías que más abiertamente colaboró con la represión: tenía un destacamento militar en su interior y el quincho recreativo de los trabajadores fue utilizado tipo vivac militar para secuestrar y torturar a delegados gremiales. Los directivos amenazaban a los trabajadores con el uso del Ejército y enseñaban a toda hora tener un conocimiento preciso de la situación de los secuestrados.

Oficiales del Ejército admitieron ante los familiares que la empresa señalaba a quién detener. A poco de producirse el Golpe, directivos de la empresa explicaron a oficiales de inteligencia policial que tenían la “urgente necesidad de medidas” para “prescindir del personal que (…) resulte perjudicial o influya en el normal desenvolvimiento de las tareas”. El agente traducía: “un voto de confianza para que la patronal efectúe los despidos que crea necesario”. En menos de diez días, una decena de delegados fue secuestrada. Los trabajadores recibieron telegrama de despidos y cuando sus familiares respondieron que los trabajadores se encontraban secuestrados, volvieron a recibir telegramas intimidatorios de la empresa para que se presenten en sus lugares de trabajo.

 

La trama de la responsabilidad empresarial: una lectura histórica

Argentina tiene una larga historia de represiones obreras, legales e ilegales, bajo gobiernos democráticos y dictatoriales, que incluyen –incluso en democracia- barbáricas masacres obreras como las de los años 1919-1921 en La Patagonia o en La Forestal. En todos estos casos, grupos empresarios tuvieron notoria responsabilidad. En los procesos represivos más intensos, la conflictividad laboral estaba atravesada por enfrentamientos sociales más amplios, que a nivel económico enseñaban profundas transformaciones de los procesos de trabajo y modelos de acumulación, y a nivel político e ideológico procesos de intensa lucha entre fuerzas sociales. Los obreros reprimidos entre 1919-1921 fueron acusados por los empresarios de instalar “soviets” en las fábricas o campos. Los obreros reprimidos en la década de 1970 fueron acusados de “subversivos”, “guerrilleros” o “terroristas”. Durante los años sesenta y setenta del siglo XX, los conflictos a nivel fabril estaban atravesados por los procesos globales de descolonización y de luchas revolucionarias que seguían, entre otros, el ejemplo cubano.

 

En 1969, los estallidos sociales en las ciudades de Córdoba y Rosario, expusieron la peligrosidad que representaba para las empresas el ascenso de la militancia y organización sindical en los establecimientos laborales, vinculada o no a organizaciones revolucionarias y armadas. Los términos “ausentismo”, “insubordinación”, “improductividad”, organizaron el discurso de los sectores empresariales, que se potenciaba con el temor a las huelgas, tomas de fábrica e incluso experiencias de autogestión y control obrero de la producción. El costo del trabajo y la pérdida de autoridad y disciplina empresarial advirtieron la crisis del sistema. La represión más despiadada no se hizo esperar.

Numerosas leyes represivas se dictaron desde 1974 en adelante, antes de iniciado el Golpe. Cuando éste sobrevino, la capacidad política y militar de las organizaciones revolucionarias estaba seriamente dañada. Pero las movilizaciones obreras de junio y julio de 1975 y febrero y marzo de 1976, enseñaban que la “guerrilla fabril” –como la llamaron los sectores dominantes- todavía constituía un serio obstáculo a la acumulación del capital. El Golpe del 24 de marzo de 1976 selló una etapa histórica.

 

Desde entonces y hasta 1979, se desarrolló una represión sin precedentes, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, sobre la clase obrera y el movimiento sindical: miles de trabajadores, dirigentes y activistas fueron asesinados, presos, desaparecidos, exiliados, al tiempo que se desarrollaron distintas formas de violencia en los lugares de trabajo, se prohibieron asambleas y reuniones y se profundizaron las estructuras de seguimiento, vigilancia y control, con los consecuentes efectos sobre los derechos obreros y los ritmos de producción. La modificación de la legislación laboral, una batería de leyes represivas sobre la organización y la acción sindical y las transformaciones económicas que alteraron las bases estructurales de poder obrero conformaron el monumental dispositivo represivo.

 

Esta transformación no implicaba la eliminación de todo formato sindical, sino, en principio, de lo que el gobierno dictatorial consideró “excesos” del poder. Los objetivos generales eran “asegurar el libre desenvolvimiento de las actividades industriales y laboral” y “lograr un eficiente funcionamiento del aparato productivo del país”. Para los empresarios se trataba de eliminar el poder obrero en las fábricas, recuperar la autoridad sobre los procesos productivos y reducir costos. Pese a sus diferencias, la combinación del accionar militar y empresarial fue letal: las “fuerzas amigas” (como denominaban los documentos del Ejército a los “empresarios consubstanciados” con la dictadura –también se refirieron de esta forma a algunos dirigentes sindicales) cumplieron con sus objetivos inmediatos. Es en este punto que retomo el concepto de “estrategia de rentabilidad” que ofrecen Robert Boyer y Michel Freyssenet en Modelos productivos, como camino que toma una empresa para combinar distintas fuentes de ganancia. Más enfocadas como estrategias de negocio, la última de las seis estrategias que identifican es “la reducción permanente de los costes para mantener un margen suficiente en cualquier circunstancia”. La flexibilización conceptual puede ser oportuna.

 

Hablar de estrategia empresarial y de responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, pone el problema en otra perspectiva. Por un lado, el foco no está puesto exclusivamente en la lucha de las organizaciones revolucionarias y el Ejército, sino en la formación de fuerzas sociales ordenadas en buena medida por esa disputa fundamental entre capital y trabajo. En referencia estricta al rol de los empresarios en la represión contra los trabajadores, se quita a aquellos de un rol secundario o subsidiario (que implicaría una noción de complicidad): su involucramiento fue decisivo. Responder por qué participaron de estas masacres puede resultar muy complejo. En un nivel, se pueden explicar sus motivaciones más mundanas, ya señaladas. En otro, hay que subrayar el hecho de que su involucramiento hizo posible que la represión llegara tan lejos, hasta la médula del poder obrero: cuerpos de delegados, comisiones internas y activistas de los establecimientos laborales. A poco de producido el Golpe, lejos de horrorizarse por la bestial represión que se realizaba en las fábricas, este grupo de empresarios se dirigía al general Horacio Liendo, al mando del Ministerio de Trabajo, para felicitarlo por su designación, desearle éxitos y ofrecerle su “franca colaboración”. Se sentían “honrados” de “establecer un vínculo permanente fundado en una común causa patriótica”.

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Notas

1.[1] Esta nota presenta algunos resultados del informe señalado. El autor participó como co-coordinador e investigador, por parte del Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sin embargo, aquí los conceptos vertidos más allá de los estrictos resultados de la investigación son pura responsabilidad del autor y no representan a las instituciones participantes del informe.

2. Y se expresa en los informes y el Marco elaborado por John Ruggie y el seguimiento que se hace desde “Business & Human Rights Resource Centre”, entre otros. 3. Estas temáticas fueron investigadas y analizadas incluso judicialmente: ver “Causa Olmos”, una denuncia del periodista Alejandro Olmos por los manejos delictivos del endeudamiento externo y la estatización de deudas privadas; y numerosas investigaciones académicas, entre las cuales destacamos dos producciones colectivas recientes: La dictadura del capital financiero y El Banco Nación de la Argentina y la Dictadura. También, 1976. El Golpe Civil. Investig’Action

Fuente: http://www.lahaine.org/mundo.php/graves-violaciones-de-los-ddhh

 

 

Organicemos el Nunca Más a los principales impunes de ayer y de hoy. Desenmascaremos a los que todavía nos hacen reverenciar como "el empresariado o los inversores locales y extranjeros que nos dan trabajo". A esta inversión de la realidad la ex Presidenta la completó convocando a los trabajadores a ser racionales en sus demandas salariales para no bloquear el crecimiento económico de ellos que no es el de nosotros.

 

Embronquémonos teniendo en cuenta que se planificó el terrorismo de estado para instaurar el neoliberalismo.

 

 

A 40 años del golpe genocida: El rol de los empresarios en la dictadura

17 de febrero de 2016

 

Aprovecharon la represión para bajar salarios y aumentar los ritmos de explotación. Usaron al estado para obtener créditos extranjeros que nunca pagaron y que terminaron engrosando nuestra deuda externa-. Se enriquecieron con la obra pública. Son los mismos grandes grupos económicos que hoy siguen gozando de sus privilegios.

 

Por: José Castillo

 

Tenemos que marcar a fuego sus nombres y los de sus empresas. Ellos también son actores y/o cómplices del genocidio. A mediados de 1975 se había creado la Apege (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), que promovió y coordinó con los militares el golpe de marzo de 1976 y “proveyó” a Videla casi todos los ministros del área económica: José Alfredo Martínez de Hoz en Economía, proveniente de Acindar; Jorge Zorreguieta (padre de Máxima, la actual reina “argentina” de Holanda) de la Sociedad Rural en la Secretaría de Ganadería y Adolfo Diz, de la Asociación Bancos Privados Argentinos (ADEBA) en el Banco Central. Pero no fueron los únicos.

 

Está comprobada fehacientemente la complicidad directa en la represión (entregando lista de activistas a los grupos de tareas, promoviendo detenciones y secuestros en las propias plantas y hasta cediendo espacios dentro de ellas para que funcionen como Centros Clandestinos de Detención) por parte de Ford, Mercedes Benz, Acindar, Dálmine Siderca (Grupo Techint), Ingenio Ledesma y Astarsa.

 

Loma Negra, Ledesma, Molinos (entonces Grupo Bunge & Born), Editorial Atlántida, La Nueva Provincia, Papel Prensa y La Veloz del Norte, también fueron señalados como cómplices directos con la represión.

Además de estos casos, el conjunto de los empresarios locales y extranjeros se aprovecharon de la ilegalización de las huelgas y la destrucción de los cuerpos de delegados y comisiones internas para incrementar sustancialmente la explotación de los trabajadores. Los salarios en 1976 ya habían caído un 40%. A ello se sumaban los aumentos de los ritmos de trabajo y la violación prepotente por parte de las empresas de cualquier regulación que protegiera a los trabajadores.

 

En 1977 se sancionó la Ley de Entidades Financieras que abrió el camino a la más absoluta especulación financiera. Se “crearon” cientos de bancos, en muchos casos directamente vinculados a las grandes empresas “amigas” de la dictadura. Así se fueron conformando y fortaleciendo los grandes “Grupos Económicos” locales que, junto con varias empresas transnacionales se convertirían desde entonces en la elite del capitalismo argentino. El Grupo Techint, hoy la más grande “transnacional” argentina, creció exponencialmente y alcanzó su liderazgo durante la dictadura, pasando de una empresa siderúrgica a diversificarse en los rubros del petróleo, la minería, las comunicaciones, obras públicas y finanzas. Bulgheroni, el dueño de Bridas y junto con British Petroleum de Panamerican Energy, tenía siete empresas en 1976 y terminó la dictadura con 34. Arcor (propiedad de la familia Pagani y hoy multinacional de alimentos) también pegó un enorme salto en su expansión en ese período, además de apadrinar el lanzamiento de la Fundación Mediterránea, de donde salió el entonces desconocido Domingo Cavallo. Pérez Companc, Loma Negra (Amalita Fortabat), Roggio, Macri, Soldati, Pescarmona y Bunge y Born, fueron algunos otros de los grandes pulpos que crecieron y se capitalizaron a la sombra de la dictadura.

 

Estos pulpos conseguían financiamiento internacional con avales de la dictadura y de las empresas públicas (como YPF, que ponían su patrimonio como “garantía”), luego lo hacían crecer internamente a través de los bancos locales de su propiedad (por medio de lo que se conoció como la bicicleta financiera) y finalmente, en 1982, le “encajaron” sus deudas al estado. Esto último, uno de los hechos más aberrantes de la historia económica argentina, fue llevado adelante por Domingo Cavallo, entonces Presidente del Banco Central. Se lo conoció como la “estatización de la deuda privada” y es una de las causas del fenomenal endeudamiento externo que todavía seguimos sufriendo (y pagando).

 

Fueron también estos grupos económicos los que se beneficiaron del negocio de la obra pública. Los estadios del Mundial ́78, las autopistas de Buenos Aires, los contratos de recolección de basura, la “provisión” de servicios fantasma a las empresas públicas y un larguísimo etcétera componen un historial de coimas, sobreprecios y escandalosas transferencias multimillonarias del estado hacia estas empresas.

 

Cuando cayó la dictadura, ya ocupaban los primeros puestos del establishment empresario en nuestro país. Juntos, esos grupos económicos locales y las empresas transnacionales que operaban en el país siguieron esquilmando a la Argentina, y superexplotando a su clase trabajadora. Fueron “los capitanes de la industria” durante Alfonsín. Luego los que se aprovecharon del saqueo de las privatizaciones en el menemismo. Siguieron obteniendo superganancias durante el kirchnerismo. Son los que hoy les ponen sus CEO como funcionarios a Macri. Ganaron con la convertibilidad y luego volvieron a ganar con la devaluación. Todos los gobiernos, peronistas, radicales, centroizquierdistas o del Pro, siguieron garantizándoles sus negocios y privilegios. Por eso, a 40 años del golpe genocida, también forman parte de la gran tarea pendiente: terminar con esta impunidad de ayer que continúa hoy que, solo se hará realidad, cuando vayan presos y sus empresas sean expropiadas.

 

El Grupo Macri se benefició con Videla

La familia Macri también fue beneficiada durante la dictadura. Cuando creó el Grupo Socma (Sociedades Macri), en enero de 1976, el total de su facturación anual no superaba los 100 millones de dólares. En los años siguientes pasó a ser uno de los emporios empresarios más importantes de la Argentina. Allí estaban Franco Macri (dueño del Grupo) y su hijo Mauricio, uno de los principales directivos. A través de una empresa del grupo llamada Sideco obtuvo la contratación de grandes obras públicas para el Banco Hipotecario Nacional, que se calcula le redundaron, sólo hasta 1979, 1.700 millones de dólares. Pero la “joya de la corona” fue cuando los Macri consiguieron del entonces intendente porteño de la dictadura, Brigadier Osvaldo Cacciatore, el contrato para la recolección de la basura de la Ciudad en 1980, por diez años. En 1990, se votó en una escandalosa sesión del entonces Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires -con denuncias de “sobres” con 50 mil dólares entregados a cada concejal que votó a favor- la prórroga sin licitación alguna, además del reconocimiento por la Ciudad de una supuesta deuda con la empresa de 68 millones de dólares. Todo sucedió gracias a un acuerdo entre el propio Macri y el intendente peronista de Menem, Carlos Grosso, que en la dictadura había llegado a ser Gerente General del Grupo Socma.

Otra maniobra oscura que ayudó a la formación de la fortuna de los Macri fue la “compra” del Banco de Italia en 1979, gracias a la ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz. Una investigación del fiscal Guillermo Moreno Ocampo, llevada adelante años después, calculó que significó una estafa al Banco Central por 110 millones de dólares.

Pero la mayor tajada la van a sacar los Macri en 1982, cuando compran el 65% de las acciones de Sevel (una asociación de las automotrices Fiat y Peugeot para Argentina) por apenas 30 millones de dólares, un valor irrisorio. El misterio se develó rápidamente: sucede que Sevel tenía una deuda con acreedores extranjeros por 170 millones de dólares. Y Macri logró que Cavallo, como hizo con tantas otras deudas privadas, la estatizara. O sea, la deuda de Sevel pasó a formar parte de la deuda externa argentina, mientras los Macri seguían acumulando fortunas.

Por supuesto, la historia del Grupo Macri no termina con la dictadura. Alfonsín, Menem, la Alianza y los Kirchner les permitieron que siguieran creciendo sus negocios hasta hoy.

Leer

 

 Crisis civilizatoria

 

Advirtamos porqué la economía capitalista al ser garantizada e impulsada por un gobierno (aun cuando sea izquierdista como el de Nicolás Maduro en Venezuela) lo encamina a destruir no sólo la autodeterminación de los pueblos sino también las condiciones dignas de vida y trabajo de los últimos.

 

Conferencia de Alexander Luzardo en el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)

Arco Minero: Gigantesco crimen ecológico que liquidaría Guayana, Amazonas y el Delta
20 de septiembre de 2016

 

Por: Prensa CIV 

El decreto sobre la explotación del mal llamado "arco minero" constituye un gigantesco crimen ecológico, que significaría la liquidación de Guayana, Amazonas y el Delta, aseguró hoy el Dr. Alexander Luzardo, en una conferencia dictada en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, organizada por la Fundación Pensar en Venezuela. Asimismo, solicitó que dicho decreto sea derogado, tal como lo hizo la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio, cuando lo desconoció y lo declaró nulo.

Nota de prensa CIV

El Dr. Alexander Luzardo fue Senador del anterior Congreso de la República, ex Presidente de la Comisión de Ambiente, autor de las Normas Ambientales de la Constitución Nacional, y Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable.

Inicialmente refirió el Dr. Luzardo que "el mal llamado arco minero es un decreto emitido por el presidente de la República Nicolás Maduro, el cual pretende destinar el 12 por ciento del territorio nacional a la actividad minera, es decir, 12 millones de hectáreas, extensión comparable con Cuba, más grande que Panamá y varios países europeos". Manifestó que "esta es una actividad que se desarrollará al sur del Orinoco, en una zona ecológica extremadamente frágil, y donde se encuentran las últimas reservas de agua dulce no contaminada del país".

Precisó que se vería afectada la reserva forestal de Imataca, que tiene 3 millones 800 mil hectáreas. De sus bosques depende en gran parte el equilibrio ecológico del sur de Venezuela; sería afectada la reserva forestal del Caura, con más de 5 millones de hectáreas, decretada como Reserva Forestal por el entonces presidente Rómulo Betancourt en 1961.

"Sería afectado también el monumento natural Wanai, que es un Tepuy decretado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y el cual pertenece al conjunto de tepuyes que se encuentran entre Amazonas y Bolívar. También se afectaría la cuenca estratégica del Caroní, que surte de hidroelectricidad a más del 65 por ciento del territorio nacional. "De tal manera que estamos hablando de biodiversidad, riqueza biológica, del agua, que es un bien insustituible protegido por la Constitución Nacional en su artículo 304 donde se establece que todas las aguas son del dominio público insustituibles para la vida y el desarrollo…

Cualquier otro recurso puede ser prescindible y sustituible, como en el caso del petróleo, y en este sentido, diferentes países están enrumbados hacia la búsqueda de sustitutos ante la realidad del cambio climático. Afectar la Cuenca del Caroní, equivale a aproximadamente 500 mil barriles diarios de petróleo, hablando en términos comparativos de la energía fósil, pero en este caso es energía limpia, y esa cuenca es bendita, sagrada para Venezuela".

Destacó el Dr. Luzardo que "se trata de un crimen ecológico gigantesco, de un crimen de Estado". "Como país nosotros necesitamos inversiones rentables, ecológicamente sustentables, como lo están planteando diversos países del mundo, como lo ha manifestado el Papa en su Encíclica, "Hacia un Desarrollo Realmente Sustentable", pero este proyecto del llamado "arco minero", significaría la liquidación de la Guayana, el Amazonas y el Delta, la contaminación con mercurio y otros agentes, con daños irreversibles, que producirían el envenenamiento de las aguas y los suelos de esa zona tan frágil. Además, serían afectados los pueblos indígenas y locales del sur de Venezuela".

De tal manera –expresó- solicitamos que ese decreto sea derogado, tal como lo hizo la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio que tomó la decisión de desconocerlo y declarar su nulidad, porque afecta las últimas reservas de agua limpia no contaminada del país, lo cual es mucho más valioso que cualquier otro recurso.

Fuente: http://www.aporrea.org/actualidad/n297412.html

 

 

 

Veamos cómo se organiza la lucha con "material de suma importancia para uno de los debates cruciales en estos tiempos de definiciones”.

 

 

Expediente AMO: Las luchas contra

el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco
21 de septiembre de 2016

 

Por: Aporrea.org/Emiliano Terán Mantovani

Aporrea.org presenta este trabajo de Emiliano Terán Mantovani, Mención honorifica al Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. En él se ofrece las principales referencias del proyecto, tanto desde el punto de vista del análisis de los impactos y consecuencias de todo tipo que el AMO traería al país, las comunidades y el ambiente, como desde la descripción de las luchas que se han dado hasta ahora por parte de quienes lo adversan. Consideramos este material de suma importancia para uno de los debates cruciales en estos tiempos de definiciones.  Por la extensión del trabajo presentamos aquí una síntesis y el sumario del mismo. Igualmente en el hipervínculo https://app.box.com/s/oswrkr42zoym109wtukp7yp0ooat5wq4 se puede encontrar la versión completa en PDF.

Última actualización: 19 de septiembre de 2016

Este documento representa un insumo para conocer los detalles básicos del proyecto del “Arco Minero del Orinoco” y el conflicto y movilizaciones que se han desarrollado en su contra. Ofrece la data principal y elemental sobre ubicación del proyecto, commodities involucrados, empresas, inversiones, actores, impactos, peticiones de los grupos movilizados, resultados del conflicto a la fecha, así como varias referencias recomendadas.

Si es de su interés y utilidad, copie este documento. Compártalo con su comunidad, organización social, agrupación vecinal o consejo comunal. Discútalo, corríjalo, complételo, añádale nuevas informaciones y apartados, actualícelo periódicamente. Difúndalo entre las organizaciones internacionales amigas que desean conocer más los detalles básicos del proyecto y el conflicto. Consérvelo como memoria histórica de esta lucha social.

Si ud. es de una organización social internacional, este documento le será también muy útil. (…)

Fuente: http://www.aporrea.org/actualidad/n297438.html

En consecuencia, abajo y a la izquierda, necesitamos debatir para percibir los porqué, el qué procurar y el cómo de las resistencias proyectantes de los buenos vivires convivires. Es decir, no basta con multiplicar espacios en común para deliberar y tomar decisiones sobre nuestros problemas fundamentales. Debemos situarnos en que precisamos construir poder de derrotar a la alianza de los capitales y estados imperialistas con los locales. Porque:

Un golpe de Estado neoliberal con el trasfondo de la crisis global
13 de octubre de 2016

Por Flavia Verri y Beatrice Whitaker/ Attac (Francia)

 

Traducido del francés para Rebelión por Alfredo Iglesias Diéguez y Beatriz Morales Bastos

Los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Brasil no pudieron ocultar la grave crisis económica, ecológica, social, política e institucional que atraviesa el país. Siguiendo en la estela de las movilizaciones de 2013 afloraron fuertes críticas respeto a la organización de los Juegos: gastos excesivos en detrimento de servicios públicos y desplazamiento forzoso de miles de habitantes para facilitar las obras. No obstante, en lo esencial las movilizaciones se desarrollaron para frenar la ofensiva de la burguesía, la derecha y su gobierno interino después destituir a Dilma Rousseff y hacerse con el poder de forma ilegítima.

 

Para la derecha, silenciar los asuntos de corrupción

Cinco meses después del inicio del procedimiento de destitución de Dilma Rousseff una amplia mayoría de senadores lo aprobó el 31 de agosto. El clientelismo acabó convenciendo a algunos indecisos. Dilma Rousseff estaba acusada de transferir partidas presupuestarias sin el aval del Congreso, una práctica común en los gobiernos anteriores, en los ayuntamientos y en los gobiernos de los estados federados por lo que la acusación no fue sino un pretexto: apenas dos días después de la votación en el Senado el nuevo gobierno promulgó una ley que autoriza a realizar ese tipo de manipulaciones contables sin consultar al Congreso.

Con la ayuda del poder judicial y de los medios de comunicación, la oligarquía y la derecha querían detener la hemorragia provocada por la investigación «Lava jato» (Lavado express), una operación que sacó a la luz un gran escándalo de corrupción triangular orquestado entre el grupo público Petrobras, varias empresas constructoras y numerosos dirigentes políticos, tanto de derechas como de izquierdas. Se ha emprendido una carrera de fondo para impedir que las investigaciones anticorrupción lleguen a buen puerto. En estos momentos se está tramitando una ley escandalosa, hecha a medida, con el fin de justificar y normalizar las fuentes ilegales de ingresos. El organismo creado para investigar los casos de corrupción en el seno del gobierno se ha incorporado a un nuevo “ministerio de la Transparencia, Supervisión y Control”. Por consiguiente, las investigaciones a los miembros del gobierno, ¡dependerá del gobierno!

 

Un golpe de Estado institucional para incrementar la ofensiva neoliberal

El contexto está determinado por una profunda polarización de la lucha de clases y la fragilidad de la izquierda en el continente suramericano. La burguesía brasileña quiere retomar las riendas del poder y acabar con la gobernanza y las alianzas con del Partido dos Trabalhadores (PT) destituyendo a Dilma Rousseff e impidiendo a Lula presentarse de nuevo a la presidencia de la República. Quiere acelerar sus contrarreformas liberales y conservadoras. El proceso de destitución de Dilma Rousseff ha contado con el apoyo de la poderosa Iglesia Evangélica y del Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMBD), principal partido de oposición al PT.

Apenas reelegida Dilma y para revivir el sentimiento en su contra y contra el PT, la derecha organizó las protestas en la calle y los mítines a favor del proceso de destitución, antes incluso de que se iniciara este proceso. El presidente interino Michel Temer, líder del PMDB, no esperó al final del proceso para aplicar un programa neoliberal de urgencia. Inmediatamente recibió de la patronal una lista de “36 medidas imprescindibles” cuyo objetivo es vaciar las arcas de Estado y transferir su contenido a la oligarquía, destruyendo de paso los derechos sociales.

Los pilares del gobierno actual son la desregulación y la liberalización. El actual ministro de Finanzas, Henrique Meirelles (que fue presidente del Banco de Boston a finales de los noventa y después presidente del Banco Central de Brasil durante la época de Lula) defiende un proyecto de reforma constitucional denominado “Medida provisional”. ¡El objetivo de esta medida es congelar los gastos federales durante 20 años! Hará oficial la reducción del presupuesto del Estado y, por tanto, del gasto público. El sistema de pensiones pagará los platos rotos: una medida prevé el retraso de la edad de jubilación a los 70 años con la intención de reducir en un 30% los gasto de este sector. Los presupuestos de salud y educación (unas inversiones que, sin embargo, están garantizadas constitucionalmente) también se verán reducidos con, entre otras cosas, un recorte del 45% de los gastos en educación universitaria y una revisión del Sistema Único de Salud (equivalente a la Seguridad Social). En contrapartida el gobierno aumenta los gastos militares, aeroportuarios y nucleares, organiza la privatización del sector petrolero, favorece las negociaciones entre asalariados y patrones, que tendrán más peso que en la legislación actual, y se liberalizará la subcontratación.

El tono conservador y represivo está servido. Se ha suprimido el ministerio de las Mujeres, de la Igualdad Racial, de los Derechos Humanos y de la Juventud, lo mismo que el ministerio del Desarrollo Agrario, que supuestamente iba a desarrollar la reforma agraria. El jefe de la policía militar de São Paulo, conocido por los medios violentos que emplea contra los movimientos sociales, ha sido nombrado ministro de Justicia y de la Ciudadanía. La represión campa a sus anchas con la complicidad del poder judicial.

La ofensiva también se desarrolla en el ámbito de la política exterior. Al tiempo que busca el reconocimiento internacional participando en el G20, Temer y su ministro de Asuntos Exteriores, José Serra, convierten a Venezuela en el objetivo principal de sus ataques. En efecto, se ha creado una crisis en el seno del Mercosur entre Brasil y Uruguay, quien ocupó la presidencia de turno de la institución hasta julio y debería haber sido sustituido por Venezuela. El canciller uruguayo acusa a Sierra de haber pretendido “comprar el voto de Uruguay” para impedir el acceso de Venezuela a la presidencia. En efecto, los gobiernos de derecha de Temer en Brasil, de Macri en Argentina y de Horacio Cartes en Paraguay presionan a los países miembros del Mercosur para que se revise el protocolo de adhesión en detrimento de Venezuela, una ofensiva internacional para desestabilizar un poco más al sucesor de Chávez. Por supuesto, todas estas estrategias se desarrollan en estrecha colaboración con los Estados Unidos.

 

Unas dificultades que vienen de lejos

Las clases dominantes brasileñas ya no admiten medidas de carácter social, quieren tomarse la revancha, como en el resto del continente. La práctica del golpe de Estado institucional parece ser la nueva estrategia de las oligarquías latinoamericanas. Después de Honduras y Paraguay le llegó el turno a Brasil.

No obstante, la crisis viene de lejos, ya que la insatisfacción de la población excede de largo los límites tradicionales de la derecha. La sociedad brasileña atraviesa una crisis global inédita desde el final de la dictadura. A pesar de las medidas sociales que se pusieron en marcha al inicio de la presidencia de Lula, como el aumento del salario mínimo y en menor medida la “Bolsa familia”, la política petista del gobierno se adhirió rápidamente al extractivismo, a la aprobación de megaproyectos inútiles en el marco del programa de aceleración del desarrollo (PAC), al desarrollo de los agronegocios y a la liberalización de los transgénicos en perjuicio de la reforma agraria y la agricultura de los campesinos. Nunca se cuestionó el pago de intereses de la deuda externa.

En los últimos anos la presidenta Dilma Rousseff y su gobierno de coalición sacrificaron las inversiones sociales y públicas disminuyendo de paso la fiscalización de los más ricos. La flexibilidad y la precariedad laborales no han parado de aumentar. Durante los doce años de gobiernos del PT la mitad de los empleos existentes siguieron siendo informales y el 95% de los empleos creados lo fueron con un nivel salarial muy bajo. El PT está preso en una espiral de alianzas cada vez más abiertas a la derecha, que acepta en el gobierno a representantes del gran capital. Las ambiciones sociales e ideológicas expresadas en el momento de su fundación en 1980 desaparecieron a medida que aumentaban sus ambiciones electorales. A pesar del discurso petista de justicia social, la política llevada a cabo por el PT ha sido “un reformismo casi sin reformas”, según expresión de Valério Arcary [1].
De este modo, Dilma es la víctima de esta situación. Su impopularidad aumentó a medida que aplicaba unas medidas antisociales, aprobadas por los aliados de la derecha que, a su vez, contribuyeron a empañar su reputación. Congelación salarial en los servicios públicos, suspensión de una gran cantidad de oposiciones públicas, recortes presupuestarios en los sectores sanitario y educativo, incremento de las privatizaciones, aumento de la subcontratación de los servicios públicos y adopción de una “ley antiterrorista” cuyo objetivo era criminalizar las luchas de resistencia.

 

Perspectivas de los movimientos

Los movimientos sociales, los sindicatos y todas las fuerzas progresistas de Brasil califican la destitución de Dilma Rousseff de golpe de Estado institucional. El regreso de la derecha al poder significa una gran regresión democrática, una ofensiva contra las conquistas sociales y una intensificación de la criminalización de la resistencia y de la movilización. Los movimientos populares reunidos en el Frente Brasil Popular, del Frente Pueblo sin Miedo y del Espacio Unidad de Acción se han movilizado contra el golpe de Estado. Las manifestaciones convocadas por estos frentes, en apoyo al PT o críticos con él, han ocupado las arterias de las grandes ciudades del país. En septiembre varios miles de personas salieron a las calles de São Paulo y de las principales ciudades del país bajo el lema “Fora Temer!” (¡Fuera Temer!) y reclamando elecciones anticipadas, “Diretas Já!” (Elecciones directas ya), retomando un lema empleado en los tiempos finales de la dictadura militar. Se han reprimido particularmente estas manifestaciones.

¿Estará a la altura de las circunstancias el equilibrio de fuerzas? ¿Se intensificará la solidaridad internacional siguiendo el ejemplo de la petición “Contra el golpe de Estado constitucional en Brasil” lanzada en apoyo de los movimientos sociales brasileños? Ha empezado la campaña municipal y la izquierda brasileña tiene que resituarse en el mismo espacio en el que en los últimos años eran habituales las alianzas entre el centro-derecha y la izquierda.

Con el fin del gobierno del PT toca hacer balance. Debe surgir una nueva izquierda, radical y unida, que movilice masivamente, portadora de un proyecto rupturista, ecologista y feminista, defensora del derecho al trabajo, la agricultura campesina, que integre las reivindicaciones de los pueblos indígenas, de los negros y del movimiento LGTB. Es un reto vital para las fuerzas progresistas.

[1] Arcary,Valério, « Um reformismo quase sem reformas », ed. Sundermann, São Paulo, 2014.

https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/bresil-un-coup-d-etat-neoliberal-sur-fond-de-crise-globale?pk_campaign=Infolettre-707&pk_kwd=bresil-un-coup-d-etat-neoliberal

Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a las autoras, al traductor y a la traductora y Rebelión como fuente de la misma.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217858

 

 

Debemos situarnos en que precisamos construir poder de derrotar a la alianza de los capitales y estados imperialistas con los locales.  Pensemos que el sistema mundo planifica la seguridad capitalista e imperialista de súper negocios y Colombia está más avanzada en esos objetivos que nuestro país. En Argentina su contenido clave se designa democracia y de este modo se silencia e invisibiliza al genocida poder real. En Colombia, éste acuerda la paz y reclama impunidad.

 

 

Impunidad y olvido para los financiadores de la guerra contrainsurgente

La paz de los empresarios
20 de septiembre de 2016

Por Por Renán Vega Cantor (Rebelión)

 

Los paramilitares operaron con el imperativo de ejercer el control territorial a cualquier costo, imponer violentamente un nuevo orden social y defender la propiedad privada a sangre y fuego, con el auspicio de militares y ganaderos”.  

Tribunal Especial de Medellín, citado en “Justicia investiga 12.000 empresarios que financiaron a paramilitares”, El Tiempo, mayo 15 de 2015.

Tras la firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP va quedando en evidencia el verdadero sentido de lo que el bloque de poder contrainsurgente (en el que los “empresarios”, vaporoso nombre en el que se encuentran, entre otros, industriales, comerciantes, ganaderos, exportadores, terratenientes y firmas transnacionales) entiende por paz y por fin del conflicto armado. Para esos “hombres de bien” que serían los empresarios, como los denomina cierta jerga periodística, la paz quiere decir simplemente que se desmovilice la insurgencia, se le juzgue por haber ejercido el derecho a la rebelión y no pase nada más. Esto significa que el país sea como siempre ha sido, antidemocrático, desigual e injusto, que no haya ninguna reforma y ellos, los empresarios –los verdaderos dueños de Colombia– sigan tranquilamente con sus negocios, acumulando capital y obteniendo jugosas ganancias (como lo hace a sus anchas el capital financiero y los grandes cacaos, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lulle, o Alejandro Santo Domingo), sin interesar los métodos violentos que muchos de ellos han utilizado para conseguirlas. Para estar tranquilos, esos empresarios exigen que ni siquiera se pretendan establecer los mecanismos que muchas empresas utilizaron para apoyar y financiar a grupos paramilitares, cuyas acciones causaron miles de muertos, torturados y desaparecidos en todo el país, violencia de la cual finalmente ellos se lucraron para ampliar sus propiedades y riquezas.

La gran prensa –también de “empresarios de bien”, que auspicia en forma directa la guerra– ha difundido la falacia de que el responsable exclusivo del conflicto interno ha sido la guerrilla y que tanto el Estado como las clases dominantes (ambos forman el bloque de poder contrainsurgente) son unas “mansas palomas”, que habrían actuado en “defensa propia” en el peor de los casos o simplemente son víctimas indefensas en esta guerra. Esta mentira pretende lavar la imagen y absolver a los poderosos empresarios de cualquier responsabilidad en los numerosos crímenes escenificados en la geografía nacional en los últimos 60 años.

Ahora cuando se habla de una “justicia transicional” que incluya entre los responsables del conflicto armado a empresarios, éstos y sus voceros han dicho que eso es inaudito. Con desparpajo sostienen que eso forma parte de la estrategia del Castro-Chavismo de tomarse el país, con la complicidad de Juan Manuel Santos, con el objetivo de ahuyentar la inversión privada del territorio colombiano. Desde luego, no interesa que hasta los manipulados procesos de “Justicia y Paz” con los paramilitares hayan generado 12 mil procesos de investigación que comprometen a empresas, como financiadoras del paramilitarismo y sus múltiples crímenes y masacres.

Según la Revista Semana, una defensora incondicional de los empresarios, a estos les preocupa que se desate una “cacería de brujas”, un pánico que se funda en tres temores: “El primero es que quienes tuvieron que pagar extorsiones para operar en ciertas regiones terminen siendo juzgados como financiadores y cómplices de los paramilitares. El segundo, que se creen unas mafias de falsos testigos que terminen por salpicar a empresarios en la búsqueda por encontrar la ‘verdad’. Y el tercero es que el sistema está hecho solo para admitir una responsabilidad y que la única forma de eludir la cárcel será confesar crímenes no cometidos”. Estos temores simplemente demuestran que “a confesión de parte, relevo de pruebas”, porque nadie les estaba preguntando sobre cómo medir su responsabilidad. Si lo confiesan por anticipado es que esos temores simplemente rebelan hasta donde ha llegado su financiación de los paramilitares. Además, lo significativo es que dichos temores se hagan públicos a partir de mentiras, lo que indica ya la “seriedad” de los empresarios, de los políticos de la BACRIN de los uribeños y de sus periodistas. En efecto, la noticia que generó revuelo sobre el supuesto juicio a los empresarios se originó no en declaraciones de la Fiscalía o alguna instancia del Estado sino en una investigación académica en la que se hablaba de 57 empresarios que han sido mencionados por los paramilitares, pero que se le imputó en forma mentirosa y con premeditación al Tribunal de Justicia y Paz.

Y a partir de esa indagación académica se ha armado un escándalo, con la perspectiva de reforzar la mentira de que tras ese acuerdo de justicia transicional se encuentra el castro-chavismo y se pone en peligro la santa propiedad privada en este país. Como para que no queden dudas, la misma Revista Semana –¿será que teme que también pueda ser juzgada por su responsabilidad directa en nuestro conflicto interno?– sostiene sin ningún recato que “ en el sector privado existe una prevención de que la justicia en general, y particularmente los expertos en paz y en derechos humanos suelen tener una tendencia inclinada a la izquierda”. Como quien dice, el solo hecho de hablar de paz y defensa de los derechos humanos les produce escozor a los empresarios, por aquello de que la justicia es para los de ruana, pero jamás debe tocar a los poderosos, algo que siempre ha caracterizado a la sociedad colombiana.

Haciendo eco de la sorpresa que produce cualquier acusación contra los empresarios, el propio Juan Manuel Santos ha dicho: “Francamente yo no conozco ningún empresario, y conozco muchos, que uno se imagine que esté abrazado de Mancuso queriendo masacrar un pueblo, eso a nadie le cabe en la cabeza”. O Santos se hace el ingenuo o el ignorante, porque el mismo Salvatore Mancuso en reiteradas ocasiones ha manifestado que empresarios, ganaderos y militares, de los cuales dio nombres, fueron financiadores y promotores de los paramilitares tanto en Córdoba como en otras regiones de Colombia. Y como para que no queden dudas el tribunal de Justicia y Paz de Medellín en el 2015 señaló en una sentencia contra desmovilizados del bloque de Salvatore Mancuso que los empresarios y comerciantes que promovieron o financiaron el paramilitarismo en el país debían pedir perdón y reparar a las víctimas. Incluso, para esos investigadores ciertos empresarios debieron desmovilizarse con las autodefensas paramilitares, “porque hicieron parte de sus estructuras de apoyo”. Para desmentir la afirmación antes mencionada de Juan Manuel Santos, en el expediente citado aparece un testimonio de Salvatore Mancuso en el que señala que “cuando nació el bloque Norte se reunió con ganaderos en un club en el centro de Medellín en donde ellos se comprometieron a financiar el grupo , que ‘sabían que era una organización ilegal’”.

Aparte de Juan Manuel Santos, en los últimos días han aparecido “defensores de oficio” de los empresarios, entre los que cabe mencionar al vicepresidente de la República, Vargas Lleras, quien manifestó su preocupación por los probables excesos de la justicia transicional que llevan a que los tribunales especiales cometan arbitrariedades contra “civiles y empresarios”. Entre esos defensores de oficio, que no hablan gratis pues siempre cobran por sus servicios, se encuentra el nuevo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien indicó: “La realidad es que la gran mayoría de los empresarios fueron víctimas de la extorsión de las FARC y de los paras. Quienes hayan sido víctimas en medio de la guerra no tienen deudas con la justicia. Por ello, no tienen que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la paz, como lo dice el acuerdo y tampoco ante la Fiscalía General de la Nación”. Es decir, que este individuo ya sabe de antemano qué sucedió y quiénes fueron los responsables. Bonita justicia la colombiana, y más cuando está en manos de individuos como este fiscal de bolsillo de los intereses privados, a los que les ha servido desde su bufete privado de abogados y desde los numerosos puestos públicos que ha ocupado en el Estado en los últimos treinta años. No por azar, su labor se ha centrado en lavar la imagen de grandes grupos económicos, tales como los cacaos Ardila Lulle, Sarmiento Angulo, y el Grupo Gilinski, entre otros.

Lo que se pretende es que los crímenes de los financiadores de la guerra queden en la completa impunidad y no se conozca ni una parte de los numerosos delitos de que son responsables. No cabe lugar para preguntarse sobre los culpables corporativos del asesinato de tres mil sindicalistas, entre los que se encuentran transnacionales del banano (La Chiquita Brands), del carbón (La Drumond), de las bebidas y alimentos (Coca-Cola y Nestle). Tampoco se debe averiguar ni dar a conocer los nombres de los “ilustres empresarios” que se han beneficiado con el despojo de millones de hectáreas de tierras –y la expulsión de millones de campesinos y la muerte de otros miles– entre los que se encuentran las empresas del azúcar, de la palma aceitera, del banano, los ganaderos, y los bancos y grupos financieros. Mucho menos debe preguntarse sobre las empresas mineras, y sus socios locales, que han destruido ecosistemas y han expulsado de sus territorios a indígenas, afrodescendientes y campesinos a lo largo y ancho del país, empresas entre las que se encuentran la Pacific Rubiales o la Anglo Gold Ashanti.

Para que no se conozca ni siquiera una parte de la verdad sobre la participación directa de los empresarios en el conflicto interno de nuestro país es que se está organizando esa campaña de auto-victimización, en donde los que han financiado y armado ejércitos paraestatales ahora aparecen como unos mansos e indefensos corderos, que no rompen ni un plato. Por eso, el miedo a la verdad al que le temen los empresarios, los periodistas de los grandes medios (como RCN, de propiedad de Ardila Lulle, una de cuyas empresas, Postobon, fuera denunciada en el 2007 por Salvatore Mancuso de darle contribuciones económicas a los paramilitares de la Costa Atlántica) y todos los políticos ligados a esos “prósperos y patrióticos empresarios”.

No sorprende, en ese sentido, el cinismo del presidente de la Anif, Bruce Mac Master, quien aseguró que “ no podemos llamarnos a equívocos, no puede haber juegos políticos que pretendan convertir las víctimas en victimarios”. Ese ha sido el clásico juego de los empresarios en este país, de presentarse como victimas cuando están entre los principales responsables de las grandes tragedias de Colombia, como se ejemplifica con los miles de asesinatos perpetrados por paramilitares que fueron financiados por la transnacional Chiquita Brands o por empresas petroleras. Razón tenía Bertolt Brecht cuando decía que “con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general, y crece el silencio de los hombres”.

Publicado en papel en Periferia. Prensa alternativa, Medellín, septiembre de 2016.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216926

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Necesitamos percibir (conocer y tomar partido en contra) las desterritorializaciones y reterritorializaciones del país a favor de su sometimiento a la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales.Partamos, pese a sus visiones privatistas y pro británicas, de:

 

"FERROCARRIL VS. AUTOMOTOR + CAMINOS PAVIMENTADOS"
 27 de enero de 1996

Por el Lic. Alfredo Armando Aguirre

La presente colaboración, tiene como propósito fundamentar nuestra hipótesis acerca que el transporte automotor aumenta sensiblemente el  costo de funcionamiento de la sociedad argentina.

 

El transporte automotor y su necesario correlato el camino  pavimentado, suponen: costos mayores del flete de las mercaderías, contaminación  ambiental, alteración de los desagües e inundaciones, despilfarro de combustibles, altas primas de seguros, accidentes de  transito con cuantiosas victimas.

Con este cuadro de situación, el primer impulso es pensar en suprimir o atenuar las desventajas que produce este medio de transporte. Algún exagerado puede pensar que habría que minimizar el empleo de este  medio. Mas cuando se profundiza en el panorama de los transportes  terrestres en la Argentina, se percibe que existen alrededor de seis millones de vehículos en circulación y que alrededor del quehacer  automotor se han generado múltiples actividades empresariales  y  tantos puestos de trabajo, que los planteos extremos aparecen como irrealizables.

Tal imposibilidad practica, no es óbice para analizar porqué se llegó a esta situación y, si existió o existe alguna alternativa que hubiera llegado a resultados distintos.

 

El luctuoso espectáculo que nos ofrecen familias destrozadas a la vera de los caminos pavimentados, es el poderoso estimulo que nos mueve a insistir con esta temática, tal como lo venimos haciendo desde nuestra primera colaboración por esta pagina amiga el 28 de diciembre de 1977.

Antes de enmarcarnos en el análisis, y para respetar la brevedad que impone todo abordaje periodístico, no debe olvidarse que todo lo que vamos a consignar, se produjo en el marco de la evolución del acontecer nacional, sempiternamente influido por lo que sucedía simultáneamente en el mundo y particularmente en las potencias rectoras que se vinieron sucediendo desde que comenzó la emancipación argentina.

Corría 1907, la Argentina vivía un fuerte impulso que había arrancado a partir de la federalización de Buenos Aires en 1880. El ferrocarril era el factor de progreso por excelencia. Entre 1880 y 1914, la extensión de las vías trepó desde 2.500 kilómetros hasta33.500 kilómetros. Hacia 1907, el automotor era casi una excentricidad, habiéndose fundado en 1904 el Automóvil Club Argentino. El tren y la navegación de cabotaje fluvial y marítimo monopolizaban de hecho las actividades del transporte de mercaderías y correspondencia. A los efectos de regularizar la situación de las concesiones ferroviarias, que como suele suceder, se dieron en un marco no exento de corruptelas, se estableció que las empresas concesionarias deberían pagar un impuesto del tres por ciento de sus ganancias, cuyo destino sería la construcción de caminos de acceso a las estaciones. Esta ley

5315, fue el principio del desarrollo automotor, así como la causal de la decadencia del ferrocarril. Por supuesto que sus autores, no tenían ese panorama en mente. El ferrocarril daba ganancia, y esos caminos, sólo servirían para hacer mas fluido el movimiento de las cargas hacia y desde las estaciones ferroviarias. Desde ese entonces, 1907, hasta 1931 cuando los ferrocarriles empezaron a dar pérdidas, las ganancias ferroviarias, fueron subsidiando a su competidor el automotor. En 1932, cuando el tren no podía subsidiar más al automotor, se sanciono la Ley Nacional 11.658, de creación de la Ley

Nacional de Vialidad.

 

Mas detengámonos en 1925, cuando la red ferroviaria seguía creciendo (habría de alcanzar hacia la década del 40, los cincuenta mil kilómetros, incluidos los ferrocarriles de pequeña trocha).

Dos años antes, el Presidente Marcelo T. de Alvear, había sancionado el primer régimen legal para la circulación aérea y la tecnología dirigibles era utilizada por la Marina de Guerra, desde su Base de Punta de Indio. De ese 1925, puede consultarse en la Biblioteca Nacional, un ejemplar de la "Guía Azul de las Comunicaciones y los Transportes sudamericanos". Allí pueden consultarse los horarios de los servicios regulares de los trenes de pasajeros, así como las frecuencias de los buques de navegación de cabotaje.

Es de la lectura de esa publicación, que puede inferirse, que con las debidas actualizaciones tecnológicas, ese podría seguir siendo el esquema de los transportes argentinos. Expresado de otro modo, uno puede ver que esos diagramas son los que despliega actualmente el transporte automotor. Dicho de un modo más duro, que con esos diagramas y la tecnología actual, cubiertos por trenes, barcos y por supuesto aviones, no habría cabida protagónica para el transporte automotor. Ese panorama se repetía en el transporte urbano, donde existía una red tranviaria de considerable densidad en todas las grandes ciudades argentinas.

Saltemos a 1932, sin soslayar los acontecimientos políticos locales y la evolución mundial. En ese año, precedida por la instalación en el país de plantas de montaje de las grandes industrias automotrices norteamericanas, se sanciona la Ley Nacional de Vialidad (11.658), justamente al año siguiente en que el poderoso Ferrocarril Sur, dejaba de pagar dividendos a sus accionistas. simultáneamente con esa ley, el Presidente Justo mandó un proyecto de ley para la

Coordinación de los Transportes, pero ese proyecto, sugestivamente, sólo se sanciono en 1937. La Ley nacional de Vialidad estableció un impuesto a los combustibles, los lubricantes y los neumáticos, para financiar la pavimentación de caminos. Con esos fondos y casi como un símbolo el presidente Justo,  pudo en junio de 1937, inaugurar la ruta pavimentada Buenos Aires Córdoba, de la misma manera que en 1870, Sarmiento había inaugurado la línea férrea Rosario - Córdoba. La ruta inaugurada por Justo era casualmente paralela a la línea inaugurada por Sarmiento.

 

Pero además de inaugurar un sistema de subsidio al transporte automotor, que todavía subsiste (aunque con  interesantes modificaciones desde 1989), la Ley 11658, a través de su reglamentación puso en marcha el plan bidecenal de caminos 1934- 1954, que se cumplió inexorablemente, a pesar de los avatares políticos de la época. Es decir que cualquiera que en 1934, viera los mapas de las rutas proyectadas, se habría de dar cuenta que se había extendido un certificado de defunción del ferrocarril a largo plazo. La traza caminera, se diseño para superponerse a las vías férreas, a los ríos navegables y al litoral marítimo. Y ello tenía su lógica porque esas eran las trazas que la lógica del transporte recomendaba.

 

Mas existían factores que facilitaban el desplazamiento del tren y del barco por el automotor: Uno era la baratura del costo de los combustibles. Debe recordarse que desde 1914 hasta 1973, el precio del barril de petróleo fue mantenido en su cotización internacional a dos dólares el barril.

 

El otro factor, es demostrativo de como una medida elaborada para un determinado fin, puede producir efectos contrarios y los deseados.

Los intereses del ferrocarril en la Argentina y en el mundo, eran preponderantemente ingleses, y en menor medida franceses. A partir de la Depresión de los años treinta los intereses ferroviarios, vieron que la única manera de subsistir, era aliarse con los gobiernos o, directamente venderles sus activos en declinación.  Desde perspectivas ideológicas diferentes, habían surgido corrientes propiciatorias de la necesidad que los gobiernos se hicieran cargo no sólo de los ferrocarriles, sino de los servicios públicos. Lo sugestivo es que estas propuestas, no habían proliferado cuando los ferrocarriles daban ganancias. No es de extrañar que en 1937, cuando se inauguraba el pavimento entre Buenos aires y Córdoba, se sancionaba la ley Nacional de Coordinación de los Transportes y comenzara a operar la todavía existente empresa Chevalier, las empresas inglesas hicieron la primera propuesta de venta de sus activos en la Argentina al presidente Justo.

Once años después lo materializarían.

 

Hacia los años cuarenta las empresas ferroviarias no tenían  muchos aliados. Incluso intelectuales de prestigio como Raúl ScalabriniOrtiz y el Ingeniero Ricardo Ortiz, propiciaban en medio de fuertes críticas a las prácticas empresariales de los ferrocarriles británicos, la supresión o levantamiento de ramales y visualizaban al transporte automotor, como un elemento de democratización económica. En los hechos su predica era aliada al "marketing" de las empresas automotrices. En 1944, el gobierno prohibió a las empresas ferroviarias, prestar servicios automotores, creando un fuerte impedimento para una racional coordinación de medios.

 

 El clima hacia el ferrocarril privado, particularmente el inglés no era propicio. Esto explica porque durante los inicios de la primera presidencia del General Perón, fracasó, a pesar de haberse firmado el acuerdo Miranda -Eady, en el salón Blanco de la Casa Rosada, la idea de constituir una sociedad mixta entre los ingleses y el gobierno Argentino, solución a todas luces muy interesante , contemplada con la perspectiva del tiempo. Sin embargo, la oposición interna fue tan grande, que el presidente Perón, debió dar marcha atrás y, convalidar el Tratado Bramuglia- Eady, con lo que los ferrocarriles británicos  en la Argentina (un año antes, lo habían sido los franceses) pasaron a manos del Estado Nacional Argentino. Un capitulo adicional de ese es  episodio, se produjo en 1951, cuando el interesante Ferrocarril Provincial de la provincia de Buenos Aires, fue transferido al Estado Nacional.

Para tener un panorama completo, debe recordarse que al nacionalizarse los ferrocarriles, el 32 % de la red ya estaba en manos del Estado.

Hacia 1948 los ferrocarriles tenían 136.000 empleados (y ya daban

pérdida).En 1957, los ferrocarriles tenían 222.000 empleados.

En 1954, al expirar el plan bidecenal de caminos, se sancionó una nueva ley de autopistas. Ya por ese entonces empezaban a producirse automotores en el país, y se instalaría la empresa automotriz Kaiser, asociada con el Instituto Aerotécnico y Mecánico del Estado. El golpe de Estado de 1955, no hizo mella a este desarrollo del automotor. El mismo titular que la Dirección Nacional de Vialidad tuvo en 1932, volvió a ocupar ese sitio durante el gobierno de "La Revolución Libertadora".

 

Mas el paroxismo del  transporte automotor, habría producirse durante la administración del doctor Arturo Frondizi, ese paroxismo coincidiría con el intento ya desembozado de  minimizar el sistema ferroviario a su mínima expresión, fenómeno que se daba en todo el mundo occidental (los países socialistas fueron mas cautos al respecto).

Junto con el régimen de producción automotriz de 1959, se puso en marcha el diseño de un plan denominado popularmente como "LARKIN" debido a que un general norteamericano de ese apellido, dirigió los trabajos. En Febrero de 1962, poco antes de ser derrocado Frondizi, el plan fue presentado. Y resumidamente proponía reducir la red ferroviaria de los 44.000 kilómetros a 29.000. Aun derrocado Frondizi; la tarea comenzó. A nadie, salvo a un solitario Aaron Brillante, se le ocurría entonces proponer como alternativa la privatización de los ferrocarriles. En medio de grandes resistencias hasta Marzo de 1976, sólo se pudieron suprimir tres mil kilómetros. Pero durante el gobierno de facto sobreviniente, se suprimieron siete mil kilómetros de vía, por lo que al llegar al momento de una nueva concesión de la red ferroviaria a partir de 1989, la red, tenía la misma extensión que en 1914(alrededor de33.000 kilómetros). Ínterin, sin solución de continuidad desde 1962 hasta prácticamente 1989, siguieron pavimentando aquellos caminos integrantes de la Red, diseñada en 1933, con el consiguiente subsidio al transporte automotor.

 

Luego de la crisis del petróleo de 1973, el mundo empezó a cambiar, pero los intereses creados alrededor del automotor y el camino pavimentado y la descapitalización y desinversión del sistema ferroviario y aun del de navegación de cabotaje, operados con suma ineficiencia por el Estado, generaron este presente, y nos permiten afirmar que así como el complejo automotriz caminero aumenta sensiblemente el costo del funcionamiento de la sociedad argentina, asimismo podemos señalar las dificultades casi insalvables para revertir este deterioro, debido tanto al poderoso plexo de intereses y de afectos creados, como al hecho de que ese plexo de afectos e intereses, ha generado una estructura académica de soporte, que hace que consideraciones como las que aquí hemos venido desarrollando, tengan divulgación casi marginal.

 

De todos modos estas lecciones del pasado, pueden servir de ayuda para columbrar como se revierte esta situación a todas luces indeseables, por los caminos menos traumáticos posibles, en el contexto de un irrestricto respeto del sistema republicano, representativo y federal.

NOTA: PUBLICADO EN "LA REFORMA", DE GENERAL PICO, PROVINCIA DE LA PAMPA REPUBLICA ARGENTINA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 1996, NROS 23.323 Y 23.324 ( choloar@arnet.com.ar)

Fuente: http://choloar.tripod.com/TRENAUTE.htm

 

 

Veamos otra forma actual de desintegrar, empobrecer y arruinar el país mediante economía de enclave.

 

 

La política minera de Macri: extractivismo recargado
23 de febrero de 2016

El anuncio por parte del gobierno de Mauricio Macri de quitar las retenciones a las exportaciones mineras, además de garantizar un incremento sideral de la ya de por sí millonarias ganancias de las empresas trasnacionales dedicadas a este tipo de explotación, obliga a realizar un balance de los doce años de política minero-energética dinamizada por el kirchnerismo, así como del papel que ha jugado el Estado, e incluso el sistema científico nacional, en el sostenimiento y agudización de este modelo. Para analizar en profundidad la nueva medida y las raíces profundas del extractivismo en Argentina y en la región, desde Enredando las Mañanas conversamos el viernes 19 de febrero con Horacio Machado, docente de la Universidad Nacional de Catamarca e investigador del CONICET.

Por RNMA

¿Cuál es tu lectura del decreto Nº 349 que quita retenciones al sector minero? ¿Qué viene a plantear de novedoso esta iniciativa macrista con respecto al kirchnerismo en la materia?

En realidad la quita de las retenciones es correr todavía más el umbral del despojo, porque estamos ante un paquete tributario que fue pergeñado en la época de Martínez de Hoz, después concretado con la ley Nº 2456 y sus correlativas con Menem, y eso no fue tocado en absoluto durante los 12 años del kirchenirsmo. El antecedente de esto es que en el año 2007, en un contexto de salto de la cotización internacional de los minerales con ganancias extraordinarias, el gobierno de Kirchner mediante resoluciones administrativas de la Secretaria de Minería, impone retenciones del 5 al 10% a las mineras. Obviamente las mineras apelaron esto, iniciaron un proceso judicial, porque afectaba los 30 años de “estabilidad fiscal” que le garantiza la ley 24196. Lo que vino a hacer Macri es eliminar esas retenciones, y lo que me llama mucho la atención es que esta medida fue anunciada como un “estimulo” de apoyo a las economías regionales. Lo cual en realidad es un disparate, ya que tiene efectos y consecuencias completamente contrarias.

El modelo minero es un modelo de enclave, beneficia exclusivamente a empresas transnacionales, por lo tanto, resulta irrisorio y ofensivo para la inteligencia media que en el decreto se mencione que se quiere favorecer pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de que las exportaciones mineras esta 100% concentrada en grandes oligopolios de empresas transnacionales. Las empresas pequeñas y medianas que trabajan con la minería son minería de cantera, dedicada a la construcción y al mercado interno, y no tienen ningún tipo de exportación. No hay ninguna justificación más que granjearse la simpatía de los capitales. Nada mas que eso. Porque ni siquiera modifica significativamente la búsqueda que se pretende de atraer inversiones.

 

Si tuvieras que hacer un balance o señalar los aspectos principales del modelo minero de 12 años de kirchenirsmo, ¿qué nos dirías?

Una cosa que resulta llamativa de este anuncio es cómo gobernadores de provincias alineadas con el kirchnerismo estuvieron presentes apoyando y celebrando esta quita de retenciones. Habría que preguntarse por qué esto. En realidad en el año 2004 el presidente Kirchner anuncia el Plan minero argentino. El mismo modelo de saqueo ahí tiene una inflexión y empieza a tener una retórica de que la minería podría aportar al desarrollo nacional, a la industrialización, y bajo esa retórica se pretendió justificar la continuidad de un modelo que venía dentro de los lineamientos del Consenso de Washington. Porque hay que decir que las leyes mineras de los ’90 fueron impuestas por el Banco Mundial a nuestro país y a otros 190 de toda América Latina, Asia y África. Tiene que ver con una re-localización general de las grandes empresas mineras, que tenían fuertes costos sociales, ambientales y tributarios en el norte, y empiezan a buscar nuevas reservas de estos yacimientos en los países del sur. El Banco Mundial impulsa entonces una transformación de todo el marco legislativo, con el objeto principal de garantizar la rentabilidad de estas empresas. Este es el modelo que no se tocó, no se vio afectado, de hecho el Secretario de Minería del kirchnerismo, Jorge Mayoral, tiene fuertes vínculos con empresas mineras, él mismo es un empresario minero, entonces esto de la “ceocracia” podemos decir que ya tiene antecedentes en el modelo minero del kirchenirsmo. Con respecto a los gobiernos provinciales, hay que decir que este modelo minero profundiza una economía rentística. Los gobiernos provinciales no están interesados en el desarrollo del aparto productivo de los sectores locales, la minería no genera empleo. Estamos ante una economía de enclave, no tiene ningún tipo de encadenamiento con la economía local, al contrario, tiene efectos negativos, porque se trata de una actividad que consume muchísimos recursos hídricos y energéticos, que producen el desplazamiento de otras actividades locales. Nosotros siempre decimos que más que generar empleos producen destrucción de empleos, y esto se puede constatar a lo largo de las investigaciones, no solo en nuestro país sino a lo largo de toda América Latina. Para que tengan un dato que ejemplifica esto, los casos de Chile y Perú, cuyas exportaciones mineras están alrededor del 70% del total de las exportaciones (un sector mucho más expandido), el empleo minero es menos del 1% del total de la población económicamente activa en estos países. De manera tal que se trata efectivamente de un modelo de saqueo, y volviendo a lo que decía con respecto a cuál es el interés que tienen los gobiernos provinciales para apoyar este tipo de medidas, es que captan una mínima renta que les permite profundizar un modelo asistencial-clientelar que es el que predomina en estas provincias.

 

Conversando hace un tiempo con Raúl Zibechi desde la radio nos decía que el extractivismo no respeta a quien lo gestiona. Queríamos preguntarte por algo tan incómodo para la izquierda latinoamericana, y tan angustiante para los pueblos del continente, como es el dilema del extractivismo, que condiciona a países que tienen una larga tradición en ese sentido, como Bolivia, donde el despojo ha sido una constante desde Potosí hasta hoy con el auge del Litio, o Venezuela, donde el rentismo petrolero le ha generado una encerrona al proceso bolivariano. Sabiendo que no es una respuesta sencilla, y que incluso resulta todo un desafío salir del extractivismo en esas economías tan ancladas forzosamente en la extracción de bienes minerales o gasífero energéticos, ¿cuál es tu reflexión respecto de la coyuntura que vivimos a nivel continental?

Creo que la fuerza de los movimientos populares y la izquierda comprometida con procesos emancipatorios tiene que reflexionar fuertemente sobre esto. Los procesos de transformación que se han dado han significado un avance importante, sobre todo si uno los compara con las políticas del Consenso de Washington. Tenemos que pensar qué es lo que se ha transformado. El extractivismo no es un rasgo aleatorio, sino que es la médula estructural constituyente del capitalismo periférico dependiente. Entonces, cómo pensar transformar una sociedad en términos de justicia, de sustentabilidad, de equidad, profundizando un aspecto medular del capitalismo periférico dependiente. Evidentemente hay acá una encerrona, que tiene que ver con el hecho de que en estos primeros momentos los gobiernos progresistas necesitaron reactivar la economía interna, generar puestos de trabajo, reactivar el consumo. Pero en un punto, nunca estuvo en agenda la transformación de la estructura productiva y la transformación del modelo de inserción periférico dependiente del país. El extractivismo no es sólo un problema de nuestras economías, es una función metabólica del capitalismo a escala global. Es decir, se hace extractivismo acá, porque hay consumo sostenible en los modos de vida imperiales de los países dominantes. Más allá de los flujos financieros y de las utilidades que se remiten desde el sur hacia el norte, nosotros ponemos mucho énfasis en los flujos materiales y los flujos de energía, quienes son en definitiva los que controlan, usufructúan y disponen de los territorios y las energías corporales de nuestras poblaciones.

 

En ese sentido, ¿qué papel juegan los pueblos organizados, las asambleas ciudadanas que vienen resistiendo todos estos años a este saqueo por parte de los malos gobiernos y las multinacionales?

Yo creo que el movimiento socio-territorial que ha venido tratando de batallar frente a esto, configura un espacio de lucha política fundamental para nuevos procesos de subjetivación política. Hay nuevos sujetos políticos que se empiezan a constituir y se empiezan a sumar. Y el gran desafío es cómo articular y sumar con sujetos políticos que tuvieron sus procesos de irrupción en otras épocas y otras fases, como el movimiento obrero, el movimiento de desocupados, el movimiento feminista, campesino y de pueblos originarios. El movimiento socioterritorial que lucha contra el saqueo y la devastación de nuestros bienes naturales, configura un proceso de subjetivación de nuevo tipo, y que viene a dar nuevos contenidos a la idea de revolución. A la idea de un horizonte socialista que no piensa que solamente se puede concebir la justicia en términos de redistribución de la riqueza, sino que tenemos que pensar en una re-significación de la riqueza y preguntarnos qué significa la idea de riqueza más allá del velo del dinero y del velo de la mercancía.

 

Por ultimo, siendo muy cercano a las luchas socio-ambientales en todo este tiempo, pero también parte de la Universidad y de un sistema científico que, por lo general, tiende a ser cómplice de esta política de despojo, saqueo y colonialidad, ¿cuál es tu reflexión sobre el papel que ha cumplido la ciencia, la universidad, la investigación, muchas veces acompañando y siendo cómplice, como en el caso especifico de las universidades, que vienen recibiendo fondos de ese mismo engranaje, sumamente aceitado, que se basa en el saqueo y la contaminación constantes?

Es un tema muy interesante y estratégico. Los presuntos científicos y técnicos académicos, prestan un servicio muy importante a la política de saqueo, que tiene que ver con la legitimación bajo un halo presuntamente científico de estas políticas neocoloniales. Y la verdad es que estas políticas de saqueo y extractivismo, no solo en el tema minero sino sojero, petrolero, etc., ha partido a la comunidad académica, produciendo re-acomodamientos en términos de intereses. De un lado, podemos ver la oficialidad de las instituciones del sistema científico y universitario, que se han plegado mayoritariamente a estas políticas de legitimación del extractivismo. Por eso no es casual tampoco la continuidad de Lino Barañao, siendo ministro de Cristina Kirchner y continuando hoy con Macri. Por otro lado, también hay muchos otros científicos, docentes que han venido dando una batalla muy desigual y acompañando a lo que creemos como un aspecto estratégico para los procesos de emancipación: la reivindicación de una ciencia que tiene que estar al servicio de los intereses populares y no al servicio de las grandes transnacionales. No puedo deja de mencionar el caso emblemático de la lucha de Andrés Carrasco, denunciando los efectos letales del glifosato y que con toda su carrera académica ha sido completamente marginalizado por el CONICET.

 

También el extractivismo constituye al ámbito científico y de las universidades en un espacio de disputa, donde nosotros como sujetos activos de esto (me refiero a toda la comunidad académica: estudiantes, docentes e investigadores), tenemos que corrernos de esa pretensión ingenua de neutralidad. El conocimiento no es políticamente neutro, tiene efectos en términos de practicas, de legitimación de ordenes sociales, entonces tenemos que asumir cabalmente las consecuencias de nuestras investigaciones y del lugar donde nosotros estamos parados. Esto da mucho para hablar, pero simplemente quería remarcar con fuerza que hay pueblos que están movilizados.

 

La política del extractivismo atraviesa las lógicas de los partidos, las izquierdas y las derechas, y nos lleva a pensar nuevos procesos de subjetivación política y horizontes para imaginar por dónde van los desafíos de la emancipación, de la transformación real de este capitalismo periférico dependiente; las cosas que están pasando hoy en Venezuela son indicativas de la complejidad del escenario y me parece que por ahí hay que buscar este tipo de alternativas.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article11536

 

 

"Es tiempo de mirar nuevos caminos de participación e incidencia conjunta, en el contexto de una arrolladora arremetida en contra de los defensores de los territorios y la vida y de ataque permanente a los movimientos y organizaciones sociales, pero también ante el desafío de avanzar con novedosas propuestas temáticas constructivas como son los derechos de la naturaleza, entre otras".

 

Invitación al seminario Internacional

"Territorio, naturaleza y buen gobierno desde los pueblos"
19 de septiembre de 2016

 

COMPAÑERAS, COMPAÑEROS:

Mucha agua ha corrido bajo el puente: en octubre de este año Acción Ecológica cumple 30 años de vida.

Es un buen momento para hacer un balance de lo actuado, no sólo como Acción Ecológica sino desde el movimiento ambientalista en general. 

Es tiempo de mirar nuevos caminos de participación e incidencia conjunta, en el contexto de una arrolladora arremetida en contra de los defensores de los territorios y la vida y de ataque permanente a los movimientos y organizaciones sociales, pero también ante el desafío de avanzar con novedosas propuestas temáticas constructivas como son los derechos de la naturaleza, entre otras.

Las organizaciones ambientalistas hemos dejado en claro que los problemas ambientales no tienen una interpretación lineal, ni una solución única, que los cambios deben darse incorporando la diversidad teórica y cultural – y propositiva- existente, desde los pueblos y movimientos. Seguimos proponiendo nuevos temas y estrategias frente a un modelo depredador que abre fronteras sin límites a la muerte.

Ante este escenario, debemos mirarnos en la historia y hacia el futuro en comunión y unión entre diversos sectores de la sociedad que incluyen a las mujeres, los trabajadores, académicos, gobiernos locales, sectores urbanos, organizaciones indígenas y campesinas y otros, de Ecuador y del mundo.

Este seminario será un espacio para hacer un balance, proponer estrategias para romper el cerco que nos han impuesto y plantear propuestas para nuevos espacios y tiempos. Porque sólo entre todos sabremos todo.

Les esperamos!

ACCIÓN ECOLÓGICA

¡A ROMPER LA DOMINACIÓN CON IMAGINACIÓN!

AGENDA SEMINARIO INTERNACIONAL "TERRITORIO, NATURALEZA Y BUEN GOBIERNO DESDE LOS PUEBLOS" (...)

18 DE OCTUBRE DE 9 A 4:30. PARANINFO CHE GUEVARA - Universidad Central del Ecuador

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Los pueblos se están levantando.

 

Argentina: Jáchal y el verso del progreso
19 de septiembre de 2016

A 11 años de la llegada de la Barrick Gold a San Juan, se cae el mito de la generación de más empleo. Apenas el 1% de los habitantes trabaja en las mineras. El turismo no existe y los productores dejaron de exportar.

Revista Crítica

 

El pueblo de San Juan sufrió ya el quinto derrame de cianuro en las fuentes naturales de agua en Jáchal, producto de la actividad minera en la zona. La multinacional Barrick Gold se sostiene con la complicidad de los gobiernos y la Justicia, que ponen en juego la vida de 20 mil personas. La Asamblea Jáchal No Se Toca exige el cierre definitivo de la mina Veladero.

“Nos comimos el verso de que la minería era progreso y de que iba a traer recursos económicos para el pueblo. La gente realmente lo creyó pero hoy tenemos que replantearnos qué es eso que nos prometieron. Cualquiera que visite Jáchal se dará cuenta de que el progreso por acá no pasó en lo más mínimo.Tenemos un índice de desocupación altísimo y menos del 1 por ciento trabaja en las mineras”, denuncia Marcela Frontera, de la Asamblea Jáchal no se toca.

 

Los asambleístas hace un año trabajan en la concientización de la problemática. Les costó que el pueblo tome real conciencia de que con la promesa de trabajo y progreso le estaban entregando sus recursos naturales a una multinacional. Lamentablemente, la realidad los golpeó una vez más: cinco derrames de cianuro, gobiernos que no escuchan, desocupación creciente y productores que dejaron de cultivar porque nadie quiere comprar frutas de tierras y aguas contaminadas. “Ahora la gente tiene más conciencia. Anoche tuvimos un déjà vu. Esa angustia, esa impotencia, ese pánico de no saber qué hacer. Esto nos unió mucho”, dice Marcela.

 

“Hace 10 años se levantó un grupo de jachaleros para que la minera no se instale. En aquel momento, para el resto de la sociedad, era un grupo de locos que no tenían idea de qué hablaban. Fueron muy resistidos por la población; después todos tomamos conciencia. El derrame del que nos enteramos el año pasado fue como la crónica de una muerte anunciada porque nos lo avisaron hace 10 años. De hecho nos enteramos de derrames anteriores”.

 

A un año del derrame que ocasionó un desastre ambiental sin precedente en el país por la actividad minera, la asamblea y el pueblo jachalero exigen al ministro de Minería de la provincia, Alberto Hensel; al ministro de Medioambiente de la Nación, Sergio Bergman; y a las autoridades de Policía Minera de San Juan respuestas inmediatas.

“Habría que ver los recibos de sueldo de la policía minera y del juez Pablo Oritja también porque no sabemos a quién responden, al pueblo seguro no. La policía es obsecuente a lo que dictaminen las autoridades de la provincia, y ambos responden a la Barrick Gold. Cuando pasan estas cosas es imposible localizarlos, aparecen cuando hay conferencia de prensa detrás del ministro o del gobernador. Saben muy bien que son los primeros en caer en este domino de responsabilidades”, denuncia Marcela.

La Barrick Gold confirmó el nuevo derrame varios días después. Y el gobernador Sergio Uñac respondió anunciando la detención temporal de la mina Veladero y reconoció no contar con información certera sobre lo sucedido. “La minera se tomó todo el tiempo necesario para borrar las huellas del derrame. Y nuevamente los mecanismos de control y seguridad demuestran la completa incompetencia”, enfatizan desde la Asamblea en un comunicado. Además exigen participar de las comisiones de control porque no confían en las instituciones ni los organismos del Estado.

 

En Jáchal no hay cloacas ni asfaltos, el hospital no cuenta con quirófano ni médicos especialistas, la policía no garantiza la seguridad por falta de móviles y la iglesia local, declarada monumento histórico, permanece cerrada hace seis años. “Acá el turismo no existe, la producción tampoco. A los pocos productores que quedan les cuesta vender sus productos. Los exportadores de tomate, cebolla y de membrillo hoy no pueden ubicar sus productos porque afuera se sabe que donde hay mineras no hay producciones sanas. Lo triste es que los que gobiernan también son jachaleros; deberían estar del lado del pueblo pero el poder puede más para ellos”, se lamenta la integrante de la Asamblea Jáchal no se toca.

 

El juez habla de “hechos menores” a la hora de recordar el derrame de septiembre de 2015. En esta oportunidad cree que una multa a la millonaria multinacional puede subsanar los daños ocasionados. Los asambleístas agotaron todas las instancias, tanto legales como judiciales y dependen de la voluntad de las autoridades políticas para que se detenga a las mineras. “Cierre, mediación y prohibición inmediata” es el pedido que hacen.

Hace 20 años que no tenían nevadas tan intensas en la zona. El deshielo puede generar nuevos derrames, debido a la nieve acumulada en la Cordillera. Y Marcela, junto a todo su pueblo, vive con la angustia de no saber qué hacer: “Algunos tenemos la posibilidad de irnos.Y los que no pueden, ¿qué hacen? ¿Y los que no queremos? Yo mantengo las esperanzas porque tengo una hija, a mis familiares y amigos que viven acá. Amo este pueblo. No quiero bajar los brazos. Sé que es difícil porque el poder económico y el político están avasallando con todo, hay muchos intereses en esto”.

15 de septiembre de 2016

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_Jachal_y_el_verso_del_progreso

 

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Chile: En Chiloé se prepara gran movilización por la dignidad de un territorio saqueado
4 de octubre de 2016

Este 9 y 10 de octubre Chiloé nuevamente se levanta. Están todas y todos invitados a las jornadas de encuentro y movilización en Ancud organizadas por el Consejo de Comunidades Williche de Chiloé".

Diversas representaciones de comunidades y organizaciones sociales – williche de Chiloé se convocan para los días 9 y 10 de octubre. Referentes de diversos territorios vinculados al Movimiento por la defensa y recuperación de los territorios de la macro zona centro sur tendrán presencia activa en estas jornadas.

 

El encuentro incluye una marcha por la dignidad del territorio el día 10 de octubre a las 15 horas desde la Plaza de Ancud.

A continuación, la información extendida desde el Consejo de Comunidades Williche de Chiloé.

Se convoca a todas y todos los habitantes del archipiélago de Chiloé, a las y los Chilotes de nacimiento y a todo aquel que allá adoptado como propia nuestra tierra, así como también a las organizaciones sociales que sientan el compromiso de proteger nuestro territorio frente a la imposición de una serie de megaproyectos que han desencadenado una destrucción y tragedia de proporciones. Aquí las llamadas autoridades pretenden imponer un desarrollo económico sin considerar nuestra opinión y nuestra propia forma de ver la vida.

El mantenernos unidos nos permitirá enfrentar este difícil escenario en el que nos encontramos, debemos reflexionar y dimensionar el daño ocasionado y trabajar en Comunidad, sembrar para volver a cosechar, para poder enmendar el daño ocasionado por gente que solo ve en nuestro territorio una forma de acumular riqueza económica.

Ruth Caicheo: Werken del Consejo de Comunidades Williche de Chiloé

La explotación de nuestros territorios comenzó a fraguarse masivamente hace 524 años, con la conquista y violenta colonización de Latinoamérica. A partir de 1492 sobrellevamos una economía capitalista que es inherentemente colonial y, por tanto, racista. Y es que son los territorios indígenas los que vienen soportando los mayores atropellos y despojos en beneficio de este modelo económico.

En efecto, el archipiélago de Chiloé tiene mucho que decir en este escenario. Trato indolente que ha marcado el regreso del Estado y el mercado a Chiloé a fines de los 80´, no para compensar siglo y medio de postergación, sino para incentivar su explotación y saqueo, para asegurar su trato como “colonia interna” a través de la expansión salmonera, la expansión forestal, el avance de concesiones mineras y la imposición de megaproyectos extractivistas tanto públicos como privados. Sin embargo, este avance extractivo se ha empezado a resquebrajar entre acantilados cargados de conciencia identitaria. De amor y compromiso por este territorio aparte, nuestro, legítimo de ser defendido.

Por ello, este 9 y 10 de octubre Chiloé nuevamente se levanta. Están todas y todos invitados a las jornadas de encuentro y movilización en Ancud organizadas por el Consejo de Comunidades Williche de Chiloé. (...)

Mapuexpress

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En consecuencia, el poder para el viraje desde el privilegio actual a los súper negocios de los poderes (establecidos con terrorismo de estado) hacia los buenos vivires convivires abajo nos exige no sólo afirmarnos en nuestros respectivos territorios y unirnos confraternalmente para "los cambios que deben darse incorporando la diversidad teórica y cultural – y propositiva- existente, desde los pueblos y movimientos". Sino también nos desafía a generalizar el análisis y la toma de partido respecto a:

 

1. El conflicto capital-planeta

11 de agosto de 2016

Por Rafael Silva Martínez (Rebelión)

"Creo que no lograremos derrotar al capital con nuestros propios medios. Quien derrotará al capital será la Tierra, negando los medios de producción, como el agua y los bienes de servicio, obligando a cerrar las fábricas, a terminar con ilusorios grandes proyectos de crecimiento" (Leonardo Boff)

Para el Marxismo clásico únicamente existía (y continúa existiendo) el conflicto capital-trabajo, expresado de varias formas, pero sobre todo, en la desigual correlación de fuerzas que representa el modelo de producción capitalista, en lo que se refiere al control y la propiedad de los medios de producción. El Socialismo del siglo XXI ha de luchar, como no podía ser de otra forma, contra este conflicto, pero a raíz de las aportaciones de las corrientes ecologistas, naturalistas y animalistas, hemos de contemplar también la resolución de otro gran conflicto, que pudiéramos denominar conflicto capital-planeta. Porque en efecto, la crisis del modelo de civilización occidental, expresado como la globalización del capitalismo en su fase neoliberal, arrastra no sólo los clásicos conflictos que ya definieran perfectamente Marx y sus colaboradores, sino que en su nueva fase de explotación global a escala planetaria, la crisis civilizatoria del capital se enfrenta a la destrucción de la naturaleza, de sus recursos básicos y vitales, de las materias primas fundamentales, y de la destrucción del equilibrio de todos los ecosistemas que permiten la vida en nuestro planeta. 

El conflicto capital-planeta ha de ser entendido como un conflicto derivado, consecuencia del propio conflicto originario capital-trabajo. En última instancia, otra derivación del capitalismo. Y ello porque en su afán de expansión sin límites, el capitalismo no tiene otra salida más que continuar depredando las únicas fuentes de riqueza que encuentra, siendo éstas en última instancia las que el propio entorno natural posee. Y así, el fenómeno que hemos dado en llamar "Cambio Climático", expresado evolutivamente de mil formas distintas y con consecuencias devastadoras para todas las especies y seres vivos que habitan el planeta, no es más que la consecuencia última, terminante y definitiva derivada de la funesta acción del capitalismo sobre la faz de la tierra. Y así, el extractivismo sin límites, el especismo despiadado, la paulatina descomposición de todos los elementos naturales básicos (el mar, el aire, los bosques, el agua...), el acaparamiento y la escasez de recursos naturales (fundamentalmente el agua y el petróleo), todo ello unido a la guinda del pastel que supone la instrumentalización de la guerra como continuación del negocio capitalista, nos dibujan un desolador panorama que conducirá más temprano que tarde a la autodestrucción de nuestro planeta por parte del ser humano. 

En realidad, el conflicto capital-planeta se ha agudizado como consecuencia directa de la mayor competencia internacional (derivada de la propia globalización y de la implantación de perversos tratados comerciales), y de la producción masiva de productos a partir de la transformación de materiales mediante el consumo de energías fósiles. Los modelos energéticos alternativos y renovables, cuya eficacia y eficiencia están sobradamente demostradas, están siendo ignorados expresamente por vasallos gobiernos al servicio de las grandes corporaciones transnacionales, que únicamente contemplan el aumento de sus cuentas de resultados. Esta competencia internacional se manifiesta en una carrera por el acaparamiento de los recursos naturales, en una demencial espiral diabólica que está destinada no sólo a su agotamiento, sino también, dada su creciente escasez, a la privatización de los derechos de acceso a dichos recursos. Y mientras los gobiernos de países "desarrollados" miran hacia otro lado, miles de millones de seres humanos y de otras especies mueren de hambre o de sed, o de enfermedades que podrían curarse si los medicamentos no fueran también una mercancía en manos de depravadas corporaciones internacionales. Hoy día ya la amenaza ecológica es de tal envergadura, que es imposible pensar ningún proyecto político mínimamente razonable que no integre de forma transversal la perspectiva ecológica, y que no diseñe un horizonte de sociedad que se nutra de fuentes energéticas sostenibles, limpias, naturales y renovables. 

Las alternativas son muchas y de muy diversa índole, pero el problema fundamental es de voluntad política para ponerlas en marcha, y de cortedad de miras bajo modelos sociales alienados por los valores capitalistas. Muchos modelos, más o menos integrados, más o menos directos, de mayor o menor envergadura, más o menos radicales, se perfilan como soluciones: desde el tímido "capitalismo verde", pasando por el llamado "ecosocialismo", los modelos y patrones del "decrecimiento", austeridad (bien entendida, no como el falso paradigma neoliberal), diversos patrones de responsabilidad ambiental ( comercio justo, consumo responsable...), hasta quizá las soluciones más integrales, englobadas en los diversos paradigmas que se han englobado bajo la expresión del "Buen Vivir", que preconizan, desde el reconocimiento básico de los derechos de la Madre Tierra (esto es, el reconocimiento de la propia naturaleza como sujeto de derechos), pasando por una revolución en todos los modelos de producción, energéticos, de distribución, de consumo y de desecho. Ante el conflicto capital-planeta, nos encontramos en una paradógica pero peligrosa situación, en la cual están diseñadas las alternativas, pero no existe una generalización en torno a la concienciación global de la gravedad del mismo. 

A pesar de las continuas evidencias científicas que cada día se aportan, y de los innumerables foros donde se conciencia sobre el tema, y se publican solemnes declaraciones de intenciones (la COP21 de París ha sido la última), no existe como decimos una clara determinación en cuanto a la adopción generalizada de políticas sociales, económicas y energéticas que puedan reducir los efectos del conflicto, pero sobre todo, que puedan atajarlo desde su base, esto es, alterando la filosofía de las relaciones de producción capitalistas. Y es que desde hace mucho tiempo que las sociedades (sobre todo las más desarrolladas) profesamos un total desprecio hacia el medio ambiente y sus leyes naturales, y únicamente se expresa, a escala tanto local como global, una voracidad sin límites en busca del beneficio de una minoría (estimada ya en el 1% más rico del planeta), cueste lo que cueste. El poder de dicha minoría es tan absoluto, y sus intereses tan irracionales y miopes, que resulta extremadamente complicado revertir dicha tendencia. Ese desprecio hacia el medio ambiente se manifiesta bajo multitud de criterios, que se trasladan después a hechos políticos determinados: políticas de trasvase, destrucción de costas, construcciones faraónicas, proyectos insostenibles, incumplimiento de normativas ambientales, extractivismo descontrolado, y progresiva destrucción de los ecosistemas naturales.  

El expolio que la propia naturaleza viene sufriendo durante las últimas décadas de globalización capitalista no tiene límites, o mejor dicho, sí los tiene, y son los límites de un planeta y de unos recursos limitados y finitos. Por tanto, el conflicto capital-planeta está servido: el capitalismo ya sólo puede crecer a costa de destruir el medio natural, y no puede dejar de crecer porque es parte de su esencia, su razón de ser. Además, no es concebible una sociedad desregulada social y económicamente, y regulada ambientalmente, porque ambos parámetros entran en clara contradicción. De hecho, una de las primeras medidas que han ido aplicando los gobiernos conservadores y neoliberales en todo el mundo ha sido justamente destruir la legislación medioambiental, que había sido impulsada tiempo atrás por la presión social, los movimientos ecologistas y los gobiernos socialdemócratas. La nueva hornada de salvajes tratados comerciales (TPP, TTIP, TISA...) ponen también su foco en dicha legislación, que las grandes corporaciones entienden como una "barrera" para el comercio transnacional. Esta desregulación ambiental afectará profundamente a la calidad de vida de la población, porque provocará un encarecimiento de las materias primas, gravísimas hambrunas, migraciones masivas, éxodos de población y desarrollo de nuevas enfermedades, lo que limitará la supervivencia de la especie humana y la de otros muchos animales. 

¿Cómo podemos y debemos enfrentarnos al grave conflicto capital-planeta? Defendiendo a capa y espada al medio ambiente, tomando conciencia de la gravedad de dicho conflicto, cambiando profundamente los modelos de relaciones productivas y sociales, por lo que su defensa consecuente pasa necesariamente por el progresivo abandono del modelo actual, y la progresiva migración hacia modelos anticapitalistas, lo que implica también asumir que la revolución ecológica es también una revolución pendiente de primer orden que debemos poner en marcha. No basta con los formales apoyos a la defensa del medio ambiente y las tímidas y contradictorias leyes y medidas prácticas, que de vez en cuando se perfilan para parchear el grave conflicto, sino que será necesario asumir la lucha ecológica como otra cara, otra faceta imprescindible en la lucha contra el modelo capitalista, y avanzar consecuentemente en un modelo de producción y de desarrollo absolutamente distinto: bajo otros moldes, con otros objetivos, con otros valores, con otros medios. En palabras de Homar Garcés: "Se hace imprescindible, por consiguiente, el surgimiento inaplazable de nuevos paradigmas culturales y económicos que tengan como rasgos destacados la interculturalidad, una filosofía de vida alejada de la lógica del capitalismo y un nuevo patrón de relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza que sirvan como muro de contención a las ambiciones hegemónicas de los grandes centros de poder político y económico existentes". 

En vez del beneficio monetarista, pongamos el foco en los otros parámetros donde debemos crecer, tales como la solidaridad, los derechos humanos, la paz, la justicia social, la igualdad. Existen otros parámetros para medir el progreso y las necesidades humanas que tenemos que poner en valor. Ya no es un simple deseo, una ilusión o una quimera idealista, sino una imperiosa necesidad, si no queremos destruir todo lo que nos rodea. La necesidad de alcanzar una sociedad basada en la colaboración y la solidaridad frente a la competencia, en el aprovechamiento frente al despilfarro, en el respeto y goce de la naturaleza frente a su explotación y destrucción. Pero esto también nos obligará a cambiar nuestro concepto de ser humano con una concepción de la felicidad contraria a la cultura impuesta por el capital. Con el derecho al tiempo, al ocio, al disfrute, a la libertad y a la diversidad. Nuevas escalas de valores y una nueva concepción del trabajo también deberán imponerse. En caso contrario, el conflicto capital-planeta nos estallará en nuestras propias narices, y no podremos hacer ya nada por evitar que nos arrastre por los derroteros de su destrucción. De hecho, quizá sea ya demasiado tarde. 

Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215435

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2. Gravedad y conciencia sobre el crimen económico
20 de marzo de 2014

 

Por Rafael Silva (Rebelión)

 

"Los que manejan el miedo manejan el mundo"

(Pedro Ruiz)

"Los grandes acontecimientos someten infaliblemente a prueba las ideas, las organizaciones y los hombres "

(León Trotsky)

"El poder y la sumisión son la cara y la cruz de sociedades como la nuestra, empapadas en una locura colectiva que camina de forma convulsa y sin rumbo"

(Antonio José Gil Padilla)

"El capitalismo ha aburguesado a la mayor parte de la población, ha echado raíces en las conciencias de la mayoría de las personas"

(José López)

 

Decididamente, una sociedad donde un banquero cobra 5,2 millones de euros anuales (como Francisco González, Presidente del BBVA), mientras existen millones de personas en el umbral de la pobreza, en paro, sin prestaciones, o con trabajos precarios, es una sociedad enferma. Pero no obstante, aún no se contempla un estallido social de cierta importancia. Existen, como no puede ser de otra manera, ciertos colectivos implicados en la defensa de sus derechos, que llevan organizando mareas, movilizaciones, huelgas, protestas y concentraciones más o menos ruidosas, con el correspondiente eco mediático. Y cuando los grandes delincuentes económicos son detenidos, lo más que ocurre es la concentración de algunos cientos de personas a las puertas de los Juzgados, para proceder a increparlo/a.

Creo personalmente que la base del problema es que no tenemos conciencia, en nuestra sociedad actual, del crimen económico. No tenemos ese registro ni la gravedad del mismo en nuestro imaginario colectivo, no lo tenemos asociado a los grandes delitos que se pueden cometer contra la Humanidad. Por supuesto que en nuestro Código Penal están la estafa, la apropiación indebida, el fraude, la falsedad documental, y un montón más de delitos económicos, pero tenemos una asociación mental de ellos hacia los pequeños delitos, pero... ¿cómo valoramos socialmente la figura, por ejemplo, de un Miguel Blesa, que roba, estafa, engaña, manipula y vive a todo lujo como un auténtico parásito social a costa del ahorro y del sufrimiento de miles y miles de personas, a las que despoja de todos los ahorros de su vida?

Cuando el saqueo económico, la expropiación a la clase trabajadora y la corrupción del sistema se institucionalizan, tenemos un grave problema social. Mario Dragui, actual Presidente del BCE, en unas recientes declaraciones a The Wall Street Journal, reconoció que la Europa Social había finalizado, que no era sostenible. Esto se ha ido confirmando poco a poco, pues los Estados del Bienestar han ido disminuyendo de peso, y el empobrecimiento masivo se ha instalado como endémico en nuestra población. Por su parte, Intermon Oxfam, en su último Informe, ante la escalada de las desigualdades, advierte de que "a menos que se adopten soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos trabajarán en favor de los intereses de los ricos y las desigualdades seguirán aumentando". Y como consecuencia de esta política neoliberal europea, la Eurozona se ha consolidado como un espacio económico asimétrico de acumulación de capitales, donde las economías periféricas, como la de España, se verán condenadas a largos períodos sin crecimiento.

Las políticas de austeridad desarrolladas por las élites europeas demuestran la hegemonía respecto al mundo del trabajo, que ha permitido romper las condiciones bajo las que se había creado el Estado del Bienestar. Como podemos comprobar un día si y otro también, la Eurozona no avanza en un proyecto político federal ni de cohesión social, y se mantiene únicamente en el terreno monetario, que junto a la libertad de capitales, bienes y servicios, configuran un gran mercado que facilita la dominación de unas clases sobre otras, además todo ello taimado bajo la aparente neutralidad de los mercados. Y bajo este caldo de cultivo, surgen iniciativas como la comercialización por parte de los banqueros de productos engañosos y fraudulentos, que están destinados únicamente a desposeer de recursos a la clase trabajadora, y aumentar el capital circulante para las élites financieras. Y esto es porque, a pesar de que continuamente estamos informados por los medios de comunicación de actos y decisiones contra los intereses de los más débiles y desfavorecidos, no tenemos realmente conciencia de la gravedad de los mismos.

Se nos mueve la conciencia ante, por ejemplo, una pequeña expropiación de productos en un supermercado, en una gran superficie que gana diariamente miles de millones en beneficios, que explota a su personal, y cuyos dirigentes aparecen también en los papeles de Bárcenas (véase cómo la complicidad de la clase dominante es casi perfecta). Pues nos escandalizamos ante esto, ante un simple acto de expropiación simbólica de un carrito de comida, de productos de primera necesidad, o de material escolar, para donarlo a personas necesitadas, pero en cambio no se nos mueve la conciencia ante el avieso despilfarro que la clase dominante ejerce de forma continua. Nos rasgamos las vestiduras si nos informan de asesinatos, secuestros, extorsiones, etc., pero en cambio vemos como "tolerable socialmente" (incluso democrático) todo el plantel de decisiones, reglamentos y decretos que están minando la vida de millones de personas en nuestro país, pues recortan nuestros derechos sociales, laborales, económicos, civiles y políticos.

El perfecto ejemplo lo tenemos en la práctica del escrache, donde muchas personas se escandalizaban ante la "violencia" de abordar a personajes públicos en su domicilio o en algún establecimiento, pero en cambio asistíamos con cierta complacencia o "normalidad democrática" a las criminales y crueles decisiones que dichas personas tomaban desde su escaño. Hemos llegado a la perversión social de considerar más grave sacar un carro de comida sin pagarlo de un supermercado, que una familia sea desalojada de su casa. Pero los ejemplos no acaban aquí, ya que nuestra legislación y nuestros gobiernos títeres del gran capital, permiten por ejemplo que empresas con pingües beneficios, como actualmente sucede con Coca-Cola, estén planteando el ERE y la deslocalización de parte de sus fábricas. Hemos de recuperar la visión social de la justicia, de la igualdad, de la cohesión social, que la crisis (mejor dicho, el capitalismo) también nos ha hecho perder el norte sobre esto.

Necesitamos recortar la distancia ética que existe, que tenemos como sociedad, entre un crimen que consiste en quitar, sesgar, mutilar, secuestrar la vida de otra persona, con respecto a aquél otro crimen que consiste en impedir que dicha persona pueda vivir con un mínimo de dignidad humana, privándole y eliminando paulatinamente todos los recursos a su alcance. Ambos crímenes son igualmente execrables. ¿Cómo es posible que se juzgue y condene a una persona por "enaltecimiento del terrorismo" si declara abiertamente la necesidad de emprender acciones violentas contra la clase dominante, pero en cambio no se considere delito verter opiniones y expresiones como que, por ejemplo, los salarios de los trabajadores/as deben ser recortados un 10%? Máxime teniendo en cuenta que quienes lo proponen, cobran como mínimo del orden de 50, 100 o mil veces más que el promedio de la clase trabajadora.

Todo ello ocurre porque no tenemos conciencia del crimen económico. Un crimen tan brutal como cualquier otro. Un crimen que se perpetra contra la Humanidad, a través de su progresiva desposesión, amparada en crueles e inhumanas leyes que degradan la vida humana hasta sus últimas consecuencias. Hemos de elevar el listón de lo que se conoce socialmente como crimen económico, y comenzar a catalogar ciertas decisiones políticas, así como cierto tipo de declaraciones, como pertenecientes a la categoría de "crimen económico", para así comenzar a dotarnos de la conciencia sobre la gravedad del camino a donde nos conducen las políticas que actualmente se están desarrollando, que constituyen velados atropellos contra la dignidad de la existencia humana. Hemos, en definitiva, de perfilar y definir perfectamente los límites del crimen económico, sus supuestos y condenas, e incluir todo ello en el Código Penal.

De esta forma, los dirigentes de la OCDE, del FMI, de la Comisión Europea, y de todos sus gobiernos títeres, estarían en la cárcel por crímenes de este tipo. En sentido general, por crimen económico debe entenderse cualquier acción que resulte en menoscabo de los derechos fundamentales y de la protección social de las personas, incluyendo las posibles manifestaciones que declaren abiertamente su apología. Sabemos que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Europeo de Derechos Económicos y Sociales, y en la Carta Social Europea, entre otros muchos solemnes documentos, pero a la hora de la verdad, son papel mojado. Por cierto, lo mismo que nuestra Constitución. 

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Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182299